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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 585, de 23/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 585
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA
Sesión núm. 30
celebrada el martes, 23 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Medio Ambiente (Narbona Ruiz) para informar sobre:
- La postura del Ministerio sobre la reintroducción del oso en el Pirineo por parte del Gobierno francés. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000621.) ... (Página
2)
- La cumbre del clima, recientemente celebrada en Montreal, Canadá, y la posición mantenida por el Gobierno español. A petición propia. (Número de expediente 214/000097.) ... (Página 15)
- La situación de las políticas de lucha contra el cambio climático en España y las perspectivas de cumplimiento del Protocolo de Kioto. A petición propia. (Número de expediente 214/000110.) ... (Página 15)
- El Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000121.) ...
- La cumbre del cambio climático de Buenos Aires (Argentina). A solicitud del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente 213/000161.) ... (Página 16)
- La propuesta de asignación de derechos de emisión de dióxido de carbono para el periodo 2005-2007, su impacto sobre el sector eléctrico, concretamente el gallego, y su adecuación para garantizar el respeto a las obligaciones de Kioto y una
aplicación equilibrada y justa de las mismas. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000172.) ... (Página 16)
- La evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático, así como las actuaciones previstas al respecto. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000256.) ...
(Página 16)
- Las actuaciones que prevé el Gobierno para cumplir con el Protocolo de Kioto. A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000516.) ... (Página
16)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (NARBONA RUIZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA POSTURA DEL MINISTERIO SOBRE LA REINTRODUCCIÓN DEL OSO EN EL PIRINEO POR PARTE DEL GOBIERNO FRANCÉS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000621.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida a la ministra de Medio Ambiente, señora Narbona. Hoy tenemos dos bloques de comparecencias: uno, la comparecencia a petición del Grupo Popular, y dos, todas las peticiones de comparecencia
sobre el cambio climático.
Empezamos por la solicitud de comparecencia del Grupo Popular, sobre la postura del ministerio en la reintroducción del oso en el Pirineo por parte del Gobierno francés. Todos sabemos que hoy tenemos que terminar la sesión antes de la una,
que es la hora a la que empieza el Pleno con el debate de la toma en consideración del Estatuto de Andalucía. Por tanto, la Mesa va a ser flexible, pero vamos a controlar bien los tiempos.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Gracias, presidente.
Intervengo en primer lugar en relación con la comparecencia sobre el proceso de reforzamiento de la presencia del oso pardo en el Pirineo y quiero aclarar precisamente de qué se trata, porque hemos venido hablando -creo que de una forma un
poco inexacta- de reintroducción del oso en el Pirineo. Quizá la palabra más exacta sería reemplazamiento de los ejemplares que se han perdido durante los últimos años; esas desapariciones en territorio francés se han producido por causa humana y
es lo que ha llevado a que el Gobierno de Francia, hace aproximadamente un año y medio, tomara la decisión de poner en marcha un programa de introducción de osos procedentes de Eslovenia en la parte francesa del Pirineo para sustituir los ejemplares
desaparecidos.
En un primer momento, el Gobierno francés incluso había planteado la introducción de quince ejemplares y con posterioridad esa cifra se ha reducido hasta cinco. Si tenemos en cuenta que durante los últimos años habían muerto a manos de
cazadores en la zona francesa tres ejemplares de oso pardo y que de haber vivido esos osos seguramente habría por lo menos dos crías más, podemos comparar esos cinco ejemplares que ahora vienen de Eslovenia con los cinco osos que en cualquier caso,
de no haberse producido esas muertes, estarían en estos momentos en el Pirineo. En el Pirineo existe una colonia, previa a este proceso de introducción de los osos eslovenos que se ha iniciado, de entre 14 y 18 ejemplares. Quiero que quede claro
desde el primer momento de mi intervención que no se trata en absoluto de un proceso que arranca de cero en cuanto a la población del oso en el Pirineo. El oso estaba en el Pirineo, el oso ha sido objeto de una agresión en los últimos años que ha
hecho que su población se reduzca. En particular con la muerte de Canele, la última osa hembra autóctona del núcleo occidental del Pirineo, la especie se sitúa en un proceso de claro riesgo de extinción. Por ello, desde el Ministerio de
Medio Ambiente se venía trabajando ya con las tres comunidades pirenaicas -Aragón, Navarra y Cataluña- en un proyecto de estrategia nacional para la conservación del oso pardo en el Pirineo; estrategia que ya ha sido aprobada por el comité de flora
y fauna de la Comisión nacional de conservación de la naturaleza, y que se elevará para su aprobación definitiva a la próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
Señorías, precisamente ayer, Día Mundial de la Biodiversidad, tuve ocasión de analizar la situación de este proceso de introducción de osos eslovenos en el Pirineo con la ministra francesa de Ecología y Desarrollo Sostenible y con el
ministro de Agricultura y Medio Ambiente de Andorra en la ciudad de París. Fue la última reunión en una larga cadena de encuentros que se han ido sucediendo a lo largo del último año y medio y que ahora pasaré a relatar; en todos los casos han
participado representantes de las tres comunidades autónomas -Aragón, Cataluña y Navarra- y los técnicos y responsables del Ministerio de Medio Ambiente.
