CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 720

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO

Sesión núm. 37

celebrada el martes, 28 de noviembre de 2006

ORDEN DEL DÍA:


- Relativa a facilitar la innovación y el acceso a la I + D en los sectores agrario y agroalimentario. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001661.) ... (Página
2)


- Por la que se insta al Gobierno a solicitar al órgano competente de la Comisión Europea la inclusión de España en la relación de países europeos más afectados por los agentes climatológicos en el rendimiento de los cultivos herbáceos, así
como solicitar a dicha Comisión el anticipo del pago de las ayudas directas ligadas a estos cultivos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001932.) ... (Página 4)


- Sobre la pesca del atún rojo en el Mediterráneo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001949.) ... (Página 7)

Página 2


- Sobre la aprobación de un reglamento que permita aplicar la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001958.) ... href='#(Página10)'>(Página 10)


- Relativa a la reforma de la OCM del vino. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001959.) ... (Página 12)


- Relativa a la reforma de la OCM de frutas y hortalizas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001961.) ... (Página 16)


- Relativa a negociaciones de la Unión Europea con Mauritania para renovar el acuerdo pesquero. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001807.) ... (Página 19)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A FACILITAR LA INNOVACIÓN Y EL ACCESO A LA I+D EN LOS SECTORES AGRARIO Y AGROALIMENTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001661.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a ir comenzando la sesión de la Comisión del día de hoy que dedicaremos, tal cual está en el orden del día, a proposiciones no de ley. Tres cuestiones antes del comienzo: en primer lugar, voy a dar las 13 horas
como referencia de votación, es decir que en ningún caso votaremos antes de las 13 horas y, a partir de ahí, se votará en el momento en que se produzca el debate de la última proposición no de ley.



Respecto al orden del día, dos puntualizaciones más: el Grupo Parlamentario Popular, en este caso su portavoz en el tema, la señora Quintanilla, me ha preguntado si hay algún inconveniente por el resto de los grupos parlamentarios para que
el punto primero del orden del día, la proposición no de ley que aparece como tal, no se incluya hoy, desaparezca de este orden del día, pero se mantenga en el cupo de tareas de la Comisión y se vea otro día, cuando su portavoz proponga su
inclusión.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Por parte del Grupo Socialista no hay ningún conveniente.



El señor PRESIDENTE: Esa sería la primera particularidad. La señora Fernández Davila me ha indicado que la proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 3, pase al último lugar porque tiene ahora una reunión de Mesa y
portavoces. Por parte de la Presidencia, lógicamente, no hay ningún problema, como siempre, para facilitar las tareas de los señores diputados, por lo tanto, se modificará el orden del día en ese sentido, la que aparece con el número 3 pasará al
último lugar. Y bien, con esas particularidades pasamos a debatir el punto 2, que ahora es 1, del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a facilitar la innovación y el acceso a la I+D en los sectores agrario
y agroalimentario. Para expresar su posición e iniciar el debate, la señora Quintanilla, portavoz en este tema, tiene la palabra.



La señora QUINTANILLA BARBA: Es importante que diga que hoy mi grupo parlamentario trae al seno de esta Comisión un debate que es interesante, cuando se está viendo cómo las nuevas tecnologías, la era de la información está presente en la
vida de todos nosotros. Debemos llevarla a ese mundo rural que nos apasiona y que indiscutiblemente se merece más que nadie que la sociedad de la información y la sociedad de las nuevas tecnologías esté presente en su vida. Además, quiero decirlo,
desde el compromiso del Consejo Europeo de Lisboa y el de Gotemburgo se marcaron las líneas estratégicas a seguir y aplicar en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea en materia de desarrollo rural.



Así, de este modo, y no de otra manera, decían los consejos europeos que las políticas que se elaboraran a partir de esas líneas debían estar encaminadas a impulsar la creación de empleo, el crecimiento económico y potenciar la
competitividad en el mercado, al mismo tiempo que se apuesta por cambiar las relaciones que existen entre crecimiento económico, consumo de recursos naturales y producción de residuos, con el fin de que el alto rendimiento económico vaya ligado a la
utilización sostenible de los recursos naturales. Las directrices comunitarias de desarrollo rural para el periodo comprendido entre el año 2007 y 2013 se basan en varios ejes fundamentales: la competitividad de la agricultura y la ganadería, la
producción de los alimentos y la silvicultura, la gestión del suelo y el medio ambiente y la mejora de la


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calidad de vida y diversificación de las actividades económicas en las zonas rurales, zonas que en España representan el 97 por ciento del territorio y en las que vive alrededor de la mitad de la población. Se trata, por tanto, de que el
medio rural, nuestro pueblos, puedan avanzar en virtud de la estrategia marcada por Europa, pero es algo que no podrán hacer si no se cuenta con el apoyo, el impulso de todas las administraciones públicas.



Todos sabemos que gran parte de la economía española sigue dependiendo del sector primario y que es precisamente en este sector en el que nos encontramos con que la mayor parte de la actividad económica corresponde a pequeñas empresas. No
podemos olvidar en este debate las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, las más importantes de la producción agrícola de nuestro país, que con escasos recursos tecnológicos se encargan de todo el proceso, desde la obtención de la materia
prima a la elaboración y transformación de productos derivados de ella. Nadie pone en duda, y nosotros mucho menos, los parlamentarios de las Cortes de España, del Congreso de los Diputados, nadie pone en duda las excelencias, bondades y calidad de
los productos españoles, si bien todos estos elementos podrían mejorar mucho más si se dota a las explotaciones y a las pequeñas empresas agrícolas y agroalimentarias de la tecnología y los recursos de innovación, desarrollo e investigación
necesarios para incrementar los parámetros de calidad, lo que llevaría aparejado consigo el indudable aumento de la competitividad de este sector en España con respecto a otros países del mundo, porque si no somos competitivos no podremos
comercializar más y mejor nuestros productos ni abrir nuevos mercados como marcan las estrategias de los consejos europeos que yo había dicho. La imposibilidad de realizar grandes inversiones se convierte en un gran obstáculo para la mayor parte de
las pequeñas explotaciones y empresas familiares que se dedican a la producción, elaboración y transformación de productos agrarios y agroalimentarios a la hora de mantener su rentabilidad, mejorar su producción y plantearse una mayor expansión
comercial, y en un freno para poder competir con grandes empresas del mismo sector.



Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone que se pongan en marcha una serie de medidas que faciliten a estas pequeñas explotaciones la innovación más el desarrollo por medio de la creación de avales públicos, la concesión de
microcréditos y créditos blandos a los pequeños productores y transformadores. No podemos olvidar, ni mucho menos, que las tecnologías de la información y la comunicación tienen que estar presentes en el medio urbano, pero son inusuales en el medio
rural en el que todavía nos encontramos con muchas dificultades en este sentido; tenemos grandes zonas de España sin cobertura de telefonía móvil; tenemos grandes zonas de España donde los niños y las niñas no pueden acceder al ordenador, miren
ustedes, no pueden acceder ni siquiera las familias agrarias para disponer de un servicio de conexión moderno, rápido y eficaz para aplicar las numerosas posibilidades que ofrecen, hoy por hoy, las nuevas tecnologías de Internet, el correo
electrónico, etcétera.
También en este punto nos encontramos con otro problema que tienen la mayoría de esas pequeñas explotaciones y empresas familiares de las que hablaba anteriormente: sabemos que nuestra agricultura cada día tiene que forzarse
mucho más para poder estar en un mercado tremendamente competitivo por los precios, todos los días sabemos cómo se paga al agricultor ese producto que efectivamente quiere llevar al mercado, pero la economía familiar agraria de esas explotaciones no
tiene capacidad económica para el equipamiento informático adecuado.



Por esta razón, nuestro grupo parlamentario es consciente de que debemos pedir al Gobierno que ponga en marcha medidas que nos permitan avanzar en este sentido y que incorporen las nuevas tecnologías al sector agrario y agroalimentario, con
especial atención a la promoción del amplio abanico de posibilidades que ofrece hoy la red para dar a conocer y vender nuestros productos, gracias al comercio electrónico que cada vez se va imponiendo con más fuerza y que además permite atravesar
fronteras a nivel mundial y ampliar la cota de mercado. Señorías, desde el más pleno convencimiento de que nuestros productos agroalimentarios no han tocado techo, de que creemos en sus posibilidades de comercialización tanto a nivel nacional como
internacional, y con el objetivo de que con las ayudas necesarias para mejorar la calidad y la competitividad de nuestras pequeñas y familiares explotaciones agrarias y ganaderas y todas las empresas de este sector puedan continuar avanzando,
creciendo, generando empleo y fijando la población de nuestros pueblos, les pido que apoyen esta iniciativa de nuestro grupo, les pido a SS.SS., a todos los grupos parlamentarios presentes en el seno de esta Comisión, que nos apoyen para seguir
avanzando en el mundo de las nuevas tecnologías y acercarlas al mundo agrícola y ganadero tan importante en nuestro país.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. En este turno de enmiendas la señora Juaneda tiene la palabra para su defensa.



La señora JUANEDA ZARAGOZA: Señora Quintanilla, estamos de acuerdo con usted, es una proposición no de ley interesante. En lo que no estamos tan de acuerdo no es en el fondo, que lo compartimos casi en su totalidad, sino en la forma de la
petición que expresa al final esta proposición no de ley, dado que desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se están impulsando ya diversas iniciativas que van orientadas
específicamente, por un lado, a incorporar las nuevas tecnologías al entorno rural y, por otro, a impulsar la sociedad de la información y su conocimiento en las pequeñas y medianas empresas, y claro, es de prever que todas esas actuaciones
produzcan retornos positivos en las explotaciones del sector agrario y agroalimentario. Por


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eso el Gobierno tiene en marcha ya varias iniciativas. Ese impulso que se pide a la investigación y el desarrollo se debe dar no solamente en el sector primario sino en todos los niveles de la cadena agroalimentaria, y es importante también
destacar el elevado número de pymes existentes entre las industrias agroalimentarias que tienen dificultades en ese tipo de empresas para invertir en I+D.



Entre las iniciativas que el Gobierno ha puesto en marcha cabe citar por su importancia algunas, que le voy a explicar muy brevemente. El programa nacional de extensión del acceso a la banda ancha en zonas rurales:su objeto es que la banda
ancha llegue a estas zonas rurales, y a algunas aisladas, donde no existe una oferta en condiciones similares a la de los núcleos urbanos. Esta oferta se ejecuta mediante créditos, y en determinados casos mediante subvenciones, es el objetivo
primero de este plan, dirigidas a explotadores de redes y prestadores de servicios de comunicación electrónica que previamente seleccionaría un comité de evaluación. El programa Telecentros es otro de ellos: tiene como principal objetivo facilitar
el acceso a la nueva tecnología, tanto a la población rural como a los colectivos menos integrados, a fin de lograr su participación en las ventajas de la sociedad de la información. El programa Forintel, que se concreta en la puesta en marcha de
programas formativos sectoriales orientados a las empresas que quieran formar a sus empleados en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, las TIC. Por otro lado, yo quiero recordarles a ustedes que el Gobierno puso en marcha el
programa Ingenio 2010, uno de cuyos instrumentos prioritarios es el Plan Avanz@, que, por cierto, es competencia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; entre sus objetivos destaca conseguir que un 70 por ciento de las empresas con menos
de 10 empleados tengan conexión a Internet, frente al 36 por ciento actual, y que el 55 por ciento de las empresas utilice el comercio electrónico, frente al escaso 8 por ciento que lo utiliza en estos momentos.



En cuanto a préstamos, el Gobierno ha puesto en marcha los préstamos TIC también, tecnología de información y comunicación, con los que se pretende financiar, en las pequeñas y medianas empresas, actuaciones de incorporación a esas
tecnologías que supongan innovación en los procesos clave del modelo de negocio para que incrementen su competitividad. Para el despliegue de esta iniciativa se cuenta con la mediación del ICO y con la colaboración de entidades de crédito con redes
consolidadas en todo el territorio nacional. De esta manera se aprovecha el conocimiento y la eficacia en la gestión, y la misión de estas entidades sería la concesión de los préstamos a los beneficiarios partiendo de aportaciones económicas que
realiza el Mityc. Al mismo tiempo, también convendría tener en cuenta la posibilidad, tanto para las pymes como para las explotaciones agrarias, de utilizar los centros tecnológicos agroalimentarios, algunos de los cuales se están impulsando desde
la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



Por eso le decía que, compartimos el fondo de la proposición no de ley, pero no la forma de pedir, puesto que algunas de las peticiones que dirigía su grupo parlamentario se están haciendo. Entonces les proponemos la siguiente enmienda. El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 'Apoyar el acceso a I+D+i de las pequeñas explotaciones rurales a través de los instrumentos que se contemplan en el Plan Avanz@'. En segundo lugar: 'Promover que los centros tecnológicos
agroalimentarios sirvan para favorecer el acceso de las explotaciones agrarias a las nuevas tecnologías, y continuar impulsando la implantación de las TIC en las explotaciones del sector agrario y agroalimentario, fomentando así el uso de las nuevas
tecnologías en el mundo rural, haciéndose especial hincapié en la progresiva incorporación de aplicaciones de comercio electrónico'.



Nos gustaría que se pudiera aprobar, porque estamos todos de acuerdo con el fondo de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: No habiendo ningún grupo en turno de fijación de posiciones que desee intervenir, corresponde a la señora Quintanilla manifestar la aceptación o no de la enmienda.



