CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 711

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Sesión núm. 27

celebrada el martes, 21 de noviembre de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la presencia de las lenguas cooficiales con el castellano en las páginas web y formularios oficiales ofrecidos por la Administración General del Estado, sociedades públicas, fundaciones y entidades públicas empresariales a
través de Internet. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001014.) ... (Página 2)


- Relativa a la mejora de la coordinación y colaboración entre las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001734.) ... (Página 7)

Página 2


- Relativa a la integración individual de funcionarios de la administración local en el régimen general de la Seguridad Social.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001013.) ... href='#(Página12)'>(Página 12)


- En relación con las competencias municipales en materia de desarrollo sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001902.) ... (Página 15)


Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA PRESENCIA DE LAS LENGUAS COOFICIALES CON EL CASTELLANO EN LAS PÁGINAS WEB Y FORMULARIOS OFICIALES OFRECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, SOCIEDADES PÚBLICAS, FUNDACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES A
TRAVÉS DE INTERNET. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001014.)


El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 27 de la Comisión de Administraciones Públicas con la modificación del orden del día siguiente. Veríamos en primer lugar la proposición no de ley número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, a
continuación veríamos la proposición no de ley número 3...



El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, a la vista de la oscilación horaria, ¿a qué hora sería la votación?


El señor PRESIDENTE: Yo creo que a las 13 horas.



Continuaríamos con la número 3, que sería la segunda del orden del día ahora, después con la número 1 y finalizaríamos con la que aparece ya en el orden del día como número 4. Sin más dilación, tomaría la palabra el proponente de la
proposición no de ley referida en el orden del día al número 2, don Francisco.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Creo que el contenido de esta proposición no de ley es de carácter reiterativo en cuanto que presenta una demanda que ya fue formulada por otros grupos parlamentarios, pero no se trata de hacer una repetición
caprichosa o simplemente falta del mínimo sentido.
Se trata de formular de nuevo una demanda para que realmente se cumpla de una vez por todas lo que parece que el Gobierno teóricamente está dispuesto a aceptar y es que las páginas webs y los
formularios ofrecidos a través de Internet en todos los ministerios y en todos los organismos y entidades públicas figuren también en las lenguas que son cooficiales con el castellano, esto es: el gallego, el catalán y el vasco. Realmente no se
puede entender la lentitud en la asunción de una demanda de estas características, ya que se puede cumplir perfectamente por medio de la tecnología, y no se trata, por lo tanto, de que los funcionarios de la Administración Central del Estado, no de
la periférica, tengan que tener conocimientos de estas lenguas todos ellos en su conjunto o mayoritariamente, sino simplemente de hacer las versiones en estas lenguas precisamente de las páginas web y de los formularios.



Las administraciones públicas son de todos los ciudadanos españoles y en este aspecto pensamos que el servicio debería de contar con el derecho a la versión en estas lenguas cooficiales y con la atención debida a sus usuarios, que, vuelvo a
repetir, en este caso es una atención no vis a vis, de persona a persona, funcionario-usuario, sino de máquinas que se manejan, y por lo tanto de una tecnología que no ofrece ningún tipo de dificultades, ya que no tiene intermediarios humanos. En
este aspecto es curioso, en relación con Galicia, que llevemos dos años en concreto demandando de la Agencia Tributaria la versión en gallego para poder hacer precisamente las declaraciones de la renta, que el Gobierno lleve dos periodos de sesiones
o más asumiendo que esto se va a hacer, pero que no se acabe de hacer, y solamente figuran versiones en catalán y en castellano en la Agencia Tributaria para poder cumplir con todos los requisitos de la declaración de la renta y la información
oportuna en este sentido.



Nosotros, después de haber hecho un examen de cuál es la situación de los distintos ministerios y organismos públicos, llegamos al siguiente resultado a la altura de hoy. Todos los ministerios, excepto el de Trabajo y Asuntos Sociales y el
de Defensa, proporcionen opción a acceder a los contenidos de la página web en las lenguas cooficiales con el castellano; otras páginas web no ofrecen ni siquiera la posibilidad de acceder a los contenidos en estas lenguas, en concreto son las de
la Policía, las de la Guardia Civil o las del documento nacional de identidad electrónico, por citar los casos más


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llamativos. Pero si exceptuamos tres casos muy significativos, que además son los de las entidades o Puertos del Estado en Galicia, en concreto en Vigo, A Coruña, Vilagarcía y Ferrol, los contenidos de las páginas web que teóricamente dan
opción a acceder en gallego, catalán y vasco realmente después solamente existen desde el punto de vista de referencias a los menús, pero el resto de los contenidos están todos en español, es decir, no hubo cambio de ningún tipo. Los contenidos
dinámicos, como noticias de actualidad, aparecen siempre en castellano, con la exclusión del resto de las lenguas. Llama clamorosamente la atención que la página web del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, esté íntegramente en español, aunque en teoría se pueda acceder a él en gallego, pero después eso no funciona para nada. Más llamativo todavía es que una página web, en concreto la del Ministerio de Agricultura, donde la señora ministra
saluda a los posibles usuarios, no respete ni siquiera los topónimos oficiales de Galicia. Creemos que no es un capricho. Se trata de garantizar que la información, los formularios y los contenidos de las páginas web estén en estas lenguas. Es un
problema exclusivamente de traducción, vuelvo a repetir, no es un problema que conlleve que los funcionarios tengan que conocer estos idiomas, en el caso de los funcionarios de la Administración central que no desempeñan funciones frente al público
en la periferia, y sería bueno que de una vez por todas se hiciese una revisión que cumpliese con estas demandas parlamentarias tan continuamente enunciadas. Por lo tanto, si se avanzó poco o nada, si es notoria la discriminación lingüística, si se
puede solucionar simplemente con traducciones y con actualizaciones informáticas, creemos que la Administración central está en perfectas condiciones de asumirlo y debe hacerlo sin ningún tipo de ambigüedad. Es curioso que en concreto el Ministerio
de Defensa sea el más negativo en este aspecto. El Ministerio de Defensa no tiene opción siquiera al gallego, al catalán y al vasco, teórica por supuesto, ni en los menús ni mucho menos en los contenidos.
El resto de ministerios mayoritariamente
sí tienen opción en estos idiomas, después ya los menús también, pero los contenidos nunca. Llama la atención que por ejemplo la Agencia Española de Cooperación Internacional no tiene nada, ni opciones ni menús ni contenidos; la Dirección General
de la Guardia Civil tampoco, no se sabe muy bien por qué, parece que su finalidad no es prestar atención a los ciudadanos; la Dirección General de la Policía tampoco, parece que también tiene algo raro; el documento nacional de identidad
electrónico tampoco; el Instituto Nacional de Consumo -cosa curiosa- nada, pero ni opción ni menús ni contenidos; ni por supuesto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, no sé si porque esto de la Seguridad Social es una cuestión que no es
compatible con el pluralismo lingüístico, curioso tratándose de las clases trabajadoras del conjunto del país. Por lo tanto, creo que hay mucho que hacer, no hay dificultades de ningún tipo, ni siquiera -vuelvo a repetir- el hecho del conocimiento
por parte de los funcionarios de la Administración central de estos idiomas en su conjunto, mayoritariamente o de una forma digamos que sería problemática hacerla en unos meses.



El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Popular, de modificación, y otra del Grupo Socialista, de sustitución.
Tomaría la palabra en primer lugar para la defensa de esta enmienda el portavoz del Grupo Popular.



El señor AYLLÓN MANSO: Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular tanto para fijar posición sobre la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto a través del Bloque Nacionalista Galego como también para defender la
enmienda presentada por el Grupo Popular y asimismo para valorar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Respecto a la proposición del Bloque Nacionalista Galego, en cuanto a su espíritu podemos estar de acuerdo y lo estamos
porque el Partido Popular tiene la sana costumbre de aplicar la coherencia en todas sus actuaciones políticas. Consideramos que en una primera fase de modernización de la Administración, una vez que el fenómeno de Internet llegó a los hogares, a
las empresas, a las calles y ciudades de nuestro país, en una primera fase, como digo, de modernización de la Administración pública española, que coincidió con los años de Gobierno del Partido Popular, se fue dotando de páginas web a los diferentes
ministerios y organismos públicos dependientes de la Administración General del Estado para ir acercando cada vez más la Administración al ciudadano. La cada vez mayor cercanía de los ciudadanos a las nuevas tecnologías de la información
consideramos que ha viajado en el tiempo a un ritmo bastante similar al que se han adaptado las diferentes administraciones públicas a esas nuevas tendencias de la sociedad de la información y del conocimiento. Ahora y para prestar un mejor
servicio a los ciudadanos sería positivo acercar a los ciudadanos la información contenida en esos instrumentos también en las diferentes lenguas oficiales reconocidas en la Constitución y que son de uso en nuestra nación. La mayoría de los
ministerios, yo creo que es de justicia decirlo y así lo recordaba también el portavoz del Grupo Mixto, han iniciado ya el trayecto que se nos solicita en la proposición no de ley que estamos debatiendo en este momento, aunque no me negarán que si
nos adentramos un poco, como bien ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, en los contenidos de los diferentes portales en la web, observaremos como lo que se ha producido en casi todos ellos es una mera normalización que yo
denomino de cartón piedra, que es uno de los ingredientes principales de la política del Gobierno del Partido Socialista y del señor Rodríguez Zapatero. Y digo cartón piedra porque se normaliza por fuera y se deja todo igual por dentro en los
contenidos de esas páginas web tratando


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también en este asunto de -si me permiten la expresión- introducir cierto engaño a los ciudadanos a ver si cuela. Aprovechando la circunstancia de que ayer fue publicada una encuesta, el barómetro de otoño del Centro de Investigaciones
Sociológicas, lo que es evidente es que ese intentar a ver si cuela a los ciudadanos españoles por parte de este Gobierno empieza a no ser exactamente de la manera que pretenden los responsables gubernamentales.



Como había dicho en el repaso de los diferentes ministerios y organismos públicos que ha realizado el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, solo dos ministerios no utilizan esa técnica que yo denominaba anteriormente del cartón piedra,
que son el de Defensa y el de Trabajo y Asuntos Sociales, ya que no anuncian contenidos en varias lenguas que después no van a poder cumplir, lo cual nos parece, al menos desde un punto de vista ético, mejor que lo que hacen algunos otros
ministerios u organismos públicos, mientras que en el de Vivienda, como cuestión curiosa y anecdótica, cuando se trata de clicar sobre las palabras benvindos, benvinguts y ongi etorri se abre una pantalla que dice: página en proceso de elaboración,
lo cual, viniendo del Ministerio de Vivienda, que prácticamente tiene todo en proceso de elaboración, supone una promesa que nosotros entendemos que tiende al incumplimiento universal, como todas y cada una de las que han ido surgiendo de ese
ministerio de nueva creación.



