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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 668, de 10/10/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 668
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 49
celebrada el martes, 10 de octubre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 (número de expediente 121/000107) ...
-De la señora subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales (Domínguez González). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (números de expediente 212/001296 y 212/001302) y del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
(número de expediente 212/001395) ... (Página 2)
-De la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (Valcarce García). A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (número de expediente 212/001250), del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 212/001408), del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/001298) y del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/001391.) ...
(Página 7)
-Del señor secretario general de Empleo (Gómez Sánchez). A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 212/001407), del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de expediente 212/001299) y
del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/001393.) ... (Página 12)
-De la señora secretaria de Estado de Inmigración y Emigración (Rumí Ibañez). A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (número de expediente 212/001406), del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (número de
expediente 212/001297) y del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/001392.) ... (Página 20)
-De la señora secretaria general de Políticas de Igualdad (Murillo de la Vega). A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (número de expediente 212/001249), del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso (número de expediente 212/001249), y del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/001394.) ... (Página 27)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007 (número de expediente 121/000107).
-DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (NÚMEROS DE EXPEDIENTE 212/001296 Y 212/001302) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO
(número de expediente 212/001395).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión con la comparecencia de la subsecretaria de Trabajo y Asuntos Sociales, doña Aurora Domínguez, a quien damos nuestra más cordial bienvenida a esta Comisión. Como es habitual en estas comparecencias
el trámite será preguntas de los grupos solicitantes de la comparecencia por el orden que está establecido y un tiempo de cinco minutos por grupo para formular las preguntas correspondientes y, a continuación, tendrá la palabra para contestar la
señora subsecretaria, y así sucesivamente con el resto de comparecientes.
Por tanto, empezamos con el Grupo Popular, en el que me decían que se van a repartir el tiempo. La Señora Martín Mendizábal tiene la palabra.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Quiero dar la bienvenida desde nuestro grupo a la subsecretaria del Ministerio de Trabajo y le agradezco de antemano sus respuestas. Igualmente, como es costumbre, si algún dato no lo tuviera, por favor le
pedimos que nos lo envíe próximamente.
En el programa de la Inspección 291.A se dice que se van a reforzar los medios humanos y materiales; por otra parte vemos -si no lo he localizado mal- que los medios materiales van a ser reformar el edificio de dos inspecciones de Trabajo.
Me llama la atención que diga que cumplen la estricta normativa de seguridad -no sé si será la de prevención de riesgos o de otro tipo-, y al mismo tiempo incrementan, parece ser, en materia de igualdad una serie de actuaciones. Sin embargo, el
incremento monetario que corresponde a la Inspección solo se cifra en un 3,47 por ciento. No digo que le parezca suficiente -que seguramente siempre le parecerá poco-, es que es francamente insuficiente, poco ambicioso, si no está de acuerdo,
porque va a ser absorbido por lo que a medios materiales se refiere por el propio incremento de precios de 2006. Le pido que me concrete algo más sobre el control de prestaciones por parte de la Inspección, porque como me parece que es bastante
calcado del ejercicio anterior, me gustaría saber cuántas actuaciones le ha pedido el Instituto Nacional de la Seguridad Social, cuántas han hecho en materia de incapacidad temporal y qué resultados ha tenido. Al hablar
de los indicadores de seguimiento se refieren solo a actuaciones relacionadas con la cotización, entiendo, porque hablan de euros, y si así fuera, por qué no se incluyen indicadores de actuaciones de control de las prestaciones, que solo
están en la letra.
En las actuaciones en cuanto al trabajo de extranjeros me causan extrañeza las actuaciones de la Inspección dirigidas a la regularización de ciudadanos extranjeros en situación de arraigo laboral ¿En qué consisten y por qué hablan de
regularización? ¿Va a haber otro proceso o es que han copiado lo del ejercicio anterior sin más? En los diferentes ejercicios que he mirado en cuanto al control de trabajo de los extranjeros, simplemente se dice control de trabajo de extranjeros,
permiso de trabajo, etcétera. Sobre el plan cuatrienal de la sociedad de la información y de la convergencia, me gustaría que me dijera la ejecución prevista para el ejercicio 2006, en porcentaje de euros, si la tiene, y actuaciones básicamente,
con aquellas que no se van a poder concluir, y en concreto qué previsiones tienen para 2007, porque el programa es similar, pero me imagino que se irá realizando por fases. Finalmente, ¿cuántos inspectores y subinspectores se prevé que se
incorporen durante el año 2006?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Para concretar en materia de juventud, me gustaría que la subsecretaria que va a llevar esta comparecencia nos explicara aquí una serie de cuestiones. Me hubiera gustado disponer de más tiempo, porque la verdad es
que después de dos años vamos a hablar de juventud sin que en ningún momento haya comparecencia la directora general, por cierto, no será porque este grupo no lo pida, que en ocasiones y de forma reiterada lo ha solicitado, y la directora del Injuve
todavía no ha realizado una comparecencia. El primer tema del que le querría hablar, señora subsecretaria, es que en los presupuestos aparece una partida de acciones del Plan de Juventud. Seamos serios, ese Plan de Juventud usted sabe o por lo
menos le consta que ha sido rechazado por todos los grupos del Congreso de los Diputados, excepto por el Grupo Socialista. Se ha dicho que se volviera a reelaborar otro Plan de Juventud y ese Plan de Juventud hasta la fecha no existe. Todos los
directores generales están esperando reunirse otra vez con la directora del Injuve y todavía no los ha citado desde la última reunión que han tenido en el mes de febrero. Aquí se dispone de un dinero para este teórico o hipotético Plan de Juventud
Quiero que me diga para qué plan es, si es para el de 2005 de jubilación anticipada en la actividad agraria, para el Plan de reestructuración lácteo, para las embarcaciones; si es para eso, ya le dijimos que eran aberraciones y en aquel momento
este Congreso de los Diputados así se lo manifestó. Me gustaría saber para qué es, qué Plan de Juventud es y como no está reelaborado ni presentado ante el Consejo de Ministros, el que se tiene que aprobar, sí le pido que, por favor, lo aprueben,
porque su vigencia era 2004-2007, el año que viene es 2007 y todavía no entró en vigor el del 2004.
Por otra parte para nosotros la vivienda es el primer problema de la juventud juntamente con el empleo. Pues bien, hasta ahora el Injuve tenía una partida destinada a vivienda para los jóvenes, esos jóvenes cuyo 53,2 por ciento del sueldo
va destinado a esa vivienda. A partir de ahora en este presupuesto no aparece una cantidad para vivienda de los jóvenes, sino que se cambia sin ningún motivo y se elimina esa partida relativa al acceso de los jóvenes a la vivienda y se sustituye
por una partida que dice: facilitar el acceso de los jóvenes a centros de creación y otros equipamientos, sin que sepamos a qué se refieren estos centros de creación, sin que sepamos si es una invención más, creativa -como las zapatillas, los
minipisos, como las soluciones habitacionales-; se cambia su nombre por el de centros de creación y se retira la partida que se refería a la vivienda.
Sobre la formación profesional lógicamente me quejo de que se retiren 14 millones de euros de la formación profesional continua, que afecta a los jóvenes; los programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo se disminuyen
en 2 millones de euros y podríamos continuar con la relación, pero no hay tiempo. Entonces, primera pregunta, ¿por qué no comparece la directora general del Injuve en el Congreso? Segunda pregunta, ¿cuáles son los criterios objetivos -la directora
general había dicho que los iba a establecer- con los que se destina a cada comunidad la cantidad? Por cierto, hasta la fecha las comunidades autónomas no se han reunido con el Injuve para que les presenten los presupuestos, no conocen los
presupuestos de este ministerio. Después, ¿por qué se retiró la cantidad destinada a vivienda? ¿Por qué no se realiza un plan global que tenía que estar de 2004 a 2007 en funcionamiento y vigente? Y por último, ¿con qué criterio se van a
distribuir estos centros hipotéticos de creación para jóvenes?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la subsecretaria en nombre del Grupo Socialista. Creo que estamos ante un presupuesto que se explica por sí solo, es un presupuesto bien hecho, un presupuesto que a
este grupo le hace sentirse orgulloso del Gobierno que lo presenta, pero, claro, no hay más ciego que el que no quiere ver. No se quieren ver las partidas, no se quieren ver los programas, se hacen preguntas y, a veces, si no se quiere ver, se
acaba tropezando con aquello que no quieres encontrarte. Yo le voy a hacer pocas preguntas, porque es verdad que una vez que se lee toda la sección 19, está bien explicada. Hace un par de años que tenemos la redacción de los programas nuevos.
Esta es mi tercera legislatura y le puedo decir, señora subsecretaria, que me he tirado ocho
años leyendo los mismos programas y con números parecidos. Entonces tener que oír ahora todas estas preguntas me suena extraño, pero cada uno tenemos que hacer el papel que nos toca. Quería hacerle dos preguntas.
Teniendo en cuenta que la
Inspección de Trabajo, debido a la cantidad de leyes que hemos hecho y que hemos de hacer -por ejemplo, la Ley contra la violencia de género o la Ley de Igualdad, que entrará en vigor-, cada vez tiene mayores competencias, además de que usted sabe
que una de las lacras que este Gobierno está combatiendo y que queremos combatir es el tema de la siniestralidad laboral, materia por sí sola donde ya tiene la Inspección de Trabajo una buena tarea a realizar, nos gustaría que ampliase la
información sobre las nuevas contrataciones de inspectores y subinspectores, si lo tiene aquí y si no que nos lo hiciera llegar, y cómo se van a dividir esas contrataciones por comunidades autónomas, si lo tuviera.
En materia de juventud no pensaba pedirle nada, porque creo que está bien clarito, y usted no ha venido aquí a dar explicación de por qué no comparece la directora del Injuve. Este Parlamento tiene otras instancias y otros momentos para
solicitar estas cosas, pero allá cada uno. La portavoz del PP decía si iba a haber otro proceso de regularización. Yo creo que a SS.SS del Grupo Popular el efecto llamada les ha provocado un efecto obsesivo y están obsesionados con el tema de la
inmigración. Hay una Ley de inmigración que ustedes aprobaron, donde se recoge la reagrupación familiar y la reagrupación por arraigo laboral, eso es lo que se contempla, pero si ustedes quieren seguir con el efecto, llamada, acabarán con el efecto
mariposa. Quisiera que nos detallara un poco más los programas referidos al Injuve y las partidas de los mismos a efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones' y de que aquellos que no se lo han querido leer en los presupuestos lo puedan leer
por lo menos en el 'Diario de Sesiones'.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para contestar doña Aurora Domínguez.
La señora SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Domínguez González): Muchísimas gracias, señora presidenta, por la bienvenida que me han dado tanto usted como las diputadas que han tenido la amabilidad de formularme las preguntas.
Voy a intentar contestar las preguntas que me han formulado y en el supuesto de que no tenga algún dato se lo haré llegar por escrito con muchísimo gusto. En primer lugar, en cuanto al refuerzo de medios materiales y humanos en la Inspección de
Trabajo, me dice usted, señoría, que realmente el presupuesto crece muy poco y que, por lo tanto, no se ve en qué consiste el refuerzo. Probablemente sabe usted perfectamente que el programa de la Inspección de Trabajo comprende únicamente y de
forma diferenciada el capítulo 1 y el capítulo 2 para la Inspección de Trabajo y dentro del capítulo 2 exclusivamente las cantidades destinadas a dietas de los inspectores, es decir el pago que se realiza a los inspectores con motivo de las
múltiples visitas que hacen, porque es su propia labor. Por el contrario, el resto de las partidas con las que se financian los medios materiales de la Inspección de Trabajo salen del capítulo 2 del Ministerio de Trabajo, del programa 291.M.
Me va a permitir, señora diputada, que ante la pregunta que me ha formulado, aproveche también para contestar a la señora diputada López i Chamosa, que me ha hecho también una pregunta en el mismo sentido.
Respecto al incremento de los
recursos humanos, en relación con la oferta de empleo público, establecería una cierta comparación para ver la evolución que se ha producido. En materia de inspectores de trabajo, del año 2001 a 2003 se convocaron 112 plazas; del año 2004 a 2006
se convocaron 166 plazas, y en estos momentos se están celebrando las oposiciones correspondientes a la convocatoria del año 2006 para 70 inspectores. La oferta de empleo público para el año 2007 va a fijar también plazas para 70 inspectores. En
materia de subinspectores de empleo, del año 2001 al año 2003 se convocaron 50 plazas, del año 2004 al año 2006 se convocaron 122 plazas y, en este momento, también están ya concluyendo las oposiciones de subinspectores para 50 plazas y se van a
convocar 50 nuevas plazas para la oferta pública del año 2007. Sabe señora diputada que ya he tenido oportunidad de expresar en esta Comisión que al principio de la legislatura hemos elaborado lo que hemos llamado el plan estratégico de la
Inspección de Trabajo, en el que nos habíamos propuesto llegar a 1.000 plazas de inspectores y a 1.000 plazas de subinspectores al finalizar la legislatura. Estamos en este camino, Nuestra responsabilidad es la convocatoria de las plazas.
Lógicamente de lo que ya no somos responsables es de que estas plazas se puedan cubrir en su totalidad. Esto por lo que se refiere a recursos humanos.
Por lo que se refiere a las mejoras introducidas en las inspecciones provinciales, señoría, nos habíamos propuesto también dentro del plan estratégico mejorar las sedes y las dotaciones de todas ellas. A lo largo de la legislatura se han
mejorado las sedes de las siguientes inspecciones: Madrid, Logroño, Zaragoza, Cádiz en la delegación de Algeciras, Ciudad Real, Asturias, delegación de Gijón, Badajoz, Burgos y Jaén y además se ha trasladado la Inspección Provincial de Palma de
Mallorca a un edificio del patrimonio del Estado. Se han alquilado edificios y se están realizando obras para las inspecciones provinciales de Toledo y de Valladolid, se han realizado obras o ampliado las instalaciones en las inspecciones
provinciales de Almería, Valencia y Barcelona. El coste total de los arrendamientos de todos los edificios que hemos mejorado en este periodo se eleva a 3.346.094 euros año y el coste total de las obras en el periodo es de 4.033.072 euros. Para el
año 2007, ya que este es un programa cuatrienal señoría, pretendemos cambiar las sedes de La Coruña, Cáceres y Sevilla.
¿Qué otras mejoras se han introducido, señoría? En medios informáticos se ha implantado lo que hemos llamado
el proyecto Lince, que es un proyecto informático que pretende introducir a la Inspección de Trabajo en el siglo XXI, en cuya puesta en marcha hemos invertido, en el año 2005, 4.244.315 euros, en el año 2006, 5.851.886 euros y para el año
2007 está prevista una inversión de 5.126.000 euros. No están desagregadas estas cantidades, porque están dentro del capítulo 2 del programa 291.M de la sección 19 del Ministerio de Trabajo. Además, se ha elevado, lo verá usted, para el año 2007
la inversión en formación, que pasa de 160.000 euros en el año 2006 a 434.000 en el año 2007. ¿Por qué? Porque tenemos que formar a los inspectores para aplicar el nuevo proyecto Lince. Esto, respecto a los temas que me planteaba del refuerzo de
medios materiales y humanos.
Me pregunta usted por las actuaciones de la Inspección de Trabajo. Como sabe usted, la Inspección de Trabajo desarrolla competencias en materias exclusivas del Estado y en aquellas materias que son competencia de las comunidades autónomas.
Para fijar el programa de actuaciones de la Inspección de Trabajo anualmente las comunidades autónomas que son competentes en materia de prevención de riesgos y en materia de relaciones de trabajo fundamentalmente determinan en las comisiones
territoriales los objetivos de la Inspección. Por otra parte, el Estado fija los objetivos en materia de Seguridad Social, en la que le corresponde la competencia exclusiva del régimen económico de la Seguridad Social y esto se lleva a la
Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo, donde se fija el programa integrado de actuaciones de la Inspección de Trabajo. Por lo tanto, señoría, las previsiones que existen en este momento son eso, previsiones únicamente, porque el programa
integrado de la Inspección de Trabajo se va a aprobar en la conferencia sectorial con los programas que a partir de este mes van a ir aprobando las comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con participación de la
Administración territorial y de la Administración autonómica.
Extranjeros. ¿Por qué se habla de regularización por arraigo laboral? Señoría, nosotros no estamos pensando -y entre otras cosas a la Inspección de Trabajo no le corresponde pensar- en ninguna regularización de extranjeros. Cuando se
habla de regularización por arraigo laboral se trata de una figura que está prevista en el reglamento; por lo tanto, cuando un inspector de Trabajo o cualquier otra autoridad compruebe que realmente un extranjero lleva trabajando más de un año,
aunque sea en situación irregular, se le podrá conceder la regularización por arraigo y esta no es ninguna regularización masiva sino una regularización bien individual, la situación concreta en la que se puede encontrar un trabajador.
Me pregunta usted por el programa 467.G -que es un programa muy interesante, por cierto- que es el de la investigación y el desarrollo de la sociedad de la información. Señoría, el año pasado teníamos 800.000 euros para este programa y este
año tenemos un millón de euros, crece un 25 por ciento, es un programa fundamental que no desarrolla solo el Ministerio de Trabajo, sino que lo desarrolla también la totalidad de los ministerios y donde nosotros fundamentalmente estamos realizando
las siguientes actuaciones. Las actuaciones que tenemos previstas, como exponemos en la memoria, son el sistema de gestión integrada de identidad del personal, el registro telemático, que lo vamos a poner en marcha ya para recursos
fundamentalmente, las notificaciones telemáticas seguras y la informatización del libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Lógicamente, estos programas informáticos -lo sabe S.S.
perfectamente- no se ponen en marcha
totalmente en un periodo, sino que se van realizando las actuaciones necesarias para ello. ¿Cómo va la ejecución? En este año nos vamos a gastar el cien por cien de los 800.000 euros, por supuesto, y en el año 2007 tenemos previsto que se pongan
ya en marcha algunos de estos programas que el Ministerio de Trabajo ha incluido en lo que llamamos la sociedad de la información. Creo que con esto contesto aproximadamente las preguntas que S.S. me ha formulado.
La señora Vázquez me habla del presupuesto del Instituto de la Juventud.
Señora Vázquez, le voy a contestar a las preguntas que creo que me corresponde contestar en esta Comisión. En primer lugar, en cuanto a por qué se retiró la partida
de vivienda, señoría, yo no lo sé. Tengo aquí el presupuesto del Instituto de la Juventud con una partida que se llama acceso a vivienda y que es de 2.864.000 euros. Pero no solamente está en el presupuesto del Instituto de la Juventud. Como
usted sabe muy bien, señoría, se han adoptado otras medidas de acceso a la vivienda muy importantes para jóvenes que no están en el Ministerio de Trabajo, que están en el Ministerio de Vivienda y que son -como por otra parte usted sabe-:
prácticamente un 75 por ciento del Plan de Vivienda esta dedicado a los jóvenes, a la población de menos de 35 años y además se prevé que se puedan exonerar del IRPF los alquileres de personas menores de 35 años. Por lo tanto, decir que los
Presupuestos Generales del Estado no contemplan la política de vivienda a favor de los jóvenes a mí me parece que no es del todo correcto. Creo que el Instituto de la Juventud propone un eje fundamental de actuación, que es el de emancipación
joven, dentro del cual hay fundamentalmente dos aspectos, señoría, el de vivienda -que le acabo de señalar- y otro tema fundamental: para que los jóvenes se puedan emancipar, lógicamente, tienen que tener un trabajo estable y para eso, señoría, yo,
contrariamente a lo que usted afirma, tengo aquí los presupuestos del INEM y le puedo decir que para fomento y gestión del empleo la partida presupuestaria crece un 18,6 por ciento, para la bonificación de cuotas empresariales de Seguridad Social,
que es justamente donde se va a fomentar el trabajo estable de los jóvenes menores de 30 años, con una bonificación como sabe usted de 800 euros anuales durante cuatro años o la transformación de los contratos temporales en contratos
indefinidos con otros 800 euros durante tres años. Esa partida crece de 2.372 a 3.039 millones de euros, el 28,1 por ciento. La formación profesional no disminuye, señoría, la formación profesional crece y la partida es de 2.113 millones
de euros. Las escuelas taller y las casas de oficio no disminuyen, crecen es cierto que en una cantidad pequeña 7 millones de euros, pero pasan de 501 a 509 millones de euros. ¿Por qué se baja la formación? Se lo he contestado. Yo creo que no se
baja, sinceramente.
Señora López i Chamosa, le agradezco mucho su intervención. Los presupuestos que presenta el Ministerio de Trabajo son unos presupuestos de los que sinceramente nos sentimos orgullosos. El gasto social en los presupuestos del año 2007 va a
representar una vez más más del 50 por ciento del gasto total, con un incremento del 8,5 por ciento. Esto representa 147.160 millones de euros; de estos 147.160 millones de euros prácticamente 136.000, el 93 por ciento, corresponden a los
presupuestos del Ministerio de Trabajo si incluimos la sección 60. Es decir, los presupuestos del departamento, incluidos los organismos autónomos, alcanzan 29.694 millones de euros, crecen un 8,8 por ciento; los presupuestos del ministerio, de lo
que es estrictamente la sección 19, crecen un 11,4 por ciento. Si a ello sumamos la Seguridad Social, con 106.808.000 euros, tenemos una partida de gasto social en el Ministerio de Trabajo de 136.502 millones de euros, por lo tanto estos son
realmente unos presupuestos sociales muy importantes.
