CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 657

JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ

Sesión núm. 38

celebrada el lunes, 9 de octubre de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. (Número de expediente 121/000107.) ...
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-Del señor secretario de Estado de Justicia (López Guerra). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso (número de expediente 212/001383) y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (números de expediente 212/001259 y
212/001260) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.



COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007. (Número de expediente 121/000107.)


-DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (LÓPEZ GUERRA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/001383) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (números de expedientes 212/001259 y
212/001260)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión. En primer lugar, quiero darles la bienvenida, tanto al secretario de Estado de Justicia como a la subsecretaria y, por supuesto, a todos los miembros del equipo técnico y del gabinete
del ministerio que les acompañan y también a todas y a todos ustedes.



En el orden del día consta la comparecencia del secretario de Estado, a petición del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, por lo que voy a conceder, en primer lugar, un turno de intervención a los grupos
proponentes empezando por el Grupo Parlamentario Popular, a cuyos efectos le doy la palabra al señor Santaella.



El señor SANTAELLA PORRAS: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado y de la subsecretaria, que tenía solicitadas mi grupo para hacer algunos comentarios y algunas puntualizaciones sobre los presupuestos
para el año 2007, que van a empezar a debatirse. Este es el tercer presupuesto que trae este equipo que dirige el Ministerio de Justicia, puesto que el de 2004 ya se lo encontró sobre la mesa y, siendo el tercero de la legislatura, sigue -y nos
llama la atención- incumpliendo el programa del Partido Socialista e incumpliendo las expectativas que abrieron con su programa electoral.
Siempre lo he dicho y, cada vez que no se cumpla, me referiré a los famosos 180 millones que había que
adicionar y que sirvieron de excusa para romper el Pacto de Estado para la reforma de la justicia. No solo el incumplimiento de los 180 millones, sino que, como decía el anterior portavoz socialista, señor Villarrubia, en cada presupuesto habría
que adicionar 160 millones más al Ministerio de Justicia. Pues ni los 180 ni los 160 ni, por supuesto, otro de los objetivos que se había planteado el programa socialista, que sería conseguir que la Justicia tuviera un peso específico del 2 por
ciento sobre los presupuestos totales del Estado. Es decir, si echamos la vista atrás, no solo desde que empezó la legislatura sino anteriormente, vemos que los presupuestos conformaban el 0,7 por ciento y se mantienen en el 0,7 por ciento.



Calificamos estos presupuestos como malos, por insuficientes, por incongruentes con las políticas y objetivos que se plantean y porque, dentro de su insuficiencia, están faltos de imaginación. Yo diría que son los típicos presupuestos de
trámite de un ministro que está a punto de abandonar la nave -no porque la abandone, sino porque está a punto de irse a otros cometidos políticos- para que el que sea acabe la legislatura administrando lo mejor que pueda lo poco o nada que ha hecho.

Esos son los presupuestos que nos hemos encontrado, unos presupuestos para salir del paso, unos presupuestos que el ministro presenta -como lo ha hecho los tres años- con las manos vacías. El ministro se ha limitado a hacer unos presupuestos malos
y deficientes para que otro los administre en el año que les queda de legislatura.



Estamos acostumbrados al autobombo del famoso libro amarillo, pero no se puede afirmar como se hace en él que la política de justicia sea considerada como un área de gasto esencial en los Presupuestos Generales del Estado para 2007,
experimentando un incremento del 8,9 respecto al año anterior, que, si tenemos en cuenta el traspaso de las competencias a la comunidad autónoma asturiana, alcanzaría el 10,3. Habría que hacer algunos comentarios sobre el traspaso a la comunidad
asturiana, porque todo lo que se ha visto en la prensa es que no había acuerdo. No hace ni tres meses, los que dirigen la política del Ministerio de Justicia decían continuamente que era imposible llegar a las pretensiones de 40 millones de euros
de la comunidad autónoma asturiana; sin embargo, ya se está anunciando que se va a llegar a un compromiso con la comunidad asturiana de 43 millones de euros anuales en inversiones ya comprometidas y otros 8 millones para inversiones en tres años.
Es la primera explicación que me gustaría que me diera el señor secretario de Estado. Cómo es posible que hace tres meses estuvieran diciendo que se ponía en riesgo el equilibrio de otras comunidades autónomas y, a última hora, asumen un traspaso a
la comunidad asturiana que ya no pone en peligro las competencias de otras comunidades en la materia, siendo la política de su ministerio negar el pan y la sal al resto de las comunidades a las que les gustaría tener un traspaso de competencias como
el que ustedes le han hecho a Asturias.
Pero no solo son malos estos presupuestos por los incumplimientos o porque suben poco; lógicamente, están subiendo poco respecto a los presupuestos del año pasado. Dice usted que suponen un gasto esencial
dentro de los presupuestos de 2007 y, sin embargo, hay departamentos que suben bastante más que el Ministerio de Justicia: Asuntos Exteriores, un 17,1; Interior, un 14,2; Educación y Ciencia, un 22,4; Trabajo y Asuntos Sociales, un 11,4;
Industria, Turismo y Comercio, un 15 por ciento, y Vivienda, un 15,9 por ciento. Esto, si nos referimos a departamentos, en los que habría que priorizar si es más


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importante o no, pero dentro de los servicios públicos básicos, que suben en total un 11,9, el Ministerio de Justicia se queda también por debajo: Justicia, el 8,9; Defensa, el 8; seguridad ciudadana, el 12, y política exterior, el 29. Y
esto no solo ocurre si lo comparamos con otros departamentos. En el Pacto para la reforma de la justicia siempre hemos estado de acuerdo con las necesidades que tenían las políticas de justicia y por eso nos pusimos de acuerdo en dotarla de más
recursos y más medios. Sin embargo, en los ingresos consolidados del Estado nos encontramos con que los impuestos directos crecen el 10,6, más que Justicia; los indirectos, el 12 por ciento, más que Justicia; las tasas y otros ingresos, el 12,6,
más que Justicia, y los ingresos patrimoniales del Estado se incrementan en un 26 por ciento, más que Justicia. A raíz de estas tres cuestiones, nos gustaría que el secretario de Estado nos dijese qué es lo que ha pasado para que Justicia no tenga
el peso específico que todos deseábamos cuando se firmaron los pactos, que -fíjese- se rompieron por la escasez de recursos y de medios.



Ciñéndonos a lo que hay -ustedes lo dicen en la memoria económica-, el presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia presenta una variación de 117 millones de euros con respecto al pasado año, de los cuales los gastos de personal tienen
el mayor peso en la sección: 1.125 millones, es decir, el 80 por ciento del total de los presupuestos. Esto representa, en gastos de personal, una subida de 96,28 millones de euros. Habría que tirar cohetes si estos 96 millones de euros se
destinaran a creación de nuevos órganos judiciales, pero haga usted -si es de letras como yo- la cuenta de la vieja y quíteles a los 96 millones, 22 millones de actualización monetaria, 18 de consolidación de pagas extraordinarias, 3,56 de planes de
pensiones, 19,08 de deudas a la Seguridad Social -cuotas, prestaciones y gastos sociales-, 5,8 de trienios y 2,6 de traspasos a las comunidades autónomas. ¿Sabe usted lo que le queda? Haga las cuentas: 19,57 millones para nuevos órganos
judiciales y 1,88 para la Abogacía del Estado. Si no está de acuerdo en mis cifras, dígame si no son 22 millones para actualización monetaria y si son ciertas o no todas las partidas que le he relacionado, y al final concluirá o no -dígamelo- si lo
que estamos destinando para nuevos órganos judiciales son 19 millones de euros. Pero todavía es peor, porque con un crecimiento de litigiosidad del 3,54 por ciento -usted tendrá también los datos de la tasa de pendencia, que han crecido-, se dará
cuenta que la modificación que plantean de un crecimiento de 110 unidades judiciales supone el 2,1 en planta judicial. La creación de órganos a la que tanto bombo y platillo están dando es una auténtica incongruencia. El 14 de septiembre de 2006,
según una nota de prensa del ministerio, el ministro de Justicia presentaba a las comunidades autónomas su previsión de crear 100 unidades -ya la han variado y son 110-, pero -fíjese- sólo el 27,5 por ciento de las unidades judiciales creadas o
previstas en esta legislatura se ubican en el territorio del ministerio. De los 18 juzgados creados y en funcionamiento en el año 2006, solo uno se ubica en territorio nacional, el de Cartagena-Murcia. De los 27 juzgados especializados en
violencia sobre la mujer que hoy están en funcionamiento en España, solo dos se encuentran en el territorio del ministerio, los de Murcia y Palma de Mallorca. Hay siete comunidades autónomas que todavía no disponen de ningún juzgado especializado
en violencia de género y se anuncia que empezarán a tenerlos en enero de 2007. En 2005 se crearon 250 nuevas unidades judiciales en territorio del ministerio, de las cuales solo 80, el 32 por ciento, son territorio del ministerio. En 2006, que se
crearon 93, solo 20, que es el 21,5 por ciento, están en territorio del ministerio, y para el año 2007, 22. De la media de las 443 y las creadas en territorio del ministerio, nos quedamos en la media que le decía del 27,5 por ciento.