Decía antes que nos parece bien el espíritu de la proposición, si bien del texto que surge de las diferentes enmiendas, tanto de la presentada por el Partido Popular como las que hemos conocido por parte del Grupo Parlamentario Socialista,
yo creo que podemos ser capaces, antes de que llegue el momento de la votación en esta Comisión, de llegar a un acuerdo que satisfaga a todos los grupos parlamentarios. Decía antes que estar de acuerdo en ese espíritu es una cuestión de coherencia
y es la coherencia que a mí me gustaría que hubiera tenido el grupo proponente, porque es evidente que el señor Rodríguez con su proposición no de ley ha venido a las Cortes Generales a exigir lo que en su comunidad autónoma procura no cumplir, que
es el reconocimiento de que los ciudadanos en su comunidad, en este caso en Galicia, tienen dos idiomas igualmente oficiales. El castellano, en el caso de las webs y formularios oficiales de los departamentos de la Xunta de Galicia en los que el
Bloque Nacionalista Galego tiene responsabilidades, sencillamente no existe. No es ya una cuestión de política de cartón piedra, como decía anteriormente que ocurre en algunos ministerios de la Administración General del Estado, en algunos
departamentos gubernamentales españoles, sino que sencillamente no hay ningún viso de su existencia. Traigo aquí la página de inicio de la Vicepresidencia de la Xunta, de la Consejería de Innovación e Industria, de la Consejería de Medio Rural y de
la Consejería de Vivienda. Todo está en perfecto gallego, supongo, porque no conozco esa lengua, y ni una sola palabra en castellano ni mención alguna a la posibilidad de que los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Galicia puedan encontrar en
ella lo que pide usted aquí en las Cortes Generales, señor Rodríguez. Por lo tanto, yo creo que lo mínimo exigible en este momento es una cuestión de coherencia. También tiene el Bloque Nacionalista Galego responsabilidades en la Consejería de
Cultura, donde figura todo en gallego, salvo dos links que redireccionan a sendas páginas sobre la cultura gallega en inglés y en castellano, por ese orden.



La conocida propuesta de su partido, señor Rodríguez, de promover una creciente asimetría lingüística a favor del gallego en el ámbito educativo, la pretensión de que los profesores, incluso de lengua castellana, en Galicia tengan que
presentar la programación de su asignatura en gallego en lugar de hacerlo en castellano o los ejemplos de los portales en la red de las consejerías controladas por el Bloque Nacionalista Galego que acabo de mencionarle son solo unos pocos ejemplos
de su pretensión de un monolingüismo gallego y de la discriminación de los ciudadanos y ciudadanas que tienen como lengua propia otra distinta que el gallego. Monolingüismo gallego y discriminación de los ciudadanos y ciudadanas que tienen como
lengua propia otra distinta que el gallego son, cambiando gallego por español o castellano, las mismas palabras que el señor Rodríguez ha empleado en la proposición no de ley que hoy estamos debatiendo. Es esa una incoherencia manifiesta que
nosotros creemos que se debe desterrar de la política española.



En resumen, como he dicho, el Grupo Popular en un principio está de acuerdo con el espíritu de la proposición presentada por el Bloque Nacionalista Galego. Vamos a tratar de negociar con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios
para llegar a un acuerdo respecto del texto definitivo de la misma, pero lo que queremos dejar de manifiesto es que la misma coherencia de que carece el partido proponente, que viene aquí a las Cortes Generales a proponer el bilingüismo nacional en
España mientras se esfuerza por imponer un monolingüismo autonómico en Galicia, que afecta a los derechos de muchos ciudadanos que son como mínimo tan gallegos como los miembros del partido que suscribe la proposición no de ley, como decía, esa
misma coherencia es la que nosotros exigimos al resto de grupos parlamentarios.



El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Socialista.



El señor CORCUERA PLAZA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley que el Grupo Mixto trae hoy a esta Comisión, puesto que entendíamos que su redacción no se ajustaba con exactitud a la
situación actual y no tenía en cuenta la ingente labor que desde la Administración General del Estado se viene ya realizando para la incorporación de las lenguas cooficiales a sus diferentes espacios web.
En aras de la brevedad, señor presidente,
haré conjuntamente la defensa de nuestra enmienda y la


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fijación de posición de mi grupo con respecto a la proposición no de ley a debate. Abordamos una vez más, señorías, el principio constitucional de la pluralidad de España, que de nuevo vuelve a traducirse en la cuestión del pluralismo
lingüístico en las actuaciones del Estado. Son ya diversas las ocasiones, tanto en Pleno como en Comisión, en que hemos podido debatir sobre esta misma cuestión; yo mismo lo he hecho en varias intervenciones. Mi argumentación, por tanto, va a ser
sustancialmente la misma que sostuve en dichas ocasiones.



Señorías, el posicionamiento de mi grupo al respecto ha sido siempre muy claro, defender que la pluralidad lingüística en España debe tener su reflejo tanto en las instituciones como en las actuaciones que el Estado lleve a cabo, y, por
supuesto, la presencia en Internet es una actuación que por su importancia no puede ser de ningún modo obviada, una opinión que, como ustedes saben, ha sido defendida tanto por el presidente Zapatero como por el resto de miembros del Gobierno en
numerosas ocasiones, lo que supone, como ya señalé también en anteriores debates, un importantísimo vuelco respecto a los pasados gobiernos del Partido Popular. Por ello sorprende que sea ahora el Grupo Popular quien pretenda dar lecciones al
Gobierno exigiendo algo que nunca priorizó cuando gobernaba. Somos conscientes de que el modelo de Estado plurinacional aún no está acabado, que aún hay aspectos en los que hay que avanzar, pero poco a poco se están introduciendo modificaciones
importantes, impensables, como les decía, en etapas anteriores. La tarea no es sencilla y para su buen fin es necesario un alto grado de consenso, diálogo y tolerancia mutua. Por supuesto, defendemos que en las comunidades autónomas en las que
rige un régimen de cooficialidad lingüística los ciudadanos tienen derecho a usar, de acuerdo con su libre elección, cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos y tipos de relación y por tanto también a obtener información en Internet
de los espacios web de las diferentes administraciones públicas. Por primera vez en muchos años, señorías, el Gobierno del Estado empieza a recuperar el reconocimiento de la pluralidad lingüística como una riqueza del Estado. Son numerosas las
acciones que este Gobierno ha llevado a cabo para impulsar el proceso de normalización en el uso de las lenguas cooficiales, en España y fuera de ella, en la Unión Europea, reconocido por resolución de esta propia Cámara, pero también en nuestro
país, entre otras en la guía de edición y publicación de las páginas web de la Administración General del Estado, en la normativa que recoge la expedición bilingüe del documento nacional de identidad y del permiso de conducir en las comunidades
autónomas con cooficialidad de lenguas, o más recientemente en el proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas, que como saben, previsiblemente llegará al Parlamento antes de final de año, en el que
existe la previsión de incluir una disposición adicional relativa al uso de lenguas oficiales en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las administraciones públicas, elevando así a rango de ley lo que hasta ahora era solo un
derecho dispositivo de los ciudadanos. Se está realizando, como decía, un importante esfuerzo para extender el uso de las lenguas cooficiales en las relaciones con los ciudadanos, con su progresiva introducción en las webs, entre otros, de los
ministerios de Administraciones Públicas, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos o del portal del ciudadano, y sin duda el Gobierno continuará impulsando al máximo nivel posible
la traducción de las páginas web de la Administración General del Estado, tal como en numerosas ocasiones se ha afirmado. Como ven, no partimos de cero en cuanto al trabajo realizado por este Gobierno en la adecuación de los espacios web a la
pluralidad lingüística del Estado. Por todo ello, sería injusto no reconocer el intenso trabajo que las diferentes administraciones han realizado y siguen realizando para adecuar los contenidos de sus comunicaciones.
Hemos de tener en cuenta
también que los espacios web van variando día a día, al no ser elementos estáticos sino dinámicos, con lo que es necesario una constante adecuación y revisión de sus contenidos. Es un trabajo constante que desde hace tiempo también se viene
realizando. En definitiva, nosotros planteábamos una enmienda que, compartiendo el objetivo del grupo proponente, quería aportar una redacción más ajustada a la situación actual, que reconociera el importante esfuerzo que ya se está realizando por
la Administración General del Estado y que tuviera en cuenta las modificaciones normativas que en poco tiempo se van a introducir. No obstante, el Grupo Socialista, dispuesto a llegar a un consenso, ve con buenos ojos la posibilidad de llegar a una
enmienda transaccional, bien sea con el grupo proponente o con todos los grupos de esta Comisión; por lo tanto, esperamos poder hablar para llegar a una decisión.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sin perjuicio de lo que se pueda transar en esta Comisión, nosotros vamos a apoyar el pedimento de la proposición no de ley defendida por el señor Rodríguez con una facundia que yo no estoy en condiciones en este
momento de emular. Yo doy por reproducidos sus argumentos porque me parecen todos ellos muy pertinentes. Quizás el contenido o la dimensión material de la proposición no de ley se queda un poco corto, porque en este gran leviatán que configura lo
que se denomina Administración General del Estado faltaría citar algunas instituciones, como son los órganos constitucionales, léase el Consejo de Estado, Consejo del Poder Judicial, entidades gestoras como las del sistema público de la Seguridad
Social, organismos autónomos, reales academias, institutos oficiales, etcétera. Sin perjuicio de que la intención del señor Rodríguez ha sido manifestada, yo preconizo lo mismo. Evidentemente ya el Tribunal Constitucional ha tenido en numerosas


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sentencias ocasión de pronunciarse sobre lo que se denomina contenido esencial del derecho a la cooficialidad. Cuando se habla de esto, hay que reproducir otra sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981, que establece que el
contenido esencial de todo derecho constitucional está constituido por aquellas facultades o posibilidades de actuación que posibilitan reconocer ese derecho como pertinente al tipo abstracto descrito en la Constitución, y cómo ha sido definido en
materia lingüística este derecho por múltiples sentencias posteriores del Tribunal Constitucional mediante el derecho de todo ciudadano a dirigirse a la Administración pública del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales y ser respondido
también por la Administración, salvo una excepción, que es por todos conocida, que es la Administración de Justicia, en donde la cuestión es sustancialmente diferente, porque no tiene la obligación de responder en cualquiera de las lenguas
cooficiales y donde para los jueces y magistrados sencillamente no es un requisito sino que es solo un mérito el conocimiento de las lenguas cooficiales.
Sin perjuicio de estas discrepancias es evidente que le asiste al grupo proponente o le
legitima en su pedimento nada menos que la jurisprudencia constitucional en esta materia. Yo no sé lo que ocurre en Galicia, porque ha sido un elemento de refutación por parte del portavoz -en este caso ponente- del Partido Popular, pero si hay
páginas links que reenvían al inglés, que es una lengua que todos debemos conocer, y al castellano, que también debe ser conocida, evidentemente el asunto está suficientemente garantizado y salvaguardado. Por lo tanto, por estas razones, nosotros
vamos a apoyar lo que en primer lugar el señor Rodríguez propone, y también si va a transar alguna enmienda de las presentadas, pues evidentemente el consenso siempre es bueno en materia lingüística, que es una materia particularmente susceptible de
crear polémicas muchas veces artificiales y artificiosas, como el señor presidente sabe perfectamente.