En cierta medida, señoría, la pregunta que usted me formulaba respecto a la Inspección de Trabajo la he contestado conjuntamente para no ser excesivamente prolija en la contestación. Me pregunta usted por los programas del Injuve
concretamente. Me va a permitir que respecto de los programas del Injuve haga referencia a las partidas para asociaciones y entidades juveniles a las que se destina una partida muy importante de 2.974.000 euros; al acceso a la vivienda, a la que
ya me he referido dentro del presupuesto del Instituto de la Juventud, de 2.864.000 euros; a la participación en el programa juventud de 5.530.000 euros cofinanciados con la Unión Europea. La política de juventud que se va a hacer no está solo en
el presupuesto del Instituto de la Juventud; hay otras políticas muy importantes que redundan en beneficio de la juventud y que hay que poner en valor, y lógicamente no corresponden al Ministerio de Trabajo. En primer lugar, tenemos el incremento
espectacular de las becas para el año próximo, y este es un tema que hay que valorar. Hay otros aspectos de políticas de juventud en materia de vivienda -ya me he referido a ello cuando contestaba a la diputada del Grupo Popular- que también hay
que poner en valor. Las políticas de juventud no solo se pueden medir desde el punto de vista de las partidas que figuran en el Instituto de la Juventud, porque él lo que hace es coordinar e intentar poner en valor aquellas competencias que
corresponden en un alto porcentaje a las comunidades autónomas; por lo tanto, no es el Instituto de la Juventud aquel en el que se deben hacer grandes inversiones, pero dentro de los Presupuestos Generales del Estado hay partidas para la juventud
importantísimas en materia de becas y, sobre todo, en programas de formación dirigidos directamente a la juventud. (La señora Vázquez Blanco pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Dígame, señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Simplemente quería entregar unos documentos del cambio de partida económica, de la 751 y la 761, que se cambia la vivienda por centros de creación.
La señora PRESIDENTA: Y lo quiere aportar a la Mesa. (La señora Martín Mendizábal pide la palabra.) Dígame, señora Martín.
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Simplemente, cuando hablaba de actuaciones de la Inspección de Trabajo -no sé si a lo mejor no lo he citado- me refería a actuaciones en materia de incapacidad temporal; probablemente no tenga el dato aquí.
Nos gustaría saber cuántas actuaciones se han pedido por el INSS, cuántas se han realizado y qué resultados. Si lo tiene, bien; si no, nos lo puede enviar. También me gustaría saber, por favor, de qué fecha es el reglamento de la Inspección de
Trabajo, que me imagino que es al que se refería.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Domínguez González): Acerca del reglamento de la Inspección de Trabajo no lo recuerdo en este momento, se lo digo de verdad. ¿El reglamento o la ley?
La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Ha mencionado que vienen en el reglamento, por eso le pregunto en qué reglamento (La señora López i Chamosa: El reglamento de la Ley de Extranjería.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a ver, un momento. Lo que no tenga ahora la señora Domínguez lo precisará a la señora diputada, como es habitual. Por tanto, señora Domínguez, conteste lo que considere oportuno, y no entren en diálogo los
demás diputados. Tiene la palabra la señora subsecretaria.
La señora SUBSECRETARIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Domínguez González): Señoría, no me refería al reglamento de la Inspección de Trabajo del que en este momento no recuerdo el número; la Ley es del año 1997, la 42/1997, pero el del
reglamento no me acuerdo. Me refería al reglamento de la Ley de Extranjería.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Domínguez. Despedimos a la compareciente y continuamos con la comparecencia de doña Amparo Valcarce, secretaria de Estado.
-DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (VALCARCE GARCÍA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (número de expediente 212/001250), DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número de expediente 212/001408), DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001298) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/001391).
La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión con la comparecencia de la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, doña Amparo Valcarce García, a quién como siempre damos nuestra cariñosa bienvenida. Empezamos, como
está establecido, dando turno a los grupos por término de cinco minutos. Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero informar a la Presidencia de la Comisión de que en la medida en que debo ausentarme den por retiradas el resto de comparecencias que tenía planteadas esta tarde en la Comisión, las que hacen referencia a
la Secretaría General de Empleo y a la Secretaría de Estado para Inmigración y Emigración. Dicho esto, quiero disculparme con la señora Valcarce porque previsiblemente no voy a poder escuchar sus respuestas, las leeré con toda atención en el
'Diario de Sesiones'. Simplemente le querría plantear respecto a ese presupuesto algunas cuestiones muy rápidas.
Los presupuestos contemplan la puesta en marcha o la continuación de los denominados centros estatales de referencia en servicios sociales, en Burgos, en Salamanca, en León, en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en Extremadura, en Murcia y en
Asturias, en Langreo. La pregunta sería qué criterios ha seguido el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a la hora de orientar estas inversiones en estas comunidades autónomas en concreto y cómo contemplan ustedes la participación de las
comunidades autónomas en la gestión de estos centros estatales de referencia en materia de servicios sociales. Vemos también que en el presupuesto contemplan unas partidas destinadas a la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de
dependencia, y nos gustaría saber cómo encajan estas subvenciones a la Federación Española de Municipios y Provincias con las competencias exclusivas que tienen las comunidades autónomas en materia de servicios sociales y también con el nuevo
Estatuto de Cataluña que contempla la territorialización de todas las subvenciones en aquellas materias en las que la Generalitat tenga la competencia exclusiva. También nos gustaría saber si el Gobierno conoce a estas alturas el desglose por
comunidades autónomas de las transferencias corrientes para programas de servicios de apoyo a familias y atención de menores, en concreto del programa 231.G, la evolución del presupuesto de este programa entre el año 2006 y el año 2007; si conoce
también el desglose por comunidades autónomas del programa 231.G para creación de plazas para la atención de menores de 3 años y cuál ha sido la evolución de este programa en relación al año pasado. Finalmente, nos gustaría saber si conocen ya cuál
va a ser el desglose por comunidades autónomas de los recursos destinados a la dependencia y que se nos explique por qué esa diferencia de los 300 millones que son gestionados -creo recordar- por el Imserso y 100 millones gestionados por la
Secretaría de Estado, la razón que justifica que se produzcan estas dos diferentes formas de gestión.
Le reitero mis disculpas por tener que ausentarme.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el Señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Bienvenida, señora secretaria de Estado. Voy a hacer un par de preguntas muy concisas. Además, aprovechando que estamos casi en la intimidad porque hay muchas otras comisiones a la vez, espero naturalmente la
misma franqueza en su respuesta que la que yo le voy a hacer en la pregunta. Su secretaría de Estado ejecuta fundamentalmente dos grandes programas, además del organismo del Imserso. De los dos, en uno, en el de infancia y familia, se reduce -como
usted bien sabe- el presupuesto de 53 millones de euros a 51 millones de euros, es decir cae un 2,3 por ciento si los datos que yo he manejado son correctos; y en otro, en el de otros servicios sociales del Estado, el 231.F, se pasa de 400 millones
de euros a 401 millones de euros, es decir un crecimiento de solo el 0,26 por ciento. Como de los dos programas uno cae un 2,3 por ciento y el otro solo sube un 0,26 en su conjunto, pero el capítulo de gastos de personal crece en un 13 por ciento,
es obvio que hay una serie de programas que se contraen, y me gustaría saber cuáles. Si no el presupuesto estaría adquiriendo la condición de milagroso: que aumente solo -prácticamente se mantiene estable- un 0,2 por ciento en conjunto y que el
capítulo 1, gastos de personal, crezca un 13 y no haya algo que se contraiga. Esa es mi primera pregunta: qué programas se contraen.
Teniendo en cuenta que teóricamente este se mantiene igual, porque ha crecido un 0,2 por ciento y el año anterior
creció un 0,6 por ciento, sin embargo de esos 400 millones de euros 100 millones son teóricamente nuevos para la dependencia, me resulta difícilmente explicable, salvo que se haya producido la congelación
de una serie de programas que para esta misma finalidad se venían dedicando con anterioridad. Acerca del Plan de acción de mayores sabe que al menos este es el tercer ejercicio que se congela: el programa de discapacitados, programas de
acción social, etcétera. Apareciendo teóricamente 100 millones nuevos, cómo es posible que se mantenga estable en los 400 millones el conjunto del programa, teniendo en cuenta además que los gastos de personal este año han crecido un 13 por ciento.
Me conformaría con que me respondiera a esa pregunta, para la que supongo que tendrá una respuesta satisfactoria, porque si no no estaría aquí compareciendo ni en el lugar que ocupa.
Una duda similar me surge con el presupuesto del Imserso, que teóricamente crece en 300 millones para la dependencia, pero teniendo en cuenta el resto de crecimientos debería ser mucho mayor sin embargo el aumento es de 265 millones de
euros; lo que a todas luces es obvio, los 400 millones de crecimiento del presupuesto para la dependencia no lo son en términos netos, sino restando las múltiples congelaciones que han tenido lugar.
Eso me gustaría que lo dijese usted y que no
fuese una afirmación mía, en tanto que puede tener menor calidad técnica ya que dispongo de menos medios. Dicho esto, sabe usted que en la dependencia lo que desea el Grupo Parlamentario Popular es que usted tenga éxito y lo tengan, por tanto,
todas las comunidades autónomas que lo van a ejecutar, entre ellas siete gobernadas por el Partido Popular y 3.240 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, para que no ocurra como con anuncios -no suyos pero sí de compañeros suyos del
ministerio- en materia de inmigración o de violencia de género, que excesivos anuncios generan al final frustración en las expectativas. Eso es lo que me gustaría, que usted tuviera éxito y que efectivamente los 400 millones, 300 millones en el
Imserso y 100 millones en el programa de otros servicios sociales del Estado que, como le digo, permanece curiosamente constante, lo fuesen netos y no brutos, no detrayendo o congelando partidas anteriores.
Una segunda duda es acerca del Real Patronato de la Discapacidad. Me imagino que enmendarán la terminología, porque sigue apareciendo Sistema Nacional de Dependencia, lo cual nos congratula a nosotros y espero que al Gobierno también; no
habiendo como no hay diputados de Esquerra Republicana aquí, cabe la posibilidad de que nazca el Sistema Nacional de Dependencia inexistente con presupuesto, que sería una buena cosa porque no haría falta ni corregirlo. Si aquí, con fuerza de ley,
se aprueba con esa denominación, tendría su presupuesto. Después figura en el Real Patronato de la Discapacidad, que teóricamente va a recoger dos centros, los de la ley de lengua de signos. Yo solamente he encontrado uno; de los dos centros que
se van a crear, uno sería el centro de normalización lingüística, para las personas signantes, y otro el centro de interpretación, y este no figura aunque sí que existe en la ley que ya deberíamos tener aprobada y que por otros motivos se va a
demorar unos meses. Solo he encontrado uno; no obstante incluso en ese, en el Real Patronato de la Discapacidad, todo el crecimiento del presupuesto es de un 2 por ciento. No sé si esto no va a frustrar alguna expectativa, porque un crecimiento
exactamente del 2,3 por ciento en el Real Patronato de la Discapacidad para atender la creación de estos dos nuevos órganos...
La señora PRESIDENTA: Señor Barrachina, tiene que ir concluyendo.
El señor BARRACHINA ROS: Concluyo.
Yo solo he encontrado uno, señora secretaria de Estado, y no sé cómo lo van a hacer. Por tanto, me gustaría que contestase. Simplemente querría esas dos explicaciones. Hay una tercera, que es la reducción en 10 millones de euros de
prestaciones asistenciales a ancianos y enfermos incapacitados; sobre esa reducción de 10 millones de euros supongo que la explicación que me dará será la misma que la del presupuesto anterior, por tanto me genera menores dudas que en las dos
primeras.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Si me permite mi compañero del Grupo Popular, en esta intimidad que mantenemos aquí esta tarde, uno de los dos faltó a clase el día que enseñaron a sumar, porque a mí no me salen las mismas cuentas que a usted.
Señora secretaria de Estado, hace un momento estaba la subsecretaria del ministerio en el puesto que ahora ocupa usted y nos hablaba de una subida del 11,4 por ciento del ministerio solo en la sección 19, y creo que es una buena noticia no
para el Grupo Socialista, no para los que formamos esta Comisión, sino para todos los españoles. Y, siendo buena esa, mejor me parece todavía la suma que me sale del incremento que tiene su secretaría, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad, que se eleva a un 46,67 por ciento, casi se duplica, y, según mis datos, el 46 por ciento que incorporaría la sección 19, correspondiente a la secretaría de Estado, más el Imserso daría un crecimiento del 45,82 casi 46, de
2006 a 2007 y en el Imserso la subida es aún mayor, de un 48 por ciento, en total un 46,6 por ciento de incremento de las políticas y que se destina a dos pilares fundamentales, según lo que he podido leer en el presupuesto y la política que conozco
del Gobierno, en primer lugar la dependencia y también el envejecimiento activo y otras políticas.
Me quiero detener un momento en la dependencia, señora Valcarce, si me lo permiten la Presidencia y el resto de grupos presentes en esta Comisión, porque hace solo cinco días esta Cámara ha aprobado el proyecto de ley de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, del que usted -de ese proyecto de ley- tantas veces ha venido a dar
cuenta a esta Comisión y en el que sé -y me consta, como a otros grupos que están aquí en la Cámara- que ha trabajado con entusiasmo para llegar al final a un acuerdo muy mayoritario dentro de la misma. Quiero agradecérselo no en nombre de
mi grupo, sino en nombre de los ciudadanos que se van a ver favorecidos por la misma. También quiero felicitarla porque la memoria económica que traía este proyecto de ley -por fin en esta legislatura los proyectos de ley vienen acompañados de
memoria económica- recogía una cantidad de 400 millones de euros para atender en este primer año sobre todo a la gran dependencia. Quiero pedirle, señora Valcarce, como ya han hecho otros grupos, que me diga dónde se encuentran esos 400 millones y
el porqué de esa distribución. Hay un incremento que podía ser del cien por cien respecto al presupuesto original del año pasado pero que en cualquier caso duplica lo que había ya en el presupuesto actual. A esto además habría que añadir -es muy
importante- la teleasistencia, porque es una pieza fundamental en la atención a las personas en situación de dependencia o previas a esa situación de dependencia en la que necesitan esa atención. En otros años hemos hablado de beneficiarios, y me
gustaría, si tienen estimaciones sobre los posibles beneficiarios de la misma y con la ampliación que se va a hacer, saber cuáles son. Se lo ha preguntado también el portavoz de CiU, y yo quisiera saber no tanto cuáles son los criterios con los que
se van a poner en marcha los nuevos centros de referencia, sino poner en valor la creación de red por parte del Gobierno de España al que tantas veces se le dice que no es competente en esta materia y que sigue creando red; quiero que me diga -si
lo tiene delante- cuántos centros hay todavía en construcción y cuáles son los centros que se van a poner en marcha creando red de centros para atención de personas en situación de dependencia y también centros de investigación, como es el Centro
para la promoción de la vida independiente, en el que se hará investigación sobre todo respecto a la autonomía personal y la vida independiente. No sé si procede en esta comparecencia, pero me supongo que usted lo conocerá por su ocupación, por lo
que le pregunto si se compadece este programa de creación de red sobre el que se está haciendo el esfuerzo desde la Administración General del Estado con este tipo de inversiones, también en otro tipo de centros, como son centros de día y demás en
las comunidades autónomas.
No solamente la atención a la dependencia es un eje central, sino que también lo es el envejecimiento activo, las políticas dedicadas a las personas con discapacidad. Desde que empezó esta legislatura hemos hecho un gran esfuerzo por
transmitir a la sociedad que las políticas sociales no son solo políticas de gasto, como han venido reflejándose siempre en los presupuestos, sino que son grandes políticas de inversión que generan mucho empleo, muchos puestos de trabajo, como lo
hará la Ley de Dependencia, como lo harán también estos programas de los que quiero hablarle. Siguen aumentando el programa de vacaciones para personas mayores, el programa de termalismo, que es una buena manera sin duda de que este país tenga cada
vez menos personas dependientes porque se les facilite un envejecimiento activo, el turismo para discapacitados también aumenta un 16,40 por ciento. Además de satisfacer una demanda real, los programas de vacaciones del Imserso para mayores y todos
estos a los que me he referido tienen un importante impacto económico tanto en generación de empleo como de riqueza. No sé si lo han evaluado, igual que se evaluó la posible generación de empleo que tendrá la implantación de la Ley de Dependencia
con la creación de aproximadamente 300.000 puestos de trabajo, pero creo que sería interesante hacerlo. Yo comentaba hace unos días en mi comunidad que si un empresario llegara a Extremadura y dijera que en tres años se van a crear 7.000 puestos de
trabajo, sería titular porque qué empresa o qué industria sería la que se instalaría allí. Eso se va a hacer solamente con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.
Todas estas políticas son generadoras de riqueza y de empleo, y me gustaría
incidir en ello porque creo que es muy importante para la sociedad.
No me quiero extender mucho más. Esta mañana, señora Valcarce, hemos tenido una Sesión de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales y en relación con ella quiero hacerle algunas consideraciones. El compromiso del ministerio con la
plataforma de ONG y con el reparto del 0,52 del IRPF ha sido constante a lo largo de estos años, no en vano hasta la última se ha tenido que poner la diferencia entre lo recaudado y el básico que se había establecido. Creo que este año ha sido el
primero en el que ha habido superávit, es decir, se ha recaudado más del mínimo que estaba establecido. Como usted sabe -está en los medios de comunicación y está en la calle-, por un lado ha habido una petición de la plataforma de las ONG de que
se amplíe del 0,52 al 0,7 por ciento y, por otro lado, nos consta a través de algunas organizaciones de esta plataforma que están ustedes trabajando en ello. Si pudiera adelantarnos algo, igual que se ha anunciado ya que se va a hacer para la
Iglesia, quisiera saber cuáles son las previsiones y si se está trabajando ya desde su secretaría en este asunto. Veo que se me ha acabado el tiempo, pero me gustaría seguir hablando un poco más y preguntarle por el plan para mujeres con
discapacidad, que se va a poner en marcha en 2007, que, por cierto, va a ser el año europeo de igualdad de oportunidades, y me parece un tema muy importante, o del incremento en las políticas que benefician a las familias españolas, porque a mí me
sale un incremento de un 68 por ciento, sin tener en cuenta todas las bonificaciones que hay del 45 por ciento en las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de personas cuidadoras, por niños menores de 3 años o por familias monoparentales,
etcétera. Las políticas de familias no son solamente un epígrafe en un programa concreto.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado para contestar las preguntas formuladas.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señorías, estos son los terceros Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y repetimos un hecho histórico:
más de la mitad del gasto del Estado es gasto social, en 2007 va a ser del 50,5 por ciento, y el presupuesto de servicios sociales crece nada menos que un 46,6 por ciento. Un objetivo prioritario del presupuesto de este año es la puesta en marcha
de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Señorías, tengo que decirles que la secretaría de Estado que me honro en dirigir tiene un presupuesto de servicios sociales de 1.664.284.140
euros, las pensiones no contributivas suponen 2.112.843.000 euros, la Lismi, 75.644.000,83 euros; por lo tanto, el total del presupuesto que debemos gestionar asciende a 3.852.772.000 euros. Este es el presupuesto y de él creo que merece la pena
destacar la partida que se refiere a la atención a la dependencia.
Está en dos grandes créditos, uno es el que está en la sección 19, con 100 millones de euros, y otro de 300 millones en el organismo autónomo Imserso. Esto es así, señorías, porque
trae causa de la historia de cómo se generó este crédito. En el año 2005 se genera por primera vez un crédito de 50 millones de euros, en este año 2006 se genera un crédito de 200 millones de euros, 100 millones en la sección 19 y 100 millones en
el Imserso. Por lo tanto, y también acordado con las comunidades autónomas y para dar continuidad a los proyectos iniciados en el año 2005, se mantienen 100 millones de euros en la sección 19 y 300 millones de euros en el Imserso precisamente para
afrontar las necesidades de prestaciones y servicios de la Ley de Dependencia. Los presupuestos de la secretaría de Estado -como ustedes saben- están en el programa 231.F, con una partida de 50 millones de euros en el capítulo 4 y otra de 50
millones de euros en el capítulo 7. El capítulo 4 -como saben- son transferencias corrientes y el 7, transferencias de capital. Para entendernos, en un caso es para construcción y en el otro para proyectos y programas. En los presupuestos del
Imserso se encuentran 26.388.000 euros en el programa 31.31, que es de gestión de prestaciones económicas y centros. Es muy importante porque, deben tener ustedes en cuenta -lo voy a ir desglosando- que esto se ha establecido lógicamente, con el
mayor acuerdo y consenso de las comunidades autónomas a fin de poder hacer las transferencias en los capítulos que prevé el proyecto de ley. Por lo tanto, habrá 9 millones de euros en el programa 31.32, atención a personas mayores; 244.612.000
euros en el programa 31.38, prestaciones técnicas y otras acciones, y 20 millones de euros en el programa 3591.
Por lo tanto, estas asignaciones presupuestarias se van a destinar a financiar el mínimo de protección garantizado por la Administración
General del Estado por cada persona reconocida como dependiente y además a financiar el nivel de protección acordado mediante convenio entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. La creación y puesta en funcionamiento de
los centros estatales de referencia también es una prioridad para el Estado y un recurso muy importante para la promoción y el desarrollo de programas y servicios en el marco de la atención a las personas dependientes, sobre todo para hacer frente a
necesidades que una sola comunidad autónoma no puede afrontar. A ello vamos a dedicar cerca de 23 millones de euros, 22.663.000 euros, y ciertamente hay una distribución homogénea de estas necesidades. Así, para el Centro de enfermedades raras de
Burgos, para el Centro de atención sociosanitaria de Alzheimer de Salamanca, para el Centro de atención a personas con grave discapacidad de San Andrés del Rabanedo, para el Centro de atención sociosanitaria para el trastorno mental grave de
Valencia, para la Ciudad del Mayor de León, para el Centro estatal de atención al daño cerebral de Sevilla, para la Escuela de Servicios Sociales de Madrid, para el Centro de promoción de la vida independiente de Extremadura, para el Centro de
atención sociosanitaria a personas con la enfermedad de Parkinson de Murcia, y el Centro de referencia en graves discapacidades neurológicas de Langreo en Asturias.
Es la red que está en este momento en construcción o que tiene ya en marcha tanto
los estudios informativos como los planes y proyectos.