La señora QUINTANILLA BARBA: Nuestro grupo parlamentario va a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, porque al final lo que nos interesa es seguir impulsando que las nuevas tecnologías lleguen al mundo rural,
a las industrias agroalimentarias y a las pequeñas y medianas explotaciones agrarias, por lo tanto, efectivamente vuelvo a repetirle que vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para que coadyuvemos todos a seguir facilitando
la vida a los habitantes del mundo rural.



- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SOLICITAR AL ÓRGANO COMPETENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA, LA INCLUSIÓN DE ESPAÑA EN LA RELACIÓN DE PAÍSES EUROPEOS MÁS AFECTADOS POR LOS AGENTES CLIMATOLÓGICOS EN EL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS HERBÁCEOS, ASÍ
COMO SOLICITAR A DICHA COMISIÓN EL ANTICIPO DEL PAGO DE LAS AYUDAS DIRECTAS LIGADAS A ESTOS CULTIVOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001932.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos, como habíamos indicado saltando el punto 3 que pasó al final, al punto 4 del orden del día, proposición no de ley del Grupo Popular por la que se insta al Gobierno a solicitar al órgano competente de la
Comisión Europea, la inclusión de España en la relación de países europeos más afectados


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por los agentes climatológicos en el rendimiento de los cultivos herbáceos, así como solicitar a dicha Comisión el anticipo del pago de las ayudas directas ligadas a estos cultivos.



La señora Sánchez Fernández tiene la palabra para la defensa de la misma y también de la autoenmienda que el propio Grupo Parlamentario Popular ha hecho a esta su proposición no de ley.



La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Hemos autoenmendado esta proposición no de ley, dado que el tiempo, que era vital en la misma, se nos ha echado encima. En cualquier caso, los argumentos vienen a ser los mismos porque el Reglamento de la CE
número 1540, de la Comisión, de 13 de octubre de 2006, autorizó el pago de anticipos de determinados pagos directos contemplados en el Reglamento 1782/2003 del Consejo. De acuerdo con este último, los pagos derivados de los regímenes de ayuda
enumerados en el anexo I se efectuarán una vez al año en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 30 de junio del año natural siguiente. No obstante, el propio Reglamento 1540 reconoce la existencia de dificultades a las que tienen que
hacer frente los distintos gobiernos para cumplir con los requisitos exigibles en la aplicación de los regímenes de ayuda, agravadas durante el año 2006 con la integración de los regímenes aplicables al aceite de oliva y el azúcar en el sistema de
pago único, y basándose en ello, autorizó a los Estados miembros a facilitar anticipos de los pagos derivados enumerados en el anexo I de dicho reglamento. Por otra parte, -continúa el citado reglamento- los agricultores han padecido condiciones
climáticas difíciles en este año 2006 sobre todo durante el verano, lo que puede provocar -reconoce el reglamento- dificultades financieras y de liquidez, por lo que procede autorizar a los Estados miembros el pago de dichos anticipos.



Esta proposición, como he dicho al principio, se redactó en su momento atendiendo al sentido de dicha autorización, ya que se solicitaba de esta Comisión que se instase al Gobierno a acogerse a la excepcionalidad del reglamento, dadas las
condiciones climáticas adversas que habían sufrido nuestros agricultores y ganaderos con las heladas primero y con la sequía después.



Conocíamos, puesto que ya fue objeto de amplio debate tanto en los trabajos de esta Comisión como en las distintas comparecencias de los altos cargos del MAPA, las consecuencias y los daños producidos tanto por las heladas como por la sequía
que asolaron España en los primeros meses del presente año, a los agricultores y a los ganaderos, entre los que cabe enumerar la necesidad que tuvieron nuestros ganaderos, por ejemplo, de contratar pólizas de circulante para afrontar las necesidades
alimenticias del ganado ante la falta total de pastos, los daños en las cosechas y frutales que produjeron las heladas y en general los daños sufridos en los cultivos herbáceos. Estos daños, unido al incremento de los costes de producción tales
como la subida del precio del gasóleo, han colocado al sector en una situación de dificultad notoria para cumplir sus compromisos de pago que en la mayoría de las ocasiones solventan acudiendo al endeudamiento, con el consiguiente coste financiero
añadido que ello supone. Para paliar en la medida de lo posible esta situación, la propia Comisión acordó en el reglamento citado, la posibilidad de que los Estados miembros anticiparan hasta el 50 por ciento de los derechos de pago único a partir
del 16 de octubre y hasta el 1 de diciembre, que es la fecha ordinaria de inicio de los pagos.



Pues bien, en nuestra proposición no de ley, ahora enmendada, pedíamos, oportunamente a nuestro juicio, que el Gobierno español se acogiese a esta posibilidad, que como todos sabemos no hizo, sin que tengamos conocimiento de las razones que
han impedido que nuestros ganaderos y agricultores se beneficien de esta medida excepcional, que hubiera aligerado desde hace ya mes y medio las dificultades financieras por las que atraviesan. Pasada y malgastada por el ministerio esta
oportunidad, venimos hoy a presentar ante esta Comisión la enmienda de sustitución que hemos presentado, en la que instamos al Gobierno a acelerar el pago de los derechos de PAC, especialmente a aquellos agricultores y ganaderos que sufrieron las
consecuencias de las adversidades climáticas en este año, y justificamos nuestra pretensión en la necesidad que, por las razones ya apuntadas, tiene el campo español de estos anticipos y en la obviedad de encontrarnos ya dentro del plazo, si bien la
diferencia entre realizar los pagos en el mes de diciembre y hacerlos en los meses finales del mismo, que sería mayo o junio, puesto que el plazo final termina el 31 de junio, supone nada menos que una diferencia máxima de seis meses que en el año
agrícola supone el 75 por ciento de su calendario.



Mucho nos tememos que si no hay una acción positiva para que esto sea así, a través de una medida concreta que exprese la voluntad del ministerio de realizar este anticipo, y dadas las dificultades añadidas que en este año pueden darse como
consecuencia de las propias dificultades intrínsecas de la aplicación del reglamento, el plazo de pago se nos pueda ir más allá de lo que habitualmente suele irse, que son los meses de diciembre y enero, y se prolongue hasta los meses finales del
plazo.



Por todo ello, el Grupo Popular, en la Comisión de Agricultura del Congreso, insta al Gobierno: a tomar medidas concretas que hagan posible el pago a los agricultores y ganaderos afectados por las condiciones climatológicas de principios
del año 2006, para que se les haga efectivos sus derechos de pago único en el mes de diciembre.



El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones corresponde hablar, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Socialista. El señor Alonso tiene la palabra.



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El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, antes de debatir y fijar la posición del Grupo Socialista, le pediría a la portavoz del Partido Popular una pequeña aclaración, porque he leído la autoenmienda y se refiere exclusivamente a pagos
correspondientes a cultivos herbáceos y al final de la exposición, cuando ha leído la enmienda que plantea, hablaba de agricultores, ganaderos y todos los cultivos, del pago único, cosa que no figura en la enmienda que ha recibido este portavoz del
Grupo Socialista. No sé si estamos hablando de lo mismo o de otra cosa.



El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, no cabe la posibilidad de un debate intermedio en la fijación de los grupos. En cualquier caso, hay una cuestión que es evidente, lo que aparece textualmente en la proposición no de ley y en las enmiendas
de la misma es lo que es objeto de votación, salvo que haya alguna transaccional; luego en el debate se pueden exponer cualesquiera otros puntos o consideraciones, pero a efectos formales de votación solamente lo que aparece en ambos. No puede
haber duda a ese respecto.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Era simplemente para que constara en el 'Diario de Sesiones' que me sorprendía el planteamiento final porque no se corresponde, señora Sánchez, con la literalidad de la propuesta que han realizado.



Yendo al fondo del asunto, en definitiva el momento del pago de las ayudas correspondientes a la PAC de este ejercicio y su relación con las condiciones climatológicas de la última campaña, efectivamente en el año que hemos terminado, la
última campaña, ha habido un déficit de lluvias en gran parte de las regiones españoles, cifrada por el Instituto Nacional de Meteorología en un 30 por ciento menos de precipitaciones, pero si analizamos el momento en que se produjeron las
precipitaciones, es decir, las lluvias, nos llevaron a unas expectativas de cosecha muy importantes. Cuando se evaluaban las expectativas de cosecha en mayo de este año las previsiones de cosecha eran extraordinarias; fueron los golpes de calor
habidos a finales de mayo y de junio y la ausencia prácticamente total de precipitaciones en esos meses, los que determinaron una disminución muy importante sobre las expectativas de cosecha que, vuelvo a repetir, eran extraordinarias.



En definitiva, los datos finales de cosecha de este ejercicio nos dan, en cereales, una producción de 18,8 millones de toneladas, que es algo inferior a la media de los últimos 15 años, donde la cosecha media en España se sitúa en 20,5
millones de toneladas, es decir, que hemos tenido una cosecha de 18,8 frente a una media de 20,5. Es menor que la media pero no se ha dado una cosecha ni catastrófica ni especialmente escasa respecto a la media. Las previsiones eran mayores, pero
hacer catastrofismo con los datos no es muy positivo. En cualquier caso, el Grupo Socialista es consciente de lo positivo que sería adelantar, anticipar los pagos correspondientes a la PAC de esta campaña no solo por estas circunstancias, sino por
las derivadas de que se trata de un año de transición, un año difícil, en el sentido de poner en marcha una nueva normativa, el pago único que es la primera vez que en España se va a realizar. Por tanto, nosotros hemos considerado, también el
Gobierno, esta posibilidad.



En este sentido, el Gobierno solicitó de la Unión Europea que se incluyera a España dentro de los países donde podría realizarse este anticipo, no porque se dieran circunstancias catastróficas por la climatología, sino por tratarse de un año
especial en relación a la aplicación del nuevo régimen de pago único. La solicitud fue realizada por el Gobierno de España, el 6 de septiembre, y la Unión Europea aceptó, aprobó, incluyó a España, como consecuencia de esta solicitud y de otras que
han realizado otros países, dentro del reglamento que permite la realización de estos anticipos y que fue aprobado por el Comité de gestión de pagos directos, celebrado en Bruselas el 19 de septiembre del presente año. Desde este momento ha habido
diversas reuniones entre el Gobierno y las comunidades autónomas y de las comunidades autónomas con las organizaciones profesionales agrarias; se han evaluado distintas posibilidades de cómo realizar este anticipo; en un primer momento se acordó o
se habló de la posibilidad de realizar un anticipo de hasta el 50 por ciento, antes del 1 de diciembre, y posteriormente el resto del 50 por ciento en una fecha que iría de enero hasta junio. Después de las conversaciones que se han mantenido con
las OPA, y también analizadas y evaluadas las dificultades de gestión que tienen los organismos pagadores de las comunidades autónomas -no olvidemos que son las comunidades autónomas las que tienen que realizar la gestión y el pago directo a los
agricultores-, se está en la situación de autorizar a las comunidades autónomas para que puedan realizar el pago del cien por cien de las ayudas, lógicamente que no estén acopladas a la producción, que habría que hacerlas posteriormente, en un
horizonte de fechas que sería de diciembre-enero, de forma que las comunidades autónomas basándose en los acuerdos que tengan con sus organizaciones profesionales agrarias y analizadas las dificultades de gestión -no es lo mismo realizar este pago
en Castilla y León que en La Rioja, por poner un ejemplo, simplemente por el volumen de perceptores y problemática de la ayuda-, puedan realizar el pago durante los meses de enero y febrero.



Y en ese sentido, si el Grupo Popular lo tuviera a bien, el Grupo Socialista le ofrecería una transacción a la autoenmienda que pasaría por fijar este principio de que la proposición no de ley instara al Gobierno: a autorizar a las
comunidades autónomas para que estas realizaran el pago de las ayudas directas a los cultivos herbáceos a los agricultores, etcétera, en el mes de diciembre y enero del presente año, sin esperar al término del periodo reglamentario. Haber abierto
el abanico de diciembre a enero también es una propuesta y un planteamiento que han hecho algunas organizaciones profesionales agrarias,


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por los efectos fiscales que el pago del cien por cien de la ayuda en este año, y no en el siguiente, pudiera tener sobre la fiscalidad de las explotaciones, y por tanto, parece que lo más prudente, más razonable, es que la horquilla del
pago se realice entre estos dos meses, diciembre-enero. Si el Grupo Popular lo aceptara, podríamos fijar una posición común coincidiendo en el fondo del asunto, que es intentar anticipar al máximo el cobro de las ayudas correspondientes a la PAC en
este momento.



El señor PRESIDENTE: Sin perjuicio de las consideraciones que haga la señora Sánchez Fernández, indicaría que al haber solamente una enmienda del propio Grupo Parlamentario Popular, lo que teóricamente cabría, y entiendo que es lo que
planteaba el señor Alonso independientemente de que sea aceptada o no por el Grupo Popular, sería una transacción sobre la propia enmienda que ha presentado el Grupo Popular, que eso formalmente es posible, ya ocurrió incluso en la sesión pasada y
ha ocurrido en otras. Lo que no cabría, lo digo a efectos del 'Diario de Sesiones', es que el Grupo Parlamentario Socialista ofreciera una transaccional, toda vez que al no tener enmiendas no cabe esa posibilidad.



En cualquier caso, la señora Sánchez Fernández puede hacer las consideraciones que estime oportunas.



La señora SÁNCHEZ FERNÁNDEZ: Si le parece, me gustaría hablar con el portavoz del Grupo Socialista y llegar a un acuerdo en la redacción, porque coindimos en el fondo, y la presentaríamos a la Mesa para su posterior votación.



- SOBRE LA PESCA DEL ATÚN ROJO EN EL MEDITERRÁNEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001949.)


El señor PRESIDENTE: Perfecto. Así quedaria.



