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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 683, de 03/10/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 683
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 26
celebrada el martes, 3 de octubre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de la Seguridad Social (Granados Martínez) para informar de las líneas de actuación del Gobierno en materia de acción protectora de la Seguridad Social a favor de las personas con discapacidad y
familias con discapacidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001083.) ... (Página 5)
Proposiciones no de ley:
-Con el objetivo de poner en marcha un plan de accción de mujeres con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001048.) ... (Página 13)
-Relativa a evitar que la diabetes sea causa de exclusión genérica para el acceso al empleo público. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001827.) ... (Página
13)
-Sobre establecimiento de planes y programas de formación profesional y ocupacional relativas a la dependencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001363.) ...
-A favor de las personas con síndrome de Down. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001388.) ... (Página 16)
-Sobre la adopción de medidas transitorias en torno a la accesibilidad de los trenes de cercanías. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001736.) ...
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (GRANADOS MARTÍNEZ) PARA INFORMAR DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ACCIÓN PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
FAMILIAS CON MIEMBROS CON DISCAPACIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/001083.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión con el punto primero del orden del día, que es la comparecencia del secretario de Estado de la Seguridad Social, para informar de las líneas de actuación del Gobierno en materia de acción
protectora de la Seguridad Social a favor de las personas discapacitadas y familias con miembros con discapacidad. El grupo autor solicitante de esta comparecencia es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra, por lo tanto, el señor
secretario de Estado de la Seguridad Social, a quien doy la bienvenida a esta Comisión, para informar de las líneas de actuación del Gobierno.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granados Martínez): Señoras y señores diputados, en primer lugar quería agradecer la posibilidad que me brinda la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular en esta
Comisión para explicar, definir y desgranar las líneas de actuación que desde la Administración de Seguridad Social, en coordinación con otras áreas del Poder Ejecutivo, estamos desarrollando para intentar conseguir una política integral de
reconocimiento de los derechos ciudadanos que corresponden a las personas discapacitadas y lógicamente de atención especial a sus necesidades para conseguir una real igualdad de oportunidades en nuestro país.
Para explicar qué parte en este compromiso colectivo y coordinado le toca a la Administración de Seguridad Social necesito hacer una aclaración previa. Como ustedes saben, nuestro sistema de prestaciones sociales está organizado en tres
niveles: un nivel de apoyos económicos que obran en la legislación fiscal y, por lo tanto, corresponde al Estado, a las comunidades autónomas y también en cierta medida los beneficios fiscales que pueden otorgar los ayuntamientos en tasas y
precios, y en este sentido, hay un nivel compartido por todas las administraciones públicas de apoyos fiscales a las personas discapacitadas que no es competencia de la Administración de Seguridad Social. Hay un segundo nivel no contributivo,
financiado con imposición general del Estado, que en parte es gestionado por la Administración de Seguridad Social y en parte por la Administración de comunidades autónomas, aunque está incluido dentro del sistema de Seguridad Social y en parte es
también gestionado por la Administración de Seguridad Social. Y luego está el nivel contributivo, que está financiado por las cotizaciones de los trabajadores y empresarios españoles y que combina, desde la filosofía de lo que es nuestra
Administración de Seguridad Social, dos puntos de vista complementarios, en primer lugar, el punto de vista del seguro, del aseguramiento, del encuadramiento que da, por lo tanto, derecho en función de la cotización a una serie de prestaciones; y
en segundo lugar, el punto de vista solidario, de la solidaridad social, que en un sistema de reparto supone que la cobertura de determinadas contingencias no está solamente fundada en la cotización que se realiza por las mismas, sino en función de
la especial necesidad, la especial prioridad que todos los asegurados entienden que debe darse a la cobertura de estas contingencias.
Yo tengo que hablar aquí de lo que le compete a la Administración de Seguridad Social, que por lo tanto es
el nivel contributivo de las prestaciones económicas en atención a personas discapacitadas y el nivel no contributivo en lo que es administrado por el sistema de la Seguridad Social español. Voy a intentar hacerlo describiendo todas las
actuaciones realizadas en la presente legislatura hasta el momento, las actuaciones comprometidas por el Gobierno en la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2007 y las actuaciones acordadas por el Gobierno con los interlocutores sociales en el
acuerdo de reforma de la Seguridad Social, suscrito por CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y por el Ministerio de Trabajo y firmado por los máximos representantes de estas instituciones sociales, en presencia del
presidente del Gobierno el 13 de julio pasado.
En primer lugar, la parte más importante de lo que en el presupuesto de la Seguridad Social es atención a las personas discapacitadas corresponde a las pensiones no contributivas y, como ustedes saben, cubren en nuestro país dos
contingencias, la de vejez y la de incapacidad, la de invalidez en la terminología originaria de la prestación. Hay que comenzar por señalar que en el año 2005, 2006 y 2007 se han producido mejoras por encima de la inflación en todas las pensiones
no contributivas; y lógicamente también para las 250.000 personas discapacitadas que cobran una pensión no contributiva el Gobierno se ha comprometido ya en el proyecto de presupuestos para el año 2007 en volver a producir esta mejora por encima de
la inflación. Nuestro criterio es que, sin merma de lo que naturalmente tiene que ser una relación razonable del nivel no contributivo con el contributivo de la Seguridad Social -tenemos que seguir incentivando la cotización-, se sigan produciendo
mejoras por encima de la inflación en el poder adquisitivo de las personas discapacitadas.
En relación con las personas discapacitadas que cobran una pensión no contributiva, me gustaría señalar que en esta legislatura se ha aprobado, gracias a una iniciativa parlamentaria que ha sido objeto de apoyo explícito del Gobierno y del
grupo parlamentario que soporta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, una iniciativa que ha conseguido superar la problemática que se planteaba en el pasado, cuando los beneficiarios de pensiones no contributivas de invalidez obtenían
ingresos derivados del trabajo. Como ustedes saben, en realidad la pensión no contributiva es una garantía de ingresos mínimos y, en el supuesto de que existan otros ingresos, se descuentan del importe de la pensión, o al menos teóricamente esa es
la formulación legal de la prestación. En la práctica, por lo tanto, la regulación legal que hacía que se descontaran automáticamente los rendimientos del trabajo de la prestación económica desincentivaba la búsqueda de trabajo para las personas
discapacitadas, privándolas del derecho a la inserción laboral y, en la práctica, el rendimiento del trabajo iba en detrimento inexorable de la protección social. Este panorama era un panorama intranquilizador, socialmente regresivo, porque frenaba
la inserción laboral de las personas discapacitadas, y además se traducía en unas dificultades de control por parte del conjunto de las administraciones públicas, de las comunidades autónomas y Administración de Seguridad Social, que tampoco hacía
más eficiente la gestión de la prestación. Por esa razón, se ha establecido, por norma aprobada por las Cortes Generales, que es compatible el percibo en cuantía completa de la pensión no contributiva con la realización de actividades económicas
laborales, siempre que la suma de ambos ingresos no supere el importe del Iprem.
Dicha compatibilidad pone además énfasis en facilitar la integración laboral de las personas discapacitadas porque se mantiene en un plazo razonable de tiempo, de
cuatro años, que les posibilita para alcanzar la integración o, en el caso de que esa integración no sea posible, les posibilita para que puedan volver a recuperar el cobro de la prestación sin merma ninguna de ingresos.
Hay que hacer alusión también a la segunda partida por magnitud económica de atención a las personas discapacitadas en lo que es el presupuesto de la Seguridad Social, que después de las pensiones no contributivas son, sin duda, las
asignaciones familiares por hijo a cargo. De las familias españolas que cobran asignaciones familiares por hijo a cargo hay 150.000 familias que cobran asignaciones familiares porque tienen hijos con niveles de discapacidad superiores al 33 o al 65
por ciento. Hay que señalar que el objetivo que nos planteamos en la presente legislatura era el mantener la equivalencia que se había perdido los últimos años entre estas asignaciones familiares por hijo a cargo y el importe de la pensión no
contributiva. Aunque originariamente las asignaciones familiares por hijo a cargo discapacitado eran equivalentes a la pensión no contributiva, en los últimos años habían disminuido su importe al haberse revalorizado las pensiones no contributivas
por encima de la revalorización de la asignación. Nos planteamos el reponer esta asignación a los niveles de la pensión no contributiva en el presupuesto 2005 y en el presupuesto de 2006 ya se ha operado la definitiva equivalencia entre la
prestación por hijo a cargo discapacitado mayor de 18 años y la pensión no contributiva. Y en este sentido es un objetivo que, a pesar de que era un objetivo en legislatura, se ha dado por cumplido en dos años y ha beneficiado a 150.000 familias
españolas, lo cual sin duda ha sido una buena noticia para las familias con hijos discapacitados.
En atención a este colectivo también se ha restablecido la compatibilidad entre esta asignación familiar y la pensión de orfandad. Esta compatibilidad, que era tradicional en nuestro ordenamiento jurídico, fue eliminada en el año 2003,
ocasionó una enorme movilización ciudadana y una reacción muy desfavorable del colectivo, lo que provocó la rápida reacción del Gobierno, que corrigió su actuación modificando la regulación de la orfandad a través de una norma con rango de real
decreto. No obstante, la norma, que establecía una especie de compensación a través de la financiación de la Seguridad Social de la eliminación de la compatibilidad,
era inadecuada desde el punto de vista de técnica jurídica, de la seguridad jurídica de los afectados, y era rechazada fundamentalmente por el colectivo. En este sentido hemos vuelto a la regulación preexistente antes del año 2003,
estableciendo la compatibilidad, estableciendo la financiación a cargo del presupuesto del Estado de dicha compatibilidad, porque a partir del año 2003 era la Seguridad Social la que financiaba con una mayor prestación económica el nivel
contributivo de la Seguridad Social lo que se había incompatibilizado por real decreto; y además hemos dado a esta norma rango de ley, con la aprobación -como es lógico- por parte de SS.SS. y los señores senadores, para conseguir que se despejen
las posibles dudas que puedan existir en el futuro y que actuaciones como la comentada deban tener asiento en el Poder Legislativo y no puedan ser actuaciones exclusivamente del Poder Ejecutivo.
En el decreto aprobado en septiembre del año pasado, que regula la actuación del Instituto Nacional de la Seguridad Social y del Instituto Social de la Marina en la tramitación de las prestaciones familiares, hemos adoptado otras medidas que
benefician a las personas discapacitadas, como es reconocer el cómputo doble de los hijos afectados por discapacidad, que ya se establece en la Ley de Familias Numerosas en el caso de las prestaciones por parto o adopción múltiple, como es también
la posibilidad de que las personas discapacitadas que cobren pensión de orfandad no vean extinguirse esta pensión de orfandad con el matrimonio. Nosotros estimamos que es razonable suponer que la causa de extinción deba dilatarse en el caso de las
personas discapacitadas un periodo de tiempo mayor que el que la norma reconoce para las personas no discapacitadas, supone también el reconocer para las personas discapacitadas, con carácter general, todas las mejoras que se habrían operado en
función de diferente normativa y que se han sistematizado en este real decreto.
Al lado de estas actuaciones, que son las actuaciones de prestaciones económicas, que corresponde la principal de las funciones del sistema de Seguridad Social, me gustaría comentar a SS.SS. que la Seguridad Social, entendida en el sentido
constitucional, también incorpora el sistema de protección al desempleo entre sus funciones, aunque, como bien saben, desde la separación de fuentes existe una segregación de gestión absoluta entre el sistema de protección al desempleo y el sistema
de la Seguridad Social. En este sentido, simplemente por comentar lo que se realiza en el ámbito de protección al desempleo, los incentivos de contratación a personas discapacitadas en estos momentos sobrepasa la cuantía de 70.000 personas
discapacitadas con reducciones o bonificaciones de cotización, que el Servicio Público de Empleo retorna a la Seguridad Social y que permite, sin duda, la creación de empleo en el sector. La cifra de evolución de esta cuantía de personas en la
presente legislatura es de 60.000 a 70.000 personas, grosso modo, había 60.000 en marzo de 2004 y hay ahora 70.000 personas discapacitadas a finales de agosto del año 2006. Nosotros esperamos llegar al final de la legislatura con 80.000 personas
discapacitadas beneficiadas con bonificaciones o reducciones que incentiven su cotización al empleo. Y esto sin contar las personas discapacitadas que trabajan en los centros especiales de empleo, que, como saben SS.SS., tienen una regulación más
favorable, una regulación que se ha consolidado con la reforma laboral acordada por el Gobierno con los interlocutores sociales y trasladada por real decreto ley ratificado por el Congreso de los Diputados en este verano. Esta regulación homogénea
da un tratamiento específico a la situación de las personas con discapacidad, estableciendo circunstancias excepcionales en las que las personas con discapacidad son el único colectivo, al lado de otros colectivos sin duda también merecedores de una
atención especial como son las mujeres maltratadas o las personas en procesos de exclusión social, en los cuales está justificada la contratación laboral y, por lo tanto, existen incentivos concretos desde el sistema de protección al desempleo que
justifican la contratación temporal de estos colectivos de personas, incentivos que no existen para el conjunto de los trabajadores. Y el real decreto asimismo sistematiza y mejora la atención al autoempleo de las personas con discapacidad que en
estos momentos se sitúa en una proporción de ayudas, de retornos en la cotización social en torno al triple de las ayudas que se conceden para el autoempleo ordinario de los trabajadores no discapacitados. Nos parece una proporción adecuada y una
proporción que sin duda beneficia el autoempleo de las personas discapacitadas.