Le he hablado de los gastos de personal y de la dotación de los 19 millones para la creación de nuevos órganos, pero los gastos corrientes y servicios suben proporcionalmente más que los gastos de personal -poca variación, pero algo más-, el
9,6, lo que viene a suponer alrededor de los 12 millones de euros. Pero fíjese a qué destinan ustedes el aumento en gastos corrientes y servicios: 4,69 millones para gastos postales; 2,82 millones para telecomunicaciones; 1,1 millones para IBI
-en total, 8,61-, mientras que para mantenimiento de órganos judiciales y fiscalía -me refiero a aumentos- destinan 2,23 millones y para la puesta en marcha de otros órganos judiciales 2,18 millones. Lo que se dedica al mantenimiento y a la
creación de nuevos órganos no llega ni a una tercera parte de lo que ustedes están destinando a gastos postales y a telecomunicaciones. En cuanto a gastos corrientes y servicios, creo que el secretario de Estado debería dar también alguna
explicación y mi grupo se lo está solicitando.



Paso a las transferencias corrientes y a las transferencias de capital, que tienen una subida del 6,9. La mayor partida se destina a familias e instituciones sin fines de lucro, y prácticamente 33 millones para el Consejo de la Abogacía y
para el Consejo General de Procuradores; destaca una subida de 4,77 millones para los abogados y, en cambio, disminuyen las partidas para procuradores. En cuanto a comunidades autónomas, mantienen la misma cantidad que se venía recogiendo en
presupuestos anteriores, los cinco millones, e incrementan 1,3 millones la dotación para juzgados de paz. Por último, destinan 4,5 millones a la famosa Fundación Pluralismo y Convivencia, su perla favorita. Repase el libro amarillo porque creo que
hay una contradicción. En el libro amarillo dicen que congelan la partida de los cuatro millones de euros y, sin embargo, en los presupuestos la incrementan en medio millón de euros. Nos llama la atención y me gustaría que nos dijera las razones
que han tenido para suprimir 1,61 millones destinado al plan contra la violencia doméstica, que estaba también en las transferencias corrientes y transferencias de capital. También


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me gustaría que nos diera una explicación sobre la justicia de proximidad, porque fíjese si se ha debatido y se ha hablado sobre la justicia de proximidad, y no vemos dotación alguna para la justicia de proximidad.
Estamos viendo que el
trámite de la ley en el Congreso se va prorrogando, pero nos llama mucho más la atención que en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 se olvidan de la justicia de proximidad cuando era uno de los objetivos prioritarios en los presupuestos
del año pasado.



Respecto a las inversiones, ya comentamos el año pasado que las inversiones eran lo que menos crecía y en estos presupuestos solo suben el 4,5 por ciento sobre el año anterior, quedan 88 y es el capítulo que menos crece. Si hiciésemos un
análisis exhaustivo de las inversiones, vería que la mayoría de las inversiones son de reposición, nada de inversión nueva, pese a que en el libro amarillo hablan de la construcción de 25 nuevos edificios judiciales e Instituto de Medicina Legal y
rehabilitación de otros tres edificios. Me gustaría -y se lo solicito dentro de las 48 horas- que nos diera una relación de cuáles son los edificios y también la ejecución presupuestaria de las inversiones del pasado ejercicio. Quiero señalar que
efectivamente el año pasado teníamos 84 millones para inversiones y este año pasa a 88 millones, pero para las inversiones del ministerio, subsecretaría y servicios generales, a las que en el año 2006 se destinaban 6.670.000 euros, en el año 2007
baja a cinco millones; para reposición, que había 3,5 millones, baja a 2.300.000 euros y el total, que eran 7,5 millones, lo bajan a 5.900.000 euros. Analizando más en profundidad el órgano más inversor, que es la Dirección General de Relaciones
con las Administraciones de Justicia, vemos que las inversiones nuevas bajan de 52.800.000 euros en 2006 a 49.666.000 euros en 2007; en cambio, se incrementan enormemente las inversiones de reposición, que pasan de 15,5 millones a 23.400.000 euros.

Por eso le decía al principio que sus inversiones van solo a la reposición y no a la inversión nueva. Ustedes meten en año inicial del 2007: Guadalajara, con 60.000 euros; Albacete, con 500.000 euros; Vitigudino, con 60.000 euros; Villablino,
con 60.000 euros; Ponferrada, con 60.000 euros. Es decir, son signos de que quieren hacer algo pero no hacen nada; sin embargo, como tenemos el plan plurianual, vemos que concentran todas las inversiones en los años 2008, 2009 y 2010, cosa que no
entendemos. A mi grupo nos gustaría que nos diera una mayor información sobre cuál es la política inversora del Ministerio de Justicia para estos presupuestos.



Para ir terminando yo le diría que en los tres objetivos que contemplan como básicos en el libro amarillo estamos de acuerdo todos los grupos, lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir éste. En hacer que la justicia sea un servicio público
de calidad, acercar la justicia a los ciudadanos, agilizar sus procedimientos y conseguir que sea valorada positivamente, comprenderá que estamos todos de acuerdo; en mejorar y profundizar en el ámbito del ejercicio de los derechos y libertades de
los ciudadanos estaremos todos de acuerdo -no en el enfoque, al final se lo diré-, y en lograr que la justicia sea una referencia en la lucha contra la inseguridad, la delincuencia y la criminalidad estamos todos de acuerdo.
Pero yo le diría, sobre
los tres objetivos, que van por mal camino.
Empezando por el último, porque ahí tienen las últimas cifras presentadas por la Fiscalía General sobre cómo va creciendo la delincuencia y cómo ustedes van creando cada vez menos órganos y cómo, además,
la tasa de pendencia va subiendo, sin referirme a manifestaciones y declaraciones que la Fiscalía, que trabaja tan unida con el ministerio, está haciendo al respecto y que ayuda mucho.



Por otra parte, la confrontación continua con el Consejo General del Poder Judicial, la amenaza que están creando a la carrera judicial y a la unidad jurisdiccional con la famosa ley de proximidad y de consejos territoriales nada dice a los
objetivos que ustedes se plantean, y por supuesto con los bajos y deficientes presupuestos menos todavía. Quizá en lo único que están acertando es en el segundo objetivo, porque para usted mejorar y profundizar en el ámbito de ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos estará en su famosa Fundación Pluralismo y Convivencia, a la cual tanto cariño tiene y tanto cuida. Pero también me gustaría saber la ejecución presupuestaria de la misma y por qué han destinado tanto a la
libertad religiosa del judaísmo, del islamismo y del protestantismo. Me gustaría saber qué planes concretos han hecho, qué ejecución presupuestaria tienen y a qué van a destinar los cuatro billones y medio.



Me reservo un análisis más profundo de programa por programa y en esta primera intervención yo le agradecería que, si puede, me diera contestación a las cuestiones planteadas.



El señor PRESIDENTE: Le damos la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista al señor Muñoz.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Quiero agradecer al señor secretario de Estado de Justicia su presencia hoy en esta Comisión en un trámite que es importante, cual es la explicación y la comparecencia en relación con el análisis del presupuesto en
materia de justicia, políticas de justicia con relación al año 2007, el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno.



