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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 686, de 10/10/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 686
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 48
celebrada el martes, 10 de octubre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la aprobación de fondos adicionales en el programa de fomento de empleo agrario para compensar las pérdidas por las inclemencias meteorológicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de
expediente 161/000956) ... (Página 2)
-Relativa al apoyo a las mujeres embarazadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001599.) ... (Página 2)
-Sobre ayudas para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del 0,52% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 161/000572.) ... (Página 7)
-Sobre elaboración de un plan de protección de maltrato a menores.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001597.) ... (Página 14)
-De modificación de la normativa de prevención de riesgos laborales en lo relativo a la aplicación de la misma a determinados medios de transporte.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001608.) ... (Página 17)
-Relativa a la exclusión en la transferencia a la Xunta de Galicia del centro de instrucción de Bamio, situado en el ayuntamiento de Villagarcía de Arousa (Pontevedra). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente
161/001720.) ... (Página 21)
-Sobre la situación laboral de la mujer que se somete a algún sistema de reproducción asistida. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001819.) ... (Página 23)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA A LA APROBACIÓN DE FONDOS ADICIONALES EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO PARA COMPENSAR LAS PÉRDIDAS POR LAS INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de
expediente 161/000956.)
-RELATIVA AL APOYO A LAS MUJERES EMBARAZADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001599.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la sesión con el debate de proposiciones no de ley, pero antes quiero informarles que las votaciones no serán antes de las doce del mediodía.
La proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 2, relativa a la aprobación de fondos adicionales en el programa de fomento agrario, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, ha sido retirada.
Pasamos al debate de la proposición número 3, sobre elaboración de un plan de protección de maltrato a menores, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que no tiene enmiendas. Tiene la palabra para su defensa el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Señora presidenta, señoras y señores diputados.
Me honro en defender esta proposición no de ley y creo que entenderán bien las razones por las cuales acabo de hacer esta afirmación. En la presentación de los datos
relativos a la situación de la natalidad del aborto en España referidos al año 2004 la ministra de Sanidad y Consumo manifestaba que ninguna mujer desea abortar; siempre es el último recurso en el caso de un embarazo no deseado. Por su parte la
secretaria de Igualdad del Partido Socialista Obrero Español, Maribel Montaño, declaraba que, teniendo siempre como objetivo la defensa de los derechos de la mujeres, los esfuerzos hay que centrarlos en evitar el aborto, por las consecuencias que
causa en la salud física y psicológica de la mujer.
La realidad es que en España en el año 2004 se produjeron del orden de 453.000 nacimientos y 85.000 abortos, lo que equivale a un 20 por ciento sobre los nacidos, siendo la cifra de abortos más de
un 6,5 por ciento superior al año precedente. Las cifras provisionales del año 2005 ascienden a 93.000 abortos provocados, que a este ritmo supondrán que en el año en curso llegaremos a una cifra de 100.000 abortos provocados.
Algunas voces
-aunque no me referiré a esto- hablan que pueden ser más por la elusión fiscal de determinadas clínicas, pero carezco de pruebas en esta materia.
He de decir que desde el año 1985 en que se despenalizó en determinados supuestos el aborto, se han producido, hasta finales del año pasado, del orden de 800.000 abortos. Y aquí ya no seré crítico en absoluto con ningún gobierno porque los
ha habido de dos colores y lamentablemente no hemos resuelto esta situación, por lo cual estoy dispuesto a asumir la parte alícuota de responsabilidad que en esta materia nos pueda corresponder. La realidad es que un 10 por ciento de mujeres
españolas embarazadas aborta y cuando se trata de mujeres inmigrantes la cifra supera el 40 por ciento y todo ello pese a las campañas formativas e informativas, los gastos en medios elusivos de la concepción o las píldoras o pastillas
contraceptivas.
Coincidimos con las manifestaciones efectuadas tanto por la ministra como la secretaria de Igualdad del Partido Socialista Obrero Español en el sentido de que cada día crecen los testimonios relativos al daño psíquico y físico que la
realización de un aborto supone para las mujeres e incluso nacen asociaciones que denuncian esta durísima realidad. Es verdad que en España no existe estudios sobre los efectos del síndrome post aborto, sin embargo algunos, relativos a Maryland o
West Virginia, en U.S.A., alertan de las graves consecuencias de orden psíquico en la mayoría de las mujeres que han padecido una situación de aborto provocado, y entre otras múltiples denunciantes figuran asociaciones no solo pro-vida sino
organizaciones no gubernamentales, asociaciones que se han constituido ya bajo el título de víctimas del aborto, de mujeres que han abortado y padecido las consecuencias de esta situación, que pretenden transmitir a otras mujeres y en la medida de
lo posible evitar que pasen por esa situación de padecimiento. Hay otras como No más violencia o diversas webs como Embarazo inesperado, No más silencio, La voz de las víctimas, etcétera que van creciendo cada día, no solo en nuestro panorama
telemático e internaútico, donde pueden ser visitados y comprobados los testimonios y las alternativas que ofrecen. Por lo tanto, son asociaciones compuestas por mujeres que se vieron abocadas a realizar el aborto de sus hijos y que denuncian la
falta de apoyo, la carencia real de información médica, la inexistencia y desconocimiento de ayudas públicas o privadas, de las alternativas existentes; en definitiva, el aborto y las secuelas y graves consecuencias que este les produce. En fin,
que más que una alternativa para la mujer es en ocasiones un abuso a las mismas que la sociedad tiende a mirar con plena indiferencia.
No podemos ignorar que existen factores añadidos que nos urgen a adoptar medidas que tiendan a equilibrar procesos de envejecimiento de la población española -la tasa de natalidad en España sigue situada entre la más baja del mundo- y es un
asunto que imposibilita el adecuado relevo generacional, cuestión que cada vez resulta más apremiante si tenemos en cuenta el aumento de la esperanza de la vida de las personas mayores. En resumen, nacen menos niños de los necesarios con la
circunstancia agravante de la pérdida de vidas por los 85.000 abortos que se realizaron en 2004, mientras que aumenta la población mayor, al punto que se vaticina que en el año 2050 España será el país con la población más envejecida del mundo, con
más del 10 por ciento de octogenarios sobre la población total. Entre tanto, el aborto será analizado quitando valor no solo a la dimensión trágica del ser humano que no podrá nacer sino también a la propia mujer que se somete a tal circunstancia
como si fuera una cuestión escasamente trascendente y que las adolescentes empiecen a pensar que son medidas contraceptivas más que medidas abortivas cuando quedan embarazadas.
La cuestión por tanto consiste en buena parte en la adecuada información de las medidas y alternativas posibles a quien decide llevar a término la maternidad -que poder ser madre también es un derecho-, así como en el conocimiento de las
consecuencias que produce un aborto a una mujer y en el establecimiento de medidas públicas que favorezcan la posibilidad de que la mujer pueda ser madre. Para ello es preciso el apoyo social y público de estas personas; de hecho, comunidades
autónomas como Madrid o Murcia ya tienen planes y programas en forma de redes de apoyo multidisciplinares a las mujeres, con resultados cada día más satisfactorios. En la actualidad, no solo ambas comunidades sino también la de Cantabria, donde
gobierna el Partido Socialista Obrero Español, o cogobierna; Aragón, consecuencia de una iniciativa parlamentaria de las Cortes aragonesas donde también gobierna el PSOE, junto con otras muchas ciudades, entre otras Salamanca y Burgos actúan
positiva y proactivamente en la cuestión o simplemente han establecido redes de apoyo a las madres.
En la Comunidad de Madrid, pionera en la materia, se han tratado el año pasado 11.000 consultas, se ha propiciado el derecho a la maternidad a
multitud de mujeres y han amparado, en colaboración con la sociedad civil, 25 asociaciones, siete de ellas de carácter provida y las demás laicas y relevantes en el sector de atención social al que están más especializadas, como Horizontes Abiertos,
Reclusas y Ex reclusas, Fundación Tomillo, Jóvenes en riesgo de exclusión social, Karibú, Inmigrantes subsaharianos o el colectivo La Calle o San Egidio, por citar algunas muy famosas y reconocidas asociaciones que se dedican a los asuntos sociales.
Otras como Adevida, en el año 2000 ayudaron a traer a Madrid más de 700 niños con el exiguo presupuesto de 16 millones de pesetas, lo cual implicaba no más de 23.000 pesetas coste de niño por año en aquella fecha. En este contexto no puede extrañar
excesivamente la noticia publicada, entre otros, por el periódico italiano L'Repubblica el 2 de diciembre de 2005, donde se afirmaba que la oposición -en aquellos momentos en Italia era de izquierdas, en concreto de Demócratas de Izquierdas, DS y la
centrista Margarita- propuso en los presupuestos generales italianos para este año 2006 la inclusión de ayudas, de hasta 350 euros mensuales a partir del tercer mes del embarazo a mujeres con ingresos inferiores a 25.000 euros al año, con la
intención de que se evitaran abortos no deseados. Igualmente, no sorprendió que en el programa Enfoque, del segundo canal de Televisión Española, del 24 de enero de 2006, hubiera una declaración unánime, cuando entre los asistentes figuraban los
nada sospechosos antiabortistas doctor Egaña y doña Victoria Virtudes, sobre que el aborto es malo para la mujer y que en España hay excesivos abortos, diagnóstico que yo comparto plenamente.
Consideramos, en consecuencia, que el Plan integral a favor de la mujer y la maternidad que proponemos es un derecho de la mujer, con el que se establece un auténtico derecho de opción a la mujer, que en plenitud hoy no existe. Se trata de
una medida eficaz en la lucha contra el síndrome post-aborto, de una apuesta a favor de la
natalidad y de la maternidad y de una lucha que no debe ser atribuida a la izquierda o a la derecha, y buen ejemplo de ello es el que acabo de citar, relativo a la Republica Italiana. En definitiva se trata de un acto de mera justicia.
Para el Plan integral expuesto en la iniciativa, como ustedes saben, solicitamos la cooperación de las comunidades autónomas, pero también la acción del Estado, en materia informativa, cumpliendo con ello las exigencias del artículo 9 del
Real Decreto 2409/1986, hecho por un gobierno socialista, información sobre asociaciones, organizaciones, ayudas económicas, recursos disponibles, ayudas a la crianza, orientación; un tercer paquete es el catálogo de prestaciones -realmente
ambicioso- de acceso prioritario al empleo, reglamentariamente entrar en la renta activa de inserción. Quiero decirles a los señores diputados que la renta activa de inserción, y lo veremos esta tarde cuando comparezca el secretario general de
Empleo, no ha sido objeto de ejecución en su dotación, ha habido 6.192 personas que no han sido beneficiarias mensualmente, y ha habido 44 millones de euros que no se han gastado; es decir, 7.500 millones de pesetas. Quiero decir con ello que
existe dotación financiera suficiente para que, de la misma forma que en su día se integraron como beneficiarias de la renta activa de inserción las mujeres objeto de maltrato para cambio de residencia, también puedan ser objeto de atención en la
renta activa de inserción con el dinero actualmente disponible aquellas mujeres carentes de recursos, y esto sería una ayuda eficaz y necesaria. Planteamos planes de conciliación y atención, ayudas específicas a quienes cursen estudios, acceso a la
vivienda o a plazas residenciales adecuadas, guarderías, ayudas materiales, incremento de la cooperación de asociaciones y organizaciones no gubernamentales y una línea telefónica de dimensión nacional en todas las lenguas españolas y en las más
usuales entre las personas inmigrantes extranjeras que trabajan en nuestro país.
Concluyo, señora presidenta. En mis trece años de diputado por Guipúzcoa nunca he recibido -y los he traído aquí para que se vean-, como consecuencia de una mera noticia en Internet cuando se registró la iniciativa, un millar de correos
electrónicos personalizados individualizadamente; no tuvo publicidad mediática, no tuvo una proyección pública, y sin embargo los internautas, ciudadanos a los cuales no conozco, individualmente, a través de una noticia colgada, han tenido a bien
mostrar el apoyo a esta iniciativa mediante un mensaje. Tan solo una vez en mi vida parlamentaria -y a lo mejor es modesta mi aportación y por eso no recibo más apoyos en este sentido- he tenido más correos en un proyecto de ley, pero se trataba de
correos electrónicos en los cuales los ciudadanos se adherían al formato de un modelo que figuraba en una página web; no me estoy refiriendo a esto, sino a correos que escribe individualizadamente cada persona, es decir que se toma su tiempo y sus
molestias de reflejar de reflejar, pública, libre y democráticamente una opinión, en este caso de apoyo a una iniciativa que entienden, como lo hacemos nosotros, justa y necesaria. Ustedes, señoras y señores diputados, creo que saben bien lo que
esto representa, y a lo que me estoy refiriendo.
Ésta es una iniciativa en positivo, abierta al diálogo, al cambio, a la negociación, a la mejora. Lamentablemente no se han presentado enmiendas, pero nuestra posición hubiera sido totalmente abierta, totalmente comprensiva, siempre que
hubiera habido una identidad en la finalidad que se persigue, que es dotar de un derecho real a la mujer, para poder, en situaciones de dificultad, optar libremente, ante un aborto debido a un embarazo no deseado, a no abortar, y poder ser madre.
Por ello les digo, con toda la ingenuidad, pero con toda la claridad, que nos gustaría sinceramente que prosperara y, si no es así, ustedes deberán explicar a la sociedad por qué; y deberán hacerlo muy bien, deberán exponer su negativa, y las
razones, si las hay, que avalen tal oposición. Con esta iniciativa, como dije antes, damos además cumplimiento a una norma legal que no se está cumpliendo, ni más ni menos que el artículo 9 del Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre, al que
antes cité, que se refiere a la existencia de medidas de asistencia social y de orientación familiar, que favorezcan a la embarazada, y que en la realidad social lamentablemente no se están produciendo. Esta iniciativa Plan de empleo integral de
apoyo a la maternidad es por la mujer y es por la vida, sin negarle nada a nadie, y con una voluntad estrictamente clara y positiva.
Si ustedes hoy no lo aprueban, nosotros -deben saberlo- seguiremos trabajando por ello. Y estamos convencidos que la sociedad se lo demandará mañana, porque es de justicia, porque hay que hablar claro y no engañar, como lamentablemente se
está haciendo -no lo digo por nadie en concreto, sino por la situación global- a muchas adolescentes que, como dije anteriormente, creen que el aborto es una medida contraceptiva y gratis, cuando es una medida que no solo afecta al ser concebido,
sino que afecta al futuro del desarrollo de la personalidad en los aspectos fisiológico y psicológicos, de la personalidad de esa adolescente o de esas mujeres, tal como han reconocido prominentes socialistas, y desde luego numerosos estudios ajenos
a la sociedad española.
Muchas gracias señora presidenta por su flexibilidad y su generosidad, que me han permitido exponer los argumentos de defensa de esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Azpiroz. No habiendo enmiendas, ¿grupos que desean fijar posición? Señora García Suárez.
La señora GARCÍA SÚAREZ: Queremos explicar nuestra posición en relación con esta iniciativa propuesta por el Grupo Popular. Adelanto, como seguramente no les ha de extrañar, que no vamos a votar a favor de la misma y que su planteamiento,
la exposición y las propuestas que en ella se realizan, a nuestro grupo parlamentario
le ha parecido como sacadas del baúl de los recuerdos, de unos recuerdos que además muchas mujeres queremos olvidar. A mi entender, en esta iniciativa se confunden algunos términos en varias de sus exposiciones y en las propuestas. Se
confunde por un lado el derecho individual a decidir, a optar libremente por la maternidad o no, se confunde esto con medidas a favor de la natalidad y con políticas sociales y activas para el desarrollo del derecho a la maternidad y a la
paternidad, y por último, a nuestro entender, creo que se confunde, de manera también preocupante, el aborto o la interrupción del embarazo con clase social o medios económicos precarios, y a nosotros nos parece que este planteamiento, aparte de
estar francamente alejado de lo que es la realidad en nuestro país de la interrupción del embarazo, una vez más, como en otras ocasiones, parece apuntar a que los problemas sociales o, en este caso, las decisiones de interrupción del embarazo se
deben a causas no tanto de decisiones personales sino exclusivamente de cuestiones sociales o, todo caso, relacionadas con unos determinados grupos sociales. Nos parece francamente preocupante.