En cuanto a lo que es la política de prestaciones no vinculada a cuantías económicas, me gustaría ahora comentar brevemente modificaciones normativas que han tenido impacto favorable en las personas discapacitadas. Como bien saben SS.SS.,
el Real Decreto 1539/2003, aprobado por el Gobierno en la anterior legislatura, establece coeficientes de reducción de la edad de jubilación para las personas discapacitadas. Cuando en abril de 2004 la actual Administración ocupa sus
responsabilidades se encuentra con una situación en la cual la norma, que es una norma sin duda muy adecuada y por la que hay que felicitar a sus promotores, se ha encontrado con dificultades concretas de aplicación porque existen dificultades en
los servicios técnicos de la Seguridad Social para aceptar el nivel de certificación que las personas discapacitadas aportan para ejercer sus derechos a la jubilación anticipada, con coeficientes reductores de la edad de jubilación. En ese sentido
se solventaron los problemas a partir de instrucciones concretas de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y de las propias entidades gestoras de Seguridad Social, y hoy puedo simplemente comentar a SS.SS. que la anticipación de
la jubilación por coeficientes reductores de la edad de jubilación se está aplicando con absoluta normalidad; que el número de altas producidas, que fue en el año 2004 de 1.070 personas, fruto de ese pequeño embalsamiento que había de las
solicitudes por la falta de resolución en los primeros
meses del año, luego ya se ha situado en un umbral, que nosotros estimamos que es el que va a consolidarse, de 750 personas en el año 2005; y hasta agosto del año 2006 tenemos un poquito más de 500 personas. Con lo cual, calculamos que va
a haber 750 personas año tras año que van a beneficiarse de esos coeficientes reductores de la edad de jubilación. En las situaciones de discapacidad sobrevenida, lo que en la terminología de la Seguridad Social denominamos incapacidad, incapacidad
permanente para la profesión habitual -total- o para todo tipo de profesión -absoluta o gran invalidez-, han tenido también una especial atención por parte de la Administración de Seguridad Social, que ha establecido pensiones mínimas que hasta este
momento no existían para personas mayores de 60 años sometidas a procesos de incapacidad permanente total y que carecían de recursos. Estas pensiones mínimas en la actualidad benefician a 25.000 pensionistas españoles. En términos estrictamente de
gestión, conviene señalar que además la Administración de Seguridad Social se ha comprometido a mejorar notablemente los tiempos de reconocimiento de las prestaciones por incapacidad; que esta disminución de los tiempos de reconocimiento ha hecho
que en estos momentos el umbral de personas que están todavía esperando una resolución de su expediente administrativo por parte de la Administración de Seguridad Social se ha reducido en un 30 por ciento sobre las personas que esperaban esta misma
resolución en marzo de 2004. Nuestro objetivo es llegar al final de la legislatura al 50 por ciento, es decir, tener en cada momento pendientes de resolución entre 10.000 y 12.000 expedientes. En la actualidad estamos en 20.000, en marzo de 2004
estábamos en 30.000. La iniciativa que también aprobaron las Cortes Generales -y tiene algún sentido comentarla aquí- de compatibilidad de las pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez y la pensión de viudedad social ha
beneficiado, entre las 140.000 personas que se han visto beneficiadas por esa compatibilidad, a alrededor de 14.000 pensionistas por la contingencia de la antigua invalidez.
Dentro de lo que es el panorama de normas que en estos momentos están en tramitación en las Cortes Generales, me gustaría comentarles que la Ley de Igualdad, por ejemplo, tiene la pretensión de mejorar el tratamiento de las prestaciones de
paternidad y maternidad para el caso de las familias con hijos discapacitados, ampliando el número de semanas de permiso, el número de años de excedencia computados y el tratamiento favorable de las situaciones de base de cotización cuando se haya
producido una reducción voluntaria del tiempo de trabajo para atender a los hijos discapacitados; ésas son tres medidas muy concretas que la Ley de Igualdad pretende impulsar en beneficio de las familias que tienen que atender a personas
discapacitadas, que tienen hijos discapacitados.
Las políticas de Seguridad Social no se limitan al plano de las normas, también tienen, en la medida en que afecta a su nivel de gestión concreto, una política de atención a las personas discapacitadas que intenta favorecer la accesibilidad
a todos los servicios de la Seguridad Social de las personas discapacitadas. En este sentido me complace comentar a SS.SS. que a principios del año pasado pusimos en marcha una nueva página web de la Seguridad Social, www.segsocial.es; que esta
página de Internet de la Seguridad Social ha sido galardonada con diferentes premios de instancias nacionales e internacionales por su nivel de accesibilidad y que, tanto organismos públicos como privados vinculados a conocidas fundaciones que
agrupan a personas discapacitadas han considerado unánimemente que de todas las páginas que tienen apertura por parte de administraciones públicas españolas, la página de Seguridad Social es la más accesible para personas discapacitadas. Nuestra
página ha sido elaborada para permitir el acceso fácil a todos los discapacitados sensoriales, a todos los discapacitados físicos, es -digámoslo así- fácilmente manejable por personas, por ejemplo, que carezcan de una mano o de un brazo, es
perfectamente manejable por personas ciegas o sordas, incluso está adaptada para las personas que padezcan trastornos como el daltonismo, y en este sentido es una página ejemplar en cuanto a accesibilidad en lo que es el nivel de las
administraciones públicas españolas.
Para terminar en esta primera intervención, y naturalmente quedando a disposición de SS.SS. en relación con las preguntas que tengan a bien formularme y a las que prometo, en el caso de no tener la información precisa, facilitar toda la
documentación necesaria por escrito, me gustaría comentar muy brevemente las medidas contempladas, ya con carácter de futuro, en el acuerdo sobre medidas de reforma de la Seguridad Social, que antes he comentado, suscrito el 13 de julio. En primer
lugar, la primera plasmación, la primera de las medidas del acuerdo que nos hemos comprometido a adoptar, cuando el Gobierno presente el oportuno proyecto de ley de reforma de la Seguridad Social ante las Cortes Generales, es equiparar la situación
de las viudas menores de 60 años discapacitadas sin cargas familiares a la situación de las viudas no discapacitadas con cargas familiares, porque es perfectamente razonable que la Seguridad Social entienda que las personas discapacitadas necesitan
esa especial atención que también le merecen al sistema de protección social la existencia de vínculos familiares. En este sentido, esa atención a la discapacidad ya se ha traducido en la existencia, creada en la Ley de Presupuestos del año 2006 y
que se culminará en la Ley de Presupuestos del año 2007, de una pensión de orfandad específica para los huérfanos discapacitados menores de 18 años y con una minusvalía superior al 65 por ciento, un mínimo de pensión de orfandad que se ha situado en
la misma cuantía que la pensión mínima no contributiva y que en este sentido es algo más del doble que el mínimo de orfandad que estableció con carácter general para el conjunto de la población. Es una medida innovadora en el sentido de que atiende
desde el punto de vista del aseguramiento las necesidades de reparto
desde un punto de vista más solidario que esencialmente contributivo.
Es nuestra intención -y así se recoge en el acuerdo- el ir ampliando hasta los 55 años la atención a las personas que a partir de esa edad, de los 55 años, tenga reconocida una pensión de incapacidad permanente total con carencia de
recursos, es decir, que tengan una discapacidad sobrevenida por una enfermedad común, por una contingencia profesional o por una causa originaria, es nuestra intención seguir estableciendo pensiones mínimas para las personas que deban apartarse del
mercado de trabajo a partir de los 55 años. Y el acuerdo, asimismo, consolida un nuevo tipo de procedimiento de cálculo para el complemento de gran invalidez. Como ustedes recuerdan, el complemento de gran invalidez en estos momentos equivale al
50 por ciento de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente total y absoluta que se compatibiliza con el complemento. En el acuerdo hemos realizado un cálculo actuarial en términos de proyección de cuál es el importe medio del
complemento para todas las personas que en estos momentos en el ámbito del sistema de protección social son acreedores al mismo, y hemos modificado el procedimiento de cálculo para garantizar en todo caso un complemento superior para las cuantías de
trabajadores con salarios más bajos. Así, el complemento se ha establecido en el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional y el 25 por ciento de la base reguladora de la pensión de incapacidad permanente total o absoluta. ¿Qué quiere decir
esto? Que la pensión mínima o un complemento de gran invalidez va a ser, en términos de cuantía mínima, superior aproximadamente de 1.000 a 1.500 euros la pensión que en estos momentos se reconoce, lo cual, a nuestro juicio, es perfectamente
adecuado teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente solidaria de este complemento.
Ya he hecho referencia a las medidas contempladas en la Ley de Igualdad que el acuerdo ratifica, y únicamente, por terminar, les comentaré, ya que han sido objeto específico de los trabajos de esta Comisión las prestaciones del Sistema
Nacional de Atención a la Dependencia, que en lo que toca al sistema de Seguridad Social, el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia se pondrá en marcha con una previa determinación por parte del Sistema Nacional de Seguridad Social de la
afiliación a nuestro sistema, del encuadramiento en el sistema de los cuidadores familiares, lo cual sin duda va a traducirse en una mejora de la situación de las familias que atiendan a las personas discapacitadas en España.
He intentado hacerles un relato lo más sistemático posible, y también intentando reducir la intervención inicial porque conozco del calendario apretado de trabajo de SS.SS., de todas las actuaciones del sistema de la Seguridad Social en sus
diferentes niveles en cuanto a la atención de personas discapacitadas. Me gustaría señalar que lógicamente estas actuaciones se desarrollan de manera coordinada entre las áreas de empleo, de políticas sociales, de la Secretaría de Estado de la
Acción Social y del sistema de Seguridad Social, e incluso coordinadas con otros ministerios, que forma parte de un compromiso global de este Gobierno con las personas discapacitadas; compromiso que no lo es tanto que nos haga complacernos con lo
realizado hasta la fecha, ya que evidentemente cualquiera sabe que al lado de lo que se hace, sin duda, lo que resta por hacer es mucho más, y en este sentido nuestras actuaciones de atención a las personas discapacitadas deberán verse consolidadas
a lo largo del tiempo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Bienvenido a esta Comisión, señor Granados, y agradecido por la extensa explicación que nos ha dado sobre la situación de la discapacidad, aunque como usted sabe y es nuestra obligación, como grupo de la oposición
tenemos que hacer algunas matizaciones, algunas preguntas y despejar algunas dudas que nos inquietan, porque de todos es sabido -y en esta Comisión más-, todos los participantes miembros de la comisión sabemos que el cauce idóneo para la integración
de las personas con discapacidad, para la normalización, es el trabajo; el empleo, se ha dicho en muchas ocasiones, es la forma de conseguir una categoría de ciudadanos de primera, como el resto de los ciudadanos, y hay que fomentar ese empleo para
las personas con discapacidad. Como no se le escapa a usted, para conseguir ese empleo y compensar esas dificultades de empleo que tienen las personas con discapacidad hay que utilizar cualquier instrumento a nuestro alcance y uno de ellos, como le
digo, es la Seguridad Social, de la que usted es responsable. En este sentido yo creo que hay que apelar a la Seguridad Social para que facilite, promueva, mejore las condiciones y haga más atractivo para los empleadores el contratar a personas
discapacitadas. Por ese temor que yo creo que es simplemente temor hacia lo desconocido, hacia lo distinto, que parece que no va a ser un trabajador con discapacidad rentable, y yo pienso -y creo que mucha gente como yo- que si se encuentra el
sitio adecuado para la persona idónea, creo que se puede conseguir una integración absoluta de todas las personas. Siempre hay -y perdone el casticismo- un roto para un descosido. En ese sentido, como instrumento, tenemos que estar muy encima de
la Seguridad Social en el sentido de que todo lo que se pueda hacer para fomentar ese empleo se haga.
El Partido Popular en las dos legislaturas anteriores tomó una serie de medidas, estableció una serie de bonificaciones que nos consta que han sido muy eficaces, que fueron muy bien recibidas por los representantes del sector, usted las
conoce, las bonificaciones que había en cuanto al empleo por trabajador, en cuanto a las cuotas de la Seguridad Social, en cuanto a cuotas tanto en centros ordinarios de empleo como en centros especiales de empleo. En general, creemos ese
instrumento sirvió para aumentar el número de empleos y sobre todo el número
de empleos fijos. Tengo un dato, aunque el Instituto Nacional de Estadística no contempla -y nosotros lo hemos pedido, que sea constante- el empleo de los discapacitados en todas sus manifestaciones. En el año 2001 se firmaron, por
ejemplo, 12.138 contratos indefinidos y 6.000 contratos temporales para personas con discapacidad y yo creo que eso forma parte de la utilización de esos instrumentos para el fomento de la contratación. Nosotros queremos hacernos un poco portavoces
también del sector en el sentido de que hemos oído manifestaciones de preocupación en cuanto a algunas posibilidades de modificar algunos de estos instrumentos. En ese sentido, yo quiero trasladar una serie de preguntas, al mismo tiempo que no
tengo inconveniente en decirle, usted lo ha citado, que su página web, por ejemplo, en cuanto a accesibilidad, es una de las mejores páginas, no se si será incluso la mejor, para el acceso de las personas discapacitadas, sobre todo con discapacidad
sensorial. Y pensamos que si en algunos aspectos se puede llegar a ser el mejor en la Administración, pretendemos que ustedes sean mejor en todo, y por eso nos gustaría o bien que nos diese una respuesta o bien que nos dijese por qué no se llevan a
cabo o no se hacen algún tipo de medidas.
La primera pregunta es respecto al acuerdo sobre medidas en materia de Seguridad Social, qué cuestiones a favor de las personas discapacitadas y sus familias se recogen en ese acuerdo que firmaron los agentes sociales tradicionales y el
Gobierno el pasado 13 de julio de 2006. Queremos saber si se ha tenido en cuenta a la discapacidad suficientemente, si se ha contemplado a este colectivo que, como usted sabe, es de más de tres millones y medio de personas. Le digo esto porque
también hay un temor en el sector de la discapacidad de que ese acuerdo del 13 de julio suponga, como ha ocurrido y no escapa a sus conocimientos, supongo, lo que ha ocurrido con el acuerdo para la mejora del crecimiento y el empleo, del que
surgieron retrocesos para el empleo; creemos que en este sentido hay un cierto temor, recogido en la calle por personas con discapacidad, de que se ha ido un poco atrás en cuanto a utilizar esos mecanismos que fomentan el empleo, que favorecen el
empleo de las personas con discapacidad. Por ejemplo, también preocupa la nueva regulación del cálculo del complemento de la gran invalidez. Usted ha hecho alusión a él en cuanto a mínimos, pero en la expresión de incapacidad queremos saber si no
va a haber modificaciones importantes que perjudiquen al colectivo de las personas con discapacidad. Quiero saber también, quiero que se sepa para poder transmitirlo, si puede usted asegurar que esta nueva regulación no es perjudicial para las
personas con discapacidad.
Otro tema que preocupa del acuerdo al sector de la discapacidad es el establecimiento de un límite en la edad de jubilación de 52 años, por debajo del cual no podrá jubilarse anticipadamente ninguna persona.