El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Nos gustaría llegar a una transaccional con el Grupo Socialista y también con el Grupo Popular y, si me permite, querría hacer solamente una pequeña observación. Juzgar los usos lingüísticos o el modelo de
oficialidad de un país sin vivir en él y ver cuál es la situación real de cada lengua creo que siempre puede distorsionar mucho y llevar a juicios de valor que no son exactos. Yo solamente le quiero decir que es imposible realizar la vida en lengua
gallega las 24 horas del día en nuestro país y en castellano es perfectamente posible, y además es lo que hace la mayoría de la población. Por tanto, las prácticas lingüísticas de un gobierno siempre están condicionadas por el hecho de cuál es el
nivel de usos de una lengua a nivel de si se restaura o no. Entonces, cuando hay un proceso de restauración, dar importancia a que una página web esté en un idioma y no esté en otro cuando el 90 por ciento de lo que hay en Internet, incluso en
Galicia, está en castellano, es hacer un juicio que yo puedo comprender, pero que no comparto.



Y, por último, decirles que realmente los casos de discriminación lingüística en Galicia, incluso ante la Administración de Justicia, son todos por el uso del gallego, ninguno por el uso del castellano. Y es más, podemos comprobar como ni
siquiera se respetan leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados, que no tienen ni siquiera que ver con el uso de la lengua, sino simplemente con las formas de los topónimos. Creo que eso es ilustrativo de en qué mundo vivimos. Si tuviéramos
una igualdad formal real, yo estaría de acuerdo con el señor proponente del Grupo Parlamentario Popular, todo podía estar en bilingüe; pero el problema es que el gallego no tiene más que algunas armas para poder estar presente, algunas -muy pocas-
que se utilicen al cien por cien, y puede ser discutible pero es totalmente legítimo y normal. Le doy un dato: en el Parlamento de Galicia, por propia convicción, ningún partido usa la lengua castellana en sus intervenciones. Creo que eso es
también indicativo de algo. ¿Por qué se hace? Creo que porque hay una anuencia y una consideración de que la institución pública de Galicia representativa por excelencia debe usar normalmente la lengua del país, lo cual no quiere decir que la
mayoría de esos diputados en su vida particular, privada, o incluso en su vida pública fuera de allí, empleen el español.
Esta es la realidad y el Diario Oficial de Galicia está en gallego, pero hay versiones en castellano para quien las pide. Sin
embargo, teóricamente, si se juzga Galicia por la lengua que se usa en el Parlamento podríamos llegar a una conclusión totalmente equivocada, totalmente falsificada, porque no hay ninguna obligatoriedad, es una convicción política que comparten
todos los grupos parlamentarios.



El señor PRESIDENTE: Don Francisco, al margen de que el portavoz del Grupo Popular me ha pedido la palabra y, aunque no esté en el Reglamento, el uso y costumbre en estas comisiones es ser flexible y por tanto se la voy a dar, sí le pediría
que, como ha planteado la posibilidad del consenso en torno a este tema, se pusiera de acuerdo con los portavoces del resto de los grupos en una redacción que nos pudiera hacer llegar, que sería la que someteríamos a votación.



Dicho esto, el señor portavoz del Grupo Popular tiene la palabra, brevemente.



El señor AYLLÓN MANSO: De forma muy breve. Únicamente para decirle que efectivamente no soy gallego ni resido en Galicia, soy catalán, conozco mucho mejor la realidad lingüística de aquella comunidad autónoma que la de la Comunidad
Autónoma Gallega, pero pretendía únicamente, estando de acuerdo en el espíritu general de la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, realizar un análisis tanto de la situación actual -como el portavoz del


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Bloque Nacionalista Galego ha hecho- de los ministerios y de los organismos públicos de la Administración General del Estado, como -y creo que es bueno para poder hablar de la coherencia que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestras
intervenciones públicas y en nuestras proposiciones tanto en las comisiones como en el Pleno de esta Cámara- de los usos lingüísticos no en el conjunto de la Xunta de Galicia, sino concretamente en aquellas consejerías, y en el caso del Bloque
Nacionalista Galego también en la Vicepresidencia, donde el Bloque Nacionalista Galego, que es la misma fuerza política a la que pertenece el proponente, tiene responsabilidades políticas. Únicamente era esa la pretensión de este portavoz para
fijar de forma mucho más clara la coherencia que unos tenemos y lo que yo he denominado incoherencia de otras formaciones políticas de esta cámara.



El señor PRESIDENTE: Quedamos por lo tanto pendientes de una redacción alternativa, de consenso, y si nos la hacen llegar la someteremos a votación a las 13 horas, y si no llegaran ustedes a acuerdo, votaríamos la propuesta originaria.



- RELATIVA A LA MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001734.)


El señor PRESIDENTE: Sin más, pasamos al punto 2, que sería la tercera PNL, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular para defender la proposición no de ley relativa a la
mejora de la coordinación y colaboración entre las administraciones públicas.



El señor PADILLA CARBALLADA: Es ésta, así lo creemos nosotros, una iniciativa constructiva; naturalmente, constructiva en el sentido de la conformación de un conjunto de normas que sirvan al funcionamiento de un estado complejo, que era
complejo en el diseño de la Constitución y que ha ido profundizando en esa complejidad a medida que las previsiones constitucionales y las opciones que la Constitución daba sobre posibilidades de articulación de la distribución del poder ha ido de
alguna manera profundizando. Y, ciertamente, yo diría que esta proposición no de ley guardaría una cierta armonía con el discurso que el propio ministro de Administraciones Públicas, y por lo tanto el propio Gobierno, que en este momento tiene las
responsabilidades de la dirección de la política nacional, desgranó en su primera comparecencia en esta Comisión; porque él puso un especial acento en la cogobernanza y, en definitiva, en la cooperación y en el reforzamiento de esos instrumentos
precisos para que esa cooperación y esa cogobernanza sean algo más que retórica.



Ciertamente, la deriva que ha tenido, la praxis real que ha sido impulsada desde el propio Gobierno y por el propio presidente del Gobierno, entiendo que tiene poco que ver con ese discurso de cooperación y cogobernanza y tiene más que ver
con las circunstancias que yo ya le anunciaba en nombre de nuestro grupo como elemento que tenía que tener siempre en cuenta por las disfunciones que podría originar, que sería en definitiva la pura disputa de los contenidos del poder. Recuerdo que
ese día el señor Sevilla me indicaba que no estaba evidentemente en su horizonte, en el horizonte del Partido Socialista y del Gobierno, el discurso que tuviera que ver con el poder. No sé si están dentro o fuera de la política porque evidentemente
el concepto del poder, no del poder como ejercicio de una autosatisfacción subjetiva, sino el poder como responsabilidad, el poder como elemento de decisión, es algo absolutamente conectado a la idea misma de configuración de la autoridad pública,
que evidentemente tiene que distribuir las facultades cuyo ejercicio venga atribuido por las leyes a una determinada organización política, en este caso compleja.



Pues bien, resulta que hemos hecho un seguimiento de las distintas conferencias sectoriales de las administraciones públicas y por poner un ejemplo, quien venía a hablar de cogobernanza y estado cooperativo, esto es el señor ministro de
Administraciones Públicas, ha convocado a la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas exactamente a lo largo de todo este mandato, desde las elecciones generales de 2004, una vez. La Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas ha tenido 48 reuniones, evidentemente también porque quizás en esa conferencia, como en alguna otra, concretamente el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, que se ha reunido 109 veces, o la Comisión
de Coordinación del Consejo de Coordinación Universitaria, que se ha reunido 110 veces, los propios responsables de las correspondientes áreas de las comunidades autónomas han tenido más interés en que se reunieran estas conferencias, consejos o, en
definitiva, órganos de coordinación y de cooperación, que en otros casos.
Hay algunos casos realmente curiosos. También en el ámbito de lo que sería la materia de especialidad de esta Comisión, la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales se ha
reunido una vez. Suponemos que ahí ya se dialogó toda la cuestión de la reforma de Régimen Local, ya llegaron a un acuerdo y el señor Sevilla ya puede venir a decirnos cómo se reúne y cómo llega a acuerdos siempre. Hay que felicitar esa capacidad
de sugestión que debe ejercer, supongo, sobre los responsables de las comunidades autónomas y también, en definitiva, de la esfera del poder descentralizado de nuestra estructura política. Por todo ello, entendemos que es una cuestión a meditar el
panorama que ofrece todo este conglomerado de conferencias sectoriales, en definitiva, de órganos colegiados que tienen como fin llegar a garantizar la coordinación y la cooperación entre los distintos poderes públicos del Estado. Y entonces
resulta que, por ejemplo, no todos


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tienen regulada su composición, no todos tienen reguladas sus funciones, no todos tienen regulada la participación en el proyecto normativo del Estado y no todos tienen regulada la participación y la elaboración de la política española en
asuntos comunitarios o internacionales que afecten a las competencias de las comunidades autónomas que no solamente, evidentemente, están presentes en la Conferencia, por ejemplo, Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, ni tampoco evidentemente
en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, aunque ese sea el cauce por el que esa voluntad coordinada y resultante de el Estado español en su conjunto se vehiculiza hacia los órganos comunitarios.



