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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 620, de 21/06/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 620
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN
Sesión núm. 43
celebrada el miércoles, 21 de junio de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
Del señor Nasarre Goicoechea (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Grado de ejecución del programa 463 A Investigación básica, capítulos 1 a 7, a diciembre de 2005 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/058697). (Número de expediente 181/002240.) ...
-Grado de ejecución del programa 463 A Investigación básica, capítulo 8, a diciembre de 2005 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/058698). (Número de expediente 181/002241.) ...
-Grado de ejecución del programa 467 H Investigación energética, medioambiental y tecnológica, capítulos 1 a 7, a diciembre de 2005 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/058709). (Número de
expediente 181/002242.) ... (Página 2)
Proposiciones no de ley:
-Para promover la mejora de las condiciones laborales de los investigadores. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000422.) ... (Página 6)
-Sobre la construcción del circuito permanente de velocidad y ensayos en Verín (Ourense). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000853.) ... (Página 10)
-Relativa a las medidas de apoyo, con carácter urgente, para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001653.) ...
-Sobre los investigadores del programa Ramón y Cajal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001675.) ... (Página 17)
-Relativa a impulsar programas e integración de alumnos en la escuela rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001697.) ... (Página 21)
-Sobre el establecimiento de medidas para el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo y contra la homofobia.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001723.)
... (Página 23)
-Relativa a la creación, dentro de la página web del Ministerio de Educación y Ciencia, de una base de datos en la que se recoja la información básica de los trabajos de investigación realizados en las Universidades y organismos públicos de
investigación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001743.) ... (Página 27)
-Sobre reconocimiento de la cultura y lengua de la comunidad amazigh.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001572.) ... (Página 29)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
DEL SEÑOR NASARRE GOICOECHEA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 463 A INVESTIGACIÓN BÁSICA, CAPÍTULOS 1 A 7, A DICIEMBRE DE 2005 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/058697). (Número de expediente 181/002240.)
-GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 463 A INVESTIGACIÓN BÁSICA, CAPÍTULO 8, A DICIEMBRE DE 2005 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/058698). (Número de expediente 181/002241.)
-GRADO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 467 H INVESTIGACIÓN ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL Y TECNOLÓGICA, CAPÍTULOS 1 A 7, A DICIEMBRE DE 2005 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/058709). (Número de
expediente 181/002242.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la Comisión de Educación y Ciencia para sustanciar a lo largo de la mañana de hoy el orden del día que SS.SS. conocen, que ha sido suministrado a todos los miembros de la Comisión y que se compone de
dos temas básicamente: uno es un conjunto de preguntas del señor Nasarre al Gobierno, que contestará don Francisco Marcellán,
secretario general de Política Científica y Tecnológica, al que damos la bienvenida. Luego debatiremos un conjunto de proposiciones no de ley de diferentes grupos parlamentarios.
Dado que es práctica habitual, y máxime teniendo en cuenta el trabajo parlamentario de varias comisiones a lo largo del día de hoy, donde diferentes ponentes se encuentran repartidos en diversas tareas parlamentarias, pues parece lógico que
agrupemos las votaciones de las proposiciones no de ley, y lo anunciemos así, al final de la mañana y nunca antes de las trece horas, si les parece bien a SS.SS., de tal forma que todos los grupos parlamentarios puedan tener el número de efectivos
suficientes para producir las votaciones en determinadas condiciones lógicas.
Sin más, pasamos al primer, segundo y tercer punto del día, porque es decisión, que había comunicado personalmente a la Mesa, del señor Nasarre el agrupar las tres preguntas relacionadas con el grado de ejecución de los programas 463 A y 467
H, sobre política de investigación, dirigidas al Gobierno y que han sido incluidas en el orden del día al no haber sido, parece ser, contestadas por escrito en tiempo y forma, con lo cual es el derecho del señor diputado el mantenerlas vivas en esta
Comisión.
Sin más preámbulos, tiene la palabra para formular las preguntas el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: En nombre de mi grupo doy la bienvenida al señor Marcellán por estar en esta Comisión una vez más y le formulo efectivamente tres preguntas que forman parte de un paquete de veinte preguntas que formuló este
diputado al Gobierno sobre el grado de ejecución de los distintos programas en materia de investigación científica. Quiero recordar que estas preguntas fueron calificadas por la Mesa de la Cámara el ya lejano 14 de febrero, que todas ellas se
contestaron fuera de plazo, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, y faltaban siete por llegar cuando solicité el amparo a la Presidencia de la Cámara sobre siete de ellas. En el ínterin llegaron otras cuatro, y finalmente la Presidencia me
solicitó el amparo y lo incluyó en la siguiente sesión de esta Comisión sobre tres de ellas. Por lo tanto, la primera observación que tengo que hacer, señor secretario general, es que este diputado se siente muy insatisfecho por la forma en que el
Gobierno contesta a la oposición, esto nos dificulta gravemente el legítimo ejercicio de control de la acción del Gobierno en unos temas tan importantes como son la ejecución presupuestaria de una de las políticas importantes del Gobierno. En un
programa estrella y que nos interesa a todos, esta tardanza, esta opacidad resulta muy insatisfactoria, grave y alarmante.
Las tres preguntas se refieren al grado de ejecución del programa 463 A, investigación básica, capítulos 1 a 7; el grado de ejecución del programa 463 A, investigación básica, capítulo 8; y por último, el grado de ejecución del programa
467 H, referido a investigación energética, medioambiental y tecnológica.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas tiene la palabra el señor Marcellán.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Marcellán Español): Agradezco la oportunidad que se me ha brindado de rendir cuentas en relación con la ejecución presupuestaria de dos programas concretos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y del Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).
Efectivamente la pregunta fue formulada por don Eugenio Nasarre con fecha 26 de enero de 2005. Aquí hay un error, será 2006, en la formulación es 2005, con lo cual cuando lo leí ya me entró la primera angustia vital: ¿cómo es posible que
se haya tardado tanto tiempo en dar una respuesta a una pregunta del año 2005? Segundo apartado, uno tiene que leer con detalle las cosas, no fijarse solamente en quién firma y la fecha de la firma, sino que tiene que ver la fecha de entrada en
registro y posteriormente la respuesta por escrito, que fue remitida en fecha 25 de mayo de 2006 por doña Carmen Balsa. Primera observación, creo que es absolutamente necesario que la rendición de cuentas no solamente sea eficaz en el tiempo, sino
también en la forma. Como secretario general de Política Científica y Tecnológica asumo la autocrítica que me corresponde en nombre del Gobierno, clarísimamente, independientemente de que mi toma de posesión, como bien sabe el señor Nasarre, fuese
a finales del mes de mayo, pero uno es Gobierno y tiene que asumir las responsabilidades; o sea que, en primer lugar, excusas, y en lo que respecta al secretario general de Política Científica y Tecnológica le puedo garantizar que a partir de ahora
estos retrasos relativos a cuestiones que conciernen a mi secretaría no se producirán.
Respecto a la contestación a las preguntas, en el caso del programa 463 A, de investigación básica, capítulos 1 a 7, en la formulación de la respuesta se señala que en el capítulo 1 el grado de ejecución ha sido del 90,92 por ciento; en el
capítulo 2, un 99,45 por ciento; capítulo 4, un 97,79 por ciento; capítulo 6, un 99,98 por ciento; capítulo 7, un 93,16 por ciento y capítulo 8, un 26,38 por ciento. De manera que el grado de ejecución global de los ocho capítulos por parte del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha sido del 93,72 por ciento. En todo caso, el análisis por capítulos revela una serie de procesos. En el capítulo 1 son fundamentalmente debidos a retraso en provisión de vacantes correspondientes a
las convocatorias de procesos selectivos en las ofertas de empleo público. En segundo lugar, la ejecución del capítulo 2 ha sido prácticamente total, un 99,96 por ciento, y las rúbricas fundamentales se destinaron a energía eléctrica y contratos de
seguridad y limpieza. El capítulo 3 es una partida muy pequeña, de 330 euros, que corresponde con gastos financieros de una antigua hipoteca. El capítulo 4, correspondiente a transferencias corrientes, se ejecutó en el 98,35 por ciento, como antes
he señalado, destinado a la transferencia al centro astronómico hispanoalemán en Calar Alto, prevista en el correspondiente convenio de colaboración autorizado por el Consejo de Ministros. El capítulo 6 ha sido orientado fundamentalmente a
inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios y a las inversiones de carácter inmaterial, fundamentalmente contratos de formación del programa I3, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, de manera que la
ejecución es prácticamente total. El capítulo 7, transferencias de capital, se dedica fundamentalmente a la formación de personal investigador en programas de becas convocados por el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, alguna de
ellos también con financiación del Fondo Social Europeo, de manera que se han concedido mil becas. El capítulo 8, de activos financieros, un tema, como usted bien sabe, relativamente complejo para el caso de OPIS y universidades, es el que presenta
una peor ejecución, de solo el 26,38 por ciento, explicable dada su propia naturaleza y finalidad, ya que se destina fundamentalmente a la concesión de anticipos sobre la nómina del personal, por lo que la ejecución se ve condicionada por el número
y cuantía de las solicitudes presentadas por dicho personal. En conclusión, como se indicaba en el informe remitido por el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cabe afirmar que la ejecución de este programa ha sido, no solo
correcta, sino muy alta.
En relación con el Ciemat, en gastos de personal la ejecución del gasto ha sido del 83,19 por ciento, fundamentalmente debido al retraso en la incorporación de la OEP y a la no cobertura de vacantes; gastos corrientes ha sido el 96,46 por
ciento; gastos financieros, apartado 3, un 23,91 por ciento; transferencias corrientes (capítulo 4), 81,52 por ciento; capítulo 6, inversiones reales, un 88,96 por ciento, debido a la no ejecución de la expropiación de las fincas de Palomares.
En este expediente el Ciemat es la Administración beneficiaria de la expropiación, y los trámites para llevar a cabo la misma y el pago son competencia de la Administración que expropia, en este caso la Delegación de Gobierno en Andalucía, que no
estuvieron concluidos en el ejercicio 2005. Sin tener en cuenta este crédito, la ejecución del capítulo supuso el 99,63 por ciento. Y en el capítulo 8, activos financieros, se gestionó la totalidad de los préstamos solicitados por el personal.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Muchas gracias, señor Marcellán, por los datos que nos ha aportado, y a partir de ello me gustaría hacer las siguientes observaciones.
Primero, en relación con el programa 463 A, investigación básica, tengo que manifestar mi preocupación de que en el capítulo 8 haya habido una ejecución tan pobre como es el 26,38 por ciento. Nosotros, cuando se presentaron los presupuestos
para el año 2006, ya advertimos que por la naturaleza del capítulo 8, que son créditos para determinados programas de investigación, no era adecuado este tipo de partidas y que iba a resultar de enorme dificultad su ejecución; por lo cual yo vuelvo
a reiterar que el criterio de la utilización del capítulo 8 debería de orientarse a la financiación de programas de investigación fundamentalmente con las empresas, con el sector privado, pero que en el sector público utilizar el capítulo 8 es un
engaño, es en definitiva posponer los problemas. Además, y se lo digo al secretario general, me preocupa enormemente que nos diga aquí que esos créditos se utilizan para anticipos de pago a determinado personal.
En relación con el programa 464 A, investigación y estudios de las Fuerzas Armadas, que formaba parte del paquete de preguntas de las que estamos hablando en esta comparecencia, la respuesta me dejó estupefacto. Dice exactamente la
respuesta del Gobierno: en el capítulo 8, destinado a sufragar los anticipos de pagas al personal funcionario, la ejecución ha sido del 65,38 por ciento. Es decir, que un programa dedicado a investigación y estudios de las Fuerzas Armadas se
destina a sufragar pagas al personal funcionario. Yo creo que esto no es de recibo, señor secretario general, y no es de recibo que el capítulo 8 de los distintos programas tenga esta utilización. Yo, por lo tanto, reclamo una rectificación en
profundidad en el futuro, y además esto me lleva a anunciar que utilizaremos iniciativas parlamentarias para corregir debidamente esto que nos parece a nosotros una anomalía.
La segunda observación que le quiero hacer es que efectivamente el objetivo de esa batería de preguntas, de las veinte preguntas, era conocer el grado de ejecución del conjunto de los programas en I+D. Sin embargo, no lo he podido hacer, y
no lo he podido hacer porque el programa 467 C, que se refiere a investigación y desarrollo tecnológico e industrial y que constituye la parte del león de todos los programas de I+D, es un programa que asciende, de los capítulos 1 a 7, a 527.384.000
euros. En su respuesta nos dicen que han gastado 90.830.000 euros, lo cual significaría una ejecución pésima; y en el capítulo 8, en el que el presupuesto asciende a 2.942.438.000 euros, en su respuesta afirman que han gastado 433.207.000 euros,
es decir, el 14,7 por ciento. Yo he descubierto la explicación: la explicación es que solamente nos han contestado respecto de los créditos que ha gestionado el Ministerio de Educación y Ciencia y no los del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. Por lo tanto, yo le solicito urgentemente que completen esta información para tener un conocimiento adecuado del conjunto de créditos, teniendo en cuenta sobre todo que, en lo relativo al capítulo 8, esos 2.942 millones constituyen
alrededor del 80 por ciento de los 3.500 millones aproximadamente del conjunto del capítulo 8 dedicado a investigación y desarrollo. Este es un dato más, se lo tengo que decir claramente, señor secretario general, un elemento más de la deficiencia
del Gobierno
en la aportación de datos a este humilde diputado; y desde luego yo vuelvo a reiterar que reclamo una mayor eficiencia en la contestación porque es su obligación.
Por último tengo que decir que, en relación con la respuesta que nos ha dado relativa al programa 467 H, usted nos ha dado los datos de los capítulos 1 a 7, los relativos al capítulo 8 llegaron tarde, pero llegaron, y le hago la observación
de que el grado de ejecución del capítulo 8 es también muy deficiente en este programa 467 H, asciende a tan solo el 51,65 por ciento, es decir, la mitad no se ha ejecutado. Yo he hecho el cálculo, claro, en lo relativo al capítulo 8 solo puedo
hacerlo en relación con el 25 por ciento de lo presupuestado, y ya en ese 25 por ciento aproximadamente unos 100 millones de euros han dejado de ejecutarse, lo cual es una cifra muy notable.
Como conclusión -no quiero extenderme más, señor presidente-, primero, vemos demasiada opacidad en la política informativa en relación con I+D que estamos sufriendo en todos estos meses, yo creo que se tiene que modificar radicalmente,
nosotros vamos a seguir preguntando, vamos a solicitar algunas comparecencias para una mayor aclaración de datos.
Tengo que decir que probablemente la negativa del Grupo Socialista a que se estableciera una comisión permanente en materia de
investigación y desarrollo, en un momento en el que es vital este tipo de políticas, probablemente está basada en una voluntad de no ser transparentes, de no tener tiempo en sede parlamentaria para seguir de cerca toda esta actividad del Gobierno.
Por lo tanto, y concluyo, quiero expresar la profunda insatisfacción de mi grupo por la insuficiencia de los datos, por la opacidad, y quiero también anunciar que adoptaremos las iniciativas pertinentes, porque es imprescindible una política mucho
más transparente en la ejecución de los gastos y de los programas en I+D.
El señor PRESIDENTE: Para contestar tiene la palabra el señor Marcellán.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Marcellán Español): Yo querría hacer una intervención sobre aspectos generales y luego detenerme en los aspectos particulares.
Como sabe el señor Nasarre, fui vicerrector de Investigación durante nueve años y tuve que hacer muchas veces a los responsables de la política científica las mismas preguntas que me está haciendo usted, es decir, tenemos un defecto
estructural en este país que tenemos que resolver cuanto antes, que es el manejo de datos de política científica. Yo recuerdo que con don Pedro Morenés discutí más de una vez cuando conceptualizaba como investigadores a todos los profesores
universitarios, lo cual, como bien sabe el señor vicepresidente, es un brindis al sol. Tenemos que tener datos reales, y esos datos reales no solamente los conseguimos directamente desde la Administración central, sino que también los tienen que
suministrar las comunidades autónomas, comunidades autónomas que tienen una aportación notable en temas de I+D, pero desgraciadamente no hemos conseguido articular una auténtica política de Estado de I+D con la colaboración de todos los agentes del
sistema. En ese sentido no solamente es responsabilidad del Gobierno, sino de todo el conjunto del sistema de I+D, el tener a disposición, en primer lugar del Congreso de los Diputados pero también a disposición de la ciudadanía, cuáles son las
cifras reales de I+D. Hemos asistido en algunos momentos a un debate de lo que es gasto militar, de lo que es gasto civil, hasta la fecha esa separación no se producía de una manera clara; en los presupuestos del año 2007 se define claramente lo
que es gasto civil, con la partida correspondiente, y lo que es gasto militar.
En otro orden de cosas, estoy totalmente de acuerdo con su valoración, por una parte, sobre los datos claros, los datos actualizados, los datos disponibles al servicio de todos los interesados en el sistema, porque desde luego la política de
I+D no es una política en la cual debe participar no solamente el Gobierno, sino todos los grupos parlamentarios a través de algo que en una época se criticaba, que era la política de pactos de Estado. La política de pacto de Estado en
investigación es absolutamente necesaria, y esa política de pacto en investigación no solamente es un compromiso del Gobierno, debe ser un compromiso de todos los grupos de oposición, pensando que los investigadores, los que realmente crean y hacen
investigación deben tener una estabilidad, no solo presupuestaria, sino una estabilidad conceptual para llevar a cabo su tarea de investigación como seña de identidad de país. Personalmente, como secretario general de Política Científica y
Tecnológica, me gustaría que durante el periodo de mi mandato se llegara a ese pacto de Estado en investigación que es absolutamente necesario.
Con respecto a los datos puntuales, es una discusión de fondo sobre el capítulo 8 y me parece beneficioso todo lo que sea un análisis de mejora de los procesos, y creo que la oposición tiene la obligación y el Gobierno la necesidad de poner
en práctica los instrumentos adecuados para los problemas concretos. Yo le puedo decir que en líneas generales los destinatarios fundamentales del capítulo 8, créditos reembolsables, serían las empresas; pero hay un hecho que es importante
también, que es que las empresas tienen que rendir cuentas de esos créditos reembolsables, de la misma manera que el Gobierno y las instituciones deben rendir cuentas de su gasto. E insisto, yo me comprometo formalmente ante la Comisión a tratar de
presentar esa información global que pide don Eugenio Nasarre, porque me parece que es una obligación del Gobierno rendir cuentas, rendir cuentas con los datos fiables pero sobre todo también pidiendo a los demandantes de esos datos un principio de
corresponsabilidad a la hora de asumir la necesidad de acciones parlamentarias que permitan llevar a cabo
una mejor ejecución en base a los instrumentos jurídicos necesarios.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marcellán, le agradecemos su comparecencia y esperamos que en su nueva responsabilidad podamos compartir con usted otros momentos interesantes sobre la política científica del Gobierno.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-PARA PROMOVER LA MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS INVESTIGADORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ. (Número de expediente 161/000422.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el orden del día: Debate y votación de proposiciones no de ley. En primer lugar vamos a analizar el punto 4 del orden del día.
Anuncio que, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, el punto 6.º se verá al final por problemas de asistencia. Si no hay ningún criterio en contra, seguiremos el orden en el que están las
proposiciones no de ley, insisto, dejando la que figura con el número 6.º para el final.
En primer lugar debatimos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, para promover la mejora de las condiciones laborales de los investigadores. Para la defensa de la misma tiene la palabra doña Mercé
Pigem, y les agradecería de nuevo a los miembros de la Comisión que disminuyeran el nivel de sus decibelios porque esta sala no es de las mejores de este magnífico edificio y la verdad es que, si podemos contribuir todos a que desde el silencio nos
escuchemos y nos entendamos mejor, creo que haremos un mejor servicio al trabajo de esta Comisión. Tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÈS: Yo creo que todos somos conscientes de que el objetivo de Lisboa de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo antes del año 2010 requiere dar un fuerte impulso
a la investigación y a la innovación tecnológica en todos los campos, requiere que el Estado comprometa una mejor financiación y requiere también un aumento del personal científico y técnico, porque la investigación, el desarrollo y la innovación
son factores clave, diría yo que son los factores clave para garantizar el avance de la economía y en definitiva de la sociedad. Pues bien, este es un proceso en el que España no está muy bien posicionada, por ejemplo, en inversión; España no se
ha destacado nunca en inversión en I+D, sino que ha estado por debajo de la media de los países desarrollados.