Pensamos que esto significa una
restricción al actual régimen de jubilación anticipada de personas con discapacidad, que fue aprobada durante la legislatura anterior por el Gobierno del PP y, por cierto, recibida con satisfacción por el grupo social de la discapacidad. Ahora
mismo, yo pregunto, ¿cabrían esas jubilaciones de trabajadores con grandes discapacidades antes de los 52 años? A partir de este acuerdo, ¿será posible que se pueda seguir haciendo o va a haber un retroceso? En este sentido, hablando de la
jubilación anticipada, supongo que usted sabe que hubo un compromiso electoral del actual Gobierno, cuando el Gobierno del PP estableció el coeficiente corrector y la posible jubilación anticipada de las personas con discapacidad y el porcentaje a
partir del cual se podría establecer, que era del 65 por ciento, entonces pidió el Partido Socialista en la oposición y luego en su programa electoral establecieron que el coeficiente corrector aumentase, que bajase el porcentaje a partir del cual
se podía jubilar y eso creó también unas expectativas en el sector. Yo quiero hacerles una pregunta porque conviene disipar esas expectativas, tanto en un sentido como en otro, ¿fue solo una promesa electoral que no va a tener traducción práctica y
las personas con discapacidad deben abandonar cualquier esperanza en ese sentido, o efectivamente se va a llevar a cabo?
Quiero preguntarle también por qué el anteproyecto de ley del estatuto de trabajo autónomo, recientemente remitido por el Gobierno a informes de diversos órganos el pasado viernes, no contempla la jubilación anticipada para los trabajadores
autónomos con discapacidad en los mismos casos que para el régimen general de la Seguridad Social. ¿Por qué este olvido? Si me permite, la jubilación anticipada en otros supuestos está contemplada, como por ejemplo en el caso de actividades
penosas, tóxicas, insalubres, ¿por qué en este caso no se contempla también esa jubilación para las personas con discapacidad? ¿Tiene intención el Gobierno de promover una modificación de la regulación de las pensiones no contributivas por razón de
discapacidad para que solo se tenga en cuenta a la hora de determinar la capacidad económica del beneficiario sus propios ingresos y no los de la unidad familiar de convivencia, como ocurre hasta ahora? En este sentido, yo pediría que hubiese una
cierta coherencia porque, como usted sabe, en el caso de la dependencia solo se tiene en cuenta la capacidad económica personal y en las pensiones contributivas la de la familia.
¿Por qué no se utiliza el mismo criterio? ¿No habría que ir a una
regulación similar? ¿Qué motivos impiden al Gobierno promover esa reforma tan demandada por el sector de la discapacidad? ¿Usted cree que se va a poder llevar a cabo en esta legislatura?
Otra pregunta que quería hacerle, y yo creo que hay una cierta curiosidad también en el sector, ¿va a regular el Gobierno la extensión del convenio especial a determinadas personas con discapacidad, especialmente con discapacidad
intelectual, para que éstas puedan cotizar por sí mismas al sistema, al margen de que tengan una actividad laboral, y generar derecho a prestaciones contributivas básicas? ¿Tiene algo previsto en ese sentido?
Por último, el Gobierno adquirió el compromiso electoral de en que esta legislatura todas las oficinas públicas serían accesibles para personas con discapacidad. Mi pregunta concreta es qué grado de accesibilidad presentan las oficinas de
la Seguridad Social general y qué planes tiene de actuación en materia de accesibilidad de la red de oficinas o qué plan está promoviendo la Secretaría de Estado ¿Qué grado de accesibilidad tiene la red? ¿Al final de esta legislatura, pregunto, el
100 por cien de las oficinas será accesible? Insisto en darle la enhorabuena porque la página web de la Seguridad Social parece que tiene un nivel de accesibilidad muy bueno para personas discapacidad, especialmente sensorial, y espero que lo
mantengan, y le felicito, insisto, por este interés en que los medios virtuales no presenten exclusiones por razón de discapacidad.
Por último, una simple demanda: ¿qué nivel de relaciones mantiene su Secretaría de Estado con la representación asociativa de la discapacidad, fundamentalmente con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que me
consta aglutina la inmensa mayoría de asociaciones? ¿Hay entre ustedes y ellos un diálogo fluido? Y por otro lado, ¿tiene en cuenta a las organizaciones representativas de la discapacidad y sus familias en las políticas de su Secretaría de Estado?
Es muy importante el contar con la discapacidad. Sabe que un lema del sector de la discapacidad es todo para la discapacidad pero con la discapacidad, no como suele ocurrir, que todo el mundo quiere hacer cosas para la discapacidad pero sin contar
con ellos. En ese sentido es muy importante la interlocución constante y directa. Además, me consta que la representación del colectivo es sensata, pragmática y actúa con criterios razonables de reivindicación, en fin, con sensatez en general.
Por lo demás, quiero insistir en agradecerle la información que nos ha traído usted, me gustaría que despejase estas dudas que nos quedan, todo lo que es bueno se lo agradecemos y valoramos, pero queremos que se siga en la línea y que se
mejore la situación en la medida de lo posible. Ley doy las gracias por su comparecencia una vez más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor secretario de Estado, en primer lugar quiero agradecerle su extensa y enriquecedora exposición. El 9 por ciento de la población española, efectivamente tres millones y medio de personas, son ciudadanos con
discapacidad. Si tenemos en cuenta también a sus familias, son 10 millones los ciudadanos para los que la discapacidad es una realidad presente en sus hogares. Este Gobierno ha hecho una apuesta muy importante en materia de discapacidad, se
comprometió a ello el presidente del Gobierno desde el primer día; buena muestra de ello lo constituye la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. Una mínima puntualización, ha hablado usted del Sistema
Nacional de la Dependencia. En la tramitación parlamentaria se le ha cambiado la denominación y es Sistema de Autonomía y Atención a las Personas Dependientes, pero en definitiva queda clara la apuesta realizada por este Gobierno en esta materia;
como también el impulso dado al Consejo Nacional de la Discapacidad, a la Ley de Sanciones e Infracciones, a la Ley de la lengua de signos y apoyo a la comunicación oral; se han impulsado numerosas actuaciones en materia de accesibilidad, de cara a
facilitar el acceso al empleo, y también hemos visto de forma clara y evidente que se ha impulsado desde el ámbito de la Seguridad Social.
A mí me satisface la curiosidad que ahora tiene el Partido Popular en relación a las numerosas cuestiones que usted ha planteado. Si hubiesen trabajado la mitad de la curiosidad que ahora tienen, seguro que les hubiera ido bastante mejor a
las personas discapacitadas en las dos legislaturas que ellos estuvieron gobernando. En este sentido, nos parece importante comprobar el esfuerzo realizado en esta legislatura para incrementar la protección social de este importante colectivo de
ciudadanos, para garantizar y aumentar sus prestaciones sociales, para promover su integración social. Buena muestra de ello lo constituyen las pensiones no contributivas, las prestaciones familiares, las pensiones de orfandad, el fomento del
empleo y las mejoras de las condiciones de los trabajadores discapacitados. Nos parece muy importante que las pensiones no contributivas de invalidez hayan crecido por encima de la inflación, lo que ha beneficiado a miles y miles de personas con
discapacidad; esto es hacer políticas sociales, porque, señor secretario de Estado, en nuestro país solo se hacen políticas sociales con mayúsculas cuando hay un Gobierno socialista. Poder compatibilizar la pensión no contributiva de invalidez con
los ingresos derivados del trabajo es una medida esencial para fomentar el empleo de las personas; el PP no lo permitió, no llevó a cabo esta actuación, y así no es de extrañar que en el informe presentado a finales de 2003 por el Consejo Económico
y Social las personas con discapacidad tuvieran una tasa de actividad que era la mitad de la del resto de la población discapacitada en edad de trabajar, pero al mismo tiempo tenían una tasa de paro del doble. Importante es también -hay que
valorarla positivamente- la regulación en las asignaciones familiares por hijo a cargo, como la equiparación de la cuantía en el caso de hijos discapacitados mayores de 18 años, como la de la pensión contributiva por invalidez, que también
beneficiará a miles de personas.
Otra buena muestra de la diferencia entre un gobierno de derechas, un gobierno del Partido Popular, y un gobierno socialista es que, mientras el PP eliminó la compatibilidad de la asignación familiar por hijos a
cargo discapacitados mayores de 18 años con la pensión de orfandad, este Gobierno, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, lo ha reestablecido. Una medida importante también es el reciente establecimiento de una pensión mínima específica para
beneficiarios menores de 18 años con un grado
de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, así como la extensión de la prestación familiar por parto o adopción múltiple del cómputo doble de los hijos afectados por una discapacidad; medidas ambas que redundan en una mejora de la
cobertura social.
En cuanto al empleo, dice el Grupo Popular que ahora sin duda alguna la verdadera integración social de estas personas con discapacidad pasa por una plena inserción en el mercado laboral; sin duda alguna, pero queda claro que mientras este
Gobierno está impulsando numerosas medidas para facilitar ese acceso al empleo, como los incentivos en la contratación, una regulación más homogénea, primar la contratación indefinida, la regulación del contrato temporal de fomento de empleo para
personas con discapacidad, así como las mejoras del autoempleo para estas personas, con el Partido Popular durante ocho años esas políticas brillaron por su ausencia. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados -los ha explicado el secretario de
Estado magníficamente- son el hecho de que en los últimos años en esta legislatura 70.000 personas con discapacidad se han incorporado a la vida activa, más otros 15.000 a los centros especiales de empleo. Esto es facilitar la integración social de
las personas con discapacidad.
También el portavoz del Grupo Popular habla de que va a haber retroceso en las jubilaciones, cuando esto es sencillamente un insulto a la inteligencia. Nunca ha habido una apuesta más importante en materia de discapacidad, también en el
tema de jubilación, que con este Gobierno; y buena muestra de ello lo tenemos en la medida de aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas personas cuyo alto grado de discapacidad les dificulta la realización de una
actividad laboral.
También observo que no se han olvidado de aquellas personas que han desarrollado una actividad laboral y que, por enfermedad o accidente, han quedado discapacitadas. Es importante que se hayan destinado más de 15.000 millones de
euros, un 11 por ciento más que el último año del Partido Popular. Queda clara la diferencia entre dos formas de hacer política. Otra iniciativa fundamental es la creación de una nueva pensión mínima específica para pensionistas de incapacidad
total cualificada de entre 60 y 64 años, que antes no tenían ninguna garantía al respecto y debían esperar hasta los 65 años; por cierto, un resultado que también ha beneficiado a miles de personas. Un elemento también muy importante que me
gustaría destacar es la puesta en marcha de la compatibilización de las pensiones del extinguido SOVI y de la pensión de viudedad, lo que ha beneficiado a muchas mujeres que se vieron expulsadas prematuramente del mercado laboral y que suponían una
importante bolsa de pobreza. He de destacar también la accesibilidad en la página web de la Seguridad Social. No solamente se ha limitado a hablar de lo que ha hecho, sino también de futuro. En este sentido queremos destacar -con ello termino- el
amplio abanico de medidas impulsadas en poco más de dos años de legislatura para mejorar la vida de las personas con discapacidad.
También se ha comprometido y ha anunciado medidas para seguir trabajando y avanzando en esta materia. Por eso, desde
mi grupo parlamentario quiero expresarle nuestra felicitación.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones y preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra el señor Granados.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granados Martínez): Señores Vañó y Heredia, les agradezco sus amables palabras en lo que tienen de felicitación y también de estímulo a la acción de Gobierno.
Sin más entro en las cuestiones planteadas por el señor Vañó. Me gustaría empezar por la última que ha planteado: cuál es el nivel de relaciones que tiene la secretaría de Estado con el Cermi. Nosotros constituimos creo recordar que fue
en el mes de junio del año 2004 un grupo de trabajo entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Cermi, en el que han participado personas bastante conocidas que asesoran jurídicamente al Cermi, el señor Cabrada y Luna, al que usted
conoce perfectamente, y otros especialistas en lo que era la normativa en materia de Seguridad Social. Nos planteamos inicialmente un calendario de trabajos en torno aproximadamente a una docena de cuestiones que SS.SS. conocen bien porque están
en los documentos del Cermi como cuestiones que estaban pendientes en marzo de 2004. En estos momentos tenemos ya plenamente resueltas cinco o seis; en tramitación parlamentaria dos; y nos van a quedar a lo mejor dos definitivamente para ser
abordadas en el marco del acuerdo en materia de Seguridad Social, en el cual, por ejemplo, queremos analizar con una solución que sea razonablemente satisfactoria para las personas discapacitadas la relación que existe entre las declaraciones
judiciales de incapacidad y las declaraciones del sistema de protección social de incapacidad. Nos gustaría casarlas en la mayor medida; es decir, que una persona discapacitada no tuviera que soportar dos procedimientos administrativos distintos
para acreditar una misma circunstancia. Nuestra relación es espléndida, pero yo no les pido que acepten sin más mi palabra, pregúntenles a ellos; yo creo que nos llevamos muy bien. Si usted me preguntara que cuándo he hablado con los
representantes del Cermi le respondería que ayer a las diez de la noche como último día; pero no hablamos de la comparecencia de hoy, sino de otra cosa, del decreto de reforma laboral, en donde hay una reflexión compartida sobre que el decreto
puede ser modificado para mejorar la situación de las personas discapacitadas. Como estamos en la fase de enmiendas me imagino que el Grupo Parlamentario Socialista, que trabaja en estrecha coordinación con el Gobierno y este a su vez con el Cermi,
llegará a una solución satisfactoria. En principio, parece que no tenemos demasiados problemas.
Además, hay un continuo desde la puesta en marcha de los centros especiales de empleo hace más de diez años; hay un continuo en lo que es la labor de las diferentes administraciones en atención a las personas discapacitadas, y lo que está
bien únicamente cabe mejorarlo, no es necesario añadir cambios. Los estímulos para el trabajo son muy razonables, y es verdad que estamos en un nivel de empleabilidad de las personas discapacitadas que es la mitad de la población no discapacitada,
pero también es verdad que en términos de media de la Unión Europea estamos en la banda altísima de empleabilidad de las personas discapacitadas y que hemos adoptado en España un modelo de empleabilidad de las personas discapacitadas. Hay otros
países europeos que ni siquiera se plantean una política de estímulos para el empleo. Los estímulos van a continuar tanto para el autoempleo, para el empleo temporal, como para el empleo fijo, y deben concentrase, eso sí, en la banda más necesitada
y que al mismo tiempo es la banda más elástica del mercado de trabajo, que es la banda de las menores remuneraciones y los trabajos peor cualificados. Afortunadamente las personas discapacitadas que desarrollan trabajos de mucho valor añadido, de
enorme cualificación, se ocupan sin ningún tipo de problemas. Entre los licenciados universitarios las personas discapacitadas tienen menos paro que en el conjunto de la población, por poner un ejemplo. Realmente, cuando se realiza una política
eficiente de igualdad de oportunidadesse ve que en los niveles en los que esa política tiene más efectos ya no hay ningún tipo de discriminación; no obstante tengo que hacer un matiz, y es que los temas de empleo, desde la separación de fuentes en
materia de Seguridad Social, ustedes saben perfectamente que no corresponden al ámbito de actuación de mi secretaría. Pese a ello voy a darles respuesta en la medida en que yo entiendo sobre las cuestiones de política general del ministerio. Ya
les he comentado que hay una reflexión compartida entre el Cermi, la Secretaría General de Empleo y el Ministerio de Trabajo en su conjunto en materia de empleo, que supone adoptar las medidas necesarias para consolidar las mejoras en el empleo que
se vienen produciendo en los últimos años; en este sentido, si en el decreto se quiere realizar alguna modificación se hará.