Pasamos al siguiente punto del orden del día, que aparece con el número 5, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la pesca del atún rojo en el Mediterráneo. Para su exposición y defensa la señora Fuentes tiene la
palabra.



La señora FUENTES GONZÁLEZ: Señorías, el atún rojo es un suculento manjar que constituye uno de los pilares básicos de la industria pesquera mediterránea. El atún es capturado a través de un tradicional, y al mismo tiempo admirado arte
pesquero denominado almadraba, arte que se viene desarrollando desde hace cientos de años, y que si todo continúa así y nada cambia tiene los días contados. Las almadrabas que trabajan en España están situadas en Zahara de los Atunes, Barbate,
Conil y Tarifa; en dichos lugares la pesca se realiza de forma artesanal, tal y como se ha venido realizando durante cientos de años; por este motivo las capturas que se realizan en dichas almadrabas son muy valoradas y de excelente calidad, al
mismo tiempo que es selectiva y respetuosa con el medio. El resto de capturas se realizan en el Mediterráneo, donde se ha convertido en una especie de gran importancia, pero en la actualidad se encuentra amenazada por la sobreexplotación a nivel
regional. Cada año, durante los meses de mayo, junio y julio, el Mediterráneo se convierte en un lugar de encuentro de una flota de unos 50 barcos, palangreros industriales a gran escala, que se reúnen para pescar durante su época de desove una de
las especies más importantes en el mercado internacional, como hemos dicho, el atún rojo. Hay una parte importante de estos barcos que pescan con banderas que no pertenecen a los países que están en la comisión internacional, en el Iccat. Los
atunes son peces de gran tamaño, muy voraces y excelentes nadadores; son animales gregarios y realizan grandes migraciones tanto para reproducirse como para la búsqueda de alimento. La única zona de desove conocida para el stop del atún rojo es el
Mediterráneo, al norte y al este de la islas Baleares.



El problema de la sobrepesca se está gravando con la captura de ejemplares de atún rojo destinados a la acuicultura, también conocida como técnica de engorde del atún; se trata de un proceso en el que los peces jóvenes son capturados,
encerrados en criaderos y engordados con técnicas de acuicultura para su posterior comercialización. Este método ha hecho que actualmente se haya pasado de unas 10.000 toneladas que se obtenían hace cinco años a unas 25.000 toneladas que se
obtienen actualmente gracias a esta técnica. Es decir, que lo realmente amenazante, y queremos que esto quede bien claro, no es en absoluto la técnica de la acuicultura, ya que no hay problemas en que sea capturado un número coherente de piezas de
atún rojo joven para su posterior comercialización. El problema, y grave, está en el número de capturas y en el peso de dichas capturas. El número de capturas en el Mediterráneo ha aumentado tanto que ya muy pocas piezas llegan al estrecho de la
provincia de Cádiz, donde se viene y se venía realizando la almadraba, y por otro lado, estas piezas son demasiado pequeñas. Este problema lo lleva constatando el sector pesquero desde hace ya algunos años. Hace años el periodo de captura de la
almadraba se alargaba en el tiempo unos seis meses entre las preparaciones y la pesca propiamente dicha, en la actualidad el periodo de tiempo es bastante menor, de uno a dos meses todo lo más. También ha sido de especial consideración la
disminución del personal que se requiere para realizar la almadraba, ya que el trabajo es menor, la remuneración económica también es menor pero el coste del trabajo viene siendo el mismo.



Nuestro Gobierno es conocedor de la importancia que el atún rojo tiene para nuestro sector pesquero y para su economía, tanto en el Mediterráneo como en el estrecho con las almadrabas, y ha puesto de manifiesto ante la Comisión Europea y en
la propia organización regional


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la necesidad de tomar medidas urgentes para la sostenibilidad de esta especie. De hecho, ya en la jornada inaugural de la reunión anual de ICCAT celebrada en 2005 en Sevilla, se solicitó por parte de la ministra una veda para estas especies
en el Mediterráneo. Así, España ha venido proponiendo un sistema de gestión basado en la adopción de diferentes medidas, entre otras las recomendaciones realizadas por el comité científico y estadístico de ICCAT. En junio se celebró la reunión de
expertos científicos y, en la misma, España contribuyó aportando y revisando los datos históricos necesarios para lograr evaluar el stop, siendo prácticamente el único Estado de la Unión con pesquería de atún rojo que lo ha realizado. La evaluación
concluye en la reunión del comité científico de ICCAT que se celebró la primera semana de octubre en Madrid, el comité planteó por primera vez la idea de que, de seguir el ritmo actual, la pesquería podría colapsarse. Debido a que en el Gobierno, y
en este caso nuestra ministra de Agricultura y Pesca, tienen una especial sensibilidad con el tema descrito, y buena prueba de ello, de la eficacia de este ministerio, es que la semana pasada fueron trasladadas estas mismas peticiones que nosotros
hacíamos en esta proposición, que era limitar las capturas de atún rojo realizadas por las embarcaciones en el Mediterráneo, aumentar la talla de captura de la población joven de atún rojo por parte de las embarcaciones del Mediterráneo y defender
en la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICAAT) que esta medida se extienda a todos los barcos que faenan en la pesquería del atún rojo en el Mediterráneo, debido a la eficacia que este ministerio plasma, la semana pasada fueron
trasladadas estas peticiones a la Comisión Europea, por lo que nos sentimos plenamente satisfechos y es motivo por el cual, agradeciendo la eficiencia del ministerio y su atención, retiramos esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, a pesar de ser retirada y una vez que se ha establecido el debate, corresponde a los grupos que lo deseen fijación de posición porque, aunque había una enmienda presentada del Grupo Popular, sin
perjuicio que la intervención de su portavoz pueda ser en el sentido que considere oportuno, pero ya la enmienda como tal no existe sobre la proposición no de ley al no existir proposición no de ley, sí desde luego la fijación de posiciones en el
sentido que considere. Por tanto, el señor Grau tiene la palabra en nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió.



El señor GRAU I BULDÚ: Sí, muy brevemente, en todo caso era para dar nuestro apoyo a esta proposición no de ley y además insistir en que esta pesca tiene que ser controlada y que las acciones que tengan lugar, aparte del ICCAT y en el seno
de la Comisión Europea, tienen que ser apoyadas al máximo por todas las instituciones que sea posible. Nuestro grupo se suma a la necesidad de abordar el tema del atún del Mediterráneo porque es un tema que en estos momentos ya está en una
situación crítica, que realmente hay muchos escapes en el sistema de control de los barcos porque resulta que se ha descubierto que flota pesquera francesa se ha desplazado a las aguas territoriales de Libia y hay pesca sin control y que las pescas
que se hacen en las zonas territoriales de Libia pues no son controladas como sobrepesca que se da en el Mediterráneo. Esto genera una necesidad, hay una situación realmente crítica, como he dicho antes, y que de alguna forma tendríamos que ver en
esta Comisión y en esta Cámara pronunciarnos con mayor contundencia para exigir y apoyar al Gobierno para que en instituciones superiores se tome este tema como de extrema urgencia y desde una gravedad para encontrar nuevas soluciones.
Hubiéramos
dado nuestro apoyo favorable incluso solicitando una mayor contundencia. Si el grupo que apoya al Gobierno considera que la cosa está bien hecha, es suficiente, ya nos parece bien, pero de alguna forma nos reservamos el derecho de promover con los
portavoces algún encuentro aquí, en la Comisión, para defender el atún rojo en el Mediterráneo.



El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez Ramos tiene la palabra.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: Estábamos y estamos, seguimos estando totalmente de acuerdo con el objetivo de la proposición no de ley que presentaba el Grupo Socialista, que trataba de hacer sostenible la pesca del atún evitando su esquilmación.
Mire, hemos asistido a una situación donde se ha hecho una descripción completísima del atún como rico manjar, son grandes nadadores, la importancia que tiene se ha destacado también, se ha hablado de la sensibilidad de la ministra, pero lo que no
vemos es el compromiso del Grupo Socialista con el objetivo de esta proposición no de ley, no lo vemos por ninguna parte, porque si bien se pretendía que en la reunión del ICCAT se tuvieran en cuenta estas propuestas que se hacían, resulta que
termina esa reunión, no se hace ni puñetero caso a la delegación española, ni esta lo defiende, como es su obligación, ni siquiera en el tenor del texto de la proposición no de ley, proponen una cosa en la proposición no de ley, en su texto, y hacen
otra en la reunión del ICCAT, y vienen a decir que como se han cubierto los objetivos...
Miren, ya estamos cansados de oír decir que se cumplen los objetivos del Ministerio de Agricultura en OCM del algodón, del aceite, del tabaco, de la
remolacha..., porque no se cumple nada y ustedes hacen una lectura que da a entender o quieren engañar, no sé a quién, para decir que se han cumplido los objetivos. ¿Usted puede decir, señora portavoz del Grupo Socialista, que en la reunión del
ICCAT se han cumplido los objetivos? ¿Sí? Pues dígame usted, si usted propone que se reduzcan las capturas al menos 15.000 y usted ha hablado del 10.000 que eran antes toleradas, y resulta que lo que sale del ICCAT es el doble para este año, el
doble para el que viene, para el otro y para el otro, pues dígame usted qué ha conseguido España en esta reunión, absolutamente nada. Mire,


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usted me hace incluso una defensa a ultranza, que yo comparto, de las bondades que tiene una almadraba en la pesca selectiva del atún ecológica y tal, pero mire, cita usted las almadrabas de Zahara, Barbate, Conil y Tarifa, y se olvida de
una muy importante, que es la de su pueblo, que es la de Chiclana, que se aprobó con el Gobierno del Partido Popular y han pasado dos años y todavía no se ha podido calar. ¿Qué tipo de interés tiene esta Administración con esta pesca?, es que no
se corresponde lo que ustedes ponen en un papel con lo que después se traduce en las actuaciones concretas.



Nosotros pediríamos que se mantuviera esta proposición no de ley, porque aunque es verdad que es extemporánea, porque esto era para instar y era para definir la postura del Gobierno español en esta reunión, pero hay una cosa importante, y es
que el Gobierno español tiene competencias propias ya establecidas sin necesidad de que se las dé el ICCAT para actuar, y ese es el motivo de nuestra proposición no de ley. Por ejemplo, nosotros solicitábamos que, en el marco de las competencias
que tiene el Estado español, se impida la pesca del atún rojo por barcos ilegales, pues mire la cantidad de toneladas y de esfuerzos pesqueros que se reducirían actuando con esta competencia. Eso no es nada más que voluntad, voluntad del Gobierno
español, del Ministerio de Agricultura, que eso se lleve a cabo, ese control, y evitar la pesca de barcos ilegales. El otro punto que presentábamos es que se proceda a la vigilancia y control, vía inspección, de las tallas mínimas de la captura de
atún rojo en el Mediterráneo. Estamos de acuerdo que se están cogiendo atunes muy jóvenes y con tallas no permitidas, es una competencia del Gobierno el vigilarlo y el controlarlo, y tiene medios para ello, tiene barcos, tiene inspectores y tiene
todas las competencias. ¿Por qué no se hace? Es que me estoy oliendo que ustedes están viniendo aquí a tapar la vergüenza de la falta de compromiso, de la falta de exigencia, porque se han doblado a los intereses de Francia, a los intereses de
Italia, y a lo mejor también a los intereses de la industria conservera, pero no están atendiendo lo que bucólicamente defienden en la exposición de motivos de que la almadraba es un cultivo ecológico ancestral... Es que ustedes dicen una cosa y
después hacen otra, entonces ustedes pueden hacerlo perfectamente, lo mismo que también le digo que otra competencia que tiene el Gobierno español es el control de las capturas, entonces, cuando se hayan capturado el total de toneladas permitidas o
autorizadas, tiene competencia para impedir que se siga haciendo. ¿Por qué no lo hacen?, ¿por qué no lo hacen?, pues dígame usted, por favor, por qué no lo hace el Gobierno, ¿por qué no impide lo de la talla?, ¿por qué no impide la pesca de los
ilegales? Por falta de compromiso, entonces, claro, ahora vienen ustedes y no tienen más remedio que retirarlo porque si aceptan las nuestras, nuestras enmiendas, ponen al Gobierno en un compromiso de tener que actuar para defender lo que
pretendían hacer inicialmente.



Usted se está sonriendo pero si yo le leo algunas cuestiones de lo que ha ocurrido en la reunión del ICCAT, lo dice Greenpeace, bueno, no sé si ustedes tendrán o no tendrán, bueno, dice que España no ha hecho nada para influir en la postura
comunitaria, no lo dice el Partido Popular, dice, para más inri, dice que finalmente deja el mes de junio, principal mes de reproducción del atún como usted bien sabe, abierto a la actividad pesquera, aquí ya no hay veda ni hay paradas biológicas ni
hay absolutamente nada, y además se ha aceptado una cuota insostenible de 29.500 toneladas, cuando usted pedía justamente la mitad. Dice también que el atún rojo del Mediterráneo está en peor estado que nunca y esta especie sufre una de las mayores
tasas de pesca ilegal de todo el mundo.
¿Por qué no se actúa contra la pesca ilegal para la que el Gobierno tiene competencias? ¡Hombre!, es que esto es, de verdad, esto es una confesión de parte de una falta de compromiso total con un problema
que le quiere exigir al ICCAT para que se reduzca el esfuerzo pesquero del atún y las competencias que ustedes tienen por ley que son propias y exclusivas del Gobierno español no las utilizan. ¿Qué compromiso?, ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿a
quién defienden ustedes?, porque no se entiende, no se entiende que dejen su compromiso y sus competencias no las utilicen para nada.



