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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 710, de 21/11/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 710
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 21 de noviembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la adaptación del certificado de minusvalía al formato de tamaño carné. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001624.) ... (Página 2)
- Relativa a la promoción de la accesibilidad de las personas discapacitadas a los paradores nacionales de turismo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001664.) ...
- Por la que se insta al gobierno a que cualquier actuación de mejora de acceso a las costas y las playas lleve incorporadas todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a los discapacitados. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001925.) ... (Página 5)
- En relación al agravio económico comparativo de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001909.) ... (Página 7)
- Sobre medidas para que el transporte aéreo español cumpla la normativa de la Unión Europea en relación a las personas con discapacidad y movilidad reducida. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/001926.) ... (Página 10)
Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (Valcarce García), para informar sobre:
- Las medidas impulsadas por el gobierno para eliminar barreras en los edificios públicos. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001202.) ... (Página 13)
- Las medidas que se están impulsando para facilitar el empleo a las personas con discapacidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001203.) ... (Página 13)
- Actuaciones realizadas en los centros estatales de referencia. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001204.) ... (Página 13)
- Los convenios realizados en materia de accesibilidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/001205.) ... (Página 13)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DEL CERTIFICADO DE MINUSVALÍA AL FORMATO DE TAMAÑO CARNÉ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001624.)
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión. La previsión para votar las proposiciones no de ley es no antes de las doce. Previsiblemente a las doce iniciaremos la votación de las cinco proposiciones no de ley. Ahora vamos a entrar en su
consideración y debate.
En primer lugar, proposición no de ley relativa a la adaptación del certificado de minusvalía al formato de tamaño carné. Su autor es el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre tiene la palabra el señor Oreiro.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: La proposición no de ley que vamos a defender es una obviedad, es tan evidente que sería algo así como si uno de nosotros entrara en una oficina de una Administración Pública y se encontra todavía a un
administrativo delante de una Underwood en vez de una pantalla de un ordenador. En este momento, el certificado de minusvalía que se nos concede a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad es un documento que se expide con el objetivo de
dejar constancia del grado de minusvalía que padecemos y se reconoce por el mismo al titular el acceso a los servicios y prestaciones que se ponen a su disposición. El soporte en papel, DIN A4, a todas luces ha quedado obsoleto. Yo podría comentar
la anécdota de que en la última declaración de Hacienda me llamaron para acreditar mi condición de minusválido y tuve que llevar el certificado de minusvalía, que tiene, por cierto, treinta y tantos años y el papel ya es más color sepia que blanco y
está bastante deteriorado. Esto se resolvería incorporando las nuevas tecnologías y dotando a las personas con discapacidad de un certificado como la tarjeta Visa, la tarjeta Maestro, el NIF o el Documento Nacional de Identidad. En nuestra
proposición no de ley pedimos que por parte el Gobierno consensúe con las comunidades autónomas el establecimiento del nuevo formato tamaño carné, que necesariamente tendría que
incorporar una banda magnética en donde constaran todas las características de la persona discapacitada. Ello facilitaría de una forma más ágil, más efectiva, la relación con las administraciones y el acceso a los servicios que las personas
con discapacidad tienen en este momento.
Tengamos en cuenta que hay personas que necesitan sistemáticamente ayudas técnicas y tienen que acudir a distintas administraciones con la justificación de su minusvalía, lo que es ya una paradoja; es una paradoja que a mí o a un compañero,
en un ámbito de la Administración, nos pidan que acreditemos nuestra minusvalía, cuando la acreditación la llevamos puesta. De todos modos sería muchísimo más cómodo incorporar elementos técnicos que en este momento no se dan, en este momento vamos
con el papelito del certificado de minusvalía y nos parece una cosa bastante anacrónica. Por ello, y por la evidencia de esta necesidad, que probablemente no se haya planteado hasta ahora no sé por qué razón, nosotros solicitamos el apoyo, creo que
lo tendremos, de los demás grupos para que se lleve a cabo esta modificación. Pedimos asimismo que, de ser aprobada esta proposición no de ley, no se quede su ejecución en el cajón de los recuerdos sino que se realice a la mayor brevedad posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Nosotros, el Grupo Socialista, vamos a apoyar esta iniciativa. Entendemos que es actualizar un documento que realmente se viene manteniendo igual desde hace muchísimos años y no parece razonable con los avances que
en materia de nuevas tecnologías se han producido.
También tenemos que decirles que ya en el Real Decreto de 1999, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, se determinó, en el artículo 6, la responsabilidad en esta materia de las
comunidades autónomas en cuanto al reconocimiento del grado de minusvalía, y por lo tanto estas comunidades ejercen dicha competencia, así como la gestión de los expedientes, la valoración, el reconocimiento, el grado de minusvalía, con arreglo a
los principios que están contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, sobre el régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Por lo tanto, creo que es muy importante, y así se recoge también en la
proposición no de ley, la participación que deben tener las comunidades autónomas en este tema, puesto que, como queda claro, son competentes en esta materia.
Igualmente, con la finalidad de unificar esta valoración y calificación en todo el territorio del Estado, en 2001 se creó, mediante una orden ministerial, la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de
Minusvalía. Esa comisión ha estado trabajando y sigue trabajando porque realmente hubo una modificación del baremo; nosotros, en Andalucía, con ese peculiar sentido del humor que ustedes saben que tenemos, le llamamos el baremo de la virgen de
Lourdes, porque a veces entras con el 70 y sales con el 0 realmente es un baremo que hay que actualizar y en eso estamos. A raíz de la aprobación de la Ley para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia con
seguridad se actualizará el baremo y se regulará también el lenguaje, porque ahí seguimos hablando de minusvalía cuando ahora ya hablamos de personas con discapacidad y lógicamente la norma no puede ir detrás de la realidad y de las demandas. En
ese sentido, me parece interesante la proposición no de ley.
La especificación del tipo de minusvalía que se incorporó en una disposición adicional del Real Decreto de 1971/1999, en la que se establece que se haga constar en los certificados si la minusvalía es psíquica, física o sensorial, según
corresponda, me parece interesante, quizá habría que poner, en vez de psíquica, intelectual, pero habrá que estudiarlo también desde el punto de vista ético, habrá que estudiar hasta qué punto no invadimos un poco la intimidad si especificamos el
tipo de patología, habrá que ver hasta qué punto eso pueda convenir o no, ser o no adecuado que aparezca en un documento que puede estar al uso por muchas personas.
No obstante, a mí me parece bien como está planteado esto, me parece bien el apartado en el sentido de tener en cuenta a las comunidades autónomas competentes y actualizar el documento, que realmente se ha quedado absolutamente obsoleto.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro grupo? (Pausa.)
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS A LOS PARADORES NACIONALES DE TURISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001664.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley relativa a la promoción de la accesibilidad de las personas discapacitadas a los Paradores Nacionales de Turismo. Por el grupo
proponente tiene la palabra el señor González López.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: En la exposición de motivos de nuestra proposición no de ley se expresa claramente la situación actual de los paradores nacionales y el comparativo con los hoteles de la red nacional de cuatro y cinco estrellas. En
este estudio comparativo se ve cómo los paradores nacionales tienen una mayor complicación y menor accesibilidad en los distintos apartados de recepción, parking, habitaciones, salones de reuniones y convenciones, vuelvo a repetir, muy
inferior en los paradores con respecto a lo que son los hoteles de cuatro y cinco estrellas.
Por otra parte, a la hora de preparar esta proposición no de ley, navegando, que no naufragando, en Internet, en la página web de paradores nacionales se puede apreciar perfectamente este espíritu de no accesibilidad en la red de paradores
nacionales. En primer lugar, llama la atención la falta de información que existe sobre la accesibilidad en los distintos paradores, de los 91 paradores que se pueden encontrar en la página web, sólo 49 tienen el icono de accesibilidad, pero cuando
uno intenta abrir el link de este icono ve que tiene que llamar a ese parador para conocer la situación de accesibilidad. Esto, en principio, obliga a hacer una serie de llamadas para recibir una información que sería gratuita para cualquier
persona que no tuviera ningún tipo de limitación.
Por otra parte, los distintos apartados que existen en la página, Objetivos y estructura, Mirando hacia al mañana, Paradores, una empresa del siglo XXI, etcétera, hablan de la buena gestión, del incremento de la estancia media, del
incremento de la ocupación, de la gestión moderna que tienen los paradores, pero para nada se habla de sus objetivos con respecto a la accesibilidad, de la sensibilidad o de la facilidad para todas las personas que tengan algún tipo de limitación;
todo lo contrario, vuelvo a repetir, se obliga a estas personas a realizar llamadas y producir gastos simplemente para recibir la información.
Llama la atención muchas cosas en esa página. En la parte de la historia figura que en 1910 se le encarga al marqués de la Vega Inclán la creación de una red hostelera para excursionistas y para mejorar la imagen de España a nivel
internacional, que en el año 1926 se crea el primer parador en Sierra de Gredos, cómo el rey Alfonso XIII se ve interesado en inaugurar esta red y crear lo que sería la Junta de Paradores y Hosterías del Reino, pero la amnesia histórica, que no
memoria historica, hace que esta página web tenga un paréntesis y se olvide de quién fue, y por todos es conocido, el verdadero impulsor de los paradores, quien, de seis paradores que había en un momento, pasó a los 91 que se pueden encontrar en
estos momentos con acceso desde la página web, que fue el ministro Fraga Iribarne. Es curioso que exista esta amnesia histórica en un año tan importante de memoria histórica en el que debía recordarse, en el caso de los paradores, a quién se debe
realmente este impulso para no sólo crear una red hostelera sino conservar edificios importantes, edificios singulares, edificios que, si no se transformaran para este tipo de servicios, hoy serían edificios ruinosos.
Por otra parte, la página web habla mucho, vuelvo a repetir, de gestión empresarial y de mejoras económicas en la rentabilidad de los paradores, y como función estatal y responsabilidad precisamente de la Administración el objetivo debiera
ser no sólo que no den pérdidas, sino el cumplimiento de una serie de acuerdos como puede ser el Plan Estratégico de Paradores 2004-2008, en el que se incluía un plan de accesibilidad universal para paradores, con un plazo de 4 años, y que no está
incluido. Este acuerdo parte de un convenio con el Cermi de 2 de diciembre de 2002 y esta tendencia parece que se está frenando. Son 49 los paradores que tienen este símbolo de accesibilidad de los 91 y los dos puntos que proponemos en la
proposición no de ley, si son aceptados por todos los grupos, podrían precisamente favorecer esta idea de ocio accesible, de accesibilidad universal que se pretende en el turismo no sólo nacional sino también europeo según los planes que está
habiendo ahora en toda Europa, que no voy a mencionar.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su exposición y defensa tiene la palabra la señora Cedrés.
La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Señorías, respecto a esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular hoy en la Comisión, el Gobierno está ejecutando diversas acciones que voy a describir.
Para el período 2004-2008 se está implementando la línea estratégica de accesibilidad, concretada en el Plan de accesibilidad universal de paradores (PAUP), que persigue mejorar los niveles de acceso a los servicios que oferta paradores con
la finalidad de conseguir que sean aptos y satisfactorios para todos sus clientes, con independencia de las posibles limitaciones físicas o psíquicas que estos puedan presentar. El plan se divide en dos fases: en la primera de ellas, ejecutada en
2005, se sentaron las bases de actuación en materia de accesibilidad, se realizó un diagnóstico de la situación de los establecimientos y red de paradores y se diseñaron herramientas que permitieron evaluar a los paradores en este sentido. La
segunda fase, que está siendo objeto de ejecución actualmente, se implementa en dos vertientes: eliminación de las barreras ya existentes, que impiden a un sector de nuestra sociedad disfrutar plenamente de la actividad turística que ofertan
nuestros paradores, y, teniendo presente el diseño de nuevos productos y servicios, la accesibilidad para todos.
De las actuaciones que se están llevando a cabo actualmente cabe destacar las siguientes: a partir del diagnóstico efectuado en la primera fase, se ha consolidado un plan de inversiones que afectará a todos nuestros establecimientos, a
todos los paradores nacionales, en la medida indicada por un importe que asciende a 2.180.215 euros. Para ello se ha realizado un manual de accesibilidad de paradores en el que se encuentran incluidas las fichas técnicas para la correcta ejecución
de las distintas actuaciones. Las fichas de accesibilidad que se han realizado son: accesibilidad exterior, aparcamientos, como citaba el diputado del Partido Popular, accesos al parador, vestíbulo y recepción, comunicaciones horizontales, pasando
por aseos, áreas de restauración, salones, mobiliario, equipamiento, web accesible, accesibilidad a la información y a la comunicación, podría describirlas
todas pero creo que sería una enumeración larga. Si a alguien le interesa, está aquí a disposición.