¿Cuáles son los criterios? Sobre todo, afrontar las graves dependencias dando la posibilidad no solo de asistencia a la persona dependiente, sino también a sus familias, lo que lleva
incorporado lo que llamamos investigación, innovación, desarrollo y la formación de los especialistas.
También, señorías, tengo que responder a algo muy importante, que es lo que se me ha planteado acerca de la teleasistencia, un servicio que proporciona seguridad y facilita la permanencia de las personas dependientes en su entorno habitual.
El crédito destinado en este ejercicio para financiar la teleasistencia de personas mayores asciende a 29.099.250 euros, con un crecimiento del 16,4 por ciento, y vamos a atender a 180.000 personas. Es verdad que hay dos grandes prioridades, que
son, en lo que se refiere a las personas dependientes, la puesta en marcha de las previsiones del proyecto de ley, y el segundo gran eje es el programa de vacaciones y termalismo, que tiene una importantísima dotación, de 86.200.660 euros con un
crecimiento respecto al año anterior del 9 por ciento. En cuanto al termalismo, el crecimiento es del 26,92 por ciento, con una dotación de 32.411.400 euros y el turismo para discapacitados tiene una dotación de 5.120.250 euros, con un incremento
del 16,32 por ciento. Estos tres programas suponen una inversión de 123.732.310 euros, un 13,53 más. Efectivamente, señora Pérez Domínguez, es una inversión eficiente porque se genera empleo, pero además de la generación de empleo y el
mantenimiento del empleo en las zonas turísticas, en el año 2005 supuso la creación o el mantenimiento de 178.000 empleos y tiene una repercusión en cuanto a la inversión de un
retorno del 1,74 por ciento. Sin lugar a dudas es una inversión eficiente.
Respecto a lo que se me ha señalado acerca de la Federación Española de Municipios y Provincias, señorías, el Gobierno se siente muy satisfecho del acuerdo y el consenso alcanzados en esta Cámara en la votación del pasado jueves del proyecto
de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Tengo que felicitar por el diálogo, y por el trabajo realizado por los portavoces, muy especialmente -están hoy aquí presentes- tanto la señora
Pérez Domínguez como el señor Barrachina, que han contribuido muy notablemente a esos acuerdos, y sin duda ellos saben muy bien que en esos acuerdos fue muy importante subrayar el papel de los ayuntamientos, de las entidades locales, en el futuro
sistema de dependencia. Quiero subrayar ese papel -creo que ha sido reconocido por todos los grupos de la Cámara- y estoy segura, señorías, de que ese papel que se reconoce a las entidades locales en el proyecto, ese especial subrayado que todos
los grupos parlamentarios han hecho tiene que tener también su traducción presupuestaria. Por ello, nos ha parecido oportuno abrir esta partida para la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Señorías, ustedes saben muy bien que las competencias en materia de acción social son exclusivas de las comunidades autónomas. Esas competencias han de ser exquisitamente respetadas por todos, pero también aquellas que competen a otras
administraciones, por ejemplo, las entidades locales en su propio ámbito, y por ello esto no es más que un mecanismo de colaboración.
En lo que se refiere al desglose de los programas aquí se me ha pedido, ustedes saben que los programas, los planes convenidos con las comunidades autónomas, nos exigen previamente llegar a un acuerdo primero en la Comisión General de
Comunidades y después en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, y así lo hemos hecho siempre y lo haremos, lógicamente, también en el próximo ejercicio presupuestario, pero también porque está en el mandato del proyecto de ley de dependencia
acordar los criterios de distribución. Hemos acordado los planes de infancia, de familias, los que se refieren a personas con discapacidad, el Plan de mayores, los planes de dependencia del año 2006 y del año 2005, y así lo haremos en el próximo
ejercicio. Respecto a las previsiones del proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de signos y también de los sistemas alternativos para las personas con discapacidad auditiva, tengo que decir que se prevén dos centros. Creo que el nombre
exacto de uno de ellos, señor Barrachina, es Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, el CESIA, que está previsto en el proyecto de ley y que ya durante este año hemos dado los pasos para su creación, y además el Centro de Normalización
Lingüística. Los dos tienen partida presupuestaria suficiente en los presupuestos no solo del Real Patronato de la Discapacidad sino también en los de esta secretaría de Estado. Por lo tanto, el CESIA está ya en marcha, se han dado ya todos los
pasos, como les he informado y el Centro de Normalización Lingüística estará en marcha en cuanto entre la ley en vigor. Tengo que decirles, por último, que en cuanto a los crecimientos de esta secretaría de Estado hay que subrayar que desde el año
2006 al año 2007 el incremento es del 46,6 por ciento, pero también merece la pena que señalemos que los planes y los programas cofinanciados con las comunidades autónomas crecen un 47,5 por ciento. En el año 2006 dedicamos 421.048.000 euros y el
próximo año 2007 vamos a dedicar nada menos que 621.048.000 euros. Este incremento es sin lugar a dudas histórico, un incremento del que se van a beneficiar muy especialmente las familias españolas. Los programas dirigidos a financiar proyectos a
favor de la familia se incrementan un 68,3 por ciento respecto al año 2006. Creo que este incremento es bien explicativo de la prioridad que el Gobierno de España da a la atención a las familias, a todas las familias. Los programas que benefician
a las personas con discapacidad se incrementan respecto al año 2006 en un 97,59 por ciento, porque al ser los más vulnerables tienen que tener una especial prioridad.
Señorías, me han preguntado también respecto a los planes del Gobierno sobre el 0,52 del IRPF. Tengo que decirles - y ustedes lo saben bien porque lo han tratado ampliamente en esta Cámara- que esta es una reivindicación histórica de las
ONG. El Gobierno va a ampliar del 0,52 al 0,7 por ciento la asignación tributaria a las ONG en el IRPF, y confío en que en los próximos días firmemos un gran acuerdo con las organizaciones no gubernamentales en el consejo estatal de ONG, sobre todo
para incluir esta cuestión en la tramitación de la Ley de Presupuestos. Señorías, hay prioridades que el Gobierno de España comparte con las ONG, como son la lucha contra la pobreza, la ayuda a personas y colectivos en riesgo de exclusión social,
la atención a las personas dependientes, y todo ello dentro del Plan Nacional para la Inclusión Social de este país. También tengo que decirles que estamos comprometidos con la calidad, la eficacia y la transparencia. El compromiso ético de
eficacia y calidad en la ejecución de las políticas sociales que comparte el Gobierno de España con las ONG nos obliga a un esfuerzo permanente para poder responder a las nuevas necesidades sociales emergentes. Por lo tanto, estamos ya trabajando,
buscamos el acuerdo desde el diálogo y buscamos, desde luego, que ese acuerdo sea posible gracias al respaldo de las ONG de acción social.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Barrachina. Muy brevemente.
El señor BARRACHINA ROS: Brevemente quiero decir que me encanta escuchar a la secretaria de Estado, pero el problema que tengo es que lo he de cotejar con lo que bajo de Intranet, que son los presupuestos del Estado, y aunque a la portavoz
del PSOE le suene raro, lo que yo tengo que leer es lo que me manda el ministerio, que lleva el escudo de España y que dice que este año hay 401 millones de euros donde el año anterior había 400 y que es un aumento del 0,26 por ciento, y que en este
programa
de otros servicios sociales del Estado el gasto de personal crece un 13 por ciento. Yo no pongo en duda en ningún momento ninguno de los datos, pero me gustaría tenerlos, porque si no, lo que he de mirar es el presupuesto que me envían, y
este dice que hay 401 millones de euros, en el que teóricamente se aportan 100 nuevos, el año pasado tenía 400 y el anterior lo mismo. Me gustaría que me lo explicasen. Ha sido mi única pregunta: qué se contrae en este presupuesto, que aumenta
otros servicios sociales del Estado, el programa 231.F, qué se contrae -para que aumentando un 13 por ciento el gasto de personal y el total del programa un 0,26 este programa siga existiendo. Y lo mismo pero agravado -sobre todo por la broma de la
portavoz que así se lo toma, como una broma- porque el programa de atención a la infancia y a las familias, el 231.G, en lo que el señor Solbes envía dice que hay 51 millones de euros y el año pasado había 53, un millón y pico euros menos de euros.
Por tanto, si eso es así, me gustaría saber qué es lo que se reduce, que han sido mis únicas palabras, y si después hay otro presupuesto en el que se suma o se resta, me gustaría tenerlo. Lo único que yo puedo enseñar son los libros que nos envía
el Ministerio de Economía, que son los que acabo de citar.
Por tanto, me gustaría que me lo explicara. Por otro lado, que esta mañana, habiéndose votado la subida del 0,52 al 0,7, el PSOE la haya rechazado sin éxito y por la tarde ya hayan tenido
capacidad suficiente para reaccionar y sumarse a la mayoría de esta Cámara, que esta mañana les ha impuesto esa subida que al final, de una forma u otra, se iba a producir. Afortunadamente, el 'Diario de Sesiones' será testigo del debate y de que,
efectivamente, se ha producido un empate a 18 y una ulterior victoria por voto ponderado en el que su partido, al cual usted, y seguramente con mucho orgullo, pertenece, ha manifestado exacta y precisamente la posición contraria a la que usted ha
defendido. Si en 1999 se pasó de cero al 0,52, subir del 0,52 al 0,7 es lo razonable teniendo en cuenta el acuerdo ya existente con la Iglesia, y celebro que eso sea así. Simplemente he querido reiterar la primera y única pregunta que he hecho
esta tarde, que es en qué se contraen sus dos programas, el 231.F y el 231.G. Supongo que me marcharé sin haber escuchado la respuesta. Si es así el próximo año en presupuestos me plantearé venir o no. He preguntado solo, de sus dos principales
programas, en qué se contrae el presupuesto.
La señora PRESIDENTA: Señora Domínguez, ¿quiere hacer alguna pregunta? Se trata de hacer preguntas a la secretaria de Estado. Si le quiere preguntar alguna cosa, lo puede hacer.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Quisiera una aclaración. Llevamos todo el día revisando actas pero no vamos a revisarlas porque me parece que no es serio. Aquí trabajamos por el bien de los ciudadanos, no para estar todo el día repasando
actas. Esta mañana mi grupo ha dejado bien claro que el Gobierno que íbamos a trabajar por el 0,7 por ciento, que se estaba trabajando con la plataforma de organizaciones no gubernamentales, con todos los sectores interesados y que nos parecía un
oportunismo traer hoy una iniciativa que se sabía que estaba ya cerrada.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): No hay ninguna disminución. Ya he explicado que no se puede analizar el presupuesto si no es en su conjunto. S.S. ha reconocido que,
efectivamente, se producen reajustes en el capítulo 2 que son perfectamente razonables y que tienen que ver con los gastos corrientes, gastos en los que se hacen reasignaciones dentro del mismo capítulo. Señor Barrachina, usted sabe que no hay una
reducción. ¿Cómo va a haberla cuando sube el presupuesto un 46,6 por ciento? Me sorprende más que a usted le preocupe el incremento en el capítulo 1 de un 13 por ciento. Cuando uno defiende la buena gestión, hay que hacerlo desde el reforzamiento
de lo público S.S. siempre ha apoyado el despliegue de la red de los centros estatales de referencia y estoy completamente segura de que esperará que esos centros, además de ser edificios eficientes, estén dotados del personal suficiente. Tenga la
absoluta garantía de que el crecimiento en el capítulo de personal es total y absolutamente necesario. S.S. sabe también que todas las partidas experimentan incrementos muy importantes y en familias se supera el 60 por ciento de crecimiento. Nos
sentimos profundamente orgullosos de ello porque estamos trabajando por todas, absolutamente por todas, las familias españolas. No le quepa la menor duda de que el compromiso que tenemos con las organizaciones no gubernamentales es de diálogo,
trabajo en común compartir prioridades como la erradicación de la pobreza y trabajar por la inclusión de las personas más desfavorecidas. Hacerlo desde el empoderamiento de la sociedad civil es algo que compartimos todos los socialistas, Y estoy
completamente segura de que ese es el objetivo que pretende el conjunto de la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su tan amplia comparecencia y la esperamos en otra oportunidad.
-DEL SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (GÓMEZ SÁNCHEZ). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número de expediente 212/001407), DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001299) Y DEL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/001393).
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Vamos a continuar con el orden del día establecido en
estas comparecencias. Seguidamente tenemos la del secretario general de Empleo, don Valeriano Gómez Sánchez. El formato que hemos elegido ha sido el de que los grupos presentes en la Cámara le hagan las preguntas que estimen oportunas
sobre la ampliación o mejora de la información. Habrá un turno de preguntas, otro de respuestas y un segundo turno si se estima conveniente. Quería decirle también al señor secretario general que el portavoz de Convergència i Unió se ha tenido que
ausentar y ha pedido que le excusáramos.
Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Azpiroz en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor AZPIROZ VILLAR: Bienvenido, señor secretario general de Empleo.
Le vamos a pedir una serie de aclaraciones, con el objeto que tienen estas comparecencias: completar o aclarar la información, disipar las dudas que nos sugiere en
relación con el proyecto de ley que el Gobierno ha traído al debate de esta Cámara. Lo voy a hacer en un doble orden de cosas: por una parte, le pediré que me aclare algunos indicadores que nos han sorprendido en relación con los cuales nos
gustaría que hiciera algún comentario y, por otra, alguna dotación presupuestaria específica. En el programa 24.1A, de fomento y estabilidad laboral, en las dotaciones relativas a los autónomos y al autoempleo en general vemos que el importe de las
subvenciones para constituirse como autónomos solo sube un 5 por ciento: pasa de 70.000 a 73.831. Teniendo en cuenta que se ha aprobado el anteproyecto del estatuto del trabajo autónomo en el que una de las medidas incentivadoras del Gobierno es
el impulso y favorecer de una forma más amplia y decidida que en los últimos años la constitución de autoempleo y de autónomos, nos parece que la cuantía es escasa y por debajo del incremento del Presupuesto General del Estado del año 2007, que sube
un 7,7 por ciento. La partida de autónomos de este programa sube a 18.898, -estaba en 18.000-, tanto la previsión como la ejecución de esta dotación. Esto coincide con la ayuda al autoempleo, mínima, que se fija en 594.004 cuando estaba en
595.000. No es que sea grande, más que una congelación es una reducción, pero nos sorprende un poco en este contexto en el cual se está publicitando la voluntad de impulsar al autónomo y los derechos que se pretenden incrementar para el mismo.
Tiempo habrá de discutirlo cuando llegue a la Cámara, pero una previsión razonable para 2007 sería hacer un esfuerzo financiero en esta materia y aquí prescindo de las ayudas específicas que el presupuesto contempla par las asociaciones. Me refiero
a los autónomos, intuitus personae. En cuanto a los trabajadores de las escuelas taller y talleres de empleo, nos han sorprendido algunas partidas cuya aclaración y reflexión le agradeceríamos. El número de alumnos que participan en los talleres
de empleo baja de 25.575 a 24.880, es decir, hay una reducción de 695 alumnos. En las escuelas taller desciende el número de profesores en 180 que pasan de 8.424 a 8.244. El número de talleres de empleo también se reduce, de 1.137 a 1.114; 23
menos. El número de profesores en los talleres de empleo pasa de 5.115 a 4.976; 139 menos. En total, hay 319 profesores menos entre unos y otros cuando, en principio, tal y como el presupuesto contempla a la hora de cuantificar esos índices, hay
una buena inserción laboral de los jóvenes menores que acuden a las escuelas taller y casas de oficio. Alguna razón habrá para esta disminución, pero se nos escapa y por eso le preguntamos.
En cuanto a los discapacitados, las bonificaciones a la contratación indefinida sufren una reducción. La dotación del año 2006 era de 355.077 y baja a 25.077. Supongo que será consecuencia de la reforma en cuantía fija del Real Decreto-ley
5/2006 en el cual, al señalar cantidades tasadas y no porcentuales en relación con el salario que los discapacitados y minusválidos venían percibiendo, hay una bajada consecuencia de la entrada en vigor de dicho real decreto a mitad de este año y,
por lo tanto, reducen la dotación también para el año que viene.
Suponemos que esta es la explicación, pero si tiene otra le escucharemos con interés. En la FPO le debemos preguntar cuál es la razón de que pasemos de 401.086 alumnos participantes,
en el año 2006, a 320.870. En la previsión presupuestaria hay una reducción de 80.000 alumnos, cantidad importante. Suponemos también que alguna razón existirá, pero la desconocemos y le rogamos que nos la explique. En el programa 251.M,
prestaciones por desempleo, le queremos preguntar en la dotación del Servicio Público de Empleo por el programa de medidas de activación de Jaén 21, programa dotado con 11 millones de euros. Nos ha sorprendido que haya una dotación uniprovincial.
Hasta ahora ha habido programas de comunidad: Canarias, Extremadura, Galicia, etcétera y ahora hay una dotación de 11 millones, inferior a la de Castilla-La Mancha, que son 15 millones, pero superior al Plan de empleo en Canarias, que en la
presupuestación del año 2007 son 10 millones de euros. Nos gustaría que nos explicara en qué va a consistir esta excepción de Jaén 21, si el Gobierno tiene la intención de ir a planes provinciales de empleo y en qué se va a fundar, máxime cuando en
años anteriores se nos han rechazado enmiendas que pedían planes para Ceuta y Melilla, habida cuenta de sus peculiares y difíciles circunstancias. Si no tuviera ahora el dato le agradeceríamos que nos lo proporciona.
Hice una pregunta parlamentaria que me fue contestada, pero me gustaría que actualizara el número de desempleados extranjeros con el desglose de las prestaciones por desempleo, el subsidio, la renta activa de inserción y otras ayudas entre
inmigrantes comunitarios y no comunitarios y entre contratos temporales e indefinidos. En las prestaciones a los desempleados del programa 251.M vemos cómo este año ha habido un gasto por encima de lo presupuestado para el año 2006 que, referido a
las prestaciones contributivas, al subsidio por desempleo y al REAS, se eleva a 637.980 euros, es
decir, más de 106 millones de pesetas en relación con lo presupuestado.
Nos gustaría conocer en qué se funda esta desviación. En el programa 00X, la dotación 410 correspondiente a una transferencia interna del Servicio Público de Empleo de
6 millones de euros por globalización, no sé si tiene relación con el programa de ayuda al sector textil o programas afectos a empresas o sectores que se encuentren con problemas de competencia y deslocalizaciones. Nos gustaría una reflexión al
respecto.
En este programa 00X nos gustaría que comentara una transferencia en la dotación 422 a la Seguridad Social de ayudas destinadas a facilitar la jubilación de trabajadores de empresas en crisis no acogidas a planes de reconversión.
Quiero reiterarle la bienvenida y agradecerle su presencia y la explicación que nos pueda dar ahora.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor secretario general de Empleo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero darle la bienvenida a esta Comisión en este trámite habitual. Estamos debatiendo unos presupuestos generales que, de verdad,
se explican por sí mismos. Estamos hablando de un presupuesto en el que las políticas activas de empleo crecen aproximadamente un 11 por ciento, que es un crecimiento importante.
Estamos ante unos presupuestos con muchas novedades pues se han
alcanzado numerosos acuerdos este año que van a transformar profundamente el mercado laboral. Estos presupuestos reflejan esos acuerdos con los agentes sociales. Tenemos todavía en trámite la ley que va a cambiar las bonificaciones y a incentivar
a los colectivos. Por ello, vamos a formular unas preguntas más globales que individuales por programas. Como decía al principio, estos presupuestos se explican por sí mismos y leídos detalladamente están muy claros, pero hay algunas partidas que
nos gustaría que nos ampliara. Nos gustaría que nos dijera las previsiones de su departamento respecto a los colectivos y si las puede cuantificar. Las ayudas a la contratación estable van a ser numerosas debido al acuerdo alcanzado. A la vista
de cómo está evolucionando el mercado laboral, con el crecimiento en el empleo que estamos teniendo, me gustaría saber si los recursos contenidos en estos presupuestos van a ser suficientes para cubrir todas las bonificaciones previstas. Los 2.200
millones de euros para la formación es una partida más que considerable, pero nos gustaría saber si están cuantificados los usuarios tanto de la formación ocupacional como de la continua. Como desde hace dos años se está transfiriendo a las
comunidades autónomas parte de la formación continua, nos gustaría conocer la parte de los fondos que va a distribuirse a las comunidades autónomas y cuál es el criterio para hacer esa distribución.
Otro apartado consecuencia de los acuerdos es el tema de Fogasa. Esos acuerdos van a tener una gran incidencia en un sentido como en otro, pero especialmente en el que amplía la cobertura, ¿tiene cuantificados los beneficiarios que va a
haber con el nuevo reglamento, es decir, cuántas personas se van a beneficiar en función de los expedientes? En las previsiones presupuestarias de Fogasa, ¿cómo va a afectar la reforma laboral tanto a lo presupuestado para este año como al fondo
del propio Fogasa? Me va a permitir que aproveche esta ocasión para felicitarles por la gestión que el Fondo de Garantía Salarial está haciendo. Durante muchos años he estado vigilando, negociando y siguiendo los expedientes de Fogasa y he de
reconocer que en los últimos tiempos han mejorado y se han reducido tanto los tiempos de espera como su tramitación. Todavía tenemos que seguir mejorando, pero le puedo asegurar, señor Azpiroz, que yo he llevado expedientes de Fogasa que hemos
tardado dos años en cobrar y ahora estamos en un plazo bastante inferior. Es verdad que dos meses es todavía mucho tiempo, pero si pensamos cómo estaban y cómo están ahora, tendríamos que felicitar a los gestores. Esta diputada que les habla tuvo
mucho que ver en el diseño inicial de los convenios de recuperación.
Fueron diseñados con el objetivo de mantener el empleo el mayor tiempo posible sin ninguna perspectiva de recuperar lo que se adelantaba.