Hay una crítica también a la Unión Europea, porque, claro, se ha hecho un plan de gestión que para nada este plan de recuperación no hay, como hay normalmente en todos los reglamentos del 2371 de los fondos europeos, pues hay una reducción,
hay un estudio oceanográfico técnico de la situación de la especie y hay una reducción para que haya una pesca sostenible. Pues nada de eso hacen ustedes, entonces permítanme que les diga que esto es una, como he dicho antes, una confesión de parte
de no sé qué intereses están ustedes defendiendo, desde luego no los intereses del atún, no los intereses que ustedes exponían en su exposición de motivos, con la que estamos totalmente de acuerdo, y además podían haber aceptado la proposición,
haberla mantenido y mantener la propuesta que hacían como contenido, y además apoyado por todos los grupos de esta Cámara, para una próxima reunión del ICCAT. De nada sirve, y usted no puede irse contenta, que CiU le diga que la reunión ha salido
muy bien y que, como ustedes lo ven bien, pues que ellos también lo ven bien, porque bueno, serán dos ciegos o dos tuertos en el país de los ciegos porque desde luego serán los únicos en el mundo del atún que crean que esto ha salido, que en el
ICCAT se han cumplido las expectativas que había, así que...



Bueno, no quiero seguir porque la verdad es que esto es una situación política absurda, es una posición que no compartimos desde el Partido Popular y que desde luego trataremos, en la medida que sea, de exigir al Gobierno que cumpla con sus
responsabilidades y que actúe, ya que no lo hace el ICCAT, ya que no lo hace la Unión Europea, que ejerza sus competencias y actúe de esta manera.



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- SOBRE LA APROBACIÓN DE UN REGLAMENTO QUE PERMITA APLICAR LA LEY 3/2001, DE 28 DE MARZO, DE PESCA MARÍTIMA DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001958.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, en este caso el número 6, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la aprobación de un reglamento que permita aplicar la Ley 3/2001, de 28 de marzo, de
pesca marítima del Estado. Para su exposición y defensa el señor Díaz Díaz tiene la palabra.



El señor DÍAZ DÍAZ: El Grupo Socialista creemos que es necesario abordar el problema de un nuevo reglamento de la pesca que permita una mejor aplicación de la actual ley de pesca marítima y también abordar temas que escapan a la ley, por
ello creemos que hay razones poderosas que avalan nuestra propuesta.



Existe, en primer lugar, un reconocimiento de alguna recomendación del Consejo de Estado del 30 del 6 del año 1993 que defiende la necesidad de evitar una proliferación de regulaciones especiales y simplificar la normativa del proceso
normativo sancionador. Defiende asimismo el Consejo de Estado que, en lugar de procedimientos especiales, cada sector establezca las distintas especialidades que exijan sus características pero enmarcadas en el esquema de procedimiento común
recogido en el Real Decreto 1398/93. Partiendo de estas valoraciones, que compartimos, creemos que hay varios aspectos que se deben considerar por el regulador a la hora de proceder a la aprobación de una nueva norma. En primer lugar, consideramos
necesaria la elaboración de un reglamento de procedimiento sancionador que incorpore nuevas prácticas de mejora en la gestión y facilite la agilidad en la tramitación procedimental, en aras de garantizar el principio de eficacia, así como el
carácter ejemplarizador y educativo del procedimiento sancionador. En segundo lugar, creemos que es necesario modificar las características mismas de la tramitación, los procedimientos y la situación funcional que se produce en dicha tramitación.
Creemos que en la actualidad nos encontramos ante un procedimiento muy complejo cuando se trata de infracciones graves o muy graves, en las que el acuerdo de iniciación del expediente se adopta por los delegados de Gobierno en las comunidades
autónomas y la instrucción se efectúa asimismo en las comunidades autónomas, no así la resolución, que se efectúa, salvo en infracciones leves, al amparo de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 3/2001. Por ello, en atención a estas
características y a los problemas que se están planteando en la práctica, fruto de la disposición geográfica y de la diversidad de (?) formativos de los instructores, creemos que es necesario disponer de un marco unitario que dé sencillez y
claridad interpretativa, al tiempo que facilite la unidad de criterio en los órganos instructores. En tercer lugar, constatamos que hay una inadaptación del procedimiento sancionador general a las especificidades de la pesca marítima que no
encuentran adecuado encaje en el mismo, debido, entre otras cosas, a las especiales y cambiantes circunstancias del sector, la incidencia y diversidad y a la atención a la política pesquera común, la necesidad de consideración de elementos de
protección y mejora de la conservación de los recursos pesqueros, cada vez más importantes, con especial énfasis en las zonas de protección pesquera y la complejidad de los actores intervinientes. Todos estos son elementos que dificultan la
adaptación del procedimiento sancionador general.



Por último, cabe resaltar la necesidad de desarrollar determinados aspectos de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, en primer lugar el procedimiento de suspensión condicional, previsto en el artículo 105, después la determinación de las sanciones
pecuniarias fruto de los intervalos previstos en el artículo 102, la necesidad de desarrollar un procedimiento de subasta, así como de completar la regulación del régimen de bienes aprehendidos, incautados y decomisados, y ello ante las dificultades
encontradas en la gestión de dichos bienes por parte de los órganos competentes en virtud de la remisión genérica a la Ley 3/2001, de 26 de marzo, en concreto a su artículo 94, en relación con los buques aprehendidos, a la legislación vigente sin
que exista un marco normativo adecuado a este supuesto. Tampoco se contempla en dicha regulación diferentes aspectos o diferentes supuestos, como por ejemplo la actuación de los órganos competentes en relación con artes, aparejos o útiles de pesca
reglamentarios incautados, cuando esto sea una medida provisional, cuando, procediendo a la devolución al interesado, este no se haga cargo de los mismos, son temas que están ahí que deben ser atendidos. Por ello entendemos que es necesario este
nuevo reglamento, que es un reglamento que debe ser consensuado, está claro que la enmienda que nos propone Convergència i Unió la damos por asumida, o sea, hoy no se puede legislar sin respeto a las comunidades autónomas, y la participación del
sector también la damos ya por hecha. Por todo ello, consideramos necesario y oportuno que se apruebe esta propuesta y pedimos el apoyo para la misma de todos los grupos parlamentarios.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado efectivamente dos enmiendas, en el orden de presentación de las mismas corresponde en primer lugar al Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Grau i Buldú tiene la
palabra.



El señor GRAU I BULDÚ: Agradecemos de antemano la aceptación de esta enmienda que nos ofrece el grupo proponente porque, de hecho, es una enmienda competencial, lógicamente era en el sentido de dar cumplimiento a las regulaciones de aguas
de competencia autonómica, y es por ello que este reglamento en definitiva


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nuestro grupo lo agradece muy vivamente y nos parece a todas luces necesario para fijar un mejor cumplimiento de la ley. Por ello daremos también nuestro apoyo a la propuesta del Gobierno, y más aún habiendo aceptado nuestra enmienda, en el
sentido de que valorizaremos las actuaciones autonómicas en el ámbito de la pesca y sobre todo en el caso, en nuestro caso nuestra sensibilidad es mayor en el área del Mediterráneo, y entrelazo esta situación con la anterior propuesta sobre el atún
rojo, una proposición no de ley abre una actuación necesaria sobre este mar que tiene ya los recursos muy acabados y, por lo tanto, ya es necesario un reglamento un poco más duro, más exhaustivo, de llevar el tema adelante. Nuestra proposición
también, si se da el caso que los grupos lo proponen, por parte de la enmienda del Grupo Popular, porque me parece que va en el mismo sentido y en definitiva acepta igualmente las competencias autonómicas en el sentido de estar el tema afecto a la
sensibilidad que propone el Gobierno.



Por lo tanto, entendemos que esta situación sería bueno que la hiciéramos con el máximo consenso de esta Cámara, y realmente el Reglamento, ya que todos los grupos estamos de acuerdo con él, nuestro grupo se sumará a cualquier transacción
que propongan los grupos mayoritarios para que esta propuesta del Gobierno, y en definitiva el cumplimiento del reglamento y la aplicación más estricta de la ley, se lleve a cabo lo más pronto posible. Por ello nuestros votos es para que este
acuerdo de consenso de los grupos mayoritarios se obtenga, y en el caso de no hacerlo, nos sumemos y obtengamos la mayor votación posible para que esta ley se cumpla y este reglamento sea de efectividad lo más pronto posible y que el Gobierno cumpla
con la sugerencia o el mandato de esta Cámara.



El señor PRESIDENTE: El señor García Díez para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene S.S. la palabra.



El señor GARCÍA DÍEZ: Quisiera empezar haciendo una breve reflexión que nos sitúe un poco en lo que puede ser el objetivo final de esta proposición no de ley que ha defendido el portavoz socialista, al que lamento no ver, igual que él no me
verá a mí porque la columna de la sala nos impide vernos, pero estoy aquí, he escuchado atentamente su exposición y ahora espero que pueda llegar la mía igualmente a usted.
Decía que una primera idea es situarnos en cuándo se aprueba esta ley de
pesca. Cuando llega el Partido Popular al Gobierno se encuentra que no hay una ley de pesca marítima y considera que es urgente establecer un régimen de protección de los recursos pesqueros, y fruto de esa situación promueve y aprueba el Parlamento
la Ley 14 de 1998, reguladora del régimen de infracciones y sanciones, que introducía, como probablemente muchas de SS.SS. sepan, la configuración de las sanciones como responsabilidad de los infractores, las define como solidarias y no como hasta
la fecha, hasta aquel momento, que eran subsidiarias. Se produce, como digo, aquella aprobación de esa ley, que posteriormente la ley de pesca deroga en uno de sus artículos, la Ley 14 queda derogada, y bien, ahora, una vez aprobada la ley de
pesca, que, por cierto, como sabe perfectamente el portavoz socialista y probablemente todos los demás portavoces, tiene en su parte dispositiva y en su capítulo correspondiente el apartado referido al régimen de infracciones y sanciones, y
concretamente dice claramente que el objeto es establecer el régimen sancionador en materia de pesca marítima, por un lado, y por otro, la normativa básica del régimen sancionador en materia de ordenación del sector pesquero y de la actividad
comercial de los productos pesqueros, y ahí ya matiza, cuyo desarrollo legislativo y ejecución corresponde a los órganos competentes de las comunidades autónomas, de ahí probablemente la enmienda que se acaba de defender y la que mi grupo también ha
presentado. Pero a mí me gustaría también poner de manifiesto, porque me he leído toda la intervención que figura en el Diario de Sesiones de septiembre del año 2000, de 21 de septiembre, en la que los distintos portavoces defendían sus
posicionamientos ante lo que era el proyecto de ley de pesca, y me llamó la atención, señor Díaz, se lo digo personalmente a usted porque en aquel momento fue el portavoz por parte del Grupo Socialista, que decía, refiriéndose al proyecto de ley de
pesca, que, a pesar de tener muchos artículos, son palabras textuales suyas, regula definiciones y cuestiones que ya están reguladas, como las sanciones. Esto lo decía usted en el año 2000, por eso es un ejemplo más de que a veces cuando se está en
la oposición se exigen al Gobierno determinadas cuestiones que luego cuando uno es Gobierno trata de olvidar, y ahora plantean ustedes una propuesta que va en contra de lo que en aquel momento se decía.



Pero ciñéndome a lo que es la enmienda que nosotros presentamos, quiero defenderla en base a dos principios o a dos posicionamientos muy claros, uno de ellos el señor Grau ha hecho mención a él, después me referiré a él, pero hay otro que
nadie ha tocado y que a mí me parece que merece la pena reflexionar sobre él, que es el tema de que en materia sancionadora no debería regularse, así lo entendemos nosotros, por otra figura jurídica que no fuera con rango de ley. Eso es un
principio de legalidad ampliamente aceptado en todas las Administraciones y sí es verdad que a veces cuando no se da rango de ley se utiliza otra figura jurídica, que suele ser la de mayor rango posible, que es el decreto ley, en este caso el real
decreto cuando es el Gobierno. Aquí se plantea un reglamento, y a mí les digo sinceramente, señorías, que me parece muy ambiguo dejarlo como reglamento porque de alguna forma el reglamento es algo que elabora el Gobierno y la ley es algo que
elaboran los parlamentos. Nuestro grupo preferiría que en todo caso no figurara en el texto de la proposición no de ley cuál será la figura jurídica, dado que ustedes la acotan a un reglamento y nosotros, de no ponerse la que debe ser por principio
de legalidad, que es la ley, preferimos


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que quede como la figura jurídica más adecuada, la que se determine como más adecuada, los ministerios tienen asesores jurídicos sin duda, y no ceñirlo ni concretarlo a día de hoy en la proposición no de ley en un reglamento, que es un
concepto muy amplio desde el punto de vista político y que de alguna forma deja muy abierto al Gobierno todas las cuestiones, y máxime después de haber escuchado la intervención de la defensa de la proposición no de ley donde se ha dicho también
textualmente que es para abordar temas que escapan a la propia ley. Si en este reglamento vamos a abordar temas que escapan a la propia ley y lo hacemos solamente sin poder controlar desde el Parlamento porque es un reglamento elaborado por el
Gobierno, pues bueno, no es que sospechemos, no me entiendan mal, es simplemente que creemos que debe ser con más participación de esta Cámara.



