Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 632, de 28/06/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 632
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS
INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 24
celebrada el miércoles, 28 de junio de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Sobre medidas para impulsar la exención de la cuota empresarial a la Seguridad Social en los contratos de formación y en práctica de personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/001293.) ... (Página 2)
-Sobre el cumplimiento de la disposición adicional 5.ª de la ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, para la accesibilidad de personas con discapacidad a las páginas webs.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001381.) ... (Página 3)
-Por la que se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, para que se reconozca el grado de discapacidad derivado
de alergias alimentarias y al látex, de cardiopatías congénitas y del cáncer. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000827.) ... (Página 6)
-Para impulsar medidas para hacer compatible la pensión de orfandad con el empleo en el sector público cuando el beneficiario esté discapacitado.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/001532.) ... (Página 9)
Comparecencia del señor secretario general de empleo (Gómez Sánchez), para explicar las medidas tomadas por el Gobierno para favorecer el empleo de las personas con discapacidad. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000732.) ... (Página 11)
Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
-SOBRE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA EXENCIÓN DE LA CUOTA EMPRESARIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS CONTRATOS DE FORMACIÓN Y EN PRÁCTICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/001293.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión con el debate de las proposiciones no de ley que han sido presentadas y que figuran en el orden del día, si bien las votaciones se producirán a partir de las doce horas quince
minutos, con anterioridad a la comparecencia prevista en esta sesión.
El primer punto del orden del día es la proposición no de ley sobre medidas para impulsar la exención de la cuota empresarial a la Seguridad Social en los contratos de formación y en práctica de personas con discapacidad. Para la defensa de
esta proposición, de la cual es autor el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Este grupo parlamentario cree que la libertad de las personas y la capacidad de elección son los pilares que hacen que una sociedad sea mejor, más fuerte, y son objetivos que deberían ambicionar quienes trabajan en
esta casa. Yo creo que para conseguir ese objetivo debemos llevar a cabo el mandato constitucional de crear empleo e intentarlo garantizar para que todos los españoles tengan empleo y construir, por tanto, una sociedad de bienestar, de progreso y
de oportunidades para todos. Una sociedad de pleno empleo sería aquella en la que todos tienen trabajo y todos desean contribuir con su capacidad al bien colectivo de prosperidad y de oportunidades para todos.
La experiencia, el rigor y la labor del Partido Popular en el ámbito laboral es conocida pues los datos así lo atestiguan: 12 puntos de reducción en las tasas de desempleo durante los ocho años de mandato del Partido Popular, así como la
incorporación de 4.200.000 cotizantes más a la Seguridad Social. En este ámbito todos conocemos además, o deberíamos conocer, las dificultades que encontramos los jóvenes para acceder a nuestro primer empleo. Por lo tanto, esta proposición no de
ley lo que intenta es estimular su contratación, ayudando a la incorporación de la generación posiblemente más preparada de la historia al mercado laboral.
Durante los años de gobierno del Partido Popular se avanzó en la creación de empleo de
personas con discapacidad con dos planes específicos y multiplicando por tres el número de personas discapacitadas que tenían un puesto de trabajo. Creo que en esta Comisión tenemos la obligación de eliminar todos los obstáculos a su plena
integración, y no hay -este grupo así lo piensa- mayor inserción social que la incorporación de las personas discapacitadas al mercado laboral. Esa es la real inserción social. El Real Decreto 5/2006, de 9 de junio, mantiene la reducción del 50
por ciento en la cuota empresarial a la Seguridad Social de los contratos formativos y amplía esta reducción a los contratos en prácticas a tiempo parcial.
Nosotros pensamos que debemos ser ambiciosos y estimular, insisto, a aquellos que crean empleo, a los empresarios, para que fomenten el empleo joven. En cualquier caso, en aras de la consecución de parte de esos objetivos y entendiendo que
este grupo pretende que se avance, aunque sea mínimamente, en este ámbito, e insisto, en este ámbito de concordia que reina en esta Comisión, pues aceptamos la enmienda propuesta por el Grupo Socialista, con la incorporación que nuestro grupo ha
hecho.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo enmendante, el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señorías, la proposición no de ley del Grupo Popular instando al Gobierno a establecer la exención de la cuota empresarial a la Seguridad Social en los contratos de formación y en prácticas nosotros entendemos que
efectivamente es de interés, pero debemos hacer algunas consideraciones previamente a pronunciarnos al respecto y a referir nuestra enmienda.
En primer lugar, los argumentos que nos da en su proposición no de ley el Grupo Popular quedarían referidos exclusivamente a los contratos en prácticas, que resultan los aplicables para la contratación de jóvenes que finalizan sus estudios,
pero quizás quedan sin atender el resto de los contratos para la formación que se dirigen también a los jóvenes, si bien en concreto a aquellos que carecen de previos estudios universitarios o de formación profesional habilitantes para la
celebración de un contrato en prácticas. Los contratos formativos son ya objeto de reducción en la cuota empresarial de la Seguridad Social de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que establece
una reducción del 50 por ciento en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato formativo en práctica o para la formación. En tercer lugar, los contratos temporales de duración entre uno y tres años celebrados al
amparo del artículo 44 de la Ley 42/1994 dan lugar a bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes que oscilan entre el 50 y el 90 por cien, según los diferentes supuestos que toman en consideración determinadas circunstancias,
entre otras la edad del trabajador.
Además de lo señalado, el Decreto 1451/1983, de 12 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos, que da cumplimiento a la Lismi, establece entre las ayudas que
contempla en favor de las empresas que contraten por tiempo indefinido a trabajadores minusválidos -se decía entonces- bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social por todas las contingencias entre el 70 y el 100 por cien, en
función de la edad y el género del trabajador contratado. También tenemos que decirles, no obstante, que nosotros estamos en disposición de adoptar todas las medidas que sean tendentes precisamente a la integración laboral de las personas con
discapacidad. Estamos trabajando en ello; de hecho, en estos dos años que llevamos de la legislatura se han incrementado de manera considerable tanto los contratos indefinidos como los temporales en el sector de la discapacidad. Tenemos que hacer
referencia al Real Decreto 496/2006, de 21 de abril, porque asegura las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, como una norma muy esperada por el
sector de la discapacidad, que afectará a un número importante de este tipo de centros. No obstante, insisto, nuestra voluntad es adoptar todas aquellas medidas que potencien la integración laboral de las personas con discapacidad y, por lo tanto,
en nuestra enmienda, que era de sustitución, en el sentido de que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar en el marco del diálogo social el estudio de las medidas adecuadas para incentivar la contratación de jóvenes trabajadores
con discapacidad, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular para introducir alguna modificación, en el sentido de 'en el marco del diálogo social y con la concurrencia de los representantes de las asociaciones y los representantes del sector
de las personas con discapacidad'.
Entendemos que es una medida más de impulso al contrato de las personas con discapacidad, fundamentalmente de los jóvenes, que tienen una dificultad añadida para incorporarse al mercado laboral.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente para adherirnos y mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: En los mismos términos que el diputado Campuzano, también quiero manifestar que vamos a dar apoyo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Sí, la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
-SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA DE LA LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS PÁGINAS WEB.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/001381.)
El señor PRESIDENTE: Por acuerdo con los portavoces, pasa el punto cuatro a ser el dos, y el dos, respectivamente, al cuatro.
Tratamos ahora como punto dos el siguiente: sobre el cumplimiento de la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico para la accesibilidad
de personas con discapacidad a las páginas web. Es autor de esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Para su defensa y la autoenmienda incorporada por el mismo grupo, tiene la palabra el señor
Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Nuestro grupo parlamentario trae a esta Comisión una proposición no de ley que, a nuestro entender, además de ser interesante, es en estos momentos necesaria en tanto en cuanto entendemos que los compromisos
adquiridos legislativamente, tanto a raíz de la Ley 34/2002 como a raíz de la aprobación en su momento o en el año 2003 de la Liondau, en donde también se hacía mención y se legislaba todo aquello referente a la necesidad de adecuar las nuevas
tecnologías a las necesidades diversas de la ciudadanía y, en este caso, a las personas mayores con dificultades o personas con discapacidades, de hasta qué punto era necesario que el diseño de las páginas web se adecuara a estas necesidades,
necesidades que hoy día, en caso de que este déficit no fuese contemplado, no fuera solucionado, en definitiva romperíamos con el principio que todos glosamos y alabamos, que es la capacidad de acceder a los conocimientos a partir del uso de las
nuevas tecnologías. Más contrasentido, si aquello que debe facilitar el acceso, ya de entrada ofrece resistencias, y resistencias por culpa de una falta de diseño de las páginas web adecuada.
La Ley 34/2002, y a raíz de su discusión, ya marcaba unos tempos, unas fases; de hecho se hablaba de que el 31 de diciembre de 2005 ya se hubieran hecho las adaptaciones al menos en las páginas web de la Administración y aquellas otras que
estuvieran subvencionadas por la Administración. Y luego se dejaba para una segunda fase que culminaba en el último día del año 2008, fecha en la cual ya tendría que haberse adecuado el 100 por cien de todas las páginas web. Pues bien, la verdad
es que, haciendo un barrido por las distintas páginas web de la Administración, uno se da cuenta de hasta qué punto se ha hecho poco. Es más, se puede consultar la vida laboral de una persona, ciertamente, y en ese caso el diseño existe. En algún
ámbito, en algún ministerio, en algún ámbito concreto, y me refiero a este que consulté, es cierto que el diseño se ha introducido, pero uno tiene la impresión de que casi se ha introducido de manera experimental, en tanto en cuanto es más singular;
es más la excepción que la norma, entendiendo las dificultades que puede haber. A nadie se le escapa que no estamos hablando de algo fácil, ni de algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Pero entendemos que se anda un poco retrasado. Y
por esto entendíamos que valía la pena volver a insistir, máxime teniendo en cuenta la funcionalidad que tienen las proposiciones no de ley. Intentamos instar e intentamos desde los grupos parlamentarios presionar a la Administración, a quien tiene
competencia para llevarlo a cabo, para que se aplique y supere las adversidades. Y sólo se supera con voluntad.
Nosotros nos hemos hecho una autoenmienda porque sí es cierto que nosotros, justamente para que nuestro análisis no fuera tangencial, entendíamos que teníamos que tener un conocimiento exacto de la situación. Por eso hablábamos y
proponíamos la necesidad de promover la evaluación del grado de cumplimiento, y cuando redactamos la proposición no de ley pusimos como fecha finales del año. Es cierto que, en la medida en que la proposición no de ley se ha presentado a debate en
el día de hoy, lógicamente requería que nosotros autoenmendáramos aquello que instábamos a aprobar. Bien, lo hemos hecho y hemos hablado de la necesidad de que, antes de finalizar el año actual, ya conociéramos cuál es -pero a ciencia cierta- el
grado de cumplimiento. Entendemos que no nos alejamos del sentido común, no nos alejamos de aquello que es necesario: saber exactamente antes de final de año dónde estamos. En segundo lugar, a nadie se le esconde que una de las causas puede ser
que todo aquello que debe reglamentarse justamente de aquello que dispone la Liondau, no se ha desarrollado reglamentariamente. En la medida en que el ejercicio necesario de regular la reglamentación que provoca la aprobación de la ley, en la
medida en que no se ha llevado a cabo esta reglamentación, estamos un poco fuera de juego, estamos huérfanos de la posibilidad de aplicarlo. Aun sin poner tiempos, entendemos que tiene que haber un compromiso de desarrollo de la reglamentación. En
tercer lugar, hablábamos de la creación de un sistema de evaluación único, en la medida en que ciertamente existe, y se verá y nos daremos cuenta precisamente en la enmienda que presenta el Grupo Socialista de que a veces no hablamos y no utilizamos
los mismos parámetros, los mismos modelos para evaluar, lo cual exige tener un sistema de evaluación único, porque si no, al final acabamos hablando de cosas distintas y esto impide saber exactamente cuál es la situación.
Y, en cuarto lugar, también hablábamos de fijar los niveles mínimos que deben cumplir, cuáles son los requisitos de accesibilidad, en tanto en cuanto existen tres niveles a nivel internacional. En algunos países, algunos Estados van muy por
delante de nuestra Administración. Al menos pongámonos de acuerdo en cuál es el nivel que se pretende conseguir. Es decir, en la medida en que tampoco sepamos cuál es el objetivo, tampoco sabemos exactamente hasta qué punto hay que consensuar, hay
que reivindicar más o menos, hay que saber exactamente cuál es el objetivo.
Hay tres niveles: 1, 2 y 3, A, AA, AAA, según la clasificación internacional. Pues bien, nos gustaría saber exactamente cuál es el objetivo que se persigue, cuál es la
fase que, una vez alcanzada, podamos sentirnos satisfechos de lo realizado, y no perdernos. Al menos este diputado reconoce y este grupo parlamentario que hoy por hoy y, una vez hablado incluso con otros diputados, a ciencia cierta no sabemos el
terreno que pisamos.
Es una proposición no de ley muy sencilla que intenta que entre todos pongamos un poco de orden, no tiene más pretensiones, y fijar al menos un calendario respecto
a la evaluación del grado de cumplimiento de lo estipulado en la disposición quinta de la Ley 34/2002, que en estos momentos ignoramos, a no ser que hagamos una exploración nosotros, y siempre será muy tangencial.
El señor PRESIDENTE: En la proposición no de ley que nos ocupa existen dos enmiendas, además de la autoenmienda que el propio señor Tardà ha explicado, presentadas una por el Grupo Popular y otra por el Grupo Socialista.
Para la defensa de estas enmiendas y por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Oreiro.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Creo que todos estamos de acuerdo en que para alcanzar el objetivo de normalización de las personas con discapacidad es indispensable conseguir la superación o la supresión de todo tipo de barreras. Es preciso,
en definitiva, lograr la accesibilidad, y en el mundo actual el acceso a la información es de vital importancia. Esto lo entendió perfectamente el Partido Popular cuando en 2002 promueve la Ley 34/2002 de servicios para la sociedad de la
información y el comercio electrónico, ya mencionada por el señor Tardà, en la que se establecían unos plazos para conseguir ese objetivo de accesibilidad. Asimismo, cuando en el año 2003 se promueve la Liondau, exactamente igual se proponían unos
plazos para alcanzar este objetivo de accesibilidad al mundo de la información.