Quiero indicarle que esta intervención del Grupo Socialista tendrá tres ejes. En el primero intentaremos profundizar, sin perjuicio de la posterior intervención que haga el secretario de Estado, en las precisiones que a nosotros nos
interesa que se resalten sobre este presupuesto, pero haremos una valoración en materia de justicia de este presupuesto que, frente a lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular de que era un presupuesto para salir al paso, entendemos
que camina en una dirección clara y concreta de mejora del servicio


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público de la justicia, mucho más después de las condiciones en que se incorporó el actual equipo del Partido Socialista en el Gobierno tras el paso por el Ministerio de Justicia y por el Gobierno del Partido Popular.
Por tanto, paso firme,
nada de salir al paso, en todas aquellas necesidades que son reivindicaciones históricas en materia de justicia y que es necesario, como se ha hecho en esta etapa del Gobierno socialista, que se priorice la justicia como uno de los ejes
fundamentales de las políticas que tiene este Gobierno entre sus actuaciones con mayor trascendencia. Después intentaré solicitar algunas precisiones en relación con el proyecto de presupuestos y habrá, por supuesto, como no podría ser de otra
forma, una última parte de la intervención, si bien mezclada en las dos anteriores, que tendrá que ver con la crítica que nosotros formularemos a aquellas precisiones y a la intervención que ha realizado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
He asistido con sorpresa a la intervención del portavoz del Partido Popular porque yo llegué a la conclusión -me imagino que el secretario de Estado quizá también- de que este portavoz no estaba manejando el mismo proyecto de presupuesto que yo
tengo y que es el que ha entrado en las Cámaras formulado por el Gobierno; más bien creía que estaba hablando del presupuesto del año 2004, que es el último presupuesto que aprobó el Partido Popular. Quizá, por tanto, estaba más intentando
justificar aquello que no hicieron en sus años de gobierno, que les pone en una situación difícil en relación con las buenas políticas que se están haciendo en materia de justicia desde el Gobierno del Partido Socialista.
Para nosotros las cifras
fundamentales son claras y además es algo objetivable, no cabe por tanto entrar en contradicción en relación con ellas. Nosotros entendemos que la prioridad de justicia queda reflejada en la cuantificación que se explicita en los Presupuestos
Generales del Estado en la sección correspondiente a Justicia. A nosotros nos parece que los 1.411,84 millones de euros es una cifra muy importante, lógicamente a todos nos gustaría que se pudiera llegar más adelante, pero eso es lógico. En
política, de las limitaciones que nosotros podamos entender, nada tiene lógica si no es con el ahínco y con la ilusión de que en próximos ejercicios presupuestarios podamos ir completando aquello que ya se refleja y se viene reflejando en estos
presupuestos elaborados por este equipo ministerial. Nosotros decimos -y lo dice el libro amarillo, como ha leído antes el portavoz del Partido Popular, y además bajo afirmaciones que se sustentan en la realidad- que una de las prioridades en los
presupuestos de 2007 es aquella que tiene que ver con la materia de justicia, que crece muy por encima de la media del presupuesto de gasto de los Presupuestos Generales del Estado. Él habla del aumento en las unidades judiciales, tanto de jueces
como de magistrados, de las 110 plazas de aumento en este presupuesto del año 2007 que se unen a las 110 plazas más de aumento en cuanto al número de fiscales en el año 2007 y, con ello, nosotros estamos viendo muy cerca el cumplimiento del
compromiso de las 1.000 plazas con el que concurrimos a las elecciones. Desde el principio el ministro, cuando hizo la primera comparecencia, se comprometió a que en esta legislatura podríamos completar ese aumento de 1.000 plazas, tanto de
unidades judiciales como de fiscales.



En cuanto a la atención a las víctimas de violencia, sigue siendo una prioridad. Ahí ya le pediría una primera precisión porque ha indicado el representante del Partido Popular alguna cifra en relación con esto. Yo creo que podría estar
relacionado con la traslación que se ha hecho de determinadas políticas en relación con la violencia de género a todo el proceso que tiene que ver con la asistencia jurídica gratuita. Por ahí quizá vaya la explicación, porque el incremento que nos
sale a nosotros es de cerca de 8 millones de euros con respecto del año 2006 en todo el capítulo de asistencia jurídica gratuita.



En cuanto a la implantación de la nueva oficina judicial -que nosotros seguimos considerando que es un objetivo principal y prioritario de este Gobierno-, existe una partida que tiene una cuantificación de 14 millones de euros y que nos
parece que es perfectamente lógica, y desde luego ya vemos que se van dando pasos. Podríamos indicar que el último es el propio nombramiento de los secretarios coordinadores provinciales, que me parece que ya han tomado posesión ante la Sala y ante
la Presidencia de los correspondientes tribunales superiores de Justicia.



Nos parece que dentro de la política del Ministerio de Justicia hay una variante que es tremendamente importante, mucho más ahora que tiene que ver con la materia de inmigración: son todos aquellos expedientes que tienen que ver con
nacionalidad. Por tanto, ahí se está haciendo un esfuerzo importante en algo que está creciendo de forma exponencial y es toda la problemática ligada a las adopciones internacionales, por supuesto, y, sobre todo, aquello que tiene que ver con la
nacionalidad.



Entrando a desgranar alguno de los capítulos del presupuesto, para nosotros es fundamental ese aumento. No sé de dónde ha sacado la cifra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión, pero queda perfectamente definido que el
aumento en relación con el Ministerio de Justicia es del 10,5 por ciento con respecto al ejercicio anterior, desde luego, es una cifra sustancial de mejora. Luego ya me referiré a uno de los tópicos que viene utilizando el Partido Popular en
relación con el denominado Pacto de Estado por la justicia y los supuestos incumplimientos, como si no lo tuvieran claro, pero reiteraremos una vez más el porqué de la ruptura de aquel pacto, que no es sino por la dejadez y la dejación no solo en
materia presupuestaria, aunque también, de los cumplimientos que no llevaron a cabo con relación a aquellos compromisos que adquirieron cuando firmaron el pacto con el Grupo Parlamentario Socialista. Los objetivos han quedado definidos: la
justicia como servicio público de calidad, mejorar y profundizar en el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y una justicia que tenga que ver y que se


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implique como uno de los brazos fundamentales en la mejora de la lucha contra la inseguridad, la delincuencia y la criminalidad organizada.
Estos objetivos se tienen que trasladar a datos. Al final, la traslación de estos objetivos en
datos es precisamente la aplicación de las políticas y de los ejes de actuación de una política por parte del Ministerio de Justicia que se traduce en las cifras presupuestarias y es lo que hoy nos trae a esta Comisión.



El aumento que él ha asumido de 117 millones de euros no es tal. Estamos hablando de 133,57 millones de euros, estaríamos pasando de la cifra del año pasado de 1.278,27 millones de euros a los 1.411,84 millones de euros de previsión
presupuestaria para el año 2007. Por tanto, hablamos, y repito, del 10,5 por ciento de aumento y de 133,57 millones de euros de incremento. ¿Para qué se aplica? Para un notable aumento de las nuevas unidades judiciales y de las plazas de
fiscales, para la racionalización y mejora de los medios materiales al servicio de la justicia, para la potenciación de la asistencia jurídica gratuita, incluyendo dentro de esta asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, para los
planes de infraestructura y modernización tecnológica tan necesarios en el ámbito de la Administración de Justicia y del ministerio fiscal y su actuación y también para la financiación de las trasferencias a las comunidades autónomas. Luego haré
alguna referencia que no ha querido hacer el representante del Partido Popular, sin duda imputable a algún lapsus, y que es importante resaltar y es cómo el Gobierno asume los compromisos sea cual sea el color político de la comunidad autónoma y el
Gobierno de la misma. En primer término, en relación con la consolidación y puesta en funcionamiento de órganos judiciales, los datos son absolutamente elocuentes. En este tercer presupuesto nos encontramos con que llegamos ya a la cifra de 798
nuevas unidades judiciales y ministerio fiscal. Por tanto, estamos tan próximos al cumplimiento que aquí lo único que nos cabe a nosotros, señor secretario de Estado, es felicitar al Gobierno por el cumplimiento de algo tan importante como es hacer
realidad ese compromiso asumido por el Gobierno.



En relación a los gastos de inversión a los que se ha referido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, también hay error, en ningún caso se puede asumir la cifra que él ha dicho. Estamos hablando de una cifra de 88,02 millones cuando
el año pasado la cifra era de 78,70. Si las cuentas no salen mal, estaríamos hablando de un aumento en el capítulo 6 de inversiones reales del 10,44 por ciento, en ningún caso la cifra que él ha dado. Quizá él estaba recordando aquella cifra de
cuando ellos gobernaban, del presupuesto de 2004, que simplemente era de 68 millones de euros.



En cuanto a la transferencia a las comunidades autónomas, tenemos que decir que se ha adquirido un compromiso y se ha cumplido. Es bueno resaltar -porque él no lo ha hecho y creo que especialmente a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid
les interesará saberlo- que el Gobierno cumple con el compromiso y que tan pronto por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid se empiece a poner sobre la mesa el proyecto de la ciudad de la justicia se contempla ya en los presupuestos una partida
de 3,3 millones de euros, que a lo mejor este año no lo ha criticado porque es la Comunidad de Madrid, pero sí criticaron el año pasado las transferencias para la implementación de la planta en la Comunidad Autónoma de Cataluña.



Por tanto, como digo, mejora y profundización en el ámbito del ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos, toda esa labor ingente en materia legislativa que se ha llevado a cabo de extensión de derechos a los ciudadanos por parte
del Ministerio de Justicia como impulsor de la misma y por parte de estas Cortes Generales en cuanto a la aprobación de las iniciativas que provenían de los proyectos del Gobierno -eso acabará redundando en la creación de nuevos juzgados específicos
de violencia, para lo cual hay una partida importante- y aumento en los recursos de la asistencia jurídica gratuita en cerca del 20 por ciento, lo cual nos parece muy importante.



