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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 640, de 06/09/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 640
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Sesión núm. 25
celebrada el miércoles, 6 de septiembre de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas: ... (Página ) sobre las potestades urbanísticas de los entes públicos territoriales.
(Número de expediente 181/002257.) ... (Página 7)
-Regulación prevista por el Gobierno sobre las Diputaciones Forales del País Vasco en la nueva Ley del Gobierno y Administración Local. (Número de expediente 181/002258.) ... (Página 7)
Municipios de la provincia de Almería que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072300). (Número de
expediente 181/002409.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Cádiz que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072301). (Número de expediente 181/002410.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Córdoba que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072302). (Número de expediente 181/002411.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Granada que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072303). (Número de expediente 181/002412.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Huelva que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072304). (Número de expediente 181/002413.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Jaén que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072305). (Número de expediente 181/002414.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Málaga que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072306). (Número de expediente 181/002415.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Sevilla que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072307). (Número de expediente 181/002416.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Huesca que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072308). (Número de expediente 181/002417.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Teruel que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072309). (Número de expediente 181/002418.) ... (Página 7)
Municipios de la provincia de Zaragoza que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del
Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072310). (Número de expediente 181/002419.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Burgos que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072311). (Número de expediente 181/002420.) ... (Página 7) )
-Municipios de la provincia de León que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072312). (Número de expediente 181/002421.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Palencia que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072313). (Número de expediente 181/002422.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Salamanca que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072314). (Número de expediente 181/002423.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Segovia que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072315). (Número de expediente 181/002424.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Soria que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072316). (Número de expediente 181/002425.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Valladolid que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072317). (Número de expediente 181/002426.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Zamora que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072318). (Número de expediente 181/002427.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Ávila que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072319). (Número de expediente 181/002428.) ... (Página 7)
Municipios de la provincia de Albacete que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del
Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072320). (Número de expediente 181/002429.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Ciudad Real que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072321). (Número de expediente 181/002430.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Cuenca que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072322). (Número de expediente 181/002431.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Guadalajara que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072323). (Número de expediente 181/002432.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Toledo que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072324). (Número de expediente 181/002433.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Barcelona que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072325). (Número de expediente 181/002434.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Girona que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072326). (Número de expediente 181/002435.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Lleida que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072327). (Número de expediente 181/002436.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Tarragona que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072328). (Número de expediente 181/002437.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Alicante que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072329). (Número de expediente 181/002438.) ... (Página 7)
Municipios de la provincia de Castellón que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del
Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072330). (Número de expediente 181/002439.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Valencia que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072331). (Número de expediente 181/002440.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Badajoz que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072332). (Número de expediente 181/002441.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Cáceres que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072333). (Número de expediente 181/002442.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de A Coruña que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072334). (Número de expediente 181/002443.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Lugo que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072335). (Número de expediente 181/002444.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Ourense que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072336). (Número de expediente 181/002445.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Pontevedra que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072337). (Número de expediente 181/002446.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Guipúzcoa que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072338). (Número de expediente 181/002447.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Vizcaya que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072339). (Número de expediente 181/002448.) ... (Página 7)
Municipios de la provincia de Álava que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del
Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072340). (Número de expediente 181/002449.) ... (Página 7)
-Municipios de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local Contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para
el año 2006, 'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072350). (Número de expediente 181/002450.) ...
-Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072342). (Número de expediente 181/002451.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Madrid que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072343). (Número de expediente 181/002452.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Murcia que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación
económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072344). (Número de expediente 181/002453.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Navarra que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072345). (Número de expediente 181/002454.) ... (Página 7)
-Municipios de La Rioja que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local Contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación económica
local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072346). (Número de expediente 181/002455.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Illes Balears que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072347). (Número de expediente 181/002456.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Las Palmas que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072348). (Número de expediente 181/002457.) ... (Página 7)
-Municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año
2006, 'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072349). (Número de expediente 181/002458.) ... (Página
7)
-Diputaciones provinciales que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación económica
local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072350). (Número de expediente 181/002459.) ... (Página 7)
-Cabildos insulares que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación económica local
del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072351). (Número de expediente 181/002460.) ... (Página 7)
-Consejos insulares que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, 'Cooperación económica local
del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072352). (Número de expediente 181/002461.) ... (Página 7)
-Comunidades Autónomas uniprovinciales que han presentado solicitud para cofinanciar los proyectos de modernización administrativa local contemplados en el Programa 942 A de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006,
'Cooperación económica local del Estado', así como previsiones al respecto (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/072353). (Número de expediente 181/002462.) ... (Página 7)
Proposiciones no de Ley:
-Sobre homogeneización salarial y funcional de los Titulados Superiores y Medios de la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente
161/000551.) ... (Página 18)
-Relativa a la conflictividad existente entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001740.) ...
PREGUNTAS:
DEL SEÑOR PADILLA CARBALLADA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-VALORACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LAS POTESTADES URBANÍSTICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS TERRITORIALES. (Número de expediente 181/002257.)
-REGULACIÓN PREVISTA POR EL GOBIERNO SOBRE LAS DIPUTACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO EN LA NUEVA LEY DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. (Número de expediente 181/002258.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072300). (Número de expediente 181/002409.)
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072301). (Número de expediente 181/002410.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072302). (Número de expediente 181/002411.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072303). (Número de expediente 181/002412.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HUELVA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072304). (Número de expediente 181/002413.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072305). (Número de expediente 181/002414.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072306). (Número de expediente 181/002415.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072307). (Número de expediente 181/002416.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072308). (Número de expediente 181/002417.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072309). (Número de expediente 181/002418.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072310). (Número de expediente 181/002419.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072311). (Número de expediente 181/002420.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LEÓN QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072312). (Número de expediente 181/002421.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PALENCIA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072313). (Número de expediente 181/002422.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072314). (Número de expediente 181/002423.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072315). (Número de expediente 181/002424.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SORIA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072316). (Número de expediente 181/002425.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072317). (Número de expediente 181/002426.)
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ZAMORA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS
DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072318). (Número de expediente 181/002427.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072319). (Número de expediente 181/002428.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072320). (Número de expediente 181/002429.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072321). (Número de expediente 181/002430.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CUENCA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072322). (Número de expediente 181/002431.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072323). (Número de expediente 181/002432.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072324). (Número de expediente 181/002433.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BARCELONA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072325). (Número de expediente 181/002434.)
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GIRONA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERAción
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072326). (Número de expediente 181/002435.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072327). (Número de expediente 181/002436.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072328). (Número de expediente 181/002437.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072329). (Número de expediente 181/002438.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072330). (Número de expediente 181/002439.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072331). (Número de expediente 181/002440.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072332). (Número de expediente 181/002441.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072333). (Número de expediente 181/002442.)
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA
NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072334). (Número de expediente 181/002443.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LUGO QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072335). (Número de expediente 181/002444.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE OURENSE QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072336). (Número de expediente 181/002445.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072337). (Número de expediente 181/002446.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GUIPÚZCOA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072338). (Número de expediente 181/002447.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VIZCAYA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072339). (Número de expediente 181/002448.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ÁLAVA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072340). (Número de expediente 181/002449.)
-MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072350). (Número de expediente 181/002450.)
-MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072342). (Número de expediente 181/002451.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MADRID QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072343). (Número de expediente 181/002452.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MURCIA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN
ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072344). (Número de expediente 181/002453.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE NAVARRA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072345). (Número de expediente 181/002454.)
-MUNICIPIOS DE LA RIOJA QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN ECONÓMICA
LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072346). (Número de expediente 181/002455.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ILLES BALEARS QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072347). (Número de expediente 181/002456.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072348). (Número de expediente 181/002457.)
-MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2006, 'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072349). (Número de expediente 181/002458.)
-DIPUTACIONES PROVINCIALES QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN ECONÓMICA
LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072350). (Número de expediente 181/002459.)
CABILDOS INSULARES QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR
LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072351). (Número de expediente 181/002460.)
-CONSEJOS INSULARES QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006, 'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL
DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072352). (Número de expediente 181/002461.)
-COMUNIDADES AUTÓNOMAS UNIPROVINCIALES QUE HAN PRESENTADO SOLICITUD PARA COFINANCIAR LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA LOCAL CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA 942 A DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2006,
'COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL DEL ESTADO', ASÍ COMO PREVISIONES AL RESPECTO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/072353). (Número de expediente 181/002462.)
Se abre la sesión a las cinco de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión número 25 de la Comisión de Administraciones Públicas dándoles la bienvenida y esperando que hayan pasado un buen verano, que será muy positivo para lo que nos espera en este periodo de sesiones.
Quiero decirles que modificamos el horario a petición de algunos portavoces, aprovechando que mañana tenemos también comisiones y Pleno. La Mesa ha revisado la calificación de dos preguntas del Grupo Popular, la 2407 y la 2408, que pasan a la
Comisión de Justicia, de manera que el orden del día se ha reformulado en base a esta revisión. Tal y como ustedes disponen, tenemos un orden del día con dos preguntas, la 1 y 2, del Grupo Popular, y las preguntas que van de la 3 a la cincuenta y
tantas también son del Grupo Popular, en relación con las cuales vamos a ver si con datos evitamos la discusión en la Comisión.
Luego pasaremos a dos proposiciones no de ley, una del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds y otra del Grupo Popular. Si todo va bien, dada la poca complejidad del debate, podríamos aspirar a votar a las seis de la tarde o a las seis y cuarto para tener un margen de seguridad. Lo digo por si los diputados tienen otros
planteamientos.
Sin más, damos la bienvenida a la secretaria de Estado de Cooperación Territorial, que comparece hoy para dar cumplida respuesta a la demanda de estas preguntas a las que he hecho referencia. Muchísimas gracias por su presencia, señora
secretaria de Estado, y tiene la palabra el señor Padilla, del Grupo Popular, para la formulación de las citadas preguntas.
El señor PADILLA CARBALLADA: Quiero sumarme al saludo de reencuentro a todos los miembros de la Comisión, así como lamentar el percance de la señora Navarro, esperando que el vigor de su juventud haga que esa incidencia se resuelva cuanto
antes, sabiendo, porque yo tuve un verano parecido, lo que supone una de esas situaciones durante estos meses de más calor en el que este tipo de cosas son más molestas.
En primer término, señor presidente, hay una serie de preguntas que había formulado al Gobierno y que, no contestadas como establece el Reglamento, según prescribe el mismo se convierten en preguntas orales en la Comisión; todas ellas menos
las dos primeras y las dos que han sido reubicadas por la Mesa del Congreso en la Comisión de Justicia. El buen deseo de cooperar y de facilitar la tarea de administración de la Cámara ha hecho que este diputado no haya puesto objeción, por más
que, por ejemplo, respecto a la que figura en el orden del día como punto 4, relación de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales en los que el abogado del Estado ha desistido de la acción ante los tribunales de justicia, aunque es cierto que
es el abogado del Estado el que desiste, no necesariamente es el que toma la decisión, por lo que trascendería del ámbito de la Abogacía del Estado. Situadas en la Comisión de Justicia y con la presunción de que la pretensión del Gobierno es que
esto lo contestara el abogado general del Estado, vuelvo a repetir que con ese espíritu de colaboración no he puesto impedimento ni objeción alguna a que esas dos preguntas vayan al orden del día de la Comisión de Justicia.
