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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 693, de 07/11/2006
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2006 VIII Legislatura Núm. 693

PRESUPUESTOS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MARÍA POSADA MORENO

Sesión núm. 20

celebrada el martes, 7 de noviembre de 2006



ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. (Número de expediente 121/000107.) ... (Página 2)


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.
(Número de expediente 121/000107.) ... (Página 2)


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Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007. (Número de expediente 121/000107.)


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.



Señorías, vamos a comenzar esta reunión de la Comisión de Presupuestos para debatir el proyecto de ley de presupuestos del año 2007. Como solemos hacer habitualmente, comenzaremos con el punto primero del orden del día: Ratificación de la
ponencia designada para informar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.



¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.)


Queda ratificada.



-EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007.
(Número de expediente 121/000107.)


El señor PRESIDENTE: El punto segundo del orden del día se refiere a la discusión en Comisión de las enmiendas presentadas al proyecto.



Voy a señalar, en líneas generales, cómo van a transcurrir las sesiones.
La primera votación se realizará hoy a las ocho; la de mañana miércoles, a la una; y finalmente la última votación se realizará el miércoles por la tarde o noche,
cuando acabe la discusión de los presupuestos. No va a haber interrupciones a lo largo del día de hoy, ni de mañana; es decir, mantendremos una continuidad en los trabajos de la Comisión.



Sí quiero decirles, para que lo transmitan a sus portavoces, que a instancias del presidente de la Comisión de Industria, que hablaba en nombre de todos los portavoces, como mañana miércoles hay una comparecencia en esa Comisión, me ha
pedido cambiar el orden de la discusión de la sección 20. Vamos a cambiar su discusión -lo digo aquí para que lo conozcan- para después de las votaciones de las trece horas de mañana. En ese momento, después de la votación, comenzará la discusión
de la sección 20. Por tanto, mañana pasaremos de la sección 19 y 60 a la sección 21 y la sección 20 será debatida después de la votación.
Asimismo, quiero decirles que las enmiendas de los grupos pequeños que no sean defendidas, que son los que
tienen más dificultades, esta Mesa las va a dar por defendidas; es decir, solo retiraremos del dictamen, para que no se sometan a votación, aquellas enmiendas que expresamente los grupos nos indiquen que lo hagamos así. Los tiempos en esta primera
intervención, como saben SS.SS., son los que se marcan. Vamos a dar diez minutos por grupo parlamentario y, luego, cinco minutos en general.
Obviamente, en función de la magnitud del número de enmiendas, la Mesa será totalmente flexible para que
todas las enmiendas puedan ser defendidas. Quiero decirles también para salir al paso que la mayoría de las enmiendas van a ser rechazas y, por tanto, es de suponer que los argumentos que se expresan para defender las enmiendas van a ser
contradichos cuando sean puestas a votación. Por ello, no voy a dar una réplica porque se empleen argumentos contrarios; las réplicas serán muy breves y solo las daré si se emplean argumentos por parte de algún portavoz que salgan del ámbito
normal de la discusión.



Con todo ello, vamos a comenzar por los títulos I y II. Comenzamos con el Grupo Parlamentario Popular, cuya portavoz, la señora Báñez, tiene la palabra.



La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señorías, iniciamos el debate de estos presupuestos para el año 2007 con el análisis del título I, de la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones, y del título II, sobre la gestión presupuestaria.
Hemos presentado una serie de enmiendas a estos títulos que contribuyen a mejorar significativamente el proyecto, tal y como mencionaré en mi intervención posterior. Pero no es posible entrar a debatir enmiendas concretas de este presupuesto sin
recordar el marco general presupuestario que el Gobierno plantea para el próximo ejercicio económico y sobre el que no podemos estar más en desacuerdo.
Señorías, me gustaría comenzar diciendo algo más, que estos presupuestos que se presentan esta
mañana a debate por todos los grupos políticos tienen mucha provisionalidad por la debilidad del Gobierno en este Parlamento y la actualidad política -me estoy refiriendo a los resultados de las elecciones catalanas-, lo que hará que los apoyos que
en un principio en la toma en consideración de la enmienda a la totalidad tuvo el Gobierno en esta Cámara, puedan cambiar a lo largo del debate de tramitación parlamentaria. Nosotros queremos decir esta mañana que eso es fruto no solo de la
debilidad del Gobierno, sino también de la falta de transparencia del mismo porque no ha tenido pactos claros de apoyo al presupuesto que ha presentado a la sociedad española. Por tanto, según la actualidad política, habrá grupos que en su día
presentaron enmiendas a la totalidad a los que quizás hoy, sin ninguna modificación, este presupuesto les parezca un poco mejor y algún otro, que se opuso, al que le pueda parecer incluso un poco peor, pero lo que sí está claro es que el Gobierno no
nos ha presentado el texto de las políticas que modificará o no modificará en función de los apoyos parlamentarios, y los ciudadanos tienen derecho a conocer no en qué se basan los apoyos al presupuesto en votos sino las políticas concretas, y eso
es lo que nosotros creemos que debería explicar el Gobierno de España.



Títulos I y II


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Señorías, estos presupuestos para el año 2007 contienen lagunas, inconsistencias y principios que el PP no puede compartir. En primer lugar, los presupuestos para el año próximo son, para nosotros, insolidarios y además consagran la
desigualdad entre las regiones españolas, ya que su finalidad última no es responder a las necesidades de la economía española, sino a compromisos políticos del presidente del Gobierno. Solo así se puede entender que el Gobierno destine a una
comunidad concreta 500 millones más de presupuesto para infraestructuras, por ejemplo, reduciendo la cuantía de otras muchas, cuando para su política social, su política estrella, la dependencia, se han destinado bastantes menos recursos que 500
millones. Y aún es mucho más irresponsable este comportamiento desigual e insolidario cuando se pone de manifiesto que no se han especificado los proyectos en los que se van a invertir esos 500 millones de recursos. Esta insolidaridad en los
presupuestos de 2007, que tan claramente se manifiesta en las infraestructuras, tampoco responde a un descuido del Gobierno ni a las prisas y ni siquiera se puede achacar a esa búsqueda de apoyos políticos, simplemente. Nosotros pensamos que es
todavía más grave, responde a un principio que se ha afianzado en el seno del partido gobernante en una manera distinta de gobernar. No olvidemos que la ministra de Fomento, en los primeros presupuestos que tuvo ocasión de presentar en esta Cámara,
dijo la siguiente frase: Las infraestructuras tienen ideología. Nosotros creemos que eso ha marcado toda la política presupuestaria del Partido Socialista. No es casualidad, por tanto, que la inversión en las comunidades autónomas gobernadas por
el Partido Socialista aumente un 30 por ciento en los presentes presupuestos, mientras que las gobernadas por el Partido Popular ven reducir sus inversiones nada menos que en un 60 por ciento. Además, el año próximo será el primero en que notaremos
la pésima negociación de los fondos comunitarios de Zapatero. Entre los años 2000 y 2006, España recibió 48.000 millones de euros de la Unión Europea, mientras que entre 2007 y 2013 recibiremos solo 5.000 millones. Y la gravedad de la pérdida de
fondos negociada por Zapatero se acrecienta porque afectará especialmente a las regiones menos prósperas, me estoy refiriendo a Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Asturias y Murcia. ¿Cómo responde el Gobierno en estos presupuestos
ante esa pérdida de fondos? Nosotros creemos que instaurando la España de la desigualdad y de las dos velocidades. Como ejemplo claro, el vicepresidente, en febrero de 2006, ante la pérdida de fondos comunitarios, se comprometió a duplicar el
Fondo de Compensación Interterritorial para paliar esa pérdida de fondos comunitarios. Ese compromiso no se ha visto plasmado en estos presupuestos y las comunidades menos prósperas de España no tendrán solidaridad del Gobierno de España.



Señorías, esto es solo una muestra de la falta de respuestas que está detrás de este presupuesto. Estamos ya en la segunda parte de la legislatura y los resultados en los objetivos de política económica que propuso el Gobierno no pueden ser
más desilusionantes. Prácticamente nada se ha conseguido en términos de productividad y menos aún en términos de competitividad; además, llevamos un retraso considerable respecto a las legislaturas anteriores en ritmos de acercamiento a Europa.
Por ejemplo, la renta per cápita española se está alejando lentamente de la media de la Unión Europea a Veinticinco al pasar del 98,6 en 2005 al 98,5 en 2006, con una previsión para el año próximo del 98,3. Y el Gobierno sigue sin controlar los dos
grandes desequilibrios de la economía española, me estoy refiriendo a la inflación y al déficit exterior. La falta de respuesta en estos presupuestos a problemas como el endeudamiento de las familias españolas en un contexto de subida de tipos de
interés o el elevadísimo déficit comercial español, consecuencia de la pérdida de competitividad internacional de nuestras empresas, es muy preocupante.
Con una economía que crece en el entorno del 3 por ciento y con un contexto cíclico como el
actual, el Gobierno debería ambicionar un superávit público mucho mayor y no un escaso 0,7 por ciento del producto interior bruto, derivado exclusivamente de los ingresos de la Seguridad Social. Además, el Gobierno malgasta el dinero de los
españoles. Por ejemplo, el presidente ha aumentado los gastos de personal de su departamento un 26 por ciento; sin embargo, el presupuesto de Cultura aumenta un 4 por ciento y el de Sanidad y Consumo solo un 5,2 por ciento.
Y luego vienen las
paradojas de este presupuesto. El presidente pacifista que tenemos, el señor Zapatero, incrementa el presupuesto de Defensa este año un 8,1 por ciento, y eso sin presupuestar el gasto de participación de España en la misión internacional del Líbano
y otras que podrían venir.



Nosotros pensamos que hay que hacer un poco más de política real. Ante la subida de los tipos de interés, la pérdida de fondos de la Unión Europea y el riesgo de la insostenibilidad de las pensiones, que diría el comisario señor Almunia, el
Gobierno actúa irresponsablemente. Se ha perdido la oportunidad de aprovechar el crecimiento para crear márgenes que nos permitan afrontar el futuro con mayores dosis de optimismo.
Señorías, además, este escaso superávit presupuestario se ha
conseguido de la peor forma posible: subiendo la presión fiscal a los españoles. El Gobierno tiene previsto recaudar en el año próximo 22.000 millones de euros más de los españoles, un 13,2 por ciento más que el año 2006. Esta cantidad supone
que, de media, cada español pagará 500 euros más y, además, que cada familia recibirá, de media, otros 500 euros menos al año por lo que España dejará de recibir de fondos comunitarios. Con los presupuestos para el año próximo, podemos afirmar que
la intención del Gobierno es elevar la presión fiscal. La presión fiscal ha pasado del 34,4 por ciento en marzo de 2004 al 37 por ciento en 2007, de acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno de España. Bonita forma de cumplir el compromiso
electoral de reducir la presión fiscal.



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Desde el Grupo Parlamentario Popular nos preguntamos si los mayores impuestos que tenemos que pagar los españoles se han empleado y se van a emplear adecuadamente, es decir, queremos saber si tenemos mejores servicios públicos, si se han
solucionado los problemas de vivienda, si ha mejorado nuestro nivel de vida, si se ha acertado en las políticas de apoyo a la competitividad de las empresas. Pues bien, señorías, parece que no es así, hay más impuestos, hay más presión fiscal y una
falacia, la del gasto social del Gobierno. El señor Solbes ha dicho que los presupuestos para el año próximo son unos presupuestos cien por cien de izquierdas, al tiempo que el gasto social experimenta un débil crecimiento en un año en el que se
pondrá en marcha la Ley de Dependencia, se aprobará la Ley de Igualdad, se desarrollará el acuerdo sobre la Seguridad Social y, además, se agrava el problema de la inmigración ilegal. Así, de los 22.000 millones de euros que el Gobierno recaudará
adicionalmente de los contribuyentes españoles, solo 3.000 los repartirá entre todos ellos en términos de gasto social, excluidas las pensiones. Recauda 22.000 millones más, devuelve en materia social solo 3.000 y dice que son unos presupuestos que
priorizan el gasto social.
Para fomento del empleo el Gobierno solo incrementa el gasto en 700 millones de euros; para solucionar el problema de la vivienda, que tanto preocupa a la mayoría de los ciudadanos, el Gobierno solo incrementa el
presupuesto en 160 millones de euros; la partida de inmigración solo aumenta 250 millones, con lo que no se puede hacer frente a las verdaderas necesidades y al carácter excepcional de la situación que estamos padeciendo, y esta, señorías, sí que
es una verdadera prioridad para los españoles. El supuesto proyecto estrella de Zapatero, la dependencia, solo consigue 400 millones de euros el año próximo; sin embargo, el Partido Socialista prometía en su programa electoral que destinaría 1.000
millones anuales a la dependencia y es el ministro Caldera el que dice, cuando presenta la ley, que su dotación mínima debería ser de 1.000 millones anuales para poder atender adecuadamente a las personas dependientes. ¿Qué pasa con esos
compromisos, señores del Partido Socialista? Todas estas cifras pueden compararse con la generosidad mal entendida y el despilfarro que supone que se destinen de forma incondicionada más de 500 millones para inversiones, hoy desconocidas, en
Cataluña como pago a sus socios. Me gustaría repetir una vez más que nosotros no nos oponemos a que ese dinero vaya a una comunidad autónoma de España, porque además en las épocas de Gobierno del Partido Popular incrementamos las inversiones
precisamente en esa comunidad en un 500 por ciento más, pero, señorías, con proyectos no por apoyos políticos o por condiciones impuestas de otra manera, con proyectos y como prioridades porque se necesite en una comunidad autónoma determinada.
Estamos, pues, señorías, ante un presupuesto claramente electoralista y partidista. El señor Solbes renuncia un año más a utilizar la política fiscal como el principal instrumento de la política económica. Los presupuestos para 2007 representan
una nueva oportunidad perdida; ni cambian el modelo de crecimiento ni tan siquiera sientan las bases que permitan adoptar las reformas estructurales y las medidas liberalizadoras que necesita la economía española y que son, además, urgentes para
afrontar el futuro con mayor tranquilidad.



Señor presidente, en el ámbito concreto de los títulos I y II hemos presentado 33 enmiendas. Algunas de ellas son de carácter técnico, cuya motivación es corregir pequeños defectos, inconsistencias jurídicas y actuaciones contrarias a la
jurisprudencia que seguro que todos ustedes han detectado. Otras, sin embargo, responden a un tratamiento incorrecto de los presupuestos en un ámbito especialmente delicado, el de la educación. Resultan llamativas las inconsistencias detectadas
entre los presupuestos y la Ley Orgánica de Educación, la LOE, cuando precisamente ha sido el actual Gobierno el que aprobó dicha ley. Por tanto, hemos propuesto la realización de una serie de enmiendas con el objetivo de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Educación en numerosas dimensiones que el presupuesto para el año próximo había dejado de lado.
Se trata, por tanto, de mejorar la educación infantil, las nuevas unidades de formación profesional, el apoyo especial a
los alumnos con necesidades educativas específicas, la educación especial, los medios técnicos para la enseñanza y los salarios del personal docente, entre otras necesidades.



Señorías, pese a estar en desacuerdo con el conjunto presupuestado para el año próximo presentado por el Gobierno, razón por la cual defendimos una enmienda a la totalidad, sí hemos querido contribuir con las enmiendas parciales que aquí se
discuten a mejorar el texto actual y a corregir y subsanar las deficiencias a las que he hecho referencia.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Señoras y señores diputados, antes de pasar a defender las enmiendas que hemos presentado a los títulos I y II de estos presupuestos generales, nos gustaría informar a esta Comisión y al conjunto de diputados y
diputadas sobre cuál va a ser el criterio de las enmiendas parciales que a estos Presupuestos Generales del Estado presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Las enmiendas que CiU presenta se basan en dos ejes fundamentales: en
primer lugar, demandan unos presupuestos más sociales, dado que es el principal instrumento para alimentar las prestaciones de la sociedad del bienestar; y, en segundo lugar, proponemos un incremento de la inversión que el Estado se propone
ejecutar en Cataluña.



Cinco ámbitos concentran las principales enmiendas de Convergència i Unió de carácter social. El primer punto, mejora de las pensiones, y en esta línea


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Convergència i Unió propone aumentos del 5 por ciento, en vez del 3 por ciento previsto por el Gobierno, para las pensiones no contributivas y para las pensiones del SOVI. Proponemos que la base de cálculo de las pensiones de viudedad
aumenten del 52 al 60 por ciento, con el fin de que estas pensiones, que suelen ser las más bajas del sistema, alcancen un incremento cualitativo significativo. Finalmente, Convergència i Unió propone crear un fondo de compensación del coste de la
vida para pensiones no contributivas. Dicho fondo se distribuiría entre aquellas comunidades autónomas que en función de la inflación tienen un coste de vida más elevado. El segundo punto sería la financiación del nuevo sistema de dependencia.
Convergència i Unió propone dotar adecuadamente el nuevo sistema de dependencia. Una de las principales discrepancias de CiU respecto a la futura Ley de la Dependencia es su debilidad en materia de financiación. La mitad de las prestaciones
básicas de la dependencia deben ser financiadas por las comunidades autónomas sin que estas reciban más recursos del Estado para poderlas financiar. Con el fin de compensar para el año 2007 este agujero de la futura ley, CiU propone destinar 400
millones de euros a financiar el sistema de dependencia que, según el proyecto de ley, corresponde a las comunidades autónomas. Dichos recursos equivalen a una pequeña parte del mayor superávit que obtendrá el Estado al cierre del ejercicio 2006,
aproximadamente un 5 por ciento, según las previsiones de la información que facilitan los propios presupuestos, por lo que su utilización con esta finalidad no cuestiona los principios de estabilidad. El tercer eje de nuestras políticas sociales
consistiría en más recursos para la integración de la inmigración. En esta línea, nos proponemos incrementar en un 50 por ciento los recursos destinados a las comunidades autónomas para políticas de integración de los inmigrantes, las cuales son
indispensables, con el fin de propiciar la cohesión social. El punto cuarto sería incrementar al 0,7 la aportación voluntaria del IRPF a fines de interés social. Este cuarto eje de mejora de los presupuestos que propone Convergència i Unió en el
ámbito social permite, además, que un aumento del 0,5 sea territorializado en función del origen de las aportaciones, propuesta largamente reivindicada por las ONG y entidades receptoras de fondos en Cataluña, mientras que el 0,2 restante sería
distribuido por el Estado entre entidades de ámbito estatal. El último punto de estas mejoras en las políticas sociales sería mejorar la financiación de la enseñanza concertada. Se trata de dar cumplimiento a los recientes compromisos de la nueva
Ley Orgánica de Educación respecto a las enseñanzas concertadas. En especial, se propone que los salarios de los enseñantes de los centros concertados no crezcan por debajo de los de la enseñanza pública sino de una manera paralela.



El segundo eje, que ocupa una gran parte de nuestras enmiendas, es garantizar el cumplimiento del Estatuto de Cataluña respecto a la inversión del Estado. En primer lugar, cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto. Este
constituye el segundo eje principal de las enmiendas presentadas por CiU. En primer lugar, se trata de incorporar al texto de la ley una disposición adicional nueva por la que el Gobierno del Estado y el nuevo Gobierno de la Generalitat acordarán,
en el marco de la comisión bilateral, la metodología para la determinación del montante global de inversiones que el Estado deberá efectuar en Cataluña en los próximos siete años, con el fin de dar cumplimiento a lo que establece la disposición
adicional tercera del Estatuto de Cataluña. Si, como opina CiU, de la metodología acordada se desprende que para el año 2007 las inversiones presupuestadas por el Estado son inferiores a lo que establece el Estatuto, en los próximos años se
compensará esta nueva inversión. En segundo lugar, y con el fin de visualizar el enorme déficit y retraso en inversiones que debería efectuar en Cataluña, se presenta un amplio conjunto de enmiendas destinadas a incrementar las inversiones del
Estado en infraestructuras, principalmente de transportes y comunicaciones, en medio ambiente y en infraestructuras culturales.



Priorizamos la movilidad de las personas y, por tanto, hablamos de trenes de cercanías y peajes. En transportes y comunicaciones CiU da prioridad a las inversiones destinadas a facilitar la movilidad de las personas en Barcelona y las
comarcas metropolitanas, por lo que proponemos doblar la inversión prevista en cercanías de Renfe a la vez que iniciamos trámites para su transferencia a la Generalitat, y proponemos también la eliminación y rebaja selectiva de los peajes troncales
que dan acceso a Barcelona; a su vez, proponemos nuevos proyectos a Fomento con el fin de completar el cuarto cinturón ferroviario. Proponemos también acelerar el desdoblamiento de la N-II hasta la frontera y de la N-340. En el ámbito de las
carreteras, el objetivo es agilizar aquellos proyectos con mayores retrasos en su ritmo de ejecución, principalmente el desdoblamiento de la N-II a su paso por el Maresme y las comarcas de Girona hasta Francia, y el desdoblamiento de la N-340, que
en algunos casos, como en el tramo de Vallirana, acumula unos retrasos absolutamente inaceptables. En el mismo contexto se propone la financiación del desdoblamiento del eje transversal, que está demostrando la necesidad de acometer este proyecto.

Hay enmiendas en este paquete de infraestructuras que pretenden potenciar el corredor mediterráneo y el ancho internacional de acceso al puerto de Barcelona. En el ámbito ferroviario, además de la prioritaria inversión en cercanías, Convergència i
Unió propone más inversión en el corredor mediterráneo y finalizar el acceso ferroviario hasta el puerto, impulsando la línea con ancho internacional de vía hasta la frontera francesa, hasta el puerto para el tráfico de mercancías. Asimismo
proponemos el inicio de los estudios informativos para la conexión ferroviaria en ancho internacional entre Cataluña, el País Vasco y la costa atlántica francesa.



Más vivienda social en la oferta que se hace en la ciudad de Barcelona. En materia de vivienda, Convergència i


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Unió propone que los costes de las obras de cobertura de vías en San Andreu correspondientes a la nueva estación de La Sagrera sean aportadas por el Estado y no por las plusvalías que se obtengan por la venta de terrenos, ya que estos
terrenos constituyen un patrimonio absolutamente necesario para Barcelona, con el fin de abordar la construcción de vivienda social. Otras ciudades tienen suelo disponible para destinar a vivienda; Barcelona no lo tiene.



Las enmiendas destinadas a inversiones que deberá efectuar el Ministerio de Medio Ambiente se concentran en tres áreas. La primera, las costas, donde destacan los proyectos de inversión en las fachadas marítimas de Barcelona y de Tarragona.
En Barcelona el Gobierno está incumpliendo un convenio del año 2005 según el que debía aportar 65 millones de euros, y el proyecto de ley solamente prevé aportar 5 millones para el año 2007.
En el caso de Tarragona se trata igualmente de un
proyecto largamente pospuesto en distintos presupuestos. También en el ámbito de actuaciones en las costas es preciso cumplir los compromisos pendientes para el cubrimiento de las rieras del Maresme, que año tras año se desbordan en alguno de sus
tramos, con los consecuentes daños materiales y a veces humanos. La segunda área son las propuestas de mejora en la protección del delta del Ebro, prácticamente sin inversiones en los últimos años, y la mejora de la protección medioambiental a lo
largo de los ríos, especialmente en los Pirineos. En este ámbito habría que considerar el aumento de las dotaciones de los trabajos de descontaminación de Flix.
Finalmente, unas enmiendas que CiU ha venido presentando habitualmente abordan la
dotación para el estudio del trasvase de aguas del Roina a Cataluña y mejorar la dotación para la financiación del canal Segarra-Garrigues. En conjunto, más de la mitad de las enmiendas van destinadas a aumentar las inversiones del Estado en
Cataluña. El objetivo es dar cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatuto respecto a la cual Convergència i Unió considera que las previsiones contempladas en el proyecto de ley presentado por el Gobierno son claramente
insuficientes. En consecuencia, el elevado número de enmiendas presentado y el elevado importe de las inversiones que se proponen no es sino una prueba del amplio inventario de inversiones que el Estado podría ejecutar en Cataluña a corto y medio
plazo y que en cambio no contemplan los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, o bien lo contemplan con unas cuantías insuficientes para que la inversión se ejecute con la celeridad que el país necesita.



Hecho este análisis global, entraremos a defender las once enmiendas que presentamos a los títulos I y II. La 2.783, al título I, consiste básicamente en solicitar la transferencia de las partidas correspondientes a asistencia al
autoempleo, que se pase estas transferencias a la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo, a fin de unificar su gestión y obtener mayor eficacia de las políticas activas de empleo. Las diez que
presentamos al título II son en coherencia con las enmiendas aprobada en la Ley Orgánica de Educación y tienen que ver con mejoras de los módulos en distintos elementos de formación profesional, centros que escolarizan a alumnos que necesitan una
ayuda y un proceso educativo específico, mejoras para el profesorado, etcétera. Son un conjunto de enmiendas que damos por defendidas con esta intervención.



El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al portavoz de Esquerra quiero recordarles algo que hemos hecho todos los años. Obviamente después de discutir los títulos hay una discusión especial para disposiciones adicionales, transitorias
y anexos. El que quiera hablar de esas adicionales mientras defiende las enmiendas o las contradice cuando habla de los títulos puede hacerlo, e incluso yo me atrevería a decir que debe hacerlo para dar congruencia a su intervención.



Tiene la palabra ahora el portavoz de Esquerra, señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: A los títulos I y II nuestro grupo parlamentario no tiene enmiendas presentadas, por lo que reservaremos las explicaciones para los títulos en los cuales sí las tenemos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Al no tener enmiendas presentadas, reservamos el turno para la siguiente ronda, donde, si a usted le parece, por problemas de agenda y calendario, plantearemos el conjunto de enmiendas que tenemos a todo el
articulado.



El señor PRESIDENTE: Me parece muy apropiado que haga esto, y así puede exponer en una sola intervención su visión del presupuesto.



Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.



El señor RIVERO BAUTE: Aprovecho este turno para fijar la posición de mi grupo respecto del presupuesto del próximo año en los trabajos en Comisión. Voy casi a reproducir mi intervención con ocasión del debate de totalidad. Nosotros
compartimos las líneas generales del presupuesto, es decir, las prioridades presupuestarias, al entender que hay un importante incremento en todos los aspectos sociales: la educación, I+D+i, atender un tema tan importante como el derivado de la
nueva Ley de Dependencia, el incremento de las pensiones, el incremento de la inversión, etcétera.
Son cuestiones que mi grupo parlamentario comparte. Ahora bien, dejamos claro en el debate de totalidad que no compartíamos el criterio de
distribución territorial de los recursos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Por


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eso quiero que quede reflejada en el 'Diario de Sesiones' cuál es la posición clara del grupo canario, que no es otra que pedir que se cumplan los compromisos que tenía el Gobierno con mi grupo. En su día llegamos al acuerdo de que en
Canarias se invirtiera lo que parece lo más sensato, lo más razonable, la media de lo que se invierte en la Península, tanto en inversión como en los gastos de los servicios esenciales, es decir, educación y sanidad. Estamos bastante alejados de
esa media de inversión en el Estado, bastante alejados de los recursos per cápita en servicios esenciales, en educación y sanidad, y dejamos reflejado con ocasión del debate de totalidad que algunos de los acuerdos que habíamos alcanzado maquillaban
la posición de Canarias en los presupuestos, aquello que daba respuesta a una resolución del último debate sobre el estado de la Nación sobre la prórroga del PIEC, por cierto aprobada por unanimidad, y otra enmienda que tiene que ver con una
política que afecta a Canarias y a algunas comunidades autónomas, como es la acogida de los menores inmigrantes no acompañados. Ahí dejábamos claro que intentaríamos mejorar la posición, acercarnos a esa media estatal. Es imposible, sabemos que
queda un año presupuestario, pero las enmiendas que hemos presentado tienen esa orientación, mejorar la posición desde el punto de vista de la inversión, y hay algunas enmiendas orientadas al articulado que tienen que ver con la redistribución de
fondos, el Fondo de Cohesión Sanitaria, el tema de transportes de mercancías desde Canarias a la Península, que también obedece a una resolución parlamentaria aprobada por unanimidad en el último debate sobre el estado de la Nación, o la declaración
del puerto de la Hondura, en Fuerteventura como puerto de interés general debido al desarrollo que está teniendo esta isla. En definitiva, adquirimos en su día un compromiso con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Gobierno, llegamos a un
acuerdo de apoyo plurianual a los presupuestos, pero era un acuerdo en una doble dirección: nosotros nos comprometíamos a apoyar unos presupuestos coherentes con las prioridades del Estado y al propio tiempo el Gobierno se comprometía a mejorar la
posición de Canarias, acercándola a lo que parece razonable, que es la media de lo que se invierte en la Península. Nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente nuestros compromisos y entendemos que en los presupuestos actuales no se está
cumpliendo con los compromisos que se derivan para Canarias y esperamos de la buena disposición expresada por el Grupo Parlamentario Socialista para que seamos capaces de mejorar esa posición mediante las enmiendas que hemos presentado. Si es así,
estaremos cumpliendo con nuestros compromisos y, si no, valoraremos la posición de mi grupo. Doy por defendidas las enmiendas que están presentadas a los títulos I y II de los presupuestos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, señor Saura.



El señor SAURA GARCÍA: Vamos a hacer una intervención con relación a estos dos títulos, comenzando por una visión general sobre el marco del presupuesto para el año 2007. Nosotros pensamos que estos son unos buenos presupuestos por dos
razones: porque buscan mejorar la productividad y, por tanto, la competitividad, y porque tienen como objetivo la cohesión social y territorial, todo ello en el marco de la estabilidad presupuestaria y de una reducción de impuestos para las
empresas y las familias. Son unos buenos presupuestos que buscan mejorar la competitividad y la cohesión social y territorial en una situación económica razonablemente buena, y voy a dar dos datos que avalan lo que les he dicho anteriormente. En
primer lugar, hemos conocido recientemente el primer avance de la inflación de octubre que es del 2,6 por ciento, y este es el mejor dato desde marzo de 2004. Es decir, que la diferencia con la media de la eurozona es de solo un punto cuando, hasta
hace unos meses, el diferencial estaba en 1,8 puntos. Por tanto, si hablamos de inflación, que es uno de los problemas, objetivos y retos de la economía española, hay un dato bueno en la economía española que hemos conocido recientemente y que es
el mejor desde marzo de 2004. También me quiero referir al dato de empleo que suministra la encuesta de población activa cuando habla del tercer trimestre. Estamos hablando de la creación de 700.000 empleos en este último año con una tasa de paro
del 8,1 por ciento, que es el dato mejor desde 1979 el mejor dato desde hace 23 años.
Por tanto, el marco general, la situación económica es razonablemente buena y se podría decir que estamos creciendo en torno al 3,7 por ciento.
Si la media de
creación de empleo ha estado este último año en una tasa del 3,4 por ciento y el crecimiento económico está en torno al 3,7 por ciento, quiere decir que hay un incremento de la productividad. Este fue el primer objetivo de la política económica del
nuevo Gobierno socialista, y ya vemos que hay un incremento de la productividad, objetivo que no es solo corto plazo, sino a medio y a largo plazo, y hay datos positivos en ese sentido. La situación económica es buena, está avalada por una política
económica que va en la buena dirección, y estos presupuestos quieren contribuir a que la situación económica siga circulando por los parámetros por los que ha ido estos últimos años.



Como decía antes, los objetivos del presupuesto son el incremento de la competitividad y la apuesta por la cohesión social y territorial y así lo demuestran los datos en el presupuesto: Hay un incremento de los recursos de los créditos
destinados a capital humano y tecnológico en torno al 31 por ciento; educación crece en ese conjunto alrededor de un 26 por ciento, I+D+i en torno al 33 por ciento. Estamos hablando de incrementos espectaculares con relación al año anterior y a lo
que sucedía en otros presupuestos cuando gobernaba el Partido Popular, por ejemplo, un 20 por ciento de incrementos en becas. Si en términos nominales hemos estimados que la economía crezca con relación al 6,7 por ciento, no


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llega al 7 por ciento, los incrementos de los que estamos hablando son espectaculares como el incremento en la política de infraestructuras, un 8,6 por ciento, o el del gasto social, un 8,4 por ciento; pensiones en ese gasto social crece a
una tasa del 8 por ciento. La Ley de Dependencia crece en 200 millones de euros, es decir, se dobla el presupuesto del año anterior, que contemplaba una partida de 200 millones de euros, y ahora el Gobierno ha planteado una partida de 400 millones
de euros. Podrá parecer insuficiente, pero doblar el presupuesto en dependencia con relación al año anterior, habla por sí solo de la atención, dedicación y prioridad del Gobierno. En materia de vivienda hay un incremento del 14,4 por ciento. Al
Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinan 6.400 millones de euros. Para el fomento del empleo hay un incremento del 11 por ciento, y la política de inmigración crece también un 15 por ciento.
Es decir, si el presupuesto crece en casi un
7 por ciento y la economía no llega nominalmente al 7 por ciento, los recursos destinados a inmigración se doblan, el crecimiento es el doble del crecimiento de la economía y el doble del crecimiento del presupuesto. Podrán decir SS.SS.
que esto
es insuficiente, pero crece el doble de lo que crece el presupuesto. Esto creo que también muestra una sensibilidad y prioridad por parte del Gobierno, como también es una prioridad la apuesta por la seguridad ciudadana, con un crecimiento del 12
por ciento. Este presupuesto, como acabo de argumentar, apuesta por la productividad, y ahí están los datos de I+D+i, de educación, de política de infraestructuras, y también por la cohesión social, como he tratado de demostrar con los datos que he
planteado anteriormente. La Ayuda Oficial al Desarrollo crece, nada más y nada menos, un 39 por ciento. Se crea un fondo de ayuda al desarrollo de 150 millones de euros y, como les decía al principio de mi intervención, todo ello en el marco de la
estabilidad presupuestaria. Hay un superávit de las cuentas públicas del 0,7 por ciento del PIB. Es verdad que el superávit final resultante termina siempre siendo superior al presupuestado. Tengo que recordar que en 2005 el superávit fue del 1,1
por ciento del PIB, superior a lo presupuestado; en 2006 la previsión del superávit fue del 0,2 por ciento de las cuentas públicas, y muy probablemente va a terminar por encima del 1,1 por ciento del PIB. Es decir, el superávit estimado es
inferior al que finalmente resulta de la ejecución del presupuesto. Esto no es comparable con lo que ocurría con el Partido Popular, porque en la realidad no presentaba superávit. El superávit se está produciendo ahora con un Gobierno del Partido
Socialista. Por lo que se refiere a la reducción de impuestos, la reforma fiscal del IRPF y el impuesto sobre sociedades supone un ahorro para las familias y las empresas de 4.000 millones de euros.



En cuanta a la cohesión territorial, tampoco admite discusión alguna. Los presupuestos socialistas de 2005, 2006 y 2007 de media son más solidarios territorialmente que la media de los presupuestos del Partido Popular. Si nos vamos a la
inversión territorializada por habitante del Estado en todos los territorios, estos sí que son unos presupuestos justos y solidarios. Es decir, a mayor pobreza relativa, mayor inversión per capita del Estado. No sucedía así cuando gobernó el
Partido Popular, que era todo lo contrario. Por tanto, son unos presupuestos que cumplen las aspiraciones, las necesidades y los retos de la economía española; una economía española que crece muy por encima de la media española, que presenta unos
datos de inflación mucho mejores que los datos de inflación que la economía española, tenía en 2004 y unos datos de creación de empleo inmejorables. Estamos hablando de 700.000 empleos en el último año. Además, una creación de empleo indefinido.
Estamos hablando de 10.000 empleos indefinidos cada día. En definitiva, unos presupuestos que cumplen los retos de la economía española que está creciendo, que está creando empleo y que está mejorando su saldo exterior y el dato de inflación. A
continuación, vamos a hablar de las enmiendas que se han presentado a los títulos I y II de los presupuestos para el año que viene y le cedo la palabra a mi compañero, don Raimundo Benzal.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Benzal.



El señor BENZAL ROMÁN: Continuando con las reflexiones que hacía el portavoz de presupuestos, voy a dar dos datos para añadir a lo que él ha dicho sobre características generales. Ha definido como dos ejes importantes de los presupuestos
la formación en capital humano y la inversión en capital tecnológico, sectores que caen de lleno en la política presupuestaria del Ministerio de Educación. Con relación a la educación, ese 26 por ciento de crecimiento que anunciaba anteriormente
con relación al año anterior, supone casi nueve veces el aumento que el Ministerio de Educación tuvo para el último presupuesto del Partido Popular, ya que entonces fue de un tres por ciento y ahora supera el 26 por ciento. En cuanto a la política
de investigación, aumenta un 27 por ciento, pero, a su vez, duplica en solo tres años la política de I+D+i que tuvo el Gobierno anterior. De tal manera, que el compromiso de duplicar la inversión en investigación, desarrollo e innovación se ha
cumplido un año antes de lo que estaba previsto en el programa de gobierno. Además, la referencia fundamental, especialmente en la política educativa, va dirigida a un programa nacional relativo a los objetivos de la Unión Europea para 2010, dentro
del cual está el programa Ingenio, que comprende, a su vez, el Plan Avanza y todo lo relacionado con Internet en el aula. Con relación a esas dos grandes líneas en educación, tengo que salir al paso de la crítica que se ha venido oyendo esta
mañana, especialmente del Grupo Popular, sobre la financiación de la LOE. La financiación de la LOE tiene en los presupuestos un gasto presupuestario superior al que contemplaba la memoria de la LOE. Se está más que cumpliendo


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el compromiso de que, por primera vez, una ley educativa esté acompañada de una memoria económica. En cuanto a investigadores y estructuras relacionadas con la investigación, existe una política muy desahogada prespuestariamente. Con
relación al título II, que contiene el artículo 16, que es al que se le presentan más enmiendas, fundamentalmente el Grupo Popular y también Convergencia Unió, respecto a Convergencia i Unió estamos estudiando una transacción con alguna enmienda
incorporada en la ponencia que posteriormente se la daremos a la Mesa y al grupo correspondiente. El artículo 16, que remite, a su vez, a los anexos IV y V, y que voy a dar por defendidos, se relaciona fundamentalmente con los conciertos educativos
y con su financiación . Es una obligación anual incluir en los presupuestos esos criterios de financiación de los conciertos educativos en los distintos módulos que los comprenden.
Dejamos para un debate posterior algunas adicionales que nos
parece importante tratar individualmente, puesto que se refieren a becas o a la intención de crear un fondo de compensación interterritorial, que tendrá un tratamiento específico por parte de este grupo.



En cuanto a las propuestas que rebatimos, me voy a referir a las siguientes. En primer lugar, se propone una variación de los módulos de financiación de los conciertos educativos. Hay que tener en cuenta que los módulos se procuran acordar
en la conferencia sectorial, en donde están representados tanto el ministerio como las distintas consejerías de las comunidades autónomas -hay que tener en cuenta que la educación es un sector transferido-, que generalmente adecuan posteriormente
los módulos.
La opinión de las comunidades autónomas que van a suplementar después, en la mayoría de los casos, la financiación que indiquen los Presupuestos Generales del Estado, es fundamental. Por tanto, nos parece oportuno aumentar esos
módulos sin tener el aval de esas comunidades autónomas.
Como tampoco nos parece oportuno que esos módulos, que tienen un carácter más estructural, más permanente, estén en función de unos acuerdos que, por otra parte, el Ministerio de Educación
está cumpliendo, pero que son más coyunturales. Hay alguna enmienda en la que se pretende contraponer la permanencia del acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado con los criterios emanados de unos posibles y deseables acuerdos con los
sindicatos. Vuelvo a repetir que el Ministerio de Educación está cumpliendo con los sindicatos de la enseñanza privada, tal como nos lo han dicho en los últimos días los interesados. Por tanto, si el Ministerio de Educación está cumpliendo los
acuerdos, los últimos son de noviembre de 2005, no es conveniente que suplanten la estructura general presupuestaria, a pesar de que lo contemple una adicional de la propia LOE. En cuando al pago a cuenta, el Ministerio de Educación paga a cuenta a
los profesores de la enseñanza concertada, pero más bien porque no hay ningún acuerdo entre patronal y sindicatos. Para las distintas administraciones supone una carga en la gestión de esas nóminas que no es deseada por las administraciones, pero
sí es bastante asumida, y yo diría que querida, por parte del sector profesional. Igual pasa con la paga de antigüedad, aunque en ese caso se podría abundar que es fruto de un colectivo al que no tiene que estar obligado el Ministerio de Educación
ni las comunidades autónomas. Por tanto, no se puede incluir como una obligación de los Presupuestos Generales del Estado, del Estado ni de las administraciones educativas. También se pretende variar la ratio de profesores por unidad. Tenemos
prevista alguna transacción, especialmente a Convergencia i Unió con relación a alguna propuesta suya, pero las ratios se deducen de los módulos que están en los anexos IV y V. No es necesario incluir específicamente la denominación de las ratios,
en primer lugar, porque se deducen de esas cantidades modulares y, en segundo lugar, fue por un acuerdo de las comunidades autónomas por el que se quitaron de los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto a la formación profesional, se pretende
que se supriman unos coeficientes reductores que hay en función del número de alumnos que tiene cada aula.
No nos parece oportuno porque es un seguro de control público que la financiación esté relacionada con el número de alumnos. También hay que
decir que no suele haber problemas en este aspecto, ya que en general los centros concertados tienen una relación suficiente de alumnos por aula para cumplir esos coeficientes, esas ratios. Tampoco nos parece conveniente, al menos de momento, que
haya unos convenios, especificos, derivados de la disposición adicional 28 de la LOE, que los prevé para los centros de FP, porque están sujetos a un desarrollo reglamentario.



Concluyo diciendo que en cuanto a las políticas de atención a la diversidad, el Gobierno socialista fue el que las instrumentó, el que las creó, el que las ha desarrollado y el que las sigue potenciando. Por tanto, hay algunas propuestas en
cuanto a aumento de la orientación, a incremento de las unidades de apoyo a la integración, hay que tener en cuenta que todas estas son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, en cuanto al transporte de plurideficientes, que
compartimos sin duda alguna, que impulsamos en su momento y precisamente es lo que permanece después de las transferencias de educación que se hicieron a las distintas comunidades autónomas; y siendo su competencia desde entonces, lógicamente
tienen que abordarlo desde sus presupuestos.
Además, en la Ley Orgánica de Educación hay partidas específicamente indicadas para atender a estas situaciones, partidas que se incluyen mediante convenios con las comunidades autónomas, en función de
las necesidades de cada una de ellas. Por tanto, nos parece que está perfectamente incorporado.



Quiero indicar, por último, que, como he dicho anteriormente, haremos una propuesta de transacción a Convergència i Unió para, conjuntamente con una enmienda incorporada inicialmente por nuestra parte, atender de manera distinta los módulos
educativos en educación secundaria obligatoria y bachillerato.



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El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la discusión del título III.



Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Padilla.



El señor PADILLA CARBALLADA: En relación con este título, naturalmente dando por defendidas la totalidad de las enmiendas que hemos presentado al mismo, el Grupo Popular -y voy a hacerme eco exclusivamente de nuestras enmiendas, de forma
breve-, en primer lugar, tiene presentada una enmienda de modificación al artículo 21.3, mediante la que pretendemos que se avance algo más en este ejercicio en relación con el objetivo de que los funcionarios públicos perciban en sus retribuciones
extraordinarias una percepción íntegra de las retribuciones que a su vez les son satisfechas a lo largo del resto de las mensualidades anuales.
Efectivamente, en este ejercicio ya se alcanza el objetivo básico de que esas percepciones
extraordinarias estén integradas por una mensualidad de sueldo y trienios más un cien por cien del complemento de destino.
Nosotros pretendemos que además se perciba el 50 por ciento del complemento específico, con los límites que se establezcan
por cada uno de los grupos de funcionarios. Es verdad que ha habido una discusión en este ejercicio sobre cuál había sido realmente el aumento de la retribución de los funcionarios. El Gobierno echó las campanas al vuelo al decir que era el 3 por
ciento. Lo cierto es que un 1 por ciento de ese 3 por ciento se dedica a cumplir un objetivo que ya venía arrastrado de presupuestos anteriores, de tal forma que o entendemos que el funcionario autofinancia el aumento que recibe o si no habrá que
admitir que el aumento es del 2 por ciento, inferior, por tanto, al IPC. Esto no tiene más vueltas; yo no soy de matemáticas, pero el asunto está más claro que el agua. En cualquier caso, nos parecía que era un tema en el que había que incidir
con un sentido constructivo y así lo hacemos.



En segundo lugar, también proponemos una enmienda al apartado cinco del artículo 21 que persigue salvaguardar el cumplimiento de los límites en los incrementos retributivos establecidos en el propio artículo 21, en lo referido a los
acuerdos, convenios o pactos que se puedan llevar a cabo en el ámbito del sector público y prevenir posibles comportamientos administrativos que pudieran producir desviaciones en las obligaciones impuestas por la ley de presupuestos. La
justificación es obvia, señorías. No parece razonable que tengamos estas sesiones de mañana y tarde todos los años a principios de noviembre, para que después todo eso no sea más que papel mojado. Probablemente el talón de Aquiles de los actuales
sistemas políticos esté en el control escaso y de difícil realización que tienen las cámaras parlamentarias en relación con los poderes ejecutivos en cuanto al cumplimiento y la ejecución del presupuesto, de tal manera que todo lo que sea precisar
el alcance y limitar, cuando deba ser limitada, la posición del Poder Ejecutivo, nos parece que es cumplir el objetivo que tiene esta Cámara, ni más ni menos, y lo que justifica la propia existencia de la ley de presupuestos.



En cuanto a la oferta de empleo público, en el artículo 22, y con la finalidad de que aquellos contratos que con carácter fijo o temporal se realicen en el extranjero de acuerdo con la legislación local española, proponemos que, además de
que se realicen efectivamente con arreglo a una u otra, se introduzca la exigencia de que gocen de los mismos derechos, garantías y deberes que el personal contratado en territorio nacional, para no crear un espacio de extraño personal en nuestras
legaciones exteriores y en las oficinas de nuestros organismos autónomos situados en el extranjero, en función de que el conjunto de derechos y obligaciones de este personal tenga una coherencia con lo que es el resto de la Función pública, amplio
sensu.



Proponemos también, en relación con el artículo 22, una enmienda referida a la oferta de empleo público -también lo propusimos el año pasado-, en el sentido de que se limite al año en que se produzca el nombramiento de funcionarios interinos
o contratación de personal laboral a los efectos del cómputo de la tasa de reposición de efectivos de la oferta de empleo público, evitando, como propone el proyecto de ley, que si no fuera posible lo fuera en la siguiente oferta de empleo público.
Teniendo en cuenta la tendencia que tienen todos los ejecutivos, y en particular los del Partido Socialista, a encontrar aquí un portillo para una agencia de colocación que después se perpetúa a lo largo del tiempo, ya no sabemos cuál es la
urgencia; la urgencia será urgencia y evidentemente tendrá que ser paliada durante el tiempo en que es patente, pero nos parece que pensar ya en dos años de urgencia es mucho. Esa es nuestra opinión y, por tanto, pedimos que se incorpore esta
enmienda al texto del proyecto.



También pedimos la adición de un nuevo apartado al artículo 22, también en lo que se refiere a la oferta de empleo público, con la finalidad de facilitar el control democrático del Parlamento y clarificar la propia oferta de empleo público y
su evolución. La enmienda presentada mandata al Gobierno para que semestralmente remita la información precisa sobre al materia, información de la que se dará traslado a los sindicatos representativos de la Función pública. Con lo que les gusta a
ustedes la claridad y al Gobierno la centralidad del Parlamento, no entendemos -ya es el segundo año que lo hacemos, y suponemos, visto el resultado del dictamen, que esto no prosperará- la resistencia que tienen a que se informe al Parlamento,
refiriéndose además a la oferta de empleo público que maneja y administra a su voluntad el Poder Ejecutivo. Vuelvo a repetir que si a ustedes esta enmienda no les parece bien, no entiendo para qué estamos aquí.



Asimismo, en el artículo 22, tambien referido a la oferta de empleo público, pedimos la modificación del apartado uno, párrafo cuarto, en atención a las limitaciones que la ley de presupuestos para el ejercicio de 2007 establece para el
número de plazas de nuevo


Título III


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ingreso fijada en el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos y la excepción establecida en el párrafo cuarto; proponemos que en el ámbito de la administración local esta limitación no sea de aplicación al personal de la Policía
local ni a los servicios de prevención y extinción de incendios, y que también sea ampliada a los restantes cuerpos de emergencia y seguridad, a fin de facilitar a las corporaciones locales la atención en las necesidades de estos servicios.



Es patente que el cúmulo de desgracias se suelen suceder, y nos parece efectivamente que, además de los cuerpos de Policía local y de prevención y extinción de incendios, es razonable que los restantes cuerpos de emergencia y seguridad,
sobre todo de las grandes ciudades, en el ámbito de la Administración local no se vean mediatizados o limitados por esta limitación presupuestaria.



Al artículo 37.1 planteamos una enmienda sobre contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones como adición o nuevo apartado, con características similares a nuestra enmienda número 813.
También se pretende
facilitar el control democrático sobre las contrataciones de personal laboral que se realizan con cargo a los créditos de inversiones por los diferentes ministerios y organismos dependientes de estos. Con este fin se propone que semestralmente se
remita al Parlamento y sindicatos representativos de la Función pública la relación de contrataciones efectuadas con cargo a estos créditos.



Aunque no sea objeto de este título es necesario hacer referencia naturalmente a tres adicionales que, de alguna manera, guardan relación con estos preceptos solo en el sentido de que, en definitiva, complementan lo que ha sido la acción del
Grupo Popular en relación a este título. Nos referimos a una que habla de la carta de servicio a los usuarios, a la movilidad interadministrativa del personal al servicio de las administraciones públicas, con especial incidencia a aquellas en que
sea necesario facilitarla por la violencia de género, conciliación de la vida familiar y laboral o por razón de discriminación o acoso en el trabajo, y la referida a la elaboración y aprobación de un plan estratégico de recursos humanos para la
Administración General del Estado y sus organismos públicos, mediante la elaboración de un diagnóstico sobre sus necesidades y la propuesta sobre la racionalización de recursos existentes. Con la cantidad de libros blancos y lo que han costado, y
segundos libros blancos y nuevos objetos de reflexión que llevamos vistos en el área de administraciones públicas en esta legislatura, es el colmo que todavía no se hayan dedicado, efectivamente, a hacer un estudio y una reflexión a este respecto.
Con todo esto, señor presidente, quedan defendidas las enmiendas del Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra su portavoz, el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario tiene presentadas cuatro enmiendas al título III, gastos de personal, que van en la dirección de eliminar el carácter básico del establecimiento de los topes a los incrementos
retributivos del personal al servicio de las administraciones públicas, así como en la dirección de eliminar el carácter básico de las disposiciones del proyecto en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Al mismo tiempo,
hemos presentado una enmienda, que ha sido típica de nuestro grupo parlamentario a lo largo de estos últimos años, en el sentido de permitir a las entidades locales la posibilidad de incrementar las retribuciones del personal a su servicio, a fin de
compensar la pérdida de poder adquisitivo en función de los diferentes niveles de inflación que se han producido en las distintas autonomías. Igualmente, hemos presentado la enmienda número 2799, que va en la dirección de garantizar la competencia
de autoorganización de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en la fijación del número de plazas ofertadas para todas aquellas cuestiones que afecten al empleo público.



Estas son, en definitiva, las cuatro enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario al título III.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Por problemas de agenda esta mañana, voy a hacer una intervención larga, en la que voy a desglosar el conjunto de enmiendas que hemos presentado a todo el articulado, entendiendo que damos por defendidas todas las
enmiendas, incluidas aquellas a las que no hagamos mención, y que entendemos la importancia de las mismas.



En primer lugar, quisiera destacar dos enmiendas que se han incorporado a ponencia, firmadas por el grupo Socialista y por nuestro grupo parlamentario, que van en la línea de conseguir que este presupuesto tenga un mayor compromiso social.
La primera se refiere a que para el año 2007 se establezca un complemento de pensión fijado en 350 euros a aquellos pensionistas que acrediten fehacientemente carecer de vivienda en propiedad con residencia habitual en vivienda alquilada por
propietarios que no tengan con él o con ella relación de parentesco alguno; dicho de otra manera, aquellas personas que tienen pensiones mínimas no contributivas, pensiones que apenas les permiten llegar a fin de mes, recibirán a final de año 350
euros, lo que supone un incremento que va más allá del 1 por ciento que planteábamos desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para las pensiones mínimas no contributivas. De hecho, esta enmienda va en la línea de nuestra enmienda número
2144 -enmienda que planteábamos en términos similares-, que va a suponer en definitiva que aquellas personas más desfavorecidas, más vulnerables, que aquellas personas que tienen pensiones mínimas no


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contributivas tengan un complemento. Nosotros mantenemos la enmienda número 2129, enmienda que plantea precisamente que estas pensiones mínimas no contributivas mantengan el poder adquisitivo; por tanto, que se suban un punto más de lo que
se incrementan las pensiones mínimas no contributivas de acuerdo con el incremento de precios al consumo.



Segundo elemento que se incorporó en la ponencia y que queremos valorar de forma muy positiva, una enmienda que entendemos que es histórica, ya que en la disposición adicional cuadragésima novena bis incorporamos el fondo de garantía del
pago de alimentos. Por tanto, se crea un fondo destinado a garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de alimentos reconocido a favor de los hijos menores de edad en convenios judicialmente aprobados o resolución judicial en los
supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad de matrimonio o procesos de filiación o de alimentos; dicho de otra manera, un fondo de garantías que existe en otros países de la Unión Europea, un fondo de garantías que se venía
reivindicando desde hace décadas especialmente por parte de aquellas mujeres que no recibían pensión alguna de sus ex cónyuges y que va a suponer que con 10 millones de euros ganemos en equidad precisamente respecto a aquellas mujeres,
mayoritariamente, que no reciben los recursos, el dinero, las pensiones que garantizan las sentencias que dan lugar al divorcio; fondo de 10 millones de euros que va a suponer un paso hacia adelante. A partir de aquí nuestras enmiendas van en
muchas direcciones. La primera que establecemos de entre las más de 50 enmiendas que hemos incorporado al articulado, es la lucha contra el fraude -enmiendas números 2116, 2153, 2123-, y les podría poner algún ejemplo. Entendemos que la lucha
contra el fraude debe ser una prioridad en estos Presupuestos Generales del Estado y que en el articulado podemos incorporar medidas que ya planteamos precisamente en la tramitación de la Ley de lucha contra el fraude. Precisamente es una de las
asignaturas pendientes de nuestro modelo contributivo; el diferencial en gasto social va parejo a la menor recaudación, por un sistema fiscal que nosotros discutimos, pero también sin lugar a dudas por una ineficaz lucha contra el fraude que
también dura décadas. Segundo elemento que planteamos en muchas enmiendas: impedir la pérdida de poder adquisitivo del sector público, de los empleados públicos. En las enmiendas números 2117, 2118, 2119, 2120 y 2121 introducimos medidas que
garanticen precisamente que el sector público -lo que no hace, como ha hecho durante muchos años- no pierda poder adquisitivo. Por tanto, estas medidas lo que hacen es garantizar este elemento. De igual manera introducimos en estas enmiendas el
principio de causalidad en la contratación del sector público, entendiendo que la temporalidad también es un valor habitual en el sector público y que la causalidad debe incorporarse en este sector. Dicho esto, nuestras enmiendas, como pueden
ustedes ver, son variadas, y yo destacaría la enmienda número 2122, con la que se pretende, por ejemplo, aclarar que las administraciones estén obligadas a convocar los puestos o plazas dotados presupuestariamente y ocupados interna o temporalmente
y que no dispongan de la facultad discrecional de convocarlas o no; dicho de otra manera, introducimos con mucha fuerza el principio de causalidad.
En la enmienda número 2123 planteamos precisamente medidas para que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria pueda hacer una mejor lucha contra el fraude. Con la enmienda número 2124 volvemos a introducir el principio de causalidad como elemento muy relevante y en la enmienda número 2131 introducimos un tercer elemento que
consideramos importante en estas enmiendas en el articulado. Uno de los elementos que más se ha destacado de esos presupuestos en materia de cooperación y de Ayuda Oficial al Desarrollo ha sido el incremento de los créditos FAD, unos créditos que
han sido archidiscutidos por parte de las organizaciones no gubernamentales. Pues bien, en estos presupuestos nos hemos encontrado que el incremento en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo parte de la base de un incremento notabilísimo de los
créditos FAD ubicados en cooperación que llegan a los 624 millones de euros. Les pediría que prestasen atención a la enmienda número 2131 porque en esta enmienda limitamos y controlamos más los créditos FAD. Nosotros decíamos que hay que subir la
Ayuda Oficial al Desarrollo por el camino correcto, que no hay que ir por atajos. Y en este presupuesto en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo se cogía un atajo a través de los créditos FAD que aumentaban de forma excesiva. Por eso limitamos
los fondos de ayuda al desarrollo en materia de cooperación; destinando parte de esos recursos precisamente a AECI y a Ayuda Oficial al Desarrollo directamente, también limitamos el Fondo para organismos internacionales no financieros y, en
definitiva, todos los instrumentos de carácter financiero que se ubican no solo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, sino también en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entendiendo que en
todos los fondos debe haber una intervención por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. ¿Cuál es la motivación? Simplemente no engrosar de forma inadecuada el FAD cuando la Ley reguladora de la deuda externa que se acaba de
aprobar en el Senado obliga al Gobierno en su disposición transitoria primera a regular este mecanismo. Por tanto, lo que planteamos es una disminución de estos fondos, una ubicación de parte de estos recursos precisamente en Ayuda Oficial al
Desarrollo en el capítulo IV y el capítulo VII y lo que esperamos, en definitiva, es que no se produzca este incremento hasta que no exista esta Ley reguladora de la deuda externa y también de los créditos FAD que establece precisamente la ley que
acabamos de aprobar tanto en el Congreso como en el Senado. Este sería uno de los elementos que planteamos como elemento de fuerza y sobre el cual esperamos llegar a un acuerdo a lo largo de hoy, entre otras cosas, porque hubo compromisos desde


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la tribuna y también compromisos con el Grupo Socialista, de que caminaríamos en este sentido, pero estos compromisos aún no se han concretado tal y como nos hubiese gustado.



