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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 599, de 06/06/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 599
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 33
celebrada el martes, 6 de junio de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
De la señora Sánchez-Camacho Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Circunstancias que han rodeado las muertes de tres inmigrantes en la frontera de Melilla en dieciocho días (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/055614).
(Núm. Exp. 181/002124.) ...
-Grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado con Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/055615). (Núm. Exp.
181/002125.) ...
-Evolución del número de internos extranjeros condenados a prisión durante el período 1999 a 2005, que una vez cumplida su condena han sido puestos a disposición judicial para su expulsión del país (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta por escrito número de expediente 184/056144). (Núm. Exp. 181/002133.) ... (Página 3)
-Contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y de servicios adjudicados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Servicios Centrales y Centros Penitenciarios) durante los años 2004 y 2005 (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/050866). (Núm. Exp. 181/002126.) ... (Página 7)
-Empresas adjudicatarias de los contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y de servicios adjudicados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Servicios Centrales y Centros Penitenciarios) durante los años
2004 y 2005 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/050867).
(Núm. Exp. 181/002127.) ... (Página 7)
-Contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y de servicios adjudicados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Servicios Centrales y Centros Penitenciarios) durante los años 2004 y 2005, agrupados por centros
penitenciarios y tipo de contrato (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/050868). (Núm. Exp. 181/002128.) ... (Página 7)
-Contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y de servicios adjudicados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Servicios Centrales y Centros Penitenciarios) durante los años 2004 y 2005, agrupados por el
procedimiento y forma de adjudicación utilizados (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/050869). (Núm. Exp. 181/002129.) ... (Página 7)
-Contratos de obras, suministros, consultoría y asistencia y de servicios adjudicados por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (Servicios Centrales y Centros Penitenciarios) durante los años 2004 y 2005, utilizando el
procedimiento negociado (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/050870).
(Núm. Exp. 181/002130.) ... (Página 7)
-Contratos de suministros de equipos informáticos adjudicados durante los años 2004 y 2005 por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente
184/050871). (Núm. Exp. 181/002131.) ... (Página 7)
-Personal de empresas externas contratado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias durante los años 2004 y 2005 para prestaciones de consultoría, asistencia y servicios en el Área de Informática de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/050872). (Núm. Exp. 181/002132.) ... (Página 8)
-Número de detenidos pertenecientes a bandas juveniles en el último año y miembros de las mismas que cumplen prisión en España, así como número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asignados a bandas juveniles (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/059116). (Núm. Exp. 181/002134.) ...
(Página 11)
-Previsiones acerca del equipo policial de apoyo ante grandes ataques terroristas anunciado por el Gobierno (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta por escrito número de expediente 184/060037).
(Núm. Exp. 181/002135.) ...
Proposiciones no de ley:
-Sobre coordinación y modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Núm. Exp.
161/001243.) ... (Página 13)
-Sobre registros de perfiles obtenidos a partir del ADN. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Núm. Exp. 161/001714.) ...
(Página 17)
-Sobre la construcción de una Comisaría de Policía en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Núm. Exp. 161/000650.) ... (Página 20)
-Relativa al proceso de ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006, sobre la adecuación de la normativa española en materia de seguridad privada al ordenamiento jurídico comunitario.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Núm. Exp. 161/001519.) ... (Página 23)
-Sobre la reforma del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Núm.
Exp. 161/000665.) ... (Página 25)
-Para la reforma del artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en cuanto a la posibilidad de creación de plazas de Agentes de Movilidad o Controladores de tráfico. Presentada por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds.
(Núm. Exp. 161/001728.) ... (Página 29)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana
PREGUNTAS:
DE LA SEÑORA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-CIRCUNSTANCIAS QUE HAN RODEADO LAS MUERTES DE TRES INMIGRANTES EN LA FRONTERA DE MELILLA EN DIECIOCHO DÍAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/055614).
(Número de expediente
181/002124.)
-GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO ALCANZADO CON MARRUECOS PARA LUCHAR CONTRA LA INMIGRACIÓN ILEGAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/0555615). (Número de expediente 181/002125.)
-EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INTERNOS EXTRANJEROS CONDENADOS A PRISIÓN DURANTE EL PERIODO 1999 A 2005, QUE UNA VEZ CUMPLIDA SU CONDENA HAN SIDO PUESTOS A DISPOSICIÓN JUDICIAL PARA SU EXPULSIÓN DEL PAÍS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/056144). (Número de expediente 181/002133.)
La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión de esta Comisión de Interior dando la bienvenida al nuevo subsecretario del Ministerio de Interior, don Justo Zambrana.
Vamos a tramitar primero las preguntas que conforme al artículo 190.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados se incluyen en el orden del día, procedentes de preguntas formuladas para su respuesta por escrito, todas ellas de la diputada
señora Sánchez-Camacho, del Grupo Parlamentario Popular, y después las proposiciones no de ley. Previsiblemente no vamos a votar antes de la una. Las 12 preguntas incluidas en el orden del día fijado por la Mesa y portavoces de la Comisión el
pasado 17 de mayo, estando conforme la diputada que las ha formulado, vamos a agruparlas en cuatro bloques por materias, cuyos contenidos versan sobre inmigración, fundamentalmente asuntos relacionados con Instituciones Penitenciarias, bandas
juveniles y terrorismo, con la correspondiente flexibilidad en los tiempos.
Sin más, pasamos a las preguntas primera, segunda y tercera del orden del día sobre la situación de los inmigrantes en las fronteras o en el país, concretamente las números 2124, 2125 y 2133. Tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: En la primera vez que comparece en calidad de subsecretario del Interior, le damos cordialmente la bienvenida y deseamos que la información que nos pueda dar en relación con las preguntas que en su día formuló
este grupo sea lo más amplia posible y, en función de ello podamos realizar más correctamente nuestro trabajo, que en definitiva es lo que nosotros pretendíamos tanto en su día cuando formulamos las preguntas como hoy. Quiero trasladarle una queja
porque el tiempo en que están formuladas las preguntas para su respuesta por escrito responde obviamente al interés de este grupo por la información que pudiera derivarse de la misma y por la actualidad que en su día tuvieron y hoy todavía tienen
esos problemas. Esa ha sido la razón de reconvertirlas en esta solicitud de respuesta oral.
Hubiéramos deseado que en ese momento su departamento nos hubiera dado la respuesta por escrito a esas preguntas porque, como usted bien sabe, la justicia no
es tal cuando es lenta y a veces pierde su función cuando llega muy tarde.
Y no quisiéramos que la información que podíamos haber obtenido en su día nos haya privado de hacer correctamente nuestro trabajo. En todo caso, damos por
reproducidas las tres preguntas e intentaremos hacer una valoración lo más correcta posible. Entienda que nosotros hubiéramos deseado la respuesta por escrito a las preguntas porque usted, como representante del Gobierno, nos da una fotografía de
una información concreta y no la versión sobre esa fotografía que hubiéramos deseado para hacer nuestra propia valoración. Ahora nos encontramos con que en este trámite, que me da la sensación de que es un poco diabólico, usted nos da una
información y nosotros sin tiempo para poderla valorar tenemos que hacer nuestro trabajo. Por eso le rogamos que en lo sucesivo el trámite que se utilice sea el de contestación por escrito, y no este.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para responder el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): En primer lugar, quiero agradecer la amable bienvenida del señor diputado y decirle que será nuestra intención, desde la Administración, responder en tiempo y forma a las preguntas que
se vayan formulando por escrito. A veces también la Administración, salvo que se dote de unos mecanismos extremadamente extensos, tiene dificultades para responder al enorme número -por miles- de preguntas que le van llegando desde los diferentes
grupos parlamentarios y desde las dos Cámaras. No obstante, ya le digo que nuestra intención es responder en tiempo y forma. También debo señalarle que alguna de estas preguntas ya se respondió verbalmente en Comisión, en concreto la primera a la
que me voy a referir, que versa sobre la muerte de tres inmigrantes en la frontera de Melilla, por el secretario de Estado de Seguridad del departamento en su comparecencia del 28 de septiembre de 2005.
Como ustedes recordarán, el 28 de agosto de 2005 unos 300 inmigrantes de origen subsahariano, en sucesivas oleadas, intentaron atravesar el perímetro fronterizo de Melilla, justamente allí donde el vallado se encontraba pendiente de
recrecer. Durante este episodio la Guardia Civil se vio obligada a emplear material antidisturbio, resultando heridos diez agentes y cinco inmigrantes que fueron trasladados al hospital de Melilla para su atención médica. Al día siguiente, es
decir el 29 de agosto, los agentes de la Guardia Civil de servicio en el perímetro fronterizo comunicaron a su comandancia que un grupo de unos 50 subsaharianos se encontraba en territorio marroquí junto a las instalaciones de las fuerzas auxiliares
de aquel país llevando envuelto en una manta el cuerpo de una persona y tratando de llamar la atención de los agentes de la Guardia Civil y de la Mehaznía, fuerzas auxiliares de Marruecos, para que estos se hiciesen cargo del mismo. Estas fueron
las primeras noticias que tuvo la Guardia Civil sobre el fallecimiento de un ciudadano subsahariano; noticias que las fuerzas auxiliares de Marruecos confirmaron después a la Guardia Civil, indicándoles además que entre el colectivo de inmigrantes
se comentaba que las causas de su muerte estaban relacionadas con el asalto masivo ocurrido la noche anterior en el que al parecer, y según esos mismos comentarios, habría participado el fallecido. A la vista de tales informaciones, la comandancia
de Melilla realizó inmediatamente una amplia investigación interna sobre estos hechos basándose en cuatro fuentes de información. La primera, a través de los datos obtenidos durante una reunión celebrada con los responsables de la comandancia con
los mandos de la Gendarmería marroquí. La Guardia Civil tuvo conocimiento de la versión de los hechos que proporcionó el único testigo que relaciona el fallecimiento del ciudadano subsahariano con la intervención de los miembros del Cuerpo de la
Guardia Civil. No obstante, tanto los agentes de la Gendarmería Real marroquí como la Guardia Civil cuestionan esta versión en sus respectivos informes por no corresponder aquella con una explicación técnica razonable y real de las circunstancias
de su muerte. Del examen -segunda fuente- de las imágenes captadas por las cámaras de vídeo no se desprende ningún episodio de disparos sucesivos con pelotas de goma a los inmigrantes ni que ninguno de los que retornaron a territorio marroquí, tras
ver frustrado su intento de entrada en España, presentara heridas por lesiones de importancia. Entre otras cosas, el arma no permite la repetición automática en el disparo de pelotas de goma, es necesario recargarla cada vez. La tercera fuente son
las conclusiones del informe elaborado como resultado de la declaración de los agentes de servicio, que van en el mismo sentido. Cuarta fuente: los agentes de la comandancia realizaron también una inspección ocular del lugar de los hechos sin que
encontraran restos de sangre ni vestigios que pudieran arrojar luz sobre los hechos investigados. Por todo ello, y teniendo en cuenta además que no hay constancia sobre la etiología de las lesiones que pudiera presentar el cadáver ni de la datación
de las mismas, ya que la investigación legal de los hechos corresponde a las autoridades marroquíes, las conclusiones del informe de la Guardia Civil indican que con la información disponible no se deduce en manera alguna que la Guardia Civil haya
tenido que ver con la muerte de la víctima de referencia. Por ello, y sin perjuicio del resultado de las investigaciones finales de las autoridades marroquíes y de las conclusiones que al respecto nos pueden hacer llegar, nuestro criterio y opinión
es que no hay ningún indicio objetivo ni de otro tipo, con carácter determinante, que vincule el desgraciado fallecimiento de este ciudadano subsahariano con la actuación llevada a cabo por la Guardia Civil con ocasión del violento asalto a nuestras
fronteras realizado en la noche del 28 de agosto pasado.
Respecto a las otras muertes acaecidas en el entorno de la frontera de Melilla en el pasado mes de septiembre, permítanme que les diga, señorías, que la actuación de la Guardia Civil y de las autoridades españolas ha sido de carácter
estrictamente humanitario, y solo bajo esa perspectiva podemos y debemos contemplarla. Los seis heridos entregados el día 8 de septiembre de 2005 en el límite fronterizo de la zona de Aguadú fueron trasladados por la Guardia Civil a centros
sanitarios de Melilla; los dos más graves en ambulancia hasta el hospital comarcal de la ciudad y el resto en vehículo oficial a un centro de salud.
Lamentablemente, uno de los heridos graves fallecería más tarde, el 12 de septiembre, en el
hospital comarcal. Los inmigrantes que entregaron a estas seis personas a las autoridades españolas informaron a la Guardia Civil de que las mayorías de las lesiones se habían producido como consecuencia de las caídas sufridas huyendo para no ser
detenidos por los agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes. Como consecuencia de este fallecimiento se abrieron diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 1 de Melilla, donde se sigue el correspondiente procedimiento
judicial cuya instrucción continúa abierta al día de la fecha.
Respecto de los dos inmigrantes que el 15 de septiembre reclamaron atención médica desde la parte exterior del vallado, como sin duda recordarán, uno de ellos falleció horas más tarde, tras ser evacuado, en el hospital comarcal de Melilla.
Al parecer, según las informaciones suministradas por la Guardia Civil, la muerte se habría debido a una situación de asfixia causada por un edema de glotis compatible con golpe o caída. He de informarles también que según consta en las
declaraciones de su acompañante, reflejadas en un detallado y cumplimentado informe sobre los hechos elaborado por la Comandancia de Melilla el día 18 de septiembre, este ciudadano manifestó a la Guardia Civil que él no había participado en
tentativas de vulneración fronteriza ni el asalto que había tenido lugar en la madrugada del día 15 ni en ningún otro últimamente. Como en el caso anterior, con ocasión de este fallecimiento se instruyeron las pertinentes diligencias que fueron
entregadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla, donde se dictó auto de sobreseimiento y archivo el 19 de abril pasado. Por motivos formales, el ministerio fiscal ha pedido la revisión y el tema se encuentra en la Audiencia Provincial
de Melilla. Por tanto, estas dos últimas muertes están en procedimientos judiciales que tendrán la última palabra en la valoración de los hechos.
Señora presidenta, paso a responder a la segunda pregunta, que pide una valoración sobre el grado de cumplimiento del acuerdo alcanzado con Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal. Como S.S. conoce, siempre que se detecta la
entrada ilegal en territorio español de un ciudadano extranjero originario de un tercer país que procede del territorio marroquí, las autoridades españolas formulan la pertinente petición formal de readmisión a las autoridades fronterizas de
Marruecos, según lo estipulado en el acuerdo hispano-marroquí relativo a la circulación de personas en tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente desde el 13 de febrero -fecha del acuerdo- de 1992.
Durante un tiempo, las
autoridades marroquíes no han contestado habitualmente a las solicitudes de readmisión de estas características porque alegaban que no quedaba suficientemente acreditado que el extranjero procediera de territorio marroquí. Sin embargo, esta
posición está cambiando gracias a la intensa actividad desarrollada por el Comité mixto hispano-marroquí previsto en el artículo 11 del texto del acuerdo, que sigue reuniéndose con una periodicidad semestral con el fin de solventar los casos
litigiosos que surgen de la aplicación del acuerdo, haciendo un seguimiento de la aplicación de las disposiciones del mismo.
Debo señalar a S.S. que en el caso de que los ciudadanos que llegan ilícitamente a España sean marroquíes, las autoridades
de aquel país aceptan el cien por cien de las peticiones de retorno al mismo. Se continúa reforzando el intercambio de información entre el Ministerio del Interior de Marruecos y la Comisaría General de Extranjería y Documentación, con un
incremento notable de la eficacia en las operaciones contra las redes de inmigración irregular desarrolladas a lo largo del último año por las fuerzas policiales de aquel país. Por tanto, cabe resaltar de modo positivo el esfuerzo desplegado por
las autoridades marroquíes tanto en el control de sus fronteras como en la lucha contra la desarticulación de las redes que tratan con seres humanos. Al ministerio que represento en este acto le merece una valoración global positiva la colaboración
que se está produciendo en este momento entre España y Marruecos, dado que en el último año y medio ha habido una progresión importante que se ha materializado en una mayor y efectiva vigilancia de las costas marroquíes que suelen constituir puntos
de partida de las pateras que tienen como destino España, así como, a partir de los asaltos masivos a la valla de Melilla, del perímetro que rodea la ciudad autónoma. A ello hay que añadir la intensificación de la cooperación operativa en los
últimos meses en el ámbito de la investigación de estos temas. Fruto de ello ha sido el desplazamiento que se ha producido hacia otros países de África -no Marruecos- de las embarcaciones que pretendían llegar a las costas españolas.
Señora presidenta, paso a la tercera pregunta de este bloque, sobre la expulsión de internos extranjeros una vez cumplida la condena. La pregunta se refiere al número de internos extranjeros -desglosado por años- condenados a prisión desde
1999 hasta 2005, que una vez cumplida su condena han sido puestos a disposición judicial para su expulsión del país. Sus señorías conocen la diferencia entre la expulsión judicial y la expulsión gubernativa. Como expulsiones judiciales se
entienden aquellas efectuadas en aplicación de lo establecido en el artículo 89 del Código Penal, en el que se indica que se sustituirán las penas impuestas privativas de libertad inferiores a seis años por la expulsión del
territorio nacional de extranjeros que se hallen irregularmente en nuestro país. Asimismo, respecto de estos ciudadanos, se establece la expulsión como sustitutiva cuando hayan sido condenados a pena superior a la anterior para el momento
en el que accedan al tercer grado penitenciario o una vez que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena. La expulsión gubernativa, independiente de la anterior, es la figura contemplada en el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, que
establece que será causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de
libertad superior a un año. En este caso, salvo que el extranjero se halle incurso, procesado o inculpado en proceso penal, es una expulsión adoptada por la autoridad gubernativa que se ejecutará directamente, ya que la condena que posibilita la
misma es el hecho de haber sido condenado, por lo que no resulta de aplicación la previa autorización judicial para materializar la expulsión, tal y como previene el apartado 7 del precitado artículo 57.
En consecuencia con lo anterior y entendiendo que los términos en los que ha sido formulada la pregunta -la evolución sobre el número de expulsiones- por la que se interesa S.S. se refieren a las expulsiones gubernativas, le informo que las
estadísticas de las que disponemos son las siguientes. En el año 1999, estas expulsiones a la salida de prisión fueron 88; en el año 2000, ocho; en el año 2001, 155; en el año 2002, 119; en el año 2003, 220; en el año 2004, 333, y en el año
2005, 371.