Estas dos leyes, que tenían los plazos perfectamente definidos, ciertamente no eran un objetivo utópico, alcanzar la accesibilidad en la utilización de las técnicas de la información, ya que las herramientas de diseño actuales facilitan la
tarea de lograr unos portales web más accesibles, teniendo en cuenta además que, según criterio de técnicos que entienden de esto, no existe una relación directa entre las posibilidades de hacer accesible una web y la complejidad de la misma. La
verdad es que, cumplido holgadamente el plazo establecido en las leyes mencionadas y aunque algo se ha mejorado, según estudios realizados por la ONCE estamos lejos todavía del objetivo propuesto. En estos estudios, sin ánimo de ser exhaustivo, se
concluye que en la Administración General del Estado, por ejemplo, se ha notado una mejoría aceptable en materia de accesibilidad a los servicios web, pero todavía estamos un poco lejos de alcanzar el objetivo que nos habíamos propuesto. Se destaca
sobre todo el buen comportamiento observado en el servicio de la obtención de la vida laboral en la web de la Seguridad Social y, como contrapartida, el servicio peor puntuado es el referido a la declaración de la renta y del IVA de la Agencia
Tributaria.
En cuanto a las comunidades autónomas, se menciona que los portales web están lejos todavía de poder cumplir con los requisitos marcados. Y en universidades, que es otro de los estudios realizados, dice que presentan un bajo nivel de
accesibilidad. Asimismo, en respuestas a determinados parlamentarios que las han efectuado al Gobierno, concretamente una respuesta a una pregunta del señor Vañó Ferré, don Francisco, ninguna de las administraciones que menciona, ninguna de las
páginas web de distintas administraciones que menciona en la respuesta del Gobierno, alcanza el nivel tres de accesibilidad, que sería el objetivo ideal.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley de Esquerra Republicana se hace mención también a una pregunta del diputado don Jordi Ramón Torres, a la que el ministerio responde comprometiéndose a realizar seguimiento y evaluación,
no al cumplimiento de lo estipulado en la disposición adicional quinta. El propio grupo proponente en su exposición de motivos considera que se hace preciso -y entrecomillo- en este momento normar de forma explícita la obligatoriedad de su
cumplimiento. En coherencia con ello y de acuerdo con el planteamiento de la Ponencia, nuestro grupo presenta una enmienda de modificación en la que instamos un poco a que se cumpla lo estipulado en esa disposición adicional quinta, y en donde dice
'promover la evaluación del grado de cumplimiento de lo estipulado en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico', debería decir 'cumplir con lo estipulado
en la disposición adicional quinta de dicha ley, con el fin de que todas las páginas web de Internet de las administraciones públicas sean accesibles, así como promover la evaluación del grado...'. Y continuaría con la expresión que viene ya dada
en la propia proposición no de ley.
La propuesta de sistemas de evaluación que se menciona en el primer punto del petitum de esta proposición no de ley se contempla ya en el apartado tres de dicha proposición no de ley en el sentido de crear de manera consensuada un sistema de
evaluación único. Nosotros lo que intentamos es dar un pasito más en el sentido de instar a la Administración a cumplir realmente con lo estipulado en la disposición adicional para lograr ese objetivo que se había planteado de hacer plenamente
accesibles las páginas web de la Administración pública.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista y para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Villagrasa.
La señora VILLAGRASA PÉREZ: Señorías, con respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana quiero señalar la disposición del Gobierno en la adopción de medidas necesarias para asegurar la
accesibilidad de las páginas web de la Administración General del Estado.
En efecto, la disposición adicional quinta de la citada Ley 34/2002 establece la obligación de que las administraciones públicas adopten las medidas necesarias para que antes del 31 de diciembre de 2005 la información disponible en sus
páginas de Internet pueda ser accesible a personas discapacitadas y de edad avanzada, de acuerdo con los criterios de accesibilidad generalmente
reconocidos. Se trata de una obligación legal que, en lo que afecta a la Administración General del Estado, ha sido desarrollada por la resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
establece la aplicación de la guía para la edición y publicación de las páginas web de la Administración General del Estado.
En la actualidad, y teniendo en cuenta el plazo legal fijado (31 de diciembre de 2005), el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Modernización Administrativa, está evaluando el cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la citada guía por el conjunto de la Administración General del Estado, incluyendo también a los organismos y entidades vinculadas o dependientes de aquella. En cuanto a la adopción de un sistema de evaluación único,
hay que señalar que para la evaluación de su cumplimiento la propia guía establece la utilización de la herramienta TAW (Test de Accesibilidad de la Web) participada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuya aplicación ayuda de forma
automática a comprobar el nivel de accesibilidad de la información. Por lo que respecta a la adopción de una reglamentación sancionadora que propone la citada iniciativa parlamentaria, se entiende que la previsión legal contenida en la Ley 34/2002
y la mencionada guía son instrumentos normativos suficientes para garantizar la accesibilidad de las páginas de Internet de la Administración General del Estado, partiendo de la base del firme compromiso político del Gobierno en relación con las
personas discapacitadas, no sólo en materia de accesibilidad de páginas web, sino también en otros ámbitos.
Quiero señalar también que la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en su disposición final séptima estableció un mandato al Gobierno para
regular las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y servicios de comunicación social. En cumplimiento de la
referida disposición se ha constituido un grupo de trabajo interministerial para la elaboración de un proyecto de real decreto en el que se regulen los extremos mencionados. En dicho grupo de trabajo están representados los ministerios de Trabajo y
Asuntos Sociales, de la Presidencia, de Industria, Turismo y Comercio, así como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
Como consecuencia de todo lo indicado anteriormente se ha elaborado un texto que regula, entre otras cuestiones, las relativas a condiciones básicas de accesibilidad de las páginas web, tanto públicas como privadas, así como la acreditación
del nivel de accesibilidad de las mismas. Pero, para que sea tenido en cuenta, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución en la que insta al Gobierno a impulsar que este grupo de trabajo interministerial, que
actualmente está trabajando en la elaboración de un proyecto de real decreto para regular las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social, tenga en cuenta los puntos que en la misma se detallan y que han sido conocidos a través de la enmienda que hemos presentado.
Vamos a intentar llegar a una enmienda transaccional con el resto de los grupos y que a lo largo de la sesión la presentaremos. Queremos decirle ya al compañero del Grupo de Esquerra Republicana que estamos de acuerdo en la fecha que ellos
nos dan, de finales del año 2006. Y entre todos vamos a intentar que esto llegue a buen puerto.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Simplemente para expresar nuestro apoyo a la iniciativa planteada por el señor Tardà, en la medida en que coincidimos en las cuestiones de fondo que plantea.
El señor PRESIDENTE: En la medida también en que ha sido expresado el deseo de una enmienda transaccional entre los distintos grupos con el grupo autor de la enmienda, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Tal como decía el compañero diputado del Grupo Socialista, intentaremos conjuntamente con los compañeros del Partido Popular llegar a una transaccional en la medida en que sea posible a lo largo de esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Y con anterioridad a la votación les pediré su decisión al respecto a los grupos.
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR EL REAL DECRETO 1971/1999, DE 23 DE DICIEMBRE, DE PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE MINUSVALÍA, PARA QUE SE RECONOZCA EL GRADO DE DISCAPACIDAD DERIVADO
DE ALERGIAS ALIMENTARIAS Y AL LÁTEX, DE CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS Y DEL CÁNCER. PRESENTADA POR EL GRUPO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ. (Expediente número 161/000827.)
El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía, para
que se reconozca el grado de discapacidad derivado de alergias alimentarias y al látex, de cardiopatías congénitas y del cáncer. Es autor el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, planteamos de nuevo en esta Comisión una iniciativa que responde a la preocupación de familias con hijos pequeños que padecen determinadas enfermedades, determinadas situaciones: alergias
alimentarias, alergias al látex, cardiopatías congénitas, cánceres infantiles. Preocupación de las familias afectadas por estas situaciones, en la medida en que la aplicación del Real Decreto 1971/1999 que, como todas sus señorías conocen, tiene
por objeto regular el reconocimiento del grado de minusvalía y el establecimiento de baremos, etcétera, en la práctica no contempla este tipo de situaciones.
Por tanto, la no incorporación de la consideración como personas con discapacidad a estos
menores, a estos niños, a estas niñas que padecen estas situaciones, impide que estas personas, estos niños, estas familias puedan beneficiarse del conjunto de políticas, de prestaciones, de servicios que reciben las personas con discapacidad.
Esta ha sido una cuestión planteada, decía, en diversas ocasiones en esta Cámara. Creo recordar que en su momento por el señor Tardà, de Esquerra Republicana, creo recordar también que por Iniciativa per Catalunya, alcanzándose en el seno
de esta Comisión acuerdos que instaban justamente a introducir estas modificaciones. Lo que sí, es que pasan los meses, pasan los años y estas modificaciones no se terminan de producir. Y esta misma mañana hablaba con la persona responsable que
agrupa a las familias con niños pequeños con enfermedad de cáncer, para interesarme si esas previsiones aprobadas en esta Comisión se habían concretado, pues más de un año después, estamos hablando de una proposición no de ley que creo recordar que
se aprobó en abril o marzo del año pasado, y nos confirmaban que no se había producido aún ningún tipo de cambio efectivo para garantizar esa modificación de ese real decreto para introducir esos nuevos criterios para que estas personas, para que
estos niños viesen reconocido su grado de minusvalía.
Hoy, con esta iniciativa, ponemos otra vez el énfasis en esa necesidad de adaptar el decreto de valoraciones a esa realidad. Y lo hacemos en un contexto, además, señorías, una cuestión que es compleja, que es difícil, que casi se viene
arrastrando desde 1999, como es la adaptación del decreto de valoraciones a los criterios que se introdujeron en el CIF hace unos cuantos años. Tenemos aún una clasificación de la discapacidad, un análisis de la discapacidad basado en los criterios
de la OMS de 1980.
Y hoy en la comunidad internacional esa aproximación ha recibido unos cambios sustanciales, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, el CIF, ha variado sustancialmente el enfoque de
estas cuestiones. Sería razonable también que en algún momento desde el Gobierno se impulsase esa adaptación del decreto de 1999 a las previsiones de la CIF.
En todo caso, hoy lo que pretendemos no es un abordaje global de la cuestión del decreto de valoraciones, para adaptarlo a la CIF, sino la incorporación de las patologías relativas a las alergias alimentarias, al látex, a las cardiopatías
congénitas y a las personas con determinados tipos de cáncer al mismo. Y es lo que instamos en la proposición no de ley que sometemos a la consideración de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Como muy bien conocen sus señorías y, por supuesto, especialmente el señor Campuzano, el real decreto, este que él también ha nombrado en su exposición, 1971/1999, de 23 de diciembre, regula los procedimientos de
clasificación y de declaración del grado de minusvalía, no en base al diagnóstico de una enfermedad, sino en base a los criterios de las consecuencias y la severidad del desarrollo de la enfermedad. No es un criterio el diagnóstico, por tanto, de
la enfermedad en sí misma.
Sí que es cierto que se valoran las consecuencias y la severidad que tiene en relación con la limitación que a la persona le supone esta enfermedad para el desarrollo de las actividades de la vida diaria estas actividades
que se ven limitadas como consecuencia de una patología. Y es cierto que la Secretaría de Estado, que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales lleva tiempo, y se ha creado una comisión, como muy bien conoce también el señor Campuzano y las
señorías de esta Comisión, se ha creado una comisión estatal para la coordinación y seguimiento de la valoración de los grados de minusvalía. Y dentro de esta comisión se ha creado un grupo de trabajo en el que están integrados técnicos de las
diferentes comunidades autónomas y también representantes de las organizaciones de la discapacidad. Y el objetivo que tiene este grupo de trabajo en concreto es precisamente lo que propone el señor Campuzano, actualizar nuestros instrumentos de
evaluación, actualizar nuestro baremo a la nueva clasificación de la OMS, al CIF, a la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud. Y efectivamente llevan tiempo trabajando. Y también en justicia recuerdo la
proposición no de ley que presentó Esquerra Republicana hace más o menos un año y también Izquierda Unida. Pero estoy segura de que sus señorías comparten conmigo que esta actualización es compleja, y estamos de acuerdo, el Grupo Socialista, con
instar a que este grupo de trabajo urja y concluya ya su informe. Pero también quería añadir que en el actual baremo ya están contempladas las cardiopatías congénitas, en el apartado c del anexo I, en concreto, y también ocurre lo mismo con
las alergias, que están en el capítulo de la inmunidad y respiratorio y dermatológico, y también están valoradas las neoplasias.
De cualquier modo, sabemos que esta actualización del baremo es una necesidad, en el Grupo Socialista somos conscientes de ello y hemos presentado una transaccional que podría pasar a leer, que dice que 'el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a impulsar que el grupo de trabajo creado a instancias de la comisión estatal para el seguimiento del baremo del decreto 1971/1999, en el que participan técnicos de diferentes comunidades autónomas y representantes de colectivos de personas
con discapacidad, concluya el proceso de estudio de la actualización del baremo de dicho decreto con la inclusión de las patologías relativas a las alergias alimenticias y al látex, a las cardiopatías congénitas y a las personas con diagnóstico de
cáncer'. Y también hemos añadido, si a sus señorías les parece, un siguiente apartado, que es una aportación del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que dice que 'se insta a que estos estudios, esta modificación del Real Decreto 1971/1999 se
realice sobre la base de la CIF aprobada por la OMS en 2001'.
Ruego a sus señorías que revisen lo que acabo de leer, porque no sé si se ajusta exactamente a lo que me han aportado, y estaríamos de acuerdo en desde aquí instar y urgir a que este informe concluya.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martín Soledad.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Señorías, buenos días a todos. En primer lugar quería resaltar la sensibilidad de los grupos aquí presentes a la hora de poner remedio a una situación que, por lo prolongado en el tiempo, ya empezaba a crear
inequidades en el sistema de protección social del Estado. Hay que reconocer que el Real Decreto 1971/1999 ha sido útil durante el tiempo de vigencia. Lo que pasa es que, así como las enfermedades, las discapacidades o los trastornos en la
funcionalidad de las personas son dinámicas, cambia no solamente la proyección de una persona afectada por una determinada patología; también se está modificando la nomenclatura, de tal forma que términos recogidos en el real decreto actualmente
son criticados hasta por el propio movimiento asociativo.