Entre los datos que esta diputada tiene, no los más actuales sino a los que puede tener acceso cualquier persona y que se van explicando de manera bastante asidua, existe un informe anual sobre las interrupciones del embarazo, y en él se
determinan unas razones y unas causas que poco tienen que ver, desde mi punto de vista, con lo que aquí se está planteando y que afectan a todas las capas sociales y no precisamente relacionados con cuestiones de índole económico, de relación
laboral o de problemas de subsistencia. En todos los grupos sociales existe la interrupción del embarazo, lo sabemos todos, al margen de las cuestiones que aquí se están planteando. Entendemos que deben separarse rotundamente varias cuestiones
porque si no incluso pueden afectar a los derechos individuales. La primera, es que ha de haber un verdadero -y esto es lo que nuestro grupo ha solicitado y por eso tiene iniciativas en este sentido- derecho individual a decidir la maternidad por
parte de la mujer. Todos sabemos que hoy ese derecho no existe en su plenitud, que realmente las mujeres que realizan las interrupciones del embarazo tienen que acogerse a argumentar problemas de índole psicológico o psiquiátrico para poder
realizar esta intervención; sabemos que estas interrupciones se están realizando, fundamentalmente, en clínicas privadas, porque no hay este derecho en toda su plenitud, y por tanto no está recogido en la Seguridad Social; sabemos también que hay
una doble moral en nuestra sociedad en relación con este tema; sabemos, o por lo menos así lo entendemos con los datos que tenemos, que los motivos que pueden llevar a la interrupción de un embarazo son múltiples y tienen que ver con situaciones
personales, familiares, sociales, laborales, también económicas -no digo que no-, pero en todo caso por una variedad realmente importante de razones. En todo caso lo que creo que debería preocuparnos en primer lugar es que exista una decisión libre
en la opción por el embarazo o no; que una vez que se haya tomado esta decisión con la máxima libertad, tanto para un camino como para el otro, existan los apoyos y recursos necesarios y que haya políticas activas para que una u otra decisión no
supongan un trauma o un problema. Si la decisión es la de continuar adelante un embarazo, han de existir esas políticas activas que se han de solicitar para toda la sociedad, y si no es esta la decisión también han de existir los apoyos necesarios
para que esa decisión se pueda realizar sin traumas ni problemas, porque los estudios a los que esta diputada ha podido acceder demuestran que no es tanto que el aborto, por el hecho de esta interrupción del embarazo, conlleve un trauma o una
situación de gravedad hacia las mujeres, sino que es el contexto en que se ha de desarrollar esa decisión el que muchas veces lleva a ese problema. Por contexto me estoy refiriendo a no poder optar libremente en ese caso por esta decisión, a no
poder expresarse con toda libertad y, por tanto, tener el apoyo tanto de la familia como de la sociedad en general, a sentir una culpabilidad que tiene más que ver con los valores que la sociedad en su conjunto, debido a toda esta realidad, puede
imponer. Todo esto es lo que parece que afecta verdaderamente a la mujer en su decisión de la interrupción del embarazo.
Por todo esto esta proposición es la antítesis de lo que nuestro grupo parlamentario entiende que ha de ser el enfoque de las políticas para ayudar a que las mujeres tomen sus propias decisiones en base a sus derechos y prioridades, a lo que
en aquel momento son sus planteamientos de vida, y por tanto vamos a insistir cada vez que haya una proposición de este tipo en recordar que lo que realmente falta en nuestro país es que nos dejemos de dobles morales, que aceptemos que esta
situación se está produciendo cada día, y que lo hace sin que existan estos derechos garantizados para las mujeres, que se está realizando sin una protección de la Seguridad Social y que por tanto, en cierta manera, todos estamos ayudando a esconder
la cabeza debajo del ala, porque al hacerse de esta manera no podemos hacer una verdadera política de prevención. La salud pública en estos momentos no tiene una radiografía clara de qué sectores realizan o no interrupción del embarazo, cuántos, en
qué momento, cuántas veces se repite esto a lo largo de la vida, etcétera. Y no lo tienen porque son datos que no se encuentran en estos momentos en poder de la Seguridad Social, ni de las administraciones públicas, son datos esparcidos por las
diferentes clínicas, fundamentalmente privadas, y por tanto no existe la posibilidad de tener de verdad una estadística y un análisis de la realidad con que nos encontramos. Por eso es más difícil todavía hacer prevención, llegar a los sectores a
los que nos interesaría llegar.
Reitero que votaremos en contra por todas las razones aportadas, y esperemos que en pocos años o aún menos tiempo, podamos dar el salto que necesitan las mujeres en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: ¿Quería fijar posición señor Campuzano?
El señor CAMPUZANO Y CANADÉS: El señor Azpiroz acaba de defender, con buen tono, moderación y sentido común, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que plantea una serie de medidas de apoyo a las mujeres embarazadas. Lo hace
abordando un tema complejo, delicado y difícil, como son siempre los debates que en esta casa hemos tenido en relación al aborto, pero creo que lo ha hecho de una manera impecable y que nos plantea un paquete de medidas que difícilmente pueden ser
rechazables. Se parte de la pretensión de que la decisión de abortar -en el marco de la legislación vigente- responda a un deseo y a una voluntad expresa de la mujer que se encuentre embarazada y plantea la necesidad de que en esas situaciones
existan posibilidades y alternativas para las mujeres que se encuentren en esta situación, para evitar una decisión que, en la mayoría de los casos, no es, ni mucho menos, una decisión feliz.
Mi grupo votará favorablemente esta iniciativa, y lo va ha hacer convencido de que el aborto no deseado no es bueno, que el aborto como expresión de un método anticonceptivo es un error grave, lo es para la propia mujer de manera principal e
inequívoca. Evidentemente deben existir, y se deben potenciar todas aquellas políticas que faciliten la información que necesiten las mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes, para no tener embarazos no deseados. En este sentido continúan
siendo necesarias campañas activas en relación al uso del preservativo y al resto de los métodos anticonceptivos. Más allá de eso, plantear que el Estado y las comunidades autónomas en esta materia tengan una posición más activa para acompañar a
las mujeres en este proceso nos parece razonable. El señor Azpiroz decía que esta propuesta, tal y como la han formulado ellos no es una propuesta ni de izquierdas ni de derechas; mi grupo coincide en ello y nos sorprenden algunas intervenciones
que creo que responden a planteamientos de izquierdas muy viejas; hoy los gobiernos europeos de centro-izquierda van también en la línea que nos plantea esta alternativa.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: En primer lugar quiero decirles que votaremos contra esta iniciativa. El Grupo Popular plantea que desde el Gobierno se den directrices a las comunidades autónomas para orientar sus políticas en esta materia, en la
que son competentes, poniéndonos como ejemplo, entre otras, a las comunidades de Madrid y de Murcia. Discrepamos profundamente desde las dos vertientes; por un lado, entendemos que en esta materia estamos haciendo lo que nos corresponde, que es
poner a disposición de las comunidades autónomas los instrumentos y medios necesarios para adoptar, fundamentalmente, medidas preventivas de embarazos no deseados, medidas formativas, educativas e intervenciones para garantizar la libertad de las
mujeres para optar o no por la maternidad; para garantizar la salud física y psíquica de embarazadas, sobre todo de embarazadas adolescentes, y poder diseñar con estos instrumentos políticas de acuerdo con sus competencias. Por otro lado, tampoco
compartimos en esta materia como lo está haciendo la Comunidad de Madrid, que ha tenido serios conflictos fundamentalmente en el sentido de apoyo a las determinadas asociaciones, con criterios muy particulares y sesgados, lo que ha venido haciendo a
lo largo de los últimos años.
(Rumores.) Pero igual que ellos están legitimados para orientar sus políticas de acuerdo con sus competencias, el resto de las comunidades autónomas tienen la misma legitimación. No obstante, queremos que queden
claras las medidas que desde el Gobierno se están adoptando una vez que se opta, de manera libre, por llevar a término esa maternidad para garantizar los derechos de estas mujeres. (Rumores.)
En primer lugar debo señalar que no nos parece oportuno realizar un plan específico para esta concreta situación, dado que está incluida dentro de un conjunto de situaciones de mayor dificultad que motivan la actuación de las distintas
administraciones competentes en apoyo a las mujeres embarazadas, así como a las madres y a las familias. (Rumores.) Todas las comunidades autónomas, incluso las administraciones locales, desde el esquema de organización, que en muchos casos
consideran conveniente planes de apoyo a la familia en ejercicio de la autonomía en la....
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez, disculpe un momento. Por favor, ruego que hablen fuera o más bajo, porque no es posible escuchar a la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Repito, en ejercicio de la autonomía en la gestión de sus competencias las comunidades despliegan una serie de actuaciones que inciden en esta situación desde diversas perspectivas: información a la ciudadanía, en
general y como usuarios de servicios sociales, orientación familiar, servicios de salud, servicios de protección de menores, acogimientos, adopciones, ayudas por hijos menores, rentas de inserción social, centros de atención infantil de cero a tres
años, información a la mujer, etcétera. Prácticamente la totalidad de las medidas contempladas en la iniciativa parlamentaria que ustedes plantean pueden considerarse incluidas en este tipo de actuaciones que desarrollan las citadas
administraciones. El Estado, asimismo, mantiene un amplio marco de competencias propias, dentro del cual pueden influir en la mejora del bienestar de las familias, especialmente desde la fiscalidad, la Seguridad Social, y la normativa socio-laboral
básica. Por otra parte se desarrollan una serie de actuaciones dirigidas a la promoción del bienestar de las familias mediante la cofinancianción de programas sociales con las comunidades
autónomas. Una de las líneas de actuación mas relevantes es la de la atención a las necesidades especificas de colectivos familiares que presentan situaciones de especial dificultad o necesidad.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales colabora con las comunidades autónomas y ciudades autónomas a través de la financiación de programas de educación familiar y atención a las familias desfavorecidas en situación de riesgo,
incluyendo, de forma especial, a las familias monoparentales con menores a cargo. Desde el mismo ministerio, en el ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, se contribuye a la creación de
servicios para menores de tres años a través de los créditos para favorecer la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral a través de la atención a la primera infancia, de cero a tres años de edad, mediante convenios y programas con las
comunidades autónomas. De la misma manera, en el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia se contempla entre los objetivos estratégicos avanzar en la promoción de políticas de apoyo a la familia en el ejercicio de sus responsabilidades
de crianza, cuidado y promoción del desarrollo personal y potenciales capacidades de los niños y niñas y facilitar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Finalmente se puede señalar también que este ministerio contribuye a la
difusión de la información de otra de las medidas propuestas en su iniciativa, mediante la publicación y actualización anual de una guía de ayudas sociales a las familias, en la que se recogen, de manera sencilla y explicativa, todas las
prestaciones y recursos dirigidos a las familias.
Por otra parte, desde el Instituto de la Mujer se vienen desarrollando actuaciones en el sentido de programas de prevención de embarazos no deseados y del contagio de VIH-SIDA, dirigido a mujeres jóvenes, enmarcándose este programa en el
convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Instituto de la Mujer y se desarrolla de manera conjunta con los servicios de salud de las comunidades autónomas y con la participación de los organismos de igualdad. También va
dirigido a profesionales socio-sanitarios que trabajan en centros de salud de atención primaria en diferentes comunidades autónomas, con el fin de mejorar la atención en consulta de pediatría y medicina general y desarrollar actividades comunitarias
de promoción y prevención. Existen publicaciones de este instituto, como guías de salud y materiales didácticos para la información y orientación educativas.
En materia de empleo, en el ámbito de las competencias de la Secretaría General de Empleo, en el caso de que se plantee un plan de apoyo, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de dar acceso prioritario al empleo a este colectivo a
través de las políticas de mejora de empleabilidad que se están llevando a cabo por los servicios públicos de empleo y que se dirigen a todos los demandantes de empleo, y especialmente a aquellos con mayores dificultades de inserción, entre los que
se encontraría este colectivo de mujeres. En materia de vivienda, donde instan al gobierno a adoptar medidas particulares, cabe señalar que de acuerdo con el Plan de Vivienda 2005-2008 tienen preferencia respecto al resto de beneficiarios del
mismo, de acuerdo con el contenido del artículo 3 y siguientes, las víctimas de violencia de género, las familias monoparentales y otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social.
En cuanto al sistema educativo, el nuestro cuenta con un especial programa de educación para personas adultas que pueden desarrollarse mediante enseñanza presencial y a distancia, reglada y no reglada, al que podrían incorporarse estas
madres con una vía de becas que podría cubrir sus necesidades, si optan por alternar sus estudios con la maternidad. Desde el Ministerio de Educación y Ciencia se han puesto en marcha distintas acciones y programas que garantizan una efectiva
atención a la diversidad, como planes de atención a la diversidad, la adaptación de los curriculums de educación primaria y secundaria, incluyendo el tema transversal y obligatorio de educación para la salud. A partir de tercero y cuarto de
educación secundaria, está a disposición de los alumnos el seguro escolar. El sistema educativo contempla de manera integral la atención a todo el alumnado, y especialmente a aquellos que más lo necesitan por encontrarse en situación de desventaja
por causas personales, culturales, económicas y sociales. Desde una perspectiva general es preciso señalar que en relación con las políticas familiares desarrolladas por los poderes públicos se debe tener siempre presente, y particularmente en este
caso, la distribución de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Nosotros creemos que con todos los instrumentos que el Estado pone y, posiblemente, los que debiera de seguir incrementando en esta
materia, se ven garantizados esos derechos; por lo tanto no entendemos necesaria la aprobación de esta proposición no de ley.
-SOBRE AYUDAS PARA FINES DE INTERÉS SOCIAL DERIVADAS DE LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA DEL 0,52% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS, IRPF. (Número de expediente 161/000572.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proporción número 1 del orden del día, del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para su defensa tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
EL señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias señora presidenta. Pido disculpas a mis colegas por haber llegado tarde al inicio de la Comisión.
(El señor vicepresidente Burgos Gallego, ocupa la Presidencia.)
Con esta iniciativa Convergència i Unió recupera un tema viejo que ha sido objeto de discusiones en esta
Cámara en los últimos años entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado -también en esta legislatura del Gobierno tripartito-. Es bueno recordar que el Gobierno de la Generalitat formuló un requerimiento de incompetencia al
Gobierno del Estado en relación a la orden 892, de 23 de marzo de 2006, por la cual se establecen las bases reguladoras, se convoca la concesión de subvenciones del IRPF, un viejo tema conflictivo que, por otro lado, la sociedad civil en Cataluña,
especialmente en la tabla del tercer sector, nos viene reclamando a todos los partidos catalanes, que seamos capaces de resolver. Estamos hablando fundamentalmente de tres cuestiones: que los recursos del 0,52 del IRPF para otros fines de interés
social sean gestionados por las comunidades autónomas; estamos planteando la necesidad de pasar de una asignación tributaria del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento y estamos planteando la necesidad de que el Gobierno del Estado facilite información
de manera activa sobre las opciones que tienen los ciudadanos a la hora de hacer la declaración del impuesto sobre la renta. ¿Qué sucede de nuevo para que recuperemos esta proposición no de ley que el Grupo de Convergència i Unió presentó a
principios de este año -está fechada a 21 de enero de 2005- y en un momento en el que la normativa del Estado pretendía excluir a las entidades de ámbito no estatal de las posibilidades de estas subvenciones?
Fundamentalmente son dos las cuestiones que nos llevan hoy a plantear esta iniciativa. Por un lado el reciente acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Iglesia Católica sobre financiación de la misma. En el marco de ese acuerdo Iglesia y
Estado deciden que la asignación tributaria de la Iglesia pasa del 0,52 al 0,7 con el objetivo de ir desvinculando, ir ganando espacios de libertad de los ciudadanos católicos en relación a la financiación de la Iglesia Católica y por otro lado la
entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Como SS.SS. conocen, el artículo 114 del Estatuto regula la actividad de fomento del Estado, y recoge la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de subvenciones
territorializables en competencias exclusivas de las comunidades autónomas. El nuevo Estatuto que recoge esta doctrina del Tribunal Constitucional es muy explícito en el sentido de que estas subvenciones deben ser gestionadas por las comunidades en
materias de competencia exclusiva de la comunidad autónoma donde el Estado decida iniciar una política de fomento a las actividades vinculadas con esa competencia.
Dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña que las subvenciones deben ser gestionadas
por el Gobierno de la Generalitat, gestión, procedimiento, objetivos, etcétera. Pero nos encontramos en octubre de 2006 con un acuerdo con la Iglesia que eleva la participación de la misma al 0,7 por ciento y un nuevo marco legal que, al menos para
Cataluña, es muy explícito en la solución a ese viejo conflicto entre Estado y Generalitat sobre el 0,52. Lo hacemos, eso sí, después de que en el trámite parlamentario de la reforma del IRPF la mayoría en el Congreso y el Senado rechazasen
enmiendas de mi grupo y de otros grupos parlamentarios -seguro de Esquerra Republicana- en las que planteábamos también ese aumento tanto del 0,52 como esa gestión de carácter autonómica.
Mi grupo pretende que esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales asuma hoy un compromiso político y público dando respuesta a esas dos demandas: subir del 0,52 al 0,7. Ahí hemos de decir que ha habido declaraciones favorables del ministro
de Justicia, señor López Aguilar, y manifestaciones -digamos más prudentes- del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, señor Caldera, afirmando que era una cuestión que se tenía que estudiar. No entenderíamos que hoy está Comisión rechazase
equiparar el tratamiento que reciben las relaciones del tercer sector con lo que previsiblemente va recibir la Iglesia en el próximo año, es más, si hacemos génesis del origen de la asignación tributaria del 0,52 de las organizaciones no
gubernamentales, entre otras cuestiones, va vinculada a la primera asignación tributaria a la Iglesia Católica del 0,52. Dado que los porcentajes del 0,52 tienen el mismo origen, es razonable pensar que si aumentamos la participación de las
donaciones a la Iglesia Católica en esa financiación aumentemos en los mismos términos la participación del tercer sector, un sector que está necesitado de un incremento de los recursos que las administraciones públicas destinan a sus programas, un
tercer sector sobre el que todos coincidimos que es necesario que crezca, que se fortalezca, que aumente su capacidad de dar respuesta a los viejos y nuevos problemas sociales que tiene planteados nuestra sociedad y al mismo tiempo dar cumplimiento
al mandato legal del Estatuto de Autonomía de Cataluña y a las sentencias del Tribunal Constitucional que existen en esta materia, apostando por que esos recursos que los ciudadanos deciden destinar a los colectivos con mayores necesidades sociales
sean, efectivamente, para aquellas asociaciones que trabajan más cerca de las personas en riesgo de exclusión social, en dificultades sociales, en la más estricta marginalidad, a los colectivos que necesitan del apoyo social. Además, señorías, nos
parece que vincular la gestión del 0,52 a las comunidades autónomas debe formar parte de otro mensaje. Hoy hay territorios como Cataluña, como nuestro país Cataluña, donde el esfuerzo de los contribuyentes catalanes es especialmente significativo
desde el punto de vista de la asignación tributaria. Las últimas cifras del Ministerio de Economía y Hacienda, del IRPF del año 2003, dan la información de que para fines sociales en el conjunto del Estado el porcentaje del 0,52 para fines sociales
representaba 114 millones de euros. La demarcación de Barcelona había marcado 25 millones de euros; la de Lleida, más de un millón de euros; la de Tarragona, más de 2 millones de euros; la de Girona, más de 2 millones de euros. Es muy
significativo el esfuerzo solidario de los ciudadanos catalanes que deciden marcar la cruz para otros fines sociales, y eso no se ve respondido con un retorno de esos recursos a actividades de carácter social que se desarrollan en Cataluña. La
diferencia estaría en
torno a un tres a uno en aquello que los ciudadanos deciden que en Cataluña se dedique a los fines sociales que marca el IRPF y uno lo que retorna después en apoyo a las entidades de ámbito estrictamente catalán o que desarrollan sus
actividades en Cataluña. Es bueno y necesario vincular el esfuerzo solidario de los ciudadanos con un retorno efectivo de estos recursos hacia las personas con necesidades sociales de la sociedad de estos propios ciudadanos. Nos parece que es de
sentido común que vayamos en esa línea.
Señorías, estamos seguros que esta es una propuesta que no solo interesa a los ciudadanos de Cataluña, sino que interesa al conjunto de los ciudadanos del Estado y al conjunto de las entidades del tercer sector.
Reforzamos esta vinculación
entre ciudadano y territorio y asociación, facilitamos la percepción, que el ciudadano siempre vea que esos recursos que quiere destinar a las políticas sociales efectivamente vayan cerca de donde él se encuentra y fomentamos también el esfuerzo que
deben hacer las entidades del tercer sector, de los territorios donde hoy existe menor aportación para estos fines sociales, para que asuman que un esfuerzo de movilización para conseguir mayor número de cruces marcadas por los ciudadanos en la
casilla de otros fines redundaría en beneficio del tercer sector de sus territorios.
Sería razonable, señorías, que hoy alcanzásemos un acuerdo en esta proposición no de ley que plantea Convergència i Unió. Mi grupo estaría dispuesto a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista, que en el punto 3 de la
moción esa territorialización por las comunidades autónomas no fuese al cien por cien, que fuese compartida, entre otras cuestiones porque también permitiríamos plantear una solución de ganador/ganador, más recursos para todos, pero gestionados por
los gobiernos autonómicos, y una parte de estos recursos gestionándolos para el Estado en relación a las necesidades que correspondan al mantenimiento de las grandes confederaciones y federaciones de organizaciones no gubernamentales. Es una
enmienda in voce transaccional que mi grupo ofrece al Grupo Parlamentario Socialista. Si éste no acepta la enmienda, mi grupo solicitaría, señor presidente, tres votaciones separadas, en primer lugar del punto 2, en segundo lugar del punto 3 y en
tercer lugar del punto 4, y eliminaríamos de nuestro texto el punto 1 porque ya quedaría obsoleto. Por lo tanto pondríamos solo a votación los tres puntos, pero en votación separada, porque nos gustaría que no hubiese excusas para no votar esta
iniciativa y que la opinión pública sepa quien es favorable a incrementar los recursos al 0,7, quien es favorable a las campañas informativas destinadas a los contribuyentes y quien lo es a territorializar por comunidades autónomas los recursos
recaudados y ceder, de forma íntegra, la gestión de los mismos, en este caso tal como se afirma en la proposición no de ley, al Gobierno de la Generalitat.
Creo que toca resolver este tema de una vez, y nos parece que, modestamente, esta proposición no de ley puede ser un estímulo en la dirección que la sociedad y los gobiernos autonómicos nos vienen demandando desde hace tantos años. El nuevo
Estatuto y el acuerdo con la Iglesia marcan un antes y un después.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Señor Campuzano, obviamente la petición de la votación separada estará condicionada a conocer con posterioridad si su enmienda in voce es aceptada o no. En todo caso se ha presentado una enmienda
por escrito a esta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Barrachina Ros.
El señor BARRACHINA ROS: Nuestro grupo ha enmendado el texto porque compartimos dos aspectos que proponía originalmente la propuesta, y porque uno de ellos -el primero- está desfasado, no porque se debata tarde, sino debido a la confusión
del propio Gobierno, que hace un año propuso excluir que las ayudas fuesen solo para una comunidad autónoma pretendiendo que tuviesen implantación como mínimo en varias, pero posteriormente lo corrigió. Por lo tanto de los tres aspectos vivos que
ha defendido el señor Campuzano nuestro partido suscribiría dos, el primero de ellos ya lo puso de manifiesto el señor Robles, nuestro portavoz en materia de organizaciones no gubernamentales, suscribiendo que el 0,7, que va a ser de aplicación para
el sostenimiento de la Iglesia Católica, como ha defendido la vicepresidenta del Gobierno -e intuyo que será ya de aplicación en el próximo ejercicio tributario- sea extendido a los beneficiarios de la otra casilla o de las otras dos casillas, en
las que pueden elegir todos los contribuyentes españoles, y por lo tanto no haya ninguna discriminación. Ese es el primer aspecto de los dos que plantea nuestra enmienda de modificación o de sustitución al texto original del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). De acuerdo en que sean beneficiarios de ese 0,7 que ahora se propone. Es más, optar por la Iglesia u optar por ayudas a otros fines de interés social es incluso compatible, que es el segundo aspecto de la enmienda que
planteamos. Hay tres casillas, la primera para unos, la segunda para otros y la tercera para los dos, pero en esos dos el efecto es multiplicador, pues no se reparte, contra lo que pudiera pensarse, sino que es una cantidad íntegra, pues es un 0,7
para la Iglesia y otro 0,7 para los otros fines de interés social. Por lo tanto nuestra enmienda está dirigida primero a reclamar ese 0,7 a todos, y segundo que en las campañas de publicidad, ahora que se va a cambiar de modelo de financiación, se
hace especialmente interesante. En último lugar quisiéramos que, con ese 0,7 -y esto lo quiero hacer en forma de denuncia-, hubiese dinero para todos y no se hiciera solo un uso sectario, como actualmente existe con la distribución del 0,52 del
IRPF, y digo sectario porque, por ejemplo, en la propuesta que todavía no ha aparecido publicada pero sí se ha distribuido a las distintas organizaciones no gubernamentales, la ayuda que se daba a la Asociación de Víctimas del Terrorismo
que venía desde los tiempos de Felipe González recibiendo 240.000 euros, que en los ocho años de gobierno del Partido Popular se elevó hasta 463.000 euros- sorprendentemente el año pasado desapareció por no haber recursos suficientes,
pasando a recibir cero euros. Este año, desgraciadamente constatamos que la ayuda para la Asociación de Víctimas del Terrorismo -que al parecer lo que dice no es del gusto del actual Gobierno- es de 50.000, cuando curiosamente -por eso defiendo que
con la ampliación haya dinero para todo el mundo que ya tenía dinero antes- ha habido no ya 50.000 euros, sino 2.115.000 euros para una residencia de ancianos en el municipio del ministro, en el ayuntamiento de Béjar, lo cual es una gran noticia
para Béjar y para todos los españoles, pero eso no quita para que siga habiendo dinero para la que, durante los gobiernos de Felipe González y los gobiernos del presidente Aznar hubo también, para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que cabe
recordar agrupa a tres mil cincuenta víctimas directas del terrorismo y a sus familiares de primer grado, como reconoce el Ministerio del Interior. Por lo tanto, reclamamos con más intensidad que nunca que el paso del 0,52 por ciento al 0,7 por
ciento del IRPF sirva para atender las demandas justas de todas las organizaciones no gubernamentales, y no solo de aquellas que dicen exactamente lo que al Gobierno en cada momento le gusta oír. Por introducir un motivo de discrepancia con la
defensa que ha hecho el portavoz de Convergència i Unió, nuestro grupo suscribe el 0,7 por ciento, demanda una intensa campaña informativa destinada a los contribuyentes por las modificaciones nuevas que van a existir y a su vez dice que, por la
interpretación que de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, de 1992 y de 2002, hace mi grupo, como supongo que hace el Gobierno, se permite al Gobierno de España seguir distribuyendo ayudas a organizaciones no gubernamentales, y que eso
es compatible con que el actual Gobierno en Cataluña cree o mejore las actuales ordenes que actualmente hay para estos colectivos, y que por tanto esa compatibilidad y esa concurrencia es beneficiosa para que se pueda atender a organizaciones no
gubernamentales de ámbito nacional y de ámbito autonómico que actúen en cualquier parte del territorio español.
Finalmente, por una cuestión puramente filosófica, no existe, es falso que haya un territorio que pague más tributos que otro; el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo pagan las personas físicas, no lo pagan los
territorios. El territorio por su propia naturaleza es incapaz de pagar ningún impuesto, y si alguien ha visto alguna vez a un territorio, río o árbol pagar un impuesto que me avise porque estaré encantado de asistir a ese momento milagroso. El
impuesto de la renta de las personas físicas lo pagan las personas físicas y por tanto son las personas físicas, y jamás los territorios, quienes ejercen la solidaridad; son las personas físicas de Valencia, de Cataluña, de Madrid o de La Rioja las
que ejercen la solidaridad, y nunca los ríos, los árboles ni los territorios. Por lo tanto seguiremos defendiendo que esa solidaridad de las personas físicas se siga ejerciendo en un tributo de carácter nacional, aplicado en el territorio nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Para la fijación de posiciones de los diferentes grupos parlamentarios tiene la palabra en primer lugar por el grupo parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora García
Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: En primer lugar quisiera empezar con una puntualización. Seguramente ha sido un lapsus del diputado Carlos Campuzano, pero en todo caso quiero puntualizar. Me ha parecido que decía que esta iniciativa se había
presentado este año, pero todos sabemos que fue presentada en febrero del año pasado, hace más de un año. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Comparto muchas de las cuestiones que el señor Campuzano defiende en esta iniciativa. Primero, el objeto de discusión ha sido debatido en varias ocasiones en esta Cámara así como -se ha mencionado, es cierto y lo sabemos todos- en la
Generalitat de Cataluña, donde se han realizado numerosas acciones para que las propuestas que esta iniciativa trae a esta Comisión salieran adelante. Concretamente la Generalitat de Cataluña presentó en abril del año 2004 requerimiento de
incompetencia en relación con el sistema de distribución del 0,52 por ciento, y no solo esto sino que en numerosas ocasiones la tabla de entidades del tercer sector social de Cataluña ha insistido en la necesidad de revisar en profundidad la
distribución existente en la actualidad. Se complicó además con un posible cambio, que se anunció el año pasado, pero que después -supongo que el Grupo Socialista lo explicará mejor- quedó congelado, por lo que nos encontramos en la misma situación
que en los años anteriores.
Mi grupo comparte casi el cien por cien del contenido de esta iniciativa, no quiero que quede ninguna duda al respecto, y no podía ser de otra manera porque ha sido una reivindicación de mi grupo parlamentario, Iniciativa per Catalunya Verds
en este caso, durante todos estos años, y sigue siéndolo porque sin duda no se ha resuelto. En este sentido, señor Barrachina, quiero comentarle que es cierto que el IRPF no lo hacen los ríos ni las montañas, pero también es cierto que en
diferentes ejercicios, en los que podríamos ir desde el presente hacia unos cuantos años atrás, la realidad es que el porcentaje de catalanes que marcan la casilla destinada al 0,52 por ciento es más elevado que el de otras comunidades autónomas.
Esto, que es una realidad demostrable, son cifras y datos que al final acaban configurando la cantidad que verdaderamente se destinará a repartirse entre todo el Estado, lleva a considerar que en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña es más
solidaria; hay más personas, comparativamente con el resto del Estado, que optan por esta decisión, cuando después, a la hora del
reparto, el porcentaje no tiene nada que ver con lo que ha sido la decisión voluntaria de los catalanes y de las catalanas a nivel personal; esto quería que quedara claro.
Decía que vamos a seguir trabajando para conseguirlo; estamos bastante seguros, por las negociaciones que estamos teniendo con el Grupo Socialista, por lo que todos conocemos y también Convergència i Unió -el señor Campuzano también lo ha
seguido-, de que hay un compromiso para que el 0,7 por ciento para las entidades del tercer sector sea una realidad en los Presupuestos Generales del Estado de 2007. Esta cuestión es uno de los puntos planteados en esta iniciativa, que
prácticamente todos damos por hecho, y que de no ser así sería un gran retroceso en los compromisos del Gobierno. No está tan claro que se produzca la territorialización; ésta es una cuestión que deberá ser fruto de más debate y más consenso, y
esperamos y deseamos que se finalice lo antes posible. Debo anunciar por qué, pese a estar prácticamente de acuerdo con la iniciativa, mi grupo parlamentario se va a abstener, e incluso hasta el último momento se ha estado planteando votar en
contra. Nos vamos a abstener, señor Campuzano, porque a pesar de que usted dice que es razonable, el contenido de la iniciativa no solo es razonable, sino que es justo, y una aspiración que tiene su grupo en estos momentos, sobre todo hoy porque la
ha estado planteando; pero en todo caso discrepamos con algunas cuestiones, que son realmente de forma, pero en política la forma y el fondo tienen mucha importancia.