Hoy, de todo este proceso quiero atraer su atención sobre uno de los elementos fundamentales, que es precisamente el elemento humano, y estoy hablando del personal investigador. Desde Convergència i Unió queremos, señorías, hacernos eco y
trasladar a esta Comisión el malestar que a todos nos consta que hay entre el personal investigador: malestar por la inseguridad, malestar por el desconcierto y malestar por lo que pueden ser incluso faltas en lo que es la gestión de lo que ya está
resuelto.
Esta es una realidad que no queremos ni podemos obviar y que, como digo, queremos poner encima de la mesa porque es una situación que requiere respuestas sin demora. Por ello desde Convergència i Unió traemos hoy a debate una iniciativa
que, como habrán podido ustedes comprobar, es una iniciativa un tanto antigua, una iniciativa de noviembre del año 2004, una iniciativa, no obstante, que en sus puntos 1 y 3 nos parece plenamente vigente, y por tanto solicitamos en la parte
dispositiva, en primer lugar establecer mecanismos para fomentar estudios de doctorado en cooperación universidad-empresa, impulsando la investigación aplicada y garantizando las condiciones contractuales adecuadas para los investigadores; y dice
la iniciativa en su punto 3: Establecer mecanismos para aumentar la incorporación laboral a la universidad y centros públicos de investigación de científicos con contratos que aseguren el funcionamiento estable como punto de partida de la carrera
investigadora, y también poniendo en marcha programas que garanticen la continuidad de esta carrera investigadora, ya sea en el ámbito de la empresa privada o de la investigación pública.
Reconocemos ya de entrada que esta iniciativa ha quedado obsoleta en su punto número 2. ¿Qué decía en su punto número 2? Solicitaba la modificación del decreto sobre el estatuto del becario con el objeto de que durante la realización de
los estudios de doctorado haya becas predoctorales durante los dos primeros años y contratos laborales predoctorales durante los dos años siguientes y dispongan todos ellos de plena cobertura social. Ha quedado obsoleta porque en enero hubo un
decreto del Gobierno en donde se dio respuesta justamente a lo que se solicitaba en este punto número 2.
¿Pero por qué traemos a colación esta iniciativa, además de mantener la vigencia de los puntos número 1 y número 3? Pues la traemos a colación porque sigue habiendo dentro del personal investigador, como digo, malestar y confusión, malestar
y confusión incluso en la gestión de este 2+2. Conoce el Grupo Socialista, porque se lo hice llegar, que, a pesar de que nace en enero este decreto con voluntad de dar respuesta a la situación, y reconociendo por Convergència i Unió que se ha
implementado por el Gobierno este cambio en el estatuto del becario, reconociendo también el esfuerzo económico que ello ha supuesto, no podemos dejar de señalar que no se ha dado total respuesta a las necesidades de los investigadores. ¿De qué se
quejan en cuanto a la gestión? Pues se quejan de que los contratos del segundo 2 son contratos en prácticas, con duración de seis meses, con
muy baja remuneración y, por lo tanto, se pueden crear problemas a los becarios del último año. Se quejan también de que estos contratos únicamente pueden hacerse durante los cuatro años siguientes al título validador para el ejercicio, que
hay una duda sobre si es la licenciatura o si es el diploma de estudios avanzados. Se quejan de que cuando se ponen en contacto con el ministerio nadie alcanza a darles respuesta sobre estos problemas, lo cual hace que nos lleguen correos
electrónicos y llamadas telefónicas llenas de angustia por esta situación. Por ello lo queremos trasladar, lo hemos hecho ya personalmente, porque creemos que la gestión de una medida que entendemos que es buena debe ser lo suficientemente ágil y
clarificadora como para superar este estado de inseguridad y de malestar en la gestión. Pero además este punto, que, como digo, está resuelto, no acaba de resolver las situaciones de inestabilidad, básicamente por la discontinuidad entre las
distintas etapas que conforman la carrera investigadora.
Yo creo que todos sabemos, porque además nos lo han hecho llegar, que una persona aspirante a investigador o a investigadora puede tener una beca de doctorado, una beca posdoctoral, otra beca posdoctoral, y después los destinos posibles son
la universidad, los organismos públicos de investigación y el sector privado de manera muy minoritaria. La dificultad de acceder a una plaza estable convierte en normales los casos de investigadores con buen currículum pero con una situación
laboral muy insegura o con un estatus de becario hasta cerca de los cuarenta años.
También hay quejas en los investigadores Ramón y Cajal, un programa que se puso en marcha en el año 2001 justamente para paliar la fuga de cerebros y que fue muy
celebrado, pero que nunca hubo un compromiso formal de contratación al acabar este periodo, y cuando digo nunca me refiero no solo a la Administración actual sino al Gobierno también del Partido Popular.
Por lo tanto, ¿qué es lo que solicitan? Pues lo que solicitan es el estudio e implantación de una carrera investigadora coherente, que dé respuesta y que sirva de guía para que cuando uno quiere ser investigador o investigadora sepa qué
pasos ha de dar y en qué dirección se ha de dirigir. Por ello, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda de sustitución a este punto número 2 que consiste en sustituir el texto de la iniciativa inicial por el de: impulsar una carrera
investigadora, en coherencia con lo que se aceptó en la comparecencia de la señora ministra de Educación y Ciencia y por coherencia con la propuesta de resolución que presentó mi grupo parlamentario en el debate del estado de la Nación y que también
fue aprobada. Creo que ahora no es el momento de desarrollar el contenido de en qué consistiría esta carrera investigadora, pero sí podría haber, de acuerdo con lo ya dispuesto por la Comisión Europea, unos investigadores en fase inicial y unos
investigadores en fase experimentada. Mi grupo parlamentario concretará las distintas etapas de la propuesta de esta carrera investigadora en una iniciativa concreta y ad hoc para este tema, pero hoy lo que queríamos era que la Comisión pudiera
pronunciarse acerca de la necesidad de la existencia y de la implantación de una carrera investigadora en nuestro país.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una por parte del Grupo Socialista, que se me ha anunciado que se retiraba, y una por parte del Grupo Popular que, respetando su contenido, nos parece que hace referencia más a una
iniciativa que ha presentado el propio Grupo Popular que a nuestra propuesta, que es más general que lo que ellos proponen en su enmienda, y por lo tanto a nosotros nos gustaría someter a votación la iniciativa de Convergència i Unió en los términos
literales de la misma; en los puntos 1 y 3 coincidimos con el resto de grupos, y en cuanto punto 2 someteríamos a votación la enmienda de sustitución presentada por nuestro propio grupo parlamentario, y en este sentido solicitaría el voto de todas
SS.SS.
El señor PRESIDENTE: Como bien decía, a esta proposición no de ley dos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Socialista, han presentado enmiendas de modificación. Para la defensa de la enmienda y fijación de
posición del Grupo Popular tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: La proposición no de ley que nos ocupa en este momento es una proposición no de ley que, como muy bien ha dicho la ponente, ya trae un retraso acumulado por la fecha en la que se planteó, por lo que
algunos de sus puntos están superados por ciertos acontecimientos, en particular por el estatuto del personal investigador en formación, que se aprobó por Real Decreto de 27 de enero de 2006, siguiendo el modelo establecido, el llamado modelo 2+2,
prometido por el PSOE en su programa electoral, es decir, dos años de becas y dos años de contrato, y también dos años de retraso que en algún momento tendremos que considerar, pues cualquier cosa que llegue a la investigación nos parece importante.
El problema que arrastramos se incrementa en los últimos años y hoy hemos tenido aquí ocasión, oyendo la respuesta del señor secretario general de Política Científica y Tecnológica, de comprobar el problema de los datos, y el problema de los
datos también en este asunto del personal investigador es la falta de datos que tenemos todavía. Hemos tenido que recurrir a datos de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, basados en el Instituto Nacional de Estadística, y hemos visto que
este problema (que es un problema central de la sociedad española y que de alguna manera debe ser un problema de Estado y no un tótum revolútum con connotaciones políticas) se viene incrementando por el aumento que ha sufrido el personal
investigador de 2002 a 2003, que es el último dato que da la Fundación Española de Ciencia y Tecnología basado en el INE, porque el ministerio no nos ha servido estos datos, y tenemos que aumentó el 12,8 por ciento del total del personal
investigador, y el número de personas en equivalencia a jornada completa aumentó en el año 2003 un 8 por ciento con relación al anterior, y con respecto a la población activa se llegó a tener un 5,1 por mil respecto a la población activa.
Otro personal, que no era el personal totalmente investigador, sino el personal de apoyo, en equivalencia a jornada completa aumentó en un 2,9 por mil de la población; y en cuanto a investigadores en enseñanza superior, nosotros hemos visto que
entre 2002 y 2003 se han llegado a incorporar un 53,2 por ciento del personal investigador de enseñanza superior, lo que ha constituido entre 2002 y 2003 un aumento del 22,6 por ciento en la participación total y también en la empresa.
A nivel de países de la OCDE, España es una de las economías que no destaca por una alta participación de investigadores dentro de la llamada fuerza del trabajo que tiene que suponer este desarrollo en que se basa la investigación y en el
que es básica la investigación, pero ese es otro problema. Mantenemos una media relativamente parecida a la de la Unión Europea, levemente inferior a la de la OCDE y a una distancia considerable frente a las economías fuertes y otras no tan
fuertes, diría economías fuertes como Japón y Estados Unidos, y otras no tan fuertes como Francia, que está también a mucha diferencia de España. Pero todos estos problemas que han ido aumentando por esa incorporación, hemos visto que necesitan
solucionarse siempre con consenso y además con voluntad, una voluntad de realizar esa mejora.
La explicación de nuestra enmienda está en plantear la necesidad de fomentar esa contratación estable de investigadores, pero nosotros no vamos a prejuzgar el modelo, teniendo en cuenta que algunas comunidades han establecido, en vez del
sistema 2+2, el sistema 0+4, un sistema que el secretario de Estado, señor Quintanilla, ha criticado diciendo que no pronunciarse sobre modelos concretos: Lo que sí queremos nosotros es trasladar al Gobierno su responsabilidad de dar esta solución
estable que tantas veces ha prometido y de construir una carrera del investigador siguiendo los pasos que se habían iniciado en etapas anteriores, mejorándolos, ampliándolos, abordando lo que debe ser una política de Estado en materia de
investigación y desarrollo, no hacer una tabla rasa con todo lo anterior.
En este momento vemos, por ejemplo, que algunas comunidades autónomas han tomado otros modelos que no prejuzgamos pero que ya el ministerio, a través del secretario de Estado, ha prejuzgado negativamente. Mención especial merecen los
investigadores del programa Ramón y Cajal, y por eso aludimos a ellos en la enmienda, porque el Gobierno creó un programa específico para incorporarlos de manera definitiva al sistema I3 que, sin embargo, no ha dado los resultados esperados, sobre
todo en lo que se refiere a la incorporación de los Ramón y Cajal al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Las declaraciones del secretario de Estado en la misma entrevista del 14 de junio mencionada, en la que digo que hace esa crítica
a ciertos modelos en otras comunidades autónomas, pues también ha desatado una cierta furia entre los Ramón y Cajal por el desconocimiento que suponen algunas de las actitudes en esa entrevista.
Yo me atrevo a decir que es que no conoce el problema
a fondo porque dice algo tan curioso como que si se van, el problema no es que se vayan, es que no vienen. O el señor secretario de Estado habla con las paradojas de Chesterton o con los paralelismos de la Alianza de Civilizaciones, y por eso esa
influencia oriental le hace hablar en paralelismos, que es el método de pensamiento en el que hace dos mil años se explicaban los orientales.
Una de las cuestiones que establece el real decreto sobre el estatuto del personal investigador, que ha cumplido ya su plazo porque tenía un plazo de cuatro meses, ya se ha superado y sigue sin aplicarse, es que los programas de ayuda a la
investigación existentes a la entrada en vigor del decreto de enero deberán adecuarse al mismo desde esa fecha y por tanto el Ministerio de Educación y Ciencia realizaría las actuaciones oportunas para que en el plazo de cuatro meses desde la
entrada en vigor del real decreto se produjera la efectiva aplicación del mismo. Ese plazo se ha cumplido, por lo que tendría ser aplicado y parte de lo que hoy se está diciendo aquí estaría en bastantes mejores condiciones.
Por último, el punto 3 de la proposición no de ley hace alusión a la contratación estable de científicos, tanto en el ámbito de las universidades y de los opis como en la empresa. Hay que recordar que el Gobierno ha prometido introducir
reformas en la LOU -les remito a noticias de periódicos tan bien informados como El País-, con el fin de conceder excedencias de hasta cinco años para que los investigadores de las universidades puedan desarrollar sus propios proyectos en empresas
privadas o públicas sin perder su plaza en la universidad. Se trataría de una reforma de gran calado que será objeto de debate cuando se presente esa ley de reforma.
Señorías, las enmiendas que presentamos nos parecen pertinentes con relación al decreto que está en vigor y que pretenden resaltar nuestra posición de acuerdo con las directrices de la Comisión Europea sobre el estatuto de los
investigadores. La enmienda de sustitución al punto 2, habla de: fomentar la contratación con carácter estable de los jóvenes investigadores con el fin de construir una carrera investigadora exigente y competitiva a nivel mundial. Se trata de una
enmienda que se ajusta al decreto, a las directrices de la Comisión Europea y que tiene como justificación impulsar una estabilidad definitiva en el sistema de ciencia-tecnología-empresa, siguiendo los criterios que fijó en su día la Unión Europea.
Otra enmienda de adición al punto 3, párrafo final, añadiría la siguiente frase: Para los investigadores del programa Ramón y Cajal, que son quizás los que más sufren en este asunto. Todos sufren, pero ellos especialmente. Pretendemos dar
solución al problema creado en la continuidad de los investigadores Ramón y Cajal. Es
un programa consolidado que corre el riesgo de no cumplir sus objetivos.
Intentamos arreglar el jarro de agua fría que ha echado el señor Quintanilla sobre los investigadores Ramón y Cajal. El problema, si no vienen, no es que se van, es
que no se quedan. Entonces, ¿dónde está la diferencia? El problema no es que se vayan, es que no vienen. Tendrá que explicárnoslo cuando comparezca en la Cámara.
Señorías, mantenemos vivas nuestras enmiendas. Si no encontraran el respaldo posible adoptaríamos otras actitudes con enmiendas coherentes con nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista y para fijar la posición de su grupo tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA MUÑOZ: Ya lo ha dicho la autora de la proposición no de ley: es cierto que el Grupo Socialista va a retirar la enmienda que había presentado porque básicamente coincide con la autoenmienda de la señora Pigem. Nos parece
más respetuoso atenernos al origen de la proposición no de ley y a los matices que ha querido hacer el Grupo de Convergència i Unió a una proposición no de ley que es lógico que en estos momentos haya que matizar, porque se presentó en noviembre de
2004, y felizmente algunas de las cosas que en aquel momento se proponían, hoy se han cumplido. Al Grupo Parlamentario Socialista, en noviembre de 2004, le parecía bien la proposición no de ley en sus propios términos y al día de hoy, en junio de
2006, la proposición no de ley de CiU con sus propias enmiendas, también le parece bien. ¿Por qué nos parece bien esta proposición no de ley? Porque está en sintonía con la acción del Gobierno socialista en los últimos dos años, una acción de
gobierno que no ha hecho otra cosa que cumplir de forma escrupulosa los compromisos del programa electoral del Partido Socialista. Como ha dicho la ministra de Educación y Ciencia recientemente en esta misma Comisión, dar prioridad absoluta a la
potenciación de los recursos humanos y técnicos del sistema público de investigación, constituyendo esta potenciación del capital humano en el sistema de ciencia y tecnología, constituye uno de los cuatro ejes principales de la política de
investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Se han planteado algunos problemas en la aplicación de estas políticas.
Señorías, podemos decir de forma satisfactoria que afortunadamente tenemos problemas porque se están incorporando al sistema de ciencia y tecnología muchos
investigadores, tenemos problemas en la aplicación del estatuto del personal investigador en formación porque tenemos estatuto desde febrero pasado, y tenemos problemas porque encima de la mesa hay nuevas propuestas, algunas de las cuales ha citado
la señora Fernández de Capel, como las que constan en la propuesta de reforma de la LOU. En un plazo muy breve nos plantearemos cómo potenciar desde las universidades las tareas de investigación y hacer un esfuerzo para compatibilizar la docencia y
la investigación para fomentar la transferencia de tecnología y conocimiento del sector público al sector privado.
La proposición no de ley de Convergència i Unió, tal como quedaría después de las enmiendas presentadas por el grupo, nos parece positiva, en su primer punto, porque en el programa de ayudas FPI de la Dirección General de Investigación
existen mecanismos para fomentar la realización de tesis doctorales en cooperación entre la universidad y la empresa. La petición de fomentar esta relación entre universidad y empresa se ha concretado en que desde la convocatoria de 2005 en el
programa de ayudas FPI se incluye la posibilidad de realizar estancias de investigación, además de en los centros de I+D, también en las empresas, y porque en las convocatorias, a la hora de determinar cuáles son los proyectos a los que se les
asigna una ayuda FPI, se tiene en cuenta la existencia de algún tipo de vinculación con el mundo de la empresa, lo que se ha llamado el interés empresarial, a través de la participación de un ente promotor observador en el proyecto, que normalmente
es una empresa. En la órbita de las universidades públicas y de los centros públicos de investigación a través de los centros mixtos y los consorcios, la relación con los parques científicos y tecnológicos de nuestro sistema público de
investigación es cada día más habitual.
Una pincelada que no se corresponde con el tema. La enmienda que ha presentado la señora Pigem suprime el segundo punto, que hacía referencia al estatuto del personal investigador, pero quería matizar la dificultad de su aplicación. El
estatuto del personal investigador en formación permite regular de forma innovadora la primera fase de la carrera investigadora, una carrera investigadora que constituye el motivo del tercer punto de esta proposición no de ley. Yo diría que por
primera vez, de una forma seria y sistemática, hemos puesto encima de la mesa cuáles son las condiciones para el primer tramo de la carrera investigadora que corresponden al personal investigador en formación, con el esquema que el Grupo Socialista
siempre ha defendido, que es el 2+2, con un tramo en los dos primeros años con la consideración de becarios, extendiendo los beneficios del sistema de Seguridad Social a este tramo de becas y un segundo tramo de relación laboral de acuerdo con el
Estatuto de los Trabajadores en el que el personal investigador, cuando tiene ya acreditada administrativamente una formación avanzada a través del correspondiente diploma de estudios avanzados, puede acceder al mismo.
La señora Pigem exponía las dificultades que ha habido en los últimos días para definir cuál es el título validador de referencia para establecer los contratos. Pues bien, sé que el Ministerio de Educación y Ciencia estaba en estos últimos
días en contacto con las universidades para despejar las dudas y dejar claro que el título validador es el diploma de estudios avanzados, con lo cual el contrato en prácticas con duración máxima de cuatro años no debería ocasionar problema alguno
para los beneficiarios de estos contratos.
La definición de una carrera investigadora se realiza a través del conjunto de programas de recursos humanos que gestiona la Dirección General de Investigación, que tiene como finalidad última la incorporación al sistema de los
investigadores. Pues bien, en esta línea el ministerio a través de los programas Ramón y Cajal tema en el que no voy a entrar porque después va a ser motivo de debate de una proposición no de ley concreta, Juan de la Cierva y Torres Quevedo, ha
propiciado la incorporación de muchos investigadores al sistema. Mediante el programa Ramón y Cajal se han concedido 2.484 contratos en las convocatorias de 2001 a 2005, y en 2006 se han ofertado 250 contratos. El programa Juan de la Cierva, para
incorporación de doctores a equipos de investigación de centros de I+D públicos y privados sin ánimo de lucro, programa que nació con ciertas dificultades, en este momento ha adquirido gran relevancia: se han concedido 667 contratos en las
convocatorias de 2004 y 2005, muy recientemente, y en la convocatoria de 2006 se han ofertado 350 contratos. Con el programa Torres Quevedo, un programa importantísimo para la relación con el sector privado puesto que es de incorporación de
doctores y tecnólogos a empresas y centros tecnológicos, se han financiado entre 2002 y 2004 1.782 contratos, y la convocatoria actual establece la concesión de 850 contratos.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora Palma.