Pues bien, señorías, dentro de este contexto de revisión del real decreto y, reconociendo que no es tarea fácil, disponemos en la actualidad de un nuevo instrumento que correlaciona perfectamente la clasificación internacional de
enfermedades con las capacidades funcionales que se pueden ver alteradas por la presencia de estas enfermedades, de tal forma que hace más una proyección sobre la funcionalidad de los individuos afectados por esas patologías, e incluso lleva a que
personas afectadas por una enfermedad no tengan que verse reconocidas como discapacitadas o minusválidas. Por lo tanto, la adaptación del real decreto entendemos que es importante que se haga sobre una base proyectiva reconocida internacionalmente,
que hace una unificación etimológica de los términos aplicados a la funcionalidad y a la adaptación social que determinadas enfermedades producen. Y, reconociendo que la clasificación de la OMS de 1980 ha sido útil durante el período de vigencia,
no podemos más que dar apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y también reconocer el mérito del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de poder llegar al acuerdo de una transaccional donde se recoja una situación de
presente, como son los grupos de enfermos que actualmente se ven en una situación de -entre paréntesis- desprotección, como serían los de las alergias al látex, el cáncer infantil y determinadas cardiopatías, que recuerdo que, como ha dicho la
portavoz socialista, tienen un anexo donde quedan recogidas. Pero sí quiero resaltar la necesidad de que cualquier adaptación de ese real decreto para el reconocimiento de la condición de alteración de la función se haga sobre criterios
internacionalmente aceptados, como podrían ser los contenidos en la clasificación internacional de funcionalidad y discapacidad.
Creo que podemos estar de acuerdo en los términos de la transaccional que proponemos, que ha sido trabajada por los tres grupos, y confiamos en que el Grupo de Esquerra Republicana pueda dar su apoyo, porque además recuerdo la intervención,
el día 21 de marzo del año pasado, en que se llegó al acuerdo de instar a finalizar esos trabajos de ese grupo de estudio para la modificación del real decreto, y que a día de hoy, 28 de junio de 2006, todavía no han visto la luz. Por lo tanto, me
parece una iniciativa perfectamente asumible y perfectamente asimilable por el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Muy brevemente, pero creo que da pie mi intervención a hacer una pequeña reflexión, sencilla y sin ninguna pretensión, en defensa de la metodología de trabajo que tiene esta Comisión.
Es cierto que hace un año nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley que incidía exactamente, exactamente no, porque debo reconocer que nuestra proposición no de ley no incluía los diagnósticos de cáncer infantil. Sí que
es cierto que introducía tanto las cardiopatías congénitas como las alergias alimenticias y al látex. Y en aquel día se aprobó en los términos que transaccionamos en esta Comisión. Y como es cierto que, en la medida en que aquello que se debía
hacer, aun reconociendo que se ha ido trabajando, no ha cumplido los plazos que a nuestro entender se requerían, hoy llega otra proposición no de ley de otro grupo parlamentario que incide en lo mismo. Y creo que esta es una buena manera de
trabajar, en tanto en
cuanto todos asumimos las iniciativas de todos y todos velamos por su control. Creo que es un buen ejemplo de la manera de trabajar de esta Comisión y que puede dar frutos.
Nosotros, evidentemente, en tanto en cuanto nos sentimos parte de esta cadena, no solamente vamos a votar favorablemente, sino que además felicitamos que hayan introducido el tercer componente, es decir, los diagnósticos para cánceres
infantiles. Vamos a votar afirmativamente, por supuesto.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo autor de la proposición no de ley, con respecto a la aceptación de la transaccional que se ha indicado, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo agradece todas las intervenciones de todos los grupos, con especial referencia a esta última intervención del señor Tardà, y lógicamente aceptamos la propuesta de transaccional que nos ofrece el Grupo
Socialista y que incorpora esa interesantísima aportación del Grupo Parlamentario Popular.
-PARA IMPULSAR MEDIDAS PARA HACER COMPATIBLE LA PENSIÓN DE ORFANDAD CON EL EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO CUANDO EL BENEFICIARIO ESTÉ DISCAPACITADO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/001532.)
El señor PRESIDENTE: En cuarto lugar, proposición no de ley para impulsar medidas para hacer compatible la pensión de orfandad con el empleo en el sector público cuando el beneficiario esté discapacitado. Es autor el Grupo Parlamentario
Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señorías, tal como ha dicho el señor presidente, vamos a instar al Gobierno, si les parece bien a sus señorías, a que en el plazo más breve posible se adopten las medidas para hacer compatible la pensión de orfandad
para las personas con discapacidad con el desempeño de un trabajo temporal en el sector público, en los mismos términos en que está regulada la compatibilidad en el empleo privado.
Me van a permitir sus señorías que haga una intervención refiriéndome a un supuesto particular. Estamos hablando de Federico, que es un titular de una pensión de orfandad absoluta, mayor de 18 años, incapacitado, que había trabajado desde
hacía varios años como contratado laboral para su ayuntamiento. Al detectarlo el INSS procede a suspenderle el pago de la pensión de orfandad por resultar ello incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, conforme a
lo establecido por el artículo 179.2 de la Ley General de la Seguridad Social y a la disposición transitoria novena de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Además se le
reclama que reintegre lo percibido por la pensión durante el tiempo en que lo ha estado simultaneando con su trabajo en el ayuntamiento, pequeño trabajo en el ayuntamiento.
La primera de las normas citadas establece que la pensión de orfandad será compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge o causante del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquel
perciba. No obstante, la percepción de la pensión de orfandad será incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, delimitando en el párrafo segundo del apartado primero el artículo de la Ley 159/1984, en el cual dispone
que a los efectos sólo se considerará actividad del sector público la desarrollada por los altos cargos y restantes del personal de todas las administraciones públicas. No obstante, esto se interpreta después, posteriormente, de forma diferente.
Por lo tanto, tanto a nivel normativo y en cumplimiento del mismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social procede a decretar la suspensión de las pensiones de orfandad cuyos titulares pasen a desempeñar un puesto de trabajo en el sector
público, por el tiempo que dure el desempeño de dicho puesto, y ello cualquiera que sea la edad, la incapacidad del beneficiario, el tiempo y el régimen jurídico regulador de la relación de servicios mantenida con la Administración para la que
presta estos últimos, y sea cual que sea el volumen de renta que proporciona dicha actividad en el sector público.
Esto es, que en el caso de un huérfano, que es un granadino, con un contrato a tiempo parcial que trasvase el sector público, por
ejemplo, de los 100 euros mensuales, por poner un ejemplo, habría que suspenderle igualmente el cobro de la pensión, por incompatibilidad.
Lo cierto es que a partir del momento en que, de acuerdo con la disposición adicional octava del Real Decreto 4/1998, de 9 de enero, sobre revalorización de las pensiones del Sistema de la Seguridad Social para 1998, se admite la
compatibilidad entre el percibo de la pensión y el trabajo que proporcione renta por debajo de determinado nivel a partir de los 18 años. Se hace aún más compleja, por tanto, la aplicación del artículo 179.2 de la Ley General de la Seguridad
Social, de tal forma que, si comparamos el supuesto de este chico que nos ocupa con el tratamiento que se da a las pensiones de orfandad en todos los restantes casos y su compatibilidad con la obtención de ingresos no deja de aparecer una
desigualdad difícilmente justificable, desde nuestro punto de vista, ya que, de tratarse de pensionistas de orfandad menores de 18 años, la pensión de orfandad es compatible con la renta de trabajo de los huérfanos, cualquiera que sea el importe de
esta. En el caso de huérfanos mayores de 18 años no incapacitados, la pensión de orfandad es compatible con la renta de trabajo de los huérfanos, siempre que esta no supere
el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional fijado en cada momento. Y en los supuestos de huérfanos mayores de 18 años incapacitados, por circular de la Dirección General del INSS de 2003, en concordancia con lo previsto en el
artículo 141.2 de la Ley General de Seguridad Social, la pensión es compatible con la renta de trabajo del huérfano, cualquiera que sea su cuantía, en la medida en que no suponga una modificación de su capacidad de trabajo que conlleva una revisión
de su grado de incapacidad. Esto supone que, en este caso, si trabajase en el sector privado, sería una actividad compatible con su incapacidad, podría compatibilizarlo sin problema con la renta de trabajo, sin tope de cuantía, y su pensión de
orfandad podría igualmente cobrarla; incluso si no estuviese con una discapacidad, podría compatibilizar la pensión y la obtención de renta de trabajo, aunque fuera hasta el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional correspondiente. Sin
embargo, el hecho de que la renta de su trabajo provenga del sector público, por ejemplo, un ayuntamiento, provoca que deba renunciar o bien a su pensión o bien al trabajo, aunque por este cobre escasos ingresos, como hemos podido ver.
La realización de una actividad laboral remunerada es evidentemente el mejor método de promover la autonomía personal y la integración social y profesional y la participación en la vida social de la comunidad de todas las personas, y en
particular de las personas con discapacidad. Y aumentar la tasa de empleo de estas personas con discapacidad se ha de considerar un objetivo en sí mismo que evitaría las causas de discriminación, y es una obligación que viene establecida
ampliamente en nuestra legislación.
En razón de ello nosotros hemos formulado esta proposición no de ley que creemos que corregirá una desigualdad manifiesta y una injusticia clara.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Señorías, me van a permitir, en primer lugar, agradecer a la Mesa y a todos los grupos haber cambiado el orden de las intervenciones, porque me ha sido de gran utilidad. Muchísimas gracias a todos.
Señor presidente, señorías, la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social efectuó la reordenación de las prestaciones del sistema. Posteriormente, el Real Decreto 364/2004, de 5 de marzo,
mejora las pensiones de orfandad a favor de las personas discapacitadas, a fin de evitar, según aclara su preámbulo, una merma de la protección social del colectivo. Hemos visto también que el programa electoral del Partido Socialista contempla
esta proposición y propuesta y, como habrán comprobado, el Partido Popular llevaba también con gran ambición en su programa el asunto que trae causa. Y aunque comprobamos día a día que la política del Gobierno es poco ágil, porque han tenido que
pasar más de dos años para dar alguna respuesta, como la de esta proposición no de ley, vamos a votarla favorablemente, aunque no por ello dejamos pasar la ocasión para poner de manifiesto la desilusión y el mal sabor de boca que está dejando la
nueva ley para la autonomía personal y ayuda a la dependencia. Está dejando mal sabor de boca en las asociaciones, en colectivos y en personas discapacitadas, que han visto con tristeza cómo se ha vendido humo durante estos dos últimos años. No
obstante, y dicho esto, el Grupo Popular, como dije, votará favorablemente a esta proposición no de ley en aras del consenso y sobre todo porque siempre estaremos apoyando cualquier medida que signifique un avance en beneficio de las personas
discapacitadas. Partimos efectivamente de la consideración de un trato desigual que no nos parece justificado. Compartimos los argumentos que ha expresado la portavoz del Grupo Socialista de manera muy clara y brillante. Además creemos que
apoyando esta proposición no de ley no perderemos la ocasión de que esta Comisión, aunque alguno se empeñe en desvirtuar la realidad, tenga un gran clima de trabajo, rigor y serenidad. Desde luego no me refiero a usted, señora Corral; he visto una
corrección impecable en sus intervenciones.
Como les decía, el Partido Popular no va a perder la oportunidad de un nuevo logro a favor del colectivo que nos ocupa. Y creo que una vez más quedará patente que este grupo no busca la propaganda, no busca la frase, en definitiva no busca
la demagogia. Una vez más quedará patente, repito, que los avances no se producen gracias a las izquierdas, sino a pesar de ellas.
El señor PRESIDENTE: Como indicamos al principio, las votaciones se producirán a las doce horas quince minutos. Y a continuación, a las doce treinta está prevista la comparecencia. Por lo tanto, se suspende la sesión hasta las doce horas
quince minutos.
Se suspende la sesión durante 35 minutos.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión. Tras el debate de las cuatro proposiciones no de ley que con anterioridad se ha producido, vamos ahora a proceder a la votación de las mismas, siguiendo el ordinal previsto en el orden
del día, ya que en el debate hemos tenido alguna alteración convenida entre los grupos.
Primero, sobre medidas para impulsar la exención de la cuota empresarial a la Seguridad Social en los contratos de formación y en práctica de personas con discapacidad. Se vota con la autoenmienda del grupo autor, del grupo proponente, más
la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que fue aceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad; 33 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Segunda, para impulsar medidas para hacer compatible la pensión de orfandad con el empleo en el sector público cuando el beneficiario esté discapacitado. Se vota en los propios términos. Es autor el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad; 33 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Tercero, por la que se insta al Gobierno a modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía para que se reconozca el grado de discapacidad
derivado de alergias alimentarias y al látex, de cardiopatías congénitas y del cáncer. Con la enmienda transaccional acordada por el conjunto de los grupos de la Cámara. Pasamos, por tanto, a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad; 34 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Cuatro, sobre el cumplimiento de la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico para la accesibilidad de personas con discapacidad a las páginas web.
La enmienda transaccional, señora Villagrasa.
La señora VILLAGRASA PÉREZ: Nos ha costado mucho ponernos de acuerdo, porque al haber tanta comisión estábamos todo el mundo repartido.
Entonces, el punto número uno de la enmienda sería: 'promover la evaluación del grado de cumplimiento de lo estipulado en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y de
comercio electrónico, con la finalidad de que antes de finalizar el año 2006 se elabore un real decreto que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías y servicios relacionados
con la sociedad de la información y medios de comunicación social, comprometiéndose a presentar el estudio del grado de cumplimiento de lo estipulado en la disposición adicional quinta de la Ley 34/2002 dentro de los seis meses siguientes a su
aprobación'. Eso sería el punto uno. El punto dos quedaría como en la enmienda que presenta el Grupo Socialista.
El punto tres quedaría: 'crear un sistema de evaluación único con la finalidad de verificar que la evaluación de las páginas web
antedichas se realiza de una forma homogénea y consecuente con las normas mencionadas, y que los órganos públicos competentes realicen con carácter anual estudios sobre el grado de aplicación de las directrices de accesibilidad'. Y el punto cuatro,
como lo ha presentado el Grupo Socialista. Ahora lo pasamos, de todas formas, a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Con la enmienda transaccional acordada por todos los grupos presentes en la Comisión, procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad; 34 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Se suspende la sesión por dos minutos.
CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA:
-DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (GÓMEZ SÁNCHEZ) PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO PARA FAVORECER EL EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SOLICITADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000732.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la comparecencia del secretario general de Empleo parar explicar las medidas tomadas por el Gobierno para favorecer el empleo de las personas con discapacidad.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida al secretario general de Empleo a esta Comisión. Estamos convencidos de que la información, su intervención y las respuestas a las intervenciones de los grupos van a ser de gran utilidad para los
trabajos que en esta Comisión se vienen desarrollando. Bienvenido, y tiene la palabra el señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): La incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral constituye sin duda uno de los objetivos perseguidos en la mayoría de los países avanzados, muy especialmente a
partir, como todos ustedes saben, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los instrumentos adoptados por el Consejo de Europa (la Carta Social Europea) y la propia Organización Internacional del Trabajo sobre adaptación profesional
de los discapacitados. En nuestro país, la Constitución establece en su artículo 35 el reconocimiento a todos los españoles del derecho y el deber del trabajo. Y en su artículo 49 declara explícitamente
el derecho de los minusválidos físicos, sensoriales y psíquicos a su inserción laboral. Por otra parte, los poderes públicos deberán ampararles especialmente para el disfrute de los derechos y de sus deberes fundamentales.
En la actualidad, España, como país miembro de la Unión Europea, establece el conjunto de su política de empleo de acuerdo con lo que se denomina la estrategia europea para el empleo. Las directrices básicas de esa estrategia desarrolladas
por el Consejo de la Unión y basadas, como saben, en la Agenda de Lisboa, están configuradas alrededor de la consecución de tres grandes objetivos generales. Por una parte, el logro del pleno empleo, configurado en este caso como el objetivo de
alcanzar una tasa de empleo general del 67 por ciento en 2005 el pasado año y del 70 por ciento en 2010. Y junto a ello, la tasa de empleo femenino, que debería alcanzar el 60 por ciento en el año 2010, y una tasa de empleo para las personas de
mayor edad (entre 55 y 64 años) del 50 por ciento para el final de los dos primeros lustros del presente siglo. Hay dos grandes objetivos: la mejora de la calidad y de la productividad del trabajo; y el tercer gran objetivo, en el que se
insertaría buena parte de las políticas de apoyo a la inclusión laboral de los colectivos con mayores dificultades de su inserción, que estaría configurado alrededor del reforzamiento de la cohesión y la inclusión social.
En esta estrategia se establece que los Estados miembros deben fomentar la integración de las personas que tienen que enfrentarse a dificultades específicas en el mercado de trabajo, entre las cuales, junto a los jóvenes que abandonan
prematuramente el sistema escolar, los trabajadores poco cualificados, los inmigrantes y los miembros de las minorías étnicas, se encuentran también las personas con discapacidad, tratando en el seno de esta estrategia de aumentar su capacidad, sus
oportunidades de empleo, y de impedir todas las formas de discriminación y ya no solo, obviamente, en el ámbito estrictamente laboral, que puedan existir respecto de ellos. En el año 2010 debemos haber conseguido reducir significativamente las
diferencias en términos de desempleo entre las personas desfavorecidas y el resto de la sociedad, según, en este caso, las propias definiciones nacionales.
El instrumento con que los Estados cuentan para cumplir estos objetivos se concreta en un conjunto de políticas públicas que los distintos ministerios realizan coordinadamente, y que se reflejan en un instrumento que se llama los programas
nacionales de reformas. Son programas que abarcan no sólo políticas laborales, también políticas fiscales, políticas de Seguridad Social. Las políticas activas de empleo en nuestro caso son seguramente las más significativas y en nuestra realidad
son obviamente políticas que son gestionadas por los servicios públicos de empleo, servicios públicos que, como saben ustedes, están en este caso en todo lo que tiene que ver con las políticas activas en manos de nuestras comunidades autónomas. El
programa nacional de reformas en España, para el Reino de España, establece, entre todo un conjunto de medidas, algunas específicamente dirigidas a favorecer la integración laboral de las personas con discapacidad y de otras personas o colectivos de
trabajadores en situación de riesgo o de exclusión social. Hay que destacar, en primer lugar, en este ámbito, la regulación del empleo con apoyo, en este caso como una medida de fomento del empleo de las personas con algún tipo de discapacidad y
que, como consecuencia de ello, mantienen dificultades específicas de acceso al empleo ordinario. Y junto a ello estaría vinculado el programa, la política de creación de equipos multiprofesionales, equipos especializados que persiguen la
integración laboral de personas con discapacidad y las ayudas, en nuestro caso, para la creación de los centros especiales de empleo. La ley de Empleo, la Ley 56/2003 establece, entre los objetivos de la política de empleo, 'asegurar -dice
textualmente- políticas adecuadas de integración laboral dirigidas a aquellos colectivos que presentan mayores dificultades de inserción laboral'. Y cita específicamente a los discapacitados. En aplicación también de este conjunto de medidas se ha
de tener también en cuenta lo que dispone a este respecto nuestra legislación comunitaria.
Por una parte, las directivas europeas, en concreto la Directiva 2007/78/CE, que está dirigida a asegurar la igualdad de trato en el empleo y en la ocupación
y que fue incorporada también a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 63/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, es decir, la ley de acompañamiento a los presupuestos correspondientes al año 2004. Y
junto a ello también debemos situar como fundamento, como elemento esencial en la configuración de nuestra política y de nuestra legislación en la materia, la ley ya antigua, ya vieja, dicho sea sin ningún tipo de sentido peyorativo, la Ley 31/1982,
de integración social de los minusválidos, la Lismi. Esta es seguramente la principal norma sobre discapacidad en nuestro país, una norma que señala en su título séptimo que la finalidad primordial de la política de empleo en favor de los
trabajadores minusválidos -decía entonces nuestra regulación, entonces todavía utilizaba ese término- debe ser sin duda la integración en el sistema ordinario de trabajo. Me gustaría subrayar efectivamente este hecho. Hace ya veinticuatro años, la
norma que tenía como finalidad la regulación de buena parte de los problemas de la discapacidad en nuestro país incluía como finalidad esencial, primordial, de la política de empleo, la integración en el sistema ordinario, en lo que llamamos empleo
ordinario en el ámbito del mercado de trabajo.
Una breve descripción de la situación del empleo en este momento de las personas con discapacidad. Debería partir de los datos, en este caso, de la encuesta de población activa del año 2002. Es una encuesta que contenía, periódicamente así
lo hace, algunos módulos específicos, y en este caso correspondía hacerlo al módulo específico sobre personas con discapacidad.
Tenemos, según esta encuesta y para ese año concreto, una población en edad de trabajar, es decir, entre 16 y 64 años, de 2.339.000 personas con algún tipo de discapacidad. Estamos, por consiguiente, en presencia de un colectivo numeroso
que supone algo más del 8 por ciento, el 8,7 por ciento exactamente de la población total. Y si tenemos que hacer caso a los datos que nos ofrece la encuesta sobre discapacidades, sobre deficiencias y estado de la salud, en este caso
correspondientes al año 1999, que es el último dato disponible, dos de cada tres personas con discapacidad en edad de trabajar se encuentran excluidas, fuera del mercado de trabajo. No excluidos del mercado de trabajo en forma de desempleo, sino en
forma de bajísimas tasas de actividad. Además, sabemos bien que las mujeres con discapacidad también muestran un nivel inferior, tanto de actividad como de empleo, al de los hombres. La tasa de actividad de los hombres -estamos siempre hablando
del colectivo de discapacitados- sería del 40,7 por ciento; la tasa de actividad de las mujeres, del 23,5 por ciento. Es decir, apenas una de cada cuatro mujeres discapacitadas, muestran su intención bien de incorporarse al mercado de trabajo o
bien están ya ocupando un empleo. La tasa de ocupación, la tasa de empleo de los hombres, se sitúa en el 31,5 por ciento, mientras que la de las mujeres no llega al 16, exactamente su nivel es del 15,9 por ciento. Y por último, la tasa de
desempleo de los hombres es algo mayor que la de las mujeres, pero obviamente en presencia, como decía antes, de un nivel de actividad, de una tasa de ocupación y de actividad ostensiblemente menor en el caso de las mujeres. La tasa de desempleo de
los hombres sería del 8,8 por ciento y de las mujeres del 7,7 por ciento.
Tenemos como primera conclusión bajas, muy bajas tasas de actividad, poco más del 32 por ciento, aproximadamente menos de medio millón de personas, de 500.000 personas, se encuentran en situación activa. Y las mayores diferencias respecto
de la población total, en función de la edad, se sitúan siempre en el grupo de edad de entre 30 y 34 años. Forman parte, como ustedes saben, del núcleo central de actividad por tramos de edad del conjunto de la población ocupada. Y bajas también
tasas de ocupación.
De cada cuatro personas con discapacidad, y que sean activas, tres trabajan y una está parada. También altas tasas de paro: un 25,8 por ciento, con respecto a la tasa de paro general de la población. Si tomáramos la última
tasa vigente, estaríamos hablando de una tasa que no supera el 9 por ciento. Las personas con discapacidades, sobre todo con discapacidades para oír y para ver, son también en este caso las que presentan mayores tasas de actividad. Son tasas que
están situadas en torno al 40 por ciento, pero también presentan menores tasas de empleo, exactamente la mitad, en torno al 20 por ciento. Hay que decir que las discapacidades para comunicarse, para aprender, para relacionarse con otras personas,
para relacionarse socialmente, se encuentran también en el otro extremo. Son extremos con menos actividad y también con más desempleo. Y por último, las personas con deficiencia mental son, obviamente, las más desfavorecidas en tasas de empleo.
En este caso tenemos tasas de desempleo que superan el 40 por ciento, exactamente el 44,4 por ciento.
Desde la publicación de la Lismi, desde el año 1982, la Administración laboral viene ocupándose, esencialmente a través del servicio público de empleo estatal, del antiguo INEM, de una serie de programas de fomento de la contratación de
personas con discapacidad, tanto en este caso en la empresa ordinaria, en el empleo ordinario, como a través de la integración de estos trabajadores en centros especiales de empleo, lo que llamamos empleo protegido. En el caso del empleo ordinario,
los instrumentos son generalmente subvenciones, por una parte, y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas que contraten con carácter indefinido. Pero también, y como excepción, en este caso con carácter temporal, a
personas discapacitadas.
Hoy consideramos un objetivo prioritario, de acuerdo además con esa declaración genérica del título séptimo de la Lismi, el facilitar, como decía, el paso del empleo protegido al empleo ordinario. Para ello, cumpliendo en este caso también
con los acuerdos suscritos entre el Cermi y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se han ido concretando a lo largo de los últimos años nuevas políticas que acompañen, que complementen, a las vigentes hasta ese momento en algunos ámbitos
concretos. El primero, el que se refiere a los enclaves laborales. De ellos también hablaré algo más adelante. Y entre las medidas que actualmente se gestionan en los servicios públicos de empleo, con el objetivo en este caso de impulsar la
contratación laboral de trabajadores con discapacidad, pero en la empresa ordinaria hay que decir en este caso que el instrumento principal son las subvenciones, son subvenciones que importan 3.907 euros por contrato, y bonificaciones, en este caso
a las cotizaciones a la Seguridad Social, por contratación indefinida de las personas pertenecientes a este colectivo.
Si analizamos el impacto de las medidas de impulso de la contratación en el empleo ordinario, es sin duda un impacto positivo, pero obviamente con niveles todavía muy insuficientes. Por ejemplo, en los ocho últimos años, en el año 1997 se
pudieron financiar con arreglo a este programa 5.725 contratos laborales. En el último año del que disponemos de cifras completas, el año 2005, la contratación ha sido de 14.126. Estamos hablando, por consiguiente, de flujo de nuevos contratos, no
de stock, no de niveles de contratación previos. En cuanto a la contratación temporal como medida de fomento del empleo, como saben ustedes, se mantiene en este caso, exclusivamente para las personas con discapacidad, con una duración mínima de
doce meses y máxima de tres años, de treinta y seis meses.
En el año 2005, el número de contratos temporales ascendía a una cifra ligeramente inferior a la de los contratos
indefinidos, ascendía en este caso a 12.646 nuevos contratos en el año 2005. Junto a ello, debo decirles también que el contrato para la formación se reviste de características específicas para los contratos que se celebren con personas con
discapacidad. En este caso se suprimen las limitaciones, sobre todo las que hacen referencia a la edad; como saben ustedes, no se aplica el límite máximo de 21 años en los contratos de formación cuando se celebran con personas discapacitadas y
tampoco se aplica el límite general de duración del contrato. Para el caso de los discapacitados, de los contratos realizados con personas discapacitadas, el contrato puede durar, puede alcanzar una duración de hasta cuatro años. Y en este caso
también, una vez más como excepción, las empresas pueden percibir reducciones, obtienen, en este caso, no perciben, reducen directamente la cotización a la Seguridad Social, una reducción que también se aplica para las cotizaciones en los casos de
contratos en práctica, es decir, en casos de contratos donde lo que se hace es contratar a una persona que tiene ya un título habilitante para el ejercicio de la profesión y que previamente se ejerce en forma de contrato en prácticas. Junto a ello,
el conjunto del diseño de nuestro modelo de política de fomento del empleo contiene una línea de fomento del autoempleo. En este caso se persigue a través de la existencia de una serie de ayudas financieras. Son ayudas que permiten apoyar el
establecimiento de personas con discapacidad como trabajadores por cuenta propia, como trabajadores autónomos, con, en primer lugar, una subvención de intereses, una subvención parcial de intereses para los préstamos necesarios para el impulso, para
el desarrollo de sus proyectos, de hasta tres puntos porcentuales y con el límite de no superar la cuantía de 4.507 euros. Y también con una subvención, subvención directa en este caso, para inversiones en capital fijo, de 3.906 euros. Por último,
estas ayudas también se complementan, se completan con la posibilidad de capitalizar el conjunto de la prestación por desempleo en el caso de que el trabajador discapacitado tenga generado algún derecho en esa materia.
También la posibilidad de
bonificar en este caso hasta el 50 por ciento de la cotización al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al Retra, durante los primeros tres años de cotización por parte del autónomo discapacitado.