Desde el mismo momento en el que el Gobierno francés anunció su decisión de reemplazar los
osos desaparecidos y hacer honor a su propio compromiso en relación con la preservación de la biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente entendió que debíamos incorporar a las comunidades autónomas en el proceso a seguir y en los pasos a dar.
La primera de estas reuniones se celebró el 8 de febrero de 2005 en la ciudad de Zaragoza. A esta reunión, convocada en las dependencias del Gobierno de Aragón, asistieron los representantes técnicos de todas las comunidades autónomas implicadas
así como del Valle de Arán y del Ministerio de Medio Ambiente, que preside -como el resto de los grupos de trabajo- el grupo de trabajo correspondiente al oso pardo pirenaico de la Comisión nacional de protección de la naturaleza.
En esta primera reunión se obtuvieron diez conclusiones relevantes, que tienen que ver precisamente con la necesidad de aprobar la estrategia española de conservación del oso pardo en los Pirineos y de coordinar las acciones pertinentes con
Francia y con Andorra. El 11 de febrero de 2005 -unos días más tarde- se celebró en Barcelona una nueva reunión, en este caso con los representantes de Andorra, Francia y España, a nivel de los directores generales de cada uno de los Gobiernos.
También estuvieron representados los gobiernos autónomos de Aragón, Cataluña y Navarra. En ese momento se acordó la redacción de un memorándum de entendimiento para ser suscrito por los tres países implicados, acompañado de una propuesta de plan de
acción. La siguiente reunión, de nuevo de carácter técnico, tuvo lugar en el Valle de Arán el día 4 de abril de 2005, siendo anfitrión de la misma el propio Síndic del Valle. También en este caso participaron los tres países mencionados y las
comunidades autónomas afectadas, además de representantes específicos del Valle de Arán. Se acordó en esta ocasión avanzar en ese borrador de memorándum preparado por el Ministerio de Medio Ambiente, con la participación de las tres comunidades
autónomas españolas.
Los días 19 y 20 de abril de 2005 tuvo lugar una nueva reunión de trabajo en la ciudad de Toulouse, en Francia. Allí se estudio el borrador de memorándum y se presentó una versión inicial del plan de acción. De nuevo hubo representación de
los tres países pirenaicos y de todas las comunidades autónomas. Se enviaron comunicaciones oficiales a los directores generales de las tres comunidades autónomas por parte del Ministerio de Medio Ambiente, para ir dando cumplida cuenta del estado
del debate también por parte del propio ministerio. En la siguiente reunión, de nivel técnico, también en Francia, en la ciudad de Toulouse, que fue el 6 de septiembre de 2005, se aprobaron algunas modificaciones en los textos de los documentos de
trabajo y por parte de las autoridades francesas se realizó la presentación del proyecto Life, propuesto por este país a la Comisión Europea. La siguiente reunión -ya la sexta- se celebró en Andorra el día 15 de febrero del año 2006. En ella se
acuerda, a instancias del Gobierno de Andorra, sustituir el memorándum previsto por una declaración de intenciones. El Gobierno de Andorra deseaba un acuerdo entre los tres gobiernos que tuviera las características de una declaración de intenciones
y no un memorándum con un anejo de plan de acción, que era en lo que se venía trabajando. En la siguiente reunión, el día 23 de febrero de 2006, en Zaragoza, en la sede del Gobierno de Aragón, se siguió trabajando y, dentro de este grupo de
carácter técnico, se aprobó el borrador de la estrategia nacional de conservación del oso pardo en los Pirineos. También los técnicos fueron informados exhaustivamente por parte del Ministerio de Medio Ambiente de los resultados de la reunión de
Andorra. La estrategia nacional se remitió al comité de flora y fauna de la Comisión nacional de protección de la naturaleza, que, precisamente el pasado 18 de mayo, ha aprobado ya el contenido de esa estrategia.