La señora PALMA MUÑOZ: Voy terminando, señor presidente. Sin tener en cuenta de forma especial -porque lo haremos después en el debate de la proposición no de ley sobre el programa Ramón y Cajal- el programa I3, que es la gran aportación
de este Gobierno para la estabilización e incentivación de la actividad investigadora en nuestro sistema de ciencia y tecnología, ello permite que progresivamente se vayan incrementando las ofertas de puestos de carácter permanente tanto en las
universidades como en los centros de I+D, así como cumplir una recomendación de la Unión Europea, y una demanda histórica de nuestros investigadores: definir una carrera científica y de investigación que establezca claramente cuáles son las
expectativas y las condiciones profesionales para nuestros investigadores. En definitiva, crecen los recursos, mejoran los instrumentos de gestión, evidentemente no sin dificultades, porque es complejo a menudo poner de acuerdo a los diferentes
agentes que intervienen. Nos parece oportuna la proposición no de ley que en 2004 presentó Convergència i Unió, que hoy se matiza y se mejora con las correcciones que se han introducido. La conclusión final es que en el último año y medio, en el
tiempo que ha transcurrido hasta la presentación de esta proposición no de ley, las cosas se han movido para bien en la política de recursos humanos en el marco de la política científica de este Gobierno.
Vamos a dar nuestro apoyo a la proposición no de ley y retiramos nuestra enmienda, en el bien entendido de que estamos en absoluta sintonía con lo que en la misma se establece.
-SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO PERMANENTE DE VELOCIDAD Y ENSAYOS EN VERÍN (OURENSE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000853.)
El señor PRESIDENTE: Correspondería ahora pasar a la proposición no de ley sobre el circuito permanente en Verín. Dado que sobre la proposición no de ley sobre investigadores del programa Ramón y Cajal están los ponentes, ¿les parecería
oportuno seguir con el mismo tema o mantenemos el orden del día? (Denegaciones) Mantenemos, pues, el orden del día.
Pasamos, por tanto, a la proposición no de ley sobre la construcción del circuito permanente de velocidad y ensayos en Verín. Tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Tengo hoy el honor de presentar ante la Comisión de Educación una proposición no de ley que había sido registrada hace más de un año, que insta al Gobierno de España a que suscriba un convenio de colaboración con
las instituciones autonómicas y locales de Galicia para la construcción del circuito permanente de velocidad y ensayos en Verín.
Se trata de un proyecto tan ambicioso como necesario que supondría, no sólo para Verín, sino para una provincia
eminentemente rural como Ourense, su pleno desarrollo tanto empresarial e industrial, así como su desarrollo rural en esa zona occidental de la provincial; sería una forma más de crear empleo y de fijar población.
Este proyecto fue aprobado por todos los grupos representados en el Inorde, oficina dependiente de la Diputación Provincial de Ourense, que había encargado un plan estratégico de la provincia. En el proyecto dinamizador del plan estratégico
de la provincia se incluía el denominado: Ourense centro de motor. Dicho proyecto tan atractivo se fue perfeccionando, actualizando y recibió el apoyo de todas las instituciones. Así, en el pleno del Ayuntamiento de Verín, donde se quiere ubicar
este centro de motor, ya en el año 2004 se acordó lo siguiente: Instar a los ayuntamientos de la comarca, a las instituciones provinciales, a la Xunta de Galicia y al Gobierno central a realizar cuantas gestiones sean necesarias para que las
instalaciones inicialmente previstas para el llamado circuito permanente de velocidad y ensayo de Verín sean adjudicadas definitivamente y con todas las garantías a este proyecto.
Pues bien, la diputación ya ha instado a que se apoye este proyecto y ha sido aprobado. Quien ha instado ha sido el Grupo Socialista de la diputación provincial, y ha sido aprobado por ésta. El propio Ayuntamiento de Verín, donde gobierna
el Partido Socialista, también ha aprobado este proyecto inicial. Sin embargo, el Parlamento de Galicia, donde lo presentó el Grupo Parlamentario
Popular hace tres meses, fue rechazado. En el Senado, donde lo presentó hace un mes el Grupo Popular en el Senado, ha sido aprobado. Y ahora toca presentarlo en el Congreso para su aprobación y consideración e instar al Gobierno a que haga
este convenio.
Tras estas implicaciones institucionales fueron los propios vecinos los que tomaron la calle. Hubo manifestaciones en las que participó gente de toda la provincia de Ourense, solicitando el circuito de velocidad para esta villa. El alcalde
socialista puso una pancarta en el Ayuntamiento de Verín instando a que se hiciera el circuito de velocidad ya. Esa pancarta estuvo hasta el día 3 de octubre de 2005, día en que esa villa recibía al presidente Rodríguez Zapatero y, por cortesía, se
retiró la pancarta.
Posteriormente fueron los propios alcaldes de la comarca los que le entregaron 4.000 firmas de vecinos de esa zona al presidente Zapatero pidiéndole ayuda y colaboración y que se interesara por el proyecto de Verín, a lo cual
respondió ante de los medios de comunicación que no habría problema. En días posteriores se le pregunta a nuestra ministra ourensana, Elena Espinosa, quien contesta que no tiene conocimiento alguno de esta demanda de la comarca de Verín y de la
provincia de Ourense. Entonces comienza otra vez el malestar social porque lo que se dice un día se contradice con el siguiente. Se insta a la Xunta de Galicia a que apruebe este proyecto, cuando el Parlamento, como he dicho, dice que no, y
después, en entrevistas del presidente del Inorde y del presidente de Octagón S2, el vicepresidente Antxo Quintana se compromete a que en dos meses habrá algún pronunciamiento sobre este tema. Han pasado más de dos, de seis y de cinco pero todavía
no hay pronunciamiento alguno. Todos los días tenemos en la prensa noticias sobre este circuito permanente de velocidad, la preocupación social va creciendo porque es un proyecto que se intenta ignorar por parte de las instituciones que gobiernan
la Xunta y que tienen la capacidad de gobernar en el Gobierno central. Hoy yo esperaba que fuera algún diputado gallego quien interviniese tanto por el Grupo Socialista como por el Grupo Mixto, pero veo que ninguno lo hace, con lo cual se intenta
ignorar más este proyecto. Yo les puedo contar que la diputación y el Inorde (el Instituto Orensano de Desenvolvimiento Económico) siguen trabajando para llevar a cabo este proyecto. Para ello ya han puesto a disposición 600 hectáreas de terreno,
400 pertenecen a montes comunales, que los vecinos han puesto a disposición, con lo cual terrenos ya tenemos. La actuación no tendría consecuencias de impacto ambiental pues está en una zona en la que no hay en este momento ningún árbol. Cuenta
también con un microclima de temperaturas moderadas. Otro factor a tener en cuenta son las propias comunicaciones: está ubicado al lado de la autovía A-52 que une Benavente con Ourense y con la IP3, que une Oporto con Verín. La población, en un
círculo de 200 kilómetros, asciende a 12 millones de habitantes.
Además de las ayudas con que podría contar esta actuación por parte de las entidades locales y provinciales, que ya han puesto sus recursos a disposición de este proyecto y en todos los presupuestos han aprobado previsiones para ir
realizando los informes correspondientes de viabilidad de este proyecto, podríamos conseguir fondos de la Unión Europea porque hace frontera con Portugal y España, con lo que tendríamos acceso a los fondos transfronterizos de la Unión Europea. Por
otra parte, esta zona está ubicada dentro del Plan Galicia, con lo que tendríamos también ayudas a proyectos empresariales y emprendedores de mejoras competitivas. Por otra parte, contamos con el respaldo de Octagón S2, una empresa de reconocido
prestigio a nivel mundial en eventos deportivos y con el aval de diferentes federaciones nacionales y portuguesas que han confirmado y dado su apoyo a este proyecto.
En cuanto a las actividades que se pretenden realizar, se trataría de especializarse en el área de I+D, en ensayos con vehículos industriales, comerciales, autocares y otro tipo de maquinaria pesada, creando plataformas y espacios para el
desarrollo de prototipos con los que se pretende complementar los trabajos que ya se están realizando en otros centros de ensayo en España, como son el de Salvaterra y el de la Idiada.
Por otra parte, no se pretende entrar en competencia con otros
centros de alta tecnología, complementar así el área logística de I+D y de almacenaje que se está construyendo en Chaves, en Portugal, a tres kilómetros del circuito. Portugal está desarrollando este área logística a tres kilómetros de donde
pretendemos ubicar el circuito de velocidad.
Pedimos el respaldo a esta proposición no de ley que no va contra nadie.
Pretendemos hacer cumplir la palabra de Rubalcaba en un mitin en las recientes elecciones autonómicas en el que se comprometía
públicamente a que si gobernaba el PSOE en la comunidad autónoma se haría realidad el circuito de velocidad para Galicia y que estaría ubicado en Verín. El señor Rubalcaba es una persona de reconocido prestigio dentro del Grupo Socialista, bien
podemos seguir su consejo y hacer realidad lo que prometía en el mes de junio en Verín. En este momento se está obviando este proyecto. El Bloque Nacionalista Galego lo obvia en la Xunta, donde reconoce que no es prioritario, como en esta sede,
donde su portavoz siquiera interviene. El Grupo Socialista, después de haber votado que no en el Senado, tiene hoy ocasión de apoyar decididamente Verín. Informes tenemos muchos. Los tiene el Gobierno central porque se los dieron al señor
Rodríguez Zapatero y se los enviaron al Consejo Superior de Deportes. Informes tiene la Xunta de Galicia, la Consellería de Industria y la Consellería que lleva el área de deportes. No nos parece oportuna la enmienda del Grupo Socialista porque
estudios ya tenemos. Nosotros queremos Verín, aquí se trata de comprometernos en si es o no Verín.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Socialista, que defenderá la señora Gómez.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Señorías, el Partido Popular nos trae hoy una proposición no de ley idéntica a una moción presentada en el Senado y debatida recientemente. En el Senado mi grupo parlamentario presentó una enmienda, lo ha dicho
muy bien la señora Vázquez. Es la misma enmienda que repetimos en esta proposición que nos trae hoy aquí, en los mismos términos.
Nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que es posible un circuito de velocidad y ensayos en Verín, lo que no sé si ustedes lo han tenido siempre tan claro. Usted mismo lo ha reconocido, señora Vázquez, tanto el Ayuntamiento de Verín
como en la diputación, hasta el señor Rubalcaba, hemos apoyado siempre el circuito de velocidad y ensayos de Verín. Pero yo no estoy tan segura de si ustedes han tenido siempre la misma posición. Su ex consejera de Familia, la señora Rojo, en una
comparecencia en el Parlamento gallego dijo que en Verín -son palabras textuales, recogidas en la prensa- o en cualquier otro lugar de Galicia se podría construir un circuito de velocidad y que se tenían que tener en cuenta otros factores no
considerados hasta el momento. Los factores que se habían tenido en cuenta hasta el momento son los que se tomaron en su día para hacer el estudio al que usted ha hecho referencia. En ese estudio y con esos factores, ciertamente Verín era la
opción mejor valorada. Sin embargo, su propia consejera reconoce que se pueden introducir otros supuestos y otras valoraciones, es decir, que no tiene tan claro que no pueda haber otras consideraciones además de la de Verín.
Lo dice su ex
consejera, no lo ha dicho ni el alcalde de Verín ni el señor Rubalcaba ni yo; su ex consejera de Familia, señora Rojo.
Afirma S.S. que Verín es el enclave más idóneo porque así se contiene en el estudio de la Xunta. Nosotros no lo dudamos. Piden también la colaboración del Gobierno y por eso le presentamos esta enmienda en la que instamos al Gobierno a
planificar a nivel estatal la implantación de circuitos de velocidad. Estamos seguros de que si Verín tiene las condiciones que el Partido Popular nos expone, de las cuales no dudamos y que están recogidas en un estudio, será una opción
prioritaria. Con esas condiciones, las de tener unos terrenos a disposición, una orografía y una climatología favorables, disponiendo de servicios, de comunicaciones, de alojamientos, de servicios sanitarios, no dudamos de que Verín pueda, en esa
planificación estatal, ocupar un lugar destacado. Eso es lo que proponemos con esta enmienda.
Ahora bien, señoría, yo he echado en falta algunas referencias respecto a la financiación, porque si todas las instituciones en Galicia tienen tanto interés en este circuito, no entiendo por qué ninguna de ellas ha dado un paso hasta el
momento. Hablo en cuanto a financiación. ¿Y por qué digo en su momento? Por una razón muy sencilla, porque existe un circuito muy próximo al de Verín, y usted lo sabe, que es el de La Bañeza, que sí ha dado pasos en este sentido. En este
circuito, tanto la diputación como la Junta de Castilla y León y otras instituciones tienen un dinero comprometido, además del que figura en los Presupuestos Generales del Estado, para cofinanciar el citado proyecto. Sin embargo, no me consta que
ustedes en su momento presentaran una propuesta con reflejo en los presupuestos para cofinanciar el proyecto.
Es cierto que el proyecto de Verín ha quedado ralentizado, pero no ahora.
El señor Baltar, en declaraciones muy recientes, del mes de mayo de este año, dice textualmente: Toda la culpa de que el proyecto del circuito de velocidad no fuese
una realidad fue nuestra, del Partido Popular, pues cuando tuvimos ocasión de hacerlo no lo pudimos hacer. Ciertamente no entiendo que lo que ustedes no pudieron hacer en su momento, urjan a otros con tanta premura a que lo realicen. Señorías,
deberían aclararnos un poco más cuál es el nivel de estudios, si solamente tienen uno, si tienen algún otro proyecto, así como qué financiación concreta y qué gestión tienen prevista.
Señoría, estamos hablando de la misma zona de influencia que La Bañeza, que ya está en marcha. Por eso insistimos en la necesidad de llevar a cabo una planificación de estos circuitos en todo el territorio a nivel nacional. Son
instalaciones que suponen un importante esfuerzo presupuestario de todas las administraciones públicas, y por lo tanto creemos que se tiene que hacer de una forma seria y rigurosa. Señora Vázquez, lo que no es serio y riguroso es que, nuevamente en
palabras del señor Baltar, nos encontremos con lo siguiente: Nosotros pensamos en el circuito de velocidad, pero si hay una alternativa de esas características, nos da exactamente igual. No lo entiendo. Si les da exactamente igual, ¿qué hacemos
debatiendo hoy aquí esta proposición no de ley? A nosotros no nos da igual. No nos da igual en el Ayuntamiento de Verín, no nos da igual en la diputación, no nos da igual en el Senado y no nos da igual en el Congreso. Y si de verdad lo que
quieren es la construcción de este circuito en Verín, debe hacerse de la forma que proponemos, entre otras razones porque lo que queremos los socialistas es asegurar su éxito y su viabilidad. Señora Vázquez, yo le animo a aceptar la enmienda que
hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de fijar la posición de si acepta o no la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Vázquez. Sólo a esos efectos.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Me gustaría que se hiciera constar en el 'Diario de Sesiones', cuando se ha hecho referencia a la financiación, que la Diputación Provincial de Ourense sí ha fijado en estos presupuestos y ha ejecutado los euros
presupuestados; en el Parlamento de Galicia el Grupo Popular presentó enmiendas a los presupuestos que han sido rechazadas, y aquí se ha presentado una enmienda para el circuito de Verín que también fue rechazada. El Grupo Parlamentario Socialista
en el Parlamento de Galicia rechazó el circuito para Verín y en el Senado ha ocurrido lo mismo. La posición de su grupo queda clara en esta sesión, lo que les interesa es La Bañeza. Yo no estoy en contra del circuito de La Bañeza...
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, le he dicho que no era para reabrir el debate.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Que conste en el 'Diario de Sesiones' que la diputada ha dicho que no había financiación. Le respondo que la Diputación de Ourense ha financiado el proyecto con 60.000 euros en los últimos presupuestos y el
Ayuntamiento de Verín también. No ha sucedido lo mismo en la Xunta de Galicia ni el Gobierno central, donde gobierna el PSOE.
El señor PRESIDENTE: ¿Nos podría decir cuál es su postura ante la enmienda, señora Vázquez?
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Rechazamos la enmienda en sus términos porque de estudios estamos sobrados y tenemos un compromiso con Verín.
El señor PRESIDENTE: Para un brevísimo turno de aclaraciones, antes de darle la palabra al señor Maldonado, y solo por una mínima aclaración, tiene la palabra la señora Gómez.
La señora GÓMEZ SANTAMARÍA: Muy breve. Me refería a la financiación en los términos en los que se pronunció el señor Baltar, quien habló de en su momento. Dijo: financiación en su momento, cuando ustedes gobernaban en el Ayuntamiento de
Verín, en la diputación y en la Xunta de Galicia.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición los grupos que no han presentado ninguna enmienda, tiene la palabra el señor Maldonado por el Grupo Catalán de (Convergència i Unió).
El señor MALDONADO I GILI: Nuestro grupo, que se movía entre el sí y la abstención, profundizando en la exposición de motivos, se va a abstener.
Leyendo detenidamente la proposición no de ley nos parece voluntariosa, poco concreta y
confusa. Nos abstenemos con más convencimiento después de escuchar la intervención de los grupos. Aparte de voluntariosa, poco concreta y confusa, tiene tintes...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Maldonado. Les rogaría que intervinieran en pequeños corrillos un poquito más bajo. Dificultan al portavoz que está interviniendo.
El señor MALDONADO I GILI: Es cierto que la intervención de los portavoces con la rumorología de fondo desconcentra y a veces no permite la intervención que uno quiere hacer. No es mi único caso, sino que generalmente pasa demasiadas veces
en esta casa.
Decía que no solo nos parece voluntariosa, poco concreta y confusa, sino que inicia un choque político. Escuchando la intervención de la ponente, nos parece que se aprovecha esta iniciativa para decir: tú no lo haces porque ahora
gobiernas, antes lo queríamos hacer. Estamos ante un debate que por desgracia se reitera en esta casa, lo que deja en segundo término el objetivo de esta proposición no de ley, que va encaminada a instalar un circuito permanente de velocidad y
ensayos en el municipio de Verín. A uno le sorprende que el Partido Popular no acepte la enmienda socialista.
A uno, que no es gallego y que no forma parte de ningún partido gallego, le sorprende que la enmienda, que enriquece y mejora la
propuesta del Partido Popular, sea rechazada. ¿Por qué nos sorprende? Porque habla de planificar, y cuando uno planifica estudia e implanta lo que hace falta, cuando hace falta y donde hace falta.
Yo decía antes que nos parecía voluntariosa. Sin duda, para mí es una proposición no de ley con muy buena voluntad y con una base social. Se trata de dar a una zona, aquel instrumento socioeconómico para su desarrollo, por lo tanto, es de
aplaudir esta iniciativa. Nos parece poco concreta, es cierto, No habla de financiación, ni de otros aspectos que podrían decantar el convencimiento. Yo decía que era confusa. Leyendo la exposición de motivos, hay un párrafo que dice: Por otra
parte, en el primer año de actuación estarían previstos eventos deportivos tanto de motociclismo como de automovilismo. Uno no entiende qué significa la expresión: el primer año. ¿Sólo el primer año?, ¿a posteriori?. Nos parece que no está muy
definida. Nos sorprende que haya poca definición.
¿Por qué nos gustaba la enmienda socialista que se podía haber aceptado? Porque hablaba de planificar y de estudiar. Creo que el Estado español en muchas cosas, pero también en este sector empresarial y social, tiene que saber adónde va.
Usted dice: Esto no se hace en contra de nadie. Seguro.
Esto no se hace para perjudicar a nadie. Seguro. ¿Pero somos conscientes de que ya existe un circuito de velocidad en Cataluña, el circuito de Montmeló?. ¿Somos conscientes de que hay
otro circuito de velocidad en Cheste y Jerez?. ¿Somos conscientes de que está hablando de La Bañeza?.
¿Somos conscientes de que estamos hablando de I+D, que parece ser es lo que se quiere hacer aquí, el desarrollo, el estudio, etcétera? Se dice:
En cuanto a las actividades a realizar, el circuito permanente de velocidad y ensayos va a especializarse y diferenciarse en los sectores del vehículo industrial, comercial, autocares y otro tipo de maquinaria.