Nos interesaría una precisión en algún servicio que es conveniente que se active, aunque solo sea porque el presidente del Partido Popular viene diciendo aquello de que el Estado se está desarbolando, y al menos querríamos alguna precisión
de hasta qué punto se están incluso aumentando las plazas de abogados del Estado, que podría ser la antítesis como ejemplo de que en ningún caso está ocurriendo eso, sino que, bien al contrario, el Estado goza de buena salud, está en una situación
de fortaleza y al servicio de los intereses de los ciudadanos con la acción de un Gobierno socialista.



Requeriríamos también precisiones con relación al uso de las tecnologías de la información, el Plan Avanza, porque nos parece interesante que quede resaltado. No es concebible una administración de justicia -decía usted el año pasado- de
trasiego de papeles, y coincidimos con esa apreciación que usted hacía en este trámite. Hay algunas otras precisiones que nos parecen importantes, y empezaríamos por un programa que creemos que tiene que ver, y mucho, con la verdadera aplicación
del artículo 14 de la Constitución en relación con el artículo 9.º2, aquello que tiene que ver con la remoción de las condiciones de igualdad para que todos los ciudadanos tengan condiciones efectivas de igualdad. Estoy refiriéndome a un programa
fundamental para el Grupo Socialista, aquel que tiene que ver con las becas de preparación de oposiciones de la carrera fiscal y judicial. Queremos alguna precisión, pero ya le adelantamos que, tal como aparece en este presupuesto, este Grupo
Parlamentario Socialista le felicita y le anima a que, en la medida de las posibilidades, podamos entre todos aumentar esa dotación presupuestaria.



En materia de inmigración, como digo, resaltamos que desde la Dirección General de los Registros y el Notariado se está haciendo una importante labor, no hay más que ver el número de expedientes de nacionalidad


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que se están firmando todos los días, y esto tiene mucho interés y trascendencia para mucha gente, para muchos conciudadanos de España, tiene que ver con las relaciones internacionales, nos parece que la labor que se está haciendo es
importante y de ahí el reforzamiento de medios que está llevándose a cabo en esa dirección general. He hablado antes del Plan Avanza, que tiene que ver con los servicios generales del ministerio, con las relaciones con la Administración de Justicia
y con la Dirección General del Notariado.



En cuanto a estas afirmaciones que viene haciendo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no son novedosas, son las de siempre, la reiteración de los argumentos, lo cual viene a decir que se carece de argumentos nuevos, y por tanto creo
que vamos en el buen camino, como decía al principio de esta intervención. Quisiera hacer algunas precisiones al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque esos argumentos que él viene a utilizar ya se han convertido en tópicos. El primer
tópico es aquel que tiene que ver con el Pacto de Estado para la reforma de la justicia. Le recuerdo, como he dicho antes, que no solo se rompió, que también, por la no aplicación y la no implementación de recursos económicos, pero no fue solamente
por eso; le recuerdo, porque quizá le suena al Grupo Parlamentario Popular, que había un fiscal general del Estado que se llamaba Cardenal que algo tenía que ver, en cuanto a su forma de actuación, dependiente plenamente del Gobierno, en la ruptura
de aquel Pacto de Estado por la justicia.



Como digo, es verdad que nuestro grupo entendía que los recursos económicos que se dedicaban a la justicia eran exiguos. En aquel momento se hablaba de aumentar los 180 millones de incremento relativamente constante y nos parece que la
cifra de este año de 133,57, más la cifra que habría que incrementar con las transferencias que ya aparecen descontadas a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, nos sitúa en la buena línea, y si en el año 2004 los presupuestos fueron
calificados por el entonces Gobierno y por el Grupo Parlamentario Popular como unos presupuestos extraordinarios, no sabríamos bien cuál sería el calificativo que tendríamos que dar a los presupuestos que se han elaborado por parte del Gobierno en
estos últimos años, especialmente en el último. Por tanto, entendemos que estamos en la buena línea, y es muy importante destacar ese compromiso de creación de unidades judiciales y de plazas de fiscales, porque no tendríamos más que coger los
datos de los últimos años del Partido Popular, y por no remitirnos más que al último en el año 2004 la previsión de creación de unidades judiciales era de 50 y la creación de fiscales era de 20. Creo que ese sí es un ejemplo de Pacto de Estado por
la justicia y de qué hacía el Partido Popular en los años de Gobierno. Cuando ahora habla de que el aumento de la tasa de litigiosidad hace que sea necesario incrementar el número de unidades judiciales y fiscales, podemos compartir este
razonamiento a efectos teóricos, pero tenemos que decir que habría que ponerlo en comparación con los años de Gobierno del Partido Popular para darnos cuenta de que no sé cómo se acomodaban cuando creaban 50 plazas de órganos judiciales y 20 plazas
de fiscales en el año 2004. Algunos de los tópicos más utilizados por el Partido Popular son aquellos que tienen que ver -lo han dicho también- con el aumento en los gastos corrientes en bienes y servicios, como si ese aumento no estuviera asociado
con el aumento en el número de unidades judiciales y de fiscales, ¿o es que queremos que se creen unidades judiciales sin dotarlas de aquello que las sustenta, que es el capítulo 2 del presupuesto?


En segundo término, destacamos como fundamental ese convenio con los colegios de psicólogos, al que no se ha referido el Grupo Parlamentario Popular, para asistencia a las víctimas. Nos parece que es importante esa consignación y el aumento
en la asistencia de la justicia jurídica gratuita. En cuanto al aumento en las inversiones reales, con que hubiera cogido el anexo de inversiones que se contempla en los presupuestos de justicia se daría cuenta de dos cosas: una, que la cifra que
ha dado en cuanto a inversiones reales no es cierta, y dos, que curiosamente es más la inversión que se prevé en comunidades autónomas del Partido Popular que del Partido Socialista, lo cual dice mucho del carácter abierto de este Gobierno.



Por tanto y como conclusión, sin perjuicio de una segunda intervención por parte de nuestro grupo, a expensas de las informaciones o aclaraciones que formule el señor secretario de Estado y la intervención de réplica que haga el Grupo
Parlamentario Popular, nosotros como conclusión diríamos que la política de justicia continúa siendo un área fundamental de la acción del Gobierno, se sigue apostando por un servicio público de calidad para el ciudadano, el presupuesto general del
Estado para el año 2007 tiene un aumento significativo del 10,50 por ciento sobre el año anterior, estamos en el buen camino, en el camino de la recuperación del servicio público de la justicia, implementándola con medios materiales y personales que
la hagan salir, eso sí, de la postergación en la que situó el Partido Popular la política de justicia en los años de su Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Me compete llevar a cabo por tercer año consecutivo en la presente legislatura la presentación de los presupuestos del Ministerio de Justicia. Ciertamente, como ya se ha dicho, que
sea el tercer año no es una consideración meramente coyuntural, parece que este transcurso de tiempo de tres años es suficiente como para constatar si se ha llevado o no un desarrollo adecuado del programa planteado y si se han cumplido
progresivamente los objetivos fijados por el Gobierno al principio de la legislatura. Como ya se ha recordado, estos grandes objetivos, por una parte, serán conseguir un servicio público de calidad en la justicia, incrementar


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la seguridad de los ciudadanos y reforzar los derechos civiles de los mismos, especialmente en lo que se refiere a sectores vulnerables, líneas políticas que se traducen en expresiones presupuestarias, puesto que, como se ha dicho, los
presupuestos son el esqueleto que mantiene la política. Quisiera hacer referencia a estos presupuestos, intentando, como merecen las Cámaras, atenerme a criterios de rigor en cuanto a las cifras que se están manejando. Quisiera empezar, como lo
han hecho los que han intervenido hasta ahora, refiriéndome a cuantías globales. Basta fijarse en ellas para ver que se producen unos aumentos, tanto relativos como absolutos, de las partidas destinadas a la justicia. Admito que la lectura de las
cifras se puede hacer en forma muy distinta, de tal manera que quisiera precisar cómo las estoy leyendo yo. Estoy hablando de unos presupuestos del Ministerio de Justicia y por ello me voy a referir a las cifras que resultan de este ministerio.
Concretamente a los programas 111. N, 112. A, 113.M, 921.S, 467.G y 00.X. Estos programas son los referentes al Ministerio de Justicia y los datos vistos con todo rigor son que el año pasado las cifras eran de 1.278,27 millones y este año son
1.411,84 millones. Aun siendo de letras, como posiblemente somos la mayoría, la resta nos da, por una parte, un aumento bruto de 133,5 millones de euros y, en porcentajes, un aumento de 10,5 por ciento. Son las cifras que se derivan de la
comparación de los datos, ya que en las matemáticas se admiten pocas intervenciones de la opinión propia. Hasta qué punto esto supone no solo un aumento absoluto sino relativo. El aumento relativo ya he señalado que es un 10,5 por ciento respecto
al año pasado. Pero si sumamos los aumentos producidos en los presupuestos, en esta visión a largo plazo, en estos tres años, en la comparación con los presupuestos de 2004, último de la legislatura anterior, el aumento ha sido en términos
homogéneos de un 35,48 por ciento. Entiendo que la autocrítica debe fomentarse y encomiarse. Basta recordar que este aumento ha supuesto que incluso en este año, a pesar de la crítica que se ha hecho, es nada menos de tres puntos por encima de la
media de los presupuestos de la anterior legislatura. De forma que criticar estos presupuestos por ser escasos supone una cierta autocrítica respecto a la legislatura anterior. Pero, como se dice en derecho, lo manifiesto no hay que probarlo y en
este caso nos encontramos con un aumento relativo considerable.