Fundamentalmente pretendían mantener los
puestos de trabajo y reducir una parte de la plantilla pero que la otra parte pudiese continuar cuando a lo mejor la empresa no tenía poder de endeudamiento ni bienes con los que pagar a los que se iban. El convenio de recuperación ha ayudado a
mantener muchos puestos de trabajo. La buena gestión de los profesionales de Fogasa está haciendo que muchos de esos convenios tengan una recuperación, cuando la previsión era prácticamente que no existiese. Es evidente que ha mejorado la gestión
y en el futuro podremos seguir por esa línea.
Me gustaría referirme también, cuando hablamos del fomento y del impulso a la investigación, a la prevención de riesgos laborales. Usted sabe que, aunque en el último año ha bajado la siniestralidad laboral en cuatro puntos y medio, sigue
siendo una gran lacra que tiene nuestro mercado de trabajo. Necesitamos que todas las administraciones se impliquen porque una ley por sí misma no baja la siniestralidad laboral, pero hay que seguir haciendo esfuerzos colectivos para conseguirlo.
Le quisiera preguntar si prevé su departamento alguna partida para impulsar e incentivar la investigación y el desarrollo en la prevención de riesgos laborales. Creo que este año es el de los grandes proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Recientemente aprobamos el estatuto del trabajador autónomo y nos gustaría saber si hay alguna partida prevista en estos presupuestos para empezar a desarrollarlo y el efecto que va a tener una vez lo pongamos en práctica. Tal y como van
las tramitaciones en esta casa, supongo que a primeros de 2007, en abril o mayo estará en pleno desarrollo.
Para terminar, quiero felicitarle por haber contribuido a unos presupuestos en los que más del 50 por ciento está destinado a protección social, es decir, problemas que realmente afectan a los ciudadanos en su vida diaria y esto es de
agradecer. El Grupo Popular verá las insuficiencias y seguramente todos podríamos estar de acuerdo, pero el empujón que estamos dando en políticas sociales que beneficiarán a los ciudadanos de este país merece el reconocimiento de este grupo y de
esta diputada a todo el ministerio.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Para dar respuesta a las cuestiones que han enunciado tiene la palabra don Valeriano Gómez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Trataré de dar respuesta, como siempre, con alguna indicación general a las cuestiones que han suscitado aquí el señor Azpiroz y la señora López i Chamosa. Como antesala, conviene
hacer un breve encuadramiento del presupuesto en el ámbito de los objetivos de la política de empleo, de la política laboral.
Si analizamos con detalle el presupuesto, lo que tenemos como principal prioridad son las consecuencias derivadas de los
acuerdos, algunos de ellos ya traducidos a norma en vigor, lo que tiene que ver por una parte con las políticas del mercado de trabajo y dentro de ellas con política de fomento o estabilidad en el empleo. Este es el objetivo del próximo año:
alcanzar los mayores niveles de estabilidad en el empleo en un contexto tal que no sufra merma o reducción alguna la intensidad de creación de empleo que nuestra economía viene registrando a lo largo de los dos últimos lustros, no solo de los dos
últimos años como solemos decir en estas comparecencias, y, remontándonos un poco más, incluso los tres últimos podríamos decir, a partir de 1992. Si hubiera que destacar una partida, un gran eje en lo que se refiere a la política de empleo del
presupuesto que ahora analizamos, sin duda sería el que se refiere al fomento de la estabilidad en el empleo. Si tenemos en cuenta que todas las políticas incluidas en este presupuesto tienen un crecimiento en muchas ocasiones inferior al que
hubiéramos necesitado en muchos aspectos, pero que prácticamente hay un tercio más de crecimiento en la principal política, que es la política de fomento en las bonificaciones a la contratación indefinida, podremos deducir cuál es la jerarquía de
instrumentos que hemos utilizado a la hora de preparar este presupuesto en este ámbito. En este momento exactamente el 28,1 por ciento es la tasa de crecimiento de lo que la sociedad gastará en el próximo año en ayudar a nuestras empresas para que
la contratación indefinida tenga una mayor intensidad de la que tenía en el pasado. En parte es algo que ya hemos venido haciendo en el segundo semestre de 2006. Cuando tengamos los datos de ejecución del presupuesto, podrán comprobar ese aumento
en la intensidad del esfuerzo en esa materia. Partíamos de un presupuesto en 2006 de 2.372 millones de euros para la partida de bonificaciones y terminaremos probablemente el año con un nivel de ejecución próximo a los 2.800 millones de euros. A
su vez, hemos presupuestado 3.039 millones de euros en esta partida específica para el año 2007.
Entrando ya en las preguntas concretas, partiendo de la consideración de que el esfuerzo esencial lo hacemos precisamente en este ámbito de la política de bonificaciones, y empezando por el final de las preguntas que ha suscitado el señor
Azpiroz, el fondo de globalización es una partida específica destinada al tratamiento de los ajustes laborales derivados inevitablemente del proceso de internacionalización que sufren y sufrirán en el futuro sectores como el textil, pero no solo el
textil sino también el calzado, el mueble y la madera. Son sectores para los que con la aprobación de la ley de presupuestos para este año ya se contemplaba poner en marcha instrumentos que atendieran esas necesidades derivadas de la influencia de
ese proceso en los principales sectores afectados en España. Lo que hemos hecho en ese ámbito es presupuestar en esta ocasión una parte de lo que será el conjunto de la dotación de ese fondo a futuro; están previstas dotaciones adicionales en los
próximos años hasta completar unos 140 millones de euros y se repartirán, grosso modo, dos terceras partes financiadas directamente con el remanente del INEM, del servicio público de empleo estatal, y el tercio restante será financiado directamente
con la aportación del Estado. Como saben ustedes, el planteamiento esencial a ese respecto es fruto del diálogo y del acuerdo en esta materia con organizaciones empresariales y sindicales. Queremos hacer una política de empleo de doble enfoque:
uno destinado al fomento de las políticas activas, política de recolocación de esos trabajadores que en muchas ocasiones tendrán que reubicarse laboralmente fuera del sector textil, y una política tamizada y filtrada por una estrategia que dé
garantía y una cierta red de seguridad sobre todo a aquellos trabajadores de mayor edad, con más de 55 años, cuyas posibilidades de recolocación fuera del sector textil son mucho más limitadas. La estrategia del fondo está destinada a aumentar, en
primer lugar, las bonificaciones para el mantenimiento del empleo de los trabajadores en esas empresas; bonificaciones que hasta ahora en el conjunto de los sectores económicos comienzan a los 60 años y que cuando estén en marcha las reformas
previstas en el acuerdo de Seguridad Social empezarán a los 59 años, pero queremos que comiencen a los 55 años cuando se trate de puestos de trabajo que se mantengan en las distintas empresas del sector textil y el textil confección. Junto a ello
lo que hacemos es aumentar diferencialmente respecto del modelo que hemos puesto en marcha para el conjunto de los sectores en las medidas de reforma del mercado de trabajo, fruto del acuerdo para la mejora y el crecimiento del empleo, lo que
hacemos es intensificar esas mismas ayudas diferencialmente entre un 10 y un 20 por ciento para la recolocación de los trabajadores procedente del sector textil. Junto a ello hay medidas que tienen que ver con la formación, una formación continua
también. Por ejemplo, el año próximo por primera vez será posible emplear dinero de la formación continua en el sector textil para formar a trabajadores en ocupaciones y oficios distintos de los que se corresponden con la clasificación de
ocupaciones dentro del sector textil. Es decir que se trata de facilitar, vía formación, la posibilidad de reubicación laboral de esos trabajadores fuera del sector textil. Y el cuarto bloque de medidas en este ámbito estaría destinado a que los
trabajadores de más de 55 años, cuando consumieran la prestación contributiva -habitualmente de nivel máximo en cuanto a duración- de 24 meses y tuvieran al menos seis años de antigüedad en el sector textil, si no son recolocados durante esos 24
meses de percepción de la prestación contributiva puedan tener una ayuda excepcional, una ayuda extraordinaria de 3.000 euros año hasta cumplir los 61 años. Es decir, se trata de mezclar medidas de política activa, medidas de reubicación,
reinstalación, reclasificación, recolocación en otras ocupaciones en otros sectores, con medidas que ofrezcan una garantía de mantenimiento de una red de seguridad para el caso sobre todo de los trabajadores de mayor edad que no pudieran ser
recolocados durante el periodo de percepción de prestaciones por desempleo.
Respecto a las prestaciones por desempleo en el ámbito del régimen especial agrario de la Seguridad Social -estamos hablando por consiguiente de trabajadores en Andalucía y Extremadura-, hemos previsto aproximadamente -esta es un poco
nuestra impresión y nuestra previsión para el próximo año- un conjunto de beneficiarios entre el subsidio y la renta agraria de alrededor de 376.000 personas. No estamos hablando de personas en media mensual, sino de personas que a lo largo del año
puedan tener algún nivel de prestación, bien por la vía de la renta agraria, bien por la vía del subsidio. ¿Cómo esperamos que se comporten las cosas a ese respecto? Pues esperamos que haya una reducción, como viene siendo habitual durante los
últimos años, en el volumen de personas que perciben el subsidio del régimen especial agrario, el subsidio REAS. Nuestra impresión es que habrá -ese es el cálculo- en torno a un 6,5 por ciento de menos subsidiados en el REAS que los que había en
términos medios en el año 2006. También esperamos que en el caso de la renta agraria haya un ligero incremento, pero muy inferior al descenso que se produce entre los subsidiados, un incremento del 3,2 por ciento. ¿Qué significa esto? En primer
lugar, recordemos qué es lo que hemos hecho respecto de estas dos cuestiones en los acuerdos o en los resultados del diálogo social. Hay algo que ya hicimos en la Ley de Presupuestos del año anterior.
Recordemos que lo que hicimos entonces fue
eliminar el límite de seis años de percepción de la renta agraria. ¿Qué significa eso? Significa ni más ni menos que el Gobierno no creía -y tampoco los interlocutores sociales- que fuera posible sostener una desaparición a plazo, dentro de seis
años, del sistema de protección por desempleo para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura que denominamos renta agraria; es solo el complemento del sistema. Lo que ocurre es que es un sistema doble, un sistema cada vez más
rígido para la entrada en el subsidio, pero que también preveía para aquellos que no puedan entrar en el subsidio la existencia de un sistema de protección complementario adicional. Yo sé que la intención de anteriores gobiernos en esta materia no
estaba desencaminada respecto de las personas que pudieran resultar afectadas, pero no creíamos hace un año y seguimos sin creerlo ahora que la política sea anunciar en ley, como se hizo, la desaparición de la renta agraria antes del ejercicio del
2009. Por esa razón lo que hacemos en el presupuesto es mantener, como es lógico, la renta agraria, mantenerla habiendo eliminado el límite de derechos previstos legalmente.
Es decir que la renta agraria permanecerá durante mucho tiempo aún en
Andalucía y Extremadura, y naturalmente lo que queremos es, en esa estrategia esencialmente correcta, limitar el acceso al subsidio agrario solo y exclusivamente a aquellos desempleados vinculados a la actividad agraria en Andalucía y Extremadura,
limitar también el acceso a aquellos desempleados agrarios en Andalucía y Extremadura que deben tener una antigüedad en la inscripción en el censo agrario, diez años, y por último plantearnos que siempre debe haber una política que asegure un
elemento complementario, aunque de menor nivel, en forma de renta agraria para aquellas personas que no puedan acceder al subsidio. El resultado final en términos presupuestarios es que ahorramos, el gasto es menor en subsidio -una parte de ese
ahorro implica un menor gasto- y el resultado final siempre tiene que ser -esa es la estrategia del Gobierno en esta materia- que la suma del gasto en renta agraria más el subsidio nunca debe ser mayor en un año respecto al año anterior. Creo que
esto también lo cumplimos en esta ocasión. Nuestra idea general es que no se dan las condiciones en el sistema de protección y en la situación de mercado de trabajo en Andalucía y Extremadura como para poder gastar más, no es necesario gastar más.
Es posible seguir ahorrando en esa materia, pero siempre manteniendo una red de seguridad para aquellos que no puedan entrar en el mecanismo habitual de protección vía subsidio agrario. Por eso se reduce el gasto previsto en el subsidio en el 6,5
por ciento y hay un incremento del 3,2 en renta agraria.
No puedo disponer en este momento de las cifras de desempleo ni de protección por desempleo. Tenemos la posibilidad de obtener indicadores pormenorizados de cómo se comporta la población inmigrante en nuestro mercado de trabajo. Por
supuesto, estarán a su disposición a lo largo de los próximos días. Ya empezamos a publicar -lo hacemos siempre cada mes- tanto los perceptores de prestaciones por desempleo que son extranjeros como los desempleados registrados que son extranjeros,
así como los demandantes de empleo extranjeros. Le diré una cosa a este respecto. La tasa de desempleo -si se puede hablar así en el desempleo registrado-, el nivel de desempleo registrado de la población
inmigrante es inferior a la tasa de desempleo de la población nacional y la intensidad en el uso de las prestaciones por desempleo de la población inmigrante es inferior también a la intensidad en el uso de esas prestaciones por parte de la
población nacional. En general, en los datos que tienen que ver con lo que llamamos el movimiento laboral registrado, las prestaciones por desempleo, el conjunto de indicadores en esa materia que tengan alguna relevancia nos indican que no debemos
estar en ese aspecto excesivamente preocupados por un comportamiento estratégico -llamémosle así- de los inmigrantes respecto de las prestaciones derivadas de la política de empleo, de la política laboral, frente a lo que sí podemos perfectamente
intuir o determinar respecto a lo que es característico en muchas ocasiones de la población desempleada nacional.
Así es que en ese aspecto, en el uso de las prestaciones por desempleo especialmente, que es donde se nos va una parte muy importante
del gasto en política de mercado de trabajo, estamos gastando en el anteproyecto alrededor de 14.000 millones de euros. Lo que destinamos a gasto, que es disfrutado en forma de prestación por los inmigrantes, en los datos que presentamos
habitualmente -en los últimos meses ya lo hacemos así- será muy fácil determinar que esa intensidad es muy inferior en el caso de la población inmigrante que en el caso de la población nacional.
Respecto de los planes especiales de empleo, en el presupuesto hay una nueva figura destinada a Castilla-La Mancha y otra destinada a Jaén. Su denominación es Plan Activa Jaén 21. La iniciativa a este respecto parte tanto de la Junta de
Andalucía, del Gobierno autónomo andaluz, como del Ministerio de Trabajo. A criterio del Gobierno de Andalucía debía tener un carácter provincial destinado a Jaén. ¿Por qué? Los principales indicadores que hemos visto, como siempre, son las tasas
de desempleo, muy importantes en Jaén, una tasa de desempleo especialmente insuficiente, en términos comparativos, la de mujeres, y una situación especialmente delicada como consecuencia de factores que tienen que ver con el clima, el cultivo del
olivar durante el año anterior, lo cual nos planteaba algún tipo de obligación, de respuesta. A lo largo del año 2006 hemos dedicado una partida importante, exactamente seis millones de euros, al programa de fomento del empleo agrario, y hemos
incluido un plan de mayor contenido incluso para los ejercicios próximos básicamente en tres órdenes. Por una parte, el tratamiento de los derivados, el fomento del empleo a través de iniciativas empresariales vinculadas a las cooperativas, a las
almazaras, de transformación del aceite. Se trata de obtener mejores rendimientos para esa especie de tesoro oculto que todavía existe en los productos que se desechan, una vez producido el aceite. Hay todo un campo que es conveniente seguir
explorando desde el punto de vista empresarial en la posibilidad de transformación de esos derivados, de esos desechos, en forma de producción de jabón, perfume esencialmente, con buenas perspectivas además en el ámbito internacional en cuanto a su
comercialización. Hay también un planteamiento dentro de ese programa de mejora de las posibilidades de uso de ciertos programas, por ejemplo, el programa de escuelas taller y casas de oficio, respecto de la incipiente necesidad de atención también
de aspectos como los derivados de la atención familiar. Este es un programa destinado también aunque no exclusivamente, como es lógico, a las mujeres, muy especialmente al ámbito de las comarcas con mayor impacto de los problemas climatológicos a
que me refería antes en el caso de la transformación del aceite. Y luego hay otro programa incluido en el Plan Jaén destinado a mezclar con la mayor sapiencia posible políticas de mejora del medio ambiente en el ámbito de los bosques, porque
probablemente allí está todavía -y espero que durante mucho tiempo- la mayor extensión boscosa de España, aunque también afecta a Albacete y algo a las provincias de Granada y Murcia, unido también a un programa de impulso del turismo rural. Estos
tres bloques a los que me he referido antes son los que configuran los principales objetivos del Plan Jaén. No hay una preferencia especial por parte del Gobierno a la hora de plantearnos el tratamiento bien en el ámbito provincial, bien en el
ámbito autonómico. Las razones que han aconsejado hacerlo así en el caso de Jaén son las que me he referido antes, con un impacto importante, fuerte y diferencialmente mayor, lo que diríamos en economía choques asimétricos, que han sido
especialmente importantes en el caso de Jaén durante el último año.
Respecto a las escuelas taller y casas de oficio, hay que tener en cuenta que en general hay un mayor coste en los proyectos de talleres de empleo, y sobre todo hay más solicitudes, que en los proyectos de escuelas taller y de casas de
oficio. Esa es la razón por la que se produce esta reducción del volumen esperado de beneficiarios, que no respecto del presupuesto. El presupuesto no se ve mermado en ningún sentido. Estamos partiendo de un presupuesto que en el año 2006 era de
515,112 y el presupuesto para el año próximo 2007 es de 525,414 exactamente. Lo que pasa es que al estar distribuido pensando en que existen más solicitudes para proyectos de talleres de empleo, el resultado efectivamente es una distinta previsión
de a cuántos alumnos, profesores y talleres de empleo afectarán. Así es como lo hemos estimado.
En cuanto a las cuestiones vinculadas a la formación ocupacional, hay que tener en cuenta que el presupuesto en este aspecto crece solo un 1,2 por ciento; digo solo pero también se puede decir nada más y nada menos, porque la realidad en
esta materia -tuvimos ocasión de comentarlo en la última reunión de esta Comisión para analizar el presupuesto de 2006- es que en este momento hay una cierta situación de buena elasticidad del presupuesto respecto a las situaciones reales; no
tendríamos grandes necesidades que cubrir con aumentos extraordinariamente importantes del presupuesto. Me estoy refiriendo a la formación de desempleados. De todas formas hay un nuevo programa previsto poner en
marcha este mismo mes para formación de desempleados en tecnología de la información y de la comunicación, y es previsible una mayor participación del número de desempleados también en este nuevo programa. Aprovecho para decir que estamos
en una fase de revisión del conjunto de las políticas activas, no solo de las políticas activas de empleo, también lo que tiene que ver con los programas de formación, de formación continua y formación ocupacional, y lo normal es que asistamos
también en el futuro, como en la práctica hemos venido asistiendo en el pasado, sobre todo a lo largo de los dos últimos años, a una cierta transferencia de fondos desde la formación ocupacional de desempleados -me refiero en cuanto a ponderación,
en cuanto a importancia de una y otra en el conjunto del presupuesto de formación- a favor en este caso del gasto en formación para los ocupados. Tenemos un mayor nivel de ocupación que crece progresivamente y tenemos por fortuna un nivel de
desempleo que se reduce también progresivamente, pero en términos comparativos no estamos haciendo descender el gasto sino moderando su crecimiento en la formación ocupacional. Algo parecido cabe decir de la formación continua, pero después
contestaré a las preguntas de la diputada López i Chamosa, y lo haré rápidamente.
En cuanto a los discapacitados, no hay en las bonificaciones -que es lo importante- una reducción del presupuesto. Lo que sí hay es algo que ya en parte ha sido anticipado por los grupos parlamentarios en las enmiendas que han venido a
plantear al proyecto de ley de medidas para la mejora del crecimiento y el empleo, una vez convalidado el decreto anterior de junio; lo que hay es la conveniencia de que en los centros especiales de empleo se vuelva a estudiar y a analizar la
situación porque, dado que el punto de partida es una bonificación del cien por cien en la cotización y no hay posibilidad de redistribución como en cualquier otra empresa, el resultado es siempre un impacto negativo, aunque lo matizaría mucho. El
impacto negativo solo se produce en el siguiente sentido. En primer lugar, en el flujo de nuevas contrataciones del centro especial de empleo, porque en el stock actual su tratamiento está naturalmente previsto en forma de bonificación con arreglo
al viejo modelo, solo está afectada en cuanto a las medidas en el flujo; y en segundo lugar, matizar mucho el funcionamiento al menos de la reforma, porque lo que estamos viendo en los primeros datos de impacto de la reforma en el colectivo de
discapacitados, en la contratación de personas con algún tipo de discapacidad, es que está aumentando y mucho la contratación de esas personas, tanto en los centros especiales de empleo como sobre todo en el empleo ordinario. El comportamiento de
la contratación laboral de personas con discapacidad tanto en conversiones de contrato como en contratos iniciales está siendo muy favorable. No es un dato en contra de que durante el proceso de discusión parlamentaria de este asunto podamos
analizar la situación y ver la posibilidad de mejorar incluso esta regulación prevista en el acuerdo de mayo pasado. Lo que sabemos por los datos de funcionamiento de la reforma es muy positivo.
Incluso con este nuevo modelo, el volumen de
contratos a personas con discapacidad está creciendo, el de contratos indefinidos, también crece el temporal, por supuesto, porque también bonificamos a los contratos temporales, como saben, pero los primeros datos son especialmente alentadores.
Por último, en cuanto a las preguntas del señor Azpiroz, hay que tener en cuenta respecto de los autónomos el autoempleo. Lo que hay presupuestado en el proyecto no es todo lo que hoy hacemos en esta materia. Falta lo esencial porque está
incluido dentro de la política de bonificaciones a la contratación. Lo que falta es lo que hoy empleamos en bonificar la contratación, la conversión en trabajadores autónomos de todos los desempleados, tanto los jóvenes hasta 30 años como las
mujeres con edades inferiores a los 35 años. Estas son dos medidas que están teniendo un impacto importante. Ha habido un crecimiento muy significativo en los casi ya dos ejercicios en que hemos aplicado esta medida de la contratación de personas
que se convierten de desempleados en autónomos.