Se podrá decir lo que se quiera, yo he leído la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista y lo entiendo. No quiero ser crítico en absoluto con las posturas lógicas que una mayoría parlamentaria en principio y tendencialmente debe
observar en relación al Gobierno que en un momento determinado ha impulsado, que es el suyo; y quizás sea una cláusula de estilo la autosatisfacción y entendemos que haya esa autosatisfacción, pero de ahí a despachar ese panorama que acabo de
relatar y en el que no hay, creo, pasión política ni subjetiva ni partidista, solo una mera descripción y muy somera de la realidad que en este momento ofrece el panorama de este conglomerado de cooperación y coordinación Estado-Comunidades
Autónomas, que, evidentemente, muestran unas enormes insuficiencias que no han quedado colmadas por las disposiciones normativas vigentes, hay un trecho. Entendemos que lo que a este respecto establece la Ley 30, de 26 de diciembre de 1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es sencillamente, primero, una posibilidad en el número 1 del artículo 5 que se refiere a las conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación cuando
establece que la Administración General del Estado y la Administración de las comunidades autónomas pueden crear órganos para la cooperación entre ambos de composición bilateral o multilateral de ámbito general o de ámbito sectorial en aquellas
materias en las que exista interrelación competencial y con funciones de coordinación o cooperación según los casos. Y después, en el punto 2 se hace referencia a los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a
los miembros del Gobierno en representación de la Administración General del Estado y a miembros del Consejo de Gobierno en representación de la Administración de la respectiva comunidad autónoma, que se denominan comisiones bilaterales de
cooperación; su creación se efectúa mediante acuerdo que determina los elementos esenciales de su régimen. El punto 3 se refiere también a los órganos de cooperación multilateral y de ámbito sectorial y desarrolla ese escorzo de lo que podía ser,
primero, la manifestación de voluntad y, después, la posibilidad, que de alguna manera es algo reglamentista en una norma de rango legal, de que el régimen de cada conferencia sectorial es el establecido en el correspondiente acuerdo de
institucionalización y en su reglamento interno. Todos los cuales, ni siquiera estos, están en definitiva desarrollados, como lo he puesto de relieve, ni siquiera se ha dado cumplimiento en los casos en que se han ido constituyendo algunas de esas
conferencias o consejos consultivos o, en algún caso, con otra denominación parecida en los que se han puesto en marcha estos órganos de cooperación o de coordinación. Tampoco da respuesta en modo alguno suficiente la ya añeja Ley 12, de 14 de
octubre de 1973, del proceso autonómico. Y es cierto que los estatutos de autonomía van haciendo referencia sobre todo a las comisiones bilaterales; lo otro, evidentemente desde la perspectiva parcial en el sentido de limitada de las comunidades
autónomas, no parece que tenga una especial sensibilidad al respecto. (El señor secretario, López Iglesias, ocupa la Presidencia).
Pues bien, el que se nos diga ahora, como fórmula de compromiso, que se continúe impulsando el proceso de incremento
de la actividad de las conferencias sectoriales, es una invitación al entusiasmo político del Gobierno, sobre todo en aquellas en las que han mostrado muy poco entusiasmo, y no viene mal porque en el caso concreto de las comisiones del ámbito de
Administraciones Públicas es claro que el entusiasmo ha sido no menor, sino mínimo o súper mínimo o sencillamente testimonial.
Decir que se refuerce el proceso de institucionalización de las comisiones bilaterales de cooperación, con el fin de
facilitar el ejercicio de las competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en la línea prevista en las recientes reformas estatutarias, sencillamente no lo compartimos, porque nosotros precisamente lo que
queremos es fortalecer la cooperación y la coordinación, y eso evidentemente tiene un instrumento, que no es el principal, en las comisiones bilaterales y tiene un instrumento principal en las comisiones multilaterales, que son las que en definitiva
reducen a una acción verdaderamente coordinada la acción -y valga la redundancia- de las comunidades autónomas en los terrenos y en las distintas parcelas en las que tienen que intervenir.



Decía antes que algún grupo, Convergència i Unió en concreto, hace una enmienda en la que hace referencia -creo recordar-, si he mirado bien su contenido, a una sensibilidad protectora de las competencias de las comunidades autónomas. No es
un problema de competencias, entiendo, es un problema de funcionamiento del Estado y de coordinación de las competencias. Cuanto más complejo sea un Estado más cooperación y más coordinación es necesaria, si hemos decidido hacer un Estado
profundamente complejo, que es la realidad de hoy, un Estado de distribución de competencias, primero, heterogéneo, porque no todas las comunidades autónomas tienen las mismas competencias a pesar de la lógica imitadora que han tenido los distintos
estatutos, ni todos son iguales, ni todos se han desarrollado después en la praxis con el mismo impulso y dirección política en las


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comisiones bilaterales de transferencias. En definitiva, la resultante no es similar, ni siquiera parecida, hay muchos elementos comunes pero ni es similar, ni es parecida. Por lo tanto, es un Estado complejo pero al mismo tiempo
heterogéneo, lo cual demanda, a nuestro juicio, que para garantizar su buen funcionamiento, en el sentido de que al final tiene que haber en muchas ocasiones una respuesta coordinada, no bilateralmente coordinada sino multilateralmente coordinada,
hay que reforzar, hay que perfeccionar, hay que completar y hay que desarrollar estos órganos de cooperación. Y entendemos que la realidad normativa actual se ha mostrado claramente insuficiente en muchos aspectos, hasta, de algún modo, dibujar
cuál es la posición real de los miembros de estas conferencias respecto de las mismas. Algunas veces una cita que puede parecer heterodoxa es clarificadora. Ustedes saben que en este momento los obispos se reúnen en España en un órgano que se
llama la Conferencia Episcopal, que dicta orientaciones para la pastoral de los cristianos, de los católicos y en definitiva sirve para recoger la visión plural y conjunta de los distintos miembros del Episcopado en un ámbito específico que es el
Estado español. En alguna ocasión siempre se pone de relieve la autoridad de esta conferencia y recuerdo a un muy conocido prelado, que era entonces obispo de la Diócesis de Mondoñedo, diócesis que se encuentra en su mayor parte dentro de la
circunscripción que tengo la honra de representar en esta Cámara, la circunscripción de Lugo, que en un conocido espacio televisivo era interrogado sobre su acción, tanto pastoral como de comunicación de sus criterios, sus pastorales, sus juicios,
que a veces generaban una enorme polémica, y donde la entrevistadora le ponía de relieve que no estaban en relación directa y armónica con lo que venía diciendo en algunos aspectos la Conferencia Episcopal. Y este obispo dijo: No, la Conferencia
Episcopal no es mi superior. Yo soy obispo, el único superior que tengo es el Papa, y todo lo demás está muy bien, pero yo soy el obispo de mi diócesis y allí hago y deshago lo que estimo oportuno.



En fin, no sé si es que en la clase política, sobre todo en algunas zonas del territorio, hay personas que a lo mejor están entrenadas en enseñanzas que pudieran tener espíritus nacidos de esa posición, pero lo cierto es que estas
conferencias se ven como una especie de club al que se viene cuando se quiere y se está el rato que se quiere y se participa como se quiere y se dice lo que se quiere. Eso es incompatible con un concepto racional, no ya razonable, ni siquiera
legal, de lo que debe ser el Estado autonómico. Y como la praxis no tiende a mejor, porque la enmienda del Grupo Socialista -y termino- dice que hay que seguir impulsando, y nosotros no hemos visto ningún impulso en este tiempo y no sabemos si es
que van a seguir impulsando no impulsar, pues nos ahorramos esto y acabamos. El Gobierno no impulsa, porque solo ha impulsado a rastras la cuestión de las comisiones sectoriales europeas y porque es parte ahora de su nuevo programa político de
ininteligible interpretación, a mi modesto juicio, ya sé que soy un poco torpe pero yo no entiendo realmente a dónde vamos. Nosotros entendemos que es tan positiva, tan constructiva y tan poco tensionante de la vida política esta proposición no de
ley que yo creo que por decir aquello que debe decir siempre un castizo, por vergüenza torera, a cualquiera que se la pongan delante debería apoyarla, como esperamos que lo harán y como les pedimos.



El señor SECRETARIO (López Iglesias): A esta proposición no de ley hay una enmienda del Grupo Socialista. Su portavoz tiene la palabra.



El señor TORRES GARCÍA: Creo que también hay una enmienda presentada por Convergència I Unió.



El señor SECRETARIO (López Iglesias): No he estado yo bien informado, me ha dicho el presidente cuando me ha dejado la Presidencia que solamente era el Grupo Socialista. Si es así, tiene la palabra el portavoz del Grupo Convergència I
Unió.



El señor JANÉ I GUASCH: Nuestro grupo sí que tiene presentada una enmienda pero es a otra proposición no de ley, no a la que acaba de defender ahora el señor Padilla.



El señor SECRETARIO (López Iglesias): Entonces me había informado bien el Presidente y tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista para defender su enmienda.



El señor TORRES GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley presentada por el Partido Popular sobre mejora de la coordinación entre las administraciones públicas. En dicha proposición se
insta al Gobierno a que articule reformas legales y normativas encaminadas, por una parte, a mejorar el funcionamiento de las conferencias sectoriales, por otra, a impulsar las comisiones bilaterales de cooperación y, además, a establecer mecanismos
de participación de las comunidades autónomas con carácter previo a la toma de decisión de los órganos de la Unión Europea.



Plantea esta importante cuestión el Grupo Popular ignorando las actuaciones desarrolladas en este campo por el Gobierno socialista durante los últimos dos años y medio. Señorías, desde el inicio de la presente legislatura el Gobierno,
respondiendo al compromiso expresado por el presidente Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura, viene trabajando permanentemente en el perfeccionamiento del actual modelo de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas,
impulsando para ello el uso adecuado de los diferentes instrumentos de cooperación existentes y previstos con carácter general en el título primero de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y además proponiendo el
establecimiento de otros nuevos.



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En este sentido cabe destacar por su extraordinaria importancia política la constitución de la Conferencia de Presidentes, que ya ha celebrado dos reuniones y que viene a completar el marco institucional de la colaboración Estado-comunidades
autónomas actualmente existente en España.