Con esto, señora presidenta, creo haber respondido a las tres preguntas planteadas.
La señora PRESIDENTA: Para su turno tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias por sus explicaciones a las tres primeras preguntas de esta mañana. Obviamente, en algún caso, de su contenido se deduce que sus explicaciones pueden haber perdido actualidad y, en el momento en
el que se formuló la petición de información, la respuesta que nos da usted ahora hubiera sido mucho más eficaz y evaluable. En todo caso, antes le hemos anunciado que vamos a pedir su comparecencia para que nos explique globalmente algunos de los
temas relacionados con estas preguntas de forma singularizada y que afectan a sus responsabilidades dentro del departamento.
Como usted ha dicho en su exposición, tengo que lamentar -eso lo compartimos- que sucedieran esos casos en Melilla en el mes de septiembre, pero tengo que formularle una crítica. Nos da la sensación -esa fue la percepción que tuvimos- de
que en aquel momento se produjo una cierta improvisación. Ojalá no hubieran ocurrido esos ni otros acontecimientos, pero desde nuestro punto de vista responden a una política errática sobre inmigración y a una cierta improvisación; improvisación
que va desde la comunicación de que iban a ir fuerzas armadas, cuando con anterioridad se había dicho que no, hasta una serie de movimientos y respuestas que no responden a una planificación coherente de una política sobre bases firmes e ideas de
claras. En todo caso, me alegra que en la deducción de responsabilidades que pudiera haber sobre esas muertes no haya implicaciones que afecten a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esperamos que aquellos acontecimientos hayan servido
al Gobierno para analizar con objetividad cuáles fueron sus causas en su día y para hacer valoraciones a futuro, de tal forma que aquello que se hizo mal, que aquellas imprevisiones de entonces no se puedan trasladar a la actualidad. Es verdad que
hoy tenemos encima de la mesa otros síntomas de este problema. No le niego, señor subsecretario, que es un problema muy complejo, muy duro y que afecta multisectorialmente a muchos aspectos, pero nos gustaría que se le diera una respuesta más firme
y más clara. Dado que el problema de la inmigración es un tema de Estado y de preocupación general, es su responsabilidad buscar en la medida de lo posible zonas de consenso entre todos los partidos que nos permitan compartir políticas claras y
eficaces para combatirlo.
En relación con el grado de cumplimiento de los acuerdos, nuestra voluntad era efectivamente conocer si había habido antecedentes y qué estaba ocurriendo y si ustedes, en el caso de la relación con Marruecos o de los acuerdos que hubiera
habido con ellos, estaban haciendo una política en la que se podían visualizar los antecedentes, si partían de la nada o partían ya de algo. Esa era nuestra razón. Esta información se la pediremos más ampliamente en una comparecencia porque nos
consta -y usted lo sabe- que ya existían bases que nosotros consideramos sólidas y firmes. Por eso le preguntamos si en ese momento se habían explotado esas bases, se había explorado ese camino y había un margen y unas posibilidades para pensar que
existía un marco estable y adecuado para poder solucionar o minimizar de alguna manera los impactos de la inmigración.
En relación con la expulsión de internos, usted nos da el dato, pero en la medida en que el texto de la pregunta pudiera haberse limitado a los expedientes que hacen referencia a las expulsiones gubernativas y no a las judiciales, lo que
haremos será ampliarlo a ambas, y así lo solicitaremos formalmente.
La señora PRESIDENTA: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Brevemente, no creo que ni por parte de S.S. ni por mi parte sea el momento adecuado de entrar en valoraciones más genéricas. Sobre la primera cuestión, los incidentes que ocurrieron
en la valla de Melilla, ya hubo una comparecencia más amplia del secretario de Estado en la que todos los grupos tuvieron la oportunidad de hacer las valoraciones pertinentes.
Por
eso no quiero entrar a valorar si hubo improvisación o no. Podría hacer una referencia a la situación en la que se desenvuelve no solo la vida política sino también la vida habitual. Alguien dijo hace ya muchos años que entrábamos en la
sociedad del accidente, y es verdad que se multiplican todas las situaciones. La política del Gobierno en relación con la inmigración es coherente, y cuando se producen situaciones no previstas se responde con coherencia. De hecho, hoy la presión
migratoria sobre las ciudades de Ceuta y Melilla ha desaparecido en grandísima parte.
Enlazando con la segunda pregunta, tampoco se trata en esta comparecencia de hacer un análisis de las relaciones de España con Marruecos. Todos podemos celebrar que las relaciones con Marruecos están muy mejoradas; que en este momento hay
una colaboración activa de las autoridades marroquíes para el control de los emigrantes que a través de sus fronteras acceden a España; que el fenómeno de las pateras ha quedado sensiblemente reducido y que Marruecos, cuando se trata de nacionales
de su país, los admite a todos sin excepción. Todos estos datos son muy positivos y ojalá que con este Gobierno o con cualquier otro el entendimiento con nuestro vecino del sur, tan vital para los intereses de España, siga prolongándose.
En cuanto al dato que les he facilitado, dato de que dispone la autoridad gubernativa, en este caso el Ministerio del Interior, creo que es mayor, porque desde el momento en que la policía tiene conocimiento de que una persona que no se
encuentra en situación de residencia legal en España ha sido condenada, abre un expediente que se materializa a la salida de prisión de esa persona. En este sentido, ustedes han conocido los datos de cómo esas personas que no tenían residencia
legal en España desde el momento en el que abandonan la prisión son expulsadas fuera del territorio nacional con la cadencia que les he señalado. Obviamente, respecto a las peticiones que ustedes formulen por escrito en la parte que sea competencia
de la Administración ejecutiva, del Ministerio del Interior, se les facilitará la respuesta.
-CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE SERVICIOS ADJUDICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (SERVICIOS CENTRALES Y CENTROS PENITENCIARIOS) DURANTE LOS AÑOS 2004 Y 2005 (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/050866). (Número de expediente 181/002126.)
-EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE SERVICIOS ADJUDICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (SERVICIOS CENTRALES Y CENTROS PENITENCIARIOS) DURANTE LOS AÑOS
2004 Y 2005 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/050867).
(Número de expediente 181/002127.)
-CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE SERVICIOS ADJUDICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (SERVICIOS CENTRALES Y CENTROS PENITENCIARIOS) DURANTE LOS AÑOS 2004 Y 2005, AGRUPADOS POR CENTROS
PENITENCIARIOS Y TIPO DE CONTRATO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/050868). (Número de expediente 181/002128.)
-CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE SERVICIOS ADJUDICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (SERVICIOS CENTRALES Y CENTROS PENITENCIARIOS) DURANTE LOS AÑOS 2004 Y 2005, AGRUPADOS POR EL
PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN UTILIZADOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/050869). (Número de expediente 181/002129.)
-CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTROS, CONSULTORÍA Y ASISTENCIA Y DE SERVICIOS ADJUDICADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (SERVICIOS CENTRALES Y CENTROS PENITENCIARIOS) DURANTE LOS AÑOS 2004 Y 2005, UTILIZANDO EL
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/050870).
(Número de expediente 181/002130.)
-CONTRATOS DE SUMINISTROS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADJUDICADOS DURANTE LOS AÑOS 2004 Y 2005 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/050871). (Número de expediente 181/002131.)
-PERSONAL DE EMPRESAS EXTERNAS CONTRATADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DURANTE LOS AÑOS 2004 Y 2005 PARA PRESTACIONES DE CONSULTORÍA, ASISTENCIA Y SERVICIOS EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/050872). (Número de expediente 181/002132.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al bloque de preguntas que versa sobre asuntos relacionados con instituciones penitenciarias, números 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131 y 2132. Para su formulación tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Quiero elevar nuevamente la misma crítica y la misma queja, con el mismo tono de voz pero con más autoridad, ya que si en algunos casos se pudiera deducir de las preguntas una explicación larga sobre algún tema
en concreto, en este caso pensamos que se trata de una fotografía. Eso es lo que pedíamos en su momento, pero hemos tenido que llegar a este trámite para volver a solicitarlo. En todo caso, queremos esa fotografía que afecta a los contratos de
obras, de suministro, de asistencia, etcétera, en los términos en los que la hemos solicitado, lo cual creemos que es relativamente sencillo. Por tanto, esta es la crítica que le trasladamos, y es que seis meses después no hayamos podido tener ese
cuadro excel que obviamente debería obrar en su poder, ya que es absolutamente necesario para controlar el departamento que usted dirige. Nosotros en este caso vamos a ser más firmes en la crítica -luego la reproduciremos-, y no solo esperamos
escuchar -escucharemos con atención sus palabras, de las que más tarde haremos una valoración-, sino que deseamos que en las 48 horas preceptivas podamos tener en nuestro poder ese macrocuadro con toda la información que hemos pedido para, sin
perjuicio de escuchar la valoración que usted pueda hacer, sacar las propias conclusiones que del mismo se deriven.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Por lo que se refiere a estas preguntas, en primer lugar quiero poner de manifiesto la voluntad absoluta y decidida del ministerio porque haya transparencia en todo lo referente a
contratación. En la respuesta a las preguntas les voy a facilitar un análisis por bloques, porque como SS.SS. bien conocen se trata de un organismo que -por no entrar en el detalle- tiene más de 20.000 funcionarios que atienden a más de 50.000
reclusos y donde hay un volumen de contratación importante. En el año 2006 el capítulo 2 sobrepasa los 250 millones de euros y el capítulo 6 supera los 23 millones de euros. Por consiguiente, se trata de unos volúmenes muy importantes. Asimismo,
voy a responder explicándoles la mecánica según la cual se llevan a cabo estas contrataciones.
La gestión de la contratación se hace tanto a nivel de servicios centrales como a través de los centros penitenciarios, conforme a la siguiente distribución. Los centros penitenciarios contratan en el capítulo 2 y en el capítulo 6 por un
importe de hasta 60.000 euros, tanto en lo relativo a la contratación de bienes y servicios como en las inversiones reales del centro. Por su parte, los servicios centrales asumen todo el capítulo 1 más los capítulos 2 y 6 por un importe superior a
60.000 euros. Esto está recogido en una orden de delegación de competencias en la que el Gobierno ha repetido punto por punto y coma por coma la del año 2001 del anterior Gobierno. Por tanto, no hemos cambiado nada en cuanto a la delegación que
había entre servicios centrales y los centros penitenciarios, que, como les digo, con relación a los capítulos 2 y 6 tienen esta competencia por un importe de hasta 60.000 euros. Cuando se trata de compras inferiores a esta cifra que afectan a
varios centros penitenciarios son los servicios centrales los que llevan a cabo ese capítulo. La distribución por órganos y tipo de contrato es la siguiente.
Los servicios centrales realizaron 17 contratos de obras durante el año 2004 y seis
durante 2005; con relación a suministros realizaron 208 contratos durante el año 2004 y 298 durante 2005, y respecto a servicios realizaron 218 contratos durante el año 2004 y 134 durante el año 2005.
Por su parte, los centros penitenciarios
realizaron 109 contratos de obras durante el año 2004 y 157 durante 2005; en cuanto a suministros, 164 durante el año 2004 y 186 durante 2005, y respecto a servicios realizaron 63 contratos durante el año 2004 y 109 durante 2005. La distribución
por objeto de contratación va implícita en el cuadro anterior, pero repito los datos organizados de otra forma: 126 contratos de obras en el año 2004 y 173 en 2005; en cuanto a suministros, 372 en 2004 y 484 en 2005, y en cuanto a servicios se
realizaron 281 contratos en 2004 y 243 en el año 2005. En total, verán que se llevaron a cabo 779 contratos en el año 2004 y 900 en el año 2005. Si atendemos al tipo de procedimiento de contratación, concurso o subasta, la distribución es la
siguiente. El procedimiento abierto se utilizó en 14 obras en el año 2004 y en 21 obras durante el año 2005; en suministros el procedimiento abierto se utilizó en 15 obras en el año 2004 y en 34 durante el año 2005, y en servicios este
procedimiento se utilizó en 30 obras en el año 2004 y en 36 durante el año 2005. Como digo, en todas ellas se utilizó el procedimiento abierto. En cuanto a negociado, se utilizó en 31 obras durante el año 2004 y en 27 durante 2005; en cuanto a
suministros, en 79 obras en el año 2004 y en 71 durante 2005, y en cuanto a servicios se utilizó en 36 durante el año 2004 y en 35 durante 2005. Respecto
a bienes y servicios en el órgano central fueron 81 en el año 2004 y 131 en 2005. En relación con los contratos menores del órgano central, se llevaron a cabo 81 en obras durante 2004 y 125 en 2005; en cuanto a suministros, 197 en al año
2004 y 248 en 2005, y en cuanto servicios, 2.015 en 2004 y 172 en el año 2005. Y con relación a contratos de emergencias, tengo que decir que se hizo uno cada año y uno restringido en el año 2005. Sumándolo todo tendrán ustedes los 779 contratos
correspondientes a 2004 y los 900 correspondientes a 2005.
Su señoría se interesa también por los contratos de suministro de equipos informáticos y los centros de destino realizados durante el año 2005.
Pues bien, tengo que decirle que el número de contratos de este tipo fue de 26 y el material
suministrado se distribuyó por los diferentes centros penitenciarios. Los detalles los tienen ustedes a su disposición en la subdirección de contratación pertinente. En cuanto a las personas de empresas externas contratadas por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias para los años 2004 y 2005 para prestaciones de consultoría, de asistencia y de servicio en el área de informática, han sido seis en 2004 y doce en 2005. Finalmente, le reitero que la documentación que
contiene el detalle de todos los datos solicitados por Su Señoría, que sería enorme -en torno a los 900 contratos a que he hecho referencia en 2005-, está a su disposición para ser revisada y analizada.
Las empresas con las que viene trabajando
Instituciones Penitenciarias son básicamente las mismas de años anteriores. Son muchas veces empresas especializadas. Únicamente se utilizan procedimientos negociados de seguridad sin publicidad en aquellos casos que son estrictamente
imprescindibles, que son muy pocos.
Le vuelvo a manifestar la voluntad decidida y firme del ministerio, como no puede ser de otra forma, de la intervención, que opera en todos los contratos, y de los informes de la Abogacía del Estado en los casos en que es necesario acudir a
los contratos de seguridad de aplicar con todo rigor las leyes y las normas en vigor sobre contratación administrativa.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para su turno el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Le decía antes que este trámite era un poco diabólico para la oposición, porque si usted nos hubiera ofrecido estos datos por escrito, habríamos hecho nuestra propia valoración y sacado nuestras propias
conclusiones o incluso podríamos haber hecho nuevas preguntas o indagaciones, porque como así lo han querido los ciudadanos, usted está allí y nosotros aquí, pero nosotros estamos obligados a controlar la acción del Gobierno, y los ciudadanos tienen
derecho a saber y a tener instrumentos para que nosotros podamos ejercer obviamente nuestra responsabilidad. Le decía antes que lo hemos tenido que trasladar a una pregunta oral. No crea que no lo vamos a pedir por escrito, pero en este caso se me
hace difícil creer que, por la responsabilidad que tenían sus antecesores o usted, la información que nos da ahora no la tenían no días antes de cerrar un ejercicio sino después, por la fecha de terminación de algunos contratos. Me parece muy bien
que se dé golpes de pecho sobre la transparencia que va a tener este Gobierno, pero en este caso qué quiere que le diga. Únicamente se le pide que nos diga número, tipos y fecha de los contratos, fecha de presupuesto de licitación, es decir, una
serie de datos que obviamente ustedes tienen que conocer y manejar, porque al final el presupuesto del que usted es responsable se gasta en obras, y obviamente cuando tenga que responder de él y en qué se ha gastado tendrá que saber todos esos datos
en un cuadro macro, un cuadro Excel de muy sencilla redacción y amplio, porque las obras, como usted dice, son muchas. No puede ser que habiendo hecho la pregunta el 2 de noviembre ahora ni siquiera tengamos el dato por escrito. Nos está hurtando
la posibilidad de que podamos hacer bien nuestro trabajo, se lo tengo que decir -no usted, porque no estaba, pero hasta ahora no se nos permitía hacerlo-. ¿Qué valoración puedo hacer de la realidad si no sé las empresas?
Le agradezco la información que nos ha suministrado, pero nos da los datos en general. Si desde nuestro punto de vista ese dato es necesario para que ustedes puedan hacer bien su trabajo, cerrar el año y saber en qué se ha ido el dinero de
los años 2004 y 2005 -y eso deben saberlo desde luego al final de los años 2004 y 2005-, la pregunta que yo como oposición tengo que hacerme es: ¿y por qué no me lo han dado hasta ahora? No puedo hacerme otra pregunta. ¿Por qué han tardado seis
meses en darme este dato, que ahora no tengo pero que tendremos? ¿Por qué? Desde mi punto de vista solo tiene dos respuestas posibles -usted igual tiene alguna otra-: una, porque no lo trae -una respuesta de buena fe-; dos, porque no nos lo
quieren dar. Esas son las dos únicas posibilidades que tenemos, y a la primera me niego porque no puedo creer que en su departamento no barajen esa información completamente y no tengan los controles suficientes como para saber quién y cómo
adjudica, a través de qué procedimientos, qué procedimiento se utiliza en cada momento, quién es la empresa, la seriedad, los controles, la intervención, etcétera. Eso lo tienen ustedes al día y lo conocen perfectamente; además, gran parte de esa
información o toda es pública. Si la saben y no nos la han dado, solo me queda otra respuesta y es que no nos la han querido dar. ¿Por qué no nos la quieren dar? Esa es la pregunta que me tengo que hacer a la fuerza. Cuando mi grupo me pide que
intervenga y me enfrento a esta pregunta lo único que se me ocurre es por qué no nos la da entera. Encima tenemos la experiencia de que es una cosa tan evidente, tan fácil, porque se trata de una fotografía que no requiere una valoración ni un
estudio, sino de una hoja Excel, en la que se hace un resumen de la gestión de su departamento. Cuando se habla de contratación y la información no es lo absolutamente transparente que
debería ser a veces nos encontramos con sorpresas desagradables que no tiene por qué haber y en muchos casos -no diré en este- siempre pasa lo mismo. Normalmente, tiene algo que ver con un descontrol en la contratación, con que no se
contrata bien o con que no se siguen los procedimientos adecuados. Se puede llegar a saber. Si es verdad que usted tenía el dato, nos tendría que decir -cada año ha tenido el dato de cierre de su ejercicio y de sus gastos- qué ha hecho hasta
llegar aquí.