En acuerdo de reforma de la Seguridad Social la atención a la situación de las personas discapacitadas, como he intentado explicarles en mi primera intervención, se concentra en aquellas contingencias derivadas. La contingencia de
jubilación en el sistema de la Seguridad Social funciona como un sistema de seguro; es decir que no distingue entre sus cotizantes discapacitados o no en lo que es la carrera de cotización en el nivel de cotización. Sí les distingue en cuanto al
coeficiente reductor de la edad de jubilación, que luego comentaré. En este sentido, nos ha preocupado, distinguir aquellas contingencias en las cuales la situación de las personas discapacitadas pudiera ocasionar mayor desvalimiento, como era el
caso de las viudas -digo viudas porque, como ustedes saben, el 90 por ciento de nuestros viudos y viudas son viudas- y de los huérfanos. Con la pensión mínima específica para las personas discapacitadas que son huérfanas y con la pensión mínima
específica para las viudas discapacitadas está resuelta razonablemente la preocupación del sector.
En cuanto a las medidas de nivel general que pudieran adoptarse, el propio acuerdo incorpora la posibilidad de un tratamiento específico para las situaciones de discapacidad. Usted ha hecho referencia a la fijación de una edad mínima de
jubilación de 52 años. Sinceramente sería muy difícil de explicar a la sociedad española, porque esta edad mínima de jubilación es una edad excesiva. En términos razonables fijar con carácter general que la edad de jubilación deba corresponder con
52 años es un planteamiento que la sociedad española acepta. Han escuchado al señor Arias Cañete algunas reflexiones tremendamente razonables sobre la necesidad de prolongación de la vida laboral y hacer evolucionar la edad de jubilación por la
esperanza de vida, que yo suscribo. Es verdad que con las personas discapacitadas tenemos un pequeño problema -o no tan pequeño-, que tenemos que resolver en interlocución con el sector. La normativa que establece los coeficientes reductores, que
sin duda es una normativa muy positiva para el sector, adoptada por el Gobierno en la anterior legislatura, no distingue como un elemento en la fijación de coeficientes reductores a las categorías de personas discapacitadas que tienen menor
esperanza de vida. Curiosamente la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas discapacitadas se está traduciendo en una aplicación más intensiva en sectores de personas discapacitadas cuya esperanza de vida
es similar a la de la población no discapacitada, mientras que los sectores que tienen una esperanza de vida menor no se ven tan beneficiados por los coeficientes reductores. Por ejemplo, de las 2.400 personas a las que nosotros ya hemos reconocido
la jubilación con la aplicación de coeficientes reductores, aproximadamente 2.100 personas con discapacitados sensoriales. Como ustedes saben, la esperanza de vida de los discapacitados sensoriales en nuestro país es absolutamente similar a la de
la población en general; sin embargo, sobre todo en determinadas categoría de discapacitados psíquicos, la esperanza de vida es 10 ó 15 años inferior a la de la población general, lo cual no quiere decir que en España hagamos peor las cosas; esto
es universal. Sin embargo, a ese sector todavía no hemos conseguido incorporar un elemento que debería ser razonable, y es que para determinar una edad de jubilación tuviéramos en cuenta la esperanza de vida, porque, si no, tratando por igual a
todos -digámoslo así- hacemos de peor condición a las personas con menores esperanzas o con menores expectativas. Es un tema que estamos discutiendo en el ámbito de esa comisión que les comentaba Cermi-INSS, y que esperamos resolver. Esa es la
cuestión a la que hacía referencia el programa electoral del Partido Socialista, que no tenía expresiones concretas acerca de incrementar los coeficientes reductores. En estos momentos los coeficientes reductores ya
son del 50 por ciento, son los máximos que se aplican en Seguridad Social; no podemos seguir trabajando en esa dirección. Las cosas que el Partido Popular no hizo cuando estaba en el Gobierno, y que el Partido Socialista antes no hizo
cuando estaba en el Gobierno, y que realmente no las hizo por algún motivo fundado, es razonable suponer que no deban hacerse, sin perjuicio de la mejora de toda la política social; pero es que hay cuestiones que son de lógica. El sistema de
protección social debe evolucionar de acuerdo con unos parámetros de seguro que lo hagan sostenible y en este sentido no puede asumir cualquier reivindicación, por justificada que esté para quienes lo plantean. La edad de 52 años, sin perjuicio de
que pueda tener un tratamiento específico, si se contempla en el acuerdo para situaciones especiales, es una edad razonable; los coeficientes reductores que se aplican actualmente son razonables, y únicamente cabría el matiz de ver qué pasa con los
sectores con menor esperanza de vida.
Las pensiones no contributivas se aplican en toda Europa partiendo del principio de ingresos de la unidad familiar; otra cosa es que pudiéramos partir de la base de desconfigurar la prestación y configurarla de otra manera, que sería decir
que existe una pensión que se aplica a todos los ciudadanos, el concepto de renta básica. Este es un concepto que está en la reflexión teórica, está en el mundo de la academia, se discute, a veces penetra en determinados aspectos de la acción
política, la renta básica de ciudadanía, pero hoy por hoy ninguno de los grandes partidos políticos en España defiende el concepto de renta básica de ciudadanía.
Si económicamente es posible, aunque hay muchos teóricos que sostienen que no, sería
una cuestión interesante para discutir, pero en estos momentos la discusión es académica. Si no estamos en la discusión académica, en las prestaciones no contributivas siempre se ha aplicado el criterio de ingresos de la unidad familiar. La
creciente reforma de la prestación no contributiva de la Seguridad Social inglesa incluso va más allá, porque habla de ingresos y patrimonio de la unidad familiar, que en España solo aplicamos indirectamente. Las prestaciones no contributivas en
España están bien diseñadas. Todos estaremos de acuerdo en que el objetivo de la política social de un gobierno no es incrementar el número de personas que dependen de una prestación no contributiva, sino incrementar las políticas activas que
permiten a la gente vivir con apoyos públicos, pero también con sus propios ingresos. En los últimos diez años el número de personas que viven de pensiones no contributivas en España está francamente estabilizado, pues estamos en unas magnitudes de
460.000-480.000 personas. Yo no creo que fuera una política social adecuada incrementar mucho el número de beneficiarios de esta prestación; las políticas sociales deben ir en otra dirección, y desde luego la posición del Gobierno es fomentar las
políticas activas en la medida de lo posible y no fomentar las políticas de prestación ciega, que deben limitarse a aquellas personas que realmente tengan enormes dificultades para generar sus propios ingresos. No contemplamos que existan convenios
de las personas, al margen de lo que es la relación laboral ordinaria -esto ha sido un viejo debate en materia de Seguridad Social-; nuestra Seguridad Social se basa en el principio de que cotizan los que trabajan, y ha sido un principio que ha
funcionado de una manera extraordinaria, porque ha permitido que en España en los últimos diez años se incorporen como afiliados a la Seguridad Social más de 6 millones de personas.
Permitir que el sistema de seguros se amplíe a las personas que no
trabajan pudiera tener un efecto positivo a corto plazo para esas categorías de personas, pero sin duda desincentivaría la potentísima relación que existe entre el empleo y el sistema de Seguridad Social.
Nadie lo propone porque entiende que a
largo plazo también es negativo.
Desde luego me manifiesto absolutamente partidario de seguir manteniendo la potente vinculación entre el trabajo y la afiliación a la Seguridad Social.
El señor Vañó me plantea una pregunta muy razonable, que es la accesibilidad a nuestras oficinas. Me gustaría poder decirle que todas nuestras oficinas serán accesibles en esta legislatura, pero por desgracia no va a ser así. Nosotros nos
hemos comprometido a que todos los ciudadanos españoles tengan una oficina de la Seguridad Social accesible en su ámbito de referencia, lo cual quiere decir que si en una ciudad hay cuatro oficinas al menos tiene que haber una accesible, y esto en
la práctica generalidad de los lugares se está produciendo ya en esta legislatura. Esperamos tener cerrado el mapa de accesibilidad con el menor nivel de incomodidad posible a las personas discapacitadas. Tenemos muchísimos problemas, en
particular en un sector muy minoritario de nuestra población protegida para convertir en accesibles las oficinas de las casas del mar del Instituto Social de la Marina, porque son instalaciones muy antiguas, normalmente están en conjuntos históricos
y en muchos casos están sometidas a normas de protección singular.
Convertir un edificio que tiene una traza del siglo XVIII o del siglo XIX en un edificio con ascensores o con elementos de accesibilidad, para que las dependencias que estén en la
primera planta sean accesibles a todos, es tremendamente complicado. Por eso estamos intentando redimensionar las prestaciones que se otorgan y que se reconocen en las casas del mar para intentar en todo caso que el mayor número posible de
dependencias, y sobre todo los trabajos básicos de la Administración, estén en zonas accesibles, aunque a veces tenemos muchas dificultades para convertir en accesibles otras dependencias, como restaurantes, zonas culturales, etcétera, que se
prestan a los trabajadores del mar.
En todo caso, he de agradecerle al señor Vañó sus sugerencias, y al señor Heredia el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, que nos anima a seguir con el trabajo emprendido, y me pongo a su disposición para, si alguna cuestión no ha
quedado lo suficientemente aclarada, enviarles todas las estadísticas que puedan coadyuvar al buen fin de los trabajos de esta Comisión. (El señor Vañó Ferre pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: No sé si me permite intervenir un par de minutos.
Vuelvo a darle las gracias al señor Granados, y solamente quería precisar algunas cosas, porque me gusta manifestar, mostrar la coherencia de mi grupo entre unos
criterios y otros, independientemente de en qué comisión o en qué ámbito se esté hablando.
Acerca de la jubilación excepcionalmente a los 52 años, naturalmente estamos hablando de situación excepcional y para -usted lo ha precisado muy bien- personas con discapacidad cuando la esperanza de vida es mucho más corta que para
cualquier otra persona; entonces se puede pensar en establecer ese criterio, por lo que preguntaba si tal y como está la modificación actual podrá ser. No pretendo no ser consecuente con mi compañero Arias Cañete, al decir que rebajemos las edades
de jubilación.
No, pretendo ser coherente con unas situaciones de discapacidad muy especiales en las que se deben contemplar esas excepciones, y quería que se tuviesen en cuenta, simplemente. Por otro lado, cuando alude a un compromiso, me ha
parecido muy bien, muy razonable que usted diga que no van a poder hacer accesibles todas las oficinas durante la legislatura.
Me parece mucho más sensato eso que prometer y luego no cumplir. Desde el punto de vista de las expectativas que levanta
para el sector me parece mucho mejor. Sinceramente, yo felicito ese tipo de actuaciones: reconocer que no es posible, y que como usted ha dicho, muy bien si en una misma localidad hay cuatro oficinas se procure que una de las cuatro sea accesible
para todo el mundo.
En cuanto a aludir a sus compromisos, yo no soy tan amargo como -perdónenme- mi compañero y amigo señor Heredia. Yo no me dedico a decir que yo soy el mejor y los demás son peores; no, yo pretendo poner de manifiesto situaciones, que
además son conocidas por el sector, y falta de cumplimiento de compromisos. Simplemente los detecto y los expongo, no pretendo criticar. Insisto, me parece más razonable su postura, señor secretario. Hablo de compromiso del PP; se fomentó en la
legislatura anterior. Cuando el Grupo Popular propuso la posibilidad de jubilación anticipada el Grupo Socilalista quiso ir más lejos; quiso establecer incluso rebajar, el porcentaje... Yo aludo a esa pretensión porque a la hora de gobernar todo
el mundo entiende que es muy razonable. No es lo mismo predicar que dar trigo; Simplemente lo pongo de manifiesto, pero sin ninguna acritud. Yo no pretendo con esto castigar a nadie a los infiernos, sino ponerlo de manifiesto nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Solamente haré una mínima precisión. Comprendo que el señor Vañó, mi amigo Vañó, es diputado nuevo en esta legislatura, pero hay que recordar que el Partido Popular estuvo gobernando durante dos legislaturas en este
país y las políticas de discapacidad brillaron por su ausencia, y evidentemente en dos años y medio que llevamos en el Gobierno no podemos solucionar lo que el PP no hizo durante ocho años.
Las comparaciones son odiosas, pero hay que reconocer que
mientras este Gobierno está haciendo una magnífica gestión el anterior Gobierno, del Partido Popular, en ocho años dejó bastantes lagunas.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces tiene la palabra el señor Granados.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Granados Martínez): Señor presidente, simplemente he de agradecerles de nuevo su intervención. Todos estamos muy puestos en nuestro papel, y este tipo de comparecencias son agradables.
En cuanto a los coeficientes reductores simplemente haré un matiz de planteamiento de la cuestión. Las grandes fuerzas políticas deberíamos buscar cómo llegar a un acuerdo razonable. La regulación del decreto del año 2003 establece para
los coeficientes reductores algo que es anómalo en el funcionamiento de la Seguridad Social, porque la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social habitualmente es excepcional; sin embargo, para
las personas discapacitadas se ha generado una situación en la que lo ordinario es la aplicación del coeficiente reductor. Desde el punto de vista de la Administración actual de Seguridad Social evidentemente esto supone una conquista para el
sector de la discapacidad que nosotros queremos consolidar, pero también hay que hacer alguna reflexión si, acerca de la empleabilidad y de la propia autoestima de las personas discapacitadas, lo general es que todas las personas discapacitadas se
jubilen a los 50 años, porque esto nos obligaría lógicamente a buscar maneras de incentivar también que a partir de los 50 años esas personas, si se consideran con fuerzas, siguieran trabajando. Claro, el problema es que los incentivos que tenemos
para el empleo de las personas discapacitadas ya son muy potentes. En los centros especiales de empleo la reducción de la cotización es del cien por cien; ya no podemos ir más allá porque ya no tenemos ningún recorrido, ningún margen en esta
cuestión. ¿Qué tipo de incentivos podemos dar a partir de los 50 años? Tenemos que hacer una reflexión para buscar una mejor traza que permita hacer compatible que el sector se encuentre adecuadamente protegido con que las personas que quieran
mantener el empleo, sean o no discapacitadas, tengan los incentivos suficientes del sistema para seguir trabajando, porque el gran objetivo de la Seguridad Social es que todas las personas, sean discapacitadas o no, si pueden trabajar, trabajen
hasta la edad en la que razonablemente deban jubilarse, y el límite de los 52 años es más que razonable. En cualquier caso, esta es una de las cuestiones sobre las cuales estamos llamados a escuchar, como SS.SS., haciendo recomendaciones al Poder
Ejecutivo, para que nos iluminen
para hacer las cosas mejor. Si podemos hacerlo en un ambiente de general consenso sería muy razonable, porque significaría que convertiríamos una política coyuntural de una determinada legislatura en una política permanente, lo cual siempre
en Seguridad Social nos gusta mucho.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer al señor secretario de Estado de la Seguridad Social su presencia entre nosotros y la información que a lo largo de su comparecencia ha ofrecido.