Las subvenciones son de asistencia técnica, subvenciones también para las asociaciones que puedan prestar esa asistencia en los proyectos. Más de 50.000 jóvenes menores de 30 años han visto convertir
su situación de desempleados en autónomos desde que está en vigor el cambio de una política de reducción de cotizaciones a una política de bonificación con cargo al presupuesto del servicio público de empleo.
Muy brevemente, respondiendo a las preguntas de la diputada López i Chamosa, respecto de la primera y esencial pregunta, yo creo que los presupuestos que se presentan están destinados a dar respuesta a las necesidades derivadas de los
acuerdos alcanzados en mayo.
Deben ser recursos suficientes, pero si no lo fueran no hay que olvidar que en el caso de las bonificaciones al fomento de la contratación indefinida estamos en presencia de un crédito ampliable. De la misma forma que este año vamos a
gastar alrededor de 300 millones más en bonificar a las empresas para contratar indefinidamente a trabajadores, y que lo hemos hecho ampliando el crédito que inicialmente estaba presupuestado en 2.372 millones, si fuera necesario, y ojalá que lo
fuera porque significaría que la medida estaría funcionando y también la estrategia de reforma prevista en el acuerdo, estaríamos en presencia -como ocurre en las prestaciones por desempleo- de un crédito ampliable también en el ámbito de las
bonificaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Seguidamente, tiene la palabra el señor Azpiroz por si quiere algún tipo de aclaración.
El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero agradecer las amplias explicaciones del señor secretario general. Alguna cuestión ha quedado en el tintero, como es la relativa a la desviación presupuestaria de las prestaciones
por desempleo que cuantificábamos según los datos del presupuesto en 106.637.000 euros, que casi es un 5 por ciento, no llega. Si pudiera me gustaría que nos hiciera algún comentario al respecto. Los talleres de empleo también sufren este
año una reducción de centros -lo expuse antes y no voy a reiterarlo- y de profesores, lo cual contrasta un poco, al menos aparentemente, con la explicación que nos ha dado de que ahí había un nicho más importante que en las casas de oficio y
escuelas taller. Lo de Jaén tomamos nota del índice de tasa de desempleo y de la peculiaridad. Nosotros hemos defendido en otras ocasiones con escaso éxito este hecho de las tasas de desempleo de un determinado territorio, pero nos alegramos de
que ahora compartamos esta situación y le agradeceremos que nos dé por escrito las respuestas relativas al desempleo. Creo que ha tomado buena nota, pero si tuviera cualquier duda naturalmente le reproduciría ahora, o después por no alargarnos ya
que hay otros comparecientes, las preguntas al respecto. Por último, aunque no tengo aquí los datos y tal vez mi memoria se equivoque, creo que no, le haré una pregunta que por abreviar no le efectué en mi intervención inicial, y era la relativa a
cuál era la motivación de que no se hubiera producido la reducción en el trámite de los expedientes del Fogasa, que estaba prevista -si mal no recuerdo- de 37 a 25 días y que para 2007 en el indicador tasan como objetivo que sean 35 días en vez de
los 37 que se da en la ejecución prevista para el 2006. Esto con carácter mensual, global y estadístico, y salgo con ello -salvo que me falle la memoria, que creo que no me falla- a las manifestaciones que en este sentido hacía la señora López i
Chamosa. Ha habido el objetivo en el año 2006 de reducción del trámite de los expedientes de Fogasa, pero no se ha conseguido, se ha mantenido el del año 2005, salvo que yo me equivoque, pero, insisto, creo que no es así. Le pongo al secretario
general en la tesitura que confirme mis datos o, si no es así, que nos dé los correctos.
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Tiene la palabra el señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Quería hacer un comentario, tal y como me solicita -y con mucho gusto se lo hago-, respecto de las prestaciones por desempleo. El anteproyecto de presupuestos, es decir en comparación
con el presupuesto inicial del año 2006, crece en un 6,51 por ciento. La pregunta inmediata es por qué, y hay que hacérsela inmediatamente porque tenemos en primer lugar un doble impacto que atravesará de toda la legislatura el gasto en
prestaciones por desempleo: uno, la política de revalorización del salario mínimo, que influye también en esta materia cada vez menos, pero tengamos presente que el salario mínimo es la puerta de entrada al subsidio. El salario mínimo sigue
estando en una cuestión vinculada a la prestación por desempleo, y es que el salario mínimo es el límite de rentas para poder acceder al subsidio si está todavía vinculado al salario mínimo. Una segunda cuestión importante es que desde junio del
año 2004 producimos una elevación en escalón del indicador en este caso de referencia que es el Iprem para las prestaciones por desempleo, pero elevamos el porcentaje respecto del Iprem en algo más del 5 por ciento. Antes, grosso modo, el 75 por
ciento del salario mínimo era la prestación en su forma de subsidio, y también estaban vinculados al salario mínimo los topes en la prestación contributiva, y esa prestación pasó al 80 por ciento del Iprem, es decir que producimos una elevación de
la percepción media de los beneficiarios de prestaciones por desempleo; elevación que se mantiene a lo largo de la legislatura, que tiene efectos de arrastre sobre el conjunto del gasto.
Además estamos produciendo en paralelo una elevación muy significativa en el grado de cobertura. Estamos en estos momentos -datos de agosto del año 2006- en un nivel de cobertura, tal y como lo medimos hoy en España, del 76 por ciento. Les
recuerdo que cuando comenzó la legislatura era diez puntos inferior; es decir que hemos elevado diez puntos el grado de protección, la intensidad de la protección en este caso respecto al desempleo de este indicador, que es sustancial. No crecen
en demasía -prácticamente se mantienen estables, con una ligerísima tendencia al alza- los beneficiarios de prestaciones, en cambio lo que sí crece es lo que teníamos mucho peor en términos comparados, el gasto por desempleado.
Nuestro gasto por
desempleado era y es muy inferior al gasto medio europeo en esta materia; como siempre con prudencia y con tranquilidad, porque aquí conviene no hacer esfuerzos baldíos e inútiles, estamos mejorando progresivamente la intensidad de esa protección
por cada uno de los desempleados, que naturalmente tiene que estar vinculado al salario en el caso de la prestación contributiva. (El señor vicepresidente, Burgos Gallego, ocupa la Presidencia.) Este no es por consiguiente un asunto sobre el que
-por fortuna durante los dos últimos años y pese a las reformas importantes que inciden como las que he citado antes en el gasto- debamos sentirnos insatisfechos, más bien al contrario. Los beneficiarios están ahí con una ligerísima tendencia al
alza; hay en paralelo un incremento importante del grado de cobertura, porque está descendiendo en paralelo el desempleo. En ese aspecto las cosas en el futuro irán razonablemente como han ido en el pasado; no esperamos grandes cambios ahí. Le
añadiría un dato más, y es que hemos tratado de hacer un ejercicio de mayor acercamiento a la realidad del presupuesto en esta materia. El punto de partida en el año 2005 era un presupuesto inicial que era imposible de cumplir, lo veíamos en el
2004 y en el 2003.
El presupuesto inicial en prestaciones por desempleo era prácticamente un poquito más que la ejecución que se había mantenido ese mismo año. El nivel de relación entre el presupuesto y la realidad hay que tratar de hacerlo -en
la medida de lo posible- extremo y debe reflejar la realidad; difícilmente puede uno presupuestar un gasto en protección por desempleo que sea prácticamente igual que el ejecutado en el año anterior. Ahora -durante el 2005 ya lo hicimos, también
en el 2006-, hemos tratado de hacerlo para 2007. La tasa
de crecimiento respecto al nivel de ejecución es todavía superior, es en torno al 2,5 por ciento del presupuesto inicial respecto a la ejecución esperada en el 2006. Es muy probable, que en ese aspecto el presupuesto pueda ser insuficiente;
si no fuera así -volvemos a decirlo- estamos en presencia de un crédito ampliable, pero sobre todo el nivel de acercamiento de este presupuesto, el de prestaciones, me parece -lo digo honradamente- que es más real el que hacemos en estos tres
últimos años se acerca más a la realidad que el que hacíamos en este país en ocasiones anteriores.
Por último, sobre la otra cuestión que me ha sugerido, respecto al Fogasa, le confirmo esos datos en una doble dirección. Por una parte ha habido una importante mejora a lo largo de los tres últimos años especialmente, que también queremos
prolongar en el futuro en cuanto al periodo medio de recepción o de tramitación del conjunto de los expedientes. Todavía tenemos alguna mejora que producir, sobre todo hay un plan -el otro día tuvimos ocasión de analizarlo- en el Consejo rector del
Fondo de Garantía Salarial que mejorará ostensiblemente a lo largo del año 2007, muy probablemente y seguro en el 2008 y posteriores, el nivel de cumplimiento de reducción del periodo medio de tramitación de expedientes en el fondo.
Tengamos en
cuenta también que hemos producido mejoras y cambios ostensibles en las prestaciones del fondo durante este año, y que ya han empezado a entrar en vigor durante este segundo semestre del año. Es probable que para que veamos mejoras ostensibles haya
que esperar hasta el final del 2007 en cuanto a la tramitación de expedientes, y desde luego en el año 2008. Razonablemente, nunca alcanzaremos el periodo medio de reconocimiento de las prestaciones por desempleo, que en estos momentos son catorce
días respecto al mes de agosto. Bajar ostensiblemente en algunos casos del mes respecto de los expedientes a los que usted se refería no es un objetivo imposible ni mucho menos.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Agradeciendo al secretario general de empleo su comparecencia, suspendemos la sesión por unos minutos para dar paso al siguiente compareciente.
-DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (RUMÍ IBÁÑEZ). A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (número de expediente 212/001406), DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente
212/001297), Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/001392).
La señora PRESIDENTA: Señorías reanudamos la sesión con la comparecencia de doña Consuelo Rumí Ibáñez, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración a quien damos la bienvenida una vez más y le agradecemos su presencia en esta Comisión.
Continuamos por tanto con las intervenciones de los grupos parlamentarios, en este caso el Grupo Popular, tiene la palabra por cinco minutos la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Voy a ser breve y espero que la señora Rumí pueda aclarar alguna de las cuestiones. Sé que no está en el mejor momento, porque tiene fiebre, con lo cual intentaré ir al grano, y que podamos coger el tren y los
aviones.
Señora Rumí, podíamos hablar largo y tendido del tema de inmigración. Yo me voy a referir simplemente al tema presupuestario, pero no puedo dejar de decirle que, cuando usted se refiere en estos presupuestos a su filosofía y a sus objetivos
con una línea continuista, nosotros mostramos nuestra preocupación, porque unos presupuestos que no hayan abordado realmente lo que significa la situación actual de la inmigración es no dar la cara, no hacer frente al problema que tenemos ahora,
sobre todo en el tema de la inmigración irregular; por lo tanto, no entendemos que para usted el objetivo de su política sea continuar en la misma línea que se marcó al principio de la legislatura. Los presupuestos deben ir perfectamente
acomodados a lo que deben ser los objetivos que se quieran lograr, y en estos presupuestos, señora Rumí, no se va a lograr ninguno de los objetivos que nos preocupan -me imagino que a usted también, pero le aseguro que al resto de la ciudadanía- al
Partido Popular. Estos presupuestos siguen dejando en evidencia la improvisación de su departamento, y además lo siento porque tanto usted como yo entendemos que la inmigración es una cuestión trascendental y no solamente de una legislatura, sino
de mucho más, y en cualquier caso no abordan el problema, y el que sean continuistas es una preocupación para nuestro grupo.
La segunda crítica y en este caso pregunta es en relación con los indicadores que hacen el marcaje de lo que debe de ser el seguimiento de los objetivos que ustedes se plantearon. El seguimiento, los datos que están aquí y que nos plantean
de los años 2005, 2006 y las previsiones del año 2007 son malos; podríamos utilizar cualquiera de los adjetivos, pero creo que son malos, señora Rumí. Son malos porque las previsiones para el año 2007 no pueden ser unas reuniones del Consejo
Superior de Política de Inmigración, que ustedes estiman en cuatro; no entendemos cómo ustedes para el año 2006 -con la situación de falta de coordinación o, por lo menos, lo que desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos les están
reclamando- solo vayan a tener tres reuniones de ese Consejo Superior de Política de Inmigración. Lo que aquí refleja, en cuanto a celebración de los convenios de colaboración, en cuanto a la negociación y la firma de los convenios y de los
acuerdos de readmisión con otros Estados, en cuanto a la planificación de los convenios internacionales sobre migraciones -estamos hablando en torno a 1, 2 ó 3 de conseguir esa
firma de acuerdos en cuanto a lo que deben de ser las políticas de inmigración con otros países o los convenios de readmisión, que me parecen muy, muy pobres-, a estas alturas de legislatura, es que deberían ser unos objetivos muchísimo más
ambiciosos. En cualquier caso, dado lo que hemos conocido hoy por los medios de comunicación de lo que van a ser esos convenios de readmisión, nos gustaría saber si esa va a ser la línea que va a seguir su departamento; si la coordinación que van
a seguir ustedes con el Ministerio de Exteriores es firmar acuerdos de readmisión, como los que al parecer se firman con Gambia y Guinea, 5 millones de euros cada uno para que puedan admitir a aquellas personas que están ahora en la situación de
irregularidad en Canarias, que les sirva para poder liberar esa espita; si esa va a ser la política que ustedes van a seguir en convenios de readmisión. En cualquier caso aquí, en estos presupuestos que ustedes presentan como objetivos,
difícilmente se puede alcanzar un principio de acuerdo más allá de las reuniones que ustedes plantean como objetivo, que son los acuerdos sobre readmisión con otros Estados. La ejecución en el 2006 es de 3 y para el año que viene hay una previsión
de 5.
Exactamente igual le quería preguntar respecto al resto de los convenios, que tienen un gran calado, y seguro que ahora mismo habrá comunidades autónomas y ayuntamientos que estarán preguntándose por estos presupuestos. Le decía que nos
parecen cortos los objetivos, incluso a nivel presupuestario, porque los convenios que ustedes van a hacer, las transferencias a comunidades autónomas, los cifran en 189 millones de euros. En el año 2006, al inicio de lo que era el debate
presupuestario, estaba en 127 millones de euros, y con una de las enmiendas que se propuso aquí ustedes lo subieron mucho. Nuestro planteamiento es: si a lo largo de este año ha habido una clara petición de las comunidades autónomas de mayor
incremento en la cuantía de esos presupuestos que ustedes tenían que transferir a las comunidades autónomas, ¿cómo es que ahora de principio ponen el nivel tan bajo? ¿Pretenden que sea esta Comisión la que le plantee una enmienda para subir esa
cuantía? Desde ahora ya le digo que nuestro grupo la va a presentar. Hubiera sido más realista o de mayor sentido común que directamente su departamento la hubiera traído aquí, igual que para las transferencias a las corporaciones locales. En
este caso señora Rumí, aunque ahora me lo dirá usted, la cantidad es igual, 6.797.000; exactamente igual que la cantidad que usted tenía para el mismo concepto en los presupuestos de 2006, pero observe la situación que se está viviendo en este año
en torno a las permanentes peticiones de ayuda de comunidades autónomas y ayuntamientos, independientemente del color político del gobierno que tengan. Cuando la misma cantidad se refleja en estos presupuestos para las transferencias a
corporaciones locales no entendemos que pueda ser una prioridad o que sea una política realista al menos; no digo que cambie radicalmente, pero al menos que sea realista y que pueda dar salida a la petición que se está haciendo de las comunidades
autónomas y de los ayuntamientos. Como venía reflejado en el anterior presupuesto y en éste no lo veo, me gustaría saber cuál es el convenio y a qué cantidad asciende el que tienen ustedes firmado con Ceuta y Melilla. Queremos saber cuál es
exactamente ese convenio que ustedes tienen firmado para todo el tema de menores, no lo que ustedes están ofertando en torno a esos 80 euros por menor a aquellas comunidades autónomas que vayan a acogerlos, sino el convenio de colaboración que
ustedes tenían firmado en anteriores años y cuya cuantía el año pasado no se movió; y nos gustaría saber cuál va a ser este año la cuantía que va a destinar su departamento a ese convenio de colaboración con Ceuta y con Melilla.
Simplemente quiero hacerle una reflexión más en torno a las políticas dirigidas al exterior. La partida presupuestaria en el año 2006 era de 113 millones de euros y este año ustedes la ascienden a 116.900.000 euros. Me gustaría saber si
después de ese estatuto -que creo que ha sido un paso importante-, con las garantías que se les da a todos los españoles en el exterior, con los 3 millones aproximadamente que puede ser la subida que se contempla, estamos haciendo frente a lo que
debe de ser una auténtica política a favor de los españoles que residen en el exterior.
Esas son las preguntas fundamentales en cuanto a objetivos, a presupuestos dentro del ámbito migratorio y en cuanto al exterior. En cualquier caso, cuando usted nos ofrezca su respuesta incidiré más en alguna cuestión en una segunda
intervención.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora López Rodríguez.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señora Rumí, le doy la bienvenida a esta Comisión que trata hoy de informarnos del proyecto de presupuestos generales para 2007.
Antes de ceñirme al punto del orden del día quisiera manifestarle el apoyo y la solidaridad no solamente de esta portavoz, sino de todo el grupo político al que represento ante una situación que, como reconocía la señora Muñoz, todos sabemos
y comprendemos que es difícil, pero que su departamento está gestionando con rigor y responsabilidad, reflejo del compromiso que el Gobierno está manifestando con el fenómeno de las migraciones. Me voy a limitar a hacerle una serie de preguntas
dándole otra vez la bienvenida y las gracias por esta comparecencia.
Primera pregunta. En los últimos dos años se ha realizado un gran esfuerzo en cuanto al volumen de recursos de la Administración, se trata de un esfuerzo necesario para el desarrollo de las políticas públicas necesarias que den respuesta a
las distintas dimensiones que éste fenómeno presenta en nuestro país. Aunque no sea objeto de esta comparecencia, dado que usted es secretaria de Estado de Inmigración y Emigración y cada departamento
cuenta con partidas específicas dedicadas a la inmigración, nos gustaría que nos diera una cifra aproximada, estimativa de lo que se dedica en los Presupuestos Generales del Estado a inmigración y el incremento en relación con los últimos
años. Segunda pregunta. Durante los dos primeros años de la presente legislatura se ha llevado a cabo un esfuerzo que carece de precedentes en materia de protección social a los españoles que viven fuera. Permítame que califique la presente
legislatura como la de la inmigración, porque la atención a los ciudadanos españoles que viven fuera se ha convertido en una prioridad de las políticas públicas. Al incremento de los recursos debemos añadir ahora, tras la aprobación por el Congreso
hace dos semanas, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, estatuto aprobado por unanimidad en este Congreso y enriquecido con las distintas enmiendas de los grupos políticos. Constituye además un compromiso cumplido, un compromiso que
el Partido Socialista llevaba en el programa electoral y que por fin se ha cumplido, y es un momento importante para la inmigración española, sobre todo para las ayudas a los españoles en el exterior, especialmente las dedicadas a los ancianos.
Como la señora Muñoz le hacía una pregunta referente a la emigración y lo que recoge el estatuto, me gustaría que hiciera una valoración de la evolución y cuál es su situación en el marco presupuestario en el 2007, de todo lo que ha experimentado el
crecimiento en estos años, especialmente las dedicadas a los ancianos. El Fondo, al que se ha referido también la señora Muñoz, para la acogida, la integración y el refuerzo del sistema educativo creado en los presupuestos del 2005 es ya una
partida presupuestaria consolidada, -anteriormente al 2005 no existía dicha partida-, y es una herramienta muy valiosa para las comunidades y ayuntamientos para que cuenten con los recursos de los que carecían antes del 2005. Me gustaría y le pido
que realice una valoración de la evolución del fondo, de sus presupuestos y de sus expectativas. Como última pregunta, probablemente por un cambio de situación en el presupuesto no es sencillo encontrar -a algunas de ellas se refería la señora
Muñoz- las partidas dedicadas a acogida humanitaria para el 2007 y en el marco de estas las dedicadas a la organización Cruz Roja, a la que por cierto desde aquí este grupo parlamentario quiere felicitar por la gran ayuda que están prestando a pie
de playa, para que desarrolle sus programas de atención de los inmigrantes llegados en embarcaciones. Por eso como última pregunta me gustaría que nos aclarara su situación y también si se ha producido un incremento de estos recursos.
La señora PRESIDENTA: Para contestar tiene la palabra la secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): En primer lugar, después de la intervención de la portavoz del Grupo Popular es hasta normal que no coincidamos en los objetivos ni tampoco en las previsiones que
este presupuesto hace. Evidentemente la elaboración del presupuesto de la secretaría de Estado ha estado presidida por los pilares que marcan nuestra política y sus actuaciones: ordenar los flujos migratorios, integrar en la sociedad española a
todas esas personas que llegan a nuestro país y, desde luego, llevar y proyectar el estado del bienestar entre los ciudadanos españoles que residen en el exterior. No puedo coincidir con usted porque dentro de estos objetivos la dotación
presupuestaria -desde luego, no solo la de este año, sino la de los años anteriores- se ajusta para darles cumplimiento. En el año 2007 los presupuestos alcanzan una cuantía de 411.639.990 euros, que es un gran presupuesto; pero, para que se haga
idea de la importancia de este presupuesto, la participación porcentual dentro del departamento es del 5,8 por ciento y respecto al año anterior, 2006, representa el 7,65 por ciento, que a nivel absoluto son 29.244.230 euros. En todos los capítulos
además hay una subida, evidentemente donde más se ve esa subida o donde más se manifiesta es en el capítulo 4, y además excluyendo los gastos de personal, las actuaciones en los capítulos 2, 4 y 7 del presupuesto son realmente, como digo, muy
importantes. Es un presupuesto consolidado, que ha ido creciendo a lo largo de los dos ejercicios anteriores, donde experimentó un crecimiento espectacular. Para hacernos una idea, desde el año 2004 al año 2007 el crecimiento ha sido del 205 por
ciento, de 131 millones a 401 millones de euros. Por áreas, la coordinación en materia de extranjería e inmigración, programa 231.N, tiene adjudicados 3.908.690 euros; integración de la inmigración, programa 231.B, 263.531.570 euros, y para el
área de migración, programas 231.B y 000.X, 134.070.810 euros.