Otro elemento que queremos destacar es el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en 0,7 por ciento que entendemos que se debe concretar y se debe hacer efectivo. En nuestra enmienda número
2133 así lo planteamos, pero un 0,7 por ciento tiene que garantizar, primero, que se van a seguir criterios de territorialidad, dicho de otra manera, que se van a cumplir con las reiteradas sentencias que hablan de que debe haber un liderazgo
territorial autonómico en la distribución de estos recursos. En segundo lugar, incorporando también en este aumento no solo las entidades de fines sociales, sino también a proyectos de carácter medioambiental -entendemos que este sería un objetivo
a asumir- y, en tercer lugar, que en la asignación en el ámbito autonómico se tenga en cuenta el esfuerzo que se ha hecho por parte de cada una de las comunidades autónomas. Dicho de otra manera, si en una comunidad autónoma la gente es más
solidaria que en la de al lado, no tiene sentido que eso no tenga ningún tipo de repercusión a la hora de asignar los recursos en las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, esta enmienda número 2133 es importante, es más, sabemos que,
habiéndose presentado enmiendas muy similares por parte de otros grupos parlamentarios, sería posible llegar a un acuerdo transaccional entre las enmiendas que han presentado grupos como Convergència i Unió y como el de Esquerra o nuestro Grupo
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Quiero destacar también la enmienda número 2135. Es una enmienda que trata precisamente de poner negro sobre blanco, algo que posibilita el Impuesto del IBI, pero que no posibilita de momento su desarrollo reglamentario.
Se trata simple y
llanamente de que las viviendas desocupadas se puedan gravar. No se trata de que sea imposible tener viviendas desocupadas, pero sí de que exista autonomía local para que las viviendas que están desocupadas durante una serie de años puedan ser
gravadas con un mayor impuesto del IBI que aquellas que simplemente están ocupadas. En un momento de gran preocupación en torno a la vivienda lo que encontramos insólito es que una propuesta que hemos planteado desde el principio de la legislatura,
una propuesta que es de sentido común, una propuesta que va en la línea de la autonomía local, no se lleve a cabo. La propuesta de la enmienda número 2135 dice que hay que dar autonomía local, entendiendo que las realidades locales son diferentes
en un pueblo de la Costa Brava o de la Costa del Sol precisamente por las características turísticas de las ciudades consolidadas, pero entendiendo en definitiva que esta enmienda número 2135 es una enmienda que desarrolla el reglamento del IBI y
que nos permitiría tener políticas activas en torno a una realidad, la de viviendas desocupadas. España es el país de la Unión Europea que construye más. En España en un año se construyen tantos pisos como en Francia, Alemania e Italia juntas y lo
que hay que hacer es una política activa en torno a las viviendas desocupadas. Por tanto, la enmienda número 2135 se ubicaría en el sentido común, no en el sentido común de los especuladores, pero sí en el sentido común de las personas que quieren
acceder precisamente a una vivienda.



Doy por defendido el resto de enmiendas, de las números 2137 a 2150. La enmienda número 2151 es una enmienda que habla precisamente de políticas de abastecimiento de agua a diferentes poblaciones de Cataluña y nosotros entendemos que son
obras declaradas de interés general y, por tanto, de competencia y financiación de la Administración General del Estado y no se debería exigir aquí la autofinanciación como planteamos en la enmienda. De igual manera, en la enmienda número 2155
planteamos una acción integrada en los montes en defensa contra incendios y creación del fondo para una gestión forestal sostenible. Esta enmienda se incorporó el año pasado y en parte ya está incorporada en los presupuestos, pero lo que hacemos es
una reordenación sin afectar la política en materia forestal.



Acabando ya, quedan pocas enmiendas para destacar, quisiera resaltar con mucha claridad la enmienda número 2156, señor presidente, en la que proponemos que el Ministerio de Economía y Hacienda a lo largo del ejercicio presupuestario de 2007,
'incorpore a través de las reformas normativas necesarias elementos de fiscalidad verde utilizando las figuras fiscales actuales o creando nuevas figuras'. Dicho de otra manera, queremos que el Grupo Socialista se comprometa, y esta sí que queremos
que salga adelante, ponemos especial énfasis en la enmienda número 2156, en la línea que dijo y expresó el Ministro de Economía y Vicepresidente Segundo del Gobierno. El señor Solbes en el debate de presupuestos que tuvimos hace apenas 15 días dijo
claramente que él estaba por la fiscalidad ecológica, y de hecho llevamos dos años y medio de legislatura, hemos abordado una reforma fiscal en aquello que no era urgente y España, con una economía más ineficiente desde el punto de vista ambiental y
energético de todo nuestro entorno, no ha abordado los retos de la fiscalidad ambiental.



La enmienda número 2156 compromete a algo muy sencillo y muy evidente, que a lo largo de este año se aborden las medidas de fiscalidad ambiental y nos vamos a poner de acuerdo. Tenemos buenas palabras desde el principio de la legislatura.
El Grupo Socialista y el Gobierno se comprometieron el primer año con nuestro grupo parlamentario a abordar la reforma fiscal verde, el primer año de legislatura. Llevamos dos años y medio y decimos que no podemos permitirnos que en esta
legislatura, y sobre todo que en este año 2007, no se aborde la fiscalidad. Para nosotros esta enmienda número 2156 es una de las enmiendas que significarían y representarían el compromiso ambiental y ecológico de estos presupuestos y, sobre todo,
un signo de coherencia


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entre lo que dijo el ministro Solbes y lo que se vote en esta Comisión.



Con la enmienda 2158 planteamos una disposición transitoria que hace una propuesta de sentido común, una propuesta en torno a la declaración y registro de actividades de la Casa Real. ¿Qué planteamos? Que el Gobierno en el primer trimestre
del año 2007 lleve a cabo las regulaciones legales oportunas para que los miembros de la Casa Real se asimilen a los altos cargos de la Administración General del Estado y miembros del Gobierno de la nación en cuanto al cumplimiento de las
obligaciones previstas en relación con los registros de actividades, bienes y derechos patrimoniales. (Rumores.) Quizá a algunos miembros del Grupo Popular les entusiasme la propuesta, no lo sé; en cualquier caso, nos parece de sentido común que
todas las personas que cobran del erario público se ajusten a la legalidad. En este caso, la asimilación a los altos cargos de la Administración General del Estado sería una buena noticia de transparencia; es más, incluso fortalecería el prestigio
de la Casa Real.



La enmienda 2160 también tiene gran trascendencia. ¿Qué proponemos? Que durante el primer semestre del año 2007 el Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, elabore un estudio sobre la posibilidad de que los costes de
tratamiento psicológico, endocrinológico, quirúrgico, plástico-quirúrgico y estético para la reasignación de sexo corran a cargo de la Seguridad Social. ¿De qué se trata? De que en relación con el procedimiento para la reasignación de sexo, se
haga un estudio como mínimo, ya que aún no está previsto ni regulado en todos los Estados de la Unión Europea y cuyo coste no corre a cargo de la Seguridad Social, con una clara discriminación de los colectivos transexuales. Con las leyes que hemos
aprobado a lo largo de esta legislatura, la realización de un estudio comprometido en el articulado de la ley de presupuestos sería una muy buena noticia y caminaría en la línea correcta.



Señor presidente, acabo introduciendo la última enmienda que quiero destacar. En la enmienda 2163 planteamos que el Gobierno en el primer trimestre de 2007, remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de reforma de la Ley 13/1982, de 7
de abril, de Integración Social de los Minusválidos, para rebajar el mínimo de trabajadores empleados en una empresa con el fin de que se les aplique la cuota de reserva del 2 por ciento. ¿Qué planteamos? Cumplir con una de las resoluciones del
debate sobre el estado de la Nación. Una mala práctica de esta casa es que en el debate sobre el estado de la Nación se aprueban muchas cosas, pero habitualmente acabamos por no cumplirlas y sería bueno que algo que se ha aprobado en el mismo se
incorporase al articulado de la Ley de presupuestos con esta enmienda 2163. Si se aprobase, daríamos cumplimiento a lo que en definitiva se ha aprobado en presupuestos.



Para acabar, señor presidente, por lo que se refiere a todas nuestras enmiendas al articulado -discúlpeme si me he extendido, pero al condensar todo en una sola intervención, ahorramos tiempo en el recorrido de esta Comisión a lo largo de
esta mañana-, quiero manifestar que nosotros dijimos en el debate de totalidad que a estos presupuestos les faltaba un compromiso social y ambiental. Es más, en algunas enmiendas que hemos transaccionado, pactado y firmado con el Grupo Socialista
ya hemos caminado en esta línea, pero hay otras que hemos planteado aquí y algunas que después trasladaremos en cada una de las secciones, y entendemos que con algunos de estos elementos ese compromiso ambiental y social que exigíamos, el
presupuesto caminaría en la línea correcta, por lo que nos podríamos incorporar. Vamos a ver cómo transcurre no solo la mañana, sino también la tarde hasta la hora de la votación para ver cuáles de los elementos que hemos marcado se pueden
incorporar y si podemos dar apoyo al presupuesto, en el entendido de que estas enmiendas que hemos destacado son importantes.



Damos por defendidas el resto de las enmiendas, aunque el hecho de que no las haya destacado no significa que no sean importantes. He querido destacar aquellas que he considerado más significativas.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Si me lo permite -así me lo ha hecho saber la Presidencia y se lo agradezco de antemano-, quisiera tener la posibilidad, como ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, de defender todas las enmiendas al articulado del proyecto de ley de presupuestos. En primer lugar, voy a defender todas las enmiendas del Grupo Mixto, más allá de que los diferentes portavoces hayan presentado enmiendas de
distintas formaciones políticas, y de las ocho enmiendas que ha presentado Eusko Alkartasuna me referiré exclusivamente a cuatro por resaltar algunas de ellas. Son enmiendas que hemos presentado año tras año, que en algunos casos afectan a
cuestiones trascendentales de política general y, en otros, a cuestiones de política general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.



Respecto a la política general, hay dos temas importantísimos que hacen referencia a lo que nosotros hemos propuesto como incremento de las pensiones de viudedad y mínimas. Más allá de lo que aparece en los Presupuestos Generales del
Estado, es necesario realizar un estudio que suponga una realidad y por supuesto esa realidad tiene que dar lugar a un incremento en esta cuestión, dada la necesidad y la urgencia en dotar de pensiones razonables acordes con la realidad y la
carestía de la vida. Es un tema importantísimo que debe ser objeto de un estudio y, aunque somos conscientes de que el Gobierno establece un incremento, hay que ver la realidad respecto a si es posible establecer una situación acorde con las
situaciones que deben afrontar estas personas.



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Otra cuestión que ha suscitado el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra hace referencia a los fondos de ayuda al desarrollo. Más allá de admitir, reconocer y estar de acuerdo con ese importantísimo aumento porcentual de la
ayuda al desarrollo, sería razonable que se adquiriera un compromiso en estos presupuestos respecto a cuándo se va a producir ese ansiado 0,7 por ciento y también sería razonable recoger un plazo veraz respecto a cuándo se va a llegar a cumplir ese
0,7 por ciento. Es verdad que cuando hablamos de fondos de ayuda al desarrollo hay dos componentes. Uno es el cuantitativo, de cuál es la necesidad para dotar de fondos suficientes a esa ayuda al desarrollo, y otro es el cualitativo, para qué tipo
de ayuda al desarrollo, para qué tipo de fondos se puede establecer y cuáles son los mejores. De eso ha hablado el portavoz Joan Herrera y yo hablo en este momento de establecer en los presupuestos un determinado punto temporal para llegar a ese
compromiso del que siempre se habla, pero que nunca se cumple.



Hay otros dos temas realmente importantes que afectan a la Comunidad Autónoma del País Vasco. El primero hace referencia a la formación continua. No me voy a extender en este tema, en el de la formación continua en el País Vasco, pues ha
sido objeto de muchas intervenciones, en concreto de una interpelación de esta diputada recientemente, pero saben que es una cuestión vital en todo orden y en toda sociedad y por tanto lo es también en la sociedad vasca. Se está cometiendo una
injusticia, incluso una falta de cumplimiento del ordenamiento jurídico en relación con el Estatuto de los Trabajadores y con el Estatuto de Gernika, pues no se está produciendo la transferencia a la Fundación Hobetuz, fundación que las
instituciones vascas junto con los agentes sociales, laborales, sindicatos y empresarios acordaron según el artículo 84, para proceder al cumplimiento de estos programas de formación continua. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la
Presidencia.) Es una cuestión que se debe subsanar, por lo que hemos creído necesario presentar esta enmienda a la disposición adicional vigésimacuarta cuando hace referencia a la formación continua. Y la última enmienda que quiero resaltar hace
referencia a un tema dramático, la violencia de género, y a la necesidad de crear un juzgado específico a este respecto en Barakaldo, en Vizcaya. Ya lo planteamos anteriormente.
Creemos oportuna una dotación presupuestaria para que se pueda crear
un nuevo juzgado específico.



Nos gustaría que este problema no existiese, pero lamentablemente existe, por lo que hay que dotar de instrumentos suficientes y necesarios para que la lacra de la violencia de género no exista y hay que poner todos los medios para que se
pueda juzgar a quienes vulneran de manera tan grave los derechos, en este caso, de las mujeres. Estas son las cuatro enmiendas que quería resaltar y daré -reiterándolo otra vez- por defendidas todas las enmiendas del Grupo Mixto.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Unzalu tiene la palabra.



La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: A pesar de oír con especial interés a los anteriores intervinientes que han hecho una intervención muy global, me voy a referir exclusivamente a las enmiendas presentadas al título III de la ley, pero
también a las nuevas disposiciones adicionales que algunos de los grupos han planteado. Voy a intentar sistematizar mi intervención en función de los temas que se han tocado. Hay un número de enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por
Izquierda Unida que, en síntesis, se puede decir que lo que proponen son modificaciones a las retribuciones contenidas en el proyecto de presupuestos para 2007, bien sea a través del incremento de pagas extraordinarias o de la creación de nuevos
fondos o incluso se propone establecer también nuevas cláusulas de revisión salarial. En este ámbito, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera insistir en dos elementos que me parecen fundamentales. Las medidas retributivas vigentes
para el año 2007 hasta el año 2009 son las que nacen del acuerdo que se estableció en la mesa general de negociación de las administraciones públicas, sobre medidas retributivas y de oferta de empleo público, es decir, es un acuerdo en el que media
el consenso y el diálogo social.



Una vez sentada esta base, también quisiera insistir en otro aspecto, que contesta directamente a alguna de las intervenciones que ha habido esta mañana en esta Cámara, me refiero a la pérdida del poder adquisitivo.
Quisiera recordar que la
subida prevista en el presupuesto para el año 2006, y que debatimos el año pasado, es prácticamente superior al 3,5. Es cierto que es una subida del 2 por ciento en primer lugar, pero con el cambio de las estructuras de pagas extraordinarias, al
incluir en las mismas el complemento de destino, he supuesto un incremento de un 0,74 sobre la masa salarial. Además de la mejora por otros conceptos como prestación de servicio público y aumento de productividad o la creación o las aportaciones a
los planes de pensiones, podemos decir que la subida, como decía anteriormente, es superior al 3,5, cuantía que está muy por encima del IPC real para el año 2006, que en estos momentos -les recuerdo- está en un 1,7, teniendo en cuenta el periodo de
enero a septiembre del año 2006. Mi grupo va a votar desfavorablemente todas aquellas enmiendas que han presentado los distintos grupos en este sentido. Una, que tangencialmente presenta el Grupo Popular, propone que se introduzca una modificación
en el articulado declarando lo previsto en la ley de presupuestos como ley básica y, consecuentemente nulo de pleno derecho el acuerdo de cualquier administración que sobrepase los límites establecidos. Por parte de mi grupo consideramos que no es
necesario, porque la Ley General Presupuestaria ya contempla los mecanismos


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necesarios para que estas situaciones no se lleven a cabo y, sobre todo, no surtan efecto.



El otro gran bloque que recoge un número sustancial de las enmiendas presentadas atañe a la oferta de empleo público. Hay enmiendas que plantean incrementar la tasa de reposición, hacer excepciones a la tasa de reposición. Hay otra serie
de enmiendas, en este caso presentadas por Izquierda Unida, que hacen referencia a la contratación temporal, a la precariedad en el trabajo, elemento que al Partido Socialista le ha preocupado siempre. También hay alguna enmienda que hace
referencia a que exista una prohibición para la Administración General del Estado de contratar con las ETT. En esta materia, como en la anterior, quiero en primer lugar fijar que en materia de oferta de empleo público sigue siendo válido el acuerdo
general de negociación de las administraciones públicas que se estableció para el periodo 2007-2009, en el cual se fijan cuáles son los criterios que se deben llevar adelante para determinar la oferta de empleo público. En esta materia de oferta de
empleo público, el Grupo Popular solicita que se remita con una cierta asiduidad -no recuerdo si es trimestral o semestral- información al Congreso de los Diputados y al Senado. Quisiera decirles que una de las características de las ofertas de
empleo público es su publicidad. Una oferta de empleo público se aprueba por el Consejo de Ministros, pero se publica en el Boletín Oficial del Estado, pero no solamente la publicación de la oferta de empleo público, sino de todos los trámites
siguientes. También existen otros mecanismos para que desde los grupos se solicite información a los correspondientes ministerios.



En cuanto a la contratación laboral, la reducción de la precariedad laboral e incrementar el trabajo fijo, quisiera resaltar respecto a alguna de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, que la propia ley de presupuestos en su artículo
22 contiene varias disposiciones en esta materia que determinan cómo debe ser la oferta de empleo público.
Por ejemplo, el artículo 22, al que me refiero, punto Uno, párrafo quinto, excluye del cómputo para aplicar la tasa de reposición a aquellos
puestos que 'se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005', pero incluso las salvedades propuestas también vienen recogidas en el acuerdo, como decía con anterioridad, de la mesa general de negociación
de las administraciones públicas, cuyo apartado tres señala expresamente que en aquellos ámbitos, como puede ser el ámbito de la Administración local, en los que se detecte un importante volumen de empleo temporal de naturaleza estructural y
permanente, podrán proceder a su sustitución por empleo fijo, no computando estas plazas a efectos de la correspondiente tasa de reposición con el objetivo de lograr que la tasa de temporalidad en todo el conjunto de las administraciones públicas y
del sector público no exceda del 10 por ciento. Me voy a referir también en esta materia que estoy englobando a una enmienda, presentada por el Grupo Popular, que solicita que se dé un tratamiento especial a la movilidad interadministrativa. Solo
quisiera recordar que es un tema que está en debate en esta Cámara, porque ahora mismo estamos debatiendo el estatuto del empleado público y en el artículo 84 se recoge la propuesta que en esta materia propone el Gobierno y con especial incidencia
en aquellos ámbitos que también señala el Partido Popular: Violencia de género, acoso, etcétera.



Hay otro conjunto muy amplio de enmiendas, tanto del Grupo Popular como de Izquierda Unida, que solicitan que se remitan informes al Congreso desde los distintos ministerios. Aquí señalaría tres elementos. Uno: Los mecanismos de los que
disponen los diputados en el propio Congreso de los Diputados para solicitar la información a los correspondientes ministerios. Dos: Las leyes ya contemplan en numerosas ocasiones la obligación de remitir periódicamente información, en este caso
al Congreso y al Senado. Por ejemplo, en una enmienda sobre la evaluación de políticas y programas públicos, la propia Ley de Agencias Estatales contempla que anualmente se remita un informe al Congreso de los Diputados. Tres: La mayoría de estas
enmiendas también contempla que esta información se remita a los sindicatos. Este derecho viene recogido en el derecho laboral, en concreto en el Estatuto de los Trabajadores.



Quiero hacer dos referencias muy sucintas a las peticiones que hace Izquierda Unida referentes a los complementos de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios. Pide que su concesión o cuantificación se haga previa
negociación con los sindicatos. El Grupo Socialista entiende que estas actividades corresponden a los máximos responsables de los programas de evaluación y, en el caso concreto de las gratificaciones por servicios extraordinarios, que como de su
nombre se deduce son muy excepcionales, corresponden a las juntas ministeriales de retribución. Aquí no se trata de determinar condiciones de trabajo, sino de determinar el grado de eficacia que debe alcanzarse a través de un especial rendimiento,
actividad y eficacia, por eso la competencia es ministerial.



Quiero hacer también referencia a la enmienda presentada por la representante del Grupo Parlamentario Mixto, Eusko Alkartasuna, que solicita que se anule la supresión de unas posibles contrataciones de personal con cargo a un capítulo de
inversiones. Según viene regulado en la ley de presupuestos, la contratación temporal tiene un carácter totalmente excepcional, incluso la ley de presupuestos marca las reglas.
Esto solo es posible si la contratación temporal, que le digo tiene un
carácter excepcional, está justificada. Siempre que no haya dinero en capítulo I, puede realizarse con independencia del capítulo en el que se financie. Aquí nosotros determinamos más y decimos que es capítulo VI, pero se puede realizar. Por ello
vamos a votar desfavorablemente.



Quiero hacer referencia al grupo de cuatro enmiendas presentadas por Convergència i Unió, porque aunque se refieren al título del que estamos hablando, el elemento


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sustancial es el engarce constitucional de sus peticiones. Puedo afirmar que en esta materia el Tribunal Constitucional ha dejado reiteradamente establecido de forma muy clara que la materia de retribuciones del 2 por ciento, que ustedes
proponían que se incrementase o que dejase de tener carácter básico, es ley básica y, por tanto, es competencia del Gobierno.



Para terminar quiero referirme a otra materia. Su enmienda plantea la supresión del límite del cien por cien de la tasa de reposición de efectivos de la oferta de empleo público, siempre que este empleo público sea de nuevo ingreso. Solo
le quiero hacer una referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en una sentencia muy reciente, de 6 de junio de 2006, en la que reconoce de manera explícita y avala la actuación contenida en estos presupuestos, cuando en el fundamento
jurídico tercero dice: Debe reconocerse la idoneidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado en tanto que vehículo de dirección y orientación de la política económica del Gobierno, para limitar la oferta de empleo público y es que la
limitación de la oferta de empleo público de nuevo ingreso constituye una medida que tiene relación directa con los objetivos de política económica.



Sobre la base de estos criterios, el Grupo Socialista votará desfavorablemente las enmiendas que los grupos han presentado a este título III, incluidas las disposiciones adicionales.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Si no hay ninguna intervención más sobre este apartado, pasamos a la discusión de las enmiendas de los títulos IV y VIII y sección 7.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.



El señor AZPIROZ VILLAR: Señoras y señores diputados, paso a defender las enmiendas formuladas por mi grupo, que se ubican fundamentalmente en las disposiciones adicionales y en la configuración de algunas nuevas que proponemos para su
debate en este trámite presupuestario. La primera es una enmienda de adición de un punto tres, a la adicional primera. Es una enmienda que reproducimos, porque el año pasado también tuvimos oportunidad de defenderla, y que se refiere a las
prestaciones económicas por hijo a cargo. Pretendemos que no se pierda tal consideración de beneficiario en razón de unos ingresos que se ubiquen entre el 75 y el cien por cien del salario mínimo interprofesional. Quiero señalar al señor
presidente que se adicionaron unas enmiendas que por error no se habían presentado en su momento, y esta, la 837 que estamos debatiendo, está prácticamente con el mismo texto en la 3604, o sea, que la naturaleza de la enmienda es la misma.



La enmienda 836, también tiene su reflejo en la 3613, que -si se quiere- está mejor redactada. Se trata también de una prestación económica por hijo a cargo. Pretende aumentar el número de beneficiarios ampliando los límites económicos que
la ley contempla para poder recibirla.



La enmienda 884, también tiene su reflejo en la 3615. Entendemos que la 884 debería anularse, porque está mejor desarrollada la 3615, que es un Plan de Empleo Específico para personas con discapacidad en el bienio 2007-2008. Ha habido
otros planes anteriores, y el sector viene demandando que coexistan con otros paquetes de carácter más global de medidas de impulso y de fomento de la calidad de vida y también del empleo del sector de la discapacidad, pero piden que, así como en
otros periodos recientes han convivido ambas acciones, haya una específica, que sea el plan concreto sobre la discapacidad, el plan de empleabilidad de las personas discapacitadas. Nos parece que su pretensión es razonable.
En el pasado ha
funcionado bien y, en nuestra opinión, no tendría por qué no asumirse esta iniciativa.



La modificación que proponemos en la enmienda 886, al artículo 14, de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, cae por su propio peso, porque tiene más de seis páginas de argumentación y sería no solo arduo, sino innecesario que yo
procediera aquí a hacer una justificación in voce cuando amplia y claramente se encuentra justificada por escrito en esas seis páginas a las que hago alusión.



La enmienda 3605 plantea una equiparación que nos parece de justicia, sobre todo ahora que tanto se habla de los autónomos y de la defensa de sus derechos. Se trata de equiparar la bonificación del cien por cien, en el caso de los autónomos
por la cotización mínima, a aquellas mujeres que han sido madres y se reincorporan a la actividad tras la maternidad. Nos parece que no hay una razón de ser que haga mejores trabajadoras a las que cotizan al régimen general que a aquellas que
también son madres, pero trabajan por cuenta propia, con autoempleo y aportan su actividad y riqueza a la sociedad. Por tanto, pedimos esta ampliación. El año pasado ya formulamos una enmienda en este sentido, coincidente con una de Esquerra
Republicana de Catalunya, que dio lugar a que el Grupo Socialista se viera abocado a plantear una transacción que es lo que en la actualidad existe: La cobertura de bonificación por doce meses. Si realmente queremos dar justo cumplimiento al
artículo 14 de la Constitución y queremos impulsar medidas concretas, claras y positivas a favor del mundo de los autónomos, en este caso de las mujeres madres autónomas, se deben poner en el mismo rango de bonificación el periodo de unas mujeres y
el de otras. Estamos convencidos de que el Grupo Socialista es sensible a esta materia, y ahora que tanto se habla de la letra de la ley del estatuto del trabajador autónomo, que dentro de unos meses entrará en esta casa, sería una magnífica
ocasión para demostrar una voluntad política que avance en las mejoras reales, como puede ser esa aproximación posible entre el régimen general y el régimen especial de trabajadores autónomos, sobre todo en este tipo de medidas, en las


Títulos IV y VIII y sección 7


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cuales no debería haber objetivamente ningún grado de diferenciación o discriminación.



Hay además un paquete de enmiendas que se refieren a planes integrales de empleo. Son las enmiendas 3606, referida a programas de fomento de empleo para Huelva y Sevilla; la 3607, programa de fomento de empleo para Cádiz; la 3608, de la
Ciudad Autónoma de Melilla; la 3609 de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y la 3610, con carácter global. Las relativas a los programas de fomento de empleo de Ceuta y Melilla se argumentan suficientemente en el texto y doy por reproducidas las
motivaciones que ya argüí en el debate anterior, tanto en Comisión como en Pleno, relativo a los Presupuestos Generales del año 2006, y por tanto no me voy a referir a ellas. Simplemente diré que la posición de nuestro grupo es coincidente con las
manifestaciones públicas que ha venido realizando el secretario general de Empleo cuando, desde la perspectiva del Gobierno socialista, se quiere justificar la existencia de otros planes de fomento de empleo haciendo alusión a que un elemento
determinante, como no podía ser de otra manera, es la incidencia de la tasa de desempleo en esas comunidades o provincias. ¿Y por qué digo comunidades o provincias? Aunque sea a vuela pluma, es menester hacer aquí un breve recordatorio. Cuando
nosotros gobernábamos se estableció el Plan Integral de Empleo de Canarias, que, por cierto, en los presupuestos de este año fue objeto de un recorte importante, que se ha subsanado en ponencia mediante una enmienda de Coalición Canaria y una mixta
de Coalición Canaria y del Grupo Socialista y que a nosotros nos parecen muy procedentes, porque no entendíamos este tijeretazo financiero al impulso del fomento del empleo en Canarias. La verdad es que no entendemos por qué el Gobierno ha
planteado esto. Posteriormente vino un Plan de Empleo para Andalucía, luego un Plan de Empleo para Extremadura, más tarde un Plan de Empleo para Galicia y en esta ocasión los presupuestos generales nos obsequian también con un plan de empleo,
aparte del de Castilla-La Mancha, uniprovincial, como es el de Jaén, que yo no dudo que estará plenamente justificado pero que sí establece una nueva dinámica en el sentido de que desde el Gobierno se están planteando ya medidas de fomento del
empleo concretas a nivel uniprovincial. El año pasado -creo que también en anteriores años- formulamos una enmienda, que no entendemos por qué el Grupo Socialista no quiere plantear, aceptar y cumplir; dice ni más ni menos que el Gobierno, en un
periodo de seis meses -es la enmienda 3610-, aporte a la Cámara un estudio sobre ciertas zonas de España, sean comunidades o sean provincias. Por ejemplo, nosotros lo pedimos para Huelva y Sevilla, por razón de incendios; o para Cádiz, por la
sequía especialmente; o ustedes, en Jaén, en relación con la sequía y la tasa de desempleo, que ha provocado la necesidad de establecer una acción directa en aquella provincia. No entendemos por qué no traen un plan de empleo que se fije en los
problemas de la alta tasa de desempleo y también en la desvertebración del mercado laboral, en el sentido de que puede haber una razonable tasa de empleo pero una descompensación en la composición del mercado de trabajo, por ejemplo, con una
subrepresentación de mujeres, o de discapacitados, o de personas mayores, o de parados de larga duración.
Esto no sería nada malo y a partir de ahí podríamos establecer una política más coherente que se me antoja una especie de parcheo -con todo el
respeto- en relación con este tipo de cosas. De lo que se trata es de ser eficaz y de ayudar a aquellas zonas de España donde realmente es necesario destinar más recursos públicos y unos nuevos programas de fomento del empleo que incidan
positivamente en sus sociedades.



Dicho esto, que pienso que no merece que me extienda más, hay una enmienda que nos parece capital y a la cual dedicaré en Pleno un tiempo especial, para complementar con datos actualizados lo que ya expuse el año pasado.
Es la enmienda
3611, que se refiere a una pretensión que en realidad es el cumplimiento de la legislación, de lo establecido en el artículo 48.1.1 del Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Planteamos algo que sabemos que tiene una traducción económica importante, miles de millones de euros, somos muy conscientes de ello. Decimos que cualquier incremento de las pensiones por encima del incremento obligado por ley nos puede parecer,
desde una óptica política, muy positivo, o necesario, o muy de justicia distributiva, pero que lo lógico es que se pague con cargo a la imposición general y no con cargo a la contribución de los cotizantes, porque así estamos rompiendo el principio
de contributividad que estableció el Pacto de Toledo y que se constituye como un eje del futuro de la viabilidad del sistema de la Seguridad Social. Me referiré más ampliamente a esto como me referiré a los complementos a mínimos. No está en la
sala ahora la señora López i Chamosa, pero algún día le recordaré sus palabras, o las del señor Griñán, y sus hechos porque no son coherentes ni con lo que dice el Pacto de Toledo ni con lo que ustedes decían en la oposición, máxime en una situación
en la cual ustedes dicen -y dicen bien- que va a haber déficit en el presupuesto propio del Estado; digo propio por deslindarlo del de la Seguridad Social. Qué mejor momento que este para hacer las transferencias debidas y concluir con esta
cuestión de la financiación de los complementos a mínimos o de la subida de las mínimas que exceden del conjunto del promedio de incremento de las pensiones.



La enmienda 3614 se refiere a los desempleados con una minusvalía igual o superior al 33 por ciento; proponemos que puedan acceder al autoempleo con una capitalización que incrementamos hasta el 85 por ciento. La enmienda 3612 pide que se
amplíe el ámbito de los beneficiarios, en este caso beneficiarias, de la renta activa de inserción. Como ustedes bien saben, igual que yo, se trata de una partida presupuestaria que hasta el momento no acaba de ejecutarse en su plenitud. Empezó
concibiéndose experimentalmente como un plan de


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ayuda a los parados de larga duración; se amplió posteriormente a las mujeres objeto de maltrato y nosotros proponemos en la actualidad que también se amplíe a aquellas mujeres adolescentes o inmigrantes carentes de recursos o con problemas
de exclusión social o familiar que estén embarazadas, para ayudarles a poder llevar a término su embarazo. Esta idea, que no les oculto que ya expuse en un debate en Comisión hace unas semanas, cuando defendimos un plan integral a favor de la
mujer, desgraciadamente fue rechazada, por razones que no podemos entender. En ese momento ya dije que la propia izquierda italiana lo había propuesto en una enmienda formulada a los presupuestos generales de la República italiana del año 2006, con
un planteamiento similar al que nosotros hacemos. Habiendo, como lo hay, marco financiero, sin necesidad de modificar la dotación existente hoy para la renta activa de reinserción, nos parece que sería una magnífica oportunidad de mostrar un apoyo
real a la mujer que pasa dificultades, un apoyo real a la mujer que puede tener el deseo de la maternidad y sin embargo verse desgraciadamente abocada a un aborto no deseado. Nos parece que ya es hora de que en este país actuemos en línea positiva
en este asunto cuando en el año 2006 vamos a tener cien mil abortos, si no son más; es hora de que entre todos pongamos medios, no solo decir que a uno esto le parece bien y a otro mal, o que el Código Penal está ahí o deja de estar, y que se
articulen medidas positivas para que puedan llevarse adelante embarazos muchas veces queridos pero que, al ser personas que no tienen medios y a las que no se apoya, están en dificultad.



Voy a concluir, señor presidente, pero no sin hacer una breve observación, porque me parece que en términos políticos tiene su relevancia, a una enmienda que ha sido objeto de incorporación al dictamen de la ponencia; se refiere al artículo
40 del texto articulado del proyecto de estos presupuestos. Obviamente, el año 2007 es un año electoral y parece que esta medida tiene un hondo contenido electoral. Más allá de esto, me preocupan las consecuencias que tiene. ¿A qué me estoy
refiriendo? A que incorporan una paga adicional de 350 euros a las pensiones no contributivas cuando el pensionista no contributivo carece de vivienda en propiedad y vive en alquiler. Se estima como una medida en principio de apoyo al alquiler,
aunque luego no se desarrolla en los términos del artículo 40, que ustedes han incluido. No sé como lo desarrollará el Gobierno pero el tenor literal de la enmienda incorporada no hace una exigencia per se. Nos parece que esto puede plantear
diversos problemas.
Primero, obviamente el coste. Segundo, nos parece muy bien que en un año electoral a los pensionistas de pensiones no contributivas, que realmente perciben cuantías escasas, se les dé cinco mil pesetillas más al mes, por la vía
de decir que carecen de vivienda en propiedad y que están en alquiler. Aparte de esto y aparte del coste, se empiezan a plantear problemas entre lo que constituye una pensión contributiva y una no contributiva. Imaginen que dos hermanos que
perciben una orfandad absoluta y carecen de piso y son pensiones que provienen de un cotizante, contributivas, van a tener peor derecho que un pensionista no contributivo. ¿Por qué? Y, en otro orden de cosas, ya se están aproximando a la pensión
contributiva las viudas menores de 60 años. ¿Por qué? ¿Resulta que al final las no contributivas van a tener mejor derecho que las contributivas? ¿Y, si esta no es la voluntad política, por qué no plantearse el supuesto de que a todas las
pensiones mínimas se les otorgue este complemento de 350 euros cuando carecen de vivienda en propiedad y viven en alquiler? ¿Y por qué no establecemos una medida similar para los jóvenes que están desempleados o que perciben escasos recursos, a
veces incluso con contrataciones a tiempo parcial o temporal, que en el año no llegan a tener el cómputo total, ni tan siquiera el de una pensión contributiva? ¿Por qué no hacemos también esta reflexión?


Señorías, a mí me parece, con todo respeto, que esta es una cuestión complicada, que nos estamos metiendo en un terreno resbaladizo, que la enmienda estará muy bien intencionada, que podrá tener rendimientos entre sus beneficiarios cara a
las papeletas, pero que probablemente colisionará con complementos autonómicos que por este u otro concepto teleológico o finalista se les debería dar, aunque aquí no se pide y se argumenta con esta razón. En definitiva, les ruego a ustedes que,
por responsabilidad, vayan reconsiderando esta situación.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas al título IV y dos al título VII, cuyos planteamientos políticos van en la dirección de poder dar más consistencia social a todas aquellas personas que, si
no lo remediamos con estas enmiendas, van a contar con unos ingresos anuales con los que les va a ser difícil llegar a final de mes. Siguiendo con la tradición de este grupo parlamentario, planteamos un incremento de un 5 por ciento para todas
aquellas pensiones de jubilación e invalidez no contributivas del sistema de la Seguridad Social respecto a 2006. En los presupuestos para el año 2007 está previsto un incremento del 3 por ciento, que consideramos que sigue siendo insuficiente, y
sería interesante replantearse el incremento que acabo de mencionar. Con otra enmienda se pretende dar cumplimiento al acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social en materia de pensiones, priorizando en este caso el incremento por encima de
la inflación prevista para el año 2006 de todas aquellas pensiones del SOVI; también planteamos un incremento del 5 por ciento.



Respecto al título VII, hemos presentado dos enmiendas que tratan de adecuar el tipo de variación del régimen especial agrario, REA, por contingencias profesionales, al establecido para el régimen de autónomos, y pedimos que se amplíe de los
50 a los 55 años la posibilidad


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de que un trabajador autónomo pueda escoger la base de cotización.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre, especialmente por la brevedad.



Señor Puig, por Esquerra Republicana.



El señor PUIG CORDÓN: Nuestro grupo parlamentario ha presentado cinco enmiendas, cuatro al título IV y una al título VIII, que pretenden mejorar la situación de unos colectivos de jubilados, los que reciben pensiones del SOVI y pensiones no
contributivas. A nosotros nos parece que es necesario hacer un esfuerzo mayor del que está previsto en los presupuestos para 2007.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.



La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señor presidente, señorías, en relación con las intervenciones de los distintos grupos nosotros estamos satisfechos con el presupuesto de la Seguridad Social para 2007, puesto que supone un incremento del gasto en
políticas sociales del 8,79 por ciento. El sistema de protección social dispondrá en 2007 de 93.781 millones de euros para pagar las pensiones, la incapacidad temporal, las prestaciones familiares, la prestación por maternidad y el resto de las
prestaciones del sistema. El incremento del 8,79 respecto al año 2006 supone el doble del crecimiento del gasto corriente. Los 93.781 millones de euros que incluye el capítulo IV, de transferencias corrientes de los presupuestos de la Seguridad
Social, aseguran el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones en su conjunto. Las pensiones mínimas subirán un 5 por ciento y un 6,5 por ciento, sin tener en cuenta la desviación de la inflación. Se mejora igualmente la prestación
orientada a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la conciliación de la vida personal y laboral y el aumento de la protección de la maternidad y de la paternidad. Como comentaba antes, las pensiones mínimas han experimentado una subida
desde el año 2005 de entre el 15 por ciento, sin cónyuge a cargo, y el 20 por ciento, con cónyuge a cargo, sin tener en cuenta la desviación de la inflación. Con esta desviación, estaríamos hablando de un incremento del 19,1 por ciento, sin cónyuge
a cargo, y del 24,3 por ciento, con cónyuge a cargo. Esta subida beneficiará en torno a 2.100.000 pensionistas. Hay que destacar el incremento de 302,9 millones, es decir, un 21,10, destinado a las prestaciones por maternidad y riesgo de embarazo,
con una asignación total de 1.738 millones de euros, y las pensiones de orfandad de menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65 por ciento, que se equiparan a las pensiones no contributivas.



En relación con lo que decía el señor Azpiroz anteriormente, el presupuesto de la Seguridad Social arroja un superávit de 7.751,8 millones de euros. Con este resultado se cumple el objetivo de estabilidad, fijado en el 0,7 por ciento del
producto interior bruto, acordado por el Gobierno el pasado 6 de junio y aprobado por los plenos del Congreso y del Senado los días 20 y 22 de este mes. La transferencia del Estado a la Seguridad Social asciende a 6.028 millones de euros, lo que
supone un aumento de 700 millones en relación con el ejercicio anterior. Señorías, en 2004, estas transferencias representaban 4.500 millones y en el próximo presupuesto alcanzarán los 6.028 millones citados. De los 700 millones, 300 millones irán
a las transferencias para complemento de pensiones a mínimos y 400 millones serán destinados a la aplicación de la Ley de autonomía personal y atención a la dependencia.
Volviendo al año 2004, la aportación que el Estado hizo aquel año para el
complemento a mínimos situó la dotación en 906 millones de euros; en el ejercicio 2007, con los 300 millones, la partida totaliza la cuantía de 1.806 millones de euros, es decir, la duplica.



Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, la 3340 se refiere a las pensiones mínimas de los trabajadores en Gibraltar, algunas plantean mejoras técnicas y otras han sido presentadas con otros grupos, como la
3281, con el PNV, relativa a las cotizaciones de docentes de euskera, y la 3270, con Izquierda Unida, relativa a incrementar las pensiones no contributivas a aquellas personas con menor renta disponible como consecuencia de carecer de vivienda en
propiedad, siguiendo las recomendaciones de distintos organismos nacionales e internacionales, hablamos de 350 euros anuales. Todas estas han sido incorporadas en la ponencia y existe un grupo de enmiendas que en principio no apoyaríamos: la 147,
de Ezquerra Republicana de Catalunya; la 2129 y 2130, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y la 2800, de Convergència i Unió, que pretenden fijar para el año 2007 la cuantía de las pensiones no contributivas en un incremento superior
al 3 por ciento establecido en el proyecto de presupuestos. Se rechazan por entender que la revalorización de las mismas supera el 2 por ciento establecido para las pensiones de la Seguridad Social y clases pasivas, que siendo con seguridad
insuficiente, va mejorando cada año. El mismo criterio aplicamos para rechazar las enmiendas 148, 149 y 150, de Esquerra Republicana de Catalunya, y la 2801, de Convergència i Unió, relativa a la revalorización de las pensiones contributivas,
incluidas la del extinguido SOVI, seguro de vejez e invalidez. Estas han sido incluidas en la política de mejora gradual de determinadas pensiones llevada a cabo en las leyes de presupuestos desde el año 2003 hasta el ejercicio actual, que las ha
incrementado por encima de la inflación prevista. Asimismo, el proyecto de presupuestos para 2007 prevé un incremento del 3 por ciento para dichas pensiones, además de tener en cuenta la Ley 9/2005, que ha permitido compatibilizar las pensiones
SOVI con la pensión de viudedad del Sistema de la Seguridad Social. En cuanto a la exclusión del SOVI


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del cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento de complemento para mínimos planteado por Esquerra Republicana de Catalunya en su enmienda 150, hay que señalar que los requisitos para poder acceder a estos complementos tienen un
carácter general y se definen de igual forma para todos los pensionistas sin que atienda a ninguna especialidad que pueda concurrir en los pensionistas.



Con relación a las enmiendas vinculadas a la disposición adicional primera, que se refiere al incremento de las prestaciones por hijo a cargo en un porcentaje superior al establecido en el proyecto, en la 2814, de Convergència i Unió y la
836, del Grupo Popular, dichas prestaciones se incrementan en un porcentaje del 3 por ciento y tal incremento afectaría, mediante la incorporación de un nuevo párrafo, el dos, a los importes de las prestaciones por hijo a cargo menor de 18 años, que
estaban congeladas desde que se actualizó el Real Decreto-ley 1/2000, de mejora de la protección familiar de la Seguridad Social. Cabe señalar igualmente que, salvo esta última, en los últimos años ha tenido una revalorización superior al
porcentaje del 2 por ciento del incremento establecido.



En las pensiones de viudedad mínimas seguimos primando el incremento de las más bajas del sistema. Estamos hablado de la enmienda 686, del Grupo Mixto, y de la 2848, de Convergència i Unió. En el reciente acuerdo de Seguridad Social y en
la línea de la previsión de la Ley General de Presupuestos de 2006 se ha acordado proceder a una reformulación de la pensión de viudedad que tenga en cuenta la realidad social en la que la misma se inserta así como las nuevas composiciones
familiares. Será en esa nueva reordenación de la protección de Seguridad Social por viudedad donde se contemple cualquier alteración del régimen jurídico actual de dicha prestación.



Por lo que se refiere al título VIII, la estabilidad financiera del sistema de Seguridad Social permite a las empresas españolas contar con un elemento añadido de competitividad. Los tipos de cotización se mantienen sin subir, a pesar de
que los ingresos por cotizaciones crecen debido a la mejora de las bases de cotización, especialmente en el ámbito de los trabajadores por cuenta propia, lo que posibilitará obtener mejores prestaciones en el futuro en equilibrio con las
aportaciones realizadas y el crecimiento de la economía y del empleo por el consiguiente aumento del número de afiliados. En este título hay enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. La enmienda 3341, que ya ha sido incorporada, va en el
sentido de incrementar las medidas recogidas en el acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social suscrito el 17 de julio de 2006 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las organizaciones sindicales más representativas, con el fin
de incrementar en este punto la protección a los trabajadores autónomos manteniendo su correspondencia entre cotizaciones a ingresar y prestaciones a recibir. Igualmente hay una enmienda del Grupo Socialista vinculada a las adicionales, junto con
el Grupo Vasco, en materia de cotizaciones a la Seguridad Social de docentes de euskera. Se considera como cotizados a la Seguridad Social los periodos de dedicación a la enseñanza del euskera de aquellas personas que realizaron dicha actividad
profesional sin poder ser dadas de alta en el sistema de la Seguridad Social como consecuencia de la clandestinidad en la que se desenvolvió dicha actividad. Igualmente hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds antes destacada por el portavoz de dicho grupo para crear un fondo de 10 millones de euros para garantizar el sistema de anticipos a cuenta del pago de alimentos reconocido a favor de los hijos
menores de edad. Asimismo nos parece de interés una enmienda del Grupo Socialista que se ha incorporado, que establece beneficios a favor de los países y entidades que participen en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, a través de las
bonificaciones de las cotizaciones sociales correspondientes a las aportaciones empresariales por los trabajadores que sean contratados por aquéllos para la realización en exclusiva de labores directamente relacionadas con la participación en el
citado acontecimiento.



En cuanto al resto de las enmiendas sería muy extenso relatarlas, pues no han sido tenidas en cuenta por el Grupo Socialista.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Pasamos a la discusión del título V y la sección 6. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea.



El señor ALBENDEA PABÓN: Ni mi grupo ni otros grupos hemos presentado enmiendas al título V ni a la sección 6, pero quisiera hacer algunas consideraciones respecto a la política de deuda pública que viene llevando a cabo el Gobierno. El
Gobierno sostiene que en el año 2007 la emisión de deuda va a ser inferior que en el año 2006, pero el importe total en circulación va a aumentar. Quiero recordarles que en los años 2003 y 2004, en los que gobernaba el Partido Popular, la deuda
bajó, y desde que ustedes gobiernan no baja. En cuanto al importe de la deuda del Estado en circulación, quiero resaltar que en el año 1999 era de 229.000 millones de euros, la previsión para 2006 es de 315.000 millones, y para 2007 es de más de
328.000 millones. Es decir, un incremento importante.
Me pueden volver a recordar que en el año 2007 la emisión de deuda va a ser inferior a la de 2006, pero el importe de la deuda en circulación sube porque están ustedes alargando el plazo de la
deuda, están trasladando el problema del endeudamiento a futuros gobiernos y a futuras generaciones. El año pasado la vida media de la deuda ya subió a siete años, este año la previsión es de siete años y medio.



He de manifestar también nuestra perplejidad por la opacidad que estos presupuestos muestran en varios aspectos sobre el endeudamiento. No sabemos cuál es


Título V y sección 6


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el coste medio de la cartera de deuda, es imposible evaluar la eficacia o ineficacia de la gestión, tampoco sabemos cuál es la estrategia del Tesoro tendente a reducir el coste y riesgo de financiación del Estado.
La característica de este
presupuesto es la opacidad y por todo ello vamos a votar en contra del título V y de la sección 6.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Como el Grupo de Convergència i Unió no está y el señor Azpiazu no quiere intervenir, pasamos al señor Torres, por el Grupo Socialista.



El señor TORRES BALAGUER: Con todos los respetos, la perplejidad la produce la intervención del portavoz del Grupo Popular. No es que su razonamiento sea intencionadamente perverso, ni mucho menos, pero lo que está claro es que acusar de
falta de transparencia cuando todos los datos están simplemente en la página web de la Dirección General del Tesoro me parece un exceso que no se corresponde con estas horas de la mañana. Como S.S. conoce, porque está publicado, el compromiso de
la estabilidad presupuestaria se refleja en el ratio descendente de la deuda pública respecto al PIB, que es el valor universalmente considerado, como S.S.
también sabe. En 2005 ya se sitúa por debajo del 45 por ciento y si consideramos al Estado,
no al conjunto de administraciones públicas, los datos son todavía más brillantes. El año 2000 teníamos un 48,8 por ciento de deuda respecto al PIB y ha ido bajando sucesivamente hasta encontrarnos en 2003 con el 38,6, en 2004 con el 36,3, en 2005
con el 33,1, en 2006 con el 30,2 y en 2007 previsiblemente bajará del 29 por ciento. Es la mejor de las situaciones de los países de la Unión Europea y países de nuestro entorno, con los que nos comparamos en términos de PIB, tienen hasta tres
veces más de deuda. Si en esta situación tan favorable se es capaz de hacer un análisis tan crítico, la objetividad se pierde. El esfuerzo de consolidación fiscal que ha hecho la Administración central del Estado nos lleva a que previsiblemente
estos valores vayan a la baja durante mucho tiempo y tengamos entonces capacidad, en los momentos bajos del ciclo, de asumir tareas de empuje de la economía española. Jamás en la historia reciente de la economía española habíamos tenido una
situación tan favorable.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos). Pasamos al título VI. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Utrera.



El señor UTRERA MORA: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas al título IV, que paso a relatar con mucha rapidez.
Permítame que haga alguna excursión por otros artículos y por las disposiciones adicionales. Por
lo que se refiere al artículo 18, después de la comparecencia del presidente de la Agencia Estatal de Administraciones Tributarias, encontramos poco satisfactorias sus explicaciones, tanto en relación con la amplia disponibilidad de medios
materiales como de medios humanos en la agencia. El logro de los objetivos de control tributario eficaz y por tanto de eliminación del fraude fiscal requieren más y mejores medios y sobre todo una organización con objetivos más claros.
Precisamente en la prevención y lucha contra el fraude fiscal entendemos que debe dotarse de más medios.
A tal efecto, ampliamos el tope máximo de restricción de financiación vía porcentajes de recaudación que obtiene la agencia estatal, pasándolo
a 136 millones de euros. En cuanto a las enmiendas puramente tributarias (empezamos por los impuestos), en el artículo 60, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, introducimos una enmienda de actualización monetaria de los tipos
impositivos de IRPF para el año 2007. Lo que pretende, por un lado, es poner de manifiesto que la tarifa, tal como ha salido el pasado jueves del debate y aprobación definitiva de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas, es altamente
insatisfactoria para nuestro grupo. A poco que se hagan las cuentas, la mejora debilísima que para colectivos tan importantes como clases medias y familias podría derivarse de esa tarifa ha sido ya anulada por la incorrecta actualización monetaria
del gravamen por ese impuesto en los pasados ejercicios. Por tanto, en el año 2007, pretendemos que, aunque no sea una actualización completa, puesto que la referimos exclusivamente a la tarifa del impuesto y no a otros elementos que inciden en la
progresividad del mismo, se realice una actualización, modesta, puesto que se haría de acuerdo con los objetivos de inflación del Gobierno, el dos por ciento.



En cuanto al artículo 61, la reforma propuesta en el impuesto sobre sociedades es algo más ambiciosa. La argumentación sería similar a la relativa al impuesto sobre la renta, puesto que el impuesto sobre sociedades ha sido también
modificado el pasado jueves por el Pleno de esta Cámara. Propondríamos una serie de modificaciones que lo harían mejor; y nosotros pensamos que los efectos de potenciación de la coyuntura económica española a partir de 2007 podría entrar en una
fase, si no de debilidad, sí al menos de relativa contención. Creemos que el estímulo, tanto en tipos impositivos, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, que pasarían a tributar el 20 por ciento en su primer tramo de base imponible, como
para todas las sociedades en general, que tributarían al 25 por ciento, acompañado de algunos otros estímulos para actuaciones concretas, prestaciones de tipo social como atención a los hijos de los trabajadores, atención y cuidado a los mayores de
75 años que guarden una relación de parentesco con los trabajadores de la empresa, que deberían de dar derecho a deducciones en el impuesto sobre sociedades, recogen no solo modificación en tipo, sino también determinadas actuaciones de las empresas
que generarían deducciones fiscales y por tanto incentivos. Entramos en una serie de enmiendas que corresponden a los artículos siguientes del proyecto de ley, del 65 al 71, y asistimos un año más


Título VI


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a una actualización de tasas. La lógica de esa actualización de tasas, que pobre es, injustificada también, porque no está justificada, sigue unos cauces inerciales de estos años pasados. No se justifica que hayan aumentado los costes de
prestación de los servicios, pero sí se dice que las tasas aumentarán un dos por ciento. Para mayor escarnio, en el sector aeroportuario, en el sector de transporte y navegación aérea, esa actualización automática no es del dos, es del tres. Es
decir, al sector aeroportuario, más, el tres por ciento de crecimiento automático porque sí, porque no se evalúan los costes de prestación de servicios, ni hay conexión entre la prestación de determinados servicios. Por ejemplo, pensemos en los
servicios de cáterin, la tarifa C5, con la tasa existente sobre este servicio, cuando en realidad esta es una tarifa que prácticamente ha sido suprimida en todos los países europeos. La primera de nuestras enmiendas, entendemos que la más
importante, propone una disposición adicional nueva, en la que pedimos que en los próximos meses el Gobierno traiga un estudio completo de los costes, sobre todo en el sector aeroportuario, de prestación de los servicios que dan lugar al
establecimiento de tasas. Y, en sentido específico, la supresión para el año 2007 de todas las menciones que se hacen en este proyecto de ley a crecimientos automáticos, del dos por ciento, del tres por ciento en el caso de aeropuertos, en las
tasas; actualización porque sí.
Específicamente la supresión de los crecimientos en tasas tan importantes como la de dominio público radioeléctrico o la de prestación de servicios y utilización del dominio público aeroportuario, así como en las de
aterrizaje. Por tanto, tendríamos un tratamiento de las tasas que debería referirse a un estudio, que estamos solicitando desde hace tiempo y que lo hacemos de nuevo en este proyecto de ley, sobre la vinculación directa e indirecta, pero en
cualquier caso justificada, entre los servicios y coste de los servicios que dan lugar a las tasas y el importe de las tasas mismas, y no meramente la propia actualización de las mismas.



Hemos incluido también una serie de disposiciones adicionales relativas a coeficientes de amortización y su actualización. Nos alegramos de que nuestras enmiendan coincidan con las de otros grupos parlamentarios. Me van a permitir que haga
referencia a una en concreto, la 845, del Grupo Parlamentario Popular, que propone una nueva disposición adicional, para poner orden en el desorden que se ha creado estableciendo compromisos de inversión que, basados en argumentaciones relativas a
variables que pueden venir determinadas, ya sea por la producción por habitante o por la población de las comunidades autónomas, etcétera, limitan y determinan el debate del presupuesto en el Congreso de los Diputados, estableciendo restricciones al
mismo, es decir, creando parcelas o, si se quiere, trocitos de pastel, a favor de criterios ajenos, por tanto extrapresupuestarios y ajenos al debate de presupuestos, que establecerían restricciones al reparto territorial de la inversión pública en
España. Llamamos la atención a todos los grupos sobre esta enmienda, en la que pedimos que anualmente, junto a la documentación presupuestaria de la que ya disponemos y que además, al venir reproducida por medios electrónicos, tiene un volumen de
papel muy inferior al de años anteriores -se limita a un libro amarillo y poco más-, se incluyera un anexo relativo a inversiones que estableciera las inversiones con carácter plurianual y que al mismo tiempo determinara la distribución territorial
de las mismas, justificando anualmente esas inversiones de acuerdo con criterios de solidaridad y de distribución en todo el territorio nacional y para todos los ciudadanos españoles. Esta enmienda -que, por otro lado, no debería ser necesario
discutir- pasa a ser esencial, sobre todo a la vista de las enmiendas de otros grupos parlamentarios, cuyo nombre no quiero mencionar en este momento, que lo que pretenden, nada más y nada menos, es que los créditos de inversión no empleados se
conviertan en remanentes de ejercicios anteriores de transferencia obligatoria a las comunidades autónomas para el uso por estas de acuerdo con los criterios que deseen. Estamos enfrascados en una discusión que nunca debería haberse producido,
solamente la impericia y la inconsistencia de un presidente del Gobierno como el que tenemos en este momento puede haber dado lugar a este debate. Por tanto, defendemos todas las enmiendas, pero singularizo las que he mencionado; sobre todo en las
nuevas disposiciones adicionales encontrarán SS.SS. enmiendas de naturaleza fiscal o presupuestaria cuya inclusión en este proyecto de presupuestos consideramos plenamente justificada.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) plantea una serie de enmiendas al título VI. Por la enmienda número 2802 consideramos que la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la generación de
energía ha dado lugar a una nueva actividad de ciclo combinado no contemplada en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, porque se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto de actividades económicos que razonablemente
deberían incluirse.
Este es básicamente el motivo de esta enmienda, que beneficia claramente la posibilidad de que los municipios puedan tener ingresos por esta nueva actividad.



La segunda enmienda tiene que ver con el sector agrario, y concretamente con los productores de carne avícola, que se encuentran con una situación normativa en virtud de la cual las fases de producción, reproducción y engorde del ganado
suponen, a efectos de la normativa del IAE, la realización de una actividad ganadera, lo cual implica una tributación conforme a este tipo de actividad. Sin embargo, curiosamente, con respecto a las salas de incubación, que es una fase de
producción intermedia entre las anteriores, la normativa actual no es clara y


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cabría interpretar indistintamente que, a efectos del IAE, supone la realización de una actividad ganadera o de una actividad industrial, lo cual tiene un coste de IAE muy diferenciado. No es justo que esto sea así y con la enmienda que
presentamos pretendemos que haya una unificación en este sentido.



La tercera enmienda, la número 2804, va ligada a un sector cada vez más importante, que es el sector del diseño gráfico. Este sector pretende que haya unos epígrafes específicos para sus actividades empresariales que ahora no existen.