Esto dice, esto sería en el área de
I+D. Pues bien, señora portavoz, en Cataluña hay un centro del más alto nivel reconocido mundialmente que se llama Idiada, que está en la comarca del Baix Penedès, de la que yo soy oriundo. Yo no sé si Verín lo complementaría o entraría en colisión
con éste o con
otros proyectos que en el Estado existen. ¿No valdría la pena planificar, estudiar, saber si Idiada se complementa o no, si La Bañeza avanza o no, si Montmeló, Cheste y Jerez son suficientes, o si hacen falta más, si Verín se debe
especializar en esto o en lo otro? Por tanto, uno no acaba de entender por qué no se aceptan estas enmiendas. Nuestro grupo, que ya le digo que estaba por el sí solidario porque procuramos siempre dar apoyo a peticiones del territorio, aunque sean
ámbitos más allá de Cataluña siempre buscamos positivar y ayudar al territorio en su desarrollo socioeconómico, después de estudiar con profundidad la exposición de motivos, de escuchar el debate y la propuesta socialista, nos abstendremos; no
votaremos en contra por respeto solidario territorial, mantendremos el voto que tuvimos en el Senado y nos abstendremos. Al Partido Popular le pedimos el esfuerzo de que si realmente, como parece, les mueve dotar a Verín de un instrumento, que sea
un buen instrumento, que no sea un instrumento que después no funcione, que no sea un instrumento sin financiación, que no sea un instrumento con exceso de competencia en otros territorios del Estado español ya existentes. Por esto anuncio que
nuestro grupo se abstendrá.
-RELATIVA A LAS MEDIDAS DE APOYO, CON CARÁCTER URGENTE, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001653.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, tal y como hemos quedado, veremos el punto 7.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a medidas de apoyo, con carácter urgente para la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), formulada por el Grupo Popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor González Rodríguez.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Mi grupo adelanta que presentaremos una iniciativa parlamentaria con respecto al grave problema de la importancia de los presupuestos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Estas palabras fueron
pronunciadas por este diputado exactamente el 5 de abril de 2005, con motivo de una intervención parlamentaria para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a una proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista para la
función docente e investigadora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el sistema educativo. Es decir, se cumple más de un año desde que la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso de los Diputados aprobara una resolución que
instaba al Gobierno a realizar el oportuno análisis y diagnóstico, impulsar actuaciones estratégicas y formativas, adecuar y reforzar la importante función docente e investigadora que cumple la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y si es
verdad que en general han pasado muchas cosas en esta nación todos los días y prácticamente ayer y hoy tenemos de sobra, en particular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia nos encontramos con un nuevo rector, el profesor Gimeno, al
que le felicitamos y deseamos una buena y fructífera legislatura y le decimos que cuenta con nuestro apoyo y nuestra más sincera colaboración, respecto al tema que hoy nos ocupa desconocemos qué ha ocurrido con todo lo anteriormente enunciado.
Además, en concreto, de lo que solicitamos en esta proposición no de ley en su punto 1, suscribir con la Universidad Nacional de Educación a Distancia un contrato-programa con carácter urgente en las condiciones que permitan la gestión de una
universidad que, sustentada por recursos materiales, muy especialmente en las nuevas tecnologías, y recursos personales adecuados, le permita ser competitiva en el espacio europeo de educación superior, tampoco sabemos nada, siendo la situación
realmente preocupante, sobre todo para una universidad que cuenta con el 10 por ciento del alumnado español. Aquí debo hacer una aclaración y abro un paréntesis, y es que está mal expresada en la exposición de motivos al considerarla como la
segunda universidad en número de alumnos, y no es así, pues en las universidades presenciales la segunda es la Universidad de Sevilla, como ya he tenido ocasión de decir en esta Cámara en alguna otra ocasión, y en las no presenciales sin duda alguna
la primera es Universidad Nacional de Educación a Distancia, que dobla a la segunda más numerosa presencial, es decir, a la Universidad de Sevilla, siendo, como todos sabemos, la Universidad Complutense la primera de alumnos presenciales, y cierro
el paréntesis. Es decir, además de que cuenta con el 10 por ciento del alumnado español, tiene la mitad de los estudiantes discapacitados de España y otras muchas virtudes y acciones ya expuestas con anterioridad en esta Comisión y por este
diputado, por lo que me veo exento de repetirlas, pues constan en el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara.
Por otra parte, la urgencia del contrato programa no nos la hemos inventado nosotros, pues en el programa electoral del profesor Gimeno se puso de forma muy acentuada esta idea, al ser uno de los tres pilares del mismo, compartiendo
protagonismo con la adaptación del modelo de enseñanza a distancia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia al modelo universitario europeo y, en segundo lugar, con el diseño que mejore la atención a los alumnos y la calidad de la
docencia y la investigación. Para todo ello, y siguiendo escrupulosamente lo reseñado en el citado programa electoral, se mejorarían los medios en los centros asociados para atender a los alumnos, se haría un plan de acogida de alumnos para
disminuir la tasa de abandono, se crearía la oficina del defensor universitario, se mejoraría la calidad de los medios impresos, se desarrollaría la figura del tutor en apoyo real, se tomaría en consideración la opinión de los alumnos mediante
encuestas evaluando los servicios recibidos en cada una de las
asignaturas en las que se hayan matriculado y se establecería un plan de incentivos para la mejora de la docencia. En síntesis, y según las propias palabras del rector, mi reto es convertir la Universidad Nacional de Educación a Distancia
en universidad de referencia, en la salida natural hacia Europa, América Latina y el Magreb; mi compromiso, aglutinar toda la ilusión que tanta gente ha depositado en este proyecto para llevarlo adelante; mi objetivo, dar a conocer a la sociedad
toda la riqueza interior que generamos. Sin duda alguna, reto, compromiso y objetivo que el Grupo Popular comparte, pero que todo ello requiere, para un efectivo cumplimiento, un presupuesto acorde a todo ello. Ya en el paso del señor rector por
el Senado el 6 de febrero pasado, y que textualmente dijo: No he venido aquí a decirle apóyenme para que pida dinero, lo que se lo agradecemos, pero no está mal pedirlo, es lo que nosotros estamos haciendo en esta proposición no de ley para el bien
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el propio rector veía las carencias económicas como una rémora especialmente en las dificultades de los estudiantes para acceder a los ordenadores, pues de nada sirve -decía el profesor Gimeno-,
mejorar, como estamos haciendo, todas las plataformas, las aulas virtuales y los materiales en la red si nuestros estudiantes no pueden tener acceso a ello. De ahí la necesidad de un contrato-programa puente para el año 2006 que prepare un
compromiso de un contrato programa cuatrienal 2007-2010. ¿Qué sabemos de todo esto? Seguimos sin conocer respuesta por parte ministerial. Es decir, coincidimos, como no puede ser de otra manera, con el senador popular, señor Burriel, quien en la
misma comparecencia afirmó que el Grupo Popular quiere pedirle al Gobierno que muestre su sensibilidad aplicando a su dotación un incremento superior al de los últimos Presupuestos Generales del Estado, que se quedó en el mismo nivel que el del año
anterior, o sea, prórroga del presupuesto de 2005, como claramente aparece en la primera página de la web de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, situación explicada kafkianamente en la etapa del señor Ordóñez porque se estaba haciendo
un plan estratégico. Igual que dije entonces lo digo ahora: el que se esté haciendo y diseñando un plan estratégico no impide un aumento de incremento en los presupuestos de cualquier universidad del territorio nacional español. Estoy convencido
de que necesitaríamos -y si no es así y me lo puede demostrar el Grupo Socialista, desde luego agradecería enormemente mi terrible equivocación- estoy convencido de que necesitaremos otra proposición no de ley para que el Partido Socialista nos
explique después de más de 365 días cómo va este plan estratégico, si esto es rápido, la verdad es que se lo agradeceríamos y retiraría todo lo que estoy diciendo con respecto a este punto. Realidad bien diferente a lo ocurrido durante los años de
Gobierno del Partido Popular, aunque también aquí estoy absolutamente seguro de que el portavoz socialista tal vez rebatirá mis cifras, pues como aparece en la exposición de motivos, en 2001 se incremento un 16,9 por ciento, en 2002 un 14,33 por
ciento y en 2004 un 13,4 por ciento. Señorías, a nuestro grupo le preocupa, y mucho, el futuro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como así lo hemos manifestado en varias ocasiones, y especialmente en el debate de presupuestos, y
entendemos que el Gobierno, transcurridos dos años, debe arbitrar con carácter urgente las medidas necesarias contempladas en esta proposición no de ley para que el sugerente lema: Un futuro para la Universidad Nacional de Educación a Distancia
entre todos, sea una realidad en el menor plazo de tiempo posible.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda transaccional que prácticamente coincide con los términos de la proposición no de ley que el Grupo Popular en el Congreso ha instado al Gobierno. Dado que es prácticamente lo mismo, pero somos
conscientes, y quiero que conste en el 'Diario de Sesiones', somos conscientes de que se ha eliminado el carácter urgente, confiamos en que la labor del Grupo Socialista en esta Cámara y en su relación con el Gobierno, esa urgencia, que no va a
quedar escrita en esta proposición no de ley, sea real en los próximos meses para el bien de todos y sobre todo para que el futuro de la UNED sea un futuro entre todos.
El señor PRESIDENTE: Estimo de sus palabras que el Grupo Parlamentario Popular aceptará la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que supongo que defenderá también brillantemente, como S.S., el señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Espero estar a la altura de la presunción iuris tantum que acaba de hacer.
Señoras y señores diputados, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es una institución universitaria dentro de la comunidad universitaria de nuestro país de primera magnitud, y seguramente todos los que estamos aquí lo
conocemos pero también somos conscientes de que es una institución universitaria de las que menos se conocen en nuestro país; desde luego la extensión cultural, la extensión formativa, el desarrollo científico, tecnológico que desarrolla y todos
los datos que suscriben esta actividad lo demuestran. Yo quiero empezar señalando esta cuestión, así como felicitar al nuevo equipo rectoral, al rector Gimeno, deseándole los mayores éxitos en la gestión y la dirección de esta universidad. Desde
luego, el Partido Socialista Obrero Español y el Grupo Socialista se van a comprometer para que se solucionen los problemas que tiene la universidad, y uno de ellos nos ocupa con esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Popular.
Como les decía, la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad de una relevancia muy grande en nuestro país, nada más hay que señalar, aunque ustedes lo conocen, que es una universidad
con 180.000 alumnos, casi más de la mitad, de los existentes en la mayor universidad presidencial de nuestro país, 4.500 alumnos de doctorado, 25.000 alumnos de postgrado y 60 centros asociados. Es la universidad con mayor desarrollo de
instrumentos telemáticos, con centros en el extranjero, que es un elemento fundamental para la integración de los inmigrantes y de sus hijos; una universidad que, como ha señalado el portavoz del Grupo Popular, el señor González, es la que mayor
oferta universitaria da para los discapacitados de nuestro país; una universidad que ofrece recursos universitarios para las personas recluidas en centros penitenciarios; una universidad que sirve para que muchas personas adultas que desarrollan
una actividad formativa puedan compaginarlo con su trabajo. En definitiva, la Universidad Nacional de Educación a Distancia es la universidad más social de las universidades públicas de nuestro país, y por tanto, como la posición del Grupo
Socialista en materia universitaria es el compromiso con la universidad pública de calidad, y estamos hablando de una universidad pública de calidad, nuestro compromiso tiene que ser con esta universidad, con ese proyecto investigador, docente y de
desarrollo cultural. Y esto se debe expresar en hechos. Los socialistas, como ustedes saben, cuando llegamos al Gobierno en 2004 lo primero que tuvimos que hacer fue habilitar un presupuesto extraordinario de 14 millones de euros para hacer frente
a un presupuesto anterior, del Gobierno anterior, que estaba establecido, pero no librados esos fondos, y por tanto ahí ya hubo un primer compromiso.
En cuanto a financiación, en 2005, además de establecer los presupuestos, se incorporó una subvención de 6.700.000 euros, más 240.000 euros para los centros penitenciarios, por tanto mejorando los presupuestos de la universidad. En 2006,
además de los casi 59 millones de euros que se corresponden con los presupuestos de la UNED, se incorporaron esos 240.000 euros para los centros penitenciarios, 80.000 más para el proceso de actuación del espacio europeo de enseñanza superior,
10.500.000 euros extraordinarios para gasto de personal, y además ya les puedo adelantar que está cerrada una nueva subvención de 15 millones de euros más para solucionar situaciones extraordinarias de esta universidad que se van a consolidar en
2007. Por tanto, estamos en este momento afrontando los problemas financieros que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. ¿Pero cuál es la situación en este momento? En este momento la UNED necesita, en primer lugar,
solventar la deuda histórica, una cuestión que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene desde hace bastantes años. No voy a hacer recriminaciones a nadie, pero desde luego la deuda histórica, que ha sido una situación que han
afrontado muchas universidades públicas españolas y que se han resuelto, en la UNED no se había resuelto en estos años, ni por unos ni por otros, y este tiene que ser el momento de afrontar esa deuda histórica.
En este momento la UNED y la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda están evaluando la deuda histórica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia con la finalidad de darle una solución definitiva, y
una vez que se le dé esa solución definitiva a la deuda histórica de la UNED, se puede entrar a firmar el contrato -programa, contrato -programa que la universidad está estableciendo de acuerdo con el plan estratégico que ha diseñado el nuevo equipo
rectoral y que, como señalaba el portavoz del Grupo Popular, señor González, se tiene previsto firmar para el periodo 2007-2010. Por tanto, en estas condiciones podremos resolver, y aun en un plazo de tiempo relativamente breve, los problemas
económicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
También querría hacer alguna mención a que la vocación de solucionar los problemas financieros de la UNED por parte de los socialistas está puesta sobre la mesa. La Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad que tiene
centros asociados, lo decía antes, 60 centros asociados en todo el país, en todas las comunidades autónomas, y me he tomado la molestia de ver cómo contribuimos todos en esos centros asociados. Da la casualidad de que la Comunidad Valenciana y la
Comunidad de Castilla y León no tienen firmado convenio de colaboración de financiación con la UNED. Da la casualidad que de las comunidades autónomas que tienen firmados convenios de financiación, de ayuda para los centros asociados de la UNED,
Madrid y Baleares son las que menos contribuyen, Baleares contribuye con el 2,93 por ciento del presupuesto de ese centro y Madrid con el 4,24 por ciento. Tengan en cuenta que en el caso de Madrid, además de tener ese centro asociado, tiene 18
extensiones de la UNED en toda la comunidad, y casi 35.000 alumnos matriculados. De manera que si se hace un reparto de lo que la comunidad autónoma contribuye por alumnos, resulta que nos da 9 euros, la financiación que da la Comunidad Autónoma de
Madrid al centro asociado de la UNED es de 9 euros.
Finalmente, y también esto es importante, contribuir a que la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, pueda desarrollar su actividad se hace también prestigiando el mapa universitario en nuestras comunidades autónomas, y da
la casualidad que recientemente hemos tenido la oportunidad de ver cómo en la Comunidad Autónoma de Madrid se aprueba una nueva universidad a distancia. Les recuerdo que todos los informes técnicos del Consejo de Coordinación Universitaria de la
propia Comunidad Autónoma de Madrid y el Consejo de Universidades, de carácter nacional, estaban en contra de la aprobación de esta universidad de carácter privado. De manera que compartimos la preocupación del Grupo Popular por la resolución de
este problema de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED. Como he señalado en los datos que he puesto sobre la mesa antes, se están dando pasos y se van a seguir dando próximamente para solucionar estos problemas financieros,
y por eso hemos presentado esta enmienda en la misma línea que el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: No pueden negar SS.SS., tanto el señor González como el señor Aranda, que uno es de Sevilla y el otro es de Madrid, por las intervenciones que han hecho con carácter territorial, a pesar de que hablemos de la UNED, lo
cual es muy interesante, por otra parte.
-SOBRE LOS INVESTIGADORES DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001675.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la 8; sobre los investigadores del programa Ramón y Cajal. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Voy a empezar por recordar las razones de esta proposición no de ley y luego lo que se propone en ella. Este fue un programa, el programa Ramón y Cajal, creado en 2001, loable, ¿según declaraciones de quién?, del
anterior secretario de Estado de un Gobierno del PSOE en este Congreso. Así calificó este programa creado en 2001 por el Gobierno del Partido Popular. Este programa era fundamental para la carrera científica en España, dotando de estabilidad -y
subrayo la palabra estabilidad- a los investigadores que hubieran acreditado un nivel de excelencia -y subrayo la palabra excelencia-; por ejemplo, se eligió a 800, en cifras redondas, entre 2.800, tanto dentro y fuera de España, y consolidando -y
sigo en la acentuación de mis palabras destacando lo que quiero destacar más- de esta manera la carrera del investigador -de nuevo subrayo carrera del investigador- en nuestro país como pieza fundamental del sistema de ciencia y tecnología -de nuevo
subrayado-. No voy a leer el resto, sólo destacaré que había otros programas para dar continuidad, como el I3, que es financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y las comunidades autónomas, y que, a punto de concluir el primer periodo de
convocatoria de este programa y atendiendo al espíritu de la incorporación estable -y subrayo de nuevo incorporación estable- el sistema de ciencia y tecnología debe responder a este objetivo. Por estas razones, por estas causas, la propuesta es
que, uno, los investigadores del Ramón y Cajal que hayan obtenido además, además, las evaluaciones periódicas del propio programa y la evaluación positiva de la ANEP -y subrayo la evaluación positiva de la ANEP, porque, ¿qué pasa?, ¿no vamos a
darle importancia a esta evaluación de un órgano creado por el Estado?-, que puedan continuar con carácter estable -y vuelvo a subrayar con carácter estable- sus tareas de investigación y sus proyectos.
Esto es lo que hemos presentado y frente a esto, con toda sinceridad, nos hemos encontrado alguna frase que, dicho en el tono de esta Comisión, no nos ha entusiasmado. No nos ha entusiasmado que el secretario de Estado actual diga que se
tienen que ir algunas de estas personas, ¡pues qué pena! A nosotros no nos ha entusiasmado. Los e-mails de los Ramón y Cajal no es que no nos hayan entusiasmado, es que son tremendamente duros contra ese ¡qué pena! La verdad es que ¡qué pena que un
secretario de Estado diga esa frase de manera despectiva y de esa forma sobre alguien que tiene esa valía como son las personas que han trabajado en el Ramón y Cajal! Pero es que precisamente en este campo se hacen algunas comparaciones, alguna ha
aparecido en la prensa, sobre los ránquines de los investigadores. Uno de ellos nos escribe diciendo que él, que es un Ramón y Cajal, tiene por ejemplo ocho artículos en revistas de impacto -ya sabéis que las revistas tienen un impacto de
valoración, él tiene ocho-, dice que la ministra y catedrática Cabrera, dos, y el catedrático Quintanilla, que dirige la política científica de este país, uno. O sea, el que dice que qué pena que se vayan tiene uno y los que se van a ir tienen
ocho, ¡pues qué pena que haya dicho esa frase en todo caso! Se dice que no hay cauces para resolver este problema. Sin duda los hay, entre ellos hay una figura que existe en el Estatuto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está
en el artículo 48.e), que es la de científico contratado, que no se ha puesto en marcha y es una de las formas de ayudar y de asegurar esta carrera científica. La puesta en marcha del artículo 48.e) con todos los requisitos que se requiere para la
utilización del 48.e) de los méritos anteriores que hay que tener para poder ser un científico contratado, con todos ellos, que cumplen los ramones y cajales normalmente, sería una vía de resolución de este problema. En otras comisiones yo he
puesto un gráfico que no puedo reproducir aquí porque no tengo un Power point me parecía excesivo. He utilizado simplemente este en que se correlaciona en un eje el PIB per cápita y en otro eje el gasto en I+D en relación al PIB. Como es lógico,
hemos seguido trabajando mucho en este tema, porque esto pertenece a una investigación en que hemos avanzado bastante desde que hicimos este gráfico. Hemos encontrado una correlación incluso mejor entre capital humano y crecimiento del PIB, es más
complicada, hay que hacer el capital humano de varios años, no es anual, y hemos encontrado también una buena correlación entre personas que tienen buena formación, tipo ramones y cajales, y capital humano y, a su vez, crecimiento del PIB: Es un
pequeño modelo más complicado, que hay que darle lo que se llama, y perdón por la terminología científica, gaps anuales para que funcione, pero dados esos gaps anuales, funciona, y repito, tendría que montar todo un sistema Power Point para
enseñarlo, que les ahorro a sus señorías. ¿Qué estamos haciendo?, pues una maravillosa marcha atrás, porque estamos despojándonos de un capital humano que ya tenemos, capital humano que nos ayudaría de
manera importante a ese I+D, I+D que sería una de las bases de un mejor crecimiento del PIB español. ¿Quién insistió más en que el incremento del I+D era una de las bases de un crecimiento cualitativo mejor del PIB español? ¿Le suena el
nombre de Rodríguez Zapatero? Pues cojan ustedes, por ejemplo, lo que quieran, la prensa, los 'Diarios de Sesiones' de todo el final de la legislatura anterior y verán reproducidísima esa frase.