Con este presupuesto se articula la política de inmigración que este Gobierno quiere realizar, una política global de inmigración, basada en un proyecto integral y equilibrado.
Respondiendo a cada una de sus preguntas, le diré que no solo se van a cumplir los objetivos sino que se van a poder hacer con holgura, como bien ponen de manifiesto las subidas espectaculares -como he dicho- desde el año 2004 al presente
ejercicio y al que viene. Voy a ir, si me permiten, mezclando las respuestas porque algunas de las preguntas son coincidentes. Voy a añadir ahora aquí una de las preguntas que me hacía la portavoz del Grupo Socialista. Yo acabo de decir cuáles
son los presupuestos para este ejercicio en materia de inmigración y emigración y su comparación con ejercicios anteriores, pero la portavoz del Grupo Socialista me preguntaba cuánto ha invertido la Administración General del Estado en materia de
extranjería e inmigración, porque no solo es la secretaría de Estado quien realiza esa inversión, y también aquí los datos son espectaculares. Este año la cifra estimativa, porque todavía hay que ajustarla, de los Presupuestos Generales del Estado
para extranjería e inmigración es de 529.721.514 euros. Esta cifra está destinada solo a extranjería e inmigración, es decir, aquí
no están computados -no hay trampa ni cartón- los gastos indirectos, solo los gastos directos de extranjería e inmigración, es decir, no están computados, por ejemplo, los gastos de escolarización de un niño inmigrante. Con estas cifras se
aumenta con respecto al año anterior en prácticamente 48 millones de euros, es decir, un 10 por ciento más, y si lo comparamos con el año 2004, de los 170 millones de euros hemos pasado al menos a 529 millones de euros. Cuando hablo de gastos
directos en extranjería e inmigración me estoy refiriendo, por supuesto, a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, y me estoy refiriendo a otros departamentos del Ministerio de Trabajo, como por ejemplo a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, donde se van a destinar más de 355.000 euros a controlar las condiciones de trabajo y Seguridad Social de los trabajadores extranjeros, o a los más de 120.000 euros para la actuación de la Inspección de Trabajo en el control de las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores extranjeros en España y la lucha contra el empleo ilegal. Pero también me voy a referir a alguna partida que tiene, desde nuestro punto de vista, especial interés, como son aquellas que dentro
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación van destinadas a incrementar en los consulados españoles los recursos humanos y a poner a punto las instalaciones, con más de 3 millones de euros; o para garantizar el funcionamiento de las
representaciones diplomáticas mediante la disposición de locales, suministros, materiales fungibles, etcétera, con más de 8,5 millones de euros, que afecta a una estructura que da cobertura tanto al área de la inmigración como de la emigración; o,
cómo no, señalar aquí la importancia dentro del Ministerio de Administraciones Públicas de la financiación para potenciar la Oficina de Extranjería, con un presupuesto de más de 42 millones de euros. Con esto queda suficientemente claro cómo se
puede dar respuesta a unos objetivos, cuando se tienen esos objetivos y cuando se tienen los presupuestos para llevarlos a cabo. Cuando no existían objetivos, tampoco era muy necesario que se hiciera un presupuesto.
Con respecto al Fondo para la integración, acogida y refuerzo educativo, que es una pregunta compartida por las dos portavoces, tengo que decir que es un fondo de esta casa, que fue decidido y acordado en el Congreso de los Diputados. Fue
una feliz iniciativa que lleva dando respuesta durante dos periodos a las necesidades que demandaban las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no existían hasta el año 2005. Por poner otro ejemplo comparativo: ¿qué se invertía en
integración en el año 2004? Cuando hablo del año 2004 ya saben que me refiero siempre a ustedes, no lo voy a repetir. Pues en el año 2004 se invertían 7 millones de euros, en materia de integración para colaborar con comunidades autónomas y
ayuntamientos, para el año 2007 vamos a tener al menos 185 millones de euros. Esto significa que hemos multiplicado por 26 las partidas destinadas a integración. Por tanto, la valoración que hago -me lo pedía la portavoz del Grupo Socialista- es
positiva, por supuesto creo que es un instrumento útil, que ha dado respuesta a esas demandas de las comunidades y de los ayuntamientos. Por supuesto, señora Muñoz, si en el debate que se inicia ahora se aumenta la cuantía, me alegraré, pero
también tengo que decir que se ajusta a las necesidades y a las demandas de las comunidades autónomas, manifestadas en el Consejo Superior de Inmigración. En ningún momento ha habido una queja por parte de los gobiernos autonómicos; al contrario,
siempre ha habido una posición unánime de valorar el fondo, así como la distribución del mismo, de forma no solo transparente sino objetiva, atendiendo a criterios muy claros. No hay que confundir -como se hace con frecuencia- con el gasto
sectorial normalizado, como puede ser el educativo o el sanitario, donde, desde luego, el inmigrante entra dentro de la ratio de población. Estamos hablando de un fondo específico, destinado a comunidades autónomas que a su vez han de hacer una
distribución -que también debería de ser objetiva y transparente- a aquellos ayuntamientos que tienen un número de población inmigrante importante.
Al hilo de esto usted me preguntaba si la partida destinada a las corporaciones locales seguía siendo la misma. Efectivamente, 6.797.790 euros. Esta partida se gestiona directamente desde la secretaría de Estado, desde la Dirección General
de Integración, y está destinada a promover proyectos innovadores por ciertos ayuntamientos. Hasta ahora ha sido una partida suficiente y, por tanto, creemos que esta secretaría de Estado debería hacer un mayor esfuerzo en otras partidas -como las
que ahora voy a comentar- vinculadas a esa acogida y a esas necesidades a las que usted se refería y que no veía reflejadas en los presupuestos, pero que le aseguro que están. Bien es verdad que puedo compartir con usted una cosa, y es que estamos
esperando que en el debate parlamentario aumente la partida del fondo. Ya le he dicho que me alegraré. Se ha llevado a cabo una subida razonable dentro de las necesidades que nos demandan las comunidades autónomas, pero en cualquier caso espero
que si hay una subida, el Grupo Popular no presente una enmienda como la que presentó el año pasado, inferior a la finalmente propuesta en esta Cámara. También comparto con usted otra cosa más, y es que las corporaciones locales, los ayuntamientos,
nos piden que el dinero del fondo se destine directamente a ellos, que no pase a través de las comunidades autónomas. Hay la queja de que en algunas comunidades autónomas no se destinan los fondos a los ayuntamientos que más inmigración tienen.
Este debate se tendrá que tener aquí, en el Parlamento; habrá que debatir cómo se distribuye el fondo. Hay una queja por escrito de la Federación de Municipios, porque hay municipios con una clara población inmigrante, tanto empadronada como
afiliada a la Seguridad Social, con menores e incluso con circunstancias muy específicas que venían reflejadas en todos los aspectos del reparto del fondo y que, sin embargo, no han recibido el dinero que debería corresponderles. Desde luego
nosotros haremos también
la correspondiente evaluación y si no se ha realizado de acuerdo con los criterios del Plan de acción que se adjuntaba a los convenios que se han firmado con todos los gobiernos autonómicos, tendremos que emplear algún mecanismo corrector.
Espero que las comunidades autónomas cumplan con los compromisos y hagan el reparto equitativo y transparente que corresponde a aquellos ayuntamientos que tienen esa realidad, que tienen la realidad de gestionar la inmigración en el día a día y que,
por lo tanto, cumpla también con los objetivos que entre todos nos marcamos para el fondo. El convenio con Ceuta y Melilla destinado a menores está en el programa 455.01. Tiene destinada la misma cuantía. Hoy, en concreto, he recibido la carta
del correspondiente responsable de la Ciudad Autónoma de Ceuta donde nos transmite el interés por renovar ese convenio y en ningún momento nos pide aumento del presupuesto, porque entendemos que los dos se están ajustando a las necesidades que
tienen las dos ciudades autónomas.
En cuanto a las reuniones, que le parecían insuficientes, tengo que decirle que las previsiones que se hacen son las que corresponden al propio reglamento interno de funcionamiento de cada uno de estos órganos, en el caso que usted comentaba
del Consejo Superior de Inmigración, independientemente de que más allá de las reuniones reglamentarias se realicen todas aquellas que sean demandadas por los propios integrantes del consejo, como se ha hecho en el último Consejo Superior de
Inmigración, a propuesta de una comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma canaria, para hablar del tema de menores y no ha habido ningún tipo de problema. Me gustaría -y esta es una petición que no corresponde, lo comprendo- que cuando se convocan
los consejos superiores asistan los máximos responsables y no envíen a otras personas de menos nivel, puesto que las decisiones del consejo son muy importantes, afectan a una gestión cohesionada de la inmigración y, por tanto, exigen la máxima
responsabilidad y la presencia de quien ostenta la misma.
En cuanto a los convenios de inmigración que este Gobierno está realizando, que ha puesto ya en marcha y que el ministro Moratinos está firmando en estos días con Gambia, Guinea Conakry y Senegal, son lo que se han venido a denominar
convenios de segunda generación, en los que no solamente se habla de la repatriación de inmigrantes -que también, por supuesto-, sino de la ordenación de flujos de inmigrantes de esos países para trabajar en nuestro país de forma ordenada y al mismo
tiempo se habla de la cooperación al desarrollo. Es decir, en esos convenios se tienen en cuenta los tres grandes pilares que hacen posible una política de inmigración ordenada de los flujos que demanda nuestro mercado laboral, con selección,
contratación y formación en origen, con el compromiso de los países de origen o de tránsito de estas personas para que se produzcan las repatriaciones, puesto que es un arma potentísima para disuadir a los potenciales inmigrantes que quieren
lanzarse a esta aventura de la inmigración irregular o clandestina, y que al mismo tiempo compromete a los países de origen o de tránsito a cumplir con los compromisos de desarrollo de sus países en el ámbito político, social o económico. Estos
convenios no tienen coste para esta secretaría de Estado. Usted hacía referencia a unas cantidades. Las cantidades que han salido en la prensa y que han sido expuestas por el señor Moratinos son fundamentalmente por dos conceptos: uno, por
condonación de deuda -usted sabe que es una práctica que se suele realizar cuando nos encontramos con países en estas situaciones, y ustedes también lo hicieron- y el otro concepto son cantidades destinadas a proyectos concretos de cooperación al
desarrollo. Por lo tanto, la Dirección General de Inmigración tiene la obligación de coordinar los textos de esos convenios, de hacer posible que se firmen y, desde luego, de instrumentalizarlas para que tengan el efecto que todos queremos, que es
una inmigración ordenada, luchar contra la inmigración clandestina, que esas personas no salgan de sus países de forma irregular y que si lo hacen, sean repatriadas al país de origen.
Antes de pasar al tema de emigración, por cerrar el capítulo de inmigración, había también una pregunta conjunta sobre el tema de la ayuda humanitaria, de la acogida humanitaria y también de los convenios con la Cruz Roja. Como han visto
cuando he dado los datos generales, el capitulo de integración de los inmigrantes es el que tiene una subida más importante, porque en el presupuesto del año 2007 asciende, como he dicho antes, a 263.531.570 euros. Evidentemente, aquí se ha hecho
un esfuerzo por dar respuesta a los objetivos que tenemos que cumplir el próximo año 2007, porque ya sabemos que en 2006 hemos tenido que afrontar situaciones diferentes. Decía antes que eran unos presupuestos consolidados y que, por lo tanto,
tenían un incremento en función de esa consolidación que hemos hecho en los dos presupuestos anteriores y que hemos tenido que ir modulando para ajustarnos a la realidad migratoria que es cambiante. Hoy tenemos que afrontar -y el próximo año
también- una realidad que es la de dar la atención humanitaria adecuada a las personas que lleguen a nuestras costas y, por supuesto, toda la financiación y los recursos que lleva consigo el traslado de inmigrantes y el retorno de los mismos a sus
países de origen. Pues bien, para la Cruz Roja, y para atender a los inmigrantes que llegan a las costas españolas, el programa 484.07 tiene un presupuesto de 6.400.000 euros. El año pasado tenía un presupuesto de 3.400.000 euros. Por lo tanto,
la acogida a pie de playa -como denominamos a este programa de forma coloquial- ha tenido un importante aumento. En cuanto a la atención humanitaria el presupuesto para este año es de 25.178.000 euros. (El señor vicepresidente, Burgos Gallego,
ocupa la Presidencia.) Aparece en distintos programas pero lo más reseñable figura en el programa 484, en distintos apartados.
Es decir, ha habido un aumento de 20 millones de euros, distribuidos en ambos programas, tanto en el de
Cruz Roja para pie de playa como en el de la atención humanitaria a inmigrantes, que realizan fundamentalmente, como sabe, organizaciones no gubernamentales que colaboran en esta tarea porque, aunque creo que todos compartimos la lucha
contra la inmigración clandestina y sus consecuencias, este Gobierno tiene también muy claro que mientras los inmigrantes estén en nuestro territorio, van a tener una atención adecuada y digna hasta el momento en que se materialice su repatriación.
Entro ya en el importante capítulo de la emigración. En primer lugar, como decía la portavoz del Grupo Socialista, este ha sido un compromiso del Gobierno con los ciudadanos españoles que viven fuera de nuestras fronteras. Desde luego, se
mantiene y se amplía el compromiso con los españoles en el exterior, y no solo por el estatuto de la ciudadanía española en el exterior, del que -no he tenido oportunidad de decirlo antes- todos tenemos que sentirnos satisfechos, porque ha sido
aprobado por unanimidad y, por tanto, creo que estamos en unas inmejorables condiciones para que su desarrollo reglamentario sea rápido y dé respuesta a todas las expectativas que la ley ha supuesto. Como decía, para el Gobierno la emigración es un
compromiso que mantenemos y que se mantiene también en los presupuestos para 2007. Se consolida el crecimiento espectacular que ha sufrido en los dos últimos ejercicios. En el presupuesto total, en el año 2005 se incrementó en un 13,76 por ciento
respecto a 2004; en 2006, actual ejercicio, el aumento respecto a 2005 fue del 37,50. En definitiva, en dos años hemos aumentado el presupuesto destinado a la emigración en un 56,42 por ciento. Por capítulos de gastos, el compromiso del Gobierno
no dejó lugar a dudas en lo relativo al sostenimiento y a la viabilidad del sistema de lo que venimos denominando pensiones asistenciales. Pasamos de dedicar 59,5 millones de euros en el año 2004 a 100 millones en 2006; es decir, el presupuesto se
incrementó en un 67,95 por ciento. Los presupuestos para 2007 consolidan estos incrementos y aumentan además en un 3,55 por ciento, es decir, 4,6 millones de euros en valores absolutos, porque se pasa de 129 millones en 2006 a 134 millones para
2007. Este aumento viene reflejado en distintas partidas que estoy segura de que era lo que me preguntaban SS.SS. y lo que querían saber: por una parte, todo lo dedicado a las pensiones asistenciales, a lo denominado con el término niños de la
guerra y, por otra, las previsiones para el estatuto de la ciudadanía española. En cuanto al estatuto, les diré que nada más aprobado, estamos dispuestos a comenzar rápidamente su desarrollo, y espero que lleguemos al mismo consenso y al mismo
grado de compromiso para sacarlo adelante. Es verdad que el contenido del estatuto es transversal, es decir, que afecta a distintos ámbitos de la Administración General del Estado pero, en cualquier caso, si hubiese que hacerle frente a través de
un gasto extraordinario, se hará, señoría, sin ningún tipo de problemas, como se ha venido haciendo en otras ocasiones y en otros momentos en que ha sido necesario.
En cuanto a las pensiones o, más correctamente expresado, al pago de prestaciones para los niños de la guerra -que, por cierto, han llegado ya a la cifra de 1.700, superando todas las previsiones que teníamos respecto a este tema-, para los
desplazados de la guerra civil que están en España la dotación presupuestaria es de 1.200.000 euros, programa 483.05, y para los que están en el extranjero, programa 492, 7.200.000 euros. Saben que las pensiones tienen una dotación de 100 millones
de euros -no me lo han preguntado, pero yo lo quiero decir-, cantidad con la que se garantiza la viabilidad. Hemos duplicado el número de beneficiarios, hemos pasado de 30.000 a 50.000 personas que perciben estas pensiones y, además, tengo que
añadir, señorías, que atrás quedan los tiempos -en concreto, hace dos años- de la amenaza de la viabilidad financiera de este sistema de protección tan necesario para nuestros compatriotas, sobre todo para aquellos que tienen menos ingresos y que
residen fuera de nuestro país. La prueba no solo es evidente sino espectacular, son 30.000 pensiones más en un periodo de dos años. En los ocho años de Gobierno del Partido Popular solo hubo 3.000 pensionistas más y en dos años de Gobierno
socialista, 30.000 pensiones más; 30.000 personas, 30.000 ciudadanos españoles que necesitaban estas ayudas para tener garantizada una vida mejor en los lugares donde residen.
No me lo han preguntado, pero tengo que decirlo porque tenemos ese compromiso con la emigración. Junto a la prestación económica está también la garantía de la asistencia sanitaria y, desde luego, es una nueva prestación que constituye, sin
lugar a dudas, otro de los orgullos de nuestra gestión. Para la asistencia sanitaria, en el programa 492.01 hay una dotación de 17 millones de euros, pero no solamente las cantidades son importantes, señorías, porque permítanme que diga que en el
ámbito de la emigración hay también una variación cualitativa que viene por la vía de nuevos programas, de la adaptación de los programas a la nueva realidad de la emigración, programas dirigidos a los jóvenes, a los descendientes de los emigrantes
españoles, a las mujeres y también programas de dependencia, junto a un refuerzo del mundo asociativo que será potenciado y clarificado con los programas que a ello van dirigidos.
Para todo ello se contará con casi 10 millones de euros, junto a la
colaboración de las comunidades autónomas en todos y cada uno de los proyectos que estamos llevando a cabo en el exterior; permítanme que haga mención al ámbito sanitario porque, evidentemente, es novedoso y está dando respuesta a algunas de las
necesidades más acuciantes que tenían nuestros residentes en el extranjero. Esa colaboración, materializada en el último convenio que se ha firmado, el de asistencia sanitaria en Venezuela, es otra novedad cualitativa en la que queremos seguir
incidiendo porque es lo que nos demandan los españoles que residen en el extranjero. Como les decía, en todos y cada uno de los ámbitos vinculados a la emigración se han reforzado y se han
consolidado todos estos programas, junto con el resto de programas dedicados al Consejo General de la Emigración, que tiene un presupuesto de 320.000 euros o el programa, que creo que también tiene una gran importancia, de pensiones a los
emigrantes que están retornados, es decir, que han vuelto a nuestro país y que también necesitan de esa aportación, programa 483.01, con una dotación de más de 2 millones de euros, exactamente 2.104.000 euros.
En definitiva, señorías, creemos que estos presupuestos responden a la política integral, a la política que este Gobierno está desarrollando en un área tan al día como es la migratoria, que va a estar presente durante las próximas décadas en
nuestro país, como en el resto de los países desarrollados. Con estos presupuestos podemos hacer frente a los objetivos marcados desde el principio de la legislatura, pero también a los objetivos que nos marcamos para el próximo ejercicio, puesto
que todos somos conocedores de que la inmigración necesita de ajustes continuos, de unas previsiones pero también de una adaptación a las necesidades que se vayan planteando y que, junto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la Secretaría
de Estado de Inmigración y Emigración y al resto de la Administración General del Estado, hay unos presupuestos para afrontar con cohesión, con coherencia y con seriedad el reto que significan la inmigración y la emigración.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): A continuación, si los grupos lo consideran pertinente, abrimos un breve turno de réplica para establecer las preguntas o petición de aclaraciones pertinentes.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Señora Rumí, tendremos ocasión de discutir mucho sobre la visión que usted tiene de la política de inmigración que, evidentemente, está totalmente alejada de la realidad, con lo cual preocupa más siendo usted la
responsable de este departamento y siendo la secretaria de Estado, que debería marcar cuáles son los objetivos para el próximo año. Decir que lo que usted presenta aquí es un proyecto integral y equilibrado que va a hacer frente a los objetivos
marcados, es hablar de un discurso tan vacío de contenido, señora Rumí, que perdone que le diga que no se entiende que usted, siendo responsable de esta área tan importante, con la situación que ahora mismo vivimos, pueda venir aquí a hablar de
datos espectaculares. Señora Rumí, espectacular es la llegada masiva de inmigrantes; espectacular es la llegada masiva de menores, espectaculares son las cifras de paro que ahora mismo se registran entre la población inmigrante legal y con
tarjeta; espectacular es el atasco burocrático que hay hoy por hoy en cuanto a la reagrupación familiar o en cuanto a la obtención y tramitación de los permisos de trabajo; espectacular, señora Rumí, es la descoordinación y la improvisación que
tiene su ministerio y que tiene su departamento. En cualquier caso, ya veo que eso a usted no le preocupa nada y que sigue con el mismo discurso de que han empezado con unos objetivos al principio de la legislatura y que usted los va a mantener.