Por otro lado, se ha realizado un informe de situación en profundidad en materia de accesibilidad de paradores con actuaciones integrales. Se está realizando una guía de accesibilidad de paradores que recogerá normas de comportamiento y
estilo para utilizar en los paradores en caso de que sean visitados por clientes con necesidades específicas. Se está trabajando en la identificación y comparación de la normativa legal autonómica existente en materia de accesibilidad para crear un
criterio envolvente aplicable a toda la red. Se ha creado un área de accesibilidad en la intranet corporativa de paradores nacionales para el acceso del personal a la información necesaria en esta materia, desde ejecución de obras, hasta convenios
con colectivos del sector. Se creó un comité de accesibilidad dentro de paradores para vigilar y llevar a cabo el proyecto. Se ha acometido ya un plan de acción en el área de restauración que contempla la creación de una oferta de carta que recoge
platos para los colectivos diabéticos, celíacos, vegetarianos, personas con problemas cardiovasculares, bebés, etcétera. Se está desarrollando un plan de formación en accesibilidad, destinado a sensibilizar y dar conocimiento específico sobre estos
colectivos al personal de paradores nacionales, que se inició en 2005 en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad.
La realización de las actuaciones previstas para el presente ejercicio situará los establecimientos de paradores a un nivel de accesibilidad básico que permitirá a las personas con movilidad reducida la entrada a los paradores, el acceso a
la habitación accesible, asegurando que esta y el cuarto de baño sean realmente accesibles, y su desplazamiento y acceso al restaurante, bar-cafetería y aseo común, si bien, ante establecimientos en los que no se puedan implantar medidas de mejoras
tradicionales por tratarse de edificios históricos, se deberán buscar ideas innovadoras, y en eso se está trabajando, que permitan conseguir el objetivo marcado. Con las acciones que se están realizando en la actualidad y las que se realizarán en
los próximos ejercicios sin duda se van a mejorar las condiciones de accesibilidad en toda la red de paradores nacionales. Asimismo, habrá una mayor comunicación sobre accesibilidad para que paradores pueda llegar a todo el público que lo solicite.
Por tanto, ya se están ejecutando las actuaciones necesarias, o parte de ellas, para lograr la plena accesibilidad en la red de paradores, y en este sentido se ha presentado una enmienda de sustitución, que ya estaba en registro y que se
conoce, que esperamos sea aceptada por el Grupo Popular o podamos llegar a un acuerdo a lo largo de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna otra intervención sobre este punto? (Pausa.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE CUALQUIER ACTUACIÓN DE MEJORA DE ACCESO A LAS COSTAS Y LAS PLAYAS LLEVE INCORPORADAS TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS DISCAPACITADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001925.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4ª del orden del día, dejando el 3ª como último. Este punto 4ª es una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que cualquier actuación de mejora de accesos a las costas y las playas
lleve incorporadas todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a los discapacitados. Por el grupo autor de la proposición tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, para los socialistas la discapacidad constituye una prioridad, ya lo dijo el presidente Rodríguez Zapatero cuando afirmó que el objetivo de este Gobierno era eliminar el déficit de ciudadanía al que están
sometidas las personas con discapacidad.
En nuestro país el 9 por ciento de la población, tres millones y medio de españoles, son personas con discapacidad, personas para las que el Gobierno está llevando a cabo importantes actuaciones de desarrollo legislativo para facilitar el
acceso al empleo pero también en materia de accesibilidad. Actualmente existen 844.000 españoles entre 6 y 64 años que tienen problemas de difícil desplazamiento, a los que hay que añadir otros 2.100.000 que tienen más de 65 años, de los cuales el
70 por ciento tienen idénticos problemas. Todas estas personas tienen que enfrentarse a diario con la existencia de barreras arquitectónicas, un problema que se intensifica en el caso de personas que necesitan en su desplazamiento silla de ruedas.
Además, hablamos de una cuestión que va a ir a más como consecuencia de que la población cada vez alcanza edades más altas. A los socialistas nos parece esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global en edificaciones,
urbanismo, transporte y comunicaciones, pero también mejorar la accesibilidad en materia de playas, porque, aunque a primera vista no lo parezca, lo cierto es que en ocasiones las playas, incluso las más despejadas y francas, resultan inaccesibles
para muchas personas, no solo para personas de movilidad reducida, como en principio se pudiera pensar, sino también para otros colectivos, como es el caso de la tercera edad. En este sentido nos parece importante trabajar para facilitar
alternativas a unos ciudadanos que tienen derecho a gozar del medio natural y de las posibilidades de ocio que rodean al mismo, en este caso concreto de las payas y del uso de una serie de servicios que existen a lo largo de nuestras costas.
El programa de accesibilidad a las playas se inició precisamente para dar satisfacción a una demanda importante de un colectivo significativo de usuarios de las playas y de las costas. Pretendía adecuar todos los sistemas de acceso y de
tránsito a lo largo de la costa española y habilitarlo para que los discapacitados también pudieran tener acceso y disfrute directo del borde del mar y en concreto de las playas. Se hizo un programa de choque para intentar dotar a las principales
playas y a las zonas de costa más concurridas de los sistemas más apropiados de accesibilidad. Esto supuso un programa de unos 24 millones de euros que se comenzó en 2002. Hasta este momento lo que hay realizado, lo que ya se está ejecutando en
estos programas específicos en esta operación de choque para la accesibilidad a las playas es algo más de 16 millones de euros. Según los datos aportados por el director general de Costas en esta misma Comisión hace algunos meses, hay además otros
3 millones de euros para este año, con lo cual, al final de 2006, entre lo que ya está ejecutado y lo que está contratado, estaremos hablando de 19 unos millones de euros de ejecución en este programa. En este sentido, en una respuesta
parlamentaria de la Dirección General de Costas se señalaba que desde marzo de 2004 hasta la fecha se han llevado a cabo actuaciones para mejorar la accesibilidad en playas en 20 provincias españolas: Alicante, Almería, Cádiz, Málaga, Asturias,
Baleares, Las Palmas, Santander, Castellón, Barcelona, A Coruña, Girona, Granada, Guipúzcoa, Lugo, Pontevedra, Murcia, Tarragona, Tenerife y Valencia.
Yo quisiera hacer alusión a mi provincia, Málaga. Los malagueños con discapacidad representan el 9,4 por ciento de la población, además hay que tener en cuenta la importancia turística de la Costa del Sol durante la temporada veraniega en
nuestra provincia, que recibe cientos de miles de visitantes durante esas fechas. En esta legislatura se ha actuado en 10 municipios costeros en materia de accesibilidad de playas: Manilva, Estepona, Marbella, Mijas, Benalmádena, Torremolinos,
Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja.
Esta política me consta que va a continuar con este Gobierno. El Ministerio de Medio Ambiente tiene en tramitación 11,5 millones de euros a nivel nacional, al final todo el programa tendrá una inversión de unos 30 millones, elevándose la
cifra prevista inicialmente por el anterior Gobierno. Estas cifras son solamente lo que se puede denominar la operación de choque, impulsándose en las playas la creación de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad, rampas de
acceso a las playas, pasarelas sobre pilote, itinerarios de madera sobre la arena módulos de aseo y ducha adaptada. Esto, desde nuestro punto de vista, es mejorar la accesibilidad a las playas a las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Pero lo más importante no es esto, lo más importante es que a través de este programa se ha producido una dotación de una serie de elementos que ya se introducen de manera sistemática en todos los pliegos de condiciones de los proyectos de
remodelación de los frentes marítimos urbanos y también de los senderos y de los itinerarios naturales a lo largo de la costa, de tal forma que este tipo de intervenciones no aparecerán de una forma separada o identificada claramente en el
presupuesto sino que ya formarán parte de manera inseparable, de una manera inherente, de cualquier actuación que se tenga que llevar a cabo en la costa. Cualquier actuación en la costa en este momento ya contempla la incorporación de determinados
elementos que permitan la accesibilidad total a las zonas de costa, y aquellos itinerarios y senderos naturales en los que es más complicado actuar precisamente por las dificultades orográficas del terreno, si bien no se pueden seguir al cien por
cien, en la mayor medida posible se están atendiendo los requerimientos de estas personas para que también puedan tener acceso y disfruten de la costa a lo largo de todo el perímetro de España.
También la Dirección General de Costas está trabajando con asociaciones de personas con discapacidad para estudiar y desarrollar programas y proyectos concretos que permitan los baños a estas personas a través de sillas o elementos
especiales que faciliten la entrada y salida del agua en condiciones adecuadas. Es un programa en el que realmente se ha avanzado; se ha avanzado primero en el acceso a las zonas de playa y al agua y, queremos insistir, también con actuaciones más
de desarrollo, más de investigación de elementos que permitan resolver adecuadamente la entrada y salida del agua de las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Y termino. En este contexto nos parece importante instar al Gobierno, a pesar de que está realizando numerosas actuaciones, a que cualquier actuación de mejora de acceso a las costas y a las playas lleve incorporadas todas las medidas
necesarias para facilitar el acceso a las personas con discapacidad, por eso presentamos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martín Soledad.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de mi grupo con relación a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, y quiero empezar recordando lo que parece una
obviedad, el artículo 49 de la Constitución Española, donde se establece como uno de los principios que han de regir la política social y económica de los poderes públicos el de llevar a cabo una política de integración de las personas con
discapacidad, amparándolas especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos. En consonancia con este artículo de la Constitución se ha hecho una distinta actividad normativa; resumiendo, a nivel estatal
hablaríamos de la Ley de integración social de los minusválidos, hablaríamos de la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que prácticamente finaliza el año 2004 con la presentación del Plan Nacional de Accesibilidad. Por lo tanto, y quiero referirme a la intervención que ha hecho el señor Oreiro,
estamos discutiendo obviedades; es decir, el Gobierno hace aquello que tiene que hacer, es un poco triste que el Congreso de los Diputados tenga que instar al Gobierno a que haga aquello que tiene que hacer.
Y a nivel de comunidades autónomas nos encontramos con que incluso desde antes del año 2002, cuando se hace el plan de choque de un gobierno del Partido Popular, ya se habían hecho distintas actuaciones en costa. Yo soy de una comunidad
autónoma como Baleares, donde podemos presumir de haber hecho grandes actuaciones en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Pues bien, fijado el marco normativo al que se refiere la proposición no de ley del Grupo Socialista, por supuesto que vamos a apoyar esta y cualquiera de las iniciativas que contribuyan a mejorar la accesibilidad, la calidad de vida y, no
nos olvidemos, los derechos de la población, de ese 9,4 por ciento, casi un 10 por ciento de personas con problemas de discapacidad.
Estamos a día 21 de noviembre del año 2006, y perdóneme, señor Heredia, que me refiera a esa inquietud manifestada efectivamente por el presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, el día del debate de investidura, cuando hablaba de
la prioridad que supondrían las políticas con relación al tema de la discapacidad. Permítame también que formule una queja, la ética y la estética tienen que ir parejas, y habiendo tomado el Parlamento español la decisión, una decisión pionera en
Europa, de la creación de esta propia Comisión para el estudio de la discapacidad, no hemos podido gozar en dos años y ocho meses de la presencia del responsable ministerial del colectivo de personas con discapacidad. Todas las políticas
relacionadas con la discapacidad tienen que ser lideradas, no basta con reflejar sobre papeles, sobre planes, sobre leyes, todas aquellas dificultades en el funcionamiento íntimo, en el funcionamiento normal de las personas con discapacidad.
Acabamos de ver una proposición no de ley sobre una obviedad importante, como es que el reconocimiento del grado de discapacidad se está dando en un papel tamaño DIN A4 que al cabo de, más o menos, dos meses de estar doblado, dado que no se puede
guardar en una carpeta de plástico, acaba totalmente roto, y hacer reproducciones del documento suele ser bastante complicado.
Yo creo, desde mi posición de haber trabajado en el sector de la discapacidad y haber pertenecido en la legislatura pasada a la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, donde se trataban estos temas, y actualmente, en esta legislatura, a la
Comisión de la Discapacidad, que todos tendríamos que ponernos un poco de acuerdo, por encima de las posiciones políticas que mantengamos. Queremos un liderazgo de las políticas de integración de las personas con discapacidad, queremos que la
sociedad visualice que hay un liderazgo político, las grandes palabras, los grandes planes, las grandes leyes, por regla general son mal visualizadas por la sociedad como no vean al referente político que tenga que llevarlas a la práctica. Por lo
tanto, y ciñéndome al contenido de la proposición no de ley, sí que vamos a apoyarla, como hemos hecho siempre y como seguiremos haciendo, pero, por favor, sí que me gustaría que contribuyeran en la medida de lo que cabe a que el responsable
político de las políticas que afectan al colectivo de personas con discapacidad pueda ser visualizado en esta Comisión antes de la finalización de la legislatura.