¿No hay alguna diferencia entre el lenguaje de las
palabras y el lenguaje de los hechos? ¿Decir eso y ahora decir que los Ramón y Cajal no van a seguir? ¿No la hay? En mi humilde opinión, la hay y clara, pero en fin, qué le vamos a hacer. También es cierto que con el presupuesto que tienen
ustedes cada vez podrán mantener menos a los ramones y cajales, o figuras parecidas. Si el primer año lo prometido y la realidad se alejó en 14 puntos en los capítulos 1 a 7 al presupuesto, en el segundo año, como ya hemos comentado alguna vez, se
ha alejado en 18 puntos la diferencia entre lo prometido y la realidad, y si lo extrapolamos, a lo mejor el último año de legislatura están ustedes a 50 puntos nada menos. Todo es mohína cuando no hay harina, es decir, si los presupuestos van así,
pues no habrá dinero ni para los ramones y cajales ni para otras fórmulas, porque si hubiera dinero se tendrían las fórmulas de encajar precisamente la estabilidad de esta carrera investigadora. Estoy en profundo desacuerdo, y se lo digo con todo
respeto, en lo que dijo, y está en el 'Diario de Sesiones', la ministra del ramo cuando dijo que no importan las cifras de cada uno, que lo que importa es lo que hizo cada uno. No, esto no es cierto. Cuando en el año 1982, en una de las elecciones
más famosas de este país, el PSOE prometió 800.000 puestos de trabajo y no los cumplió, el problema no era si había cumplido o no en más puestos de trabajo que la UCD antes, no, ese no era el problema, el problema era el incumplimiento. Tierno
Galván lo dijo muy claramente, los programas están para no ser cumplidos, y como tal, el problema del de crear los 800.000 puestos de trabajo es que no se cumplía. En este momento históricamente habrá muchas personas que consideren que en su
totalidad el periodo de 1977 a 1982 fue mejor que el de 1982-1986, pero no entro en eso, entro en que lo importante es que no se cumplió lo prometido, y aquí lo importante es que no se cumple lo prometido, aparte de comparar con el periodo anterior.
Yo acabaría diciendo que lo que sería un auténtico escándalo es que los Ramón y Cajal se fueran a la calle, y cito a mi compañero, señor Nasarre, diciendo que eso no se puede hacer así, no se puede hacer así desde ningún punto de vista,
sería un escándalo y esto es lo que no nos podemos permitir. La última vía que se nos abre es la vía de la docencia. Bueno, vamos a ver, yo pertenezco a la universidad, me he dedicado mucho a la investigación en mi vida y me he dedicado muchos
años a la docencia, y no es lo mismo, con el máximo respeto a ambas funciones, es decir, ahora nos pasamos para ver si les metemos por ciertas labores docentes. No, perdone, no es lo mismo, porque además va a plantear problemas a los docentes que
estén en la universidad, no vayamos por caminos, no quiero llamarlos torcidos, pero no los adecuados. Estas personas tienen que dedicarse a la investigación, que no es lo mismo, y yo he hecho ambas cosas -no quiero ahora mencionar premios a la
investigación-, investigación y docencia. No es por ahí el resumen.
Mire, permítanme acabar esta defensa de los Ramón y Cajal, esta defensa importante porque creo profundamente en ello, porque creo en el I+D, porque creo en los investigadores y creo en la estabilidad de su función, permítanme decirles que
los Ramón y Cajal, sin arrogancia, tienen inteligencia, y la tienen probada y la han demostrado y aplicado y han superado un montón de pruebas en que han demostrado que aplicaban bien su inteligencia. Pues bien, sin arrogancia, los Ramón y Cajal
podrían decir lo que dijo Tolstoi, que debería vencer porque mi fuerza es un destello emanado de Dios, la inteligencia.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley. Para la defensa de la misma y fijar la posición tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Efectivamente nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución, no porque esté en desacuerdo con la proposición no de ley del Partido Popular, sino porque es una proposición imposible.
Nosotros, señor Gámir, señores del Partido Popular, estamos tan preocupados o estamos tan convencidos como ustedes con el programa Ramón y Cajal, lo que ocurre es que hay dos formas de enfrentar el problema, hay dos formas de enfocar la
cuestión: de una forma demagógica, que es la que ustedes están utilizando hoy, y perdonen que les diga esta expresión en una Comisión en la que evidentemente imperan las buenas maneras, pero es que ustedes están haciendo trampas, están haciendo
trampas con esta proposición. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano, porque el programa Ramón y Cajal, que no solamente delante de un secretario de Estado, sino todos los que estamos aquí podemos decir que es un buen programa, no es un
programa, como usted ha dicho y como seguramente se insinuó respecto de la primera promoción de los Ramón y Cajal, que asegurara la estabilidad a nadie, es que eso no es cierto. Pero decimos que hay dos formas de enfocar la cuestión; esta forma,
que intenta aprovechar un problema que hay para -y ahora diré los números de investigadores de los Ramón y Cajal- desgastar al Gobierno socialista, y hay otra fórmula, que es la de entre todos buscar la solución, porque ustedes cuando gobernaban
fueron quienes pusieron en marcha este programa, y nosotros hemos puesto en marcha un programa que se llama I3 para paliar las carencias que tenía el programa Ramón y Cajal, como voy a decir a continuación.
El programa Ramón y Cajal, como digo, es una buena oportunidad, fue una buena oportunidad para incrementar en cantidad y en calidad el sistema de ciencia y tecnología; lo decía mi compañera Montserrat Palma antes, cerca de 2.500
investigadores desde el año 2001, y es una oportunidad, y así se ha visto por quienes están ocupando estas plazas, de liderar incluso proyectos con contratos de cinco años; no vamos a engañar a la gente, los programas Ramón y Cajal son contratos
por cinco años, no son contratos permanentes. Le concedo también que los Ramón y Cajal estén muy bien preparados, por supuesto que sí, además le puedo dar datos: la evaluación de los Ramón y Cajal respecto de sus homólogos presentados por otras
instituciones tienen mejores resultados, luego, evidentemente, la filosofía del programa es buena, por eso la está manteniendo este Gobierno socialista. Pero, fíjese, tiene algunos problemas importantes.
El primero y fundamental, y por eso digo
que ustedes hacen trampas, es que no pueden decir que los Ramón y Cajal al terminar sus cinco años se conviertan en investigadores permanentes, por dos razones, porque inicialmente la convocatoria no habla de ello. Si cogen ustedes el Boletín
Oficial del Estado del 19 de abril de 2001 habla de que este tipo de programas creará las condiciones para la integración en el sistema español de ciencia de estos investigadores, no dice que serán profesores, que serán investigadores permanentes:
Por lo tanto, primer error.
Yo entiendo que lo hicieron sin mala fe, yo entiendo que ustedes, cuando pusieron en marcha este programa, pensaron que el sistema tendría suficiente capacidad para absorber a todos estos investigadores, que en algunos casos vinieron de más
allá de nuestras fronteras. Yo no digo que ustedes lo hicieran con mala fe, lo hicieron un poco precipitadamente, como se les comentó por parte de algunas instituciones, por ejemplo, por la Comunidad Autónoma de Madrid, que era del mismo color
político de ustedes y que se negó, renunció a entrar en el programa Ramón y Cajal. Es más, que había dificultades con este programa cuando concluyeran los investigadores su contrato es algo que usted también sabe. Yo no he traído cuadros, el
cuadro que usted ha presentado ya lo conocemos de otras veces, yo le traigo un recorte de un periódico nacional de junio de 2003: El plan estrella se apaga. El Gobierno pone punto final al programa Ramón y Cajal para recuperar cerebros. Quien
dice esto en el año 2003 es la directora de Ciencia y Tecnología, Matilde Sánchez Ayuso, y cuando le preguntan: ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que pase en el futuro -dice- se definirá dentro del nuevo plan nacional. Fin de la cita.
Es decir, ustedes tenían sus problemas ya en el año 2003 porque estaban viendo que las salidas de los Ramón y Cajal tenían dificultades. ¿Qué hace el Gobierno socialista? Evidentemente, como le he dicho, reconoce que es un buen programa
pero intenta paliar los efectos negativos de la no permanencia en el sistema español de ciencia y tecnología, y por eso crea el programa I3 en mayo del año 2005, un programa para promover la contratación del personal investigador cuando hayan sido
evaluados positivamente por la ANEP y cuando, evidentemente, el centro de investigación que les haya acogido les ofrezca un puesto relevante. Bien, como también conocen todos los miembros de esta Comisión, el Gobierno lo que hace es ofrecer durante
tres años el salario, el montante equivalente al salario de tres años al instituto que acoge al investigador. Es decir, es un programa que, aunque más abierto, se diseña sobre todo teniendo en cuenta la problemática de los Ramón y Cajal, y este es
el problema que tienen ustedes, que tienen un problema de memoria complicado. Umberto Eco decía que el cerebro electrónico es más perfecto que el humano porque mientras aquel puede acabar con la memoria dando a una tecla, el cerebro humano no puede
dar a la tecla. Señor Gámir, qué más quisiéramos a veces que darle a la tecla, pues no podemos hacerlo. Le voy a decir más, ¿cuál es la cuantificación de esto que usted me estaba contando? Pues le voy a decir los términos reales. En la
convocatoria del año 2001 entran en el sistema 774 investigadores. Tengo que recordar que la convocatoria estaba abierta durante un año, por lo tanto, no termina a 31 de diciembre de 2006, sino que durante una serie de meses de 2007 todavía esos
investigadores de la primera convocatoria pueden ver estabilizada su situación investigadora si acceden a los concursos, a las oposiciones, etcétera, a que ahora me referiré. De estos, están estabilizados a fecha 1 de junio el 61 por ciento, es
decir, más o menos, de los que acaban su contrato en el año 2006, de esos 774 quedan por estabilizar 295. Pues bien, los puestos estables que el programa I3 cofinancia para el año 2006 son más de 300 plazas, por lo tanto, hay alternativas reales
para la estabilización.
Este Gobierno es sensible con este problema, y evidentemente hay suficientes alternativas. ¿Cuál es el problema? Pues mire usted, señor Gámir, el problema es que en este país, mientras no se cambien las leyes, resulta que estamos sometidos
al principio de mérito y capacidad, y cuando digo mérito y capacidad no significa que esté negándosela a los Ramón y Cajal, estoy diciendo que para entrar en un sistema público, bien sea por la vía del funcionariado o bien por la vía de la
contratación laboral, hay que pasar una prueba, y esa prueba la han pasado un montón de Ramón y Cajal, porque efectivamente son gente muy preparada, pero hay otros que no la han pasado, hay un 19,8 por ciento -tengo aquí los datos- que tienen
evaluación negativa o que no han solicitado acreditación en la ANEP entre los que piden la valoración del cuarto año, y hay otros que han suspendido lo que podríamos llamar tradicionalmente unas oposiciones.
Explíquenme cuál es la fórmula, ¿qué
quieren ustedes?, ¿convertirlos automáticamente? No hay fórmula legal ahora mismo. Sobre lo que usted está diciendo del artículo 48 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de los científicos contratados, cuénteme usted cómo se
contratan. ¿Qué hace don Carlos Martínez, presidente del CSIC? ¿Señala con el dedo a quién quiere tener? No, tendrán que pasar un
concurso, por elemental que sea. Si yo soy investigador y quiero concursar, ¿por qué se me va a impedir concursar a mí? Los principios de mérito y capacidad están en la Constitución, señor Gámir, por lo tanto, lo que estamos diciendo es:
prémiese, dense todos los puntos que haga falta en estos concursos, pero es necesario pasar una prueba, bien sea a título funcionarial o bien sea a título de contratación laboral.
Hay algún otro problema en algunos departamentos universitarios, y es verdad, porque en algunas ocasiones en algunos departamentos han llegado los Ramón y Cajal y al terminar su periodo de cinco años no hay docencia, y por lo tanto el
sistema no los puede absorber, esos son los que están pendientes; pero no me digan ustedes que realmente hay una vía abierta, porque si la hubiera ustedes la hubieran explotado, evidentemente, porque ustedes eran Gobierno. La cuestión es que
deberíamos ir de la mano, señores del Grupo Popular, porque esto es un problema que afecta de una manera fundamental a la investigación de este país. El programa es bueno, el programa I3 está resolviendo los problemas, y yo creo que lo que
deberíamos hacer es, más que meter el dedo en el ojo, intentar apoyar.
Su propuesta -y termino ya, señor presidente- es una proposición imposible. ¿Qué van a hacer ustedes cuando un investigador que está contratado en el sector privado exhiba a su empresario su evaluación de la ANEP? ¿Le vamos a obligar?
¿Ustedes, que son los abanderados del liberalismo, van a explicarme a ver cuál es el mecanismo por el que un empresario tiene que contratar obligatoriamente a ese señor porque exhiba su evaluación positiva en la ANEP? Y lo mismo respecto del sector
público. Nosotros lo que decimos con la enmienda es: este es un problema integral y debemos tratarlo como tal; y no ha habido una evaluación, no ha habido todavía evaluación del programa, se ha evaluado a los investigadores pero no ha habido
evaluación del programa. Hagamos una evaluación del programa, veamos cómo están las cosas, y además con un plazo de tres meses, bien cortito se lo ponemos. Es decir, a la vuelta, en septiembre, que vengan los representantes del ministerio y nos
cuenten cómo está el programa y cuáles son los convenios que hay hechos con las comunidades autónomas, que venga el secretario general o el secretario de Estado.
Por cierto, y termino ya de verdad, señor presidente, parece mentira que ustedes se crean todo lo que aparece en el periódico, aunque sea El País, que es el que usted ha citado: resulta que si la persona que escribe esa carta hubiera
consultado la página web de las contribuciones científicas en revistas internacionales habría encontrado que el señor secretario de Estado tiene 25 artículos en revistas catalogadas, por no hablar de la valoración de los sexenios, que tiene
recogidos nada menos que 36 años de investigación. Vamos a ver si no nos creemos, aunque venga en El País, todo lo que se escribe.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario que no ha presentado enmiendas desea fijar posición? No siendo así, ¿el Grupo Parlamentario Popular va a aceptar la enmienda? Yo sé que S.S. tiene interés, porque le conozco desde hace
tiempo, en fijar alguna posición en relación a lo que acaba de decir el señor Bedera. Señor Gámir, no es la práctica habitual, no es bueno que volvamos a reabrir el debate; aprovechando, como he hecho anteriormente con ocasión de otra intervención
en otra proposición no de ley, que voy a preguntarle si va a aceptar la enmienda, le doy la palabra por no más de dos minutos.
El señor GÁMIR CASARES: La enmienda que se presenta sobre el programa I3 se aceptaría como enmienda de adición, no como enmienda de sustitución.
En cuanto al resto, yo me he expresado duramente pero en un lenguaje de total corrección, no tengo más remedio que pedir que palabras como tramposo, etcétera, se retiren porque las tendría que aplicar al actual presidente del Gobierno en
relación con su programa de investidura y el 25 por ciento de incremento acumulativo de los presupuestos de I+D.
Decirlo ha sido un lapsus, un lapsus tremendo, pero a pesar de ese lapsus, como enmienda de adición les aceptaríamos la enmienda del I3,
y si aceptamos lo de Umberto Eco pues la tecla del programa nos llevaría también a ver lo que dijo el señor presidente del Gobierno de su 25 por ciento acumulativo de I+D en los programas al respecto, pero es que me atrae tanto como es sin duda
Umberto Eco. Y el artículo 48.e) es una de las vías de solución de este tema, no la única pero está claro que está ahí.
De forma que, en resumen, y con esas matizaciones, como enmienda de adición le aceptaríamos esa parte, no como enmienda de sustitución, y rogaríamos que todos nos mantuviéramos en el tono cordial pero sin aludir a determinados juicios de
valor en nuestras intervenciones.
El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no ha entendido en ningún momento que los calificativos que se han utilizado en el debate hayan sido argumentos y calificativos ad hominem, sino que se han hecho en relación a posturas o argumentos con
carácter general y políticos; si esta Presidencia hubiera entendido que hay una acusación formal y personal con los calificativos a los que usted ha hecho referencia, esta Presidencia les hubiese llamado la atención a los intervinientes
anteriormente, pero nunca ha entendido que los argumentos hayan sido ad hominem en relación a las palabras que S.S. ha citado. Señor Gámir, no tenga la menor duda de que el comportamiento de esta Presidencia sería en estos términos y no en otros.
Para fijar la posición del Grupo Socialista en relación a la transaccional que le solicita el Grupo Parlamentario Popular y para una pequeña aclaración en relación a los argumentos, tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Señor Gámir, usted sabe que le profeso una devoción desde el día que entré aquí, no le puedo a usted faltar, ni a usted ni a su grupo, porque además sabe usted que no es mi estilo. No he hablado de tramposos, se ha
hablado de hacer trampas, que es otra cosa completamente distinta. De todas las maneras, si a usted eso le supone un problema, yo le presento aquí mis disculpas porque un profesor de su trayectoria yo lo último que quisiera es que se sintiera
molesto.
Respecto de la transacción, nosotros le hemos ofrecido la transacción añadiendo una coletilla a la propuesta. No podemos admitir los términos en los que está porque estaríamos admitiendo algo que va en contra de lo que está ahora mismo en
la legislación, no podemos hacerlo. La propuesta era añadir estos dos puntos nuestros y añadir esa coletilla, evidentemente en los términos en los que hemos hablado no podemos llegar a un acuerdo y, por lo tanto, nosotros no vamos a poder votar la
enmienda. Se trataba de añadir: en el marco de los programas y convocatorias establecidos al efecto. Esto es lo que deberíamos poner, si ustedes no están de acuerdo pues no podríamos votarlo.
El señor PRESIDENTE: En principio, no habiendo acuerdo, lo someteremos a votación en los términos previstos. Si de aquí a las votaciones ustedes consiguen llegar a un acuerdo, la Mesa aceptaría en el momento de la votación alguna enmienda
transaccional de última hora. No podemos hacer otra cosa distinta más que favorecer.
-RELATIVA A IMPULSAR PROGRAMAS E INTEGRACIÓN DE ALUMNOS EN LA ESCUELA RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/001697.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a impulsar programas de integración de alumnos en la escuela rural, del Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Señorías, la educación es el instrumento fundamental para el progreso y avance de todos los ciudadanos, o al menos es así como lo entiende mi grupo parlamentario. El futuro de los ciudadanos depende en gran
medida de la educación que reciben, puesto que la educación incide directamente en el desarrollo integral y personal posterior de los alumnos; pero es que además consideramos desde mi grupo parlamentario que los centros educativos deben ser
impulsores y dinamizadores de la cultura, deben ser lugares donde se fomenten valores y principios fundamentales como el respeto, la igualdad, la paz, la integración, la tolerancia o la solidaridad, entre otros. Para mi grupo parlamentario el papel
fundamental de los centros educativos públicos es el de ser un lugar de encuentro, de convivencia e integración entre iguales y donde se promuevan valores y se evite la segregación.
Atendiendo a esta idea fundamental de la educación y considerando además que desde nuestra responsabilidad en el Gobierno debemos hacer todo lo posible y todo lo necesario para que esto sea una realidad para todos por igual, es por lo que en
la nueva ley educativa aprobada recientemente, la LOE, se incorpora un apartado especial referido al ámbito rural, concretamente en el artículo 82.1, donde dice que las administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la
escuela rural a fin de proporcionar los medios necesarios para atender a sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades.