Y en segundo lugar, como también se ha defendido, hay que escuchar a las comunidades autónomas, y previamente, no después, y tiene que ser también un diálogo previo con el sector pesquero donde tienen que estar las cofradías, las
organizaciones pesqueras, donde tienen que estar las cooperativas de armadores, etcétera, etcétera, etcétera, tienen que estar las comunidades autónomas, como ya se ha dicho, todas, no solamente las del exterior, porque las comunidades autónomas del
interior tienen competencias en materia pesquera, tienen que estar los agentes sociales, debería estar el Consejo Económico y Social y cuantos otros órganos considere el Gobierno oportuno. Por todo ello, y ya finalizo, señor presidente, proponemos
por la vía de esta enmienda una sustitución del texto original por el siguiente texto: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, previa realización de las consultas precisas con el sector pesquero, comunidades autónomas y agentes sociales,
desarrollar por el procedimiento jurídico adecuado (es aquí donde enfatizo más y he defendido el porqué quitar reglamento y dejarlo en estos términos) lo previsto en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado en materia
sancionadora. Yo creo que de esta forma garantizamos que se haga con arreglo a la buena técnica y normativa jurídica que se debe usar y también garantizamos la consulta previa a todos estos sectores que he citado dentro de todo el proceso
legislativo.



El señor PRESIDENTE: De la intervención del señor Díaz deduje antes que aceptaba -lo dijo explícitamente- la enmienda de Convergència i Unió, pero al menos yo no entendí y tampoco el letrado en la Mesa su posicionamiento respecto de la
enmienda del Grupo Popular y por tanto...



El señor DÍAZ DÍAZ: No aceptamos su literalidad. Podemos hacer una transacción.



El señor PRESIDENTE: Lo que quería indicarle es que siendo las dos enmiendas de sustitución no se podrían aceptar las dos, sino que haría falta una transaccional, porque, claro, las dos no pueden, siendo distintas, sustituir, en cualquier
caso, si llegan a alguna transaccional o a los términos en los que al final se produzca el acuerdo, les ruego lo hagan llegar a la Mesa antes de las votaciones.



- RELATIVA A LA REFORMA DE LA OCM DEL VINO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001959.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 7.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la reforma de la OCM del vino. Para su defensa el señor Alonso tiene la palabra.



El señor ALONSO NÚÑEZ: El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley sobre un tema de grandísima importancia para la agricultura española en su conjunto y específicamente para el sector vitivinícola. Se trata de intentar
fijar posición en relación con las negociaciones que están abiertas en el seno de la Unión Europea sobre la reforma de la organización común de mercado y sobre las medidas que ha propuesto la Comisión, con las que el Gobierno de España, el sector y
yo creo que esta Comisión de Agricultura no podemos estar muy de acuerdo.



La Unión Europea tiene un sector vitivinícola muy potente. Son 3,5 millones de hectáreas las que hay en Europa, que están localizadas básicamente en los países del sur, y dentro de ellos es España el país donde la superficie de viñedo tiene
una mayor importancia. España tiene el 34 por ciento de la superficie de viñedo de toda la Unión, es decir que cuenta España con 1.100.000 hectáreas. Además en España existen regiones donde el viñedo juega un papel muy importante, no solo por el
valor económico sino porque tiene una gran trascendencia social, cultural y medioambiental. El 75 por ciento del cultivo de la vid en España está localizado en cinco comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León, Comunidad
Valenciana y Cataluña), pero hay viñedo prácticamente en la totalidad y hay problemática relacionada con la producción de vino en casi todas las regiones de España. España, por sus condiciones climatológicas, tiene unos rendimientos por hectárea
muy inferiores a la media europea. Así, dentro de Europa vemos que hay países que tienen rendimientos que están por encima de los 100 hectolitros por hectárea, como por ejemplo Alemania, y los rendimientos en España son de 36 hectolitros por
hectárea, es decir un tercio de los de Alemania y todo ello teniendo en cuenta el incremento de rendimientos que se ha producido en estos últimos años. También nuestros rendimientos son prácticamente la mitad de los que se dan en la vecina Francia.
La producción de España en estos últimos años se acerca a los 50 millones


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de hectolitros -en la última campaña 43-, producción vitivinícola que tiene algunos problemas de comercialización. Interesa dar algunos datos, pues muchas veces se habla de vino y hay que hablar de sector vitivinícola, porque son muchos los
destinos de la uva transformada en mosto y posteriormente en vino o en alcohol: 5,3 millones de hectolitros en España se destinan a la producción y se comercializan en la forma de zumos o mostos; 6,9 millones de hectolitros se destinan a la
producción de alcohol vínico que abastece el mercado de brandis o de vinos de licor; y dentro de los 33 millones de hectolitros que se dedican a la producción de vino, 18 millones se comercializan como vinos de mesa, 2,4 millones como vinos de la
tierra y 12,5 millones bajo el amparo de alguna denominación de origen, es decir que solo este estrato de los vinos de más calidad y de más valor añadido, que son los vinos con denominación de origen, representa 12,5 millones de hectolitros, frente
a una producción total de 43 millones de hectolitros en la última campaña o de una media de 50 millones de hectolitros. Tenemos, pues, una problemática muy importante. La comercialización ha mejorado mucho en los últimos años, se están
incrementando las cifras, pero realmente tenemos un sector con una clara vocación exportadora de mejora de calidad, de mejora de rendimientos, pero esta modificación de la OCM del vino se presenta en un momento en el que el viñedo, el sector
vitivinícola español está inmerso en una clara renovación de sus capacidades de producción tanto en la viña, como en bodegas y en estructuras comerciales. Por eso nos preocupa mucho esta nueva reglamentación y desde luego nos preocupan muchísimo
las medidas que ha propuesto la Comisión Europea.



La Comisión ha planteado nada más y nada menos que arrancar 400.000 hectáreas a un coste de 2.400 millones de euros en cinco años -en definitiva lo que plantea la Comisión Europea es dedicar un tercio del presupuesto comunitario al arranque
de viñedo-; ha planteado una libertad de plantaciones, ha planteado una supresión de las medidas de mercado, ha abierto la posibilidad de establecer sobres nacionales y, por otra parte, ha planteado también pasar presupuesto de la OCM del vino a
las medidas de desarrollo rural, y en el último apartado plantea una serie de medidas que tienen que ver con el etiquetado, la política de calidad, prácticas enológicas y promoción. Podríamos decir que en este último apartado básicamente en España
hay acuerdo en efectivamente mejorar la competitividad, la calidad, las presentaciones y adecuar la normativa española y europea a las reglas de la OIV, pero hay algunos elementos que nos llenan de preocupación, como son las medidas que tienen que
ver con ese arranque tan importante como se determina por la Comisión, el tema de los sobres nacionales también es preocupante, y mucho más la supresión de las medidas de mercado. Simplemente señalaré que en España la destilación de estos 7
millones de hectolitros de vino para alcohol de uso de boca supone que en este momento 175.000 hectáreas se dedican a la producción de vino que finalmente acaba en un destilado y, por tanto, la simple supresión de esta medida dejaría sin destino
cierto la producción nada más y nada menos que de la uva, del vino procedente de por 175.000 hectáreas de viñedo. En cualquier caso, en España la supresión de la destilación de alcohol de uso de boca generaría gravísimos problemas no solo en la
producción sino también en el abastecimiento de las industrias destiladoras y, por tanto, creemos que es preciso realizar un esfuerzo negociador importante en el marco de la Unión Europea y conseguir acuerdos con los países principalmente
productores y los que tengan una problemática similar a la nuestra, Italia, Grecia y quizá Francia. En ese sentido va esta proposición no de ley del Grupo Socialista, que se concreta en cuatro medidas y que pasarían por trasladar al Gobierno
nuestra preocupación para que se acuerden los mecanismos que permitan una mayor competitividad en el sector vitivinícola -creo que este es un objetivo irrenunciable de todo el sector-; que se logre una regulación que sitúe a los productores de vino
español en igualdad de competencia frente a productores de terceros países que producen vinos que entran en libre competencia en toda la Unión Europea procedentes de todos los continentes del mundo; que se avance hacia un nuevo marco comunitario
orientado al mercado, pero efectivamente orientado al mercado de todos los productos, no solo de los vinos y de los vinos de calidad, sino de los vinos de calidad, de los vinos de mesa, de los vinos de la tierra y también de los otros productos
vitivinícolas, el mosto y el alcohol, y esto pasaría por dar al sector la importancia que tiene desde el punto de vista medioambiental -donde hay viña en muchos sitios en España no puede haber otra producción agrícola-, así como la importancia
social por la capacidad de generación de empleo que tiene este sector y de vertebrador del territorio en muchas regiones españolas. El cuarto punto se refiere a una tramitación ordenada que facilite una transición; si tiene que haber reformas, que
haya una transición sin rupturas, es decir que no se rompa la actual organización común de mercado por el planteamiento que se pretende y que esto permita mantener una situación de equilibrio y de mayor competitividad en el sector vitivinícola. En
definitiva, la negociación está abierta, el proceso todavía será largo, seguramente la última propuesta de la Comisión no se presentará hasta el segundo semestre del año que viene, y hasta entonces creo que es positivo y bueno que se vayan
posicionando los parlamentos nacionales y que forcemos una negociación que haga cambiar a la Comisión su propuesta inicial y que en definitiva nos permita seguir avanzando hacia un sector vitivinícola competitivo y que mantenga su importancia social
y medioambiental en amplias comarcas y regiones españolas.



El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley. En el orden de las mismas corresponde al señor Grau, en nombre del


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Grupo Catalán de Convergència i Unió, la defensa de la suya.



El señor GRAU I BULDÚ: La nuestra es una enmienda de adición a la propuesta al Gobierno, porque en definitiva nuestro grupo entiende como muy aceptable esta proposición que hace el Grupo Socialista, porque nos encontramos ante la
posibilidad de actuar en un sector en el cual el calendario puede jugar un poco a nuestro favor, en el sentido de instar a los gobiernos con problemas equivalentes, como ya ha citado el señor Alonso, por el arranque de viñas a la adopción de medidas
que tienen que llevarnos a la solución más favorable para los viticultores españoles.
Tenemos a nuestro favor el hecho de haber cumplido con mejoras de calidad, con la ordenación de las denominaciones de origen, con exportaciones envasadas y con
buscar exportaciones. En definitiva, creemos que como en tantas cosas que ha hecho España desde su integración en la Unión Europea, ha cumplido los deberes y se ha situado, con sus dificultades de producción, dentro de los parámetros europeos y ha
generado un importante sector, el cual tenemos que preservar, lo mismo que hacen otros países de la Unión.



El proyecto de la Unión Europea destinando estos 2.400 millones de euros, que entiendo que es el 40 por ciento de la OCM, en cinco años, pone de relieve la importancia de este sector y por lo tanto tenemos que defender que el arranque de las
400.000 hectáreas se haga de una forma más razonable y social, en definitiva defendiendo de una forma más exacta a los productores y evitando que en el momento de la liberalización hayan tomado posiciones grandes grupos y entonces no estén resueltos
todos los problemas de sobreproducción, sino que se vean agravados, lo que perjudicará a los agricultores pequeños. La preservación de determinados terrenos va en favor de producciones cortas pero de mucha calidad que, de no continuar, harían
perder competitividad al sector. Nuestro grupo, sensible a las preocupaciones de las organizaciones productoras catalanas y de los sindicatos agrarios, propone este quinto punto de adición a la proposición no de ley que el Grupo socialista, para
que se rechace la liberalización total del sector del vino propuesta para el año 2013, de forma que se pueda elaborar un plan a medio plazo para que el sector tenga mejores soluciones y que en definitiva no nos dobleguemos automática y directamente
ante una proposición de la Unión Europea. En otros sectores como la remolacha, otros países defienden sus producciones y creemos que, dada la importancia del sector, de este y del aceite, nosotros tenemos que ser mucho más sensibles, mucho más
fuertes a la hora de exigir y buscar las alianzas necesarias, porque toda el área afectada por este arranque de viñas creo que es partidaria de defenderse de una forma exhaustiva para que todas las ayudas que se han dado hasta ahora al sector no se
pierdan por esta propuesta de OCM de la Unión Europea.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, el señor Sánchez Ramos.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: Reconozco honradamente que el Grupo Socialista es magnífico en la redacción de las exposiciones de motivos. Su capacidad de descripción y sus datos completísimos ilustran enormemente y son muy interesantes para el
que los lea. Otra cosa es la parte dispositiva, que es la que se vota, que es la que compromete, que es la que defiende al sector, y ahí ya no puedo felicitarle, como no lo pude hacer en la proposición no de ley anterior. Compartimos de todas
formas plenamente la importancia numérica, económica, medioambiental y social del cultivo de la vid y de la vinificación en España y no vamos a incidir en ello, sino que vamos a pasar directamente a las propuestas, que es lo que interesa.
Estas
propuestas nos parecen más hechas para prepararnos ante un futuro nada halagüeño que para exigir una propuesta concreta que defienda al sector vitivinícola español.



Sabemos que uno de los grandes problemas para hacer frente a esta reforma será que España tenga una postura común y consensuada, dada la diversidad de sectores y de intereses: por un lado están las organizaciones agrarias, que piden ayuda a
la hectárea; por otro están las cooperativas, que piden ayuda a la comercialización y mejora de la competitividad a organizaciones de productores; por otro está el sector de bebida espirituosa y de vinos de licor, que piden ayudas a la
destilación; por otro está el ministerio, con una simplificación de etiquetado, flexibilidad de prácticas enológicas y tipologías de vino, reforzamiento y simplificación de las denominaciones de origen, es decir todo un mundo de intereses en el
cual lo que se solicita para unos puede ser contraproducente para otros. De ahí la dificultad de tener una postura común.