Hay cuatro enmiendas que hemos presentado a distintos presupuestos ligadas al incremento previsto en el proyecto en cuanto a las tasas aeroportuarias. Entendemos que AENA está dando unos resultados muy positivos. Sabemos que el tráfico
aéreo cada vez tiene más importancia y creemos que sería razonable que, para mejorar los costes y que no perjudicaran a los viajeros, estos no tuvieran el incremento que está previsto en estos presupuestos. Estas serían las líneas de nuestras
enmiendas que nos gustaría que fueran apoyadas.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Damos por defendidas las enmiendas.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Nuevamente por el Grupo Socialista, señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: Quiero hacer una consideración inicial y es que la semana pasada aprobamos un proyecto de ley, conocido como reforma fiscal, que atañía a los impuestos sobre la renta, sobre sociedades, sobre la renta de no
residentes y sobre el patrimonio, en el que están contempladas gran parte de las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Popular. Por lo tanto, no es necesario volver a hacer las consideraciones de por qué al Grupo Socialista esta reforma
fiscal le ha parecido oportuna, cómo ha incidido en aquellos elementos que favorecen la productividad y que se ha hecho en beneficio de la mayoría de los contribuyentes, tanto personas físicas como jurídicas, dándose la circunstancia de que es la
primera reforma que incluye una bajada del tipo general del impuesto sobre sociedades. Es una reforma que se ha aprobado por amplia mayoría la semana pasada y plantear ahora enmiendas que están relacionadas con ese ámbito es reiterar la discusión
que tuvimos hace unos días.



Por tanto, solamente voy a hacer alguna consideración respecto a temas puntuales que se han ido comentando. Por ejemplo, por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha mencionado la enmienda número 2802, que hace
referencia a un epígrafe en las tarifas del impuesto de actividades económicas. Esta misma enmienda fue discutida el año anterior y hace dos años, y el argumento que se les trasladó es que hay un epígrafe, concretamente el 151.4, que ya recoge la
producción de energía no especificada y que para cambiarlo -no decimos que no a ese cambio- se tiene que aportar un estudio, una justificación de esta propuesta. Sin una base documental, sin un estudio previo esta tarifa es imposible de modificar.
Se ha referido también a otros epígrafes que tienen más posibilidades de lograr un acuerdo y espero que en una negociación posterior se puedan aceptar.



Respecto a algunos comentarios que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, quiero recordarle que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2005 y 2006 deflactó los tramos de las escalas estatal y complementaria para evitar lo
que hasta la fecha venía ocurriendo, esto es que se sometían a tributación rentas nominales y no reales; situación que, por cierto, mantuvo el Partido Popular durante sus dos legislaturas de gobierno a pesar de que ahora se rasga las vestiduras.
Ahora bien, para el periodo 2007 no es necesario hacer la corrección pues la evolución de la inflación ya se ha tenido en cuenta en la nueva configuración de los tramos de la tarifa. Por tanto, en esta ley que hemos aprobado recientemente ya se
tiene en cuenta esta petición y la enmienda sería, a nuestro juicio, innecesaria. Respecto a las tasas, que han sido comentadas por varios grupos, también deseo hacer algún comentario. Las tasas de AENA son las que más han sido citadas por los
portavoces hablando de que se han subido de una manera indebida y que no procedía. Como ustedes conocen, las tasas en general tienen que responder al coste real o previsible de la prestación del servicio de que se trata y si en un momento
determinado son muy inferiores, este coste tiene que ir corrigiéndose progresivamente. Con la subida del 3 por ciento se persigue únicamente no seguir incrementando la perdida de valor que acumulan las tasas aeroportuarias y de aproximación, ya que
en el periodo 2000-2006 han disminuido en términos reales más de un 9 por ciento. Por lo tanto, solamente cabe recordar que las actualizaciones que se han podido hacer no han sido suficientes para compensar los aumentos del índice de precios al
consumo. Las únicas actualizaciones fueron hechas durante el periodo 2000-2006, de un 2 por ciento anual en 2002, 2003 y 2004 y de un 3 por ciento en 2005 y 2006 para las aeroportuarias y un 5 por ciento en 2006 para la de aproximación, cifra que,
como SS.SS.
conocen, es inferior a la inflación soportada en dichos ejercicios. Por otro lado, no es cierto, como se ha dicho aquí, con carácter general, que las tasas aeroportuarias españolas estén por encima de las europeas, sino más bien lo
contrario. No podemos, por tanto, aceptar esta reflexión que no se basa en ninguna realidad y solamente podemos atender a las obligaciones que la propia Ley de tasas nos impone de tender a la cobertura del coste de los servicios o actividades.



Así pues, señorías, en opinión del Grupo Socialista, no podemos reabrir el debate general de la semana pasada -podemos discutir lo que ustedes quieran pero


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no reabrir nuestras posiciones- y en cuanto a las tasas, no han hecho un solo comentario de en qué se basan para no aceptar la actualización para llevarlas a términos de coste del servicio. Solamente quedarían abiertas unas propuestas que
Convergència i Unió ha realizado en torno a algunos epígrafes del impuesto de actividades económicas, que intentaríamos ver si podría haber una aproximación para darles satisfacción en ese sentido.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Pasaríamos entonces al título VII. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Padilla.



El señor PADILLA CARBALLADA: En el título VII se recogen los aspectos económicos del presupuesto referidos a los entes territoriales. Este es, evidentemente, uno de esos sitios donde la retórica tiene muchas posibilidades y, naturalmente,
la contestación a la retórica también las tiene, pero en esta ocasión -y lo vamos a seguir haciendo esperemos que por última vez en la oposición en el próximo ejercicio presupuestario si hubiera lugar, es decir, si no se disuelve antes esta Cámara-
queremos dejar claro que había bastantes cosas que hacer en esta legislatura y bastantes cosas que arreglar que no se han arreglado, no se han encarado y, en definitiva, no se ha hecho nada para darles solución. En el tema de la organización
territorial del Estado y, sobre todo, de la financiación de los entes territoriales, había bastante más que hacer en el ámbito de las corporaciones locales que en el de las comunidades autónomas. Con el camino que han tomado, tanto la minoría
mayoritaria que apoya al Gobierno y el Gobierno, naturalmente, como primer emprendedor en esta tarea, como los grupos nacionalistas que tienen representación en esta Cámara, en precipitado y entusiasta respaldo de toda iniciativa que por estos
caminos curse, nos encontramos con que ahora nos volvemos a plantear el problema de la financiación de las comunidades autónomas, que tenía ya un acuerdo y un espectro de financiación muy relevante en la totalidad del gasto posible de las
administraciones públicas en el Estado español, y sin embargo siguen mirando para otro lado en el ámbito de las corporaciones locales; no dejan de aprovechar el momento para decir que es la administración más próxima al ciudadano y yo no sé si es
por proximidad al ciudadano, porque les temen ustedes a los ciudadanos o por cualquier otra razón, pero lo cierto es que, desde el punto de vista presupuestario -el presupuesto no es ni más ni menos que el guión de la ejecución de una política
decidida previamente-, llegado el momento de cada uno de los presupuestos, esto ciertamente no mejora. En este punto, me sorprendió el otro día que el ministro, en la enmienda de totalidad del estatuto del funcionario, se incomodara cuando le dije:
la FEMP tampoco les apoya a ustedes de la manera que usted ha dicho; usted se reúne con gente, pero no llega a acuerdos con ella y, en esto, tampoco.
Además, les voy a decir una cosa: si alguna representación tiene la Federación Española de
Municipios y Provincias -que digo yo que alguna tendrá-, sepan que estas enmiendas no han salido de la imaginación calenturienta del Grupo Popular, sino de las reuniones precisamente con la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otros
interlocutores, de tal manera que al decir que no a esto -que sé que van a decir que no- ya saben que, en definitiva, están contrariando a la organización institucionalizadamente representativa de las corporaciones locales. Teniendo en cuenta que
ahora es un representante del Partido Socialista quien preside esa corporación, de contenido y de dibujo peculiar y singular pero ciertamente, como he dicho, representativa del municipalismo, creo que deberían hacer algún esfuerzo y, aparte de la
opinión muy interesante de los ilustres responsables del Poder Ejecutivo que tienen ahora mismo situados ustedes en el Ministerio de Administraciones Públicas -que tiene situados el que los designó, porque ustedes no los tienen situados-, no iría
mal que hicieran un poco de pedagogía con ellos e hicieran un esfuerzo un poco mayor en relación con la financiación de los entes territoriales, porque en la profundización real del valor de la democracia algún servicio prestan a los ciudadanos, que
es, en definitiva -se supone- lo que hace que estemos aquí, que debatamos el presupuesto y que busquemos entre todos mejorarlo y hacerlo más conducente a la obtención de los mejores resultados con el menor esfuerzo económico.



Tenemos una enmienda a la que voy a dedicar una especial atención, que es la referida al fondo de compensación para entidades locales de menos de 20.000 habitantes, que ya habíamos presentado en el ejercicio anterior y que en este recoge
literalmente, repito, la propuesta que la FEMP nos transmitió -sé que a ustedes también, pero si ustedes no le hacen caso, nosotros sí- y les pedimos que le hagan caso porque entendemos que es muy atinada, que tiene un enorme calado sociológico, un
mayor calado institucional y que, en definitiva, casi está en los límites de la garantía del funcionamiento razonable de estos ayuntamientos medios, que generalmente se encuentran entre 10.000 y 20.000 habitantes, en los que viven tantos ciudadanos
y que, vuelvo a repetir, están tan necesitados de un refuerzo de financiación. En la enmienda al artículo 87 abordamos algo muy parecido. La hicimos el año pasado, la repetimos este y la haremos el próximo ejercicio, y procuraremos que en el
momento en que asumamos responsabilidades de gobierno de nuevo esto sea una realidad. Lo digo aquí, es un tema muy analizado y debería ser casi objeto de acuerdo general entre las dos grandes fuerzas políticas. Sé que, en relación con la
institución de las diputaciones provinciales, hay una parte jacobina del Partido Socialista a quien no le gustan. Los hay que saben que existían antes del franquismo y los hay que no. Algunos se creen que las diputaciones provinciales las creó el
franquismo -lo digo porque lo he escuchado por ahí-, y yo siempre hago un poco de pedagogía para que sepan que no, que son bastante anteriores, que están en la Constitución,


Título VII


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que son la organización política de la provincia y que prestan servicios a los ciudadanos, entre otros el de las carreteras provinciales. Hay algunas provincias, concretamente dos, Soria y Segovia, que, en función de los instrumentos a
través de los cuales se llega a la financiación provincial, no alcanzan un umbral que permita a esas corporaciones provinciales cumplir con sus obligaciones mínimas. Nosotros situamos ese umbral en 30.000 miles de euros, es decir, 30 millones de
euros; siempre es un galimatías esto de los miles cuando empezamos a escribir una cosa y otra y lo recogemos en miles de euros. Nosotros entendemos que ese es el umbral que permite a una corporación provincial cumplir las funciones que las leyes
le atribuyen y, naturalmente, pedimos que el sistema garantice que aquellas que por los cauces ordinarios no consiguen disponer de unos ingresos que le permitan en su presupuesto ordinario recoger al menos esa cifra reciban un complemento de
financiación que así lo permita. Se trata de dos provincias y de solidaridad. En definitiva, se trata de una capacidad de igualdad de los ciudadanos de esas provincias para recibir esas prestaciones de su corporación provincial y, además, se trata
de muy poco dinero. De lo que no se puede tratar es de que esto no lo aprobamos porque lo propone el Grupo Parlamentario Popular. Háganse a la idea de que no lo proponemos nosotros; mírenlo; cámbiense de gafas; dedíquenle un minuto;
considérenlo y seguro que estimarán la razonabilidad de esta enmienda y hasta se podrán disponer a aceptarla y a aprobarla.



En el artículo 95 tenemos una adición en pretensión de otras subvenciones a entidades locales con el fin de consignar en los presupuestos para el próximo ejercicio un importe de 30 millones de euros destinados a subvencionar a los
ayuntamientos con población igual o inferior a los mil habitantes, para la atención de sus gastos esenciales de funcionamiento y de prestación de servicios, distribuidos naturalmente de manera lineal para aquellas corporaciones locales que lo
soliciten, con un límite máximo de 6.000 euros para cada uno de los cerca de 5.000 municipios existentes en España con estas características. Esta enmienda ya la presentamos el año pasado; hemos recibido el aliento de muchísimas corporaciones
locales que responden a este perfil y, dada la insignificancia real de lo que supondría esta partida y del enorme beneficio que produciría a estas corporaciones, que prácticamente no tienen los ingresos precisos para un funcionamiento mínimamente
normal, entendemos que debe ser tenida en cuenta y les pedimos una especial consideración. Esta, al igual que la enmienda anterior, no es ni más ni menos que solidaridad, porque lo de la solidaridad no va a ser solamente para poner en los
periódicos y para los discursos, sobre todo de los que después se niegan realmente a ser solidarios. La solidaridad tiene que tener un contenido real y objetivo, y este es un caso patente de ese necesario ejercicio de la solidaridad, que en este
caso permite mantener un mínimo funcionamiento institucional de estas entidades locales y los recursos precisos, imprescindibles también para cumplir sus aspectos esenciales.



En el artículo 100 bis, nos hacemos eco de la falta de financiación de las instituciones del municipio de Madrid después de la carta recientemente aprobada del municipio de la capital. Esto tiene sus antecedentes políticos. Pedimos para el
municipio de Madrid la misma financiación extraordinaria que el proyecto recoge para el municipio de Barcelona y por las mismas razones, porque digo yo que habrá las mismas razones.
Estos son dos municipios que han recibido un estatus especial de
Carta; esas cartas obedecen a las mismas justificaciones: son municipios que se encuentran en la necesidad de afrontar la misma problemática. He de decir que, en el caso de Barcelona, también presentamos una enmienda técnica para que haya
financiación de verdad, porque no sabemos leer los presupuestos o, después de sumar el importe de la partida en la que figura la previsión de esos 15.800.000 euros y el importe de que se podía disponer, la cifra no salía, porque faltaban los
15.800.000 euros de Barcelona, razón por la que les señalamos que no solo lo dijeran, sino que además lo pusieran negro sobre blanco, porque desde luego nosotros no lo vemos así. La explicación que dio a esto el secretario general de Hacienda en la
comparecencia presupuestaria en relación con esta financiación del municipio de Madrid fue que, en el caso de Barcelona, la Carta establecía la posibilidad o eventualidad de celebrar determinados convenios y, en el caso de Madrid, no se apuntaba la
posibilidad de celebrar esos convenios. No creo que un texto legal sea el lugar adecuado para hablar de convenios; esa es una fecunda interpretación de los objetivos de las normas legales, porque los convenios en general y, en concreto, los
convenios económicos no creo que sea en las cartas de régimen municipal donde deban contemplarse. Los convenios nacen de la voluntad política de cooperación entre una Administración municipal y el Estado, en este caso. Me consta -y puedo decirlo,
porque es así- que el presidente del Gobierno en las negociaciones con las administraciones concernidas de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid así lo expresó y, desde luego, llevaba razón, porque no es razonable poner esto aquí, sino que ya
convendremos después los instrumentos de cooperación precisos. Con la argumentación de la lógica de la realidad, con la de la lógica de la realización de un esfuerzo por parte del Estado en función de la necesidad a la que debe proveer y,
naturalmente, con la lógica de ese aspecto absolutamente equiparable de las dos grande áreas metropolitanas que tiene este país, que son la de Barcelona y la de Madrid, así como por una lógica consecuencia de todo ello, nosotros pedimos que se
contemple para el municipio de Madrid la misma financiación extraordinaria, con la misma justificación y con las mismas razones que tenía el de Barcelona. Por supuesto, todo ello deberá suscribirse e instrumentarse después en el ámbito de la
Comisión Interadministrativa de Capitalidad, prevista en el artículo 5 y en la disposición adicional primera de la


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Ley de Capitalidad de Madrid. Señorías, entendemos que esta vez van a ser sensibles -les conviene serlo- porque, aunque nosotros no somos especialistas en la agitación y en ventilar todo tipo de cosas, verdaderas o falsas pero que a base de
ser repetidas alguien puede pensar que son verdad, esto nos lo vamos a tomar con especial empeño y no vamos a tener desmayo. Aquí pasará lo que tenga que pasar y, después, en el caso de que esto no salga adelante, que el nuevo y último candidato a
la alcaldía de Madrid, que además es economista, nos explique si quiere lo de los convenios para conocimiento del respetable, porque en una democracia esto no tiene que dejar de ser lo que debe ser.



En el artículo 101 hacemos referencia al fondo especial de financiación a favor de municipios de población no superior a 20.000 habitantes, que ya les he comentado. En este caso, pedimos que alcance los 120 millones de euros y que se
modifiquen los criterios de distribución, porque efectivamente esto debe tener unas pautas que aseguren una cierta porosidad entre todos los municipios que pudieran aspirar a esta financiación en un sentido que, al menos, permita apuntar criterios
de distribución equitativos.



En cuanto al anexo II en los créditos ampliables, hacemos las naturales previsiones para poder financiar esto, porque evidentemente, si no es así, no habría posibilidad de hacerlo con los esquemas cerrados que supone el techo de gasto del
presupuesto, de manera que acudimos a esta fórmula para dar cobertura a estas posibilidades.



Tenemos una enmienda adicional destinada a la creación de un fondo de ayuda a la inmigración, destinado a las comunidades autónomas y a los municipios que, aunque otros digan otras cosas, son los que están encarando esta realidad. Es que
todo esto no consiste en coger gente que llega a Canarias y mandarla por ahí, porque, como es lógico, los de por ahí se encuentran con eso allí. Digo yo que, además de lo que el Estado haga para arreglar los centros con una inversión importante,
como los de por ahí son los que después tienen que ocuparse de estas gentes, habrá que ayudarles para que puedan hacerlo, porque desde luego no es un gasto habitual en los presupuestos de las comunidades autónomas ni de las corporaciones locales, de
manera que miren esto con esa sensibilidad que ustedes tienen. Ustedes tienen dos clases de sensibilidad, yo les pido que pongan en esto la buena, que es la que conviene poner, la de entender las cosas. Cuando están de entendimiento, lo entienden
todo; cuando no, argumentan en esos términos que todos sabemos, que mejor no digo.



Hemos presentado una enmienda adicional referida a la creación de un fondo dotado con 10 millones de euros para financiar proyectos de desarrollo local y urbano en municipios de más de 50.000 habitantes. Durante 2007, como es natural, se
deben elaborar unas bases objetivas para la distribución de este fondo, de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Miren si es importante esto que el otro día -creo recordar- leí en alguna página de Internet, probablemente
del propio Ministerio de Administraciones Públicas, que había gente que hablaba de un fondo que había -que ahora no hay y que nosotros pedimos que continúe-, y que el ministerio contestaba de manera pedagógica. Pues que siga la pedagogía y que
continuemos con esta posibilidad que entendemos que ha sido un buen instrumento, que podía haber sido mejor, todo es mejorable y todo es susceptible de empeorar, y entre las cosas que pueden empeorar es que desaparezca, que es a lo que nosotros nos
oponemos a través de esta enmienda.



Tenemos también una enmienda a las disposiciones adicionales, referida a la creación de un fondo destinado a compensar a las entidades locales y consorcios por los daños materiales que se producen como consecuencia de la participación en la
extinción de incendios producidos en el medio natural. Como yo soy un diputado en representación de la provincia de Lugo, si les parece, se lo cuento, pero, como hoy ya vamos a acabar muy tarde, se lo dejo de contar. Les pido que tengan en cuenta
lo que esto supone para los pequeños municipios, sobre todo, en el caso de este verano -y me van a permitir la licencia que la hago sin ninguna maldad-, atormentados por la dirección política de la Xunta de Galicia en manos de un pintoresco
conselleiro, que después cree que todo ocurrió para que él tuviera que dimitir y, por tanto, no dimitía. Imagínense como puede ser.
Se producen una serie de daños y de perjuicios directamente en la estructura que, naturalmente, tienen que tener un
soporte en este caso desde la solidaridad estatal y es lo que nosotros estamos proponiendo.



La siguiente enmienda -y voy terminando, señor presidente- está dirigida a la creación de un fondo destinado a compensar a las entidades locales con instalaciones militares en su territorio. Aquí han tenido ustedes un cambio subjetivo
valorativo muy peculiar, porque ya teníamos asumido que para ustedes, y para otros muchos, las cosas militares siempre necesitan compensaciones. Ya lo hacían y no estaba mal, porque, efectivamente, estos ayuntamientos, en función de esas
circunstancias, tienen incidencias importantes, sobre todo en su propio desarrollo urbanístico, que viene muy condicionado, porque luego, a través de la Gerencia de la Defensa, hay que pactar. No estaba mal; entonces, como lo han quitado, les
decimos que lo vuelvan a poner para que vean que de vez en cuando hacen ustedes las cosas bien. Entonces, cuando las quitan, somos nosotros los que pedimos que continúen. Este es uno de esos casos.



Hay una enmienda a las disposiciones adicionales referida a los desistimientos que se producen sobre los recursos de inconstitucionalidad o conflictos de competencia en lo que tenga alcance de contenido económico, con lo cual se trata de una
disposición normativa que está bien en la normativa presupuestaria, no otras que ponen ustedes, porque tiene evidentemente un contacto directo con lo que es el gasto público y sus consecuencias. De esto ya hemos hablado muchas veces. Aquí se


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pueden presumir muchas cosas, pero a nosotros nos parece que cuando un Estado tiene unos sistemas de asesoramiento y tiene una organización dedicada a que acierte, es conveniente que sea escuchada y es conveniente, además, que se conozca lo
que dice, y es conveniente que sea oída y que después el vicepresidente de turno, económico o no, o el presidente del Gobierno más o menos economista, tome la decisión que quiera tomar, con las consecuencias económicas, con el alcance que tenga para
el ejercicio presupuestario de este año, pero que se sepa. Como somos demócratas, y además todo lo justificamos en avanzar y en los impulsos, no pasa nada; lo explicamos, la gente lo entiende, y ya está.
Pero los subterfugios y las cosas que no
se saben, que luego venga el abogado general del Estado y diga otras cosas, eso ya no nos parece tan bien, de manera que insistiremos en eso. Si algún día volvemos al Gobierno -que espero que sí, como es natural-, procuraremos que nuestro Gobierno,
si ustedes no lo han hecho, lo haga. Lo digo también para que vean que lo decimos verdaderamente convencidos.



También tenemos una enmienda destinada a la ampliación del Fondo de Compensación Interterritorial. Nos dijo el señor Solbes, que sabe mucho de fondos europeos y no europeos, los que van y los que vienen y los demás, que para paliar la
disminución de los fondos procedentes de la Unión Europea las dotaciones presupuestarias para el próximo ejercicio tenderían a compensar esa pérdida de financiación a través de un reforzamiento y un fortalecimiento del Fondo de Compensación
Interterritorial. Él llegó a hablar de duplicarlo. Aquí no hemos visto semejante cosa, entonces pedimos que esto se convierta en realidad en la medida que sea necesario y, sin presunciones de duplicar. En el fondo, lo que pretendemos es ni más ni
menos que el Estado, a través del reforzamiento del fondo, compense la falta sobrevenida de fondos europeos para fines que se han demostrado muy importantes en el desarrollo del país en relación con determinados territorios.



Hay una penúltima enmienda adicional planteada a los efectos de que a aquellos municipios que en su territorio exista más de una gran instalación de interés general y que se reserve u ocupe más del 10 por ciento de su territorio, y a los
efectos de mejorar la financiación de las haciendas locales, se les aplique el coeficiente multiplicador inmediatamente superior al que les corresponde en función de su población. Como sabe, ese es un tema muy manido ya en el ámbito del debate
local, muy asumido por la mayoría de las corporaciones locales y, en definitiva, por el municipalismo en general. Yo creo que ya es hora de que ustedes escuchen alguna vez, aunque sea porque el presidente de la FEMP es una persona de su misma
religión política.



La última enmienda en este título es a las disposiciones adicionales referidas a los planes provinciales de cooperación, porque ustedes, llegado este momento y dispuestos a reorganizar el Estado, liquidan de un plumazo todos los programas
operativos comunitarios para el ejercicio 2007. Nosotros pedimos 18.500.000 euros para que estos programas y la consiguiente afección a las inversiones de las corporaciones provinciales y municipales destinadas a la dirección de obras municipales
en los servicios obligatorios sigan teniendo esta financiación, reiterándoles que esta propuesta está planteada también -una vez más, les insisto- por la Federación Española de Municipios y Provincias y comportaría elevar la consignación
inicialmente prevista para estos fines hasta un montante total de 115 millones de euros.



Muchas gracias por su paciencia y espero que sean benevolentes.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): A continuación, tiene la palabra el señor Vilajoana por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



El señor VILAJOANA ROVIRA: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado a este título VIII, Entes Territoriales, tres enmiendas. La enmienda número 2809 al artículo 80.6 plantea considerar
municipios turísticos los que cumplan las condiciones a 1 de enero de 2007. Esta enmienda está conectada a otra que presentamos y que formulamos en las disposiciones finales nuevas.



Otra enmienda que queremos defender es la 2810, que se refiere al artículo 95 y que introduce un nuevo apartado. Pretendemos que se compense a los ayuntamientos por la bonificación en el IBI concedida a los concesionarios de autopistas de
peaje. Es decir, el Gobierno central da una compensación a los concesionarios de autopistas en el IBI y algunas poblaciones que reciben el impacto de esta autopista en su territorio sin beneficios específicos además no pueden aplicar el IBI a una
empresa, que en muchos casos es la más importante que tienen en su municipios y que además genera unos resultados francamente espectaculares. Entendemos que deberíamos compensar esta bonificación que el Gobierno ha concedido a estos concesionarios.
En la enmienda 2811, al artículo 101.2, solicitamos un fondo especial de financiación a favor de municipios de población no superior a 20.000 habitantes y pedimos un incremento del importe por habitante y una disminución del tope de índice de
esfuerzo fiscal para acceder a este fondo. Los municipios de esta dimensión, es decir, los no inferiores a 20.000 habitantes, tienen cada vez más necesidad de servicios, más problemática, más inmigración y más dificultades para su financiación.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Vilajoana, se ha referido usted al título VIII y es el título VII. El título VIII es en la Constitución.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Estoy de acuerdo.



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El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Torres.



El señor TORRES GARCÍA: Me van a permitir que haga un cometario breve sobre las recomendaciones que ha hecho a nuestro el grupo el portavoz del Grupo Popular, señor Padilla. Nos dice que hagamos caso a la FEMP. Desde el Grupo Socialista y
desde el Gobierno hay un diálogo abierto, fluido y permanente con la FEMP, que está permitiendo importantes acuerdos que ahora podremos comentar. Esto contrasta con lo que hicieron ustedes en ocho años de Gobierno. Todo lo que conocemos como
acuerdo alcanzado fue la modificación del IAE -ustedes mismos reconocieron que tuvo un efecto perverso-, que ocasionó un gran perjuicio a las maltrechas arcas municipales, algo que hubo que corregir por parte del Gobierno socialista de manera
inmediata en cuanto tuvo la posibilidad de gobernar. Nos ha dicho también que esta era una legislatura en la que había que hacer muchas cosas importantes y que no se han abordado. Respecto al título que nos ocupa, relativo a los entes
territoriales, el Grupo Socialista pensaba que había que hacer algo muy importante: la reforma del Gobierno local y su financiación. Esta era una de las prioridades y en eso estábamos de acuerdo todos los grupos. Se está haciendo de una manera
participativa, con estudios previos y con contactos con todos los afectados, y estamos ya en la fase final del proceso. Por tanto, se está trabajando en la reforma del Gobierno local y las comisiones técnicas constituidas, con representación de la
FEMP, y los ministerios de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas también lo están haciendo de forma muy activa en la reforma de la Ley de Haciendas Locales para que, a partir de que se definan con claridad las competencias de los
municipios, se pueda recoger la financiación de forma adecuada y permitir la calidad de servicios al ciudadano desde estas administraciones, que -repetimos- son las más cercanas al ciudadano.



Dicho esto, señor presidente, quisiera manifestar que a lo largo del debate del título III algunos grupos han comentado asuntos relacionados con enmiendas que se planteaban al título que nos ocupa en este momento.
Por tanto, no voy a entrar
en aquellos temas que ya fueron objeto de comentario cuando se debatió el título III. Por tercer año consecutivo, los entes territoriales vienen experimentando un incremento significativo en su financiación, el 13,98 por ciento del año 2006, año en
el que se recogen las compensaciones por la pérdida de recaudación en concepto de IAE, la dotación para la compensación de insularidad y la dotación complementaria para la financiación sanitaria, como consecuencia de los acuerdos de la primera
Conferencia de Presidentes, después llevados al Consejo de Política Fiscal y Financiera e incorporados en los presupuestos del año pasado. Estos importantes incrementos que supusieron ese porcentaje tan significativo, no solamente se ven
consolidados en el proyecto de presupuestos de 2007, sino que además el incremento es del 9,04. Por tanto, no solo se consolidan esos incrementos sino que la subida citada está en 2,5 puntos por encima de lo que crece el presupuesto para el próximo
año, que es un crecimiento también muy importante, como ya hemos tenido oportunidad de comentar en títulos anteriores. El Gobierno se comprometió a enviar a esta Cámara el proyecto de Ley de bases del Gobierno y de la Administración local. Todos
los grupos parlamentarios hemos coincidido en la necesidad de abordar en profundidad la reforma del Gobierno local y su financiación. Mientras los trabajos avanzan en los ministerios afectados con importantes aportaciones de las comisiones técnicas
creadas de acuerdo con la FEMP, los compromisos puntuales, es decir, los acuerdos alcanzados con la FEMP en este corto espacio de tiempo, están mejorando su financiación y están viendo su reflejo presupuestario hasta que se aprueben dichas reformas,
que, como convendremos todos los grupos, tienen que ser objeto de un estudio previo, amplio y exhaustivo, y del más amplio consenso para que haya un horizonte claro y de estabilidad para el mundo local. Los acuerdos alcanzados con la FEMP se
podrían resumir en uno muy significativo, que es la creación del fondo especial de financiación para los municipios de menos de 20.000 habitantes, objeto de enmienda por parte de todos los grupos y que con posterioridad comentaré, porque podría
haber un punto de acuerdo para avanzar en el objetivo mínimo de financiación por habitante y año que se pretende para estos municipios de menos de 20.000 habitantes. Con respecto a las comunidades autónomas, quisiera decir que se actúa conforme
establece el modelo vigente, que es el del 27 de diciembre de 2001. Por tanto, a la hora de pronunciarnos desde el Grupo Socialista sobre las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios prevalecerá en nuestro criterio el respeto a
la normativa en vigor, como no puede ser de otra manera, y el compromiso de alcanzar unas reformas en profundidad que respondan a las necesidades del mundo local y que cuenten todas ellas con el consenso más amplio posible.



Dicho esto, y al estar en el debate del articulado, me referiré a las enmiendas de forma global, pues ya podremos entrar en ellas de forma más pormenorizada en las secciones 22, 32 y 33, que recogerían las consecuencias de las que aquí se
plantean en caso de ser aceptadas. Por el Grupo Parlamentario Popular se plantea la creación de diferentes partidas y fondos específicos, con las que no podemos estar de acuerdo.
Me voy a referir a la enmienda 832 al artículo 87, donde se plantea
la creación de una partida de 35 millones de euros, de un fondo complementario de financiación para las diputaciones. En la participación de los tributos del Estado de 2003 se incluye una garantía de financiación a favor de las diputaciones para
que no pierdan ingresos.
Por tanto, con este mecanismo están creciendo a un ritmo superior al que se establecía, teniendo como referencia el IPC, ya que están creciendo al ritmo que lo hacen los ingresos tributarios del Estado, que es muy superior.
La


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enmienda 833 al artículo 95, donde se plantea la creación de un fondo de 30 millones de euros para subvencionar a municipios menores de 1.000 habitantes, no es nueva, ya la hemos visto en algún ejercicio anterior, y establecemos su
correlación con la 835 del fondo de financiación especial para municipios de menos de 20.000 habitantes. Este planteamiento de un fondo que tendría carácter finalista rompería el modelo hacia el que vamos avanzando, de acuerdo con los
representantes del mundo local, de que cada vez la financiación sea menos condicionada. En cuanto a la enmienda 834, que plantea 15 millones para la financiación adicional del municipio de Madrid, me remito a lo que decida sobre esta cuestión la
comisión creada por la Ley de capitalidad y régimen especial de la ciudad de Madrid, es decir la Comisión interadministrativa de capitalidad, que tendrá que ser la que estudie este tema ya que la propia ley no prevé este mecanismo. Respecto al
fondo de ayuda a la inmigración, se contempla en la sección correspondiente del ministerio, 185 millones de euros en el presupuesto, un incremento muy sustancial que además, en virtud de una enmienda incorporada por la ponencia, crece 40 millones de
euros.



En cuanto a las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, me voy a referir de manera especial a la correspondiente al fondo para los pequeños municipios y al planteamiento que se hace, coincidiendo también con las enmiendas de otros
grupos, de que se rebaje el coeficiente de esfuerzo fiscal al 0,8 y no se mantenga al uno como contempla el proyecto de ley de presupuestos. Entendemos que mantener ese esfuerzo del uno es fundamental para garantizar que los municipios tienen ese
estímulo adicional a utilizar los mecanismos propios para su financiación. Se relaciona esta enmienda con la presentada en la misma dirección por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña. (El señor presidente ocupa la
Presidencia.) Con relación al fondo, se ha incorporado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, pero desde nuestro punto de vista aunque va en la dirección que se pretende, probablemente no
cuenta con la cantidad suficiente para cumplir con el objetivo que parece razonable de que los municipios menores de 20.000 habitantes consigan llegar a una financiación por habitante y año de 157,33 euros, al igual que los municipios que se
encuentra en el tramo de población entre 20.000 y 75.000 habitantes. Creo que en lo que se refiere a hacer un esfuerzo para encontrar una fórmula que nos permita acercarnos a ese porcentaje de financiación, a lo largo del día y hasta que se
produzca la votación estamos en disposición de dialogar para encontrar ese acuerdo.



Finalmente, en relación con el anexo II, créditos ampliables a corporaciones locales para la financiación de los planes provinciales de cooperación, también sería bueno intentar llegar a unos incrementos de las cantidades con las que el
proyecto de ley de presupuestos cuenta para estos planes y que puedan incrementarse hasta esa cantidad de 115 millones si fuera posible, y si no acercarnos al máximo para contribuir a que los planes provinciales de cooperación local puedan contar
con esa financiación para las diputaciones y los cabildos.



El señor PRESIDENTE: Señor Padilla tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos.



El señor PADILLA CARBALLADA: Seré tan breve como es grande su generosidad, señor presidente. Solamente quiero hacer una precisión.



Va siendo hora de que se pongan ustedes de acuerdo con ustedes mismos. A mí al Aventino no me manda tan fácilmente. El ejercicio pasado ustedes tenían una previsión de 15.800.000 euros para financiación de las instituciones de la Carta de
Barcelona que no estaba aprobada, estaba todavía en periodo prácticamente prelegislativo. O sea, cuando les da a ustedes por financiar el futuro se aprestan en infatigable jornada de labor al asunto; y cuando ahora no les conviene me dicen:
¡Hombre! Tienen ustedes ahí... Estamos debatiendo... No estamos debatiendo nada porque no se ha presentado el proyecto de ley en la Cámara todavía; efectivamente, después de los tres estudios y de todas las reuniones que fomenta el señor Sevilla,
ya tienen por ahí un texto preparado, en el que además de financiación no se resuelve nada más que principios. Aplíquense una doctrina o la otra, pero las dos a la vez no; y sobre todo, cada vez que viene un tema y ustedes dicen: No, es que ya
hay una norma donde se prevé... También en otra norma que ahora no recuerdo decían: No, la norma ya prevé... No, la norma prevé, pero el presupuesto financia, luego o no creen en la política de la norma o no se creen ustedes su propia norma,
porque yo no me creo nada, nada, de ustedes me creo muy pocas cosas, pero ninguna de las normas que ustedes hacen que luego no están en los presupuestos.



El señor PRESIDENTE: Señor Torres García.



El señor TORRES GARCÍA: Sólo quería hacer un breve comentario respecto de esta última intervención. La Carta de Barcelona sí establece un sistema de financiación y la Ley de capitalidad de Madrid que ya está aprobada, no.



El señor PRESIDENTE: Entramos en las disposiciones adicionales, transitorias y anexos. Como ya he dicho antes, a lo largo de los títulos el portavoz que ha querido utilizar turno y defender esas enmiendas ha podido hacerlo, pero para
redondear, por si no ha ocurrido así, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Báñez.



La señora BÁÑEZ GARCÍA: Señor presidente, intervendré simplemente para defender algunas enmiendas que quedan pendientes que no se han defendido en el debate de los títulos anteriores. En la


Disposiciones adicionales, transitorias y anexos


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número 854, del Grupo Parlamentario Popular, se refiere a la creación de un centro nacional de coordinación de emergencias adscrito al Ministerio de la Presidencia. Después de los sucesos recientes, y también en años anteriores, de
incendios o alguna otra catástrofe natural que se han producido en el territorio nacional, se echa de menos un centro nacional que coordine a todas las comunidades autónomas para la atención rápida y de forma eficaz de estos sucesos. Pensamos que
es el momento de crear ese centro nacional de coordinación de emergencias adscrito al Ministerio de la Presidencia. Por otra parte, en la enmienda 892 de nuestro grupo se pide el incremento del Fondo de Compensación Interterritorial para poder
hacer políticas de solidaridad y cohesión territorial en nuestro país, ya que tras la pérdida de fondos europeos después de la pésima negociación por parte del Gobierno del señor Zapatero en el último Consejo, nuestro país queda bastante mermado de
esos fondos para hacer políticas de cohesión y de solidaridad y hay comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y alguna más que van a ver bastante reducidos sus recursos para hacer esas políticas. Como el propio
vicepresidente Solbes se comprometió en febrero del año pasado, en el año 2006, a solventar esa situación duplicando, si es posible, el Fondo de Compensación Interterritorial, y vemos en estos presupuestos que no se ha hecho tal duplicidad, pues el
fondo ha crecido un 6,7 por ciento y en algunas comunidades autónomas como Andalucía no ha llegado ni al 2, nos parece una incoherencia de mensaje, de proyecto y de política tan grande, que el Grupo Parlamentario Popular quiere enmendar esta
situación presentando esa importante enmienda que significa solidaridad y cohesión entre todos los territorios de España.



También presentamos una enmienda importante al Plan Galicia. Señorías, hay dos gobiernos socialistas en Galicia y en Madrid, y el Plan Galicia, tan importante para esa comunidad autónoma, se abandona y se suspenden sus importantes
infraestructuras, sobre todo en carreteras y ferrocarriles.
Nosotros lo que queremos simplemente es que se cumpla la ley y que se agilicen esas infraestructuras, que debían estar llegando ya en los presupuestos y en la ejecución presupuestaria de
este año 2006. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular presenta una importante enmienda que pretende agilizar y cumplir el Plan Galicia.



También se ha producido este año un hecho desgraciado para muchas familias españolas, que es la intervención por parte del Gobierno en dos empresas, en Forum y Afinsa. Nos encontramos con un panorama desolador para más de 400.000 familias
españolas. De momento nosotros no sabemos quién será el culpable o no, o si hay irregularidades o no en las empresas. Eso no nos importa, lo que nos importa es que hay muchas familias españolas que hoy no reciben ningún ingreso ni interés por sus
inversiones y, sin embargo, antes de la intervención por parte del Gobierno lo recibían. Por tanto, pedimos atención inmediata a estas familias a través de tres políticas fundamentales: la creación de un fondo para atender a los afectados de Forum
y Afinsa; una línea especial de créditos ICO del Ministerio de Economía, tal como se comprometió, por otra parte, la ministra de Sanidad y de la que no sabemos nada en el día de hoy; y, por supuesto, el desarrollo reglamentario de la Ley de
instituciones de inversión colectiva para que no vuelvan a pasar sucesos como éste.



Señor presidente, por último, quisiera hacer referencia a las disposiciones finales que contempla el articulado de la ley de presupuestos. Al final se jactan de decir que no hay ley de acompañamiento en estos presupuestos y, sin embargo, a
través de las disposiciones finales de este presupuesto y de algunas adicionales, presentan una ley de acompañamiento encubierta en este presupuesto. Estas modificaciones que no pueden hacerse a través de la Ley de Presupuestos, sí se realizan a
través de dichas disposiciones adicionales y finales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la disposición adicional primera que modifica la Ley 10/1975, de 12 de marzo, de regulación de la moneda metálica; a varias disposiciones adicionales que
modifican artículos de la Ley General de la Seguridad Social referidos tanto al personal al servicio de la Administración de Justicia, como a la Ley sobre Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado; a una disposición adicional que
modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; a la modificación de la Ley General de Subvenciones, o incluso a la modificación de la Ley General Presupuestaria o de la Ley de Haciendas Locales. Mi grupo, si ustedes mantienen estas
enmiendas y se aprueban definitivamente en la tramitación parlamentaria, se verá obligado a recurrir ante el Tribunal Constitucional este proyecto de ley porque incumple la normativa legal vigente.



Señorías, estas son las explicaciones a las últimas disposiciones adicionales y finales que quedaban pendientes del Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo ha presentado diferentes enmiendas a las disposiciones adicionales, finales y anexos. Vamos a intentar defender en este trámite parlamentario las enmiendas más relevantes desde nuestro punto de
vista. En primer lugar, hay una serie de enmiendas que proponen, como hemos venido haciendo habitualmente a lo largo de estos últimos años, la posibilidad de incrementar las prestaciones a cargo por hijo y aumentar el límite de los ingresos que
posibilitan la percepción de estas ayudas. Todas estas ayudas, que en teoría se tendrían que recibir de la Seguridad Social por todas aquellas familias que tienen hijos, tienen unos límites de renta tan ínfimos, que prácticamente le es imposible a
cualquier familia poder percibir estas ayudas, ya que casi todas las familias están muy por encima de los mínimos establecidos por la ley.



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Por tanto, vamos a ver si en esta ocasión somos capaces de tocar la fibra sensible del Gobierno y podemos beneficiar a todas estas familias que tienen hijos a cargo incrementando estas percepciones que da la Seguridad Social.



La enmienda número 2819 es muy importante desde nuestro punto de vista, y ya ha hecho mención a la misma el señor Vilajoana. La enmienda pretende territorializar todas aquellas asignaciones dirigidas a fines sociales, a las ONG. Una vez
establecido el pacto de financiación entre el Gobierno y la Iglesia, ha llegado el momento de poder territorializar todas estas asignaciones a las ONG. También hay una enmienda que nosotros consideramos importante, la 2826, que hace referencia a la
publicación de las balanzas fiscales para el año 2007. Como sea que ya se han realizado una serie de trabajos que pueden posibilitar la publicación de estos balances fiscales -tanto si ha gobernado el Partido Popular como si ha gobernado el Partido
Socialista parece que da auténtico miedo y pánico la publicación de dichas balanzas-, nosotros hemos presentado una enmienda muy clara y transparente en el sentido de que el Gobierno procederá a publicar en el año 2007, una vez aprobada la
metodología común para determinar los flujos financieros anuales entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado, teniendo en cuenta la máxima territorialización posible de ingresos y gastos, las balanzas fiscales de las
comunidades autónomas con la Administración General del Estado correspondientes al último ejercicio liquidado. Señorías, tenemos todos los elementos encima de la mesa y ahora procede que el Gobierno cumpla con el acuerdo de una moción que se aprobó
en el Congreso de los Diputados, a iniciativa de Convergència i Unió.



Por otro lado, hemos presentado una enmienda que pretende la creación de una agencia de construcción y mantenimiento de carreteras. Esta es una cuestión a la que nosotros hemos dado una cierta importancia, con el fin de poder controlar las
diferentes ejecuciones de obra de las cantidades presupuestadas. Asimismo, una de las enmiendas que hemos planteado a estas disposiciones adiciones pretende la conclusión de unos expedientes de cesión del patrimonio de la extinguida Federación de
Agricultores de Arroceros de las cooperativas arroceras del Delta del Ebro. Esta es una cuestión que ya está aprobada por el Consejo de Ministro, pero parecer ser que el citado expediente referido a la cesión de dicho patrimonio ha quedado
paralizado en los despachos del Ministerio de Hacienda.



La enmienda 2837 pretende crear un fondo de difusión y fomento de las lenguas oficiales distintas del castellano en aquellas comunidades autónomas en las que no sean oficiales. Esta es una enmienda que ya tuve la oportunidad de pactar con
el Gobierno socialista en los pasados presupuestos. Esperamos que también en esta ocasión podamos llegar a un acuerdo similar al que llegamos en los presupuestos del año 2006. También hay otra enmienda que nosotros consideramos muy importante, que
afecta al mantenimiento de la financiación de los programas del desarrollo rural 2007-2013. Entendemos que ha existido un incumpliendo por parte del Gobierno en la financiación de dichos programas ya en el primer año referido a mantener el nivel de
inversión pública en desarrollo rural para el nuevo período 2007-2013. Por tanto, nos proponemos incluir con esta nueva disposición adicional en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado que la Administración General del Estado
garantizará la financiación de los programas de desarrollo rural 2007-2013 con una financiación mínima que permita mantener el nivel de inversión pública del año 2006 a nivel constante. La enmienda 2842, que nosotros también consideramos relevante,
se refiere al cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Esta enmienda ha sido defendida también por el señor Vilajoana en el sentido de poder delimitar cuál es la metodología a analizar para poder dar
cumplimiento a lo establecido en la disposición tercera del Estatuto de Autonomía Cataluña y así poder cumplir que la aportación al PIB español por parte de Cataluña se pueda equiparar a las inversiones que puedan plantearse en Cataluña por parte de
los Presupuestos Generales del Estado. Aquí había una cierta confusión para la aplicación de la metodología. Nosotros hemos presentado una enmienda que pretende clarificar perfectamente cuál tiene que ser el sistema para que la Comisión bilateral
Estado-Generalitat pueda establecer esta metodología y si hubiera diferencias pudieran compensarse para los años posteriores.
También existe la posibilidad de que si en el grado de ejecución del presupuesto en inversiones en fomento, medio ambiente
y todas aquellas cuestiones que consideramos infraestructuras hubiera un incumplimiento por parte del Estado español, en cuanto al nivel medio de ejecución podríamos compensarlo y a través de los mecanismos parlamentarios oportunos incrementaríamos
la inversión ejecutada para los presupuestos posteriores. La 2845 y la 2841 van en la dirección de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto, en el sentido de que se clarifique cuál va a ser el mecanismo y todos aquellos pasos que se han de
dar a lo largo del año 2007, para que pueda transferirse a la Generalitat la gestión de Cercanías de Renfe. Esta es una cuestión relevante y que tendría que producirse a lo largo del año 2007. Desde la perspectiva de poder dar cumplimiento a todos
aquellos aspectos generalistas del Estatuto de Cataluña, también planteamos un mandato del Gobierno para crear el consorcio del aeropuerto de El Prat con la participación decisiva de la Generalitat de Catalunya y del resto de instituciones públicas
y privadas, así como la desclasificación de los aeropuertos de Reus, Girona y Sabadell.



Dentro de las disposiciones finales, haré referencia a las más relevantes, como la que planteamos para la exención de vehículos eléctricos del impuesto de matriculación. Este es un tema importante desde el punto de vista de control de la
eficiencia energética para el futuro.



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También proponemos un incremento del 52 al 60 por ciento de la base reguladora para el cálculo de las pensiones de viudedad. Como hacíamos anualmente, planteamos excepcionar los planes de jubilación de la exteriorización de los compromisos
de pensiones. Esta es una enmienda que habitualmente hemos consensuado y pactado con el Gobierno socialista a fin y a efecto de poderlos anular, suprimir o pasarlos para el año pasado, pero ahora ha llegado el momento de poderlos excepcionar
definitivamente. La 2850 va en la dirección, de acuerdo con lo previsto en el recién aprobado Estatuto de Cataluña, de suprimir aquellos peajes troncales de obligado paso para el acceso a Barcelona; y al mismo tiempo también planteamos la
modificación de la regulación del gasóleo de uso profesional, ampliándolo a los vehículos de transporte de mercancías superiores a tres toneladas y media que en el proyecto de ley contra el fraude fiscal quedó sobre las siete toneladas y media.



Planteamos una cuestión que ha quedado deslindada del reciente acuerdo entre Convergència i Unió y el Gobierno en el pacto que realizamos en el impuesto sobre sociedades, ya que excluimos todas aquellas bonificaciones que iban orientadas a
actividades exportadoras que iban dirigidas a la Unión Europea, pero han quedado fuera del marco y del pacto todas aquellas cuestiones y bonificaciones que iban orientadas a las actividades exportadoras -el impuesto sobre sociedades- no a la Unión
Europea sino a Latinoamérica. Esta es una cuestión que tendríamos que consensuar, ya que han quedado perjudicadas muchísimas sociedades editoras de libros que están exportando a Latinoamérica y que ahora se ven con una competencia desleal respecto
de otras compañías de la Unión Europea que están exportando a estos países con unas bonificaciones de las que no se puede gozar dentro de la legislación fiscal española. Hemos planteado decretos ampliables destinados a dotar de fondo para la
integración de los inmigrantes y, al mismo tiempo, hemos planteado una serie de decretos ampliables para que el Consejo de Ministros pueda autorizar la ampliación de diferentes créditos.



Hay otras tres enmiendas, la 2861, la 2862 y la 2863 -estoy terminando-, que van orientadas en la dirección de poder incorporar a las murallas de Tarragona entre los bienes de Patrimonio Histórico, para que se beneficien de la aplicación del
régimen de incentivos fiscales del mecenazgo para el año 2005. También pretendemos la inclusión en el listado de instalaciones científicas, a las que es aplicable la disposición adicional décima, la planta de química fina de Catalunya, y del IRTA,
orientadas a las actividades prioritarias de mecenazgo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Nuestro grupo parlamentario ha presentado diferentes disposiciones adicionales y finales, entre ellas, las referentes a la productividad, enmiendas que ya en anteriores ocasiones han ido en esa línea; otras, en temas
sociales, otras en mejora de la financiación de los ayuntamientos, y otras ya más concretas para la clarificación de datos y de los números que genera el Estado. Pasaré a enumerar algunas de estas enmiendas y empezaré por la 165 y la 166, que hacen
referencia a que el Estado destine el 0,7 por ciento para las organizaciones no gubernamentales y a la regionalización de estos fondos. Ha llegado el momento de avanzar en la línea de regionalizar las aportaciones del 0,7 por ciento, porque en
diferentes ocasiones se han aprobado iniciativas para trabajar e ir avanzando en esa dirección, y es el momento de concretar algunas de estas disposiciones. La 167 hace referencia al cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre
la formación continua y el traspaso de esos fondos, otro de los clásicos que año tras año queda pendiente para que el Gobierno quiera cumplir esta sentencia.



En cuanto a enmiendas de tipo productivo, tenemos, entre otras, la 169, para el fomento de la actividad en el sector textil y del calzado. Otra para el relevo generacional del comercio tradicional, para la edad de jubilación y para el
fomento de esta renovación de trabajadores o empresarios en el comercio tradicional. Al sector productivo, con medidas de apoyo al sector de la confección y del calzado, se dirige la enmienda número 171. La enmienda 172 es para la ampliación y
oferta pública de empleo de cuerpo de inspectores, que es un tema que quedó pendiente cuando se tramitó la ley. La 173 se refiere a acciones desarrolladas para instaurar la prestación por inactividad en el régimen de los trabajadores autónomos.



Paso a resaltar una de las enmiendas que presentamos, la 177, sobre un tema que para los municipios es muy importante, que es el destino que se hacen de los patrimonios, en este caso del Ministerio de Defensa o de la Guardia Civil, que
quedan en desuso y que salen a subasta para su venta.
A veces se hace flaco favor a los ayuntamientos en los cuales están esos terrenos. Lo que proponemos es el compromiso de que estos espacios sean destinados a los ayuntamientos para
equipamientos municipales o viviendas de protección oficial y que la compensación que actualmente tienen los ministerios de ingresos por esas ventas sea hecha directamente por el Estado, y, por lo tanto, no sean los ayuntamientos los que tengan que
hacer ese esfuerzo -ya que todos estamos de acuerdo en la mala financiación que tienen- y estos patrimonios pasen directamente a los ayuntamientos a cargo del Estado. Tenemos una enmienda sobre un tema ya antiguo, sobre las riadas producidas en las
comarcas de Ribera, Vinalopó, Alacantí y la Vega Baja en el año 1987, para la condonación de los intereses de demora, que tienen más de siete mil prestatarios. Habría que encontrar una solución en ese sentido.



Para clarificar los números del Estado, proponemos la enmienda 182, por la que se crea una oficina de gestión y control presupuestario que facilitaría la transparencia en el gasto y en la ejecución del presupuesto por


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parte del Estado. La enmienda 184 hace referencia a la reducción de los tipos reducidos de IVA para las obras destinadas a equipamientos deportivos, ya que tiene una carga impositiva importante para entidades sin ánimo de lucro que hacen
reformas para instalaciones deportivas. La 185 también es una enmienda de garantía de ejecución presupuestaria. En esta enmienda proponemos que para las inversiones que no se ejecuten al final del ejercicio, haya una fórmula de traspaso a las
comunidades autónomas del dinero que se deja de ejecutar para evitar que el presupuesto sea mucho más real y se produzca un grado más alto de ejecución presupuestaria. En la enmienda 186 proponemos que se destinen partidas a Radiotelevisión
Española, ya que lo pagan todos los ciudadanos del Estado, para el fomento de las lenguas distintas al castellano para la producción o doblaje de programas en las demás lenguas ya que buena parte de estos ciudadanos tienen una lengua materna
distinta al castellano. Hemos presentado enmiendas en el sentido productivo referentes a los plazos de amortización para las empresas, para el establecimiento de las modalidades de financiación para los destinos turísticos y asimismo para la
consolidación de lo que son municipios con destinos turísticos. La enmienda 194, ya clásica, se refiere a la publicación de las balanzas fiscales sobre lo que avanzamos a paso de tortuga. Ahora ya estamos hablando de las metodologías. Nosotros
proponemos que el Gobierno automáticamente tenga que publicar la inversión y el gasto público regionalizado para facilitar ese cálculo, cosa que es factible de hacer porque así ocurre en otros Estados. Creemos que para clarificar las cifras sería
mucho más fácil que estuviesen publicadas. La enmienda 195 se refiere a las bonificaciones de exención que tienen las concesionarias de autopistas de pagar el IBI a los ayuntamientos. Esta decisión me parece injusta y por eso presentamos una
enmienda para que los ayuntamientos, que en este momento están atravesados por una autopista, no se vean penalizados por no cobrar el impuesto de bienes inmuebles por parte de estas autopistas.



Hay una serie de enmiendas sociales que se refieren a minusvalías y otras que también hemos presentado a estas disposiciones adicionales. Las enmien--das 199 y 200 están hechas sobre la base de la aprobación que se ha hecho en esta Cámara
de proposiciones de Esquerra Republicana con el objeto de reducir la siniestralidad en las carreteras. En ellas insistimos en que el Plan de conservación de las carreteras se concentra en aquellas zonas de alta siniestralidad y en la sustitución
gradual de los guardarraíles y de los postes existentes en la red de carreteras para colaborar en la disminución de los accidentes que se producen.



Hemos presentado enmiendas que afectan a las haciendas locales, como la que se refiere a la posibilidad de que los ayuntamientos ingresen fondos por la ocupación del espacio, por temas de perjuicio medioambiental, como pueden ser las líneas
de alta tensión o antenas para el servicio de la telefonía móvil. Damos por defendidas el resto de las enmiendas a las disposiciones adicionales y nuevas que presenta el Grupo de Esquerra Republicana.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.



El señor AZPIAZU URIARTE: Brevemente quisiera destacar dos de las tres enmiendas que ha presentado nuestro grupo a las disposiciones adicionales que, aunque están incorporadas en el dictamen o en la ponencia quisiera hacer referencia a
ellas por la singularidad y la importancia que merecen a nuestro grupo.



En primer lugar, la 3280 es una enmienda de adición a la disposición adicional trigésimo sexta por la que se considera de interés general las obras de infraestructura que pretenden proteger contra las inundaciones de la ría de Bilbao. Creo
que esta es una cuestión que venía de hace muchos años, al menos desde las riadas del año 1983, que se tenía que haber resuelto antes, y afortunadamente creemos que a partir de ahora se van a dar una serie de pasos para ello. En coherencia con esta
enmienda se ha planteado otra enmienda, la 3300, por la que se dota con 900.000 euros una partida para que se comiencen a hacer los estudios que conlleven al desarrollo del proyecto. Otra enmienda que merece también ser destacada es la 3281,
relativa a la cotización a la Seguridad Social de docentes de euskera, que también se ha citado aquí en esta Comisión.
Existe un colectivo de personas que en su día se dedicaron a la enseñanza del euskera que, por razones obvias, en la época de la
dictadura no pudieron cotizar a la Seguridad Social y creemos que esta situación se ha de corregir. A tal efecto el Grupo Vasco presentó, y se aprobó en este Congreso, una moción con tal intención. A través de esta disposición adicional nueva se
contempla la solución a este problema que viene desde hace muchísimos años. En coherencia también con esta enmienda existe la enmienda 3297, en la sección 19, con el fin de dotar de créditos presupuestarios suficientes al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de manera que se pueda dar cumplimiento a esta moción y a esta enmienda para que se solucione el problema que están sufriendo las andereñas desde hace muchísimo tiempo.



El señor PRESIDENTE: Tiene su turno el Grupo Socialista.



Como es lógico en las disposiciones adicionales, finales y anexos intervendrán varios. El primer ruego que les hago, en lo posible, es que sean breves. Como no tenemos una lista muy clara de quiénes van a intervenir voy a dar la palabra,
en primer lugar, a la señora Pérez Domínguez, y les ruego a cada uno que intervenga que, al terminar, digan quien es su compañero o compañera que les va a seguir en el uso de la palabra a fin de que conste en el 'Diario de Sesiones'.



La señora Pérez Domínguez tiene la palabra.



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La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Voy a fijar la posición de mi grupo sobre las enmiendas que han presentado el Grupo Parlamentario Popular, Esquerra Republicana de Catalunya y el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en lo que
se refiere a política social y en concreto a servicios sociales, familias discapacidad y políticas de igualdad.



En primer lugar, quería dejar bien claro, porque va a ser lo que indique la posición desfavorable de mi grupo a la mayoría de las enmiendas presentadas, el gran aumento que este año se ha producido en el presupuesto en este ámbito. Hemos
tenido un presupuesto en la Secretaría de Estado correspondiente del 45,82 por ciento, casi un 46 por ciento de aumento, y en la parte correspondiente al Imserso de un 48 por ciento. En total casi un 47 por ciento de aumento presupuestario, un
espectacular crecimiento que se ha destinado a dos cosas fundamentales y que se ven enmendadas con disposiciones nuevas por otros grupos como son la dependencia o el envejecimiento activo.