Junto a estas medidas, que son -insisto- medidas generales, que afectan al empleo de los discapacitados, pero al empleo ordinario, hay que citar naturalmente los programas, las medidas de fomento del empleo destinadas al mercado de trabajo
-entre comillas- protegido. En este caso es un programa que se denomina 'programa de apoyo a los centros especiales de empleo'. Son centros que al fin y al cabo son empresas, empresas cuyo objetivo principal es fundamentalmente asegurar un empleo
remunerado y, junto a ello, la prestación de servicios de ajuste personal, de ajuste social que puedan requerir también en este aspecto los propios trabajadores con discapacidad que están empleados en esos centros especiales. Las ayudas que la
política pública en esta materia tiene establecidas se destinan tanto a la creación de esos centros de trabajo, al mantenimiento, y diría que actualmente se configuran como uno de los medios fundamentales, de los medios más importantes de
integración de las personas con discapacidad, muy especialmente aquellos que mantienen discapacidades de índole psíquica o de índole mental, que son siempre las que mayor dificultad presentan para la integración en el empleo ordinario. Son centros,
son empresas que pueden ser o pueden tener carácter público o carácter privado, pueden carecer o no de ánimo de lucro, y para su creación se exige una calificación previa y su correspondiente inscripción en bien las administraciones centrales o la
administración autonómica.
La política de promoción de centros especiales de empleo mantiene un conjunto de ayudas, también ayudas de asistencia técnica, ayudas de inversión fija en proyectos de interés social. Ayudas también, como decíamos, para la creación de
empleo autónomo; de la misma forma, en este caso también se establecen subvenciones, políticas de apoyo financiero, a través de subvención parcial de intereses de los préstamos que pudieran concertar con entidades de crédito. La suma total de
estas subvenciones -estamos hablando, por consiguiente, de apoyo al empleo y al empleo protegido- no puede nunca superar los 12.020 euros por puesto de trabajo creado (en este caso, puesto de trabajo creado con carácter estable.) Si el centro supera
el porcentaje del 90 por ciento de trabajadores que tienen algún tipo de discapacidad con respecto al conjunto de la plantilla del centro especial de empleo. Y hay una gradación, en este caso descendente, porque si el número de trabajadores del
centro especial con discapacidad está comprendido entre el 70 y el 90 por ciento del total de la plantilla, la cuantía, la suma del conjunto de las subvenciones por puesto de trabajo estable creado, en lugar de los 12.020 a los que antes me refería,
es de 9.015 euros. La política lo que hace es graduar y favorecer más intensamente a aquellos centros especiales que destinan sus posibilidades de contratación y de empleo más intensamente en el caso de los contratos para personas con discapacidad.
Hay también ayudas para el mantenimiento de los puestos de trabajo, no solamente para la creación y para la conformación del proyecto, también para su mantenimiento. Estamos hablando, por consiguiente, de empleos que tienen subvenciones en
el propio coste salarial por un importe del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional, o una reducción proporcional si el empleo no es a tiempo completo, si es a tiempo parcial. También hay en estos centros un conjunto de subvenciones para
adaptar los puestos de trabajo, y también para eliminar, cuando sea necesario, barreras arquitectónicas, en este caso en cuantía no superior a 1.803 euros por puesto de trabajo. Hay también la posibilidad de subvencionar, en este caso por una sola
vez, para equilibrar y sanear desfases financieros que
pudieran surgir en los centros, y hay incluso la posibilidad de obtener subvenciones para equilibrar el propio presupuesto de aquellos centros que carecen de ánimo de lucro y sean, en este caso, centros declarados de utilidad pública. Es
decir que estamos en presencia de un modelo de empleo protegido que tiene una bonificación que incluye, por consiguiente, toda la cotización social del trabajador, que incluye un 50 por ciento del coste salarial y que tiene un conjunto de
subvenciones previas a la hora de conformar, diseñar y desarrollar el proyecto, incluso mucho más restringidas ante la posibilidad de que pueda haber desfases, desfases financieros a la hora de desarrollar y de ejecutar el proyecto. Estamos, pues,
en presencia de un empleo protegido y diría yo que, como no podía ser de otra forma, fuertemente protegido.
En los últimos seis años la plantilla de los centros especiales de empleo ha crecido de forma significativa. Partíamos en el año 1997 de una plantilla de 17.786 trabajadores empleados en centros especiales de empleo, y tenemos en este
momento algo más, no mucho más, de 40.000 personas empleadas en centros especiales de empleo. Si tenemos en cuenta que los porcentajes de empleo, digamos de personas con discapacidad, son porcentajes significativos, junto al personal de apoyo y al
resto del personal directivo de los centros, una buena parte de estos 40.000 empleos son efectivamente empleos que son ocupados por personas con algún tipo de discapacidad. Y dentro de ello, especialmente discapacidades psíquicas o mentales.
Como uno de los objetivos fundamentales de la política de empleo en esta materia debe ser el favorecimiento, el estímulo al tránsito hacia la empresa ordinaria, nos hemos planteado la necesidad de crear también, de regular al menos, algún
instrumento paralelo en esta materia, en esta medida. ¿Por qué? Porque con este tipo de políticas, que son necesarias, siempre se corre el riesgo de situarlas como un fin en sí mismo, y en ocasiones despreciar o no darle importancia al objetivo
que sigue teniendo que seguir siendo el objetivo esencial, que es el favorecimiento del tránsito hacia el empleo ordinario. Y aquí la figura de reciente regulación importante es la que denominamos, calificamos, como enclave laboral, un enclave que
debe ser considerado como un puente, como una fase de tránsito desde el empleo con apoyo, desde el empleo protegido hacia el empleo ordinario. En este caso, mediante la prestación de servicios de un colectivo de trabajadores concreto, el colectivo
de trabajadores con discapacidad, pertenecientes a un centro especial de empleo. Esta prestación de los servicios se produciría a una empresa ordinaria, una empresa a la que se desplazan temporalmente, y con ello se consigue que realicen una
actividad laboral dentro de un entorno de empleo real, de empleo normalizado, empleo sin apoyo, sin muletas, y en un mercado de trabajo competitivo, un mercado de trabajo como el que puede tener cualquier otro trabajador. Pero en este caso, eso sí,
con algunas garantías y completando siempre, en todo caso, sus necesidades, sus prácticas profesionales. También la figura del enclave permite, ese es al menos su objetivo, conseguir que la empresa en la que se realiza el enclave tenga un nivel de
conocimiento mejor de las actitudes reales de los trabajadores con discapacidad. Y esto siempre suele ser un paso previo importante en una eventual incorporación futura de ese trabajador, de esos trabajadores discapacitados, a su plantilla,
facilitando en este caso el cumplimiento de la obligación de la cuota de reserva del 2 por ciento, con la contratación también, naturalmente, de esos trabajadores.
Al menos el 60 por ciento de los trabajadores del enclave deben tener especiales dificultades de inserción laboral. Y si la empresa les contrata indefinidamente, estos trabajadores reciben una subvención de 7.814 euros y la bonificación del
100 por cien de las cuotas a la Seguridad Social. Este es un poco el diseño de la figura del enclave, figura que todavía -figura relativamente novedosa-, no tiene un grado de desarrollo significativo, pero sobre la que debemos seguir insistiendo
como un camino intermedio, útil, para el tránsito del empleo desde el empleo protegido en el centro especial de empleo hacia el empleo ordinario. Junto a ello naturalmente hay que citar el funcionamiento de las medidas del cumplimiento, en este
caso de las medidas alternativas, la obligación de la cuota de reserva del 2 por ciento de los puestos de trabajo para personas con discapacidad. En este caso en empresas de 50 o más trabajadores. Son, por consiguiente, instrumentos que configuran
una política, yo creo que una política sensata, razonable, de apoyo, de estímulo al empleo de las personas con discapacidad, y una política que debe ser permanentemente adaptada, configurada con arreglo a las nuevas posibilidades y a las nuevas
necesidades.
Hemos producido recientemente una mejora en la configuración de este modelo. La mejora viene configurada alrededor de la creación de unidades de apoyo en centros especiales de empleo. Es un decreto, es el 469/2006, publicado el 22 de abril
en el BOE; por consiguiente es un decreto reciente, en el que se regulan las unidades de apoyo, unidades de apoyo en este caso a la actividad de los propios profesionales de los centros especiales de empleo. Y con ello se posibilita financiar
personal especializado dentro de estas unidades, que tiene como principal misión, como principal objetivo, el apoyo a las propias personas con discapacidad que realizan funciones, que trabajan en los centros especiales de empleo.
Pensemos siempre
en algunas personas que ahí trabajan que tienen discapacidades severas, personas con parálisis cerebral, con parálisis mental o con algún tipo de discapacidad intelectual, y personas también en ocasiones con una discapacidad física o sensorial, con
un grado de minusvalía en muchas ocasiones igual o superior al 65 por ciento. En este caso el papel de estas unidades de apoyo con equipos multiprofesionales, equipos que permiten ayudar a superar esas barreras, que permiten también ayudar a
superar obstáculos, dificultades, que siempre los trabajadores con
discapacidad tienen no solamente en el ámbito de su incorporación, sino también en el proceso de desarrollo de su trabajo, son efectivamente esenciales. Es una vieja demanda, reivindicación de los centros especiales de empleo y que, después
de algún tiempo, hemos puesto ya en funcionamiento, hemos puesto ya en marcha.
No me detendré demasiado en relatar el contenido de este decreto. Son efectivamente los contenidos que siempre habían reclamado esos centros, son contenidos que tienen que ver, por una parte, con el apoyo financiero, apoyo económico para
esas personas que cumplen esas funciones de apoyo en cada uno de los centros especiales de empleo, con una subvención en este caso de 1.200 euros anuales por cada trabajador con discapacidad atendido por estas unidades. Estamos hablando, por
consiguiente, de una financiación importante también y complementaria a la que anteriormente he citado. Junto a ello, las últimas reformas en esta materia están por una parte configuradas dentro del decreto-ley para la mejora del crecimiento y del
empleo, que se publicó el pasado día 14 en el Boletín Oficial del Estado, y que a estos efectos debe entrar en vigor el próximo día 1 de julio, en el que, por una parte, se mantiene todo el conjunto de subvenciones actuales. Junto a ello, se
establecen bonificaciones de las cotizaciones en el programa de fomento del empleo, un programa que, como saben ustedes, es aplicable en general a todos los trabajadores y un programa que tiene y que se configura con cuantías mayores,
ostensiblemente mayores, para el caso de la contratación de trabajadores con discapacidad.
Una segunda novedad del decreto-ley es también la que se configura alrededor del traslado, por una parte, del programa de fomento del empleo, que asimila también el artículo 1.2 de la ley que he citado al comienzo de mi intervención, la ley
de acompañamiento del presupuesto de 2004, en este caso considerando incluidos en el colectivo de personas con discapacidad también a los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión por incapacidad permanente en grado
total, absoluta o de gran invalidez, y a los de clases pasivas con pensión de jubilación, con pensión de retiro por incapacidad permanente para el servicio, de modo que ya esté recogida, digamos, expresamente en la norma la interpretación que a este
respecto se venía haciendo ya en la práctica.
Se establece una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 3.000 euros anuales durante toda la vigencia del contrato para las empresas que contraten indefinidamente a trabajadores con discapacidad. Estas bonificaciones
no son incompatibles con las subvenciones por el resto de los capítulos a los que antes me he referido. Y junto a ello, cuando el trabajador procede del enclave laboral, la empresa que le contrate tiene una bonificación mayor, en este caso de 3.200
euros por puesto de trabajo. Y mantenemos, seguimos manteniendo, también con carácter excepcional, en el decreto-ley la bonificación, aunque el contrato sea realizado con carácter temporal, aunque sea un contrato de duración determinada, en este
caso con menores cuantías de 2.200 euros anuales durante toda la vigencia del contrato; pero es un contrato de carácter temporal. Y ello tanto si el contrato es tanto temporal, de las modalidades de obra y servicio o de eventual por circunstancias
de producción, como si es un contrato formativo o en prácticas. Mantenemos también la posibilidad de que la transformación en indefinidos de los contratos temporales de fomento o de los contratos formativos de los trabajadores con discapacidad dé
también el derecho a una bonificación de 3.000 euros anuales cuando se celebra esa transformación con personas con algún tipo de discapacidad.
Debemos destacar como novedad la nueva redacción que se da al contrato de fomento del empleo para las personas con discapacidad en el decreto ley, manteniendo, no obstante, la regulación en términos prácticamente iguales o muy similares a
los actuales. En este caso lo que tratamos es de evitar un -llamémosle así- cierto galimatías normativo en el conjunto del diseño de nuestra regulación en esta materia, derogando por una parte normas legales que habían realizado a su vez
modificaciones sobre primitivas redacciones, por ejemplo en la Ley 42/1994. Y es a este respecto especialmente novedoso cuando, a diferencia de la regulación anterior, el contrato celebrado con trabajadores con algún tipo de discapacidad puede
bonificarse aunque se celebre a tiempo parcial, lo cual, en nuestra perspectiva, deberá también permitir ampliar las posibilidades de contratación de las personas con discapacidad. Por último, se posibilita en la conformación del decreto ley que en
los contratos en prácticas también se apliquen reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque el contrato se haga a tiempo parcial. Estoy hablando en este caso de reducciones, no de bonificaciones. Y, como es sabido, no tendrá por
qué ser necesariamente concertado el contrato a tiempo parcial, a tiempo completo, como hasta ahora se venía exigiendo en el propio Estatuto de los Trabajadores. Esta medida en concreto, a diferencia de otras, ya entró en vigor al día siguiente de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto ley, es decir, el 15 de julio.
¿Cuáles son las perspectivas de diseño o de modificación futura de la política de empleo en esta materia? Digamos que el Ministerio de Trabajo tiene avanzada en este momento la redacción de un proyecto de real decreto, que tiene como
intención regular también el empleo con apoyo, no en los centros especiales de empleo, no a través de los enclaves laborales, sino adicionalmente, complementariamente, en las propias empresas, en el propio mercado de trabajo ordinario. Este sería
el cierre del círculo que se inició con la regulación del empleo protegido, del empleo con apoyo, a través de figuras de centros especiales, decíamos, o de enclaves de empleo, y hacerlo ahora también en el ámbito de la empresa ordinaria. En este
caso, lo queremos hacer a través del acompañamiento, de la figura del acompañamiento personalizado, individualizado de aquellos trabajadores
con discapacidad que mantienen especiales dificultades a la hora de encontrar y de prestar el servicio correspondiente a un empleo ordinario.
Creemos que con este mecanismo, con esta regulación del empleo con apoyo en las empresas
ordinarias también podemos mejorar la contribución al tránsito desde el empleo protegido al empleo ordinario, incluso al tránsito desde los propios centros especiales de empleo.