El resto de las preguntas se refiere a datos sobre programas concretos, casi todas ellas referidas al mismo programa. Ya adelanto que si la señora secretaria de Estado me puede dar esos datos por escrito, por facilitar el desarrollo del
orden del día yo me aquieto a esa fórmula de dar respuesta a esas preguntas, la acepto, y después actuaré en consecuencia si me parecen insuficientes o no, puesto que no otros me iba a poder facilitar en esta sesión.
Por lo que se refiere a las preguntas, que hago de forma acumulada, únicamente le pediría una intervención
en respuesta a mis iniciativas de preguntas entonces por escrito, en relación a la que figura como punto 1: Valoración del Gobierno sobre las potestades urbanísticas de los entes públicos territoriales, que yo creo que responde a una buena
lógica. Se está ultimando el proyecto de ley de Régimen Local; el país ha asistido estupefacto a algunas situaciones que transcienden de cualquier límite razonable en lo que sería el error público o el exceso incluso en el ejercicio de potestades
públicas para llegar a un punto absolutamente intolerable, y entendemos que el Gobierno habrá hecho alguna valoración de esa circunstancia y naturalmente la enfrentará con una solución. Nosotros en este punto, sin adelantar juicio alguno,
quisiéramos saber qué reflexión le ha originado al Gobierno lo que está en la mente de todos nosotros, lo que ha sucedido en Marbella, sin ir más lejos; qué reflexión tiene en este momento el Gobierno en relación con esa posición dentro del sistema
general del ordenamiento jurídico estatal que le corresponde.
Me ha sorprendido -y acabo ya mi referencia en esta cuestión- que en el último borrador que he podido consultar de proyecto de Régimen Local aparezcan unas previsiones que podríamos denominar, si no de tutela, al menos de vigilancia; yo
creo que son más de tutela. En todo caso, mi ilustre colega del Grupo Socialista seguro que dará una más atinada valoración a la que yo estoy diciendo por su conocimiento más académico de la cuestión, que sabe que le reconozco, aunque a veces no se
pone muy de relieve porque la política es la política, pero en este caso podremos llegar a una valoración que será interesante. En relación con la adjudicación en régimen de concurrencia o en régimen de monopolio de la prestación por concesionarios
de servicios públicos, en el borrador que he manejado se reconoce al ayuntamiento la potestad, que le es propia, para adjudicar esos servicios siempre que sea en régimen de concurrencia y se reserva una intervención del Estado aprobatoria de la
adjudicación, con carácter final, siempre que sea en régimen de monopolio. Hemos visto eso y suponemos que es fruto de alguna reflexión. Nos ha parecido que tiene conexión una cosa con la otra y nos gustaría conocer cuál es en este momento la
reflexión y la postura del Gobierno, aun cuando no sea definitiva, pero alguna tendrá puesto que la relevancia de la cuestión y la importancia del asunto lo requieren.
En cuanto al punto segundo, es cierto que en ese último borrador se ha subsanado una falta que habíamos observado en los primeros borradores que habíamos consultado, en los que no había mención alguna a las excepciones, por llamarlo así, del
régimen de las diputaciones forales del País Vasco y por tanto de los territorios históricos, y se ha recurrido al trámite de reproducir prácticamente en los mismos términos las disposiciones que figuraban al respecto en la actual y vigente
legislación del régimen local. En este punto quisiéramos la confirmación de que esa sigue siendo la posición del Gobierno y, si me lo permite, señora secretaria de Estado, aunque la pregunta en sí misma la contesta el Gobierno en los términos que
estime pertinentes y a mí no me quedaría más objeción que volver a preguntar o repreguntar con las matizaciones que yo estimara oportuno, ya que se ha producido este trámite nos gustaría saber si consideran que esa parte del ordenamiento jurídico
local, en lo que tiene de local -que evidentemente sería un tema sobre el que podríamos hablar mucho, pero no es cuestión-, a la vista del recurso de reproducir el texto anterior significa que la Administración General del Estado, el Gobierno en
este caso como prelegislador lo considera ya un elemento petrificado en el sentido que en este momento no merece ningún tipo de reconsideración y que está absolutamente bien regulado. No hacemos una valoración ni positiva ni negativa, expresamos
nada más que una apreciación de lo que hemos leído y de lo que hemos visto.
Le agradezco esta comparecencia para dar cumplimiento a lo que establece el Reglamento de la Cámara, con esa voluntad facilitadora de una respuesta mejor, más rápida y más breve a nuestras pretensiones de información.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Leiva Díez): Quiero saludar a todos los miembros de la Comisión y darles la bienvenida a este nuevo periodo parlamentario. También deseo que se recupere la señora Navarro, que ha
empezado con mal pie (Risas.), y esperemos que el periodo de recuperación sea breve. Al señor Padilla quiero agradecerle su cooperación y colaboración para que esta sesión se desarrolle de forma fluida y ágil. He visto que ha agrupado las dos
primeras preguntas. Me indica que si tenemos una respuesta por escrito para la tercera no la realizaría. Creo que sí podemos facilitarle información; voy a disponer que le faciliten información. En todo caso, estoy dispuesta a contestar
cualquier otra pregunta oral o por escrito. La resolución ya está, por tanto podemos facilitarle la copia de la misma, y también la copia completa que no se pudo facilitar en su momento ya que hubo que hacer ampliación de todas las solicitudes
debido a los trámites administrativos.
Paso a contestar la primera pregunta, que es la valoración del Gobierno sobre las potestades urbanísticas de los entes públicos territoriales. A la vista de las observaciones y el preámbulo que usted ha hecho, entiendo que quiere preguntar
sobre las potestades urbanísticas de los entes territoriales, que S.S. sabe que en este momento están ampliamente descentralizadas, como corresponde a un Estado autonómico. No obstante, previas valoraciones que se me han indicado, ha hecho alusión
a otros aspectos que no estaban dentro de la pregunta y que sí pueden referirse a ellos, concretamente a la disolución del Ayuntamiento de Marbella, pero le voy a contestar con una respuesta integral y de acción de gobierno y, por
tanto, verá cumplida perfectamente la respuesta que está solicitando.
El Estado español, sin perjuicio de las competencias autonómicas y locales, tiene importantes títulos competenciales desde los cuales se puede incidir sobre el urbanismo, como el que le permite regular las condiciones básicas de la igualdad
en el ejercicio de los derechos constitucionales. Si hacemos un mínimo repaso a nuestra Constitución, el artículo 149.1.1ª permite regular las condiciones básicas también de la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales. Si tenemos
en cuenta las bases del régimen de las administraciones públicas, el procedimiento administrativo común y la expropiación forzosa, que se regulan en el artículo 149.1.18ª de la Constitución española, podremos ver también como el Estado tiene
competencias para abordar los planteamientos y los aspectos que usted me ha indicado. Y si tenemos en cuenta también la ordenación de las bases de la economía, en el 149.1.13ª, y de la protección del medio ambiente, en el 149.1.23ª, podemos ver
cómo el Estado tiene sobradas competencias para actuar en la materia. Este Gobierno es perfectamente consciente de este reparto competencial y de que el mismo le deja margen suficiente para acometer importantes iniciativas. Como le empezaba
diciendo en mi intervención, hay una acción de gobierno transversal, una acción coordinada en materia inmobiliaria territorial y urbanística, precisamente porque la concibe también como una política de Estado. Esta acción tiene que ser transversal
y tiene que implicar a todos los departamentos ministeriales, y como cuestión de Estado también querría que fuera pactada con los partidos políticos.
Es evidente que no me corresponde en este momento detallar aquí la acción de otros ministerios, pero de forma muy breve sí que le voy a apuntar algunas de ellas, porque de esta manera SS.SS. podrán juzgar en la globalidad la acción del
Gobierno en esta materia. En primer lugar, en lo que compete al Ministerio de Justicia, el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 24 de marzo - fíjese, antes de la disolución del Ayuntamiento de Marbella-, promovió a un fiscal
a la categoría de fiscal de sala coordinador para la lucha contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del medio ambiente. Esta iniciativa permitirá coordinar a las distintas fiscalías en delitos de este tipo, al
mismo tiempo que se unificarán criterios de actuación para evitar que queden impunes situaciones de corrupción y especulación urbanística que hayan generado o generen una amplia alarma social. El Consejo de Ministros del día 7 de abril del año 2006
disuelve por real decreto el Ayuntamiento de Marbella, debido a una gestión gravemente dañosa para los intereses generales, entre otros los que usted me ha indicado.
En segundo lugar, en materia de política fiscal también quiero que conozcan ustedes que el Gobierno ha puesto en marcha un plan de prevención del fraude, que contempla medidas específicas para el sector inmobiliario y de la vivienda. Una de
ellas la hemos comprobado todos recientemente en nuestro compromiso como ciudadanos en la campaña del IRPF del año anterior, lo que ha supuesto incrementar el número de declarantes, fundamentalmente en alquileres, un 8,6 por ciento y 101.000
declarantes más, ya que se ha incluido la referencia catastral de la vivienda en la declaración de la renta correspondiente. Del mismo modo, a partir de ahora en las escrituras públicas se deberá incluir el medio de pago para dar mayor
transparencia y control a todas y cada una de estas operaciones. Hay otros planes preparados para seguir controlando y para seguir coordinando. Los contratos de arrendamiento y de suministro de la energía eléctrica tendrán que incluir en el futuro
la referencia catastral de la vivienda.
En tercer lugar, otro ministerio importante, el de Medio Ambiente, va a invertir para adquirir terrenos en el litoral, con objeto de reforzar la protección de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo terrestre de nuevos
espacios que en este momento no pueden ser incluidos en otra protección a nivel legislativo. De esta medida concreta forma parte el Plan director para la sostenibilidad de las costas españolas, que impulsará la protección del litoral y su
recuperación para el dominio público. El Ministerio de Medio Ambiente ha recuperado ya cerca de 800 kilómetros de costa para su incorporación al dominio público marítimo-terrestre.
En cuarto lugar, el Ministerio de Vivienda ha dado en estos dos años un fuerte impulso a la actividad de inversión y urbanización de suelo por medio de su entidad pública SEPES, que sigue impulsando su actividad de suelo industrial, pero
junto a ella ha puesto en marcha una línea de actuación en suelo residencial en la que ya dispone de 6 millones de metros cuadrados sobre los que se edificarán más de 20.000 viviendas protegidas.