Tampoco podemos obviar el importante incremento de actividad de las conferencias sectoriales a lo largo de este periodo. Se han celebrado 73 reuniones en 2005, frente a 59 en 2004, y a lo largo del año 2006 ya se han celebrado 62 reuniones
de las conferencias sectoriales hasta la fecha. Se ha reanudado el funcionamiento de tres conferencias sectoriales que no se reunían desde el año 1995, como la de Infraestructura y Ordenación del Territorio, Industria y Energía, y Cultura. Se ha
relanzado la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, que se ha reunido, señor Padilla, en tres ocasiones a lo largo de 2006, no en una ocasión. Se han constituido tres comisiones sectoriales nuevas, la del Consejo de Política de
Seguridad, la Conferencia Sectorial de Ciencias e Investigación y la Conferencia Sectorial de Administración Local. Se han firmado 689 convenios frente a los 522 que se firmaron en 2004, el 75 por ciento de ellos de carácter general.



En cuanto a la participación de las comunidades autónomas en el proceso de toma de decisiones en el ámbito europeo, he decir que desde los acuerdos de 9 de diciembre de 2004 han participado miembros de los consejos de Gobierno de las
comunidades autónomas en 45 ocasiones, formando parte de la delegación española presente en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Participación también de las comunidades autónomas en las cumbres bilaterales de Portugal, Francia y Marruecos.
Por no extenderme más, quiero decir que, además, esta apuesta decidida por el desarrollo de la cooperación con las comunidades autónomas ha tenido también un reflejo muy relevante en los proyectos de ley presentados por el Gobierno ante esta Cámara
y que algunos ya se han convertido en ley después de su aprobación. Así, podemos hablar de la Ley de Dependencia, expresión más desarrollada del principio de cooperación institucional; de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, presentada en
la Conferencia Sectorial de la Mujer y también en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales; del proyecto de ley del estatuto básico del empleado público, presentado en Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, o del proyecto de Ley
del Suelo, presentado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Sin duda, señorías, siempre se puede hacer más, pero la potenciación de instrumentos convencionales y normativos que se acaba de describir expresa la importancia del impulso que se ha dado por el Gobierno en este ámbito, por lo que
consideramos muy interesante continuar en esta línea de actuación consistente en dinamizar los órganos de cooperación esenciales, como la Conferencia de Presidentes, las conferencias sectoriales y seguir impulsando la celebración de convenios de
colaboración. La cooperación como principio básico de actuación de las administraciones públicas tiene una complejidad muy alta y requiere mucha flexibilidad, cuyo encaje es difícil en los términos planteados en la proposición no de ley que hoy nos
trae aquí el Partido Popular, ya que ésta no abarcaría nunca todos los supuestos, procedimientos e instrumentos posibles de cooperación, con lo que su objetivo central de ser omnicomprensiva de la cooperación institucional también resultaría
imposible de cumplir. Y es por eso que, en esta línea de seguir trabajando en la dirección que el Gobierno lo viene haciendo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la enmienda de sustitución que SS.SS. ya conocen.



El señor PRESIDENTE: Señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación final de esta proposición no de ley y lo va a hacer a partir de una premisa: Estas Cortes Generales han aprobado a partir del Estatuto de
Autonomía de Cataluña estatutos de una segunda generación, estatutos que priman de manera especial lo que son relaciones bilaterales. Cierto es que la proposición no de ley también alude a las facultades de acuerdos bilaterales y de instrumentos de
cooperación bilateral, pero nosotros no entendemos que la vía de desarrollo autonómico sea la vía multilateral de las conferencias sectoriales, sino la vía bilateral, que es la que marca de manera clara, precisa y muy concreta el nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña y con él otros estatutos que han iniciado también su tramitación en esta Cámara. Por tanto, en esa línea no es que nos opongamos, nos vamos a abstener, pero sí queríamos dejar constancia desde Convergència i Unió de que
entendemos que algunos de estos instrumentos multilaterales en ocasiones son más de tutela, de control, de coordinación y, al final, incluso puede ser de usurpación de competencias propias, que no de colaboración. Todo lo que sea aumentar la
colaboración estamos de acuerdo, pero en ocasiones esos instrumentos multilaterales se convierten en un café para todos que vienen a diluir competencias propias. En coherencia con el nuevo Estatuto aprobado, entendemos que debemos de primar más ese
marco bilateral y por tanto nos vamos a abstener en la votación final de esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra posición de grupo, don Julio tendría la palabra para evaluar la propuesta de enmienda.



El señor PADILLA CARBALLADA: Únicamente, y contando con su benevolencia, hago dos precisiones. Los datos numéricos que había dado de reuniones, he tenido una pequeña confusión, eran del despliegue de reuniones, desde su existencia, de
todas esas comisiones o conferencias. Y le tengo que decir que puede ser que


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en el año 2006 se haya reunido dos veces la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas, pero en 2004, ninguna y en 2005, ninguna. Los datos del año 2006 no los tengo completos, supongo que se habrán reunido dos veces para contar las
dos cosas que le interesaban al ministro de Administraciones Públicas y solamente en relación a una cuestión de índole Administración General del Estado o Estado Central o como queramos llamarle, porque en definitiva la Constitución no lo define:
para contar el estatuto del empleado público y supongo que para contar algunos avances sobre la Ley de Agencias o sobre la Ley de Régimen Local. Con lo cual, en definitiva esa Conferencia se ha reunido -por lo menos eso parece desde fuera, sin
ninguna frivolidad en el juicio y, desde luego, sin ningún ánimo peyorativo- para charlar; no se ha reunido aparentemente para ninguno de los objetivos que debe tener.



Y como se ha hecho alusión al tema de la coordinación -comprendo que cada uno puede tener las visiones que quiera tener, pero habíamos quedado en que el Estatuto de Autonomía de Cataluña era absolutamente constitucional y está en absoluta
armonía con el espíritu constitucional-, yo le tengo que decir al señor Jané que el principio de coordinación es un principio constitucional de orientación de la estructura territorial del Estado.
Eso es lo que dice la Constitución y se supone que
el Estatuto de Autonomía de Cataluña ni puede decir lo contrario, ni puede pretender lo contrario, ni puede inspirar lo contrario. Y es más, ni siquiera en los Estados federales la coordinación solamente puede tener lugar a través de relaciones
bilaterales. Eso quizás en un Estado confederal podría ser; en un Estado federal, y yo me remito si quiere a la praxis de la República Federal de Alemania y cuando quiera yo le remito todos los antecedentes que estime precisos, verá que eso no es
así. Naturalmente, si uno tiene siempre el temor de que la coordinación implique control y tal, supongo que esa será una circunstancia que estará en el espíritu o en los demonios más o menos familiares de quien padece esos temores, pero si en lo
que estamos aquí es en la voluntad de impulsar una Administración mejor para todos los ciudadanos, con el resultante de la acción de los distintos poderes públicos que despliegan sus competencias en el ámbito de un Estado que todos compartimos y que
evidentemente tiene objetivos comunes y si se trata en definitiva de evitar los fracasos en la acción política y administrativa derivados de la falta de coordinación, entonces o yo estoy hablando de otra cosa o ustedes piensan que están en otro
sitio. Como es natural y en función de lo que hemos dicho, no aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Portavoz de Convergència.



El señor JANÉ I GUASCH: Con absoluta brevedad, porque el señor Padilla hacía referencia a demonios individuales de quien pudiera tener el temor de esa coordinación. No son demonios. (El señor Padilla Carballada: Familiares.) No son ni
demonios particulares ni familiares; son realidades como pudo ser la Loapa, Ley orgánica de armonización del proceso autonómico, que iba inherente en ese espíritu de coordinación y que quería solapar competencias autonómicas. La realidad nos ha
demostrado que en muchas ocasiones esos instrumentos multilaterales tienden a resucitar ese espíritu de la Loapa. Por tanto, no eran demonios ni familiares ni individuales, sino que eran situaciones que hemos padecido muchas comunidades autónomas
que tenemos competencias asumidas y que queremos desarrollar sin esas injerencias de los órganos multilaterales que en ocasiones vienen a laminar nuestras competencias en este ámbito.



El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En ausencia he podido seguir el debate con detenimiento y las intervenciones de todos los portavoces y la verdad es que yo lamento que el Grupo Popular no haya aceptado la transacción que nos parecía fundada y
pertinente del Grupo Socialista. Lo que no había podido oír es que el debate había llegado a unos niveles de profundidad telúrica tan complejos como la invocación nada menos que a los demonios familiares. Claro, de demonios familiares, los que
tenemos cierta tradición parlamentaria sabemos mucho, algunos tenemos mucha experiencia.
La invocación de la Loapa que ha hecho el señor Jané evidentemente es un demonio familiar e individual para el diputado que les habla en este momento. (El
señor Padilla Carballada: ¿Ve cómo tienen demonios?). El señor Padilla además tiene la facultad de la diglosia, consistente en poder hablar por teléfono y replicar a los portavoces, además en un uso indebido del turno, porque lo hace durante la
intervención del propio portavoz, lo cual es más meritorio todavía; es un gran parlamentario, sin ninguna duda. Al margen de esta circunstancia, señor presidente, la Loapa fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero su
espíritu pervivió durante muchos años y sigue perviviendo. Luego cuando se habla de instrumentos de coordinación -y lo hacen determinadas personas que también son tributarias de sus propios demonios familiares- nosotros entendemos perfectamente, no
hace falta ser un hermeneuta fino para saber de qué se está hablando. Por lo tanto, nos parecía más ajustada a la realidad no de un Estado complejo sino compuesto, que es el define la Constitución, la enmienda del Grupo Socialista. Yo, sintiéndolo
mucho, porque tengo un gran aprecio personal por el señor Padilla, no voy a poder votar su proposición en los términos en los que está configurada y sí hubiese podido votar la propuesta alternativa del Grupo Socialista, y esto es lo que quería decir
a modo de fijación de posición que el señor Padilla, con su ubicuidad a la hora de intervenir, porqué habla telefónicamente, escucha a los portavoces, les interrumpe y además es capaz seguramente de replicarme, seguramente estará en condiciones de
poder comprender.



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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.



El señor TORRES GARCÍA: Cuando hablaba de las reuniones de la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas como charla ha puesto el acento en que lo hacía sin ningún ánimo peyorativo, pero, claro, habría que preguntar a las
comunidades autónomas si piensan lo mismo. No solo se trata ya de la valoración que hace el Gobierno sino de la que hagan las comunidades autónomas, porque me parece que calificar las reuniones de la Conferencia Sectorial de Administraciones
Públicas de mera charla, por más que se esfuerce el portavoz del Grupo Popular en quitarle los tintes peyorativos, desde luego los tiene.