El programa debe tener, y así lo estamos configurando, como base la creación, la configuración de grupos, de equipos profesionales especializados, equipos que faciliten la inserción en el ámbito individual o en el ámbito de grupo, pero
también de grupo muy reducido, suficientemente reducido de personas, porque se trata de personas con un grado de minusvalía física superior al 65 por ciento o personas con retrasos o enfermedades mentales, muy especialmente las que presentan
parálisis cerebrales. El desarrollo de las experiencias de empleo con apoyo en España es todavía muy limitado. Son experiencias que podemos, por desgracia, todavía considerar aisladas, aisladas en el ámbito autonómico y prácticamente todas ellas
supeditadas a la financiación europea, lo que provoca sin duda niveles de inestabilidad en el proyecto y en la posibilidad de su mantenimiento a plazo. Por eso, la implantación de este tipo de modelos requiere en primer lugar una regulación
nacional, una regulación estatal, una regulación que garantice el principio de igualdad de oportunidades, y una dotación económica estable y homogénea para el conjunto del territorio nacional.
Yo debo terminar esta intervención con alguna consideración de orden social. Las leyes, por una parte, las políticas de regulación y el dinero, es decir, las políticas de estímulo son, sin duda, esenciales a la hora de ayudar a las personas
discapacitadas a encontrar un empleo, a mantenerlo, pero necesitan también de una cierta mentalidad, de una cierta cultura social en esta materia. En España hay, como decía al principio de mi intervención, dos millones y medio de personas
discapacitadas, casi el 9 por ciento de la población en edad de trabajar.
Es una cifra desde luego muy superior a lo que habitualmente todos pensamos, a lo que estamos acostumbrados a creer. No se trata, por consiguiente, de una pequeña cifra, no
se trata de una minoría, por importante que sea. Y para ello basta ver con qué facilitad en cada momento y en cada ámbito de nuestra vida diaria pensamos, y tenemos la impresión de que este tipo de cosas son marginales y no nos pasa casi nunca.
Pensamos que es muy raro efectivamente que alguien esté discapacitado y también pensamos que la discapacidad es algo que, como los accidentes de trabajo y los accidentes de tráfico, solo les ocurre a otros, solo les ocurre a otras personas, no a
nosotros. Por eso yo creo que se necesita voluntad, también un mínimo de perspicacia, sobre todo para entender que la discapacidad es frecuente, es mucho más frecuente de lo que pensamos, y puede sobrevenirnos a todos nosotros, a cualquiera de
nosotros por múltiples motivos.
Pensando especialmente estas reflexiones en la perspectiva laboral, hoy día los nuevos riesgos sociales, lo que llamamos nuevos riesgos psicosociales están especialmente afectando cada vez en mayor medida a una parte muy significativa de la
población laboral. Pensemos también en ese riesgo emergente, como son los riesgos de depresión, que a veces tienen consecuencias, por desgracia, dramáticas en cuanto a las condiciones para mantener y para poder seguir viviendo día a día y pudiendo
trabajar día a día. Por eso la discapacidad es un riesgo mucho más importante en nuestra vida diaria de lo que efectivamente muchos podemos pensar, y desde luego es un riesgo que presenta impedimentos, presenta nuevas necesidades que den la
posibilidad de utilizar para ese conjunto de personas el conjunto de los instrumentos de la política pública. Por eso yo creo que en esta materia no sólo debemos pensar en la mejora de nuestra capacidad de gasto, de nuestro presupuesto en cada
momento, sino que también junto a ello hay que hacer siempre un esfuerzo en la medida de lo posible para tratar de ponerse en el lugar del otro y de aplicar en esta materia dosis crecientes, no sólo de generosidad, sino de afecto y de justicia,
naturalmente, respecto a un colectivo que no está ahí enfrente, sino que en muchas ocasiones está también dentro de nosotros mismos.
Yo creo que con esa voluntad debemos afrontar estos cambios en la política de empleo de futuro y en cuanto a lo que sea necesario, cambios que puedan afectar al propio diseño de la política de empleo, a los diseños que hemos puesto en marcha
en el decreto ley y que, como siempre, se trata de diseños abiertos y diseños que deben tener la capacidad de resistir la deliberación y el contraste de opiniones con el conjunto de los afectados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, solicitante de la comparecencia que nos ocupa, tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Muchísimas gracias, señor secretario general de Empleo, por su amplio y exhaustivo repaso a todo lo que prácticamente hay sobre empleo en discapacidad en estos momentos. Quiero hacer una acotación inicial: es verdad,
lo que está usted diciendo es cierto, yo también fui uno de los que, hasta que me accidenté, pensaba que esto le ocurría a terceras personas, hasta que un día de repente se lo plantea uno en primera persona. Y esa reflexión me ha alegrado oírla
porque es la manera, la mejor manera de entender, de situarse y trabajar de una manera entusiasta y con vocación por resolver, con auténtica vocación por resolver.
Si me permiten, yo les voy a contar una anécdota que me ocurrió en esta casa hace muchos años, hace unos catorce o quince años: yo vine como representante de un colectivo a hablar con un diputado y a tratar de mentalizarle de cuál era la
problemática. Y este diputado me dijo, además quizás esto fue una premonición, porque yo jamás me planteaba entonces ser diputado:
'Claro, usted el día de mañana puede ser diputado y no podría acceder a su escaño'. Y le dije yo: 'No, no es el planteamiento que usted debe hacerse. Usted, que es diputado, el día de mañana puede tener un accidente y puede pasarle lo que
a mí. Plantéeselo de esa manera. No es que lo desee, por supuesto'. Viene un poco al hilo de lo que decía el señor secretario general, que es la mejor manera de posicionarse para entender y tratar de hacer con verdadera vocación todos los
esfuerzos por conseguir adelantar, mejorar la situación de la discapacidad.
Y en la situación concretamente de la discapacidad también coincido con el secretario general, coincido en que la descripción que ha hecho, por supuesto, de todas las medidas, de todos los instrumentos, estímulos al empleo. Por cierto, la
mayor parte de ellos está en vigor hace ya más de diez años, pero durante las dos últimas legislaturas se pusieron muchos en marcha, entre ellos los dos grandes planes de empleo para personas con discapacidad. Coincidimos en que efectivamente hay
que buscar estímulos, incentivos para promover y mejorar el empleo de aquellos colectivos, de aquellos sectores que tienen más dificultad de acceso al empleo.
Coincidimos en el objetivo que el empleo tiene para estas personas, hay que promocionarlo
y hay que ayudarlo en principio hasta conseguir la normalización; porque, en el caso de las personas con discapacidad, el empleo tiene una dimensión más allá que el propio trabajo y obtener un beneficio por el trabajo, tiene la dimensión adicional
de que el empleo es un cauce para la normalización de las personas con discapacidad; por lo tanto, hay que esforzarse, hay que no contar, como muy bien ha dicho, el dinero que nos cuesta esa integración, sino conseguir esa integración, que a la
larga nos va a ser rentable a la sociedad, no solamente a la persona. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el objetivo de la normalización de las personas con discapacidad y creemos que una de las mejores políticas sociales, siempre lo hemos dicho
desde el Partido Popular, la mejor política social es tener empleo, tener un empleo y poder aspirar a un empleo estable, fijo, bien remunerado, un empleo digno, un empleo que le sirva de estímulo a cualquier persona, y mucho más a las personas con
discapacidad.
Nosotros tenemos a gala poder decir que durante las dos etapas del Gobierno recientemente, las dos últimas legislaturas, los dos planes de empleo que se pactaron con los representantes del sector de la discapacidad supusieron un avance muy
ostensible en cuanto a conseguir que esas cifras, que, desgraciadamente, todavía son muy diferentes al empleo ordinario, al empleo de las personas, entre comillas, normales, mejoraran; se mejoró mucho. Todavía queda mucho por hacer, usted mismo ha
citado efectivamente que, en el caso de los centros especiales de empleo, se pasó de 15.000 trabajadores, en 1996, a 40.000 o a más de 40.000, en 2004, o en el empleo ordinario, según la encuesta de población activa.
Entre los módulos específicos
que de cuando en cuando establece apareció en 2002 que el empleo de personas con discapacidad había pasado en cuatro años de doscientas ochenta y tantas mil personas a más de 660.000. Es decir, que algo se hizo, y entre todos yo creo que debemos
seguir colaborando porque todavía está muy lejos de conseguir. Concretamente, la tasa de empleo en España es del 62,4 por ciento y todavía la nuestra, la de la discapacidad, y perdonen que hable en primera persona, es baja, es del 28,5 por ciento.
Por lo tanto hay que seguir trabajando en ese sentido.
Ya le digo que coincidimos en mucho, pero sí quiero dejar constancia de algunas ausencias o de algunos incumplimientos que yo creo que el Partido Socialista todavía tiene pendientes. Yo le estimulo al tiempo que le pido que lo lleve a cabo,
para evitar que se detenga este proceso de progreso hacia el empleo y hacia la normalización. En el segundo plan de empleo, usted recordará -y usted lo ha citado ya en varias ocasiones- que el empleo con apoyo no está totalmente desarrollado. A mí
me gustaría que el señor secretario general de Empleo nos diese una fecha, que se comprometiese a ver si de una manera definitiva se regula el empleo con apoyo como cauce, efectivamente, para conseguir la integración, que en un principio ese empleo
con apoyo pueda a la larga convertirse en empleo ordinario, que es la pretensión. Y en segundo lugar poder dar una fecha para que a mucha gente que está pendiente de ese cauce le sirva un poco de estímulo.
Por otro lado, nos gustaría saber si tiene datos del empleo tanto ordinario como protegido de los últimos cinco años, una progresión, si los tiene, si pudiésemos conseguirlo, porque creemos que ha habido, insisto, un aumento ostensible,
aunque distamos mucho de esa normalización con el resto de los empleados. Yo creo que ha habido una evolución favorable y que sin duda -he de decirlo-responde a los planes de empleo adoptados en la etapa del gobierno popular. Y a este propósito de
los datos, que yo creo que es muy importante para saber dónde estamos, de dónde partimos y hacia dónde vamos, yo quería dar un aldabonazo y reclamar un poco, y quizá no sea competencia de usted, pero en la medida en que usted también pueda
colaborar. Nosotros presentamos una proposición no de ley en marzo de 2005 para que en la encuesta de población activa se introdujese la variable de la discapacidad del empleo, de personas con discapacidad, si no muy extensa, con mucho detalle, sí
por lo menos unos números. Porque el problema es que también muchos datos a lo mejor rompen. Se aprobó por unanimidad, y nos gustaría hacer hincapié en ello, porque creo que eso nos daría un poco la evolución real de cómo van las cosas en este
sentido, por si hay que acelerar. Supongo que siempre habría que acelerar, pero más o menos.
Quiero recordarles también que había un compromiso de ustedes, del Gobierno del Partido Socialista de establecer un tercer plan. Y yo creo que con la aureola que ha habido de buen empleo, de buen progreso del empleo con los planes
anteriores pactados con el comité español de representantes de personas con discapacidad,
sería interesante que se llevase a cabo ese tercer plan. Y ese tercer plan me gustaría saber si lo tienen previsto hacer, para cuándo, qué medidas más características, más importantes tendría, si está pactado o si se va a pactar con las
personas representantes del sector de la discapacidad y, por supuesto, si va a pasar por el Consejo Nacional de la Discapacidad, que sería, yo creo, que preceptivo. Sinceramente yo creo que este compromiso electoral va a ser difícil de llevar a la
práctica, por falta de voluntad política y por las fechas en que estamos, pero yo les rogaría, en esa buena disposición en que yo le he oído, que tratasen de llevarlo a cabo, por el bien de conseguir ese aumento del empleo.
He dicho que estoy de acuerdo en muchas de sus afirmaciones, pero no estoy de acuerdo en algunas otras y quiero precisarlas porque sí me preocupan en la medida en que pueden preocuparle también al sector de la discapacidad. En cuanto a la
reforma del IRPF, ya sé que no es cosa de usted, pero yo creo que se eliminan deducciones en el impuesto de sociedades por la generación neta de empleo de discapacitados que creo que puede ser perjudicial para el estímulo del empleo. Yo entiendo
también que hay problemas muchas veces entre los propios ministerios, a lo mejor el Ministerio de Trabajo no coincide con el de Hacienda, pero nosotros, como usted muy bien ha dicho al final de su intervención, que no debemos medirlo todo en dinero,
en pesetas, sino en eficacia y en conseguir objetivos de los que pretendemos. En otra cosa sí que no estoy de acuerdo con usted, y creo que sí tiene mucho que ver, es en la reforma laboral. La reforma laboral, el Real Decreto 5/2006 que han
presentado ustedes. Creo que ha generado mucha incertidumbre, mucha inquietud, mucho temor en el sector de la discapacidad, porque han perdido una oportunidad, ya no solo de ampliar ayudas, de estímulos, de reordenar; creo que se ha ido a menos.
Se ha ido a menos y le voy a citar un ejemplo que usted entenderá perfectamente y que supongo que estará de acuerdo conmigo, porque es un hecho, está ahí según lo plantean ustedes. Es que, en cuanto al incentivo, en cuanto a las bonificaciones de
Seguridad Social, establecer una cantidad fija creo que puede ser un desincentivador para conseguir mejoras laborales de muchas personas con discapacidad. Creo que tal y como estaba, en función de porcentajes (siendo menor de 45 años, un 70 por
ciento de exención de Seguridad Social; siendo mayor, un 90 por ciento; en el caso de las mujeres, un 90 y un 100 por cien de exención), era mucho más estimulante, motivaba mucho más a los empresarios para contratar a estas personas con
discapacidad.
Insisto y vuelvo a reiterar que uno de los temas preocupantes es que todavía no conseguimos esa normalización. Por lo tanto, yo ahí perdone que discrepe y que esté preocupado. No solo estamos preocupados, sino que casi ya le anuncio
que mi grupo, el Grupo Popular, va a pedir que se tramite como real decreto ley, porque queremos enmendarlo. Y como mínimo queremos que quede como estaba, si no aprovechamos la oportunidad para mejorarlo, sí por lo menos queremos que queden estos
estímulos, estas bonificaciones que queden como estaban, porque creemos que es mejor, sinceramente, no es por ir en contra de nada, si me apura no es tan siquiera ideológico, es, creo yo, de sentido común.