En aras a esta compensación y a esta pretensión de la igualdad en la educación, además también en la ley básica del desarrollo del medio rural se proponen tres apartados en el artículo 16 en materia educativa y cultural, donde se hace un
especial hincapié en la aplicación del principio de igualdad de oportunidades a los alumnos en el medio rural apoyando el reforzamiento del profesorado como un colectivo central del sistema educativo en el medio rural y la mejora y ampliación del
equipamiento en los centros públicos y educativos en el ámbito rural.
¿Con qué propósito se pretende esto? Pues con el propósito de corregir las desigualdades ante el sistema educativo en que se encuentran determinados alumnos por las razones de
su ubicación geográfica principalmente. El fin primordial es favorecer el desarrollo personal y social de estos alumnos del medio rural ofreciendo alternativas a las dificultades que se derivan por el hecho de pertenecer a un medio geográfico
desfavorecido. Pero es que además se pretende con esto mejorar el proceso de socialización y de evolución personal de todos los alumnos del ámbito rural, y al mismo tiempo el apoyo hacia un aprendizaje desarrollando programas complementarios que se
lleven a cabo en sus centros y siempre en estrecha colaboración y respetando la autonomía de cada uno de los centros.
No se pretende con esta proposición no de ley atender únicamente el ámbito curricular, sino al gran valor educativo del que vengo hablando a lo largo de toda mi intervención. Por tanto, nos gustaría incidir directamente en la formación de
los alumnos, aportando la posibilidad de convivir con chicos y chicas de su misma edad, de poder compartir sentimientos, intercambiar experiencias, de respetar opiniones, de poder tomar decisiones, que a veces en algunas escuelas rurales no es muy
posible. Además, al proceder de localidades pequeñas, con modos de vida y tradiciones diferentes, podemos favorecer y potenciar el respeto hacia los demás y hacia sus hábitos y costumbres como un pilar básico de la convivencia y el respeto por la
diversidad social y cultural de todos y cada uno de los escolares. Este concepto de escuela se hace mucho más necesario en el ámbito rural ya que, por un lado, permite permanecer a los alumnos durante más tiempo en su medio familiar y social, y por
otro lado, y dada la estrecha relación que existe entre la
escuela rural y el entorno y los padres, los profesores y los alumnos, nos va a permitir potenciarla como un único foco cultural que tienen muchos municipios, donde la escuela ejerce esa labor social y cultural y donde la escuela da vida a
muchos pueblos de nuestro territorio.
Los programas educativos consideramos que han de contar con el apoyo de todos los sectores de la comunidad educativa y deben tener en cuenta características y limitaciones connaturales que sí que tiene la escuela rural. Por eso esta
dinamización es importante y necesaria en las zonas rurales, donde la vida del centro es, y consideramos que debe ser, el elemento de avance de los pueblos. Es importante abrir los centros educativos al entorno, fomentar y apoyar la realización de
actividades que amplíen la educación en todos los aspectos y para todos los ciudadanos de esos pueblos. Por eso considera mi grupo que la enmienda presentada por el Partido Popular es una enmienda de adición, pues no entiende ni el sentido ni el
significado de esta proposición no de ley, porque además consideramos que con la incorporación de esta enmienda se invaden competencias de las comunidades autónomas porque se centra en aspectos curriculares, como puede ser el aprendizaje de los
idiomas o el desarrollo de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación).
En la nueva ley orgánica educativa que ahora se está tramitando y desarrollando, está pendiente de tramitación, con sus posteriores desarrollos, cómo se van a
trabajar estos aspectos curriculares dentro de la misma. Se está trabajando además, como no puede ser de otra manera, en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas, ya que son suyas las competencias en los aspectos curriculares.
La filosofía, además, de esta proposición no de ley es la de impulsar y convivir en el medio rural, que sea un motor del desarrollo de los pueblos y de potenciación de la cultura en todo lo que es el ámbito rural. Por eso en principio mi grupo no
acepta la enmienda de adición del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Sean nuestras primeras palabras de admiración, para que conste en el 'Diario de Sesiones', hacia el maestro rural, hacia los maestros. Indudablemente en todas las comunidades españolas, entonces regiones, y
fundamentalmente en mi región, Castilla y León, fueron los autores del inicio de la cultura, del inicio de la alfabetización del mundo rural. Por lo tanto, en el frontispicio de cualquier intervención respecto de la educación en el mundo rural,
quede nuestra admiración hacia los maestros rurales.
Dicho esto, toda la proposición no de ley hace un canto del mundo rural, hace un canto de la necesidad del desarrollo rural e indudablemente de que debe ser la escuela la impulsora de la cultura, que deben aprender los alumnos en ella el
respeto de los demás, etcétera, pero es que esto ya se da en las escuelas rurales. Es decir, primero, sabe S.S. que en las escuelas rurales están los chicos y chicas de primero y segundo de la ESO; en tercero y cuarto pasan, salvo excepciones, a
los institutos porque es conveniente, y nosotros apoyamos, y así lo hicimos en la anterior legislación y en la anterior legislatura, que a partir de tercero y cuarto vayan a los institutos y tengan contacto con los chicos y chicas de los pueblos de
alrededor, porque si no su mentalidad quedaría demasiado reducida, y sobre todo en los pueblos pequeños, que son los que yo conozco más a fondo en Castilla y León. Todas estas cosas efectivamente son así, y le voy a dar un dato que yo creo que se
debería haber recogido: por ejemplo, la violencia en los institutos, es decir, no ya en las escuelas rurales, sino en los institutos del mundo rural es mucho menor, no solamente entre estudiantes sino además respecto de los profesores, que en el
mundo urbano. Es decir, el grave problema que tenemos en España, aunque no todavía tan fuerte como en Francia o en otros países de la Unión Europea, que es la violencia, sin embargo, en el mundo rural y en los institutos rurales no existe, o existe
en mucha menor medida. Por lo tanto, el respeto a los demás y el impulso de la cultura y la socialización se da en estos momentos en el mundo rural y son más respetuosos esos chicos con los profesores en los institutos rurales que en los institutos
urbanos.
Nosotros estamos de acuerdo con la exposición de motivos, estamos de acuerdo en el 80 o en el 90 por ciento. Ahora, no en las conclusiones.
Estamos de acuerdo con el 80 o el 90 por ciento de la exposición de motivos respecto del mundo
rural y de las escuelas o los institutos rurales. Lo que realmente no creemos es que haya que diferenciar en el respeto a los demás, en impulsar la cultura, etcétera, en este mundo rural respecto del mundo urbano; esto se está haciendo, y con gran
mérito, por parte de los profesores. Además, los institutos recogen ya un número de alumnos de las diferentes localidades, y son institutos a lo mejor con 400 alumnos.
Nosotros tenemos una enmienda en la cual concretamos algo más, porque ustedes hacen una petición de lo más generalista: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, programas
escolares destinados al ámbito rural para fomentar la consolidación de valores y procurar la integración de todos los alumnos dentro de su entorno sociocultural más inmediato.
Nosotros también pedimos esto para las urbanas. Donde hay un problema
en el mundo rural es fundamentalmente en el tema de idiomas y en el de informática. En los propios institutos de tipo rural hay un problema de profesores de idiomas en estos momentos, aunque, por ejemplo, en Castilla y León se ha hecho un programa
importantísimo respecto del tema informático; también en la Comunidad de Madrid y, por lo que tengo entendido, en la Comunidad de Cataluña y en la Comunidad de Valenciana.
Pero en otras zonas, y no porque sean gobiernos populares
o gobiernos socialistas, todavía hay unas deficiencias grandes en el tema informático. Esos son los dos temas que nosotros consideramos que hay que fomentar en el mundo de las escuelas rurales. Me dice S.S. que no lo pueden aceptar como
adición, porque entra en aspectos curriculares.
Nosotros decimos: en colaboración con las comunidades autónomas actuaciones preferentes orientadas al aprendizaje de idiomas y el desarrollo educativo de las tecnologías de la información. Primero,
si fueran aspectos curriculares, usted conoce, como yo, el porcentaje que tienen de total libertad las comunidades autónomas para integrarlo o no en el currículum. Nosotros decimos: en colaboración con las comunidades autónomas, lo cual es
concretar algo; me va a perdonar S.S., pero lo otro es un viva Cartagena; es algo así, y con ello termino, como la frase que dijo Madariaga cuando fue escasos meses ministro de Instrucción Pública en la República: Miren ustedes, me marcho, porque
hay 6.000 escuelas sin maestros y 6.000 maestros sin escuelas.
Hay que concretar, no consiste sólo en decir una frase bonita. Nosotros entendemos que lo concretamos y además que es una enmienda que no roza para nada ni la Ley de Educación que se ha aprobado ni criterios políticos de un grupo o de otro.
¿Qué ustedes no lo quieren aceptar como enmienda de adición? Será problema de ustedes. Nosotros conocemos a fondo el mundo educativo rural y creemos que esas son las dos grandes deficiencias, no la de convivencia. Reitero, y con ello termino,
señor presidente, que eso es mucho más fácil y que están conviviendo mucho mejor en los institutos y en las escuelas rurales que en las urbanas; por lo tanto, lo que tenemos son los temas concretos y aspectos de carencias que en estos momentos
existen en el mundo rural.
El señor PRESIDENTE: Para aclarar si acepta o no la enmienda, aunque habíamos entendido que no la iba a aceptar, por si desea hacer alguna apreciación breve, tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Voy a hacer una explicación muy breve, porque a lo mejor es que no ha quedado claro. Nosotros no aceptamos la enmienda porque creemos que no entiende la filosofía de esta proposición no de ley. Evidentemente,
conocemos la escuela rural, yo soy maestra de la escuela rural, provengo de Teruel, donde en el año 1983 ya se crearon los centros rurales de innovación educativa pioneros en España; es un ámbito prácticamente rural, toda la escuela de allí es
rural. Pero nosotros no podemos concretar los contenidos curriculares que se fijarán en los posteriores decretos que va a desarrollar la propia ley educativa. Lo que pretendemos es potenciar y dinamizar la cultura, la convivencia social y la
adquisición de valores y de recuperación de tradiciones del ámbito rural a través de la escuela, que es una posibilidad de dinamización que tenemos, un motor de empuje. No aceptamos su enmienda de adición porque hace referencia a aspectos de
contenidos curriculares que se verán en los posteriores desarrollos de la LOE; además creemos que estamos invadiendo competencias de las comunidades autónomas, que las tienen en esos ámbitos curriculares.
La filosofía de esta proposición no de ley es dinamizar a través de las escuelas rurales, que ya sabemos que lo están ejerciendo y de una manera sobresaliente, como el motor de vida y empuje de los pueblos y de los municipios rurales, que es
el único lugar de encuentro y de convivencia social y cultural que tienen.
El señor PRESIDENTE: Tengo que dar la palabra al señor Guerra Zunzunegui, también muy brevemente.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En el tema de aspectos curriculares, usted sabe, como yo, que hay un porcentaje, según se tenga lengua propia o no se tenga lengua propia. Son las comunidades autónomas y nosotros lo respetamos; lo que decimos
es: de acuerdo con las comunidades autónomas, el tema fundamental, actuaciones preferentes. Le voy a dar un ejemplo. En Madrid hay en estos momentos, no institutos rurales, institutos urbanos, 18, que son bilingües, lo cual es un paso
importantísimo, que ojalá que en Teruel y en Palencia lo podamos dar. Usted me ha dicho que no podía por aspectos curriculares. Me dice que lo otro se está haciendo ya y yo le reitero que hay menor violencia y que hay mayor socialización, que los
chicos y chicas conviven en los institutos rurales. Me va a perdonar que se lo diga de nuevo, pero yo creo que es un viva Cartagena; no concretamos nada. ¿Que queremos que se haga así?. Lo hacemos.
Quiero terminar como empecé: mi respeto y mi admiración a los maestros rurales, y, si usted es maestra rural, mi admiración hacia usted, pero creo que esto es un viva Cartagena.
-SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO Y CONTRA LA HOMOFOBIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001723.)
El señor PRESIDENTE: Nos quedan las proposiciones no de ley números 10, 11, y la que habíamos dejado para el final, que era la número 6, de Izquierda Unida. Pasamos al punto 10 del orden del día, proposición no de ley sobre el
establecimiento de medidas para el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo y contra la homofobia, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Para su defensa tiene la palabra el señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Señor presidente, disculpe lo ajustado de mi presencia en esta Comisión, pero
vengo de otra Comisión en la que teníamos que intervenir.
La proposición no de ley que vamos a debatir se enmarca dentro del acuerdo general que significa todos los valores que han sido plasmados en la nueva Ley Orgánica de Educación. Tenemos un marco referencial, que es la LOE, y tenemos dentro
de ella una serie de elementos que nos han llevado a pensar que es conveniente incidir sobre el establecimiento de medidas para el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual. Así aparece en el propio texto de la ley, aparece recogido con toda
claridad en una disposición final y aparece también recogido en los objetivos y en los contenidos curriculares de la educación secundaria obligatoria, educación primaria y educación postobligatoria. Se va a cumplir ahora un año desde que el
Congreso de los Diputados aprobara la Ley 13/2005, de 1 de julio, que extiende el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo.
Sin duda este hecho representó y ha representado un paso muy importante por la igualdad y contra la
discriminación basada en la orientación sexual. Se trataba de un compromiso electoral del Partido Socialista, cumplido, un compromiso electoral que se enmarca en el camino de la ampliación de los derechos de ciudadanía.
Contra todos los pronósticos catastrofistas, las familias españolas a día de hoy, estamos seguros, siguen gozando de la misma salud que hasta ahora tenían, pero además los ciudadanos cuentan con un derecho más, derecho que les iguala al
resto de sus semejantes. Aunque los movimientos a favor de los derechos de los homosexuales han logrado procesos en cuanto a la aceptación pública de los mismos, tanto masculinos como femeninos, creemos que aún subsiste un prejuicio entre la
población, un prejuicio que va en contra de este colectivo y que está limitado en su mayor parte a formas nuevas, a formas ya antiguas también, como son discriminaciones sutiles, comentarios insultantes, que pueden generar situaciones altamente
conflictivas en el entorno de la convivencia escolar.
Los problemas a los que se han de enfrentar las personas homosexuales jóvenes, hombres y mujeres pero especialmente jóvenes, son graves. Los estudios realizados en numerosos países confirman que las imágenes negativas, el rechazo de la
familia o la hostilidad de los propios compañeros en el centro escolar pueden conducir a situaciones de aislamiento, falta de información y apoyo, factores que al combinarse pueden engendrar presiones muy fuertes. Por añadidura, la violencia, y en
algún caso aislado la brutalidad, la crueldad, son experiencias que se han registrado en el ámbito escolar dentro de lo que ahora está tan de moda llamar acoso escolar o bullying. La consecuencia de este tipo de actitudes y de comportamientos que
genera una situación problemática ha producido entre un elevado número de jóvenes gays y lesbianas, lamentablemente, la tentación de recurrir a la violencia contra sí mismos -incluso llegando a tentativas de suicidio-, o un consumo excesivo de
alcohol y de droga u otros comportamientos de alto riesgo. Los estudios que se han llevado a cabo en varios países demuestran que los riesgos de tentativa de suicidios entre jóvenes gays y lesbianas son de dos a tres veces más altos que los de sus
homólogos heterosexuales. No voy a dar datos, simplemente me remitiré al informe del Consejo de Europa en la Comisión de temas y derechos humanos de 6 de junio de 2000.
El Grupo Parlamentario Socialista con esta proposición no de ley no pretende en absoluto hacer ninguna apología de la homosexualidad, y menos en la escuela, sino contribuir a la aceptación entre los jóvenes de una realidad evidente, la
existencia de diferentes orientaciones sexuales, todas igualmente respetables. Los estudios realizados por Cogan, que es una coordinadora estatal de gays y lesbianas, española, han puesto en evidencia recientemente, en un estudio del primer
semestre de este año, que la homofobia y la discriminación por orientación sexual continúan estando presentes entre los jóvenes españoles. Entre el alumnado hay personas homosexuales y el sistema tiene la obligación de dar una respuesta educativa;
no solamente el sistema, sino nuestra responsabilidad política nos induce a hacer frente al problema y no mirar hacia otro lado. Hasta ahora, salvo excepciones como la ocurrida en el Principado de Asturias, lo que hemos encontrado es un gran vacío
y la pervivencia de viejos prejuicios sobre todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. Un sistema educativo como el que se configura en nuestra Ley Orgánica de Educación debe asegurar el desarrollo integral de los alumnos, la educación en el
respecto a la diversidad afectivo-sexual que se encuentra en la sociedad. Es necesario educar en el respeto a la pluralidad de las opciones de sexualidad. Y este respeto significa dar un paso más, de la tolerancia a la consideración como iguales,
con los mismos derechos y la misma libertad para expresar los sentimientos.
Tenemos que ver la manera de crear en la escuela un clima que favorezca el efectivo respeto de la diversidad afectivo-sexual y la aceptación de las diferencias,
principalmente para superar los comportamientos sexistas, esos que no deben tener cabida en nuestros centros educativos.
Esta proposición no de ley supone abundar y ahondar en la concepción de una educación en valores, el valor de la convivencia en
paz de todas las opciones de la diversidad de los seres humanos, también de la diversidad afectivo-sexual. Los centros y las familias deben jugar un papel integrador y positivo en la lucha contra este motivo de discriminación real.
Señorías, ¿son conscientes de lo que significa para el desarrollo de la personalidad de estos jóvenes el hecho de vivir y sentir la discriminación permanente en el núcleo de sus compañeros? Son chicos y chicas que en muchas ocasiones
optarán por callar, por esconder sus sentimientos, e incluso tenderán a fingir atracción por personas del sexo opuesto como vía de aceptación del grupo de compañeros. Para el alumnado con orientación afectivo-sexual hacia personas del mismo sexo,
la censura sobre su homosexualidad supone estar discriminado
respecto a sus semejantes. Se lo voy a recordar: en la mayoría de los casos son fuente de graves problemas generados por una baja autoestima, fomentará sentimientos de culpa que le llevarán a no considerarse seres normales y vivirán sus
propios impulsos de manera negativa, llegando incluso a valorar su propia sexualidad como un vicio, una tara propia de una conducta antinatural. La ausencia de referentes, la falta de información y la deformación continua acerca de su forma de ser
y sentir, los mensajes de odio, los chistes, el rechazo y la crueldad que suelen percibir como señales externas del entorno, son fuente de situaciones traumáticas que se superan con dificultad. Los chicos y las chicas que viven estas situaciones de
grave discriminación, por el motivo que fuese, suelen ser presas fáciles de depresiones y de conductas autodestructivas.
Hoy somos sensibles a los problemas de acoso en los centros escolares, igualmente tendríamos que serlo y preguntarnos obligatoriamente en cuántos casos de bullying, en cuántos casos de acoso, no habrá existido un ingrediente de aversión
alimentado por actitudes homofóbicas. Tampoco estamos planteando nada nuevo; la LOE y su desarrollo curricular, en concreto en el apartado de la educación para la ciudadanía, ya prevé, en el avance, en el borrador que se ha hecho público en fechas
recientes, un contenido específico para combatir el racismo y el sexismo en la escuela, y se va a hacer en los cursos establecidos en la LOE en primaria, en los tres primeros años de secundaria, en cuarto de secundaria en la educación ético-cívica,
y en la postobligatoria en la asignatura de filosofía y ciudadanía. Se defiende y se contiene la democracia y el pluralismo moral también, igualdad de derechos, respeto a las opciones sexuales, igual que respetamos todas las opciones laicas o
religiosas, y por encima de ello respeto a los valores constitucionales.