Con relación a las enmiendas, a las que han hecho referencia los grupos, sobre la territorialización y el destino del 0,7 por ciento del IRPF a otros fines sociales, en concreto Esquerra Republicana presenta dos enmiendas diferenciando por
un lado lo que es el compromiso del Gobierno plasmado en esta Cámara y la petición de todos los grupos en la Comisión para destinar el 0,7 por ciento, igual que se destina a la Iglesia, a fines sociales. Los otros grupos enmendantes, tanto el Grupo
Catalán de CiU, como el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, hacen en una sola enmienda el tema del 0,7 y la territorialización del mismo. Es un compromiso del Gobierno que se ha acordado ya con la plataforma de ONG; hay un
compromiso acordado con el Consejo estatal de ONG para realizar el mismo, y puede que a lo largo de la jornada lleguemos a algún acuerdo sobre la asignación del 0,7 por ciento para estos fines sociales.



Seguiremos trabajando en el tema de la territorialización. Sus señorías saben que la Cámara dispone de un informe que encargó el Gobierno, que ha estado dirigido por el que fuera presidente del consejo, el señor Rodríguez Bereijo, que no
tiene claro el asunto de la territorialización ni la constitucionalidad del mismo. Vamos a seguir trabajando y, como he dicho, a lo largo del día, y antes de que se produzca la votación esta tarde, podremos encontrar un punto de acuerdo entre las
pretensiones contenidas en las enmiendas que estos grupos han presentado y las del Grupo Socialista.



Se presentan una serie de enmiendas, concretamente del Grupo Popular y del Grupo Catalán (Convergència i Unió), para ampliar los fondos dedicados a la dependencia. Quisiera hacer notar que este año se han duplicado los fondos, puesto que en
los presupuestos de 2006 había 200 millones, destinados a lo mismo. Además, acabamos de aprobar en este Congreso de los Diputados la ley, que ahora mismo está en tramitación en el Senado, con la correspondiente memoria económica que recoge estos
400 millones de euros, que se supone que es la cantidad adecuada para poner en marcha el calendario de aplicación de la misma. Por tanto, no creemos que haya lugar a ampliar el fondo ni en 600 millones como pide un grupo ni en 400 millones de euros
como pretende el otro. Hemos aprobado la ley aquí, la hemos aprobado con ese calendario y con esa disposición presupuestaria, y parece lógico que figure esta cantidad y no otra, que sería absolutamente imposible cumplir con el calendario de
aplicación y las prioridades impuestas a la misma, sería un fondo difícil de gastar.



Por otra parte, aunque no se han defendido aquí -el presidente lo dijo al inicio de la sesión-, nos encontramos con una enmienda de Izquierda Unida mediante la que se pretende la incorporación de ayudas destinadas a alquiler para las
personas mayores. No vemos lógica esta enmienda, ya que hemos incorporado al dictamen una enmienda conjunta por la que se crea un complemento de 350 euros, precisamente para aquellos pensionistas con pensiones no contributivas que no tienen
vivienda en propiedad y necesitan hacer frente al alquiler de las mismas; por tanto, la vamos a rechazar.



Después nos encontramos con otra serie de enmiendas, en este caso de Esquerra Republicana, las números 216, 217, 218 y 219, que pretenden incluir adicionales nuevas, destinadas todas ellas a programas de lucha contra la violencia de género.
Quiero decir al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que ya hemos incorporado al dictamen una dotación superior a los 6 millones de euros, precisamente destinada a favorecer estas medidas integrales para hacer frente a la violencia de género,
además de haber incorporado la creación de un fondo, que se dotará inicialmente con 10 millones, destinados a garantizar, mediante un sistema de anticipos a cuenta, el pago de alimentos reconocidos a favor de los hijos menores de edad en convenios
judicialmente aprobados o por resolución judicial; por consiguiente, el Grupo Socialista rechazará esas enmiendas.



A continuación, señor presidente, intervendrá mi compañero el señor Benzal.



El señor BENZAL ROMÁN: Con relación a la educación, me voy a referir a cuatro disposiciones adicionales nuevas que se nos han presentado, aunque alguna de ellas afecta a anexos que ya han sido citados en mi anterior intervención. La
primera de ellas es una disposición adicional nueva que plantea Esquerra Republicana de Catalunya sobre la facilitación, mediante la supresión de las valoraciones intermedias, de los trámites -entiende Esquerra que burocráticos- para fomentar la
investigación técnica a determinadas empresas. No nos parece conveniente porque el hecho de hacer una valoración intermedia de progreso con relación a la renovación o la prórroga de un informe no es un acto de trámite, sino un elemento esencial de
control público, por lo que a pesar de que todos deseamos disminuir las trabas burocráticas, si las hay, para el fomento de la


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investigación, nos parece que esas valoraciones son fundamentales.



Hay otras tres enmiendas presentadas por el Grupo Popular. En primer lugar, una de ellas pretende suprimir -no es de adición sino de supresión- un organismo autónomo que se crea; un organismo autónomo que la Unión Europea exige que se cree
para gestionar todos los programas educativos que tienen financiación o que están relacionados con la Unión Europea. Hay que cumplir la exigencia de la Unión Europea y crear ese órgano, porque además en los últimos días debe haberse producido ya
una iniciativa de la Comisión que enviará al Parlamento precisamente un informe sobre la creación de estos órganos. En cualquier caso, la referencia que se hace en la disposición adicional a la Ley de agencias para impedir la creación de este
organismo autónomo, tenemos que decir que no es tal, puesto que aun siendo la agencia el instrumento público fundamental que tiene la Administración para funcionar, no excluye precisamente la creación de organismos autónomos.



Hay una enmienda importantísima, también del Grupo Popular, sobre el aumento de los umbrales para las becas hasta un 10 por ciento.
Bienvenidos a esta situación, puesto que el Partido Socialista ha sido el único que ha venido elevando los
umbrales de las becas en los últimos años por un importe superior a ese 10 por ciento. Además, para el año 2007 se plantea un nuevo aumento del umbral de las becas en un 7 por ciento, pero es un aumento de un umbral móvil, de tal manera que si esos
umbrales tuvieran como consecuencia que hubiera un número de becarios igual o inferior a los del año 2006, se movería el umbral de nuevo hacia un valor superior para incluir a un mayor número de peticionarios. Hay que tener en cuenta que las becas
para el año próximo superan ampliamente los 1.225 millones de euros, lo que supone un 50 por ciento más de lo que había previsto para el año 2004, último presupuesto elaborado por el Partido Popular, y además buena parte de esa cantidad se
descentraliza, puesto que para alguno de los programas ya está realizado el convenio de gestión con las comunidades autónomas.



Por último, en relación con las becas, hay que decir que no es cierta la afirmación que se hace en esa adicional nueva sobre que el tanto por ciento de familias, en función del número de miembros computables que están dentro de esos
umbrales, disminuye conforme aumenta ese número de miembros computables. No es cierto y basta con hacer la correspondiente división entre el número total de familias que tienen esos miembros y el de familias que están en esa situación económica
próxima al umbral. Se ve que hay un aumento constante, desde familias que tienen un miembro computable hasta las que tienen ocho miembros computables, del tanto por ciento de las que se benefician de esa política de becas.



Por último, se establece también la necesidad de crear un fondo de compensación interterritorial, educativo en este caso. Ya hay suficientes fondos de compensación de financiación autonómica para abordar también los asuntos de compensación
educativa a que haya lugar y, por tanto, no nos parece adecuado hacer en cada uno de los sectores un fondo de compensación finalista, puesto que nos llevaría a abandonar esa otra situación de un fondo de compensación interterritorial común del que
las comunidades autónomas hacen uso en función de sus necesidades. Pero es que además no hay mayor fondo de compensación interterritorial que la Ley de Presupuestos, en este caso de educación, porque ya he dicho anteriormente que los presupuestos
de educación aumentaban, casi un 27 por ciento y un 31 por ciento los de investigación. (Rumores.) Por tanto, las leyes de presupuestos son los mejores fondos de compensación que hay, cosa que por desgracia no ocurría en etapas anteriores. A eso
hay que añadir que el desarrollo de la propia Ley Orgánica de Educación va acompañada de una memoria, como he dicho anteriormente, que se está cumpliendo fielmente, incluso sobrepasando las cantidades previstas en cada una de las anualidades;
además, se establecen unos convenios del Ministerio de Educación... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Benzal.



Ruego silencio, porque si no no se puede escuchar al orador.



Continúe.



El señor BENZAL ROMÁN: Gracias, señor presidente.



Decía que -estoy concluyendo- además se establecen unos convenios del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas, que son solidarios, precisamente para compensar los déficits que puedan aparecer específicamente en determinadas
comunidades autónomas, y así lo prevé también la LOE. Por último, desde que el Partido Socialista está gobernando se ha establecido un fondo específico para la inmigración, que sobrepasa para el año 2007 los 92 millones de euros, destinados
exclusivamente a cuestiones educativas relacionadas con la inmigración.
Todo esto nos hace pensar que esa pretensión de crear un fondo de compensación educativo es innecesario y que solamente se justificaría en el caso de que no hubiera todas estas
medidas presupuestarias a disposición de la solidaridad.



Paso la palabra al señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Intervengo para decir que las enmiendas que han presentado distintos grupos al articulado y a las disposiciones adicionales, tanto a las nuevas que se quieren crear como a las existentes actualmente, no son
aceptables, por una razón fundamental: porque algunas de ellas están cubiertas, algunas otras están presupuestadas y otras son contrarias a la normativa actualmente vigente.
Agrupándolas en aproximadamente seis grupos, desde el punto de vista de
nuestro grupo consideramos que la primera, del Grupo Popular, que hace referencia al programa anual


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del Servicio Nacional de Empleo, a la posibilidad de que determinen programas específicos a través de las programaciones anuales, es algo que se viene realizando en estos momentos a través del consejo sectorial y al mismo tiempo a través de
la propia formulación y funcionamiento de dicho servicio. ¿Qué es lo que plantea el Partido Popular? La posibilidad de que en cada uno de los territorios se puedan ver cuáles son los niveles de cofinanciar algunas de las actividades según la
situación de especificidad. Indudablemente, esto se tiene que hacer a través de la conferencia sectorial y tampoco se pueden parcializar las actuaciones y los programas concretos hasta límites como, por ejemplo, que en una comarca tuviéramos un
programa de actuación concreto y, en otra, otro programa de actuación concreto según fuesen viudas, personas mayores, personas jóvenes, personas con discapacidad. Las políticas activas de empleo tienen que tener sobre todo un alto grado de
uniformidad y tienen que estar en estos momentos sujetas y sustentadas por el Servicio Público de Empleo Estatal y por las aportaciones de la conferencia sectorial. Por eso es por lo que nosotros consideramos que esta es una propuesta que no
necesita ser incluida como una nueva adicional.



En otro orden de cosas hay tres enmiendas de CiU, Esquerra Republicana de Catalunya y EA, respecto a la disposición adicional vigésimo cuarta, que hacen referencia a los fondos de formación continua. Esta es una enmienda que se viene
repitiendo en los distintos debates de carácter presupuestario y que se sostiene por parte de algunos de los grupos enmendantes, que no hay cumplimiento de las dos sentencias -la del año 2001 y la del año 2002- sobre formación continua. Nosotros
sostenemos que sí que hay cumplimiento de las citadas sentencias en tanto en cuanto hay una transferencia de más del 37 por ciento a las distintas comunidades autónomas para su gestión y además hay otra parte que en estos momentos se distribuye a
través de la conferencia sectorial. Lo que no hay es una traslación mecánica de la partida correspondiente en función del número de trabajadores, como quiere en este caso EA y como solicita el Hobetus reiteradamente. ¿Por qué? Porque hay un
elemento de solidaridad, porque hay una cuota que tiene un elemento fundamental de formación del conjunto de los colectivos de los trabajadores y hay partidas presupuestarias que están adscritas a convenios nacionales de carácter sectorial que
tienen en un momento determinado que ser redistribuidas por la Administración central para que tengan el efecto solidario que debe tener también la formación, que no solamente es capacitación, sino también elemento de solidaridad territorial y de
solidaridad a la hora de promociones y a la hora de determinadas cualificaciones. Por eso es por lo que no aceptamos las tres enmiendas y por eso es por lo que, aunque hay diferencias entre ellas -no es lo mismo lo que plantea la señora
Lasagabaster que lo que están planteando en estos momentos CiU y Esquerra-, nosotros consideramos que no son aceptables, ya que se están cumpliendo perfectamente las dos sentencias y el sistema está funcionando a la hora de las transferencias.

Donde puede tener algún tipo de dificultades es a la hora de las bonificaciones en las empresas. Por cierto, nadie pone en cuestión, ni estas tres enmiendas, el sistema de bonificación; simplemente ponen en cuestión el sistema de reparto
territorial.



Quiero resaltar una propuesta de Convergència i Unió, que propone la bonificación de cuotas empresariales a la Seguridad Social de aquellas empresas que tienen en estos momentos un determinado tipo de siniestralidad; Convergència i Unió
introduce el bonus malus en aquellas empresas que tienen un componente de reducción de la siniestralidad.
Nosotros pensamos fundamentalmente dos cuestiones: no hay un mapa decidido ni definido de cuáles son los sectores que tienen mayor índice de
siniestralidad en nuestro país. Ese sería el primer elemento a tener en cuenta, porque no se puede hacer una bonificación del 0,5 por ciento o del 0,25 a un sector servicios que tiene una accidentalidad del 0,5 por 100.000 trabajadores que a otras
que tienen, por ejemplo, en el sector de la construcción, un 50 por cada 100.000 o un 150 por cada 100.000 trabajadores. En el sector de la construcción, no es lo mismo poner un tabique, que poner una puerta, o estar subido en un andamio, o hacer
soldaduras de riesgo. Por lo tanto, no está definido, y esa es una parte en la que indudablemente queda un vacío. Nos da la sensación de que esto es más un brindis al sol que algo que tenga detrás un proyecto sobre el cual sustentar una
proposición lo suficientemente sólida.



La seguridad y la salud laboral son elementos que están en estos momentos dentro de planes de actuaciones que son de 2005-2009, que se están siguiendo, que están firmados con las organizaciones empresariales y sindicales y que hay que ver la
evolución que están teniendo. Ya sé que a lo mejor esto es hacer un ejercicio de presunción, pero en los nueve primeros meses de este año la accidentalidad ha tenido una reducción del 4,5 por ciento. Ya sé que es una miseria comparado con
cualquier tipo de accidente, pero indudablemente los datos son los que son, algo hemos avanzado y espero que también lo hagamos en el futuro.



Esquerra Republicana tiene dos enmiendas que hacen referencia a los temas del Plan especial para el textil. Ustedes introdujeron en el año 2004, para los Presupuestos Generales del Estado del año 2005, con acuerdo del Partido Socialista,
una enmienda por la cual se planteaba una dotación presupuestaria en función de la reconversión del sector del textil. Es cierto. Eso ha salido y eso tiene una dotación de 18 millones de euros en los presupuestos para el año 2007. Ha habido un
acuerdo entre la patronal y las organizaciones sindicales del sector y eso está funcionando; se contemplan actuaciones en el terreno de la protección por desempleo, Fogasa y Formación, pero no nos pueden pedir que pongamos una partida
presupuestaria que amplíe estos planes especiales en un sector como el de la piel, donde se acaban de iniciar las negociaciones hace relativamente pocos meses. No sabemos por dónde tendrán que orientarse y ustedes


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conocen igual que nosotros que el problema para poner en marcha un plan de estas características no serán los recursos económicos, sino que tenga un acuerdo previo por parte de los interesados y por parte de los afectados, y por sus
representantes, laborales y patronales. En el momento en que eso esté en marcha, indudablemente habrá partidas y recursos suficientes para el sector de la piel. Por cierto, no solamente en Cataluña, algunas zonas muy próximas a mi territorio y de
mi territorio están realmente afectadas por la competencia desmesurada que se está haciendo respecto del calzado en sectores que han tenido una pujanza determinada durante unos años y que en estos momentos están en franco retroceso. Por eso es por
lo que no aceptamos las enmiendas de Esquerra Republicana, porque sería poner unas cantidades que no responderían a nada.



Hay una propuesta de Convergència i Unió de un plan de empleo para personas con discapacidad. El plan de empleo de discapacidad es un elemento de negociación, no hay ninguna dificultad, se está avanzando en ese tema y en su caso
indudablemente se resolverán los problemas que conlleva no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también de a qué personas tiene que afectar. Pero en estos momentos tenemos dos proyectos de ley que les están afectando: la Ley de
la Dependencia por un lado y, por otro, la reforma del mercado de trabajo, que en algunas cuestiones va a afectarles también. Por tanto, vamos a ver el desarrollo de los mismos para que posteriormente se aplique lo que nosotros consideramos que
debería ser un plan de discapacidad para el futuro.



Por otro lado, Convergència i Unió nos está planteando la capitalización por desempleo para el fomento de la actividad empresarial, es decir, la capitalización del desempleo para los autónomos. Nosotros consideramos, en cuanto al 40 por
ciento que hay en estos momentos de capitalización de desempleo para los autónomos, que en la reforma que se introdujo en los Presupuestos Generales de 2006 es una partida interesante e importante, porque la otra partida lleva consigo que los
autónomos tengan posibilidades de tirar de ella para suplir los problemas de sus prestaciones sociales y tener garantizado que sus prestaciones sociales las van a tener remuneradas por el fondo que ellos han acumulado a través de su desempleo y su
derecho a desempleo durante los años que han estado cotizando; nosotros pensamos que por esa vía eso está resuelto. Vamos a ver cómo se queda el ETA, el Estatuto del Trabajador Autónomo, y en función de eso también se podría ver la posibilidad de
su evolución de cara al futuro.



Y hay una disposición adicional nueva, y Esquerra Republicana de Catalunya también la ha planteado, respecto a los inspectores y a los subinspectores de trabajo. Nosotros consideramos que esta es una oferta de empleo que ya existe. Nuestro
objetivo es terminar la legislatura con mil inspectores de trabajo y mil subinspectores de trabajo. Las ofertas públicas de empleo en este sector se están realizando. El problema es que no solamente se tienen que hacer las ofertas, sino que tiene
que haber en estos momentos opositores, tiene que haber opositores preparados y tienen que superarse las pruebas. Esa es una de las primeras dificultades. Por tanto, dotación económica hay, el objetivo se sigue manteniendo, inquietud tenemos la
misma que puede tener Esquerra Republicana, pero dejemos que vaya discurriendo el devenir de los acontecimientos y vamos a ver si podemos conseguir que tengamos a finales de 2008, entre inspectores y subinspectores, 2.000, que bien lo necesita en
estos momentos la prevención de riesgos, el control y el seguimiento de muchas de las actividades de las empresas y, por supuesto, otras actividades que son en estos momentos una parte importante de su actividad laboral.



Por mí nada más. Paso la palabra a Alberto Fidalgo, que continúa con este tema.



El señor FIDALGO FRANCISCO: Me corresponde a mí intervenir en cuanto a las enmiendas adicionales referentes al Ministerio de Sanidad, pero quiero plantear dos cuestiones previas. Una relacionada con la intervención de la portavoz del Grupo
Popular en cuanto al Plan Galicia; como gallego que soy, me veo obligado a hacer una puntualización. Ese Plan en Galicia fue de alguna manera el tapadillo de papel con lo que el Partido Popular ocultó su responsabilidad en la gestión de la
catástrofe del Prestige (Rumores.) y que ahora sí son realidades en Galicia, como lo demuestra que la inversión per cápita, el índice, que en nuestra comunidad autónoma estaba en el año 2004 en el puesto 75, en este momento estamos en el puesto 128,
en la media de cien a nivel del Estado; o que, por ejemplo, este año se dedique a inversión en Galicia por encima de los 1.700 millones de euros. Pero, hablando de zonas desfavorecidas, yo, que soy diputado por Orense, aporto una cifra similar:
el último presupuesto del Partido Popular destinado a Orense en inversiones era de 95 millones de euros, este año son 280 millones de euros. Eso da una idea de la implicación del Gobierno, una implicación además justa en una tierra hasta ahora
olvidada como era Galicia.



Tengo que hacer también una consideración, aunque no está directamente relacionado, y supongo que los portavoces de economía ya lo han hecho, sobre Afinsa y Fórum; en lo que a Sanidad compete, ya ha establecido la posición más de una vez la
ministra de Sanidad, también el propio ministro Solbes. En cuanto a Sanidad, ya se han librado dos millones de euros para colaborar con las asociaciones del Consejo de consumidores y usuarios en el asesoramiento y defensa judicial de los afectados.
La portavoz del Grupo Popular preguntaba dónde está la señora ministra de Sanidad. Pues en este momento defendiendo los intereses de nuestro país (Varias señoras diputadas: ¡De ella!- La señora Font Bonmatí: Los suyos particulares.), mal que le
pese, como candidata a la dirección general de la OMS; ha superado ya el primer corte y en este momento es la


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única candidata europea que queda, entre los cinco, al nombramiento definitivo, que se producirá entre esta tarde y esta noche. Es una felicitación no por supuesto para la señora ministra, sino para todos nosotros, y la puesta en valor de
nuestro sistema sanitario y la puesta en valor también del peso internacional de nuestro país.



Aludiendo ya directamente a las enmiendas, cabe destacar básicamente dos grupos, unas cuantas dirigidas al incremento de fondos de cohesión, por ejemplo, la enmienda número 877 del Grupo Popular. Hay que explicar que el Fondo de Cohesión
sanitaria fue creado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, que regula las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común con estatuto de autonomía, con la finalidad de garantizar
la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio español y la atención a los ciudadanos desplazados procedentes de países de la Unión Europea o de países con los que España tenga suscritos convenios de
asistencia sanitaria recíproca. Entre las medidas aprobadas en la segunda Conferencia de presidentes en septiembre de 2005 y también en el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera posterior, medidas que se han incorporado en los
presupuestos, destaca el incremento de la actuación presupuestaria del Fondo de Cohesión sanitaria en 45 millones de euros. Eso se ha producido y además se consolida, con lo cual prácticamente hemos duplicado el Fondo de Cohesión sanitaria que
había anteriormente. También el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera planteó la necesidad de modificación del real decreto por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión sanitaria y también -o unidos los dos- a un nuevo real
decreto que regule los servicios de referencia y que el Ministerio de Sanidad y Consumo tramitará, previa discusión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, muy próximo ya a su aprobación en el Consejo de Ministros y publicación.
El nuevo Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, regula la gestión del fondo, ha tenido en cuenta todo lo anterior y establece como compensación por parte del fondo un porcentaje mayor del coste de los procesos a financiar que figuran en los
anexos de dicho decreto.



Se mantiene en la Ley de Presupuestos Generales del Estado el carácter ampliable del fondo, lo cual es muy importante porque se adapta a las necesidades que puedan ir surgiendo. Esas tres características de lo que financia el fondo y no
otra cosa y el carácter ampliable condiciona claramente el presupuesto. Financia la asistencia sanitaria a pacientes residentes en España derivados entre comunidades autónomas; financia a los asegurados desplazados a España con estancia temporal
provenientes de la Unión Europea o de los países que tienen convenios de asistencia recíproca y financia también la asistencia a pacientes residentes derivados para atención en centros de referencia. Por eso es muy importante el real decreto
pendiente de publicar que define los centros de referencia. En todo caso, insisto, es un fondo ampliable; se ha duplicado; es estable y por tanto cubre perfectamente las necesidades y, en todo caso, en las que surjan, dado su carácter ampliable,
puede ser aplicado.



Hay otra enmienda adicional, la número 882, del Grupo Popular, para la cofinanciación del Hospital de La Fé de Valencia y hay que decir que la Ley de Cohesión establece que se financiará con cargo al Fondo de Cohesión la atención en un
servicio de referencia. También señala la ley que el número necesario de estos, su designación y su ubicación estratégica dentro del Sistema Nacional de Salud se acordará en el seno del consejo interterritorial, con un enfoque de planificación
conjunto, a fin de garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia asistenciales.
Así pues, la actividad de los centros y servicios de referencia será financiada en los términos señalados en el real decreto por el que se establecen las bases de
procedimiento para la designación, acreditación de los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, pendiente, como he dicho, de la aprobación del Consejo de Ministros.



Hay dos enmiendas adicionales en relación con el Fondo de Cohesión, de Coalición Canaria, que están ya parcialmente resueltas por el Real Decreto 1207/2006. Una implicaría un cambio de criterios en el real decreto y la otra, como digo, está
solventada perfectamente por el real decreto, porque prevé la asistencia a los ciudadanos en su circulación entre las diferentes islas del archipiélago canario.



La enmienda 878, del Grupo Popular, pide al Gobierno que desarrolle un plan nacional de prevención que adopte las medidas necesarias para prevenir una pandemia de gripe aviar. El Plan nacional de preparación y respuesta ante una pandemia de
gripe fue aprobado ya en mayo de 2005, por supuesto recoge las medidas de la Organización Mundial de la Salud, también las recomendaciones de la Unión Europea, y ha sido consensuado con las comunidades autónomas, que a su vez han puesto en marcha
los planes y medidas necesarios. A mediados de 2007, el país dispondrá de actividades para tratar al 20 por ciento de la población española, cantidad recomendada a nivel internacional, y se han adquirido también por el ministerio 450.000
tratamientos para proteger a los trabajadores de los servicios esenciales. Adicionalmente, como medidas recomendadas, se han comprado mascarillas, protectores respiratorios, etcétera.
Siguiendo las recomendaciones del plan nacional, las
comunidades autónomas, como he dicho, han elaborado también sus planes. La enmienda 879, del Grupo Popular,...



El señor PRESIDENTE: Señor Fidalgo, no quiero en modo alguno influir en su intervención, porque está usted contestando enmienda por enmienda, pero, dado que son muchos los que intervienen por el Grupo Socialista, le ruego, en lo que pueda
-me doy cuenta de que no es fácil-, brevedad.



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El señor FIDALGO FRANCISCO: Me quedan tres enmiendas. Las resumo brevemente, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Esto lo hago extensivo a los demás diputados que vayan a intervenir.



Señor Fidalgo, tiene la palabra.



El señor FIDALGO FRANCISCO: Se pide una partida presupuestaria para atención sociosanitaria y es conveniente recordar que los aspectos sanitarios en la atención de dependencia están cubiertos actualmente por nuestro sistema sanitario. Y
por lo que respecta a la atención social a las personas dependientes, está recogida en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. En cuanto a la enmienda 880, del Grupo Popular, para incrementar los fondos dedicados a la investigación biomédica,
simplemente quiero decir que ya se han incrementado este año un 25 por ciento, en la línea ascendente de estos últimos años. Además, se ha incrementado la aportación del Estado, se ha definido claramente, se ha duplicado por transparencia la
aportación de la industria y se ha hecho, como he dicho, estable y transparente. Finalmente, la última enmienda, del señor Herrera, que él ha expuesto con anterioridad, pretende elaborar un estudio de viabilidad para que los costes de tratamiento
de la reasignación de sexo sean asumidos por la Seguridad Social. Es la enmienda 2160. En la actualidad, ya está contemplada en el nuevo Real Decreto 1030/2006, que regula la cartera de servicios. Es necesario definir los centros de referencia
para practicarlo, dada la alta complejidad y tecnología que se necesita.



Por mi parte nada más. Pido perdón al señor presidente y cedo la palabra a mi compañero, Jesús Cuadrado.



El señor CUADRADO BAUSELA: Con su permiso, señor presidente. Un minuto de reloj para fijar la posición de mi grupo, del Grupo Socialista, en relación con nueve enmiendas, cinco del Grupo Popular y cuatro de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, que se refieren al Ministerio de Defensa.



Con respecto a las cinco del Grupo Popular, una de ellas es absolutamente innecesaria, pretender que se especifique el presupuesto de una unidad militar, en concreto de la Unidad Militar de Emergencia. Podría hacerse lo mismo con la Legión,
con la Brigada de Paracaidistas o con la Unidad de Operaciones Especiales y está absolutamente fuera de lugar, no tiene sentido. Además, es innecesaria porque ya se planteó en el debate presupuestario. Y las otras son extrapresupuestarias.
Plantear aquí una interpretación de una sentencia en relación con el IBI está fuera de lugar, igual que plantear una propuesta que supondría la reforma de la Ley 17/1999, que se refiere a la escala auxiliar y que se va a ver en una nueva ley. Son
absolutamente innecesarias.



Con respecto a las cuatro de Izquierda Unida, una de ellas, aunque la aprobáramos, no tendría ninguna utilidad, porque plantea un gasto de un millón de euros que luego no tiene su reflejo en la sección. No está en la sala en este momento el
portavoz de Izquierda Unida, pero le haré una propuesta alternativa, que ya me ha dicho que aceptaría.



Con su permiso, señor presidente, paso la palabra a mi compañera, Montserrat Colldeforns, diputada del Grupo Socialista que va a intervenir también.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Voy a intervenir rápidamente.



Hay ocho enmiendas que son disposiciones adicionales y adelanto que la posición de mi grupo va a ser de rechazo de todas ellas. Voy a singularizar una del Grupo Popular, puesto que lo ha hecho la señora diputada, la 854, que pretende la
creación de un centro de emergencias para poder actuar más rápidamente aún en temas de incendios. Nos parece que es crear una duplicidad innecesaria, puesto que existe la Unidad Militar de Emergencias, que acaba de mencionar mi compañero, la
Comisión interministerial de coordinación para la prevención y lucha contra incendios forestales, creada el año pasado, en 2005, una Comisión delegada del Gobierno para situaciones de crisis, etcétera. Sería aumentar innecesariamente los comités y
las comisiones. En cuanto al resto de disposiciones adicionales del Grupo Popular, una, la 857, se refiere a la creación de un Plan Galicia verde. Como ha dicho mi compañero Alberto Fidalgo, también llegan tarde. Los fondos ya están y además el
90 por ciento de las medidas son competencia de la Xunta de Galicia. No deja de ser anecdótico que pretendan, por no emplear otra palabra, resucitar el trasvase del Ebro, sobre todo sabiendo que siempre que se ha tratado esta cuestión el Grupo
Popular se ha quedado solo en el Congreso de los Diputados. También se ha hablado en esta Comisión sobre la orientación básica en la financiación de los entes locales, que debe ser orientada, con criterios de objetivo, razón por la cual también
vamos a rechazar la 855. Hay una enmienda de Convergència i Unió, que no la debe considerar importante porque no la ha mencionado, la 2839, que rechazamos, relativa a un estudio sobre un posible trasvase del Ródano.
Las razones son las mismas por
las que rechazamos la proposición no de ley en el Pleno del Congreso. Y hay dos enmiendas de Izquierda Unida que también vamos a rechazar. Una es la 2155, Fondo de Gestión Forestal; existe y no entiendo demasiado la razón de esta disposición
adicional. Y la otra es la 2151, que pide que una serie de obras de aguas se hagan sin recuperación de costes, lo cual es manifiestamente contrario a la legislación española y a la directiva marco.



Paso la palabra a mi compañera, Elisenda Malaret, portavoz de Administraciones Públicas.



La señora MALARET GARCÍA: Intervengo brevemente para contestar al Grupo Popular en relación con


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una disposición adicional que se incluye para modificar la Ley de Contratos. El Partido Popular, que cuando estuvo en el Gobierno usó y abusó con la mayoría absoluta en esta Cámara de las denominadas leyes de acompañamiento, desvirtuando el
significado inicial que tenían y que bien ilustra la terminología con la que se las conoce, nos plantea ahora que no incorporemos a este proyecto de ley de presupuestos una medida urgente, como es la necesidad de modificar el decreto legislativo
sobre contratos de las administraciones públicas que realizó el Gobierno Popular en el año 2000. Es una necesidad perentoria y urgente, que tiene un plazo para adecuarse al derecho comunitario, que deriva precisamente de las exigencias de la
Comisión, porque el Partido Popular no traspuso adecuadamente, no adaptó al derecho español correctamente las directivas en materia de contratación pública. No lo hizo para dejar al margen de la contratación pública a determinadas entidades, lo que
permitía que estas contrataran sin respetar los procedimientos y las reglas que establece el derecho comunitario. Por tanto, para remediar una defectuosa e incorrecta trasposición del derecho comunitario, que ha denunciado la Comisión, y para
evitar que España una vez más por esta mala trasposición del derecho comunitario, a lo que nos acostumbró tanto el Partido Popular, tenga que sufrir un recurso por incumplimiento, debemos modificar a través del proyecto de ley de presupuestos la Ley
de Contratos, una ley que tiene mucho que ver con los fondos públicos porque es una ley que tiene como finalidad esencial garantizar que se respeten las reglas de buen gobierno, las reglas de publicidad y concurrencia, en el manejo de los caudales
públicos que supone la realización de compras públicas.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor ALONSO NÚÑEZ: Intervengo brevemente para fijar la posición del Grupo Socialista en relación con las enmiendas adicionales que tienen que ver con esta área.



Respecto a las enmienda planteadas por el Partido Popular simplemente tengo que decir que nosotros, lógicamente, vamos a votar en contra de las mismas. Se trata de temas que ya están resueltos y en muchos casos de acuerdo con los
representantes de los sectores. No parece conveniente incorporar aquí medidas que tengan que ver con los planes de sequía, con las medidas compensatorias por riesgos climáticos o con temas que tienen que ver con el gasóleo agrícola o pesquero.



En relación con el resto de las enmiendas y específicamente con la que tiene que ver con la garantía de fondos para los programas de desarrollo rural, que ha sido defendida por el portavoz de Convergència i Unió, pero que también ha sido
motivo de enmienda por parte de otros grupos parlamentarios, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' quiero señalar que en el ejercicio 2007 no se va a producir disminución en los recursos para los fondos de desarrollo rural, todo lo
contrario.
Las partidas que están consignadas totalizan una cantidad de 1.132 millones de euros y esto supone incrementar un 13,5 respecto al año 2006, que será el año base de cómputo para la nueva programación 2007-2013. Es la primera vez en toda
la historia que los fondos de desarrollo rural van a superar la cifra de 1.000 millones de euros y, por tanto, aun cuando tengamos que hacer un seguimiento de toda la programación a lo largo de todos los ejercicios siguientes al 2007 hasta el 2013,
hay una garantía absoluta del mantenimiento de recursos para el desarrollo rural y, vuelvo a repetir, en este caso con un incremento del 13,5 por ciento en el 2007 con respecto al año 2006.



En relación con la disposición adicional que ha sido defendida hace un momento por Convergència i Unió, que tiene que ver con la transferencia de patrimonio a las cooperativas arroceras del Delta del Ebro, tengo que señalarles que no parece
conveniente incorporar un horizonte temporal para terminar una negociación que se está realizando. Ha habido distintas reuniones a lo largo del año 2006. El Gobierno tiene voluntad de transferencia, de venta de este patrimonio de las cooperativas
arroceras, pero lógicamente habrá que transferirlo en el marco de un acuerdo que aún no se ha acordado y esperemos que culmine con acuerdo. Por tanto, no parece oportuno poner un plazo de tres meses para que terminen estas negociaciones.



El señor PRESIDENTE: Señor Santamaría.



El señor SANTAMARÍA I MATEO: Dicho sea desde el principio, mi intervención es para rechazar las disposiciones adicionales nuevas en materia de vivienda. El motivo del rechazo común se basa en la reiterada doctrina del Tribunal
Constitucional sobre los límites y contenidos de las leyes de presupuestos. No nos parece adecuado utilizar este cuerpo normativo para introducir modificaciones que afectan al ordenamiento urbanístico, como propugnan las enmiendas números 177 y
2831 en cuanto a cesión de suelo o a afección a determinados usos; tampoco para planificar el calendario de la acción del Gobierno, como las enmiendas números 858 o 910, o para disolver sociedades, como propugna el Partido Popular en su enmienda
número 859. Además existen razones específicas en relación con las enmiendas números 177 y 2831 en cuanto que las Gerencias, tanto de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado como de Infraestructuras y Equipamientos de Defensa,
en base a la legislación que les es de aplicación, gestionan los inmuebles que, previa declaración de innecesarios y previa consulta al Ministerio de Economía, son ofrecidos mediante convenio a los ayuntamientos. Dicho sea de paso, con gran
aceptación, porque más del 50 por ciento de los inmuebles están ya en disposición de ser utilizados para sus fines por los ayuntamientos a un precio razonable y a un coste que ronda alrededor del mínimo precio de la tasación oficial.



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En cuanto a la enmienda número 858, sobre planes especiales de vivienda para los territorios de Baleares y Canarias, no nos consta un compromiso explícito sobre planes especiales en dichos territorios. Por otra parte, se han ido firmando
convenios, tanto con la Comunidad Autónoma balear como con la de canarias, que han supuesto ya un aumento del 35 por ciento en el número de familias en el caso balear y del 86 por ciento en el caso canario, y esto, junto con los convenios existentes
y vigentes para rehabilitación integral y de áreas de urbanización prioritarias, es lo que hace que entendamos poco necesarios los planes especiales.



En cuanto a la enmienda número 859, sobre la disolución de la Sociedad Pública de Alquiler, por parte del Partido Popular se ha convertido en un clásico en el Parlamento, porque es un ataque constante por tierra, mar y aire y el enmendante
obvia deliberadamente que los objetivos previstos han sido cubiertos de manera sobrada. En cuanto a la competencia del Estado en la materia, tanto la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional como la idea de que la actividad de la sociedad
pública es más típica de una relación entre particulares y no de regulación del sector, existen numerosos convenios con ayuntamientos y con la mayoría de comunidades autónomas. Por último, en el año 2007 está previsto el equilibrio financiero de la
sociedad y, como habrán podido comprobar SS.SS., no forma parte ya de la Ley de Presupuestos. Todo ello nos lleva a rechazar las enmiendas a las que me he referido y, con su permiso, le paso la palabra a mi compañero don Elviro Aranda.



El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra.



El señor ARANDA ÁLVAREZ: Intervengo muy brevemente porque la pretensión del Grupo Parlamentario Socialista en la respuesta a estas enmiendas no es rechazarlas por agotamiento, sino por fundamentación, y eso es lo que estamos haciendo.
Quiero responder brevemente a dos enmiendas. Una, que se ha planteado por el Grupo Parlamentario Popular, relacionada con la ampliación del Fondo de Compensación Interterritorial, que tendremos oportunidad de ver en la sección 33. Ahí se establece
el aumento sustancial del fondo en un 6,7 por ciento, por lo que esta enmienda no la vamos a aceptar. Pretende que se revise el fondo a lo largo del primer trimestre del año para supuestamente compensar, según el Partido Popular, las pérdidas
procedentes de la Unión Europea. Quiero señalar que el Fondo de Compensación Interterritorial, como todos ustedes saben, tiene una regulación determinada que viene establecida en la Ley 22/2001, del Fondo de Compensación Interterritorial, que se
establece de acuerdo con las previsiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que plantea el Partido Popular es extraño al sistema que se establece para organizar las partidas que están determinadas para este Fondo de Compensación
Interterritorial. Finalmente, quería hacer mención a una enmienda que para el Grupo Parlamentario Socialista es importante, y sin embargo el Partido Popular no ha defendido y es extraño. Es una enmienda que establece un nuevo fondo de ayuda a la
inmigración. Nos extraña especialmente que no se haya ni tan siquiera defendido esta enmienda por el Partido Popular, cuando hacen tantas declaraciones señalando que se preocupan por el tema de la inmigración. Aquí quiero señalar que lo
conveniente en cuanto a los fondos de ayuda a la inmigración es que se establezcan de una forma regular y ordenada y esto es lo que vamos a hacer en la sección 19. El fondo de ayuda a la inmigración tiene una ampliación sustancial, pasamos de 160
millones a 250 millones, un 22 por ciento. Además, tendremos la oportunidad de admitir una nueva enmienda que va a suponer una ampliación de 40 millones de euros más para este fondo de ayuda a la inmigración. Por tanto, no consideramos oportuno
que se establezcan fondos extraños, aparte de los que ya están establecidos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: Voy a intentar dar una explicación global del rechazo a las enmiendas que tienen un contenido fundamentalmente fiscal.
En la anterior intervención anuncié que la reciente reforma del impuesto sobre la renta y del
impuesto sobre sociedades ha tratado, entre otras cuestiones, de simplificar el impuesto. Al mismo tiempo, había una serie de deducciones de tipo fiscal que estaban cuestionadas por la Unión Europea, porque entendía que eran ayudas de Estado. Por
tanto, la mayor parte de las enmiendas presentadas hacen referencia a la mejora del tratamiento fiscal de una serie de inversiones medioambientales y de diverso tipo. Quiero recordar que el Gobierno se ha comprometido a aumentar las partidas de
gasto finalista para ayudar a estos mismos conceptos y, por tanto, no se trata de despreciar la razón que ha movido al grupo enmendante a pedir este tipo de deducciones fiscales, sino de ordenar adecuadamente las actividades que pueden ser mejoradas
fiscalmente sin incurrir en una ayuda de Estado, que es una de las cuestiones que ha padecido recientemente la fiscalidad española.



Concretando, quiero señalar tres enmiendas que ya están contempladas y que por ese motivo no serán admitidas. Hay una enmienda de Convergència i Unió que pide en una adicional la publicación de balances fiscales.
Quiero recordarle que ya
existe el compromiso de publicar los balances fiscales como consecuencia de la aprobación de una resolución en el último debate sobre el estado de la Nación. Por tanto, es un compromiso que ya está adquirido.



En la enmienda 864, del Partido Popular, se pide declarar acontecimiento de excepcional interés público la competición deportiva Alicante 2008: vuelta al mundo a vela. Esta enmienda ya está incorporada en la ponencia y por tanto no es
necesaria. Esto mismo se ha registrado como una proposición no de ley, y quiero pedirles que


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revisen esto, porque no solo no hay oposición, sino que es una propuesta del Grupo Socialista.



Estas mismas características tiene la enmienda de adición de Esquerra Republicana referida a los créditos que se concedieron en su día a los afectados por las riadas en las comarcas de las provincias de Valencia y Alicante. Quiero recordar
que la Comisión de Economía aprobó también una resolución en la que se dio una solución adecuada y mayoritaria a estos créditos por catástrofes. Por tanto, entendemos que esta petición debería quedar satisfecha con la propuesta que ha tramitado ya
el Gobierno a través del ICO. Entendemos que estas tres enmiendas están subsumidas de una u otra forma y, con esta especie de afirmación de rechazo a las enmiendas por los motivos aludidos, doy por concluida mi intervención.



El señor PRESIDENTE: Con esta intervención, terminamos los títulos y las disposiciones adicionales, transitorias y anexos. Empezamos con la discusión de las enmiendas a las secciones. A las secciones 1 a 5 y 8, que discutiríamos en un
bloque, únicamente se han presentado enmiendas de Esquerra Republicana. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: A este bloque de secciones hemos presentado tres enmiendas. La primera, a la sección 1, Jefatura del Estado, es una enmienda que presentamos cada año y que tiene una explicación muy simple.
Trata de establecer un
sueldo para el jefe del Estado igual al que tiene el presidente del Gobierno. Por tanto, hoy estamos hablando de un alta en la sección 1, con un importe de 89.000 euros, que es el sueldo que tiene establecido el presidente del Gobierno. También
hemos presentado, en el apartado de adicionales, una enmienda para que la Jefatura del Estado haga declaración de bienes y actividades económicas, como hace cualquier ciudadano. Creemos que es necesario esclarecer las actividades de la Jefatura del
Estado para evitar confusiones y usos innecesarios, como ha sucedido recientemente, con actividades que han salido en la prensa y que no tendrían que formar parte del presupuesto del Estado. Las actividades cinegéticas no tendrían que formar parte
del presupuesto de la Jefatura del Estado.



Hemos presentado otras dos enmiendas a la sección 2, Cortes Generales. En ellas pedimos la creación de partidas para fomentar y hacer posible que en esta Cámara se pueda hablar en lenguas distintas al castellano.
Nuestra enmienda 226
propone la adquisición de los materiales necesarios para ofrecer traducción de documentos y traducción simultánea en las lenguas cooficiales distintas del castellano -catalán, euskera y gallego- y viceversa en el Congreso de los Diputados. Esta
sería una manera de avanzar, de hacer posible que en esta Cámara se puedan utilizar las otras lenguas. Es un poco extraño que se pueda hablar el catalán en las instituciones europeas y en el Congreso de los Diputados, que tendría que ser también
una institución europea, no se puedan utilizar las demás lenguas. La enmienda 227 va en el mismo sentido, pues propone la contratación de personal para traducir las lenguas distintas al castellano, por un importe de 500.000 euros. Son dos
enmiendas para facilitar que esta Cámara se convierta en una institución europea de pleno derecho. Que los ciudadanos se puedan dirigir en catalán en las instituciones europeas y que en una de ellas, que está en Europa, no puedan hacerlo es un
flaco favor a los derechos de los ciudadanos.



Estas son las tres enmiendas que nuestro grupo parlamentario ha presentado a las secciones 1 a 5 y 8 respectivamente.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en este tema?


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Intervengo muy brevemente para defender la enmienda 2864, que hemos presentado a la sección 2, en la cual solicitamos la disminución del presupuesto del Defensor del Pueblo en 500.000 euros. El motivo de esta
enmienda es que no consideramos justificado el aumento del 14 por ciento del presupuesto de esta institución. Tampoco nos parecen justificadas las dietas que se aplican, ni el elevado coste de los estudios. Es una institución que nos merece todo
el respeto, pero, en la línea de austeridad general de este presupuesto, este incremento del 14 por ciento y las partidas de dietas y estudios nos parecen excesivamente elevados, por eso proponemos la reducción en 500.000 euros del presupuesto.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albendea.



El señor ALBENDEA PABÓN: Voy a fijar la posición de mi grupo en relación con la enmienda de Esquerra Republicana a la sección 1. Es una reiterada enmienda que comienza por no denominar correctamente la sección que quiere enmendar. Por no
decir la Casa de Su Majestad el Rey, que es como se titula la sección en la Ley de Presupuestos, ustedes hablan de Jefatura del Estado. Podría terminar diciéndole que, como no hay ninguna sección que se titule así, podríamos dar por terminado este
debate, que otros años dijeron ustedes que era para hacer pedagogía, que no es otra cosa -vamos a llamarlo por su nombre- que hacer propaganda de la república. Pero como los pueblos son muy sabios, no se hagan ustedes la ilusión de que alguna vez
se vaya a repetir en España la malhadada experiencia de 1931. Un año más quiero recordarle que la cifra presupuestada no está fijando el sueldo de Su Majestad el Rey, como dice usted, sino la asignación presupuestaria de la institución más
prestigiada en la continua evaluación de los españoles, que está regulada en la Constitución,


Secciones 1 a 5 y 8


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en el título II, bajo el epígrafe de la Corona, artículos 56 al 65. Y aunque peque de redundante, quiero recordar que el artículo 65 de la Constitución, en su apartado 1, dice: El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad
global para el sostenimiento de su Familia y Casa -con mayúscula; ruego a los servicios de la Cámara lo hagan constar tal y como figura en la Constitución: con mayúscula- y distribuye libremente la misma. Empiece usted por reformar la
Constitución si es que está empeñado en transformar una asignación global para una institución en una retribución personal. Se le ha ocurrido a usted equiparar esa retribución con la del presidente del Gobierno como se le podría haber ocurrido
hacerlo con la del presidente de las Cortes, con la del presidente del Tribunal Supremo o con cualquier otra. Tan irresponsable sería una propuesta como otra. Si quiere que hablemos de regímenes modernos, avanzados y democráticos, podemos fijarnos
en las monarquías de Holanda, de Bélgica, de Dinamarca, de Suecia, de Noruega, de Luxemburgo o de Inglaterra. En todos esos países no ha habido en los últimos siglos la menor restricción de las libertades ciudadanas y sus habitantes tienen los
mayores niveles de prosperidad de Europa. Y si quiere hablamos de austeridad. Usted sabe perfectamente que la monarquía española es de las más austeras de Europa y estas a su vez les salen a los ciudadanos mucho más baratas que los regímenes
republicanos. Le puedo poner dos ejemplos de austeridad. El rey don Juan Carlos, siguiendo la tradición, podría residir en el Palacio Real, pero reside en la Zarzuela. El presidente de la República francesa reside en el Palacio del Eliseo y el de
la República italiana en el Palacio del Quirinal. ¿Cuál cree usted que les sale a los ciudadanos más barato? No vuelvan ustedes otra vez con esta monserga si saben perfectamente que no va a prosperar. En los más de veinte años de democracia que
llevamos nunca se había presentado una enmienda de esa naturaleza hasta que hace dos años la presentaron ustedes por primera vez. No tienen otro propósito que la propaganda republicana, pero el instrumento para hacer propaganda no son las enmiendas
a los presupuestos. Se pueden ustedes gastar dinero en cuñas de radio o en páginas de publicidad. A lo mejor tienen algo más de eco.



El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra la señora Font del Grupo Parlamentario Popular.



La señora FONT BONMATÍ: Simplemente quiero que quede constancia de la posición de nuestro grupo con respecto a las otras dos enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana en la sección de las Cortes Generales con respecto a la
introducción o no de otras lenguas distintas del castellano. Mi grupo está convencido de que el sitio donde se tiene que debatir si se introducen estas lenguas es en la reforma del Reglamento y, si se aprueba esa reforma del Reglamento, en los
Presupuestos Generales del Estado otorgar dotación económica para su funcionamiento, no creemos que sea en los Presupuestos Generales donde se deba debatir puesto que sería saltarnos esa ponencia que está estudiando la reforma del Reglamento. A lo
mejor es porque ustedes consideran que eso no lo pueden lograr por la vía de la Comisión e intentan introducirlo por vía presupuestaria. Nos parece que dos millones y medio de euros es una dotación suficientemente cara cuando tenemos un idioma
común, que es el castellano, que a todos los contribuyentes nos sale bastante más barato.
Usted toma posesión de su cargo por imperativo legal y ese imperativo legal al que usted hace referencia le obliga a conocer el castellano y, al mismo tiempo,
el deber de poder utilizarlo. Eso sale más barato a todos los contribuyentes que tener que debatir aquí en otras lenguas españolas, que son cooficiales. Cuando ustedes llegan a sus parlamentos, lo que aquí quieren imponer, allí no lo aplican. Por
tanto, un poco de coherencia no vendría absolutamente nada mal para todas estas cuestiones.
(El señor Herrera Torres pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Como estamos siendo flexibles, doy la palabra ahora al señor Herrera, aunque tenía que haberlo pedido antes, pero advierto que si vierte conceptos contrarios a los del Grupo Popular luego daríamos otra ronda para que se
puedan expresar todos los grupos.



Señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: No se preocupe que no voy a verter ningún concepto contradictorio.



En primer lugar, nosotros, en el debate sobre la Casa Real, hemos presentado una enmienda al articulado en la que establecíamos que las obligaciones en torno a los miembros de la Casa Real fuesen las mismas que para cualquier otro cargo de
la Administración General del Estado.
Esa es nuestra política y nuestra línea, pero pese a ello vamos a dar apoyo a la enmienda de Esquerra Republicana.



En segundo lugar, en torno al Defensor del Pueblo vamos a dar un voto negativo a la sección, precisamente por el incremento del gasto, que no compartimos. Por tanto, hemos optado no por presentar la enmienda, como ha hecho el Grupo de
Convergència i Unió, sino por un voto negativo.



Simplemente quería dar esas dos explicaciones de voto que creo que no se contradicen con ninguna de las intervenciones que me han precedido.



El señor PRESIDENTE: En efecto, no interfieren en lo discutido.



Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: Hemos convertido una enmienda de Esquerra Republicana en un clásico y realmente las posiciones están fijadas; todos los años todos los grupos las fijamos y aquí no hay ningún cambio.



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La enmienda que nos presenta Esquerra Republicana este año tiene una redacción literaria distinta, donde no quedan definidos los miembros de la Casa Real, es decir, si se refiere exclusivamente a los propios miembros o también al personal al
servicio. En cualquier caso, se ha dado la explicación ya de que no es posible, por una previsión constitucional, la enmienda que se presenta. El Rey, como todos sabemos, recibe de los presupuestos -está así establecido en la Carta Magna, en su
artículo 65- una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa y distribuye libremente la misma. Por lo tanto, estamos ante un supuesto constitucional que no tiene posibilidad de encaje en ninguna otra fórmula.



En tercer lugar, en cuanto a la enmienda de Izquierda Unida, ocurre algo similar. Su pretensión es una declaración y registro de actividades de la Casa Real. La motivación es loable -aumentar la transparencia- pero tenemos que ajustarnos
también en este caso a la legalidad vigente. Los miembros de la Casa Real no son asimilables a los altos cargos de la Administración General del Estado y miembros del Gobierno de la nación.
Sabemos que su actividad se reduce a la administración de
la Casa de Su Majestad el Rey sin ninguna responsabilidad política ni decisoria en los asuntos de la administración del Estado por lo que no son susceptibles de que se les aplique la Ley de incompatibilidades que cita la enmienda. Por lo tanto, a
nuestro juicio, la enmienda debe ser rechazada.



En cuanto al resto que se ha citado, doy por defendida la posición de mi grupo.



El señor PRESIDENTE: Como se han vertido argumentos de todo tipo, señor Puig tiene usted la palabra por tres minutos.



El señor PUIG CORDÓN: Voy a ser muy breve. Voy a contestar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en referencia a lo que ha dicho de que el fomento del uso de las otras lenguas en esta Cámara queda reducido a un problema de dinero.
Me parece que es penoso que el problema del fomento de otras lenguas como son el gallego, el euskera o el catalán sea el dinero. Me parece que esa no es la forma de avanzar en el respeto a las demás lenguas. Porque si fueran otras razones, lo
podría entender, pero lo que no puedo entender es que sea solo un problema económico, tal como lo ha planteado.



Lógicamente la enmienda que presentamos referente a la Casa Real es una discusión del modelo y, por lo tanto, la mantenemos. Tenemos claro que seguramente choca con algunos principios, pero es un debate que no tenemos por qué esconder; es
el debate de monarquía o república.



El señor PRESIDENTE: Señora Font.



La señora FONT BONMATÍ: Señor Puig, no le he dicho que fundamentalmente el uso de otras lenguas sea un problema de dinero. Lo que ustedes pretenden es saltarse una Comisión que está estudiando un Reglamento de funcionamiento de estas
Cortes a través de los Presupuestos Generales del Estado y le he dicho que ese salto me parece caro. Ustedes llévenlo a la comisión correspondiente y, si se aprueba, se traducirá en los Presupuestos Generales del Estado, no al contrario. Ustedes
intentan utilizar un puente para unos fines, pero en Cataluña ustedes mismos no lo hacen. Por lo tanto, creo que debería ser suficientemente coherente una cuestión con la otra, ya que allí se está penalizando a los castellanoparlantes, incluso se
sanciona a aquellos que rotulan en castellano y no en catalán. Hay que ser coherentes. Si tan europeo es lo que usted dice, me parece poco europeo lo que ustedes hacen.



El señor PRESIDENTE: Entramos ya en la discusión de las enmiendas a las secciones 12 y 34, que se debaten agrupadas.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ricomá.



El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Señor presidente, adelanto que compartiré el tiempo asignado con mi compañera la portavoz de cooperación, señora Velasco, atendiendo el peso que tiene la cooperación internacional dentro del Ministerio de
Asuntos Exteriores.



Al margen de las enmiendas relativas a cooperación, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad a la sección, tres enmiendas parciales y la inclusión de una disposición adicional nueva. De entrada, hay que decir
que fueron cuatro los aspectos que nos llamaron poderosamente la atención en trámite de comparecencias de altos cargos del ministerio para explicar las principales líneas del mismo. El primero fue la exaltación que hubo en cuanto al importante
incremento que marca el presupuesto de Asuntos Exteriores para el año 2007, que obviamente se trata de un incremento aparente sustentado por elevadas dosis de maquillaje al recoger transferencias de partidas correspondientes a créditos FAD que antes
estaban en el Ministerio de Industria y que ahora acoge el Ministerio de Asuntos Exteriores. En segundo lugar, nos llamó mucho la atención la disminución del capítulo 1 en todos los ámbitos que contempla el Ministerio de Asuntos Exteriores, una
reducción en algunos casos importante en el capítulo de personal y, de forma generalizada, una reducción que lo es por situarse, en el caso de que consten incrementos, siempre por debajo del IPC, del índice de precios al consumo. En tercer lugar,
nos llamó la atención la perla de estos presupuestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es algo tan curioso como la creación de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, pero que no tiene prácticamente asignación presupuestaria. Algo tan
rocambolesco como fijar una prioridad y un instrumento para desarrollar unos objetivos muy concretos, pero luego no dotarlo de liquidez para poder


Secciones 12 y 34


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desarrollar con agilidad y con eficacia sus competencias. El cuarto aspecto, al que se referirá mi compañera, son carencias importantes en el ámbito de la cooperación. He hecho un pequeño resumen porque pienso que estos cuatro pilares
justifican sobradamente la necesidad de enmendar la totalidad de la sección. Si estamos hablando de crear instrumentos sin dotarlos de liquidez para poder operar, si estamos hablando de que aquéllos que representan la primera línea de fuego de
nuestra acción en el exterior, el personal, van viendo reducida de manera consecutiva su asignación económica, si estamos hablando de que la forma en que se maquilla un incremento del presupuesto es a través de transferencias que antes ya estaban
pero en otros ministerios, queda claro que esta sección del presupuesto no tiene los mínimos necesarios para responder a una de las principales finalidades que tiene un Gobierno, que es su acción exterior.



Como he comentado, han sido tres las enmiendas parciales -insisto, siempre cooperación aparte- que hemos presentado, que lógicamente van en consonancia con los déficits que ya he comentado que arrastra el presupuesto correspondiente a la
sección 12, a las que hay que añadir una disposición adicional nueva. Dos enmiendas corresponden al capítulo 1, de personal, y las otras dos van directamente vinculadas a la voluntad del Grupo Parlamentario Popular de que esta nueva Secretaría de
Estado para Iberoamérica sea eficaz, operativa, ágil y competente. Las enmiendas vinculadas a personal, que totalizan 20 millones de euros y son las números 916 y 917, lo único que pretenden es abrir más posibilidades para ampliar la acción de
nuestra gestión exterior a través de nuevos funcionarios, de nuevos agentes, en definitiva, de lo que son nuestros objetivos en el extranjero. Entendemos que la cara visible de nuestra acción exterior no es solo la del jefe de misión, sino también
la del personal que atiende a las diferentes embajadas y a los diferentes consulados. En muchas ocasiones este personal representa tranquilidad para ciudadanos nuestros que puedan tener problemas o que puedan requerir asistencia en el extranjero, y
en muchas otras ocasiones estas caras representan orientaciones e informaciones, en definitiva, representan la imagen de lo que existe detrás, el Gobierno de un Estado, que no es otra cosa que la propia imagen de España. Por ello, hemos partido las
dos enmiendas asignando 10 millones de euros en cada una de ellas, una dirigida a incrementar el capítulo asignado al personal laboral y la otra, a incrementar el capítulo asignado al personal funcionario.