Le he pedido el dato y pongo mi cautela sobre las razones por las que no nos lo haya dado, pero también debería, al haber entrado en esta responsabilidad, hacerse esa pregunta: ¿por qué hasta ahora en cuatro meses no hemos dado el
dato? Quisiera -y si no es ahora, en una comparecencia- que nos dijera qué investigación ha hecho, qué conocimiento tenía, desde cuándo tiene ese cuadro macro de las obras, qué composición de lugar se hace de las obras, si efectivamente no hay
ningún problema con ningún tipo de obra, si no se están fraccionando obras que pueden ser del mismo objeto en procedimientos más sencillos de contratación y si hay alguna persona a la que su propio departamento haya hecho algún tipo de investigación
especial, porque de esos 795 expedientes no todos están correctos.
El objeto de nuestra pregunta era conocer, porque es nuestra obligación, y la suya es investigar con esa transparencia que dice que va a tener. Lo debe hacer así. Con la noticia que nos encontramos hoy en el periódico nos da la sensación
que no estábamos tan desencaminados cuando hicimos la pregunta ni cuando, señor subsecretario, decimos que tenemos dudas sobre la voluntad de transparencia, porque no sé si es la punta del iceberg, pero algunas noticias no van en la dirección de que
todo es absolutamente correcto. No sé si es verdad la noticia de un periódico de hoy que dice que se está haciendo una investigación interna o que el coordinador del área del plan de Infraestructuras de Instituciones Penitenciarias proponía en
algunos contratos para que se adjudicaran de forma directa la redacción de los proyectos y la dirección técnica de las obras que realiza Instituciones Penitenciarias a alguna empresa que estaba vinculada con él. Creo que estos temas deberían haber
motivado una investigación interna, suya o del departamento, y hubiéramos podido tener la seguridad de que la información de la que a nosotros se nos privaba no daba como resultado ningún problema importante que ustedes no pudieran investigar por sí
mismos. Quiero pedirle que nos lo diga y, si no, le pediremos exactamente que venga porque creemos que este es un tema serio.
Se lo tenemos que decir así, señor subsecretario. Esto lo vamos a controlar muy en serio. Queríamos hacerlo con la
información y ahora nos vemos obligados a pedírsela específicamente porque no nos gusta nada lo que estamos viendo. Quiero que usted se comprometa, como nos queremos comprometer nosotros, porque eso no puede ser. No nos queremos encontrar con lo
que en otros casos resulta al final cuando se habla de contratación. Si ustedes obviamente tenían la información y sabían, aunque no nos la hubieran dado a nosotros, cuál era el marco total de los contratos, dígame qué investigaciones han hecho y
dónde estamos. Le anuncio y le anticipo que vamos a trabajar en este tema y vamos a ver hasta qué punto pudiera haber existido, en su caso, abuso en la formalización y utilización de una serie de procedimientos que son más laxos y tienen menos
rigidez que otros, y lo vamos a hacer a fondo porque no queremos encontrarnos con contrataciones a dedo o con abuso de los procedimientos menores, con abuso de la utilización del fraccionamiento de los contratos cuando tienen algunos el mismo
objeto, ni siquiera con la utilización abusiva, si la hubiera, de procedimientos negociados por razones de seguridad. Le vamos a pedir todos esos datos por si hubiera habido concentración en la adjudicación a algunas empresas y para controlar ese
margen de discrecionalidad que -usted no lleva mucho tiempo- no sabemos hasta qué punto algunas personas -bien sean estas de las cuales se hace eco la prensa o personas que están por encima de ellas- hubieran tenido hasta la fecha. Quiero que sepa
que esto nos preocupa, señor subsecretario, que vamos a estar encima y pediremos, especialmente en algunos de los casos que hayan salido en la prensa, una información específica.
Nosotros no tenemos ningún problema en colaborar en que estas cosas se esclarezcan y que la Administración cumpla con sus responsabilidades y su acción de la manera más responsable y objetiva posible. Debemos de eliminar la discrecionalidad
y, en su caso, el descontrol de la Administración. Yo le pido transparencia y que sea transparente y colaborador con este grupo y nos preste en este caso, habida cuenta de la información que empezamos a conocer, toda la cooperación posible.
Nosotros colaboraremos con usted, no tenemos ningún inconveniente, pero seamos leales y no nos prive ni nos hurte a nosotros la posibilidad de que podamos llevar a cabo nuestro trabajo con los medios que legalmente tenemos a nuestra disposición.
Hágalo. Se lo pido así, señor subsecretario.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar este turno el señor Zambrana.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Quiero indicar, para la tranquilidad del señor diputado, que sobre la información que ha aparecido esta mañana en un diario de difusión nacional, a la que ha hecho referencia, ya se ha
ordenado por parte de la directora de Instituciones Penitenciarias la apertura de una investigación, investigación que se llevará a cabo con todo el rigor, si es que hay fundamento. Debo señalarle que creo que tenemos un interés compartido, ustedes
y nosotros, porque la persona ahí mencionada es un funcionario que fue libremente designado por el anterior Gobierno y que este Gobierno no ha removido de su sitio. Por consiguiente, tenemos interés, por una parte y por otra, en el caso de que
hubiera alguna supuesta irregularidad, que está por ver, porque estas
cosas hay que someterlas a la presunción de inocencia, investigarlas y contrastar los datos y los hechos. Le quiero señalar que si hay algo que sea necesario corregir, no le quepa la menor duda, y espero que los dos grupos podamos estar de
acuerdo, en que ello se corregirá con todo rigor, exactitud y también con toda justicia. Nuestra voluntad de transparencia, le reitero, es absoluta.
Sobre las dificultades que haya podido tener la Administración para responder a la pregunta, ya le dije al principio que vamos a tratar de que estos temas se respondan. También debo señalarle que no toda la Administración tiene los mismos
sistemas informáticos. Ahora con una hoja Excel, cuando están creados la base informática y los procesos que permiten centralizar todas las prisiones y los mecanismos de contratación, es fácil tener información en un momento, pero desgraciadamente
ese mecanismo no existía. Se está haciendo en este momento, y en un futuro posiblemente será más fácil responder a este tipo de preguntas que ahora suponen una cuestión muy ardua, porque hay que comenzar a recoger en un gran número de centros y
expedientes una base de datos que hasta ahora no existía. Le reitero nuestra total disposición.
La información sobre estos asuntos está a disposición de todos los ciudadanos y de esta Cámara, como no puede ser de otra forma en democracia.
-NÚMERO DE DETENIDOS PERTENECIENTES A BANDAS JUVENILES EN EL ÚLTIMO AÑO Y MIEMBROS DE LAS MISMAS QUE CUMPLEN PRISIÓN EN ESPAÑA, ASÍ COMO NÚMERO DE EFECTIVOS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD ASIGNADOS A BANDAS JUVENILES (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/059116). (Número de expediente 181/002134.)
-PREVISIONES ACERCA DEL EQUIPO POLICIAL DE APOYO ANTE GRANDES ATAQUES TERRORISTAS ANUNCIADO POR EL GOBIERNO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/060037).
(Número de expediente
181/002135.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, número de expediente 2134 y que versa sobre bandas juveniles. Según me indica el señor Salvador, se puede agrupar con la número 2135. Tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: La primera pregunta solicita información sobre el número de detenidos pertenecientes a bandas juveniles en el último año y miembros de las mismas que cumplen prisión en España, así como sobre el número de
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asignados a bandas juveniles. La siguiente y última pregunta es sobre las previsiones que pudiera darnos el representante del Gobierno, en este caso del Ministerio del Interior, acerca del equipo
policial de apoyo ante grandes ataques terroristas anunciado en aquel momento, en el momento en que se formuló la pregunta, por parte del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Señoría, voy a tratar de hacer referencia a estos dos importantes problemas. En primer lugar, como consecuencia de las investigaciones policiales practicadas por grupos especializados
en movimientos urbanos antisociales, creo que es necesario distinguir dos tipos de bandas: por una parte, aquellos grupos violentos cuyos miembros son en su mayoría de origen sudamericano, en cuyo caso estaríamos hablando de las denominadas bandas
latinas; por otra, aquellos miembros de colectivos pertenecientes al movimiento skin en sus dos vertientes de afinidad ideológica: la extrema derecha o la extrema izquierda. En ambos casos el número de detenidos fue, en el año 2005, de 308. La
Comunidad de Madrid registró 137 detenciones; la Comunidad de Andalucía, 2: la Comunidad de Murcia, 14; la Comunidad de Valencia, 106; la Comunidad de Cataluña, 22; la Comunidad de Aragón, 12; la Comunidad de Castilla y León, 6; la Comunidad
de Castilla-La Mancha, 9.
Por lo que respecta a la cuestión de la edad, que también se formula en su pregunta, los grupos juveniles con adscripción al movimiento skin y que protagonizan incidentes violentos son jóvenes cuyas edades se mueven en una horquilla entre
los 16 y 25 años, aunque ello no evita que excepcionalmente pueda haber alguno mayor o menor. Por otra parte, los miembros de las bandas latinas son jóvenes cuyas edades están comprendidas entre los 14 y los 25 años. Por tanto, los datos
estadísticos del total de detenidos en el último año recogen que un 40 por ciento aproximadamente son menores de edad y el resto, es decir, el 60 por ciento aproximadamente, mayores de edad.
Si nos referimos a las bandas, del total de los 308 detenidos que he mencionado, 182 pertenecen a bandas latinas y 126 a los movimientos skin.
En cuanto al motivo de las detenciones, en el movimiento skin la incidencia fundamental se ha
centrado en los enfrentamientos violentos entre grupos de ideología contraria, toda vez que suelen confluir en diferentes eventos, como son las manifestaciones, los partidos de fútbol, actos políticos, etcétera. También estos jóvenes de las bandas
skin han protagonizado acciones de carácter racista, como han sido las agresiones a personas de diferentes nacionalidades, integrantes generalmente de colectivos inmigrantes. En este sentido, se han producido acciones consistentes en daños contra
el patrimonio de sedes de
partidos políticos de ideología contraria, edificios sede de organismos o instituciones identificadas con las religiones musulmana o judía. La causa de las detenciones de miembros de bandas latinas que se han producido no se ha limitado
únicamente a enfrentamientos entre bandas rivales como consecuencia de las cuales se hayan producido lesiones, sino que ha sido frecuente la utilización de amenazas, coacciones e incluso agresiones a jóvenes para que se integren en una banda. Por
último, una parte significativa de acciones delictivas ha girado en torno a la comisión de delitos contra la propiedad o robos violentos con intimidación en las personas. (La señora vicepresidenta, Rivero Alcover, ocupa la Presidencia.)
El número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cada provincia es una pregunta a la que no voy a responder, porque no es la costumbre de la Policía, citándole cifras concretas. Sí debo decirle que tanto la Policía
como la Guardia Civil tienen ya personal especializado desde brigadas o unidades dedicadas a este tema, en responder, a la problemática de estas bandas. Por último, si S.S. quiere conocer los datos de personas de estos grupos que están en
instituciones penitenciarias, le diré que en este momento hay 66 internos pertenecientes a bandas juveniles que cumplen condena en doce centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado.
Según las bandas juveniles a las
que pertenecen, son: skin puros, sin adscripción, una; neonazis, dos; de las bandas Latin, 44; Lion Black, dos; Ñetas, seis; Trinitarios, once.
Por lo que se refiere a la segunda pregunta, sobre el equipo policial de apoyo ante ataques terroristas, debo decirle que las cuestiones que usted ha planteado están recogidas en la instrucción 1/2006 de la Secretaria de Estado de Seguridad,
de 3 de enero, por la que se lleva a cabo la creación y constitución de un equipo policial de apoyo ante grandes ataques terroristas. Por tanto, para dar contestación me voy a remitir a la pregunta que S.S. ha señalado. El equipo policial de
apoyo ante grandes ataques terroristas está constituido por representantes de las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil de las especialidades de información, policía científica, desactivación de explosivos y especialistas en
ataques nucleares, radiológicos, biológicos y químicos. Al frente del mismo, durante el presente año se encuentra un miembro de la Guardia Civil. La dirección del equipo va a ser alternativa, por anualidades, entre Policía y Guardia Civil. En
cuanto a la fecha prevista para su operatividad, he de comunicar a su señoría, tras haber hablado con las direcciones generales, que los integrantes ya se han constituido y, por consiguiente, si por esto se entiende operativo, el equipo está
conformado. Posiblemente tendrán que hacer, como ocurre en este tipo de cosas, algún simulacro, que ojalá nunca tenga que ser operativo en la realidad porque no haya lugar a ello. Con este equipo se vienen a completar los planes de prevención y de
protección antiterrorista; sus labores y sus competencias se concretan en el asesoramiento y el apoyo a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a otros organismos que intervienen en las investigaciones llevadas a cabo como
consecuencia de grandes atentados terroristas. En este sentido, la instrucción establece que el coordinador del equipo policial de apoyo mantendrá una relación de colaboración constante con el director del Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista, que, como saben ustedes, también está en funcionamiento.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Para consumir un turno de réplica tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muchas gracias por sus explicaciones. De todo lo que nos ha dicho, me llama la atención la negativa a no dar el número de agentes que están adscritos al servicio de bandas juveniles. Le he oído hace un
instante hablar de transparencia, y conociendo como conocemos datos en otros temas y en otras actuaciones de terrorismo, incluso de otras responsabilidades, no entiendo que no podamos conocer este dato; no alcanzo a saber en qué puede afectar a la
seguridad que sea público y que nosotros tengamos acceso a esa información. Me choca, se lo tengo que decir. En todo caso, no nos sentimos racionalmente contestados, qué quiere que le diga; no nos parece una razón suficiente. Ya le anticipo que
se lo vamos a pedir por escrito, porque no nos parece lógico que pudiendo lo más no pueda lo menos. Efectivamente, en su departamento hemos tenido conocimiento de otra serie de adscripciones o del personal que está en otras actividades, que incluso
pueden ser de mayor riesgo o más susceptibles de afectar a la seguridad y por eso no nos parece una razón que podamos compartir. Nosotros mantendremos la solicitud, que era la razón de nuestra pregunta. También le diré que si era una cuestión de
seguridad, ¿por qué han tardado tantísimos meses en contestarnos? No lo entiendo. Si la pregunta está formulada hace seis meses y esta era la respuesta, no le puedo decir otra cosa sino que me defrauda; lo podían haber dicho al día siguiente.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
En este tema de las bandas juveniles por parte del Grupo Popular se estaba alertando, lo hicimos en su día y lo seguíamos haciendo, sobre la gran preocupación social que suscita, de la elevación de la preocupación por la trascendencia que
tiene la organización y la existencia de estas bandas. Así lo hemos hecho saber. Esa es nuestra crítica en este caso.
Sin perjuicio de irnos de esta comparecencia sin saber cuál es el número de los agentes adscritos en cada comunidad autónoma
-que me parece increíble, qué quiere que le diga-, queremos reiterarle nuestra voluntad, como no puede ser de otra forma, de colaborar, pero nos gustaría que hubiera más claridad y que aquellos planes que ustedes anuncian no fueran fruto de la
improvisación. Algunos planes, como el que se presentó en diciembre de 2005, contenían una serie de
medidas que se pretendían implementar, y nosotros queremos decirle que dentro de nuestra responsabilidad seguiremos haciendo el control -exigiremos saberlo en su momento- de si efectivamente esas medidas resultan eficaces en función de su
implementación o de su realización.
En relación con la última de las preguntas, efectivamente conocemos la instrucción y nos parece una respuesta un poco general. Esa es la crítica que le puedo hacer. Si los equipos están diseñados, ¿qué han hecho? Entiendo que como no se
ha producido un siniestro o un atentado no han tenido que funcionar, pero ¿están coordinados, qué han hecho, cómo han actuado? ¿Cuáles son las medidas que hasta este momento se han puesto en marcha y cuál es el papel que tiene el CEMU en ese plan
operativo? Efectivamente se ha trabajado en esa dirección que recoge la instrucción, pero entienda que le diga finalmente que este trámite para nosotros -para nosotros en este caso, igual que para quien hubiera sido en su día oposición- es un tanto
diabólico, porque con sus respuestas nosotros no podemos hacer la valoración que hubiéramos hecho de haber tenido en su día una fotografía, que era lo que nosotros le pedíamos; no le pedíamos una novela o una película -cada uno haremos la película
en función de las fotografías que tengamos- sino esa fotografía. En el caso de los agentes que están adscritos, si esa iba a ser la respuesta nosotros la hubiéramos deseado en ese momento. Esa respuesta nos hubiera motivado las consideraciones que
fueran, las alertas que fueran y hubiéramos tenido otro tipo de iniciativas, pero, señor subsecretario, no nos parecen razones suficientes las que usted alega en esta intervención para no tener esa información en relación con cuáles son los números
adscritos a este problema.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar este turno el señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Zambrana Pineda): Quiero agradecerle al señor Armendáriz el tono constructivo que ha utilizado durante su intervención. Señor Armendáriz, consultaré a la policía el número de agentes. Le he dado una
información amplia sobre las bandas, que creo que es lo relevante, y desde luego, como comprenderá, desde el punto de vista de la dirección política del ministerio, no hay ningún problema en conocer o dejar de conocer el número de agentes; es la
policía la que estima que en determinadas unidades no debe hacerse excesiva publicidad de los medios con los que cuentan. Hay personal especializado, cosa que no ocurría en otras épocas. Le he dado muchos datos sobre las bandas y podemos decir
felizmente que aquellas bandas que resultaban más lesivas para la población porque tenían más altercados con esta, como eran las bandas latinas, están muy desarticuladas a día de hoy por la eficaz labor de los agentes.
El hecho de haber estado catorce años sentado en esos bancos y haber tenido mucho tiempo la oportunidad de hacer actividad parlamentaria me hace constatar que el actual Gobierno no se caracteriza porque no esté permanentemente acudiendo y
facilitando información al Parlamento. Épocas se han conocido en que los datos que llegaban eran bastante más difíciles de obtener y las comparecencias no eran tan decididas. Dice que para la oposición un trámite de preguntas escritas que pasan a
orales no es cómodo. Tampoco es el trámite que los gobiernos más desean. Algunas veces, por hache o por be, las preguntas no se responden a tiempo, en la mayoría de los casos por una sobrecarga del número de estas. Trataremos de que las preguntas
se respondan con la mayor agilidad posible. Su señoría ha podido contrastar con la información amplia y detallada que le he dado sobre ellas que nuestra voluntad es de total transparencia. De ahora en adelante, como parece que la única pega que le
ha puesto a esta última parte de la intervención ha sido el conocimiento del número de agentes que dedican los cuerpos policiales al seguimiento de las bandas juveniles, de acuerdo con las consideraciones operativas que tengan los dos cuerpos de
policía -Guardia Civil y Policía Nacional-, podremos o no responderle a la petición de datos que S.S. detalla. Su señoría estará de acuerdo en que es un dato de una relevancia mínima; es mucho más importante que sepamos el número de bandas, el
número de detenidos, las personas que las configuran y cómo se ha venido actuando desde los cuerpos policiales para resolver este problema que afecta a los ciudadanos y que felizmente está hoy en una onda menor que la que ha conocido en otras
épocas.