Nosotros pensamos, señorías, que estamos en una ocasión de defender y de apoyar justamente una causa que puede eliminar importantes elementos de conflicto en nuestros centros educativos, que puede ayudar a desarrollar mejor la convivencia
escolar, la convivencia entre los grupos, y que evidentemente va a contribuir a que muchos jóvenes, muchos chicos y chicas puedan desarrollar su propia personalidad y su propia opción sexual sin ninguna tara, sin ningún trauma, que les condicione
para el resto de sus vidas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición, aunque no hayan presentado enmiendas? Grupo Catalán de Convergència i Unió, Grupo Popular. Tiene la palabra en primer lugar la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió se ha manifestado en múltiples ocasiones, y queremos aprovechar esta ocasión para reiterarlo una vez más, en el sentido de que nosotros estamos y estaremos radicalmente en contra de cualquier
manifestación de homofobia; rechazamos por tanto las agresiones, los insultos, la burla, la humillación y las injurias de los que los y las jóvenes puedan ser objeto o víctimas por razón de su orientación sexual. Es más, nos parece un poco tibio
el planteamiento de la iniciativa que estamos viendo, porque todas estas actuaciones de las que son víctimas se tendrían que combatir más contundentemente; esto es inadmisible y es intolerable. Nosotros creemos que estas manifestaciones, tanto si
son por razón de orientación sexual como si son por cualquier otra razón, no pueden ser objeto de recomendaciones. La propia LOE recoge mecanismos, entre otros los propuestos por Convergència i Unió, de aplicar la prevención y combatir cualquier
tipo de situaciones que se produzcan en este sentido; por lo tanto, radical condena y rechazo a la homofobia. Por otra parte, señorías, en la exposición de motivos se alude a que el Gobierno impulsó una modificación del Código Civil para extender
el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Convergéncia Democrática de Catalunya tenía libertad de voto en esta materia y personalmente la persona que les habla votó a favor, a favor de que los homosexuales y las lesbianas pudieran
contraer matrimonio.
Pues bien, desde esta doble legitimidad que me da la reiterada lucha contra la homofobia y haber votado personalmente a favor de la extensión del derecho a contraer matrimonio, les digo que no vamos a apoyar la iniciativa que estamos
debatiendo. ¿Por qué no la vamos a apoyar? En primer lugar, porque nos sorprende que el Grupo Socialista presente a la semana siguiente de la entrada en vigor de la LOE esta iniciativa, que no se corresponde ni en la forma ni en el contenido con
la oferta de consenso que, en el desarrollo de la Ley Orgánica de Educación se realizó reiteradamente, tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por el Gobierno, y especialmente por la nueva ministra de Educación y Ciencia.
Quiero también
significar, para que así conste en el 'Diario de Sesiones', que esta oferta de acuerdo y de consenso en el desarrollo de la LOE quedó plasmada en la aprobación de una de las propuestas de resolución en el debate del estado de la nación que se aprobó
a instancia de mi grupo parlamentario.
Nosotros no estamos de acuerdo con que la interpretación de lo dispuesto en la LOE se plasme a modo de una interpretación auténtica en los apartados 1 y 2 de la proposición no de ley que estamos viendo; es algo que se tenía que haber
acordado, que se tenía que haber consensuado, y que no podemos sumarnos sin más porque no estamos de acuerdo con la literalidad de lo que se expone. Además, entendemos que lo que se dice es competencia de las comunidades autónomas y de los propios
centros educativos; por lo tanto, tampoco respeta el reparto competencial.
Finalmente, no estamos en nada de acuerdo con que la educación sexual deba hacerse en el tramo de la infancia. Yo podría haberme ahorrado este comentario pero creo que es
necesario decir que en el aspecto sexual, homosexual, heterosexual, sexual en definitiva, hemos de respetar a la infancia. La LOE está
hablando de la educación secundaria obligatoria, no es educación infantil, tal y como se dice en la iniciativa, y hay que recuperar que es a la familia a la que le incumbe el protagonismo y la responsabilidad fundamental, en el marco de una
formación integral de la persona, en la información y educación sexual de sus hijos, adecuada al grado de madurez que cada uno vea que sus hijos tienen, no todos los niños y niñas son iguales a los 12 y a los 13 años. Entendemos que la literalidad
de lo expuesto en la exposición de motivos, que la mejor manera es hacerlo en la infancia, no podemos compartirlo en modo alguno.
Por todas estas razones, desde la legitimidad que entendemos que nos da el rechazo a la homofobia -y reafirmo que la proposición no de ley me parece tibia al respecto-, nosotros no vamos a poder apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Quiero señalar que mi grupo va a votar en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, y lo hacemos por una sencilla razón, sin entrar en otros aspectos: porque su contenido es de
imposible cumplimiento y consideramos por lo tanto irresponsable instar al Gobierno y a las administraciones educativas a hacer algo que no les compete, que no deben hacer, salvo que consintamos que puedan hacer algo que conculca principios básicos
sobre los que se asienta nuestra democracia. Tengo que decir antes que nada que el presunto estudio al que se refiere la exposición de motivos de la proposición no de ley, y que constituye la base de la argumentación de la iniciativa parlamentaria,
no nos merece ningún crédito. Dejaré claro lo que mi grupo defiende.
Mi grupo defiende que todas las personas son iguales en dignidad y son los titulares exclusivos de los derechos fundamentales de las declaraciones de derechos humanos y que la Constitución consagra y, en virtud de esa dignidad, nadie puede
ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La observancia de estos principios debe regir la actividad en el ámbito educativo, en la escuela, que forma parte
del espacio público en una sociedad democrática. Por eso es esencial que en la escuela reine un clima basado en el respeto de todos los integrantes de la comunidad escolar, en la consideración de todos como personas dotadas de la misma dignidad y
de iguales derechos. Además es en este clima, que propicia una convivencia en libertad, donde se va fraguando y madurando la personalidad del educando y le va preparando para el ejercicio responsable de su libertad. Este clima es, como sabemos,
imprescindible para que la institución escolar pueda cumplir la misión que la sociedad le encomienda, la formación integral de la persona, la adquisición de los conocimientos, de las habilidades y de la práctica de lo que Aristóteles llamaba
virtudes o hábitos dignos de elogio, para poder así integrarse, al llegar a la edad adulta, a la sociedad.
A partir de estas premisas, quiero también decir que defendemos otro principio básico y que nos resulta irrenunciable: es el principio de que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos, ellos son los que tienen el
derecho de decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, conforme a sus convicciones morales, religiosas, filosóficas y pedagógicas. Es este un derecho consagrado en la Declaración de Derechos Humanos de 1948, que forma parte de ese gran
acuerdo que se fraguó hace más de medio siglo tras la Segunda Guerra Mundial y que se ha convertido en el ideal jurídico y político de la humanidad, con el afán de construir un mundo libre de totalitarismos. No es casual el momento histórico en el
que nace la declaración de 1948. El mundo salía de los estragos y horrores de una gran guerra en la que se salvó la libertad frente a un modelo de Estado asfixiante, totalitario, que pretendía organizar la vida de los ciudadanos e imponer su moral
y sus concepciones sobre el mundo y la vida. Ese Estado también quiso ser un Estado educador en detrimento de la libertad escolar y de los derechos de los padres.
Señorías, estas reflexiones son absolutamente pertinentes al caso que debatimos, porque este es el fondo de la cuestión que hoy ventilamos en esta proposición no de ley. La cuestión no es otra que la de definir los límites de la acción de
los poderes públicos en el campo educativo, definirlos escrupulosamente frente a los derechos de los padres y a la legítima autonomía de la institución escolar encarnada en los educadores, que han de realizar su misión en colaboración con las
familias y atendiendo a sus convicciones.
La proposición no de ley dice tener como fundamento determinados objetivos señalados en la LOE para la educación secundaria obligatoria. Sin entrar en la pertinencia de dichos objetos, que no corresponde a este debate y ya los debatimos en
el momento del examen de la ley, esta proposición no de ley da un salto indebido que, de llevarse a cabo, nos conduciría a una situación en la que van a resultar gravemente lesionados derechos de las familias, las libertades educativas, el ius
docendi, que no pertenece al Estado sino a la sociedad, la democracia y la sociedad española. Y por una sencilla razón: ni el Estado, vuelvo a repetir, ni las administraciones educativas, son competentes ni tienen atribuciones para definir y para
orientar actuaciones en los centros e impulsar medidas, por ejemplo, para fortalecer las capacidades afectivas del alumnado, la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo. Si un poder público pretendiera formular orientaciones en este
terreno, incluso de carácter pedagógico, estaría introduciendo, lo quiera o no lo quiera, el arma de la coacción, porque por su propia naturaleza el poder público es coacción, aunque esté revestido, como a veces se pretende, de piel de cordero, y si
un poder político lo intentara estaría de
hecho conduciendo a nuestra democracia en libertad por la senda del totalitarismo, porque lo propio, lo característico de los sistemas totalitarios es su pretensión de modelar la sociedad, de inmiscuirse en lo que corresponde exclusivamente
en este caso a las instituciones educativas y a las familias. Dar este paso sería tanto como incorporar el modelo de Estado educador, que ha sido la pretensión permanente de todas las corrientes que han propugnado el expansionismo y el
intervencionismo del Estado en detrimento de la libertad y de los derechos de los padres.
Tenemos que tener muy claro que hoy en España estamos de nuevo librando una batalla crucial sobre los límites de la acción educativa del Estado.
Las
corrientes radicales en la historia contemporánea europea han sido siempre proclives a utilizar la educación al servicio del modelo de sociedad que pretenden imponer con el poder coercitivo del Estado, es decir, con la coacción, sea esta sutil o
menos sutil y aunque se vista con ropajes engañosos como la del señuelo de ampliación de derechos. La Constitución proclama con nitidez que la formación moral y religiosa es competencia primaria de los padres conforme a sus convicciones; las
instituciones escolares y los poderse públicos deben actuar respetando escrupulosamente este principio.
Por cierto, en la proposición no de ley de marras se desliza, porque no hay puntada sin hilo, el término prejuicio, diciendo que hay que desterrarlo. Estamos de nuevo en un caso de perversión del lenguaje: quien da por supuesto que las
ideas distintas de las suyas son prejuicios y, por lo tanto, no tienen legitimidad de expresarse y de defenderse, está de modo subrepticio introduciendo una mentalidad inquisitorial, que es lo peor que puede pasar a nuestra escuela. ¿Quién, si no
tiene una fatal arrogancia, osaría definir lo que es prejuicio frente a lo que es una idea o una convicción? Esta proposición no de ley, señores diputados, tal como está redactada, es un monumento a la tiranía de la corrección política; el Estado
invade un terreno que no le es propio y además asfixia la libertad si pretende imponer modelos de moral personal y social.
Frente a esta ilegítima invasión del poder público, la Constitución otorga protección a los distintos sujetos sociales implicados: a los padres, que defienden sus derechos, y tienen legitimidad para ello, y sus deberes irrenunciables en
relación con la formación de sus hijos; a los maestros y profesores, que tienen el derecho de ejercer su libertad de expresión docente, su libertad de cátedra que la Constitución ampara; a las instituciones escolares, haciendo valer su carácter
propio, las que las tengan, que es núcleo esencial de la libertad de enseñanza, así como el proyecto educativo en el que, con respeto a su autonomía, han de fijar ellas mismas las orientaciones pedagógicas y educativas. El Estado debe saber lo que
puede hacer y lo que no puede hacer para preservar la libertad y una convivencia basada en la libertad. Y en este caso la mejor defensa, la única defensa de una convivencia en la escuela en libertad es defender los derechos de los padres y defender
la legítima actividad educativa de cada centro escolar sin que nadie desde el poder político les dicte lo que tienen que hacer. Si no es así, no habrá convivencia posible en libertad. Si los padres ven conculcados sus derechos y responsabilidades,
se producirá un gran malestar educativo, y eso, señores diputados, no nos conviene, no conviene a nadie, no conviene a la sociedad española, ¿o es que, señores socialistas, ustedes, que están creando permanentemente fracturas en la sociedad
española, también quieren engendrar una nueva división en la escuela?
La LOE rezuma intervencionismo estatal público por los cuatro costados, aunque se revista de proclamaciones retóricas. Yo tengo presente que ustedes se negaron a introducir en ella el principio de la libertad entre los inspiradores de la
ley; es una laguna, es un baldón que algún día, espero que pronto, se corregirá. El intervencionismo asfixiante impregna también el estatuto al que el 36 por ciento del electorado catalán ha prestado su sí, y el intervencionismo asfixiante parece
ser el hilo conductor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre, se le ha acabado su tiempo, vaya terminando.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Termino, señor presidente. Muchas gracias por su benevolencia.
Nuestro sistema educativo lo que tiene que garantizar es que a todos los alumnos se les trate con la dignidad de personas, sin ningún tipo de discriminación y que se asegure un clima de respeto en el que se ha de basar la convivencia; pero
el Estado no puede extralimitarse, no puede imponer un modelo de moral personal y social que afecte a las distintas dimensiones de la personalidad humana.
Yo creo que, en bien de la educación, en bien de la democracia en libertad, ustedes, señores del Grupo Socialista, deberían retirar su iniciativa. Lo hago apelando a su responsabilidad y en coherencia con las ideas que he expuesto; en
cualquier caso mi grupo va a votar en contra.
-RELATIVA A LA CREACIÓN, DENTRO DE LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, DE UNA BASE DE DATOS EN LA QUE SE RECOJA LA INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN LAS UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DE
INVESTIGACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001743.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la número 11 del orden del día, relativa a la creación, dentro de la página web del Ministerio de Educación y Ciencia, de una base de datos en la que se recoja la
información básica de los trabajos de investigación realizados en las universidades y organismos públicos de investigación, presentada por el
Grupo Socialista y que defenderá el señor Tabuyo. Tiene la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Señorías, la política de investigación, tanto en España como en Europa, está orientada a la consecución del objetivo de Lisboa, es decir, transformar la Unión Europea en una economía competitiva y dinámica basada en
el conocimiento, capaz de lograr así un crecimiento económico sostenible. Los objetivos fundamentales que se pretenden son tres, que además están completamente interrelacionados entre sí: crear un espacio europeo de la investigación que garantice
la libre circulación del conocimiento y de los investigadores; aumentar el nivel de la inversión destinada a la investigación hasta alcanzar el 3 por ciento del PIB de la Unión en el año 2010, incluyendo ahí la proporción reservada al sector
privado, y apoyar y reforzar la excelencia de la investigación para lograr los dos primeros objetivos y garantizar el refuerzo y la complementariedad de los esfuerzos de investigación realizados a nivel nacional y en el sector privado.
El desarrollo de la investigación científica constituye uno de los compromisos esenciales de este Gobierno. El programa Ingenio 2010 asume este compromiso y aumenta los recursos destinados a la investigación científica y al desarrollo
tecnológico, en cumplimiento del programa electoral del Partido Socialista de incrementar al menos un 25 por ciento al año sus asignaciones; pero además significa el fortalecimiento de la colaboración público-privada en I+D+i, la generación de una
masa crítica más fuerte en el sistema científico y tecnológico, y el pleno desarrollo de la sociedad de la información. La propia ministra de Educación y Ciencia, Mercedes Cabrera, anunció en su comparecencia que el ministerio articularía su
política de investigación en torno a cuatro ejes principales. El primero, cooperación entre todos los agentes que componen el sistema de ciencia-tecnología-empresa, ya que la consecución de los objetivos requiere una actuación coordinada de los
agentes que conforman el sistema, aumentando la cooperación entre las universidades y los organismos públicos de investigación, y enfatizando la transparencia del conocimiento originado en estas instituciones hacia nuestro tejido productivo mediante
una necesaria y estrecha colaboración con la empresa privada. En segundo lugar, la mejora y el impulso de los recursos humanos y técnicos del sistema público de investigación. En tercer lugar, la apuesta decidida por una investigación básica de
calidad. Y en cuarto lugar, la participación activa de España en el espacio europeo de investigación y la internacionalización de nuestra investigación.
Señorías, es evidente que el conocimiento es el elemento activo que dinamizará a las empresas y a los países en su desarrollo y en la lucha por la competitividad. El llamado triángulo del conocimiento, formado por la educación, la
investigación y la innovación, es una pieza clave para lograr los citados objetivos, pero hay que promover actuaciones que refuercen la integración de los tres elementos y potencien su capacidad para lograr convertir los resultados de la
investigación en oportunidades para mejorar el tejido productivo. Por otra parte, vivimos en la sociedad de la información y la comunicación, en la que los nuevos lenguajes tecnológicos se convierten en un elemento decisivo de creación de riqueza,
bienestar social y modernización que favorece la cohesión y la igualdad de oportunidades para todos. El Gobierno apuesta por colocar a las TIC en la base del modelo del crecimiento económico.
Reviste una especial importancia el diseño de una planificación adecuada por parte de los agentes públicos y privados para difundir el conocimiento del esfuerzo investigador y darlo a conocer a la comunidad científica en particular y al
conjunto de la sociedad en general. Tanto la comunidad científica como las instituciones con competencia en la materia deben adoptar compromisos claros de valoración y estímulo del trabajo investigador y de divulgación de los proyectos para su
difusión y su conocimiento. La ciencia, desde los orígenes de Internet, ha buscado y encontrado acomodo en los recursos de la red digital, buscando con ello un doble objetivo: difundir estudios, trabajos o posicionamientos, pero también mejorar
las expectativas de acercamiento del esfuerzo investigador al conjunto de la sociedad en un determinado porcentaje. Las universidades, organizaciones, asociaciones científicas y las administraciones públicas están generando un gigantesco espacio de
aprendizaje y comunicación de la ciencia. Es decir, Internet ha hecho que se pase de una situación de escasez crónica de información y conocimiento a otra en la que el problema es la gestión individual de la sobreabundancia.
La ciencia, señorías, es una aventura intelectual que lleva implícitas las ideas de creatividad y progreso, y una de las primeras funciones es la construcción del conocimiento verificable y abierto constantemente a la verificación y al
rechazo. Al transmitir a la sociedad este conocimiento contribuye a la generación de ideas y conceptos que permiten las grandes transformaciones que facilitan el desarrollo de los países y contribuyen a mejorar su bienestar colectivo. En nuestra
sociedad la mayor parte de la investigación científica se realiza en instituciones de carácter público o que utilizan recursos públicos. Por ello consideramos de especial importancia el buscar las medidas que permitan la divulgación de los métodos,
procesos y resultados del esfuerzo investigador que se realiza en España, la difusión del impacto de los avances científico-tecnológicos, y sirvan además de base a otros planteamientos posteriores.
Por ello, el Grupo Socialista considera que la creación de una base de datos en la que se recoja la información básica de los trabajos de investigación realizados y valorados positivamente en las universidades y organismos públicos de
investigación para dar a conocer y difundir los resultados del esfuerzo investigador es fundamental para facilitar la coordinación entre las distintas instituciones investigadoras, y asimismo porque puede constituir una herramienta muy útil para
fomentar la colaboración
y la transferencia de conocimiento y de resultados de investigación hacia el sector privado, que es uno de los aspectos en los que más debe avanzar el sistema español de ciencia-tecnología-empresa para converger con los países de nuestro
entorno.
Con la finalidad de evitar esfuerzos redundantes, debería darse un primer paso relativamente sencillo, ordenando por organismos la información en manos del MEC y otros organismos financiadores de I+D, sobre todo los financiados en el Plan
Nacional de I+D+i. Y el segundo paso sería añadir por parte de los centros de I+D la información de proyectos financiados por otras fuentes como la Unión Europea, comunidades autónomas, etcétera, así como sus propios programas. Pensamos que esta
medida sería un paso más para avanzar en la potenciación y difusión del esfuerzo investigador, y por ello pedimos el apoyo del resto de los grupos a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley había presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Catalán que ha sido retirada, con lo cual no existe ninguna viva. ¿Los grupos parlamentarios desean fijar posición? Por el Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Calomarde.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Con cierta brevedad, debido a la hora y a la larga exposición del diputado socialista con respecto a su iniciativa.
Esta es una de estas iniciativas que se debaten en esta Comisión en alguna ocasión, con la que resulta ciertamente complejo no estar de acuerdo, y como resulta ciertamente complejo no estar de acuerdo, no será el diputado que les habla quien
lo haga más difícil diciendo que no lo está; parece una iniciativa razonable. Como el discurso del diputado que me ha precedido en la palabra ha sido extenso y además se ha ido refiriendo a diversos contenidos, algunos de naturaleza propiamente
programática, otros de naturaleza de gestión de los actuales responsables del Ministerio de Educación y Ciencia, y otros que se referían estrictamente a la proposición que contemplamos, yo he tenido a bien, como no puede ser de otro modo, leerme la
proposición no de ley en sentido estricto, que es lo que a este diputado de la oposición le interesa saber a efectos de fijar la posición de mi grupo, señor presidente. Y en ella el Grupo Socialista plantea que el Congreso inste al Gobierno a que
en el marco de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y en la web del ministerio se cree una base de datos -dice aquí- en la que se recoja la información básica de los trabajos de investigación realizados y valorados positivamente en
las universidades y organismos públicos de investigación, con sus correspondientes enlaces, para facilitar el acceso y la difusión de los resultados del esfuerzo investigador.