En lo que afecta a la preocupación por parte del Gobierno que usted me indicaba, quiero recordar la reciente modificación del Código Penal aprobada por el Gobierno para introducir nuevos tipos penales y aumentar las penas. La citada reforma
pretende mejorar la respuesta de la justicia ante los entramados societarios que buscan blanquear dinero o sirven para ocultar patrimonios ajenos obtenidos de forma ilegal o en perjuicio de terceros. Los administradores de estas compañías tapaderas
serán considerados testaferros, una figura que también estará castigada en la nueva ley. Asimismo, deben señalarse las medidas para combatir el fenómeno del transfugismo, que tan frecuentemente está vinculado a intereses urbanísticos espurios. En
este sentido, se han incorporado al anteproyecto de la nueva Ley de bases del Gobierno y la Administración local, por la que usted también me preguntaba, diversas iniciativas destinadas a combatir el fenómeno del transfugismo en las entidades
locales, asumiendo lo que fue aprobado el pasado 24 de mayo por todas las fuerzas políticas con ocasión de la segunda adenda al llamado pacto antitransfugismo. Se trataba concretamente de medidas referentes a concejales no adscritos y a la creación
de una lista de tránsfugas por
parte de los partidos firmantes, que se comprometen a no incluirlos en sus listas electorales.
Por último, en el campo legislativo, el Gobierno ha acometido también importantes iniciativas. Así, por ejemplo, ha impulsado y obtenido la aprobación de la Ley sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, que exigirá que los nuevos desarrollos urbanísticos sean sometidos a evaluación ambiental. Permítame también que le mencione el anteproyecto de la nueva Ley de bases del Gobierno y la Administración local impulsado por mi departamento, al
que usted se refería, que merecerá un monográfico en el futuro y habrá oportunidad de debatirlo. El Consejo de Ministros quiere aprobarlo a lo largo de este otoño para que se pueda debatir en este periodo de sesiones y esté listo para las próximas
elecciones. Usted sabe que quedan pendientes ciertos temas. En este momento estamos negociando de nuevo con los grupos políticos. Como usted tendrá oportunidad de comprobar, contiene también un amplio grupo de medidas relevantes que inciden sobre
el urbanismo. En primer lugar, la nueva norma impondrá a alcaldes y concejales la obligación de inscribir en un registro administrativo, antes de acceder al cargo, dos declaraciones distintas, una de bienes patrimoniales y otra de actividades
privadas que pueden ser incompatibles con el cargo; esta segunda será pública. A este respecto establece que los ediles con facultades ejecutivas no podrán realizar actividades privadas vinculadas a las responsabilidades públicas que hayan
desempeñado durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato. Asimismo, junto a estas medidas el anteproyecto introduce la exigencia de que todas las licencias, convenios y contratos de larga duración, incluidos los contratos de
servicios, se sometan a debate en el pleno municipal. Es decir, que el equipo de Gobierno o el alcalde en su caso no puedan adjudicar obras o servicios sin el control del pleno, sin el control de la oposición.
Sin duda, la medida central en esta materia es el proyecto de Ley de Suelo, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio; una ley dirigida a combatir la especulación con el suelo y favorecer unos mercados de suelo más
eficientes, menos inflacionarios y que hagan posible un desarrollo territorial y urbanístico más sostenible a largo plazo. Como principales novedades que se incorporan en este ámbito deben destacarse las siguientes. Se establecerá una mayor
transparencia y participación ciudadana. El anteproyecto favorece la participación de los ciudadanos en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Para ello contempla un código de derechos y deberes de los ciudadanos, se somete a información
pública los planes y otros instrumentos de ordenación urbanística, incluidos los convenios urbanísticos, y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué
les afecta.
También facilitamos las políticas urbanas de los municipios al abrir la horquilla que regula la participación de las plusvalías urbanísticas entre un 5 y un 15 por ciento del aprovechamiento urbanístico en cuestión, lo que permitirá una
mayor adaptación en cada caso a las plusvalías reales que puedan generar. Asimismo establece un nuevo régimen de valoraciones basado en la situación real en la que se encuentra el suelo, sin tener en cuenta las posibles expectativas que no hayan
concretado aún. Por tanto, se establece así una tasación de precio de suelo basada en criterios objetivos, no especulativos. La rentabilidad que ha ofrecido la explotación o la proximidad a núcleos urbanos es lo que venía marcando el precio del
suelo hasta ahora. Con ello se evita que, como ocurre en la actualidad, la expectativa de una futura recalificación como terreno urbanizable dispare su valoración. En definitiva, con estas actuaciones pretendemos hacer un modelo urbanístico dando
respuesta a las potestades urbanísticas que afectan al Gobierno de la nación, y no he tenido en cuenta las competencias que tienen otros entes territoriales como los municipios o las comunidades autónomas y que, como usted sabe, reconoce la
Constitución española. Estas son las valoraciones que nosotros proponemos y que entendemos que responden a su pregunta.
Pasando a la segunda pregunta, porque respecto a la tercera espero que me pueda usted decir a lo largo de la intervención si es suficiente la respuesta que le hemos facilitado, quisiera indicarle que el Gobierno no está petrificado. El
Gobierno no está petrificado, tal como acabo de demostrarle. (El señor Padilla Carballada: No me he referido al Gobierno sino a las disposiciones relativas a ese asunto.) Exacto. El Gobierno ha previsto mantener la regulación sobre las
instituciones forales de la última Ley reguladora de las bases del Régimen Local. En consecuencia, los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan, como muy bien indica, su régimen peculiar, lógicamente en el marco en vigor del Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El señor PRESIDENTE: Don Julio, tiene la palabra para precisar su exposición.
El señor PADILLA CARBALLADA: Quiero agradecer la información y matizar en términos que queden reflejados en el 'Diario de Sesiones' que la señora secretaria de Estado quizá no había percibido bien ese calificativo petrificador que yo daba a
un texto que sale de una ley que va a ser reformada, que se mantiene en idénticos términos al parecer en el nuevo proyecto, y yo me refería al texto no a la posición del Gobierno, que no había enjuiciado. Tomamos nota de esta información y la
valoraremos, como es natural.
Solo haré algún comentario. Ha puesto especial énfasis en decir que se crea una nueva fiscalía especial. Es un remedio que personalmente me produce una cierta indiferencia. Podrían crear una fiscalía de sala para cada uno de los títulos
del Código Penal. Si creen que la fiscalía funciona mejor así, adelante. Eso quizás sería
solamente el reconocimiento, no sé si explícito o implícito, de que el régimen de actuación del ministerio fiscal no es satisfactorio y entonces se recurre a una acumulación de medios personales -no sabemos si de otros, suponemos que sí-, y
al margen de la fortuna que tienen los miembros de la carrera fiscal de que el escalafón aumenta en su cabeza con mayor número de fiscales de sala, la verdad es que según la experiencia de los que más o menos nos hemos movido en el mundo del derecho
y de la persecución de los delitos, según la experiencia de la actuación de las fiscalías especiales que además quedan al cuidado específico y a la tutela singular del fiscal general del Estado, que en definitiva en muchos casos es el que orienta
determinados procedimientos entre una y otra fiscalía, realmente creemos que no ha tenido un saldo especialmente brillante, pero en todo caso reconocemos que es una iniciativa y en ese sentido tomamos buena nota de ella.
Entre los cometidos que podrán tener, trabajo hay, porque está ese asunto de Seseña que esperamos que, ya sea por iniciativa propia o porque el Gobierno así se lo indique al fiscal general del Estado, esa nueva fiscalía tenga una buena
ocupación para desvelar exactamente lo que hay ahí, más allá de las noticias periodísticas, porque sin recurrir al socorrido refrán de que cuando el río suena agua lleva, ahí hay río, hay agua y hay de todo y esperamos que esto sirva para
clarificarlo.
Dicho eso, nos atenemos evidentemente a lo que es un turno de preguntas, agradecemos esta intervención y el intento de la señora secretaria de Estado de pormenorizar, más allá de lo que en un trámite de esta naturaleza evidentemente le podía
haber sido demandado.
El señor PRESIDENTE: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Leiva Díez): Efectivamente ha quedado aclarado y quiero despejarle otro aspecto con respecto a la fiscalía. Estamos en un Estado autonómico, tenemos una distribución competencial,
como he descrito en mi anterior intervención, de las comunidades autónomas, del Estado, y otra cuestión esencial es el grado de cumplimiento de la legalidad urbanística por los municipios. No voy a hablar de nombres, pero es en respuesta a alguna
observación que usted ha hecho. Entendemos que la existencia de casos aislados u ocasionalmente de vulneración de la legalidad no puede empañar de ninguna manera los esfuerzos realizados por miles de ayuntamientos españoles, por la mayor parte de
ellos, para conseguir un planeamiento de calidad y una gestión eficaz y acorde con la legalidad. En todo caso, existe en nuestro Código Penal el delito urbanístico y a la vista está que la Fiscalía General del Estado se está mostrando muy activa y
diligente en la persecución de los presuntos infractores.
No me resta más que me indique el diputado si respecto a las 33 preguntas del programa 942.A de los Presupuestos Generales está de acuerdo con la respuesta que le hemos facilitado o si tengo que facilitarle una respuesta oral.
El señor PADILLA CARBALLADA: Había dicho al comienzo que yo aceptaba la que me proporcionara por escrito, que creo que no me la han entregado todavía.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Leiva Díez): Sí, fue cuando se derramó el agua.
El señor PADILLA CARBALLADA: Fue con ocasión del agua, que se cayó, no la tiró nadie. Pues entonces la analizaremos y en este momento doy por cumplido el trámite como autor de la iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su comparecencia aquí. El próximo día tendrá más tarea que hoy.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-SOBRE HOMOGENEIZACIÓN SALARIAL Y FUNCIONAL DE LOS TITULADOS SUPERIORES Y MEDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente
161/000551.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a la discusión y votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, el punto 57, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre homogeneización
salarial y funcional de los titulados superiores y medios de la Administración General del Estado. En primer lugar tomará la palabra la portavoz del grupo proponente, y luego tenemos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo
Parlamentario Socialista. La señora Navarro tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Quiero agradecer las palabras que me han dirigido con anterioridad.
Paso a defender la proposición no de ley a la que se ha hecho referencia.