- EN RELACIÓN AL AGRAVIO ECONÓMICO COMPARATIVO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001909.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a considerar la proposición no de ley que se contempla en el punto 3 del orden del día, en relación al agravio económico comparativo de las personas con discapacidad, de la que es autor el Grupo
Parlamentario Catalán. En su nombre tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, Convergència i Unió plantea a través de esta proposición no de ley la necesidad de que el Gobierno del Estado proceda a un estudio sobre el agravio económico comparativo que origina la discapacidad,
una iniciativa que planteamos inspirándonos en un reciente estudio del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona, de una mayoría política diferente a la que mi grupo representa, que ha realizado precisamente un
estudio sobre ese agravio comparativo de las personas con discapacidad en la ciudad de Barcelona.
El estudio del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad constituye un excelente referente precisamente al analizar los costes que comporta esa discapacidad en relación a los costes económicos que una persona normal, que no padece una
discapacidad, tiene en su vida habitual. Ese estudio económico determina que el valor medio del sobrecoste de esa persona con discapacidad en Barcelona se sitúa en los 27.398 euros anuales, tener una discapacidad implica que tu coste de vida se
acerque a 28.000 euros anuales, afectando, por tanto, a la capacidad real de esa persona con discapacidad de vivir una vida con plenitud.
Ese estudio analiza las diversas realidades de la discapacidad -la física, la intelectual, la auditiva, la visual y también la enfermedad mental- e incorpora y considera toda una serie de costes que permiten determinar efectivamente ese
sobrecoste: los costes de atención personal, los cortes de oportunidad de las personas con discapacidad y sus familias desde la perspectiva de las
horas de atención, los costes añadidos al hecho de estar discapacitado, las oportunidades de empleo, las oportunidades de sus familiares de dedicarse o no dedicarse a una actividad laboral, las necesidades de apoyo en su entorno más
inmediato, y todo ello de acuerdo con esa tipología de la discapacidad y de esas necesidades añadidas para su vida diaria. El estudio también tiene en cuenta las prestaciones, ayudas y deducciones de carácter fiscal que las diversas
administraciones públicas han ido desarrollando a lo largo de estos años precisamente para paliar esa falta de oportunidades de las personas con discapacidad, y el estudio concluye, lógicamente, con que ese conjunto de prestaciones, ayudas y
deducciones de carácter fiscal son insuficientes para compensar estos costes añadidos de las personas con discapacidad. El estudio destaca igualmente que para determinados colectivos -las personas con discapacidad intelectual, las personas que
padecen una enfermedad mental, las personas con discapacidad física especialmente agravada-esos costes son superiores que para el resto de las personas con discapacidad, y además indica de una manera muy específica que existe también un sobrecoste
añadido para las mujeres que padecen discapacidad, que a menudo continúan ocupándose de tareas del hogar y que lógicamente, como sucede en otros ámbitos de nuestra vida económica y social, perciben salarios menores respecto a hombres que padecen
algún tipo de discapacidad. Todo ello, insisto, son los parámetros con los que ese estudio del Ayuntamiento de Barcelona permite ubicar esa referencia de cerca de 28.000 euros como coste de agravio comparativo que padece una persona con
discapacidad. Nos parecía que era interesante que este planteamiento que se hizo en la ciudad de Barcelona lo trasladásemos al conjunto del Estado, teniendo en cuenta evidentemente también las distintas realidades socioeconómicas de cada comunidad
autónoma, porque estamos convencidos de que estos costes económicos pueden ser diferentes si se vive en una gran urbe como Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao o Valencia, a si se vive en un pueblo de dimensiones más reducidas.
Planteamos un estudio
de ámbito estatal impulsado desde el Gobierno que tenga en cuenta esas diversas realidades socioeconómicas y pretendemos que ese estudio nos sirva para orientar en un salto hacia delante nuestras políticas sobre discapacidad. Desde la conciencia
política, pública y social de ese agravio comparativo, demos un salto hacia delante en nuestras políticas de creación de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de plena incorporación de las personas con discapacidad a la vida en el
conjunto de nuestra sociedad. Esa es la pretensión de Convergència i Unió con esta proposición no de ley.
A esta proposición no de ley ha planteado el Grupo Popular una enmienda que es razonable, cuestión de fondo comparte mi grupo. La enmienda pretende ligar a ese estudio la puesta en marcha de medidas concretas, pero a nuestro grupo le parece
prudente que hoy aprobemos la elaboración de ese estudio por parte del Gobierno, para que cuando conozcamos su contenido y de las cifras que se nos den, podamos discutir precisamente qué medidas se deben impulsar para hacer frente a este sobrecoste
que padecen las personas con discapacidad en su vida cotidiana y las reclamemos al gobierno. Mi grupo no podrá aceptar esa enmienda del Grupo Popular, aunque agradece que se haya planteado y comparte la preocupación de fondo, que es la siguiente:
este estudio no puede quedar simplemente como una demostración de lo que todos, poco o mucho, intuimos, debe ser un elemento que nos permita objetivar cuál es el problema y ha de servir de referencia ante la opinión pública para dimensionar la
cuestión de la que estamos hablando y de la que lógicamente se deben derivar políticas concretas a desarrollar por parte de las administraciones públicas.
Espero contar también con el apoyo del Grupo Popular en esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley, como se ha dicho, tiene planteada una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su exposición y defensa en este debate, tiene la palabra la señora González Gutiérrez.
La señora GONZÁLEZ GUITIÉRREZ: Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Popular, trataré de explicar nuestra posición ante esta proposición no de ley y el porqué de nuestra enmienda.
Se pone de manifiesto por el portavoz de Convergència i Unió que esta iniciativa surge a partir del estudio del agravio comparativo económico de las personas con discapacidad presentado por el Ayuntamiento de Barcelona. Comprobamos,
señorías, cómo se muestra claramente la necesidad de promover estrategias de investigación con la voluntad de abrir espacios del conocimiento innovador en cuanto a la realidad cotidiana de personas con discapacidad. Por ello, en aras de conseguir
los fines que determina esta investigación, el Grupo Popular propone una enmienda que creemos sinceramente va a contribuir a cumplir las conclusiones que determina este estudio y sobre todo contribuirá a ver cumplidas las expectativas de muchas
personas que padecen discapacidad. Hemos revisado minuciosamente el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Barcelona a propuestas formuladas por los representantes de las personas con discapacidad que claramente sabían, o al menos intuían, cuáles
iban a ser las conclusiones de estos trabajos. Convendrán conmigo, señorías, en que los resultados obtenidos en este estudio no van a ser muy diferentes a los que se obtengan en todo el territorio nacional, estamos convencidos de que las personas
con discapacidad padecen los mismos agravios económicos en Barcelona, en Madrid o en Cáceres. La petición de esta proposición no de ley ya tiene un buen trecho recorrido, desde luego no está de más incidir, procurar matices, distintas perspectivas,
una mayor amplitud de datos, sobre todo del medio rural y de las diferencias de nuestras comunidades autónomas, pero, señorías, no podemos
conformarnos con realizar este estudio que digo tiene gran importancia, debemos seguir avanzando, conseguir resultados que sean valiosos y promuevan fortalecer las políticas de igualdad y autonomía de las personas con discapacidad.
No hay duda de que el colectivo al que hacemos referencia sufre agravios, como muy bien explica el portavoz de Convergència i Unió, en relación con la población sin discapacidad, y digo población sin discapacidad, me permitan, señorías,
entre comillas. Tampoco hay dudas que los sucesivos gobiernos han promovido políticas que acortan distancias, han procurado que donde hay una herida solo quede una cicatriz. El Gobierno del Partido Popular puso en marcha dos planes de empleo,
aprobó bonificaciones, hubo dos reformas fiscales del IRPF, etcétera, pero esto no va a conseguir llevarnos a la autocomplacencia, no es bueno, si se quiere continuar un largo camino, no es buena la autocomplacencia. No podemos dejar de hacer un
esfuerzo cada día para intentar paliar la situación injusta de las personas con discapacidad, que comprueban día a día que esta situación, además de injusta, como he dicho, es cara. Por tanto, debemos medir con justicia la repercusión de todos los
factores en términos económicos y sociales que afectan a las personas con discapacidad teniendo en cuenta cuál es su discapacidad y lo que conlleva.
Como conclusión señalamos, como ya ha hecho el portavoz de Convergència i Unió, que una persona con discapacidad soporta una media de 27.398 euros más al año que otra que no la tenga, aparte de los costes de oportunidad y otros que no se
pueden cuantificar a nivel económico, una situación, señorías, que exige la puesta en marcha de políticas efectivas para poder reducir esta diferencia lo máximo posible y en el menor tiempo posible.
Este es el espíritu de nuestra enmienda. Por
tanto, pensamos que esta iniciativa, muy bien expuesta y defendida por su portavoz, exige un compromiso más, un compromiso más que consideramos importante, importante no para el Grupo Popular, importante para las personas con discapacidad.
Creemos
sinceramente que esta Comisión tiene una responsabilidad especial, muy especial y por ello, señorías, solicitamos sea aceptada esta enmienda. No obstante, anunciamos ya nuestro voto favorable a la proposición no de ley apoyando de nuevo todo lo que
signifique un avance, con la absoluta seguridad de que cada minuto dedicado a mejorar la vida de las personas que padecen una discapacidad es un minuto ganado en nuestras vidas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, me toca a mí defender la posición de mi grupo, pero me van a permitir que, antes de establecerla, haga una pequeña introducción.
Como bien ustedes saben, las políticas de apoyo a las personas con discapacidad se enmarcan en el ámbito de la asistencia social, cuya competencia es de las comunidades autónomas. Así lo establece el artículo 148.1.20 de la Constitución,
que atribuye a las comunidades autónomas las competencias exclusivas en esta materia. Les recuerdo a SS.SS. las discusiones que recientemente hemos tenido aquí sobre la competencia o no competencia en la discusión de la ley de la autonomía
personal y atención a la dependencia. Sin embargo nosotros estimamos que, si bien es cierto que las competencias en políticas sociales son de las comunidades autónomas, también el artículo 149.1 de la Constitución permite al Estado el desarrollo de
ciertas políticas que igualen; por ejemplo, en la protección de las personas con discapacidad el Estado participa como garante del nivel único igual a todo el territorio nacional a través de políticas fiscales, de empleo, familiares, políticas de
asistencia social y prestaciones directas a la Seguridad Social. En este esquema competencial se desenvuelve y se desarrolla la ley de autonomía personal y atención a la dependencia, garantizando un mínimo de protección definido, garantizando
financieramente el Estado ese mínimo; y luego hay un segundo nivel cooperativo con las comunidades autónomas y, cómo no, se permite un tercer nivel a las comunidades autónomas que quieran desarrollarlo.
La proposición que hoy nos trae CiU aquí y que ha presentado para que se elabore un estudio de ámbito estatal sobre el agravio económico comparativo que origina la discapacidad a las personas que la padecen, y teniendo en cuenta las
distintas modalidades de discapacidades y las realidades socioeconómicas de las distintas comunidades autónomas para luego orientar mejor las políticas, es una propuesta adecuada y es además oportuna en el momento. Como bien decía su portavoz, su
origen o su idea parte del estudio realizado por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona y sería un paso adelante de verdad tomar conciencia de lo que supone para una persona con discapacidad el día a día y
su coste. Por eso el estudio es oportuno y lógicamente daremos nuestro voto afirmativo a esta proposición no de ley.
Además luego, cuando tengamos el estudio, veremos qué medidas hemos de tomar posteriores; lógicamente el estudio nos dará una
situación, una realidad que unos intuimos y que otros ya conocen y padecen todos los días, pero una vez tengamos esa situación, ya tomaremos las oportunas medidas.
Por eso, repito, es acertado, mi grupo así lo entiende, es oportuno, porque que la elaboración de este estudio va a ayudar a que seamos conscientes los que no padecemos ninguna discapacidad de la diferencia de vida y de coste de vida que
tiene un discapacitado con respecto a nosotros. Por lo tanto, vamos a votar afirmativamente la iniciativa y felicitamos al grupo proponente por haberla traído.
- SOBRE MEDIDAS PARA QUE EL TRANSPORTE AÉREO ESPAÑOL CUMPLA LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001926.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a considerar el 5.º punto del orden del día, que es proposición no de ley sobre medidas para que el transporte aéreo español cumpla la normativa de la Unión Europea con relación a las personas con
discapacidad y movilidad reducida. Por el grupo autor, que es el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pin.
La señora PIN ARBOLEDAS: En esta Comisión somos perfectamente conscientes de la existencia de una franja importante de población española que sufre problemas de discapacidad o de movilidad reducida, bien sea por motivos de incapacidad
física, sensorial o motores, por deficiencias intelectuales, por la edad, por enfermedad o por cualquier otra causa.