Usted nos dice: la traemos hoy después de más de año y medio; la podrían haber traído en muchos momentos -ustedes son libres-, pero la traen hoy, en el mes de octubre de 2006, y dice que lo hacen por dos motivos: por los acuerdos
recientes entre el Estado y la Iglesia Católica, y porque el Estatuto de Cataluña recoge la doctrina del Tribunal Constitucional de que las subvenciones deben ser gestionadas por el Gobierno de la Generalitat. Perfectamente, señores de Convergència
i Unió, pero el problema es otro desde nuestro punto de vista. Había un momento clave, rotundo para resolver este tema, y precisamente fue en el debate y aprobación de la reforma del IRPF. Quizás he entendido mal, pero debo aclararlo porque estaba
presente en aquella Comisión, al estar sustituyendo al diputado Joan Herrera. A él era a quien correspondía estar, pero por aquellos avatares de la vida, repito, tuve que estar en aquella Comisión, y la seguí perfectamente desde el principio hasta
el final. Nuestro grupo parlamentario y otros grupos, entre ellos el suyo, presentábamos estas enmiendas; mi grupo parlamentario presentaba lo que está planteando hoy el grupo de Convergència i Unió, el problema fue que dicho grupo no solo, como
aquí se ha dicho, votó en contra. No fue así, doy fe, porque estaba allí y lo seguí muy de cerca, incluso lo hablé, con el señor Sánchez Llibre. No fue así, hubo una retirada de sus enmiendas y hubo una votación en contra de las enmiendas de mi
grupo y de las de Esquerra Republicana, porque en aquel momento los acuerdos de Convergència i Unió con el Grupo Parlamentario Socialista pasaban por otros intereses u otras prioridades, concretamente se habían pactado las desgravaciones fiscales en
los planes privados de pensiones y se había acordado también la rebaja de los tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades. La realidad es que a estas enmiendas se votó en contra, y las de Convergència i Unió no se pudieron votar porque se
retiraron. En aquel momento, en ese debate podría haberse resuelto el problema si hubiese existido la mayoría parlamentaria, pero en todo caso no fue de esta manera. Por lo tanto, señores de Convergència i Unió, cuando usted dice que la sociedad
ha de saber -por eso nos plantea una votación separada- quién es favorable o no a que se resuelvan estas cuestiones planteadas, yo espero que el tercer sector y la sociedad en general lo sepan perfectamente. Ser favorable o no no está en función de
lo que se vote hoy en esta Comisión, sino de la coherencia política que se haya mostrado a lo largo de todo este tiempo y de cómo y de qué manera cada grupo parlamentario en su preciso momento haya tomado sus opciones. Mi grupo parlamentario optó
por mantener las enmiendas a la reforma del IRPF hasta el último momento, como lo ha hecho en el Senado, por lo tanto ahora aquí no es de recibo plantear esta iniciativa tal y como se hace; primero, porque el 0,7 por ciento -así lo esperamos y
nuestro grupo parlamentario continuará negociándolo hasta el último momento- consideramos que va a ser una realidad, se pasará del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento; y, segundo, porque la propuesta de territorialización es también un debate que
está abierto, ya que existe ahora el marco para poder realizarlo, y que, en definitiva, es una reivindicación de diferentes grupos de esta Cámara, en el que el consenso debe ser lo primero que realmente se tenga como valor. No nos parece coherente,
no nos parece de recibo, que en los momentos en los que podría haberse demostrado interés por esta propuesta se optara por retirar unas enmiendas y ahora quince o veinte días antes de algunas cuestiones importantes que han de pasar en Cataluña
traigamos a discutir esta iniciativa. Ésta es la posición de mi grupo parlamentario. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Solicitaría, por favor, para desmentir estas afirmaciones que se han realizado, que se leyese a la Comisión el escrito de mantenimiento de enmiendas de Convergència i Unió entre el trámite de Comisión y el
Pleno, donde queda en evidencia que la enmienda del 0,7 por ciento y el proceso de gestión territorial de estas subvenciones se mantuvo por Convergència i Unió, y que se discutió en el Pleno del Congreso de los Diputados. Lo que dice la señora
García Suárez es falso.
Pido en concreto el documento de mantenimiento de enmiendas de Convergència i Unió
en el trámite de Comisión a Pleno. (La señora García Suárez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: El letrado toma nota de las actas solicitadas y de la petición.
Tiene la palabra la señora García por cinco minutos.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señora presidenta, supongo que entre toda la información tendremos las votaciones de estas enmiendas, podremos conocerlas.
La señora PRESIDENTA: Sí.
Seguimos con el orden del día de fijación de posición. Por el grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, el señor Tardà i Coma.
El señor TARDÀ I COMA: No vamos a entrar en el fondo del debate puesto que, como es bien sabido, el tema que nos ocupa forma parte del debate desde los inicios de esta legislatura. Concretamente nuestro grupo parlamentario ha presentado
dos proposiciones no de ley, una en Pleno y otra en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, en esta misma Comisión, y todavía tenemos otra presentada en la Comisión de Economía y Hacienda, por lo cual queda claro que nuestro grupo parlamentario
en el tema que nos ocupa ha formado parte del guión de actuación respecto a cómo configurar una nueva distribución del 0,52 del IRPF para finalidades sociales, así como su incremento hasta el 0,7 por ciento. Por esto opto por hacer una breve
relación secuencial de los hechos protagonizados por nuestro grupo parlamentario respecto a este tema. En el mes de septiembre del año 2004 ya se debatió en Pleno una proposición no de ley, que tuvo el apoyo de Iniciativa per Catalunya Verds y de
Convergència i Unió, relativa precisamente a la distribución territorial entre comunidades autónomas la asignación tributaria del 0,52 por ciento destinada a fines sociales. Esta proposición no de ley no tuvo la mayoría suficiente, lo cual nos
llevó a presentar otra que tampoco tuvo éxito aun cuando se aceptó parte de lo pretendido, por ejemplo instar al Ministerio de Hacienda a llevar a cabo una campaña para estimular a la ciudadanía a marcar la cruz correspondiente a la casilla del 0,52
por ciento, dado que nosotros argumentábamos que la Generalitat de Cataluña ya lo hacía, y esto tiene algo que ver con los resultados respecto al mayor número de aportaciones ciudadanas desde Cataluña, porque los poderes públicos, en tanto y en
cuanto estimulan a la ciudadanía a un comportamiento, tienen un éxito relativo, pero se va abriendo camino en ese sentido, y en cambio no se hacía desde el Ministerio. También nos sorprendió que el Ministerio de Hacienda hiciese caso omiso a lo que
se aprobó en este Parlamento, a lo que se aprobó en esta Comisión; el pasado año el ministerio no hizo caso al Parlamento, y esa campaña en particular no se hizo. Esperemos que lo corrijan y se proceda de la manera a la que se instó a actuar. En
aquella misma Comisión se aprobó la elaboración de un estudio por el Gobierno a fin de poder proceder a una territorialización de las aportaciones, y les recuerdo que además estábamos inmersos en el debate que había generado la voluntad del Gobierno
de cambiar los criterios respecto a la participación de las distintas entidades en la asunción de los programas que presentaban. Digo esto no solo porque ha sido un tema de debate recurrente, sino porque además hemos pasado por distintas coyunturas
en las que el debate a veces ha adquirido la categoría de nervioso; incluso desde el Govern de Catalunya, desde el Govern catalanista de Esquerra de Cataluña, había cundido una cierta alarma ante lo que el Gobierno había decidido hacer. Aquello se
superó y el Gobierno supo corregir, creo que muy acertadamente.
Esto nos lleva a otro momento para nosotros también muy importante, aquel en el que el Gobierno opta por entenderse, desde el punto de vista de la reforma fiscal, con los de siempre, con Convergència i Unió. A nosotros nos sorprendió cómo,
desde la alianza constructiva que íbamos manteniendo con el Gobierno, se nos desplazaba en lo relativo a la reforma fiscal.
¿Por qué esto viene a colación ante el tema del que hablamos ahora? Nosotros respondimos con contundencia, porque si
hubiésemos sido invitados al pacto, en vez de ser desplazados, hubiésemos expuesto ante el señor Solbes como tema imprescindible el 0,52 por ciento territorializable y el incremento al 0,7 por ciento. Digo esto porque -Carles Campuzano sabe que no
le hablo desde una perspectiva personal- aquí hay un cierto oportunismo de Convergència i Unió, primero, porque mantuvieron las enmiendas, aunque estoy convencido -es un criterio subjetivo- de que ellos no hicieron bandera de esta reivindicación, y
confieso que Esquerra Republicana sí que la hubiera hecho ante el ministro señor Solbes. No solo fuimos desplazados, sino que nos vimos en la necesidad de presentar enmiendas a la Ley del IRPF; y las perdimos, no solo en el Congreso, sino, cosa
que lamentamos más, hace tan solo una semana en el Senado. Cuando Esquerra Republicana presentó las enmiendas en el Senado, y que ya perdimos en el Congreso, porque el señor Solbes ya no quiso ni discutirlas con nosotros, pero sí con Convergència i
Unió, aunque ellos las pusieron debajo de la mesa, el Gobierno ya había anunciado el incremento del 0,7 por ciento y además conocía cuales habían sido nuestras fatigas, las de Esquerra Republicana, las del PSC, y las de Iniciativa per Catalunya
Verds, para conseguir no solo el incremento sino también su territorialización. Es más, la enmienda en el Senado tiene dos partes: una habla de que a partir del período impositivo del año 2007 el porcentaje del rendimiento del IRPF destinado a
otros fines de interés social aplicable a las declaraciones será del 0,7 por ciento, y en la ley de presupuestos para el año 2007 se hará constar dicho porcentaje de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta; otra, a partir del
ejercicio presupuestario del año 2007 el Gobierno procederá a abonar a las comunidades autónomas con competencia en materias de asistencia social, juventud
y promoción de la mujer el total de los recursos recaudados en la misma comunidad autónoma procedentes de la aplicación del 0,7 por ciento en la recaudación del impuesto de la renta de las personas físicas, que debe destinarse a otros fines
de interés social, a fin de que sean gestionados directa e íntegramente por cada comunidad autónoma. Pedíamos todo, pensando que, como quiera que el Gobierno había ya anunciado el 0,7 por ciento y conocía nuestras complicidades, transaccionaría en
el Senado, y Entesa, es decir los senadores del PSC, de Esquerra Republicana y de Iniciativa, vio que de un plumazo no se le hacía caso y que el Grupo Socialista y el Grupo Popular se unían derrotando esta enmienda. Hace sólo una semana de esto.
Ahora bien, como la fe mueve montañas, hemos visto cómo el Gobierno ha corregido -y nosotros lo celebramos- y ha anunciado que el 0,7 por ciento además será territorializable. Hay que reconocer que hay disparidad de opiniones en el Gobierno, pero,
aun cuando denunciamos un cierto oportunismo en Convergència i Unió, nosotros somos presos de nuestra trayectoria y de nuestro compromiso a favor del 0,7 por ciento y de su territorialización y vamos a votar a favor de su propuesta. Debo decirles
también que esperamos que el Gobierno se comprometa para que de una vez por todas podamos culminar aquello que iniciamos justo cuando la legislatura empezaba a andar: conseguir el 0,7 por ciento y su territorialización.
Había la posibilidad de poder plantear una proposición no de ley conjuntamente...
La señora PRESIDENTA: Vaya terminando.
El señor TARDÀ I COMA: Sí, termino.
Es más, podríamos incluso comprometernos a presentar una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para que se pudiera visualizar claramente que esta vez va en serio, porque aquí el problema no son los resquemores sino las
desconfianzas inevitables, aún cuando haya esta voluntad. También entenderán que no podemos pactar una enmienda parcial cuando esta tarde nuestro grupo parlamentario va a presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos; eso sería
totalmente contradictorio.
Aunque parezca un poco esquizofrénico, confiamos en que esta vez el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno no nos defraudarán y a la vez anuncio que votaremos a favor de la parte dispositiva, para la que
Convergència i Unió ha pedido el voto separado. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Esteve Ortega. Le ruego brevedad.
La señora ESTEVE ORTEGA: Estamos discutiendo una proposición no de ley cuyo contenido viene de lejos. Es cierto, como comentaba ahora el diputado de Esquerra Republicana Joan Tardá, su interés y también el de muchos grupos de esta Cámara
por llegar a una situación más favorable de aplicación del 0,52 por ciento del IRPF para otros fines sociales que fuera justa, suficiente y permitiera hacer una labor muy digna a las organizaciones sociales. De todas maneras me van a permitir que
le diga al diputado Carles Campuzano, amigo mío, que con una proposición no de ley que tiene casi dos años de vida llega un poco tarde, porque durante este tiempo han sucedido muchas cosas: se ha debatido en plenario, se ha realizado un estudio
sobre la aplicación del propio impuesto del IRPF, lo que quiere decir que además de esta Cámara el Gobierno ha estado trabajando intensamente para encontrar de una vez por todas solución a una cuestión que como mínimo tenemos todos presente. Yo no
me voy a referir a su primer punto en cuanto a detener la modificación; usted mismo la ha dicho: está obsoleto. Por lo tanto está tan obsoleto como la proposición no de ley. Sólo quiero recordarle que en la orden de este año, para 2006, se
recogieron en buena parte las recomendaciones del estudio que se realizó a instancias de este Congreso de Diputados y también de la legislación de los años 1989 y 1991, y que este año se ha dado una mayor participación a las comunidades autónomas,
así como a las organizaciones sociales. Esto ha sido en relación al primer punto.
Vamos a centrarnos en lo que realmente hoy es el núcleo básico de su proposición no de ley. Respecto de los recursos de los programas sociales, elevando el porcentaje del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento, recordaré algunas cosas que vale
la pena que tengamos en cuenta, porque son el hilo de la argumentación para llegar al punto en el que vamos a decir que en el 0,7 por ciento, estamos de acuerdo; pero esto tiene una secuencia y vale la pena repasarla. La actual asignación fiscal
del 0,52 por ciento es fruto de un acuerdo firmado el 24 de septiembre de 1999 entre la Plataforma de las ONG de acción social y el Gobierno, en la que participan también entidades de las diferentes comunidades autónomas y, cómo no, de Cataluña.
Fíjense que siempre para conformar la aplicación de este impuesto el Gobierno ha trabajado de forma permanente con las entidades para disponer las cantidades que luego se distribuyen. En virtud de todo esto en los Presupuestos Generales del Estado
se garantizaba durante los años 2000, 2001 y 2002 que el Estado destinaría a subvencionar actividades de interés social como mínimo en cada ejercicio, con independencia de cual fuera la recaudación. Más adelante en el año 2002, el 30 de diciembre,
en los Presupuestos Generales del Estado, se da continuidad al sistema para los años 2003, 2004 y 2005, con un incremento anual del 2 por ciento garantizado, de manera que el Estado aportaba en esos años la diferencia entre el mínimo garantizado y
lo recaudado. Vemos todo un proceso y un trabajo con las organizaciones no gubernamentales que no se improvisa, mientras en una proposición no de ley se dice, se quita, pero quizás no es suficiente.
En el año 2006 por primera vez la cantidad recaudada ha sido superior a la presupuestada, pasándose de 98 millones, casi 99 millones de euros, a los 101 millones, 102 millones de euros recaudados. ¿Qué quiere decir esto? Que más personas
individualmente están poniendo la cruz porque desean destinar una parte de su impuesto a otros fines de interés social.
¿Cuál es el objetivo del Gobierno y estoy segura que de todos nosotros para los próximos años? Continuar con el esfuerzo
realizado para conseguir, fíjese señor Campuzano, la estabilidad financiera de las ONG; nos interesa a todos un tejido asociativo fuerte para que pueda llevar su cometido de la mejor manera posible, para lo cual es necesario que las entidades del
tercer sector sean sostenibles a nivel financiero y organizativo y puedan desarrollar programas de calidad, con eficacia y eficiencia. Estamos todos de acuerdo, estoy segura, en que es necesario -así lo piensa el Gobierno- mejorar la suficiencia
financiera de las organizaciones no gubernamentales, porque, si no, no pueden desarrollar bien su cometido en el conjunto de un marco financiero global, en el que se hace necesario contemplar ahora el paso del 0,52 por ciento al 0,7 por ciento.