Yo quería preguntarle qué nivel de interlocución mantiene el Gobierno con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, por un lado; por otro lado, en qué medida participan en la definición de las políticas de empleo
y de los marcos normativos. Usted sabe que, en materia de empleo para personas con discapacidad, el papel del sector asociativo es esencial, y en esta etapa del Gobierno socialista yo sospecho, y puedo asegurar por una información que he recibido,
que esta interlocución se ha rebajado. Se ha rebajado en favor de los agentes sociales tradicionales que, por otro lado, he de decirle que se han interesado históricamente relativamente poco por el empleo de personas con discapacidad, o por lo
menos no con el mismo entusiasmo que otros colectivos. El Gobierno no debe desprenderse, yo creo, de un aliado necesario para reactivar el empleo de las personas con discapacidad, como son las propias personas con discapacidad.
Y nada más. Quería decirle que consideren las sugerencias que le hacemos, las propuestas y las preguntas, me gustaría conocer el resultado, pero sobre todo crean en lo que están haciendo, que de verdad lo interesante es estimular ese
empleo, cueste lo que cueste y como sea. Y si hay que echar marcha atrás en algún real decreto, cambiarlo, yo creo que tampoco pasaría nada.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor Gómez, quiero pedirle disculpas porque no he podido escuchar su intervención, estaba en la Comisión del Pacto de Toledo, donde comparecía la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Catalunya para
explicarnos la visión del Gobierno catalán sobre la ley de dependencia, y me ha tocado estar en esa comparecencia, como usted puede intuir. Tenía mucho interés en escucharle en esta, creo, su primera comparecencia en esta Comisión para hablar de
política de empleo y discapacidad. Y leeré con muchísima atención sus reflexiones, comentarios, propuestas, informes, etcétera.
A mí sí me gustaría trasladarle en este turno que el presidente ha tenido bien a darme, tres cuestiones: una que enlaza con la reflexión que le formulaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. A mi grupo le preocupa, y creo que ya se
ha hecho público, la visión crítica que el Cermi tiene, y otros colectivos que trabajan en el campo del empleo protegido, al contenido de la reforma laboral por lo que hace referencia al sector de la discapacidad. Hay una convicción muy
generalizada por parte de todos los sectores sociales implicados
en el empleo de personas con discapacidad, no tan solo Cermi, Ehlabe en el País Vasco, coordinadora de talleres de diminuidos psíquicos en Cataluña, sobre que la nueva configuración del sistema de bonificaciones crea, no tan solo
incertidumbres en el sector del empleo protegido y en el sector del empleo ordinario, sino un efecto contrario al que el Gobierno pretende, que es disminuir la capacidad de crear empleo con personas con discapacidad; y que incluso la pretensión del
mundo de la discapacidad de que las personas con discapacidad puedan alcanzar empleos más cualificados, con mayor nivel de remuneración con el nuevo sistema de bonificaciones, no termine de producirse. Esa preocupación existe y ya le anuncio que no
sólo vamos a pedir que se tramite como proyecto de ley la reforma laboral, y el señor Gómez lo conoce, sino que vamos a trabajar con ustedes para intentar profundizar en soluciones que podamos dar a estos planteamientos que figuran en el proyecto de
ley. No es un tema menor, y creo que con el margen que nos da la tramitación como proyecto de ley podemos buscar una solución que tranquilice al sector.
Segunda consideración: en esta legislatura el Gobierno ha optado, a diferencia de anteriores ejecutivos, especialmente de los ejecutivos del Partido Popular, por residenciar tan solo en el diálogo social con Comisiones Obreras, UGT y la
CEOE los aspectos del mercado de trabajo, obviando la presencia de otros sectores sociales. En esta legislatura la intensidad del diálogo con el sector de la discapacidad en materia de empleo no está siendo la misma que en la pasada legislatura.
El Cermi, en un comunicado que hacía público esta misma semana o la semana pasada, se quejaba de que no había participado en ninguno de los desarrollos normativos del real decreto de la reforma laboral, habiendo aspectos que afectaban directamente
al mundo de la discapacidad; incluso nos ha recordado aquellos aspectos de la Liondau que obligan al Gobierno a tener en cuenta especialmente el sector de la discapacidad en sus desarrollos normativos. Mi pregunta sería la siguiente: ¿el Gobierno
ha decidido que el Cermi no es interlocutor válido para discutir con el Gobierno los aspectos del mercado de trabajo que afectan directamente al mundo de la discapacidad?
Y tercera y última consideración: existe una preocupación, especialmente en el ámbito de la discapacidad psíquica, que seguramente constituye uno de los sectores más vulnerables y que exigen mayores niveles de aproximación de protección en
las decisiones que tomamos en el terreno de las políticas de empleo, de que el conjunto de instrumentos que configuramos no tiene en cuenta esas necesidades específicas de los trabajadores con discapacidad psíquica. No sucede eso con la
problemática de la jubilación anticipada de esos trabajadores, no sucede eso con los impactos que las subidas que el salario mínimo interprofesional tiene sobre los centros especiales de empleo que trabajan con personas con discapacidad psíquica, no
sucede eso también con la aún congelación de las ayudas para la creación de puestos de trabajo en este sector. Mi grupo le quiere plantear que la discapacidad psíquica, que afecta seguramente a uno de los colectivos más vulnerables de nuestra
sociedad, tenga una especial consideración en las políticas de empleo del Gobierno.
Creo que ahí existe un terreno a recorrer que no hemos enfocado bien en los últimos años desde el reconocimiento de esa especificidad, y mi grupo entiende que en
esta fase en la que entramos ahora con la reforma laboral debemos ser capaces de reconocer las especificidades del sector de la discapacidad psíquica, para garantizar una efectiva igualdad de oportunidades en materia de empleo para estas personas.
Nada más. Insisto en mis disculpas por mi ausencia en la primera parte de su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: En primer lugar, señor secretario general, quiero agradecerle su amplia y clarificadora intervención, y señalar que si todos los temas de discapacidad son relevantes, el del empleo es probablemente uno de los más
importantes, teniendo en cuenta que la verdadera integración social de las personas con discapacidad pasa por una incorporación plena al mercado laboral. En este contexto, yo quiero también destacar que todos los partidos políticos, incluido el
Partido Popular, aprobaron una moción en el Pleno del Congreso de los Diputados valorando la buena gestión que se estaba llevando a cabo en materia de empleo de las personas con discapacidad. Es algo que toda la Cámara ha reconocido.
Quiero hacer referencia también al empleo público, indicando que en 2003 el número de personas con discapacidad que trabajaban en la Administración del Estado era de únicamente el 0,7 por ciento, no se llegaba ni siquiera al uno por ciento.
Me consta que al PP no le gusta en muchas ocasiones que reiteremos esta estadística, pero creo que es conveniente ofrecerla para compararla con lo que estamos haciendo, con lo que se está llevando a cabo por parte de este Gobierno. Este Gobierno ha
impulsado medidas que permitan la reserva de la cuota del 5 por ciento, lo que ha incrementado de forma importante las personas que trabajan en la Administración pública; con la aprobación del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, como digo,
se reserva ese 5 por ciento de las plazas de las administraciones públicas a las personas discapacitadas; y empiezan a dar resultados.
En la forma de ingreso libre para el conjunto de todos los cuerpos y escalas adscritos a la Administración General de Estado se convocaron en 2004, 4.117 plazas, de las cuales 205 fueron convocadas por el turno de reserva de discapacitados.
Se cubrieron un total de 3.002, de las cuales 95 fueron discapacitados, lo que supone un 3,16 por ciento. Se creció todavía más el pasado año 2005, de hecho, se convocaron 4.193 plazas, de las cuales 237 eran por el turno de reserva de
discapacitados.
El total de aprobados de discapacitados ascendió a 124 sobre el total de 2.589 que accedieron a la Administración, por lo cual estamos hablando de un 4,79 por ciento. Recuerdo que el año anterior había sido el 3,16 por ciento. Es decir,
estamos hablando de un aumento importante en el tema del empleo público. Pero también hay que señalar y recordar el real decreto aprobado por este Gobierno, 96/2006, de 3 de febrero, en donde se regula y aprueba la oferta de empleo público para el
año 2006. En su artículo 5 se señala que las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas no podrán acumularse al turno libre, acumulándose solo al cupo del 5 por ciento de la oferta siguiente. Por lo tanto, se mantiene
estrictamente que la reserva de empleo para personas con discapacidad en el ámbito de las administraciones públicas será siempre y solo para ellos.
Hay que seguir trabajando para incrementar el porcentaje, sin duda alguna, de personas con discapacidad que trabajen en las administraciones públicas con el objetivo adquirido por este Gobierno de alcanzar el 2 por ciento. Pero si se ha
dado un fuerte impulso en el acceso al empleo público, también cabe destacar el notable aumento del empleo en general de las personas con discapacidad conseguido con este Gobierno. Debo destacar, en primer lugar, la aprobación del Real Decreto
290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.
Quiero aprovechar también mi intervención para citar la aprobación del Real Decreto 364/2005, donde se regulan medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento en aquellas empresas de 50 o
más trabajadores; la aprobación de la Ley 8/2005, que permite compatibilizar las pensiones de invalidez con el trabajo remunerado; el Real Decreto 357/2006, donde se regula la concesión directa de las subvenciones en los ámbitos de empleo y de la
formación profesional ocupacional. Es decir, este Gobierno ha impulsado numerosos reales decretos, numerosa legislación para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Y continúo: en el Real Decreto 393/2006 se prorroga el
programa de renta activa de inserción, lo que va a permitir mantener la protección de 65.000 desempleados, entre los cuales se encuentran los discapacitados, como el colectivo que tiene mayor nivel de protección; destaco asimismo el Real Decreto
469/2006, por el que se regulan las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, norma que era muy esperada por el sector de la discapacidad. En la
actualidad existen unos 1.150 centros especiales de empleo, ocupando una plantilla aproximada de 40.000 trabajadores con discapacidad.
Los servicios de ajuste personal y social se definen como de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, cultural, y deportivos, y van a procurar al trabajador con discapacidad una mayor rehabilitación personal y sobre todo una
mejor adaptación de su relación laboral. Con la aprobación de este real decreto se regulan por primera vez unidades de apoyo que se configuran como equipos multiprofesionales mediante el desarrollo de distintas funciones para ayudar a superar las
barreras de todo tipo, no sólo las urbanísticas en la edificación, obstáculos o dificultades de los trabajadores, sino también esas que suponen romper las barreras psicológicas, ese techo de cristal que afecta a las personas con discapacidad y que
tantas veces dificulta su incorporación plena a la sociedad y sobre todo al empleo. Los centros tienen en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo de una persona con discapacidad su objetivo prioritario. Los resultados de todas estas
medidas legislativas, que, como digo, son numerosas, comienzan a verse. Y hay que señalar que, mientras en 2003, con el PP en el Gobierno, no se incrementaron los contratos de personas con discapacidad con respecto al año anterior, en los dos años
de este Gobierno se ha producido un importante incremento en los contratos. En 2004 crecieron un 15 por ciento los contratos para personas con discapacidad y han seguido creciendo el pasado año, 2005, un crecimiento del 7 por ciento de los
contratos indefinidos y más de un 10 por ciento los contratos temporales.
Esto es apoyar el empleo de las personas con discapacidad. Y el resultado de toda esa legislación, como digo, se traduce en más empleo de las personas con discapacidad.
Y quiero destacar también que el pasado 9 de mayo el Gobierno, Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme firmaron el acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo, donde entre otras medidas se acordó incentivar la contratación de las
personas con discapacidad, incluyéndolas entre los colectivos a los que se va a aplicar el nuevo programa de fomento del empleo, con unas bonificaciones anuales, en caso de contratación indefinida, de 3.000 euros; 3.200 en el caso de personas con
discapacidad severa procedentes de enclaves laborales, durante toda la vigencia del contrato; asimismo se establece una bonificación en los supuestos excepcionales de contratación temporal de personas con discapacidad, de 2.200 euros anuales
durante toda la vigencia del contrato. Pero el Gobierno no quiere quedarse ahí; de hecho, el Ministerio de Trabajo está trabajando en la elaboración de un borrador de real decreto en el que se regule el empleo con apoyo como medio de integración
laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario de trabajo.
Termino mi intervención felicitando las numerosas medidas y los resultados de esas medidas, que es la incorporación del empleo para que esas personas con discapacidad cada día tengan más fácil acceder a un empleo.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones y preguntas de los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor secretario general de Empleo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Hay una vieja canción, no, una vieja,
no, una relativamente reciente canción de un grupo musical catalán, aunque originario de Extremadura, que dice 'lo que nunca nos sobra siempre es el tiempo'; yo creo que a nosotros, al Gobierno, en esta materia nos puede faltar tiempo, pero
no voluntad política; faltar tiempo, sí. El tiempo nunca sobra, y hacemos todo aquello que está en el ámbito de nuestras responsabilidades y de nuestras posibilidades, pero voluntad política, no. En esta materia yo creo que hay un camino hecho en
las dos anteriores legislaturas y en las anteriores, de las dos anteriores, y hay un camino por realizar durante esta legislatura. Algo hemos avanzado durante estos dos años, y algo todavía nos queda por avanzar. He citado como una de las
principales prioridades, que yo creo que estará desde luego acabada durante este año, sin duda alguna, el decreto de regulación del empleo con apoyo, del empleo ordinario, digamos, con apoyo. Yo creo que no sería voluntarista decir que lo
terminaremos y que estará publicado en el año 2006 con seguridad.
Hemos mantenido un nivel de interlocución, nunca suficiente, seguramente, con el Cermi y con las organizaciones del sector. Y hoy tengo que dar una impresión, espero que no críptica, pero sí una impresión algo crítica respecto del pasado, y
yo creo que también es bueno reconocer errores por unos y por otros en esta materia. Creo que el Gobierno anterior en esta materia no tuvo un mal desempeño, esa es mi impresión. Creo que cometió algún error, y es el de privilegiar demasiado la
interlocución solo con el Cermi en este tipo de materias, y descuidar algo que, como decimos siempre en relación a la política de empleo, en este caso de los discapacitados, deberíamos hacer con todo, y es que, como siempre, no debemos intentar que
con la excusa del apoyo estemos en realidad alejando del ámbito laboral ordinario, también en cuanto a interlocución, el tratamiento de los problemas de las políticas de empleo de las personas minusválidas, o discapacitados, como ahora nos gusta
llamar. Yo diría que, como siempre, el ideal está en algún lugar intermedio, porque también las organizaciones sindicales se han quejado, y seguramente con razón, de que no han tenido ningún tipo de participación en el diseño de la política de
empleo de los trabajadores discapacitados durante la conformación, el diseño, el desarrollo de los planes de empleo que el Ministerio de Trabajo concertaba con el Cermi.