Se trata de una iniciativa que versa sobre la homogeneización salarial y funcional de los titulados superiores y medios de la Administración General del Estado que en
la actualidad ocupan puestos de laborales y se encuentran con una percepción de retribuciones harto inferior a sus homólogos compañeros funcionarios. Estamos hablando de una demanda que tiene muchos años de vigencia porque es el personal que se
encuentra trabajando día a día y a lo mejor tiene un
compañero en el mismo despacho, en la mesa de al lado, que realiza exactamente las mismas funciones y que sin embargo ocupa puesto de funcionario y por tanto percibe unas retribuciones mayores que oscilan entre 6.000 y 15.000 euros más con
carácter anual. Por tanto, se puede hablar de modernización de la Administración pública, de nuevas tecnologías, de personal, de nuevos servicios, pero lo que tenemos que ver es cómo están prestando sus servicios esos trabajadores, esos empleados
públicos que están ahí en el día a día, y cómo les podemos pedir más si se dan cuenta de que el compañero que tienen al lado, que realiza exactamente las mismas tareas, está recibiendo una retribuciones mucho mayores. Por tanto, es necesario que
esto se corrija. Igualmente se encuentran con que la clasificación de los puestos en la estructura administrativa se hace de modo separado a la de los funcionarios y nos encontramos con que es difícil conocer la realidad de la estructura
organizativa cuando los puestos que van ocupando clasificaciones y contenidos jerárquicos no se encuentran ordenados de esa manera sino que se separan en función de si corresponden a personal laboral o funcionario. Por tanto, necesitamos relaciones
de puestos de trabajo que sean un verdadero reflejo de esa estructura del personal de cada Administración. Se pide al Congreso de los Diputados que inste al Gobierno a que establezca los cauces legales para que la negociación del nuevo marco
normativo que se está llevando a cabo, aprobado por el Consejo de Ministros y también en el convenio único y en el ámbito de las negociaciones de la mesa general de Función pública, trate y acuerde de forma inmediata la homogeneización y
equiparación de las retribuciones básicas y complementarias del personal laboral, incluida la antigüedad, al resto de personal de igual titulación de la Administración central, así como la creación y utilización de figuras legales para posibilitar
una promoción profesional en cada grupo profesional. Las demandas de este personal que estamos representando a través de estas iniciativas lo que reclaman es la posibilidad de poder promocionarse. También se encuentran con las circunstancias de
que, dado que ocupan puesto de laboral y la mayoría son de funcionarios, no pueden promocionarse porque el puesto al que pretenden acceder tiene una naturaleza más bien distinta. En este sentido hay una demanda para que se aborde en el estatuto del
empleado público esta promoción que permitiría que estos trabajadores tengan esa ilusión, ese buen hacer del trabajo porque aspiran a una promoción, cosa que es absolutamente necesaria para que se trabaje mejor en cualquier puesto de trabajo. Y,
por último, la inclusión del personal laboral titulado superior y medio en la relación integrada y única de puestos de trabajo en los distintos organismos de la Administración central del Estado junto con personal funcionario, de manera que el
reflejo de las RPT sea real de esa Administración, que se encuentren en esa relación de puestos de trabajo y que estén integrados de manera ordenada en función de la jerarquía correspondiente a la Administración porque todas, como sabemos, se
ordenan jerárquicamente en cuanto a su personal.
Espero recibir el voto favorable de todos los grupos de la Cámara porque todos sabemos que es una iniciativa que contribuirá, si se ejecutara, a una mejora de la Administración de cuya modernización y de la medidas que se han de adoptar
siempre se habla, por lo que aquí debemos votar a favor de que se adopten esas medias que, sin duda, la van a mejorar.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado dos enmiendas. Una de ellas es del Grupo Parlamentario Popular y para defenderla tiene la palabra el portavoz del citado grupo.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Esta iniciativa de Izquierda Unida es interesante y la hemos tratado aquí cuando compareció a petición del Grupo Popular y de otros grupos el secretario general. Hay un problema en la Función pública en relación
con los trabajadores laborales que normalmente están cumpliendo las mismas funciones que otros funcionarios que, como se decía anteriormente, están en mesas próximas y las retribuciones son de tres a uno o de cuatro a uno. Nuestro portavoz, el
señor Padilla, indicó al secretario general que había que enfrentarse con esto y que se no dieran pasos en la Función pública que no dieran un cauce a las peticiones de los trabajadores laborales porque son de justicia.
Quizá la iniciativa de Izquierda Unida, puesto que es de fecha 5 de enero de 2005, ha quedado un poco desfasada -lo digo con toda sinceridad-, puesto que posteriormente, en las comparecencias del secretario general, además del último
convenio colectivo de finales de julio se anuncio otro para el mes de octubre y, sobre todo, está el borrador de proyecto de la Función pública, que ya está en la Cámara pero que todavía no se ha calificado por parte de la Mesa.
Nosotros hemos presentado esta enmienda porque en el borrador que existe en estos momentos en la Cámara no se especifica claramente el tema de los trabajadores laborales. Nosotros insistíamos en un plazo máximo de seis meses, porque, claro,
la enmienda del Grupo Socialista dice: se siga trabajando...; bueno, ad calendas graecas. Nosotros poníamos que en un plazo de seis meses y mediante el correspondiente diálogo y los correspondientes acuerdos sindicales, y con la asociación -que
es importante- que reúne en su seno a la mayoría de los trabajadores laborales. Es verdad -y he mantenido conversaciones con la representante del Partido Socialista- que se podría llegar a un acuerdo entre todos los grupos, pero creo que es
importante el tema de los seis meses por dos razones. En primer lugar, para que en ese plazo lleguemos a algo concreto; en segundo lugar, para que el proyecto de Estatuto de la Función pública lo puedan aprobar el Congreso y el Senado y en él
podamos incluir temas concretos y no generalistas, como ahí se fijan, respecto de los laborales.
Tengo que decir que nosotros, entre las equiparaciones, ponemos las retribuciones básicas y complementarias del puesto de trabajo. Veo que hay dificultad en que el grupo que apoya el Gobierno acepte esto. Yo pienso en una fórmula que es:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo máximo de seis meses, previa negociación con las organizaciones sindicales y diálogo con las asociaciones representativas del sector, y sin perjuicio de que pueda hacerse extensivo
al resto de las administraciones públicas, adopte las medidas legales o reglamentarias necesarias para que en tanto mantengan su condición de personal laboral, titulados medios y superiores de la Administración General del Estado, vean reconocida su
antigüedad...
Dejaríamos equiparadas las retribuciones básicas, que parece ser que es el escollo mayor, y encauzadas sus expectativas de promoción profesional y movilidad voluntaria. Todo ello sin perjuicio de que ulteriormente se acuerde con
análogos criterios un proceso similar no solamente para los de grado medio y superior sino para todos los laborales.
Quiero decir, por último, que normalmente debemos llegar a una función pública formada únicamente por funcionarios que por mérito y capacidad hayan accedido a su puesto de trabajo, pero eso no significa que en estos momentos no haya un
problema, que son los trabajadores laborales, que son sobre todo los de formación media y superior; problema que entre todos debemos solucionar. Creo que en esto no debe haber cuestiones partidistas ni políticas sino que hay que intentar
solucionarlo. Esta es la propuesta que hago también a la representante de Izquierda Unida, ponemos un paréntesis en lo de las retribuciones, pero, sobre todo, en lo que nosotros insistimos es en el plazo de seis meses. Por parte del Gobierno se
deben adoptar las medidas pertinentes, porque, por ejemplo, en el último convenio colectivo la propia asociación de laborales, Atsume, hace una valoración diciendo: Ha sido negativa en lo que se refiere a nuestro colectivo, pues remite cualquier
mejora al convenio colectivo de referencia; no se refleja la carrera profesional específica ni la homologación o similitud de retribuciones con otros titulados universitarios ni tampoco un marco de mejora para las condiciones de trabajo con
unificación de las relaciones de puestos de trabajo en los diferentes departamentos.
Resumiendo, lo de los seis meses para nosotros es fundamental; podríamos hacer un paréntesis o quitar lo de la similitud de retribuciones, pero el resto es una cuestión con la que nos tenemos que enfrentar, Gobierno y oposición, porque es
un tema que está ahí. No se puede decir: No sé cómo será la Función pública dentro de quince años, porque hoy por hoy están ahí los trabajadores laborales y es nuestra obligación darles una salida y un cauce.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada a esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Tiene la palabra su portavoz.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En relación con la proposición no de ley que hoy debatimos, en primer lugar, nos llama la atención porque, si bien estaba presentada hace muchísimo tiempo, la estamos discutiendo justo en el momento en que
vamos a abrir el gran debate sobre la Función pública, que es el proyecto de ley del estatuto básico del empleado público.
Sinceramente, me parece que esto nos pone sobre la mesa que a veces hacemos cosas que no tienen mucha coherencia.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos de acuerdo con la permanente y necesaria mejora, con que las administraciones públicas han de acomodarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos retos, a la transversalidad en muchas de las
gestiones y también a aquellos elementos que genera la internacionalización de las instituciones e instancias y a otros nuevos elementos como pueden ser los programas en la Unión Europea o la globalización de los mercados, que están incidiendo
profundamente en la reforma de la propia Administración pública. Sin embargo, hemos de tener presente que la Función pública, para relacionarse con sus recursos humanos, siempre tiene que estar vinculada a un conjunto de normas que están recogidas
bien en el derecho laboral con carácter general, o bien en el convenio colectivo único que para el personal laboral de la Administración General del Estado se adoptó libremente entre los representantes de los trabajadores y las administraciones
públicas, en función de la autonomía que ellos tienen. Estamos, por tanto, ante dos regímenes jurídicos totalmente diferentes: el de la Función pública, que establece los derechos y deberes de los funcionarios, y el de los laborales, que tienen
diferente condición. El sistema de clasificación profesional definido en el capítulo IV del convenio único establece, con la finalidad de facilitar la movilidad funcional e interdepartamental del personal, así como su promoción, una serie de
medidas que estructuran grupos profesionales, áreas funcionales, categorías y, en su caso, especialidades. Es verdad que en el caso de los trabajadores pertenecientes al grupo profesional 1, es decir los titulados superiores, no pueden promocionar
a un grupo superior porque ocupan la cúspide del sistema de clasificaciones. Sí pueden optar mediante el concurso de traslados regulado en el artículo 30 del convenio único, pero no a una mejora. Por otra parte, el artículo 71 de este convenio
único establece que la estructura salarial se aplicaría de acuerdo con un sistema de clasificación al que se refiere el salario base y las pagas extraordinarias.
También pongo en su conocimiento, señorías, que el preacuerdo firmado ha dejado un buen nivel de satisfacción en las organizaciones sindicales, que están bastante contentas con los resultados obtenidos. En concreto, se va a incrementar en
un 5,9 por ciento y en un 5,24 por ciento para los grupos 1 y 2, y en la tabla aprobada para el año 2008 el grupo 1 tendrá una subida de 3.602 euros anuales y el grupo 2 de 2.810. Es bien conocido que la consecución de la equiparación retributiva
con respecto
a la retribución del personal funcionario es una constante que aparece en todo el proceso de negociación como un planteamiento reivindicativo. Sin embargo, la Función pública y la Administración siempre han mantenido que las retribuciones
serían las que tuvieran que ser sin equiparación alguna, porque hay tres elementos que tenemos que plantearnos y tener sobre la mesa. El primer elemento es que vamos a discutir el proyecto de ley del estatuto básico del empleado público. Decía el
señor Guerra Zunzunegui que nos pusiéramos un plazo de seis meses, pero los seis meses ya los tenemos aquí, es decir, vamos a acometer la gran reforma de lo que puede suponer el empleado público, su contrato, su figura, la legislación, etcétera, y
eso es algo que le compete a la propia Cámara.