Efectivamente no tendría sentido que por un lado hiciésemos un acuerdo con la Iglesia de aplicar el 0,7 por ciento y dejáramos en la cuneta a las entidades que tienen unos objetivos que forman parte también de la estrategia del propio Gobierno y del
conjunto de los ciudadanos.
¿Qué se hace necesario? Cerrar un pacto en el que las organizaciones no gubernamentales que puedan tener esta suficiencia financiera, esta garantía de continuidad a través de convenios plurianuales, a la vez establezcan
un compromiso con la sociedad, y en especial con los grupos y sectores más vulnerables, en especial referencia a la lucha contra la exclusión y la cooperación con las personas en situación de dependencia, entre otros sectores. Todo ello en un marco
de cooperación con los poderes públicos, para una mayor promoción del voluntariado, y repito, sobre todo con criterios de calidad, eficacia y transparencia. Es lo que está haciendo el Gobierno: discutir con las organizaciones no gubernamentales un
pacto de cooperación con mayor suficiencia financiera, garantizando sus proyectos, y a la vez conseguirles unos mayores niveles de calidad. Aquí incluyo su punto que trataba de la campaña informativa.
Fíjese, tanta es la creencia de cómo es
necesario reforzar el tercer sector que se considera importante que sean las propias ONG las que promuevan la campaña informativa, contando en un marco cooperativo con la colaboración de las administraciones públicas. Por tanto, más empoderamiento
al tercer sector, más cooperación con el Gobierno y las distintas comunidades autónomas.
Finalmente, me voy a referir a la cuestión de la territorialización, que parece que es el tema que ocupa, preocupa y ha sido objeto de debate desde hace tiempo. Sobre esta cuestión quisiera señalar que nos consta -a mi grupo y a mí- que en
la cuestión de la gestión por comunidades autónomas de lo recaudado para proceder a la posterior territorialización del impuesto el Gobierno está contemplando la posibilidad de desplazar o territorializar un tramo de la asignación del IRPF. De
momento es una posibilidad que está abierta, que forma parte de todo este marco, y esta territorialización por su envergadura no se puede hacer de cualquier manera, sino que debe ser discutida, y será así en su momento, con las comunidades
autónomas, con las ONG con las que ya se está trabajando en este marco cooperativo y, por supuesto, en esta Cámara, para conseguir el máximo consenso en un tema que es de especial sensibilidad pero a la vez principal necesidad. Por eso no es
oportuna su proposición no de ley.
Hace dos años la planteó, pero el camino ha avanzado. Hay muchas cuestiones planteadas, pero existe un compromiso de un mayor reforzamiento de un pacto con el tercer sector, contemplar la posible
territorialización, y que todo esto sea a través de un pacto con las comunidades autónomas y las ONG, y con un debate aquí, en ésta Cámara.
Por este motivo y porque consideramos en consecuencia que no es oportuna su proposición no de ley vamos a
votar que no, y vamos a seguir trabajando, porque estamos seguros de que todo esto va a tener su repercusión en los presupuestos que actualmente estamos discutiendo. Por tanto este cambio al 0,7 se verá materializado de manera inmediata.
Insisto, señor Campuzano, fundamentándolo y compartiendo sus argumentos, vamos a votar que no.
La señora PRESIDENTA: Para la aceptación de la enmienda, el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo no acepta la enmienda del Grupo Popular, retira el primer punto de la proposición no de ley y solicita votación separada de cada uno de los tres puntos de la proposición no de ley.
-SOBRE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PROTECCIÓN DE MALTRATO A MENORES.
PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001597.)
La señora PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día, sobre elaboración de un plan de protección de maltrato a menores, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Barrachina Ros.
El señor BARRACHINA ROS: Señora presidenta, va a intervenir don Guillermo Mariscal. Era por una cuestión de orden. Se suscitó la duda sobre el sentido de la votación de mi grupo en la última Comisión, pero por arrojar luz y sin ánimo de
entrar en ningún debate, nuestra ponente, Pilar González, lo dejó meridianamente claro cuando dijo exactamente: queremos mostrar nuestro rechazo a la aceptación de la enmienda número
noventa y cinco, que se refiere a España como un Estado...
La señora PRESIDENTA: Señor Barrachina, ¿usted quiere hablar de otro tema o va a defender la iniciativa?
El señor BARRACHINA ROS: No, la va a defender otro diputado. Era por una cuestión de orden simplemente.
La señora PRESIDENTA: No, no. Entonces tendría usted que haberlo pedido, no tiene la palabra.
El señor BARRACHINA ROS: La estaba pidiendo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No, no; no ha pedido nada. Usted me dijo que iba a defender la...
El señor BARRACHINA ROS: No, la estaba pidiendo por una cuestión, pero la ha molestado...
La señora PRESIDENTA: No habló nada, que yo entienda, de cuestión de orden. Vamos a ser sensatos y rigurosos. Si usted pide la cuestión de orden, la pide como cuestión de orden.
El señor BARRACHINA ROS: Sí, señora presidenta; pero una cuestión de orden...
La señora PRESIDENTA: Yo estaba diciéndole, que daré la cuestión de orden en el momento oportuno. Ahora estábamos hablando de defender el punto que estábamos debatiendo. Si me permite, seguimos en el debate.
El señor BARRACHINA ROS: Si usted no me ha escuchado, lo siento, pero he intentado decírselo.
La señora PRESIDENTA: Seguimos en el debate de la proposición no de ley número 3, que era el objeto en el que estábamos trabajando.
El señor BARRACHINA ROS: Correcto, yo quería hacerle una observación, y se la haré al final de la sesión.
La señora PRESIDENTA: Cuando quiera.
El señor BARRACHINA ROS: Dentro de la sesión.
La señora PRESIDENTA: Cuando pida la palabra para la cuestión de orden, si se considera... En este momento no tiene la palabra.
El señor BARRACHINA ROS: Se la he pedido, señora presidenta, y lo volveré a hacer.
La señora PRESIDENTA: No tiene la palabra. (Rumores.)
Tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Nos encontramos ante una proposición no de ley que formula el Grupo Parlamentario Popular, que en cierta medida da sentido a nuestra presencia aquí como diputados nacionales, porque es una situación en la que nos
encontramos para poder luchar por una sociedad más libre y más justa, que es el caso al que refiere esta proposición no de ley sobre el maltrato a menores en el ámbito familiar. Los menores son una preocupación constante del Grupo Parlamentario
Popular, porque consideramos que son aquellos que conforman los cimientos de nuestra sociedad, y ha sido una constante en la actividad parlamentaria de este grupo su defensa. Como muestra están los trabajos previos a la Ley de Violencia de Género;
presentamos una enmienda que fue rechazada para convertir a los menores en sujetos activos de ésta ley. En segundo lugar, en el caso de los inmigrantes, ya el sábado 7 de octubre de 2006, hemos presentado cien medidas para abordar el problema de la
inmigración, entre las cuales se encuentran las medidas a favor de los menores de edad no acompañados. Tengamos en cuenta que en Canarias se encuentran actualmente 900 inmigrantes sin saber dónde van a llevarlos ni cuál es su situación real en este
momento. Por lo tanto proponemos una serie de medidas entre las que se encuentra la creación de una legislación específica sobre los inmigrantes menores de edad no acompañados. Está en la fiscalía la aprobación de una nueva circular en materia de
menores, en atención a los problemas sobrevenidos en los últimos dos años, así como reformar la normativa sobre guardia, custodia y tutela de menores inmigrantes no acompañados; crear centros de acogida de menores en los países de origen e incluir
una cláusula específica en todos los convenios de regulación de flujo migratorio firmados con los países de origen, para facilitar el retorno de los menores inmigrantes no acompañados a sus países de origen.
Desde el Grupo Parlamentario Popular seguimos insistiendo en que en el tema de la inmigración es necesario reducir el número de fotografías y de grandes palabras y frases y trabajar más, como ocurre con la acción exterior, donde el señor
Sarkozy, ministro del interior francés ha dado una lección a este Gobierno cuando ha negociado con Senegal que las patrulleras francesas puedan patrullar sus costas y por tanto limitar en la medida de lo posible el drama que suponen los cayucos en
Canarias. Por eso le pedimos al Gobierno, dado que una de las labores que tiene este grupo parlamentario es solicitar al Gobierno impulsar -es el motivo de esta proposición no de ley- que gestione con eficacia, que haga algo bien, que piense en el
bien común y apoye esta proposición no de ley que ya fue rechazada en el Pleno en el mes de abril de este año. El problema es doble, por un lado está el maltrato físico y psicológico que sufren los menores agredidos y por otro el drama
que supone que el agresor sea una persona querida o bajo la que están en guardia y custodia. Por tanto, proponemos la creación de un plan nacional de protección contra el maltrato infantil para acertar con los criterios comunes en todo el
territorio nacional, tanto en materia de protección como de prevención y coordinación, y ofrecer más apoyos de la Administración pública. En un reciente informe de Unicef, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, titulado A puerta
cerrada: el impacto de la violencia en niños tenemos constancia de que existen más de 180.000 menores que sufren en España violencia doméstica y se denuncia que el 40 por ciento de estos menores pueden convertirse en maltratadores potenciales.
Según este informe no solamente está el daño inicial sino también los efectos secundarios, tales como problemas en los estudios, dificultades para relacionarse con otras personas, depresión, ansiedad y problemas psicológicos. La intención de este
grupo, con esta proposición no de ley, es conocer la importancia de este problema con datos y cifras reales, así como elaborar programas y campañas de concienciación para cambiar costumbres y creencias tan perniciosas como el maltrato de menores.
Esto, añadido al problema -creciente en España- de la violencia en las aulas, donde uno de cada cuatro niños menor de 7 años sufre algún tipo de violencia, nos impulsa a que intentemos castigar estos actos de violencia, proteger a todas sus víctimas
y reclamar a la Administración pública una intervención en aquellos que la han sufrido, minimizando las consecuencias a largo de plazo de este problema.
Es misión de un gobierno promulgar y aplicar leyes que castiguen los actos de violencia, por tanto nosotros abogamos en esta proposición no de ley por la creación de un plan de protección contra el maltrato infantil, la realización de
campañas de sensibilización de lucha contra el maltrato infantil; coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la adecuada prevención de violencia a menores; agilizar los trámites
administrativos y judiciales mediante el uso de las nuevas tecnologías -una vez que ha sido presentada la denuncia por malos tratos- con el fin de que no se demore en el tiempo; calificar como situación de riesgo para el menor cuando se presente
una denuncia por malos tratos, debiendo asumir de manera automática la Administración autonómica la tutela del menor hasta que se dicte la resolución judicial; reforzar los sistemas de alarma en centros escolares y hospitalarios con el fin de
detectar si ha habido agresión a menores lo antes posible; dotar de información adecuada en este ámbito a los profesionales que trabajan en centros escolares y a los profesionales de centros sanitarios; ampliar la red de centros de atención a la
infancia; crear un registro nacional de maltrato a menores y crear una conferencia sectorial sobre el maltrato de menores en el ámbito familiar, con el fin de que las comunidades autónomas se reúnan de forma periódica para proponer medidas de lucha
contra el maltrato infantil y evaluar las que se hayan puesto en marcha. Este grupo parlamentario ha pretendido negociar enmiendas transaccionales tanto con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds como con el Grupo Socialista, pero el
talante demostrado por estos grupos hace imposible ningún tipo de consenso porque renuncian a negociar con nosotros cualquier tipo de enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición? Señora Cedres, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora CEDRES RODRÍGUEZ: Señorías, después de leer atentamente la exposición de motivos de esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular y después de la experiencia que tengo en la materia como técnico de menores en la Administración
local puedo aseverar que me he llegado a plantear no intervenir por la forma tan poco respetuosa en que este grupo expone el trabajo de los que dedican su formación, capacidad y trabajo a la prevención del maltrato infantil, pero como me debo a los
ciudadanos ante todo y a mi grupo parlamentario pasaré a desglosar técnicamente los motivos por los que nuestra postura es contraria a la propuesta. Por cierto, no confunda, señor Mariscal, el maltrato con los menores extranjeros. No es cuestión
de talante no negociar una transaccional; creo que el desconocimiento con respecto a algunos temas ha quedado patente en esa confusión que ha creado en ciertos momentos de su intervención.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero, en cumplimiento del programa electoral del Partido Socialista, está trabajando en el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia, que se encuentra en una fase muy avanzada de elaboración y que ha
sido diseñado en el marco del Observatorio de la Infancia, en el que participan, además del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, representantes de otros departamentos de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la
Federación Española de Municipios y Provincias y de las organizaciones sociales de la infancia. El objetivo de este plan estratégico, teniendo en cuenta la distribución territorial de competencias entre los diversos poderes públicos y en particular
entre las administraciones del Estado, de las comunidades autónomas y de las entidades locales en todas aquellas materias que tienen incidencia en el bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes, es precisamente la construcción de
una cultura de la cooperación entre las instituciones públicas y privadas que revierta en un mejor aprovechamiento de los recursos existentes y en una detección más precoz y efectiva de aquellas necesidades que pudieran estar cubiertas de manera
insuficiente.
Entrando en materia, y teniendo en cuenta las medidas contempladas en el proyecto de plan estratégico, se encuentran algunas semejantes en la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular de forma reiterada en la
Cámara en los puntos 1, 2, 3 y 4 por ejemplo. Si atendemos a la medida número 2, ya
existen guías para la intervención policial, en forma de protocolos de actuación y acuerdos para la coordinación, redactadas a niveles autonómicos, provinciales y locales, pensados para mejorar la respuesta interinstitucional en la atención
a las mujeres y menores víctimas de malos tratos y agresiones sexuales, atendiendo a las normativas propias de cada comunidad autónoma y a las diferentes redes de recursos sociales.
Estas guías proporcionan pautas y normas que cumplimentan a las
más generales, adaptándolas a las diferentes peculiaridades de cada espacio geográfico. Para prever mecanismos de coordinación -ya que tanto le preocupan- ágiles entre policías y otros profesionales, cubriendo anticipadamente las situaciones que se
puedan dar, los equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil (Emume) mantienen actualizada su propia guía de recursos y centros de interés para víctimas con direcciones, teléfonos de 24 horas y nombres de profesionales de contacto con los que coordinar
sus actuaciones. Dicha guía incluye los servicios públicos especializados nacionales, autonómicos y locales, los organismos responsables, las organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, los centros de interés, así como todo tipo de
asistencia para las víctimas, servicios sanitarios, jurídicos, psicológicos, de documentación, etcétera. Los Emume mantienen contacto permanente creando espacios de encuentro y actuación tanto con instituciones de todos los niveles como con
asociaciones creadas con este ámbito de actuación al objeto de favorecer actuaciones de carácter preventivo y asistencial.
Con respecto al punto 4, calificar la situación de riesgo cuando se presenta una denuncia de malos tratos y asumir la tutela inmediata, la legislación distingue claramente entre situación de riesgo y situación de desamparo, siendo esta
última la que determina la asunción de la tutela automática ya que en situaciones de riesgo se activa un tipo de actuación desde los servicios sociales, normalmente desde las UTS en la mayoría de las comunidades autónomas, dirigidas al seguimiento,
prevención y adecuación del entorno familiar en el que convive el menor sobre la base de que el interés del menor comporta su mantenimiento en dicho entorno.
Si existen indicios de malos tratos, y especialmente cuando existe una denuncia, hay que
tener presente que las leyes autonómicas en materia de protección de menores contemplan supuestos de maltrato al menor entre aquellos en los que puede fundamentar la declaración de desamparo y la consiguiente tutela. Por ello podría decirse que es
innecesario modificar este esquema en el que se apoya el sistema público de protección del menor. Podría seguir hablando de los puntos 6 y 7. Respecto a este último, las hojas de detección, notificación y registro de casos de maltrato puestas en
marcha en casi todas las comunidades autónomas y que se están desarrollando nos van a permitir crear esa estadística nacional de maltrato.