La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender por unos breves minutos la Comisión para despedir al señor Zambrana. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-SOBRE COORDINACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001243.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a reiniciar la sesión con el debate de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la relativa a la coordinación y modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra para su defensa la señora Rivero.
La señora RIVERO ALCOVER: Señoras y señores diputados, paso a defender la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno, a través de esta Comisión de Interior, a avanzar en la línea
de coordinación y modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya emprendida por el actual Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y en la que solicitamos la utilización
conjunta y compartida de los sistemas de información y comunicación, así como la mejora de los mecanismos de cooperación y coordinación en materia de información con las policías autonómicas y locales. Ya en la propia exposición de motivos
sostenemos que una política global y eficaz de seguridad para todos, en la que los ciudadanos estén y se sientan seguros, ha de sustentarse en dos pilares básicos: en un conjunto de políticas de solidaridad y cohesión social, dirigidas a impedir la
aparición de situaciones y factores que propicien la realización de determinados delitos, y en la puesta en marcha de un sistema público de seguridad eficaz sobre la base de la modernización, la racionalización, la integración y la coordinación del
actual sistema policial. Por tanto, es de gran importancia el reforzamiento de las funciones de coordinación y planificación de la seguridad ciudadana con la participación, no lo olvidemos, de las administraciones autonómicas y locales y, por
tanto, es fundamental la coherencia, la racionalidad y la eficacia de las actuaciones de estas administraciones públicas y de las Fuerzas de Seguridad que de ellas dependen.
Señorías, como seguramente todos recordarán, en su debate de investidura el presidente del Gobierno situó la seguridad de los españoles como objetivo estratégico y prioritario de su acción de gobierno en coherencia con los compromisos
adquiridos con los ciudadanos y ciudadanas durante la campaña electoral y el propio programa del Partido Socialista, en el que de forma específica se contiene esta materia de reforzamiento de la coordinación y planificación de la seguridad ciudadana
y en cuya labor se encuentra profundamente comprometido el actual Gobierno. Ahora bien, no podemos olvidar que esta tarea es ardua porque ha sido de absoluta necesidad la puesta en marcha y el reinicio de una política de seguridad, que no existía
por el difícil panorama que se ha encontrado tras una gestión del anterior Gobierno basada en políticas de maquillaje y de poca inversión y preocupación por la seguridad ciudadana, haciendo suyo el lema, bien conocido por todos los ciudadanos, de
quien quiera seguridad, que se la pague. De ahí la disminución hasta la casi no convocatoria de plazas de Guardia Civil y Policía Nacional, con una clara tendencia hacia la cesión en el terreno a la seguridad privada, pese a los argumentos que
repetida y ostensiblemente emplean en contra de este Gobierno en materia de seguridad, que sin duda alguna emplearán en la mañana de hoy, a pesar de que los datos son tozudos; como decimos en mi tierra, torrontudos. En los datos hechos públicos
por el Ministerio del Interior entre 1996 y 2004 hubo una disminución de los recursos destinados a la seguridad de ciudadana, que pasan del 0,63 al 0,52 del producto interior bruto, con una reducción superior al 17 por ciento. La evolución de los
delitos en los años de Gobierno del Partido Popular ha sido creciente: menos inversión en seguridad y menos plantilla implica más delitos. La política del actual Gobierno ha impulsado -insisto en los datos- un considerable incremento en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, alrededor de un 12 por ciento más, pasando del 0,52 al 0,55 por ciento del producto interior bruto. La política del Gobierno y, en concreto, del Ministerio del Interior, se podría definir, por
tanto, como integral, intentando tratar tanto los temas de personal y material como los de infraestructuras. Se puede afirmar que con este Gobierno la presencia del Estado y la preocupación por lo público en materia de seguridad y otras es cada vez
más palpable, aunque no siempre a la velocidad o con los resultados que se desean, pero desde luego nunca con una crítica de abandono de la seguridad que este Gobierno viene recibiendo continuamente. Cada vez hay más esclarecimientos de los delitos
gracias a los aumentos de las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, su mayor dotación tecnológica y, desde luego, como incluye en esta proposición no de ley, la mejor cooperación policial tanto a nivel internacional como
nacional. Por tanto, imprescindible coordinación y cooperación policial nacional e internacional, poniendo en común las informaciones disponibles, especialmente en casos de terrorismo y delincuencia organizada, e imprescindible también el impulso,
la colaboración y coordinación con la Policía autonómica y local, buscando el impulso y desarrollo del papel que los cuerpos de Policía local pueden desempeñar en materia de policía de proximidad y como colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en el ámbito de actuación de la Policía judicial.
Tal y como afirmó el actual ministro del Interior en su comparecencia ante las Cámaras parlamentarias para explicar las líneas generales del departamento, la intensidad y la complejidad de los retos en materia de seguridad que concurren en
nuestra sociedad hacen necesario que la política de seguridad pública española esté asentada sobre un sistema de seguridad interior provisto de capacidades de respuesta adecuadas que le permitan ser eficaces en el logro de los resultados y
eficientes en el empleo de los recursos disponibles. La seguridad pública, tal como recoge esta proposición no de ley y establece nuestra Constitución, es competencia exclusiva del Estado y constituye también una parte importante de su
responsabilidad, pero no debemos olvidar que en nuestro sistema constitucional asimismo se contempla que las comunidades autónomas y los municipios, en diferentes áreas e intensidad, pueden participar en esta tarea de prestación de seguridad a los
ciudadanos y a las instituciones. De esa pluralidad de actores se deriva la necesidad de que nuestro sistema de seguridad interior actúe como un sistema coordinado para que pueda ser eficaz en el logro de los objetivos y eficiente en el uso de los
recursos, por supuesto con una necesaria cooperación con las administraciones con competencia en materia de seguridad y, en concreto, y por lo que se refiere a la proposición no de ley, con las comunidades autónomas que disponen de cuerpos
policiales, que ha tenido su repercusión en la creación del centro de inteligencia contra la criminalidad organizada que se ha
propuesto en la última reunión que se ha tenido con el ministro del Interior en Barcelona tras los asaltos a las residencias. Como expresión de esa necesidad de cooperación, y avanzando en esta materia asumida por este Gobierno como impulso
definitivo y necesario, se va a proceder en breve a convocar el pleno del Consejo de Política de Seguridad para que, como se hizo hace algo más de un año cuando comenzó la participación del ministerio con los consejeros del Interior, con la
gobernación de las comunidades autónomas y con los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias, se analice la situación y la evolución de la seguridad en nuestro país en los distintos territorios; se impulse la puesta en
marcha de las juntas o comisiones autonómicas de seguridad en las diferentes comunidades, que vienen siendo reclamadas; se apruebe la norma reguladora del funcionamiento de la juntas locales de seguridad, que nuevamente se implantan con este
Gobierno, y se establezcan los criterios que permitan una creciente y eficaz cooperación operativa entre las Fuuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los dependientes, en su caso, de las comunidades autónomas y los cuerpos de Policía local.
Asimismo, entre otros objetivos para este año, se procederá a la firma con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias de un nuevo convenio marco de cooperación y coordinación entre el Ministerio del Interior y esta
representación de las entidades locales con dos objetivos básicos: favorecer e incrementar la participación política efectiva de la federación y de los entes locales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana, y
establecer mecanismos adecuados para asegurar la participación y la coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los respectivos cuerpos de la Policía local en funciones de mantenimiento de seguridad ciudadana y de
lucha contra la criminalidad local o de barrio.
Por último, por lo que se refiere a compartir la información y facilitar el acceso de los dos cuerpos policiales del Estado a bases de datos, en la creación del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado (CEMU) se estableció como uno de sus
objetivos la creación y gestión de una base de datos policial común y de acceso compartido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tras estudiar el abanico de posibles sistemas que pudieran ser objetivo de actuación, el CEMU acordó la
constitución de una comisión de la que dependieran una serie de comisiones técnicas de trabajo que analizasen la viabilidad de abordar iniciativas de unificación en las distintas áreas policiales en que fuera necesario el acceso común o compartido
de ambos cuerpos. La Dirección General de Infraestructuras y Material de Seguridad, adscrita a la Secretaría de Estado de Seguridad, siguiendo las directrices establecidas por el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, está trabajando en el
proyecto de unificación de bases de datos. Actualmente, entre otros, se están desarrollando los proyectos correspondientes a varias áreas, como es el sistema unificado de consulta de antecedentes policiales, cuyo objetivo es facilitar a cada uno de
los cuerpos la consulta de los antecedentes policiales de personas concretas de los que disponga el otro; no pretende crear una base de datos común, sino establecer en la Secretaría de Estado de Seguridad una infraestructura de interconexión entre
los distintos sistemas de antecedentes penales de ambos cuerpos; las listas de embarque, cuyo objetivo es poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la información a tiempo real relativa a las listas de embarque de vuelos
procedentes de países no pertenecientes al espacio Schengen con destino a aeropuertos españoles, de forma que esta información pueda obrar ya en poder de las autoridades españolas antes de que los correspondientes vuelos tomen tierra.
Sobre el ADN, existe otro proyecto para establecer una base de datos nacional de perfiles identificadores obtenidos a partir de muestras de ADN, que fue uno de los primeros proyectos que se iniciaron por acuerdo del Comité Ejecutivo para el
Mando Unificado. Desde entonces se han realizado diversas gestiones y se ha impulsado decididamente la creación de una base de datos común de ADN que integre las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas. En
cuanto al documento nacional de identidad, ya se estableció a comienzos del año pasado un procedimiento que permitía el acceso a personal de la Guardia Civil al sistema actual. Actualmente se está trabajando en el perfeccionamiento y mejora de los
sistemas de acceso, y en otras áreas se pretende la participación de los cuerpos policiales de las comunidades autónomas a fin de potenciar la coordinación y el intercambio de información, en el área de la policía científica, en concreto, en el
sistema de información dactilar, en las bases de datos de ADN, que ya he mencionado anteriormente, y en la red de alerta temprana. En la lucha contra las drogas, el año pasado se propuso en el Consejo de Política de Seguridad su participación con
la modalidad que se determine en el sistema del registro de investigaciones sobre drogas y en el sistema de análisis, evaluación y explotación de los datos sobre drogas del Senda en el área de coordinación de operaciones contra el tráfico de drogas.
En conclusión, la proposición no de ley que hoy defiendo corresponde a la línea de actuación en la que está trabajando intensamente este Gobierno, y especialmente el Ministerio del Interior, como uno de los ejes de su política de seguridad
pública, que está recogido en su programa de Gobierno. Por tanto, se ha avanzado en el seguimiento y cumplimiento del mismo. Se trata precisamente del que se ha establecido como segundo eje, la modernización del sistema de seguridad con la reforma
de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la coordinación política a través del Consejo de Política de Seguridad y con la coordinación operativa a través de la constitución del mando único con el plan estratégico para el Cuerpo
Nacional de Policía y Guardia Civil, bases compartidas de datos, incremento en la
cooperación internacional, redespliegue, construcción de nuevas comisarías y cooperación con las policías autonómica y científica. Por todo lo dicho, que vengo exponiendo como portavoz, pedimos el voto favorable a esta iniciativa que insta
al gobierno a avanzar en la línea ya iniciada de modernización y cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Leyendo la proposición no de ley sobre esta iniciativa que propone avanzar en la coordinación y modernización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no podemos más que estar de acuerdo. Todo lo que sea
coordinarse y modernizarse es siempre positivo. Pero es lo cierto que esta petición ya fue realizada por esta portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds desde el inicio de la legislatura, que
así se lo manifestó al ministro de Interior en su primera comparecencia. La necesidad de avanzar en la coordinación en cuanto a las bases de datos y sistemas de información, mejorando los mecanismos de cooperación y coordinación en materia de
información, era una evidencia que no tenía que hacerse únicamente en terrorismo, sino también en todos los datos. Más allá de la coordinación, lo que hay que hacer es desmilitarizar a la Guardia Civil, unificar cuerpos y tener una seguridad
pública integral para todos, una seguridad ciudadana que garantice la solución de los problemas a los que se enfrentan en el día a día los ciudadanos mirando hacia el futuro. Eso sí sería modernizar y superar la etapa ya pasada que no ha dado los
frutos que ni siquiera le correspondían porque la coordinación global entre cuerpos distintos al fin y al cabo es un imposible y lo que hay que hacer es unificar esos cuerpos, esa estructura. Por tanto, avanzar está bien, pero a ver cuándo llegan a
la meta porque ahí les estamos esperando.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir el Grupo Parlamentario Popular? (Asentimiento.) Convergència i Unió no va a intervenir.
El señor Salvador Armendáriz tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Nos sorprende tratar esta proposición no de ley no por su contenido, que me da la sensación de que sacraliza lo obvio y ya anuncio que votaremos, como no podía ser de otra manera, a favor porque todos los
grupos seguimos tenniendo interés en que efectivamente exista una mayor coordinación y racionalización en la utilización de mecanismos e instrumentos que permitan que la información sea global, que llegue a todas partes y que esta haga más eficaz la
acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino porque nos llama la atención que sea el propio Grupo Socialista el que pida al Gobierno que avance en la línea de coordinación. Si se le pide el grupo que apoya al Gobierno que avance,
eso quiere decir dos cosas: que no avanza o que avanza poco; no hay otra conclusión. Si lo que se le está pidiendo al Congreso es que inste al Gobierno a hacer eso, el texto sacraliza lo obvio, pero que lo estemos viendo aquí responde a una
conclusión: que efectivamente no se está avanzando. No se está avanzando a satisfacción del Grupo Socialista ni se está avanzando -como ya hemos podido escuchar y desde luego yo reitero-- a satisfacción del resto de los grupos. Es claro que debe
existir una coordinación, pero me da la sensación de que el discurso que se hace para justificar determinadas cosas no es coherente con el texto que al final se propone. En este caso, lo que estamos discutiendo es que se avance en esa coordinación.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Les ruego que bajen un poco el tono, porque no se oye bien al diputado que está en el uso de la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Se puede hacer algún alegato crítico sobre el pasado y quedarse como siempre en él, pero lo único que demuestra es que se tienen pocas ideas y pocos recursos; otra cosa es que esa crítica al pasado tenga algo
que ver con lo que se pretende en este caso. El Gobierno cambió en el año 2004, llevamos dos años de legislatura, y es este el momento en el que el Partido Socialista, a través de su grupo, pide al Gobierno que avance en esta coordinación. En
relación con las informaciones y con las bases de datos, no parece que el Partido Socialista, el Gobierno, esté haciendo cosas muy diferentes de aquellas en las que ya se incidía entonces. En relación con esta específica materia, aquellos
instrumentos que en su día estaba estudiando el Gobierno popular para hacer más eficaz la coordinación son los que están dando su fruto, son la base sobre los que el Gobierno quiere trabajar. De forma que no comparto la crítica externa al objeto de
esta proposición no de ley. Quiero repetir que se sacraliza lo obvio. Una promesa electoral del Partido Socialista que está en su programa es la coordinación, pero dos años después de acceder a Gobierno, nos parece un poquito tarde. Como ha
recordado la representante de Izquierda Unida, hemos denunciado desde el primer día que se estaba produciendo esa descoordinación, que había que avanzar y trabajar mucho más firmemente en la coordinación de los cuerpos y de las informaciones que a
todos ellos, por sus distintas responsabilidades, les atañen. Es verdad que ahora se pretende impulsar acuerdos con algunas federaciones, como la Federación Española de Municipios y Provincias, pero ha habido algunas fórmulas que este Gobierno no
ha tenido en cuenta, con lo cual nos parece contradictorio e injusto que se haga una crítica sobre temas, que no se corresponde con la realidad.
En relación con la eficacia de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la posibilidad de que coordinen su trabajo y resulte cada día más eficaz la labor que desempeñan, obviamente estamos de acuerdo en que se coordinen las
bases de datos que al final cuentan. Pero con la especialización y con la racionalización de los instrumentos que tienen a su disposición, con dotarles de medios, no es suficiente. Es importante para cualquier organización que se aprecie en la que
trabajan personas, más importante incluso que la propia coordinación, que exista motivación.
Efectivamente hay que avanzar en la coordinación, pero es muy importante incidir en la motivación del personal, porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado configuran un cuerpo con muchísimos funcionarios y hay que garantizar la profesionalidad. Ahí están las dos bases que garantizan la eficacia. Desde luego, la situación actual de la Guardia Civil, que hace muy poco estaba manifestándose
en la calle descontenta con su trabajo, y algunos hechos como los que se recogen -lo tengo que decir así de claro porque me parece un hecho muy grave- en la sentencia por las presuntas agresiones al ministro Bono, dan una imagen de lo que no debe
ser. Coordinación, de acuerdo. Eficacia, de acuerdo. Pero es básica y fundamental la profesionalización para garantizar que no exista politización en las instrucciones y a la hora de que los policías puedan hacer su trabajo para que todo lo demás
luego venga de suyo. Cuando ellos hacen su trabajo y no responden a ninguna consigna cumplen con su función correctamente, como no puede ser de otra manera en unos cuerpos formados por gente motivada y dispuesta a mantener y a garantizar la
seguridad de todos los ciudadanos. En todo caso, nuestro voto será favorable a la proposición no de ley.
-SOBRE REGISTROS Y PERFILES OBTENIDOS A PARTIR DEL ADN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001714.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la número 161/001714, del Grupo Parlamentario Socialista sobre perfiles a partir del ADN. Para su defensa tiene la palabra el señor Corcuera.