Estamos en un momento magnífico para emprender las propuestas y mejoras que los grupos parlamentarios quieran presentar y plantear. Un segundo elemento que me parece interesante, por lo menos para el
análisis y la reflexión, es que cuando se habla de homogeneizar salarios, les puedo garantizar que en la Función pública los funcionarios no tienen salarios homogéneos. Eso lo sabemos todos. Les pondré un ejemplo concreto. En Guipúzcoa los
funcionarios de la Administración central del Estado ganan un 40 por ciento menos en retribuciones básicas que los que lo son de la Administración autonómica, y siguen haciendo su trabajo. No hablemos ya de los funcionarios de la Administración
local, porque en ese caso se siguen incrementando las diferencias. Por lo tanto, pensamos que esa es una constante en toda la Función pública.
Otra razón que me parece importante tener en cuenta es que, dentro de la Administración central, en los complementos de destino y en los complementos de cargo hay unos niveles retributivos tan diferentes que en todos los ministerios de
ingreso -les recomiendo que lo lean- los funcionarios tienen unos complementos de un 30 a un 50 por ciento superiores que los funcionarios adscritos a ministerios de gasto. Se lo digo porque esto ha sido una constante en todos los debates. Por lo
tanto, cuando hablamos de homogeneizar los salarios tenemos que tender a una equiparación pero que los salarios tampoco son homogéneos en la Función pública. Por ello, estando de acuerdo con el planteamiento que ha hecho el señor Guerra Zunzunegui,
nuestra enmienda iba más dirigida a poner en valor lo que va a suponer el proyecto de ley del estatuto básico del empleado público, a poner en valor la capacidad que podemos tener desde esta Comisión y desde esta Cámara para poder modificarla y
ampliarla y mejorar las condiciones. Por otra parte, también creemos que era importante dejar que este trabajo se acometa con la puesta en valor que demanda y necesita porque les aseguro -y ustedes lo saben mejor que yo- que toda la Función pública
está pendiente de qué puede pasar con el proyecto de ley del estatuto básico del empleado público. Hay lagunas, hay elementos que se pueden ir incorporando y la propia Administración, y el Gobierno en su caso, estaría dispuesto a estudiar todas
aquellas propuestas que puedan ser asumibles y aceptables y ese es el trabajo que tiene que hacer hoy en día la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Abrimos un turno para que fijen posición el resto de los grupos. En primer lugar, el Grupo Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: En primer lugar, quiero comentar que es la primera vez en mi historia que veo que las enmiendas que se presentan a la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida no son contradictorias con el tenor y con el contenido
material de la proposición, lo cual nos plantea una dificultad que no sé cómo se ha de resolver reglamentariamente. Me imagino que será la autora de la misma -siento que en este momento esté quebrantada físicamente- la que nos pueda proveer de
solución a esta novedad.
Dicho esto, esta iniciativa sí que ha adquirido una especie de extemporaneidad sobrevenida porque en este momento -bien lo ha dicho la señora Cortajarena- estamos ya debatiendo el fondo de la cuestión, que es el estatuto del empleado
público. El estatuto del empleado público plantea distintas alternativas, una de las cuales, que no plantea de forma absolutamente correcta según nuestra opinión, es la de la perversión que se deriva de que en la Función pública coexisten
funcionarios de carrera, personal laboral y un número abundante de personal interino. Son distintos tipo de personal que ejercen funciones públicas pero cuya naturaleza jurídica no es fácilmente homologable, cohesionable e integrable porque, como
comentaba la señora Navarro de forma lúcida y correcta, hay personas que tienen una vinculación contractual laboral con la Función pública que realizan las mismas funciones, trabajos, responsabilidades o asumen más responsabilidades que funcionarios
de carrera y, sin embargo, sufren un quebranto retributivo notable, lo cual es materialmente injusto. Hay personas interinas que sufren esta situación agravada hasta el grado que se quiera pensar, dado el volumen de interinaje. Esto nos plantea
una triple dificultad.
Adelanto que vamos a votar favorablemente la iniciativa porque la filosofía nos parece procedente y además nosotros estamos comprometidos con el colectivo que representa al personal laboral que trabaja en la Función pública
desde el inicio de la legislatura. En primer lugar, en la Función pública habrá que pensar seriamente si son cohonestables vinculaciones, unas de naturaleza contractual, otras de naturaleza funcionarial, que son contradictorias entre sí respecto a
su naturaleza jurídica. En segundo lugar, si las condiciones, entre otras las retributivas, las de horario y otras, deben ser asimiladas absolutamente o no. En tercer lugar, si los que deben sufrir el quebranto de las condiciones que afectan a su
situación deben ser las personas que no ostentan la condición de funcionario. Tengo la sensación de que el estatuto del empleado público intenta corregir algunas de estas disfunciones, sobre todo los beneficios exorbitantes que en este momento
ostentan los que tienen la condición de
funcionario público de carrera, solo que con alguna timidez, no con la suficiente beligerancia. Y esto lo dice una persona poco sospechosa, señor presidente, porque yo soy funcionario público de carrera y de alguna manera estoy refutando
mis propios intereses personales. De alguna forma, como hay que buscar un equilibrio de intereses que, no siendo contradictorios, sin embargo no son idénticos entre sí y esta proposición se enmarca en lo que se pretende corregir, sobre todo desde
una perspectiva retributiva de quien trabaja para la cosa pública y ostenta idénticas responsabilidades, idéntico trabajo, idéntica capacidad e idéntica vinculación a la resolución de los problemas que afectan a los ciudadanos, que es lo que debe
proveer la Administración Pública del Estado, de las comunidades autónomas, las forales, las autonómicas y las locales, y como este es un principio que está previsto en la Constitución -el principio de igualdad frente a la ley-, nosotros, estando de
acuerdo con la filosofía y votando sí a la iniciativa que nos presenta la señora Navarro, vamos a decir que en este momento, por las razones expresadas con lucidez por el señor Zunzunegui, por los convenios aprobados anteriormente y por el debate de
este proyecto de ley tan importante, como es el estatuto del empleado público, esta iniciativa, que ha adquirido una cierta extemporaneidad sobrevenida, quizá no sea la que vaya a resolver estos problemas que planteo a título puramente enunciativo,
sino que lo hará el propio debate de esta importante iniciativa legislativa presentada por el Gobierno. Nosotros estamos comprometidos con este colectivo, que representa a los titulados superiores y medios de la Administración General del Estado
que no ostentan la condición de funcionarios, y somos muy respetuosos con nuestros compromisos políticos y personales y por esta razón vamos a votar que sí. Sin embargo, tengo que decir con la misma honestidad, señor presidente, que no es esta
iniciativa la que puede resolver problemas tan profundos y tan complejos, sino que será seguramente el debate en profundidad y con consenso del proyecto de ley que regula el estatuto del empleado público.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo de Esquerra tiene la palabra.
El señor CANET COMA: Voy a intervenir telegráficamente, pues prácticamente ya se ha dicho todo. Mi grupo participa de la idea que se ha expuesto repetidamente relativa a la inoportunidad del contexto. Nos parece evidente que seguramente
sería mejor esperar a plantear con fuerza los argumentos que cada uno tenemos en relación con este tema en la tramitación del estatuto básico del empleado público. No obstante, pese a que lo que aprobemos hoy pueda quedar en una simple declaración
de intenciones, sin más validez que la discusión que hemos mantenido, como somos sensibles, tal y como ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, a las demandas del colectivo, votaremos a favor, aunque somos conscientes de que es una
especie de paréntesis, de precedente, pero que la discusión habrá que mantenerla en el marco adecuado, que será la tramitación del proyecto de ley del estatuto básico del empleado público.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz de Convergencia i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al igual que otros portavoces parlamentarios, ha tenido ocasión de recibir al colectivo de personal laboral, que ha planteado una
inquietud al Congreso de los Diputados, una inquietud que responde a una situación, la de un personal que lleva años trabajando en la Administración pública realizando funciones en muchas ocasiones idénticas a las que desempeña el personal que está
dentro de la Función pública y que, por la especialidad de su función profesional, por la especialidad de su ubicación en la Administración pública, no son ni pueden ser funcionarios públicos, pues en ocasiones tampoco se ha creado el cuerpo
funcionarial específico para realizar esas funciones que la Administración pública encauza hacia el personal laboral. Por tanto, tiene razón la señora Navarro cuando plantea esta proposición no de ley.
Pero es cierto también que, si leemos el
contenido textual de esta proposición no de ley vemos que se insta al Gobierno, ¿quién lo insta? El Congreso, el Parlamento. ¿Instamos al Gobierno a hacer qué? A establecer los cauces legales para que en la negociación del nuevo marco
normativo... Es decir, nosotros, Parlamento, instamos al Gobierno a que legisle, a que establezca los cauces legales, cuando es este Parlamento el que debe legislar con prontitud el proyecto de ley del estatuto del empleado público. Hay una
contradicción evidente. En este momento no podemos instar al Gobierno a que regule algo que nos compete regular a nosotros en esta Cámara.
Mi grupo no va a votar en contra de esta proposición no de ley porque comparte el fondo especialmente en lo que se refiere a la Administración General del Estado, en la que se dan más estas circunstancias de falta de equidad retributiva ante
funciones muy similares y a veces compartiendo incluso el mismo espacio físico. Entendemos su objetivo -repito- muy centrado en la Administración General del Estado y en determinados colectivos de personal laboral, pero si se aprueba, finalmente,
tal y como está, también se dará una situación contradictoria, porque estaríamos instando al Gobierno a regular algo que nos compete regular aquí, que es el proyecto de estatuto del empleado público, cuyo texto ya ha entrado en esta Cámara para su
tramitación y cuya ponencia se va a nombrar en breves semanas. Esperamos que en esta Comisión de Administraciones Públicas también podamos encauzar, recogiendo esta demanda, este importante proyecto de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Señora Navarro, tiene usted la palabra para indicar su aceptación o no respecto a las dos enmiendas que hay. Yo le ruego que no reabra debate. Tiene usted la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: La enmienda del Grupo Socialista no va a ser aceptada porque no recoge ninguna de las peticiones de la proposición no de ley. Por tanto, carecería de sentido su aceptación porque sería apartarnos del objetivo
que teníamos al presentar esta iniciativa, que era precisamente recoger la demanda de este colectivo. Respecto a la extemporaneidad, querría decir que es parcial porque ...
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Señora Navarro, por favor, no reabra el debate. Yo le acepto que usted haya hecho este comentario sobre la enmienda socialista porque algo tendrá que explicar, pero si sigue usted hablando va a
reabrir el debate y vamos a tener que dar la palabra a todos. Usted sabe muy bien como funciona esto, para eso está la Mesa del Congreso. Por favor, aténgase al turno.
La señora NAVARRO CASILLAS: Más que aceptar usted, yo tenía que manifestarme, es mi derecho. En cualquier caso, no conozco ninguna proposición no de ley que resuelva problemas, ojalá fuera así.
Respecto a la enmienda del Grupo Popular, estoy de acuerdo con su contenido, excepto con una matización que habría que hacer, porque habla de equiparadas y tendrían que especificar a qué se equipara. Se habla de equiparadas sin decir qué se
está equiparando. Antes de la votación, vamos a dialogar y después se anunciará el resultado de ese diálogo al resto de grupos.