A esto difícilmente puede oponerse nadie en su sano juicio, y como el diputado que les habla cree no haberlo perdido del todo, pues evidentemente no lo va a hacer. Sí quiero matizar, sin embargo, que a esta proposición no de ley se le
podría en todo caso añadir, que, ¡hombre!, bienvenido sea en el tiempo lo que quizá antes podríamos haber realizado, pero como también supone el diputado que les habla que al proferir esta afirmación alguien del Grupo Socialista podría tener la
suspicacia parlamentaria o dialéctica de decir que también nosotros fuimos del Gobierno y a lo mejor no se nos ocurrió, denlo por no mencionado, o en cualquier caso felicitémonos por que las herencias recibidas siempre sean positivas y las
propuestas de futuro asumibles, con lo cual quiero decirles a ustedes que nos parece razonable lo que ustedes plantean aquí. Sin duda, la sociedad de la información y la tecnología es algo a lo que todos estamos llamados, iba a decir convocados, a
entender y a manejar, y que la investigación española, sin duda, requiere de todo tipo de canales de interrelación y de comunicación. Por lo tanto, nuestra posición va a ser favorable a la propuesta que ustedes presentan.
-SOBRE RECONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y LENGUA DE LA COMUNIDAD AMAZIGH.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001572.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, por su concreción, señor Calomarde, y por ajustarse sobradamente al tiempo asignado, al que también se había ajustado el anterior grupo parlamentario.
Terminamos con el último punto pendiente del orden del día, que es el punto 6, proposición no de ley sobre reconocimiento de la cultura y lengua de la comunidad amazigh, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds. Tiene la palabra para la defensa de la misma el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Me comprometo a respetar la hora de la comida, y por tanto, a ser breve en la exposición.
Esta iniciativa no es la primera vez que se debate en esta Cámara, si bien se ha debatido, en nuestra opinión, confundida o podemos decir mezclada con una iniciativa similar para la Ciudad Autónoma de Ceuta, ciudades autónomas las dos pero
que no tienen la misma realidad ni cultural ni lingüística. En ese sentido nosotros hemos preferido presentar una iniciativa en concreto sobre la Ciudad Autónoma de Melilla, donde hay una situación muy específica en cuya mejora creemos que la
Administración central debe colaborar.
Esta iniciativa, que no pretende otra cosa que mantener la diversidad cultural y lingüística en nuestro país...
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, rogaría un poco de silencio, estamos terminando y dificultamos al orador.
El señor LLAMAZARES TRIGO: ... promoviendo y protegiendo a una lengua minoritaria, es una iniciativa que deberíamos compartir todos los grupos parlamentarios, toda vez que además pretende que esta lengua, el tamazigh, formando parte como
forma de una cultura, de la cultura bereber, también se respete y se desarrolle en la Ciudad Autónoma de Melilla. En torno a esta iniciativa podemos poner en práctica en nuestra propia casa la alianza y el diálogo de civilizaciones y, por otro
lado, también el respeto a la diversidad cultural. Compartimos con muchas de SS.SS. la necesidad de un diálogo de civilizaciones en el mundo, pero sería importante que comenzásemos por nuestra propia casa siendo capaces de entendernos y de
dialogar distintas civilizaciones, distintas culturas, una pluralidad de culturas que existe ya hace mucho tiempo en nuestro país y que no ha comenzado con la inmigración. Por otra parte, al igual que SS.SS., estamos preocupados por la pérdida de
diversidad biológica pero también por la pérdida de diversidad cultural; cada año que pasa hay menos culturas y menos lenguas en el mundo y eso no significa un avance de la modernidad sino, en nuestra opinión, un avance de la barbarie.
En definitiva, la propuesta de nuestro grupo parlamentario pretende que, de acuerdo con la legislación internacional que protege las lenguas y las culturas minoritarias, de acuerdo con nuestra Constitución y con nuestros estatutos, también
con aquellos de las ciudades de Ceuta y Melilla -en este caso de la ciudad de Melilla-, que promueve y protege la cultura amazigh, desarrollemos de alguna manera esa legislación y esos estatutos para que los ciudadanos de la comunidad amazigh, que
es una minoría importante de la ciudad de Melilla, puedan desarrollar su cultura y tengan garantizada la promoción de su lengua. Esas culturas y lenguas minoritarias han tenido promoción y protección en otras comunidades autónomas del Estado donde
no existe lengua oficial pero sí lengua protegida, y en este caso se pretende que la Administración central, en colaboración con la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, pueda desarrollar en buena medida esas previsiones legales
constitucionales y estatutarias.
Ese es el sentido de la iniciativa. Sabemos que hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que nos parece un paso, aunque no es nuestra propuesta, que pretendía su normalización en el ámbito educativo, en el ámbito de la
Administración, también en el ámbito de los medios de comunicación. En todo caso es un paso, y junto con alguna transaccional que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular, podría suscitar el acuerdo de todos los grupos parlamentarios de esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda que ha sido de nuevo transaccionada por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Intentaré acortar lo máximo posible, dado la hora.
En primer lugar, quiero decir que es un hecho la realidad cultural y lingüística de Melilla y también es un hecho la realidad plurilingüística y pluricultural del Estado español. Este hecho, al margen de ser una realidad que debemos
gestionar entre todos, también es una preocupación, y no sólo para el grupo solicitante de esta proposición no de ley, sino también para el Grupo Parlamentario Socialista. Debemos afrontar entre todos la realidad cultural de la Ciudad Autónoma de
Melilla. De todos nosotros es conocida la realidad plurilingüística y pluricultural que conforma el Estado español, como decía anteriormente, y de hecho, hace unos meses, aprobábamos una proposición no de ley sobre pluralismo lingüístico. En ella
se exponía que es un tema delicado e importante, y yo añadiría que es delicado e importante porque afecta mucho a las personas, es un tema muy personal, ya que afecta a los sentimientos individuales de cada una de las personas.
Aunque desde mi grupo parlamentario tengamos claro que la España plural, tanto lingüística como cultural, es una realidad y la aceptemos y potenciemos, quiero dejar constancia en mi intervención que la Constitución española de 1978 recoge la
realidad plurilingüe de la nación española y ve en ella un valor cultural no sólo asumible sino también digno de ser promovido. La regulación que la Constitución hace de la materia permite afirmar que es oficial una lengua independientemente de su
realidad y peso como fenómeno social cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y con los sujetos privados. La oficialidad de las lenguas reside en los estatutos de autonomía, y el criterio
delimitador de la oficialidad del castellano en la Ciudad Autónoma de Melilla reside en su propio estatuto, concretamente en la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo; por tanto, el tamazigh en Melilla no es considerada lengua propia de la respectiva
ciudad autónoma, como es el caso de otras comunidades autónomas en que sí que son reconocidas y se prevén garantías por parte de los poderes públicos sobre el uso formal y oficial de las diferentes lenguas y de su potenciación. También es un
objetivo de la Carta Europea de Ciudades, que el Estado español tiene ratificada, la protección de las lenguas minoritarias o regionales en los países que hayan especificado en su instrumento de ratificación aceptación o aprobación. Y otro objetivo
son las obligaciones existentes respecto de las lenguas oficiales. Por tanto, cada Estado contratante debe especificar cada lengua regional o minoritaria oficial en el conjunto o una parte de su territorio. Queda claro en la Carta Europea de
Ciudades cuáles son los idiomas, las lenguas españolas que quedan recogidas en esta carta,
que son las que quedan recogidas en los estatutos de autonomía de las diferentes comunidades autónomas.
Aunque quede muy clara cuál es la oficialidad de las lenguas españolas, cabe destacar respecto de la Ciudad Autónoma de Melilla que en el artículo 5.2.h) del Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla se contempla la obligación y la
competencia de velar por la diversidad cultural y lingüística de Melilla. Desde el Partido Socialista estamos totalmente convencidos de que se tiene que conservar y promover dicha diversidad para potenciar la normal convivencia entre sus
habitantes, ya que ello repercute positivamente en un objetivo muy importante como es la cohesión social. También creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que desde la ciudad autónoma debería darse un impulso hacia el fomento, difusión y
conocimiento de la cultura y lengua tamazigh.
Por lo que respecta a la proposición no de ley en cuanto a la revisión de los diseños curriculares, cabe destacar las diversas actividades que ha desarrollado el Ministerio de Educación y Ciencia encaminadas, por un lado, a favorecer la
incorporación del alumnado que desconozca la lengua y cultura españolas, a través de programas que permitan compensar las situaciones de desventaja inicial de este alumnado; y por otro, a realizar actividades que contribuyan desde la escuela al
conocimiento de la realidad social, cultural y lingüística de las culturas que se integran y convergen en la evolución histórica de la Ciudad Autónoma de Melilla, todo ello encaminado a acrecentar su conocimiento sobre la cultura de origen de una
parte significativa del alumnado de Melilla y su incidencia en la escuela, dotándolo de las herramientas que permitan afrontar con éxito los procesos de enseñanza del alumnado de cultura bereber y, en general, potenciar la integración de las
minorías étnicas y culturales desde los principios de normalización y respeto a la diferencia.
La nueva Ley Orgánica de Educación considera el castellano como única lengua vehicular del proceso de enseñanza y aprendizaje en los centros educativos, pero todo ello sin perjuicio de la promoción y el estímulo de los valores de
comprensión, respeto y aprecio de la pluralidad cultural y lingüística, que sí se contemplan entre los objetivos y desarrollos de la citada ley.
Respecto de la regulación de programación en lengua tamazigh en los medios de comunicación, y al margen de la no oficialidad, el tamazigh puede ser tratada en los medios de comunicación...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría. Solamente les rogaría a SS.SS. que de vez en cuando observaran el trabajo y el esfuerzo que tienen que hacer los servicios taquigráficos del Congreso, que nos sirven a todos, para poder seguir las
intervenciones de los parlamentarios que están interviniendo. Puede seguir, señora diputada.
La señora MUÑOZ SALVÀ: Decía que el tamazigh puede ser tratada en los medios públicos dirigidos a Melilla como una manifestación de esta pluralidad cultural de la misma manera a la que alude el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Respecto del fomento entre los funcionarios del uso de la lengua tamazigh en la Administración periférica del Estado y al margen de la no oficialidad, desde el Grupo Socialista creemos que debe respetarse y protegerse el tamazigh, pero
corresponde a la institución autonómica establecer las medidas de protección y fomento de esta riqueza cultural y lingüística. Sin duda cabe destacar el papel fundamental de la primera institución melillense, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Melilla, y por ello y por todo lo dicho anteriormente, mi grupo parlamentario presenta una enmienda de sustitución a la proposición no de ley, en la que se recoge el espíritu de la proposición no de ley con el desarrollo de programas de fomento,
difusión y conocimiento de la cultura y lengua tamazigh.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) En primer lugar tiene la palabra el señor Canet por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor CANET COMA: Muy brevemente, paso a fijar posición favorable a la proposición del Grupo de Izquierda Unida o bien a la transacción a la que se pueda llegar. Por nuestra parte, como ya se ha dicho, ya dimos apoyo a la primera y
primigenia de las proposiciones no de ley. Nos parece que la cultura amazigh y la lengua tamazigh han estado siempre en la periferia de la historia, tanto antes como después de la independencia poscolonial, y mirando con agrado una cultura
mediterránea basada en la diversidad nos hubiera gustado que se llegara más lejos, o sea, hasta el reconocimiento de la personalidad jurídica de la lengua tamazigh, pero no siendo posible y aceptando ya los proponentes alguna enmienda transaccional
que sea un pequeño paso, porque evidentemente será pequeño, pero será eso, un paso adelante, nos sumaremos a la mayoría, insisto, o a la proposición en sus términos o bien a la transaccional a la que se llegue.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Yo no voy a amenazar con ser breve, voy a intentar ser claro, porque me interesa exponer, señor presidente, algunas acotaciones referentes a la proposición no de ley y sobre todo a la aceptación de la enmienda
transaccional a la que aquí se ha hecho mención, pero que no se ha leído y con cuyo texto quisiera contar para poder aceptarla, tal como habíamos quedado en principio. Señor presidente, voy a dividir mi intervención en tres partes muy breves.
El señor PRESIDENTE: Siempre que se ajuste al tiempo, como S.S. quiera.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Esas tres partes son acotaciones, argumento y aceptación de la enmienda transaccional. Primero, y voy a hacer caso a lo que su señoría, señor presidente, me dice, en cuanto a acotaciones a la proposición no de
ley, me interesa señalar algunos aspectos para que queden muy claros. Señor presidente, señorías, el amazigh, y todos los que vivimos en Melilla y tenemos algún conocimiento de causa lo sabemos, no solamente es la lengua que habla una parte de la
población de Melilla, sino que es la lengua de millones de personas magrebíes, incluidas regiones de Argelia. Poder dirimir, siquiera a los meros efectos del debate, la cooficialidad como lengua española o propia del tamazigh puede llevarles a los
no españoles del norte de África, de la región magrebí, a una sorpresa monumental al conocer que su lengua es española y podríamos estar invadiendo su cultura para apropiárnosla. En segundo lugar, no es autóctona en Melilla. Se incorpora al
territorio español a través de los amazigh-parlantes. Por lo tanto, son españoles, ya que además conocen el tamazigh y conocen otras lenguas, entre ellas el español o castellano en Melilla. En tercer lugar, señor presidente, por otros portavoces
se ha invocado la Carta europea y se ha invocado también la propia Constitución, no es cuestión de hacer redundancia, pero sí debo señalar que el amazigh es desde el punto de vista nuestro una lengua extranjera, una lengua no española y por lo tanto
no ha sufrido ninguna discriminación histórica en nuestra ciudad y si la ha sufrido, no es precisamente ni por culpa del Gobierno de Melilla ni por culpa de España, que no ha hecho nada en su contra, y por lo tanto no ha sido perseguida en absoluto;
la discriminación, si la ha habido, ha sido de los países de donde viene, de donde procede, Marruecos y Argelia, y ellos son los que tienen que cuidarla para motivar, porque es también patrimonio de millones de personas, como muy bien he dicho
antes. Muy al contrario, es en Melilla (España) donde se la apoya y donde se hacen, a través de lo contemplado en su Estatuto de Autonomía, todas las labores necesarias para el desarrollo de la cultura no solo lingüística sino del tono de ser
amazigh, que constituye el entorno de nuestra ciudad y que constituye ejemplo de convivencia para todo el mundo. También hay que señalar que no tiene grafía histórica, señor presidente; la lengua tamazigh es una lengua oral, vacío que se intenta
ahora llenar, y están actuando distintos historiadores e investigadores historiográficos con objeto de poder aclimatar, si se me permite la expresión, la grafía del tamazigh a su realidad social. Yo creo que sería también un error que repercutiría
en la formación académica que se impartiera esta en esa lengua cuando, por el contrario, es la lengua española, el castellano, mejor vehículo para la enseñanza y la promoción de estos estudiantes, de estos alumnos, de estos ciudadanos; es
precisamente lo que quizá les vendría mejor. Sin embargo, como aquí se ha señalado, es justo y positivo que se apoye todo tipo de manifestaciones culturales de la cultura amazigh, habida cuenta de que forma parte de un entorno como el nuestro,
patrimonio de la humanidad, que ha estado impregnada en sus orígenes o que ha tenido y que tiene que contar con el respaldo de todos los poderes públicos.
Paso, señor presidente, a los argumentos. Realmente forma parte de la realidad social de Ceuta y Melilla, pero también hay que hacer las proposiciones no de ley y lo que aquí se apruebe con respeto, sin sobrepasar ni las funciones de la
Comisión ni las funciones del Parlamento.
Por último, señor presidente, con las apelaciones que aquí se han hecho a la Constitución por parte de la portavoz socialista ha quedado meridianamente claro y en el debate que tuvimos en la Comisión de Cultura también quedó muy claro lo que
queríamos decir ambos grupos parlamentarios. Lo de la Carta europea quedó igualmente con suficiencia explicitado y no es cuestión de volver a redundar, y ciertamente vamos a aceptar la enmienda transaccional por cuatro motivos fundamentales:
porque es un refuerzo a lo que ya propuso el Grupo Socialista en la Comisión de Cultura del 5 de abril pasado, y precisamente esta enmienda fue rechazada por otros grupos políticos; porque creemos que es un paso importante, pero que sustituye
aquellos aspectos de la proposición del grupo proponente en que menos coincidíamos con él y en los que desde luego estábamos en absoluto desacuerdo; porque todo se hace con el acuerdo del Gobierno de la Ciudad de Melilla, de esa manera y en esa
creencia nosotros vamos a aceptar la enmienda transaccional, que se haga con acuerdo del Gobierno de la Ciudad de Melilla; y en cuarto lugar porque, y esto es una garantía para nosotros, tiene que hacerse con coherencia al Estatuto de la Ciudad de
Melilla, a la que aquí se ha hecho mención. Por lo tanto, si la enmienda transaccional es el texto que se nos ha entregado, nosotros vamos a votar favorablemente la misma en el tenor literal en que se nos ha dado por los servicios de la Cámara,
después de haber hecho estas salvedades y estas matizaciones con las que he intentado dejar clara la posición de mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez, y mis felicitaciones por haber cumplido su palabra en cuanto a concisión y claridad.
Para manifestar la aceptación o no de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que conocen todos los demás grupos tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Sí, señor presidente, para aceptar la enmienda, que nos parece un paso en un sentido positivo, pero para decir al mismo tiempo que nosotros en ningún momento hemos planteado en nuestra intervención ni un debate
lingüístico, que seguramente habría otras posiciones en torno a la lengua amazigh, ni tampoco hemos planteado la cooficialidad de la lengua, es un planteamiento legítimo, no lo hemos planteado en ningún momento en nuestra iniciativa; y en tercer
lugar, lo que sí hemos planteado es la normalización
democrática de la pluralidad lingüística en Melilla. Es lo que hemos planteado, ni más ni menos. (El señor Gutiérrez Molina pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: En los términos de la enmienda transaccional se votará el punto 6.º del orden del día.
Señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: ¿Sería posible que S.S. pudiera leer, para conocimiento de los diputados, el texto final de la enmienda?
El señor PRESIDENTE: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, mediante la Administración del Estado y en colaboración con el Gobierno de Melilla, programas de fomento, difusión y conocimiento de la cultura y lengua
tamazigh en Melilla, en coherencia con su Estatuto, ya que son elementos diferenciales de la identidad diversa de esta Ciudad Autónoma. En estos términos será votado el punto correspondiente del orden del día.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, señorías, y dado que parece que estamos todos los miembros de la Comisión, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de ley. En primer lugar, votamos la que se corresponde con el punto
4.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán para promover la mejora de las condiciones laborales de los investigadores, en los términos resultantes después de la aceptación de la enmienda 3 del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley, punto 5.º del orden del día, sobre la construcción del circuito permanente de velocidad y ensayos en Verín (Ourense), en los términos de la proposición no de ley al no haber sido aceptada la enmienda
presentada anteriormente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre reconocimiento de la cultura y lengua de la comunidad amazigh, punto 6.º del orden del día, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 7.º, proposición no de ley relativa a las medidas de apoyo, con carácter urgente, para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en los términos resultantes de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
y aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 8.º, proposición no de ley sobre los investigadores del programa Ramón y Cajal, del Grupo Parlamentario Popular, en los términos de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a impulsar programas e integración de alumnos en la escuela rural, del Grupo Parlamentario Socialista, punto 9.º del orden del día, en los términos de la propia proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Punto 10.º del orden del día, proposición no de ley sobre el establecimiento de medidas para el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en el sistema educativo y contra la homofobia, en los términos de dicha proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa a la creación de una página web en el Ministerio de Educación y Ciencia de una base de datos que recoja la información básica de los trabajos de investigación realizados en las universidades y organismos
públicos de investigación, punto 11.º, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Concluido el orden del día, señorías, y antes de levantar la sesión, porque será la última Comisión que tengamos antes del verano, quiero desearles felices vacaciones. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.