Con posterioridad se han celebrado reuniones técnicas el día 28 de marzo de 2006 en Barcelona, con participación de las tres comunidades autónomas y de los tres países; los representantes franceses explicaron detalladamente el plan de
restauración de la población del oso pardo en los Pirineos. La siguiente reunión se celebró el día 4 de abril, en Valcallent, en Lleida, con la participación de nuevo de todas las administraciones mencionadas; en esta reunión se fijaron los
criterios técnicos para el seguimiento de los ejemplares de oso a liberar que llevan un emisor intraperitoneal y un collar emisor GPS-GSM. De esta manera es posible hacer un seguimiento mediante el sistema habitual de triangulación con antena
receptora y con satélite. También hay que hacer mención de la participación de un representante español, funcionario de la Generalitat de Catalunya, propuesto por los tres gobiernos autónomos, en los equipos de
captura desplazados a Eslovenia con el Gobierno francés; esta participación española fue solicitada por el Ministerio de Medio Ambiente y aceptada por Francia. El representante español ha participado en la captura y suelta posterior de la
primera de las tres osas liberadas hasta ahora, la osa Paloma, liberada en territorio francés.
Para acercarnos al momento actual, el día 10 de mayo se reunieron conmigo en Madrid los tres consejeros de Navarra, Aragón y Cataluña; les transmití la voluntad y el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente de apoyar con recursos
presupuestarios del propio ministerio este programa de restauración o de reemplazamiento o reforzamiento -como queramos denominarlo- del oso pardo en el Pirineo, para lo que este año vamos a destinar un total de un millón de euros. Quiero señalar
que en estos momentos se está redactando un convenio de colaboración con las tres comunidades autónomas y ayer mismo por la tarde hubo una reunión a nivel de directores generales para ir perfilando los términos de ese posible convenio. Dicho
convenio surge de la voluntad del Ministerio de Medio Ambiente de apoyar a las comunidades autónomas en materias que son competencia exclusiva de cada una de ellas, me refiero a la competencia en política agrícola y ganadera. No partimos de la
nada, como decía al principio, los osos han existido y existen en el Pirineo y a lo largo de los años ha habido sistemas de indemnización y protección de los ganaderos ante eventuales ataques de los osos. A mi juicio, lo que de alguna manera está
ahora entendiéndose a través de los medios de comunicación distorsiona algo la realidad, porque parece que nos estamos enfrentando a un problema que no existía previamente. En el Pirineo hay una población de entre catorce y dieciocho ejemplares y
cuando termine el proceso de suelta, que se ha iniciado ya, habrá cinco ejemplares, que hubiera sido la población que se habría mantenido si no hubiera habido las muertes de las que se ha hecho responsable de alguna forma el Gobierno de Francia.
Estamos hablando de un mantenimiento en términos de protección de la biodiversidad de una especie presente en el Pirineo, como es el oso pardo, a través de la introducción de ejemplares de Eslovenia y que, de acuerdo con el texto de declaración de
intenciones que ayer mismo firmamos en París los tres gobiernos, se está llevando a cabo según los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en cuanto a garantizar el estado sanitario de estos ejemplares y para intentar
que haya una homogeneidad desde el punto de vista genético; los osos eslovenos son los elegidos, porque son los más próximos a la población autóctona. Además de garantizar la mayor similitud genética y su estado sanitario, el documento que ayer
firmamos establece el compromiso de los tres gobiernos de buscar la mayor aceptación posible en el ámbito local donde se produce este proceso de introducción de los osos y poner en marcha métodos de seguimiento exhaustivo de los animales
reintroducidos. Este documento establece también el compromiso de reforzamiento de la coordinación y cooperación entre todas las administraciones implicadas, favoreciendo el intercambio continuo de información y la realización de acciones de
comunicación y de sensibilización. Asimismo se realizarán estudios conjuntos sobre la población de osos y el seguimiento de los factores de amenaza sobre esta población, se elaborarán y se participará en el desarrollo de proyectos conjuntos de
conservación del oso y su hábitat y por supuesto se buscarán mecanismos financieros comunitarios -incluidos los relativos a desarrollo rural o a la cooperación transfronteriza- que puedan ser utilizados para la realización de actividades que sirvan
para promover el desarrollo sostenible en las comarcas del Pirineo.