Respecto al resto de los ministerios, podríamos entrar en comparaciones de cifras, pero hay una que es evidente. El crecimiento medio de los presupuestos de este año es del 6,8 por ciento. El aumento de los presupuestos de justicia es del
10,5, casi cuatro puntos porcentuales más que la media. Si esto no supone una prioridad, resulta difícil verlo. En cualquier caso, las cifras globales, tanto absolutas como relativas, muestran que se está produciendo un aumento notable que se ha
dado pocas veces en épocas anteriores, y un aumento considerable en relación con otros aspectos del gasto público. Se dice que no se ha cumplido el compromiso electoral de la aportación de 180 millones de euros en cada presupuesto. Quiero recordar
que el compromiso se refería al gasto público en justicia. Hay que tener en cuenta, por una parte, que el gasto público es el gasto presupuestario y, por otra, aquel que corresponde a otros elementos como, por ejemplo, la generación de crédito.
Invitaría a S.S. a que examinase los gastos reales tal como resultan de la ejecución del presupuesto de los años 2005 y posiblemente en los cálculos que llevamos hacia el 2006 para ver si se ha alcanzado o no este límite de los 180 millones.
Insisto que el compromiso se refería al gasto público y no solamente al gasto presupuestado. En cualquier caso, estas cifras, que suponen un aumento muy superior al de épocas anteriores en términos absolutos y relativos, lo que vienen a reflejar es
el cumplimiento de estos objetivos generales del Gobierno. En primer lugar, la justicia como servicio público. Esto se refleja en una considerable importancia de los programas 112.A y 476.G, que se refieren a un órgano específico, la Dirección
General de la Administración de Justicia, que supone un 85,4 por ciento del presupuesto global del ministerio.



¿En qué se traduce esta dimensión de la justicia como servicio público? Desde el punto de vista cuantitativo, al aumento del mapa judicial. Con esto creo que podré contestar algunas de las preguntas realizadas. Como ya se ha indicado, las
previsiones para este año son de 110 jueces y 110 fiscales. Como se ha señalado en muchas ocasiones en esta Cámara, el programa del Gobierno se refería a la creación de mil plazas, de ellas 400 de jueces y 600 de fiscales, de las que las cifras de
este año son 798; es decir, prácticamente el 80 por ciento cumplido. Me refiero únicamente a las plazas de jueces. Pero quisiera hacer alguna precisión.
En primer lugar, ha señalado el representante del Grupo Parlamentario Popular que no se
corresponden los porcentajes de aumento en la creación de plazas con los porcentajes de aumento de la litigiosidad. Pero a mí me parece, y creo que también a los que se dedican al estudio de estas cuestiones, que los problemas de aumento de la
litigiosidad, que derivan del aumento del desarrollo económico y social de cualquier comunidad, no se pueden resolver pura y simplemente con el aumento del número de jueces. Es decir, la cantidad de jueces que pueden ponerse en funcionamiento en
una sociedad no es ilimitada. Existen otros métodos en los que este ministerio ha puesto su atención, como la reforma de la oficina judicial, la reforma de los procedimientos, la reforma de los medios técnicos, la reforma de la informática,
etcétera. El aumento del mapa judicial, no solo es muy superior al de épocas anteriores, sino que tiene que compensarse y equilibrarse con otras técnicas de desarrollo. Se ha indicado por parte de S.S. que el porcentaje de creación de plazas no
se corresponde exactamente con la distribución entre territorios que están todavía bajo la competencia del Ministerio de Justicia y aquellos territorios en que la Administración de Justicia, en su aspecto de servicios no judiciales, ha sido
transferido.



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Pero es que la distribución del número de plazas no responde únicamente a criterios de población, sino a criterios de necesidad y es posible que haya áreas en las que haya más necesidad de jueces, que existan problemas de mayor o menor
litigiosidad, que existan problemas referentes a mayor o menor pendencia. Los criterios de distribución no son criterios derivados exclusivamente de razones demográficas. Puedo asegurarles que cuando se llevan a cabo estos criterios se tienen en
cuenta parámetros complejos, que no solo se refieren a esta cuestión de la población. Ya que preguntaba por costes, calculamos para el año 2007 que los costes globales sean de unos 28 millones de euros. Debo hacer una referencia, porque dentro de
este mapa judicial prestamos una especial atención a las previsiones referentes a la financiación de las sustituciones en órganos judiciales, esto es, al problema de los jueces sustitutos, no solo por el aumento en 600.000 euros de esta partida que
ahora es de 30.630.000 euros, sino también en cuanto a previsiones de la reforma del mismo sistema de sustitución. Y, a propuesta del Ministerio de Justicia, presentado en la comisión mixta entre el Consejo General del Poder Judicial y el
Ministerio de Justicia, se están llevando a cabo trabajos para que culminen dentro de este trimestre en un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial reformando el sistema de sustituciones a efectos de incrementar las sustituciones entre jueces,
de forma que no sólo el coste sino también la calidad del servicio se vea mejorada.



Se ha hecho referencia a los problemas que se derivan de los datos referentes a las inversiones por parte del ministerio. Debo señalar que mis cifras no coinciden con las de su señoría. Si comparamos los datos brutos mediante simples
cálculos aritméticos que son realmente fáciles de hacer, en el año 2006 las inversiones eran de 79,70 millones y para el año 2007 serán de 88,02 millones. La diferencia no es la cifra que ha dado S.S. sino 10,44. Si nos referimos específicamente
a la Administración de Justicia, dejando de lado las cifras absolutas, el aumento porcentual es del 15,19 por ciento, posiblemente haya alguna diferencia en las cifras; yo me baso en las que figuran en el proyecto de presupuestos. Me preguntaba
usted por los datos, e independientemente de que se le puedan suministrar aquellos que S.S. necesite, se centran en la actuación de creación de veinticinco nuevos edificios judiciales y la rehabilitación de quince, con un coste total de 53 millones
de euros. El aumento bruto, como decía antes, se acerca al 15 por ciento, es decir, 8 millones de euros. Esas son las cifras referentes a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. (El señor vicepresidente, Galache
Cortés, ocupa la Presidencia.)


Hasta ahora me he referido a datos cuantitativos que se desprenden de las cifras que figuran en el proyecto de presupuestos, pero debo aludir a aspectos cualitativos que son básicamente la inversión en nuevas tecnologías. En este aspecto
quisiera referirme a alguna pregunta que se me ha hecho por parte del Grupo Socialista. Las nuevas tecnologías aparecen como elemento fundamental si se quiere aplicar una nueva oficina judicial y se quiere evitar este trasiego de papeles al que ha
hecho referencia el representante del Grupo Socialista. La innovación tecnológica afecta no solamente a la Administración de Justicia en sentido estricto, sino también a actividades conexas que entran dentro del ámbito de competencias del
Ministerio de Justicia como pueden ser los diversos registros. En conjunto, por lo que se refiere a nuevas tecnologías, la cifra prevista para el impulso del plan de modernización tecnológica de la Administración de Justicia es de 39 millones de
euros, y esto afecta a elementos muy diversos. Por una parte, a los servicios centrales, lo cual supone una reingeniería de registros judiciales de penados y rebeldes, rebeldes civiles, faltas, medidas cautelares, sentencias firmes de menores y
violencia doméstica, así como la creación del portal de transparencia judicial. Como novedad les anuncio que hay un aumento neto de 2 millones de euros destinado a la informatización de la fiscalía. Este aumento deriva de una política de atención
a la fiscalía que se tradujo el año pasado, por ejemplo, en un aumento considerable de las cuantías destinadas a la formación de fiscales. Este año esto deriva del desarrollo del Real Decreto 93/2006, de 3 de febrero, que regula el sistema de
información del ministerio fiscal y que supone la elaboración de nuevas aplicaciones para fiscalías, conexión con aplicaciones judiciales a través del llamado sistema HIG o aplicaciones en fiscalías como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de
Cuentas, la Audiencia Nacional y otras. Siguiendo en esta línea de modificaciones cualitativas debo hacer referencia al desarrollo de los planes referidos a la oficina judicial en trabajos que se iniciaron en esta legislatura en cumplimiento de la
Ley Orgánica 19/2003, que supone no solamente las aplicaciones de tipo tecnológico y el desarrollo del llamado proyecto Lexnet, de intercomunicaciones, sino también previsiones que significan incrementos adicionales en el presupuesto relativas a las
nuevas relaciones de puestos de trabajo conectadas con esta oficina judicial y que ascienden a unos 790.000 euros. En conjunto, la cuantía de presupuesto prevista en este aspecto cualitativo es de 14 millones de euros.