También somos conscientes de que el Gobierno socialista ha aprobado una importantísima ley de autonomía personal que va a suponer
un giro fundamental en la consideración de esa autonomía como un derecho, y por lo tanto, en la obligación de su reconocimiento real y efectivo por parte de todas las administraciones públicas. Igualmente somos conscientes de que ese derecho a la
autonomía y a la movilidad tiene muchos aspectos prácticos que han estado abandonados durante mucho tiempo, de los que vamos tomando conciencia poco a poco y sobre los que hemos de legislar, para que esos reconocimientos no queden en meras palabras
sino que se realicen de verdad en todos los aspectos de la vida de esas personas.
Uno de esos numerosos campos de aplicación es el del transporte aéreo. No necesito recordarles cómo ese medio de transporte se ha extendido en nuestra sociedad y cómo forma parte de la vida cotidiana de muchos y muchas de nuestros
ciudadanos y ciudadanas, bien sea en sus relaciones laborales, empresariales, familiares o lúdicas, pero también sabemos que con frecuencia un aeropuerto, un vuelo, puede suponer un aspecto inhóspito -nos ocurre también a nosotros, pero más a las
personas de movilidad reducida por su distancia o por la complejidad de las instrucciones que emiten-, y cómo esas dificultades pueden ser insalvables para muchas personas, cómo pueden llegar incluso a ser rechazadas por las compañías aéreas y cómo
pueden impedirles usar un medio de transporte eficaz en condiciones de igualdad con respecto a las personas usuarias.
La conciencia de toda esta situación se ha vivido intensamente en la Comisión de las Comunidades Europeas ante las informaciones que constaban de las dificultades existentes en muchos países de la Unión, en las notables diferencias de
tratamiento de esas situaciones y en la necesidad de ser coherentes con nuestro concepto de ciudadanía europea y de lucha contra la discriminación del tipo que sea. Por eso se ha llegado a aprobar el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo y conviene subrayar alguno de los principios aprobados en ese reglamento.
Por ejemplo, se prohíbe absolutamente la denegación del transporte a estas personas excepto
por los motivos de seguridad que se recogen en el mismo reglamento o en otros textos legales. Se les reconoce a esas personas el derecho a que se les preste asistencia para satisfacer sus necesidades particulares, tanto en los aeropuertos como a
bordo de las aeronaves, y se reconoce que esa asistencia ha de ser gratuita para el usuario. La asistencia en los aeropuertos se determina que sea prestada por la entidad gestora de esos aeropuertos y que se financie por cada una de las compañías
usuarias de cada aeropuerto con la imposición de un canon proporcional al número de pasajeros que transporte, y finalmente, se requiere a las compañías aéreas que presten determinados tipos de asistencia a bordo de sus aeronaves. Por supuesto, en
el reglamento se concretan muchos de estos aspectos y se determina de una manera clara y transparente que las obligaciones para con las personas de movilidad reducida que se establece en el presente reglamento no podrán limitarse ni derogarse.
Todas estas reflexiones se encuentran perfectamente concretadas en este reglamento y se resumen magníficamente en el anexo 1, que enumera la asistencia que ha de ser prestada por las entidades gestoras de los aeropuertos, y en el anexo 2, que
enumera la asistencia que ha de ser prestada por las compañías aéreas a bordo de sus aeronaves.
Por otra parte, el Gobierno actualmente se encuentra en fase de elaboración del proyecto del real decreto por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad y en el que se contempla también el transporte aéreo, teniendo en cuenta, como no puede ser de otra manera, la normativa comunitaria, de lo que puede ofrecer cumplida información el Ministerio de Fomento.
Hay que señalar que la Oficina Permanente Especializada, la OPE, del Consejo Nacional de Discapacidad, entre varias recomendaciones que dirigió para su consideración al pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad, celebrado el 26 de julio de 2006,
recogía la siguiente con destino al Ministerio de Fomento: Primero, la creación de campañas informativas para que las personas con discapacidad o movilidad reducida conozcan cuáles son sus derechos en los embarques, transportes, reservas y
adquisición de billetes; segundo, conocer las vías de reclamación que las personas con discapacidad o movilidad reducida pueden utilizar, y tercero, las personas con discapacidad o movilidad reducida reciban en un formato accesible las causas de la
denegación del embarque, transporte, reserva o adquisición de billetes.
Por todo lo expuesto resulta evidente que la acción del Gobierno, del Gobierno socialista, y sus proyectos sobre el tema son en todo coincidentes con el contenido
de la iniciativa que presento, y esto justifica el contenido literal de esta proposición no de ley: En primer lugar, dentro del contexto de la preocupación del Gobierno para la edificación del cuarto pilar del Estado del bienestar, pedimos
que se impulsen campañas de información en todo el Estado de esos derechos que se reconocen en el reglamento comunitario a todas las personas con movilidad reducida o con discapacidad para que lo conozcan y puedan reclamarlos. En segundo lugar,
queremos que por parte del Gobierno se tomen todas las medidas necesarias durante el año 2007 para que en todos los aeropuertos españoles y por todos los operadores se garanticen los contenidos de esos derechos reconocidos a esas personas con
movilidad reducida, sea por la causa que sea, para que puedan gozar de una manera gratuita, universal, de su derecho a viaje aéreo, y para que todas las personas que vuelen desde el espacio europeo gocen igualmente de estos derechos.
Estoy segura, señorías, de que este Gobierno, el Gobierno Socialista, asumirá con todo entusiasmo y con toda eficacia esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley existe una enmienda planteada por parte del Grupo Parlamentario Popular y para su exposición y defensa tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Señorías, forma parte de los principios ideológicos fundamentales de este grupo parlamentario conseguir que las personas con discapacidad obtengan y consigan una libertad de circulación absoluta, una libertad de
elección, la no discriminación y una obligación por parte de las administraciones públicas y de los poderes públicos de eliminar todos los obstáculos que impidan una accesibilidad absoluta a los entornos sociales. Por tanto, queremos dar la
bienvenida desde este grupo parlamentario a esta iniciativa que trae el Grupo Socialista, fundamentalmente porque ha sido el Grupo Popular el que en este Congreso de los Diputados continuamente ha formulado propuestas acerca del transporte público,
transporte aéreo y los discapacitados. Precisamente unas preguntas que este grupo, y en este caso este diputado, presentó el 6 de octubre de 2005 sobre este tenor, fueron respondidas por el Gobierno en enero del año 2006, y esta respuesta que
recibí en enero no hace más que contradecir y hablar de ineficiencia por parte del Gobierno, y voy a explicarlo.
En la proposición no de ley que nos formula el Partido Socialista, en el punto número 1 del petitum se habla de impulsar la realización de campañas de información sobre los derechos que tienen las personas con movilidad reducida o
discapacidad en relación con esta cuestión. Bien, pues en la respuesta que el Gobierno me da en enero del año 2006, insisto, se dice, y lo voy a leer literalmente: Los aeropuertos, por su parte, harán publicidad de forma visible de los servicios
que prestan a los pasajeros con movilidad reducida. Cada aeropuerto se ha comprometido en protocolo sobre atención a las necesidades de las personas con movilidad reducida.
Por lo tanto, damos la bienvenida al Partido Socialista, entendemos que es una asunción de ineficacia y de mala gestión en ese sentido, y bueno, les invitamos y estamos de acuerdo con que se impulsen este tipo de medidas.
Por otro lado, en la última sesión de esta Comisión, la celebrada el pasado 3 de octubre, este diputado, en torno a una proposición no de ley que presentaba el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya- Verds, relacionada con el
transporte público, que en este caso era sobre Renfe, en su intervención aludió a los problemas que surgen a los discapacitados fundamentalmente de las islas, de Canarias y de Baleares, y a los de Ceuta y Melilla, puesto que para el transporte
público hacia la Península pues su principal medio de transporte, insisto, es el aéreo.
Entonces formulamos una enmienda, que fue asumida por todos los grupos, en la que se instaba al Gobierno a contemplar las peculiaridades de las islas Baleares,
de las islas Canarias y de Ceuta o Melilla, con el fin de que se consiguiera la accesibilidad fundamentalmente en los aeropuertos, o sea, que se ve entonces, o por lo menos yo intuyo, que ha traído consecuencias la enmienda que se presentó y por eso
el Grupo Socialista trae aquí hoy esta proposición no de ley que aplaudimos.
Este diputado quiere dar las gracias al Partido Socialista porque parece ser que se arrogan o van a luchar por un principio decimonónico que viene formulado en las famosas constituciones liberales del siglo XIX y que es un pilar fundamental
de los derechos fundamentales de hoy en día, que es el principio de legalidad, por el cual la ley queda por encima de todos.
Digo esto porque en la segunda parte del petitum se habla de estudiar la marcha de todos los mecanismos necesarios para que
el transporte aéreo español pueda cumplir la normativa de la Unión Europea. Es decir, parece ser que el Partido Socialista Obrero Español nos solicita a la Comisión que apoyemos que la ley se cumpla, entonces les felicitamos de nuevo, creemos que
el derecho originario hay que cumplirlo, efectivamente, como ya establece incluso el reglamento al que se alude en su considerando número 15, que leo textualmente: Los Estados miembros deben supervisar y asegurar el cumplimiento del presente
reglamento y designar al organismo responsable del control del mismo. Por lo tanto, el Grupo Socialista en el segundo punto nos incita a que cumplamos la ley. Pues bueno, pues sí, estamos de acuerdo en que el reglamento hay que cumplirlo, porque
es derecho originario y hay que cumplirlo.
Nosotros hemos presentado una enmienda de adición, un punto número 3, que leo textualmente para que conste en el 'Diario de Sesiones'. Pedimos que se remita a esta Cámara un informe anual sobre la evaluación del cumplimiento de la normativa
europea en relación con la accesibilidad de las personas con discapacidad en el
transporte aéreo realizado por el organismo competente y contando con los representantes autorizados de las asociaciones representativas de las personas con discapacidad.
Este grupo parlamentario entiende que hay que trabajar con los movimientos sociales, que debemos ir de la mano de asociaciones y cooperar con ellas para alcanzar de esa manera el objetivo que todo poder público en el área de la discapacidad
debe tener, que es el de conseguir una vida independiente para todos los discapacitados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, a los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda planteada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Pin.
La señora PIN ARBOLEDAS: Reconozco al portavoz del Grupo Popular su esfuerzo y su inquietud por todos los temas de discapacidad, porque he podido comprobar en los 'Diarios de Sesiones' las preguntas que ha realizado al Gobierno. He de
decirle que no vamos a aceptar la enmienda por dos razones. Una es porque efectivamente el ministerio en estos momentos está elaborando el proyecto de un real decreto en el cual contemplará lo que ellos piden, y otra, porque la Oficina Permanente
Especializada, la OPE, del Consejo Nacional de Discapacidad es la que está en estos momentos realizando ese cometido que ellos piden.
Aprovecho, que se me ha olvidado antes, para dar las gracias al Cermi, sobre todo al Cermi de mi comunidad, la
Comunidad Valenciana, con el cual he trabajado esta iniciativa, y al que desde aquí, desde la Comisión, le quiero agradecer el esfuerzo que he realizado con ellos.
El señor PRESIDENTE: Permítanme antes de proceder a una breve suspensión de la reunión de la Comisión, que trate tres rápidos aspectos.
El primero, para fijar exactamente las condiciones de votación de las proposiciones no de ley con relación a las tres enmiendas planteadas a tres proposiciones no de ley, concretamente a las números 2, 3 y 5 del orden del día. Con respecto
a la número 2 existe una enmienda acordada entre el grupo autor, el Grupo Popular, y el Grupo Socialista enmendante.
Se trata de una enmienda transaccional, acordada entre ambos grupos que ha sido distribuida y que, si no hay ninguna indicación en
contra, se votará a tenor de la enmienda transaccional acordada. Con relación al punto 3 del orden del día, existe una enmienda del Grupo Popular que no ha sido aceptada por el grupo proponente, el Grupo Catalán, y con relación al punto 5 del orden
del día, también había planteada una enmienda del Grupo Popular, que tampoco, a tenor de lo que ha expresado la señora Pin, quedaría aceptada por el Grupo Socialista. En estos términos, por tanto, se procederá en su momento a la votación con
relación a las proposiciones no de ley.
En segundo lugar, quiero saludar y dar la bienvenida a esta Comisión al señor Vadillo, que se incorpora hoy como miembro titular de la misma y al que le deseo una grata estancia y pido su colaboración en todos los asuntos que en esta
Comisión van a tratarse.
En tercer lugar, pediría a los portavoces de los distintos grupos que se aproximen a la Mesa para que durante el tiempo de suspensión podamos tratar lo relativo a la próxima convocatoria de la Comisión.