Puedo decirles también que en la reunión de ayer solicité a la ministra de Ecología y Desarrollo Sostenible que de las próximas introducciones, los dos ejemplares que están pendientes de ser liberados en el Pirineo, tengamos de manera
simultánea las tres administraciones autonómicas y el Gobierno de la nación una información mucho más precisa del momento y lugar de su suelta y que se prepare la elaboración de una página Intranet entre los tres gobiernos y los gobiernos de la
comunidades autónomas, que, dados los dispositivos que se han incorporado al cuerpo de estos ejemplares, nos permita tener un seguimiento de la ubicación de estos osos. También, que en esa página Intranet se puedan conocer los resultados de los
sucesivos controles sanitarios de los que tienen que ser objeto estos osos, de acuerdo con el compromiso del Gobierno de Francia, más allá del control sanitario inicial que se lleva a cabo en el momento de su captura y de su suelta. Propuse
asimismo a la ministra francesa y al ministro andorrano que se organice lo antes posible una reunión en Cataluña, concretamente en el Val d´Arán, que sin duda es uno de los ámbitos territoriales donde suscita mayor inquietud este programa de
introducción de osos, donde podamos, invitando también al Gobierno de Eslovenia y a otras comunidades autónomas españolas, poner en común la experiencia de coexistencia entre las poblaciones locales y los nuevos osos; experiencia que en el caso de
Eslovenia presenta ejemplos extremadamente interesantes y positivos, experiencia que también es positiva en el caso de la presencia del oso pardo en el macizo cantábrico en España, concretamente en Asturias, y experiencias de apoyo a los sectores
locales implicados. Me refiero al tipo de ayudas que estén establecidas en Francia, ayudas que han existido hasta la fecha y cómo pueden reforzarse en el caso de las tres comunidades autónomas del Pirineo-. Esta reunión deberá permitir la
concreción de los cauces de participación pública para el seguimiento desde las poblaciones locales de este programa. Nos parece que esto es fundamental y corresponde a cada comunidad autónoma la decisión sobre cómo articular esos cauces de
participación. En el ámbito legítimo de su competencia en la relación con los ganaderos, agricultores y ayuntamientos de cada uno de esos territorios, cada comunidad establecerá aquellas modalidades que
permitan la participación y el seguimiento por la población local.
Quisiera terminar diciendo que todo esto nos lleva a tener una valoración positiva de este proceso en la medida en que sin ninguna duda ha generado una respuesta exigente por parte de las poblaciones locales hacia las distintas
administraciones implicadas que haga que esa población de oso que ha existido y existe en el Pirineo pueda cohabitar con la población local en mejores condiciones que años atrás, antes de esta iniciativa francesa. Digo que esto sirve para mejorar y
es evidente que en estos momentos se están poniendo sobre la mesa nuevos instrumentos de búsqueda de financiación europea, algo que pudimos comentar ayer con la ministra francesa, para preparar un proyecto para Interred, mecanismos de cooperación
transfronteriza, y nuevos proyectos para el instrumento Life, ya que Francia no ha conseguido que la Comisión Europea apruebe el primer proyecto Life que había presentado hace unos meses, vinculado a este programa de reforzamiento del oso en el
Pirineo.
Estos son algunos de los datos que me parece que pueden interesar a SS.SS.
y ahora estoy a su disposición.
El señor PRESIDENTE: La petición era del Grupo Popular y tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Gracias, señora ministra, por su comparecencia en esta Comisión para hablarnos de este programa de reintroducción, recuperación, restauración -usted ha variado el concepto, los franceses y los ecologistas emplean
otro tipo de concepto-, pero la gente del territorio tiene claro de qué se trata, que no es una introducción extemporánea sino tratar de recuperar una especie para un territorio.