Me decía el representante del Grupo Popular que cómo podía explicarse el aumento en las partidas referentes a personal y a gastos corrientes.
Cuando nos encontramos en un plan de ampliación de órganos judiciales y de reforma de los sistemas
de organización de la oficina, el aumento de estos gastos es algo imprescindible. Lo que no puede esperarse es llevar a cabo una reforma en la que se aumentan los servicios y se hacen más complejos sin que el porcentaje de gastos referente a estos
servicios se vea afectado. En cuanto a las diferencias que pueda haber entre el libro amarillo que señalaba S.S. y las previsiones que se han hecho en los presupuestos, yo debo atenerme a los presupuestos, que es el punto de referencia en el que
nos encontramos.



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Dentro de estas líneas que aluden a la calidad de la justicia, quisiera hacer referencia a otro aumento neto incluido en los presupuestos, que versa sobre el plan de refuerzo al Tribunal Supremo que persigue el proyecto, sin duda ambicioso,
en el que contamos con la colaboración del tribunal mediante el oportuno acuerdo y que pretende eliminar la pendencia en el Tribunal Supremo, por lo menos en la Sala primera y, si es posible en otras salas, para el año 2008. Este proyecto está
dotado con una cuantía de 1.994.000 euros y supone un elemento importante en este proceso de mejora cualitativa de la justicia. Señalaba S.S. en cuanto a los derechos civiles -no sé si dijo que felicitaba, pero sí que celebraba- que estaba de
acuerdo con la política del ministerio, pero querría precisar algún punto. La defensa en los derechos civiles tiene por lo menos tres dimensiones que quisiera resaltar -y aprovecho para contestar también al representante del Grupo Socialista-. En
relación con la defensa jurídica gratuita, de acuerdo con los datos, el aumento bruto que se produce es de 6.105.000 euros en comparación con el año pasado, pero en realidad hay que matizar este aumento, ya que, por una parte, es superior. Hay que
tener en cuenta que las transferencias a Asturias han supuesto también el transferirle una cantidad notable -cerca de dos millones de euros- referente a la defensa jurídica gratuita y, a pesar de esa transferencia, ha aumentado en seis millones la
partida, lo que supone un total de 30.237.000 euros. La supresión de la partida de atención a las víctimas de la violencia de género tiene una explicación simple, y es que se ha integrado en la defensa gratuita, de forma que la defensa de las
víctimas ya es parte de la defensa gratuita garantizada por el Estado y, por tanto, integrada en la misma partida. El aumento en este aspecto es de 6.105.000 euros, con un total de 30.237.000 euros a los que debe añadirse 2.077.000 referentes a los
procuradores. En el segundo aspecto, relativo a la violencia de género, el programa de derechos civiles supone no solamente la consolidación y creación de nuevos juzgados de violencia, sino también una partida específica para contratación de nuevo
personal de asistencia psicosocial de 1.545.000 euros en equipos técnicos de asistencia a víctimas. Finalmente, la partida para la Fundación Pluralismo y Convivencia, se refiere a aportaciones que se realizan a las confesiones islámica, judía y las
diversas variedades de confesiones evangélicas, que suponen -y en esto quiero disipar la duda que me planteaban- 4.500.000 euros. No sé si el libro amarillo dirá 4 millones, pero son 4.500.000 euros lo que tenemos presupuestado en el ministerio.
Ciertamente -en eso no sé si estoy de acuerdo con S.S., pero creo que sí-, nos parece que conseguir la igualdad de trato de las diversas confesiones aparece como un objetivo lógico en cualquier sistema constitucional.



En cuanto a los registros, en primer lugar quisiera señalar que aquí nos encontramos con un desafío considerable en la actividad no solo de los registros municipales, sino también de los servicios centrales, ante el aumento desmedido -en el
sentido de poco frecuente- de las solicitudes de nacionalidad que han crecido hasta 160.000. Basta con ver la comparación de las series anuales para encontrarse con que este aumento constituye realmente un desafío considerable. ¿Esto qué supone?
Supone forzosamente el aumento de las necesidades, tanto en materia de personal como en materia de gastos corrientes, para atender a todas estas peticiones. En este contexto -y reitero lo que dije al principio- las tareas de informatización nos
parecen que son la solución técnica a esta demanda que versa sobre los registros. En estos momentos las previsiones de los presupuestos son un total de 7 millones de euros en el capítulo 6. Pero quisiera añadir algo más. Aun cuando no esté
incluido de forma total en el presupuesto, enfrentarse con estos problemas se está haciendo posible gracias a un acuerdo del Ministerio de Justicia con el Ministerio de Industria y más concretamente con la entidad pública Red.es, convenio celebrado
en abril de este año y que supone en conjunto una actividad en el plazo de tres años que llega a los 130 millones de euros y que tiene como objetivo la digitalización de los registros asociados a los juzgados de paz y el establecimiento del registro
civil en línea, extendiendo también la conectividad entre registros. A esto debo añadir que en lo que se refiere a registros tenemos inversiones previstas para un nuevo edificio en la calle de La Bolsa, precisamente referente al Registro Civil
central, que es el que sufre la mayor presión, así como el equipamiento del nuevo edificio en la Plaza de Benavente. En conjunto, el aumento de los gastos corrientes en el capítulo 2 ha sido del 28 por ciento, es decir, 565.000 euros, pero si hay
un caso en que estén plenamente justificados estos aumentos es precisamente en este, teniendo en cuenta que la afluencia de personal extranjero es algo que se puede constatar en todo momento.



Se me ha preguntado también con respecto a la Abogacía del Estado. Aquí ha habido un aumento notable en el capítulo de personal de 1.300.000 euros.
Eso se debe a que el trabajo hay que pagarlo y al preverse la incorporación de 20 abogados
del Estado nuevos, esto supone también el aumento del capítulo dedicado a remuneraciones. En cuanto al aumento de gastos corrientes, se debe también a necesidades de arrendamiento de plazas tanto para el Tribunal Supremo como para la Abogacía del
Estado en A Coruña y en Sevilla.



Me he referido a las diversas líneas básicas de la exposición referente a los presupuestos. Se me ha preguntado por parte del representante del Grupo Socialista sobre la política de becas del Centro de Estudios Jurídicos y debo señalar que
es una política de becas iniciada no para estos presupuestos, sino en el año anterior, aunque mayor, más perfilada en el año actual, y supone una cantidad de 600.000 euros dedicados a las becas para la formación de fiscales y una cuantía consolidada
de 270.000 euros destinados a un aspecto novedoso y esencial, aunque por parte del representante del Grupo Popular se nos haya dicho que había una cierta falta de


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imaginación en los presupuestos. Por lo menos hemos introducido algo que no se había introducido antes en el ámbito estatal, que es la creación de becas para opositores. Como sabe S.S., el origen social de la judicatura viene condicionado
en gran parte por los costes familiares y personales que supone la preparación de oposiciones durante largos años; la introducción de un sistema de beca intenta, dentro de lo posible, paliar esta desigual distribución social y supone, por tanto, no
digo un esfuerzo de imaginación, puesto que parece quizá algo lógico, pero sí un intento de hacer posible que el acceso a la judicatura tenga una distribución social más ajustada a la demografía en nuestro país. En cualquier caso, se trata, como ya
digo, de una cantidad inicial de 270.000 euros, que supone la convocatoria de unas becas y la posibilidad de que se vayan renovando anualmente.



He hecho una exposición general. No sé si en algún punto he dejado sin contestar alguna pregunta, pero quedo a su disposición en otro turno, si se produce, para incidir en aquellos aspectos que no hayan quedado suficientemente aclarados.



El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Tenemos un turno a continuación.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Santaella.