Señor Mariscal, aunque está muy ocupado atendiendo a otra persona, pero me gustaría decirle en síntesis que la posición del Grupo Parlamentario Socialista ante esta proposición no de ley es desfavorable, y no por cuestión de talante, sino
porque la labor de la oposición debe ser la de fomentar la acción del Gobierno, no reducirla. Como expuse antes, el plan en el que se está trabajando es más ambicioso de lo que hoy el Grupo Parlamentario Popular nos trae como propuesta de forma
reiterada. Por otro lado es técnicamente inadmisible, y en algunos casos patente, el desconocimiento del funcionamiento de la Administración en materia de menores que su grupo ha relatado hoy aquí. Por último me gustaría resaltar que esta
propuesta hace del drama humano utilización política, algo que parece que es inadmisible. Aparece en su exposición de motivos citando dos casos que han afectado directamente a menores y cuestionando la labor de muchos técnicos en varias comunidades
autónomas.
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir...
El señor MARISCAL ANAYA: Señora Presidenta, quisiera contestar a las acusaciones que ha formulado la portavoz del Grupo Socialista porque ha entablado un debate conmigo y tengo derecho a responderla.
La señora PRESIDENTA: Usted ha hecho defensa de una iniciativa y le han contestado en la fijación de posición. No hay más debate en este caso.
-DE MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA MISMA A DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC).
(Número de expediente
161/001608.)
La señora PRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día es una iniciativa del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra para su defensa el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Presentamos una proposición no de ley, importante a nuestro entender, porque estamos convencidos de que afecta a un gran número de trabajadores y trabajadoras; es más, se dice que incluso puede llegar al millón de
personas que están trabajando en el transporte y que están afectadas por lo que nosotros denominamos el estrés provocado por las duras condiciones de trabajo que tienen como causa las temperaturas que alcanzan las cabinas de los camiones y otros
vehículos de transporte de menor tonelaje. (La señora vicepresidenta, Cortajarena Muñoz, ocupa la Presidencia) Más allá de los problemas de salud de los trabajadores esto tiene una relación directa con la siniestralidad, en la medida en que las
condiciones de trabajo, teniendo en cuenta las largas jornadas laborales a las que
están sometidos los trabajadores del mundo del transporte, provocan accidentes. Una vez analizados tanto por las compañías de seguros como por la Guardia Civil o los cuerpos de seguridad en las carreteras, se acaba argumentando que...
(Rumores).
Señora presidenta, ¿por qué no les hace callar?
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene usted razón señor Tardá. Ruego silencio porque no se puede escuchar.
Continúe, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Decía que estamos convencidos de que existe un gran número de personas que están afectadas por unas condiciones de trabajo que son producto de unos vehículos mal acondicionados desde el punto de vista térmico. Existe
una normativa que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud, pero excluye los puestos de trabajo dentro de los elementos móviles. Nos referimos a la normativa que regula la adecuación a las normas básicas de salud de estos puestos de
trabajo, en concreto al Real Decreto 486/1997, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables al puesto de trabajo, texto que se desprende de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. Tal como decía, por efecto de la normativa
comunitaria se excluye a determinados puestos de trabajo de dichas obligaciones, lo que ha provocado que la normativa española haya dejado huérfanos en seguridad y salud a alguno de aquellos, en concreto a los relativos a los medios de transporte
utilizados fuera de la empresa o centros de trabajo, así como los puestos de trabajo en los medios de transporte. Por esto les decía que existe un gran número de personas que trabajan en unas condiciones francamente penosas. Tengan en cuenta
además que es un sector muy atomizado, existe en algunas empresas; concretamente ahora pienso en una, que tiene cerca de diez mil trabajadores, pero por lo general, estamos hablando de trabajadores muchos de ellos autónomos, un 60 ó 70 por ciento,
en el que las empresas -excepto esta a la cual hacía referencia- en general son medianas e incluso pequeñas. Digo esto porque la capacidad de respuesta organizada de los trabajadores tiene mucho que ver con la misma estructura empresarial. Los
trabajadores llevan muchos años reclamando, de hecho lo hacen ante los gobiernos autonómicos. Debo decir que ante la Generalitat de Cataluña esos trabajadores vienen reclamando que desde los poderes públicos se haga alguna cosa; también es cierto
que desde la Generalitat de Cataluña o desde otros poderes públicos de carácter autonómico se argumenta que quien debe hacerlo es el Gobierno español, el Gobierno central, y no las comunidades autónomas en tanto en cuanto las competencias no dan
para ello.
Lo digo porque, al existir esta necesidad, este déficit que viven día a día, los trabajadores acuden donde pueden encontrar las mínimas complicidades, para que de una vez por todas este Real Decreto 486/1997 pueda ser modificado, que es
justamente lo que solicitamos.
El problema viene de lejos, porque, en la medida en que quedaron excluidos a través de este real decreto los lugares de trabajo fuera de la empresa o los lugares de trabajo móviles, vienen regulados por la Ordenanza general de seguridad e
higiene en el trabajo del año 1971. Se dijo que se adecuaría cuando se publicó el real decreto citado, pero estamos en el año 2007, y después de diez años, aún no se ha hecho nada, por lo que entenderán que exista una cierta desazón por parte de
colectivos de trabajadores transportistas en la medida en que, dado que no existe el cuerpo legislativo suficiente, las empresas y los empresarios, muchos de ellos, optan por vehículos que no están provistos de aire acondicionado y, lógicamente, los
trabajadores no pueden ir más allá en sus reivindicaciones, y tampoco pueden exigir inspecciones laborales, en la medida en que no existe el soporte legislativo. Acaba siendo una especie de círculo perverso, que no hay manera de romper.
Es cierto que la normativa hace traslación a la legislación europea, pero, por ejemplo, en Alemania se ha legislado para que, dadas las condiciones climatológicas de los países nórdicos y de la República Federal Alemana, los vehículos salgan
de fábrica con un sistema de calefacción de calidad.
No han tenido sin embargo ninguna prisa ni ningún interés para que los vehículos pudieran hacer frente a las altas temperaturas propias de los países mediterráneos, con lo cual en este caso
incluso la meteorología no actúa a favor de los intereses de los trabajadores del Estado español, de los italianos, o de los griegos, etcétera. Es evidente que el Gobierno Español debería intentar en la medida que pueda, porque existen unos topes
que son la legislación europea, como mínimo iniciar el proceso.
Nosotros entendemos que podría hacerse modificando el real decreto y ya veríamos luego qué recorrido tiene la modificación para no entrar en contradicción o para hacer incluso una
traslación de nuestras necesidades, desde el punto de vista de los trabajadores de los países mediterráneos, a la armonización respecto a la legislación europea. Es evidente que hay poco interés por parte del mundo empresarial, de hecho, las
empresas se niegan a comprar vehículos dotados de aire acondicionado, puesto que esto significa un mayor gasto energético y por consiguiente un mayor coste. Esto significa que los trabajadores tienen que ir 12, 13 ó 14 horas de trabajo con las
ventanillas abiertas, lo que acarrea enfermedades oculares, problemas de audición, distracciones inevitables, riesgos de recibir un impacto, etcétera, todo lo cual puede ser fuente de accidentes de tráfico.
Resumiendo, nosotros tendríamos interés en que se aprobara instar al Gobierno la modificación del artículo 1.2 del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo, suprimiendo la exclusión de
su punto a) relativa a los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como los lugares de trabajo
situados dentro de los medios de transporte. También desarrollar la normativa específica necesaria para que las condiciones ambientales de dichos puestos de trabajo no signifiquen un riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores
que desarrollan su trabajo fundamentalmente en ellos. Otra última variable que también hay que tener en cuenta es que estamos hablando de costes, a más accidentes, más gasto para la Seguridad Social. Incluso ustedes saben que los mayores riesgos
tienen mucho que ver con las prestaciones, con las cuotas e incluso con las tarifas aseguradoras. Es decir, estamos hablando de gastos económicos que tal vez no van directamente a cargo del producto final pero sí a cargo de la sociedad.
Dicho esto, me gustaría que fuese valorada nuestra proposición no de ley y que fuese aprobada en beneficio de los trabajadores y trabajadoras que pasan 14 ó 15 horas de trabajo dentro de un vehículo.
La señora VICEPRESIDENTA: (Cortajarena Iturrioz). Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La señora Méndez tiene la palabra.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Nuestro grupo parlamentario, si bien está de acuerdo o podría estarlo con la solicitud que realiza el Grupo de Esquerra Republicana para que se apruebe una normativa específica para prevenir la salud y seguridad
en el puesto de trabajo en relación con los trabajadores que realizan su trabajo fuera de la empresa o centro de trabajo, así como los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte por estar excluidos expresamente del Real Decreto
486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, no puede estar de acuerdo con los términos en que se plantea. Este real decreto, que desarrolla la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevención de riesgos laborales, que es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo, excluyó a los trabajadores objeto de esta iniciativa porque no existía una directiva comunitaria que lo regulara.
En estos casos, como ha explicado el portavoz del grupo parlamentario proponente, se
sigue aplicando la ordenanza de salud e higiene en el trabajo del año 1971.
Nuestro grupo no puede apoyar esta proposición no de ley en los términos expuestos y hemos presentado una enmienda de sustitución en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva en las instituciones
europeas cuantas iniciativas sean necesarias para mejorar las condiciones de trabajo, especialmente las relativas a la prevención de riesgos laborales en los medios de transporte fuera de la empresa, o centro de trabajo o en los medios de trabajo
situados en los medios de transporte para su aplicación en el conjunto de la Unión Europea. La justificación es que la normativa europea que regula la materia de prevención de riesgos laborales debe ser homogénea en todos los países que la
conforman para que no existan parámetros y planteamientos diferentes según los Estados. La proposición que se nos presenta se refiere concretamente a los trabajadores que pueden estar sometidos a lo que se denomina el estrés térmico en el
desarrollo de su trabajo. El estrés térmico no es una variable del estrés conceptuado como tal, como se afirma en el escrito que da cuerpo al petitum de la proposición. El estrés es un desequilibrio que percibe el individuo cuando las demandas de
las tareas le superan; es muy complejo.
Es una respuesta que da el organismo ante situaciones que no puede resolver. Sin embargo, el estrés térmico es algo absolutamente diferente, es una situación que se da como consecuencia de unas condiciones
medioambientales unidas al esfuerzo del trabajador y a una determinada humedad y temperatura. La realización de un trabajo necesita o requiere un esfuerzo y este aumenta la temperatura del cuerpo y si el lugar de trabajo está sometido a altas
temperaturas, puede incluso producir lo que se ha denominado un golpe de calor. Que el ambiente térmico pueda generar un riesgo para la salud está casi siempre condicionado a la existencia de una radiación térmica en superficies calientes o una
humedad mayor del 60 por ciento y a trabajos que implican un cierto esfuerzo físico. Todos los esfuerzos que se realicen para mejorar las condiciones de trabajo de transportistas o conductores de cualquier vehículo son pocas. Y digo esto cuando
estamos comprobando día a día que son muchos los accidentes que se producen en nuestras carreteras, debidos en muchos casos a la fatiga de los profesionales del transporte. Ayer, sin ir más lejos, veíamos unas imágenes de cómo estos profesionales
reivindican una serie de mejoras bajo el lema de la fatiga mata. Ahora bien, ¿cuál es la causa de que este riesgo no esté regulado específicamente en nuestro ordenamiento y se deba seguir rigiendo por una orden del año 1971? Claramente que no
existe una directiva comunitaria que lo regule y, si bien podemos compartir su preocupación por las mejores condiciones de trabajo, se debe producir de manera conjunta en toda la Unión Europea. Porque consideramos una visión algo miope pensar que
los camiones no deban salir de Cataluña; el sueño de nuestra riqueza es que nuestros camiones salgan a otros países y que de otros países -Suecia, Noruega, etcétera- vengan al nuestro. Para ello, necesariamente ha de existir una normativa común.
¿De qué valdría legislar nosotros solos unas condiciones o requisitos que no podemos imponer a los vehículos que pasen nuestras fronteras? Como antes apuntaba, hemos visto ayer mismo cómo quedaba plásticamente demostrado que la prevención de los
riesgos de los trabajadores en concreto del transporte, es un problema del conjunto de la Unión Europea, por lo que podemos compartir el objetivo de que se promueva una regulación que prevea y contemple el riesgo de estrés térmico, puesto que
influye de manera importante en la capacidad física de los conductores y puede
ocasionar un riesgo para su salud y para los demás conductores, pero en el foro que corresponde, que es el de la Unión Europea, para que se regulen las condiciones ambientales de estos puestos de trabajo.
Acabo, señorías, diciendo que es pertinente recoger estos supuestos en nuestra normativa y, de hecho, la evolución tecnológica va por delante de la normativa de seguridad, ya que la competitividad, a la hora de la fabricación de determinados
vehículos, establece unas medidas o cuotas de confort que hacen impensable que se fabrique un camión o un autobús sin el aire acondicionado correspondiente. La técnica está avanzando por delante de nuestra normativa y este es otro argumento para
adecuar la nuestra. La directiva 78/548/CEE reguló la función de la calefacción de los habitáculos en el año 1978, sin embargo, con relación a la refrigeración, no ha existido un acuerdo. Y no estamos de acuerdo con las causas que dice el
proponente en el sentido de que el acuerdo no ha existido porque en Alemania las bajas temperaturas no son iguales que las de los países mediterráneos. Es que existen problemas con los equipos de refrigeración de los vehículos debido a que el uso
de gases refrigerantes puede contribuir a dañar la capa de ozono de la atmósfera, aunque estén comercialmente desarrollados desde la época de los ochenta. No existe actualmente ninguna decisión tomada, puesto que se trata de buscar otro tipo de gas
refrigerante que fuera menos agresivo que el de la familia de los freón, no habiendo llegado a ninguna solución todavía.
Por todo ello, nuestro grupo apunta a que debe ser este el camino, el impulso en la Unión Europea, para que se decida cómo se deben tratar ambientalmente estos habitáculos. Como anteriormente apuntábamos, nosotros apoyaremos todo lo que
vaya en beneficio de las mejores condiciones de trabajo para nuestros trabajadores. Me parece que no es el camino intentar modificar un real decreto español o una normativa española sin que exista previamente una directiva de la Comunidad Europea,
porque veríamos entonces que unas exigencias, que en España se tendrían como tales, no podrían aplicarse a los camiones o transportistas que vinieran de países del exterior de España.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): ¿Grupos que quieren tomar la palabra? (Pausa.)
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Nosotros tenemos una enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Entonces, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución que ahora les voy a explicar, pero antes me van a permitir que haga una pequeña exposición. La PNL que nos presenta el señor Tarda, que habla de las
condiciones de seguridad laboral aplicables a los medios de trasporte, es un tema que necesita mucho debate; la situación que padecen estos profesionales es verdaderamente difícil y supongo que no solo se debe al estrés térmico sino a las propias
condiciones que padecen en su conjunto. Antes, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular recordaba que ayer, en la provincia de Gerona, ha habido acciones de los dos sindicatos mayoritarios en aras de concienciar a los transportistas, sobre todo
a los autónomos, de la situación en salud laboral, fundamentalmente como consecuencia de los accidentes a los que lleva la falta de seguridad que existe en el trabajo. Bien es cierto que la iniciativa, tal y como está planteada, es complicada de
aceptar porque lo que plantea la PNL es que se elimine la exclusión que el real decreto de 14 de abril de 1997 hace; pero hemos de tener en cuenta que el mencionado decreto lo que hacía era transponer una directiva comunitaria. Como estamos
hablando de unos transportistas que empiezan en un lugar determinado y acaban en otro, hay unas situaciones muy diferentes, habría que homologar conducciones y demás. Por eso, la directiva europea establece aquellos puntos en los que fue posible el
acuerdo.