Esos mecanismos que permitan una mayor competitividad del sector vitivinícola español nos parecen, como primera propuesta que hacen, una descripción un poco etérea y sin concreción. Si no sabemos lo que queremos para España, difícilmente la
Unión Europea va a poder dar con lo que nos interesa y nos beneficia. Tenemos que saber nosotros qué queremos, qué pedimos y qué exigimos, y no ver si suena la flauta por causalidad en las derramas que nos puedan caer de la Unión Europea.
Respecto
al punto 2, no compartimos la decisión de la comunicación de la Comisión -erróneamente se está hablando de propuesta de OCM; hay una comunicación de la Comisión, es lo único que hay hasta ahora- que pretende nivelar el desfase existente entre la
oferta y la demanda y propone como única solución para reducir la oferta subvencionar el arranque de viñedo, en vez de tomar medidas positivas de promoción, de fomento de la calidad, de mayor competitividad, es decir medidas en positivo y no
limitarse a lo drástico de un arranque y se acabó el problema. Hoy día la Unión Europea importa el mismo volumen de vinos que exporta. Eso no había


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ocurrido nunca hasta ahora y es uno de los principales problemas que se plantean a esta reforma. Es una realidad que están entrando muchos vinos y en grandes cantidades de otros países terceros, arropados por un buen márquetin, por una
publicidad e imagen de calidad, vinos de California, de Chile, de Australia, de Argentina, a los que no se les exige tanto como a los propios españoles, franceses o alemanes, que tienen unos controles más estrictos y que, por cierto, además
garantizan una calidad que a los otros no se les exige. Lógicamente, el aumento de calidad va unida al aumento de costes.



En cuanto al punto 3, España tiene un gran problema si se mantiene la propuesta de subvencionar el arranque de 400.000 hectáreas de viñedo, problema y gordo, tan grave que dado el poco rendimiento y la poca rentabilidad, nos tememos que sean
muchos los viticultores que opten por arrancar, lo que crearía un gravísimo problema medioambiental al ser la vid, como todos sabemos, un cultivo prácticamente sin alternativas, que se produce en tierras pobres y pedregosas que prácticamente no
admiten otro cultivo, y que dejaría grandes superficies desérticas que no fijarían la población al medio, objetivo fundamental que marca la política agraria común, la PAC.



En el punto 4 echo en falta propuestas concretas desde el ministerio -ya hablaba antes de lo etéreo- para conseguir que no haya ruptura, como se pretende, pues debe eliminarse o dificultarse el arranque de viñas, que perjudicaría
especialmente a España dentro de todos los países de la Unión. Para que haya competitividad deben destinarse fondos a incrementar la promoción de la calidad, presentación y distribución de nuestros vinos frente a las importaciones de fuera de la
Comunidad, y para que haya un equilibrio oferta-demanda no tiene sentido, consideramos nosotros, que se pretenda eliminar uno de los grandes demandantes de vino como es la destilación -el señor Alonso lo decía perfectamente-, pues son 175.000
hectáreas de viñedo las que se destinan para producir 7 millones de hectolitros de vino, o sea prácticamente en España el mayor consumidor de vino es la destilación y sobre todo para obtener alcoholes de mercado -ahí entra el de boca, entra la
cosmética, combustible, de todo-.
Entonces nosotros añadimos, vía enmienda que hemos presentado, que el Gobierno español se muestre inflexible y exija a la Unión Europea la continuidad de la ayuda a destilación de mercado. A España la afectaría
muy negativamente, ya lo he dicho, porque estas 175.000 hectáreas son una cantidad muy importante que no tendría otra alternativa de cultivo; además, si tuvieran que comprarse fuera de España o fuera de la Unión Europea estos vinos para obtener los
alcoholes de boca para el brandi o para vinos de licor, sería muchísimo más caro, con lo cual aumentaríamos el problema que tiene de desequilibrio la Comunidad y eliminaríamos uno de los grandes consumidores; por eso no estamos en absoluto de
acuerdo con la propuesta que nos hace la Unión Europea.



Por último, para el Partido Popular la reforma de la OCM del vino es un asunto de Estado de capital importancia que no puede seguir el sendero de lo ocurrido con anteriores OCM, del algodón, del aceite, del tabaco, de la remolacha. No
estamos de acuerdo con que se reduzca el presupuesto para el desarrollo rural -compartimos lo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista-, ni con el problema de las mochilas nacionales. Tampoco estamos de acuerdo con la beligerancia de la
Dirección General Saneo de la Unión Europea, ni con el Ministerio de Sanidad ni con la Agencia de Seguridad Agroalimentaria -muchas veces se pueden exceder y cada cosa tiene que tener su sitio y su momento y coordinación entre ellos-.
Nosotros
entendemos que la situación es complicada y difícil y por eso nos ofrecemos a participar y tratar de consensuar con los distintos sectores una posición común con unos mínimos exigibles y buscar apoyos de minorías de bloqueo en la Unión Europea que
nos permitan salvar a este sector primario, el más importante, como bien se ha dicho en la exposición de motivos, en extensión de la Unión Europea, que tiene un gran valor medioambiental y social para algunas regiones españolas que pueden verse
gravemente afectadas si la propuesta de reforma de la OCM es tan desfavorable como parece o como se adivina o presume.



En este momento, señor presidente, me encuentro con una gran incertidumbre, porque no he conseguido del portavoz socialista saber, que me confirme, si acepta nuestra enmienda o no. No sé si es una nueva táctica para que no castigue o trate
de ser menos beligerante, pero no sé qué va a pasar con mi enmienda; me enteraré posteriormente, pero, vamos, si no me lo ha dicho, debe ser que no lo tiene muy claro, que no está muy convencido de lo que debe hacer, y a lo mejor no hace lo más
correcto, porque se da la circunstancia de que yo soy diputado andaluz por Cádiz, una provincia en la que tiene mucha incidencia el tema de la destilación, y él es diputado por una comunidad autónoma, la que tiene las 175.000 hectáreas, con un
problema gravísimo, y si no acepta esta enmienda, está tirando piedras a su propio tejado, que no va a poder aparecer por su Toledo natal o más bien por Ciudad Real y otras provincias (Risas.), con lo cual entendemos que hemos obrado honrada y
sinceramente, sabemos la dificultad del problema, nos ofrecemos, como asunto de Estado, a consensuar con todos los sectores -que, por cierto, como ya he dicho, no están unidos ni muchísimo menos- a tener una postura lo más consensuada y lo más común
posible de todo el posicionamiento español, y para nosotros es de vital importancia que se nos apruebe esta enmienda. Se lo pido al señor Alonso bien por su afinidad geográfica - por su patria chica, por sus intereses locales-, bien por la
necesidad importante que tiene toda España de que esta destilación no se elimine de la nueva reforma de la OCM. Quedo a la espera de lo que me diga. En todo caso, vaya nuestra disponibilidad y nuestra disposición para arrimar el hombro y tratar de
conseguir el


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mejor resultado posible para el sector vitivinícola español.



El señor PRESIDENTE: En cuanto a este presidente corresponde, tenga la seguridad que al final del debate, tal y como es preceptivo en el Reglamento, preguntaré al portavoz del Grupo Socialista por su posicionamiento sobre ambas enmiendas.



En turno de posición de grupos parlamentarios, si desea intervenir alguno.
(Pausa.) No; por tanto, pasamos al apartado que decíamos, corresponde al señor Alonso posicionarse sobre las dos enmiendas que se le han planteado.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Le agradezco al señor Sánchez su preocupación no por el sector vitivinícola sino por mi futuro político con relación a la proposición no de ley. No se preocupe, preocúpese del suyo en Cádiz, que del mío en
Castilla-La Mancha ya lo hago yo. Yendo al fondo del asunto, señor presidente, vamos a intentar por la vía de una transacción incorporar a la proposición no de ley las propuestas que han hecho el portavoz de Convergència i Unió y del Grupo Popular,
no estrictamente con su texto, sino con una transacción que intentaremos que pueda llegar a la Mesa antes de la votación.



- RELATIVA A LA REFORMA DE LA OCM DE FRUTAS Y HORTALIZAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001961.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la reforma de la OCM de frutas y hortalizas. Para su exposición y defensa la señora Armengol, vicepresidenta
de esta Comisión, tiene la palabra.



La señora ARMENGOL CRIADO: A lo largo del año 2006 se han realizado numerosos encuentros y estudios para efectuar una propuesta de modificación de la actual OCM de frutas y hortalizas y está previsto que en los primeros meses del año 2007
se presente esta propuesta de reforma, reforma muy importante que afecta a uno de los sectores más dinámicos, puesto que el sector hortofrutícola representa más del 60 por ciento de la producción final agrícola y aporta a la producción agraria cerca
del 40 por ciento, es decir que estamos hablando de valores superiores a 16.000 millones de euros. Además se trata de un sector con un fuerte dinamismo exportador representando cifras en torno al 45 por ciento del total de las exportaciones
agroalimentarias y es fuente, lógicamente, de materia prima de la industria agroalimentaria con vocación de expansión hacia mercados exteriores. Además, el sector hortofrutícola en fresco aporta un valor añadido a la producción primaria y mantiene
empleos en el medio rural al precisar de una manipulación para su puesta en el mercado, pero es un sector que tiene grandes retos porque en un mercado cada vez más es más globalizado, nos encontramos con un mercado comunitario cada vez más abierto,
derivado de las negociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial del Comercio y de los acuerdos bilaterales de la Unión Europea con otros países. Es también reseñable que las producciones en países terceros son cada vez más
competitivas y sus preferencias para introducirse en los mercados de la Unión Europea van en aumento, lógicamente, dado el mayor poder adquisitivo de nuestro entorno y de consumo de nuestros mercados. Frente a esta apertura de los mercados
comunitarios, nos encontramos por otro lado con un consumo estabilizado, ya que no aumenta en la medida en que lo hace la oferta, considerando tanto la oferta de los países miembros de la Unión Europea como de países terceros. También hay que tener
en cuenta la mayor concentración de la distribución y las mayores exigencias de la misma en cuanto a las condiciones de calidad, cantidad y calendario de los productos que se adquieren. Frente a ello, nos encontramos con la atomización de las
explotaciones productoras, a pesar de los esfuerzos que se están realizando en la constitución de organizaciones de productores. El papel de las organizaciones de productores y los fondos cooperativos como mecanismos para que estas organizaciones
lleven a cabo acciones de futuro o mejoras para aumentar la competitividad del sector han contribuido notablemente a la consolidación de este sector. Tanto España, como Francia, como Italia, Portugal, Grecia y Hungría entienden que no son
necesarias grandes modificaciones en la normativa actual, pero sí son convenientes la adaptación de algunos mecanismos de acuerdo con la experiencia adquirida y con la previsión de las condiciones de mercado que se van a registrar durante los
próximos años, debido a los problemas de ampliación de mercado que antes he descrito anteriormente. Los cambios que deben producir deben ir en la línea de mejorar la competitividad y favorecer una mayor concentración de la oferta. Por ello, para
nosotros, la mejora prioritaria que hay que conseguir es introducir la flexibilización de la constitución y la utilización de los fondos operativos por parte de las organizaciones de productores con financiación comunitaria al 50 por ciento.



Otro de los aspectos que debería mejorarse es el que se refiere a la gestión de crisis y que debería hacerse a través de instrumentos complementarios. El actual mecanismo de retirada para resolver las crisis de mercado no sólo no compensa
económicamente a los productores, sino que además acarrea graves problemas medioambientales. Sería conveniente crear un sistema de regulación de la oferta mediante medidas preventivas que se deben aplicar antes de presentarse las crisis que
provocan la caída de los precios, y todo ello realizado por las organizaciones de productores y sus asociaciones con apoyo financiero de la OCM.



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Finalmente, es importante mantener en la OCM los mecanismos que incentivan la transformación de productos, especialmente para productos que puedan destinarse alternativamente al mercado fresco o a la transformación, pero hay que decir que
para el caso del tomate la regulación actual no está funcionando y es necesario que se cambie. Entre los países productores de frutas y hortalizas hay acuerdos sobre los aspectos más importantes en los que debería centrarse la propuesta de la
Comisión, y España, nuestro país y nuestro Gobierno han tenido un papel fundamental al ser capaces de aglutinar y sentar a todos los productores a fin de tener una posición común y así tener más fuerza frente a la Comisión. Por ello, pensamos que
es importante insistir desde esta Comisión en que es necesario y fundamental que nuestro Gobierno plantee en las instituciones comunitarias lo que viene recogido en la proposición no de ley que hemos presentado: '1. La mejora de la competitividad
del sector. 2. El mantenimiento del protagonismo del sector a través de la Organización de Productos de Frutas y Hortalizas. 3. Concertar los recursos disponibles en los fondos operativos y fomentar con ellos la mejora de calidad y de la
comercialización. 4. Poner en marcha mecanismos que permitan anticiparse en las crisis producidas por desequilibrios entre la oferta y la demanda. 5. Mantener la viabilidad del conjunto del sector citrícola español. 6. El establecimiento de un
marco comunitario de estabilidad y de igualdad de competencia para la producción de tomate transformado'.



Esta proposición no de ley, si se aprueba en esta Comisión, con las modificaciones que seguramente se podrán introducir después de hablar con el Grupo Popular, permite al Gobierno ir con mayor respaldo a estas negociaciones de una OCM que
para nuestro país tiene una gran importancia. El apoyo de esta Comisión al ministerio, junto con la posición común que en este caso concreto tiene todo el sector, puede ser muy favorable y muy positivo a la hora de esta negociación que será muy
positiva para todo el sector hortofrutícola.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, ambas del Grupo Parlamentario Popular. La señora Ramón-Llin tiene la palabra para su defensa.