El señor SANTAELLA PORRAS: Le agradezco su contestación, pero como comprenderá, ni usted me ha convencido a mí ni yo le voy a convencer a usted. Sus cifras son las suyas y las habrá barajado como mejor le convenga y las mías son las mías,
pero sí le digo que son más ajustadas a la realidad y que los crecimientos que yo le he dado son los reales y que indudablemente el presupuesto de este año crece bastante menos que el del año anterior. Esto le sirve a usted y le sirve también a mi
compañero el portavoz del Grupo Socialista, que parece que tiene unos presupuestos diferentes, son como chicles, que se ajustan y se estiran según les convenga. Pero no voy a entrar en esa discusión. Sigo manteniendo lo que le he dicho. Creemos
que es un presupuesto malo, insuficiente y, desde luego, falta de imaginación, y me reitero en lo dicho. Lo siento mucho, el ministro se les va, ustedes van a seguir un año más o no con el que venga de turno o a lo mejor es usted, pero tiene un
presupuesto malo, con unas políticas distintas y terminan siempre hablando de lo mismo, de la oficina judicial. ¡Pero si el año pasado la oficina judicial era algo impresionante! Se continuará con la reforma en profundidad de la oficina judicial,
desplegando el nuevo modelo en 11 ciudades piloto y diseñando el acoplamiento en otros partidos judiciales para la puesta en marcha de la segunda fase. ¿Dónde quedó el calendario del ministro de la oficina judicial? Pero si todavía ustedes no se
han puesto de acuerdo ni con los sindicatos en la RTP. ¡Si no están de acuerdo! ¡Si no saben cómo van a desarrollarla! Se lo ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Astarloa, y se lo digo yo también. Ustedes no creen en la
oficina judicial. Ustedes no tienen interés en la oficina judicial y siguen hablando siempre de fantasmas y de ciudades piloto. Pues seguiremos hablando en los próximos presupuestos también de otro programa piloto.



Juicios rápidos civiles. ¿No hablábamos de los juicios rápidos civiles el año pasado? ¿Es que todavía no se han puesto en marcha los juicios rápidos civiles? Pero si el ministro lo ha anunciado a bombo y platillo, si el ministro ha dicho
que incluso se estaban poniendo en marcha proyectos piloto en Madrid, Valencia, Jaén, Vigo, La Laguna y que veríamos los resultados al final del ejercicio. ¿Dónde están? ¿Qué resultados tienen con los juicios rápidos civiles? Y seguimos en los
mismos objetivos con los juicio rápidos civiles. Le voy a decir una cosa, tampoco veo partida, y se lo digo cuando se quiera avanzar realmente en resolver los problemas de los ciudadanos.



Los planes de refuerzo. ¿Por qué tienen tanto miento a los planes de refuerzo? Si se los están pidiendo continuamente. ¿Por qué el ministerio dice que no porque no tiene presupuesto? O tenemos un gran presupuesto o no lo tenemos. Si no
lo tenemos, pues reconozcan que no lo tenemos, como ha reconocido el portavoz del Grupo Socialista por primera vez en la vida, que no ha llegado a los 180 millones, porque por lo menos el secretario de Estado habla de una cosa distinta a los 180,
cuando aquí de los 180 millones se ha hablado siempre en los debates de presupuestos, tanto el señor López Aguilar como el señor Villarrubia. Usted estaría entonces en el Consejo General del Poder Judicial y lo vería desde otro enfoque, como lo
recordaba aquellos artículos tan maravillosos que usted escribía reforzando y apoyando el Pacto de Estado por la reforma de la justicia, cosa que en aquellos momentos usted hacía bastante bien.



Por último, señor presidente, quiero decirle que como me quedan dos temas mi grupo va a renunciar a la comparecencia de la subsecretaria, puesto que prácticamente ha tocado todas las cuestiones que con respecto a los presupuestos del
ministerio teníamos pendientes. Los dos temas que teníamos previstos para la subsecretaria son que nos explique el crecimiento de los 21 millones de euros en prestaciones económicas del mutualismo administrativo y en el programa 312.E la asistencia
sanitaria del mutualismo que sube 68 millones de euros. ¿Cuáles son los motivos para esos incrementos tan exagerados?


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Le llegó el turno al representante del Grupo Socialista, señor Muñoz. Cuando quiera, tiene la palabra.



El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Señor secretario de Estado, ha dejado usted tan convencido al representante del Grupo Popular, que ha renunciado a la comparecencia de la señora subsecretaria, lo cual va en mérito suyo. En todo caso, quisiera
hacer alguna apreciación y quizá alguna contestación en relación con la intervención del representante del Grupo Parlamentario Popular. En


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primer término, si el representante del Grupo Parlamentario Popular -me voy al final de lo que él ha dicho- se hubiera leído la comparecencia del 11 de octubre de 2005 para este mismo trámite en relación con el presupuesto de 2006, se
hubiera dado cuenta de que lo que yo he dicho sobre los 180 millones es exactamente lo mismo que dijo entonces el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con el añadido, que eso sí lo ha dicho el secretario de Estado, de que a la cifra
presupuestada hemos de incorporar la generación de crédito, a la que se tendrá acceso por la vía de la ejecución presupuestaria.



Por otro lado, una vez más -más en la primera intervención que en la segunda- ha hablado de la Fundación Pluralismo y Convivencia. No me he dado cuenta de que ese es otro tópico del Grupo Parlamentario Popular, atacar siempre la
consignación presupuestaria, este año 4.500.000 euros, de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Lo que ya no le gusta mucho al Grupo Parlamentario Socialista es la afirmación que se ha deslizado anteriormente en relación con el resto de las
confesiones religiosas minoritarias en nuestro país, que tiene que ver con qué programas se están haciendo y qué tipo de control se sigue con ellos. Pues los programas que se están haciendo son aquellos que se convenian y el control que se sigue es
ni más ni menos que el de la propia Intervención General del Estado y en su caso el del Tribunal de Cuentas y por supuesto el de la vía judicial. De todas formas, no sé si aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se estaba refiriendo a que
todas las asignaciones que se dan a las confesiones estén sujetas a ese tipo de control. No sé si es un lapsus y en realidad quería haber hecho esa afirmación.



Señor secretario de Estado, en relación con la cifra de abogados del Estado me gustaría hacer una precisión. Quizá en este caso sea una cuestión de humildad, pero es que no tengo claro si la cifra de los abogados del Estado se incrementa en
25 en vez de en 20. Es una comprobación que le pido. En cuanto a la oficina judicial, hay una cuestión clara, y es que los secretarios coordinadores acaban de ser nombrados y eso, los secretarios coordinadores provinciales, tiene mucho que ver con
la puesta en marcha de la oficina judicial. Creo recordar que eso ha sido hace una semana. Ha salido en el Boletín Oficial del Estado y me parece que han tomado posesión la semana pasada, al menos en Castilla y León, que es el caso que yo conozco
por cercanía. También me gustaría decirle señor secretario de Estado, que se han eliminado malas prácticas de presupuestos de la etapa de Gobierno del Partido Popular y esto tiene mucho que ver con el aquilatamiento. Es verdad que eso tiene
traslación al aumento del capítulo 2, pero tiene mucho que ver con que las partidas se contemplan con rigor y hay un aquilatamiento en las mismas a previsiones realistas de gastos. A nosotros nos parece que ese aumento en el número de líneas
judiciales a veces crea una situación de disfunción en función de cuándo se ponen en marcha, si son territorio del ministerio o si son territorio de comunidades autónomas. No he podido entenderlo todavía. He dejado pasar un tiempo para pensar en
ello y en esta segunda intervención he querido mencionarlo. No sé cuál es la diferencia -no la llego a ver- de que se creen los órganos judiciales en territorio del ministerio o en territorio de otras comunidades autónomas. Creo que el diputado
del Grupo Parlamentario Popular lo es por una circunscripción de un territorio con transferencia, que es Andalucía, y no sé si es que no quiere que se creen en Andalucía los órganos judiciales y lo que le preocupa es que se creen solo en las
comunidades autónomas, que son el territorio del ministerio. Quizá sea un lapsus por parte del Grupo Parlamentario Popular. En cuanto a la implantación de la nueva oficina judicial, como digo, está perfectamente recogido. Hay una dotación de 14
millones para seguir manteniendo una puesta en funcionamiento con criterios realistas.