La cooperación y la cogobernanza de la que hablaba el ministro se encuentra bien reflejada en las actuaciones desarrolladas, porque ha habido una voluntad de diálogo, de impulso de las comisiones que no se reunían, de creación de comisiones
nuevas, de regulación de la participación de los representantes de las comunidades autónomas en todo lo que tiene que ver con los asuntos europeos. Por lo tanto, estamos en disposición desde el Grupo Socialista de afirmar que sí está teniendo
reflejo en las actuaciones del Gobierno el discurso del ministro señor Sevilla.



Ya para terminar, cuando se habla de las comisiones bilaterales de cooperación no estamos remitiéndonos exclusivamente al Estatuto de Cataluña. También el artículo 220 del Estatuto de Andalucía recoge las comisiones bilaterales de
cooperación entre la Junta de Andalucía y el Estado y están imbuidas de ese espíritu, y el Estatuto de Autonomía de Andalucía le quiero recordar al Partido Popular que también cuenta con su apoyo, con lo cual, aquí entran en una ligera
contradicción.



El señor PRESIDENTE: Don Julio no está, pero estoy seguro que tomaría la palabra en esta ocasión. En cualquier caso, tal como ha quedado el debate, someteríamos a votación la propuesta del Grupo Popular en los términos que conocemos,
puesto que no se acepta la enmienda del Grupo Socialista.



- RELATIVA A LA INTEGRACIÓN INDIVIDUAL DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001013.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto tercero, que es el primero del orden del día, en este caso del Grupo Mixto, en relación con la integración individual de los funcionarios de la Administración local en el régimen general de la Seguridad
Social. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, debe agradecer la disposición de la Mesa a trasladar esta proposición no de ley al último punto después de mi solicitud, por tener otra reunión a la misma hora. Estoy agradecida por lo tanto por
esa decisión. Vamos a defender esta proposición no de ley relativa a la integración individual de funcionarios de la Administración local en el régimen general de la Seguridad Social por las razones que seguidamente voy a explicar. La disposición
transitoria tercera de la Ley 31/1991, del 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, así como la disposición transitoria tercera de la Ley 39/1992, del 29 de diciembre, también de los Presupuestos Generales del Estado,
en este caso para el año 1993, autorizaron la integración del colectivo incluido en el campo de aplicación del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración local en el régimen general de la Seguridad Social.
Posteriormente, esta cuestión fue desarrollada por el Real Decreto 480/1993, del 2 de abril, en el que se establecieron las condiciones, términos y plazos para proceder a esa integración. Respecto al personal en activo que en la fecha de
integración venía recibiendo asistencia sanitaria por medios ajenos, la disposición transitoria quinta establecía como norma general su incorporación al concierto con la Seguridad Social previsto en el propio real decreto. Sin embargo, también se
admitía de modo excepcional que las entidades locales podrían continuar prestando la asistencia sanitaria con la modalidad que tuvieran en la fecha de la integración, por acuerdo del pleno de la corporación y previa consulta con las organizaciones
sindicales más representativas. Esa vía excepcional, señorías, ha supuesto que muchas entidades locales aún presenten a día de hoy la asistencia sanitaria al conjunto de sus funcionarios a través de entidades distintas de la Seguridad Social, por
lo que la presente proposición no de ley tiene por objetivo permitir que los funcionarios de las entidades locales puedan escoger de forma individual la entidad prestadora de la asistencia sanitaria cuando las entidades locales continúen prestando
la misma por entidades distintas de la Seguridad Social. Ello responde, desde nuestro punto de vista, a la finalidad perseguida por el Real Decreto 480/1993 de alcanzar una integración plena de los funcionarios de las administraciones locales en la
Seguridad Social y situar en un lugar preferente como entidad prestadora de la asistencia sanitaria de los funcionarios de la Administración local a las instituciones públicas de la Seguridad Social, por lo que, desde nuestro punto de vista, tendría
una gran importancia para esos funcionarios en las condiciones que acabamos de exponer y que tienen interés en participar de la Seguridad Social que desde el Gobierno se realizaran las modificaciones necesarias en el real decreto citado para conocer
la posibilidad de opción individual de prestación de la asistencia sanitaria por las instituciones de la Seguridad Social a los funcionarios pertenecientes a administraciones locales, cuyos órganos plenarios hayan


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optado por mantener vigente la modalidad de prestación de asistencia sanitaria que tenían con anterioridad a la fecha de integración en el régimen general de la Seguridad Social.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y por lo tanto tendría la palabra este grupo para su defensa.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: En primer lugar, la portavoz del Grupo Mixto ha dado las gracias a la Mesa por modificar el orden del día de la mañana de hoy. A mí me gustaría también que se la diera a los portavoces de los grupos
parlamentarios, a los que nos ha distorsionado las reuniones que teníamos previstas también tras el debate de los puntos primero y segundo del orden del día.



En relación con la proposición no de ley formulada por el Grupo Parlamentario Mixto sobre la integración individual de los funcionarios de la Administración local en el régimen general de la Seguridad Social, cabe hacer las siguientes
consideraciones. La proposición presentada persigue situar en lugar preferente como entidad prestadora de la asistencia sanitaria de los funcionarios de la Administración local a las instituciones públicas de la Seguridad Social. Para ello, tal y
como ha explicado, postula la realización de las modificaciones necesarias en el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, para reconocer la posibilidad de opción individual de la prestación de la asistencia sanitaria por las instituciones de la
Seguridad Social a los funcionarios pertenecientes a las administraciones locales cuyos órganos plenarios hubiesen optado por continuar prestando la asistencia sanitaria con la modalidad que tuvieran a la fecha de integración en el régimen de la
Seguridad Social.



Esta proposición contempla una única posibilidad a favor del sistema público de Seguridad Social y por ello lógicamente solo se refiere a aquellos entes locales que optaron por continuar con el régimen de protección vigente en el momento de
la integración en el régimen general.
Por ello se considera desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular esta propuesta inadecuada, ya que no persigue restituir los derechos que los funcionarios de las administraciones locales tenían con
anterioridad a la extinción de la Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local, la Munpal, y que en la actualidad siguen manteniendo los funcionarios de la Administración General del Estado a través de Muface, los funcionarios de la
Administración de Justicia a través de la Mutualidad de Justicia y los funcionarios de las Fuerzas Armadas a través del ISFAS, sino que, al contrario, persigue ahondar en el proceso de integración de los funcionarios en el régimen general de la
Seguridad Social. Por todo, se considera que la propuesta debería ir en el sentido de realizar las modificaciones legales oportunas en orden a garantizar un sistema igual de protección sanitaria para la totalidad de los funcionarios públicos, con
independencia de la Administración en la que presten sus servicios, máxime en el momento actual en el que como consecuencia de los procesos de transferencias y movilidad interadministrativa encontramos dentro de las distintas administraciones
funcionarios con diferentes regímenes de protección, con los consiguientes problemas y costes adicionales de gestión administrativa, así como desigualdad entre ellos.



Por todo lo anterior, nuestro grupo ha presentado una enmienda a la iniciativa propuesta que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo máximo de seis meses, realice los estudios jurídicos y
financieros necesarios y, en su caso, proponga los acuerdos y modificaciones legislativas precisas, en orden a establecer un sistema de protección sanitaria en el ámbito de la Administración local que permita a sus funcionarios optar individualmente
por recibir la asistencia sanitaria a través de las prestaciones previstas en el régimen general de la Seguridad Social o mediante la prestación de estos servicios por entidades de seguro de asistencia sanitaria. Nosotros pensamos que debe ser el
funcionario el que, pudiendo optar por ambas prestaciones, bien de la Seguridad Social o bien por de entidad distinta a la misma, sea el que decida cuál es la que prefiere y no que pueda optar solamente en un sentido. En aras del principio de
igualdad de trato y además cuando se trata de funcionarios de la Administración, debían tener un trato similar los funcionarios de la Administración General del Estado y los funcionarios de la Administración local. Si acudimos a los datos, llegamos
a la conclusión de que las preferencias de los funcionarios en la Administración general son hacia la adscripción a entidades privadas y los datos que les voy a facilitar son los siguientes. La distribución del número de asegurados según su
adscripción a la Seguridad Social o a una entidad privada, referidos a 31 de mayo de 2004 y 31 de marzo de 2005, son los siguientes. Los asegurados con entidad privada en marzo de 2006 -voy a darles el último dato- son 1.439.589 funcionarios y los
asegurados con Seguridad Social son solamente 100.174 personas, es decir que el funcionario de la Administración General del Estado prefiere, en un número muy distante, asegurarse con la entidad privada a asegurarse con la Seguridad Social o que las
prestaciones sanitarias sean con la Seguridad Social frente a la entidad privada. Por lo tanto, que funcionario de Administración local pueda optar entre que esas prestaciones sanitarias sean por parte de la Seguridad Social o por parte de las
entidades privadas nos parece muchísimo más justo en aras de esa igualdad de trato y del principio de libertad. Dicho lo anterior, debería realizarse un estudio para llegar a determinar la viabilidad tanto jurídica como económica para saber
fundamentalmente si desde el punto de vista de la financiación sería posible que individualmente cada funcionario pudiera optar por uno u otro sistema, y por todo ello hemos presentado esta enmienda que esperamos que los demás grupos parlamentarios
apoyen con su voto.



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El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Socialista quiere fijar posición? Adelante.



La señora FUENTES PACHECO: El Grupo Parlamentario Mixto nos presenta hoy una proposición no de ley por la cual se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril. En este real decreto se regulaba la función de
determinados funcionarios de las entidades locales y esta proposición no de ley lo que quiere es permitir que los funcionarios de las entidades locales puedan escoger de forma individual la entidad prestadora de la asistencia sanitaria en aquellos
casos en que continúen recibiendo dicha prestación a través de las distintas entidades de la Seguridad Social. En la exposición de motivos la medida se justifica por el hecho de que en la disposición transitoria quinta del citado real decreto se
establecen las condiciones, términos y plazos para proceder a la integración en el régimen del colectivo incluido en el ámbito personal de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios de la Administración local, tal y
como señalaba la norma general, y que esta prestación sanitaria se llevaría a cabo por la Seguridad Social, sin perjuicio de que excepcionalmente las entidades locales que venían prestando dicha asistencia a través de distintas entidades pudieran
continuar haciéndolo.