Por último, dado que habíamos decidido que a las 12 se celebraría la votación, suspendo esta sesión por estos minutos y a las 12 en punto reanudaremos la misma con la votación de las proposiciones no de ley y con la siguiente comparecencia.
Señorías, se suspende la sesión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Tal y como indicamos, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la relativa a la adaptación del certificado de minusvalía al formato de tamaño carné, que se vota de acuerdo con sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el 2.º punto del orden del día, relativo a la promoción de la accesibilidad de las personas discapacitadas a los Paradores Nacionales de Turismo. Se vota conformidad con enmienda la transaccional acordada entre el grupo autor y el
grupo enmendante y, por lo tanto, la sometemos a votación en los términos de la transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la 3.ª proposición no de ley, en relación con el agravio económico comparativo de las personas con discapacidad, que también se votará en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 4.º, por la que se insta al Gobierno a que cualquier actuación de mejora de acceso a las
costas y a las playas lleve incorporadas todas las medidas necesarias para facilitar el acceso a los discapacitados. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el punto 5.º, sobre medidas para que el transporte aéreo español cumpla la normativa de la Unión Europea en relación con las personas con discapacidad y movilidad reducida. (El señor Mariscal Anaya pide la palabra.) Antes de
proceder a la votación, y con brevedad, le doy la palabra al señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, en aras de la búsqueda del entendimiento que siempre ha manifestado este grupo en esta Comisión y de
la generosidad que hemos tenido desde que empezamos esta legislatura.
El señor PRESIDENTE: Procedemos, por tanto, a la votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (VALCARCE GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS MEDIDAS IMPULSADAS POR EL GOBIERNO PARA ELIMINAR BARRERAS EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001202.)
- LAS MEDIDAS QUE SE ESTÁN IMPULSANDO PARA FACILITAR EL EMPLEO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001203.)
- ACTUACIONES REALIZADAS EN LOS CENTROS ESTATALES DE REFERENCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001204.)
- LOS CONVENIOS REALIZADOS EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/001205.)
El señor PRESIDENTE: Seguidamente vamos a proceder a sustanciar la comparecencia de la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, para lo cual le pido que se incorpore a la sala, a esta Comisión. (Pausa.)
Los puntos 6, 7, 8 y 9 del orden del día, como conocen SS.SS., son relativos a la comparecencia de la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, para informar de las medidas impulsadas por el Gobierno para
eliminar barreras en los edificios públicos; para informar sobre las medidas que se están impulsando para facilitar el empleo a las personas con discapacidad, para informar sobre actuaciones realizadas en los centros estatales de referencia; y
para informar sobre los convenios realizados en materia de accesibilidad.
Estos puntos se acumulan. Por lo tanto, doy de nuevo la bienvenida a la señora secretaria de Estado, a esta Comisión. Tiene la palabra para su exposición.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señoras y señores diputados, comparezco ante esta Comisión no permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, para informar sobre las medidas impulsadas por el Gobierno para eliminar barreras en los edificios públicos, sobre las medidas para facilitar el empleo de las personas con discapacidad y sobre actuaciones realizadas en los
centros estatales de referencia, además de los convenios de accesibilidad.
Señorías, una sociedad no es del todo justa si todos los ciudadanos no gozan de las mismas oportunidades de participar en la vida social, laboral, económica y cultural y esta es una premisa que el Gobierno de España ha elevado a prioridad en
la puesta en práctica de sus políticas sociales. El camino hacia la plena participación en el que estamos empeñados, encuentra su ideario en el principio de igualdad de oportunidades que consagra el programa de acción mundial para las personas con
discapacidad, y que fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Tenemos que dejar de concebir la accesibilidad solo como sinónimo de supresión de barreras físicas y adoptar una dimensión más amplia generalizable a todo tipo de espacios
y situaciones, productos y servicios, que constituye lo que hoy denominamos accesibilidad universal.
Contemplamos, por lo tanto, una necesidad no solo para las personas con discapacidad, sino también para mejorar la calidad de vida de todos los
ciudadanos.
El derecho a la igualdad de oportunidades en España está consagrado en la Constitución. En España, además por ley, la accesibilidad universal se define como la
condición que deben cumplir los entornos, bienes, procesos, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Con relación a este concepto de accesibilidad universal, con fecha 12 de julio de 2004, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suscribió un convenio de colaboración con la
Fundación ONCE, con efectividad hasta el 31 de diciembre de 2006, para desarrollar un programa de accesibilidad universal que constituye el marco operativo para la ejecución de proyectos de accesibilidad, fundamentalmente con entidades del ámbito
local y otras organizaciones de carácter público.
Señorías, en este año 2006, hasta el mes de octubre, se han formalizado 145 convenios en materia de accesibilidad arquitectónica y urbanística en el marco de este convenio, 36 para planes de accesibilidad y 109 para obras específicas de
accesibilidad. Ello ha supuesto una financiación de 15.904.548 euros. Por lo que se refiere a la accesibilidad en el transporte, también en el marco del convenio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Fundación ONCE, se han formalizados 55
acuerdos singulares con otras tantas corporaciones locales que permitieron la puesta en funcionamiento de 97 nuevos taxis accesibles. En materia de transporte urbano, el día 26 de mayo de 2006 hemos suscrito un convenio con la Federación Española
de Municipios y Provincias, que fue objeto de una adenda, de fecha 10 de octubre siguiente, para desarrollar el programa anual de implantación de transportes públicos accesibles en las líneas regulares de autobuses urbanos. La aportación total del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sido de 4.809.560 euros, lo que va a permitir la puesta en funcionamiento de 500 autobuses accesibles, aproximadamente las líneas regulares urbanas de ayuntamientos de toda España.
Por lo que se refiere a la promoción de la accesibilidad en el transporte interurbano por autobús, en el año 2006 se han aprobado los siguientes convenios de colaboración, de los cuales, si se me permite, dejaré además un ejemplar a la
Presidencia para que puedan tener ustedes todo el desglose. Las entidades que han firmado los convenios son: el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, la Consejería de
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Extremadura, el Departamento de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias, la Conselleria de Obras Públicas de las Islas Baleares, la Consejería de Obras Públicas de la Región de Murcia y la Entidad Pública de Transporte Metropolitano de Valencia, además de la Consejería de Obras
Públicas del Gobierno de Aragón.
Por último, en materia de accesibilidad en el transporte quiero anunciar que en el último Consejo de Ministros, del día 17 de noviembre, hemos acordado la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el ADIF para desarrollar un programa de accesibilidad en estaciones y ferrocarriles de Renfe. Con este acuerdo, cuya vigencia se extiende hasta el año 2008, se modificarán algunas instalaciones de Renfe, de manera que sus servicios sean
plenamente accesibles y puedan ser utilizados en condiciones de normalidad por las personas afectadas por algún tipo de discapacidad. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el ADIF van a destinar en los próximos 3 años un total de 6 millones
de euros para proyectos de accesibilidad que supriman estas barreras, ya sean arquitectónicas o virtuales, que todavía existen en las instalaciones ferroviarias.
Señorías, recientemente, en el marco del II Congreso nacional de discapacidad sobre accesibilidad universal, que se ha celebrado en la ciudad de Palencia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha firmado con Fundosa un protocolo de
colaboración para la puesta en marcha del Plan de mejora de la accesibilidad de las sedes de la Administración pública, por un coste de 364.560 euros. En virtud de este acuerdo, se realizará una auditoría de accesibilidad en 42 sedes de la
Administración General del Estado, con el fin de poner en marcha programas de actuación para que dichos entornos sean plenamente accesibles, comprensibles y practicables por las personas con discapacidad. Las sedes que serán evaluadas pertenecen a
los Ministerios de Exteriores, Justicia, Defensa, Economía y Hacienda, Interior, Educación, Industria, Turismo y Comercio, Administraciones Públicas, Cultura, Sanidad y Consumo, Medio Ambiente y Vivienda. El ámbito del estudio comprende la
evaluación de la accesibilidad global en los siguientes entornos: entorno exterior urbanizado de aproximación (aceras, pasos, cruces) para acceder al entorno construido desde el espacio público urbanizado de la ciudad, incluyendo la accesibilidad
desde el transporte urbano; en segundo lugar, entornos de estacionamiento, aparcamiento y acceso desde vehículos; en tercer lugar, accesos al entorno construido que supone, escaleras, rampas, seguridad exterior, puertas de paso, cortavientos,
circulación horizontal en las zonas de uso público -como pasillos, corredores, elementos de conexión entre dependencias, vestíbulos, salas, registro, información, estafetas, salas de conferencias, de exposiciones-, circulación vertical en las zonas
de uso público -escaleras, rampas, aparatos elevadores-, dependencias higiénico-sanitarias de uso público.
La auditoría contemplará los siguientes apartados: la memoria justificativa; el diagnóstico de la accesibilidad a los entornos construidos
basados en los requisitos Dalco; un plan de mejora sostenible de la accesibilidad global; el plan de seguimiento; la valoración presupuestaria para la adaptación conforme a criterios de accesibilidad universal.
Señorías, como he señalado anteriormente, la accesibilidad también debemos impulsarla en los entornos de la sociedad de la información. Por ello queremos realizar un plan de choque de accesibilidad virtual, por lo que hemos sacado un
concurso público para auditar los portales web de la Administración General del Estado por una cuantía de 470.000 euros. Por su parte, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha concedido subvenciones por importe de 3 millones de euros, en
el marco del Plan Avanza, a entidades sin ánimo de lucro para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad de la información. El objeto de la convocatoria es conceder ayudas a proyectos y a actuaciones que faciliten el acceso de
estas personas con necesidades especiales a la sociedad de la información, y les introduzcan en el uso de las nuevas tecnologías como medio idóneo para conseguir su integración social, evitar la exclusión digital y mejorar su calidad de vida. A la
convocatoria se han presentado 281 solicitudes relacionadas con la construcción y potenciación de centros adecuadamente dotados y adaptados a sus necesidades, también para la realización de proyectos piloto de demostración de actuaciones dirigidas a
favorecer la vida independiente de las personas con discapacidad, concretamente se han aprobado veintinueve solicitudes de las que van dirigidas prioritariamente a personas con discapacidad.
Señorías, como ya he señalado en anteriores comparecencias, la mejora del empleo de las personas con discapacidad es uno de los objetivos estratégicos del Gobierno, porque su verdadera integración social pasa por su plena inserción en el
mercado laboral. Por lo que respecta al empleo público, el informe sobre acceso de personas con discapacidad del Ministerio de Administraciones Públicas, nos permite analizar por primera vez los procesos selectivos de las ofertas de empleo público
de los últimos tres años (2003, 2004, 2005). En estos años ha aumentado de forma notable el número de personas aprobadas con discapacidad en las pruebas de acceso a la Administración General del Estado, tanto en ingreso libre como en los procesos
de promoción interna. En el año 2003, en turno libre, accedieron 46 personas y, en promoción interna, 34. ¿Qué supone esto? Un porcentaje de aprobados del 1,86 por ciento y del 1,19 por ciento, respectivamente. En el año 2004 las cosas han
cambiado por completo, acceden en turno libre 95 personas y 49 en promoción interna.
¿Esto qué representa? Un 3,5 por ciento y un 1,52 por ciento respectivamente. Por lo tanto, ¿cuál es el incremento respecto al año 2003? El incremento respecto
del año anterior fue de un 106,5, por ciento en el turno libre, y un 69,39 por ciento en promoción interna. En el año 2005 la progresión es extraordinaria; el número de personas con discapacidad que acceden al empleo público fue de 124, en turno
libre, y 76 en promoción interna. Estas cifras suponen ya el 5 por ciento y el 2,40 por ciento de las personas aprobadas, es decir, en el año 2005, por primera vez, se cumple de verdad el 5 por ciento de reserva de empleo público para personas con
discapacidad. Expresado en comparación con los datos del año 2004, el incremento es de un 76,61 por ciento en turno libre y un incremento de 64,47 en promoción interna.
El informe señala que el número de personas con discapacidad que ingresan en la Administración General del Estado, señorías, está desigualmente repartido, siendo el grupo D el que cuenta con el mayor porcentaje, el 84,53 por ciento de los
aprobados en los años 2003 a 2005, y los aprobados en el grupo A, que les recuerdo que se necesita ser licenciado o equivalente, es sólo del 4,53 por ciento. Por lo tanto, estamos satisfechos pero nos queda tarea por realizar.
En el desarrollo del artículo 8.3 del Real Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público, el 9 de junio de 2006 se aprobó la orden por la que se establecen los criterios para la adaptación de los tiempos adicionales en
los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. La adaptación no se otorga de forma automática, sino que, solicitada expresamente, son los órganos de selección los que resuelven la concreción de la adaptación.