El señor CORCUERA PLAZA: Cinco años después del asesinato de una adolescente de 14 años en Campo de Criptana agentes de la Guardia Civil detenían a su presunto asesino el pasado mes de marzo. En los cinco años transcurridos desde su
asesinato, su presunto asesino había llevado una vida rutinaria y con escasas estridencias. Siempre ubicado en el bando de los jóvenes menos conflictivos de la zona, con un expediente limpio incluso de multas de tráfico, jamás nadie había
sospechado de él. Los restos biológicos hallados en el escenario del crimen pusieron finalmente tras la pista del asesino a los agentes que investigaban el caso. Como recordarán, era la primera vez que en España se realizaban pruebas masivas de
ADN para buscar a un asesino, habituales sin embargo en otros países de la Unión Europea, como Alemania, por ejemplo, donde en 1999 se analizó la saliva de 16.400 ciudadanos para resolver el asesinato de una niña de 11 años. Hasta 350 habitantes de
Campo de Criptana y alrededores se prestaron voluntariamente a los análisis forenses. El presunto asesino tampoco se opuso cuando lo llamaron para que una médico forense le pasara un bastoncillo por las encías. De haberlo hecho, hubiera sido
necesario una orden judicial que le obligase, autorización que difícilmente hubiera sido concedida al no existir prueba alguna que le incriminara. Como si de un chivatazo se tratara, su perfil de ADN lo relacionó de inmediato con el escenario del
crimen. Tras su detención, confesaba ante los agentes la autoría del asesinato. Un pequeño resto de la piel del asesino bajo las uñas de Sonia Carabantes y los rastros de saliva de una colilla encontrada al lado del cuerpo de Rocío Wanninkhof
fueron suficientes para relacionar a una sola persona con ambos asesinatos. La sospecha de que ambos crímenes habían sido cometidos por un único asesino, dada la proximidad y similitud de ambas muertes, propició la autorización judicial para el
cotejo de los perfiles de ADN hallados. De no existir esta relación seguramente los perfiles no hubieran podido cotejarse.
Son ejemplos, señorías, de los más de 25.000 crímenes que cada año se investigan en Europa mediante las técnicas de identificación de ADN. Fue el británico Alec Jeffrey el primer científico en descubrir en 1985 que el ADN era único y
prácticamente irrepetible en cada persona y, por tanto, valiosísimo como identificador para las investigaciones policiales en casos de desaparecidos y delitos criminales. En 1986 llegó a sus manos el caso de dos jóvenes de 15 años violadas y
asesinadas en Narborough.
Por sugerencia de Jeffrey, todos los varones entre 16 y 34 años de Narborough y alrededores fueron citados para donar saliva. Como en Campo de Criptana, gracias al ADN fue posible atrapar al culpable. El método del ADN
ha resultado tan eficaz que un gran número de países ha regulado y creado bases de datos de perfiles. Muchos países europeos tienen ya una listado único de perfiles relacionados con delitos y la gran mayoría de ellos establece la posibilidad de
tomar muestras para obtener el perfil de ADN a los sospechosos o detenidos. Sin embargo, algo tan simple como que la policía recoja muestras salivales de un sospechoso, las analice y pueda además cotejarlas con muestras halladas en delitos sin
resolver no puede hacerse en nuestro país si no media orden judicial previa.
Actualmente, cada muestra está unida a un procedimiento judicial, de forma que la policía no puede cotejar este perfil con los que se encuentran en el lugar de otro
delito, como tampoco podría cotejarlos con el perfil de ADN del sospechoso de otro delito. España, junto con Grecia y Portugal, es uno de los pocos países de nuestro entorno que aún no
dispone de un registro único de ADN. Desde hace ya varios años el resto de países de la Unión Europea tiene una legislación específica en esta materia.
La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Socialista tiene por objeto instar al Gobierno a presentar a la mayor brevedad posible una regulación sobre registro de perfiles obtenidos a partir del ADN con fines de investigación
criminal, que permita que en la investigación de delitos que afecten a bienes esenciales para la comunidad los investigadores puedan disponer de las muestras necesarias para su análisis y cotejo. Al igual que ocurre con las huellas dactilares, es
necesario un registro policial de perfiles de ADN que permita identificar a los responsables de delitos graves, pero también a desaparecidos o víctimas de grandes catástrofes. En nuestro país, los expertos reclaman la creación de esta base única.
Según expresa la policía científica, con este registro se resolverían más de 5.000 expedientes de delitos sin autor conocido. Ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que pide el acceso a este
registro único, que evidentemente será aceptada por el Grupo Socialista, puesto que es necesario un acceso común de uso compartido por todas las policías. En la actualidad, los ficheros públicos de ADN declarados en el registro central de la
Agencia Española de Protección de Datos que dependen del Estado son cinco, dos de la Guardia Civil, dos de la Policía Nacional y uno del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, a los que se suman los de las policías autonómicas, la
Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. Sin embargo, nuestro país no cuenta ni con un registro nacional ni con una legislación que regule la aplicación de esta tecnología, de modo que estas fuentes de información no están conectadas entre sí y tampoco
con los ficheros de los diferentes laboratorios de genética forense.
Como les decía, la práctica totalidad de los países de la Unión Europea tiene una legislación específica en materia de registro de perfiles de ADN con fines de investigación criminal, que permite desde hace años identificar a los autores de
delitos graves con solo cotejar las muestras de ADN no codificante que se hallan en el lugar del delito con las que constan en el registro. Como saben, dentro del concepto de ADN se distinguen distintos segmentos cromosomáticos que dan diversa
información sobre el individuo. A efectos solo de identificar a una persona con exclusión de cualquier otra, basta con obtener el llamado ADN no codificante, que no aporta información genética. Esta distinción es muy importante, dado que la
literatura forense afirma que este tipo de ADN no da más información de la que ofrece la huella digital y, por tanto, no afectaría a la intimidad del individuo. España abordó en el pasado la redacción de un texto legal sobre el registro que
analizamos, que cuajó en un borrador de anteproyecto de ley redactado desde el Ministerio de Justicia, pero que no llegó a ser aprobado por el Consejo de Ministros.
También la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, reformó el artículo 363 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, facultando al juez de Instrucción para obtener muestras biológicas de los sospechosos para determinar su perfil de ADN y, mediante una nueva disposición adicional tercera, estableció que el Gobierno, a propuesta
conjunta de los ministerios de Justicia e Interior, debía regular mediante real decreto la estructura, composición, organización y funcionamiento de la comisión nacional sobre el uso forense del ADN, comisión que aún no ha sido creada. En esta
misma línea, del Defensor del Pueblo proponía ya en su memoria del año 2001 la creación de una agencia nacional de perfiles de ADN que coordinara los esfuerzos de los distintos laboratorios en la identificación de personas desaparecidas. No
obstante, aunque queda regulada la posibilidad de obtener de meros imputados perfiles de ADN, solo sirve para un caso concreto, puesto que no se hace mención alguna a la conservación de la muestra o perfil o a su notación en un registro.
Señorías,
creemos que es urgente que se regule adecuadamente en nuestro país el tratamiento automatizado de los perfiles de ADN estructurados en bases de datos. Una regulación que permita la comparación sistemática entre distintas causas penales con fines de
investigación criminal, así como para la identificación de desaparecidos o víctimas de grandes catástrofes. Para ello deberán tenerse en cuenta los protocolos científicos estandarizados que permitan realizar de forma fiable y eficaz dichas
comparaciones tanto a nivel nacional como europeo, pero manteniendo siempre unos niveles adecuados de confidencialidad y seguridad. Por todo lo expuesto pedimos el voto favorable de los grupos de esta Comisión para nuestra proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda de Convergència i Unió. Tiene la palabra su portavoz para defenderla.
El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo ha presentado una enmienda de adición a la parte dispositiva de la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Celebramos y compartimos esta iniciativa, no ya a nivel de lo que representa la iniciativa
sino porque coincide con la pretensión de nuestro grupo, que había solicitado la profundización y creación de archivos de registros de ADN, así como avanzar en su conocimiento, alimentación y posible cotejo, no solo para casos de investigación
criminal, sino también -así lo reflejamos en una proposición no de ley- en la investigación y en la resolución de casos de personas desaparecidas, como ha citado el señor Corcuera. Por tanto, no podemos más que apoyar esta proposición no de ley.
Sin embargo, hemos añadido un aspecto a su parte normativa. Las nuevas técnicas que se utilicen en las investigaciones para resolver las interrogantes que se planteen en las cuestiones policiales, criminales y de desaparecidos están en el mismo
ámbito por lo que nos gustaría que esas bases de datos, estos registros de perfiles, sean accesibles no solo para su consulta sino también para su alimentación.
Sería bueno que los cuerpos autonómicos, los Mossos d'Esquadra, la Ertzaintza y algunas policías locales de grandes ciudades que tienen sus propios sistemas para desarrollar esas técnicas, sus grupos de investigación, pudieran volcar sus
datos en este registro central de perfiles y también, lógicamente, acceder a él. Hace un momento se hablaba de coordinación entre cuerpos de la Policía, Guardia Civil y policías autonómicas y locales. El acceso a ese registro es buena muestra de
esta voluntad manifiesta de coordinar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hemos escuchado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que acepta que las bases de datos sean accesibles desde varias ópticas y se puedan consultar, por lo
que nuestro grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos no enmendantes que quieran intervenir en este trámite? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Hoy debatimos una iniciativa que trata una cuestión importante. Todo aquello que tenga que ver con el esclarecimiento de delitos, con la investigación, que pueda colaborar sobre todo en aquellos delitos
dolosos, importantes, nos parece que es algo en lo que hay que buscar un punto de encuentro entre todos los grupos parlamentarios. Por otra parte, pretende aportar algo más en materia de búsqueda de desaparecidos, tema tocado por este grupo hace
poco más de un año, en marzo de 2005, cuando el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de una iniciativa menos ambiciosa que la suya de legislaturas anteriores. Vamos a votar positivamente porque trata dos cuestiones fundamentales. Son
fundamentales si tenemos en cuenta un hecho evidente: que la criminalidad en nuestro país está aumentando progresivamente año tras año. Aunque solo sea por efecto del crecimiento estadístico -no quiero hoy buscar puntos de desencuentro-, hay algo
que tiene que ver con la iniciativa socialista del Partido Socialista. En España cada vez hay un mayor número de ciudadanos sin papeles y un mayor número de inmigrantes. No voy a traer aquí esta cuestión, pero es evidente que ese efecto llamada,
esa entrada masiva que se está produciendo desde hace años en España no solo por las costas sino a través de los Pirineos, se está incrementando fruto de una política en mi opinión errática cuando menos en materia de inmigración. Esto hace que haya
una mayor cantidad de gente de la que la policía no tiene ningún dato, lo cual no significa más que lo que digo, hecho que añade dificultades a la hora de realizar las investigaciones policiales por cuanto no existe control alguno. Pues bien, con
todo esto y con los antecedentes existentes en la iniciativa que ustedes presentan hoy yo esperaba una iniciativa infinitamente más concreta y ambiciosa, sin embargo esta iniciativa es la quintaesencia de la manera de hacer política del señor
Zapatero.
Señorías, la parte dispositiva de la iniciativa tiene ocho líneas. La vamos a analizar como si esto fuese primero de periodismo: qué quieren ustedes, cuándo y dónde. Dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar a la
mayor brevedad posible -es decir, nunca- una regulación con el rango normativo necesario -es decir, lo que sea- sobre registro de perfiles obtenidos a partir del ADN con fines de investigación criminal, que permite que en la investigación de delitos
que afecten a bienes esenciales para la comunidad -vamos a dar una patada al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decir que no se sabe concretamente qué delitos, si son dolosos o no, sin ninguna concreción o tipificación- los
investigadores -no se sabe quiénes, y en este sentido se presentado una enmienda que nos parece correcta y aceptaremos- podrán disponer de muestras necesarias para su análisis y cotejo. Sinceramente, señorías, en esta iniciativa nos falta hablar de
diálogo y de consenso. Un poquito de Alianza de Civilizaciones y habríamos tenido la quintaesencia de la política del señor Zapatero.
Quiero decirles que vamos a votar esta iniciativa de manera positiva, pero también que son muy poco ambiciosos y muy ambiguos en la presentación de su iniciativa. Sinceramente, ustedes mismos como grupo deberían estar decepcionados igual
que con la anterior iniciativa, que era un brindis al sol. El Grupo Parlamentario Socialista ha traído dos iniciativas que dicen que el sol sale por la mañana y se pone por la noche. Si eso les basta yo creo que hacen poco, sobre todo porque
algunos de los antecedentes que usted ha citado, aparte de darnos una clase de genética molecular, por cierto, bastante básica, son concretos. Cuando el Ministerio de Justicia creó una subcomisión y elaboró un borrador de anteproyecto publicado en
el año 1999 decía cosas concretas; hablaba de la creación de una agencia de perfiles en el Ministerio de Justicia, y usted ha venido a decirnos que no debemos crearla en el Ministerio de Justicia sino en el del Interior. Nos hablaba de la
inclusión de perfiles de personas condenadas por delitos dolosos -es decir, ya introducía concreciones-, de esa integración de bases de datos o de la potestad de acreditación de laboratorios de la propia agencia. Hablaba de modificaciones de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, es decir, hacía concreciones. Igualmente, las aportaciones que hacían la Policía y la Guardia Civil eran muchísimo más concretas durante los años finales de la legislatura del Partido Popular, donde, en mi opinión,
efectivamente no se avanzó lo suficiente -no crea tampoco que me satisfacen los avances de los últimos años-, y en este sentido, usted ha citado, y estoy de acuerdo con usted, que vamos muy tarde respecto al resto de Europa. También se llevaron a
cabo cuestiones mucho más concretas, como la elaboración del protocolo, la creación de líneas 900 o la puesta en marcha de programa Fénix; en definitiva, toda una serie de cuestiones que usted conocerá o al menos su Gobierno debería hacerlo.
Asimismo, en respuesta a una pregunta del señor Jané, formulada
hace muy pocos meses, ustedes hicieron referencia a una serie de concreciones y de avances que no tengo por qué no creer. Si han avanzado en este asunto, ¿por qué vienen hoy con una iniciativa tan poco ambiciosa, tan ambigua, tan inconcreta
y tan vacía de contenido? Sinceramente, en mi opinión deberíamos ir mucho más adelante. En cualquier caso, hoy les vamos a dar un margen de confianza, porque la materia -no quiero perder el norte- es lo importante y porque los antecedentes de su
grupo y del nuestro propio -de los dos gobiernos- son manifiestamente mejorables, pero deben ser más ambiciosos en los plazos, en concretar los delitos, cómo van a coordinar, dónde va a estar esa base de datos exactamente, así como qué regulaciones
-por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Criminal- tienen que modificarse para establecer ese marco normativo.
Ha citado usted el tema de los desaparecidos. Yo creo que es un tema especialmente delicado y me gustaría que ustedes fuesen infinitamente más sensibles, porque la manera de tratarlo hoy creo que demuestra el desconocimiento que tienen y
demuestra, cuando menos, falta de sensibilidad. La iniciativa que debatimos aquí en marzo de 2005, del Grupo Parlamentario Popular, era una iniciativa concreta pero en todo caso -fíjese- menos ambiciosa que la suya de la legislatura anterior, y ya
dije en aquel debate que lo que queríamos era buscar un punto de encuentro, pero si usted lee el razonamiento de la negativa que dio el Grupo Parlamentario Socialista, yo creo que surrealismo es una palabra que lo definiría de la manera más acertada
posible. Efectivamente, nos ha citado usted casos de desaparecidos, pero yo creo que, sobre todo, lo que tienen que hacer es reunirse con esas asociaciones y conocer de primera mano todo lo que se podía aportar desde este conocimiento del ADN al
esclarecimiento de casos de desaparecidos; además, las propias familias nos han insistido sobradamente en que las primeras horas son fundamentales. En todo caso, quiero decirles que hoy les vamos a votar favorablemente una iniciativa que nos
parece absolutamente vacía de contenido. Tienen datos para trabajar, ha habido borradores de anteproyectos no solo en la legislatura pasada, sino en la anterior. Las experiencias que ha citado usted del ámbito internacional, del derecho comparado,
son experiencias muy concretas. Estamos hablando de algo donde no hay nada que descubrir, no tenemos que reinventar nada, solo tenemos que copiar. No sabemos qué significa a la mayor brevedad posible, pero yo quiero creer que es una inmediatez,
sobre todo por la importancia de la cuestión a la hora de investigar. Si ustedes en ese breve plazo no presentan ninguna iniciativa, ninguna reforma legislativa concreta que nos haga avanzar de verdad en este terreno, nosotros, en un plazo un poco
menos breve pero concreto, les presentaremos una serie de iniciativas y supongo que esta vez ya no tendrán excusas para compartir con nosotros, de cara a mejorar mucho todo lo que tenga que ver con la investigación para esclarecer los problemas de
desaparecidos, que tantos hay en nuestro país en estos momentos.
-SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COMISARÍA DE POLICÍA EN CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000650.)
La señora PRESIDENTA: La siguiente proposición no de ley se refiere a la construcción de una comisaría de Policía en Chiclana de la Frontera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, concretamente la número 650.
Para su defensa,
tiene la palabra el señor Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Señora presidenta, señorías, la iniciativa que debatimos en la Comisión de Interior puede parecer a primera vista localista, porque se refiere exclusivamente a una población de la provincia de Cádiz, pero está
ausente de demagogia, no tiene dobleces y yo la calificaría como de gran calado, que arranca del clamor popular de hace muchos años. Permítanme -mi intervención va a ser corta, señora presidenta- que telegráficamente les sitúe en el escenario del
que vamos a arrancar -si efectivamente tenemos la conciencia que tenemos que tener- un voto afirmativo a esta petición que hace el Grupo Parlamentario Popular.
Chiclana de la Frontera es una población que tiene algo más de 70.000 habitantes, es la población que ha subido en mayor proporción de habitantes en toda España. Hace diez años, Chiclana no llegaba a 50.000 habitantes y hoy sobrepasa los
73.000 habitantes, y llega a triplicar esa población en la época estival. El sur de España tiene una época estival que ya ha arrancado y que va a perdurar hasta más allá de septiembre, es decir, tenemos hasta cuatro o cinco meses de época estival y
durante esos meses la población de Chiclana llega a tener una densidad demográfica tremenda, 250.000 habitantes. Es la única población de más de 70.000 habitantes de España que carece de comisaría de Policía, la única, y a eso tenemos que añadir
que hay una ratio de hechos delictivos preocupante: El índice de delincuencia ha aumentado en más del 12 por ciento en dos años. ¿Y quiénes son los que de verdad sufren estos hechos? Sin lugar a dudas el tejido industrial. El tejido industrial
de Chiclana es -y soy gaditano y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también- sin lugar a dudas el más próspero de todas las ciudades, principalmente la pequeña y mediana empresa. Ahí es donde se ceban las mafias, los delincuentes. En
consecuencia, se clama por una seguridad mayor. El ideario del Partido Socialista, que le lleva al triunfo electoral del 14 de marzo, refleja claramente que existe una promesa de dotar de comisaría a todas aquellas poblaciones que tengan más de
30.000 habitantes. Por circunstancias que todos conocemos, las elecciones del 14 de marzo coinciden también, como siempre hace el señor Chaves, con
alguna otra consulta electoral. Por tanto, el 14 de marzo el andaluz tiene que depositar un voto para el Parlamento nacional y otro para el andaluz.