Como primera consideración hemos de entender que el régimen de la Seguridad Social aplicable y en consecuencia la modalidad de la prestación de asistencia sanitaria vienen determinadas por una norma con rango de ley según la particular
Administración a la que se vincule el funcionario con ocasión de su ingreso al servicio del Estado. No cabe, pues, invocar en esta materia una supuesta discriminación del colectivo afectado respecto al común de los funcionarios. De hecho, la
opción que se propugna solo alcanza a funcionarios incluidos en el ámbito de prestación de la aplicación del régimen de clases pasivas del Estado. Por otro lado, debe tenerse presente que tras la integración en el régimen general de la Seguridad
Social de los funcionarios procedentes del extinguido régimen especial de funcionarios de la Administración local, la prestación de asistencia sanitaria se efectúa mediante el sistema de concierto con la Seguridad Social o entidades sanitarias
privadas mediante la aplicación de unos coeficientes reductores en la cotización por el personal activo como compensación económica de los costes derivados de la dispensación de esta prestación. Por lo tanto, entendemos que de aprobarse la
propuesta en su actual redacción, en la medida en que la proposición no de ley establece un derecho de opción individual, seguiría habiendo funcionarios que se acogerían a la cobertura de asistencia sanitaria por entidades ajenas a la Seguridad
Social, siendo así que la parte de cuota abonada por este concepto no se podría sufragar si no es mediante una modificación legislativa. Si además tenemos en cuenta que esta disposición transitoria quinta del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril,
establece que los funcionarios de la Administración local en principio estarían al servicio de las entidades locales y pasarían a recibir la asistencia sanitaria de las instituciones de la Seguridad Social, pero excepcionalmente las corporaciones
locales cuyo personal viniera recibiendo la asistencia sanitaria con medios ajenos mediante concierto con entidades privadas o mutualidades de esta naturaleza podrían seguir haciéndolo así si lo estableciese previamente el pleno y además se tuviesen
en cuenta las consultas con las organizaciones sindicales, no podemos entender esta norma como un perjuicio o como una limitación de derechos para el personal al servicio de tales entidades locales, sino, muy al contrario, como la conservación de un
beneficio del que disfrutaba dicho personal hasta la entrada en vigor del citado real decreto. Por lo tanto, se amplía su ámbito de posibilidades respecto a la forma de recibir la asistencia sanitaria que precisa, permitiendo que tal asistencia se
preste a través de entidades privadas si así se considera más adecuado, en lugar de obligarles a recibir en todo caso y de modo necesario a ser asistidos por las instituciones sanitarias de Seguridad Social. Por otro lado, la decisión que haya
adoptado la corporación local al respecto no ha sido puramente unilateral y arbitraria por parte de los órganos de gobierno de la misma y por lo tanto por el pleno, sino que ha debido ser consensuada con el propio personal afectado a través de sus
representantes sindicales.



Por todo ello entendemos que tal y como ha sido formulada la proposición no de ley no puede ser votada favorablemente por este Grupo Parlamentario Socialista, pero sí si tenemos en cuenta la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular, en tanto en cuanto establece que se tiene que hacer previamente a esta modificación legislativa una serie de estudios tanto jurídicos -en los cuales podríamos ver que la modificación se podría hacer por ley y no por real decreto que
modificase la ley a la que desarrolla- como financieros necesarios para que tuviese el aporte correspondiente por parte del Estado. Por lo tanto, votaríamos favorablemente esta proposición no de ley, siempre y cuando el Grupo Mixto aceptase la
enmienda que ha sido propuesta por el Grupo Parlamentario Popular teniendo en cuenta que el fin es el mismo que pretendemos socialistas y es ampliar las garantías a todos los trabajadores desde la Administración del Estado, siempre y cuando se
cumplan las necesidades tanto presupuestarias como legislativas.



El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo Mixto.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, pido disculpas por mi descortesía de, inicialmente, no agradecer también a los portavoces de los grupos parlamentarios la deferencia de poder atrasar mi proposición no de ley. En ese sentido
pido disculpas y muchísimas gracias sinceramente a los portavoces de los grupos parlamentarios.



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Respecto de la propuesta de enmienda que nos hace el Grupo Popular y también de las consideraciones que nos acaba de expresar el Grupo Socialista, nuestra pretensión con la proposición no de ley es, de acuerdo con lo establecido en las leyes
a las que hicimos referencia de Presupuestos Generales así como con el Real Decreto 480/1993, si efectivamente y de acuerdo con ese real decreto, las corporaciones locales -nunca dijimos arbitrariamente, sino como se contempla en el real decreto-,
de acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas, optan por la vía del aseguramiento privado que funcionarios de esas plantillas de las corporaciones locales puedan acceder al régimen de la Seguridad Social de manera individual, como
así también entendemos que lo explica o explicita el espíritu de esas modificaciones de la Ley de Presupuestos de los años 1992 y 1993.



Desde nuestro punto de vista, la propuesta de enmienda que nos hace el Grupo Popular incide en nuestra pretensión de que individualmente se pueda optar por la Seguridad Social cuando la Administración local lo hiciera por el aseguramiento
privado, pero también incide en el derecho de la persona individualmente, en el caso contrario, a optar por el aseguramiento privado. Aun no estando de acuerdo con una parte filosófica, desde nuestro punto de vista, de la propuesta del Grupo
Popular, vamos a aceptar la enmienda porque de alguna manera recoge nuestra pretensión o la propuesta que nosotros hacemos en nuestra proposición no de ley de que aquellos funcionarios que quieran optar por la Seguridad Social lo hagan, aunque la
corporación local haya adoptado otra postura. No compartimos, aunque repito que aceptamos la enmienda, el hecho de potenciar desde la Administración pública el aseguramiento privado. Nosotros pensamos que desde el Estado y desde la Administración,
desde el Gobierno, se debe hacer un fomento, un fortalecimiento, un reforzamiento en definitiva de la sanidad pública, del régimen general de la Seguridad Social. Por lo tanto, nuestra proposición no de ley no partía de la base de las dos opciones
sino de una, pero entendiendo que sería la única vía de llegar también a nuestro propósito aceptar la enmienda del Partido Popular, la aceptaríamos para llegar a ese consenso.



El señor PRESIDENTE: Se someterá a votación esta PNL en los términos de la enmienda del Grupo Popular.



- EN RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001902.)


El señor PRESIDENTE: Nos iríamos al cuarto punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a las competencias municipales en materia de desarrollo sostenible. Tendría la palabra por lo
tanto para su defensa su señor portavoz, don Juan Carlos Guerra.



El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En estos momento existe una gran preocupación -yo diría a nivel mundial pero especialmente en el mundo occidental- respecto del deterioro del medio ambiente, y las últimas declaraciones, por ejemplo, del primer
ministro británico, Tony Blair, son por decirlo de una manera un poco exagerada y entre comillas, escalofriantes, es decir qué vamos a dejar a la futura generación de nuestros hijos y nietos. Aquí por lo tanto estamos hablando de que tienen que ser
competencias del Estado, de las administraciones autonómicas, de las diputaciones y por supuesto de las corporaciones locales. Comoquiera que está en fase de proyecto la nueva Ley de Régimen Local, yo creo que es momento de recordar al Gobierno las
competencias en medio ambiente a nivel local. En la exposición de motivos, y no la reitero ni la leo porque la habrán leído sus señorías, damos todos los datos y las diferentes reuniones que ha habido a este respecto y la posición de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Quisiera aquí recordar, por ejemplo, el Libro Blanco para la reforma del Gobierno local, encargado por el Gobierno y presentado en julio de 2005, que destaca en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible
los siguientes aspectos. Primero, tras la introducción y el diagnóstico sobre los gobiernos locales y la conveniencia de que cualquier reforma debe estar inspirada en el acervo europeo en la materia, recogido en el conjunto de recomendaciones y
convenios del Consejo de Europa sobre la democracia local y especialmente en la Carta europea de autonomía local, la Comisión de expertos recomienda en su punto cuarto diseñar un mejor sistema de delimitación de las competencias municipales propias,
donde se especifiquen claramente, de acuerdo con su capacidad, las responsabilidades, de ordenación, etcétera. La nueva ley debe especificar qué parte de la materia de protección civil, de los servicios sociales o de la protección del medio
ambiente debe de ser competencia propia de los municipios. Ahora bien, de nada serviría el que nosotros hiciéramos unas recomendaciones para que en el proyecto de ley de régimen local se hiciera alusión a que parte de estas competencias deben de
ser para los organismos autónomos, diputaciones y ayuntamientos. Recordemos, por poner un ejemplo, ayuntamientos que están dando normas respecto de la circulación en los centros de las ciudades por la contaminación de los automóviles, etcétera.
Nosotros entendemos que este es un tema muy importante que tiene que estar recogido en la futura ley de régimen local. Se ha presentado aquí una enmienda del Grupo Socialista, la cual no vemos mal, pero no habla de la financiación, porque uno de
los problemas de nuestros ayuntamientos es que actualmente se están haciendo cargo de competencias para las que no tienen financiación ni las subvenciones correspondientes


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ni de las comunidades autónomas ni del Estado central. Si en estos momentos nosotros aprobamos que en la futura ley de régimen local se haga alusión concreta y se determine que las entidades locales tienen competencia en materia de medio
ambiente pero no decimos nada de la financiación, no sirve absolutamente nada más que para hacer una declaración retórica. Yo ya sé -y lo hemos oído en palabras del ministro- que se debe esperar a aprobar posteriormente una ley de financiación en
lo que respecta a los entes locales y que incluso no tendría inconveniente, en caso de que se llegara -ojalá- a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, a especificar un plazo de seis meses para que esta ley de financiación esté lista, pero
hay dos temas que son diferentes; una cosa es que, como nosotros propugnamos aquí, el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a que en la nueva redacción de la ley de gobierno de Administración local, que aprueba y presentan Las Cortes
Generales, se contemple un amplio abanico de competencias medioambientales a favor de los municipios, corporaciones provinciales e insulares, y otra su correspondiente financiación, sin determinar y concretar cuál va a ser esa financiación. Eso sí
es tema de la futura ley de financiación de las entidades locales, pero hay que recogerlo, a mi manera de ver, y no a nuestra manera de ver, sino a la manera de ver de todos los ayuntamientos de cualquier signo político con los que hemos tenido
reuniones, o con la Federación Española de Municipios y Provincias, que insisten en que se debe de hacer alusión a su correspondiente financiación. Los ayuntamientos españoles, además de las competencias que están ejerciendo, se hacen cargo de
competencias que no les corresponden directamente a ellos y con el coste correspondiente. Si ahora hacemos un proyecto de ley muy bonito en lo que respecta a las competencias medioambientales de las que se tendrán que hacer cargo los ayuntamientos,
sin hacer ninguna alusión a la financiación de los mismos, lo que estamos haciendo es reiterar un mal que tienen en estos momentos las haciendas locales.