Le diré que para nuestro grupo -y haremos las pertinentes observaciones- estos presupuestos no sirven, no van a darle salida a lo que estamos viviendo. Señora Rumí, solo haciendo un inciso a lo que usted ha dicho, por ejemplo, por hablar de
uno de los temas a los que usted ha hecho referencia, sobre el convenio que está firmado con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que usted asegura que no le han pedido un incremento de la cuantía, dígame usted si es capaz de aumentar la
cuantía si yo le presento aquí no una sino las muchas veces que por parte de Ceuta y Melilla le han pedido no solamente que revise el convenio, sino ayuda para poder dar salida a lo que ellos, con fondos propios, estaban atendiendo. Quiero decirle,
señora Rumí, una cuestión más. Habla de los convenios de segunda generación, que es como se van a llamar ahora esos convenios que van a firmar con los países que tienen que aceptar esos inmigrantes que están en situación de irregularidad,
fundamentalmente en Canarias. Habla de que son convenios de segunda generación porque no solamente van a ser convenios de readmisión sino que, además, se va a llevar a cabo una planificación, una contratación en origen y que, por tanto, van a hacer
lo que debe ser una política de planificación. Pero eso se contradice frontalmente con los números que usted nos presenta aquí y le voy a decir por qué. En los objetivos que usted nos presenta aquí, en cuanto a la planificación, por ejemplo, de
las campañas temporales para la organización de los flujos migratorios, en el año 2005 usted tenía presupuestados 410.000 y en el año 2007 presupuesta 280.000.
Señora Rumí, esta era una auténtica política de planificación, fomentar los convenios en
origen, fomentar la planificación en origen y fomentar lo que aquí estaba reflejado en el año 2005 y que era una continuación de lo que veníamos haciendo en los años anteriores. Usted tiene aquí una bajada espectacular, ¿y esto va a estar incluido
dentro de esos convenios de segunda generación? Difícilmente se entiende con las previsiones que nos ha hecho. Sin hacer una valoración más profunda, quisiera decir que presentaremos las enmiendas necesarias a estos presupuestos, que ya le digo
que no sirven para dar salida a lo que debe ser una política de inmigración, pero como entendemos que el problema está aquí, por lo menos que en el ámbito de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos se vean reflejadas las necesidades que nos
están pidiendo. Quisiera decirle también que sobre la política dirigida a los españoles en el exterior, evidentemente que hay que seguir aumentando los presupuestos, y además ir más allá y seguir aumentando las partidas presupuestarias y los
programas que se deben acompañar. Usted dice que va a ser una política transversal la que va a llevar la atención a los españoles que viven en el exterior, pues
veremos las partidas transversales que se incluyen en el resto de los presupuestos, porque nos parece que hoy por hoy aunque se consoliden y usted enseñe ahora esa tabla en cuanto a que se van aumentando las partidas y el número de
pensiones, también lo hizo el Gobierno anterior; asimismo, el Gobierno anterior puso en marcha ese plan de asistencia sanitaria en el exterior porque son cuestiones ineludibles para un Gobierno; lo único que pedimos es que de verdad se acometan y
se tengan en cuenta las necesidades que ahora mismo se están viendo y que, a nuestro juicio, no se reflejan en estos presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora López Rodríguez.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Señora Rumí, muchísimas gracias por su exposición. Yo creía que eran una serie de preguntas y no reflexiones de viva voz sobre la política migratoria y por eso intervengo solo para felicitarla, para manifestar el
compromiso que está teniendo este Gobierno con las políticas migratorias y para decir, como usted ha señalado -y le digo otra vez que insista- que no es solo en las partidas de emigración y de inmigración donde se recoge toda la política de
extranjería, que todas las apuestas que usted señalaba están recogidas en cinco ministerios, que el Fondo de integración para inmigrantes en comunidades y ayuntamientos no existía antes de 2005, que se creó el año pasado en este Parlamento y que con
las enmiendas y aportaciones de los grupos se puede llegar a un mayor consenso. Sobre todo, quiero manifestar que es una política coherente, con objetivos concretos y no como manifestaba el Partido Popular en anteriores presupuestos, que no había
política, no había objetivos y, por tanto, los presupuestos no existían o estaban diseminados.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Para dar por finalizado este turno de preguntas, aclaraciones y más bien reflexiones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y DE EMIGRACIÓN (Rumí Ibáñez): Comprendo y sé que cada uno tiene que hacer su papel en esta comparecencia. Cómo no, yo también he estado sentada ahí como diputada cuando ustedes estaban
sentados aquí como Gobierno y, por tanto, sé el papel que cada uno tiene que realizar y sé que aunque incluso nos parezcan bien unos presupuestos, cuando estamos en oposición tenemos que decir que son insuficientes y que se necesita más incluso
decir cosas contrarias a las que se podrían estar diciendo hace unos años. Yo todo eso lo comprendo, pero lo que no puedo comprender y no puedo compartir es que se utilice cualquier medio en cualquier comparecencia no para hablar de presupuestos,
sino para utilizar la inmigración en ese discurso de confrontación continua y constante. Señora Muñoz, no voy a decir que su intervención haya sido espectacular, pero sí lamentable porque la conozco. Son muchos años ya los que hemos tenido
contacto y es lamentable, no porque esté de acuerdo o no con los presupuestos que me parece legítimo, sino porque utilice la comparecencia de presupuestos también para confrontar y para crispar. -Usted a lo mejor lo ha intentado, pero a mí no me
van a crispar porque sabe que en materia migratoria siempre he defendido el acuerdo, he defendido la cooperación y que entre todos tenemos que buscar las mejores respuestas, porque es una materia que necesita del consenso y del acuerdo- Lo que sí le
pido -no yo, no se lo pide el Gobierno, sino que es una petición de la sociedad española- es que abandonen el discurso de la crispación, el discurso de la confrontación, que abandonen la demagogia y abandonen intentar sacar algún rédito electoral en
materia migratoria porque es mucho lo que nos jugamos. Yo podría hacer ahora aquí un recordatorio de lo que ustedes hicieron cuando gobernaban durante esos cuatro años, de cómo la situación que usted nos ha descrito era la que nos encontramos en
2004, pero no lo voy a hacer porque soy coherente con mi petición, que no es del Gobierno sino de la sociedad española: Abandonen ese discurso de confrontación y de crispación.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Muchas gracias a la secretaria de Estado de Inmigración y de Emigración por su comparecencia.
Suspendemos por un par de minutos para dar lugar a la siguiente comparecencia.
-DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (MURILLO DE LA VEGA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS (número de expediente 212/001249), DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO (número de expediente 212/001301) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/001394).
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Señorías, reanudamos la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para sustanciar la comparecencia de la secretaria general de Políticas de Igualdad, doña Soledad Murillo de la Vega. Para realizar las
preguntas, apreciaciones o peticiones de aclaración que consideren oportunas los grupos parlamentarios. Tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular la señora Camarero.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora secretaria general, señora Murillo, en primer lugar quisiera agradecerle, cómo no, su presencia en esta Comisión de
Trabajo y Asuntos Sociales para contarnos y explicarnos el presupuesto de este año. Señora Murillo, durante mi intervención en el debate de presupuestos, hace hoy justamente un año, le manifesté la falta de compromiso real del Gobierno del
Partido Socialista con la política sobre la mujer, destacando que esta venía sufriendo un retroceso sobre legislaturas pasadas, porque ustedes se dedicaban más a una política de gestos, a realizar nombramientos, pero observábamos poco presupuesto
real dedicado a cubrir todos esos proyectos que ustedes anunciaban y que nunca llegan a materializarse por falta de compromiso.
Echábamos en falta hace un año presupuestos reales para afrontar políticas reales que necesitan las mujeres y la situación ha variado poco.
Transcurrido este año no puedo mostrarme más que preocupada porque, lejos de verse un incremento en
este presupuesto acorde con los nuevos compromisos en materia de igualdad que anuncia este Gobierno, nos encontramos con unos presupuestos continuistas en muchos aspectos y reduccionistas en aspectos fundamentales para poder desarrollar
adecuadamente las políticas destinadas a la mujer y así se lo voy a ir desarrollando. Para empezar, su programa, el 232.B, destinado a la igualdad de oportunidades, se ha reducido en un 15 por ciento; quisiéramos saber qué explicación tiene esto
porque debería tener una explicación, ya que si se están incrementando, como ustedes dicen, las actuaciones en igualdad, si ahora, como ustedes dicen, se está trabajando por las mujeres más que nunca, este presupuesto deja claro que al final ustedes
mismos no se creen sus grandilocuentes palabras y que los anuncios se quedan solo en eso, en meros anuncios sin concreción alguna.
No quiero dejar pasar la oportunidad sin remarcar el carácter transversal de su departamento, igual que hacíamos hace
un año, que cuenta con un presupuesto determinado, para el programa 232.B, pero que se ocupa de coordinar las políticas de igualdad de todos los departamentos del Gobierno, por lo que le preguntaré y le haré referencia a distintos aspectos que usted
se encarga de coordinar pero que dependen de otros ministerios.
Hay varios temas importantes que se han convertido en el eje central de su política y en los que me gustaría detenerme con más detalle. En primer lugar, la Ley integral contra la violencia. No le voy a reproducir, señora Murillo, los
últimos debates que hemos tenido sobre la Ley contra la violencia. No le voy a repetir lo que hemos manifestado, tanto mi grupo como otros grupos parlamentarios, pero hay un hecho incuestionable y es que la ley no está dando el resultado que a
todos nos gustaría que diese y que todos estábamos esperando. Las cifras así lo demuestran. Sé que a usted no le gusta que le hable de cifras de víctimas de la violencia, pero en el Grupo Popular seguimos convencidos de que esta ley no tiene
mejores resultados por la desidia y la falta de compromiso de este Gobierno. Ustedes quisieron hacer una ley muy amplia, que abarcaba muchos aspectos de la violencia, que resultaba interesante sobre el papel, pero que supone un esfuerzo
presupuestario enorme y no solamente por parte de su Gobierno, sino especialmente por las comunidades autónomas que tienen que soportar el gran peso y la gran responsabilidad de esta ley. Pero si esta ley no viene acompañada de suficiente esfuerzo
presupuestario, puede quedar en papel mojado y no resultar eficaz, y esto es lo que está sucediendo hasta el momento por una falta de compromiso real del Gobierno. Para empezar, ustedes reducen sin justificación alguna las partidas destinadas a las
comunidades autónomas para luchar contra la violencia de género. El epígrafe actuaciones conjuntas contra la violencia de género sufre una reducción de 2.700.000 euros; las actuaciones del Observatorio estatal contra la violencia de género también
sufren una reducción importante y hay algo que me preocupa especialmente, la partida destinada al fondo para la asistencia integral contra la violencia de género que sufre una pérdida de 7.800.000 euros en transferencias de capital. Nos gustaría
que aclarase a qué obedece esta reducción y cómo es posible que se estén reduciendo estas partidas fundamentales, tan importantes para la Ley contra la violencia.
No podemos dejar de hablar también del Fondo destinado a las comunidades autónomas para el cumplimiento del artículo 19. El año pasado aparecían en el presupuesto 10 millones que se incrementaron a 12 millones a través de una enmienda
presupuestaria, aunque nosotros pedíamos un incremento superior, pero no soy capaz de encontrar en los presupuestos en qué epígrafe o cómo aparece este fondo y qué cantidad tiene para este ejercicio presupuestario. También tenemos que destacar la
congelación, un año más, del millón de euros previsto para las ayudas sociales previstas en la ley, que quiero entender que son las ayudas sociales contempladas en el artículo 27 de la Ley para mujeres con dificultades para ser empleadas y que no
pueden acogerse, por tanto, a la renta activa de inserción que puso en marcha el Partido Popular en la anterior legislatura. En el Grupo Popular creemos que este millón no es suficiente y nos gustaría que concretase cuánto dinero se ha ejecutado de
este millón a lo largo de este año, si ha sido suficiente y a cuántas mujeres han beneficiado estas ayudas sociales. En esta misma línea también me gustaría saber cuál es la cantidad prevista en este ejercicio para la renta activa de inserción,
pero para la renta activa de inserción de mujeres víctimas de violencia, no de la genérica que hay para otros beneficiarios. Igualmente me gustaría saber qué presupuesto hay para el Plan nacional de prevención y sensibilización. Hemos debatido
estas últimas semanas acerca del plan; es un plan que lleva un retraso injustificable, desde mi punto de vista, y que supone un punto de partida de todas aquellas medidas que tiene que desarrollar la ley en cuanto a la prevención y la
sensibilización, que el Gobierno ha prometido que pondrá en marcha en noviembre y, por tanto, nos gustaría saber qué cantidad se ha presupuestado para este importante plan.
Hay otros aspectos fundamentales de la ley que nos preocupan y nos gustaría saber qué presupuesto tienen; se los voy a ir detallando, por la hora, de manera bastante ligera. Primero, el dinero destinado al incremento de efectivos
especializados contra la violencia, en la Policía y en la Guardia Civil. Me gustaría saber si a estas fechas sabe usted el número real de efectivos porque como siempre hay algún baile de cifras, me gustaría que me confirmase qué número de efectivos
hay y qué presupuesto se les destina en el próximo ejercicio. Respecto al presupuesto que se va a destinar a educación en igualdad, la ley prevé también la escolarización inmediata de hijos de mujeres maltratadas que tengan que cambiar de
residencia y me gustaría saber el coste de esta medida y el número de menores que han utilizado esta escolarización inmediata durante el último año. También recoge la ley viviendas para víctimas de violencia y me gustaría saber cuántas viviendas
han sido entregadas -si tiene usted el dato- y qué presupuesto se destina a las mismas. Deberíamos hablar de la teleasistencia, tanto del presupuesto como de las mujeres que se han beneficiado de la misma durante este año; hace un año me decía que
las previsiones eran de unas 5.000 mujeres al finalizar el 2005. No sé cuántas mujeres hay en la actualidad, porque no he tenido la oportunidad de revisar las respuestas parlamentarias, ¿cuántas mujeres están disfrutando de esta teleasistencia y
qué presupuesto se destina a la misma? Sé que en los meses anteriores y el año pasado este instrumento no estaba funcionando, desde mi punto de vista, con la debida coordinación con las comunidades autónomas y me gustaría saber cómo está
funcionando en este momento. Podemos hablar también de la reeducación de los maltratadores, internos que lo han realizado, centros penitenciarios que se están ocupando de estos cursos de reeducación. El año pasado nos contaba que existían
diecinueve centros y unos 170 internos que estaban utilizando estos sistemas y me gustaría saber si tienen la intención de mantener o de ampliar estos cursos que me parecen interesantes y positivos y qué valoración hace el Gobierno de los mismos, si
puede hacerlo en este momento. Además tenemos que hablar, cómo no, de juzgados y lo hacemos cada vez que hablamos de la Ley integral. En el programa 112.A, tribunales de justicia y ministerio fiscal, se elimina la partida referente a acciones
relacionadas con el Plan contra la violencia doméstica que constaba en el presupuesto de 2006 y que estaba dotado con 1.615.000 euros. No entiendo qué explicación tiene esto porque, los juzgados de la violencia sobre la mujer que existen en la
actualidad son insuficientes, a pesar del incremento que se está produciendo por las peticiones de todas las comunidades autónomas; son insuficientes, están saturados, están colapsados, tanto los juzgados especializados como los mixtos o especiales
y me gustaría saber qué está pasando y qué presupuesto se destina de verdad a los juzgados. Hay otro hecho que no podemos dejar de tener en cuenta y es que en las próximas fechas se aprobará la Ley de igualdad. Creo que esto es algo que tiene que
verse reflejado en estos presupuestos, por lo que quiero que nos explique qué dinero han previsto para esta ley, en qué partidas y de qué ministerios, puesto que al tratarse de una ley con carácter transversal afecta a distintos departamentos. El
año pasado nos dijo que tenían 200 millones para la ley, una ley que no está todavía aprobada, con lo cual no sé en qué se utilizó ese dinero, pero sí quiero saber qué dinero está previsto para este próximo ejercicio.
Voy terminando, señor presidente, haciendo unas breves preguntas. En esta línea de la Ley de igualdad me gustaría que nos contase cuánto dinero hay para la conciliación; respecto a las guarderías, ustedes prometieron un impulso a la
construcción de guarderías al principio de la legislatura y quería saber qué presupuesto se ha ejecutado, cuántas guarderías se han abierto y qué presupuesto hay para el próximo ejercicio. También me gustaría que nos contestase qué previsión hay
para una de las novedades importantes de la Ley integral, desde luego para nosotros, como son los permisos paternales. Este año se va a aprobar la Ley de igualdad y nos encontramos, señora Murillo, con que se congelan determinadas partidas como los
programas para aplicación de la igualdad de oportunidades -en casi 2 millones de euros-, proyectos de cooperación, beca Fulbright, cooperación con comunidades autónomas y con entes locales para centros de promoción de igualdad, etcétera. Nos
gustaría saber el porqué de estas reducciones.
Para terminar, quisiera preguntarle por el IV Plan de igualdad de oportunidades, que es el plan que todavía está en vigor, puesto que ustedes no han llegado a realizar el V plan -no sé si todavía lo están evaluando, como nos contestó hace un
año-, pero quisiera que nos aportase información sobre el presupuesto si es que se ha hecho algo con este plan. Para terminar ya de verdad, señor presidente...
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Para terminar ya, de verdad, señora Camarero, porque ha duplicado el tiempo que le corresponde.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señora Murillo, un Gobierno que dice llamarse feminista, que dice proteger los intereses de las mujeres no se puede quedar en la mera propaganda y en el anuncio permanente; debe mostrar su verdadero interés por
resolver los problemas de las mujeres reales y eso solo se soluciona creando instrumentos, dando servicios, generando prestaciones que se traducen en una única y sola palabra, dinero. Con dinero se puede poner en marcha todo esto, pero sin el
dinero suficiente todas sus buenas intenciones se van a quedar en eso, en intenciones, pero no se concretarán ni resultarán eficaces para las mujeres.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Para intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Doña Soledad Murillo, bienvenida. A estas horas, después de tantas comparecencias, le agradecemos su presencia aquí y quisiera hacer una reflexión muy breve antes de preguntarle tres cuestiones que merecen su
comentario y su ampliación. La reflexión va en el sentido de que efectivamente siendo la lucha contra la violencia de género uno de los objetivos principales que tenemos planteados como sociedad y, por supuesto, como Gobierno, ojalá que la razón o
la erradicación de la violencia estuviera directamente relacionada con los importes o con el dinero que uno pone al lado de cada muerte.
Lamentablemente esto no es así y esto da para una comparecencia en la Comisión de Igualdad o en esta Comisión
para hablar del fenómeno o incluso para evaluar cómo han ido las diferentes políticas o cómo se han aplicado. Por tanto, yo no le voy a pedir una evaluación del ejercicio pasado porque creo que hoy no corresponde pero sí quiero dejar constancia de
que si las muertes, el acoso, el maltrato, dependieran única y exclusivamente de un presupuesto, sería muy fácil y pronto podríamos ponernos de acuerdo. Todos sabemos que esto está mucho más arraigado y decir lo contrario es caer en expresiones
demagógicas que evidentemente no son lo mejor para poder avanzar. En este sentido, quisiera señalar del análisis del presupuesto que a veces se hace difícil ver exactamente dónde está todo en las partidas. Del análisis que hacemos vemos, al
contrario de lo que comentaba la compañera del Partido Popular, que ha habido un esfuerzo en cuanto al incremento de presupuesto y también que los objetivos se enmarcan en la futura Ley de igualdad y, naturalmente, en la de violencia de género. Por
tanto, en este sentido, le haría tres preguntas. Primera, si podría usted desglosar todos aquellos aspectos que están en el presupuesto y que nos van a ayudar a dilucidar el importe que va al Instituto de la Mujer, las políticas activas en igualdad
de oportunidades -en esto coincido con la señora Camarero-, el fomento de la igualdad en el ámbito de la empresa. En cuanto a las medidas contra la violencia de género, los temas relacionados con el Observatorio de violencia, cuáles son las
cantidades que en estos momentos se prevén para el próximo ejercicio. En otra línea, precisamente cuando estamos hablando de la mujer, que estamos hablando de género, nos estamos refiriendo a que esto se tiene que ver reflejado en las diferentes
políticas de los distintos ministerios, pero también en el del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por tanto, nos gustaría que pudiera aclarar cómo se refleja en estos presupuestos el elemento de la transversalidad, que es fundamental.
Repasando ahora a propósito del comentario de la señora Camarero, yo veía que en el presupuesto 2007 de la Seguridad Social se prevén unas partidas para avanzar en la conciliación de la vida familiar y laboral y, sobre todo, en lo que hace
referencia al permiso de paternidad; esto no lo tiene usted reflejado en su apartado presupuestario, sino en Seguridad Social, y en la misma línea, en lo que respecta a empleo, a integración de inmigrantes, Inspección de Trabajo, etcétera, nos
podría aportar todos aquellos datos que pueda?
Finalmente, quisiera señalar otro elemento y es que, al analizarlo, yo también eché en falta el Fondo de las comunidades autónomas para la violencia de género. Luego hice memoria, recurrí a la ley y me pude dar cuenta de que estábamos
hablando de un fondo para dos años y creo que los dos años han transcurrido y que esto, por tanto, ha sido transferido. Me gustaría que pudiera aclararlo, señora Murillo, y ya le doy las gracias anticipadas por su explicación y, de nuevo, por su
presencia aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Muchas gracias, señora Esteve, por atenerse estrictamente a su tiempo. Para contestar a los grupos parlamentarios tiene la palabra doña Soledad Murillo.
La señora SECRETARIA GENERAL DE POLÍTICAS DE IGUALDAD (Murillo de la Vega): Muchas gracias por sus intervenciones, señora Camarero, señora Esteve, porque me dan la oportunidad de desglosar los presupuestos que nos convocan en esta sesión.