Las otras dos enmiendas, que como he comentado tienen mucho que ver con la creación de la nueva Secretaría de Estado, son la 918 y una disposición adicional nueva, a la que me voy a referir dado que en el capítulo anterior no ha sido
aludida. Creemos -y así se evidenció puesto que no hubo respuestas a las muchas preguntas que se hicieron en la comparecencia de la actual secretaria de Estado para Iberoamérica- que la creación de dicha secretaría de Estado no se ha ejecutado como
un instrumento para alcanzar unos objetivos que son muy sanos y muy loables, dado el interés y la prioridad que representa para España Iberoamérica.
Nosotros creemos -insisto en que no se nos ha llegado a desmentir- que la creación de esta
Secretaría de Estado para Iberoamérica ha sido un objetivo en sí mismo. Obedece a una estrategia política de un partido, obedece a la necesidad de jugar una baza dentro de esta estrategia, que era dar salida a una persona que no estaba en
condiciones, por las razones que sea, de volver a optar a la alcaldía de Madrid. En primera instancia, nos parece muy bien que se cree una Secretaría de Estado para Iberoamérica -nosotros lo suscribiremos y lo defenderemos siempre-, pero, por
favor, señores del Gobierno, háganlo bien, no sean tan descarados y, ya que se ponen manos a la obra, no dejen tan claro que lo que menos les importaba era la acción o los objetivos que pueda tener España en Iberoamérica, sino que lo que realmente
les importaba era encontrar un hueco para que una persona tuviera un nivel de representación importante.
Una secretaría de Estado con un presupuesto de 1,2 millones de euros, ya me dirán, señorías, para qué da. No da más que para tener un pequeño
staff y para no hacer absolutamente nada. En este sentido, nuestras enmiendas lo único que pretenden es reconducir lo que ya figura en el presupuesto para asignarlo a quien realmente le corresponde, es decir, todas aquellas cuestiones que tienen
vinculación con Iberoamérica, nosotros creemos que tienen que depender de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y, por ello, hemos decidido presentar estas enmiendas. En concreto, la 918 propone que se cree un fondo para ONG que colaboran en la
promoción de la democracia y los derechos humanos en Iberoamérica, que creo que ya es llenar algo de contenido y dar recursos para que la secretaria de Estado tenga no algo que hacer, que seguramente lo va a tener, sino que materializar. Por otro
lado, a través de nuestra disposición adicional, pretendemos que se realicen las reformas legislativas necesarias para que las distintas casas que tenemos creadas bajo dependencia del Ministerio de Asuntos Exteriores pasen a depender orgánicamente
de la Secretaría de Estado a cuyos fines estén vinculadas.
Por ejemplo, que la Casa de América dependa orgánicamente de la Secretaría de Estado para Iberoamérica. Es otra fuente de riqueza para llenar de contenido y poder materializar la ocupación
que sin ningún tipo de dudas desea tener la actual secretaria de Estado. En estos dos temas, el capítulo de personal y el capítulo de deshacer este desaguisado de crear para nada una secretaría de Estado, y en un tercer tema al que se referirá la
señora Velasco, hemos centrado nuestra posición con relación a la sección 12.



Para acabar y por respeto a los otros grupos parlamentarios, en cuanto al posicionamiento de las enmiendas que han presentado, vamos a secundar aquellas que guarden directa relación con lo que ha motivado nuestra aportación a la sección 12 a
través de enmiendas, vamos a apoyar aquellas que tienen que ver con la diplomacia parlamentaria, que nos parecen iniciativas muy sanas


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que a nivel de la propia Comisión de Exteriores hemos estado siempre discutiendo y hemos llegado a acuerdos considerando que la diplomacia parlamentaria es un hecho que debe ser protagonista en la actividad legislativa de esta Cámara, y por
tanto es lógico que secundemos las enmiendas que hay de un par de grupos relacionadas con este tema, y como no podía ser de otra manera nuestro posicionamiento será favorable a todas aquellas enmiendas relacionadas con incrementar la dotación o las
aportaciones a estamentos internacionales vinculados con mil objetivos, como puede ser el desminado, la Liga Europea de Cooperación Europea o dar más recursos para que España tenga una Presidencia digna de la OSCE en el año 2007, que creemos que
nunca sobran.



Ahora, sin más, a través de la Presidencia, paso la palabra a la señora Velasco.



El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la señora Velasco me gustaría decir que, me parece muy bien que los grupos defiendan cada una de sus enmiendas, pero no de una forma tan prolija, porque son 3.600 enmiendas y si a cada una
dedicamos el tiempo que se ha dedicado estaríamos aquí mucho tiempo. Ruego a los que defiendan las enmiendas brevedad y centrarse en la enmienda nada más.



Señora Velasco.



La señora VELASCO MORILLO: Como bien decía mi compañero el diputado Ricomá, voy a centrarme en las enmiendas de la Secretaría de Cooperación, que van en la línea que ya anunciábamos en la comparecencia de la secretaria de Estado sobre la
presentación de los presupuestos de cooperación para el año 2007 y donde en términos generales apoyábamos el incremento presupuestario, pero a la vez decimos que no solo hay que hablar de cantidad, sino también de los instrumentos, de las
capacidades y de la calidad de la ayuda que en este momento se pone. En general echamos de menos que dicho presupuesto no venga acompañado de un informe que recoja de manera integrada los créditos de los distintos ministerios y organismos públicos
destinados a financiar programas de Ayuda Oficial al Desarrollo, tal y como viene reflejado en la disposición adicional segunda de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, al igual que con respecto a los microcréditos siguen sin tener
un lugar preferente en los presupuestos manteniendo las mismas cantidades que en 2005 y 2006, cuando se ha demostrado que tienen un gran impacto sobre la lucha contra la pobreza, por lo que hemos presentado una enmienda que aumenta el fondo para la
concesión de microcréditos que desde el año 1998 viene dando tan buenos resultados. Estos dos argumentos con respecto a cooperación han hecho que nos viéramos obligados a presentar una enmienda a la totalidad con respecto a la sección 12.



En cuanto a las enmiendas parciales, nuestras enmiendas van destinadas a incrementar programas que han estado dando un gran resultado en cuanto a reparaciones de patrimonio histórico, formación de empleo, como son las escuelas taller y casas
de oficio, programa tradicional de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Hay enmiendas destinadas a incrementar los programas de fortalecimiento de capacidades de gobierno, puesto que es insuficiente, y daríamos cumplimiento así a una
proposición no de ley aprobada por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Cooperación donde se destinará el 10 por ciento de la Ayuda Oficial al Desarrollo no bilateral reembolsable a proyectos y programas que tengan como finalidad el
fortalecimiento institucional. Asimismo, hay enmiendas para programas y proyectos de codesarrollo dada la importancia que tiene vincular las políticas de inmigración con las de cooperación a través de programas y proyectos de codesarrollo a corto,
medio y largo plazo en los países origen de la inmigración, a la vez que estos programas deben ir destinados al desarrollo de los países de origen de la inmigración.



Desde mi grupo creemos que tiene que haber un aumento de los programas destinados a mejora de la salud, tanto a nivel de las infraestructuras como de equipamiento sanitario, al igual que se debe incrementar los recursos destinados a la lucha
contra el sida y la malaria y dar cumplimiento a los objetivos prioritarios en la declaración del milenio adoptados en la Asamblea de Naciones Unidas, muchos de los cuales están directamente relacionados con la salud por ser ésta un componente clave
del desarrollo. Hay enmiendas destinadas a incrementar la infraestructura y el equipamiento en educación en los países en vías de desarrollo porque la educación es esencial para la lucha contra la pobreza y el desarrollo, constituyendo un poderoso
instrumento para mejorar las condiciones de vida en aspectos tales como la salud, la obtención de una mayor igualdad entre hombres y mujeres, el impulso de la participación democrática o el crecimiento económico. Por último, hay otras destinadas a
programas a jóvenes cooperantes, becas y ayudas de investigación en cooperación y por supuesto a la Casa de América. En definitiva, entendemos que todo este volumen de enmiendas amplía las líneas que debe seguir la política de cooperación del
Gobierno español y concretamente aportarían mejoras a la sección 12.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Presentamos siete enmiendas a esta sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Me gustaría defender especialmente la 2865, en la cual solicitamos un aumento de 2.704,55 miles de euros para
incrementar los recursos españoles destinados a financiar programas específicos de desminado y asistencia a las víctimas a través del apoyo financiero, tanto de carácter bilateral como multilateral;


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programas de acciones educativas y de sensibilización de la población civil, y programas para la detección, desactivación y desmantelamiento de minas en otros Estados. También quisiera defender específicamente al enmienda 2866. El
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación está tramitando la suscripción de un convenio de colaboración para la creación del consorcio Casa Sefarad, y se nos informa que por parte de dicho ministerio el compromiso ascenderá a un millón de
euros. Como quiera que en la aplicación presupuestaria destinada a esta finalidad únicamente figuran consignados 100.000 euros, proponemos incrementar dicha cantidad en 900.000 euros para poder llevar a cabo el compromiso adquirido, financiándose
con cargo a los créditos de la sección 31.



Doy por defendidas, dando respuesta a la solicitud de brevedad, las enmiendas 2867 y 2868 -y agradezco al portavoz del Grupo Popular que haya dicho que apoyaría estas enmiendas- y la 2869. La 2870 apoya de una forma clara una iniciativa
internacional sobre la vacuna en el sida, y aquí me gustaría especificar que es necesario incluir una partida nominativa en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 a la iniciativa internacional por una vacuna contra el sida (IAVI), en
consonancia con las dos proposiciones no de ley aprobadas por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios los días 10 y 31 de mayo de 2005 y en las que el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que dé apoyo a la I+D de vacunas del sida en general y a IAVI en particular. Debe tenerse en cuenta que en la actualidad la I+D de vacunas contra el sida solo representa un dos por ciento del total que se invierte anualmente en
esta enfermedad. Se calcula que para acelerarla, las inversiones habrían de pasar de los aproximadamente 544 millones actuales a unos 920 millones al año, que se repartirían entre investigación básica y aplicada, desarrollo de producto y creación
de infraestructura y capacidad de investigación clínica en los países en desarrollo. Si se descuentan las cantidades ya desembolsadas o comprometidas adicionales al año para conseguir cubrir estas necesidades, creemos necesario incluir una dotación
específica para este programa que pueda irse ampliando en el transcurso de los próximos años. Por este motivo solicitamos un incremento en los Presupuestos Generales del Estado de 7,5 millones de euros para incrementar más las inversiones en I+D
para las vacunas contra el sida. Con esto finaliza nuestra exposición respecto a sección 12.



El señor PRESIDENTE: Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Hemos presentado diferentes enmiendas a la sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pero voy a destacar dos. Una, la 678, hace referencia a la clarificación de las ayudas oficiales al desarrollo.
Queremos que el dinero del Fondo de Ayuda al Desarrollo deje de formar parte de activos financieros y se destine a la Ayuda Oficial al Desarrollo, en consonancia con la voluntad que ya expresó esta Cámara de reducir los mecanismos de generación de
deuda expresada y que se aprobó en este Parlamento. La enmienda 239 hace referencia a exteriores y pretende facilitar la acción consular de atención a los inmigrantes en los consulados donde exista más presencia de flujos migratorios. Pretende
aumentar una partida a cinco millones de euros para mejorar la atención al personal consular y atender las necesidades que se producen en algunos consulados y embajadas.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: También de forma breve, quiero dar por defendidas todas las enmiendas y decir que nuestro grupo parlamentario ha presentado más de 14 enmiendas a esta sección. Algunas giran en torno al régimen salarial de las
personas que trabajan, por ejemplo, en la dirección y servicios generales de asuntos exteriores, los funcionarios en prácticas, sabiendo que son sueldos que tienen que ser manifiestamente mejorados.
Otras enmiendas van encaminadas a la acción del
Estado en el exterior, en la indemnización por educación o a indemnizaciones de aquellas personas que trabajan en el exterior. Podríamos decir que hay un primer bloque de enmiendas que se refieren a las retribuciones salariales de estos sectores.



Segundo bloque de enmiendas que entendemos especialmente relevante sobre el que ya me he extendido en las enmiendas que hemos presentado en el articulado, relativas a los créditos FAD. Ya lo dijimos en la comparecencia de la señora Pajín.
Estos presupuestos cumplen en la cantidad apropiada en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo. Estamos de acuerdo con que lleguemos al 0,42. Es más, somos artífices de que este año hayamos llegado al 0,42, porque, hay que recordarlo, fue nuestro
grupo parlamentario quien garantizó en años anteriores que fuésemos subiendo las aportaciones en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo.
¿Cuál es el problema? Que hemos llegado a 624 millones en créditos FAD en materia de cooperación, cifra
extraordinaria. Nunca ha existido una cifra tal en materia de FAD y en materia de FAD cooperación. La buena noticia es que este año están en Cooperación. Otros años estaban o en economía o en industria. La mala noticia es que la gran subida que
se produce este año en materia de cooperación lo hace en un instrumento claramente discutido por la CONGAE, la coordinadora de ONG, y claramente discutible porque en algunos casos puede suponer un endeudamiento. ¿Qué planteamos? Enmiendas muy
claras que van en la línea de la enmienda que hemos presentado en el articulado. En primer lugar, una enmienda que no va sobre FAD, pero sí sobre diplomacia y observación electoral parlamentaria, de 328.000 euros, que es una medida


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necesaria. Además de esto, medidas concretas que salen del Fondo de Ayuda al Desarrollo en materia de cooperación. Por ejemplo, 50 millones de euros, que van a Ayuda Oficial al Desarrollo, concretamente a la AECI, a la Agencia Española de
Cooperación Internacional. ¿Qué hacemos? Quitamos 244 millones de euros del Fondo de Ayuda al Desarrollo en materia de cooperación y planteamos que sea un fondo, como se comprometió la secretaria de Estado, para organismos internacionales no
financieros y no para un incremento de la deuda. La paradoja es que nuestra enmienda va en la línea de la política que se está haciendo. Porque nosotros sabemos que el fondo que se creó el año pasado de 370 millones de créditos FAD que se llevaron
de economía a cooperación, han servido para destinarlo a fondos para organismos internacionales no financieros. Lo que nosotros queremos es que, negro sobre blanco, en el articulado y en este caso en la sección 12 de exteriores, quede muy claro que
esos recursos se destinan para organismos internacionales no financieros. Porque, si no, podemos acabar haciéndonos trampas en el solitario o destinar recursos a fines que no compartimos. Planteamos también la ayuda con medios para la erradicación
del trabajo infantil como un elemento importante. Lo que hacemos es sacar de esos créditos FAD un fondo de 42 millones de euros para ayuda de emergencia ante crisis humanitarias. Igualmente, entendemos que el fondo de ayuda en materia de
cooperación de 380 millones de euros, debe destinarse a estas políticas, a familias y a instituciones sin fines de lucro. Permítanme hacer una salvedad en torno a una enmienda que ha planteado Convergencia i Unió. La iniciativa IAVI, sobre las
vacunas y la investigación en la lucha contra el sida, es una iniciativa que hemos reivindicado desde el principio de la legislatura. De hecho, la propuesta a la que hacía mención el señor Vilajoana fue planteada también por nuestro grupo
parlamentario en la Comisión de Cooperación. Nosotros entendemos que estos recursos que reorientamos del FAD hacia política de cooperación, stricto sensu, sería una buena medida. Igualmente, planteamos una política muy concreta de cancelación de
deuda con los países del sur. También planteamos medidas del grupo de Estados contra la corrupción de 50.000 euros, cosa que no se ha planteado. España necesita implicarse en estas políticas. En definitiva, medidas que están a caballo entre
justicia y exteriores.



Para terminar, las enmiendas que presentamos van en la línea de lo que hemos planteado en el articulado. No se trata de un incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo, sino lo que está diciendo la sociedad civil y las diferentes
organizaciones no gubernamentales: garantizar la calidad en la Ayuda Oficial al Desarrollo, ya que en estos presupuestos se ha dado algún paso atrás. En transacciones propuestas entre nuestro grupo y el socialista, se han incorporado algunos
elementos en la ponencia. Pero cuando el ministro Solbes se comprometió ante nuestro grupo parlamentario a caminar en esta línea, al igual que exigíamos coherencia en materia de fiscalidad ambiental, exigimos coherencia en materia de cooperación y
AOD.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy a defender la enmienda que el Grupo Mixto, en este caso Eusko Alkartasuna, tiene a la sección 12. Hace referencia a lo que ya se ha suscitado en este debate, la plasmación presupuestaria de lo que hemos
venido llamando diplomacia parlamentaria, cuestión sobre la que hemos hablado mucho a lo largo de muchos años en este Congreso, pero que no sé si hemos practicado demasiado. Lo que hemos hecho, parecido a lo que han hecho otros grupos
parlamentarios, es plantear una serie de cifras concretas en este presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, para que los miembros de las Cortes Generales puedan asistir, hacer su trabajo y dar su apoyo a determinados eventos internacionales,
como, por ejemplo, misiones de observación electoral, cumbres internacionales de diversa naturaleza o la cumbre Iberoamericana.
Creemos que son enmiendas que pueden ser apoyadas por todos los grupos parlamentarios porque van en la dirección de la
que ya llevamos hablando mucho tiempo, pero quizás, como decía al principio, no por lo que se ha trabajado en ello, no por no quererlo los parlamentarios sino por razones exclusivamente presupuestarias, porque este tipo de trabajos y tareas no se
han podido llevar a buen término.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hierro.



El señor HIERRO RECIO: Voy a intentar ser breve tambien, aunque hay que responder a bastantes enmiendas. En primer lugar, me van a permitir que haga una disección y separe las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de las que hablaré
al final, y comience por las del resto de los grupos. Las iré agrupando porque muchas de ellas tienen mucho que ver entre sí. Existen una serie de enmiendas relativas a la reforma del servicio exterior presentadas por los Grupos de Esquerra
Republicana, Izquierda Unida y Coalición Canaria, no coincidentes totalmente aunque sí lo son en muchos de sus objetivos generales. Deseo hacerles ver a los grupos proponentes de estas enmiendas que en el acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de
septiembre, quedó claro el mecanismo que se iba a utilizar para la reforma urgente del servicio exterior: Primero, recabar los informes de los ministerios competentes, después, definir las medidas basándose en esos informes y de manera acordada en
el Consejo de Ministros y, a partir de ahí, empezar la ejecución y finalmente producir el gasto. Evidentemente, el Gobierno piensa que con la dotación presupuestaria que existe para el Ministerio de Asuntos Exteriores, en especial para la acción
exterior, existen


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fondos suficientes para hacer frente a todas aquellas medidas de gasto que haya que realizar durante el ejercicio 2007.



Algunas enmiendas también se han referido a intentar dotar de mayor contenido a la creación de la Secretaría de Estado para Iberoamérica, fundamentalmente por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Al respecto, dado que es
una decisión estructural del propio ministerio, este no va a crear -aunque algunos grupos así lo crean- una secretaría de Estado sin dotarla de contenido no solo presupuestario sino también político. Por tanto, pueden tener por seguro los miembros
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que irán cubriéndose, en la medida en que sea preciso, todas las necesidades que vaya generando la secretaría de Estado y se irán produciendo todas las transformaciones que hayan de producirse en la
organización del propio ministerio para atender la constitución y el efectivo trabajo de esta secretaría de Estado.
También hay un grupo de enmiendas destinadas básicamente a darle nombre concreto o a extraer de partidas que fijan un criterio
general para dar un nombre concreto, es decir, darle una nominación específica -por parte de CiU se nos ha recordado alguna-, por ejemplo, para prever fondos para la presidencia de la OSCE. Es evidente que el ministerio tiene previstos fondos para
la presidencia de la OSCE porque es una obligación que ha adquirido el Estado español y, por lo tanto la va a ejecutar y pondrá todos los medios necesarios para llevarla a cabo. Asimismo, se ha hablado de esto en relación con el desminado o la Casa
Separad. Me referiré también a estas enmiendas cuando hable de las enmiendas del Grupo Popular.



El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, nos ha recordado recientemente que presenta enmiendas para que se nominalicen los fondos destinados a la lucha contra el trabajo infantil o para atender crisis
humanitarias, aunque en este tema ya sabemos que, a pesar de que existe dotación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, no solo existe esa dotación sino que además el Fondo de Contingencia, que prevé precisamente la posibilidad de que
existan hechos no previstos en la conformación del presupuesto, permite una capacidad de actuación del Gobierno y del Estado español en el exterior lo suficientemente amplia, como se ha venido demostrando en todas aquella catástrofes que,
desgraciadamente, se han producido durante los últimos años.



En cuanto a algunas enmiendas concretas, por ejemplo, hay alguna enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que traspasa recursos de naturaleza financiera a partidas de gasto de naturaleza
no financiera. Eso provoca alteraciones en el montante del gasto no financiero del presupuesto y plantea problemas para su aceptación. Hay una enmienda sobre la condonación de la deuda cuyo tratamiento contable no es de gasto sino de minoración de
ingresos y por ello no aparece en las partidas de gasto.



Por lo que se refiere a la enmienda que ha presentado la señora Lasagabaster y que tiene paralelismo con alguna presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y por Eusko Alkartasuna, todos apoyamos
la realización de esa actividad de diplomacia parlamentaria. Hay problema presupuestario, que las actividades de los parlamentarios las financia la Cámara. Sin embargo, aquí estamos hablando de dotar un fondo en el Ministerio de Asuntos
Exteriores. No obstante, respecto a esta propuesta, en principio el problema técnico nos genera dudas al respecto, pero no cierro la posición del grupo y espero que de aquí al final de la tarde podamos encontrar alguna solución si es posible.



Paso a referirme, también telegráficamente, a las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Las enmiendas nos han extrañado un poco y se lo explico. Si repasa usted la presentación del presupuesto en la Comisión de Asuntos
Exteriores, el 80 por ciento del tiempo destinado por el portavoz parlamentario del Grupo Popular fue para la Secretaría de Estado de Iberoamérica. De hecho aquí se ha hecho alguna referencia sobre ello. Las enmiendas del Grupo Popular al respecto
no producen ningún aumento de la dotación presupuestaria del ministerio, es decir, el tamaño del presupuesto del ministerio sigue siendo el mismo; no traspasa ningún tipo de recurso a dotación de personal o a material o a inversión, absolutamente
ninguno; lo único que hace su enmienda es reducir el gasto en bienes y servicios de cooperación en 10 millones de euros para transformarlo en transferencias corrientes a gestionar por la Secretaría de Estado de Iberoamérica para consolidar la
democracia y los derechos humanos, es decir, para transferencias que realice el ministerio -en este caso gestionadas por la secretaría- a los gobiernos para consolidar la democracia y luchar contra la corrupción. Si eso es dotar de contenido a la
Secretaría de Estado de Iberoamérica -me van a permitir que recuerde las palabras que se utilizaron en aquel momento-, parece ser que ustedes lo que quieren es que el chiringuito se transforme en un chiringuito de reparto de subvenciones
incondicionadas a gobiernos amigos, porque no hay absolutamente ninguna otra medida prevista en las enmiendas del Grupo Popular. En cuanto a su preocupación por la reforma del servicio exterior que también se ha puesto de manifiesto aquí, vuelve a
ocurrir lo mismo; Se realizan unas transferencias de compra de bienes y servicios de cooperación, es decir, se sacan los fondos de cooperación y se llevan al capítulo 1, como nos lo ha reconocido aquí. No hay ninguna enmienda destinada a aumentar
los gastos en construcción o puesta en marcha de embajadas o consulados, para ningún tipo de material adicional. Es decir, nosotros dotamos al personal sin material, sin edificios, sin absolutamente nada, y además con un único objetivo según sus
enmiendas, porque no es lo que usted ha transmitido en esta intervención. En su intervención


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Sección 13


transmitía que era para la reforma del servicio exterior, para ampliar el personal... No, para ampliar el personal con el objetivo de luchar contra la inmigración ilegal. Es decir, no sé si lo que pretenden es dedicar 20 millones de euros
a poner un diplomático detrás de cada inmigrante ilegal o si lo que pretenden es que creemos un montón de consulados para darles papeles en origen a todos los inmigrantes ilegales, porque de su propuesta lo único que se deduce es que esas enmiendas
van destinadas a ese tipo de actuaciones, tal como figura literalmente en su justificación, que ha escrito el Grupo Popular y de la que es responsable el Grupo Popular y no el Grupo Socialista.



En cuanto a la renominación de la ayuda al desarrollo, es verdad que hay un fondo lo suficientemente grande y probablemente tendremos que ponernos de acuerdo. El fondo de ayuda al desarrollo ha crecido de una forma importante y
probablemente está muy generalizado y habría que compartimentarlo, ¿en la forma que plantea el Partido Popular? El Gobierno no comparte que sea tan estricta porque además después nos plantearía que si tuviéramos necesidades de diversa naturaleza,
por ejemplo más necesidades para alguno de los fines, tendríamos que empezar a aplicar modificaciones presupuestarias para transferir recursos a ese fin que ha tenido unas mayores necesidades. No vamos a aceptar las enmiendas, pero entiendo la
preocupación por intentar encapsular un poco más ese fondo demasiado grande probablemente para una sola partida. En cuanto a su disposición adicional, la estructura del Gobierno y las funciones que asigna el Gobierno a cada uno de sus órganos está
regulada por la legislación correspondiente, no está regulada por el presupuesto.
Es mucho más conveniente producir la modificación en la regulación que no meterla aquí como una disposición adicional.



Nos resulta curiosa esa enmienda que disminuye la dotación del Instituto Cervantes para aumentar la dotación de becas de extranjeros para el estudio en España, ¿por qué? Porque esa españolitis que ustedes practican tanto se nos descuadra un
poco aquí; es decir, hablamos de que vamos a quitar recursos al Instituto Cervantes, pero el Instituto Cervantes, aparte de empezar a dedicarse a la promoción de otras lenguas ahora, antes se dedicaba a promover el castellano o el español, que es
como se le conoce en el resto del mundo. La enmienda de devolución -y con esto termino señor presidente- la expliqué el año pasado suficientemente. Esta es la enmienda del pataleo. No podemos dejar sin dotación al ministerio.
Entiendo que la
metan, es su doctrina, a lo mejor peca en exceso de planteamientos demasiado radicales en el sentido de que aunque no se haya aceptado la enmienda a la totalidad, se construye una enmienda a la totalidad a base de enmiendas parciales, pero es
inviable e inaplicable y, de hecho, estoy por asegurar en este momento que ningún otro grupo va a apoyar ese tipo de enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la sección 13. Para defender las enmiendas presentadas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Santaella.



El señor SANTAELLA PORRAS: Intentaré ser breve, porque lo agradecerán todos.



Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad y una serie de enmiendas parciales a la sección 13, puesto que la sección 8, Consejo General del Poder Judicial, no ha sido objeto de enmienda alguna. En el trámite que han tenido estos
presupuestos, sobre todo en la fase de comparecencias, manifestábamos -y lo hacemos de nuevo- nuestra inquietud por la insuficiencia que esta sección, Ministerio de Justicia, tiene en estos presupuestos de 2007 y, al mismo tiempo, lógicamente, como
siempre he prometido que volvería a recordar, viniera o no a cuento, el incumplimiento continuo de las promesas del grupo mayoritario y del Gobierno socialista que rompió unos pactos de reforma por la justicia precisamente por la falta de dotación
económica. Cuando prometían 180 millones adicionales a esta sección, por tercer año consecutivo no se cumplen siquiera. Por eso planteamos esta enmienda a la totalidad de la sección, porque consideramos los presupuestos, como he dicho en varias
ocasiones, malos, insuficientes, incongruentes con las políticas y con los objetivos que se planteaban y, todavía peor, faltos de imaginación.
Por eso nos extraña que califiquen, concretamente el presupuesto de Justicia, de área de gasto esencial
de los Presupuestos Generales del Estado; área esencial, cuando ni siquiera ha subido un 8,9 por ciento y está por debajo de otros departamentos. Hay departamentos -no los voy a referir todos- que crecen por encima del Ministerio de Justicia;
además la justicia ha crecido en estos presupuestos por debajo de los ingresos consolidados del Estado.



Les hacía una referencia y se la vuelvo a hacer: Los impuestos directos han crecido en estos presupuestos un 10,6 por ciento, los indirectos un 12 por ciento, las tasas y los ingresos un 12,6 por ciento y las ventas patrimoniales un 26 por
ciento. Quedarse en un incremento del 8,9 por ciento es hacer crecer a un Ministerio de Justicia, que estaba careciendo ya de recursos, por debajo de lo que son los ingresos del Estado. Pero si analizamos el resto de nuestras enmiendas, van
fundamental y concretamente al programa 112.A, que es el que nos interesa y además es el que realiza la labor de la justicia, concretamente el programa de juzgados y tribunales. En este aspecto se ha crecido respecto a los presupuestos del año
pasado simplemente en 118 millones, pero que no van destinados a incentivar, agilizar y dar rapidez a la labor de la justicia, sino que, si detraemos 22 millones de actualización monetaria, 18 de consolidación de pagas extraordinarias, 3,5 de planes
de pensiones, 19 de cuotas y prestaciones que debían a la Seguridad Social, 5,8 millones, casi 6, de trienios y 2,6 de traspasos a comunidades autónomas, realmente han crecido para el ministerio y para agilizar la modernización


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de la justicia, en 19 millones. Globalmente, nuestras enmiendas van a partidas concretas que les señalaré muy rápidamente y todas ellas se fundamentan en que consideramos que el Gobierno ha congelado las partidas que tendrían que mejorar la
rapidez y calidad de la atención judicial a los ciudadanos; en que el ministerio en estos presupuestos estanca una vez más la implantación de la oficina judicial y con ello la modernización de los juzgados y tribunales; la falta de inversiones en
creación de nuevos órganos judiciales y la falta de inversiones para crear oficinas de señalamiento inmediato; en la falta de atención, por supuesto, a los planes de violencia doméstica e incluso se permiten el lujo de suprimir la partida que venía
destinada en los presupuestos del año pasado; y, por último, en la congelación de las transferencias que se hacen a las comunidades autónomas para el desarrollo de las oficinas judiciales y para el desarrollo de la Ley de responsabilidad del menor.

Esto nos ha llevado, como bien saben ustedes, a esa enmienda a la totalidad y el resto de las enmiendas, de la 932 a la 939, van, como les he dicho, poniendo el énfasis concreto en el programa 112.A. Por un lado, la 932 pretende restituir la
partida de 1.615.000 euros para el Plan contra la violencia de género. Queremos que siga, aunque sea simbólicamente, una cantidad para seguir luchando contra la violencia de género. Las números 933 y 934 van destinadas a lo que les decía, a
suplementar en lo que se pueda las inversiones, dotando con 15 millones más para inversión nueva asociada al funcionamiento de los servicios y 8,5 millones más a la reposición asociada al funcionamiento de los servicios también. Estas inversiones
serían para nosotros el mínimo necesario para conseguir la implantación de la nueva oficina judicial sobre la que llevan hablando tres años y no la ponen en marcha, proyecto para nosotros básico para modernizar la justicia y sacarla del atraso en el
que creemos que está metida. Hay que aumentar por supuesto -a ello va destinada otra enmienda- los cursos de acceso a la carrera fiscal y permitir la formación de fiscales especializados, que también han prometido y no lo hacen, fundamentalmente
tanto en la violencia de género como de medio ambiente y también para implementar el nuevo personal para la oficina judicial. Prevemos un millón y medio más en la partida de personal en el programa 112 para incrementar los recursos de la planta y
personal que permita implementar la Oficina de señalamiento inmediato, porque mientras tanto no tendrán eficacia los juicios civiles rápidos.
También destinamos otra partida para los planes de refuerzo de juzgados, de tribunales y actuación de
jueces sustitutos, que es lo que consideramos que ustedes, con esta famosa y anunciada justicia de proximidad, quieren sustituir y, sin embargo, no están dotando lo que le está dando y le daba agilidad a la Justicia, mejorar una partida de
retribución especial para los jueces y magistrados de Canarias.



Con esto, señor presidente, doy por defendidas mis enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Intervengo muy brevemente para defender las cuatro enmiendas que hemos presentado en esta sección 13, del Ministerio de Justicia. La primera es la enmienda 2872, que pretende dotar a aquellas asociaciones y
entidades sin fines lucrativos que trabajan para la recuperación de los restos de las personas desaparecidas durante los años de la Guerra Civil y los primeros años después de haberse acabado la misma y que fueron enterrados en fosas comunes o sin
nombre de los medios materiales suficientes para que puedan continuar desarrollando su labor.
Para ello, proponemos una dotación de un millón de euros. A continuación, señor presidente, presentamos la enmienda 2873, que pretende dotar con 3
millones de euros a los tribunales de justicia para que hagan lo necesario para conseguir el conocimiento de las lenguas oficiales de cada comunidad distintas al castellano en los distintos tribunales de justicia. La enmienda número 2874, con 10
millones de euros, pretende dar cumplimiento a lo acordado en la Comisión de Justicia, en su sesión de 10 de mayo de 2005, que aprobó una proposición no de ley presentada por Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) relativa a la creación
de nuevos juzgados de lo Mercantil en los siguientes términos: El congreso de los Diputados insta al Gobierno a implementar, en el marco de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, la creación de los juzgados de lo
Mercantil en aquellas ciudades no capitales de provincia que lo hayan solicitado, como Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró, Manresa, Sant Feliu de Llobregat, Reus, Tortosa, Figueres, así como en aquellas que lo soliciten en un futuro, delimitando
en cada caso el ámbito de su jurisdicción. En relación a la futura ubicación de los juzgados mercantiles en Cataluña, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la creación y correspondiente dotación, de como mínimo, un juzgado
Mercantil en cada partido judicial de más de 100.000 habitantes, aplicando en todo caso el criterio de equilibrio territorial, litigiosidad de la zona y previsión de cargas de trabajo, que en ningún caso supondrán que dos comarcas limítrofes queden
sin juzgado de lo Mercantil. Por todo esto, defendemos esta enmienda y esta dotación de 10 millones de euros.



Finalmente, también en la enmienda 2875 solicitamos que se incremente la dotación de personal y mantenimiento de edificios de la Administración de Justicia en Baleares, a los efectos de solventar los problemas de personal y de estado de los
edificios.



Hasta aquí las enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere defender en esta sección.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir? (Pausa.)


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Por el Grupo de Esquerra Republicana, la señora Cañigueral.



La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana da por defendida las enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Señora Cañigueral, la felicito por su primera intervención en esta Comisión. Espero que tenga más y mucho más extensas.



Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.



La señora NAVARRO CASILLAS: Voy a imitar la intervención de la recién nombrada diputada de Esquerra Republicana y también doy por defendidas las enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, quiero decirle que al principio de la Comisión he señalado que las enmiendas que no se retiren expresamente por los grupos se darán por mantenidas. Por tanto, no hace falta que los grupos las mantengan,
porque las vamos a mantener todas a menos que se retiren.



Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: En mi grupo parlamentario vamos a contestar especialmente a la intervención realizada por el portavoz, en este trámite, del Grupo Parlamentario Popular y, por comenzar de forma ordenada, queremos comentarle que su
inicio ha tenido que ver con la defensa de una enmienda de totalidad. Entiendo que la defensa de la enmienda a la totalidad haya ocupado algo de tiempo, porque simplemente hay que leer la justificación de la misma. El Grupo Parlamentario Popular,
para justificar una enmienda de totalidad a la sección 13, dice: La distribución de los créditos no garantiza la consecución de los objetivos que se entienden necesarios, entre ellos el crecimiento sostenido de la economía, la adecuada creación de
empleo y la vertebración del territorio. Estos no son argumentos que tengan mucho que ver específicamente con la sección 13 de los Presupuestos Generales del Estado.



Para entrar en la defensa de las enmiendas realizada por el Grupo Parlamentario Popular y para contradecir sus argumentos, tenemos que indicar muy brevemente, pero sí dando satisfacción a todas y cada una de las que ha presentado, que la
enmienda 932, relativa a violencia de género, no solo no ha disminuido la partida de violencia de género -como se ha afirmado-, sino que se ha incrementado a 6,02 millones de euros.
Por tanto, no solo estamos de acuerdo con que se mantenga, sino
con que se aumente esa dotación presupuestaria. La enmienda número 933 agrupa varias localidades: Ibiza, Ciudadela, Mahón, Albacete, Almazán, Torrelavega y Murcia. Tenemos que decir que algunas de estas tienen que ver con competencias
transferidas y que en el resto de ellas existen ya partidas de asistencia técnica previas a la realización de los correspondientes proyectos, en función de las necesidades de la Administración de Justicia. En la siguiente enmienda, la número 934,
estamos en idénticas circunstancias. Respecto a los municipios a que se refiere, tenemos que indicar, en relación con los que tienen que ver con Asturias, que el Real Decreto 966/2006, de transferencia al Principado de Asturias de la competencia en
materia de justicia, haría inoperante que se debata en los Presupuestos Generales del Estado algo que ya está transferido; lo mismo ocurre cuando se refiere a municipios de Andalucía o de la Comunidad Valenciana que tienen transferida la
competencia de justicia. En aquellas que tienen que ver con la Comunidad de Cantabria, Convento de Santa Cruz y Murcia hay dotaciones previstas ya en los propios presupuestos. Y algunas otras a las que se refiere, como en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, tengo que decirle que, en cuanto al Juzgado de Arenas de San Pedro, existe ya el segundo de ellos. Con relación al municipio de Cebreros, he de indicarles que primero tiene que ser creado por la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, pero como este es un tema que conozco especialmente, también le diré que el ayuntamiento de Cebreros adoptó el acuerdo de que la infraestructura necesaria correspondía al ayuntamiento, no al ministerio. En relación con la dotación de la
nueva oficina judicial, está prevista la dotación, así como la existencia de presupuestos para la nueva RTP. Por lo que se refiere a la enmienda número 937, he de indicarles que, al igual que en la 938 y 939, hay partida presupuestaria para todo
aquello que se indica por parte del Grupo Parlamentario Popular.



Voy a referirme con brevedad a algunas de las enmiendas presentadas por los demás grupos. Sobre la enmienda 735 del Grupo Mixto, Nafarroa Bai, quiero señalarles que no es posible que tengamos en cuenta su enmienda, porque la creación del
Registro Civil único tiene que ir unido a municipios de más de 500.000 habitantes, cosa que no ocurre en el municipio de Pamplona. Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Labordeta, en relación con la petición que hace,
hay medios en Sariñena y en Barbastro. También los hay en relación con los juzgados de Huesca, donde se ha solicitado la cesión de un solar. En el año 2007 se harán los estudios previos sobre la actuación genérica en los juzgados. Es verdad que,
en relación con los juzgados de la Comunidad Autónoma de Aragón, existe dotación presupuestaria en el presupuesto y, especialmente, por lo que respecta a la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.



En cuanto al juzgado de Fraga, en Huesca, ya están licitadas las obras y hay inversión prevista para esta anualidad.



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Respecto a las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana, alguna de ellas, como el aumento de la dotación al programa Greco, es difícilmente asumible porque es algo que viene fijado en función de la población, de criterios objetivos, como
la superficie y el nivel de renta y por tanto es la aportación que corresponde hacer a España. El resto de las enmiendas, casi todas del Grupo de Esquerra Republicana, tienen que ver con el aumento de la dotación de una competencia transferida,
cual es la de justicia, a la Generalitat y entendemos que tendrán que ser objeto de una revisión. Sin perjuicio de ello hay que indicar que, cuando se llevó a cabo la transferencia de la justicia a la Comunidad de Cataluña, se indicó que los
aumentos de planta que se produjeran a raíz de esta transferencia de justicia llevarían consigo el aumento en la dotación presupuestaria para esos suplementos en la planta judicial.



En relación con las enmiendas de Izquierda Unida, vamos a aceptar la número 2180, relativa al aumento de las becas para la formación de opositores en las carreras judicial y fiscal, por una cuantía de 270.000 euros, que vendría a
complementar la partida presupuestaria ya existente sobre esta cuestión. De algunas definiciones de unidades de fiscales y unidades judiciales, hay que decir que eso tiene que ver con el compromiso del Gobierno de aumentar en mil plazas las
unidades judiciales y de la carrera fiscal y que eso estará en función de los parámetros que se fijen en su momento.



Por último, de las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, algunas tienen que ver con la creación de juzgados de lo Mercantil, pero no será a través de una proposición no de ley cómo deban crearse unos juzgados, sino a través de la
modificación en su caso de la Ley de Demarcación y Planta. Sobre la enmienda 2872 para atención a entidades sin ánimo de lucro en la recuperación de personas desaparecidas en la guerra civil, hay que decir que tiene una dotación prevista ya en el
año pasado en el Ministerio de la Presidencia, por tanto, esa enmienda debería reproducirse en el mismo, porque ya existía una dotación que se puso en marcha el año pasado y que este año entendemos que será completada por el proyecto de
presupuestos.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la sección 14. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Oltra.



La señora OLTRA TORRES: El Grupo Popular ha presentado una enmienda de totalidad a la sección 14, Ministerio de Defensa, que me dispongo a defender en este trámite, basada principalmente en la falta de transparencia de la que adolecen los
presupuestos para esta sección.
Señorías, el Grupo Popular quiere comenzar esta intervención reconociendo lo que es evidente y es que el presupuesto de la sección 14 se ha visto incrementado respecto del ejercicio anterior. Pero por mal camino
vamos si el incremento que se produce no va acompañado de transparencia y claridad, si no va acompañado de la información necesaria para saber cómo se justifican esos aumentos, si se observa que los cambios fundamentales que pretende hacer el
Gobierno en la estructura de nuestras Fuerzas Armadas no tienen un reflejo presupuestario, si los programas de modernización se reprograman ejercicio tras ejercicio sin que este Parlamento tenga el conocimiento suficiente de la proyección de esas
inversiones. El primer ejemplo de lo que acabo de exponer es el nulo reflejo en estos presupuestos de los cambios que prevé el Real Decreto 416/2000, por el que se establece la organización y el despliegue de la fuerza del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencia, aprobado por el Gobierno, como todas SS.SS. conocen, el pasado día 11 de abril del presente año. En la parte expositiva de este real decreto se habla de una verdadera
transformación de nuestras Fuerzas Armadas y se expresa que durante el proceso de transformación se reestructurarán y redimensionarán. Se dice, por otra parte, que la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, por primera vez
define y asigna misiones a las Fuerzas Armadas como un todo en lugar de a cada uno de los ejércitos, como hasta ahora sucedía. Pues bien, estos presupuestos recogen una caída porcentual del peso específico del Estado Mayor de la Defensa, el órgano
conjunto por excelencia, el órgano que pretende reforzar tanto la ley como el real decreto. Otro ejemplo de la opacidad de estas cifras lo tenemos en la recién creada Unidad Militar de Emergencias, creada por este Gobierno como unidad independiente
de los tres ejércitos y con una dependencia diferente a la cadena de mando de los mismos; en este presupuesto no tiene un reflejo presupuestario diferenciado, cuando para este ejercicio 2006 ya se tuvieron que hacer las modificaciones
presupuestarias necesarias para dar cobertura a sus necesidades. A este tema volveré a referirme cuando cite las enmiendas al articulado que con relación a Defensa ha hecho este grupo parlamentario. Por último, el Grupo Popular entiende que la
falta de transparencia se extiende asimismo al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, pues anualmente observamos la reprogramación, como antes decía, en los distintos programas, sin que venga acompañada de la explicación pertinente.
Señorías, de nuevo este grupo parlamentario está reclamando que el Gobierno cumpla con su obligación de enviar a esta Cámara el informe de profesionalización y modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Esta obligación, permanentemente incumplida
por este Gobierno, hace que no podamos conocer la evolución de procesos que sin duda superan una legislatura y que son los pilares básicos de nuestra defensa. Pues bien, este Gobierno no solo no aporta este informe, sino que aprueba reales decretos
de la importancia del que antes he mencionado y no comparece en esta Cámara para explicarlo ni a petición propia ni a petición de mi grupo parlamentario, que lo ha hecho sin tener éxito alguno.



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Paso a referirme a las enmiendas parciales que mi grupo ha presentado. Las enmiendas 941 y 944 pretenden incrementar los créditos destinados a reparaciones, mantenimiento y conservación del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire, ya que
en el primer caso se produce un incremento de solo el 0,67 por ciento respecto del presupuesto del ejercicio anterior y en el segundo caso se produce una disminución respecto del mismo del 1,80 por ciento. Mediante las enmiendas 942 y 945 tratamos
de habilitar los créditos presupuestarios suficientes para poder adoptar medidas en relación con el reordenamiento del escalafón en las escalas auxiliares y cuerpo auxiliar de especialistas, oficiales del Ejército de Tierra declaradas a extinguir y
sobre la que el Grupo Popular tiene presentada una proposición de ley pendiente de debate. Un año más, el Grupo Popular tiene que presentar esta enmienda esperando, como esperan los afectados por este reordenamiento pendiente de ejecución, que en
esta ocasión SS.SS. la aprueben y no dejen para otro momento algo que no solo ha sido aprobado por una proposición de ley en la Comisión de Defensa de este Congreso, sino recogido en la disposición final segunda de la Ley de Tropa y Marinería como
compromiso formal de abordar en la futura ley de carrera militar. Si tan avanzado está el borrador del proyecto de ley de carrera militar, como pudimos conocer por parte del secretario de Defensa, no tengan SS.SS. ningún problema en incorporar
estos créditos en el presupuesto para que en 2007 tengan cobertura presupuestaria y sea el año en el que, finalmente, los oficiales de las extintas escalas auxiliares y cuerpo auxiliar de especialistas del Ejército de Tierra vean por fin resuelta su
situación.



La enmienda 943 pretende crear un fondo económico para dar cumplimiento a la proposición no de ley sobre reconocimiento del servicio militar obligatorio, aprobada por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados de 28 de febrero de
2006. Respecto de esta cuestión, hemos de decir que no entendemos la remisión que se hace de esta cuestión al Pacto de Toledo, pues el cumplimiento del punto dos de la proposición no de ley citada anteriormente no requiere de dicho acuerdo.
Solicitamos mediante esta enmienda tanto el cumplimiento de aquella proposición no de ley como el voto favorable para esta enmienda que dará cobertura presupuestaria a una parte de la misma. La enmienda número 946 pretende la dotación
presupuestaria para atender el requerimiento del Ayuntamiento de Ferrol, A Coruña, al Ministerio de Defensa para el pago del IBI por el inmueble sito en la carretera de circunvalación de Ferrol, propiedad del Ministerio de Defensa, en la que en la
actualidad se ubica la factoría naval de Navantia. La enmienda 947 pretende la dotación del crédito suficiente para que el Ministerio de Defensa pueda acometer la finalización de las obras de sustitución de la antigua muralla de Bazán en la
factoría de Navantia del Ferrol, según el convenio vigente en este momento.



Con el permiso del señor presidente, paso a hacer una somera mención de las enmiendas al articulado que, en relación con la sección de Defensa, ha hecho mi grupo parlamentario. La enmienda 869, que yo citaba anteriormente, pretende mediante
una nueva disposición adicional que el Gobierno modifique el presupuesto para que se pueda conocer el desglose de los créditos destinados a la UME, Unidad Militar de Emergencia, y espero que el grupo que da soporte al Gobierno haya meditado qué es
lo que proponemos y no nos ofrezca una explicación surrealista, como lo hizo el señor Cuadrado en la Comisión de Defensa, donde comparecieron los altos cargos para presentar el presupuesto, comparando la UME con un grupo de operaciones especiales
que, según él había podido ver, se habían transformado muchísimo. Esto es lo que pensaba, pero después de escucharle esta mañana citando a la legión y a los paracaidistas creo que no han salido todavía de esa situación. Señor Cuadrado, este grupo
de operaciones especiales estará encuadrado en algún ejército -el de Alcantarilla, la legión, los paracaidistas-, pero la UME no lo está en ninguno, por expresa decisión del Gobierno al que su grupo apoya. Por eso deberían tener más claridad en su
formulación presupuestaria, que es lo que pretendemos con la presentación de esta enmienda. La enmienda 870 pretende que el Gobierno cumpla sus promesas y suscriba un convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón para la cesión de los terrenos de la
línea de tiro del mismo municipio, propiedad del Ministerio de Defensa. La enmienda 871 pretende que de una vez por todas el Ministerio de Defensa resuelva el problema de indeterminación de los bienes sujetos al IBI en el municipio de Rota,
provincia de Cádiz, sobre el que ya hay sentencia firme. La enmienda 872, insta al Gobierno a que, exigiendo sus promesas electorales, acuerde las medidas necesarias para solucionar la pérdida de poder adquisitivo del personal laboral de la base de
Rota. Por último, con la enmienda 910 se pretende que el Gobierno dé cumplimiento con carácter de urgencia a los compromisos adquiridos conforme a lo establecido en el convenio relativo al proyecto de restauración y rehabilitación del edificio
Herrerías y su entorno, ubicados en el municipio de Ferrol, en A Coruña.



Con esto finalizo mi intervención, solicitando el voto favorable para estas enmiendas que ha presentado el Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: ¿Convergència i Unió? No. ¿Grupo Mixto? ¿Esquerra? Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Cuadrado.



El señor CUADRADO BAUSELA: Voy a ser lo más breve posible, porque la verdad es que este presupuesto de la sección 14 de Defensa tiene muy pocas enmiendas. He leído las enmiendas y he entendido que hay un amplísimo acuerdo con el contenido
del proyecto de presupuestos que ha presentado el Gobierno para esta sección del Ministerio de Defensa, como ya se pudo ver en el propio debate. ¿A quién que tenga una implicación muy directa con la necesidad de que haya un servicio público


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de la seguridad y la defensa no le hubiera gustado presentar este proyecto de presupuestos para Defensa? ¿A qué año hay que ir a buscar para ver un aumento presupuestario de esta envergadura? El propio debate, en su día y hoy otra vez,
pone en evidencia que hay un acuerdo básico y si se ve lo que suman las enmiendas parciales, mucho más. Por ejemplo, los algo más de 11 millones que afectan a la propuesta que hace el Grupo Popular demuestran, dicho de una manera cifrada, que está
de acuerdo con el presupuesto de Defensa, que le parece bien. Pero como la señora Oltra ha planteado alguna cuestión, voy a referirme a ellas.



Ha insistido en la supuesta opacidad y falta de transparencia del presupuesto de Defensa, incluso se ha referido a un debate que ya tuvimos por la mañana, referido a las propuestas de adicionales nuevas a las que ya tuve la oportunidad de
referirme. Usted ha dicho, por dar alguna pincelada, que a algún ejército debe pertenecer la Unidad militar de operaciones especiales de Alcantarilla. A ninguno. En esa Unidad de operaciones especiales hay miembros de todos los ejércitos y, por
tanto, orgánicamente no está en ningún cuartel general de los que usted conoce.
Por eso lo puse como ejemplo y lo vuelvo a poner aquí. La Unidad militar de operaciones especiales, que por lo visto a ustedes les provoca una especial atención, es
una iniciativa personal del presidente del Gobierno y tiene una gran importancia en nuestro país. Ustedes ya han podido recibir información detallada sobre qué soporte presupuestario tiene en el debate de presupuestos, pero yo me quedo con la gran
importancia que ustedes dan a la Unidad militar de emergencias. A ustedes les importa mucho y a nosotros también, por tanto esa es la cuestión que yo quiero resaltar.



Con respecto a las enmiendas del Grupo Popular -voy a empezar por las del Grupo Popular, aunque luego me voy a referir también a las de otros grupos-, hay muy poco que decir. Usted misma argumenta en relación con dos enmiendas -son muy
pocas- que se refieren a las escalas auxiliares del Ejército de Tierra a extinguir, usted misma da la respuesta, señora Oltra. Dice: Se han comprometido ustedes. Se ha comprometido el Congreso de los Diputados, que ha aprobado la Ley de Tropa y
Marinería, que incorpora la obligación de resolver esta cuestión en la Ley de la Carrera Militar -está a punto de entrar en el Parlamento, tiene usted razón-, que tiene que contemplar una alternativa a estas escalas. ¡Al fin, señora Oltra! Le
recuerdo que ustedes gobernaron durante ocho años. Igual pasa con la Ley de Tropa y Marinería. ¡Al fin tenemos una la Ley de Tropa y Marinería que ha permitido aumentar las dotaciones! ¿Se acuerda usted, señora Oltra, por ejemplo, del gravísimo
problema de los militares de complemento? Ya está resuelto. Los militares de complemento ya no mandan correos electrónicos a ningún parlamentario, porque está resuelto.
También está resuelto el viejísimo problema, que ustedes tuvieron ocho años
en la mesa del ministro de Defensa, de las escalas auxiliares del Ejército de Tierra, no se preocupe. Dejaremos de recibir los innumerables correos electrónicos que recibimos todos porque en la Ley de la Carrera Militar se resuelve esta cuestión;
en la propia ley se establecerá el coste. No lo haga usted al azar. Ha tirado usted los dados y ha dicho: esto va a costar tanto. Un partido político de Gobierno, como no me cabe ninguna duda que es el Partido Popular, no debería hacer enmiendas
testimoniales de este tipo porque no tiene ningún sentido. Quien tenga voluntad de extraparlamentario puede hacer enmiendas testimoniales, pero el Partido Popular no creo que tenga esa vocación y por tanto no debería hacerlas. Verá que no me he
referido a la enmienda de devolución. Me dicen ustedes que se devuelva este presupuesto.¿De verdad quieren que se devuelva? Supongo que no. Lo han presentado en todas las secciones, incluso en la de Defensa.



Otras enmiendas. Han presentado una enmienda testimonial sobre el servicio militar obligatorio. Sí, señoría, es testimonial. (El señor vicepresidente, Barrio de Penagos, ocupa la Presidencia.) Le ponen cuatro, dos o cinco; le da lo
mismo, porque no hay ningún cálculo detrás con respecto a ese tema. No se puede resolver así. La referencia a la mesa del Pacto de Toledo es rigurosa y seria. El cálculo de la repercusión que pudiera tener el reconocimiento de los años como
cotizados de servicio militar obligatorio no es una cosa para resolverla mediante una especie de PNL sometida al texto del proyecto de ley de presupuestos. No es serio y por tanto el Grupo Popular no debería hacerlo. Igual que una interpretación
de una sentencia de los tribunales referida al IBI, que afecta a un acuartelamiento concreto. ¿De verdad quiere usted interpretar mediante una enmienda a los presupuestos exactamente a qué parte de esos terrenos le afecta el IBI o no? ¿Usted
quiere definirlo con una cantidad concreta? ¿Quiere usted definir mediante una enmienda a los presupuestos qué parte de los terrenos de ese cuartel están afectados por las obligaciones de la defensa nacional y cuál no? No es muy serio y por tanto
no se debería hacer una cosa como esta. Nos encontramos con enmiendas testimoniales. No es bueno que el Partido Popular se acostumbre a enmiendas testimoniales, sobre todo como la lectura de una alternativa a los presupuestos que se refieren a la
seguridad y a la defensa de nuestro país, que tiene un presupuesto de muchos miles de millones. Mediante las pinceladas que ustedes dan con estos 11 millones, va a ser difícil que alguien les pueda entender. La parte más importante se refiere a
las escalas auxiliares y por tanto la explicación me parece que es suficiente.



No hay nadie en este momento que represente a la Chunta. Hay dos enmiendas que se presentan como si ya existieran dos convenios. No exinten. Para que conste en el 'Diario de Sesiones', voy a proponer, si es que tengo la oportunidad de
hacerlo, al representante de la Chunta Aragonesista, que la enmienda transaccional que ofrecemos a Izquierda Unida y que se refiere a una visión global en adicionales nuevas incluya también este


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supuesto concreto, pero no se puede dar por hecho que exista un convenio cuando aún no se ha firmado y por tanto no se puede prejuzgar su contenido concreto.



En cuanto a Esquerra Republicana, todas sus enmiendas se refieren a propuestas relacionadas con formación en materia de ayuda humanitaria, formación para la paz, etcétera, pero en el capítulo 6, por lo que, aunque se aprobaran, no tendrían
virtualidad, no servirían para nada.
Cuando tengamos oportunidad les ofreceremos alguna propuesta relacionada con el objetivo concreto que pretenden sus enmiendas, las que van de la 637 a la 653.



Con respecto a Nafarroa Bai -con esto termino, señor presidente-, en lo que se refiere al fuerte de Alfonso XII, difícilmente en un capítulo 2 se puede incorporar la limpieza de un terreno que no es propiedad del Ministerio de Defensa, que
también estaría sometido a un posible convenio. Esta enmienda, aunque se aprobara, no serviría para nada. (La señora Oltra Torres pide la palabra.)


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señora Oltra, con brevedad, por favor.



La señora OLTRA TORRES: Con muchísima brevedad, señor presidente. Muchas gracias por su generosidad.



Señor Cuadrado, ¿quiero que se devuelva el presupuesto de la sección 14? Pues sí. Por eso he hecho una enmienda a la totalidad. ¿Y cómo quiero que venga? Modificado en los términos que yo he propuesto y con el contenido de las enmiendas
parciales que este grupo parlamentario ha formulado. Le contesto a lo que usted me ha preguntado simple y llanamente.



En cuanto a la ley de carrera militar, que usted dice que está a punto de aprobar el Consejo de Ministros, me dice que yo le doy la solución en la pregunta. Pues no. Parece ser que llevamos disquisiciones mentales diferentes. Le agradezco
la información de que el Consejo de Ministros está a punto de aprobarla y le recuerdo el acuerdo que tenemos entre su grupo y el mío, o al menos entre el Gobierno y este grupo parlamentario, de pactarla previamente a la aprobación del Consejo de
Ministros. Ya que ha dicho usted que está a punto de aprobarse, yo se lo recuerdo. Lo que quiero mediante la formulación de esta enmienda es que esa disposición tenga cobertura presupuestaria. Si usted me dice que está a punto de aprobarse, eso
quiere decir que la ley estará en vigor en 2007, y como no voy a dudar de que su palabra sea cierta y de que vaya a cumplir ese compromiso con los oficiales del Ejército de Tierra que están pendientes de solucionar el problema del reescalonamiento
del escalafón, hago una enmienda para que tenga cobertura presupuestaria.