Esto es una ventaja enorme, puesto que así se tienen en cuenta las circunstancias específicas, de cada prueba selectiva pero también las circunstancias específicas de la persona con discapacidad.
Señorías, por lo que se refiere al empleo en general, en marzo de 2006 se reguló la concesión directa de subvenciones para el empleo y la formación profesional ocupacional, del que ya informé en mi anterior comparecencia en esta Comisión.
Un mes más tarde, en abril de 2006, se aprobó el real decreto por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, centros que ayudan a
superar las barreras, los obstáculos, dificultades que un trabajador con discapacidad de estos centros tiene en el acceso a un puesto de trabajo. El Gobierno ya tiene preparado el real decreto por el que se regula el empleo con apoyo, como medida
de fomento del empleo, de personas con discapacidad en el mercado ordinario; el próximo Consejo Nacional de la Discapacidad informará sobre el mismo, saben que es trámite preceptivo. Su objeto es regular el empleo con apoyo como medio de
integración laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo. ¿Qué estamos haciendo? Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Lismi. Por empleo con apoyo saben que entendemos el conjunto de acciones de
orientación y de acompañamiento individualizado en el puesto de trabajo, prestadas por preparadores laborales especializados que se lo prestan a los trabajadores con discapacidad y que tienen especiales dificultades de inserción laboral. Con este
real decreto se concluye el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Cermi sobre las medidas para mejorar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, además, ha firmado convenios de colaboración con distintas
entidades para establecer mecanismos que faciliten el seguimiento de los estudios universitarios a personas con discapacidad, y también para el desarrollo de servicios de intérprete de la lengua de signos y la promoción de los profesionales
de las mismas, y ya estamos trabajando en un plan de acción en esta línea.
Señorías, con la aprobación de lo que va a ser la Ley de Dependencia se configura en España el sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, como una red de utilización pública que integra de forma
coordinada centros, servicios, y sobre todo centros y servicios públicos, privados y privados concertados. Los centros estatales de referencia se encuadran dentro del sistema con un carácter prioritario; se conciben como instrumentos para
garantizar el equilibrio interterritorial, acceso igual a las mismas prestaciones básicas en todos los territorios del Estado, pero sobre todo como medios para impulsar las políticas de equiparación que garanticen la participación en igualdad de
condiciones, y eviten cualquier tipo de discriminación entre los distintos colectivos y personas que se encuentran en situación de dependencia en cualquier punto del territorio de España. Los centros estatales de referencia se dirigen a mejorar la
atención de las personas que necesitan un elevado nivel de especialización para garantizar la equidad en el acceso a la protección social; surgen para atender a colectivos que están relativamente peor atendidos que otros en el conjunto del Estado
(enfermos mentales, personas con Alzheimer, personas con Parkinson, personas con enfermedades raras), y ello se debe, sobre todo y casi exclusivamente, porque son problemáticas a veces muy específicas pero sobre todo de muy baja prevalencia, que
necesitan de una concentración de casos para una correcta atención, especialmente en lo que se refiere a las enfermedades raras.
La misión de estos centros es la promoción de los recursos de un sector determinado, entre otras cosas. ¿Para qué están los centros de referencia? Para crear servicios o unidades especializadas, vincular en red las que trabajan con los
mismos objetivos, es decir, coordinar a centros que trabajan en la misma especialidad, difundir o intercambiar buenas prácticas, generar nuevos conocimientos a través de la investigación en universidades o el contacto con centros de alta
especialización en el extranjero, innovar las prácticas profesionales, modernizar la gestión, aprovechar y rentabilizar el papel de las familias y sobre todo del movimiento asociativo.
Situación actual de los centros estatales de referencia. Para el desarrollo de su misión, los centros estatales de referencia presentan una estructura de servicios comunes organizada en dos áreas: el área de servicios de atención directa y
el área de servicios de referencia. Ambas trabajan en coordinación e interdependencia. El área de atención directa desarrolla servicios finalistas de intervención directa en diagnóstico, tratamiento, cuidado y asistencia. Pretende ser un centro
de excelencia que aplica intramuros las buenas prácticas que luego difundirá a través de los servicios de referencia. En estos centros se despliegan servicios de asistencia personal, servicios de salud, servicios de manutención, alojamiento en
régimen de internado y de atención diurna, servicios de rehabilitación médico funcional, entrenamiento en la autonomía personal y rehabilitación psicosocial, así como servicios de apoyo familiar, de readaptación al entorno comunitario y de
reinserción social. El área de servicios de referencia tiene como cometido esencial captar, organizar y difundir el conocimiento que sobre esa materia o colectivo se haya generado en el ámbito tanto del Estado como internacional.
Los principales servicios de referencia comunes a todos los centros son: el servicio de información y documentación, encargado de la recopilación, sistematización y difusión de datos, informaciones y conocimiento; el plan de formación de
especialistas, que impulsa los intercambios entre experiencias y la capacitación de profesionales y de familias en la atención; el programa de innovación y desarrollo, que promueve estudios, investigaciones, experiencias piloto; el servicio de
cooperación con el movimiento asociativo para el fomento, apoyo y coordinación con las familias y las asociaciones del sector. Además está el servicio de consultoría y asistencia técnica, con funciones de apoyo técnico a las administraciones
competentes en estas materias, así como a otras instituciones que trabajan en la atención al colectivo de personas con discapacidad.
La situación actual de los centros estatales de referencia es la siguiente. Están en funcionamiento el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, es decir, el Ceapat, de Madrid; además del Centro Estatal de Atención al Daño
Cerebral, el Ceadac, de Madrid. En construcción están el Centro estatal de referencia sociosanitario para personas con trastorno mental grave de Valencia, el Centro de atención sociosanitaria a personas con enfermedades raras y sus familias de
Burgos, el Centro estatal para personas con Alzheimer y otras demencias de Salamanca, el Centro estatal de referencia de atención a personas con graves discapacidades en San Andrés del Rabanedo (León). Y en estudio informativo ya muy avanzado está
el Centro estatal para atención a las personas con enfermedad de Parkinson en Cartagena (Murcia), el Centro estatal de referencia para la promoción de la vida independiente en Extremadura, el Centro estatal de referencia para afectados por daño
cerebral y asociados de Sevilla y la Escuela nacional de servicios sociales que se construye en Getafe (Madrid).
La cuantía del plan de inversiones de los centros estatales de referencia para el período 2004-2006 es de 23.377.000 euros. El presupuesto del año 2006 supuso respecto del correspondiente al año 2005 un crecimiento de más de 10 millones de
euros, lo que representa un 152,97 por ciento.
Señorías, con esta exposición he querido dar cuenta a esta Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad de algunas de las medidas que ha adoptado el Gobierno en favor de las personas con
discapacidad en materia de accesibilidad, empleo y atención en centros estatales de referencia.
Antes de concluir quiero expresar mi disponibilidad a responder a cuantas cuestiones SS.SS. quieran plantear.
El señor PRESIDENTE: A continuación, por el grupo autor y solicitante de la comparecencia, distribuirán su tiempo en el uso de la palabra el señor Heredia y la señora Corral.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señora secretaria de Estado, en primer lugar, quiero agradecerle su segunda comparecencia en esta Comisión durante el presente año para hablar de los convenios de accesibilidad, un objetivo esencial de su secretaría.
Quiero recordar o incidir en el compromiso del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que dijo desde el primer día que la accesibilidad iba a ser una prioridad. Cuando nos dirigimos hacia los tres años de legislatura se puede afirmar que así
ha sido.
Usted ha incidido en una idea que nos parece muy importante, y es que una sociedad no es del todo justa si todos los ciudadanos no gozan de las mismas oportunidades de participar en la vida social, laboral, económica y cultural. A este
grupo parlamentario le parece esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global en edificaciones, en urbanismo, en transporte y en comunicaciones para posibilitar la integración social y laboral de las personas con
discapacidad. En este sentido, hoy se ha aprobado en esta misma Comisión una proposición no de ley para fomentar la accesibilidad en las playas, se va a debatir otra en la Comisión de Fomento para llevar a cabo la accesibilidad en aeropuertos y hoy
estamos hablando de accesibilidad, por tanto, estamos hablando de un tema tan importante como este en varias comisiones en el día de hoy en el Congreso. Todo esto contrasta con lo que hizo o, para que quede más claro, con lo que no hizo el anterior
Gobierno, que, eso sí, planteó muchos anuncios pero bastantes pocas realidades. En relación con el tema de la accesibilidad prometió un convenio en 1998, pero un tercio del dinero presupuestado no llegó a ejecutarlo; en 2001 impulsó otro convenio
de estas características que tenía un nombre extraordinariamente largo, pero la realidad es que las inversiones brillaron por su ausencia. Lo que sí hicieron en plena campaña electoral en el año 2004 fue irse por los municipios, como por ejemplo en
el caso de Málaga capital, prometiendo una lluvia de millones de euros que no iban a gastar porque evidentemente el convenio no se firmó hasta que los socialistas estábamos ya en el Gobierno, concretamente el 9 de julio de 2004.
Hay que decir que este convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE tiene como objetivo profundizar en la colaboración en actuaciones conjuntas relacionadas con la accesibilidad arquitectónica y
urbanística con una vigencia, -lo ha dicho usted- de tres anualidades desde la fecha de suscripción hasta el 31 de diciembre del presente año, es decir, queda poco más de un mes para su finalización, y este convenio ha supuesto un incremento en la
inversión con respecto al anterior Gobierno de un 8 por ciento, es decir, se le ha dado una importancia significativa a la eliminación de barreras.
Ha hablado usted de los datos de 2006. Me gustaría hacer referencia a los datos dados en una anterior comparecencia por usted, los de 2004, donde se llevaron a cabo 115 actuaciones, por un valor de más de 17 millones de euros; más 149
actuaciones en 2005, por un valor de 19 millones de euros, y este año se va a superar esa cifra del pasado año 2005 porque ya se han formalizado hasta octubre 145 convenios, de los cuales 36 son para accesibilidad y 109 obras específicas en este
sentido.
También queremos valorar de forma muy importante la accesibilidad en autobuses, fruto de ese convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, y ha hecho usted referencia al reciente acuerdo firmado entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el ADIF para favorecer la accesibilidad en estaciones e inmuebles del ferrocarril, con una inversión de 6 millones de euros para los próximos tres años. Sigue la línea tanto de lo que está llevando a cabo el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales como lo que está realizando el Ministerio de Fomento; de hecho, la ministra Magdalena Álvarez ha planteado en reiteradas ocasiones importantes inversiones para hacer accesibles las estaciones ferroviarias para que
todos los trenes que se compren a partir de ahora sean perfectamente accesibles para personas con discapacidad y para, progresivamente, ir haciendo accesibles los que ya están en funcionamiento. Por tanto, es mucho lo que ha hecho este Gobierno en
muy poco tiempo en materia de accesibilidad y va a seguir haciéndolo, como lo demuestra el Plan de mejora de la accesibilidad en la sede de la Administración Pública, algo que tampoco se planteó nunca el anterior Gobierno.
Para finalizar, me gustaría plantear una serie de cuestiones. Según los datos de que usted dispone, señora secretaria de Estado, ¿cómo valoraría el estado de las sedes de la Administración Pública en este momento en lo que a barreras se
refiere, qué inversión supondría este plan y cuál es el plazo de realización aproximado que se baraja? Cuando se está haciendo e invirtiendo tanto por parte del Ministerio de Trabajo y del Gobierno en general por eliminar barreras, ¿cómo valora la
conveniencia de un fondo estatal de accesibilidad? Se lo digo porque son propuestas cuanto menos poco serias cuando vienen de un grupo político -siento que no esté aquí- como es CiU, que ha gobernado durante muchos años en Cataluña y que mientras
estuvo en el Gobierno no le preocupó absolutamente nada esta materia, y ahora, a pesar de lo mucho que está realizando este Gobierno por eliminar barreras, exige que se hagan muchísimas más cosas de las que se están haciendo.
Y termino con una última cuestión. La pasada semana en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, el alcalde del Partido Popular, el señor De la Torre, dijo que el Gobierno central no estaba invirtiendo un solo euro en la ciudad de Málaga en lo
que se refiere a eliminación de barreras y que no se había firmado ningún convenio de accesibilidad en esta materia. En este sentido, le pregunto ¿qué actuaciones se han llevado a cabo durante la presente legislatura en materia de accesibilidad en
Málaga capital?
El señor PRESIDENTE: Señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Señora secretaria de Estado, en nombre del Grupo Socialista, igual que ha hecho mi compañero, quiero manifestarle nuestro reconocimiento por su brillante intervención y nuestra gratitud por su disponibilidad para
comparecer en esta Comisión -la verdad es que nada más que le insinuamos que la necesitamos, que queremos saber más, aquí está la secretaria de Estado- y sobre todo manifestarle nuestra más sincera satisfacción y felicitación por el magnífico
trabajo que está realizando.