Por último, quiero hablar de dos cuestiones. En primer lugar, en cuanto al plan de apoyo al Tribunal Supremo, ¿tiene cuantía dicho plan? ¿Hay una proyección? ¿En qué términos se puede situar la lógica en cuanto a las resoluciones que
tiene que dictar ese órgano supremo? Y en segundo lugar, nos parece que las inversiones, especialmente la modernización del ministerio fiscal en materia tecnológica, merecen alguna precisión más, pues es fundamental. No puede ser que desde las
fiscalías, como bien dicen las circulares del fiscal general del Estado recogidas en la memoria del fiscal general del Estado, se sigan haciendo informes a mano.
Así pues, todo lo que se haga en relación con esa cuestión es fundamental. Asimismo,
como nosotros creemos en este presupuesto y no tenemos ningún problema con él, también renunciamos a la comparecencia de la señora subsecretaria.



El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Muchas gracias, señor Muñoz, por sus palabras, por su intervención y por su renuncia, pues facilita los trámites procedimentales de la Comisión.



Antes de conceder la palabra al señor secretario de Estado, como la señora portavoz del Grupo Nacionalista Vasco ha tenido la deferencia de asistir a esta sesión tan interesante sobre presupuestos, hay un turno extraordinario que le ofrece
esta Presidencia por si quiere utilizarlo.
Tiene la palabra si así lo desea.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente, pero no lo utilizaré. He venido solo a saludar al señor secretario de Estado en cuanto termine su comparecencia.



El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para concluir, señor secretario de Estado, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Gracias por su asistencia,


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señoría. Voy a responder, siquiera brevemente, a las réplicas que me han hecho.



Con respecto a la oficina judicial, me tomo la intervención de S.S. como una oferta. Ciertamente, cuando el actual equipo del Ministerio de Justicia entró en funciones se encontró con la Ley Orgánica 19/1993 que no había sido aprobada por
consenso. Suponía un diseño de oficina judicial y se encontraba con dos posibilidades: Una, rehacer las previsiones contenidas en la ley orgánica y, dos, considerar que se había invertido un notable esfuerzo en ella, que no era conveniente
retrasar la puesta en marcha de la oficina judicial y que, por tanto, había que seguir en la línea señalada. Optó por esta segunda línea y lo hizo con notables dificultades, entre ellas que, aunque la ley orgánica preveía un plazo de 15 meses para
su entrada en vigor, cuando nosotros entramos en el ministerio nos encontramos con que los planes elaborados para ponerla en práctica eran iguales a cero y, por otra parte, esos 15 meses en principio no nos parecía que fueran suficientes. Así y
todo nos pusimos en marcha, elaboramos un plan general de proyectos piloto, estamos trabajando y creo que en este trimestre aprobaremos las relaciones de puestos de trabajo y hemos llevado a cabo una serie de previsiones referentes no solo a la
reforma de locales, sino a la implantación de sistemas informáticos y de telecomunicación. ¿Problemas con los que nos encontramos aquí? Que la puesta en marcha de la oficina judicial solo será posible cuando sean aprobadas las necesarias reformas
procesales, concernientes sobre todo, aunque no solo, al papel de los secretarios judiciales; reformas procesales que, como sabe S.S., están contenidas en un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en otro conjunto de leyes.
Debo entender que la intervención de S.S. en el sentido de interesarse por la puesta en marcha y agilización de la aprobación de la oficina judicial supone también una posición favorable a la aprobación de estas leyes procesales y ley orgánica
necesarias para la puesta en marcha, de forma que estimo que en esto estamos todos de acuerdo y le agradezco su interés y su oferta aún cuando sea implícita.
En esto estamos todos.



En cuanto a los planes de refuerzo, se proponen usualmente por parte de los órganos afectados que se encuentran con dificultades de dependencia.
Tienen que ser informados por el Consejo del Poder Judicial y, obviamente, aprobados por quien
dispone de los recursos económicos para ello, que es el Ministerio de Justicia. Lo que ocurre es, primero, que las fuentes del Ministerio de Justicia, como ha señalado S.S., no son ilimitadas y, segundo, que los planes de refuerzo tienen que venir
justificados por sus resultados, es decir, se refuerza algo para que lleve a cabo una mejor actuación, de forma que el hecho de pedir un plan de refuerzo no puede ni debe suponer automáticamente la concesión del plan de refuerzo, con lo cual siempre
habrá una diferencia entre la demanda y la oferta. Esto pasará con cualquier gobierno. Puedo garantizarle que, a la hora de aprobar planes de refuerzo, nosotros procuramos administrar de la forma más eficiente el dinero de los contribuyentes.



Se refiere usted también al aumento de 21 millones de euros en la partida que hace referencia a la actuación de la Mutualidad General Judicial y debo decirle que en este aspecto nuestras cifras no encajan. Es decir, en mis cifras los
aumentos que hay son considerablemente inferiores a los que me ha señalado su señoría; en lo que se refiere al organismo 102, programa 222.M, la diferencia es entre 86 millones del año pasado y 92 millones de este año, es decir, la diferencia es de
6 millones de euros, que se explica por algunos motivos. Según una nota que tengo al respecto, sobre todo por la informatización de las delegaciones provinciales y por los costes que suponen tener una página web en el Ministerio de Justicia.
En
cuanto al programa 312.E, tampoco encuentro las diferencias que señala S.S., porque según mis datos la diferencia es muy pequeña. El único aumento que puede haberse producido se refiere a una diferencia de 4 millones, con relación a la asistencia
sanitaria, debido a que este año se ha llevado a cabo un nuevo concierto con entidades de seguro privado y este acuerdo ha supuesto que estos costes pasen de 46 a 50 millones de euros. Esa diferencia de 21 millones no la encuentro en mis datos y no
me encaja realmente con los datos del proyecto de presupuestos. Finalmente, por lo que se refiere al número de abogados del Estado, la cifra que tengo apuntada es de 20, pero hasta el mejor escribano echa un borrón; no quiero decir que sea el
mejor escribano, pero posiblemente en este caso haya bailado la cifra entre 20 y 25. Tengo la cifra de 20, pero con mucho gusto le comunicaré a SS.SS. si es de 25 en lugar de 20.



En cuanto a los juicios rápidos civiles, tiene que ver con un tema que planteó al principio y que no contesté, su señoría se refiere a su puesta en marcha y a la falta de previsiones presupuestarias para los juzgados de proximidad. Aquí nos
encontramos de nuevo -no sé si interpretar esto como una oferta implícita de colaboración- con que es difícil crear un juzgado de proximidad si previamente no se ha aprobado la ley que habilita su creación y, a la vista del ritmo que está llevando
la tramitación parlamentaria, no consideramos necesaria la inclusión de esta partida este año. Digo esto, porque la actuación de los juzgados rápidos civiles es posible que se encabalgue en muchos aspectos con las previsiones que suponemos para los
juzgados de proximidad y, por eso, en cierta forma van unidos los destinos de ambas previsiones.



El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Señor Santaella.



El señor SANTAELLA PORRAS: Simplemente quiero recordarle al secretario de Estado la información que le he solicitado sobre la ejecución de los presupuestos, de cómo se está realizando, y que no se olvide de la partida de los 4 millones de
la fundación, que tenemos mucho


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interés en saber cómo se está ejecutando y qué planes concretos se están atendiendo; por último, sobre el tema de inversiones, qué se está ejecutando y cómo se están liquidando las inversiones de los presupuestos, porque nos interesará
mucho a efectos de las enmiendas que se presenten a los presupuestos; como además tenemos interés y derecho a ello, así lo solicitamos.



En cuanto a los datos que tengo, el programa 312.E es un programa que aumenta el 3,79 por ciento, incrementándose 368,6 millones de euros, y el anterior de los 21 es el programa 222.M, que es un programa que aumenta el 5,04 por ciento y está
dotado con 522 millones. Por tanto, el crecimiento está alrededor de la cantidad que he dicho. No obstante, ya lo aclararemos.



El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Le ruego que concluya.



El señor SANTAELLA PORRAS: Al portavoz del Grupo Socialista, como ha hecho una alusión a mi comunidad autónoma, quiero contestarle simplemente que cuando una unidad judicial se crea en una comunidad que no es del territorio del ministerio,
quien soporta el 85 por ciento del gasto es la comunidad y el que va en carretera y en tranvía es el ministerio, mientras que las comunidades son las que tiran.



El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): No hay necesidad de establecer ningún otro turno, porque está todo suficientemente aclarado, incluso el señor Santaella nos ha aclarado su petición para que en los términos parlamentarios se proceda
conforme a lo indicado legalmente.



-DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE JUSTICIA (DE MIGUEL LANGA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (número de expediente 212/001384) Y DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (número de expediente 212/001258.)


El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Al mismo tiempo, habiéndose retirado las comparecencias, de las que se dará oportuna nota por los servicios de la Cámara, de la señora subsecretaria del Ministerio de Justicia por no necesitarse ni
precisarse su información, no existiendo más asuntos que tratar y agradeciendo su trabajo a los servicios de la Cámara y a todos los asistentes, se levanta la sesión.



Eran las seis y diez de la tarde.