La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Es cierto que es importante hablar de esta cuestión, teniendo en cuenta además que compartimos muchas de las cosas que se han dicho; sobre todo en la exposición de motivos que detalla cómo estamos hablando,
en el caso de las frutas y hortalizas, de un sector básico en la economía española; como se dice, es productora o representa más del 60 por ciento de esa producción final agrícola, y además es un sector muy dinámico, un sector tradicionalmente
exportador, exportador no sólo en los tiempos más modernos sino en algunos casos, como en el de los cítricos, desde hace muchos años, muchísimos, cuando no había ni medios de transporte ni de comunicación ni de información ni las facilidades que
ahora hay; y también es cierto que es un sector dinámico en el sentido de que siempre ha estado explorando nuevos mercados, ha conseguido entrar en muchos de ellos y sigue haciéndolo.



Dicho esto, sobre lo que lógicamente no tenemos nada que objetar, es cierto que las propuestas, los puntos que propone esta proposición no de ley no aportan gran cosa, es decir, que nos parecen meras declaraciones genéricas de intenciones
que no concretan cómo hacer cada una de las cosas, de los deseos que aquí se plasman en este sentido. Hablar por ejemplo, como dice el punto 1, de la mejora de la competitividad del sector, a eso nadie puede negarse, pero habrá que decir cómo se
mejora la competitividad. En el caso del mantenimiento del protagonismo de las organizaciones de productores, es cierto que es importante, pero habrá que establecer cómo, cuando además hay que tener en cuenta que esa situación no se ha producido en
todos los territorios igual. Lo mismo ocurre con el punto de concertar los recursos disponibles, etcétera, es decir, son una serie de puntos sobre los que no podemos decir que estemos en contra porque son muy genéricos, como mantener la viabilidad
del conjunto del sector citrícola español; pues sólo faltaría que el Gobierno no intentara mantener su viabilidad, pero habrá que ver qué mecanismos hay que poner en marcha para mantener esa viabilidad.



Nos llama la atención, y lo quiero destacar, que en la exposición de motivos y también ahora en su intervención se apuntan medidas concretas que luego no se plasman en los puntos que son los que realmente se aprueban. Hablan, por ejemplo,
en la exposición, en la introducción de que el mecanismo de retiradas es una situación importante para las situaciones de crisis; las ayudas a la transformación, que están en vilo en este sentido y no las vemos luego plasmadas. A todos nos
preocupa la reforma, o los términos en los que se pueda aprobar esta reforma. No estamos hablando en estos momentos solamente de algunas cuestiones que preocupan al sector por los borradores que circulan por ahí, y que además no distan mucho de los
que había anteriormente, y de todos los rumores, informaciones y comentarios que hacen no solo los altos funcionarios. La comisaria Fischer habló en alguna reunión al propio sector de cooperativas y a todos los que se han entrevistado con ella y
todo su equipo técnico. El pasado 25 de octubre, en Estrasburgo, la comisaria hizo una enumeración de cuáles serían las grandes líneas que debían sostener esta reforma de la organización común del mercado de frutas y hortalizas, e indicó ya algunas
cuestiones muy concretas y preocupantes.
Por ejemplo, manifestó que las ayudas a la transformación de frutas y hortalizas y a los apoyos que recibe, según ella, no podrían mantenerse como ahora. No solamente son rumores sino son palabras y
afirmaciones tanto públicas como en reuniones, y sobre todo porque las propuestas y el proyecto que han preparado los servicios de la Comisión Europea al respecto plantean, como hemos


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dicho, la integración de las ayudas en el régimen de pago único, la puesta en marcha de un mecanismo de gestión de crisis, y lo que se desprende, y es también preocupante, es que Bruselas, la Unión Europea lo que quiere en realidad es evitar
nuevos gastos, reducir los gastos, reducir sus problemas y trasladarlos a los Estados miembros y complicarse cuanto menos la vida en este sentido. La verdad es que eso también dificulta mucho entrar en algunas cuestiones.



Por otro lado, por ejemplo, la propuesta que se hace de integrar al sector de frutas y hortalizas en el régimen de pago único, también prevé una gran libertad, parece ser, para los Estados miembros al calcular las ayudas, lo cual también va
a generar algún que otro problema, sobre todo en el cálculo de esas ayudas, por lo que decíamos está proponiéndose, y parece que no va a cambiar mucho, la supresión del mecanismo de retiradas actual, aunque dice se incluirá, con el dinero de los
fondos operativos sí que se podrían, parece ser, incluir, financiar el proyecto de actuaciones de esta gestión de crisis y también dentro de ello las retiradas de mercado.



Por otra parte la situación en que queda España en estos momentos, o las perspectivas, con esa inclusión de frutas y hortalizas en el régimen de ayudas desacopladas y de pago único, como usted sabe, han generado mucha preocupación en el
sector de frutas y hortalizas de España, y por tanto, los problemas que se avecinan, entre comillas, se darían más en el caso de frutas y hortalizas transformadas y, sobre todo en los tomates y en los cítricos, aunque ambos productos tienen
situaciones diferentes. En lo que respecta al sector del tomate transformado parece ser que el problema mayor, por lo que se ha dicho, la principal dificultad estaría en encontrar una salida transitoria al año 2007, puesto que el importe de la
ayuda volvería a bajar y que la comisaria ya anunció o manifestó que sería casi imposible que se autorizaran ayudas nacionales al respecto. En el caso de los cítricos habrá más problemas para identificar a los teóricos beneficiarios de ese pago
único y poder asimilar así los derechos a los agricultores. Estamos ante una situación bastante compleja para, como hemos dicho al principio, un sector dinámico, competitivo e importante de la economía y el funcionamiento de un país.



En cuanto a las ayudas, como decía, a la transformación y a la compensación por retirada, son las que se incluirían, parece, en el pago único por explotación, de acuerdo con ese proyecto que los servicios de Bruselas han elaborado para esta
reforma. Todos sabemos que todos los sectores productivos han tenido reuniones, se han unido en diferentes propuestas, y que aunque sea de una zona como la Comunidad Valenciana exclusivamente, se sabe que existe una postura común del sector
citrícola valenciano sobre la reforma de la OCM, que está firmada y avalada por producción, cooperativismo y comercio privado. Preocupa y muchísimo qué situación quedará y cómo se trasladará todo esto a la realidad del sistema del pago único, donde
dicen que no es posible aceptar que el reparto de los sobres nacionales, que integrarán el pago único, se realice sobre la media de tres campañas de las cantidades recibidas por productos/países.



En resumen, no están de acuerdo en que la percepción de derechos de pago único por otros cultivos desacoplados se pueda utilizar para hacer competencia desleal a los productores tradicionales de frutas y hortalizas, y otro de los puntos que
mencionan, y que creo que todos asumen en el sector, es que es necesario y esto está en las propuestas de nuestras enmiendas, incrementar de una forma sustancial los controles de las importaciones y generalizar la implantación de mecanismos de
reciprocidad tanto para asegurar la seguridad alimentaria como la fitosanitaria, tema cada día más grave y del que todavía no tenemos claro cómo se va a resolver.



Por esto hemos presentado nuestras enmiendas, dentro de esta línea, para plantear medidas más concretas a la reforma, lo que pretendemos todos ante la próxima reforma de la OCM de las frutas y hortalizas. Queremos dejar claro cuestiones
como la vigilancia de los productos que se importan desde terceros países y que se armonicen comunitariamente las normas, porque todos sabemos que hay graves problemas y en un país se puede ser muy serio pero en otros entran por cualquier otro
puerto, lo que sucede todos los días, desgraciadamente. Incidimos en el mantenimiento de las ayudas comunitarias a las frutas y hortalizas transformadas, porque hemos dicho que es una importante salida a la producción en muchas campañas. También
hemos introducido un par de puntos respecto a solucionar los problemas de precio que padecen los productores con el fin de equilibrar el precio de origen y final y, por otro lado, unos procedimientos básicos de actuación para las producciones
contingentadas, para poder tener un mayor control en la entrada de estas en países terceros y cumplir las cuotas establecidas.



En cualquier caso, hemos estado hablando y hemos llegado a una enmienda transaccional. Con esta crítica a las propuestas de esta proposición no de ley, que son como un brindis al sol, la semana que viene puede haber avances en la cuestión,
porque en el fondo son conscientes de la nula capacidad negociadora que tiene su ministra, la ministra de Agricultura, la ministra de todos, y de los estrepitosos fracasos acumulados ya en su haber en estos dos años y medio, entendemos que ustedes
presenten esto para curarse en salud, como diríamos coloquialmente. No obstante, como entendemos que el sector necesita apoyo y que ustedes están dispuestos y van a recoger en una enmienda transaccional algunos de estos puntos que hemos planteado,
estamos dispuestos a aceptar esta transacción entre su texto y nuestras enmiendas, precisamente para dejar las cosas más claras ante el Gobierno, que es el que va a negociar próximamente esta reforma de la OCM de frutas y hortalizas, que todos
deseamos, y entendemos que ustedes también, que no perjudique al sector y que no genere más problemas de los que ya la propia situación en muchos casos les está provocando día a día, y la pérdida de rentas y


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una serie de cuestiones que no van relacionadas con la OCM pero que sí que son muy graves.



El señor PRESIDENTE: Por tanto, en los términos de la transaccional anunciada se efectuará la votación de este punto.



- RELATIVA A NEGOCIACIONES DE LA UNIÓN EUROPEA CON MAURITANIA PARA RENOVAR EL ACUERDO PESQUERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001807.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que se corresponde con la proposición no de ley, que aparecía en tercer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a negociaciones de la Unión Europea con Mauritania para
renovar el acuerdo pesquero. También en el turno de intervención de la señora Fernández Davila para defensa de la misma, quedará incluida la autoenmienda que el Grupo Mixto ha presentado a esta proposición no de ley. Su señoría tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, debo agradecer a la Mesa y a los grupos parlamentarios su disposición a aceptar este cambio del orden del día para que yo pudiera desarrollar las dos actividades que tenía a la misma hora.
Agradeciendo esta cuestión, paso a defender la proposición no de ley, que presentamos con fecha 4 de julio, momento en que eran públicos los desacuerdos existentes en las negociaciones de la Unión Europea con el Estado de Mauritania respecto de la
renovación del convenio de pesca que finalizaba el 30 de julio. En vista de que parte de los desacuerdos estaban planteados en la parte mauritana y por una cuestión digamos económica, nosotros presentamos esta proposición no de ley en el sentido de
que la Unión Europea, o el Estado español impulsara en la Unión Europea una negociación que tuviera en cuenta cuestiones tan importantes como las políticas o financiaciones relacionadas con la emigración, dado que de las costas mauritanas salen
muchos de los inmigrantes ilegales que luego llegan a la península.



Posteriormente a la presentación de esta proposición no de ley, la Unión Europea llegó a acuerdos con el Estado africano, sin que se resolvieran algunas de las cuestiones que afectaban negativamente a los armadores, sobre todo a los
armadores de buques cefalopoderos, que nosotros ya indicábamos en nuestra exposición de motivos, y que estaban concretadas en la denuncia que estos armadores hacían respecto de que los mauritanos capturaban pulpos de 350 gramos, mientras que a los
pescadores europeos se les exige la superación de los 500 gramos, añadiendo también que el país africano vulneraba o vulneró el paro biológico del mes de mayo, además de una serie de incumplimientos en temas como el control de la salida del caladero
o el procedimiento de detención de buques. Por cierto, existen algunas multas que el Estado mauritano impuso a algunas de nuestras embarcaciones, y se comprobó por la caja azul que eran multas inapropiadas, inadecuadas. El propio Estado español
propuso a los armadores el reembolso o la restitución de los fondos que los propios armadores tuvieron que pagar cuando fueron multados por el Estado mauritano.



Estos problemas que acabamos de exponer que denunciaban en su momento los armadores cefalopoderos, los resolvió el Estado español comprometiéndose con ellos a crear una comisión mixta en la cual, se resolverían cuestiones técnicas como las
que acabamos de exponer y también a aclarar la normativa adicional centrada en el acuerdo pesquero y donde se pretende aplicar por las autoridades mauritanas las limitaciones de duración del tiempo de las mareas, es decir, de las descargas, que
mientras las mareas normales de los buques son de 90, 80 días, el Estado mauritano pretende que sean de 60 días, y por lo tanto, reducir los desembarcos de las capturas en ese tiempo. De ahí que la comisión mixta que el Gobierno español se
compromete a crear con el Estado mauritano y los armadores sea, para este colectivo de embarcaciones que actúan en la costa mauritana y que están sujetas al convenio acordado entre la Unión Europea y este Estado, tan importante, porque estos
armadores entienden y consideran que la creación de la comisión mixta y los debates que en la misma se puedan suscitar pueden resolver los problemas que ellos han planteado en distintas ocasiones y que nosotros acabamos de comentar actualmente.
Bien es verdad que el Gobierno español anunció a los armadores que la reunión de la comisión mixta en principio iba a ser en el mes de agosto; después se trasladó al mes de septiembre, posteriormente al mes de octubre, y a día 27 de noviembre, a
las doce de la mañana, hora en la que presentamos nuestra autoenmienda, esta comisión mixta no estaba convocada. De ahí que aprovecháramos la existencia de esta proposición no de ley, que en los términos en que fuera hecha el 14 de julio estaba en
desuso, porque estaba el acuerdo alcanzado para presentar la enmienda que instaba al Gobierno a cumplir con el compromiso adquirido con el sector pesquero y proceder cuanto antes a la creación de la comisión mixta Gobierno-sector pesquero, cuyo
objetivo es el de analizar y buscar soluciones a los problemas de índole técnica, tales como la talla de determinadas especies, como acabamos de comentar la del pulpo, o la cuestión de las descargas (aquí hay una mala transcripción en el escrito de
presentación de la enmienda, de que pone desembarcos, nos referimos a las descargas de las capturas) que se derivan del acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea y Mauritania, y hablábamos al final de la autoenmienda, de que esta reunión no
tuviera lugar más allá de un plazo superior de 30 días. Lo comentamos así, haciendo referencia a que a las doce de la mañana no existía ninguna convocatoria, porque posteriormente, a las siete de la


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tarde, nos enteramos de que a la Asociación de Armadores Cefalopoderos llegó, aproximadamente a las seis de la tarde, una convocatoria de esta reunión para los días 5, 6 y 7 de diciembre en Mauritania.