Como decía mi compañero, el Gobierno de España apuesta por la igualdad de oportunidades, también en lo laboral, que es a lo que yo me voy a referir, porque creemos que no hay verdadera integración social si no pasa por la inserción en el
mundo del trabajo.
Nos complacemos por los resultados que nos ha presentado, que son un avance, sin duda, de todo el esfuerzo que se está haciendo en relación con la oferta pública. A los que hemos escuchado su intervención nos ha sorprendido oirle cómo
pasamos de 46 a 125 empleos en turno libre y de 34 a 76 en promoción interna, lo que supone más que duplicar solamente en relación con un nivel de las Administraciones Públicas. Sabemos que no podemos caer en la autocomplacencia, que hay que seguir
profundizando y que hay que seguir mejorando las oportunidades que damos a este colectivo de personas que tienen discapacidades. Sé que se está, haciendo esfuerzos y en esto coincidimos plenamente, para que las personas discapacitadas vayan
avanzando no sólo cuantitativamente sino cualitativamente en sus trabajos, que cada vez haya más personas discapacitadas que ocupen grados superiores. Yo estoy convencida que la secretaria de Estado lo va a conseguir con las líneas de trabajo que
ha abierto y en las que se está profundizando cada vez más; las subvenciones para el empleo y la formación ocupacional, que se aprobaron el pasado mes de marzo de 2006, como nos ha recordado; también el decreto de abril de las unidades de apoyo
para las actividades profesionales en el marco de los centros especiales de empleo, nos parece muy importante, asi como los mecanismos que facilitan el acceso a la universidad, fundamental para avanzar en la cualificación. Sin duda, todo esto va a
surtir efecto y dentro de un año la secretaria de Estado vendrá aquí otra vez con resultados todavía mejores.
Hay una cuestión que suscita un interés especial para este grupo, que es la regulación del empleo con apoyos, este real decreto que está ya a punto de ver la luz. Estoy convencida que el Cermi lo va a ver con los mejores ojos, y querríamos,
si es posible, que nos ampliara la información en relación con este punto del empleo de apoyos.
Este grupo se congratula por su apuesta por los centros especiales de referencia. Creemos que es una gran inversión este aumento de un 152 por ciento del presupuesto, más de 23 millones de euros. Sería difícil imaginarse una inversión
mejor. Yo, en nombre de todos los colectivos de Alzheimer, de Parkinson, de enfermedades raras, etcétera, que tanto claman por estos centros, quiero manifestar aquí nuestro reconocimiento, nuestra satisfacción y nuestro orgullo por el trabajo que
están realizando estos centros que abren puertas a la calidad de atención para estas personas, a la investigación, a la modernidad, y sin duda al futuro. Le agradecería, si es posible, que nos avanzase cuándo van a poder iniciar su actividad estos
centros.
No quiero alargarme más, pero sí reiterar el reconocimiento de este grupo por su trabajo y por los resultados que ya son un hecho en un tiempo tan corto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Bienvenida una vez más, señora secretaria, y agradecido por la exposición que ha hecho de los últimos avances, los últimos logros, del Gobierno socialista en asuntos de discapacidad, que son los que nos atañen, nos
preocupan y que tienen sentido hasta el extremo de que creo que este es uno de los pocos parlamentos, si no el único en Europa, que tiene una comisión que se encarga específicamente de estos asuntos de la discapacidad, porque consideramos que el
volumen de personas y el nivel de ciudadanía, como les gusta decir a ustedes, o de integración social, integración en la vida diaria de los discapacitados, dista mucho de ser normal, tiene sentido que existan estas comisiones.
Por tanto, merece la
pena que hasta que se consiga ese nivel de integración que todos pretendemos para ser ciudadanos de primera categoría, como el resto de los ciudadanos, se impulsen medidas discriminatorias positivas en favor de las personas con discapacidad.
Cualquier cosa que se haga en este sentido siempre será bien recibida.
Supongo que usted entiende la posición del grupo de la oposición, de no quedarnos en lo que ustedes deben hacer, porque es su compromiso, sino de exigir que se cumpla, la
obligación que tiene el Gobierno de seguir avanzando y que desde esta Comisión de Discapacidad se siga impulsando y apoyando para mejorar la situación de este colectivo.
Por seguir un poco el orden de la comparencia, en primer lugar, en cuanto a la accesibilidad de los edificios públicos, efectivamente se han hecho cosas, es cierto.
Ustedes tienen un compromiso electoral, le recuerdo, de hacer una foto fija de cuál era la situación de la accesibilidad en los edificios públicos. Se comprometieron a allanar esas barreras en esta legislatura de manera que fuesen
accesibles, y nosotros aplaudimos ese compromiso, sólo que deseamos que se lleve a cabo y que lo cumplan. Sé que se están haciendo cosas, no decimos que no, pero creemos que no se está llegando al nivel que ustedes se comprometieron, por lo tanto,
nuestra obligación, como es lógico, es denunciarlo.
Se ha invertido, se ha llegado a acuerdos, se han mejorado situaciones, pero, quiero recordarle que un compañero suyo del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad Social, nos reconoció en su comparecencia que no veía la posibilidad de
que en esta legislatura pudiesen ser accesibles todas las oficinas de Seguridad Social. Son cosas entendibles, pero siempre me habrá oído decir usted, y si no se lo digo con mucho gusto una vez más, que el sector de la discapacidad está tan
carente, tiene tantas necesidades pendientes que, desgraciadamente, a pesar de los avances, cualquier promesa incumplida es una frustración que produce más dolor o más daño que en otro sector social. Simplemente quería dejar constancia de este
hecho. No les exijo más allá de lo que ustedes se han comprometido.
En cuanto al empleo de personas con discapacidad también empiezo, como siempre, por reconocer que se avanza, y no tuve inconveniente en felicitar al ministro de Administraciones Públicas cuando el famoso 5 por ciento, que ha surtido un buen
efecto. Yo creo que las cifras que usted nos da podrian ser igual que las que nosotros podríamos aportar, a pesar de que nuestro querido amigo, el portavoz del Grupo Socialista, señor Heredia, nunca ve nada bueno más que a partir de hace dos años;
lamento que no vea ni tan siquiera la otra época en la que el Gobierno Socialista gobernó durante trece años. En cualquier caso, verá que yo procuro ser lo más objetivo posible dentro de la posición de cada cual.
Reconocemos los avances; bienvenidos sean y siempre serán apoyados por nosotros. Nunca vamos a criticar avances, lógicamente, pero eso no significa -insisto en lo que decía antes- que nuestra obligación sea denunciar los compromisos que el
Partido Socialista, hoy en el Gobierno, adquirió. Es lógico que exija su cumplimiento, como ustedes harían en el caso contrario.
En cuanto al empleo, efectivamente ha mejorado el empleo de la discapacidad. Yo no quería entrar en cifras, porque muchas veces ustedes recurren a cifras, concretamente el señor Heredia, que están basadas en una realidad, pero parece que
olvidan otras. He estado comparando cifras y podría decir que, en la época en que el Partido Popular estuvo gobernando, los dos planes de empleo específico para personas con discapacidad, firmados con los representantes del sector, dieron unos
frutos inmejorables, reconocidos por el sector, y se evolucionó mucho en el empleo. Somos conscientes de que estamos todavía en un índice de paro muy elevado, más del doble que el resto de la sociedad, somos conscientes de que hay que mejorarlo,
pero si echamos la vista atrás veremos que era escandalosa la situación del paro en el tema de la discapacidad. Sí me gustaría saber, primero, si puede usted darme cifras de los años 2005 y 2006, tanto del empleo ordinario como del empleo
protegido, y si puede decirme también cómo ha evolucionado el empleo en este sector en los últimos cinco años.
Yo lamento, que las cifras del empleo y de la discapacidad no figuren en la Encuesta de la Población Activa ya que nos servirían para saber cuál es la verdadera evolución. Aquí se aprobó una proposición no de ley en la que, con un matiz de
una enmienda de ustedes, se propuso un estudio para que se mejorase esa situación y se pudiesen publicar esas cifras, no con esa cadencia de cuatro años -me parece que son cuatro años cuando figura o le toca el turno a la discapacidad-, lo digo por
si usted, desde su posición, puede hacer algo para que vayan apareciendo con más regularidad porque nos puede favorecer el conocimiento de la auténtica evolución del empleo de las personas con discapacidad que ahora no existe.
Déjeme que le denuncie una vez más el tercer plan de empleo, que también ustedes comprometieron en su programa electoral; un tercer plan de empleo que tenía que seguir la estela del primero y del segundo, que, insisto, el sector lo juzgó
como muy interesante, y que había dado unos resultados espléndidos en cuanto a la creación de empleo. ¿Tienen la vocación de llevar a cabo este tercer plan de empleo? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Se va a contar con la opinión del sector representante
de la discapacidad y va a pasar por el Consejo Nacional de la Discapacidad?
Yo veo con satisfacción que cada vez que viene saca un conejo de la chistera. Hoy nos acaba de anunciar una de las cosas que ya hace más de un año que expiró, en diciembre de 2004, que era regular el empleo con apoyo. Dice que ya lo tienen
previsto para el próximo Consejo de Ministros, de lo cual me alegro. Algo también hará esta Comisión, aunque solamente sea para que usted venga aquí y se luzca con una nueva iniciativa de su Gobierno. Yo se lo agradezco y creo que el sector de la
discapacidad también. Me alegro porque llevaba un cierto retraso y sabe usted que es un medio excelente como plataforma de salto entre el empleo protegido y el empleo ordinario, al cual debemos aspirar todos. Por tanto, bienvenido sea ese nuevo
desarrollo de la ley.
En cuanto al empleo, también se ha visto con preocupación que se intentó eliminar por parte del Gobierno las deducciones en el impuesto de sociedades. En el proyecto de ley de reforma de IRPF será usted consciente que tuvieron que levantar
un poco la voz los representantes del sector; gracias a ello se matizó y lo que en un principio parecía que tenía muy mal pronóstico, al final se encauzó en cierto modo, pero yo no sé si estuvo de acuerdo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
con esta iniciativa de Hacienda tan criticada por el sector que, afortunadamente, no se llevó a efecto en la medida en que estaba prevista. Lo mismo que la reforma laboral,
que yo creo que fue promovida por el Gobierno y que fue recibida con mucha inquietud y mucha incertidumbre por parte del sector de la discapacidad, porque si se hubiese aprobado tal y como estaba suponía un retroceso considerable en cuanto
al estímulo del empleo de los discapacitados. El sector levantó la voz y los grupos políticos, incluido el suyo, fuimos consciente de que ese real decreto no era el más adecuado. Y he de decirle que el nivel de interlocución que siempre ha tenido
a gala el Cermi con cualquier Gobierno no se estaba dando. Creo que ahí se precipitaron. No quiero juzgar la acción del Gobierno, pero no se contó adecuadamente con el sector a la hora de elaborar ese real decreto de mejora del empleo, quizás se
contó con los agentes tradicionales pero no con el sector de la discapacidad, que creo que ha dado muestras, concretamente el representante máximo, que es el Cermi, de pragmatismo, de seriedad y de trabajar con un nivel de conciencia y de buena
función que ha dado sus resultados. Querría recordarle el artículo 15 de la Liondau, en el que se dice que las personas con discapacidad y sus familias, a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y
adopción de las decisiones que les concierne, siendo obligación de las Administraciones Públicas, en la esfera de sus respectivas competencias, promover las condiciones para asegurar que esta participación sea real y efectiva. Según el propio
sector, ahí se había vulnerado este artículo de la Liondau. A mí me gustaría que se cumpliese siempre la máxima que tiene el sector de la discapacidad, que es nada para los discapacitados sin los discapacitados.
Creo que es una máxima muy sabia en
cualquier ámbito de la vida.
En cuanto a los centros estatales, yo estoy satisfecho. Le he oído que algunos están ya realizados y otros en proyecto. Veo que en Castilla y León se están haciendo bastantes. Me alegro mucho, bienvenidos sean, pero me llama la atención
que en Castilla y León se está haciendo un esfuerzo especial, no sé por qué. Insisto en que me alegro y espero que responda a las necesidades del sector.