Se suspende la sesión durante cinco minutos.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-CON EL OBJETIVO DE PONER EN MARCHA UN PLAN DE ACCIÓN DE MUJERES CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001048.)
-RELATIVA A EVITAR QUE LA DIABETES SEA CAUSA DE EXCLUSIÓN GENÉRICA PARA EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001827.)
El señor PRESIDENTE: Señoras diputadas y señores diputados, se reanuda la sesión.
En primer lugar, propongo la modificación de dos aspectos en el orden del día. El punto 2 del orden del día ha sido retirado, que era la primera de las proposiciones no de ley, y el punto 6 y último del orden del día sería el que
trataríamos ahora, en primer lugar, donde correspondía al punto 2. Si no hay inconveniente reanudamos la sesión con estos dos cambios. (Asentimiento.) En primer lugar, por tanto, proposición no de ley relativa a evitar que la diabetes sea una
causa de exclusión genérica para el acceso al empleo público. He de indicar con anterioridad al debate que a las 12:30 procederemos a las votaciones y vamos, por tanto, a producir los debates sucesivamente, tal y como han quedado determinados en
el orden del día. En primer lugar tiene la palabra el autor de esta proposición no de ley, que es el Grupo Parlamentario Socialista, y en nombre del mismo la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: En ocasiones -en esta Comisión lo hemos hecho en alguna ocasión-, es conveniente ponerle cara a los problemas, y así nos resulta a todos más fácil ponernos en lugar de las personas e intentar ayudarles a través de
nuestra tarea parlamentaria.
Miguel es un granadino aspirante al Cuerpo Nacional de Policía. Todo iba bien, superaba todas las pruebas, pero llegó el momento del reconocimiento médico y le apareció en el diagnóstico una diabetes mellitus tipo 1. En ese momento se
acabaron todas sus expectativas laborales respecto al acceso a este cuerpo, ya que la Orden de 11 de enero de 1998, por la que se establece el cuadro de exclusiones médicas para el ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, contiene entre otras la
exclusión definitiva a los afectados de diabetes para acceder a este puesto; y además la diabetes genérica sin ningún tipo específico, nada más que así. Igual ocurre en otros cuerpos, también en los Mossos d'Esquadra, en la Policía local, en el
cuerpo de Bomberos. Tenemos, por tanto, una persona diabética que en un principio podría desempeñar cualquier tipo de trabajo con un control de la diabetes y de las situaciones de riesgo que podría comportar, imponiendo siempre un criterio
individualizado por supuesto. Así además queda recogido en el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, que atribuye a la diabetes mellitus clase 1 un
porcentaje de minusvalía del cero por ciento. Es decir, que a esta misma persona una norma le otorgaría un grado de minusvalía del cero por ciento y otra norma le impediría concurrir libremente a una convocatoria de empleo público por causa de su
enfermedad. La diabetes según los expertos no tendría que ser causa de exclusión genérica de un puesto de trabajo; deberían valorarse las condiciones físicas de cada aspirante en relación con las actitudes requeridas para cada puesto y no basarse
en posibles o potenciales problemas que podrían darse.
Nosotros entendemos necesario hacer una modificación en estas exclusiones, precisamente para que esto no vuelva a ocurrir. En esto se inspira nuestra proposición no de ley: instar al Gobierno a que evite que la diabetes sea causa de
exclusión genérica para el acceso al empleo público.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda planteada por el Grupo Popular.
Para su defensa tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: El vino bueno con el tiempo se hace más bueno y el vino malo con el tiempo se avinagra. Una comisión, y sobre todo una comisión de discapacidad, no es un mitin. Estamos habituados en las continuas comisiones de
discapacidad a escuchar a, quiero decir, casi un único portavoz del Grupo Socialista que de modo reiterado cree que las argumentaciones...; con este hablar de los cuernos y del rabo que tiene del Grupo Popular no es capaz de caer de la burra, de
darse cuenta de que esta Comisión está para trabajar conjuntamente, y al margen si es necesario de banderas, por las personas con discapacidad, por conseguir la normalización de las personas con discapacidad. Las argumentaciones que deben tenerse
deben ser en pro de las personas con discapacidad y no convirtiendo esta Comisión en un mercado en el que se trata de vender una burra coja; de lo que se trata es de trabajar por las personas con discapacidad
física, con discapacidad intelectual y con discapacidad sensorial. Nuestro grupo trata de buscar siempre un consenso, cualquier tipo de consenso para conseguir que todas las proposiciones no de ley puedan salir para instar al Gobierno desde
este Congreso de los Diputados a conseguir mejoras en la vida, en la accesibilidad, en las circunstancias de las personas discapacitadas. Este es un ejemplo, el de esta proposición no de ley, en el que después de hablar con la portavoz del Grupo
Socialista al respecto de esta proposición no de ley llegamos a una transacción de las dos enmiendas en las que coincide la filosofía de ambos grupos. En primer lugar, como luego comentaré en la enmienda redactada, por una parte se trata de limitar
en lo posible el plazo para que se ponga en marcha esta propuesta del Grupo Socialista de que las personas por el simple hecho de tener un diagnóstico de diabetes tipo 1 no se vean excluidas de las pruebas de acceso al empleo público, de la Policía
Nacional o de otras policías (local, autonómica), como muy bien dijo la portavoz del Grupo Socialista.
Paso a leer ya lo que sería la enmienda transaccionada: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el menor plazo posible adopte las medidas para evitar que la diabetes sea causa de exclusión genérica para el acceso al empleo
público. La diabetes mellitus, sobre todo la de tipo 1, es una enfermedad que puede producir secuelas. Antiguamente no existía tratamiento adecuado para evitar la progresión de estas secuelas, hoy precisamente la síntesis de cierto tipo de
insulinas y la comodidad de dosificación permiten evitar en lo posible el incremento de la glucemia en las personas que tienen alteración de la diabetes; esto a su vez reduce la retinopatía diabética, la microangiopatía, la nefropatía diabética,
que son precisamente las causas de estos trastornos limitantes de las personas diabéticas. Dado que también existen pruebas de diagnóstico para conocer el estado, la situación del buen tratamiento de las personas diabéticas a partir de la
hemoglobina glicosilada, que nos permite monitorizar la situación de la persona diabética durante un periodo hasta de seis meses, igual que así se ve en la clasificación del grado de minusvalía del cero por ciento, consideramos que el simple hecho
de un diagnóstico de diabetes no debe ser causa de exclusión.
Por otra parte he de hacer dos puntualizaciones más: una, que la Orden ministerial, no es del 11 de enero 1998, sino de 1988. De hecho, es una modificación que se hizo mediante esa orden de los criterios diagnósticos o de exclusión, porque
se pretendía unificarlo con los de la Unión Europea. Dentro de las causas de exclusión existen otras que a lo mejor serían también causa de revisión por esta Comisión. No tiene mucho sentido que pueda ser causa de exclusión para el acceso a la
Policía tener una soriasis sin más, que sería una causa de exclusión genérica, y como esta otras muchas que, por la precariedad de tiempo, dado que iniciamos el Pleno a la una, no quiero relatar. Invito al resto de los grupos a hacer propuestas
similares con respecto a otras causas genéricas de exclusión que contemplan el diagnóstico sin más y no el posible estado físico o las secuelas que pueda tener la persona que se vea excluida de este acceso al empleo público.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda transaccional planteada por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Disculpe, señor portavoz del Grupo Popular, la primera parte de su intervención no sabía exactamente a qué se refería, pero imagino que no tendría que ver con mi intervención relativa a la diabetes. Me he quedado
un poco sorprendida porque no sabía exactamente...
De todas formas, estamos de acuerdo en que esta proposición no de ley se tramite tal como hemos acordado ambos grupos, porque hay una mejora con la enmienda que hace el Grupo Popular. Por lo tanto, nosotros aceptamos la transación.
-SOBRE ESTABLECIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y OCUPACIONAL RELATIVOS A LA DEPENDENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001363.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente proposición no de ley que figura en el punto 3 del orden del día, sobre el establecimiento de planes y programas de formación profesional y ocupacional relativos a la dependencia. Para su exposición y defensa
tiene la palabra el señor Oreiro.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: En España hay dos millones y algo, 2.200.000 personas dependientes, de las que 1.500.000 tienen más de 65 años y cerca de un millón son personas dependientes severas o graves, es decir necesitan ayudas de terceras
personas para realizar las tareas cotidianas. El Gobierno se ha comprometido a implantar en ocho años el Sistema Nacional de Dependencia y su objetivo es acercarnos a los niveles de atención de los países europeos, estableciendo en los próximos
años un sistema nacional de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia. Para ello, para generar realmente el cuarto pilar de un auténtico Estado de bienestar se hace necesario que los derechos sociales en general y los de las
personas con discapacidad tengan la consideración y el rango de genuinos derechos, con las características de universalidad, carácter vinculante, exigibilidad y en la medida de la posible gratuidad. Esperamos que estos derechos queden clara y
firmemente establecidos el próximo jueves.
En la actualidad, la atención a los afectados por dependencia se realiza en el 83 por ciento de manera informal por las familias, especialmente por las mujeres. Abordar una acción decidida dirigida a atender de forma
adecuada las situaciones de dependencia incrementando la oferta de plazas en residencias y centros de día y potenciando la expansión de ayuda a domicilio, de teleasistencia, supone la generación de un número muy importante de puestos de
trabajo. Se prevé que en ocho años de puesta en marcha de este sistema nacional se generen 300.000 puestos de trabajo.
El Grupo Popular entiende la enorme oportunidad que representa la creación de un Sistema Nacional de Dependencia para el avance económico y el progreso social. De hecho, ya contaba entre sus propuestas para la presente legislatura crear un
Sistema Nacional de Dependencia en consonancia con los propósitos marcados en el Consejo de Europa del año 2002, bajo la Presidencia española, para encontrar las políticas de dependencia según los criterios de universalidad, alta calidad y
sostenibilidad en el tiempo, y en coherencia con lo dispuesto en la renovación del Pacto de Toledo del año 2003, que señalaba la atención a la dependencia como una de sus principales recomendaciones. Del mismo modo, el Grupo Popular entiende que
también las consecuencias evidentes de la creación de tal sistema derivarán sobre la creación de empleo, al extraerse de forma parcial una actividad de creciente importancia relativa del marco informal del ámbito de las relaciones laborales. Sin
embargo, el Grupo Popular entiende también que tal inyección de empleo en la economía española no debe ser desaprovechada y que debe procurarse por todos los medios la posibilidad de acceso a estos nuevos puestos de trabajo de aquellos colectivos en
permanente riesgo de exclusión social, en particular en lo referido a acceso al mercado laboral. Tal es el caso de las personas con discapacidad; la tasa de empleo de las personas con discapacidad se sitúa en torno al 28,5 por ciento frente al
62,4 de la población restante; alrededor de 800.000 personas con discapacidad se encuentran inactivas. El Gobierno no ha tomado medidas para reducir el empleo neto, no se reconoce por ejemplo a las empresas que van más allá del cumplimiento de la
cuota del 2 por ciento, y recientemente en la comparecencia del señor secretario de Estado para el Deporte quedó plasmado, pero no muy claro, que se exime de la reserva de cuota por donaciones para diversas actividades, como puede ser el deporte
paralímpico. Del mismo modo, el paro entre las mujeres es mucho más elevado que en el caso de los hombres. La cifra total de mujeres desempleadas alcanza algo más de 1.200.000 paradas. Los jóvenes, que es otro de los colectivos que buscan su
primer empleo, cada vez tienen más dificultad para acceder a un puesto de trabajo. Priorizar el acceso de estos colectivos a los nuevos empleos creados por el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia es sin duda una forma muy novedosa de
entender la atención a la dependencia.
Consideramos necesaria la puesta en marcha de planes y programas de formación dirigidos a los nuevos yacimientos de empleo que surjan de la implantación del nuevo Sistema Nacional de Dependencia. Estos programas deberían ser debatidos y
negociados con los agentes sociales y las organizaciones de las personas con discapacidad y sus familias. Se trata, en definitiva, señorías, de establecer medidas de discriminación positiva, encaminadas a la incorporación de los colectivos antes
mencionados a los puestos de trabajo surgidos como consecuencia de la puesta en funcionamiento del Sistema nacional de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Estos programas tendrían dos características importantes. Una
sería un programa intensivo de alfabetización digital, puesto que las nuevas tecnologías son indispensables para el acceso de las personas a puestos de trabajo, que incluya a personas con discapacidad; y otra, una oferta del servicio público de
empleo a los demandantes con discapacidad de una opción formativa adecuada a sus circunstancias a los tres meses de su inscripción como demandantes. Estos son planteamientos que nosotros hacemos para cubrir ese nuevo nicho de empleo que surja del
establecimiento del Sistema nacional de atención a la dependencia.