Alegrándonos de que por fin haya una convocatoria en la que se concreta una fecha, mantenemos, podíamos considerar que no había lugar tampoco a la autoenmienda que hacíamos, la autoenmienda que presentamos, porque por el conocimiento que
tenemos del orden del día con el que se convoca esta reunión, no se recoge que en la misma se vayan a discutir cuestiones como la talla del pulpo, etcétera. Nos parece que además de ser una discriminación que se esté capturando este cefalópodo con
criterios distintos para los pescadores mauritanos respecto a la obligación de otros pescadores, en este caso españoles y gallegos, que esto se tiene que resolver en la comisión mixta; sobre todo porque -no vamos a discutir los beneficios del
mismo, entre ellos el plazo de 6 años por los que se firma y que tienen distintas cuestiones positivas- no vamos a pasar por alto aquellos aspectos que son negativos de los acuerdos mauritanos, y que en el caso que vamos a mencionar de los
cefalopoderos está incluso a significar que aunque en el acuerdo se recoja licencia para 43 embarcaciones, en este momento no sean más que 33 las que están haciendo uso de la misma, precisamente por toda esta problemática que estamos a manifestar:
talla de capturas, mareas o limitación del tiempo de las mareas, por lo tanto de las descargas, y las dificultades para la embarcación de los trabajadores que tendrían que formar parte de la tripulación. De ahí que, señoras y señores diputados,
mantengamos la autoenmienda y la sometamos a votación porque en esa comisión mixta es necesario y conveniente tratar los temas que acabamos de exponer.



El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posiciones corresponde hablar, en primer lugar, al Grupo Popular. El señor García Díez tiene la palabra.



El señor GARCÍA DÍEZ: Como bien acaba de decir la señora Fernández Davila, debido a cómo han ido aconteciendo todos estos sucesos y a la última noticia, que ya conocíamos en el día de ayer, de esta convocatoria, nuestro grupo va a apoyar su
propuesta. Es prácticamente la primera vez que sabemos que cuando se aprueba una cosa se va a cumplir a los pocos días, porque ya hay fecha para lo que pide el Grupo Mixto a través de su portavoz, en este caso de doña Olalla Fernández Davila; ella
pedía que fuera en un plazo no superior a 30 días y así va a ser, porque, como bien ha recordado, la reunión va a ser durante los días 5, 6 y 7 de diciembre.



Pero yo creo que merece la pena apoyar esta proposición no de ley, autoenmendada por la misma razón que muchas veces otros grupos lo tenemos que hacer, porque pasa el tiempo desde que se presentan las proposiciones no de ley hasta que se
debaten y quedan anticuadas. El tema de Mauritania es muy importante para el sector pesquero, es el acuerdo más importante de los que se firman entre la Unión Europea y terceros países, y el hecho de que se haya logrado firmar en fechas recientes
ha evitado, a nuestro juicio un grave problema, que una gran parte de nuestra flota, sobre todo la que ya se acaba de citar, la cefalopodera, y también la marisquera que venían faenando en años anteriores no puedan continuar haciéndolo.



Bien es verdad que nos hubiera gustado debatir esta proposición antes del día en que fue ratificado este acuerdo, porque a lo mejor hubiéramos podido, desde aquí todos los grupos, haber aportado ideas, haber aportado sugerencias que hubieran
mejorado las condiciones de rentabilidad de nuestra flota. Me estoy refiriendo concretamente al menos a dos aspectos importantes, el primero es que los paros que se imponen a nuestra flota no guardan correspondencia obligada u obligatoria por parte
de la flota mauritana; ya saben que hay una cláusula de reciprocidad que obligaría a que esas obligaciones para la flota comunitaria también las tenga que aplicar el Gobierno mauritano a su flota y no es así en este caso. Se podía haber
establecido un mecanismo por parte de la Unión Europea en el momento de negociar, de reducirles el pago si no respetaban este tiempo de parada, pero no fue así finalmente.



Otro aspecto que perjudica mucho, a nuestro juicio, de forma enorme a la flota comunitaria es que la flota mauritana no tenga que respetar las tallas mínimas que sí se le imponen a la flota comunitaria. Se ha referido ya a ello también la
portavoz del Grupo Mixto. En este aspecto, quiero recalcar que es impresentable que, habiéndose incluido esta cláusula de reciprocidad, la flota de Mauritania se empeñe en seguir manteniendo la talla mínima de los 300 gramos para la especie del
pulpo, cuando se ha pedido reiteradas veces que sea de 500 gramos. Sin embargo, ellos están pescando estos 500 gramos que no permiten a la flota comunitaria.



Quiero aprovechar finalmente para decir, a través de este debate que va a constar en el 'Diario de Sesiones', que se podría instar al Gobierno, dada la importancia de este acuerdo, a que sea sensible con la flota de altura, pues la
experiencia nos muestra que los problemas tan graves que se dieron en el anterior acuerdo como los apresamientos a los que se refería la portavoz en la defensa de esta proposición no de ley han sido indiscriminados y muy perjudiciales para la flota
comunitaria. Es el momento de preparar el terreno para evitarlos en el futuro en la medida de lo posible, sobre todo aquellos que no tienen muy claras sus razones.



Creo que el Gobierno, mediante el diálogo y las oportunas negociaciones, debería contar con las autoridades mauritanas, informarles y explicarles cuál es el sistema de seguimiento vía satélite para nuestros buques.
Probablemente por
desconocimiento, por no conocer exactamente las características técnicas, ocurrieron muchos de aquellos apresamientos por una discusión sobre la posición exacta del buque en el momento de ser apresado. Es importante que se les explique cuál es el
proce­dimiento del que disponen nuestros buques vía satélite


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y que se intente que los registros de posicionamiento de estos buques sean considerados como una prueba, como un aval en todos los litigios en curso. Para ello lo más oportuno es promover un convenio de cooperación entre ambos países para
mejorar todos los sistemas de control pesquero.



Estoy seguro de que en esa comisión mixta que se va a celebrar en los próximos días el sector pondrá especial énfasis en estas y otras cuestiones que no he citado por no alargarme. Como digo, hay que alegrarse de que ese acuerdo finalmente
se haya alcanzado porque, si no, hubiera creado un grave problema para nuestra flota. No obstante, ha sido una pena que no hayamos introducido estas otras cuestiones que no son tanto técnicas como de rentabilidad que harían mucho mejor el
desarrollo del convenio. En otra ocasión será. En todo caso, nos alegramos de que en la próxima semana se reúna esta solicitada reiteradas veces comisión mixta y que lleguen a buenos acuerdos para la flota.



El señor PRESIDENTE: Quiero recordar a los portavoces de los grupos que esta será la última intervención y después procederemos a las votaciones.



En turno de fijación de posiciones, corresponde ahora la intervención al Grupo Socialista. El señor Díaz tiene la palabra.



El señor DÍAZ DÍAZ: En primer lugar, estamos todos satisfechos de que la propuesta inicial de la señora Davila no tenga vigencia, porque el objetivo que se exponía en la misma se alcanza entre el 10 y el 12 de julio, cuando se reúnen en
Mauritania la Comisión de Pesca europea y las autoridades pesqueras de la República de Mauritania, de dondesale un protocolo de acuerdo con una duración de seis años. Este acuerdo mantiene las posibilidades de pesca para nuestra flota, más de un
centenar de barcos pesqueros españoles que faenaban en estas aguas van a seguir faenando. Por otra parte, hay una nueva modalidad dedicada a la captura del cangrejo, donde se permiten dos nuevas embarcaciones. Asimismo hay modificaciones
beneficiosas para nuestra flota, en especial para el fresco, como es la supresión del control obligatorio de entrada y salida que suponía una importante carga o la extensión de los incentivos al desembarco existentes en los transbordos. Otra
ventaja es que el acuerdo que se toma en julio contempla que la actividad de la flota comunitaria no se verá interrumpida porque se buscó un mecanismo específico que permite la renovación automática de los recursos de pesca de los buques presentes
en el caladero.



La comisión financiera tampoco varía respecto al acuerdo anterior: el coste anual asciende a 88 millones de euros, la duración es de seis años, y una parte sustancial de esta cuantía financiera se va a destinar a promover el desarrollo del
sector pesquero mauritano y a la consecución de pesquería sostenible en aguas mauritanas. En resumen, en el amplio periodo que abarca el acuerdo de pesca y las condiciones logradas, así como el mecanismo de aplicación contemplado en el protocolo,
suponen una estabilidad importante que hay que valorar para la flota española.



En cuanto a la propuesta última que nos presenta la señora Fernández Davila, tengo que decir que estos temas se discuten en la comisión mixta, pero comisión mixta Unión Europea-Mauritania. Nosotros no podemos negociar directamente negociar
con Mauritania porque es la comisión mixta la que lo hace y se reúne con ella para tratar estos problemas. Tengo información de que el Gobierno de España va a intentar que la comisión discuta los temas que interesan al sector pesquero español, pero
tengo que añadir que tenemos que ser coherentes . Si defendemos la pesca sostenible y selectiva en España, también tenemos que defenderla en Mauritania. Somos una flota que faena y quiere seguir faenando allí, por ello el que los mauritanos
pesquen una especie en talla menor no nos debe llevar a pedir que nosotros también podamos faenar recogiendo tallas menores. Tenemos que intentar lo contrario, que Mauritania eleve el tamaño de las especies capturadas para que la pesca sea
sostenible, no que España pesque con unos tamaños y Mauritania con otros diferentes.



En cuanto al conservacionismo, tenemos que ser responsables dentro y fuera de nuestras fronteras. Esto no quiere decir que no pueda haber algún acuerdo que beneficie a nuestra flota que sea compatible con la conservación de las especies.
Pero, como digo, en principio el tema es de coherencia, lo va a negociar la Unión Europea y la postura de España es que se atienda el interés de nuestra flota. Como la reunión que se pide se va a celebrar de inmediato y estos temas se van a tratar
en ella, no procede decirle al Gobierno que se reúna. Por eso no aceptamos la propuesta. Entendemos la buena voluntad de la proponente, que el problema existía cuando se presentó y que hoy quedan flecos que se van a resolver.



El señor PRESIDENTE: Agotado el orden del día, la Mesa tiene claro el sentido de todas las votaciones, excepto la que aparece en el orden del día con el número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de un reglamento que
permite aplicar la Ley 3/2001, de 28 de marzo, de pesca marítima del Estado, que tenía dos enmiendas, una del Grupo Catalán (CiU) y otra del Grupo Popular. Señor Díaz, a efectos de votación me gustaría que clarificara qué vamos a votar exactamente,
ya que usted ha sido el defensor de la misma.



El señor DÍAZ DÍAZ: Lo que vamos a votar es la transacción que resulta de la enmienda. La enmienda de Convergència i Unió no es de sustitución. Es una transacción que recoge un apartado. Eso es lo que vamos a votar.



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El señor PRESIDENTE: Señor García Díez.



El señor GARCÍA DÍEZ: Quiero explicar nuestro sentido del voto. No hemos podido aceptar la transacción que se nos ofrecía por la palabra reglamento. Tal como se mantiene, no podemos aceptarla.



El señor PRESIDENTE: Lo que se va a votar es la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).



Vamos a comenzar las votaciones, como figuran en el orden del día, sin perjuicio de que alguna se cambió y se debatió al final, con la salvedad, como SS.SS. conocen, de que las que aparecen en primer y en quinto lugar han sido retiradas.



Empezamos por el punto número 2, proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a facilitar la innovación y el acceso a la I+D en los sectores agrarios y agroalimentarios. Se vota en los términos de la propia proposición no de ley y de
la enmienda aceptada del Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 3 del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a negociaciones de la Unión Europea con Mauritania para renovar el acuerdo pesquero. Se vota en los términos de la proposición no de ley y de la
autoenmienda presentada por el propio Grupo Mixto.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Siguiente punto del orden del día, número 4, del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a solicitar al órgano competente de la Comisión Europea la inclusión de España en la relación de países europeos más afectados por
los agentes climatológicos en el rendimiento de los cultivos herbáceos, así como solicitar a dicha Comisión el anticipo del pago de las ayudas directas ligadas a estos cultivos.



Se vota en los términos de la transaccional derivada de la proposición no de ley y de la enmienda que ha sido presentada.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de un reglamento que permita aplicar la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de pesca marítima del Estado. Se vota en los
términos de la enmienda de sustitución del Grupo Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 14.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Punto número 7 del orden del día, del Grupo Parlamentario Socialista, proposición no de ley relativa a la reforma de la OCM del vino. Se vota en los términos de la transaccional que se ha presentado, derivada de la proposición no de ley y
de las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos, en último lugar, el punto 8 del orden del día, del Grupo Parlamentario Socialista, proposición no de ley relativa a la reforma de la OCM de frutas y hortalizas. Se vota en los términos de la transaccional derivada de la propia
proposición no de ley y de las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Sin más puntos del orden del día y agradeciéndoles su trabajo, se levanta la sesión.



Era la una y treinta minutos de la tarde.