Agradezco los anuncios de voto favorable de Ezquerra Republicana y del PNV.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Evidentemente, debemos conocer antes de la votación el texto concreto que se va votar. Por tanto, les ruego que trabajen ustedes mientras sustanciamos la siguiente proposición no de ley.
-RELATIVA A LA CONFLICTIVIDAD EXISTENTE ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001740.)
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la conflictividad existente entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. El autor es el Grupo Parlamentario
Popular y en su nombre tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Esta proposición no de ley es fruto de un esforzado trabajo parlamentario en esta legislatura paralelo a decisiones y acciones del Ejecutivo en relación con la conflictividad entre las comunidades autónomas y el
Estado, en el sentido de la Administración del Estado. El Estado de derecho, señorías, significa, de una manera conceptual, así se ha escrito -y con acierto-, un esfuerzo permanente en la lucha contra las inmunidades del poder. Las inmunidades del
poder son muchas y, evidentemente, se suelen concentrar generalmente en aquellas decisiones que podemos decir que están abiertas porque no están regladas, que están abiertas porque son discrecionales y que están abiertas porque, en definitiva, las
motivaciones últimas de las decisiones tienen una publicidad menor, por no decir que no tienen una publicidad, porque las razones que le llevan a tomarla quedan en la interna corporis de quien decide, en este caso del Poder Ejecutivo, más allá de
ser una afirmación general o incluso una expresión filosófica de por qué se ha llegado a esa decisión.
En la primera comparecencia del ministro de Administraciones Públicas en esta legislatura, al anunciar sus proyectos al frente de este ministerio hizo una consideración muy al principio de su intervención que realmente no deja de ser una
expresión muy reveladora. Se refería justamente al tema que motiva esta proposición no de ley y era la conflictividad entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y anunciaba -era un juicio subjetivo del ministro que se
puede compartir o no, se puede compartir o no el juicio y se puede compartir o no la reflexión, yo no comparto el juicio ni tampoco la reflexión, además de manera motivada- que en este tipo de conflictos había algunos que eran fundamentalmente de
carácter político y había otros de carácter jurídico.
Hacía esa división para después beneficiarse de ella y decir que -la conclusión sería más o menos- los conflictos que tenían un ámbito fundamentalmente político se deberían resolver
políticamente y los que tenían un ámbito jurídico se deberían resolver jurídicamente. Señorías, no alcanzo a entender exactamente en los conflictos de competencias, si son de competencias porque son conflictos, dónde comienza lo jurídico y dónde
comienza lo político, más allá de la oportunidad de decidir el planteamiento del conflicto. Hay que entender que plantear el conflicto es una obligación si se entiende que se producen los postulados y los fundamentos para hacerlo. En la voluntad
del responsable político no está plantear o no un conflicto que debe ser planteado. En este sentido, en esa primera comparecencia, le ponía de relieve al ministro que el buen gobernante está obligado a administrar el acuerdo y a perseguirlo hasta
sus últimas consecuencias, pero evidentemente también es su responsabilidad no soslayar el conflicto cuando debe ser planteado en defensa de los intereses generales que cada uno tiene encomendados. O hay competencias o no las hay, y si las hay,
efectivamente, su vulneración o la apreciación de su vulneración
deben llevar al planteamiento del conflicto. Yo no soy capaz de deslindar dónde comienza lo político y dónde acaba lo jurídico. Lo digo con toda la sinceridad, yo no soy capaz de eso. Por tanto, anunció una tarea tendente a reducir la
conflictividad, porque decía que había mucha. En esta legislatura, señorías, ya se han planteado 33 conflictos con las comunidades autónomas, nada menos que ocho con la Comunidad Autónoma catalana, lo cual deja sin contenido la teoría que mantenía
el ministro de que los conflictos eran entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas que tenían gobiernos en los que el partido que en ese momento tenía las responsabilidades del ejecutivo no era del mismo color político que el
Gobierno nacional, o a la inversa. El decurso de esta legislatura no pone de relieve que se hayan agotado esas circunstancias.
En segundo lugar, señorías, hay un dato significativo. Se nos aseguró que se procuraría que los conflictos existentes se analizaran en las comisiones bilaterales y que, fruto de las reuniones de esas comisiones bilaterales, se procediese
-he de decir de una manera clara- a retirar los recursos de común acuerdo. Pero nos sorprende observar que ha habido recursos retirados sin que hubiese habido reunión alguna de la comisión bilateral. Se han retirado cuatro recursos con Castilla y
León, y no ha habido ninguna reunión de la comisión bilateral; con Valencia cuatro, y no ha habido ninguna reunión de la comisión bilateral; del País Vasco tres, y no ha habido ninguna reunión de la comisión bilateral. Ha habido reuniones de la
comisión bilateral con el Principado de Asturias y se ha retirado el recurso, incluso ha habido algún caso en el que ha habido reunión de la comisión bilateral y no se ha retirado ningún recurso. En definitiva, no era ese el guión o el guión no era
ese, como SS.SS.
prefieran.
Entendemos también la preocupación cuantitativa expresada por el Gobierno, solemnizada y halagada por el Grupo Socialista; concretamente una pregunta de la señora Malaret contestada por el ministro, le dio oportunidad de lucir el aspecto
cuantitativo. Pero no se trata del aspecto cuantitativo, se trata del aspecto cualitativo de las cuestiones de competencia. Los conflictos de competencia nos sirven para depurar el ámbito de aquellos puntos de fricción, aquellos puntos donde esas
competencias se encuentran en cuestiones que son de necesaria interpretación por quien tiene atribuida en la Constitución la facultad de interpretar. Además, señorías, es tiempo en una democracia avanzada y parlamentaria de aceptar una visión de la
continuidad del Gobierno. El Gobierno no es uno que había y otro que vino después. El Gobierno es el Gobierno. El Gobierno, asesorado por sus órganos técnicos, planteó estos conflictos en la inteligencia de que había motivo para plantearlos y los
gobiernos de las comunidades autónomas, los que había y los que hay, plantearon esos conflictos en la inteligencia de que había motivos para plantearlos. Salvo supuestos excepcionales, como son la satisfacción extraprocesal y alguna circunstancia
sobrevenida que afecta justamente a los postulados en los que se plantea esa cuestión, entendemos que no hay ninguna razón para esta especie de criba de oportunidad que es, en definitiva, lo que ha sucedido en este tiempo. Nos ilustró el abogado
del Estado en una comparecencia que solicitamos al decirnos que la Abogacía del Estado, no había informado expresamente, formulando propuestas concretas, en relación con la retirada de estos conflictos. Dijo exactamente: En todos los supuestos de
desistimiento que se han producido en el curso de esta legislatura no ha intervenido necesariamente el abogado del Estado. Nosotros intentamos ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, mediante una enmienda a las
disposiciones adicionales, que se recogiera allí, que en los supuestos de desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad o de conflictos de competencias con las comunidades autónomas que pudieran afectar a las cuentas públicas fuera
preceptivo el informe de la Abogacía del Estado con carácter previo a la orden ministerial que diera la Instrucción para llevar a efecto el indicado desistimiento.
Claridad, señorías, transparencia, legalidad en los términos en que debe concurrir en estas decisiones, limitación de la discrecionalidad, porque entendemos que eso es limitación de la oportunidad, y por tanto más Estado de derecho y más
garantía para todos. Los órganos de asesoramiento, señorías, están para algo. Evidentemente, la preceptividad del informe lleva aparejada la necesidad, no la imposibilidad, sino la necesidad de la motivación. Si alguien quiere ocultar la
motivación, evidentemente, es porque no le es cómoda, y en política, lo que no es cómodo es por algo, generalmente por algo no especialmente positivo. Eso es lo que nos lleva a plantear en este momento esta proposición no de ley, sin perjuicio de
plantear en la Cámara en el futuro iniciativas de otro calado en la misma dirección. No me resisto a que el texto de la proposición no de ley quede expresamente recogido al final de mi intervención en el 'Diario de Sesiones', y por eso voy a dar
lectura al mismo, que es breve. Con ello y alguna matización más, termino. Dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres meses remita a esta Cámara las reformas legales necesarias a fin...
Por supuesto que
insta al Gobierno a que remita; podríamos haber hecho una proposición de ley, y probablemente la haremos, pero precisamente nos gustaría -por eso hemos traído esta proposición no de ley- contar en este momento con el compromiso de los demás grupos
de la Cámara que pudieran considerar que esto es así, es decir, que este ámbito de discrecionalidad en el que la existencia de órganos consultivos se convierte en algo estéril tenga punto y final, para este Gobierno y para los futuros, sean del
color que sean. Queremos transparencia, claridad y justificación de estas decisiones que deben tenerla. Por tanto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva las necesarias medidas a fin de que cualquier desistimiento del
Gobierno en los conflictos entre la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas deba contar con el informe preceptivo del servicio jurídico del Estado, debiendo ser motivado el acuerdo de desistir si se separara el órgano decisorio del criterio contenido en el informe. Más
derecho, señorías, imposible; más legalidad, también; menos oportunidad, bueno. Evidentemente, todos aquellos que consideren que esto no es así, lo podrán disimular con expresiones dialécticas del calado que sea, pero en la buena vía de un Estado
de derecho más perfeccionado no estarán las posturas que no sean de adhesión lógica a esta pretensión que esbozamos ahora como voluntad política de la Cámara -así lo proponemos-. No ponemos ni siquiera plazos ni otros contenidos, dejamos que sea el
propio Poder Ejecutivo el que en definitiva fije los términos en los que da una entrada decisiva a los órganos consultivos que deben intervenir en estas decisiones. Esperamos el apoyo de los demás grupos, que naturalmente solicitamos con la
convicción de que se lo pedimos para algo absolutamente razonable, positivo y que perfecciona nuestro Estado de derecho.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): ¿Grupos que desean intervenir en fijación de posición?
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que siempre da gusto escuchar las reflexiones del señor Padilla, preñadas de facundia y de erudición jurídica que nosotros reconocemos. No obstante, tenemos un problema de fondo que nos dificulta
mucho adherirnos a la posición que el señor Padilla considera razonable, pertinente y mejoradora de los requerimientos del Estado de derecho, y es que el sistema de selección de magistrados del Tribunal Constitucional no resulta satisfactorio para
nuestro grupo parlamentario y, puesto que es el Tribunal Constitucional el que ha de resolver los conflictos a los que aludía el señor Padilla, la posición de mi grupo siempre va a estar vinculada a esta reserva, que no es baladí, que es importante.