Respecto al servicio militar obligatorio, señor Cuadrado, esto no es cuestión de bromas. No lo es. Si me dice que la única excusa para no aprobar la enmienda que presenta mi grupo es que no hay un informe, le digo que el Gobierno ya está
fallando, porque el informe debería haber estado en esta Cámara seis meses después de la aprobación de la proposición no de ley y no está, como ocurre siempre. Se aprueba que se traigan informes y los informes nunca llegan. Ese es el motivo por el
que este grupo ha presentado una enmienda. La enmienda no es de la parte de cobertura presupuestaria para la cotización, que esa sí que entendemos que vaya al Pacto de Toledo, sino para dar cobertura al punto 2, que no es necesario que pase por el
Pacto de Toledo.



Por último, señor Cuadrado, dice que nos inquieta la UME y que es una apuesta personal del presidente del Gobierno. A lo mejor por eso nos inquieta, porque es una apuesta personal del presidente del Gobierno. A lo mejor ese es el motivo de
nuestra inquietud. Lo único que queremos, señor Cuadrado, es que haya transparencia y que todos los españoles puedan saber cómo se va a retribuir a esa unidad de la que tanto se ha hecho gala. Queremos debatirla en este Congreso, que no se ha
debatido, se lo recuerdo; queremos que el Gobierno comparezca y nos explique por qué se ha creado esa unidad al margen de los ejércitos, qué cometidos va a tener y cómo se encuadra dentro de la defensa nacional. Eso es lo que pretendemos. ¿Tan
difícil es, señor Cuadrado? ¿Tan difícil es de entender?


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Cuadrado, tiene la palabra para réplica, con brevedad también.



El señor CUADRADO BAUSELA: Creo que no tiene sentido la réplica. Por tanto, renuncio a cualquier participación en una falsa réplica.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Pasamos entonces a la siguiente sección. Sección 15, Economía y Hacienda. Tiene la palabra el señor Erias.



El señor ERIAS REY: Señoras y señores diputados, hemos presentado una enmienda a la totalidad a esta sección, en coherencia con la presentada a los Presupuestos Generales del Estado y por las mismas razones, que se fundamentan básicamente
en que la distribución de créditos presentada no garantiza la consecución de los objetivos perseguidos. Por ello solicitamos la devolución al Gobierno. También hemos presentado otras cuatro enmiendas que tienen que ver con distintos colectivos,
intentando jerarquizar nuestras acciones y cumplir con los requisitos básicos a la hora de elaborar un presupuesto.



En la enmienda 949, pretendemos incrementar en medio millón de euros la cuantía destinada a las subvenciones de intereses de los préstamos facilitados por el ICO para una reciente línea de crédito con motivo de los incendios en Galicia, es
decir, la última catástrofe ecológica que se ha producido en este país, para que los potenciales beneficiarios tengan la posibilidad de desarrollar un compromiso sostenible, en el cual el Gobierno


Sección 15


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central tenga voluntad de apoyo decidido a través de estas subvenciones de intereses a los préstamos para las distintas acciones que los afectados quieran llevar a cabo. Hemos presentado otra enmienda por importe de 2.400.000 euros,
destinada básicamente a fomentar el tejido productivo y que tiene que ver con potenciar la inversión empresarial y la localización industrial, sobre todo en las zonas de promoción económica y en todas aquellas zonas de interés a las que se considere
adecuado prestar apoyo para que la generación de empleo y la generación de riqueza sean objetivos básicos del tejido productivo. También proponemos incrementar en 300.000 euros la dotación del Instituto de Estudios Fiscales para el desarrollo de
nuevas iniciativas de investigación. El Instituto de Estudios Fiscales viene desarrollando una excelente labor, pero las líneas de trabajo son las mismas desde hace muchos años.
Nosotros proponemos que se incorpore el análisis de la incidencia de
las políticas públicas en la mejora de competitividad de las empresas como una línea de análisis que podría llevar a cabo perfectamente el propio instituto. Para eso proponemos que se incrementen las dotaciones para estudios en 300.000 euros. Por
último, proponemos incrementar un millón de euros -y esta tendría que ver más directamente con los servicios que la Administración presta a los ciudadanos- para la mejora de las instalaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Mataró (Barcelona), para que sirvan para atender correctamente a las personas que allí se dirigen y para prestar los servicios con la calidad que se presupone que la Administración debe facilitar en estos tiempos.
Por ello, solicitamos el voto
favorable de los grupos, porque nos parecen unas iniciativas que están dentro de una sección que, sin ser muy importante desde el punto de vista del gasto financiero, sí debe de marcar la pauta en cuanto a la función básica organizativa que el
Estado tiene que llevar a cabo.



Respecto a las enmiendas presentadas por otros grupos, vamos a votar negativamente todas ellas: la 679, de Esquerra Republicana; la 2199 y la 2200, de Izquierda Unida, y la 2876 y la 2877, de Convergència i Unió.
Esta coincide con la de
Esquerra Republicana y todas las votaremos, como digo, negativamente, excepto las números 3228 y 3229, de Coalición Canaria, que apoyaremos. El voto negativo tiene que ver en dos de ellas, que como dije coincidían, aparte de no compartir la
justificación ni los criterios de propuesta, con que el Fondo de Ayuda al Desarrollo deje de ser un crédito reembolsable. Esta concepción nueva viene a dificultar la necesaria corresponsabilidad que deben tener, a nuestro juicio, los beneficiarios
de la deuda, y además que aquellos que facilitan crédito sepan que lo pueden evitar cuando tengan que reembolsarlo no es la mejor manera de llevar a cabo estas acciones.



Las enmiendas de Izquierda Unida tienen que ver con las subvenciones de apoyo al transporte público, y pareciéndonos una cuestión sugerente, sin embargo, hacerlo a costa de minorar nuestra presencia en los organismos públicos internacionales
no nos parece la mejor forma. Sabemos bien que el techo de gasto limita con las enmiendas de modificación y que hay que tirar de alguna de ellas, pero elegir precisamente esta no es lo más adecuado porque probablemente las dos acciones tengan
importante interés.
Tal como está formulada, sentimos no poder apoyarla, pero no compartimos este tipo de propuestas de ese modo. De las enmiendas de Convergència i Unió, respecto a crear un fondo para el rescate relativo a peajes no compartimos
el procedimiento, y a la de cancelación de la deuda externa también nos oponemos por el mismo motivo que expusimos para Esquerra Republicana. En todo caso, solicitamos el voto favorable para nuestras enmiendas.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Vilajoana, por Convergència i Unió.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, voy a defender las dos enmiendas que Convergència i Unió ha presentado a esta sección 15, del Ministerio de Economía. La primera es la 2876, en la que planteamos una dotación de 125 millones de
euros para el fondo para la homogeneización, el rescate selectivo y la subvención de peajes, creado en la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006; es decir, el año pasado se creó este fondo, esta
partida y entendemos que es fundamental dotarla. Lo que pretendemos, en la línea de intentar una racionalización de los peajes en Cataluña, es eliminar los peajes troncales y por tanto necesitamos esta doble vía, un fondo para el rescate selectivo
y otro con la subvención. También queremos aclararle al compañero del Grupo Parlamentario Popular que entendemos que este fondo se puede autofinanciar de lo recaudado por IVA en las propias autopistas, es decir que hay un concepto según el cual
este fondo puede ser recuperable, que sea un fondo que de alguna forma genere esta posibilidad y que podamos financiarlo de manera adecuada a corto, medio y largo plazo. En la segunda enmienda, la número 2876, entendemos que es necesario
incrementar en 20 millones de euros la dotación para la cancelación de deuda externa de los países pobres fuertemente endeudados.
Nosotros entendemos que en toda la política global de cooperación exterior, en un momento en el que el país tiene
dificultades serias con el tema de la inmigración, un elemento para luchar contra este mecanismo es invertir en estos países cuya situación interna obliga a esta emigración constante de su población. Aprovechar estos momentos en que la economía va
suficientemente bien y tenemos un presupuesto que genera superávit para mejorar inversiones en esta línea, nos parece que es trabajar en el presente y en el futuro de estos países pero también en parte en el nuestro. En este sentido pedimos el
apoyo a estas dos enmiendas.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por Esquerra Republicana, señor Puig.



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El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, solo tenemos la enmienda 679 a esta sección, y en ella planteamos que el dinero del Fondo de Ayuda al Desarrollo del Ministerio de Economía deje de ser un crédito reembolsable, en consonancia con la
voluntad de reducir los mecanismos de generación de deuda que se han expresado en este Parlamento. Esta es la única enmienda que nuestro grupo parlamentario ha presentado.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por Izquierda Unida, señor Pérez.



El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Señor presidente, nosotros hemos presentado dos enmiendas muy modestas. Una hace referencia al apoyo al transporte público en municipios turísticos, concretamente en Baleares y se trata de potenciar el transporte
público municipal, como ya ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al que agradezco en cualquier caso la atención prestada a la enmienda. Sin duda alguna la respuesta la podría tener el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
haciendo una enmienda transaccional, pero mucho me temo que si eso no es así esta necesidad va a quedar sin cubrir, entendiendo también los argumentos que daba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.



En la segunda enmienda que presentamos pedimos una dotación muy modesta, de 10.000 euros. Creemos que se trata de un clásico, es la famosa enmienda de la casa de peones camineros del Ayuntamiento de Montalbán, y un año más venimos a pedirle
al partido del Gobierno que ponga en marcha los trámites necesarios para devolver esta propiedad al Ayuntamiento de Montalbán puesto que ya ha pasado el plazo requerido para ello de 30 años. Esperamos que con buena voluntad pueda resolverse y
seguramente le darían una alegría al ayuntamiento que celebraríamos todos.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista está todavía intentando llegar a alguna transaccional con los grupos, en estos momentos todavía está trabajando para ver si es posible, y por tanto me voy a
limitar a hacer un comentario general, fundamentalmente porque se ha hecho un esfuerzo importante en la sección 15 para presentar un gasto no financiero con un incremento de tan solo el 2,8 por ciento, es decir del orden del incremento de la
inflación. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Hacienda ha sido tremendamente discreto -en el amplio sentido de la palabra- a la hora de autoprogramar los recursos que le competen, y no quiero dejar de señalar que tiene unos organismos
públicos de la máxima trascendencia para el buen funcionamiento del país. Se ha señalado el Instituto de Estudios Fiscales, y estoy de acuerdo con lo que el señor Rey ha dicho; tenemos el Tribunal de Defensa de la Competencia, que ahora está
precisamente en una fase de transformación por el proyecto de ley que vamos a discutir de inmediato en esta Cámara; el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que ahora mismo está ocupando el centro de la reforma mercantil para la
regulación contable y de auditorías; Comisionado para el Mercado de Tabacos, Instituto Nacional de Estadística, Parque Móvil del Estado y Agencia Tributaria. Todos ellos son organismos públicos de la máxima trascendencia. Quiero transmitir al
portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, como él conoce perfectamente, el presupuesto de la agencia se complementa mediante una disposición que le permite incrementar el presupuesto inicial para las inversiones que tenga necesidad de hacer. El
inmovilizado de estos últimos años se ha hecho con cargo a esta partida ampliable. Yo entiendo que en el presupuesto de este año, que incluso supera el del año anterior, hay un importe suficiente de euros para atender todas las necesidades de
inmovilizado que tenga la Agencia Tributaria, y no hay ninguna agencia concreta que esté detallada del tipo que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha dicho, con lo cual estoy seguro de que esa agencia -si no me confundo creo que ha dicho la
de Mataró- tendrá sin duda en esa partida la de Mataró y cualquier otra.
Hasta ahora, que este portavoz sepa, todas las necesidades de renovación de inmovilizado, tanto de material como de inmuebles, se está haciendo con cargo a la partida
ampliable y por tanto entendemos que no es necesario el detalle concreto. Por tanto, simplemente quiero reseñar que a pesar de la importancia de la sección 15, donde están entidades públicas del máximo nivel como la Zona Especial de Canarias, CNMV,
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, loterías, Instituto de Crédito Oficial, los consorcios de la Zona Franca de Vigo, de Cádiz y Gran Canaria, el consorcio de Valencia y un montón de fundaciones, esta sección ha tenido a bien tener un incremento de
gasto no financiero del 2,8 por ciento. Por consiguiente, en principio -salvo la negociación de transaccionales- vamos a rechazar las enmiendas. He de reconocer que hay una enmienda histórica de Izquierda Unida que espero que salga en este
presupuesto; si hubiese alguna dificultad tendríamos que concretar la manera antes de acabar la legislatura, porque es un tema de procedimiento y no de falta de voluntad.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Pasamos a la sección 16, Interior. Por el Grupo Popular, señor Ballestero.



El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señor presidente, se nos presentó el presupuesto de Interior este año, como es propio del ministro titular, con todo lujo de detalles periodísticos y de puestas en escena como un presupuesto expansivo, como no
podía ser de otra manera. En el análisis del CIS los problemas de los españoles con respecto a la seguridad siguen creciendo año tras año. La situación del verano, con muchos problemas


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en el Ministerio del Interior, y la situación interna del ministerio hubiesen requerido algo que se ajustase más a la realidad de esa presentación. Frente a estos problemas, como dijimos en las comparecencias de los altos cargos en la
Comisión de Interior, nos encontramos con dos realidades que han marcado este presupuesto y que justifican ampliamente nuestra enmienda de devolución. En primer lugar, la realidad del presupuesto de Interior es que frente al 2,7 por ciento del
total del presupuesto el año pasado, apenas alcanza este año el 2,5 por ciento. En segundo lugar, fechas antes se había hecho la mayor remodelación que ha habido en la reciente historia del Ministerio del Interior; una remodelación con la creación
de dos nuevas direcciones generales, de muchas subdirecciones, de organismos diferentes que entendíamos que requería la presentación de un presupuesto estructurado de una manera acorde al nuevo ministerio. Eso no se ha hecho y, por tanto, estos dos
motivos junto con la transferencia a Cataluña, por ejemplo, que nos parece desmedida frente a otras partidas presupuestarias, y con las prioridades de gasto que tiene el propio ministerio son suficientes para presentar esta enmienda de devolución de
un presupuesto que a nosotros se nos antoja en todo caso insuficiente, teniendo en cuenta la situación actual.



Hay una serie de enmiendas parciales de las que voy a destacar algunas. En primer lugar, las que tienen que ver con las víctimas del terrorismo. No todas están propiamente en la sección de Interior, las referidas a subvenciones están en
Trabajo y otra en una disposición adicional, pero todas parten de un común denominador cual es esa persecución que está haciendo el Ministerio del Interior, el Gobierno en su conjunto, a la Asociación Víctimas del Terrorismo. No solo se está
desuniendo a las víctimas sino que la Asociación Victimas del Terrorismo parece un grano incómodo para este Gobierno, que se está dedicando a perseguirla de formas muy diversas. Hoy nos ocupa la manera presupuestaria. Año tras año esta asociación
viene cobrando muy poco y además se le paga tarde, mal y nunca. Por eso hemos presentado varias enmiendas al presupuesto, entre las que quiero destacar la relativa a una nueva disposición adicional que entendemos absolutamente lógica, que solicita
que en las convocatorias de concesiones de subvenciones, especialmente en el Ministerio del Interior, se tengan en cuenta dos factores que entendemos fundamentales. El primero es el número de miembros que tiene la asociación y el segundo es el
número de miembros de la asociación reconocidos como víctimas del terrorismo por el Ministerio del Interior. Esto vendría a ajustar a la realidad de la asociación la concesión de la subvención. La hemos presentado en años anteriores y de verdad
entendemos que es una enmienda imprescindible y que sería bastante sano para el buen funcionamiento y para ir deshaciendo ese camino andado de la desunión de las víctimas aprobar esta disposición adicional, además de las otras enmiendas que
planteamos a efectos económicos.



Refiriéndonos al problema de la inmigración, hemos presentado la enmienda 959 que plantea un incremento de 67 millones de euros en el transporte para reintegrar extranjeros y así llegar a los 100 millones. El año pasado subió el presupuesto
tan solo 232.000 euros en esta partida; este año el Gobierno lo incrementa en ocho millones hasta llegar a los 33 pero nos sigue pareciendo poquísimo. Ya saben ustedes que el efecto llamada producido por la regularización masiva de inmigrantes del
señor Caldera está haciendo que la entrada en España de la inmigración requiera un presupuesto infinitamente mayor en transportes de extranjeros. Por tanto, presentamos esta enmienda que casi es de mínimos, pues el año pasado fueron 230.000 euros y
este año tan solo se incrementa en ocho millones de euros cuando a estas alturas del año han entrado por nuestras fronteras muchísimos más inmigrantes que en años anteriores. En esta misma dirección presentamos un grupo de enmiendas porque no
sabemos qué va a pasar con el Plan Canarias, que como tantos otros planes del Ministerio del Interior es una incógnita que muchas veces se agota en las propias ruedas de prensa de presentación de los mismos. Esperemos que el Plan Canarias sí sea
eficaz, pero mientras tanto planteamos una serie de enmiendas de las que destaco cuatro. En primer lugar, cinco millones de euros destinados a nuevos efectivos policiales. Es evidente que la situación es insostenible en Canarias, que está
desbordada por la avalancha de inmigrantes ilegales y creemos que estos cinco millones de euros son imprescindibles. Además, pretendemos extender el SIVE a todo el territorio canario, así como a otras partes de la costa, donde creemos que se
debería hacer un estudio pormenorizado e implantarlo allí donde fuera necesario. Pretendemos también en Canarias poner en funcionamiento estructuras para puertos Schengen en Tenerife y en Las Palmas que, como ustedes nos reconocerán, incrementarán
las medidas de seguridad en ambas islas. Además de todo esto planteamos la creación de nuevos y mejores cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de Policía en todo el territorio canario. Ya digo que no sabemos cómo irá el Plan Canarias, pero
estas son medidas muy concretas que deberían ser apoyadas.



Paso a relatar brevemente algunas de las enmiendas parciales en materia de seguridad ciudadana desde el análisis de que hay una disminución real del peso de las políticas de seguridad dentro del global de los Presupuestos Generales del
Estado. La sensación de inseguridad hay que atajarla desde diferentes puntos de vista, no solo de Interior, también el Legislativo.
En lo que concierne al programa 132.A hemos presentado, en primer lugar, una serie de enmiendas, entre ellas la 964
para incrementar el número de efectivos destinados a paliar la violencia de género. A pesar de los discursos de la oposición que hizo el Partido Socialista en ese sentido y de todas las puestas en escena, los datos nos dicen que hay que mejorar la
protección de las víctimas de la violencia de género. En este punto estamos todos de acuerdo y por eso pretendemos incrementar el número


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de efectivos destinados a ello. Con la enmienda 962 queremos hacer algo que seguro será un punto de encuentro de todos los grupos y es dedicarnos a reforzar la seguridad en el entorno de colegios, institutos y aquellos lugares donde se
congreguen los jóvenes. La violencia juvenil nos preocupa cada vez más a todos y tiene que ver con otros problemas de la juventud, como el incremento del consumo de drogas o empezar este consumo a una edad cada vez más temprana. Toda política que
vaya en esa dirección es siempre positiva. Pretendemos que se incremente el fondo de cooperación policial local, ya que cada vez están asumiendo más competencias y más labores de seguridad ciudadana y, evidentemente, necesitan una compensación
económica para que se les vea -no correctamente porque aún estamos lejos de esto- algo mejor recompensada esa labor que están haciendo permanentemente. La enmienda 958 pretende aumentar en 300 efectivos los destinados a la Policía judicial, puesto
que su labor cada vez es más numerosa y se necesitan más efectivos para instruir los casos pertinentes. Cualquiera que haya podido conocer el informe de la fiscalía de este año entendería que esta es una enmienda tan solo de sentido común. En este
programa 132.A hay tres enmiendas referidas a comunidades autónomas que pretenden incrementar los efectivos en Valencia, Madrid y Castilla-La Mancha. En Valencia porque es la comunidad que arroja una más alta tasa de criminalidad, y en Madrid y en
Castilla-La Mancha porque la dotación del Estado es absolutamente insuficiente y los nuevos efectivos ni siquiera llegan a cubrir las bajas que se producen, por lo que creemos que habría que incrementarlos.
Planteamos la creación de diferentes
comisarías de Policía y nuevos cuarteles de Guardia Civil y también inversiones en mejoras en tantos cuarteles y en tantas comisarías a lo largo y ancho de todo el territorio nacional como hacen falta. Creo que esta es una mejor manera de enmendar
y de gastar el presupuesto que algunas de las propuestas que hace Esquerra Republicana de Cataluña que, por ejemplo, pretende que a los guardias civiles se les den cursos de valenciano. Creo que los españoles están en otras cosas.



En el ámbito de tráfico hemos presentado una serie de enmiendas entre las que quiero destacar la que propone el aumento de efectivos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Es un aumento absolutamente necesario para cumplir los
objetivos de seguridad vial, especialmente con la entrada en vigor del nuevo carné por puntos. Además, como hemos hecho otros años, pretendemos que se sustituyan los guardarraíles, que están ocasionando un índice de mortalidad muy alto en los
accidentes de moto.
Esto es algo que tenemos que atajar cuanto antes. La enmienda 976 pretende que se cree la tecnología necesaria para que los radares fijos sean instalados en los tramos de mayor concentración de accidentes, en los llamados
puntos negros. La realidad, hasta ahora, es que estos radares están puestos con fines exclusivamente recaudatorios. Yo creo que eso deja de lado una de las prioridades de la seguridad vial, que es evitar o disminuir al menos el número de
accidentes en estos puntos negros.



En cuanto a instituciones penitenciarias hemos planteado una serie de enmiendas, pero también queremos decir que tenemos un problema, señor presidente, y por eso hemos presentado un escrito de queja de que la documentación que nos ha
facilitado el ministerio, especialmente en el ámbito de instituciones penitenciarias pero también en el resto del ministerio, en relación con las preguntas que hicimos y que quedaron pendientes en las comparecencias de los altos cargos, es
absolutamente deficiente -yo no la calificaría ni siquiera como información- y en esas condiciones es muy difícil que nuestro grupo parlamentario pueda presentar enmiendas más concretas. Aun así hemos presentado la 965, destinada a la mejora de la
formación y el perfeccionamiento de los funcionarios de prisiones, algunas enmiendas relativas a mejoras en los diferentes centros penitenciarios como el de Ourense, el de Alhama o el de Málaga, y otra incrementando la dotación para el nuevo centro
penitenciario de Ceuta, que nos parece a todas luces insuficiente.



Por último, hemos presentado una enmienda en materia de protección civil, la 976, que pretende hacer una transferencia a las comunidades autónomas.
Año tras año estamos viendo, especialmente en el tema de incendios pero también en otros, la
necesidad de incrementar y mejorar la cooperación entre las diferentes comunidades autónomas a la hora de atajar los problemas que tienen que ver con la protección civil y con las emergencias. Hemos dicho en diferentes debates que hace falta un
marco legal adecuado para que se pueda colaborar entre las comunidades, pero mientras tanto pretendemos que al menos haya algo de dinero para que esa coordinación pueda ser mejor y para que el mantenimiento de los diferentes centros de urgencias y
emergencias en las comunidades autónomas pueda paliar los desastres que estamos viendo verano tras verano y podamos atajar, en la medida de nuestras posibilidades y cuanto antes, con la mayor celeridad y la mejor coordinación entre todas las
comunidades, esas diferentes emergencias que inevitablemente se tienen que producir.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Vilajoana, por Convergència i Unió.



El señor VILAJOANA ROVIRA: El Grupo de Convergència i Unió ha presentado a esta sección 16, Ministerio del Interior, cinco enmiendas. En la 2878 planteamos la necesidad de dotar con tres millones de euros una partida para la organización
de actos que conmemoren los valores democráticos de la convivencia en paz.



Con la enmienda 2879 pretendemos dotar con 1.202.000 euros el proyecto de renovación de la Comisaría de la Policía Nacional en Vilanova i la Geltrú,


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a los efectos de poder realizar las obras durante el año 2006. Aunque se está haciendo el despliegue de la Policía autonómica, siguen siendo necesarios centros de Policía Nacional para la emisión de carnés de identidad, etcétera. En el
anterior presupuesto ya presentamos esta enmienda y creemos que sigue siendo necesaria la renovación de esta comisaría.



La enmienda 2880 tiene como objetivo mejorar la seguridad ciudadana en determinadas comarcas de Cataluña. Ha sido necesario, concretamente en las comarcas de Barcelona y de Tarragona, desplazar miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de
la Guardia Civil para atender dificultades de seguridad que tenía la población. Hasta que el despliegue de la Policía autonómica no se cubra, son necesarios estos movimientos del Cuerpo Nacional de Policía y hacen falta unas partidas adecuadas para
cubrir los gastos derivados de estas comisiones de servicios o servicios extraordinarios que fijamos en cuatro millones de euros.



La enmienda 2881, señor presidente, pretende dotar a la Generalitat con cuatro millones de euros debido a que la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sobre depósitos
municipales de detenidos a disposición judicial ha implicado e implica unos gastos complementarios a las cuantías respecto a las que se consideraron en la valoración de los traspasos en el momento en que se hicieron. Esta es una deuda que de alguna
forma reivindicamos desde hace años y entendemos que, por lealtad institucional, sería positivo que enmendaran con esta partida de cuatro millones de euros.



Finalmente, la enmienda 2883 pretende dotar un fondo de dos millones de euros a los efectos de prever la aprobación durante el año 2006 del proyecto de Ley de modificación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de restitución o compensación
a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Puig, por Esquerra Republicana.



El señor PUIG CORDÓN: Nuestro grupo parlamentario tiene presentada una serie de enmiendas que iba a dar por defendidas, pero no puedo dejar de referirme a la fijación que tiene el Partido Popular cuando se está hablando de una lengua
diferente al castellano. Parece que eso de la cultura no va para ellos; esta es la sensación que uno tiene cuando permanentemente sale a relucir la obsesión porque algunas de nuestras enmiendas se refieren a cursos de lengua catalana para que la
Policía pueda atender a los ciudadanos en su lengua. Si no se respeta este derecho y suceden acontecimientos negativos, como es que a un ciudadano se le retenga por hablar en una lengua que a algunos les parece perdida en las antípodas, entiendo
que es un flaco favor el que hacemos a los derechos de los ciudadanos. Estamos muy orgullosos de especificar esta problemática y, por tanto, planteamos que se den cursos de idiomas a los policías para que puedan evitar malos entendidos o
situaciones a veces rocambolescas en que se encuentran algunos ciudadanos que por el solo hecho de hablar en su lengua están siendo criminalizados. Me parece que es de justicia plantear estas enmiendas de respeto a las otras lenguas que tiene el
Estado. Me parece que aún las tiene, no sé si el Partido Popular aspira a eliminarlas de la Constitución, pero como de momento están defendemos el derecho a presentar enmiendas en ese sentido. Damos por defendidas las demás.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por Izquierda Unida, señor Pérez.



El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Las damos por defendidas y esperamos que sean bien recibidas.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fuentes.



El señor FUENTES GUZMÁN: Si las previsiones de gasto de un Gobierno reflejan de forma explícita cuáles son sus prioridades a la hora de potenciar determinadas políticas, creemos -y ustedes estarán conmigo, señorías- que en el caso del
Ministerio del Interior estamos ante un presupuesto histórico y, por tanto, ante un Gobierno que tiene muy claro lo importante y lo prioritaria que es la seguridad; lo es para los ciudadanos, lo es para el Gobierno y lógicamente lo es para este
grupo parlamentario. Por eso, en este aspecto concreto de la seguridad el Gobierno socialista ha incrementado los presupuestos desde que gobierna, desde el año 2004, en un 42,89 por ciento, y en esta ocasión vamos a debatir un presupuesto que crece
para el año 2007 en un 14,77 por ciento nada menos. Los presupuestos del Ministerio del Interior contemplan el aumento de 4.000 nuevos guardias civiles, 5.500 policías y 144 efectivos de escalas superiores de ambos cuerpos. Las plantillas de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado crecen entre 2006 y 2007 en más de 20.500 agentes. Destaca la partida dedicada a los incrementos salariales de ambos cuerpos. A la subida general para todos los funcionarios de la Administración del Estado
hay que añadir la mejora retributiva del 3,16 por ciento de la masa salarial de los agentes, que se enmarca en el proceso de equiparación salarial con otras policías iniciado el pasado año y que supondrá un aumento salarial de más de un 6 por ciento
para ellos. Los dos cuerpos contarán con mayores partidas presupuestarias para mejorar sus comunicaciones -un incremento superior a 23 millones de euros-, arrendamiento de vehículos -8,6 millones-, repatriaciones de extranjeros -8 millones más- y
una partida de casi 100 millones para la implantación del DNI electrónico. El Ministerio del Interior aumenta también su presupuesto para ayuda a las asociaciones de víctimas


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del terrorismo, que recibirán un millón de euros, lo que supone una subida de 130.000 euros con respecto al año anterior. Asimismo, las víctimas de accidentes de tráfico contarán a partir del próximo año con una nueva partida
presupuestaria; las asociaciones que las representan recibirán 180.000 euros. Habrá más recursos para el tráfico y la seguridad vial, 22,6 millones de euros para la creación de un centro automático de tramitación de denuncias que permitirá adaptar
el régimen sancionador al nuevo sistema de carné por puntos; se duplicará la cantidad destinada a equipos informáticos, casi 50 millones de euros; y se mejorarán las retribuciones de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, a la que se
destinarán más de 7 millones de euros. Hay una importante apuesta por la mejora de las infraestructuras; las inversiones en cuarteles y comisarías ascienden a 155 millones de euros, lo que supone un incremento de 61,42 millones con respecto a
2006. También se aumentan los presupuestos para el equipamiento del transporte e inversiones en equipamiento policial. El área penitenciaria de los presupuestos crece un 11,39 por ciento, las obras de mantenimiento y mejora de centros
penitenciarios se incrementan en 15 millones, el plan de construcción de centros penitenciarios se incrementa en 144,7 millones de euros y el plan de seguridad para Canarias se incrementa en 5,5 millones de euros.



Señorías, como dijo el secretario de Estado de Seguridad en su comparecencia en esta Cámara, es difícil encontrar partidas importantes del presupuesto del Ministerio del Interior que estén por debajo del crecimiento del 10 por ciento, y en
algunos casos hay crecimientos del 100, del 200 y hasta del 300 por ciento respecto a las partidas del año 2006. Vuelvo a reiterar, señorías, que estamos ante unos presupuestos históricos en el Ministerio del Interior. En este marco de aumento
presupuestario tan importante, tan sustancial, podrán suponer los grupos enmendantes , cuyas aportaciones agradecemos desde mi grupo, que el partido que apoya al Gobierno no considere conveniente aumentar ningún crédito que suponga aumento del
gasto, un gasto que de por sí ya creemos que se ha incrementado, y no pensamos por tanto tampoco que esté plenamente justificado ir más allá de lo que ha ido el anteproyecto de presupuesto. En cualquier caso, mi grupo apoyará la enmienda 3313, del
Bloque Nacionalista Galego, para que se haga una nueva redacción del proyecto de cuartel de la Guardia Civil de Xinzo de Limia, y las enmiendas de nuestro propio grupo, que tienen un carácter muy puntual.
Igualmente presentamos dos enmiendas
transaccionales con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. En principio hemos de decir con carácter general que creemos que todas aquellas enmiendas que tienen por objeto aumento del gasto en plantillas, tanto de la
Guardia Civil como de la Policía, así como en infraestructuras, tanto de estos dos cuerpos como de centros penitenciarios, no pueden encontrar acomodo en unos presupuestos que ya de por sí han aumentado considerablemente. Lo mismo cabe decir de
aquellas que tienen por objeto retribuciones o formación del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la misma razón antes apuntada.



Me gustaría referirme brevemente a algunas enmiendas que han presentado los grupos por la importancia que puedan tener las políticas de fondo que conllevan, comenzando por las que ha presentado el Grupo Popular. La enmienda 959 supone
incrementar en 67 millones de euros el concepto destinado a transporte para reintegración de extranjeros. Este crédito para el año 2007 al transporte de inmigrantes se ha incrementado en un 32,47 por ciento con respecto al presupuesto de 2006, y
este grupo considera ajustados los 33 millones de euros de dotación de este crédito a las necesidades previstas para este ejercicio.



En cuanto al aumento que también ha solicitado el Grupo Popular de dos millones de euros en el capítulo 1 para gastos de personal, para incrementar los efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el proyecto de presupuestos de
2007 incluye incrementos considerables en este sentido; en concreto, el aumento en la dotación de más de 16 millones de euros para hacer frente al incremento de efectivos destinados a dicha agrupación. Creemos que está plenamente ajustado. A eso
hay que añadirle las mejoras retributivas derivadas del acuerdo con los sindicatos policiales a los que me he referido anteriormente.



Se ha referido el portavoz popular a su enmienda de aumento de 5 millones de euros para el proyecto de inversión del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), y en este sentido tenemos que decir que para el próximo ejercicio nos
consta que están previstas la segunda anualidad de ampliación del SIVE en Cádiz, la segunda anualidad de ampliación del SIVE en Gran Canaria, la segunda anualidad de despliegue en la provincia de Huelva, la segunda anualidad de despliegue en la
provincia de Murcia, la segunda anualidad de despliegue en la provincia de Alicante, así como dotaciones importantes para asistencia técnica y soporte técnico y potenciación de unidades del SIVE, por lo que consideramos que esta enmienda de aumento
presupuestario en esta partida no tiene justificación.



En lo que se refiere a crear un concepto nuevo de transferencias de capital a las comunidades autónomas por importe de un millón de euros para la coordinación y mantenimiento de los centros de urgencias y emergencias, el presupuesto de la
Dirección General de Protección Civil y Emergencias tiene prevista la adecuación y modernización de los centros de coordinación operativa en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y en principio no consideramos que sea prioritario que
dicha dirección general participe en las inversiones y mantenimientos de instalaciones que corresponden a las comunidades autónomas.



En cuanto a las enmiendas que presenta Izquierda Unida nos gustaría comentar la que propone dotar con cinco millones de euros los convenios con las comunidades


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autónomas en materia de resolución pacífica de conflictos, mejora de la convivencia y prevención del acoso y violencia escolar. En los programas 132.A y 131.E del presupuesto hay créditos destinados a la prevención del acoso y violencia
escolar. Creemos que están suficientemente dotados y que este Gobierno ha dado muestras claras de acometer políticas en este sentido. Tengo que recordarles que es este Gobierno quien ha puesto policías, quien ha puesto seguridad frente a los
centros escolares, frente a los institutos de enseñanza.



Se propone también por Izquierda Unida dotar con 20 millones de euros las transferencias de capital a corporaciones locales para financiar un plan de seguridad integral en barriadas marginales de las ciudades españolas.
Tenemos que decir
con todo cariño al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que la policía tiene previsto llevar a cabo a lo largo del próximo ejercicio un plan de seguridad integral a nivel nacional en las barriadas
marginadas, que en el programa 132.A, de seguridad ciudadana, tiene la correspondiente partida presupuestaria, que es de más de 2.156.000 euros, un 9,46 por ciento de incremento respecto a 2006, para esta finalidad.



En cuanto a las enmiendas que presenta mi grupo, las que van de los números 3374 a 3380 tratan de incrementar en 1.895.000 euros la financiación de los partidos políticos para que crezca lo mismo que los Presupuestos Generales del Estado
para 2007, dado que este crédito creció en años precedentes por debajo de la inflación real. También pedimos el incremento de la financiación de los gastos de seguridad de los partidos políticos porque lo consideramos necesario. Asimismo
proponemos incrementos en la financiación de obras en el centro de internamiento de inmigrantes de Málaga, en las comisarías de Benavente y Logroño y obras necesarias detectadas hasta la elaboración del anteproyecto de presupuestos en Baleares y en
Huesca. Todos estos aumentos se financian con bajas en obras urgentes e imprevistas.



Hemos transado con el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds dos enmiendas, la 2208 y la 2209, referidas a convenios con comunidades autónomas y entidades locales en materia de fomento de la
educación en seguridad, en desarrollo del acuerdo marco con el Ministerio de Educación y Ciencia, y otra transacción a la enmienda 2332 para el apoyo a la Cruz Roja por su participación en actividades de protección civil, que espero que también
cuenten con la unanimidad de los grupos.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Ballestero, con brevedad.



El señor BALLESTERO DE DIEGO: A quién no le ha pasado alguna vez como al portavoz socialista que no ha podido llegar al principio del debate, y no sé si estaba cuando hacía alguna consideración sobre la Asociación Víctimas del Terrorismo.
Entiendo parte de los argumentos que nos ha ofrecido. En el tema de Canarias me gustaría que hubiesen sido mucho más concretos y ambiciosos, especialmente también en el tema de las víctimas del terrorismo. La disposición adicional, que hemos
presentado en una ocasión anterior, merece un estudio y un esfuerzo porque vendría a compensar una situación que a nadie le gusta y que está creando un mal ambiente, incluso entre las propias víctimas, que tiene su origen en una acción del Gobierno
absolutamente equivocada. En cuanto a otros temas puntuales, tanto en los que ha entrado como en los que no ha entrado, tendremos ocasión de verlos en el Pleno.



Quiero hacer una aclaración al señor Puig sobre esa costumbre que tienen algunos sectores y algunas personas, en concreto de la izquierda, de repartir los carnés de demócratas y de todo. Lo que he dicho, señor Puig, es que las prioridades
de los españoles en materia de seguridad están en otras cosas, por ejemplo, en que haya más efectivos. Esto no significa lo que ha dicho usted. Fíjese lo que ha dicho: que la cultura no va para ellos. Yo digo que me parece que hay otras cosas
más importantes que el hecho de que los guardias civiles tengan que dar cursillos en valenciano dentro de un presupuesto en el que al final hay que priorizar gastos, y usted con ese argumento lo que me dice es que la cultura no va para nosotros y
que queremos eliminar las lenguas. ¡Qué costumbre esta de repartir carnés de demócratas y de todo! No crea que no nos hemos enterado todos los españoles de que tiene usted carné, pero de eso a tener que repartir los de todo el mundo hay una gran
distancia.
Debería ser más respetuoso en el ámbito del debate parlamentario y no dar esos argumentos. A lo mejor están un poco crecidos estos días y piensa que le permite decir lo que sea, pero lo único que he dicho, y lo mantengo, es que entre
nuestras prioridades hay unas más importantes que otras. A la hora de enmendar un presupuesto, no le he echado a usted en cara las enmiendas que no ha presentado; sí he dicho que no apoyaremos enmiendas donde hay cosas importantisimas que no se
hacen en materia de Interior y de seguridad, y, sin embargo, hay quien plantea que lo más importante del mundo es dar cursillos de valenciano a los guardias civiles. Simplemente son diferencias políticas, basándome no solo en mi opinión sino en
todas las encuestas del CIS, que recientemente reflejan que entre las preocupaciones de los españoles cada día ganan más peso aquellas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Le pido, señor Puig, que defienda su postura política con
vehemencia, con radicalidad, en el mejor sentido de la palabra, pero sin tener que despreciar permanentemente las opiniones del resto de los grupos parlamentarios.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Señor Fuentes.



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El señor FUENTES GUZMÁN: Señor Ballestero, tan importante es estar en los debates (yo no estaba en la sala pero le he oído y conocía la disposición adicional a la que ha hecho referencia) como saber ubicar su petición en el debate de
presupuestos de la sesión de hoy, porque las disposiciones adicionales se han visto esta mañana y ese hubiera sido el momento en el que la portavoz de su grupo tendría que haberlo expuesto. Yo estaba aquí esta mañana para, si la portavoz de su
grupo hubiera expuesto esta disposición adicional, haberle dado cumplida respuesta. En cualquier caso, este grupo está absolutamente satisfecho con la normativa que regula el reparto de subvenciones a las asociaciones de víctimas del terrorismo y
creemos que es absolutamente justo. Es más, le he mencionado en mi intervención anterior que el crédito presupuestario para estos fines ha crecido considerablemente.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Cerrado el debate de esta sección, pasamos a la sección 25. Tiene la palabra la señora Nadal.



La señora NADAL I AYMERICH: Señorías, defenderé conjuntamente la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y las distintas enmiendas que hemos presentado a los programas de este departamento. Desde nuestro
grupo parlamentario consideramos que es necesario recuperar la claridad y la transparencia que se echa en falta en toda la presupuestación, en general en todos los presupuestos, pero se hace especialmente evidente en el departamento de Presidencia.
Es cierto que desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre se nos dice que este no es un departamento de gasto, que es un departamento que tiene un peso muy pequeño en el conjunto del presupuesto, pero ese no es un argumento para dejar de lado
aquellos principios básicos en la presupuestación, en el control y en el cumplimiento leal de las obligaciones con esta Cámara.
No es casualidad que la opacidad de la que hablaba en el conjunto de los presupuestos se agrave en un departamento, y lo
han dicho todos los portavoces socialistas cuando estaban en la oposición. Me referiré exclusivamente a alguien que para ustedes seguro que tiene una cierta autoridad, el señor Rodríguez Zapatero. Cuando estaba en la oposición el señor Rodríguez
Zapatero no se cansaba de decir que no importaba el peso que tuviera este departamento en el conjunto porque tenía siempre la mayor trascendencia como centro neurálgico de toma de decisión política dentro del Ejecutivo. Pues bien, la simple lectura
de los presupuestos de Presidencia nos demuestran su actuación contraria a principios democráticos básicos como el que propugna la austeridad en el gasto público y la transparencia. En este sentido la realidad supera a nuestros peores presagios,
porque esta Cámara no puede aceptar en ningún caso el oscurantismo que se viene manteniendo desde que se iniciaron los presupuestos del Gobierno socialista, en la medida en la que se van incrustando programas dentro de un mismo programa con el fin
de no saber exactamente qué y cómo se gastan los recursos públicos. Por tanto, opacidad y desbarajuste son un año más las dos características que definen el presupuesto de la sección 25. Si estos son los elementos más destacados, estas son también
las principales razones justificativas que quiero destacar en este momento y que nos llevan a la presentación no solo de la enmienda a la totalidad sino también de enmiendas a los distintos programas de este departamento. Las presentamos no porque
el Gobierno socialista se equivoque de prioridades, no, en absoluto; tienen las de siempre. Tienen las prioridades de siempre. Fíjense, partida de ordenación del recinto de La Moncloa, edificios de la Presidencia, es decir, lo que se conoce como
residencia del presidente del Gobierno: crecimiento de un 427 por ciento. No me he equivocado, señorías, un 427 por ciento de crecimiento. Lo correspondiente a informatización se incrementa alrededor de un 400 por ciento; gasto en mobiliario, un
incremento de un 190 por ciento; capítulo 1 dentro del programa de Presidencia, personal al servicio del presidente del Gobierno, un incremento del 26,11 por ciento que representa un peso de un 58,58 por ciento sobre el total del programa. Lo que
les decía: ustedes no se equivocan de prioridades; tienen las mismas prioridades de siempre.



Asimismo, motiva la presentación no solo de la enmienda a la totalidad sino también del resto de las enmiendas lo que podríamos llamar el ecosistema de confusión entre lo público y lo privado que se da en el departamento de Presidencia, eso
que es propio del cosmos socialista o, mejor dicho, del cosmos Zapatero, y que se ve claramente en la imposibilidad de saber lo que cuestan los viajes privados del presidente del Gobierno. Quiero insistir en que no solo estamos de acuerdo, sino que
creemos que el presidente debe viajar y debe viajar más en cumplimiento de sus compromisos oficiales, pero el presidente viaja por compromisos oficiales, por vacaciones, para atender asuntos familiares, para atender a distintas aficiones. Y los
viajes oficiales deben ir a cargo de los presupuestos, pero lo demás no tiene por qué recaer en la espalda de los contribuyentes. Y no se trata de la seguridad del presidente del Gobierno, porque yo les pregunto ¿qué costó al presupuesto un viaje
privado del presidente del Gobierno para hacer compras en los exclusivos almacenes Harrods, acompañado de toda la familia, incluida la suegra? Eso no lo tiene que pagar el presupuesto. Insistimos, el presidente del Gobierno tiene que viajar con
cargo al presupuesto para atender asuntos oficiales, pero no viajes privados. (Varios señores diputados: Estaban de rebajas.-Risas.)


El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Dejen proseguir a la persona que está interviniendo.



La señora NADAL I AYMERICH: Lo cierto es que, a pesar de las risas que produce en el Grupo Socialista, no se conoce otro primer ministro de un gobierno democrático


Sección 25


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que haga viajes particulares con cargo al presupuesto público, por no hablar de lo que nos costó que el señor presidente fuera a escuchar cantar a su esposa en la Ópera de Berlín. Es obligación del Gobierno explicar a la Cámara qué nos ha
costado. Alguien debería también explicar al señor Zapatero lo que dice el artículo 9 de esa bandera que ustedes intentaron levantar y que llamaron código del buen gobierno. Les leo: Se abstendrán de realizar uso impropio de bienes y servicios
que la Administración pone a su disposición por razón del cargo. He dicho esto porque creo que el desbarajuste presupuestario no es casualidad. Se ha propiciado para ocultar gasto, en algunos casos gasto privado por doquier, cuando precisamente lo
que define a democracia señorías, es la separación entre lo público y lo privado.



Decía que se incrusta gasto en el programa Presidencia del Gobierno precisamente con esa voluntad de ocultación. Por eso la primera de las enmiendas del Grupo Popular va dirigida nuevamente a reintroducir transparencia porque, insisto, es
clara la voluntad de ocultar cómo y en qué se gastan los recursos públicos en la sección 25. Nuestra enmienda número 1971 pretende la recuperación del suprimido programa 912.R que, como recordarán ustedes, era el programa del gabinete para
situaciones de crisis y comunicaciones especiales. Se trata de desincrustar gasto del programa 912.M, Presidencia del Gobierno, para introducir transparencia y, por tanto, mayor control. Este programa 912.R, infraestructura para situaciones de
crisis y comunicaciones especiales, tenía una dotación para el ejercicio 2005, que fue el último en el que apareció, de 4.300.000 euros, y tanto el subsecretario del Ministerio de la Presidencia como la misma vicepresidenta del Gobierno nos dijo
literalmente: Desaparece este programa porque cuantitativamente no tiene entidad. Cuatro millones, trescientos mil euros no tienen entidad. Pero, ¡ah, sorpresa!, crean un programa 467.G, investigación y desarrollo de la sociedad de la
información, con una dotación en el Ministerio de la Presidencia de 1,5 millones de euros para 2006, que se reduce para 2007 a 1,3 millones. Es decir, se suprime un programa de más de 4 millones de euros porque no tiene entidad cuantitativa y en
cambio se crea uno de 1,3 millones que sí la tiene. Insisto, existe voluntad de incrustar gasto en el programa de la Presidencia del Gobierno. No se trata de si es un programa grande o pequeño. Lo importante para el Gobierno socialista es
ocultarlo en una especie de cajón de sastre para que no podamos saber qué se gasta realmente en el programa 912.M, Presidencia del Gobierno.



Pido el apoyo de SS.SS. a nuestra enmienda 1972, que paso a defender y que trata de dar un alta en el programa 337, Administración del Patrimonio Nacional, concepto 14.300, otro personal de escuelas-taller, con una cuantía de 567.110 euros;
y otra alta que está presentada conjuntamente en el concepto 14.301, otro personal de talleres de empleo, con una cuantía igual: 567.110 euros. Se trata de recuperar asignaciones de promoción de empleo que se llevaban a cabo con el Gobierno del
Partido Popular, convenios con el INEM para promocionar el empleo de aquellas personas que tienen una mayor dificultad para acceder a él y se contribuye además, de forma muy directa, a la restauración y la conservación de algo tan importante como es
el Patrimonio Nacional.
Quiero referirme en la explicación de esta enmienda a la baja que se da y diré por qué. La baja total en esta enmienda es de 1.134.220 euros que concentramos en el capítulo 2, en los conceptos otros, y otros suministros,
que ni se especifican ni se justifican. He querido hacer estas aclaraciones porque cada vez que hablamos de estas enmiendas tanto el señor subsecretario como el portavoz del Grupo Socialista nos dan la razón acerca de la necesidad de incrementar la
dotación en estas partidas, y yo se lo agradezco; yo valoro muchísimo que me den la razón, pero no me den la razón y voten a favor de las enmiendas, porque cada vez que las presento me dicen que están muy bien pero que tienen deficiencias técnicas.
He querido explicar técnicamente cómo está dada el alta y la baja. Digan que no tienen voluntad política de aprobar estas enmiendas, pero, por favor, no me den más la razón y voten luego en contra de estas enmiendas.



Entro en la defensa de la enmienda número 1974 que considero de gran importancia tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista operativo de funcionamiento de la sección. Se trata de crear en el programa 912.M, en el
capítulo 6, inversiones reales, un concepto 62, un centro nacional de coordinación de emergencias con un importe de 2 millones de euros. Lo consideramos imprescindible porque una de las peculiaridades que caracteriza y da personalidad a nuestra
estructura política es que es descentralizada, lo que lleva a que haya competencias que en situaciones de emergencia y de crisis corresponden a las comunidades autónomas, mientras que hay otras competencias que son comunes, y carecemos de este
instrumento de coordinación de emergencias.
Es imprescindible dotar a la Administración General del Estado de un instrumento que coordine actuaciones frente a situaciones, por ejemplo, como los devastadores incendios que hemos sufrido en
Guadalajara y en Galicia, por las consecuencias medioambientales no solo en el momento en que se producen sino también las posteriores por la falta de reacción ante estos hechos. Me he referido a los incendios de Guadalajara y de Galicia, pero
también me tengo que referir, naturalmente, a que este centro de coordinación debe tener una especial importancia en todo el tema de las travesías de los inmigrantes, la atención a su repatriación o las muertes que se producen en el mar por culpa de
esos nuevos comerciantes de esclavos que son las mafias que trafican con personas.
Esas son realidades que requieren de un centro de coordinación, que es lo que plantea nuestra enmienda, que pueda dar respuesta inmediata por parte del Estado a
estas situaciones de emergencia humanitaria o medioambiental.



Finalmente, señorías, defiendo nuestra enmienda 1973. Seguro que estarán ustedes de acuerdo en que el medio


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ambiente es un patrimonio de todos y cada uno de los ciudadanos y esto requiere, por un lado, la asunción por parte del Gobierno de la nación de lo que son sus responsabilidades, que las tiene y muy graves, por ejemplo, en los casos a los
que me he referido de los incendios de Guadalajara y de Galicia. Es necesario establecer no solo la participación de los ciudadanos en el diseño, en la definición y en la ejecución de las políticas medioambientales sino que también es necesaria la
concienciación. Es a este fin al que dirigimos nuestra enmienda, que tiene esa finalidad, esa voluntad, ese hacer participar a los ciudadanos en el diseño y en la concienciación de las políticas medioambientales.
Por eso planteamos realizar un
alta en el servicio 02 del capítulo 4 de la sección mediante la creación de un nuevo concepto, el 488, que tiene por objetivo crear un premio de investigación e innovación tecnológica para la prevención y detección de incendios forestales. El
importe es pequeño, 30.000 euros, un importe exacto a otro premio de características similares para la prevención de accidentes en las costas que existe ya en este departamento. Por lo tanto, se trata de profundizar en políticas a favor del medio
ambiente y en la lucha contra los incendios devastadores y sus consecuencias. Como digo, no se trata de ninguna originalidad, existe otro premio de estas características dentro de la sección 25, del departamento de Presidencia, y creemos que dentro
de los desafíos medioambientales, además de la prevención de los accidentes que se puedan producir en la costa, también tienen un peso muy importante, como decía, los efectos que han tenido los devastadores incendios que hemos sufrido.



Señorías, estas son las enmiendas que he defendido en nombre del Grupo Popular y quiero anunciar el voto en contra de nuestro grupo parlamentario a la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a este
departamento en el sentido de establecer una dotación económica al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1891/2004 porque, reitero lo que dijimos en el Pleno y lo que hemos dicho tantas veces: los españoles nos pronunciamos claramente a este
respecto en la Constitución de 1978, en la Constitución de la concordia. La historia para los historiadores, señorías; para nosotros, la concordia de la Constitución de 1978.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Nuestro grupo tiene dos enmiendas, la 562 y la 563.
Ambas se refieren a aquellos temas que la señora Nadal quiere que queden para la historia. La 562 pide la supresión de símbolos franquistas que se encuentren en
edificios de la Administración pública, por importe de un millón de euros, y la 563 pide la dotación de 10 millones de euros para el fondo de la memoria histórica.



Me ha hecho gracia la señora Nadal, con todo el respeto, cuando en sus propuestas ha hablado de que quería saber el coste de los viajes privados del presidente del Gobierno. Espero que el Grupo Popular vote a favor de nuestra enmienda a la
sección de la Jefatura del Estado, de la Casa Real, porque algunos piden que sepamos el coste de los viajes que hace el presidente del Gobierno (La señora Nadal i Aymerich: Privados.) e impiden que sepamos los viajes privados del jefe del Estado a
cacerías cinegéticas en algún país europeo. Pedimos igualdad de trato para saber las cosas. Hablando de viajes privados, también nos gustaría saber cuánto costó poner las botas encima de una mesa en un rancho privado en Estados Unidos (La señora
Nadal i Aymerich: Era oficial.) Y también nos gustaría saber qué costó una boda de Estado privada que se produjo en un espacio público. Me gusta la coherencia del Partido Popular y, si todos son así, espero que el Partido Popular nos ayude a saber
cuánto costó la cacería cinegética del jefe del Estado, porque, igual por igual, que lo sepamos todo.



El señor VICEPRESIDENTE (Barrio de Penagos): Por el Grupo Socialista, señor Aranda.



El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señorías, la verdad es que después de la intervención de la señora Nadal en la defensa de su enmienda a la totalidad he tenido la impresión de que estaba en una crónica de novela rosa o del corazón más que en un
debate parlamentario, y a uno le quedan pocas ganas de entrar en este debate. (La señora Nadal i Aymerich: Siempre dice lo mismo.) Yo, sin embargo, quiero reconducirlo, pero antes, como me ha provocado, quiero recordarle algunas cosas. Señalaba
gastos supuestamente confusos o poco declarados. Tengo que señalarle, primero, que los Presupuestos Generales del Estado tienen una organización y una tramitación legalmente establecida y, por tanto, está determinado todo en la ley. Le quería
recordar algunas cosas que sucedieron en la legislatura pasada. Por ejemplo, puestos a este nivel de trivialización, podíamos recordar aquel empeño de la señora Botella por el cambio de los tapices y de la moqueta de Moncloa, que fue frecuente y
variado. Cuando habla de la informática, ¿se refiere a la necesidad de la reparación de los ordenadores que quedaron fuera de uso después del abandono de La Moncloa? O, cuando habla de la confusión entre lo privado y lo público, ¿se refiere a la
boda de El Escorial? Ahí sí que hubo confusión entre lo privado y lo público, y además con la pretensión de implicar a altas instancias del Estado. Por lo tanto, creo que habría que recordar algunas cosas más. O al hablar del uso de recursos
públicos con intereses claramente personales, ¿se refiere usted quizás al dinero que se invirtió en promocionar la candidatura del señor Aznar para que le diesen la medalla del Congreso de los Estados Unidos, que luego, por cierto, no le dieron? En
fin, podríamos recordar una, otra y otra...



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Sinceramente, mi intervención de esta tarde no iba por ahí, pero al oírle no me ha quedado más remedio que responderle. Le quiero decir que el Ministerio de la Presidencia y sus presupuestos están bien determinados.
Señora Nadal, los
Presupuestos Generales del Estado para el Ministerio de la Presidencia crecen un 7,3 por ciento cuando los Presupuestos Generales del Estado crecen un 7,7 por ciento. Es decir, Presidencia crece menos que la media de los Presupuestos Generales del
Estado y esos presupuestos de Presidencia crecen sobre todo en partidas que se refieren a cuestiones de personal, a incentivación de productividad, a mejora salarial del personal de Presidencia. Esta no es una sección que crezca por encima de
otras, que verdaderamente sí son prioridad del Gobierno y de este presupuesto de 2007, por ejemplo, Asuntos Exteriores, que crece el 60,9 por ciento, sobre todo para financiar políticas de cooperación con terceros países y solucionar problemas de
inmigración; Interior, que crece el 14,2 por ciento para solucionar problemas de seguridad de los españoles; Fomento, que crece el 11,6 por ciento; Educación y Ciencia, que crece el 26,4 por ciento; Investigación, Desarrollo e Innovación, que
crece el 33 por ciento; Vivienda, que crece el 14 por ciento. Estas son las prioridades presupuestarias del Gobierno y no las que usted ha señalado, porque de ninguna manera Presidencia del Gobierno crece en esas partidas que usted dice con esa
finalidad.



Dicho esto respecto a su enmienda a la totalidad, quería hacerle algunas referencias a las enmiendas parciales. Respecto a la memoria del presupuesto, tengo que señalarle que vamos a votar en contra de sus enmiendas parciales, porque el
presupuesto está cubriendo las necesidades que usted está señalando en estas enmiendas. Por ejemplo, en las enmiendas números 1973 y 1974 habla usted de la necesidad de crear un centro especial de crisis, pero tengo que decirle que en Presidencia
ya existe un centro nacional de conducción de situaciones de crisis; para las crisis provocadas por situaciones de incendio, existe una Comisión Interministerial que funciona todos los veranos y que coordina las actuaciones a realizar ante estas
situaciones. Usted señalaba que propone esta enmienda para hacer frente a la política migratoria y a las desgracias que se producen como consecuencia de las personas que llegan en barcazas y pateras. A este respecto, tengo que señalarle que hay
una Secretaría de Estado que se dedica a esta materia y, evidentemente, hay un Ministerio del Interior que también actúa en este sentido. Por tanto, señora Nadal, las enmiendas que usted ha presentado de forma parcial están cubiertas por el
presupuesto y, por eso, vamos a votar en contra de las mismas.



Finalmente, quiero referirme a las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, que señalaba la necesidad de la incorporación de una enmienda que pretende la aportación de un millón de euros para eliminar símbolos del régimen franquista
en la administración del Patrimonio Nacional. También vamos a votar en contra de esta enmienda, porque en Patrimonio Nacional no hay ningún edificio donde existan este tipo de emblemas que haya que retirar.



El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida también ha presentado una enmienda en este sentido, pero referida a la incorporación de un presupuesto relacionado con la memoria histórica. El señor Pérez sabe que existe un decreto, que existe una
Comisión que está estudiando esta materia, que hay un presupuesto específico de tres millones de euros para cubrir estas necesidades y que, además, los resultados de la ley que está en tramitación evidentemente deducirán las necesidades
presupuestarias.
Por tanto, en este momento tampoco podemos apoyar esta enmienda.



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar un brevísimo turno de réplica.



Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Nadal.