Las dos han mencionado una palabra que para mí es clave a la hora de entender los presupuestos, que es la transversalidad y, como muy bien decía su señoría, señora Camarero, es cierto que yo he insistido mucho en ese aspecto de los presupuestos,
porque no todo figura como partidas que están a mi cargo y a mi disposición dentro de lo que supone la gestión del programa 232.B, que es al que estamos haciendo referencia. Creo que es importante que pensemos que las políticas de igualdad para
2007 se van a enmarcar dentro de los leyes fundamentales, la Ley orgánica 1/2004, que ya está en vigor, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, y, por supuesto, los principios, los presupuestos, los contenidos, y las
actuaciones de la futura Ley efectiva de igualdad entre hombres y mujeres. El año 2007 es el año de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad y, a la luz de esa entrada en vigor de la Ley de Igualdad, hay que leer también en los presupuestos. Por
eso el Gobierno ha cuantificado el coste de las medidas por un importe de 400 millones de euros, de los cuales 118 millones se corresponden con actuaciones en materia de empleo, y el permiso de paternidad recibe 258 millones, teniendo en cuenta que
a esto hay que sumar las prestaciones de nueva creación para la protección a la maternidad o también lo que la Seguridad Social deja de ingresar, porque deja de recaudar, en función de que se considera una serie de periodos respecto a la protección
de la maternidad como materia social y que, por tanto, deben incluirse dentro del presupuesto, y teniendo muy presente que estamos hablando de una ley que no entrará en vigor en función del año natural sino en los comienzos del año 2007. Es clave
que pensemos también en que este presupuesto debe leerse desde aquí, desde la Ley de Igualdad, y este carácter integral de las dos leyes implica que la aportación de recursos proviene de todos los ministerios de la Administración General del Estado,
pero por supuesto también de las comunidades autónomas, es decir yo creo que es una suma de actuaciones, una suma de voluntades presupuestarias para respaldar la efectividad de las actuaciones.
En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por empezar con el propio ministerio, se ha tenido en cuenta el carácter transversal del principio de igualdad, aunque, insisto, ni orgánica ni económicamente se reflejen partidas concretas.
Nos tenemos que plantear seriamente la necesidad de desagregar partidas concretas, porque los presupuestos del Estado tienen su propia lógica procedimental y técnica respecto a seguir y a hacer una valoración desde los presupuestos marcando una
suerte de series temporales, cuales son las aplicaciones presupuestarias, pero necesitamos también entenderlo para poder leer correctamente los presupuestos. Por mencionar las áreas en las cuales se aplica la transversalidad, me encuentro
profundamente satisfecha también porque participé como secretaria general de Políticas de Igualdad en el diálogo social que dio como un excelente resultado el acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo. Ese Real Decreto-ley 5/2006, de 9 de
junio, establece bonificaciones que es importante tener en cuenta porque afectan tanto a mujeres víctimas de la violencia de género -son aquellas que en situación de desempleo tienen una bonificación a la contratación indefinida en una cuantía de
850 euros anuales, pero con una duración que se ha duplicado y que ahora está en cuatro años-, como a aquellas mujeres que no son propiamente víctimas de la violencia de género, como son las contratadas en los 24 meses siguientes al parto o bien
después de cinco años de inactividad laboral por haber tenido un hijo habiendo trabajado al menos tres años, y en ambos casos implica 1.200 euros también durante un periodo de cuatro años. En esta importante reforma se han bonificado supuestos
excepcionales de la contratación temporal que quiero reflejar aquí otra vez entre las partidas respecto a las víctimas de violencia de género, que son 600 euros de cuantía anual en toda la vigencia del contrato y, por supuesto, las bonificaciones
para el mantenimiento del empleo indefinido. Este contrato temporal, para que se transforme en indefinido, que es un poco el espíritu de la reforma, que la contratación temporal pase a ser indefinida, esté dotado con 1.200 euros en cuatro años.
En el área de servicios sociales, familias y discapacidad, se va a aprobar en breve el primer Plan de acción de mujeres con discapacidad cuyo presupuesto se incluye dentro del Plan de acción para discapacitados, que cuenta con una dotación
total de más de 9 millones de euros. También en esta área se favorecen las medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Nosotros creo que tenemos una enorme ventaja dentro del Ministerio de Trabajo y es que todo lo que se refiere a la
atención de la infancia corresponde a las competencias del área de servicios sociales, familias y discapacidad, que tiene presupuestado para este ámbito de atención a la infancia 29 millones de euros. Lo que tenemos en la Ley de Igualdad no es
tanto la protección a la infancia como las medidas de conciliación en cuanto que hemos creado nuevos derechos, es decir hasta ahora se podían pedir permisos por excedencia o para el cuidado. Hemos mejorado las características de poder pedir
permisos para excedencia en la medida en que cubrimos la excedencia para que se pueda contemplar como periodo cotizado, a efectos de que las mujeres no pierdan derechos a futuro, y también hemos ampliado la edad de cuidado para los menores de ocho
años. Sí estamos creando nuevos permisos para hombres y para mujeres, de tal manera que ahora el empleador tiene que motivar ante el empleado o la empleada cuáles son las razones que pueden sustentar en ese momento la negativa. Por otro lado de la
teleasistencia hablaré con más profundidad, ya que me lo ha preguntado la señora Camarero, para que podamos hacerlo con más detalle.
Quiero señalar en la línea de la transversalidad que en el Ministerio de Trabajo en la integración de inmigrantes se tienen en cuenta los criterios de actuación, especialmente la cooperación al desarrollo, pero es que el Instituto de la
Mujer también tiene un área importante de cooperación al desarrollo que pasaré a relatar en breve y, por supuesto, es importante la atención sanitaria a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo que viene
prestando a mujeres y menores que sean inmigrantes. En la Inspección de Trabajo, se llevará a cabo un control de las condiciones de trabajo en relación con la discriminación por razón de sexo, con especial atención a las denuncias sobre acoso moral
y sexual, todo ello de acuerdo con lo estipulado en la futura Ley de Igualdad. La Seguridad Social me van a permitir que diga que es el mejor proveedor de recursos respecto a la Ley de Igualdad, ya que aporta en cuanto a los gastos por prestaciones
258 millones de euros, aunque ya el secretario de Estado para la Seguridad Social les ha facilitado cifras del presupuesto de Seguridad Social detalladas para 2007. Esta medida es importante. Otra medida de amplio calado que quiero señalar es la
supresión del periodo previo de cotización para tener derecho a la prestación de riesgo durante el embarazo. Esta medida, como subsidio no contributivo y cuya previsión se cifra en 19 millones de euros, será con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado. Creo que es una enorme ventaja para las mujeres y, por supuesto, presta suficiente entidad a la Ley de Igualdad. El Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo proporcionará asesoramiento técnico a empresas, trabajadores y
organizaciones representativas de unas y otros en la aplicación del principio de igualdad de género. Creo que en la Ley de Igualdad hemos trabajado los derechos de conciliación para hombres y mujeres sin especificar la atención a la infancia porque
tenemos las competencias dentro del Ministerio de Trabajo a cargo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad.
En cuanto al presupuesto del Instituto de la Mujer, para mí es satisfactorio decir que para 2007 se ha incrementado
en un 4,6 por ciento sobre el de 2006 y que, por supuesto, la entrada en vigor de la Ley de Igualdad va a modificar en gran medida las actuaciones del Instituto de la Mujer. Dense cuenta de que el apoyo necesario para la implantación
voluntaria de planes de igualdad en las empresas y la introducción de un incentivo para que éstas reconozcan la obligación de aprobar reglamentariamente un protocolo de actuación frente al acoso sexual se tienen muy en cuenta a la hora de
identificar las partidas incluidas en el Instituto de la Mujer. La ley prevé igualmente otros compromisos que afectan al Instituto de la Mujer, entre ellos cabe citar diversas actuaciones relacionadas con la eliminación de la publicidad sexista,
como ya se estaba haciendo, pero ahora la Ley de Igualdad aporta un rango de obligatoriedad, como toda ley orgánica, y esta ley va a asegurar la prestación de asistencia a víctimas de discriminación para que tramiten sus reclamaciones por
discriminación, así como se va a seguir, en esa línea óptima de funcionamiento, con la realización de estudios sobre discriminación o con la publicación de informes o la formulación de recomendaciones sobre cualquier aspecto basado en
discriminación.
Los ejes principales del Instituto de la Mujer, el derecho al trabajo y la igualdad de oportunidades, suponen 6.647.921 euros; la educación para la igualdad entre hombres y mujeres que, como ustedes saben, también tiene una relación
estrecha con la Ley de Igualdad pero también con la primera ley, la Ley contra la violencia, la 1/2004, supone una cifra de 884.572 euros; la integración del principio de igualdad en las políticas de salud -que ha sido un poco nuestro principio
rector, es decir no lo hagamos todo nosotras, no lo llevemos todo a nuestras leyes, sino introduzcámoslo como principios rectores en los objetivos de leyes orgánicas que trabajen las diferentes materias legislativas- se cifra en 527.276 euros; en
cuanto a igualdad en medios de comunicación, la cifra asciende a 2.358.516 euros. Los medios de comunicación siguen dando noticias sobre todo tipo de problemas relativos a discriminación y también sobre la violencia de género y creemos que el
tratamiento de las noticias es preciso que se module de manera que no exista ningún tipo de posible interpretación por parte de los lectores para que intenten justificar cualquier tipo de violencia. Los estudios de mujeres siguen siendo para
nosotros un capítulo importante. Vamos a trabajar en ellos de manera eficaz, como hasta ahora, y tenemos presupuestado 1.372.408 euros. El apoyo al movimiento asociativo de mujeres, porque la ciudadanía tiene que ser participativa en las
asociaciones de mujeres, que deben encontrar un espacio donde puedan establecer la pluralidad de contenidos y esa participación deliberativa que es la democracia, se cifra en 2.185.140 euros.
En cooperación internacional me decía S.S. que teníamos un presupuesto modesto y tengo que decirle que se cifra en 2.174.572 euros y que la beca Fullbright sigue estando presente, así como los proyectos de cooperación en las partidas
presupuestarias, específicamente así, proyectos de cooperación y becas Fullbright, sin olvidarnos de las cuotas a organismos internacionales para que tengan una presencia más activa y tengan el presupuesto más saneado a partir de nuestras
contribuciones. En cooperación, ya en el ámbito nacional, tenemos 2.485.000 euros. En estas cifras no hemos incluido otros capítulos por no abrumarles con las cifras.
Quisiera ahora pasar a lo que ustedes me han planteado, porque es importante tener en cuenta que ha habido un crecimiento del presupuesto del Instituto de la Mujer en un 4,7 por ciento, y en cuanto a la Delegación especial del Gobierno
contra la violencia de género, paso a informarles de las medidas. En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de dicha delegación, que depende de mi secretaría general, se incrementan los créditos por la aplicación del Plan nacional de
sensibilización y prevención contra la violencia de género, que, como ustedes saben, es una actuación prioritaria para 2007. Esta actuación, junto con las que proponga el Observatorio de violencia sobre la mujer, pasa en el capítulo 2 de tener
1.705.000 euros en 2006 a presupuestar un incremento del 105 por ciento, que se traduce en 3.501.100 euros. Es decir el objetivo del plan de sensibilización es crear una estrategia coordinada de todos los departamentos ministeriales,
administraciones y comunidades autónomas, que establezca unas líneas prioritarias que, por supuesto, sean consensuadas y con unos contenidos mínimos para que todos los organismos y administraciones públicas puedan incidir en ellas. Se trata en este
plan estratégico de trabajar desde una dimensión diferente de la violencia, que desde la Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre las mujeres se ha planteado que se especifique a partir de la necesaria autonomía que tienen que
tener las mujeres, la necesaria adquisición de esa ciudadanía que muchas veces tienen en un segundo plano por ejercer ese rol tradicional dentro de la familia que les deja en una situación de desvalimiento frente a la propia defensa de la vida.
Pero también es cierto que cada comunidad autónoma tiene luego la capacidad, la autonomía y la soberanía de trabajar esta estrategia de acuerdo con las circunstancias territoriales y con las circunstancias que presente el fenómeno de la violencia de
género en cada comunidad autónoma. Se abren dos nuevas líneas de subvenciones, por un lado, dentro de las becas de formación del Observatorio estatal contra la violencia sobre la mujer y, por otro, sobre programas de medidas contra la violencia de
género.
Conviene aclarar -esto quizá pueda ser un motivo de confusión- que para el año 2007 ya no tiene vigencia el fondo que, como bien saben y ha citado la señora Esteve, es de carácter extraordinario según la disposición adicional decimotercera.
Creo que era un fondo importante, la Delegación especial contra la violencia de género gestiona ese fondo, lo pasa a las comunidades autónomas y es la primera vez que en una ley hay un fondo específico para que las comunidades autónomas lo gestionen
de acuerdo con sus criterios.
Pero este fondo tenía una limitación temporal de dos años y, por tanto, esto se descuenta de estos presupuestos y pudiera ser que en una comparación apresurada pudiera desprenderse que se reduce el dinero. No es así. Una vez que se ha
repartido en su totalidad para las comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la ley, y si descontamos este fondo del presupuesto de 2006 que iba íntegramente a las comunidades autónomas, el presupuesto de la
Secretaría General de Políticas de Igualdad y de la Delegación del Gobierno se ha incrementado, concretamente el de esta última, en un 105 por ciento, es decir que los programas se han duplicado. Paso a comentarles directamente también cuál es el
incremento. Anteriormente la Delegación del Gobierno tenía un presupuesto al que había que sumarle los 12 millones, que era el fondo extraordinario. Pues bien, la campaña de sensibilización y prevención de la Delegación del Gobierno se cifra en
1.825.000 euros. Queremos también promocionar conferencias y cursos, pero especialmente que sean lugares para establecer materiales de referencia con relación a la violencia de género, es decir no se trata solo de trabajar con profesionales, sino
de adoptar acuerdos como punto de partida para elaborar y diseñar materiales de referencia, lo que está presupuestado en 526.000 euros. Las asistencias técnicas y los estudios van a ser la base del observatorio, que se va a dedicar fundamentalmente
a homogeneizar datos, a coordinar actuaciones, a proponer nuevas líneas de investigación de cara a profundizar mucho más en el fenómeno de la violencia y eso está cifrado en 1.150.000 euros. En total tenemos 3.500.000 euros, a los que hay que sumar
los proyectos piloto innovadores de las comunidades autónomas, es decir el fondo ya fue de 12 millones y el reparto se hizo bajo unos criterios que podían ser aceptados por todas las comunidades autónomas, como ocurrió en conferencia sectorial.
Nuestra intención era hacer un reparto lo más extensivo posible, que se beneficiaran todas las comunidades autónomas y ahora nos parece importante primar aquellos proyectos innovadores respecto a la violencia de género. Por ello tenemos un
presupuesto para este fin de 1.500.000 euros. Como en esta línea nos interesan las entidades locales, del mismo modo vamos a primar las buenas prácticas de las mismas con un millón de euros. Las ayudas del artículo 27 tienen un millón de euros,
por supuesto, como decía su señoría, señora Camarero, y el crédito del artículo 27, en la medida en que se vaya a necesitar cualquier cuantía, es ampliable. Esta es la condición del artículo 27 respecto a su pregunta. Es importante subvencionar a
entidades sin ánimo de lucro que también tengan esa sintonía con lo que significa la innovación dentro de la violencia de género, a lo que se destinan 500.000 euros, más becas del observatorio, más el convenio de la FEMP, de la Federación Española
de Municipios y Provincias, que representa 150.000 euros. Quiero subrayar que el total son 8.783.094 euros. No quiero olvidar las actividades de mecenazgo que tenemos dentro de la Delegación especial contra la violencia de género y que
evidentemente va a suponer trabajar con empresas y con entidades que primen y subvencionen tanto la contratación de mujeres como líneas de difusión, sensibilización y prevención respecto a la violencia de género.
Su señoría, señora Camarero, me ha preguntado especialmente por la teleasistencia. Para la teleasistencia móvil para víctimas de la violencia de género que cuenten con una orden de protección el importe es de casi 4 millones de euros, 3,99
millones de euros. Dicha cantidad se corresponde con el coste de atención a las usuarias existentes, así como su incremento progresivo hasta llegar a las 9.000 en diciembre de 2007 teniendo en cuenta que si se producen más solicitudes, se
atenderán. Es una medida de protección absolutamente necesaria e inmediata. El número de usuarias a 29 de septiembre es de 1.744, el incremento es del orden de 250 usuarias más por mes y a este ritmo de crecimiento en 2006 podríamos terminar con
más de 6.000 usuarias.
Es importante anotar que la reeducación de los maltratadores y la necesidad, como usted decía, de ampliar cursos se está enfocando desde el lado de la terapia fundamentalmente, más que de los cursos; los cursos fueron una modalidad que se
puso en marcha en la Audiencia Provincial de Alicante, pero desde Instituciones Penitenciarias se están utilizando los servicios de atención psicológica para trabajar en la resolución de conflictos con agresores y se está trabajando desde esa óptica
de la terapia y de la reeducación, porque, como usted sabe, según la Ley contra la violencia de género, la junta de tratamiento tiene muy en cuenta la integración de los maltratadores en estos cursos para poder prestar cualquier tipo de permiso en
el caso de que fuere solicitado.
Ha preguntado también sobre los juzgados de violencia de género. Creo que se ha hecho un enorme esfuerzo. Tengo que decir que nosotros siempre funcionamos bajo el criterio de una permanente evaluación de la aplicación de la ley y para ello
se crea la Delegación especial contra la violencia de género. Por supuesto, dependemos del informe del Consejo General del Poder Judicial, que, como saben, tiene el cometido de evaluar la carga global del trabajo que tienen los jueces dentro de los
juzgados específicos de violencia de género y también en los juzgados compartidos.
El proyecto de presupuestos de 2007 incorpora un aumento de 6,3 millones de euros en la creación de juzgados de violencia contra la mujer y, evidentemente, este
número de juzgados está siempre en función, como les he dicho, del informe que emita el Consejo General del Poder Judicial, dentro de las 110 nuevas unidades judiciales que se crearán en el año 2007. Igualmente se incrementa en 1,6 millones la
dotación destinada a la creación de los equipos psicosociales porque los jueces deben sentir como un enorme recurso los informes que emiten los servicios psicosociales en cuanto a la medida de lo que supone el riesgo para la mujer víctima de
violencia de
género y esto conlleva un notable incremento de efectivos de naturaleza laboral dedicados a este menester que, sumados a la transferencia al Colegio de Psicólogos, implica una cantidad de 2,1 millones de euros, con un crecimiento, para que
ustedes lo anoten, de un 5,8 por ciento. Tengo que decirles que existe un notable incremento, 7,7 millones de euros, que se destina a la asistencia jurídica gratuita, que crece un 33,9 por ciento -sería un 34 por ciento en términos estadísticos,
pero se lo digo en términos exactos, 33,9 por ciento-, dentro de la que también se engloba la atención específica a las mujeres víctimas de la violencia de género. No estaría de más hacer memoria sobre los juzgados de violencia de género. Creo que
sufren una inflación de opiniones y hay pocos datos que respalden esa inflación de opiniones. En el año 2005 teníamos 16 juzgados de violencia de género de características y naturaleza específicas; teníamos 419 juzgados compartidos. Pues bien,
cuando termine el año 2006, es decir en dos meses, existirán 40 juzgados de violencia de género de carácter específico que van a tener una composición, a efectos de territorio, o unas características más comarcales y por partidos judiciales. No lo
digo por su parte, señoría, que sé que no lo pretende para nada, pero a veces se percibe en demasiados sitios en la prensa una focalización excesiva respecto a los juzgados. De 2005 a 2006 vamos a incrementar los juzgados, Ministerio de Justicia,
como corresponde y de acuerdo con sus competencias, en un 139 por ciento. Esto es importante.
No quiero tampoco dejar de resaltar que existen incrementos también referidos a personal, a jueces, a psicólogos, que se encuentran globalizados en el
capítulo 1 del presupuesto del Ministerio de Justicia.
En cuanto al Ministerio del Interior tengo que decirles que tenemos 67 millones de euros en materia de gasto presupuestario para todo lo que implique el Ministerio del Interior. La señora Camarero ha dicho que quiere una partida concreta en
el Ministerio del Interior. Pues yo le voy a decir que el servicio de atención a la mujer, el SAM, se ha incrementado en 492 efectivos; las unidades de prevención, asistencia y protección de la mujer maltratada, las UPAP, en 500 efectivos; los
equipos especialistas mujer-menor, UME, en 400 efectivos. Desde luego, este último trimestre ambos cuerpos van a proceder a la reevaluación de efectivos en relación con las necesidades de las distintas unidades para planificar el incremento
correspondiente. El Ministerio del Interior lleva una evaluación permanente en cuanto al mantenimiento de unidades efectivas especializadas de ambos cuerpos y queda dentro del capítulo 1, que, como saben, es el capítulo de personal. En cuanto al
capítulo 2, en el Ministerio del Interior hay 242.841 euros destinados al mantenimiento de las unidades especializadas y a recibir formación específica respecto a violencia de género, pero también se ha hecho un esfuerzo en cuanto a inversiones de
equipamiento y existe una previsión económica específica en materia de inversiones en Guardia Civil, 600.000 euros, para la construcción de oficinas de atención a la mujer y al menor que se realizarán en todas las nuevas construcciones de
acuartelamientos y en las rehabilitaciones importantes de las construcciones ya existentes.
Por sentirme especialmente satisfecha de esta medida y aunque no he sido preguntada por ella, quiero decirles también que dentro del Ministerio de Economía y Hacienda figura una ayuda económica, de acuerdo con la Ley 35/1995, de 11 de
diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, de 500.000 euros. En 2005 se tramitaron 553 expedientes de delitos violentos resueltos y, de ellos, un 12 por ciento fueron víctimas de violencia de
género, es decir 68 expedientes, de los cuales 45 fueron denegados y concedimos 23 por un importe total de 483.926 euros. Mujeres beneficiarias evidentemente son las que nos ocupan para establecer este tipo de ayudas. En el Plan de Vivienda
2005-2008 se contempla dentro de sus coordenadas, como grupo prioritario, la asistencia a las mujeres que sufren violencia de género, como sabe muy bien su señoría, y en este sentido forman parte de otros grupos prioritarios que requieren mayor
atención para poder restablecer su futura vida fuera de la dimensión de violencia de género.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Muchas gracias. No habiendo solicitudes de los grupos parlamentarios para proceder a un turno de réplica, concluimos la comparecencia agradeciéndole una vez más su presencia y la prolija
intervención que ha realizado.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y treinta minutos de la noche.