El lugar tiene que ser un lugar intermedio. El Cermi desde luego que tiene un papel, y además un papel importante, porque tiene que tener un buen reconocimiento a lo que significa el trabajo que cada día vienen realizando sus
organizaciones, y eso es evidente que no puede ser cuestionado y que debe ser además apoyado y apoyado intensamente en la medida de nuestras posibilidades. Pero debemos todos intentar que esas políticas, esas estrategias no sean estrategias
construidas bajo el desconocimiento, o desde el desconocimiento, desde la ausencia de complicidad en ellas de los demás interlocutores sociales. Y teniendo en cuenta, a su vez, que no son unos interlocutores sociales cualquiera, sino que son
interlocutores que tienen reconocido constitucionalmente su papel en el diseño y en la regulación laboral y que, con independencia de eso, además, por lo menos es voluntad del Gobierno que nuestra política laboral sea una política concebida de
frente con las organizaciones sindicales y empresariales, no de espaldas a ellas, también en esta materia. Por eso digo que seguramente el diseño de lo ideal en esta materia está en un lugar intermedio respecto de lo que ha sido el pasado
inmediato, en cuanto a las anteriores legislaturas en esta materia, y lo que ahora puede, a la luz de alguna intervención, pensarse que puede estar ocurriendo. Quizá ahora hemos diseñado una política más centrada en la visión de estos asuntos de
los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones representativas, y menos a través de las organizaciones que representan a los trabajadores discapacitados.
Nosotros ahí mantenemos un nivel de interlocución suficiente, no he
dejado de verme en todo este tiempo, como es lógico, con los representantes del sector, y tenemos la intención, naturalmente, de impulsar un nuevo plan de empleo para el futuro.
Hay una crítica respecto de la reforma en esta materia que debería merecer alguna explicación por mi parte y también alguna reflexión por parte de los que la han planteado, porque una cosa es el empleo protegido y otra cosa es el empleo
ordinario, con independencia de quién ocupa uno y otro, porque si estamos de acuerdo en el tratamiento, que no se puede tratar, no se debe tratar de la misma forma cosas que son distintas, el viejo aforismo, deberíamos intentar tratar de la misma
forma el empleo ordinario y tratar de forma distinta el empleo protegido. Si tratamos de la misma forma el empleo ordinario, yo creo que lo razonable, lo sensato es que el empleo ordinario sea tratado con el mismo esquema de bonificaciones a tanto
alzado que el resto del empleo, aunque, dado que las necesidades y los estímulos tienen que ser diferencialmente más altos en el empleo ordinario de los discapacitados, produzcamos esa política de estímulos y la situemos en un escalón superior en
cuanto a las cuantías, en cuanto al impacto de la política de estímulos. Pero en el ámbito del empleo protegido las características son distintas, efectivamente, y no tengo más remedio que reconocerlo, porque por algo se le llama así, por algo se
le llama centro especial de empleo, por algo hablamos ahí de empleo protegido, por algo el coste laboral real de las personas que están empleadas en centros especiales de empleo no supera el 20 por ciento respecto del coste laboral de la misma
persona en otro lugar, en otra empresa. Y naturalmente eso significa que la productividad, por una parte, o las necesidades de atención derivada, por otra, necesitan efectivamente de un apoyo determinado, en este caso, como es lógico, por parte de
los poderes públicos.
Yo diría, respecto a la reforma, que, como es lógico, el Gobierno tendrá, qué duda cabe, una actitud abierta en esta materia. Creemos en el diseño de la reforma en cantidades a tanto alzado, lo hemos reiterado en más de una ocasión, pero no
está de más volverlo a hacer
aquí, tiene un fundamento claro, y es: si la política de empleo está destinada a estimular la estabilización de la relación laboral de las personas, de los que trabajan, y su diseño además está destinado a hacerlo de una forma tal que sea
eficiente, deberíamos reconocer que la relación temporal se concentra además entre las personas que tienen menos retribución, entre las personas que tienen menos cualificación, y que carece de sentido, desde el punto de vista de la eficiencia, pero
también, naturalmente, desde el punto de vista de la justicia, aplicar una misma política de fondos públicos financiados con cotizaciones de empresarios y trabajadores en porcentaje, y destinar, por poner un ejemplo, la mitad de la cotización e
importar al cabo del año unos 15.000 ó 16.000 euros, para bonificar la cotización de un trabajador con un salario de 36.000 ó 40.000 euros. Carece de sentido además hacerlo porque la mayor parte de esos trabajadores además tienen más posibilidades
reales de estabilizar su relación laboral y tener dificultades para poder financiar con estímulos diferencialmente positivos a trabajadores con salarios seis o siete veces inferiores. El fundamento de este cambio en la política de estímulos,
cambiar de porcentajes de bonificación a tanto alzado, no sólo es un fundamento redistributivo, que no debe ser entendido así, es que es ahí donde se concentran los problemas. La persona que puede, por su cualificación, por su experiencia, tener un
salario de esa naturaleza, puede también tener una relación laboral estable, mucho más estable. Y si tenemos que, como siempre, distribuir recursos ante necesidades que siempre las superan, la eficiencia nos dice que deberíamos tratar de distribuir
la política de estímulos hacia los colectivos que, por sus características, tienen mayores dificultades para estabilizar su relación laboral.
En esta parte de la discusión me parece que los argumentos que se han aportado en general durante este tiempo son argumentos que no son suficientemente sólidos para alterar la visión que Gobierno e interlocutores sociales han tenido al
respecto. Yo creo que no ha habido un solo argumento de peso en el debate público durante este tiempo; más bien ha habido un importante grado de apoyo en esa materia, para el cambio de porcentajes de bonificación a cantidades, cuantías a tanto
alzado. Ahora bien, si en el ámbito del empleo protegido, puesto que ahí la situación de partida era una bonificación del cien por cien y ahí ya no estamos tratando de redistribuir, porque todos y cada uno de los trabajadores que trabajan en el
centro especial de empleo tienen un cien por cien de cotización, no estamos en presencia de porcentajes distintos, como le ocurre a la política de fomento en el empleo ordinario. Y dado que solo sería posible que no perdieran en costes respecto de
la situación actual situando la bonificación en el mayor nivel correspondiente al último trabajador, al de mayor salario de todo el conjunto de los centros especiales de empleo, eso es lo que ocurriría. Si tú partes de que todos tienen el cien por
cien de cotización, para que no pierdan una sola peseta respecto de lo que ahora perciben en forma de bonificaciones, tendrías que situar la cantidad a tanto alzado en un nivel equivalente a la del salario del trabajador que más cobra en todo el
centro especial de empleo.
Si ese fuera el problema, si el problema es que ahí, cualquier cantidad a tanto alzado implica pérdida, nosotros hemos hablado con los representantes del sector y no tendríamos dificultad en que, si así lo estima también el resto de los
firmantes del acuerdo (empresarios y organizaciones sindicales), por parte del Gobierno no habría ninguna dificultad en que, en los centros especiales de empleo se mantuviera el esquema actual, sabiendo que es un esquema que también tiene alguna
perversión, porque cuando uno ve la distribución de bases de cotización por tramos, uno se encuentra de pronto escalones no razonablemente explicables alrededor de las bases máximas de cotización. Es decir, que hay una concentración artificialmente
alta en las bases máximas de cotización, lo cual significa que el estímulo, como es el cien por cien, puede estar produciendo elevaciones artificiales en las bases de cotización y ese es, en general, un problema que tiene este tipo de políticas.
Todas lo tienen, no esta, cualquiera lo tiene así. Pero esa era también una razón para preferir también la opción de la cantidad a tanto alzado. Para resumir, en esta materia por parte del Gobierno no hay ninguna apreciación negativa respecto a
que, si los centros especiales de empleo plantean dificultades respecto al nuevo modelo y entre todos podemos ver como elegible la opción de mantener el sistema vigente, en los centros, insisto, no en el conjunto del empleo ordinario del trabajo de
los discapacitados, la actitud del Gobierno ahí será siempre abierta.
Por supuesto, hay también que confirmar esta visión con el resto de los firmantes del acuerdo en esa materia. En cuanto a la petición de información que realizaba el portavoz
del Partido Popular en esta Comisión, por supuesto los datos disponibles en cuanto a la evolución anual, digamos, del empleo al respecto, los que tengamos disponibles, no tenemos ningún inconveniente en facilitárselos.
Hay algo en relación a la EPA que se ha comentado aquí: no es fácil, por razones técnicas, introducir un módulo específico, una parte específica en la encuesta trimestral, porque conforme se reduce la muestra, la calidad de los datos
desaparece y se resiente muy drásticamente, con lo cual lo razonable ahí es seguir con ese módulo periódico, seguir con ello. Porque será muy difícil, sobre todo tendrán muy poca calidad los datos correspondientes, o un incremento muy significativo
del coste como para poder hacer frente a ello. Pero en todo caso, ahí está, yo puedo perfectamente trasladar esa opinión a los responsables del Instituto Nacional de Estadística en esa materia.
Respecto al tercer plan, ya he citado algo a ese respecto. Desde luego, tanto la evaluación que hagamos del segundo plan como el diseño y el desarrollo del tercer plan, se consultará y se llevará al ámbito del Consejo de la Discapacidad.
Y por último, voy a citar sólo respecto del empleo protegido un par de cosas más. El señor Campuzano
ha hecho referencia a la subida del salario mínimo interprofesional como impacto negativo para los centros especiales de empleo. Debo señalarle que ya tuvimos ocasión de discutir e informar a los propios representantes de los centros
especiales de empleo, y fueron ellos mismos los que nos indicaron que no querían una compensación por el impacto en la subida del salario mínimo, entre otras cosas porque no era estéticamente razonable (y aquí la estética también tiene implicaciones
morales), no era estéticamente razonable que una elevación del salario mínimo tuviera que llevar aparejado un incremento de las subvenciones en los centros especiales, del porcentaje de bonificaciones para el centro especial de empleo; aunque lo
que sí nos pidieron -y ya está hecho- es que tratáramos de acelerar al máximo la puesta en marcha de las unidades de apoyo a los propios centros especiales de empleo. Eso ya está hecho, yo creo que ha quedado razonablemente bien. A todos nos
hubiera gustado que el trámite hubiera sido más rápido, y ahí está, no tiene sentido lamentarse precisamente cuando finalmente el decreto está aprobado y creo que con éxito. La idea general es: ¿empleo protegido? Sí. ¿Con más apoyos? Con
apoyos, porque siempre tiene que haber un límite en este tipo de materia. Y el límite siempre está en hacer compatible el mantenimiento de un empleo digno para aquellos que no lo obtendrían seguramente bajo ninguna condición, con el hecho de que
las instituciones que cumplen un papel tengan un nivel de estímulo suficiente para que el empleo y el producto de ese empleo sea también un producto útil para el resto. Y no contribuyamos a través de la política de estímulos a crear también en este
ámbito eso que en el pasado calificábamos como guetos, lugares aislados, lugares sin conexión real, económica, social, laboral con el resto. Y ese debe ser el límite. Yo creo que, por fortuna, en cuanto a filosofía es un límite compartido por
todos.
El señor PRESIDENTE: Con absoluta brevedad, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Con muchísima brevedad. En relación con el último comentario que hacía el señor Gómez, yo creo que la problemática del salario mínimo interprofesional no está en el terreno de la estética exactamente, sino que
está en el tema del reconocimiento de que los niveles de productividad en los centros especiales de empleo, donde toda la plantilla son trabajadores con discapacidad psíquica, deben hacer entender al Gobierno que la consecuencia de la subida del
salario mínimo interprofesional hace muy difícil que esos centros especiales de empleo, tan solo con trabajadores con discapacidad psíquica, tengan viabilidad económica. Justamente Ehlabe y Coordinadores de talleres de disminuidos psíquicos, que
agrupan cerca del 80 por ciento del empleo en España de la discapacidad psíquica, no Cermi, Ehlabe y Coordinadores de talleres, son los que vienen reivindicando esa situación.
Yo, al Gobierno ahí le recomiendo que no tan solo dialogue con el Cermi, también, sino que en el terreno de la discapacidad psíquica, con Ehlabe y con Coordinadora de talleres, en Cataluña y en el País Vasco; esas dos organizaciones no
están incorporadas en el Cermi, expresan la visión de un sector muy concreto, modesto, pequeño, que es el de la discapacidad psíquica. Y por eso yo antes le hacía referencia a que hay que empezar a distinguir, en algunas leyes lo empezamos a hacer,
en nuestras políticas de apoyo al empleo protegido para la discapacidad física, en relación a la discapacidad psíquica. Creo que es un matiz importante y ahí le recomiendo que seamos capaces de avanzar.
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez.
El señor SECRETARIO GENERAL DE EMPLEO (Gómez Sánchez): Muy brevemente. El Estado ya paga el 50 por ciento del salario mínimo, cualquiera que sea cuantía. Y hubo la posibilidad de alterar, subir, digamos, un poco más ese porcentaje del 50
por ciento para equilibrar en términos de coste el impacto de las subidas, que eran importantes, del salario mínimo. E insisto, la respuesta fue 'preferimos una buena regulación rápida de las unidades de apoyo, porque también eso nos dará medios,
complementos y apoyos que ahora no tenemos y que vendrán bien para nuestra estructura de costes para el desarrollo de nuestra función'. Esa era básicamente la reflexión. Pero comparto esa visión también. Yo lo decía un poco en el sentido de que
la discusión en aquel momento no podía ser 'pues no aplique usted el salario mínimo a los centrales especiales de empleo'.
No, esa no. Los trabajadores de los centros especiales de empleo tienen también que ser afectados por las subidas del
salario mínimo. A eso me refería con la estética.
El señor PRESIDENTE: Quiero agradecer al señor secretario general de Empleo su presencia entre nosotros, la información que ha ofrecido, y las respuestas también a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios.
Señorías, se levanta la sesión.
Eran las catorce horas diecinueve minutos.
Nota.-Texto procedente de la grabación correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el miércoles 28 de junio de 2006, ante la ausencia de personal de la Redacción del 'Diario de Sesiones', debido a su presencia en otras Comisiones
de la Cámara.