Yo no sé si el Tribunal Constitucional español está basado en la figura del Tribunal Constitucional alemán; es una especie de lo que se llama en los Estados federales tercer Estado, junto al Senado, o si es un órgano que debe resolver conflictos
desde una posición procesal de supraparte procesal entre los conflictos que se planteen entre las comunidades autónomas o los órganos que forman parte de un Estado compuesto y el Estado como tal. Yo no sé cual es, porque la propia Constitución
española y la jurisprudencia constitucional no han resuelto este problema. No sé qué tipo de Tribunal Constitucional poseemos en nuestro país, ni creo que el señor Padilla nos pueda ilustrar sobre ello, lejos de las reclamaciones o de las proclamas
que realiza la Constitución y la incipiente y muy escasa jurisprudencia constitucional sobre su propia identidad jurídica. De todas formas, nosotros tenemos renuencias sobre un sistema de designación de magistrados que provoca la siguiente
disfunción. El Tribunal Constitucional está compuesto por doce magistrados, de los cuales cuatro, de forma discrecional entre personas que reúnan las cualificaciones requeridas, designa el Congreso de los Diputados; cuatro más designa, también de
forma discrecional, el Senado; dos el Consejo General del Poder Judicial, cuyos veinte vocales han sido previamente designados por el Congreso y el Senado; y dos más el Gobierno, seguramente para enfatizar más la independencia del órgano. Con una
institución de estas características no podemos tener la sensación, la impresión y la convicción política de que los intereses de las comunidades autónomas estén debidamente representados, si la función del Tribunal Constitucional es ocupar una
posición de supraparte procesal que de forma equilibrada, independiente y neutral políticamente resuelva los conflictos competenciales que se planteen entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas.
Puesto que esto es así y no se ha incorporado, a pesar de las reiteradas iniciativas legislativas, ningún elemento de corrección que aproxime nuestro Tribunal Constitucional a la estructura de los tribunales constitucionales de cualquier Estado
compuesto, porque el Tribunal Constitucional español es el tribunal constitucional que más se aproxima a las estructuras de los tribunales constitucionales de los Estados unitarios, no de los Estados compuestos, cualquier iniciativa de esta
naturaleza que haga referencia a las competencias del Tribunal Constitucional en materia de resolución de conflictos competenciales entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas van a provocar en principio nuestro
rechazo.
Creemos que hay una asignatura pendiente -y voy a utilizar las propias palabras del señor Padilla- para mejorar la calidad democrática del Estado español, que es su Tribunal Constitucional, y sobre todo el sistema de designación de
magistrados del Tribunal Constitucional. No hay uno solo que no sea designado por instituciones del Estado, no hay ni uno que sea designado por instituciones autonómicas. Si el Tribunal Constitucional va a ocupar una posición de supraparte
procesal para resolver conflictos competenciales entre el Estado y las administraciones autonómicas va a suceder lo que ha ocurrido históricamente desde que el Tribunal Constitucional existe: que el Tribunal Constitucional va a ser un colaborador
necesario de la Administración del Estado, con una cierta propensión centrífuga de competencias a desestimar todos los requerimientos competenciales en esta materia de las comunidades autónomas, avalando sistemáticamente, como ha hecho hasta ahora,
las tesis de la Administración General del Estado y, por lo tanto, deteriorando el acervo competencial de las comunidades autónomas. Como a esto no vamos a jugar, señor presidente, solo por esta razón, que es de fondo, ajena a las argumentaciones
lúcidas que yo respeto del señor Padilla, vamos a votar en contra de esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): En nombre de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Canet.
El señor CANET COMA: Mi intervención será más telegráfica que la anterior.
Mi grupo está de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor Olabarría. La historia y los posicionamientos del Partido Popular durante los años del Estado autonómico
son bastante claros. Nos parece que cualquier medida que se proponga en esta línea servirá para cerrar las escasas ventanas o rendijas que se han abierto alguna vez. Por tanto, nuestro posicionamiento es muy claro. No nos fiamos en absoluto de
cualquier medida que proponga el Partido Popular, visto lo visto en años anteriores en materia de Estado autonómico.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sauquillo): En nombre de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, Convergència i Unió votara que no a esta proposición no de ley, y lo hará desde el claro convencimiento de que no es oportuna y de que es una proposición no de ley que viene a socavar las estructuras
básicas de un Estado democrático y parlamentario, de un Estado en el cual existe un fundamento inicial en el que mi grupo ha creído siempre: la presunción de legalidad. Las normas que se aprueban por quienes tienen competencias para aprobarlas y
se publican en el Boletín Oficial del Estado tienen, señor presidente, señorías, la presunción de legalidad. Es cierto que lamentablemente se producen demasiados conflictos ante el Tribunal Constitucional, en este caso desde el Gobierno ante normas
autonómicas que considera el Gobierno, sea del color que sea, que deben ser impugnadas. ¿Hoy qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo que si en un momento futuro el Gobierno decide desistir, siempre es una buena noticia para el Estado de
derecho, para rebajar el nivel de conflictos, que finalmente se desista de la impugnación, que haya existido un acuerdo en encauzar las formas de manera distinta. Por tanto, ¿qué se nos pide en la proposición no de ley? Es el principio de vayamos
a no desistir o por lo menos de que siempre que se desista debe haber un informe del servicio jurídico del Estado que avale ese desistimiento, y si el Gobierno se aparta de ese informe jurídico, debe motivarlo. El Gobierno por razones de
oportunidad puede interponer o no un recurso, pero también por razones de oportunidad puede decidir desistir. ¿Aquí por qué tenemos que hacerle intervenir con ese carácter preceptivo y no vinculante pero casi obligado, porque si se separa el
Gobierno del informe jurídico que le dice que no desista, tiene que motivar por qué lo ha hecho? No es una solución adecuada e incluso la historia avala que el Gobierno del Partido Popular por razones de oportunidad política desistió de muchos
conflictos competenciales que había planteado en determinados momentos de su historia por lo que el contexto político podía marcar, y no pidió informe jurídico en su día.
Por tanto, aprobar esto hoy y que quede sentado como una doctrina de futuro
no es positivo. Es siempre positivo si se llega a acuerdos políticos que rebajen el nivel de conflictos de competencias y que evidentemente los aligere.
Por último, tiene toda la razón el señor Olabarría. En la composición y origen de la elección de cada uno de los magistrados del actual Tribunal Constitucional, que es el órgano que tiene como misión dirimir los conflictos competenciales,
el Gobierno central directamente propone dos magistrados, y no hay ningún íter, ningún momento en que hayan podido participar las comunidades autónomas, que son normalmente la otra parte en muchos de los conflictos, en la propuesta de un solo
magistrado. Qué desequilibrio en la composición del Tribunal Constitucional en lo que debería ser un Estado compuesto. Por tanto, aquí también nos queda un largo camino por recorrer, con esperanzas, porque la Ley Orgánica 6/2006, publicada ya en
el BOE, del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña ya prevé la necesidad de modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dando cauce a que se abran procedimientos en que las comunidades autónomas puedan participar también en las propuestas
de magistrados evidentemente respetando siempre el principio de mérito y capacidad que debe tener quien ocupe esa alta responsabilidad jurisdiccional. Vamos a votar que no, señor presidente, señorías, porque sería introducir un cauce reglado que
seguro que produciría efectos no deseados en la propia negociación política y en la preservación del principio de legalidad, que mi grupo siempre quiere respetar en esta Cámara y en todos los ámbitos.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Antes de dar la palabra al Grupo Socialista, quiero comentarles que nos acaba de llegar la propuesta de transacción para la primera proposición no de ley. Estamos intentando escribirla completa
para proporcionar a los portavoces una copia antes de la votación evidentemente y además la leeremos en el momento en que esté, pero sepan que estamos en ese proceso porque acabamos de recibirla.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Voy a fijar la posición del Grupo Socialista sobre esta proposición no de ley del Grupo Popular. Cuando tuve la oportunidad de leerla rápidamente pensé que era una de esas iniciativas parlamentarias que bien
merecía, por lo interesante que me pareció, que se estudiase en la Facultad de Derecho e incluso en la de Ciencias Políticas. Después de la intervención de los portavoces, en particular de la del señor Padilla, me reitero en mi opinión: es una
iniciativa que podría estudiarse en la Facultad de Derecho. El señor Padilla iniciaba su intervención hablando de las inmunidades
del poder, de los actos políticos y los actos jurídicos y hablando por tanto en clave García de Enterría, 1961, en la Facultad de Derecho de Barcelona, La lucha contra las inmunidades del poder, conferencia y obra magnífica de dicho profesor
que yo creo que ha marcado a los publicistas de nuestro país a lo largo de todos estos años y a los administrativistas y constitucionalistas en particular.
Más allá de cuestiones doctrinales, entremos en el asunto de la iniciativa. Lo que pretende la iniciativa -el señor Jané lo ha señalado muy bien- es que cualquier desistimiento -estoy leyendo- del Gobierno ante un conflicto de la
Administración General del Estado con las comunidades autónomas conlleve informe preceptivo de los servicios jurídicos del Estado, y si la opinión del Gobierno es contraria al informe de los servicios jurídicos del Estado, que se motive la posición.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde mi punto de vista, esta proposición no de ley y esta forma de ver las cosas son un ejemplo palmario de la desconfianza del Partido Popular y del elaborador de la propuesta ante la actuación de los
poderes del Estado, de la desconfianza ante la actuación del Gobierno del Estado, que es un poder más del Estado. Hasta tal punto es así que, en mi opinión si se hiciese lo que la proposición no de ley contiene, lo que haríamos sería quebrar el
sistema -el señor Jané lo señalaba-, como después explicaré. (El señor presidente ocupa la Presidencia.).
Antes de entrar en los fundamentos materiales de por qué estamos en contra de esto, hay dos precisiones formales que me parecen importantes. En primer lugar, el señor Padilla ha señalado que esta iniciativa es el resultado de un trabajo
esforzado del Grupo Popular en estas materias, cosa que a mí me sorprende cuando precisamente algunos de los diputados que estamos en esta Cámara hemos tenido la oportunidad de participar esta mañana en la ponencia sobre el proyecto de Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, que se ha reunido. Si lo aprobásemos, si el Gobierno enviase una modificación legislativa, tendría que ser en concreto del artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En esta Cámara hay un proyecto de
ley de reforma de las Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Partido Popular ya ha presentado sus enmiendas y no encuentro por ningún sitio la enmienda del Partido Popular que recoja esta proposición no de ley. Es decir, no hace falta que
pidamos al Gobierno que haga una cosa cuando el propio Partido Popular, vía enmienda, lo podía haber hecho. Es una cuestión formal, pero la señalo para mostrar que esta iniciativa parece que se presenta un poco de cara a la galería más que por su
valor o su interés.
La segunda cuestión formal importante es que se habla en la proposición no de ley de cualquier desistimiento del Gobierno en los conflictos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Entremos en materia. Los
conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas se pueden producir por dos vías: recursos de inconstitucionalidad ante las disposiciones de carácter general o conflictos de competencia positivos o negativos. Son dos procedimientos
distintos. La cuestión importante aquí es quiénes son los sujetos legitimados en un caso y en otro. En el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno; en los conflictos de competencia, el Gobierno. La iniciativa nos tendría que
decir si se está refiriendo al Gobierno o al presidente del Gobierno, que no lo dice, por cuanto es una cuestión importante. El sujeto que interpone el recurso o el conflicto es el sujeto que puede desistir y no es lo mismo el Gobierno que el
presidente del Gobierno.