La señora NADAL I AYMERICH: En primer lugar, quería decirle a don Elviro que, aunque quizá el no se ha dado cuenta, el señor Aznar no gobierna; quien está gobernando es el señor Zapatero y la obligación de este Parlamento es controlar al
Gobierno. Además, y esto se lo digo con todo afecto, incluso para copiar las réplicas se requiere talento. Ustedes no me pueden salir con lo de la crónica rosa, porque tendré que decirles lo que ya le respondí el otro día a su compañero el señor
Bedera. Tengan ustedes cuidado, porque los que forman parte de la crónica rosa terminan en Alhaurín de la Torre, así que, repito, tengan cuidado con las expresiones que ustedes mismos utilizan, don Elviro.



En cualquier caso, insisto en lo que ya le he dicho antes: utilización de la piscina de Valdemoro, con denuncia por parte de la Guardia Civil; adecuación de la piscina de La Moncloa; adecuación de la Mareta -no hay otro primer ministro
que pase sus vacaciones en un palacio y a cargo de todos los españoles, como hace el presidente del Gobierno-; sustracción de dotaciones de vigilancia costera para que la esposa del presidente del Gobierno pueda bucear. Esas son responsabilidades
que yo tengo la obligación de poner encima de la mesa y, por si usted no se ha enterado todavía, don Elviro, el señor Aznar ya no es presidente del Gobierno, lo es el señor Zapatero, y esta es una muestra de lo que es su actuación.
Por favor,
explíquenle que él mismo ha promovido un código del buen gobierno, así que se entere de su existencia.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aranda.



El señor ARANDA ALVÁREZ: Señora Nadal, he empezado diciéndole que me incomoda especialmente entrar en este debate; puedo asegurarle que este no es mi estilo ni mi forma de entender la política. Puedo asegurarle


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también que lo verdaderamente relevante del presupuesto de Presidencia del Gobierno son los datos y que los datos son los que le he dicho. Este es un presupuesto que crece incluso por debajo de la media de los Presupuestos Generales del
Estado y, donde crece, si usted se fija con detalle, es en cuestiones que tienen que ver con la incentivación del personal, con la retribución de los funcionarios, etcétera.



Por supuesto, sé perfectamente que no gobierna el señor Aznar; lo sabemos todos bien en esta Cámara, y ustedes también lo saben. Simplemente, cuando usted hacía mención a este tipo de alusiones, les he recordado a ustedes lo que sí era una
confusión constante y permanente de lo público y lo privado. No tengo más que remitirle a aquella famosa boda para que usted, toda la Cámara y todos los ciudadanos sepan lo que de verdad fue una confusión de lo público y lo privado. En cuanto a
que el presidente del Gobierno veranea y que tiene que tener unos medios de seguridad...
Como el presidente Aznar y como todos los presidentes, así como los ex presidentes, tanto el señor Aznar, el señor González y todos ellos, porque son
instituciones y forman parte del Estado español.



Por último, quiero hacerle una precisión. En España no tenemos primer ministro, tenemos presidente del Gobierno, porque nuestro sistema es diferente.



El señor PRESIDENTE: Hemos terminado lo que estaba previsto para esta tarde y a las ocho votaremos las enmiendas presentadas hasta esta sección 25. Ahora bien, parece ser que hay acuerdo de los portavoces en continuar debatiendo la sección
17, que es la de Fomento, y así ganamos tiempo en la Comisión. Por tanto, si les parece, entramos en la sección 17. Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el representante del Grupo Popular, señor Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: En nombre del Grupo Popular paso a defender las enmiendas que se han presentado y a hacer unas breves consideraciones sobre el presupuesto de 2007 que ha presentado el Gobierno de España. En términos generales, el
Grupo Popular considera que las partidas de la sección 17, Ministerio de Fomento, son insuficientes para abordar el programa de infraestructuras de transporte que necesitan las distintas regiones de España y cuyos principios inspiradores se recogen
en el famoso PEIT. El citado plan, como se ha comentado en otras ocasiones, es un documento que no concreta actuaciones, que es demagogo, que es voluntarista a la hora de realizar kilómetros de autovía y de ferrocarril de altas prestaciones y no
especifica el marco financiero con el que se piensa pagar la obra. Esta inconcreción financiera se traduce en unos presupuestos escasamente dotados para ejecutar en plazo las infraestructuras que ya estaban planificadas y que se encontraban en
marcha con anterioridad a la llegada de este Gobierno. Ni qué decir tiene la creación y promoción de nuevas infraestructuras que se está dejando a merced de futuros desarrollos de planes sectoriales. El crecimiento de los presupuestos del
Ministerio de Fomento, según los datos oficiales presentados por la ministra, suponen un 7,7 por ciento de incremento respecto al año anterior. Esto, desde nuestro punto de vista, es absolutamente incierto. La inversión del Ministerio de Fomento
crece este año gracias a que lo hace considerablemente la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, la conocida Seittsa, que aumenta su dotación en un 1,232 por ciento respecto del año pasado. Esto es simplemente desmesurado e
irracional y no ofrece ninguna garantía de cumplimiento de la inversión, pues el nivel de ejecución presupuestaria de Seittsa en el año 2006 se prevé que sea de un menos 67,7 por ciento.



Por otro lado, de los 2.733 millones de euros que ha destinado Seittsa el próximo año para inversiones principalmente en obras de ferrocarril y carreteras, se ha incluido una partida de 680,19 millones de euros en concepto de deuda anterior
al 31 de diciembre de 2006; deuda que no está nada clara su utilización y de la que se desconoce su destino final. En materia de carreteras, el programa dedicado a creación de nuevas infraestructuras viarias crece solo un 1,97 por ciento, lo cual
es inadmisible si tenemos en cuenta lo que ya había planificado y los objetivos del propio PEIT en materia de carreteras, que supone acabar con el modelo radial y fomentar la construcción de nuevos trazados que eviten la concentración de tráfico en
determinados puntos mejorando su seguridad. Todos estos objetivos resulta imposible alcanzarlos con las dotaciones presupuestarias que aparecen en los presupuestos del año 2007.
En términos generales, las inversiones en materia de carreteras suben
engañosamente un 40,77 por ciento, debido al aumento de la inversión a través de Seittsa.



En lo que a ferrocarriles respecta, la dirección general sorprende con un leve aumento de su inversión respecto del año pasado de un 4,49 por ciento; cantidad absolutamente irrisoria tratándose del modo de transporte que por excelencia
apuesta el PEIT. Más sorprendente resulta que el principal promotor de nuevas infraestructuras ferroviarias, el ADIF, disminuya su inversión en un menos 23,96 por ciento. Es inaceptable que por segundo año consecutivo el mencionado ente público
invierta por debajo de lo que venía haciéndolo en años anteriores. Hay que recordar que el año pasado decreció un 5,17 por ciento. Parece que es una política de inversión que consolida la desinversión en esta área ferroviaria; ni siquiera, como
en casos anteriores, la inyección presupuestaria a través de Seittsa logra mejorar esta cifra. La inversión global en ferrocarriles, incluido ADIF y FEVE, apenas alcanza el 2,33 por ciento.
Los presupuestos generales de 2007 se caracterizan por
una baja ejecución presupuestaria respecto de los de 2006 y por ello el Gobierno recurre a nuevas distribuciones anuales de los principales proyectos que arrastran reasignaciones presupuestarias de años anteriores que no fueron consumidas. Se trata
de técnicas de maquillaje que pretenden enmascarar la


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verdadera realidad de unos presupuestos tímidos que no dan respuesta y son incapaces de atender las necesidades que en materia de infraestructuras tiene nuestro país.



Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de la sección 17 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. Idéntico tratamiento se le ha dado al programa 453.B,
de creación de nuevas infraestructuras de carreteras. Estos presupuestos muestran, además del bajo nivel de inversión, un reparto muy desigual en las distintas regiones españolas.
La distribución regionalizada de las inversiones del Ministerio de
Fomento prevista en el presupuesto es desigual y marcadamente partidista y beneficia a las comunidades autónomas gestionadas por gobiernos socialistas. También se pone de manifiesto el guiño electoralista hacia los socios nacionalistas del actual
Gobierno. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que estas desigualdades impiden que las regiones más desfavorecidas puedan desarrollarse socioeconómicamente en igualdad de condiciones frente a las más desarrolladas. Se trata de asignar,
con un criterio más equitativo, los escasos recursos económicos.
Este criterio es invertir más donde más se necesita en términos de dotación de infraestructuras, de manera que se garantice la vertebración entre las distintas regiones. La
asignación de una cantidad en función del porcentaje de PIB de una región no es criterio que se justifique per se y va en contra de las políticas de inversión que realiza la Unión Europea entre los distintos países que la componen. En este sentido,
el Grupo Parlamentario Popular se ha visto en la necesidad de plantear una serie de enmiendas parciales a los distintos programas de la sección 17, así como a los diferentes entes públicos empresariales y sociedades estatales que garanticen un
reparto acorde con las verdaderas necesidades de cada región y para los diferentes modos de transporte. Estas enmiendas que plantea el Grupo Popular, que en una proporción importante son coincidentes con las presentadas por otros grupos
parlamentarios, responden a una necesidad real de dotarlas económicamente con más fondos de los previstos para garantizar su ejecución en los plazos estipulados.



Mención especial merece para este grupo parlamentario el Plan Galicia, para el que se ha presentado una enmienda como disposición adicional nueva que permita realizar un calendario de previsión de obras y su finalización, con la consiguiente
dotación de fondos necesarios para llevarlo a cabo en los términos en los que se aprobó en Comisión en esta Cámara. Idéntico tratamiento han tenido las obras que con motivo de la llegada del tren de alta velocidad a Valencia han de realizarse en el
plazo estipulado por acuerdo, mediante convenio de fecha 23 de febrero de 2003.



En cuanto a las enmiendas al articulado, señor presidente, en aras de la brevedad, las damos por defendidas. No sé si en este momento corresponde que diga nuestra petición de votación separada de las enmiendas o eso queda para el trámite de
votación.



El señor PRESIDENTE: Señor Merino, corresponde para el trámite de votación, pero aprovecho esta circunstancia para recordar a los grupos que tienen que darnos la petición de votaciones separadas para las ocho, no precisamente de esta
sección, que votaremos mañana a la una, sino de todas las anteriores que hemos discutido.



El señor MERINO LÓPEZ: De acuerdo, señor presidente. Facilitaremos la lista de las enmiendas para las que pedimos votación separada.
Evidentemente, no sabemos cómo va a quedar esta sección ya que el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero
entró con unos socios en esta tramitación presupuestaria y parece que va a salir con otros distintos.
Se han presentado muchas enmiendas y no sabemos cuál va a ser la actitud del Grupo Socialista, de sus nuevos socios y de los anteriores cuando
entraron los presupuestos en esta Cámara. Evidentemente, la actitud del Grupo Popular con respecto al resto de las enmiendas de los grupos va a ser respetuosa con los mismos y, sinceramente, en muchos casos lo que se pretende es un mercadeo
electoralista. Respecto a las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista a su presupuesto, intentan cubrir esas deficiencias que han tenido en el presupuesto y ahora, en un afán puramente propagandístico, presentan enmiendas que cuando se
llegue a la ejecución y a la liquidación del presupuesto del 2007 se comprobará que eran pura fantasía y que lo único que pretendían era volver a engañar al conjunto de los ciudadanos de España.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Como he dicho en mi primera intervención, de las 450 enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a estos presupuestos de 2007 casi el 50 por ciento corresponden a la sección 17,
relativa al Ministerio de Fomento. Esto vuelve a demostrar el agravio histórico que ha sufrido Cataluña respecto a sus inversiones en infraestructuras y que ha justificado que en el Estatuto de Cataluña, aprobado recientemente en estas Cortes
Generales y por referéndum en Cataluña, por un acuerdo al que se llegó entre el presidente del Gobierno, señor Zapatero, y el presidente de Convergència i Unió, señor Mas, se pactara que en los próximos siete años se invertiría en Cataluña en
infraestructuras el equivalente al poder económico de Cataluña, es decir, al porcentaje de PIB que aporta Cataluña al PIB del Estado que ahora se sitúa en el 18,5 por ciento. Esto venía a compensar un hecho, porque durante muchos años y muchos
presupuestos, con la excepción de un periodo muy concreto donde hubo inversiones muy potentes en aeropuertos, puertos, etcétera, y que además correspondió a un momento del Gobierno del Partido Popular, se invirtió en Cataluña por debajo de su
población, que se sitúa por


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encima del 16 ó 17 por ciento. Todo ello hace que estas doscientas y pico enmiendas que presentamos -antes decía la portavoz del Grupo Popular que no tenía inconveniente en que se invirtiera en Cataluña, pero no por acuerdos políticos sino
por propuestas, por proyectos concretos- demuestren necesidades y proyectos imprescindibles para el desarrollo, la competitividad y la mejora de la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Hay un conjunto de enmiendas que podríamos
arropar en infraestructuras de comunicación terrestre: carreteras y ejes viarios.
Están referidas, por ejemplo, al desdoblamiento del eje transversal, una vía básica en estos momentos en la estructura comunicativa en Cataluña pero que ha quedado
ya obsoleta. Hace falta este desdoblamiento y entendemos que el Estado ha de aportar el 50 por ciento de este esfuerzo.
Las obras históricas en la A-7, desde Barcelona hasta la frontera, y en la N-340, actual A-7, Barcelona- Tarragona, se han ido
realizando con una lentitud muy grande porque no ha habido las inversiones adecuadas. Lo mismo podríamos decir del cuarto cinturón, de las conexiones con la B-40, del eje pirenaico -importantísima red-, o de la A-27, Valls-Montblanc.
También son
necesarias, en un momento en donde la seguridad vial forma parte de uno de los ejes prioritarios de actuación de este Congreso -hay una comisión creada a este efecto-, buenas carreteras. En este sentido, proponemos una serie de enmiendas para
efectuar actuaciones de seguridad vial en las zonas de Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona y resolver puntos negros que provocan accidentes que debemos evitar. Otro paquete de enmiendas, que ya hemos tratado en otra sección, es el relativo a los
peajes. Hay que reducir o eliminar un conjunto de peajes que en estos momentos son prácticamente urbanos. Son utilizados de forma diaria por ciudadanos que no tienen otra alternativa. Podríamos citar aquí el peaje de Mollet; el de Rubí, de la
C-16; el de Mollet del Vallès, de la C-33; el peaje de Martorell o el peaje de la C-32 en el Maresme. Todos son peajes troncales, prácticamente urbanos, y hemos de buscar su eliminación o su reducción o subvención en los usuarios habituales.
Esta es una vieja reivindicación que ha de formar parte de este plan de infraestructuras a siete años, que ha de asumir el Gobierno cumpliendo los compromisos que se aprobaron en esta Cámara.



Otro eje de inversiones fundamentales en infraestructuras sería el de los ferrocarriles. Esto pasaría por toda el área de cercanías. Aunque haya un esfuerzo en el presupuesto para este plan de mejora de cercanías que propuso el Gobierno,
concretamente el Ministerio de Fomento, no hay suficientes recursos para esta área y hemos de seguir invirtiendo en este plan. Concretamente, hay una enmienda que casi tiene el nombre de enmienda Sánchez i Llibre, que proponemos y que conseguimos
cada año. Es la de la famosa de la estación de Premià, concretamente entre Campou y Camp de Mar. Cada año se aprueba, quedamos todos encantados y seguimos sin hacerla. Espero que este año la volvamos a aprobar pero que definitivamente este
ministerio la haga. Sería positivo, demostraría que es posible avanzar, abandonaríamos esta enmienda Sánchez i Llibre dedicándonos a otras cosas que también son positivas y, además, como él dice, le permitiría volver a su pueblo con tranquilidad,
cosa que ahora mismo le es más complicado. Perdone esta pequeña disquisición, señor presidente, pero esto demuestra que estas cosas no acabamos de hacerlas suficientemente bien.



Plan de mejora de cercanías. Línea fundamental Barcelona-Vic-Puigcerdà, con un desdoblamiento Barcelona-la Garriga, Barcelona-Vic fundamental en el terreno de ferrocarriles. Accesos con ancho de vía internacional al puerto de Barcelona y,
además, conexión con el Vallès oriental de esta vía de ancho internacional de mercancías. También corredor del Mediterráneo, con dos líneas; incremento de la velocidad en el eje Barcelona-Tarragona-Valencia, pero sobre todo un corredor potentísimo
de mercancías. En este Congreso tuvimos una reunión de trabajo, a la cual asistió, aparte de un conjunto de diputados de la Comisión de Economía y de la Comisión de Industria, el presidente de Ford de Valencia, que nos decía que en estos momentos
su dificultad no es el coste de la mano de obra porque la fábrica de Ford en Valencia es competitiva, sino el estrangulamiento para sacar sus coches y situarlos en Europa porque funciona bien por puerto pero no por ferrocarril. Es fundamental una
línea de mercancías que cubra el corredor mediterráneo, que permita vía Barcelona y hacia la frontera francesa a esta potente industria del País Valencià situar en el centro de Europa por tren las mercancías que se producen en Valencia, como la
fruta, etcétera, y Cataluña. Otro tema importante que tratamos es el de las nuevas estaciones. Pedimos en una serie de enmiendas que haya transferencias de capital a Renfe Operadora para mejorar estaciones actualmente de una gran utilidad, con un
uso muy potente y muy masivas, como son la del Paseo de Gracia, Sants, estaciones más cercanas alrededor de Barcelona, de Girona, de Lleida y de Tarragona.



Finalmente, también tenemos un paquete de medidas referido a los aeropuertos. Pedimos una transferencia de capita a AENA para que invierta en aeropuertos con una expansión espectacular, como son los de Girona y Reus. También hemos de hacer
inversiones en el futuro aeropuerto de la Seu d´Urgell. Todo este conjunto de enmiendas, que no detallo por ser más de doscientas, refleja la necesidad de que el Gobierno cumpla su compromiso de estos próximos siete años, e invierta en Cataluña el
18,5 por ciento del total de inversión de infraestructuras en España para resolver un atasco histórico que tenemos en infraestructuras de carretera, ferrocarril, autopistas, puertos y aeropuertos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Andreu.



El señor ANDREU DOMINGO: Señoras y señores diputados, en relación al capítulo del Ministerio de


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Fomento, vemos un presupuesto desequilibrado. Las enmiendas que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana evidencian que no hay ninguna al aeropuerto de Barcelona, al de Girona, al de Reus o al de Sabadell. Es cierto que la inversión
en el aeropuerto de Barcelona es la más grande que se ha dado en un año presupuestario. En el tema de aeropuertos tenemos pendiente una cuestión que no viene en este presupuesto y que tendría que haber quedado resuelta en el Estatuto y no quedó,
como es la transferencia de los aeropuertos catalanes a la Generalitat de Catalunya.
Esperamos que como fue promesa parlamentaria de la ministra de Fomento y del presidente del Gobierno que antes de que se acabe esta legislatura haya una nueva
estructura de AENA y que, como dijo el que será próximo presidente de la Generalitat, la Generalitat de Catalunya tenga una posición determinante.



Los puertos de Barcelona y Tarragona, cuyo presupuesto depende básicamente de la Dirección de Puertos Generales del Estado, tienen unos presupuestos también cuantiosos. El puerto de Barcelona está en estos momentos en máxima expansión y
esperamos que para el horizonte 2008-2009 doble su capacidad. Consideramos que esta inversión colmata los trabajos que se están realizando para conseguir el objetivo de doblar su capacidad en los años citados.



Otro factor es lo que nosotros llamamos tren de gran velocidad y ustedes llaman alta velocidad española. Aunque el presupuesto sea un poco más bajo que el del año pasado, las obras del AVE en Cataluña están avanzando y esperamos que el día
15 del próximo mes el tren de gran velocidad llegue a Tarragona. Vemos muy difícil que se cumplan los compromisos posteriores que ha anunciado la ministra, el de 2007 en Barcelona y 2009 en La Jonquera, pero el ritmo de inversión en el tren de gran
velocidad está reflejado en los presupuestos. Esta deficiencia que encontrábamos en el presupuesto en materia de Fomento estaría en el ferrocarril convencional y en cercanías. Es cierto que se ha incorporado más dinero que otros años pero también
lo es que en los presupuestos anteriores, por falta de proyectos, especialmente en cercanías, la ejecución presupuestaria en el ferrocarril convencional y en cercanías ha estado muy por debajo de lo deseado y de lo que es normal en la ejecución de
la obra pública. Esperamos que se lleve a cabo el trabajo ingente que se tiene que dar en este sector -a esto hay que añadir los problemas que hubo en los meses anteriores, les recuerdo las tormentas en el corredor del Mediterráneo que motivó la
paralización de trenes tanto en la zona de Tarragona como en la de cercanías de la costa sur de Barcelona-, que se realicen los proyectos constructivos y de estudios de impacto ambiental y que no se repita este año que la ejecución presupuestaria en
los trenes convencionales y en cercanías resulte muy baja.



En la cuestión relativa a carreteras y autovías, quiero remarcar otra vez que tenemos un tema a resolver. Esperamos que las disposiciones adicionales del Estatuto sirvan para ir rompiendo esta asimetría entre Cataluña y otras comunidades
autónomas del Estado español, pues para utilizar vías de rápido recorrido tenemos que pagar y muchas veces pagando no son de rápido recorrido porque en según qué jornadas es un infierno de colas y de atascos. Esperamos que esta asimetría se pueda
ir resolviendo con los fondos con que se ha dotado a la disposición tercera del Estatuto. En los viajes largos tendremos que irnos acostumbrando todos al peaje, pero esto no puede ocurrir en las zonas metropolitanas, en los viajes diarios y en los
desplazamientos entre ciudades, que es la situación en la que se encuentra Cataluña y especialmente su área metropolitana.



Hay otros temas en el área de Fomento que consideramos menores. Haciendo este gran esfuerzo que se necesita en las áreas de carreteras y de ferrocarril convencional y de cercanías, en los proyectos constructivos y en el desarrollo de la
ejecución presupuestaria, esperamos poder ir eliminando este déficit secular que el Ministerio de Fomento ha tenido con las inversiones en Cataluña.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, no voy a explicar todas las enmiendas de esta sección porque, como ustedes pueden imaginar, suman más de 250. Pero sí querríamos hacer un análisis que es compartido tanto desde Izquierda Unida
como desde Iniciativa Verds, y es que en esta sección hace falta no solo más inversión sino una mejor orientación de la inversión. Llevamos muchos años discutiendo en la sección de Fomento sobre cuál es la orientación y hemos constatado que la
orientación del ministerio es muy continuista respecto a la anterior etapa, la del Partido Popular; una orientación en la que todos los huevos se ponen en la cesta del AVE y de las grandes autovías y, en cambio, no hay una innovación en la gestión
de la movilidad, no hay una inversión hacia el tren de cercanías. En definitiva, no hay una orientación hacia lo que debería ser prioritario de un Gobierno que quiere y se plantea un modelo sostenible y también una mejor movilidad para el conjunto
de la ciudadanía. Yo destacaría que nuestras enmiendas van destinadas sobre todo al ferrocarril y particularmente al ferrocarril convencional, entendiendo que este ministerio invierte e invierte mucho en AVE, que invierte e invierte mucho en
autovías pero que, en cambio, invierte poco en el ferrocarril convencional. En este sentido nuestro planteamiento es variado: en primer lugar, mayor inversión, pero garantizando que esa mayor inversión mejore los servicios de cercanías hoy
claramente ineficientes, y el área de Barcelona es un ejemplo; y en segundo lugar, la creación de nuevos servicios de cercanías en zonas o en regiones donde estos no existen. Tenemos el ejemplo que se va a producir en Zaragoza, pero podríamos
poner muchos otros, como la situación que se vive en Galicia, claramente deficitaria,


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o la que se vive en otras áreas metropolitanas. Les pongo el ejemplo de la segunda área metropolitana de Cataluña, el Camp de Tarragona, en la que finalmente no hay una política de inversión. Este es el sentido de nuestras enmiendas y
ahora pasaré a destacar algunas de ellas.



En primer lugar, querríamos destacar la enmienda 2235, que intenta crear una nueva sociedad pública de movilidad participada por el Estado, la Generalitat y los entes locales para la realidad de los peajes en Cataluña. Esta enmienda, aunque
este año no prospere, marca la orientación, marca la línea de lo que debe ser la inversión del Estado en Cataluña y cómo gestionar la movilidad en Cataluña, liberalizando peajes metropolitanos pero introduciendo criterios de movilidad en los peajes
de largo recorrido en función de la hora en la que se transita e incluso el número de pasajeros que ocupan el vehículo. Por tanto, la enmienda 2235 es de futuro, de mucho futuro, porque es el modelo a gestionar. Otro ejemplo es lo que planteamos
en la enmienda 2253 con el desarrollo del tren de cercanías en el área metropolitana de Córdoba. Es una propuesta innovadora, que plantea precisamente nuevas estrategias en materia de movilidad.



Por ponerles otro ejemplo, en la enmienda 2262 planteamos una propuesta que hace años que se discute en esta Cámara, pero que no se ha concretado nunca: la variante de Camarillas. (El señor Ayala Sánchez: ¡Tú también con Camarillas!) El
portavoz del Partido Popular se sorprende, pero Camarillas es una inversión que el portavoz del Partido Popular, como murciano que es... (El señor Ayala Sánchez: Soy cartagenero.) Cartagenero para más señas. (Risas.) Su señoría sabe que es un
elemento fundamental que de hecho una persona que trabaja en nuestro grupo parlamentario, Pedro Antonio Ríos, viene reivindicando desde hace tiempo. Este año por primera vez existe una partida presupuestaria, pero claramente es insuficiente si
tenemos presente el coste de esa variante.



También planteamos un estudio previo del proyecto de ferrocarril, por poner un ejemplo, Cádiz-Algeciras o la línea de ferrocarril Xàtiva-Alcoi como un elemento fundamental. No se trata solo de inversiones concretas; estamos planteando que
haya un nuevo plan de tranvías, una nueva inversión para el conjunto del Estado. Entendemos que hoy en las áreas metropolitanas consolidadas un plan de tranvías por parte del Estado que dé recursos a las comunidades autónomas permitiría una mejor
gestión de la movilidad en el conjunto del Estado. Hay que recordar que somos uno de los países que precisamente por las emisiones de gases de efecto invernadero y de CO2 más claramente incumplen el protocolo de Kyoto en el conjunto de los países
de la Unión Europea. En este sentido, ya yendo a la concreción, planteamos un tren tranvía de Girona al aeropuerto o, por ejemplo, una línea de ferrocarril que conecte concretamente la zona interior de las comarcas de Girona como, por ejemplo, la
Costa Brava, o una propuesta para la movilidad en el Camp de Tarragona, siendo esta la segunda área metropolitana de Cataluña y muy importante en lo que se refiere al número de habitantes.



También planteamos una inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados a uso general, precisamente en materia de adecuación y de accesibilidad de las personas con disminución de la movilidad, entendiendo que tiene que haber un plan
de choque no solo para las estaciones sino para el material móvil. En este sentido, quiero destacar dos enmiendas. En primer lugar, pretenden garantizar la accesibilidad a las estaciones de las personas con una disminución de la movilidad y, en
segundo lugar, proponen una partida concreta en la compra de material móvil destinada a la mejor accesibilidad de esas personas con disminución de la movilidad a los trenes y a los vagones de Renfe. Asimismo, planteamos proyectos de acceso
ferroviario a centrales integrales de mercancías, entendiendo que las mercancías deben ser un elemento a impulsar y a la vez que debe haber una política adecuada en este sentido.



Quería hacer mención también a una enmienda -que por mucho que diga el señor Sánchez i Llibre que es suya, y entiendo que se la quiera apropiar, nosotros también la veníamos planteando desde hace tiempo- que se refiere a la estación de
Campou, en Premià de Mar, entre otras cosas porque la gente que se moviliza en el Maresme, y concretamente en Premià de Mar, aunque seguramente es de todos los colores, también y especialmente es gente de Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra
Unida. La gente que se moviliza en Premià de Mar a favor de la estación de Campou es gente nuestra y nosotros, como siempre, hemos planteado enmiendas en este sentido.



También planteamos enmiendas que proponen mejorar las cercanías en Cataluña; unas cercanías que están muy depauperadas, unas cercanías con unos niveles de calidad pésimos, unas cercanías, en definitiva, que deben mejorar sustancialmente su
funcionamiento. Para ello planteamos un plan de choque con la transferencia de mayores recursos en cercanías en el área de Barcelona, pero planteamos a la vez que en las líneas que están más deterioradas como, por ejemplo, la línea de
Barcelona-Puigcerdà sean las líneas en las que más se invierta y no para cambiar la catenaria, como planteaba la ministra en una reciente comparecencia, sino para hacer proyectos que garanticen la viabilidad de desdoblar las vías. Quisiera recordar
que el tren que circula en la línea Barcelona-Puigcerdà va a una velocidad inferior a la que transitaba en el año 1945. No está mal.
Estamos hablando de una línea que conecta a un gran número de población.
Mientras hay quien habla de cambiar la
catenaria, nosotros simple y llanamente planteamos desdoblar las vías en una línea muy transitada y que conecta Barcelona con Cataluña interior y con todas las comarcas de Cataluña central.



Señor presidente, para ir acabando, porque no se trata de detallar todas las enmiendas, quisiera decir que para nosotros es especialmente importante la enmienda 2491. Esta enmienda que habla del paso elevado sobre la


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conexión entre la C-32 y la autopista AP-7 y afecta muchísimo al Baix Llobregat, concretamente a la zona de huertos, permitiría precisamente una mejor conectividad entre las poblaciones de la zona, y creo que el Grupo Parlamentario
Socialista nos va a plantear una transacción al respecto. Para nosotros es importante la enmienda 2495, ya que propone la construcción de la rotonda y paso de peatones en La Gaviota, en Cubelles.
La enmienda 2489 pretende la instalación de
barreras insonizadoras en la B-20 a su paso por Santa Coloma de Gramenet. Después de anunciarlo, vimos que el Grupo Socialista ha presentado una propuesta como la que nosotros le pasamos. Nos gusta mucho que el Grupo Socialista tenga esta
iniciativa de trasladar enmiendas iguales. Por tanto, esa enmienda que fue incorporada en la ponencia es clavada a la nuestra, habiéndola trasladado nosotros antes al Grupo Socialista. Estamos contentísimos de que el Grupo Socialista la haya
incorporado y se haya sumado a la iniciativa que tuvo, valga la redundancia, Iniciativa per Catalunya Verds en la población de Santa Coloma de Gramenet. También es importante la enmienda 2488 sobre las mejoras de la accesibilidad entre la autopista
C-58 y la AP-7.
Estamos hablando de la accesibilidad en una zona importante, Cerdanyola del Vallès. Esta enmienda ya fue planteada con mucha fuerza el año pasado.



Igualmente la enmienda 2343 pretende reformar las estaciones de ferrocarriles para garantizar la accesibilidad a las personas con disminución de movilidad. Hemos planteado también una enmienda sobre las cercanías en Madrid que también va a
tener una transacción por parte del Grupo Socialista, que va a suponer una mejora de los recursos que se destinen precisamente a las cercanías en Madrid. Asimismo, con la enmienda 2348 planteamos la permeabilización de la línea Santa Perpetua de la
Mogoda, siendo este un elemento que se aprobó el año pasado, pero como no es noticia lamentablemente no se ha ejecutado a lo largo de este curso. También esperamos que sea aceptada la enmienda 2342, que propone un plan de mejoras de accesibilidad
de la estación de Badalona.



Señor presidente, para acabar quiero decir que para nosotros esta sección es fundamental. Entendemos que en esta sección, más allá de las enmiendas que aprobemos, que discutamos y de los matices que podamos introducir, hace falta una
reorientación. Nosotros dijimos, y el señor De la Encina me lo ha escuchado, no centenares, pero sí docenas de veces, que lamentablemente en Fomento no hay gestión de la movilidad; hay gestión del cemento. El problema que tenemos con este
Gobierno y con anteriores es que los paradigmas del Ministerio de Fomento son antiquísimos.
Mientras que en el resto de Europa están haciendo gestión de la movilidad, mientras que en el resto de Europoa hacen convenios y mientras que en el resto de
Europa, aparte del cemento, están pensando en cómo garantizar una mejor movilidad, aquí se utiliza el Ministerio de Fomento como el principal instrumento de desarrollo económico del país, con una huella ecológica y ambiental que no tiene parangón
con el resto de Europa. Solo digo que en kilómetros de autovía por habitantes España es el segundo país de Europa. Solo nos supera un país, Luxemburgo, que es bastante más pequeño. El problema está en que en esta Comisión la mayoría de las
enmiendas -nosotros no lo hemos hecho- giran sobre cómo hacemos las autovías. En ese sentido, nosotros hemos planteado no solo la supresión del tramo Abrera-Terrassa, cuarto cinturon -es uno de los elementos-, sino la supresión de los estudios
informativos de los tramos -sería positivo que el Grupo Socialista tomase buena nota- Vilafranca-Abrera y Terrassa-Granollers. Quiero recordarles que el PIT, Plan de Infraestructuras y Transportes de Cataluña, aprobado por el Grupo Socialista con
nuestro voto en contra cuando estábamos en el Gobierno, planteaba esta infraestructura, don Salvador de la Encina, para 2016. En cambio, se plantea de forma contradictoria, con poca coherencia. Es un elemento que se puede corregir porque estamos
hablando de 100.000 euros.
Lo que tenemos que hacer es replantear el modelo de infraestructuras y lo que se ha demostrado -y en Madrid se demuestra- es que por más radiales que pongamos las cosas no se arreglan. El 55 por ciento de los usuarios
que entran en una de las radiales de Madrid lo hacen por equivocación, con lo cual deberíamos hacer una reflexión en torno a si más autopistas solventan la movilidad. Madrid es un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es,
en definitiva, aumentar el transporte público y un mejor modelo de movilidad. En ese sentido van nuestras enmiendas en Cataluña y en el conjunto del Estado, para conseguir que tengamos un crecimiento más razonable, más sostenible y que garantice
una mejor movilidad.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra don Francisco Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaré, para explicar mejor las enmiendas que vamos a defender, diciendo que las que fueron ya integradas en el dictamen de la ponencia tenían una filosofía que iba destinada especialmente a modernizar la red
ferroviaria de Galicia y, en este aspecto, poder acelerar obras en curso o hacer madurar proyectos que estaban perfectamente estancados y que eran vitales precisamente para contar con una red ferroviaria de estructuración interna del país y de
relación con Portugal y con la meseta. A ese destino se contemplaron cantidades que van a ser de gran utilidad para el tramo Pontevedra-Vigo, incluso para la salida sur de Vigo, y que pueda llegar el ferrocarril en tiempo y forma a la frontera
portuguesa, para desatascar Lubián-Ourense -que es la salida para la meseta- y para integrar definitivamente en la práctica Ferrol-A Coruña en el eje atlántico. El resto de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, que fueron incorporadas a la
ponencia de acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, se referían a variantes de carreteras que pasan por


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el centro de villas importantes de Galicia o bien para acabar de estructurar algunas áreas metropolitanas con dificultades de acceso por carretera, como el caso de A Coruña, u obras que están comprometidas pero que no se ejecutan y que eran
muy importantes, como A Mariña Lucense, que quedaron descolgados de la autovía del Cantábrico.



Con esta misma filosofía, hemos presentado otra serie de enmiendas que no están incorporadas a la ponencia y que se dirigen especialmente a impulsar el ferrocarril como un instrumento dinamizador de áreas en retroceso o bien para que accedan
líneas férreas que hoy están en vigor y, por lo tanto, que tienen servicios ferroviarios, a polígonos industriales. A esta filosofía corresponde, en concreto, el interés por que se construya una estación terminal de carga y descarga en la vía
férrea de FEVE a su paso por Ribadeo -hoy ya hay los terrenos oportunos en el polígono industrial que se está construyendo-, o bien el proyecto de ferrocarril A Coruña-Bergantiños-Costa Da Morte, que es un viejo proyecto ya de inicios del siglo XIX
y que sería fundamental desde el punto de vista de la incardinación de los puertos de la costa coruñesa y para la dinamización de un área que seguramente ya será famosa no solamente por las catástrofes naturales sino también por el gran retroceso
demográfico y la baja renta per cápita de sus habitantes.



Aparte de esto, desde el punto de vista ferroviario es importante sacar de la situación de parálisis el tramo Vigo-Ourense. Debe ser clarificada la opción que se debe escoger, bien modernizando la línea actual por el Miño o bien asumiendo
el tramo Pontevedra-Carballino por Cerdedo. En todo caso, no es posible continuar solamente con una política propagandística por parte del Gobierno, que dice asumir el itinerario Vigo-Ourense, pero que nunca se desbloquea por lo menos para que
podamos saber qué tipo de proyecto, por dónde va a ir y cuál sería, en todo caso, la perspectiva o el horizonte temporal. Después, hay otras cuestiones que tienen que ver con optimizar grandes infraestructuras que están en ejecución prácticamente
terminadas, como el puerto exterior de Ferrol, una plataforma logística de gran importancia, pero que, aparte de que aún no cuenta con acceso por carretera -que se está ejecutando de forma acelerada y urgente-, no se contempla para nada el acceso
ferroviario.
Ustedes comprenderán que en un puerto de tal importancia, que tuvo un gran impacto de carácter medioambiental, si no se construye el acceso ferroviario quedará condenado prácticamente a las mercancías que hoy tiene: el carbón, de
importación para Endesa, y la ferralla para Cegasa.
Si se quiere contar con las potencialidades y las posibilidades de los contenedores o de un tráfico de mercancías variado, está claro que este puerto tiene que tener acceso ferroviario.



Hay una serie de actuaciones que están relacionadas con el transporte por carretera y también con la mejora de ciertas infraestructuras que merecen, cuando menos, un cuidado mayor desde el punto de vista medioambiental o de mejorar sus
condiciones debido a la intensidad del tráfico. En concreto, nos estamos refiriendo a la necesidad de modernizarla y adaptarla a unas características que la priven de ser un punto negro y, por lo tanto, capaz de absorber el tráfico que hoy tiene la
autovía Vigo-Porriño, una vieja demanda que no acaba de cumplirse; en segundo lugar, rebajar el peaje de Rande para todos aquellos que vienen de Santiago-Pontevedra, ya que solamente fue eliminado para los habitantes de Morrazo; y, en tercer
lugar, dotar, en concreto, al Ayuntamiento de Ames, al núcleo urbano de Milladoiro, de una variante que le libre del tráfico intensísimo de camiones y de transporte convencional por carretera en la N-550, al igual que dotar de protección sonora a la
AP-9, a su paso por A Barca, en el ayuntamiento de Poio, debido al gran impacto ambiental que provoca el intenso tráfico por esta zona de la autopista del Atlántico a su paso por un núcleo urbano muy concentrado como es precisamente el de A Barca.
No se puede explicar que la carretera que tiene más intensidad de tráfico, incluso de camiones, que va, en concreto, de Santiago a la A-6 por Curtis, y que es la relación natural de Galicia con toda la cornisa cantábrica, siga siendo una carretera
convencional y no se haga ningún esfuerzo para desdoblarla en una especie de autovía. Este desdoblamiento de la carretera, convirtiéndola en autovía, entre Lavacolla y la A-6 es una necesidad urgente y realmente no se explica que se pueda realizar
una autovía Santiago-Lugo por Melide y que, sin embargo, esta carretera, que tiene mucha más intensidad de tráfico y articula incluso las relaciones internas de Galicia y con toda la cornisa cantábrica, vaya a quedar prácticamente en una carretera
convencional.



Hay algún pequeño problema que es motivo de continuas iniciativas por parte del Bloque Nacionalista Galego, que son las mejoras del servicio de Correos, especialmente en el referido -ya tiene el suficiente estudio por parte de la entidad
pública de Correos- a dotar al lugar, la parroquia y el núcleo urbano de Esteiro, en el ayuntamiento de Muros, de una oficina de Correos adecuada para este núcleo poblacional de 3.000 habitantes.



Como en muchas otras secciones, en esta especialmente, instamos a que se acepte la enmienda 2115, dirigida a que figure la toponimia del país correctamente y no con las contradicciones que aparecen en el propio texto del Gobierno. Unas
veces es La Coruña, otras A Coruña; unas veces es Orense, otras Ourense; unas veces es Villagarcía de Arosa, otras Vilagarcía de Arousa. Esto habría que homogeneizarlo respetando la ley, que dice que los topónimos de Galicia son las formas
originarias y, por tanto, las formas oficiales conforme no solamente a leyes autonómicas, sino que en el caso también de las provincias de A Coruña y Ourense conforme a ley aprobada por este Congreso de los Diputados.



Votaremos favorablemente las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, algunas de ellas dirigidas a los mismos temas a los que he hecho alusión, en concreto, la variante de Milladoiro, la autovía Vigo-Porriño y también la línea de alta
velocidad Ourense-Vigo, que,


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vuelvo a repetir, es una vieja demanda por lo menos de clarificación del proyecto, y también la relación Pontevedra-A-52 y la dotación de un corredor apropiado a la intensidad de tráfico entre Ponferrada-Monforte-Ourense.



El señor PRESIDENTE: Para contestar a estas enmiendas tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor De la Encina.



El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defender los presupuestos presentados por el Gobierno a la sección 17, Ministerio de Fomento, y sus organismos y entidades públicas y, a la vez, dar
respuesta a las enmiendas que se han planteado por los distintos grupos parlamentarios, explicar el porqué de sus rechazos y el porqué de la aceptación de muchas de ellas, que han sido transaccionadas conjuntamente con Esquerra Republicana,
Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, con el Bloque Nacionalista Galego o con Coalición Canaria, entre otros.



Entrando ya en la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular a la sección 17 tengo que decir que dicha enmienda se justifica en que las inversiones son insuficientes, que no se pueden ejecutar en los plazos previstos, extiende
una crítica a los distintos modos de transporte y termina con unas conclusiones que resultan contradictorias, a nuestro entender, ya que se menciona un bajo grado de ejecución presupuestaria, con una reducción, según dice el Grupo Parlamentario
Popular, de la licitación respecto a 2006 y también se menciona en dicha enmienda un elevado grado de incumplimiento de compromisos con ejercicios anteriores. Concluye la enmienda del Grupo Parlamentario Popular diciendo que se sigue parando la
inversión y, por tanto, el crecimiento económico.
Para nosotros, se trata de meros juicios de valor del grupo enmendante que no se apoyan en datos contrastables, ya que existe una clara confusión entre la cifra de presupuestación y de ejecución
final, que se puso de manifiesto en las comparecencias que tuvimos el mes pasado de los altos cargos del Ministerio de Fomento. En definitiva, dicha enmienda a la totalidad incurre en una contradicción que no es precisa ni acertada.
En todo caso,
quiero decir que la política de infraestructuras del Ministerio de Fomento queda reflejada en el que es el mayor instrumento de planificación que nunca antes ha tenido España: el Plan estratégico de infraestructuras y transporte, que recuerdo que
ha sido ampliamente consensuado con toda la sociedad civil, económica, sindical, durante más de un año y fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado día 15 de julio de 2006. Por tanto, el Ministerio de Fomento y sus organismos públicos han
elaborado este proyecto de presupuesto de manera coherente con el grado de desarrollo de cada una de las actuaciones en marcha que contempla el PEIT, iniciando e impulsando aquellas nuevas actuaciones que marcan las directrices del Plan estratégico
de infraestructura y transportes y, sobre todo, algo que no se había hecho hasta ahora en los últimos ocho años, buscando un equilibrio territorial y presupuestario.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que los sistemas de
financiación establecidos han sido los adecuados para estas actuaciones que se contemplan en el PEIT.



Una vez que creo que he dado respuesta suficiente a los argumentos de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular, con respecto a las enmiendas parciales en el ámbito de las carreteras, que son muchísimas, me referiré a las
que considero más importantes. En este sentido, tengo que destacar, en primer lugar, las números 1303 a 1360, 1366 a 1376, 1380 a 1382, 1394 a 1395, 1398 a 1399, 1401 a 1404, 1420 a 1454, 1456 a 1462, 1466 a 1479. En todas ellas se solicita un
incremento de la dotación presupuestaria de las correspondientes partidas del proyecto de presupuesto de la Dirección General de Carreteras y, a la vez, se pide una disminución del programa de carreteras 453. Pues bien, nosotros entendemos que no
podemos aceptar dichas enmiendas porque la dotación que figura en el proyecto de presupuestos es la adecuada, sobre todo considerando los compromisos fijos y la situación administrativa de esos proyectos, que hacen inviable la petición de estas
enmiendas que plantea el Partido Popular.



Hay otro grupo de enmiendas importantes la 1390, 1391, 1419, 1418 y 1486 a 1489, que solicitan la inclusión de nuevas partidas en el proyecto presupuestario también de la Dirección General de Carreteras. El Grupo Parlamentario Socialista
entendemos que estas enmiendas no se pueden aceptar ya que estas actuaciones de conservación de carreteras se encuentran recogidas ya en los Presupuestos Generales del Estado, pero en partidas globales de cada provincia y por eso no aparecen
singularizadas.
En todo caso, recogemos la propuesta que hace el Partido Popular y se estudiará su conveniencia dentro del programa de conservación y seguridad vial de cada provincia.



Hay algunas enmiendas importantes, como la 1377, que pide incluir una nueva partida presupuestaria de 9 millones de euros para la cofinanciación de la autovía Segovia-Valladolid. Quiero decir al Partido Popular que no se puede aceptar dicha
enmienda porque, para llevar a cabo lo que pide, se requiere un convenio de cofinanciación y de participación de la Junta de Castilla y León y no existe, por ahora, ese convenio. Por tanto, no decimos que no, sino que hay que dar ese paso previo.
Algo parecido ocurre con las enmiendas 1440, 1406 y 1407 a 1409. Tenemos que decir que todas las actuaciones que se contemplan en las enmiendas que acabo de señalar están incluidas en partidas presupuestarias bajo la denominación: otras
actuaciones convenios de Canarias. Por tanto, no decimos que no, sino que se lean el presupuesto porque esas enmiendas están incluidas bajo el epígrafe del que acabo de hacer mención.



También, por señalar algunas -son más de mil enmiendas las que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular-, quiero referirme a la 1387, del ámbito de


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carreteras, en la que se pide incluir una nueva partida presupuestaria de 120 millones de euros para transferencia de capital a las comunidades autónomas. Tenemos que decir que esto no se puede aceptar porque las actuaciones del convenio de
carreteras con las Islas Baleares, que es a donde se refiere específicamente esta enmienda, se incluyen en el capítulo 7, y el anterior convenio de carreteras fue resuelto por el Ministerio de Fomento en el año 2005 y actualmente se encuentra en
tramitación un nuevo convenio. Quiero decir con esto, y podría decir muchas cosas más de por qué no a las enmiendas de carreteras, que todas ellas tienen una justificación real y no es simplemente por decir que no.



Algo parecido ocurre en el ámbito de ferrocarriles. Por citar alguna, quiero referirme a las números 1302, 1296, 1292, 1270 y 1268, todas ellas referidas a ferrocarriles. En ellas se piden distintas actuaciones, por ejemplo la 1302 se
refiere al proyecto de conexión ferroviaria con la dársena exterior del puerto de Ferrol. Las restantes enmiendas que he señalado tienen un objetivo final y, por no extenderme, no voy a hacer referencia a ellas. En todo caso, estas enmiendas se
rechazan porque las actuaciones que se proponen deben estudiarse en el ámbito del PEIT. Yo sé que al Partido Popular, lo ha dicho antes su portavoz, no le vale el PEIT, pero yo le tengo que decir que el PEIT es un instrumento riguroso de
planificación, consensuado con toda la sociedad civil, que está por encima incluso de este Gobierno y marca una planificación de obras públicas hasta 2020. Entiendo que al Partido Popular no le valga el PEIT, pero tiene que entender que, en base al
criterio del Gobierno, que es el que tiene que hacer su presupuesto, el que ustedes presenten enmiendas pidiendo estas actuaciones fuera de lo que contempla el PEIT no puede ser aceptado por el Grupo Socialista. Ocurre lo mismo con otro tipo de
enmiendas, concretamente las números 1259, 1244, 1288, 1290 y 1297, en las que se piden distintas actuaciones de soterramiento de vías, de recuperación de núcleos urbanos que fueron antiguas vías de ferrocarril o de integración del ferrocarril, por
ejemplo, concretamente en lo que se refiere a la 1244, de FEVE en León. En todo caso, se justifica el rechazo a todas estas enmiendas porque las actuaciones que se plantean son fundamentalmente urbanísticas y tiene que saber el Partido Popular que
deben abordarse en coordinación con las administraciones competentes en esta materia de los territorios afectados y siempre mediante un convenio de cofinanciación, cuestión que no tiene en cuenta el Partido Popular.
Por estas razones, no podemos
aceptarlas.



En otro modo de transporte ferroviario, en FEVE, el Partido Popular nos plantea la enmienda número 984, referida concretamente a Galicia, a la mejora de las líneas de FEVE, con un incremento de 3,5 millones de euros.
Tenemos que decir que
se rechaza porque las inversiones previstas por FEVE en Galicia para 2007 en el programa de obras en líneas ascienden a 4.470.000 euros, que es un importe suficiente, incluso superior, curiosamente, al que el propio Partido Popular pide en su
enmienda a los presupuestos, que es de tres millones y medio. Por tanto, pueden estar tranquilos en ese sentido, porque el Gobierno ya ha introducido una partida presupuestaria que es superior a la que ustedes solicitan.



En otro ámbito concreto, como es el de Correos, tengo que decir al Grupo Parlamentario Popular, que presenta una enmienda, la 1236, que habla del proyecto de creación de una oficina de Correos en Barbadás, en Orense, por citar un ejemplo,
que no tiene justificación porque no contiene la información mínima necesaria para determinar a qué secciones, a qué servicios, a qué programa o artículo afectaría dicha enmienda ni la modificación presupuestaria concreta que se pretende, por lo que
no es posible ni siquiera pronunciarse favorablemente sobre la misma. Lo digo también como toque de atención en cuanto a la forma de presentar las enmiendas; lo digo con todo respeto, porque yo sé que son pocos días y hay que presentar muchas,
pero hay veces que las enmiendas -y como esta hay muchas- que no se pueden llegar a identificar porque no están correctamente presentadas.



Podría estar mucho más tiempo argumentando el porqué de muchas enmiendas que se rechazan, pero no lo puedo hacer por la escasez de tiempo.
Quisiera hacer una somera referencia a todos los grupos parlamentarios.
Respecto a las enmiendas de
CiU, porque no han presentado enmienda a la totalidad, en el ámbito de carreteras, por ejemplo la enmienda 2888, que pide un incremento de 50 millones de euros para el desdoblamiento del eje transversal, junto con la enmienda 2948, que pide para la
N-II una rotonda de acceso a la autovía Lleida-Barcelona, tenemos que decir que en estas dos enmiendas, y en otras muchas que no voy a citar por no estar media hora, porque son muchísimas las que he intentado aglutinar, como son las números 2886,
2889 a 2893 y otras, no figura la dotación que se solicita, porque consideramos que la dotación que aparece en los Presupuestos Generales es la adecuada con respecto a los compromisos fijos y a la situación administrativa en la que se encuentran
estos expedientes. Por tanto, señoría, no es por decirles que no, sino porque entendemos que en la fase administrativa y técnica en la que se encuentra esta multitud de enmiendas que ustedes han presentado a la Dirección General de Carreteras no es
posible incrementarlas porque no se podrían acometer esos proyectos, repito, por la fase en la que actualmente se encuentran.



Con respecto a las enmiendas números 2894, 2896, 2949 y 2967 a 2975, por citar otro grupo de enmiendas, quiero decir que las actuaciones de conservación de carreteras se encuentran recogidas en partidas globales para cada provincia y que en
todo caso se estudiará su conveniencia dentro del programa de conservación y seguridad vial de cada provincia.
Por otra parte -y me estoy refiriendo al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió-, las enmiendas 2963 a 2966, en las que se pide un
incremento de 100 millones de euros, la creación de una partida presupuestaria para la eliminación de


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barreras de peaje de la C-16 y de la C-33, en Rubí y Mollet del Valles respectivamente, así como la subvención de los peajes de la autopista AP-7 en Martorell para los usuarios residentes, quiero decirle que se han formulado propuestas de
liberalización de peajes en un gran número de tramos de autopista, lo que hace que la eliminación de un peaje no pueda considerarse de forma aislada, ya que conlleva una opción política de fondo, sobre todo en el sector de las autopistas, que
acarrearía el pago de indemnizaciones multimillonarias por el Estado, que podrían alcanzar un valor inasumible. Lo digo porque es una enmienda que se repite en otros ámbitos y a la que este grupo parlamentario ha venido dando respuesta a lo largo
de la legislatura. Con esta argumentación creo que contesto a otros grupos que plantean peticiones parecidas a estas.



De las enmiendas referidas a ferrocarriles del Grupo de Convergència i Unió, destacaría, entre otras, las números 2976, 2977, 2984 a 2987, 2990 a 2999, 3008, y 3011 a 3024. Estas enmiendas se refieren a actuaciones derivadas, por ejemplo la
2976, del Plan de mejora de cercanías de Barcelona, o la 2977, a la ejecución de las obras de Premià de Mar, y solicitan un incremento de presupuesto. Quiero decirles que los Presupuestos Generales del Estado ya contemplan inversiones para estas
actuaciones y no es posible incrementarlos más, porque obviamente los presupuestos tienen un límite, pero, repito, existe dotación presupuestaria para la situación administrativa en la que se encuentran estos proyectos.



También quiero mencionar la enmienda 2979, que se refiere a la financiación de la línea 9 del metro de Barcelona, en la que se pide un incremento de 40 millones de euros, la enmienda 3026, que se refiere a la línea Manacor-Cala Ratjada, en
la que se pide un incremento de 23.974.000 euros, o la enmienda 3028, relativa a la línea Santa Ponça-Arenal, en la que solicitan 300.000 euros más. Quiero decir que este paquete de enmienda se rechaza porque estas actuaciones no son competencia
del Ministerio de Fomento y, por tanto, no puede asumir ese incremento. Lo mismo ocurre, en otro sentido, con la enmienda número 2978, que se refiere al cuarto cinturón ferroviario Vilanova-Vilafranca-Martorell-Terrasa-Sabadell. No podemos aceptar
esta enmienda porque las actuaciones que se solicitan se enmarcan dentro de un protocolo firmado el 28 de septiembre de 2006 entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat de Catalunya, concretamente con el departamento de política territorial y
obras públicas de la Generalitat de Catalunya.
Por tanto, nos atendremos a dicho protocolo y no podemos aceptar la enmienda que se plantea.



También hay que señalar por qué no se acepta la enmienda 2988, que se refiere al ramal de Vallès con el puerto de Barcelona, en la que se pide un incremento de 22 millones de euros, o la enmienda 2997, sobre la línea férrea Mora la
Nova-Falset-Reus, en la que se pide un incremento de 10 millones. Estas actuaciones ya se encuentran contempladas presupuestariamente y de una manera adecuada tanto en los presupuestos de Seitt como en los de ADIF y, por tanto, no es que digamos
que no, sino que entendemos que tiene un presupuesto suficiente en ambas empresas públicas.