En los dos programas del Partido Socialista, autonómico y nacional, se promete
solemnemente, y además con cumplimiento inmediato dentro lógicamente de lo que significa la creación de una comisaría, que se dotará a todas las poblaciones de más de 30.000 habitantes de comisaría de Policía. Podemos, señora Fuentes, correr el
riesgo de convertirnos en estatua de sal si, como siempre, el Grupo Socialista ahora en la contestación nos dice que el Partido Popular en el Gobierno no hizo nada en este aspecto. En primer lugar, no es verdad, porque empezamos ya a poner los
cimientos de una futura comisaría en los años 2002-2003 con el Gobierno popular, incluso con el inconveniente de un alcalde y de una Junta de Andalucía socialistas. Se pusieron inconvenientes, no era fácil encontrar un solar adecuado. En segundo
lugar, no me hablen del pasado, porque perdimos las elecciones. Seguramente nosotros perdimos las elecciones en España porque no hicimos la comisaría de Policía de Chiclana, casi seguro, pero no la hicimos, es cierto. Vamos a pasar página y a
hablar del ahora. Han transcurrido exactamente dos años y dos meses desde que inició su mandato el presidente Rodríguez Zapatero. Si se detienen un momento a contemplar la iniciativa, esta se encuentra registrada en esta Cámara el día 15 de
febrero de 2005, hace exactamente más de 16 meses. ¿Por qué no se ha debatido hasta ahora? ¿Porque la portavoz o el grupo ha considerado que no era conveniente? No. Porque nosotros entendemos que no hay que ahogar, no hay que asfixiar al
Ejecutivo. En consecuencia, demos tiempo para que lo haga. ¿Qué se ha hecho hasta ahora en Chiclana? Se ha hecho algo, claro que sí. Se han puesto de acuerdo ya el Ministerio del Interior y el alcalde de la población para encontrar un solar, y
de alguna manera se está programando en conversaciones con los técnicos. Se ha tardado muchísimo tiempo en firmar el convenio, pero hay un hecho evidente, totalmente determinante: ni en 2004 ni en 2005 ni en 2006 hay un sólo euro en partida y
dotación presupuestaria para la comisaría de Chiclana. Este es el hecho evidente: no hay ni un solo euro, y sí lo hay para otras comisarías. No digamos que es que el gobierno del interior globaliza, no. Hay para algunas comisarías, pero la de
Chiclana no existe. En consecuencia, no me lo creo. La señora Fuentes sabe que cuando no tengo nada que hacer me voy a Chiclana a dar una rueda de prensa sobre la comisaría de Policía. No me lo creo, entonces quiero creérmelo ahora. Aquí
estamos, en el templo de la soberanía popular. Es fácil que el Partido Socialista evidentemente nos diga lo que pretende hacer, porque el alcalde de la población, señor Román, ha dicho en los medios de comunicación que la comisaría de Policía -esto
está a la vista de todos ustedes- no estará antes del 2008, es decir, no antes de esta legislatura. Lo que yo pido al Partido Socialista, que gobierna, es que se haga antes de 2008 y que se dote en los presupuestos para 2007 de partidas
presupuestarias, no pido nada más.
Si extraemos sucintamente algunas manifestaciones vertidas en los medios de comunicación, déjenme ustedes que exponga -y voy terminando- mi preocupación en algún punto, por ejemplo cuando el propio subdelegado del Gobierno dice: La
comisaría se hará en detrimento de la Guardia Civil.
Pues no estamos de acuerdo. Él dice concretamente: Existirá un recorte drástico de la Guardia Civil. Pues no estamos de acuerdo en el pueblo de Chiclana. El propio subdelegado llega a decir:
En febrero se pone en marcha el Grupo Greco. Estamos en junio y el Grupo Greco no se ha puesto en funcionamiento y, como ustedes saben, es un grupo que de alguna manera satisface, aunque sea a medias, las necesidades de la población. Y dice por
último el señor subdelegado: A partir de la firma del convenio -que se ha hecho hace tres días- tendremos seis meses para el proyecto y desde entonces solo restarán tres años para la puesta en marcha de la nueva comisaría -esto está dicho
textualmente por él-, no antes de 2010. Esta es la petición que se hace en estos momentos.
Termino. La iniciativa engloba dos instancias: primero, no exigimos que inmediatamente se haga la comisaría, lo que decimos es que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a llevar a cabo la construcción de una comisaría de Policía
en Chiclana de la Frontera a la mayor brevedad posible, ahí me quedo, y trazo raya a partir de ahora y olvido lo de los dos años; segundo, dotándola de las partidas presupuestarias adecuadas, que es exactamente lo que se pidió por el Partido
Socialista cuando gobernaba el Partido Popular. Lo único que yo pido al partido que gobierna España es que trabaje, y a los grupos parlamentarios que tengan a bien votar esta iniciativa, que sin lugar a dudas está arrancada, insisto, del clamor
popular de 75.000 personas.
La señora PRESIDENTA: Señor Mancha, como dijo que iba a ser breve, no he tenido ningún reparo en los tiempos, como tampoco lo tendré con los demás portavoces.
A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. ¿Grupos que quieran intervenir en este trámite? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fuentes.
La señora FUENTES GONZÁLEZ: Esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular transmite un profundo sentimiento de emoción al Grupo Parlamentario Socialista, nos han emocionado su capacidad para rectificar, su inmensa
solidaridad y su coherencia política, en esta iniciativa, claro, no queremos arriesgarnos a ir más allá, pero en esta iniciativa nos sentimos profundamente emocionados y le explicaré por qué.
(La señora vicepresidenta, Rivero Alcover, ocupa la
Presidencia.) Para el Grupo Parlamentario
Socialista es motivo de satisfacción que, a pesar de sus múltiples negativas absurdas, de sus salidas de tono siguiendo consignas superiores que nadie entiende y de su negativa a que el municipio de Chiclana siga prosperando con la mayor
seguridad posible, hayan sido capaces de dar su brazo a torcer. Por fin, señorías, se bajan de su burro y se suben en nuestro carro. Gracias, señoría. Esta iniciativa no la bautizan ustedes, hace ya más de diez años que viene siendo solicitada
por el Grupo Socialista de Chiclana, no la acaban de inventar ustedes, y es que durante los largos ocho años de Gobierno popular el consistorio de Chiclana ha solicitado en innumerables ocasiones la comisaría para el municipio y, a pesar de haber
justificado por activa y por pasiva la necesidad de dicha comisaría, durante mucho tiempo se tildó de locura la actitud de los gobernantes socialistas de Chiclana. Afortunadamente -y ustedes son la mejor prueba de ello- las solicitudes de los
alcaldes chiclaneros no han caído en saco roto y por fin cuentan con el apoyo de los que durante estas dos últimas legislaturas nos estuvieron ignorando como ciudad, y ciertamente usted se pasea por Chiclana de vez en cuando y nos regala prendas,
como en una ocasión que recuerdo nos llamó aldeanos.
También está en la prensa. (El señor Mancha Cadenas: El alcalde aldeano.) Como le decía, nos sentimos emocionados, señoría, y gratamente satisfechos por esta iniciativa que ahora sí les parece
buena. Ahora sí es bueno tener la comisaría para Chiclana, pero en el año 1998, cuando la pide toda la corporación local de Chiclana, no. Entonces no era oportuna, pero ahora sí. En el año 1998, cuando la pide el diputado socialista Alfonso
Perales, no era apropiado, no era conveniente. Lo importante es que ahora sí es conveniente, aunque en el año 1999, y como usted ha dicho antes, la presenta el diputado socialista Fernández Chacón, se le dice que no y en el año 2000 la vuelve a
presentar y se le dice que no. Pero ahora sí. Lo importante es que ahora sí. Y en el año 2001, cuando la diputada socialista Mari Carmen Sánchez la vuelve a presentar a través de una proposición no de ley, no. Pero lo importante es que ahora sí.
En el año 2001 miren ustedes qué titular de prensa tan precioso: El PP: es gravísimo decir que hay condiciones para la comisaría. Entonces no, pero ahora sí. Entonces no era oportuna la comisaría para Chiclana y en esta legislatura parece
imprescindible la comisaría para Chiclana. Señoría, si no fuera porque esta diputada que les habla le conoce y conoce su concepto de solidaridad y de responsabilidad política, podría pensarse que cuando gobernaban ustedes no interesaba, en
absoluto, ni la comisaría de Chiclana, ni otros muchos proyectos para Chiclana, como la Ronda Oeste, o el poblado de Sancti Petri, por ejemplo, entre muchos otros más.
Pero ahora que gobierna el Partido Socialista el cielo brilla de otra manera y
por pedir que no quede y, si de paso, se pone alguna piedrecilla en el camino del Gobierno y tropieza, mejor que mejor. Pero nada más lejos de mi intención, señoría, pensar que su iniciativa tiene alguna sombra oscura. Y como sé que las
intenciones de S.S. son buenas y como nunca es tarde si la dicha es buena, le tengo que dar una maravillosa noticia, aunque ya la ha comentado usted, para que se relaje con respecto a este tema de la comisaría y pase un buen día y, de camino, lo
paso yo también. Señoría, es tan cierto que el Grupo Socialista no falta a la verdad y que cumple con la palabra dada que, como usted bien ha dicho, el pasado 26 de abril se firma el convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera sobre creación de una comisaría del Cuerpo Naciconal de Policía en dicho municipio. Pero este, señoría, no es nada más que el último paso de muchos dados hasta llegar a este convenio por el Gobierno
socialista y por el equipo del Gobierno Socialista de Chiclana. Señoría, las elecciones las gana el Partido Socialista el 14 de marzo de 2004 -sé que es un dato adicional, pero a mí me gusta recordarlo-, pues el 2 de noviembre de 2004 el alcalde de
Chiclana, señor Román, se reúne con el director general de la Policía y va acompañado de los diputados Isabel Fuentes y Salvador de la Encina. El 29 de noviembre, -otro artículo de prensa- no había pasado ni un mes, de ese mismo año: Primer paso
para la puesta en marcha de la comisaría de Policía. El alcalde recibe hoy al subdirector general de Gestión de la Dirección General de Policía para empezar a concretar su creación. Hay más. El 25 de marzo de 2005: La comisaría podría emplazarse
en la parcela del antiguo matadero. (El señor Mancha Cadenas pronuncia palabras que no se perciben.) Tranquilo, ya no quedan muchas más. Me acerco a la fecha del 26 de abril. El 23 de septiembre de 2005 el Pleno formaliza... (El señor Mancha
Cadenas: El suelo.) Sí hay suelo. Ya existe el suelo. El pleno formaliza la cesión del suelo para la comisaría; la superficie objeto de actuación cuenta con 1.800 metros cuadrados. Sí hay suelo, señoría. ¿Sabe usted cuáles son las dos únicas
notas de prensa que he podido encontrar en la prensa gaditana al respecto? El señor Sanz: la única comisaría prevista por el Gobierno es la de Jerez. No es cierto, señoría. Y hay una suya, aquí está su foto: Sigue sin haber planes para la nueva
comisaria. Señoría, ya explicarán ustedes a los chiclaneros por qué lanzan ese tipo de titulares, que no son ciertos, o mejor, y me gusta más la idea, ya se lo explicarán los chiclaneros a ustedes en las urnas. De cualquier manera, nos alegramos
de las buenas intenciones con las que S.S. ha presentado esa iniciativa. Por nuestra parte, estamos totalmente de acuerdo, señoría, llevamos diez años pidiendo la comisaría y en esos dos últimos años de Gobierno Socialista éste está trabajando
mano a mano con el Gobierno Socialista de Chiclana de la Frontera. Por supuesto que estamos de acuerdo con esta iniciativa y no nos queda más que votar a favor de que por fin la comisaría esté en Chiclana de la Frontera.
-RELATIVA AL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS DE 26 DE ENERO DE 2006, SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001519.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Pasamos al debate de la proposición no de ley número 161/001519, sobre ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de enero de 2006. Por el grupo
parlamentario proponente, señor Gil Lázaro, tiene usted la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Permítaseme una expresión personal de principio que tiene mucho que ver con el sentido de esta iniciativa. Siempre he considerado que el sentido principal de la actividad parlamentaria estriba en tratar de encontrar
puntos de acuerdo entre posiciones legítimas diferentes en función del servicio a los ciudadanos y desde el compromiso de respeto a la opinión de los demás. Consecuente con ello, esta iniciativa no pretende actuarse como mera requisitoria al
Ejecutivo, ni generar un debate inscrito en la estereotipada dialéctica Gobierno-oposición, ni deslizarse por el terreno de la demagogia o la descalificación inútiles que a nada conducen. Por el contrario, esta iniciativa lo que pretende en sí es
ofrecer la posibilidad de fijar un punto de partida de consenso en el que Gobierno y grupos parlamentarios podamos abordar corresponsablemente una reflexión acerca de lo que queremos que sea la seguridad privada, su tratamiento legislativo y el
modelo de subordinación, pero también de coordinación y cooperación, con la seguridad pública en beneficio del interés general. Tal vez sea este un debate pendiente al que ahora nos tenemos que aproximar necesariamente en virtud del mandato que
supone la sentencia de 26 de enero de 2006 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En efecto, el pasado 26 de enero la Sala Primera de dicho Tribunal dictó sentencia en el asunto C-514/03, en la que se consideraban diversos aspectos
de la legislación española como contrarios al Tratado de las Comunidades Europeas y a las directivas 89/48 y 92/52, sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, todo ello afecto a la normativa vigente en materia de seguridad privada. En
concreto, dicha sentencia entiende contraria al ordenamiento jurídico comunitario la imposición a las empresas extranjeras de seguridad privada de la obligación de revestir la forma de persona jurídica para poder ejercer sus actividades en España.
En ese mismo sentido, considera contraria a derecho la obligación de disponer de un capital social mínimo específico, la obligación de depositar fianza ante un organismo español, la obligación de contratar una plantilla mínima cuando la empresa
ejerza sus actividades en ámbitos distintos al del transporte y distribución de explosivos, y la obligación general de que su personal posea una autorización administrativa específica dada por las autoridades españolas. En otro orden de cosas,
considera también que el legislador español hubiera debido adoptar las disposiciones necesarias para garantizar el reconocimiento de los certificados de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de detective privado. Es sabido que
la normativa comunitaria no fija un plazo de adaptación de la legislación nacional para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia. Sin embargo, es sabido también que la jurisprudencia europea ha determinado que la importancia de la
aplicación inmediata y uniforme del derecho comunitario exige que dicha ejecución se inicie inmediatamente una vez que la sentencia es firme y que concluya en el plazo más breve posible. El propio tratado prevé la posibilidad de imponer una suma a
tanto alzado o una multa coercitiva si los Estados miembros no adoptan con celeridad las medidas para la ejecución de la sentencia de incumplimiento, tal y como recientemente, por ejemplo, ha sucedido con Bélgica y también en materia de legislación
de seguridad privada. Como SS.SS. recordarán, en su momento la ejecución de la sentencia de 29 de octubre de 1998 se llevó a cabo por vía del Real Decreto-ley 2/1999, de 29 de enero, tras un trámite de convalidación parlamentaria en el que la
práctica totalidad de los grupos mostraron su conformidad con el mismo. Se trataba de la simple modificación de aquellos preceptos legales que limitaban que las empresas y el personal de seguridad privada tuvieran nacionalidad española.
Ahora, sin embargo, la complejidad de la sentencia que nos ocupa exige una modificación necesaria de diversos preceptos contenidos tanto en la Ley 23/92 como en su reglamento de desarrollo. Aun más, la eliminación del requisito de la
Constitución como persona jurídica para poder prestar servicios y la eliminación o disminución de algunos de los controles o autorizaciones administrativas previstas en su momento por el legislador español, capital mínimo, fianza y plantilla,
implican la conveniencia de abordar un análisis que no debiera circunscribirse tan solo a las disposiciones legales o reglamentarias específicamente afectadas por la sentencia, sino extenderse al conjunto del modelo vigente a efectos de establecer
un marco normativo más dinámico para el sector de la seguridad privada y más útil para los intereses de la seguridad pública. La cuestión estriba en aprovechar la oportunidad que nos viene determinada por imperativo judicial para, más allá de él,
analizar en qué medida podemos contribuir a una mejor prestación de los servicios de seguridad privada, en qué medida podemos garantizar un mejor control público de aquellos y en qué medida podemos articular una mejor aportación de la seguridad
privada a la seguridad ciudadana en su conjunto, siempre desde la perspectiva de su condición subordinada y complementaria de la seguridad pública. Sin pretender ser exhaustivo, la reflexión que proponemos,
cuyos resultados finales debieran ser fruto del más amplio acuerdo posible, tendría que afectar a la definición de procedimientos nuevos de cooperación que permitan una más efectiva utilización por parte de la seguridad pública de la
información que pueden aportar los cerca de cien mil profesionales del sector privado y de la importante capacidad tecnológica de este. La reflexión que proponemos tendría que versar sobre cómo luchar de una forma eficaz contra el intrusismo,
posibilitando quizá el acceso a ciudadanos no comunitarios de forma análoga a lo acontecido con la incorporación de extranjeros a las Fuerzas Armadas y eliminando trabas de carácter burocrático en el proceso de habilitación profesional.
La
reflexión que proponemos sería pensar acerca de una eventual modificación de las funciones asignadas con carácter exclusivo y excluyente a los vigilantes de seguridad, así como sobre las condiciones de prestación de las mismas y probablemente
también sobre cómo redimensionar la figura del vigilante en su tratamiento penal, para darle una mayor protección y para incrementar también su sanción en los casos de extralimitación. Ciertamente, se han hecho cosas. En su momento, el Real
Decreto 1123/2001 permitió reducir elementos burocráticos que no aportaban nada al sistema de control. Esa puede ser una línea asumible de la que son claramente indiciarias las proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre la reforma de las disposiciones legales por las que se limita el proceso de habilitación del personal de seguridad privada a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el acuerdo
sobre el espacio económico europeo, y la otra proposición no de ley específica, sobre modificación de la regulación del sistema de habilitación del personal de seguridad privada. Sea como fuere, queda tarea por hacer y el Grupo Parlamentario
Popular entiende que este puede ser el momento para iniciar una labor en común que permita abordar, desde el consenso, modificaciones de carácter legal concertadas con proyección de futuro y con vocación de permanencia. No partimos de cero,
disponemos de la base que supone la aportación realizada al efecto por los grupos de trabajo creados en el seno de la Comisión mixta central de cooperación con la seguridad privada, trabajos que finalizaron el pasado mes de febrero y que son un
diagnóstico muy útil, que no cabe obviar, en el contexto de una tarea que se ha de llevar a cabo conforme a los tiempos exigidos en el ordenamiento jurídico comunitario y que supone, más allá del mandato que deriva de la sentencia, una oportunidad
para la modernización del aparato jurídico de nuestro sistema de seguridad interior.