Entiendo que el presidente del Gobierno es de allí, el ministro es de allí y usted es de allí, y yo me alegro, me alegro de que se haga todo lo que se hace; incluso, por ejemplo, el Congreso nacional sobre accesibilidad se hizo en Palencia
y ahora se va a hacer el de discapacidad y mundo rural en Soria, pero me gustaría que de verdad, a la hora de hacerse estas cosas, se contase con las necesidades, no digo que no se haga, pero me llama la atención, es pura coincidencia, pero me
gustaría que se contase con las auténticas necesidades reales del sector, y sobre todo, una vez más, perdone que sea un poco reiterativo, que se cuente con la opinión del sector. Efectivamente, hay proyectos para Valencia, para Sevilla, mi
compañero me decá que, por ejemplo, en Galicia se consideran más periféricos que nadie, no había nada previsto para Galicia. En cualquier caso, bienvenidos sean, no estoy criticando el que se hagan estos centros de referencia y todo lo que se mueva
en este sentido, pero insisto una vez más, por favor, tengan en cuenta al sector, cuenten con ellos, que no solamente decida el Gobierno, que seguro que lo hace con muy buena intención, pero a lo mejor no con el conocimiento y la profesionalidad del
sector al que le va a afectar, incluso que se dé participación a las comunidades autónomas, que probablemente también puedan aportar algo más.
En cuanto a los convenios de accesibilidad, quiero recordarle a mi amigo, el señor Heredia, que durante el Gobierno del Partido Popular también se hicieron convenios, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Economía,
con la Secretaría de Turismo para accesibilidad en el turismo, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y con el Ministerio de Administraciones Públicas. Incluso, en el 2003 se aprobó una ley por parte de todos, gobernando el PP, la Ley de
igualdad de oportunidades, en la cual estaba incluido el primer Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012; este plan tan ambicioso que se aprobó entonces es el que estamos desarrollando, quizá con muy buen criterio y con muy buena actuación, pero no
queramos que todo sean hijos del mismo padre, seguro que hay más progenitores para dar más ideas. En ese sentido,me gustaría saber su opinión sobre el nivel de cumplimiento que está teniendo el plan y cómo está evolucionando, qué mecanismos de
seguimiento está teniendo para poder juzgar cuál es su evolución.
Por último,quiero reiterar una vez más talgo que solemos decir siempre, esta Comisión es verdad que es proclive al pacto, al acuerdo, es proclive porque yo creo que es nuestra obligación, de todos los representantes de los distintos grupos
políticos, en aras de mejorar esa falta de nivel de ciudadanía, esa falta de integración, esas necesidades todavía pendientes. Creo que merece la pena hablar menos y ejecutar más, vender menos y hacer más en favor en la discapacidad, ser incluso
hasta menos partidistas, sacrificar un poco de ideología a cambio de eficacia en favor de la gestión de las personas con discapacidad, porque yo creo que es necesario y es nuestra obligación, y creo que se está demostrando generosidad en esta
Comisión a la hora de apoyar cualquier iniciativa, siempre y cuando suponga avances, por parte de todos. Esta misma mañana se han dado ejemplos aquí de que efectivamente muchas veces sacrifica uno su ego personal, político, su ideología, a cambio
de esos avances, pero de verdad seamos honrados con el sector y prometamos lo que vamos a cumplir, no más allá, porque podemos crear una frustración que no es grata, y dejemos a un lado lo que nos separa, que es lo que se está haciendo yo creo, y
potenciemos lo que nos une en aras de esos avances del sector, que los necesita todavía parallegar auna situación de normalidad.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Quiero agradecer a los señores Heredia y Vañó y a la señora Corral sus intervenciones. Voy a tratar de responder a todas y cada una de las
cuestiones que me han formulado.
Con respecto a la pregunta que realizaba el señor Heredia acerca de la situación de accesibilidad de la Administración General del Estado, lógicamente, la Administración General del Estado está compuesta por múltiples edificios en todo el
territorio del Estado con características muy heterogéneas, la mayor parte de ellos construcciones muy antiguas y algunas de alto valor como patrimonio histórico y cultural. Esto, qué duda cabe, supone un reto en el ámbito de la accesibilidad.
¿Cómo lo ha encarado por primera vez el Gobierno de España? Lo hemos encarado de una manera decidida, seria y rigurosa. Hemos puesto en marcha un plan de choque, sobre todo con una auditoría de accesibilidad de todas las instalaciones de la
Administración General del Estado, porque queremos saber cómo están para desarrollar un plan integral para dotarlos de la más completa accesibilidad, porque los compromisos adquiridos con los ciudadanos para nosotros son de obligado cumplimiento.
Hemos empezado por las sedes centrales y nos proponemos llegar a todas las instalaciones de los edificios, entornos, como he señalado, pero sobre todo haciendo una planificación que nos permita su completa accesibilidad. ¿Es necesario un fondo
estatal de accesibilidad? Señorías, ya tenemos un fondo estatal de accesibilidad, ya lo tenemos por decisión del Gobierno de España que preside José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2004, una decisión que es estratégica. Nosotros hemos
aprobado el I Plan de Accesibilidad 2004-2012 y hemos ejecutado ya los tres primeros años del plan. Tengo que decirles que en el año 2006 hemos invertido 30 millones de euros; es, por tanto, la mayor inversión que se ha hecho en accesibilidad, es
una inversión importantísima, pero qué duda cabe que nosotros lo que pretendemos es seguir trabajando con todas las administraciones públicas, especialmente con los ayuntamientos de España. El plan 2004-2006 tiene una dotación de 54 millones de
euros. ¿La finalidad de este plan? La accesibilidad urbanística, arquitectónica y la comunicación sensorial, es decir, no sólo para personas con dificultades de movilidad, sino que encloba todas las discapacidades, comprende no sólo los entornos
en los edificios y los entornos urbanísticos, sino también en el transporte, fundamentalmente en el transporte público pero también el auto taxi. A mí me parece que es muy importante señalar que el concepto moderno de accesibilidad, que incluye el
concepto de diseño para todos, no puede quedar al margen de la sociedad de la información, por eso creo que los convenios singulares que hemos llevado a cabo en colaboración sobre todo con corporaciones locales en este ámbito es importantísimo. Por
primera vez estamos hablando de planes que tienen una continuidad, unos convenios que buscan la accesibilidad universal. Creo que los dos concursos públicos que hemos puesto en marcha, tanto para auditar la Administración en los aspectos físicos
como en los virtuales, son únicos en Europa y desde luego nos colocarán entre los países que más esfuerzo estamos haciendo en materia de accesibilidad.
El señor Heredia preguntaba por el Ayuntamiento de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga en el año 2004 ha suscrito los siguientes convenios: en obras de accesibilidad, 512.500 euros; en taxis accesibles para dos vehículos, 24.000 euros; en
autobuses accesibles, 7 vehículos, 84.141,68. Es decir, en el año 2004 hemos realizado convenios en materia de accesibilidad con el Ayuntamiento de Málaga por valor de 620.641,68 euros. En el año 2005: taxis accesibles, 4 vehículos, 48.000 euros;
con el consorcio de transportes de Málaga, 6 autobuses accesibles, 60.101,20 euros, y con la Empresa Municipal de Transportes del Ayuntamiento de Málaga, 6 autobuses accesibles, 60.101,20 euros, lo que hace una suma total de 168.202,40 euros. En el
año 2006 estamos pendientes de valoración, porque, como ustedes saben, los ayuntamientos presentan sus proyectos y tienen que ser debidamente informados cada uno de ellos. En obras de accesibilidad, 208.000 euros, y en infoaccesibilidad, 26.000
euros, ello hace un total de este convenio en trámite de 234.000 euros. Este convenio, como digo, está en trámite pendientes de resolver las de los autobuses accesibles; por tanto, en el año 2006 la cantidad de 234.000 euros previsiblemente se
incrementará.
En lo que se refiere al empleo con apoyo, el proyecto de real decreto será sometido al Consejo Nacional de la Discapacidad, que tendrá lugar el próximo día 1 de diciembre. Es un proyecto de real decreto muy importante, muy esperado por el
sector y en el cual hemos puesto desde luego mucho diálogo para alcanzar el máximo consenso, no sólo en la mesa de diálogo social con acuerdos con los agentes sociales, es decir, empresarios y sindicatos, sino que también lo hemos sometido al
diálogo y la búsqueda del consenso con el sector de la discapacidad, por lo cual este proyecto se eleva al Consejo Nacional de la Discapacidad.
Señorias, quiero señalarles que en mi intervención no he hablado de promesas, he hablado de realidades, de lo que el Gobierno ha hecho, porque aquí he venido a dar cuenta de todas las realizaciones que en los ámbitos que ustedes han
planteado hemos llevado a cabo, y esto es muy importante para las personas con discapacidad, es verdad, pero tengan en cuenta que nunca se hizo tanto en tan poco tiempo, y a las pruebas, a los datos, a los presupuestos me remito, y desde luego todo
se ha hecho con la participación del sector. Les recuerdo que ha sido este Gobierno quien aprobó el real decreto por el cual se crea el Consejo Nacional de la Discapacidad, que no existía, el órgano máximo de representación y participación de las
personas con discapacidad. Del mismo modo, ha sido este Gobierno quien ha facilitado que los representantes de las personas con discapacidad estén presentes en el Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad,
del cual habían sido excluidos por el Gobierno anterior. Por tanto, no concebimos llevar a cabo políticas en favor de las personas con discapacidad sin contar con quiénes les representan, las asociaciones de personas con discapacidad y de
sus familias o entidades tutelares que les representan, porque para nosotros es efectivamente una cuestión inseparable de los derechos de ciudadanía. Qué duda cabe que para poder encarar el III Plan de Empleo en el que estamos trabajando
necesitamos completar todas las medidas que he desgranado en el ámbito del empleo.
Estamos hablando, por tanto, de completar las modificaciones legislativas, una muy importante es la reforma laboral, que se ha hecho desde el diálogo y escuchando a
todos los sectores y creo que hoy goza del más amplio apoyo en esta Cámara, por ltanto, la participación es absolutamente imprescindible. Tengo que decirles que nunca se ha creado tanto empleo para las personas con discapacidad. Cada mes crece un
10 por ciento el empleo temporal y un 7 por ciento el empleo fijo. Este dato junto con otros tendré la oportunidad de desarrollarlo en la próxima comparecencia, y les podré dar la estadística de creación de empleo desde el año 2003 hasta este
momento y podrán ver cómo las medidas que hemos tomado de carácter legislativo, pero también de promoción del empleo y también de sensibilización en la materia, nos están situando en la senda adecuada.
Efectivamente, se acaba de realizar el Congreso nacional sobre discapacidad en materia de accesibilidad, en la ciudad de Palencia, que han llevado a cabo el Real Patronato de la Discapacidad, la Federación Española de Municipios y Provincias
y la Fundación ACS. Permítanme que les recuerde que estos proyectos se presentan al Consejo del Real Patronato, y en el Consejo del Real Patronato, además del Gobierno de España, están representadas todas las comunidades autónomas, además de la
Federación Española de Municipios y Provincias, que está, entre otros, representada por su Comisión de Accesibilidad, que les recuerdo que preside el señor alcalde de Málaga. En lo que se refiere al próximo Congreso de discapacidad en el medio
rural en la ciudad de Soria, también está organizado por el Real Patronato de la Discapacidad, en el cual les recuerdo que, además del Gobierno central, las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, está representado
todo el sector de la discapacidad a través del Cermi. Por tanto, nada para el sector sin el sector, y creo que el haber elegido la ciudad de Soria es una elección que, teniendo en cuenta los asuntos que se van a tratar, la discapacidad en el medio
rural, me parece excelente.
Acepto encantada su felicitación por el despliegue de la red de centros estatales de referencia en Castilla y León. Lógicamente, como sabe, no puedo por menos que compartir su punto de vista altamente positivo, sin lugar a dudas. Por lo
que se refiere a Galicia, tengo que recordarle que en este momento tenemos dos centros en Galicia: el CAMF de Ferrol, que en el mes de septiembre se inauguró oficialmente, y el Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo, que está
situado muy cerca de A Coruña. En este momento está ya firmado el convenio para el Cegadi que se está construyendo en Santiago de Compostela, el Centro Gallego de Discapacidad. El Cegadi es un centro de promoción de la autonomía personal que es un
proyecto conjunto del Gobierno de Galicia y el Gobierno de España. En ese sentido, quiero decirles que el despliegue de los centros de referencia desde luego tiene en cuenta sobre todo las necesidades de las personas con discapacidad, pero por
supuesto una distribución territorial que facilite el acceso de todas las personas con discapacidad y sus familias cuando así lo necesiten.
Señorías, con el permiso del señor presidente de esta Comisión, el próximo día 20 el Gobierno de España, en coordinación y en colaboración con todo el sector de la discapacidad, conmemorará la Convención de Naciones Unidas de Discapacidad,
lo hará en un centro de referencia estatal, que es el Ceapat, aquí, en Madrid, y desde luego es un buen momento para recordar que tenemos un profundo compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la voluntad del
Gobierno de España de ser uno de los primeros países, si no el primero, que ratifique la Convención de Naciones Unidas.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer a la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad su presencia entre nosotros, presencia siempre rápida cuando se le solicita, y la información también que se nos ha
ofrecido.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.