Por ir concluyendo con las enmiendas referidas a ferrocarriles, quiero mencionar también la número 3005, que se refiere a la ampliación de la capacidad del tramo Barcelona-Mataró. No podemos aceptar el incremento que se pide porque las
actuaciones en materia de cercanías se van a abordar de manera global en el marco del Plan sectorial ferroviario que desarrolla el PEIT, como he dicho antes, aprobado por el Gobierno el 15 de julio de 2005. Lo mismo ocurre con la enmienda 3025, que
solicita un incremento para un nuevo puente sobre las vías de RENFE en un municipio de Cataluña, en Sant Miquel de Gonteres. Decimos que no a este tipo de actuaciones puntuales porque la Dirección General de Ferrocarriles dispone de un programa
genérico, denominado contratos de asistencia técnica, con cargo al cual se puede iniciar la realización de los estudios necesarios para definir esa actuación. Por tanto, no decimos que no sin más, sino que hay un motivo de por qué decimos que no y
es porque en este caso concreto ya se prevé, a través de ese contrato de asistencia técnica, la actuación de la Dirección General de Ferrocarriles. Podría citar muchísimas más argumentaciones en relación con otras enmiendas referidas a
ferrocarriles, pero quiero dar un repaso a los distintos modos de transporte. En este sentido, por ir a aeropuertos, y me refiero -reitero- al Grupo Catalán (Convergència i Unió), deben saber que decimos que no a la enmienda número 3035, donde
piden acometer obras de ampliación en la terminal y construir una segunda pista en el aeropuerto de Girona-Costa Brava por haber superado las previsiones -dice el grupo enmendante- contempladas en el plan director, y piden un incremento de 5
millones de euros, y a la enmienda número 3036, en la que piden acometer obras de ampliación en el aeropuerto de Reus, por haber superado también las previsiones del plan director, porque las actuaciones del Plan de Infraestructuras de AENA -saben
ustedes que es el organismo público que gestiona el espacio aéreo y la aviación civil- ya están programadas de forma que se acometen en la cuantía y en los plazos óptimos que tiene contemplados AENA. En ambos casos -me parece una enmienda
importante- su desarrollo aeroportuario se ajusta a lo especificado en sus respectivos planes directores, que fueron aprobados muy recientemente, el 13 de julio de 2006, y se está atendiendo el crecimiento de demanda de tráfico esperado por dichos
aeropuertos. En todo caso, hay un plan director aprobado hace solo unos meses que tendrá su mecanismo de corrección si se observa a lo largo del año 2007 que es necesario incrementar esos presupuestos. Ocurre algo parecido con la enmienda número
3037, referida a aeropuertos, donde se solicita dotar presupuestariamente el aeropuerto de la Seu d'Urgell, para expropiaciones de terreno para construir una pista e instalaciones y que esté listo en el año 2007; es decir, dentro de unos meses.
Tenemos que decir que


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no porque la naturaleza, la competencia y el régimen de gestión del referido aeropuerto se encuentran actualmente en fase de estudio. Quiero decir, señoría, que de alguna manera todas las enmiendas -y podíamos estar aquí unas cuantas horas-
tienen su justificación y no decimos que no sin más. Están justificadas todas ellas, pero existe una argumentación de por qué decimos que no. En el mismo sentido, y ya por extenderme también a otros grupos parlamentarios, sobre todo a los grupos
más minoritarios pero no por ello menos importantes, como es el Grupo Mixto, quiero decir lo siguiente. Se han aceptado bastantes enmiendas de don Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego, y todavía se está en fase de poder aceptar
otras, pero quiero señalar que entre las que no se han podido aceptar -porque quiero recordar que se ha aceptado un gran número de enmiendas del Bloque Nacionalista Galego-, por ejemplo, la enmienda número 2093 o la enmienda número 2095, que en
ambas se piden estudios de viabilidad, de acceso ferroviario, por ejemplo, al puerto de Ferrol, o estudio de viabilidad de una línea que una la comarca de Bergantiños con A Costa da Morte, en Coruña. En este caso, señor Rodríguez, nosotros decimos
que estas actuaciones no están incluidas en el PEIT, lo cual no quiere decir que no sean importantes, que lo son, pero en principio, al no estar incluidas en el PEIT y diseñarse un presupuesto en el año 2007 sobre la base del PEIT, es difícil que
podamos aceptar estas enmiendas. Podría citar también otras enmiendas, como son la número 2096, en la cual se pide un incremento de 500.000 euros para la partida presupuestaria de la autovía A-52, en el tramo Vigo-Porriño, o la número 2097, para la
línea de alta velocidad Vigo-Orense, o la número 3323, para la transformación de la estación de Santiago en estación intermodal. Quiero decir que no se aceptan estas enmiendas porque ya lo están en las enmiendas números 3394, 3397 y 3327, que están
firmadas por los dos grupos. Por tanto, de alguna manera son enmiendas que deberían decaer. Por último, en cuanto al Bloque Nacionalista Galego, también considero importante justificar por qué no se acepta la enmienda número 2091, en la que piden
la construcción de una terminal de carga y descarga al lado del polígono industrial de Ribadeo, y es porque esta iniciativa corresponde adoptarla a la Comunidad Autónoma de Galicia en aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Con
ello quiero decir, en el mismo sentido que lo anterior, que no decimos sin más que no, sino que no podemos porque hay aspectos que nos hacen imposible decir que sí. En los casos que hemos visto de numerosas enmiendas que nos han parecido
importantes, que se encajan en el presupuesto y que son razonables, las hemos aceptado. Algo parecido ocurre con la Chunta Aragonesista, a la que se le han aceptado una gran cantidad de enmiendas, pero existe otro grupo, como son las números 95 a
108, 136, 139 y 140, a las que hemos tenido que decir que no por una justificación razonable que ya el diputado de la Chunta conoce; en todo caso, la mayoría son enmiendas que no están dentro del PEIT, que, aunque al Grupo Parlamentario Popular no
le resulta importante, para nosotros es la columna vertebral de la configuración de nuestro presupuesto. Lo mismo puedo decir respecto a doña Begoña Lasagabaster, o al Grupo Nafarroa Bai, doña Uxue Barkos. Por citar algunas enmiendas de EA, señalo
concretamente las enmiendas números 694 a 699 o la 701. Tenemos que decir a todas ellas que no -piden, por citar algún caso, la construcción de un apeadero en Amara, la instalación de pantallas acústicas en Donostia o el soterramiento de las vías
FEVE en Bilbao- porque o bien son actuaciones que no están incluidas en el PEIT y debería estudiarse su inclusión en ese ámbito, o bien son actuaciones fundamentalmente urbanísticas y, en este caso, debería convenirse a través de la comunidad
autónoma el consiguiente plan de cofinanciación.
En cuanto a Nafarroa Bai, señora doña Uxue Barkos, se le rechazan las enmiendas números 738 y 739, que se refieren a la conexión de Navarra con la autovía Pamplona-Huesca y a la recuperación de la
línea férrea Soria-Castejón, porque no están incluidas en el PEIT. Por tanto, no tiene cabida su aceptación. En el caso de la enmienda número 773, que pide rotular en eusquera el aeropuerto de Pamplona, podríamos entrar en una disquisición sobre
lo que dice el artículo 9.1 del Régimen Foral de Navarra, pero, para ir al grano, quiero decirles que ahora mismo el plan director del aeropuerto de Navarra está en plena ejecución y que no es el momento de llevar a cabo dicha señalización, sin
embargo existe el compromiso de AENA de que en el momento en que pudieran estar concluidas dichas obras y finalizada toda la reprogramación, prácticamente es un nuevo aeropuerto lo que va a quedar allí dentro de unos años, estoy convencido de que
AENA no tendrá ningún inconveniente en que quede rotulado. De hecho, hay multitud de dependencias, entre ellas la propia Delegación del Gobierno, que están rotuladas en vascuence. Yo he podido hablar esta misma mañana con el delegado de Gobierno
sobre este tema y no he tenido oportunidad de hablar personalmente con el presidente de AENA, pero me consta que no va a haber inconveniente, cuando la situación de las obras del nuevo aeropuerto lo permita, en dar cabida a la petición de esta
enmienda.



Coalición Canaria presenta tres enmiendas, las números 3235, 3267 y 3268.
En la enmienda número 3235 se pide un incremento de 40 millones para expropiaciones para el aeropuerto de Gran Canaria. Esta enmienda es importante para Coalición
Canaria y también para nosotros, pero no podemos aceptarla porque las actuaciones de ampliación del aeropuerto de Gran Canaria requieren unos terrenos que se irán adquiriendo por AENA conforme vaya siendo preciso dentro del cumplimiento riguroso de
lo que marca la Ley de expropiaciones forzosas. Por tanto, será en ese momento, cuando avancemos en la aplicación de esa Ley de expropiaciones forzosas, cuando podamos acometer dichas expropiaciones de terrenos para el aeropuerto de Gran Canaria.



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Mientras tanto, y en vista de que en el año 2007 no va a ser posible, no se considera oportuno introducir esta partida importante de 40 millones que solicita. En el mismo sentido Coalición Canaria pide 15 millones de euros para incrementar
los proyectos del Puerto de Arrecife, del Puerto del Rosario y del dique de Santa Cruz de Tenerife. No podemos aceptar estas enmiendas porque las aplicaciones y los orígenes, tanto del Puerto de las Palmas como del de Santa Cruz de Tenerife se
adoptan de acuerdo con las propias autoridades portuarias de Canarias. Por cierto, tiene mayoría absoluta en el consejo de administración la comunidad autónoma y, por tanto, el Ministerio de Fomento no puede llevar a cabo dicha inversión si no hay
un previo acuerdo de los consejos de administración de dicha comunidad autónoma, donde tiene mayoría Coalición Canaria. Por otro lado, tengo que decir que incrementar las aplicaciones a costa de endeudar y debilitar la propia situación financiera
de estos puertos de Canarias y de Tenerife sería ponerlos en una posición de falta de competitividad y dificultar el compromiso del programa de inversiones que tienen acordado.



Por último, en cuanto a la enmienda número 3268, que pide un incremento de 15 millones de euros para efectuar diversas actuaciones en algunos aeropuertos canarios, tengo que decir que las actuaciones de infraestructura en los aeropuertos de
AENA están programadas de forma que se acometen en la cuantía y los plazos oportunos para atender la demanda de tráfico aéreo esperado y, por tanto, no se puede aceptar dicha enmienda.



Señoría, podría estar dando argumentación amplia a todos y cada uno de los grupos que tienen enmiendas presentadas, pero no le quiero cansar. Creo que he agotado ya el tiempo que se me da y le agradezco la amabilidad.
(El señor Rodríguez
Sánchez pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, es para hacer una aclaración técnica porque efectivamente hay una enmienda que está repetida dos veces, pero yo no sé si esto es responsabilidad nuestra. En concreto es la enmienda número 3323,
que habla de la transformación de la estación de Santiago en estación intermodal, que se vuelve a repetir en la enmienda 3327. Creo que ahí hay una duplicidad y se trata de una sola, pero eso no sé a qué se debe.



El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, lo propio en estos casos es retirar la que no sea oportuna o resolverlo precisamente antes de la votación de mañana. Habrá una fórmula técnica para o bien retirar una o bien darla por integrada, pero
resolverlo técnicamente para cuando hagamos las votaciones.



El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, por eso he hecho referencia expresamente en mi intervención a ella porque habrá que aclarar cómo aparece. En todo caso, lo hacemos a posteriori.



El señor PRESIDENTE: Como estamos en hora, vamos a tratar la sección 23, que es la de medio ambiente. Comenzamos con la sección 23 y reitero que a las ocho votaremos hasta la sección 25.



Para la defensa de las enmiendas de esta sección 23 tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, señora De Lara.



La señora DE LARA CARBÓ: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un elevado número de enmiendas parciales a la sección 23 y una enmienda a la totalidad de la sección.



Nosotros creemos que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene claros los objetivos y, por consiguiente, nuestras enmiendas tienden a subsanar, en la medida de lo posible, la falta de orientación, de objetivos y de estrategia en política
medioambiental que se refleja en los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente.



En lo que se refiere a solucionar los problemas del agua en España, el fracaso del ministerio puede considerarse estrepitoso. No ha existido, señorías, una planificación hidráulica. La gestión ha sido únicamente a través de obras de
emergencia y a través de declaraciones de interés general, eludiendo las propias normas que el ministerio y el Grupo Socialista establecieron en la modificación del Plan Hidrológico Nacional. Presentan como novedosas actuaciones ya programadas,
como el famoso Plan de choque de modernización de regadíos, que es un compendio de las actuaciones de modernización de regadíos del Plan Hidrológico Nacional y del Plan Nacional de Regadíos, y no ofrecen más que modificaciones en distintos aspectos
de la Ley de Aguas. Se apuntan fervorosamente a lo que hace un tiempo denostaron, como los centros de intercambio de derechos de agua y la flexibilización del régimen concesional en épocas de sequía, y amenazan constantemente con crear impuestos
sobre el agua. Las últimas propuestas de la ministra de gravar el consumo de agua de uso urbano... (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora de Lara. Ruego, por favor, que atiendan a la interviniente y, si tienen que discutir algún tema, salgan fuera.



Señora De Lara, continúe.



La señora DE LARA CARBÓ: Decía que la última propuesta de la ministra de gravar el consumo de agua de uso urbano por encima de los 60 litros por habitante y día nos parece un auténtico disparate y una injerencia inaceptable en las
competencias municipales -todos sabemos que el abastecimiento urbano es competencia municipal- y más bien nos parece una cortina de humo


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para evitar que se hable de algunos de los estrepitosos fracasos de la política medioambiental.



Los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente, por otro lado, no son creíbles y no lo son porque año tras año se consignan grandes cantidades a numerosas partidas que no se ejecutan. El grado de ejecución de las sociedades estatales de
agua es escandaloso. La sociedad Aguas de la Cuenca del Ebro, 13,66 por ciento en el año 2005; Aguas de la Cuenca del Segura, 14,92 por ciento en el año 2005 y Acuamed, 20 por ciento en el año 2005. Con estos datos, señorías, los presupuestos en
política de aguas carecen de valor y de toda credibilidad.



Nos encontramos también en los presupuestos con grandes partidas presupuestarias para algunas infraestructuras y estas partidas se incrementan año tras año, sin embargo, la situación de la infraestructura sigue siendo la misma que hace dos
años. Ponemos un ejemplo muy sencillo, el embalse de la Breña en la provincia de Córdoba y el embalse de Castrovido en la provincia de Burgos. Tienen dotaciones presupuestarais enormes, se van incrementando cada año, a veces se duplican y, sin
embargo, no se ejecutan. A su vez, hay numerosas infraestructuras que aparecen y desaparecen de los presupuestos y otras que se dilatan en el tiempo sin motivo objetivo alguno. Las nuevas desaladoras del programa AGUA que debían sustituir al
trasvase del Ebro ni siquiera tienen reflejo presupuestario, lo tienen algunas de las desaladoras ya incluidas en el Plan Hidrológico Nacional.



En una respuesta parlamentaria, preguntando cuáles eran las desaladoras puestas en marcha en el año 2005, se nos dijo que eran tres, la de San Pedro del Pinatar, que estaba ya próxima a finalizar, la de Carboneras, que se ha inaugurado al
menos siete veces porque ya funcionaba en la época del anterior Gobierno y la de Marbella, construida en su momento por don Jesús Gil y que no se había puesto en marcha porque no había hecho falta agua en su momento.



Vemos que en el presupuesto de las confederaciones hidrográficas, en aquellas confederaciones con mayores problemas de agua disminuyen las inversiones en nuevas actuaciones. Así, en la Confederación del Júcar las nuevas actuaciones
disminuyen un 73,26 por ciento; en la Confederación del Segura, el 10,28 por ciento, y en la Confederación del Tajo, el 57 por ciento. ¿Qué ocurre con estos presupuestos? Consideramos que estos presupuestos no son solidarios.



Siguen ustedes estudiando la viabilidad de numerosas actuaciones del anexo II del Plan Hidrológico Nacional, anexo que la señora ministra no hace más que reiterar que no se ha derogado y, sin embargo, dejan de estudiar la viabilidad de
numerosas actuaciones de emergencia, que es la forma en que el Ministerio de Medio Ambiente gestiona la política de agua, o actuaciones que pactan ustedes por intereses políticos. Pongo como ejemplo el abastecimiento a la Sagra-Este, para el
municipio de Seseña y para la nueva urbanización, para los 50.000 habitantes que se esperan en Seseña, un secarral de la provincia de Toledo que no tenía ni una gota de agua y al que ustedes destinan una enorme partida presupuestaria; humilde este
año, pero enorme el año que viene y el siguiente.



Su insolidaridad en política de aguas ha conducido a un enfrentamiento entre las comunidades autónomas como nunca había existido en España, plasmado en los numerosos recursos de inconstitucionalidad de unas autonomías contra otras.
Consideramos que es escandaloso el sectarismo y el favoritismo político de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente. Mientras que para la Comunidad de Madrid no existe ninguna inversión nueva, pese a que en pocos años ha incrementado su
población de 5 a 6 millones de habitantes, para la Comunidad Autónoma de Cataluña la inversión del ministerio se ha incrementado en un 142,19 por ciento, hablo de inversiones nuevas, y la de la Sociedad Estatal Acuamed, inversiones nuevas, 179 por
ciento; Comunidad de Madrid, cero por ciento.



¿Qué decir de los presupuestos en política forestal? Por mucho que ustedes digan que es un error, las partidas presupuestarias para prevención de incendios, para extinción, para la lucha contra la desertización, para la política forestal en
general, se han reducido a la mitad, lo que indica que, pese a las reiteradas proclamaciones que hace el Grupo Socialista después de los incendios ocurridos en Guadalajara, en Huelva y en Galicia, para ustedes la política forestal no es un tema
prioritario.
Después de dos años y medio de Gobierno, siguen ustedes culpando de todas las carencias al Partido Popular, en una clara muestra de impotencia política para resolver los problemas ambientales de España.



En lo que al cambio climático se refiere, no se ha tomado ninguna medida positiva que incentive a los ciudadanos al ahorro energético, al uso del transporte público. Sin embargo, hemos oído muchas amenazas de la ministra de Medio Ambiente,
empeñada en incrementar la fiscalidad de los españoles, en subir las tarifas del agua, las tarifas eléctricas y todo tipo de tarifas que se ponen a su alcance, aunque no sean de su competencia.



De las 245 enmiendas que hemos presentado a la sección 23, la mayoría de ellas son enmiendas territoriales, con las cuales en las distintas provincias en las diferentes comunidades autónomas pretendemos subsanar toda aquellas actuaciones
hidráulicas que ustedes por sectarismo político han olvidado, han desaparecido de los presupuestos o se dilata su actuación a través del tiempo.



Señorías, hemos presentado una serie de enmiendas para dotar con más fondos las partidas destinadas a la lucha contra incendios y a la política forestal, que han experimentado un notable descenso. Intentamos que estas partidas tengan la
cantidad que se merecen. Por cierto, señora portavoz del Grupo Socialista, si como dijo el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad el descenso del presupuesto en política forestal se


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debe a un error -creo que habló de un error informático o de un error en el Ministerio de Economía-, se habría subsanado y los grupos parlamentarios habríamos recibido los presupuestos actualizados sin el error. Esto no ha tenido lugar y
ustedes, ahora que se han dado cuenta, quieren subsanar estas carencias a través de enmiendas que ha hecho el Grupo Socialista.



Quiero destacar tres de nuestras enmiendas. No voy a enumerarlas todas porque sería muy largo, pero quiero destacar tres que por su interés creo que ustedes van a apoyar. Una primera pretende una subvención a las comunidades autónomas para
que se pueda proceder a la profesionalización del personal dedicado a la lucha contra incendios. Decíamos con motivo de los incendios de Galicia este verano y otros veranos que no es posible que una comunidad autónoma tenga solamente retenes
forestales cuatro meses al año. Esto ocurre en la mayoría de las comunidades autónomas porque no tienen presupuesto para ello. El Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de la nación debe ayudar a las comunidades autónomas para que estos retenes
que ahora trabajan cuatro, cinco o seis meses al año puedan hacerlo todo el año y para profesionalizar al personal dedicado a la lucha contra incendios. En este sentido hemos presentado una enmienda para que a través de subvenciones a las
comunidades autónomas puedan profesionalizarlos.



Otra de nuestras enmiendas trata de paliar las pérdidas que tienen lugar en las redes de abastecimiento a los núcleos urbanos. Ustedes han puesto especial empeño en la modernización de los regadíos, dado que en ellos se invierte una gran
cantidad del agua que se consume en España. La medida nos parece buena, ya está incluida en el Plan Hidrológico y en el Plan de Regadíos, pero ahora hay que atacar un segundo frente que es modernizar las redes de abastecimiento. Sabemos que es
competencia municipal, pero, pese a ello, también es competencia del Gobierno de la nación contribuir a este ahorro de agua y por eso en nuestra enmienda solicitamos subvenciones a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, para que puedan
modernizar las redes de abastecimiento y evitar la pérdida que hay en ellas, que por término medio en España es del 35 por ciento.



La última enmienda que creemos importante para combatir el cambio climático trata de crear un nuevo plan que nosotros llamamos Ecoprever.
Está próximo a finalizar el Plan Prever, de sustitución de vehículos, y proponemos un plan Ecoprever
que incentive el cambio de un vehículo usado por un vehículo nuevo menos contaminante, que produzca menos emisiones.
Tiene un doble objetivo: por un lado, disminuir las emisiones del sector transporte (como saben SS.SS., las emisiones del sector
transporte suponen cerca del 30 por ciento de las emisiones de CO2), y por otro, incrementar la seguridad de los vehículos.



Por todo esto, señorías, nosotros exponemos nuestras enmiendas y esperamos que tengan un voto afirmativo de los grupos parlamentarios. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario, Convergencia i Unió, ha presentado a esta sección 23 una serie de enmiendas puntuales dirigidas a objetivos concretos y especiales. Algunas son enmiendas
coincidentes con las que hemos presentado durante los últimos años y van en la dirección de rehabilitar algunas playas, así como proteger y realizar obras de recuperación y consolidación de diferentes paseos marítimos. Seguidamente pasaré a
detallar las más relevantes, pues no quiero dejar de mencionar aquellas enmiendas presentadas a esta sección que consideramos interesantes.



En primer lugar, la enmienda número 3090 hace referencia al compromiso que a nosotros nos gustaría recoger por parte del Gobierno para que se estudie la viabilidad del trasvase del río Roine. Es una cuestión que hemos debatido ampliamente
en Comisión y en el Pleno del Congreso de los Diputados. Es una verdadera lástima que toneladas de metros cúbicos de agua al norte de nuestro país se desperdicien porque los ríos abocan el exceso de su caudal al mar. Sería interesante estudiar la
viabilidad del trasvase del Roine al Estado español. Repito que se trata de una cantidad muy importante de agua y valdría la pena que la pudiésemos aprovechar en España. Cuesta poquísimo dinero, es una cuestión de concepto y quizá podríamos acabar
con la mal llamada guerra del agua entre las diferentes comunidades autónomas, que aparte de no resolver la papeleta genera muchísima crispación. Con ello se podría solucionar la escasez de agua que tienen algunas comunidades autónomas,
concretamente en nuestro país.



Otra enmienda hace referencia al Plan Nacional de Depuración. Proponemos una partida importante para dicho plan en la Comunidad Autónoma de Cataluña, una cuestión que consideramos relevante.



Otras enmiendas van dirigidas a la restauración de las rieras del Maresme, diferentes localidades en las cuales es habitual que en determinados meses del año haya riadas que provoquen muchísimos desperfectos, conllevando en algunas ocasiones
la pérdida de vidas humanas. Vale la pena ser sensible a estas peticiones, pues repito que en algunos casos no son cantidades considerables sino más bien limitadas.



Otra enmienda relevante pretende un incremento de los recursos para el canal Segarra-Garrigues. Es una cuestión que venimos planteando reiteradamente, pues consideramos que las cantidades que se consignan en el presupuesto son
insuficientes.



Otras enmiendas se refieren a la ordenación de determinadas playas, concretamente de Gerona, pero ya hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado una enmienda a nuestras peticiones, para poder llevar a
cabo la ordenación de la playa de I'Estartit. Otra cuestión para nosotros importante


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es la adecuación de algunas costas, playas y paseos marítimos, concretamente de alguna población del Maresme como Arenys de Mar. Hemos tenido también una respuesta positiva a nuestros planteamientos. También hemos conseguido consensuar una
enmienda que va en la dirección de rehabilitar el frente marítimo de Sant Pol de Mar, lo cual seguramente va a ser muy bien acogido por estas poblaciones costeñas.



Otras enmiendas van dirigidas a la reposición de arena de diferentes playas de Girona, Tarragona y Barcelona. (El señor Tardà i Coma: Y Lleida.) Señor Tardà, lamento decirle que a Lleida no llega el mar, no sé si el tripartito lo va a
conseguir, lo dudo (El señor Tardà i Coma: Lo intentaremos.), pero podría ser que en la utopía del subconsciente fuera posible. De todas formas nosotros no hemos planteado que la ordenación de las arenas de las playas lleguen a la provincia de
Lleida.



Otras enmiendas van en la dirección de intentar recuperar algunas playas y también la recuperación medioambiental de la laguna de les Olles del municipio de L'Ampolla, así como una partida nueva para el paseo fluvial de Amposta, que haríamos
extensiva a la dársena fluvial de Amposta y a la construcción de muros del río Ebre en la zona de Ferreries Norte, Tortosa, sobre lo que quisiéramos llegar a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, que da apoyo al Gobierno.



Finalmente hay una enmienda en la que vamos a conseguir el consenso de todas las formaciones políticas para poder adquirir fincas de alto valor ecológico en espacios críticos en relación con el aprovechamiento. Como digo, se va conseguir
una enmienda transaccional de todas las formaciones políticas para poder habilitar recursos para la compra de determinadas fincas de alto valor ecológico. Estas son las enmiendas más relevantes que ha planteado nuestra formación política.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Las doy por defendidas, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: No puedo prometer ser tan breve como el señor Puig, pero voy a intentarlo igualmente.



En primer lugar, en materia de medio ambiente hemos presentado bastantes enmiendas, pero entendemos que el reto ambiental que tiene el Estado español, el Gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, no depende del Ministerio de Medio
Ambiente. La señora Colldeforns sabe cuál es nuestro diagnóstico, que es muy sencillo. Entendemos que en materia de agua las cosas se están haciendo razonablemente bien; que en materia de inversiones la línea va en la dirección correcta, pero las
grandes batallas que hacen que este país prospere adecuadamente desde el punto de vista ambiental el Ministerio de Medio Ambiente no las está ganando. Nos encontramos con que en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Industria acaba
primando siempre una visión -si me permiten- algo desarrollista, cosa que también decíamos antes del Ministerio de Fomento.
Por eso nuestra primera enmienda la hemos presentado al articulado y ya hay acuerdo con el Grupo Socialista, lo cual es muy
importante. Hay el compromiso del Gobierno para que en el transcurso de un año se afronten las reformas en materia de fiscalidad de los tributos existentes y de nuevos tributos para que por fin se lleve a cabo la fiscalidad ecológica, la llamada
fiscalidad verde. Esta es la principal batalla medioambiental que planteamos en estos presupuestos, el signo del compromiso ambiental de estos presupuestos. Tengo que anunciar que hemos conseguido un acuerdo -lo decía esta mañana pero aún no era
firme- para que en el transcurso de 2007 se aborde la fiscalidad verde en el articulado. Aunque algunos duden de las virtudes de la propuesta, entendemos que el gran problema que tiene la economía española es la ineficiencia energética y ambiental
en su modelo de crecimiento. Por eso esta es la mejor de las noticias posibles que podíamos tener en la sección de Medio Ambiente.



Dicho esto, nosotros hemos presentado 132 enmiendas -es la sección a la que más hemos presentado- de las que quisiera destacar algunas en materia de aguas, en materia de residuos -que también es un elemento importante- y en materia de
costas. Quiero destacar también el compromiso adquirido en materia de protección del litoral, y agradecer la buena predisposición de la portavoz socialista. La incorporación de 20 millones de euros en el ejercicio anterior para la protección de
las costas fue una iniciativa nuestra, con una buena predisposición por parte del ministerio y una buena ejecución. Es más, el hecho de que este año incorporemos 10 millones de euros es una muy buena noticia. Un segundo elemento que quiero
destacar en sentido positivo -agradeciendo la buena aptitud, la buena predisposición y el buen trabajo de la señora Colldeforns- es el que se refiere a lo que llamamos en Cataluña el runams salins, la montaña salina que existe hoy en el Bages y que
afecta claramente a la calidad del agua, concretamente en el río Llobregat. Es una excelente noticia que aunque no son los 13 millones que nosotros proponíamos, hemos llegado a una transacción para que se pongan encima de la mesa en torno a cuatro
millones de euros para que en un convenio con la Generalitat se pueda abordar uno de los problemas ambientales más graves que vive claramente hoy la Cataluña central. El tercer elemento de acuerdo, claramente positivo, es la recuperación de la
platja Llarga en Vilanova. Todos conocemos los procesos de depredación del litoral que existen a lo largo y a lo ancho del territorio, concretamente en la costa, y la platja Llarga


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es un excelente ejemplo de lo que es proteger el medio ambiente, por lo que es bueno que tenga una concreción presupuestaria de un millón y medio.



Como he dicho, hemos presentado muchas enmiendas y destacaré algunas en materia de aguas. La número 2583 se refiere a las infraestructuras en el ciclo del agua, con 10 millones de euros. La enmienda número 2588 va en la línea que antes
planteaba y se refiere a la restauración hidrológica ambiental de los residuos salinos del Llobregat, en lo que parece ser que va a haber acuerdo. La enmienda número 2589 se refiere a las inversiones para el saneamiento y depuración en Cataluña. Y
la enmienda número 2590 plantea una propuesta de modernización de regadíos que se está llevando a cabo pero que acentúa precisamente estos procesos.



Señor presidente, hay otras enmiendas como, por ejemplo, la número 2615, que propone la creación de la Agencia española de substancias químicas, propuesta que ya hicimos el año pasado. Es más, nosotros hemos propuesto que esta agencia se
ubique donde existe el principal centro petroquímico del territorio español, que es concretamente en las comarcas de Tarragona, y vamos a seguir insistiendo porque creemos que es una oportunidad. Tarragona es la provincia con más centrales
nucleares del conjunto del Estado y soporta la petroquímica. Entendemos que esta Agencia española de substancias químicas se debería ubicar precisamente en estas comarcas del Camp de Tarragona y que se deberían realizar los estudios preparatorios
para su puesta en marcha. Va a ser importante la aprobación de la enmienda número 2625, que se refiere a la recuperación ambiental de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú. La número 2635 es una enmienda que no va a prosperar pero que marca
hacia dónde queremos que camine el ministerio, en la que se propone que haya una nueva inversión en infraestructuras y bienes destinados al uso general de la Red Natura 2000.



Para acabar, quiero insistir en que nosotros valoramos en su día en el debate de totalidad las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente y dijimos claramente que estaba cumpliendo con la disposición adicional tercera del Estatuto de
Cataluña y, por tanto, con su compromiso con Cataluña. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señor Herrera.



Señorías, ruego silencio para que el interviniente pueda ser oído por lo menos por los servicios de la Cámara para que transcriban sus palabras.



El señor HERRERA TORRES: El señor Sánchez i Llibre está excitado, no sabemos por qué. (La señora Lara Carbó: ¡Está claro!-El señor Tardà i Coma: Está en estado de shock.)


El señor PRESIDENTE: Ya, pero debe calmarse, por lo menos mientras está hablando el señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Yo sé que nuestras propuestas sugieren mucho e incluso excitan al señor Sánchez i Llibre.



El señor PRESIDENTE: Si luego quiere un turno especial para contestar se lo doy, pero ahora atendamos el señor Herrera.



Señor Herrera, continúe.



El señor HERRERA TORRES: En cualquier caso, señor presidente, lo que quiero decir es que valoramos positivamente las inversiones. Pero voy a dar un dato a la señora De Lara, a la que profeso un gran respeto. Ella descalificaba la
propuesta del límite de los 60 litros de la ministra Narbona. No sé si son 60 o tienen que ser más, pero le voy a poner un ejemplo. En el área metropolitana de Barcelona hemos tramificado la tarifa del agua en función de si los consumos son
suntuarios, y con una política mucho más activa que la que hacen otras comunidades autónomas se grava más la tarifa del agua. En el área metropolitana de Barcelona, el consumo del agua en el último año ha disminuido un 7 por ciento. (La señora De
Lara Carbó: En Madrid ha disminuido el 11 por ciento.) En Madrid ha aumentado un 7 por ciento en el mismo tiempo. (La señora De Lara Carbó: No. Ha disminuido un 11 por ciento.) Ese es el ejemplo de unas políticas y otras, y nosotros vamos a ir
en la línea de la nueva cultura del agua, de la gestión de la demanda y no de la construcción de nuevas infraestructuras, como se planteó en el pasado o incluso como ha planteado hoy mismo Convergència i Unió con el trasvase del Roine.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, quiero comentar el hecho de que hayan sido incorporadas en la ponencia una serie de enmiendas del Bloque Nacionalista Galego en relación con algunos temas cruciales para Galicia, como es dotar
de depuradoras de aguas residuales adecuadas a dos grandes ciudades como son Vigo y Santiago de Compostela. Este es uno de los retos más importantes que tiene Galicia, tanto en relación con la calidad medioambiental como con la explotación adecuada
de algunos recursos marinos en la ría de Vigo. Por otra parte, hay una demanda de muchos años referida a la necesidad de limpiar, regenerar y sanear nada menos que algunas zonas del país que coinciden con la desembocadura de ríos y la conformación
de rías. Es el caso, por ejemplo, de la ría de O Burgo, que es la que conforma toda la bahía de A Coruña, donde hay una explotación de bivalvos que podría dar cierto sustento económico a las familias que hasta ahora han vivido de la explotación del
marisco y que lo están viendo en grave peligro a partir de una contaminación de carácter medioambiental grave, no solamente por sedimentación de materiales orgánicos o claramente vinculados a los residuos de un hospital sino también


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por sedimentación de materiales metálicos. El caso de la ría de O Burgo es paradigmático, como lo es también la necesidad de regenerar la desembocadura del río Miño en su estuario final, o ríos como el Limia, de la cuenca hidrográfica del
Duero, o el Ulla, que conforma la gran ría de Vilagarcía de Arousa. Por tanto, celebramos que se haya aceptado una partida importante, de 8 millones de euros, para por lo menos proyectar todas estas limpiezas a las que me he referido. También se
ha aceptado, cómo no, algo que tiene cobertura parlamentaria con proposiciones no de ley aprobadas en relación con la regeneración de los márgenes de un río que atraviesa algunos de los municipios con una restauración medioambiental y de sus cascos
históricos muy importante, como es el caso del río Arnoia y el municipio de Allariz, que también es contemplado con 1.500.000 euros. Por último, hace referencia a los espacios naturales que seguirán procesos de regeneración en la costa, como es el
caso de Carballo, Laxe, Ponte Ceso, Boiro, O Pedrido o A Pobla do Caramiñal, en A Coruña.



Quedaron sin ser integrados en la ponencia, y por tanto serán objeto de negociación para mejorar los Presupuestos del Estado para Galicia, algunos objetivos del Bloque Nacionalista Galego que paso a comentar brevemente. En primer lugar, ir
preparando el traslado de ENCE y la recuperación ambiental de la zona que hoy ocupa esta industria gravemente contaminante. En segundo lugar, varios municipios en la provincia de Pontevedra que tienen necesidad de regeneración de sus bordes
marítimos litorales, como O Grove, la Illa de Arousa y Poio, lugares también emblemáticos como Combarro o simplemente el litoral entre Vilagarcía, Vilaxoán y O Ferrazo, en Vilagarcía. Estas actuaciones, en concreto la del borde marítimo entre A
Seara y la ensenada de Meira, en Moaña, lograrían acabar obras comenzadas o regenerar algunos lugares que tienen un importante valor patrimonial. Por último, en la provincia de A Coruña, quiero referirme al caso del Ayuntamiento de Ribeira, que
tiene pendiente de recuperación el litoral de la isla de Sálvora, que fue gravemente dañado en la etapa del Prestige, y las zonas de las dunas de Corrubedo, el litoral entre Couso y Corrubedo. Estas enmiendas están dotadas por nuestra parte de una
forma muy meditada y fácilmente asumible. Algunas de ellas, sobre todo las que se refieren al borde marítimo de A Seara y la ensenada de Meira, en Moaña, sería importante asumirlas porque cuentan con el visto bueno, cuando menos político, de la
Dirección General de Costas.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Colldeforns.



La señora COLLDEFORNS I SOL: Señor presidente, intentaré centrar mi exposición en aquellas enmiendas que aceptamos o que estamos dispuestos a transaccionar, y me referiré muy brevemente a la enmienda a la totalidad que ha ocupado la mayor
parte de la exposición de la portavoz del Grupo Popular. No voy a entretenerme en explicar todos y cada uno de los puntos porque me sorprende que siga repitiendo aquello que ha sido contestado ya miles de veces y que consta en el 'Diario de
Sesiones' del Congreso de los Diputados. En todo caso, si es que la mantienen, ya tendremos ocasión de ver algún punto concreto en el Pleno. Simplemente quiero decirle que todo este fracaso estrepitoso, sin objetivos, etcétera, no tiene el apoyo
del resto de los grupos de la Cámara porque -me permito recordarle- siempre que ha habido alguna votación en estos temas el Partido Popular se ha quedado solo.



Paso por tanto a explicar cuáles son las enmiendas que vamos a apoyar o que vamos a transaccionar. Empiezo por el Grupo de Convergència i Unió.
Aceptaremos las enmiendas 3113 y 3129, sobre actuaciones en la playa de Sabadell y el paseo
fluvial de Amposta. Participamos de la importancia de la continuación de estas obras. Vamos a transaccionar en cuanto a reducción de cantidad las enmiendas 3105 y la 3106, que corresponden a actuaciones en las playas de Arenys de Mar. También
pensamos que es importante, porque el proyecto está avanzado y ya hace tiempo que se habla de él, la rehabilitación del frente marítimo de San Pol, que es la 3108. Además, en el norte de la ciudad de Tortosa debe actuarse para contener el cauce del
río Ebro, y para ello vamos a dedicar una cantidad menor que la propuesta pero que hemos transaccionado.



De Esquerra Republicana de Catalunya aceptamos las enmiendas 470 y 477, de actuaciones en el litoral de Badalona y del río Coscó en la ciudad de Xixona. Aceptamos con alguna transacción la realización de la vía verde Ripoll-Campdevànol, que
está muy avanzada y creemos que vale la pena continuarla. Hemos llegado a un acuerdo sobre la 512, en la que el Grupo de Esquerra planteaba un problema que no es solamente de la Costa Brava -en cualquier caso, si funciona en la Costa Brava lo
extenderemos a toda España-, que es la dificultad que existe a veces para expropiar algún terreno para completar los caminos de ronda. Aceptamos también la 511 en sus términos. Luego me referiré a la enmienda 483 a la cual ofrecemos una
transacción, conjuntamente con la 2588 de Izquierda Unida. Por lo tanto, paso a hablar de las enmiedas de Izquierda Unida. Aceptamos la enmienda 2655 con el texto que ha sido presentado, excepto que hay que hacer un cambio técnico en relación con
la baja, pero la cantidad sería la misma para la recuperación de la playa larga de Vilanova i La Geltrú. El Grupo Parlamentario Socialista está convencido de que allí se ha hecho una gran actuación por parte del ayuntamiento de preservación de los
valores naturales de la playa y ahora vamos a completar esta actuación con el saneamiento y la recuperación de las dunas. También hemos transaccionado la enmienda 2606 en el sentido de que también tiene que modificarse la baja, pero mantenemos una
aportación a actuaciones en territorios afectados por infraestructuras hidráulicas en Aragón. Valga la digresión de lo que voy a decir en el sentido de que complementa muchas de las enmiendas en las que


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hemos llegado a acuerdo con la Chunta Aragonesista, presentándolas conjuntamente, y que ya están incorporadas. Voy a referirme a la enmienda 2588 de Izquierda Unida que, junto con la 483 de Esquerra Republicana, hemos transaccionado en una
única enmienda para que haya un convenio con la Generalidad de Cataluña para actuaciones que permitan mejorar la calidad del agua que se ve muy afectada por el impacto de la montaña salina de El Llobregat.



Además existe una enmienda transaccional a un conjunto de enmiendas que han presentado los distintos grupos que se relacionan con la adquisición de fincas o terrenos de gran valor ecológico en el litoral. Esta es una política de la que el
Grupo Parlamentario Socialista se siente muy orgulloso, que se ha iniciado con gran seriedad por el ministerio y que ya ha tenido una dotación de 20 millones de euros en 2006, que ahora tiene una dotación de 20 millones de euros en 2007 y estamos de
acuerdo con los grupos en aumentar esta dotación en 10 millones más. Esto afectaría a un conjunto de enmiendas -dos de Convergència i Unió, 3132 y 3133; 4 y 5 de Esquerra y algunas de Izquierda Unida-, luego espero que acepten esta transacción y,
por tanto, las retiren.



Existe también una enmienda transaccional a un conjunto de enmiendas cuales son la 723 de Eusko Alkartasuna, la 775 de Nafarroa-Bai y parte de la enmienda 117 de la Chunta Aragonesista, puesto que todos los grupos han manifestado su
preocupación por la plaga de mejillón cebra que en este momento está en el Ebro con gran fuerza. Se sabe que es difícil actuar contra ello pero, desde luego, el Grupo Socialista quiere apoyarlo y por eso aceptamos una transacción al conjunto de
enmiendas con un importe de 500.000 euros, para que el ministerio continúe experimentando con posibles tratamientos.



Vamos a rechazar el resto de enmiendas puesto que algunas son totalmente contrarias a la política del ministerio, por ejemplo, la 1691 del Grupo Parlamentario Popular que pretende resucitar el trasvase del Ebro, otras porque ya están siendo
realizadas y vuelvo citar algunas del Grupo Parlamentario Popular, por ejemplo, la depuradora de Almendrajo y la EDAR de Santiago que está incorporada con la enmienda del Bloque Nacionalista Galego; finalmente, existen una serie de enmiendas que ya
se recogen en los presupuestos. Por lo tanto, la razón fundamental por la cual no aceptamos ninguna más es precisamente por lo que he mencionado: o bien ya están realizándose o bien son contrarias a la política que el ministerio está llevando a
cabo no solo en materia de agua, sino de costas y de protección del patrimonio natural. Recuerdo que la disminución en la dotación de incendios, que había sido un error, ha sido subsanada en el trámite de ponencia.



El señor PRESIDENTE: Con esta intervención hemos terminado de debatir la sección 23.



Se suspende la sesión hasta la ocho, momento en que procederemos a las votaciones, insisto, hasta la sección 25.



Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar las votaciones que, como todos ustedes saben, son complicadas. Por favor, ruego silencio para que los portavoces puedan seguir bien las votaciones tal como las vamos a ir haciendo.



Comenzamos con el título I, artículos 1 a 5. Del Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas números 681 y 682 de la señora Lasagabaster.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmienda número 2783.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo Parlamentario Popular, enmiendas número 777 a 786.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Vamos a votar ahora el texto del informe, el título I del artículo 1 al 15, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Título II, artículos 16 a 20. Enmiendas de Coalición Canaria, 3219 y 3220.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



De Izquierda Unida, enmienda número 2116.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo de CiU, de la 2784 a la 2795.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 37.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Popular, de la 787 a la 808.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación ahora del texto del informe, del artículo 16 al artículo 20.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Título III, artículos 21 a 37. De la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto, la número 683.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Vamos ahora a las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. En primer lugar, vamos a votar la 2123.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos ahora la 2124.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos las números 2118, 2119, 2121 y 2122, conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas de Izquierda Unida.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario de CiU. Primero votamos la 2799.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Resto de enmiendas de CiU.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 37.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la 809 a la 815.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos ahora el texto del informe, título III, del artículo 21 al 37.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del informe.



Título IV, artículos 38 a 47. Del Grupo de Izquierda Unida, las 2129 y 2130.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo de Esquerra Republicana, de la 147 a la 150.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo de Convergència i Unió votamos las enmiendas números 2800 y 2801.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos ahora el texto del informe, título IV del artículo 38 al artículo 47.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Título VIII, artículos 109 y 110. De Esquerra Republicana votamos la enmienda número 163.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



De Convergència i Unió votamos las enmiendas números 2812 y 2813.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos ahora el texto del informe, título VIII, artículos 109 y 110.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



La sección 7, clases pasivas, no tiene enmiendas, así que votamos la sección clases pasivas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Título V, artículos 48 a 59. Del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Lasagabaster, votamos las enmiendas números 684 y 685.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo de Izquierda Unida votamos la enmienda número 2131.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



De Esquerra Republicana votamos la enmienda número 151.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se vota ahora el texto del informe el título V, del artículo 48 al artículo 59, sin perjuicio de las variaciones en las cifras del artículo 48 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



La sección 6, deuda pública, no tiene enmiendas, así que vamos a votar la sección.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Título VI, artículos 60 a 72. Del Grupo de Coalición Canaria votamos primero la enmienda número 3221.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos ahora la enmienda 3222.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana vamos a votar primero la enmienda número 152.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Resto de enmiendas de Esquerra Republicana.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



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Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en primer lugar, vamos a votar las enmiendas números 2802 y 2804 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Ahora, votamos las enmiendas números 2805, 2806, 2807 y 2808.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Popular vamos a votar las enmiendas desde la número 816 a la 831.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos ahora el texto del informe, título VI, artículos 60 a 72.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Título VII, artículos 73 a 108. En primer lugar, vamos a votar la número 48, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 19.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, votamos la enmienda número 2132.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



De Esquerra Republicana, en primer lugar, votamos la enmienda 161.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos conjuntamente las enmiendas números 157 y 160.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas de Esquerra.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), vamos a votar la enmienda número 2810.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Resto de enmiendas de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Popular votamos las enmiendas números 832 a 835.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Ahora, votamos el texto del informe. Título VII, artículos 73 a 108.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votamos ahora las disposiciones adicionales, primera a quincuagésima y nuevas, las transitorias, primera a séptima y nuevas, las derogatorias, única y nuevas, y las finales, primera a duodécima y nuevas.



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Empezamos con las de la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto, de la 686 a la 688.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del señor Labordeta, la 776.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



De Coalición Canaria vamos a votar primero la 3225.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Resto de enmiendas de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo de Izquierda Unida parece ser que se han retirado la 2142, la 2144, la 2146 y la 2148.



El señor HERRERA TORRES: Añado la 2149, que la tenía anotada y no la he pasado.



El señor PRESIDENTE: La 2149 también está retirada.



En primer lugar, votamos la 2133.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos ahora la 2134, la 2144, la 2158, la 2159 y la 2163.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



A la enmienda 2156 se ha presentado una transaccional, pero parece ser que no se conoce.



El señor SAURA GARCÍA: Si me permite, señor presidente...



El señor PRESIDENTE: Conviene que aclare el asunto.



El señor SAURA GARCÍA: Hay transacción y la conocen, lo que pasa es que hay un error en el planteamiento. De todas las transacciones que ha planteado el Grupo Socialista, la primera dice: Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario
Socialista con la enmienda 2506. Ese es el error, es 2156. Esa es la enmienda que transaccionamos. Donde dice 2506 debería decir 2156.



El señor PRESIDENTE: Entonces, primero los grupos tienen que verla para que sepan cuál es e Izquierda Unida tiene que retirar la enmienda para votar la transacción.



El señor HERRERA TORRES: Retiramos la enmienda 2156 para que se proceda a votar la transacción planteada por el Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: ¿Conocen los grupos la enmienda? (Pausa.) Entonces vamos a votar la enmienda transaccional a la 2156.



El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, ¿y la 2105 de la que se pedía votación separada?


El señor PRESIDENTE: Eso es un error. Ya lo habíamos quitado.



Después de votar esto, votaremos el resto de enmiendas de Izquierda Unida.



Ahora votamos la transaccional a la 2156, que ha sido retirada por Izquierda Unida para poder votarla.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos el resto de enmiendas de Izquierda Unida.



El señor UTRERA MORA: Nosotros individualizamos la 2150 para votación separada.



El señor PRESIDENTE: Ese va a ser el error que figura aquí, que se ha puesto 2105.



Antes de proceder a votar el resto de enmiendas de Izquierda Unida, vamos a votar la enmienda 2150, de Izquierda Unida.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos el resto de las enmiendas de Izquierda Unida.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Votamos, en primer lugar, la número 166.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Enmienda número 214.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Enmienda número 165.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Enmiendas números 187 y 188, conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas de Esquerra Republicana.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos ahora a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán. En primer lugar, las números 2831, 2840 y 2850, conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmienda número 2819.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 19; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La número 2820.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La número 2827, que tiene una transaccional. ¿La retira el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)?


El señor VILAJOANA ROVIRA: Sí, la retiramos.



El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a votar la transaccional a la número 2827.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos ahora a la número 2842.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Pasamos ahora a la número 2836, que también tiene una transaccional. ¿Se retira por parte de Convergència i Unió?


El señor VILAJOANA ROVIRA: La retiramos.



El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la transaccional.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



La número 2838, que la votamos separada.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Recuerdo que estamos votando las enmiendas de Convergència i Unió. La número 2841.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La número 2826.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 15


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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La número 2845.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 22; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La número 2815.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 22.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La número 2825.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La número 2844.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Resto de las enmiendas de Convergència i Unió.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Vilajoana Rovira pide la palabra.) Señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, tengo la impresión de que ha habido un error en la votación de la enmienda número 2842. ¿Qué resultado ha habido?


El señor PRESIDENTE: Aprobada por unanimidad.



El señor VILAJOANA ROVIRA: Por unanimidad, perfecto. Era la duda que tenía.



El señor PRESIDENTE: Vamos ahora con las del Grupo Parlamentario Popular.
Primero las números 840 y 841, conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 22.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Vamos a votar la 3600.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)


Señor Pujalte.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: La enmienda 2842, a la que ha hecho referencia el señor Vilajoana, ha sido aprobada por unanimidad de la mayoría, con la abstención del Grupo Popular.



El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, esto se queda reflejado, porque se ha ido diciendo por el presidente y está en el 'Diario de Sesiones'. Parece que es obvio y que todos estamos de acuerdo en que ha sido aprobada. Como yo haya
dicho que ha sido aprobada, así ha sido aprobada.



Vamos a votar conjuntamente las enmiendas 876, 877, 878, 879 y 880.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 22.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas 874, 875 y 881.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Hay una enmienda in voce que, por error, se ha puesto como enmienda transaccional a la enmienda número 3361, del Grupo Parlamentario Socialista. La enmienda consiste en que en la disposición nueva, Plan de actuación específico para Teruel,
después de que contenga las actuaciones a realizar en los ejercicios 2009 y 2010 con la valoración y financiación de su coste, se añada: haciendo un nuevo programa de actuación a la terminación del plan. Esa es la enmienda.



¿Queda comprendido por todos los portavoces? (Varios señores diputados: No.) Voy a leerla entera. La disposición final nueva, Plan de actuación específico para Teruel, dice: Durante el ejercicio 2007, el Gobierno adoptará las medidas
precisas para llevar a cabo la


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ampliación temporal del Plan de actuación específico para Teruel, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de octubre de 2005, que contenga las actuaciones a realizar en los ejercicios 2009 y 2010 con la valoración y financiación
de su coste. Eso decía la disposición final.
Ahora, en esta enmienda in voce, se añade: haciendo un nuevo programa de actuación a la terminación del plan. Es una cosa bastante sencilla.
Pueden estar a favor o en contra, pero es sencilla. Por
lo visto, hubo un error en el planteamiento, pero ahora mismo es una enmienda in voce que se hace transaccional a una del Grupo Socialista por el señor Labordeta.



Vamos a votar esta enmienda in voce.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos el texto del informe de las adicionales, transitorias, derogatorias y finales.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votamos las enmiendas a los anexos, del I al XIV. Empezamos por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que tiene la enmienda 2861, a la cual hay una transaccional.



¿Retira la enmienda 2861?


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Sí, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la transaccional a la 2861, de Convergència i Unió.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Resto de enmiendas de Convergència i Unió.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Popular votamos las enmiendas 867, 868 y 891 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos el texto del informe, anexos I a XIV, sin perjuicio de las variaciones en las cifras del anexo I que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Hay una enmienda a todas las secciones, del Grupo Parlamentario Mixto, más concretamente del señor Rodríguez Sánchez, que es la número 2115, que va dirigida a que los topónimos que se utilicen sean los adecuados, según ha explicado además en
la defensa de la enmienda. Vamos a votar esta enmienda, que se aplicaría a todas las secciones, con las correcciones que correspondan.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Vamos ahora con la sección 1, Casa de Su Majestad el Rey. Hay una enmienda 225, de Esquerra Republicana.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 37.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos la sección 1, Casa de Su Majestad el Rey.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



De la sección 2, Cortes Generales, hay dos enmiendas que votamos conjuntamente, de Esquerra Republicana, 226 y 227.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación de la sección Cortes Generales.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36 ; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



La sección 3, Tribunal de Cuentas, no tiene enmiendas. Se vota la sección completa.



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Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



La sección 4, Tribunal Constitucional, tiene enmiendas. Se vota la sección 4.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



La Sección 5, Consejo de Estado, tampoco tiene enmiendas. Se vota la sección 5.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Sección 8, Consejo General del Poder Judicial, no tiene enmiendas. Se vota la sección.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Sección 12, Asuntos Exteriores y de Cooperación. Empezamos con el Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster. Enmienda 689.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18 ; en contra, 19; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria hay dos enmiendas. Empezamos por la 3226.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La enmienda 3227 tiene una transaccional. Vamos a votar la transaccional.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Entramos ahora en las enmiendas de Izquierda Unida. Primero vamos a votar las enmiendas 2166 y 2169.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17 ; en contra, 20; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmienda 2171.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16 ; en contra, 21; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Enmienda 2170.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Conjuntamente votamos las enmiendas 2172, 2173, 2176 y 2178.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno ; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas 2165 y 2167, conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas 2177.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno ; en contra, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Resto de enmiendas de Izquierda Unida.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tengo dos enmiendas que vamos a votar y el resto quedan retiradas, ¿es así, señor Puig?


El señor PUIG CORDÓN: Sí, señor presidente, el resto quedan retiradas.



El señor PRESIDENTE: Quedan entonces solo dos enmiendas, que vamos a votar por separado.



Primero la enmienda 239.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.



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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La otra es la 678.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) vamos a votar primero las enmiendas 2865, 2867 y 2870 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 20; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



La enmienda 2866 tiene una transaccional, por lo que supongo que se retira.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Sí, señor presidente, queda rechazada.



El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a votar la transaccional. (El señor Martínez-Pujalte López: Pero, ¿qué transaccional?) Señor Martínez-Pujalte, se supone que usted tiene el mismo cuaderno que tenemos nosotros y si no lo tiene debería
tenerlo, porque si no interrumpe usted cuando estamos siguiendo un orden. La enmienda es la 2866 y lo he reiterado. Es una enmienda que retira Convergència i Unió porque hay una transaccional que no le podría explicar porque no la conozco, pero se
supone que ustedes sí la conocen.



Votamos la transaccional.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos las enmiendas 2868 y 2869.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.



Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la 915 a la 930, que se votan conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la sección 12, Asuntos Exteriores y de Cooperación, con las enmiendas incorporadas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



La sección 34, relaciones financieras con la Unión Europea, no tiene enmiendas, así que votamos el texto de la sección.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Sección 13, Justicia. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. De la señora Barkos la enmienda 735.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Enmiendas del señor Labordeta, de la 21 a la 26.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos a las enmiendas de Izquierda Unida. Empezamos con la 2180.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos las enmiendas 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2195 y 2196.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas de Izquierda Unida.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos ahora a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. En primer lugar, enmiendas 268, 271 y 274 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas de Esquerra Republicana.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), votamos las enmiendas 2872 y 2783 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la enmienda 2875.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Resto de enmiendas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular de la 931 a la 939.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22, abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



A continuación, votación de la sección 13, Justicia.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Sección 14, Defensa. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, la enmienda 736.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del señor Labordeta, enmiendas 27 y 28 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



De Izquierda Unida hay dos enmiendas, pero parece que han sido retiradas, ¿no? (Asentimiento.) Quedan retiradas.



Con respecto al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, voy a darle la palabra al señor Puig para que explique aquí cuál es la situación.



El señor PUIG CORDÓN: Señor presidente, vamos a retirar las enmiendas porque hay una transacción que nos ha comunicado el Grupo Socialista. Por tanto, retiramos todas las enmiendas. (El señor Padilla Carballada: El tripartito.)


El señor PRESIDENTE: Retiran todas las enmiendas y se sometería a votación esa transacción que ha presentado el Grupo Socialista. ¿Conocen todos los portavoces esa transacción que se da en la sección 14, Defensa, a todas las enmiendas de
Esquerra Republicana? (Pausa.) Si no es así procederíamos a que fuera leída. Señor Puig, ¿tiene usted la transacción? (Asentimiento.) ¿Podría usted leerla?


El señor PUIG CORDÓN: Para estudios a favor de la paz incrementar en 60.000 euros.



El señor PRESIDENTE: Esto es lo que dice la transacción. Conocida ya por los portavoces, vamos a someter a votación esta enmienda transaccional.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)


Señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La transacción que se acaba de aprobar afecta también al señor Labordeta y quería decir que se retiran las dos enmiendas del señor Labordeta porque entran dentro de esta transacción,


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a cambio de una proposición no de ley. Lo desconocía en este momento, pero sé que fue tratado con él.



El señor PRESIDENTE: Esto nos causa un problema. Me sugiere el letrado que, como esas enmiendas han sido derrotadas porque han sido sometidas a votación, lo que debería hacer el señor Labordeta es no mantenerlas como voto particular para
el Pleno y dejarlas decaídas porque están integradas en esa transaccional.



El señor SAURA GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista, en la medida en que no se presenten en el Pleno, nos comprometemos a hacer una proposición no de ley con Izquierda Unida, ERC y la Chunta, relativa a los convenios a los que hacen
referencia esas enmiendas que se retiran.



El señor PRESIDENTE: Como constan en el 'Diario de Sesiones' las palabras del portavoz socialista, creo que el procedimiento sería no elevar a Pleno esas enmiendas como voto particular y que se realice esa proposición no de ley.



Vamos a votar, del Grupo Parlamentario Popular, de la 940 a la 947.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la sección 14, Defensa.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 16; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Sección 15, Economía y Hacienda.



De Coalición Canaria vamos a votar las enmiendas 3228 y 3229 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 22.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



De Izquierda Unida, la 2199 y la 2200.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



De Esquerra Republicana, la 679.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo Parlamentario Catalán (CIU) vamos a votar dos enmiendas, pero por separado. Primero, la 2876.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Ahora la 2877.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo Parlamentario Popular, de la 948 a la 953.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la sección 15, Economía y Hacienda.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Pasamos a la votación de la sección 16, Interior. Del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, la 737.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



De la señora Lasagabaster, votamos, primero, la 690.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 19; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La 691, de la señora Lasagabaster.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



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Del señor Labordeta votamos la 29, la 49, la 50, la 51 y la 52.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del señor Rodríguez Sánchez, la 2089.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La 2090.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 17.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en primer lugar, la 3231.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



La 3230 y la 3233 se votan conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas de Coalición Canaria.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 20; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos las del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Primero, vamos a votar la 2207 y la 2228 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la 2212, 2213, 2220 y 2221.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Hay cuatro transaccionales que votaremos por separado, y supongo que el señor Herrera retira las enmiendas afectadas. Vamos a votar primero la transaccional a la 2208, luego a la 2209, luego a la 2219 y luego a la 2232. ¿Se conocen esas
cuatro transaccionales?


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, nosotros tenemos una enmienda transaccional a las 2208 y 2209 conjuntamente; no las podemos votar por separado. Nosotros estamos en contra por la baja, porque no nos parece bien dar de
baja una inversión para crear un premio.



El señor PRESIDENTE: Parece ser que esta primera votación es a las 2208 y 2209 conjuntamente. ¿Son los portavoces conscientes de lo que estamos votando? (Asentimiento.) Pues vamos a proceder a votar.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Pasamos ahora a otra transaccional a la 2219.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Martínez-Pujalte López: Es una comisaría en el pueblo de Isaura.-Risas.) Señor Martínez-Pujalte, compórtese.



Hay otra transaccional a la 2232.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Tenemos en la transacción que se da de baja una partida para la creación de infraestructuras derivadas de aplicación de planes de emergencia nuclear. ¿Esa es la baja? ¿Vamos a quitar seguridad nuclear?


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, no es el momento de discutir, sino de votar.



El señor HERRERA TORRES: Señor presidente, el problema de la seguridad nuclear no está tanto en eso como en el funcionamiento de determinados órganos.



El señor PRESIDENTE: Sea de donde sea de donde venga la baja, ¿se sabe por los portavoces lo que hay? (Asentimiento.) Pues lo vamos a votar.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Resto de enmiendas de Izquierda Unida.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Pasamos ahora al bloque de Esquerra Republicana. En primer lugar vamos a votar las 279, 282, 285, 287, 288, 292, 295, 298 y 299 conjuntamente.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Ahora votamos las 283 y 294.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas de Esquerra Republicana.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 18.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) vamos a votar primero la 2878.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 20; abstenciones, 16.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos la 2883.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35, abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos conjuntamente la 2880 y la 2881.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la enmienda 2879, a la cual se la ha hecho una transaccional. ¿Se retira por el señor Sánchez i Llibre? (Asentimiento.) Queda retirada. Se conoce la transaccional y vamos a votarla.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Del Grupo Parlamentario Popular vamos a votar ahora de la 955 a la 980.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22, abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos ahora la sección 16, Interior.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Llegamos ya a la última sección de hoy que es Presidencia.



Del Grupo de Izquierda Unida vamos a votar la 2735.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 35; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



De Esquerra Republicana votamos las enmiendas 562 y 563.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Del Grupo Parlamentario Popular votamos de la 1970 a la 1974.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos la sección 25, Presidencia.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Empezaremos puntualmente.



Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.