En consonancia con lo dicho, solicito el voto para esta proposición no de ley, desde el ofrecimiento de un texto transaccional con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo tenor, a mi juicio, no difiere ni de la
letra de la proposición original ni del sentido de la intervención que acabo de sustanciar en su defensa. Dicho texto transaccional diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que después de los correspondientes estudios y análisis,
tomando como especial referencias las conclusiones elaboradas por los grupos de trabajo ad hoc, constituidos en el seno de la Comisión central de coordinación de seguridad privada, adopte, en el plazo más breve posible, las medidas necesarias para
la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades, asegurando, en todo caso, que se mantengan los controles que permitan garantizar la seguridad y las condiciones del servicio. En la reforma de la Ley de Seguridad Privada que
a tal efecto se elabore, deberán tenerse en cuenta las necesidades de adaptación del ordenamiento jurídico en aquellos aspectos en los que la experiencia ha puesto de manifiesto su insuficiencia, en orden a lograr un marco normativo más dinámico
para el sector de la seguridad privada y más útil para garantizar la sujeción, coordinación y cooperación de esta con los intereses generales de la seguridad pública. Señorías, estoy seguro de que todos somos conscientes de la importancia de este
asunto, de que todos somos conscientes, más que nunca, de la necesidad de acuerdo, diálogo y consenso y de que por ello vamos a ser capaces de encontrar juntos las más adecuadas soluciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Hermosín, por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora HERMOSÍN BONO: Efectivamente, explicaré la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, así como la transaccional a la que ha hecho alusión su portavoz. Antes de ello querría poner
de manifiesto que participo completamente del enunciado que en su intervención ha hecho el señor Gil Lázaro, en el sentido de que esta proposición no de ley tiene unas características y es de una naturaleza tal -por otras iniciativas de otros grupos
parlamentarios que también se han producido a lo largo de estos últimos meses- que, como él decía al inicio de su intervención, debemos, podemos y estamos en condiciones de trabajar conjuntamente y de buscar las mejores fórmulas para llegar a
acuerdos que actualicen, modernicen y mejoren nuestra normativa en materia de seguridad privada, con el fin exclusivo de mejorar la seguridad y, en general, la vida de nuestros conciudadanos. Por tanto, coincido totalmente con esa primera
observación de la intervención del señor Gil Lázaro.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la sentencia que hace referencia la proposición no de ley, dictaminó que España incumple las obligaciones del derecho comunitario que le incumben en virtud de los artículos 43 y 49 del
Tratado de la CE y de las directivas del Consejo, referidas a una serie de artículos que aluden más a la normativa reglamentaria -y, por tanto, a determinadas normas que se aprueban en el reglamento que desarrolló la Ley de 1992-, en la medida en
que esas
disposiciones exigen una serie de requisitos a las empresas extranjeras de seguridad privada para que puedan ejercer sus actividades en España, lo que supone -según el tribunal- restricciones a los derechos de libertad de establecimiento y
de libre prestación de servicios en el marco de la Unión Europea. No voy a repetir estos requisitos que se han puesto en cuestión, porque acaba de mencionarlos el portavoz del Grupo Popular.
Todos los conocemos porque están en el reglamento que
desarrolla la ley.
Ahora, quiero poner de manifiesto que la supresión de estos requisitos, tal y como establece el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, podría implicar un cambio radical del modelo de seguridad privada que actualmente
está en vigor en nuestro país, porque este se articula, a fin de garantizar un servicio adecuado en una materia tan sensible como esta, en un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan, efectivamente, el ejercicio de las
actividades de seguridad por los particulares. Esos han sido los principios inspiradores y la columna vertebral de nuestra reglamentación. La ejecución de la sentencia no puede suponer -en esto coincide también el tenor de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular- la eliminación de controles, aunque sí debe permitir la incorporación a esta actividad de los particulares y de las pequeñas empresas de nuestro país de cualquier país comunitario. Las medidas que han de adoptarse
para la ejecución deberán tener en cuenta la necesaria garantía de prestación del servicio sin riesgos para la seguridad de los destinatarios y sin afectar a la seguridad pública. La repercusión que previsiblemente va a tener esta sentencia del
Tribunal de Justicia afectará a la ordenación del propio sector, es decir, no estamos hablando solo del reglamento, sino que, como ha reconocido el señor Gil Lázaro, esto nos lleva -ya se había planteado en otras iniciativas de otros grupos
parlamentarios, no lo descubrimos ahora- a la necesidad de reformar no solo el reglamento, sino también la Ley que está en vigor desde el año 1992, ya que en algunos temas, por muchas circunstancias que no quiero ahora entrar a valorar, de
necesidades, de demanda de nuestro país, de población inmigrante que tenemos ahora en España, se pone de manifiesto la necesidad de reformar no solo el reglamento sino la propia Ley de 1992. Por tanto, esta materia de seguridad y la garantía de las
condiciones del servicio son los ejes sobre los que están pivotando trabajos que ya se están realizando.
Lógicamente, el ministerio no se ha quedado de brazos cruzados, el ministerio está analizando, como se dice en la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, y haciendo sus trabajos que tienen que culminar, como es lógico, en un plazo razonable, en las reformas que den cumplimiento a las obligaciones que nos impone la sentencia del tribunal.
Por todo ello, habíamos planteado
una enmienda que realmente coincide en el contenido con la propia proposición no de ley, que simplemente perseguía establecer un mayor rigor en esta preocupación que al menos los dos grupos que hemos intervenido hemos manifestado de cumplir con las
obligaciones que nos impone la Unión Europea, pero también no desnaturalizar y seguir teniendo los suficientes controles en el desarrollo de esta actividad. Como el señor Gil Lázaro ha hablado de una transaccional que creo que es una buena
enmienda, también quizás porque ha sido motivada por la enmienda que habíamos presentado, no tengo ningún problema en aceptar esa transaccional.
Termino coincidiendo con el portavoz del Grupo Popular en ese recurso último que ha hecho de que en este tema, como en muchísimos otros también, se debería de llegar a un acuerdo -estamos obligados a ello y casi siempre es así en la
actividad parlamentaria aunque no siempre se tiene por qué llegar a acuerdos, pero en muchos temas se puede y se debe buscar los acuerdos-, en la posible futura reforma de la legislación en materia de seguridad privada, que nos importa a todos,
porque es un tema de actualidad, de importancia y de relevancia para los ciudadanos. Por tanto, como el mismo ha dicho, debemos trabajar en común desde el consenso y el acuerdo para llegar a soluciones que posibiliten, en un plazo de tiempo no
demasiado largo, la actualización, la modernización y la mejora de nuestra legislación en materia de seguridad privada. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Señor Gil Lázaro, ¿a qué efectos pide usted la palabra?
El señor GIL LÁZARO: A efectos simplemente, señora presidenta, de agradecer la aceptación de la transaccional y señalar que comparto plenamente la intervención de la señora Hermosín. Finalmente, si se me permite, considero un honor que la
señora presidenta de la Comisión haya sido mi contraparte en este debate.
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): ¿Algún otro grupo desea intervenir con relación a esta proposición no de ley? (Pausa.) Por tanto, entiendo que se acepta el texto con la transaccional.
-SOBRE LA REFORMA DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000665.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Pasamos al siguiente punto orden del día, que es la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, sobre la reforma del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
Para su defensa tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Esta proposición no de ley encuentra su causa en unos graves sucesos acaecidos en los calabozos de la Jefatura Superior de
Policía de Bilbao -instalaciones por cierto que a algunas personas nos ha sido dado a conocer en otras circunstancias históricas y en otros momentos sin ningún tipo de invitación por quienes nos posibilitaron realizar esta visita poco
agradable-, que, al margen de esta circunstancia, provocan también una cierta renuencia, una cierta situación de alerta por parte de mi grupo parlamentario, que va a enfatizar todavía más la argumentación que a continuación se va a exponer.
En los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, y según se declara en hechos probados en dos sentencias -en una de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 10 de junio del año 1998 y en otra del Tribunal Supremo del año 1999-,
una ciudadana brasileña fue objeto de una violación por quienes estaban encargados de velar por su seguridad, por su custodia -persona detenida preventivamente en la jefatura-. Ambas sentencias declaran que la violación se produjo -lo declaran los
hechos probados-, pero, lamentablemente, ambas sentencias resultaron absolutorias o se condujeron a la absolución de los funcionarios implicados por una práctica perversa, definida así por el propio Defensor del Pueblo, cual es la de la ley del
silencio imperante en esta comisaría entre los funcionarios que estaban de guardia en aquel momento, el encubrimiento entre ellos y la no denuncia entre los propios compañeros mediante una posición corporativa mal entendida, perversa, aberrante, que
impidió la condena de la persona que, efectivamente, cometió la violación de esta persona detenida bajo custodia judicial. Se instruyó un expediente disciplinario, el expediente 469/95, expediente disciplinario que se archivó arguyendo
fundamentalmente el instructor que las sentencias citadas, precitadas, tanto la de la Audiencia Provincial de Vizcaya como la del Tribunal Supremo, habían sido absolutorias por no poder probarse quién era el funcionario que realmente había cometido
tan abyecta acción, la violación de una persona sujeta a la custodia de los policías actuantes. Esto provocó una serie de actuaciones del Defensor del Pueblo que nosotros recogemos y reproducimos prácticamente en su propio tenor literal. El
Defensor del Pueblo inquirió al Gobierno a que realizara las oportunas reformas legislativas para incluir en el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía como conducta imputable, como conducta sancionable y que por lo tanto no quedara
esta conducta impune, aquella de un funcionario consistente en que, tras haber conocido que un compañero ha cometido un delito, lo oculta tanto al órgano jurisdiccional como al instructor en su caso de los expedientes administrativos que incoe
internamente la propia policía; requerimiento del Defensor del Pueblo, primero, el inicial, que no fue tomado en consideración por la Administración del Estado que no acometió ninguna iniciativa legislativa atinente o congruente con este pedimento
del Defensor del Pueblo dirigido a reformar el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. El Defensor del Pueblo inquirió otras dos veces a la Administración para que iniciara estos procedimientos legislativos previamente citados, y ya
estamos hablando de una resistencia grave por parte de la Administración porque sabe la señora presidenta cómo la desatención reiterada a los requerimientos del Defensor del Pueblo son un acto delictivo, constituyen un injusto penal, un tipo
delictivo específico, hasta el punto de que podríamos estar hablando de que esta renuencia de la Administración a atender estos requerimientos o peticiones del Defensor del Pueblo pudieran ser constitutivas también de delito. Por lo tanto, para
evitar que la Administración delinca, con esta buena intención, con la bonhomía que caracteriza al diputado que les habla, nosotros pretendemos que se modifique, como solicita el Defensor del Pueblo, el expediente o el régimen disciplinario del
Cuerpo Nacional de Policía para que no puedan quedar impunes -este es el pedimento de nuestra proposición no de ley- las conductas de los funcionarios consistentes en ocultar, una vez teniendo conocimiento fehaciente de ello, la comisión de delitos
por compañeros en su caso, no transmitiendo la pertinente información tanto a los órganos jurisdiccionales que en su caso estén actuando cuando haya una comisión de un delito en concreto o a los instructores de los correspondientes expedientes
disciplinarios cuando estos sean objeto de incoación.
Señora presidenta, está cargada de razón esta proposición no de ley, está vinculada a un caso muy concreto que es el que hemos denunciado al iniciar mi intervención. Nos gustaría que se mantuviera la proposición, el contenido de la parte
dispositiva de la proposición no de ley, en los términos en los que mi grupo parlamentario exactamente la propone. No queremos derivaciones que hagan perturbar el sentido finalista, el sentido teleológico de la proposición incorporando otros
sucesos acaecidos recientemente y que han tenido una gran notoriedad pública y una gran repercusión mediática. Nosotros pretendemos exactamente lo que estamos pidiendo y no otra cosa. Por tanto, le adelanto que no vamos a aceptar enmiendas
presentadas por otros grupos parlamentarios, sino que vamos a mantener una petición que tiene la legitimidad de estar reclamada reiteradamente por el Defensor Pueblo, que, por una parte, está siendo objeto de una resistencia ya rayana en el tipo
delictivo previsto o en la falta de consideración o de atención por parte de las administraciones públicas a los requerimientos del Defensor Pueblo, pero que, por otra, es un requerimiento de justicia material elemental. Este es un injusto penal
clarísimo. La ley del silencio en el seno de las comisarías de policía o en el seno de cualquier departamento o acuartelamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el encubrimiento entre compañeros para evitar la imputación en los
sucesos en los que se cometan delitos -esto ocurre, y con más frecuencia de lo que sería deseable, señora presidenta- es algo que no se puede consentir a un funcionario público al que le corresponde la custodia de las personas detenidas entre otras
cosas.
Además, dentro de este concepto de custodia genérico está también velar por su integridad física, por su integridad moral y velar por su seguridad. Hay que
tener en cuenta que estamos hablando de la violación de una ciudadana detenida, así que fíjese si es grave la conducta que estamos invocando en este momento, y justifica que, cuando menos, esto se califique como una falta muy grave en el
régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y en el régimen disciplinario de cualquier Fuerza o Cuerpo de Seguridad del Estado. Que en el año 2006 todavía no sea posible la instrucción y la sanción correspondiente cuando hay sentencias, en
concreto, dos, y una de ellas del Tribunal Supremo, en las que los hechos delictivos se declaran probados, aunque no se pueda imponer la correspondiente sanción penal por el encubrimiento practicado por los demás compañeros, es decir, por la
imposibilidad de identificación del sujeto concreto que cometió el delito, es algo verdaderamente incivil e insoportable desde una perspectiva de la providad de la actuación de estos funcionarios, en este caso, funcionarios policiales. No estamos
en la época en la que tuve la falta de fortuna -vamos a utilizar esta expresión- de conocer estos mismos calabozos en otros momentos históricos, predemocráticos -y ya conocemos todos lo que ocurría en aquella época-, pero que en el año 2006 sigan
sucediendo cosas parecidas, señora presidenta, es algo impresentable, y permítaseme esta expresión vulgar. Por tanto, apelo a la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para que esta disfunción se corrija en los términos en que consta en el
pedimento de la proposición no de ley que presenta mi grupo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Garre.
El señor GARRE LÓPEZ: Señorías, vista la resolución que la propuesta inicial del Grupo Vasco presenta a debate y votación esta mañana ante la Comisión de Interior, nos asalta la duda de si lo que especialmente se solicita es que se
modifique el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía o que se modifique el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía única y exclusivamente para el caso planteado como consecuencia de la violación de una ciudadana brasileña
en la comisaría de policía de Vizcaya. Ese trámite de modificación especial al caso concreto sería adecuado tratarlo cuando venga a esta Cámara el proyecto de ley del Gobierno, que tiene que venir, porque durante su tramitación podremos ir
debatiendo enmiendas y propiciando los casos concretos a que se puede hacer referencia, como ha hecho el señor Olabarría anteriormente. Por eso en la propuesta de resolución que plantea el Grupo Parlamentario Popular lo hacemos de una manera
genérica. Sustituimos el término otros funcionarios por cualquier funcionario. Añadimos que sea compañero o que sea subordinado o superior, porque tanto el subordinado, el superior o el propio compañero pueden cometer este tipo de infracciones, y
no solo cuando se ocultan -como hace referencia la propuesta inicial- los hechos o los datos, sino también cuando se sustituyen o tergiversan los hechos de que tiene conocimiento. Y además, no solo por no velar por la integridad de las personas,
sino por propiciar -que debe propiciar- la identidad de los documentos custodiados bajo su responsabilidad. Creemos que es una enmienda que puede ser perfectamente aceptada por todos los grupos parlamentarios, con independencia de que para el Grupo
Parlamentario Popular el hecho probado de una violación, a la que se ha hecho referencia, es y va a ser siempre un delito gravísimo, como lo califica la propuesta vasca. El hecho probado de una detención ilegal seguida del intento de incriminación
por delito de atentado también lo es, señor Olabarría. Señora presidenta, nosotros creemos firmemente que el criterio político en democracia no debe ni puede sustituir nunca al criterio jurídico natural. A nuestro juicio, en política, como en
cualquier otro tipo de actividad humana, se ha de actuar siempre en virtud de unos principios, nunca en virtud de oportunismos electorales o componendas parlamentarias que puedan viciar esos principios, desvirtuar el sentido común y alejarnos de la
realidad de las cosas tal y como las entiende la generalidad de la sociedad a la que nosotros representamos.
Dicho lo anterior, quiero expresar en nombre del Grupo Parlamentario Popular al que ahora represento, que consideramos oportuna esta proposición no de ley y oportuno este debate. En segundo lugar, que para nuestro grupo parlamentario el
objetivo de esta iniciativa perseguido por el grupo proponente está investido de un fin tan loable en justicia como el de tratar de impedir que los delitos queden impunes o no alcancen a todos los autores, cómplices o encubridores o no alcancen a
aquellas infracciones sin sanción disciplinaria. En tercer lugar, la proposición no de ley está rígidamente ajustada a derecho -lo decía el señor Olabarría- pues no hace sino recoger las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de la propia
sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1999. En cuarto lugar, señorías, no cabe duda de que los hechos declarados probados suscitaron en su día la consiguiente alarma social por la propia acción de la violación, por el lugar donde se
declaró probado que se produjo y, además y sobre todo, por el fallo absolutorio por la falta de pruebas para condenar en justicia o sancionar disciplinariamente y, por tanto, era merecedora de esta iniciativa.
Señorías, la violación es un delito muy grave. Los hechos a los que nos contraemos, ocurran en Vizcaya, en Murcia o en Santander, en 1995, cuando se cometieron, en 1999, cuando se juzgaron definitivamente u hoy que es día 6 del 6 de 2006,
siguen constituyendo un delito bestial. Porque precisamente para combatir a esas bestias está la Dirección General de la Policía y si a pesar de que se pretende modificar el régimen disciplinario resulta que quienes tienen que velar para que las
bestias no actúen se convierten también en bestias, entonces estamos hablando ya de un procedimiento absolutamente bestial. Hay que ser respetuoso con lo que ocurre, con
los hechos probados declarados en la sentencia, pero también respetuoso con la propia resolución, con el fallo definitivo de la sentencia que no pudo determinar quién había sido el autor de los hechos.