Puesto que el Grupo Socialista ha incorporado una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley hemos hablado; realmente más que enmienda de sustitución consideramos que es prácticamente el contenido del petitum que nosotros hacemos
en esta proposición no de ley. Aceptamos esta enmienda con la única modificación de una palabra. Dice la enmienda de sustitución: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a valorar la inclusión. Nosotros consideramos que sería un poco más
concreto: establecer la inclusión de nuevas especialidades formativas o la revisión de las actualmente contenidas en el fichero de especialidades formativas del Plan FIP. Con la modificación de este término nosotros aceptamos, la enmienda del
Grupo Socialista, por ello nos incorporamos a este buen entendimiento que, con alguna excepción, pero rara excepción, se produce en esta Comisión de Discapacidad. Yo hago mías las palabras de mi compañero don Armando González, sin valorar a los
otros portavoces, y aprecio en lo que vale su disposición a consensuar las proposiciones que se traen a esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, enmendante en esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: La proposición no de ley presentada por el portavoz del Grupo Popular, por su portavoz, hace hincapié en las necesidades de formación profesional y ocupacional ante la perspectiva de la puesta en marcha y desarrollo
de la Ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Efectivamente, en dicha ley, que esperamos que se apruebe por abrumadora mayoría el próximo jueves, se contempla la formación como un
instrumento fundamental para garantizar la calidad en el empleo y procurar la profesionalidad de los trabajadores para que puedan desarrollar con un nivel óptimo las
funciones y tareas que se derivarán del aumento y creación de nuevos servicios y puestos de trabajo.
Si analizamos el libro blanco de la dependencia, pero también considerando la realidad, el contacto que tenemos con las organizaciones sociales, se infiere que la puesta en marcha de la ley efectivamente deberá generar nuevos puestos de
trabajo, hablamos de alrededor de 300.000, lo decía también el portavoz del Grupo Popular -derivados de la atención al colectivo en situación de discapacidad-. Siendo esto importante -pensamos que también lo es-, un objetivo de primer nivel es el
porcentaje elevado de personas que están en situación de discapacidad y que hoy se ven privadas de este derecho y este deber por un fenómeno, que es a las dificultades de movilidad para trasladarse al puesto de trabajo, sea por discapacidad física o
intelectual. Esta movilidad la facilitará, entre otros servicios, la asistencia personal que se contempla en la ley y cuyo cometido ha de ser facilitar, entre otros aspectos, el acceso al estudio y al empleo; aspectos de normalidad y sobre todo de
autonomía personal son el objetivo fundamental de esta ley. Esta estrategia que contempla la ley va a permitir aumentar las capacidades para el empleo y, a la vez, va a impedir la discriminación. Además, en su artículo 36 se ocupa de la formación
y cualificación de profesionales y cuidadores, diciendo que se atenderá a la formación básica y permanente de los profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia. Y dice también que los poderes públicos
determinarán las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las funciones que se correspondan con el catálogo de servicios regulados en el artículo 15, que va también en el espíritu de la proposición no de ley. Señala asimismo que todo esto
se establecerá con la colaboración de universidades, sociedades científicas, organizaciones profesionales, sindicales, patronales y las organizaciones sociales, el tercer sector. Tenemos la suerte de que todos estos objetivos ya cuentan, para
poderlos desarrollar, con dispositivos operativos en el marco del Plan nacional de formación e inserción profesional, el Plan FIP, que comprende el conjunto de acciones de formación profesional y ocupacional, dirigidas a trabajadores desempleados
para proporcionarles cualificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarles laboralmente. Y dice: 'en especial mujeres que quieran reintegrarse a la vida activa y minusválidos -dice así-, en virtud de lo establecido en el real decreto
de 3 de mayo de 1993. También lo dice la orden ministerial del 14 de octubre de 1998, donde apuesta por salvar el tiempo de permanencia en la situación de desempleo y apostar por los sectores de discapacidad y condición de mujer.
En todo caso, estaría bien que cualquier iniciativa parlamentaria -y así lo hemos acordado- se supeditara a la aprobación y subsiguiente valoración de las medidas aprobadas por la mencionada ley. Este texto, que yo entiendo que es más
transaccional que de sustitución, creemos que se ajusta más a la realidad y así la PNL quedaría aprobada. Aceptamos el término establecer, que nos parece efectivamente más completo, con lo cual habría consenso en la votación.
El señor PRESIDENTE: Ruego pasen a la mesa el texto en los términos exactos que va a quedar. ¿Hay algún grupo que desea fijar posición sobre este asunto? Por el Grupo Vasco tiene la palabra el señor Olavaria.
El señor OLABARRíA MUÑOZ: Voy a usar el pretérito, señor presidente, mi grupo pensaba, pero, visto que ha sido objeto de transacción, parece estéril ilustrar a SS.SS. con las seguramente relevantes aportaciones que mi grupo estaba en
condiciones de realizar. No sin manifestar una especie de obiter dicta, que me va a permitir el señor presidente, que es que todo lo que se incardine en la Ley de Dependencia todavía nos sigue generando reservas profundas, conceptuales, jurídicas y
de múltiple naturaleza; y veremos si es tan abrumadora la mayoría por la que se aprueba el próximo jueves; veremos, yo no tengo tantas esperanzas.
-A FAVOR DE LAS PERSONAS CON EL SÍNDROME DE DOWN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 1661/001388.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el cuarto, proposición no de ley a favor de las personas con el síndrome de Down. Para su exposición y defensa tiene la palabra el señor Martín Soledad.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Voy a intentar ser breve, a pesar de que el conocimiento científico sobre el síndrome de Down o la trisomía 21 es extenso y está descrito desde hace más de 30 años.
Quiero resaltar que es la causa genética que en mayor medida produce retraso mental. Es uno de los trastornos genéticos también más frecuentes. En España más de 32.000 personas están afectadas, afectadas directamente, luego tendríamos que
hablar también de los familiares directos que tienen que convivir con esa persona. Es un trastorno genético donde la edad de la madre influye decisivamente a la hora de determinar su incidencia. De hecho, la media de producción es de uno por cada
700 nacidos vivos, cifra esta que va creciendo de manera exponencial a medida que avanza la edad de la madre. Resalto que Irlanda y España están a la cabeza en casos de aparición de síndrome de Down. Pero después de todas estas consideraciones
sobre incidencia y el propio trastorno, también hay que decir que hay que dejar abierta una puerta a la esperanza y al reconocimiento; al reconocimiento a la Federación Española de Instituciones para el síndrome de Down, que desde hace más de 30
años está trabajando y que posiblemente sea uno de los movimientos asociativos pioneros en la atención del síndrome de Down.
El síndrome de Down no es únicamente una aparición de unas características físicas, de un fenotipo especial; también hay una síntesis anormal de algunas proteínas que condicionan la aparición de patologías médicas asociadas. La más
frecuente, casi el 50 por ciento de los afectados por síndrome de Down tiene cardiopatías congénitas, muchas veces dificultades en la tabicación de los septos de las cavidades del corazón; tienen problemas de tipo intestinal, problemas de tipo
leucemias, problemas de una sensibilidad especial ante la aparición de infecciones, y en la cuarta década de la vida prácticamente una gran mayoría de ellos desarrollan una enfermedad de Alzheimer. Existen similitudes, actualmente en investigación,
entre enfermedad de Alzheimer y síndrome de Down. Decía antes que este Congreso de los Diputados tiene que reconocer formalmente el trabajo del movimiento asociativo con las personas afectadas por síndrome de Down. Y debería hacerlo porque gran
parte de las recomendaciones emanadas del movimiento asociativo han sido determinantes a la hora de que el pronóstico de los chicos, de las personas afectadas por síndrome de Down haya experimentado un cambio cuantitativo y cualitativo; no solo en
años de vida vividos, sino en calidad de vida, capacidad de aprendizaje, incluso en expectativas de autonomía a la hora de desarrollar una vida, dentro de lo que cabe, normalizada.
Esta proposición no de ley que presentamos pretende dar cumplimiento a los objetivos recogidos en un documento, que ya es el tercero que hace la Federación Española de Instituciones para el síndrome de Down, que son los planes de salud,
documentos que nacen fruto de las especiales características patológicas que presentan las personas afectadas por síndrome de Down. En concreto, el último documento es un documento que viene avalado por el Ministerio de Sanidad y Consumo en el año
2003 y donde se plantean como objetivos fundamentales la detección precoz de cualquier alteración o enfermedad en personas con síndrome de Down -este sería el objetivo general-. Los objetivos específicos serían unificar los contenidos de los
controles de salud de las personas con síndrome de Down, unificar el calendario mínimo de revisiones de salud para estas mismas personas, unificar en la medida de lo posible las acciones de los profesionales e informar y dar apoyo a las familias.
Quiero resaltar que estos objetivos que están recogidos en el Plan de Salud y, como les vuelvo a mencionar, avalados por el Ministerio de Sanidad en el año 2003, gobernando el Partido Popular, por lo que pueda surgir a lo largo del debate, creo que
van a ser objeto de una transacción consensuada con la portavoz del Grupo Socialista, porque, resalto también lo que han dicho portavoces anteriores, en el tema de discapacidad, política, cuanto menos, mejor. Por lo tanto, vamos a ponernos de
acuerdo. Hemos redactado un nuevo texto que, con el permiso del presidente, paso a continuación a leer: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, junto a las comunidades autónomas y en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, se
adopten las medidas necesarias para mejorar la prevención y la detección precoz de cualquier alteración o enfermedad en personas con síndrome de Down, recogiendo los objetivos descritos en el Plan de Salud 2003-2006, elaborado por la Federación
Española de Instituciones para el síndrome de Down.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, enmendante en la presente proposición no de ley, tiene la palabra la señora Pin.
La señora PIN ARBOLEDAS: Señorías, en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por la que insta al Gobierno a establecer determinadas medidas de prestación de atención en las personas con síndrome
de Down, quisiera empezar mi intervención recordando que no hay un registro de personas con síndrome de Down o trisomía del par 21, pero que se sabe que en los últimos 10 años la incidencia de casos entre recién nacidos vivos es del 12,7 por cada
10.000 recién nacidos, con una clara tendencia a la baja cada año, según los trabajos realizados por el estudio colaborativo español de malformaciones congénitas. Los datos existentes sobre la incidencia de este síndrome varían según las
comunidades autónomas. Castilla-La Mancha es la comunidad con un porcentaje más bajo, el 4.1, lo que contrasta con las Islas Baleares, que tienen el porcentaje más alto, el 20,5. Quiero insistir en que estas cifras se corresponden con el número de
casos realmente existentes por cada 10.000 nacidos vivos. Hay que recordar que los niños y niñas con el síndrome de Down o trisomía del par 21 tienen una discapacidad psíquica más o menos acusada según cada caso y, además, suelen asociar una serie
de problemas de salud, fundamentalmente cardiacos, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, que son tratados por los servicios sanitarios correspondientes dentro de las competencias de cada comunidad autónoma.
Hemos de recordar, señorías, también que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, junto con el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional
de Salud, constituyen las normas básicas reguladoras de las prestaciones cubiertas por el Sistema Nacional de Salud. Como para todas las malformaciones, dentro de los protocolos de actuación de los profesionales y las profesionales que atienden
estos problemas de salud hay una serie de actuaciones (análisis, ecografías, amniocentesis cuando se precisa, etcétera) para intentar detectar las malformaciones prenatalmente. En concreto, para el síndrome de Down en la ecografía que se realiza en
el primer trimestre se intenta medir el pliegue nucal y cuando sobrepasa un determinado grosor se aconseja la realización de una amniocentesis. Al principio del segundo trimestre se suele ofertar a las gestantes la posibilidad de realizarse un
screening de alfafetoproteínas y BHCG en la sangre, cuyos datos, tratados
mediante un programa informático ampliamente distribuido entre especialistas, permiten hacer una valoración de riesgo. Si hay antecedentes familiares o las gestantes tienen más de 38 años se califica el embarazo como de riesgo y se le
propone que se le haga una amniocentesis. Todas estas prevenciones de las discapacidades intelectuales ya se encuentran recogidas en el programa integrado en el programa de atención en salud maternoinfantil, aprobado en 1990 por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que se realiza en todas las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en materia de atención sanitaria.
En consecuencia con todo lo expuesto, los servicios de pediatría, cuando se diagnostica un recién nacido con síndrome de Down o trisomía del par 21, ponen en contacto a los padres con los centros de atención precoz de esa correspondiente
comunidad autónoma para intentar la mejor integración posible de esos niños y niñas, que, por otra parte, se encuentran incluidos o incluidas en la normativa que afecta a las discapacidades intelectuales en conjunto, la Ley 13/1982, de 7 de abril,
de Integración Social de los Minusválidos -la LISMI- y la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad -la LIONDAU-.
Quiero recordarles, como acaba de
decir el portavoz del Grupo Popular, el Plan de acción para las personas con síndrome de down 2002-2006, en el cual participaron más de 100 personas de multitud de entidades distintas, familiares, profesionales y, por supuesto, las propias personas
con síndrome de Down, que han encontrado una manera de participar en la elaboración del plan. Su finalidad es contribuir a la mejora de la calidad y condiciones de vida de las personas con síndrome de Down y al logro de las más altas cotas de
posibilidades de vida autónoma e independiente.
Señorías, finalmente hay que recordar que el 25 de septiembre de 2006 ya se ha publicado la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para la actuación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de conexión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, cartera aprobada en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, en el que participan todas las comunidades autónomas y que incluye el tratamiento de los niños y niñas con síndrome de Down. Ustedes, señoras y señores
del Partido Popular, siempre realizan una huida hacia delante, sin mirar la herencia que hemos recibido y sin realizar la menor mirada crítica sobre la gestión realizada por su Gobierno. Aunque no les guste, quiero recordar que fue un Gobierno
socialista el que realizó la extensión de la edad pediátrica hasta los 14 años, también se realizó el impulso de la estimulación precoz en las comunidades autónomas en las que gobernábamos los socialistas. Para acabar, solo quiero recordar que con
la Ley de Autonomía Personal, que aprobaremos pasado mañana, daremos un giro de 90 grados a favor de las personas con cualquier tipo de discapacidad y, en concreto, a favor de las personas afectadas por el síndrome de Down; proporcionándoles la
adecuada atención desde su nacimiento, a fin de que puedan llegar a conseguir la autonomía necesaria para desenvolverse en la vida ordinaria.
Por todo lo anteriormente dicho, el Grupo Socialista había presentado una enmienda de sustitución, enmienda que, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, retiramos en este momento porque hemos llegado a una consensuada, que no voy a leer
porque ya lo ha hecho el proponente del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? Ruego por tanto que hagan llegar a la mesa la enmienda en los términos en que ha quedado establecida.
-SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS TRANSITORIAS EN TORNO A LA ACCESIBILIDAD DE LOS TRENES DE CERCANÍAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001736.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley sobre la adopción de medidas transitorias en torno a la accesibilidad de los trenes de cercanías. Es autor de esta proposición el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa y exposición tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Esta proposición no de ley de mi grupo parlamentario -de hecho es la primera cuestión de la que quisiera informar-, como seguramente ustedes ya habrán comprobado, fue presentada para su debate en la Comisión de
Fomento. Ahora la vemos aquí fundamentalmente por una razón y es porque entendemos que esta Comisión no permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad tiene evidentemente toda su legitimidad para abordar estos temas, dado que el marco
legislativo está ya suficientemente establecido y suficientemente claro. El motivo por el que mi grupo hace esta proposición no de ley tiene más que ver con la gestión, con el desarrollo de esos aspectos legislativos que a nosotros nos parece que
no se han desarrollado y que quien los ha de llevar a término es el Ministerio de Fomento, motivo por el cual nosotros la presentamos en la Comisión de Fomento. No ha sido así, ha sido trasladada a esta Comisión no permanente y nosotros lo
lamentamos porque pensamos que en definitiva denota una cultura discriminatoria ni más ni menos hacia los colectivos afectados. Porque estamos hablando de problemas de accesibilidad, que además afectan a un conjunto de la población muy alto, porque
problema de accesibilidad también tienen la señora o el señor que va con el cochecito con sus criaturas, etcétera. Nosotros creemos que denota por parte de Fomento una interpretación errónea y nosotros nos vamos
a cuidar de que quede claro a través de otra iniciativa diferente, pero que sí que va a ir dirigida totalmente al Ministerio de Fomento.
Hay una cuestión que también queremos destacar y es que hay un retraso enorme en el cumplimiento de todas las normas que en nuestra proposición no de ley ya mencionamos. No voy a cansar a todos los diputados y diputadas de esta Comisión,
porque conocemos perfectamente de qué estamos hablando todos; estamos hablando de la LISMI, de la LIONDAU. En definitiva, de un horizonte que se estableció para que hubiera una plena accesibilidad, establecido en el año 2020; aunque faltan años,
no son tantos, teniendo en cuenta el retraso tan importante que existe todavía en lo que es la puesta en marcha de todas las medidas de accesibilidad, ya sea desde las estaciones, desde los andenes, desde los trenes de corto recorrido, y
evidentemente, los de largo recorrido. Estamos todavía en una situación que dista muchísimo de lo que se consideraría un país avanzado, un país respetuoso, un país que realmente, de verdad, se plantea unas condiciones de igualdad para las personas
que tienen un problema de accesibilidad.
Otra cuestión. No quiero cansarles pero quiero poner encima de la mesa que, para poder argumentar con más profundidad esta proposición no de ley, he intentado recabar el máximo de información, tanto de los trenes de cercanías como de los de
largo recorrido, y he intentado hablar con el máximo de propiedad cuando estoy diciendo que hay un retraso, cuando estoy diciendo que no hay una implantación que parezca deducir que en el año 2020 vamos a tener esta plena accesibilidad. Y para
poder hablar con esta propiedad he intentado, como digo, recabar información, tanto desde el punto de vista de la Administración, en este caso por parte de Fomento, por parte del Inserso incluso, etcétera, como también directamente de Renfe. No ha
sido posible. Mi petición era muy clara, quería saber si hay una planificación, si hay una programación de cómo y de qué forma se va a hacer este desarrollo para la accesibilidad. No existe esta programación, esta planificación, no existe -y esto
es lo que más me preocupa- ni tan siquiera un diagnóstico por parte de Renfe de cuántos trenes de cercanías hay que no tienen las condiciones de accesibilidad, cuántos de largo recorrido, etcétera; no existe. Buscando realmente, lamentablemente
también -por otro lado les he felicitado pero es lamentable-, lo único que he podido encontrar es un diagnóstico, un estudio interesantísimo, que pasaré a todas las personas de esta Comisión, aunque, igual ya lo tienen. La verdad es que yo lo
desconocía.
Es del año 2004, del Foro de vida independiente, en el que hacen un análisis de accesibilidad para las personas con movilidad reducida, viajeros de Renfe en este caso para los trenes de largo recorrido. Este estudio, que es el único
que existe, da un resultado descorazonador, yo diría que vergonzoso, desde el punto de vista de una sociedad avanzada, y quiero decirlo así. Para empezar, yo desconocía que solamente hay una plaza por unidad, por vagón, una plaza reservada para
personas con movilidad reducida. O sea, una pareja de personas con dificultad de movilidad, que vayan en silla de ruedas, no pueden ir en estos momentos juntos en un vagón de tren, tienen que ir por separado en las distintas unidades. El resultado
no lo voy a dar, porque además me quiero ceñir, siendo un poco seria y ortodoxa, a lo que ha sido la PNL, que iba más dirigida a los trenes de cercanías, mientras que este estudio está prácticamente dirigido a los trenes de largo recorrido. Lo que
sí que adelanto es que mi grupo ya está preparando una iniciativa mucho más amplia en este sentido. Más que nada porque, visto ya todo el contexto, me ha parecido francamente poco lo que he planteado en esta PNL, lo que planteé en el mes de mayo,
que fue cuando la presenté. Y quiero dejar constancia de que no tenía toda la información, quiero dejar constancia del problema que la accesibilidad en los transportes públicos, sobre todo en este caso en Renfe, comporta y lo voy hacer en un plazo
breve tiempo.
Concretamente, esta PNL -me voy a ceñir a su contenido- lo que está planteando es que en los trenes de cercanías existe todavía en estos momentos dificultades importantísimas, dificultades de lo más esenciales, para que puedan acceder a
ellos las personas con problemas de movilidad.
Hace un momento, en esta misma Comisión y en muchas otras, hemos estado hablando de la importancia de la integración laboral de las personas con problemas de discapacidad. Yo creo que dedicamos mucho
tiempo -nunca el suficiente- a hablar de este tema y mi pregunta es cómo van a poder llegar a su lugar de trabajo si empiezan por tener ya problemas de accesibilidad en los transportes públicos; no tanto en los autobuses o en los microbuses, pero
sí en los trenes. Se está deduciendo, por tanto, que estas personas han de tener coche propio, se está deduciendo que han de tener una renta determinada y se está deduciendo que van a poder destinar una parte importantísima de sus ingresos, sean
limitados o no, a un transporte propio, porque no van a poder viajar de otra manera.
Planteo en esta proposición no de ley dinamizar e impulsar la accesibilidad plena, libre y autónoma, en los transportes públicos colectivos y, como fundamental, que en tanto el transporte público no sea plenamente accesible, se establezcan
medidas transitorias, tal como el incremento de los medios técnicos y humanos disponibles para garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida. Porque lo que está pasando es que, además de que realmente un porcentaje altísimo de los
trenes no está todavía en condiciones de una accesibilidad autónoma por parte de estas personas, se ha ido reduciendo -todos lo sabemos- enormemente el personal humano de las estaciones de trenes. Prácticamente en estos momentos todo funciona a
base de las máquinas expendedoras de billetes, etcétera, y no hay personal al que puedan dirigirse o al que puedan realmente solicitar ayuda, dado que tienen problemas de accesibilidad. Planteábamos también establecer como horizonte temporal para
esta implementación de medidas transitorias el plazo de un año y que en los Presupuestos Generales
del Estado para el 2007 se establezca una dotación presupuestaria suficiente para estas medidas transitorias. En definitiva, estamos diciendo que no deberíamos estar hablando de medidas transitorias, que no deberíamos estar pidiendo cosas
tan elementales y tan simples; debería haber ya una planificación y una puesta en marcha y por tanto un cumplimiento de lo que las leyes emanan, de lo que realmente ya está aprobado. Aún habiendo un calendario para su total puesta en marcha, que
es el año 2020; entendemos, porque han pasado desde la aprobación de estas leyes muchos años y poco ha cambiado -y que vamos a entrar ya en el año 2007- y que realmente las condiciones son todavía de muchísima precariedad. Ahora ya estamos
hablando de medidas transitorias. Y no puede ser que hoy todavía esté pasando que muchas personas que tienen problemas de movilidad no puedan ni trasladarse a su centro de trabajo en los trenes de cercanías del Estado español y que no puedan ni tan
siquiera tener el derecho, como cualquier otra persona, a poder viajar en compañía de sus familiares, si también están en la misma condición en la que pueda estar él. Queríamos pedir esto al Ministerio de Fomento, a la Comisión de Fomento;
seguramente no es aquí donde toca hacerlo, pero es aquí donde nos han trasladado esta proposición no de ley. A partir de esta intervención estaré encantada de escuchar cuál es su opinión al respecto.
El señor PRESIDENTE: Existen a esta proposición no de ley dos enmiendas formuladas. Una de adición, del Grupo Popular, y otra de sustitución, del Grupo Socialista. Para la defensa de la enmienda de adición del Grupo Popular tiene la
palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: La verdad es que este grupo, a la hora de afrontar esta proposición no de ley que presenta el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos hacerlo no solamente referida a los trenes de cercanías o
al transporte terrestre por tren, sino al transporte público en general. Entendemos además que esta proposición no de ley pretende impulsar la acción del Gobierno y es objetivo de este grupo parlamentario tener siempre un espíritu constructivo y
dar un paso más allá, fundamentalmente en asuntos como el que nos ocupa ahora mismo. Nos parece que efectivamente, como ha dicho antes la diputada del Grupo de Izquierda Unida, es una medida transitoria, es un parche necesario, un mal menor ante el
incumplimiento generalizado que, en cuestión de plazos, tiene este Gobierno. En cualquier caso, nosotros, aquellos que pertenecemos a la ideología liberal, la de mi partido, pensamos que es fundamental que haya una preeminencia del individuo frente
a las administraciones públicas y por tanto que la persona sea capaz de tomar sus propias decisiones, de circular con libertad, de crear riqueza y bienestar, que tenga el derecho a tomar sus propias decisiones. Es el objetivo fundamental de este
grupo parlamentario, erradicar los obstáculos que impidan su plena participación en la sociedad. La obligación de este Gobierno, como la de todos, es promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas y remover
aquellos obstáculos que impidan su plenitud. Y este grupo desea contribuir hacia la igualdad de oportunidades y hacia el paradigma de la vida independiente.
Hemos presentado a la proposición no de ley formulada una enmienda dividida en tres partes; la primera de las cuales está referida a que el Gobierno cumpla por fin los plazos que la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, establece en la
disposición final quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava y en la novena, que hablan de reducción de plazos. Quiero hacer alusión además de a la disposición final octava, de la que posteriormente hablaré, a la disposición final quinta, que
habla sobre condiciones de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con la Administración pública. Quiero decir al grupo que apoya al Gobierno que tenga en cuenta que nos estamos refiriendo a la Administración pública, por lo tanto al
acceso a la Administración de Justicia, por ejemplo, derecho que está recogido en el artículo 24 de la Constitución española; a la participación en los procesos electorales, etcétera. En la segunda parte de nuestra enmienda hablamos de acortar los
plazos establecidos en la ley, en la disposición final octava. Los plazos a los que alude son de 5 a 7 años para infraestructuras y materiales de transporte nuevos y de 15 a 17 años para aquellos que tengan una posibilidad de ajuste razonable. Nos
parecen plazos excesivos, aunque cuando el Grupo Popular en su día aprobó esta ley me imagino que había otros criterios.
La sociedad ha ido avanzando y la obligación de este grupo es impulsar la acción del Gobierno. En ese camino, y además así lo reflejaba nuestro programa electoral, pretendemos reducir esos plazos. Con respecto a la tercera parte de nuestra
enmienda, pensamos que sería importante fundamentalmente para aquellos territorios que tienen unas peculiaridades geográficas evidentes. Es el caso de las Islas Baleares, de Ceuta y Melilla y de Canarias; en el caso de Canarias principalmente, por
razón de lejanía, de insularidad, de ser un territorio fracturado -ya incluso recoge estas características la Unión Europea en su tratado-. Nos encontramos ante la situación de que estas personas con discapacidad que se trasladan desde Canarias a
la Península solo tienen la posibilidad de hacerlo por avión y es importante que por parte del Gobierno se elaboren estudios o que se haga un seguimiento acerca de las facilidades que se les está dando.
Para terminar quiero decir que el Grupo Popular seguirá insistiendo en favorecer en la medida de sus posibilidades la accesibilidad de los discapacitados. Para ello ya hemos presentado dos proposiciones no de ley y tenemos preparada una
tercera sobre paradores nacionales, porque la idea fundamental de este grupo, tengo que insistir es conseguir que todas las personas que tienen algún grado de discapacidad puedan acceder en igualdad de oportunidades a una vida independiente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista y para la defensa de su enmienda de sustitución tiene la palabra la señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: No vamos a hacer exactamente una enmienda de sustitución. Dado el espíritu que siempre impera en esta Comisión, pienso que vamos a llegar a un acuerdo. Hay fundadas razones, además, para hacerlo así. El tema de la
accesibilidad de las personas que tienen movilidad reducida a los trenes de cercanías en concreto, que es lo que nos ocupa en esta proposición no de ley, es algo que preocupa de una manera importante a todos los grupos, que llevan años destacándolo.
He estado estudiando esta cuestión, para preparar mi defensa de esta proposición no de ley, y he visto que llevan años todos los grupos políticos intentando hacer llegar a los gobiernos de turno su preocupación por esta situación que sin lugar a
dudas tiene muchísimo que ver con la calidad de vida de estas personas con discapacidad.
Voy a exponer a continuación algunas reflexiones al respecto. Es cierto que, con independencia de las numerosas acciones emprendidas por Renfe -y es cierto que se está haciendo un trabajo y un trabajo importante para mejorar las condiciones
de accesibilidad de las estaciones y de los trenes-, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha puesto en marcha un grupo de trabajo riguroso, que está estudiando las condiciones básicas de accesibilidad a los medios de transporte y las
conclusiones de ese trabajo son las que van a dar lugar a la promulgación de este decreto que está contemplado en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para las personas con discapacidad. Digamos que este
decreto, que en esta Comisión el Grupo Socialista nos comprometemos a publicar antes de que termine el año 2007, va a ser de alguna forma el norte que marque las prioridades y los modos de intervención en estas dificultades de accesibilidad para los
discapacitados en los trenes de cercanías. Quiero hacer algún comentario con relación al calendario, al que tanto la portavoz de Izquierda Unida como el portavoz del Grupo Popular han hecho referencia. Ese calendario es realmente el que se
contempla en la ley y dice que los plazos de entrada en vigor de la Liondau en lo que se refiere a la accesibilidad, en concreto al ferrocarril, serían de 5 a 7 años, para infraestructuras y material de transporte nuevo, y de 15 a 16 años para todos
aquellos existentes que sean susceptibles de ajustarse razonablemente. Es cierto que este es un reto importante y que para hacerlo, como decía, con rigor, se necesita tiempo. No podemos caer de algún modo en la fantasía. A todos nos gustaría
adelantar estos plazos, pero hay 600 estaciones de cercanía, hay 11 redes y hay 73 grandes estaciones, que tienen muchas dificultades de acceso. Estos plazos que la ley establece -y por algo es así- son los razonables y por parte de todos los
grupos políticos, cuando se aprobó la ley, se veía que eran los convenientes. Respecto al incremento de medios técnicos y humanos disponibles, si bien es cierto que existen plataformas elevadoras en determinadas estaciones, este sistema de
plataformas elevadoras dista de ser una solución en el ámbito de Renfe-Cercanías, porque se trata de elementos inadecuados en este tipo de servicio, debido a su poca versatilidad, ya que la operativa requiere que la parada del tren sea lo
suficientemente extensa.