Hemos de mencionar que el sector en sí es un sector muy complicado de negociar, porque a veces el entendimiento entre los interlocutores de una y otra parte es difícil, es un sector con muchos autónomos. Como bien decía el señor Tardà, hay
muy pocas empresas grandes, y cualquier negociación se hace muy difícil. En estos momentos se ha logrado abrir una mesa de negociación entre transportistas y empresarios del sector, también los autónomos en la que se están negociando sobre todo
temas como la reducción del horario, que es una de las consecuencias más graves que tiene; porque tener jornadas tan largas hace que los accidentes de trabajo sean una gran preocupación. Se está negociando desde el ministerio, prácticamente se ha
alcanzado un acuerdo con una parte, pero está la otra parte, que es la empresarial, en la que es difícil alcanzar acuerdos, porque es una patronal que aglutina a varias patronales, con lo que es difícil ponerse de acuerdo. No es lo mismo el que
transporta fruta y verduras que el que transporta animales vivos o el que transporta viajeros. Son situaciones totalmente diferentes. La situación es muy complicada pero se está avanzando.
No es verdad que aquellos que quedan excluidos del Real Decreto 486/1997 no tengan dónde acogerse para la prevención de riesgos laborales porque les es de aplicación la Ley 31/1995. Esta ley, que es la normativa básica de prevención de
riesgos laborales, fue una de las más avanzadas de Europa en aquellos momentos, pero los trabajadores tuvimos la mala suerte de que se hizo en 1995, en 1996 hubo un cambio de Gobierno, y el Gobierno que entró no apostó por el desarrollo de esta ley,
no puso dinero para desarrollarla y la mejor ley de Europa se ha quedado en eso, en ser la mejor sobre el papel. Seguimos teniendo los mismos problemas, que ahora hemos de afrontar. Estamos en esa dirección de
poner soluciones a los problemas que tienen estos profesionales, e incluso, señor Tardà, pensamos que a lo mejor habría que estudiar también la posibilidad de hablar con el Ministerio de Industria, a efectos de que la fabricación de las
cabinas de los vehículos de transporte ya debiera, como normativa, llevar obligatoriamente sistemas de refrigeración, a efectos de que cara al futuro no tuviéramos problemas, por lo menos en lo que hace referencia a este aspecto.
Nosotros hemos presentado una enmienda sobre la que incluso hemos hablado ya con el señor Tardà, y hemos añadido un par de enmiendas in voce.
Parece que el proponente no aceptaría. También he hablado con la portavoz del PP, a la que
rogaría que se la leyera, porque creo que va en la misma línea que la de su grupo parlamentario. La enmienda diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar, en el plazo de cuatro meses, a través del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, con el apoyo en su caso de otros órganos competentes, el estudio y análisis de las condiciones ambientales en las que los conductores profesionales del sector del transporte por carretera realizan su actividad
profesional, en particular sobre el estrés térmico provocado por las altas temperaturas que se registran en las cabinas de los habitáculos de determinados medios de transporte en ciertas épocas del año y repercusiones que ello tiene su capacidad
física, sobre su seguridad y salud. Y, a la vista de los resultados de este estudio, adoptar las medidas que resulten pertinentes en relación con el Real Decreto 486/1997. Lo que decimos es que se realice un estudio de cómo se pueden poner
medidas, que se incluyan en la negociación que se está llevando a cabo entre los profesionales y que luego se tomen las medidas pertinentes de modificación que correspondan. Me parece que es una solución que demuestra que todos compartimos la
preocupación que el señor Tardà nos planteaba.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): ¿Hay algún grupo que quiera tomar la palabra? Tiene la palabra por Convergència i Unió el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente quiero mostrar nuestro apoyo a la iniciativa del señor Tardà, que nos parece oportuna y necesaria.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Pasamos la palabra al proponente de la proposición no de ley, para ver en qué términos se acepta o no la transaccional y en qué términos adecuamos el texto.
El señor TARDÁ I COMA: Estamos totalmente de acuerdo con la enmienda de la señora López i Chamosa.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Grupo Parlamentario Popular?
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Nosotros votaremos a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, aunque nos da pena que no se haya aceptado la nuestra, porque creemos que es bastante más eficaz.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Quedará así registrado en el 'Diario de Sesiones'.
- RELATIVA A LA EXCLUSIÓN EN LA TRANSFERENCIA A LA XUNTA DE GALICIA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE BAMIO, SITUADO EN EL AYUNTAMIENTO DE VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/001720.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Entramos en el siguiente punto del orden del día, relativo a la exclusión en la transferencia a la Xunta de Galicia del Centro de formación de Bamio, situado en el ayuntamiento de Vilagarcía
de Arousa. Como proponente, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Recientemente se han transferido a la Xunta de Galicia, como se acaba de comentar, las competencias del Instituto Social de la Marina, aunque en estas transferencias se excluyó el Centro de formación marítimo de
Bamio. Este centro, creado ya hace catorce años, está situado en el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y fue dispuesto como centro de formación por el Instituto Social de la Marina con el objetivo de desarrollar cursos de alta especialización, de
formación continua y ocupacional marítima, y para dar respuesta a las necesidades de reciclaje profesional, en un sector de actividad que debe manejar cada día tecnologías más sofisticadas. Entre los diferentes cursos impartidos en este centro se
inscriben los de promoción de empleo marítimo, recalificación de trabajadores dentro del sector, reconversión de excedentes a otros sectores económicos o inserción y reinserción de trabajadores con cualificaciones insuficientes. Por lo tanto en el
Centro de formación marítima de Bamio se imparten cursos de formación con claro contenido marítimo, y se imparten además las titulaciones exigidas para navegar en barcos de toda condición.
También se imparten cursos de contenido ocupacional, que son básicamente los pertenecientes al departamento de máquinas y cuya función consistía en dar una formación complementaria dentro del sector u ofrecer una salida laboral en tierra a
las personas que desean abandonar la actividad marítima. Las instalaciones y el material didáctico con el que cuenta este centro son los necesarios para satisfacer las exigencias teórico-prácticas que la formación ocupacional marítima precisa. Las
infraestructuras del centro aludido, así como la importante
inversión en nuevas tecnologías que ha recibido lo convierten en el único de toda la comarca del Salnés, en Galicia, que reúne las condiciones para impartir cursos de formación profesional no reglada.
Dado que este centro fue excluido del paquete de transferencias a la Xunta de Galicia de las competencias del Instituto Social de la Marina, se desconoce el futuro del mismo, sobre todo después de conocer que se han suspendido las
actividades docentes relacionadas con la formación ocupacional, que no solo afectaría a más de trescientos alumnos, sino que deja en la incertidumbre laboral al grupo de trabajadores contratados por el Instituto Social de la Marina para impartir los
cursos de formación ocupacional desde hace ya catorce años.
Viene al caso recalcar que este centro tiene una gran incidencia en la formación y en el acceso de los alumnos al empleo. Es un centro que es residencial y de ahí las razones por las que, cuando se hicieron las transferencias del ISM a la
Xunta de Galicia, no se incluyeran en las mismas, dado que el Gobierno central considera que es un centro de referencia para todo el Estado, precisamente por tratarse de un centro con un nivel residencial muy elevado. La función es sobradamente
conocida para la población de esta comarca del Salnes, sometida a continuas reconversiones marítimas provocadas por la ausencia de acuerdos pesqueros internacionales, que han supuesto un importante aumento del paro; es además imprescindible, desde
el punto de vista social, la continuidad de la actividad de la que estamos hablando en el centro de Bamio. Es de destacar el papel desarrollado por este centro en la comarca aludida y también en toda Galicia, tanto en lo concerniente a la formación
ocupacional como a la continua; como dijimos anteriormente, es indiscutible. De ahí nuestra preocupación por el futuro del mismo y desde de nuestro punto de vista es necesario recordar que la formación ocupacional es una competencia de la Xunta,
mientras que la transferencia de la formación continua está siendo objeto de discusión en la Comisión mixta creada a tal efecto.
Decimos esto porque tiene relación con la propuesta que hacemos. Es un centro donde, además de la formación continua, también se hacia formación ocupacional, siendo esta última competencia de la Xunta de Galicia y la primera, competencia
del Estado, aunque se está discutiendo la transferencia a las comunidades autónomas. De momento no existe esta transferencia, de ahí que las competencias en materia de formación continua, que quizás sea el objetivo fundamental del centro de Bamio,
sigue siendo del Estado, pero una actividad importante de la formación que se daba en Bamio, está relacionada con competencias de la Xunta de Galicia. De ahí que hagamos la propuesta que todas sus señorías conocen y que va dirigida a garantizar la
continuidad de la actividad que se desarrolla en el centro de Bamio, contando con las infraestructuras tecnológicas que tiene y también con la alta cualificación de los docentes. Y, por otro lado, decimos que para mantener esa actividad se elaboren
o negocien con la Xunta de Galicia, como responsable de las competencias en materia de formación ocupacional, convenios que permitan mantener esa actividad formativa en el mismo centro de Bamio.
Tenemos una propuesta del Grupo Socialista, y pensamos que podemos llegar a acuerdos en la votación.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Gracias, señora Fernández Dávila. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la enmienda que ha presentado, tiene la palabra señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Hemos presentado una enmienda a la PNL relativa al Centro Nacional de Formación de Bamio, en Vilagarcía de Arousa, un centro que depende del Instituto Social de la Marina. Es un centro que, como queda recogido en la
exposición de motivos, cuenta con una excelente dotación de medios humanos y materiales para la formación de alto nivel de los trabajadores del mar. La PNL nace de la preocupación sobre el futuro del centro y de sus profesores como consecuencia del
proceso de traspaso de competencias de la formación ocupacional a la Xunta de Galicia. Una vez concluido este proceso de traspaso, el centro, afortunadamente, está funcionando al cien por cien, tiene una ocupación total de las plazas de formación
hasta el 31 de diciembre y están comprometidas todas las plazas de formación en el primer semestre del año 2007, con lo que la continuidad del centro y de la formación están garantizadas, no solo como una expectativa o una hipótesis, sino como un
hecho contrastado. Nosotros consideramos, como ha hecho la señora Fernández, que es bueno que se distinga entre la formación ocupacional, que ya ha sido transferida a la Xunta, y la formación continúa, que en este momento sigue siendo una
competencia del Estado. El centro de Bamio es un centro de referencia en formación continua. Nuestro país tiene dos grandes centros de referencia, uno en Isla Cristina y otro en Bamio. Este es un centro al que acuden trabajadores de la mar de
Canarias, Levante, Andalucía y Galicia. Acuden a recibir una alta cualificación y formación los trabajadores de la mar que están ocupados o en períodos de paro de breve duración. Es un centro muy importante al que también acuden trabajadores
extranjeros y es un centro de referencia también internacional. Por tanto, consideramos que es muy importante que ese centro mantenga su formación continua y su funcionamiento como lo mantiene en este momento. Por eso, nuestra enmienda va en el
sentido de aclarar que es una formación profesional continua y que es un centro de referencia nacional; asimismo que consideramos que es y es positivo que haya acuerdos de cooperación y colaboración entre la Xunta y el Instituto Social de la Marina
para que el centro dé su máximo rendimiento a toda la sociedad, incluidos, por supuesto, la sociedad y los trabajadores gallegos. Hemos presentado una enmienda de sustitución que creo que recoge lo esencial de lo que
plantea la señora Fernández y aclara alguna de las oscuridades que pudieran existir en su propuesta.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Gracias, señor Torres Mora. ¿Hay algún grupo más que quiera tomar la palabra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Pan Vázquez.
La señora PAN VÁZQUEZ: Señorías, voy a intervenir para aclarar y comentar cuál es la posición de mi grupo con respecto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto y que hace referencia al Centro Nacional de Formación Marítima
de Bamio, que es así como se denomina en la carta de servicios del Instituto Social de la Marina al centro que hoy nos ocupa.
Como saben SS.SS., el ISM ha mantenido durante estos últimos años un proceso de transferencias de algunas de sus
actividades y de algunos de sus servicios a las comunidades autónomas para dar un mayor grado de servicio a los ciudadanos, como ha ocurrido con la asistencia sanitaria, con muchos de los servicios sociales que el Instituto Social de la Marina
mantenía. Pero el centro que nos ocupa es un centro nacional del cual solamente hay dos, uno en Bamio y otro, como se ha dicho por parte del diputado del Grupo Socialista, en Isla Cristina (Huelva), y este Centro Nacional de Formación Marítima ha
de dar respuesta a la formación continua, que por otra parte es obligada para el embarque de los trabajadores del mar, pero también a la formación en otras áreas que ayudan a los trabajadores del mar, entre otras cosas, no solo a mejorar su
formación para continuar embarcados, sino encontrar empleo cuando deciden dejar de trabajar en el mar. No ha habido problemas en los últimos años, todo lo contrario, esto es un centro referente no solo a nivel nacional sino también a nivel
internacional, tiene un gran prestigio y a él asisten no solamente alumnos de toda España, sino alumnos de países como Brasil, Angola, Mauritania, etcétera, que hacen que la ocupación del centro en sus actividades sea muy próxima al cien por cien
durante todas las semanas que hay actividad. Por poner un ejemplo, un tema como es la seguridad marítima mueve en torno a 800 alumnos, pero no solamente en este tema, sino que también se está dando respuesta a necesidades como la contaminación
marítima, sobre la que el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio tiene el mejor simulador que hay en España. Por tanto, entendemos que el programa de actividades que se viene desarrollando en todos estos años ha ido mejorando y seguirá así.
No encontramos que haya ningún problema al día de hoy en este centro tan importante y prestigioso y, en consecuencia no entendemos por qué se ha presentado esta proposición no de ley. Nosotros entendemos, y así nos lo ha comunicado el diputado del
Grupo Socialista, que el Gobierno no veía peligrar ni iba a poner en riesgo un centro tan prestigioso como es el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio. Por tanto, donde no había problema y no lo hay, no entendemos que se pueda encontrar
por parte del Bloque Nacionalista Gallego. En la exposición de la diputada del Bloque Nacionalista Gallego, lo que se pretende es un traspaso de competencias de un centro que es referente a nivel nacional a la Comunidad Autónoma de Galicia, y esto
se estará debatiendo pero habrá que hablarlo en otro foro y de otra manera, porque aquí, desde luego, en esta propuesta no se ha explicado de la forma más conveniente. O se pretende, que también parece leerse en la exposición de motivos, hacer
alguna oferta pública de empleo extraordinaria o que algunas personas que trabajan y colaboran en las tareas de los cursos y dan algunas horas lectivas de estos cursos pasen a formar parte de la plantilla. Lo que sí es cierto es que, de forma
general, garantizar la continuidad de la actividad no parece más que una obviedad a la que el Gobierno está obligado, pero mi grupo desde luego no se va a oponer a ello. (La señora presidenta ocupa la Presidencia) Creemos que el impulso de las
actividades del centro, así como de las propias instalaciones, que, como ya he dicho en mi exposición, son pioneras no solo en España sino también a nivel internacional, seguirán impulsándose y desarrollándose; hay proyectos muy importantes, como
la construcción de una nueva plataforma para ampliar el centro, que esperamos que el Gobierno mantenga e impulse.
Por tanto, tampoco estaremos en desacuerdo con la propuesta del Grupo Socialista, que creemos que se ajusta más, aunque resulte obvia,
a lo que supone el Centro Nacional de Formación Marítima y que no genera las dudas que contiene la proposición del Bloque Nacionalista Gallego.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández, para aceptación de la enmienda.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Vamos a aceptar la enmienda que nos hace el Grupo Socialista porque responde a la razón por la que nosotros presentábamos la proposición no de ley, que era que se suspendieran las actividades -estamos hablando
del mes de mayo- docentes relacionadas con formación ocupacional. Es decir, la suspensión de las actividades de formación ocupacional en el mes de mayo sin perspectiva en aquel momento, a partir de septiembre fue lo que hizo que presentáramos esta
proposición no de ley. Nos satisface oír la información que nos pasa el portavoz del Grupo Socialista y aceptamos la enmienda porque incide en lo que nosotros pretendíamos, fue garantizar una actividad que en mayo no lo estaba.