Salvadas estas dos cuestiones formales en cuanto a la iniciativa, entro en el fondo del asunto y en por qué creo que la del Partido Popular es una muestra de desconfianza ante la actuación de los poderes del Estado. El desistimiento, y
estarán de acuerdo conmigo todos ustedes, es una forma de terminación de los procesos constitucionales, contemplado como antes señalaba en el artículo 86, que se remite a su vez al artículo 80, que se atribuye a los sujetos legitimados para
interponer el recurso, que es el presidente del Gobierno en el recurso de inconstitucionalidad o el Gobierno en los conflictos de competencia positivos o negativos. Si analizamos el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en
ningún lugar se dice que el presidente del Gobierno o el Gobierno tengan que requerir informe del servicio jurídico del Estado para interponer el recurso o el conflicto o para que se produzca el desistimiento. La pregunta sería: ¿por qué es esto?
El señor Padilla podría decir: es por un error de la ley. Desde mi punto de vista, no, no es un error de la ley. Lo que sucede es que estamos ante un acto político, ante un órgano político. El Gobierno y el presidente del Gobierno son órganos
políticos y por tanto tienen que tomar decisiones políticas que son discrecionales, que no arbitrarias. El señor Padilla ha hablado de la reducción de la discrecionalidad. La discrecionalidad política forma parte del sistema. La arbitrariedad
desde luego que no. Lo que se está viendo aquí es que esto no es posible. Además, si nos vamos a la Ley 52/1997, de asistencia jurídica al Estado y a las instituciones públicas, lo que se dice es que el servicio jurídico del Estado asesora,
representa y defiende al Estado y a sus organismos. Por tanto, el Gobierno cuando produce actos políticos lo que tiene que hacer es fundamentarlos y razonarlos cuando son actos frente a los administrados o frente a otros poderes públicos, pero no
estamos hablando de administrados o de los poderes públicos; estamos hablando de un cuerpo de asesoramiento jurídico. Sería algo parecido a que la Cámara, para tomar una decisión, pidiese un informe al cuerpo jurídico de la misma. No tendría
ningún sentido. Es más, yo creo que con esto no se hace ningún favor al ilustre cuerpo de abogados del Estado, porque el abogado del Estado sabría que cuando elabora su informe este va a servir para el pimpampum de la batalla política.
Finalmente para más abundamiento en todos mis argumentos, además hay que ver la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. El desistimiento no funciona sin más como un principio dispositivo para quien decide desistir. Basta con irse a la sentencia 2/1995 del Tribunal Constitucional para ver que ahí el Tribunal Constitucional ha dicho
que cuando se decide desistir por una de las partes en un conflicto constitucional el Tribunal Constitucional es el que va a tener la última palabra y va a aceptar el desistimiento siempre que se produzcan dos circunstancias: primero, que la
contraparte en el proceso judicial esté de acuerdo y, segundo y esto es importante, que no exista un interés general público que pudiera resultar lesionado por la Administración en el desistimiento. Por tanto, es el Tribunal Constitucional, cuando
se produce el desistimiento, quien va a decidir en última instancia. No se produce una situación de inmunidad, sino que hay un órgano jurisdiccional que va a poder solventar el asunto. Por consiguiente, la posición del Grupo Socialista va a ser la
de votar en contra de la iniciativa. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.).
El señor PRESIDENTE: Si abrimos un turno de debate, habrá puntualizaciones. Tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Intervengo solamente para decir que merecía la pena plantear esta iniciativa para oírles a ustedes y sobre todo para escuchar alguna de las cosas que han dicho. El señor Olabarría argumenta siempre con sutileza
y con brillantez, pero yo le tendría que preguntar, ya que lo deja dicho en el 'Diario de Sesiones', qué Estado federal norteamericano participa en la designación de los miembros del Tribunal Supremo. Yo le pregunto qué Estado federal participa.
Evidentemente ustedes tienen siempre solamente una voluntad, que es justificable y admisible, no sé si entendible pero que está ahí, que es querer moverse dentro del esquema constitucional con una sobrerrepresentación política en relación con la que
realmente tienen -probablemente ese es el problema que les acucia- y con cualquier cosa que realmente les permita escapar de su propia posición. En esta Cámara hay miembros elegidos de todas las circunscripciones del país, entre las cuales,
evidentemente, está la que usted representa y la porción de población a la que usted representa, con la representación que usted tiene, con la que tienen otros partidos políticos y con el saldo final que eso ofrece. El problema es que ese saldo no
les gusta y que, digamos, los vericuetos y los atajos son muy interesantes para conseguir por la puerta de atrás lo que no se puede conseguir por la puerta de delante.
Haré una matización, porque el reproche político lo acepto siempre, pero el reproche técnico a veces no. ¿De dónde saca usted que la Ley del Tribunal Constitucional es la que tenía que decir...? No, no. La Ley del Tribunal Constitucional
lo único que tiene que decir es que el Gobierno puede desistir o no. Le recomiendo que profundice en la vigente y en la nueva para saber distinguir los conflictos constitucionales, que es a lo que se refiere esa sentencia que ha citado, la 2/1995,
y los conflictos de competencia, que no tienen nada que ver, ni antes ni ahora. Pero evidentemente la formación de la voluntad de la Administración no se va a regular en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de eso no le quepa duda. Esa se
forma donde se tiene que formar, que no es allí; allí lo que llega es la voluntad de la Administración, que luego, en función de la legislación que la establezca, el Tribunal Constitucional podría apreciar que está mal formada, pero desde luego no
es allí donde se tiene que formalizar.
Termino. Si todo les origina sospecha, sobre la crisis del acto político, si quiere, le envío bibliografía cuando quiera; no exhiba mucho eso porque además en la cosa progresista suya no le conviene, o sea, que mejor lo deja. ¿Quiere que
le diga una cosa? Si lo tienen tan claro, ¿por qué para preguntar qué es lo que había que reformar de la Constitución se lo preguntan a un órgano técnico, que es el Consejo de Estado, y le piden un dictamen, que luego no les gustó porque no decía
lo que ustedes querían, lo cual pone de relieve que normalmente cuando ustedes preguntan son contradichos y quedan preocupados, porque las cosas que piensan no suelen ser demasiado acertadas, tampoco en este caso?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría, por alusiones.
Ya conocen ustedes que el funcionamiento de esta Comisión se caracteriza por la flexibilidad, porque creo que al final los resultados son mejores.
Lo que les pido es
que no abusemos de ese concepto, porque nos ha ido muy bien, pero si nos pasamos, crearemos dificultades e iremos a las formas.
Don Emilio, le pido que intervenga con brevedad.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, ya sabe que yo no me paso -en la acepción más juvenil de la expresión- nunca. Quiero responder al señor Padilla dos cosas. Me ha hecho una reflexión sobre cuáles son las estructuras de los
tribunales constitucionales o sus homónimos en los Estados compuestos. Se la voy a responder con facilidad, lo que pasa es que me parece redundante porque él las conoce perfectamente, él está haciendo trampas en su propio solitario. Efectivamente
al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el homónimo al Tribunal Constitucional español, es el presidente del Gobierno de Estados Unidos el que propone los magistrados, pero es el Senado, que es el órgano de representación territorial, el que
tiene capacidad de vetar estas propuestas; es el que tiene capacidad de vetar. En el caso del Tribunal Constitucional alemán, es el Bundesrat, el Senado, el órgano de representación territorial de los Estados federados, el que propone todos los
magistrados del Tribunal Constitucional alemán. En el Estado belga, la mitad de los magistrados del Tribunal Constitucional -que allí se llama Tribunal de Arbitraje- son de expresión neerlandesa y la otra mitad son de expresión francesa. Que me
diga el señor Padilla cuál
es la equivalencia o el parecido de esta configuración de órganos de Estados compuestos con un Tribunal Constitucional español que se asemeja al francés, que es el paradigma del Estado unitario. Respondiendo a la apelación del señor
presidente a la brevedad, le diré al señor Padilla que no haga trampas en su propio solitario, porque él sabe cómo son estas cosas, y al juego tramposo estamos muy acostumbrados los que tenemos algunas canas y algunos trienios parlamentarios. No
nos haga estas cosas, por favor.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Socialista, para puntualizar.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señor presidente, voy a ser muy breve para no agotar la paciencia -que creo que ya está muy agotada- de los señores diputados, que quieren poder irse a casa rápidamente. Quiero decir tres cosas sobre lo que ha
señalado el señor Padilla. Como le decía al inicio, esto merece un debate teórico. Ha dicho que el problema en este tema del desistimiento y de la iniciativa es un problema de la conformación de la voluntad de la Administración. No, el problema
no es ese, sino que quien decide, quien tiene en sus manos la decisión política no es la Administración sino el Gobierno: el presidente del Gobierno en los recursos de inconstitucionalidad y el Gobierno en los conflictos de competencia negativos y
positivos. Está en la ley; no es que me lo invente yo. Por lo tanto, es un acto político del Gobierno y vuelvo a repetirle que estamos ante un acto político discrecional, no arbitrario.
Cualquier jurista de los muchos que hay aquí conocen
suficientemente la diferencia entre lo que es arbitrariedad y discrecionalidad. La discrecionalidad es perfectamente asumible en un sistema democrático y en un Estado de derecho. Segunda cuestión. Me ha dicho que me enviará bibliografía sobre el
acto político. Se lo agradezco de verdad. Le hago notar que yo hice la tesis sobre este asunto y tengo documentación sobre ello. También habla usted de los informes del Consejo de Estado.
Efectivamente, estamos ante un órgano asesor y emite
informes, y el órgano decisor decide si lo sigue o no lo sigue. (El señor Padilla Carballada: Y lo explica.) El órgano político cuando tiene que explicar es cuando actúa, cuando emite un acto frente a un administrado o ante otra Administración, no
ante un órgano asesor. Además -le vuelvo a repetir el argumento de antes-, le haríamos un flaquísimo favor al cuerpo jurídico de la Abogacía del Estado, porque el letrado que hiciese este informe sabría, cuando lo estuviera redactando, que ese
informe serviría para eso. Además, desde mi punto de vista, esto rompe clarísimamente el sistema, porque como decía el señor Jané hay una presunción de legalidad en la actuación de los poderes del Estado: del Gobierno, del Parlamento.
Así
funciona el sistema y si no funciona así, están los procedimientos jurisdiccionales previstos para formular los recursos convenientes.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las dos proposiciones no de ley. Se ha presentado una transaccional a la primera, la que figura con el número 57 en el orden del día, que hemos distribuido a los portavoces de los grupos y
que someteremos a votación en sus términos.
Sometemos a votación esta proposición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.) Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, intervengo para aclarar que en el texto final que la señora Navarro nos propone se ha eliminado la contradicción que en mi intervención yo afirmaba que existía. Ya no instamos al Gobierno a
legislar, que sería una contradicción en nuestros propios términos, sino que simplemente instamos al Gobierno a actuar en una línea determinada. Por tanto, mi grupo considera acertada la fórmula final que trae la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Aclarado esto sometemos a votación la proposición no de ley en los términos de la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Popular, que figura en el orden del día como punto número 58, en sus términos puesto que no ha habido enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete de la tarde.