En cuanto a los trenes en sí, el problema de la accesibilidad se resuelve con la puesta en servicio de la plataforma tecnológica Civia, consistente en vehículos totalmente adaptados para el uso de personas con movilidad reducida. Este tren
Civia es el que se entiende que resuelve la accesibilidad para este colectivo mediante un coche con piso bajo y una puerta con acceso directo a este mediante una plancha deslizante que cubre el hueco entre el coche y el andén y que cuenta con un
pasillo de intercirculación de cabina a cabina, sin separación entre los diferentes coches y espacios reservados para ubicar sillas de ruedas. Este es nuestro futuro, imponer estos trenes Civia. En la actualidad, estos vehículos ya prestan
servicio en algunos núcleos de cercanía y paulatinamente se irán incorporando nuevos trenes de estas características. Y sí que hay un plan estratégico 2005-2009 de Renfe-Operadora. Contempla la adquisición. Sabemos cuántos trenes de estas
características necesitamos, son 280 para todo el servicio de cercanía. Y, por ejemplo, en el año 2006 ya se adquirieron 12 y también se hizo una inversión de 42,4 millones de euros para atender otras obras de supresión de barreras, en general en
estaciones. Lo que quería decir al portavoz de Izquierda Unida y del Grupo Popular es que sí que es cierto que Renfe se está tomando muy en serio esta situación tan dificultosa para los discapacitados que quieren utilizar este medio de transporte.
Es cierto que hay muchas estaciones todavía con muchas limitaciones, pero Renfe se está tomando en serio la eliminación de todas estas barreras, aunque efectivamente hay muchas estaciones y muchas dificultades. El proceso de tiempo es fundamental.
Yo pediría comprensión a los portavoces de Izquierda Unida y del Grupo Popular, y considerando la voluntad de consenso que siempre nos ha caracterizado en esta Comisión voy a leer una enmienda que englobaría las propuestas que hace la
diputada que ha presentado la proposición no de ley, la señora García, y también las enmiendas de adición que también ha propuesto el portavoz del Grupo Popular. Más o menos -espero que les guste- podría quedar de la siguiente manera: El Congreso
insta al Gobierno a impulsar las actuaciones del grupo de trabajo sobre condiciones básicas de accesibilidad a los medios de transporte puesto en marcha por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de que el real decreto que contempla la
Liondau esté aprobado antes de que finalice 2007. Y continuaría: En tanto el transporte público no sea plenamente accesible, se establecerán medidas transitorias, como el incremento de medios técnicos y humanos, que garanticen el acceso de las
personas con movilidad reducida. También se asegurará que todo
el material móvil de cercanías que se adquiera sea plenamente accesible.
Simultáneamente se promoverá la adaptación para su accesibilidad al material móvil actualmente existente y se llevarán a cabo estudios de necesidades y de seguimiento
para la accesibilidad en el transporte público, atendiendo a las peculiaridades de las islas Canarias, las Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla. Estos estudios de necesidades y seguimiento se remitirán anualmente a este Congreso de los
Diputados.
Espero que la conclusión de las aportaciones de los tres grupos sea satisfactoria para los señores diputados.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación de las enmiendas formuladas tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Entiendo que el punto 2 ha quedado como figura en mi proposición no de ley. Tal cual (La señora Corral Ruiz: Sí, tal cual, por supuesto.) Tales como el incremento de los medios técnicos y humanos; literalmente.
Nosotros aceptaríamos la propuesta, pero -y así lo he manifestado antes-nuestro punto número 4, que creo que no ha sido recogido, continúo insistiendo, en que se mantenga. Mi grupo lo mantendrá por una razón muy fundamental y es que estamos
hablando de unas medidas transitorias, estamos hablando por tanto de unos medios técnicos y humanos disponibles, y el punto 4 lo que está diciendo es que en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2007 se establezca una dotación
presupuestaria suficiente para la aplicación de este sistema transitorio. Yo no entiendo que se vaya a poder poner en práctica este sistema transitorio si no hay realmente los presupuestos para poderlo hacer. Incluso a nivel municipal diríamos
algo tan simple como: si no hay esa partida, no ha lugar a que hablemos del tema. Desde este punto de vista yo insisto en que se mantenga, en coherencia con lo que estamos diciendo, porque significa un gasto suplementario a lo que en estos
momentos pudiera ya, en este caso el Ministerio de Fomento, tener previsto; tenía previsto lo que tuviera previsto, pero, al haber unas medidas transitorias, va a ser preciso también un coste adicional.
El señor PRESIDENTE: A los efectos del exacto conocimiento de lo que sometemos a votación, pido que sea entregado en la mesa el texto exacto y si excepcionalmente se precisa aclaración por parte de los grupos, tendría en primer lugar la
palabra el Grupo Popular y a continuación el Grupo Socialista.
El señor MARISCAL ANAYA: Nosotros, señor presidente, aceptamos las enmiendas transaccionales del Grupo Socialista, pero queremos votar el punto 6º de nuestra enmienda de adición, en lo referido al acortamiento de plazo; la disposición
final octava.
El señor PRESIDENTE: Ahora preguntaremos a la señora García Suárez.
Continuamos, señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Yo le diría al señor Mariscal que los plazos de la ley son los que puso el Gobierno del Partido Popular; son plazos que se han estudiado y se han considerado adecuados. Yo adelanto que vamos a votar en contra de que
se modifiquen los plazos, si bien es cierto que la voluntad de este Gobierno es intentar acortarlos, pero creo que hay que ser rigurosos. Espero que podamos dar la sorpresa de acortar los plazos, pero de momento no podemos votar a favor de hacerlo.
Yo pediría a la señora García flexibilidad en cuanto a la constancia en las conclusiones de esta proposición no de ley, que se incluya en la ley de presupuestos generales de 2007 la expresión establecer dotación. Es obvio, como ella muy
bien dice, si no hay presupuesto, ¿de qué estamos hablando? Es obvio que en los presupuestos de 2007 hay una partida para acometer estos retos, como la había en el año 2006, en 2005 y en 2004; pero los presupuestos de 2007 están sin aprobar,
estamos trabajando sobre ellos y ahora mismo no estaríamos en condiciones de votar este punto en cuanto a que en los presupuestos de 2007 se establecería dotación suficiente; sin duda se va a establecer una dotación supuestamente suficiente para
acometer los objetivos. hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Para precisar ya con total exactitud, tiene la palabra la señora García Suárez. Le pido precisión sobre los puntos 2 y 4 de su proposición no de ley, al mismo tiempo, clara determinación sobre lo que se acepta o se
rechaza del Grupo Popular y del Grupo Socialista, que es lo que someteremos a votación, como corresponde.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Para que la diputada pueda entender mi posición, quiero comentarle una cuestión. en esta legislatura, el 3 de diciembre de 2004, y a propuesta del Grupo Socialista, hubo un debate plenario precisamente sobre el
tema que estamos debatiendo en estos momentos. En 2004. Y se instó al Congreso de los Diputados a toda una serie de cuestiones a favor de los cuales votamos todos los grupos. Si eso se hubiera cumplido, hoy no estaríamos viendo esta proposición
no de ley. Lo lamento, pero realmente es así. Es un tema que trasciende grupos políticos e ideologías; no podemos continuar de esta manera y por tanto no podemos ir aprobando cosas, declaraciones de intenciones, para después, transcurridos dos
años, darnos cuenta de que prácticamente no hemos avanzado nada. Dicho esto, nuestra proposición no de ley pierde todo su sentido y por tanto, prefiero que no se vote y que quede encima de la mesa, para entendernos. Pierde todo su sentido si el
punto 2 y el punto 4 no se incorporan. El punto 1 se aprobó y con largo alcance; se ha aprobado en no sé cuántas otras ocasiones y es una voluntad que queda simplemente en voluntad. En nuestra proposición estamos diciendo que, como no se está
cumpliendo,
como no se cumplió ya lo que se instó al Gobierno hace dos años, etcétera, necesitamos unas medidas transitorias que aseguren que mañana, que pasado, que de aquí a unos meses, las personas con dificultad de movilidad podrán utilizar el
transporte público. Esto es lo que estamos planteando y decimos que sea en los Presupuestos Generales del Estado o, doy una alternativa, que sino es en los Presupuestos Generales del Estado sea dentro de los presupuestos del Ministerio de Fomento;
que dentro de los presupuestos del Ministerio de Fomento haya realmente una partida para estas medidas transitorias. No queremos ir a una aprobación de esta PNL simplemente para quedarnos tranquilos y satisfechos de que hemos llegado a un consenso.
O hay un consenso, y estupendo, o si no lo hay, también entenderé perfectamente al Grupo Socialista, yo lo entenderé; pero es que me han de entender a mí también. Queda absolutamente edulcorada esta proposición no de ley si no se contemplan estos
dos aspectos. No sé si son los términos concretamente de los Presupuestos Generales del Estado, pero ha de haber una partida en estos presupuestos para estas medidas transitorias.
Y ya para acabar, voy a referirme al punto 6º del Grupo Popular. Si hubiera este consenso en el texto que nos ha planteado el Grupo Socialista, yo también comparto que se han de reducir esos plazos. Pienso que no está bien del todo la
proposición no de ley. He adelantado al inicio que se requerirá, y que lo vamos a hacer, mi grupo lo va a hacer, una proposición de más largo alcance y que entendemos que en esta nos estamos refiriendo a una cuestión muy específica, que son los
trenes de cercanías. Por tanto, no la votaría.
El señor PRESIDENTE: Señora Corral, para finalizar.
La señora CORRAL RUIZ: Estoy de acuerdo con el punto 2 que propone la señora Suárez y le haría una propuesta sencilla, que yo creo que tiene que ver con el contenido del punto 4, que quedaría: En la ley de Presupuestos Generales del Estado
de 2007 se establecerá dotación presupuestaria para la aplicación de las medidas transitorias. Quizá ahora mismo no estamos en condiciones de asumir la palabra suficiente. No sabemos hasta dónde llega lo suficiente.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, ruego que presenten por escrito los términos en que ha quedado formulada la proposición y que someteremos a votación. Y en ese caso no procederá votar ninguna otra cuestión más que aquellas que se
presenten. Si algún grupo solicita que sea por apartados, lo haríamos así; si no, en su conjunto.
Vamos a suspender la sesión cinco minutos, puesto que habíamos dicho que a las 12:30 se procedería a la votación. Como todavía no lo son, suspendemos hasta las 12:30 horas con exactitud. Entretanto ruego a los señores portavoces que se
acerquen a la mesa. (Pausa.)
Señorías, reanudamos la sesión.
En primer lugar y antes de iniciar las votaciones, quiero indicarles que, por acuerdo de Mesa y portavoces, y a los efectos de ordenación de la agenda de SS.SS., la próxima sesión está prevista para el 21 de noviembre, a las 10:30 de la
mañana; comenzará con proposiciones no de ley para a las 12:00 efectuarse la comparecencia de la secretaria de Estado, como estaba previsto.
Y ahora pasamos a la votación, después del debate que hemos mantenido, de las proposiciones no de ley, siguiendo el orden previsto en el orden del día, con independencia de la ordenación del debate producido con anterioridad. El punto 2o
del orden del día, al haber sido retirada la proposición no de ley, no se somete a votación. Punto 3o del orden del día, someteremos a votación la proposición no de ley con la enmienda acordada por los grupos. Esta proposición no de ley es sobre
el establecimiento de planes y programas de formación profesional y ocupacional relativos a la dependencia y se somete a votación, como he dicho, con la enmienda acordada por los grupos, enmienda propuesta por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 4º del orden del día, proposición no de ley a favor de las personas con el síndrome de Down, que se vota con la enmienda transaccional también acordada por los grupos. Se somete a votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 5º del orden del día, proposición no de ley sobre la adopción de medidas transitorias en torno a la accesibilidad de los trenes de cercanías. El señor letrado va a proceder a la lectura de lo que en estos momentos se somete a votación
después de las intervenciones y acuerdos, creo, posibles entre los distintos grupos. Se procede a la lectura.
El señor LETRADO: Los cinco puntos dirían así: El Congreso insta al Gobierno a: 1. Impulsar las actuaciones del grupo de trabajo sobre condiciones básicas de accesibilidad a los medios de transporte puesto en marcha por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, a fin de que el real decreto que compromete la ley esté aprobado antes de finalizar 2007.
2. En tanto el transporte público no sea plenamente accesible, establecer medidas transitorias tales como el incremento de los
medios técnicos y humanos disponibles para garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida. 3. Asegurar que todo el material móvil de cercanías que se adquiera sea plenamente
accesible. 4. Simultáneamente, promover la adaptación para su accesibilidad al material móvil actualmente existente. 5. En la ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007 se establecerá una dotación presupuestaria para la
aplicación de este sistema transitorio.
(La señora Corral Ruiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Corral, ¿qué punto falta?
La señora CORRAL RUIZ: Llevar a cabo estudios de necesidades y seguimiento sobre la accesibilidad al transporte público, atendiendo a las peculiaridades de las islas Canarias, Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla. Este estudio
será remitido anualmente a las Cortes Generales.
El señor LETRADO: Sería el punto 6.
El señor PRESIDENTE: Señora García Suárez, ¿está de acuerdo con esta lectura de la propuesta? (Pausa.) Pues se añade como punto 6 en este caso y pido que se entregue a la Mesa. Pasamos a votación de esta proposición no de ley con los 6
puntos que han sido leídos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 6º del orden del día, proposición no de ley relativa a evitar que la diabetes sea causa de exclusión genérica para el acceso al empleo público. Se vota en los términos establecidos, con el acuerdo entre los grupos, con la enmienda
transaccional presentada en este caso por el Grupo Popular
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.