-SOBRE LA SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER QUE SE SOMETE A ALGÚN SISTEMA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001819.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley del orden del día, sobre la situación de la mujer que se somete a algún sistema de reproducción
asistida. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Presentamos esta iniciativa desde el Grupo Parlamentario Popular convencidos de que no solamente es atractiva, sino que puede dar lugar a reflexionar y a encontrar puntos que puedan solucionar algunos de
los aspectos más difíciles y duros que tienen que afrontar las mujeres en nuestro país que se someten a determinadas prácticas de reproducción asistida. Pero para ello, antes se hace necesario establecer un pequeño argumento sobre en qué consisten
estas técnicas. Las técnicas de reproducción asistida en nuestro país han sufrido, sin duda, un notable incremento, baste señalar que tan solo eran 14 clínicas las que practicaban fecundaciones in vitro en nuestro país, para pasar 10 años más
tarde, en este momento, a más de 200 centros autorizados, 38 de los cuales son de titularidad pública y el resto privada. Si comparamos estos datos ofrecidos por el registro de centros y servicios sanitarios de las técnicas de reproducción asistida
con otros registros europeos como pueda ser el caso francés, comprobamos que en el país vecino existen 83 centros autorizados que, si bien tienen una mayor capacidad de asistencia, no llega a compararse con la gran proliferación del número de
centros que en nuestro país, a fecha de hoy, se han llegado a implantar. Naturalmente, es obvio que si existe oferta de estas técnicas es porque hay una gran demanda. Tan solo en el año 2000 había en nuestro país una lista de espera de 7.850
mujeres, ya que desde que una pareja acude a este tipo de servicio de ginecología y obstetricia, transcurren aproximadamente veintiséis meses, tiempo que puede elevarse a tres años cuando se está a la espera de una donación de óvulos. Esta demanda,
sin duda, tiene su origen y su respuesta en la edad de sus usuarias, que generalmente oscila entre los 30 y los 40 años, por lo que puede deducirse que suelen acogerse a estas técnicas mujeres españolas de edad avanzada para tener su primer hijo.
Así pues, España se sitúa en el sexto país europeo donde se hace más reproducción asistida. A tenor de un informe presentado por el Consejo Europeo de Medicina Reproductiva, en el año 2002 se realizaron más de 294.000 ciclos de reproducción
asistida, de los que 15.000 correspondieron a España. Junto a estas técnicas de fecundación asistida practicadas desde hace 27 años, la ciencia ha desarrollado otras denominadas inyección de esperma o ICSI, que se emplea supletoriamente a la
anterior, y todo ello en los casos en que la fecundación es infructuosa o el esperma es de baja calidad. Así pues, ambas técnicas se practican con resultados satisfactorios en un 35 por ciento en el caso de la fecundación in vitro y en un 37 por
ciento en las ICSI. La realidad es que cada vez son más las mujeres que desean tener hijos al límite de su fertilidad, y ello difícilmente se consigue si no es con ayuda. En 1995 nacieron en la Comunidad de Madrid 1.018 bebés de madres de más de
40 años y en 2005 casi el triple, 2.748. Los tratamientos a seguir han de efectuarse en clínicas privadas, pues la sanidad pública no ofrece tratamientos reproductivos a mujeres de más de 40 años. En algunos centros, como el Instituto Valenciano
de Infertilidad, la barrera está situada en los 50 años. En cualquier caso, tanto la inseminación como la fecundación in vitro o la donación de óvulos califican el embarazo de alto riesgo, por lo que normalmente terminan en cesáreas. Un dato
importante es el hecho de desconocer si la mujer, una vez inicia el tratamiento, está embarazada o no en un tiempo record. Normalmente suele conocerse que está embarazada no antes de los dos meses para la fecundación in vitro y no antes de los seis
meses para la donación de óvulos. Por tanto, entendemos que esta iniciativa puede ampararse, no solamente en el artículo 14 de la Constitución española, que establece la igualdad ante la ley y el principio de no discriminación, sino también en su
artículo 39.1 que recoge el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, que, en el caso de estas mujeres, puede quedar -y de hecho, queda- en riesgo.
Por todo ello, mi grupo presenta esta proposición no de ley con el texto que inicialmente se acompañaba, si bien se presentó una enmienda por el Grupo Socialista, y a tenor de la misma hemos llegado a un acuerdo con una transaccional que
tiene la Mesa. Si les parece, doy lectura a la misma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a la mayor brevedad posible, analice la situación laboral de las mujeres que se someten a tratamiento de reproducción asistida, con el
objetivo de que puedan compatibilizar sus responsabilidades profesionales con el seguimiento de estos tratamientos, estableciendo en su caso las medidas de protección y las modificaciones legales y reglamentarias necesarias, así como extremando las
medidas de control y vigilancia para que no se produzcan despidos o rescisiones de contratos en estos casos. Creo que tanto una como otra son compatibles y por parte del Grupo Popular la aceptamos con este texto final.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: Desde el Grupo Parlamentario Socialista compartimos el fondo de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. Creemos que es necesario proteger a las mujeres que se someten a tratamientos de reproducción
asistida para que, como dice el texto propuesto, puedan compatibilizar sus responsabilidades laborales con estos tratamientos. Pero señorías, la propuesta inicial del Grupo Popular parte de una base errónea desde nuestro punto de vista, y es que en
la actualidad la mujer carece totalmente de protección en estos casos, y no es así. En primer lugar, las fuentes del derecho del trabajo, tanto la legislación como la negociación colectiva, protegen directa o indirectamente
estas situaciones. Por ejemplo, la asistencia a un médico especialista, también para someterse a un tratamiento de este tipo, cuenta con protección, tanto por la mera asistencia al mismo como por la IT si el especialista lo estima oportuno.
En tal caso, además, la situación es equiparable al embarazo, tanto desde el punto de vista de la IT como a efectos de la protección contra riesgos en el trabajo. Hoy en día, señorías, la reproducción asistida es una prestación de la sanidad
pública y como tal configura derechos que trascienden al ámbito laboral con eficacia plena, e incluso, aun cuando el tratamiento se produce en una clínica privada el informe médico produce ante los facultativos de la sanidad pública los mismos
efectos. En cuanto a la protección contra el despido derivado de la asistencia de una mujer a un tratamiento de reproducción asistida, la situación jurídica es perfectamente asimilable a un despido por causa del embarazo, situación ya protegida
específicamente por la ley y por directiva europea. Cabe, y de hecho se ha exigido ante los juzgados de lo social, reclamar la ampliación de derecho de protección del embarazo también en estos casos, asimilando la causalidad del despido y
demandando con fundamento despido nulo.
Finalmente, la proposición nos solicita extremar las medidas de vigilancia y control para que no se produzcan despidos o rescisiones de contratos a mujeres que estén involucradas en procedimientos de
reproducción asistida. En primer lugar, quiero decir, señorías, que el término involucradas no nos parece el más adecuado al caso por no tratarse de un hecho delictivo o un embrollo, sino de un tratamiento médico que, aun con episodios de
tratamiento, tiene por objetivo para una mujer o para una pareja cumplir el deseo de traer al mundo un nuevo ser.
En segundo lugar, quiero señalar que no nos oponemos a extremar las medidas de control ni tampoco a estudiar la necesidad de hacer
algún cambio normativo que ayude a conseguir este objetivo que compartimos, pero creemos que la literalidad de la propuesta inicial del Grupo Popular no se ciñe a la situación real de esta cuestión, por lo que hemos pactado una transacción, a la que
se ha dado lectura anteriormente, que evidentemente apoyaremos.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Hemos terminado el debate de las proposiciones no de ley, vamos a suspender la sesión dos minutos para ordenar las votaciones y proceder a la lectura de los documentos que se han solicitado. (Pausa.)
Continuamos la sesión. En primer lugar, vamos a dar lectura a unas cuestiones puntuales.
Señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Simplemente quería pedir que se leyeran las tres líneas de la intervención de la ponente Pilar González, en la última Comisión de Trabajo haciendo referencia inequívoca al sentido de nuestro voto sobre el Estado
plurinacional.
La señora PRESIDENTA: Al amparo del artículo 72.2 dará lectura el letrado a ese párrafo.
El señor LETRADO: 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, celebrada el miércoles 27 de septiembre de 2006, intervención de la diputada señora González Segura: Por último, queremos mostrar nuestro rechazo a la
aceptación de la enmienda número 95 del Bloque Nacionalista Galego, que se refiere a España como un Estado plurinacional. Creo que ya es el momento de que nos enteremos de que, según nuestra Constitución, solo existe una nación, que es España.
Deseamos, señores del Grupo Socialista, que esto sea enmendado en la tramitación parlamentaria en el Senado.
La señora PRESIDENTA: Hay otra petición de lectura al amparo del artículo 72.2 del señor Campuzano y de la señora García.
Señor Campuzano ¿cuál es el texto que desea que se lea?
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Solicitaría la lectura del escrito de mantenimiento de enmiendas al Pleno por parte de Convergència i Unió a la reforma del IRPF; la lectura de un párrafo del señor Sánchez i Llibre defendiendo la enmienda 441
en el Pleno del Congreso, así como el resultado de la votación de dicha enmienda en el propio Pleno.
La señora PRESIDENTA: El señor letrado da lectura a lo solicitado.
El señor LETRADO: Escrito de mantenimiento de enmiendas solicitadas al amparo del artículo 117 del Reglamento de la Cámara por el Grupo Parlamentario Catalán de Convèrgencia i Unió. Don Josep Sánchez i Llibre, en su calidad de ponente del
Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, en el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el
patrimonio, comunica mediante el presente escrito su deseo de mantener para su defensa ante el Pleno de la Cámara las enmiendas número 441, 444 y 451, esta última en lo que atañe al mantenimiento de las deducciones por creación de empleo para
trabajadores con discapacidad.
'Diario de Sesiones' del Pleno, sesión celebrada el jueves 22 de junio de 2006, punto relativo al dictamen en sesión plenaria del proyecto de ley sobre el impuesto de la renta de las personas físicas. Intervención del señor Sánchez i Llibre
en relación a la enmienda 441: Por otra parte, Convergència i Unió mantiene vigente la enmienda número 441, que hace referencia a la asignación tributaria a fines religiosos de interés social. Me ha extrañado muchísimo que ningún grupo político
que me ha precedido en el uso de la palabra no haya hablado de una
cuestión muy importante para Convergència i Unió como es el incrementar la asignación tributaria a fines religiosos de interés social del 0,5 al 0,7 por ciento. Al mismo tiempo, pedimos la territorialización de dichas ayudas. Está hoy
presente en esta Cámara el diputado Campuzano, que ha sido uno de los diputados valedores, que desde hace muchas legislaturas ha pedido la territorialización de estas ayudas asignadas con fines sociales. Aprovechando la reforma fiscal con el
Gobierno socialista, que ha tenido mucha sensibilidad en algunos aspectos que hemos suscitado, aprovechando la tramitación en el Congreso o en el Senado, no más allá de esta legislatura, es el momento oportuno para incrementar dicha asignación y
para que este tercer sector social, muy importante en Cataluña, pueda recibir, a través de la territorialización, directamente de la Generalitat de Cataluña los fondos consignados a tal efecto. En este caso, esperamos la sensibilidad del Grupo
Parlamentario Socialista en esta cuestión, para dar satisfacción a este sector social que realiza una gran actuación en muchísimos campos. Es también de justicia, una vez aprobado el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, ya que es una
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, en este caso de la Generalitat de Cataluña, para que pueda repartir directamente dichas asignaciones tributarias. Espero una contestación favorable del Grupo Parlamentario Socialista a las
cuestiones que hacen referencia al fomento de la contratación de las personas discapacitadas. En esta cuestión se han eliminado todas las deducciones, pero hay un compromiso del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno de que no desaparezcan
del mercado económico y social dichas deducciones que se puedan materializar o compensar desde la perspectiva del gasto fiscal.
En ese mismo 'Diario de Sesiones', tras anunciar su votación, la enmienda 441 fue rechazada con el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 20; en contra, 296; abstenciones, 8.
La señora PRESIDENTA: Señora García Suárez, ¿que texto desea que se lea?
La señora GARCÍA SUÁREZ: El texto al que me refiero es el que ha dado motivo a la discusión, el de la Comisión de 8 de junio de 2006, dado que mi intervención se basaba en el comentario o afirmación por parte del señor Carlos Campuzano de
que en esta Comisión se discutió y se votó en contra de su enmienda en cuanto al IRPF. El 8 de junio hay una intervención del señor Sánchez i Llibre, lo lamento porque son cuatro páginas, y en ningún momento hay ninguna mención a estas enmiendas,
sí a todas las enmiendas que han sido acordadas con el Gobierno, hasta el final, donde dice que van a retirar el resto de enmiendas que no ha ido nombrando una a una. No pido la lectura de las cuatro páginas porque me parece excesivo, pero sí pido,
por favor, que se lea la página 21 de este 'Diario de Sesiones' del 8 de junio, donde empieza a comentarse las enmiendas aprobadas, las rechazadas y donde dice al final que el resto de enmiendas han sido retiradas.
La señora PRESIDENTA: Es decir, la parte última de la votación.
El señor LETRADO: 'Diario de Sesiones' correspondiente a la sesión de la Comisión de Economía y Hacienda, celebrada el jueves 8 de junio de 2006.
Se procede a la votación de las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. El señor
presidente (presidía el señor Gutiérrez Vegara): Grupo Catalán de Convergència i Unió, primer grupo de votación, que abarca las enmiendas 356 y 357. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, uno;
abstenciones, una. Quedan aprobadas. Segundo bloque de votación de las enmiendas de Convergència i Unió, corresponde a la enmienda número 452. Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, uno; abstenciones,
16. Queda aprobada. El tercer bloque de votación corresponde a la enmienda número 460. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, uno; abstenciones, 16.
Queda aprobada. El resto de enmiendas, añade el
presidente, había sido retirado. Y pasa a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: Hemos dado cumplida lectura a lo que han solicitado las señoras y señores diputados y pasamos a la votación de las proposiciones no de ley según figuran en el orden del día.
Iniciamos la votación con el punto número 1, sobre ayudas para fines de interés social derivadas de la asignación tributaria del 0,52 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En esta iniciativa se ha retirado el punto
1 y se ha pedido votación separada de los puntos 2, 3 y 4. Por tanto, iniciamos la votación del punto 2 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, una
La señora PRESIDENTA: Como pueden observar, hay un empate, luego hay que ir al voto ponderado. En el voto ponderado también hay un empate de 169, por tanto no es aprobada.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, ¿el voto ponderado se puede justificar? Porque mi sensación es que no perdemos esta votación.
La señora PRESIDENTA: Sí, sí, explicamos la votación.
El señor LETRADO: Ha habido 18 votos a favor, 18 en contra y una abstención. Los votos a favor han sido
los del Grupo Popular, cuya ponderación da lugar a 148 votos, más diez votos de Convergència i Unió, 148, más ocho votos de Ezquerra Republicana de Cataluña, que hace un total de 164, más cinco votos del Grupo Parlamentario Mixto, que
completan un total de 169. Votos en contra son los que corresponden al Grupo Parlamentario Socialista, que ponderadamente tienen un valor de 164 votos.
La señora PRESIDENTA: Sí, es verdad, hay un error en el cómputo. Queda aprobada
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Una cuestión de orden. Cuando se produce un empate, ¿antes de ir a la ponderación no es forzoso ir a una segunda votación?
El señor LETRADO: No en comisiones. El artículo 80 lo establece.
La señora PRESIDENTA: Votamos el punto 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado
Votamos el punto número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Proposición no de ley número 3, sobre elaboración de un plan de protección de maltrato a menores. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 4, relativa al apoyo a las mujeres embarazadas. Se vota también en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto número 5 del orden del día. Hay una enmienda transaccional que conocen porque ha sido repartida y se incorporaría al texto.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad. Queda aprobado el texto incorporada la transaccional.
Punto número 6. También tiene una transaccional que se incorpora al texto.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señora presidenta, es una cuestión de orden con respecto al punto anterior. Es que en la votación se ha producido un error. No es que al texto se incorpora la transacción, sino que se vota solamente la
transacción.
La señora PRESIDENTA: Sí, la transaccional. Queda aclarado que es una enmienda de sustitución. Gracias.
En el punto número 7, sobre la situación laboral de la mujer que se somete a algún sistema de reproducción asistida, hay también una transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.