Queda claro nuestro apoyo a esa propuesta porque ustedes están por preservar la justicia y nosotros también lo estamos; ustedes están por salvaguardar los derechos de las personas y nosotros también; ustedes están por modificar el régimen
disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y nosotros también. Nosotros entendemos, como acabamos de aclarar, su propuesta y ustedes por las mismas razones deberían entender la nuestra y apoyar nuestra enmienda, porque el bien jurídico protegido,
en definitiva, es el mismo. Hacer uso de la autoridad de la que se está investido y de la fuerza para abusar de una mujer, satisfaciendo de alguna manera los instintos más primarios, es un acto absolutamente abominable; abusar de la autoridad de
la que se está investido para encubrir el delito o a su autor, precisamente por quien tenía la obligación de velar por su integridad física, también lo es; abusar de la autoridad para impulsar o ejecutar una detención ilegal a dos pensionistas
militantes del Partido Popular o de cualquier otro partido por el simple hecho de participar en una manifestación legal, también es sumamente reprobable y mereció la condena de la Audiencia provincial de Madrid y merece la modificación del régimen
disciplinario a que nos contraemos no solo cuando se ocultan las pruebas como dice su propuesta, sino también cuando se tergiversa o manipula la identidad de los documentos custodiados bajo su responsabilidad y con mayor rigor si además tales actos
se cometen para complacer al poder político, como consta en la sentencia de la mentada Audiencia provincial.
Señorías, para finalizar, quiero pedir el voto afirmativo para la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, enmienda basada en el criterio jurídico natural que sostiene la propuesta inicial y que a buen seguro cimentará o debiera cimentar el
voto de los restantes grupos parlamentarios. Su propuesta inicial, como nuestra enmienda, pretende salvaguardar los derechos de las personas. Por tanto, ni nosotros deberíamos oponernos a la aprobación de su propuesta ni ustedes a nuestra
enmienda, pues la libertad de las personas merece nuestra protección, la suya, la nuestra y la de todos los grupos de la Cámara. Señorías, si el movimiento se demuestra andando, el objetivo parlamentario finalmente se exhibe votando.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo que quiera intervenir en este trámite? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso tiene la palabra el señor Rascón.
El señor RASCÓN ORTEGA: Después de haber oído la exposición que ha hecho del caso el señor Olabarría, a cualquier ciudadano se le tiene que poner el vello de punta, por supuesto también a cualquier Estado de derecho se le ha de poner el
vello de punta, por la atrocidad ocurrida en el año 1995. Efectivamente es un caso excepcional sin ningún género de duda, pero en el que el Estado de derecho claudica ante el corporativismo más vil y más cruel que jamás uno pueda imaginarse. Es
ese corporativismo funcionarial que llega a amparar y a encubrir nada más y nada menos que un delito contra la libertad sexual de una mujer privada de libertad. Es un corporativismo que no se contenta con eso, sino que además hace posible, merced a
ese amparo, que no se derive responsabilidad no solo ya penal, sino incluso responsabilidad disciplinaria. Estamos en presencia del fracaso del Estado de derecho que es el fracaso de todos. Es el fracaso de una sociedad que no reacciona
adecuadamente ante un delito y ante el encubrimiento que se produce de un delito de estas características. Por tanto, perdemos todos. Quien primero pierde es la víctima porque es doblemente humillada y se encuentra indefensa ante la falta de
reacción de una sociedad que tiene que acogerla. Pierde la institución, el Cuerpo Nacional de Policía, porque mantiene a personajes en su seno que desde luego no son ni poco ni mucho de fiar, son sencillamente delincuentes o encubridores y
protectores de delincuentes y pierde, qué duda cabe, la sociedad que encuentra que servidores públicos se dedican a todo menos a lo que tienen que hacer, a su responsabilidad, a servir. En esa tesitura desde luego si algo tiene que hacer la
sociedad a través de sus instituciones es reaccionar con firmeza, con contundencia y con determinación para evitar que situaciones como estas vuelvan a repetirse. Es ahí donde hay que recibir con agrado y satisfacción la buena inciativa que hace el
buen parlamentario, señor Olabarría, porque es una medida que tiende a que esa reacción pueda hacerse mucho más eficaz mediante las reformas del régimen disciplinario, en este caso del Cuerpo Nacional de Policía, por tanto, de la reforma de la Ley
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 que además viene avalada por las recomendaciones del Defensor del Pueblo que, no olvidemos, es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos y libertades de los
ciudadanos, que habla en nombre de todos, recomendaciones que deberían haberse atendido, pero ya que no ha sido así, todavía se está a tiempo de hacerlo indirectamente, por la vía parlamentaria.
Es una iniciativa que además es oportuna porque llega en un momento adecuado. El Gobierno está tramitando una propuesta de reforma de esa ley y particularmente del régimen disciplinario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y,
por tanto, es el momento en que debe acogerse esta reforma legal que en la propia proposición no de ley se ofrece por el Grupo Parlamentario Vasco. Por eso, porque estamos firmemente decididos a defender el Estado de derecho precisamente donde no
lo ha habido, y esa es una diferencia esencial respecto de la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Popular, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente a esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Para pronunciarse sobre la enmienda presentada por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, a la enmienda del Grupo Popular se le puede aplicar esa locución que en derecho se llama fumus boni iuris. Es una apariencia de mejor derecho la que nos presentan, pero la explicación del
portavoz que la ha defendido ha hecho que tengamos ciertas reservas mentales, pues en la justificación de su contenido normativo ha introducido una serie de acontecimientos recientes en relación con los cuales mi grupo ha manifestado previamente que
pueden perturbar el sentido teleológico de la proposición que nosotros presentamos. Desde esa perspectiva, si el portavoz del Grupo Popular hubiera obviado ciertas reflexiones que hacen referencia a circunstancias coyunturales muy recientes,
hubiéramos tenido una visión más flexible del contenido material de su argumentación, una argumentación por lo demás jurídicamente razonable, que se puede asumir desde una perspectiva técnica, pero dada la interpretación auténtica que él mismo ha
incorporado al sentido de su enmienda, nosotros -perdonen que use el plural mayestático-, en este caso yo personalmente me quedo más tranquilo manteniendo el contenido, el pedimento y la parte dispositiva de la que en este momento presentamos.
-PARA LA REFORMA DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ORGÁNICA DE FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE CREACIÓN DE PLAZAS DE AGENTES DE MOVILIDAD O CONTROLADORES DE TRÁFICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente 161/001728.)
La señora PRESIDENTA: Terminado el debate de esta proposición no de ley, pasamos al siguiente y último punto del orden del día: Proposición no de ley para la reforma del artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en cuanto a la posibilidad de creación de plazas de agentes de movilidad o controladores de tráfico, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: La posibilidad de crear agentes de movilidad afecta negativamente a la seguridad vial, a la seguridad ciudadana y al presupuesto municipal. La reforma del artículo 53 se hizo en el Senado con una enmienda a la
Ley Orgánica del Poder Judicial, estilo clásico que marcó el Grupo Popular, por supuesto sin debate democrático político alguno, a pesar de la relevancia que tiene la creación de un nuevo cuerpo policial encargado exclusivamente de la seguridad
vial. Eso sí, dado que dejaba el marco completamente abierto, en el municipio donde se decide crearlo cada uno lo está regulando como quiere. En el caso de Castellón se ha creado una bolsa con una clasificación del grupo E, que es la titulación
más baja exigible en el ámbito funcionarial. Esta creación de un nuevo cuerpo policial trae más confusión al ya de por sí confuso panorama policial, el carácter no policial exactamente, parcialmente de agentes de la autoridad, que además no pueden
afrontar situaciones colaterales que se generan por la seguridad vial con suficientes garantías porque carecen de la condición de agente pleno de autoridad y además tienen una carencia de formación que ellos mismos han denunciado y que están
reclamando los primeros que se pusieron en funcionamiento, que son los del municipio de Madrid. Esa falta de formación es alarmante tratándose de algo tan relevante como la seguridad vial. El escaso nivel de capacitación que se les reclama además
va en contra de la razonable exigencia que se ha ido incorporando en todas las comunidades autónomas de que como mínimo los policías locales pertenezcan al grupo C de titulación -como digo, en el caso de Castellón, por ejemplo, se reclama el grupo
E-; menos requisitos de acceso y menos formación, aunque cada uno tenga particularmente una formación mayor. Incluso los agentes de movilidad de Madrid se han quejado de que se les imparte un curso de un mes que es totalmente insuficiente. Es
decir, formación exigua para aquellos que presuntamente se tienen que dedicar a la seguridad vial, como digo, algo tan relevante.
Debido a que estos agentes no pueden afrontar todas las situaciones colaterales con garantías, nos encontramos con que no son rentables para la seguridad ciudadana. La rentabilidad es menor, porque las funciones que realizan, la
disponibilidad y la capacitación los hacen en su conjunto menos rentables aunque, eso sí, les pagan bien poco, se les llama la policía barata. Llegan a percibir alrededor de 850 euros mensuales y se les presiona, según han denunciado todos los
sindicatos, con la apertura de expedientes disciplinarios si no recaudan suficientes multas, es decir, no son organizadores del tráfico sino que son agentes recaudatorios. Todos podemos ver, mientras estamos aquí estos días en Madrid, el trabajo
que realizan estos agentes y las directrices que se les impone por parte del Gobierno municipal. En definitiva, nos cuesta más a todos los ciudadanos, porque no se dedican a la seguridad vial, no se dedican a la seguridad ciudadana, sino que se
dedican a la recaudación de multas. Por tanto, tiene que haber más agentes que sí se dediquen a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana. Lo razonable siempre, para todo, es un servicio integral de seguridad pública que rentabilice los
recursos policiales, que simplifique estructuras y que, por tanto, reduzca costes, pero en este sentido, porque se da un servicio de calidad integral y con las estructuras simplificadas. No podemos apostar ni podemos seguir con esta línea de
dispersión de competencias ni duplicidad de estructuras, es decir: seguridad vial, sí; agentes recaudatorios de multas, no; policía barata, no.
La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda presentada que va a defender el señor Pedret por el Grupo Socialista.
El señor PEDRET I GRENZNER: Nos encontramos, aparte de en el último punto del orden del día y supongo que todo el mundo desea brevedad en la intervención, ante una iniciativa que se puede acoger en cuanto a la finalidad que tiene de defensa
de los derechos de unos trabajadores municipales en estos momentos. Me parece elogiable, porque son unos legítimos derechos de estos trabajadores municipales, pero deben incardinarse necesariamente en el conjunto de lo que significa la protección
de los derechos, libertades y seguridad de los ciudadanos y no puede, por tanto, tratarse aisladamente el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Aunque, desde luego, habría un motivo para
hacerlo, yo lo reconozco, que sería restablecer la normalidad democrática después de la trapisonda legislativa que llevó a la modificación de este artículo. No sé si saben, seguramente sí, porque todas SS.SS. estudian permanentemente el BOE y las
cosas que aprobamos en esta casa, que el párrafo tercero del artículo 53 de la Ley, de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está modificado por una disposición adicional de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica del Poder Judicial. Es un método legislativo notablemente curioso, teniendo en cuenta además que es una de aquellas magníficas aportaciones de consenso que nos trajo el Partido Popular con su mayoría absoluta en el Senado, con aquellas
169 enmiendas del Senado que se introdujeron, como se ve, tan pertinentemente como esta, en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, a pesar de esta tendencia justiciera de restablecer lo que debiera de ser antes de la -voy a no
calificarla- actuación legislativa de la mayoría del Partido Popular en la legislatura anterior, hay que ver cuáles son los efectos que podría tener un simple mandato de reforma de este párrafo sin incardinarlo en el conjunto de las necesidades
legislativas al respecto.
Saben todas SS.SS., porque así lo dijo el nuevo ministro del Interior cuando compareció por primera vez ante esta Comisión, que el Gobierno tiene en cartera el estudio de una modificación amplia de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que existe también un acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias para la ampliación de funciones de los cuerpos de Policía local y que sería bueno -estoy convencido de que SS.SS comparten
la opinión- que esta necesaria reforma del artículo 53.3 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se incardine en el conjunto.
Hay que ver cuáles van a ser en su complejidad las funciones de la Policía local para ver cómo establecemos
las funciones de vigilancia del agente de movilidad, qué tipo de funcionario debe ser, qué formación debe tener, sus funciones, etcétera. Hemos de pensar que la Policía local necesita adquirir nuevas funciones en seguridad ciudadana de proximidad y
en prevención de la delincuencia y que ciertas funciones de policía judicial van a ser necesariamente atribuidas a la Policía local en cuanto desarrollemos la nueva justicia de proximidad, cuyo proyecto de establecimiento está tramitándose en esta
casa. Solo en el conjunto de estas actuaciones necesarias puede tener sentido la modificación que solicita la proposición no de ley defendida por la señora Navarro. Para evitar lo que el ministro de Justicia denominó en la primera comparecencia
ante la Comisión de Justicia en esta legislatura como penelopismo jurídico, es decir, ir tejiendo y destejiendo trocitos del inmenso tapiz que es el ordenamiento jurídico, hemos presentado una enmienda, a la que se ha presentado transacción por
parte de Izquierda Unida, sobre cuyo fondo hemos llegado a un acuerdo, así como sobre su concreción literal, para que esta reforma necesaria se estudie dentro del conjunto de reformas también necesarias de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
1986. Por ello, señorías, se ha presentado la enmienda y podemos anunciar -le correspondería en primer lugar a la señora Navarro, pero para no volver a intervenir yo- la aceptación de la enmienda transaccional, que ha sido transmitida a la
presidencia de la Comisión.
Creo que el conjunto de la Comisión haría bien en aceptar esta enmienda para incitar al Gobierno y excitar su celo, como corresponde, y se reforme adecuadamente la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha
prestado buenos, leales y nobles servicios, pero que tiene ya la provecta edad de 20 años para una ley funcional de este tipo y ya es necesario pensar en reformarla.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún otro grupo quiere intervenir en este trámite? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: En el Grupo Parlamentario Popular consideramos muy adecuada la actual redacción del artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la reforma introducida por la Ley Orgánica
19/2003, que faculta a los plenos municipales de las grandes ciudades a crear cuerpos de funcionarios que se dediquen a la ordenación y dirección del tráfico, a lo que se ha llamado agentes de movilidad o controladores de tráfico. ¿Por qué? Porque
la complejidad creciente de la vida en las grandes ciudades y el aumento de la inseguridad ciudadana ha hecho que los cuerpos de la Policía local vayan asumiendo cada vez una mayor amplitud de funciones en temas de seguridad ciudadana y de policía
judicial. El propio señor Pedret nos acaba de decir en su intervención que en el futuro tendrán que asumir todavía más.
Eso ha hecho que los temas de ordenación y dirección del tráfico puedan pasar a un segundo grado de atención, cuando tienen que
ver ni más ni menos que con la movilidad y la fluidez en los desplazamientos por los cascos urbanos, asunto que afecta mucho a la vida diaria de los ciudadanos, a su calidad de vida y también a su economía. Por tanto, nos parece que es un acierto y
muy adecuado que mediante una ley se faculte a los ayuntamientos que lo crean necesario
a tener un instrumento para hacer frente a estos problemas de movilidad y de ordenación del tráfico, porque las competencias que tienen conferidas estos agentes por la ley son ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano y
ayudar a facilitar la seguridad vial, pero no tienen función estrictamente de seguridad vial. Nos parece que es un acierto y muy adecuado. Por tanto, estamos en contra de la inicitiva del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que trata de
suprimirlas e incluirlas en el Cuerpo de Policía Local. Por otra parte, son funcionarios que adquieren su capacitación en las academias de policía municipal y, por tanto, reciben la formación adecuada y la transmisión de los valores cívicos que son
necesarios para desempeñar su función. Hay ayuntamientos que ya han usado la habilitación de la norma y tienen estos cuerpos, lo cual quiere decir que se han considerado válidas y están siendo utilizados como tales.
Después hemos tenido conocimiento de la enmienda transaccional del Grupo Socialista que, en definitiva -y se ha visto en la intervención del señor Pedret-, ha tratado de echar balones fuera y de ganar tiempo. El grupo proponente renuncia a
su iniciativa y la pospone para cuando se plantee aquí la reforma de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no sabemos cuándo, porque se dice que será en esta legislatura, pero ya estamos en la mitad de la misma y las noticias son las
que hoy nos ha dado el señor Pedret para defender la posición de no votar a favor de la iniciativa y, en el fondo -esto es coherente con aquella intervención de su grupo en el Pleno, sobre aquella proposición no de ley presentada por el Parlamento
de Cataluña para modificar este artículo, en el que votó que no-, no perder el acompañamiento de Izquierda Unida en esta y en otras iniciativas en las que le pudiera venir bien.
El Grupo Popular mantiene que la modificación no es sensata y va a votar en contra. Estaremos a la espera del planteamiento que se nos haga en la reforma de esa Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para manifestar nuestra
posición sobre ella, sea en esta legislatura o no sé cuándo.
La señora PRESIDENTA: No habiendo más grupos que tengan que intervenir en este trámite y habiendo concluido el orden del día se da por finalizada la sesión. Antes tenemos que votar todas las proposiciones no de ley que hemos debatido.
Habíamos dicho que no votaríamos antes de las 13:00 horas. Si los grupos me dicen que están en condiciones de votar, votamos inmediatamente, si no, esperamos unos minutos.
La señora NAVARRO CASILLAS: Yo no puedo esperar unos minutos, porque tengo Junta de Contratación. Si no, que se retrase hasta la 13:30 horas para que pueda ir y volver.
La señora PRESIDENTA: Tenemos no digo quórum, sino mucho más que quórum en la sala. Si están de acuerdo los portavoces, votamos.
Antes de votar, ya que en este momento están aquí los portavoces y no sé si les habrá llegado, les anuncio que vamos a convocar una mesa y portavoces para después del Pleno de esta tarde. De todas maneras, recibirán la convocatoria.
Iniciamos las votaciones. Votación de la proposición no de ley número 1243, que no tiene enmiendas. Por tanto, se vota el texto de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley número 1714, a la que se ha incorporado, por haber sido aceptada, una enmienda de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley número 650, que no ha tenido ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley número 1519, que se vota con una enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley número 665, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, votamos la proposición no de ley número 1728, que se aprueba con una enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sin más asuntos, se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.