En el Partido Popular, como partido municipalista que además entiende que la segunda transición en España debe de hacerse desde las entidades autonómicas hacia los ayuntamientos, no solamente en competencias sino fundamentalmente en la
financiación de los mismos, sintiéndolo mucho no podemos aceptar la enmienda del Grupo Socialista. Con el resto de la redacción no tenemos ningún inconveniente, pero hay que indicar su correspondiente financiación. No nos sirve que se diga que
esto quedará para una ley posterior de financiación a la Ley de régimen local. La ley de financiación posterior a la Ley de régimen local será una normativa ya muy concreta de cómo es esta financiación, pero hacer la declaración de que es
necesario, y máxime en este tema de medio ambiente, que es un tema costoso, hacer alusión a la necesidad de dejar que estas entidades municipales, corporaciones provinciales e insulares tengan su correspondiente financiación, sin el detalle, el cual
quedará sin duda -en eso coincidimos con el Grupo Socialista- en la ley de financiación posterior a la Ley de régimen local.



Por todo ello insistimos, creemos que a favor de los municipios, especialmente los municipios de más de 50.000 habitantes, que son los que tienen en general problemas con el medio ambiente y los problemas que en estos momentos acucian a
nuestra generación, creemos que se debería de aceptar y aprobar nuestra proposición no de ley para que la futura ley de régimen local no solamente acepte sino que recoja este tema del medio ambiente, las competencias de los entes locales y haga
alusión a la financiación de los mismos.



El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Catalán. Empezaríamos por el Grupo Socialista, si no les parece mal, porque el portavoz del Grupo Catalán no está y vamos a dar tiempo a que esté presente y
si no, daríamos por defendida su enmienda. Así que, si no le parece mal, toma la palabra la portavoz del Grupo Socialista.



La señora GARCÍA VALLS: Es por todos conocido que el desarrollo sostenible ha sido elevado a la categoría de principio informador de las políticas de la Unión Europea en materia de medio ambiente, tal y como se desprende del tenor literal
del artículo 37 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Junto a ello existe una amplia gama de instrumentos de carácter internacional que hacen referencia al mismo y que han sido ratificados y suscritos por España a lo largo de la última
década y que en la proposición no de ley de referencia aparecen claramente detallados.



Pues bien, todas estas circunstancias, como SS.SS. habrán comprobado, se han tomado en consideración a la hora de elaborar el anteproyecto de la ley básica del Gobierno y de la Administración local, introduciéndose numerosas previsiones
relacionadas tanto con el reiterado principio de desarrollo sostenible como en materia de medio ambiente. El principio de desarrollo sostenible se configura en la ley básica del Gobierno y de la Administración local como uno de los pilares
fundamentales en la regulación con carácter general de las competencias locales. Por primera vez se introduce en el derecho positivo local que el ejercicio y la atribución de competencias a las entidades locales se basa, entre otros principios como
los de la autonomía, suficiencia financiera y subsidiariedad, en el de sostenibilidad; en virtud del cual se establece en el artículo 28, en uno de sus apartados -y leo literal-, que las competencias locales deben ser ejercidas integrando las
exigencias de un desarrollo sostenible en el medio urbano, desde un punto de vista económico, social y medioambiental. Además, y por lo que se refiere a las competencias en materia de cooperación de las diputaciones provinciales, cabildos y
consejos insulares, se recoge expresamente y también por primera vez que dicha cooperación ha de ajustarse a una serie de principios, entre los que destaca el de sostenibilidad


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económica, social y medioambiental de los equipamientos, infraestructuras y servicios afectados, y esto se establece en el artículo 26. En cuanto a las competencias propias municipales contempladas en el artículo 22 del anteproyecto de ley
directamente vinculadas con el medio ambiente aparecen: la protección contra la contaminación acústica, la elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico, integrando objetivos de proyección medioambiental, la promoción turística sostenible
del territorio, la regulación y gestión del abastecimiento de agua potable a domicilio y tratamiento de aguas residuales, la regulación y gestión de los residuos urbanos en los términos de la normativa básica en materia de residuos, priorizando la
prevención, la reutilización y el reciclaje sobre otras modalidades de gestión. Por lo que respecta a los servicios obligatorios municipales previstos en el artículo 23 del anteproyecto, que deben crear los municipios para la garantía de la
igualdad de derechos de los ciudadanos y que están vinculados a la cláusula de Estado social contenida en el artículo 1.1.ª de la Constitución Española, aparecen los siguientes en materia medioambiental: en todos los municipios, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; en municipios con población superior a 5.000 habitantes, además de los expuestos, la gestión de residuos; y en municipios con
población superior a 50.000 habitantes, por último, la protección del medio ambiente. En último término, por lo que respecta a las competencias municipales reconocidas por las leyes estatales y autonómicas, a través de las cuales los municipios,
mediante su potestad normativa, elaborarán y ejecutarán sus políticas propias, se prevé expresamente en el artículo 24 la protección del medio ambiente. Una de las principales actividades en materia de medio ambiente es la relativa a la protección
del mismo, así como a la prevención de posibles ataques frente a él. En el texto del anteproyecto de ley se contienen dos importantes medidas dirigidas a su protección. La primera de ellas aparece contemplada en el artículo 22, en el que se fija
como competencia propia de los municipios la regulación y autorización del establecimiento de actividades económicas y empresariales en su territorio, para lo cual habrán de tenerse en cuenta obligatoriamente su impacto ambiental y la necesidad de
prevenir la contaminación. Con esta medida se pretende que en la autorización de superficies comerciales, fijación de actividades empresariales en el respectivo territorio, etcétera, se tomen en consideración obligatoriamente por los ayuntamientos
los aspectos indicados. La segunda medida de protección presenta mayor importancia en la medida que en el artículo 35 del anteproyecto se ha incorporado la posibilidad de que los municipios en defecto de normativa sectorial específica puedan
establecer en sus ordenanzas infracciones y sanciones, de acuerdo con los criterios de antijuridicidad expresamente previstos en cuanto a la protección del medio ambiente urbano.



Parece ser que desde el Partido Popular no habían leído con detenimiento el anteproyecto de ley y por ello plantean esta proposición, realmente no sabemos con qué intención. Pensamos desde mi grupo que lo deseable es que el anteproyecto de
ley tan importante para la Administración en general y para la local en particular pueda tramitarse cuanto antes y pueda convertirse en ley, porque efectivamente, como he señalado a lo largo de mi intervención, sí que hay una atribución de
competencias en materia de sostenibilidad y protección y preservación del medio ambiente de manera explícita. Y por ello apelamos al consenso y corresponsabilidad de todos los grupos parlamentarios, porque la importancia de esta norma lo exige y
así habíamos planteado la enmienda transaccional que hubiéramos esperado que fuera aceptada por el grupo proponente, pero que finalmente no va a ser así y que el portavoz del Partido Popular ha manifestado el compromiso del señor ministro en que
posteriormente se presentaría la correspondiente ley de financiación, como siempre se ha hecho. Además, el argumento de las competencias impropias que asumen los ayuntamientos en estos momentos yo creo que no sirve en esta cuestión, puesto que la
sostenibilidad y el medio ambiente serían competencias propias.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, para la defensa de una enmienda a la PNL relativa al desarrollo sostenible de los municipios, tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Con brevedad, nuestra enmienda es solo de adición.
No nos oponemos a esta proposición no de ley ni a ese incremento competencial que se sugiere en la misma, siempre que se haga en el marco de lo que son las propias
competencias que las comunidades autónomas tienen asumidas y, por tanto, queremos poner una adición de un texto al final, que entendemos que en nada empeora la proposición no de ley, sino que al contrario, la mejora, porque le da un pleno encaje en
lo que es la distribución competencial y el pleno respeto que deben tener en nuestro Estado las competencias que han asumido las comunidades autónomas en sus estatutos de autonomía. Por tanto, si se acepta esta adición por parte del grupo
proponente, nuestro voto será afirmativo.



El señor PRESIDENTE: Don Juan Carlos.



El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Por supuesto que aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, porque indudablemente las competencias de las comunidades autónomas y especialmente la de Cataluña en este tema se
deben de respetar absolutamente. Por lo tanto, la aceptamos plenamente.



En lo que respecta a la portavoz del Grupo Socialista, sí querría decirle que no me diga que no hemos leído el anteproyecto, porque aquí el problema es de financiación,


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señoría. Lo hemos leído, yo lo que no quiero ahora para no cansar a SS.SS.
es leer todos los artículos en los cuales se habla de competencias de medio ambiente por parte de los ayuntamientos pero no se habla de financiación, y reitero, no
me refiero al detalle de la financiación pero sí al principio, y esto es lo que quiere, por ejemplo, la Federación de Municipios y Provincias, que creo que la preside un alcalde socialista, y esta es la tesis de todos los ayuntamientos. Pero, en
fin, si ustedes quieren estar de espaldas a lo que pide el municipalismo en estos momentos a este respecto, pues háganlo. Por lo tanto, no aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Queda claro. Pasamos a la votación. Lo haremos por el orden originario, empezaríamos por la proposición no de ley 161/001013.
Como saben, aquí hay una propuesta transaccional entre el Grupo Mixto, el Grupo Popular y
el Grupo Socialista y someteríamos, por lo tanto, a votación esta enmienda transaccional que se ha pactado entre estros tres grupos. Si no hay ningún inconveniente, pasamos a votar esta primera proposición no de ley.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Punto 2, PNL 161/001014. En este caso hay también una enmienda transaccional que se acepta y por lo tanto votaríamos esta enmienda transaccional, presentada -si no recuerdo mal- por el Grupo Popular.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Tercera proposición no de ley. No se han aceptado las transaccionales propuestas, por lo tanto, se sometería a votación en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos la proposición no de ley que figura en el punto 4.º del orden del día en los términos que acabamos de discutir, teniendo en cuenta que la enmienda de Convergència I Unió ha sido aceptada por parte del Grupo Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se levanta la sesión.



Era la una y diez minutos de la tarde.