Usted es consciente de que el territorio que hoy nos ocupa en el Pirineo, tanto la vertiente española como la francesa, tiene varios y graves problemas: problemas relacionados con la población -zonas de muy baja densidad poblacional-,
problemas relacionados con la economía -con graves desequilibrios, con abandonos de actividades y con pocas alternativas- y problemas derivados de la conservación de la biodiversidad. Como bien ha explicado, el plan de recuperación o el plan de
reemplazamiento, como le gusta decir a usted, supone un acuerdo inicial entre los gobiernos de Francia, Andorra y España, pero, señora ministra, alertados, alarmados quizás por lo que está ocurriendo durante estas últimas semanas en el territorio
pirenaico, nosotros quisiéramos saber exactamente en qué consisten aquellos compromisos de febrero del año 2005, porque en dicha fecha ya teníamos notas de diversas organizaciones ecologistas que se congratulaban por el nuevo plan aprobado entre los
tres gobiernos que suponía intentar revitalizar esta especie. En aquel documento ya aparecen una serie de datos donde se buscaban los objetivos, entre ellos la mejora de la coordinación entre todos los actores implicados, reforzar la población de
osos para que sea viable por sí misma, apoyar a los sectores productivos con medidas de prevención y realizar campañas de explicación y sensibilización de la población local. Nosotros entendemos, señora ministra, que si los objetivos son loables, y
el objetivo desde el punto de vista de la biodiversidad es conseguir que no se pierda una especie tan importante como puede ser esta para el Pirineo, el trabajo realizado -ya no hablo de ese trabajo interno que usted nos ha explicado aquí de
múltiples reuniones-, a juicio del Grupo Popular, se ha hecho bastante mal. No disponemos todavía de la estrategia nacional de conservación -nos ha anunciado que se ha aprobado con fecha 18 de mayo, aproximadamente hace tres días- y lo que es
cierto, señora ministra, es que los osos andan sueltos por el Pirineo y la población no conoce con especificidad cuál es el plan, cuál es el programa. De ahí las propuestas que se están derivando durante todos estos días.
Nos ha relatado, señora ministra, y perdóneme la digresión, Alicia en el país de las maravillas. Parece que todo ha ido perfecto y que el programa de reintroducción o de recuperación del oso no tiene absolutamente ningún problema. La nota
que ustedes enviaron ayer desde el ministerio, su propia presencia en París con relación a este tema -y supongo que hablarían de otras cuestiones relacionadas con la biodiversidad- nos parece correcta; nos parece correcto el planteamiento en cuanto
a asegurar la supervivencia, en cuanto a las medidas de conservación e involucrar a los actores en la formulación, ¿qué actores, señora ministra? Solamente al final de toda su intervención, con relación al documento que firmaron ustedes ayer en
París, se ha referido a la necesidad de contar con los actores de la población, pero durante un año y tres meses la población no ha tenido absolutamente ninguna información ni ningún control de lo que suponía este programa de recuperación del oso en
el Pirineo. En ese sentido, señora ministra, nosotros estamos convencidos de que cualquier programa de estas características que no cuente con la población autóctona está condenado al fracaso, y usted sabe -y podremos hablar de ello posteriormente-
lo que ha ocurrido con el plan estratégico en cuanto a la viabilidad del oso en la cordillera cantábrica, al que ha hecho referencia, y es que ha habido problemas muy serios, que se lleva muchos años trabajando y al final las expectativas que
estaban marcadas en dichos programas se consiguen solamente a medias.
Este viaje relámpago a París esperamos que no quede solamente en una foto, sino en un compromiso cierto y real por parte de los gobiernos tanto francés y español como el del
Principado de Andorra en cuanto a la atención de las demandas, de los requisitos y de las expectativas que en el territorio se han generado. En este sentido usted ha hecho referencia a que por parte de la prensa durante estas últimas semanas se
estaba distorsionando la situación. Yo entiendo, señora ministra, que lo único que está haciendo la prensa durante estas últimas semanas, como suele hacer, es recoger las manifestaciones de preocupación en este asunto de los responsables
en algunos casos, de los gobiernos autónomos, en otros, de las corporaciones locales y, en muchos casos, de asociaciones de ganaderos, de forestales o simplemente de gente que vive en el territorio. Le leo algún titular: Malestar del
Gobierno de Aragón por la suelta del oso en Francia sin contar con la población. Aragón se rebela contra la próxima suelta de osos en el Pirineo francés. Los ganaderos exigen ayudas eficaces ante la suelta de osos. El Gobierno de Aragón rechaza
cualquier acuerdo sin escuchar a la montaña. Grupos españoles se manifiestan en Francia contra la suelta de osos. Un presidente de una organización importante de ganaderos dice: Los que vivimos allí no vemos nada positivo en la reintroducción del
oso; estamos indignados porque no se ha contado con el medio rural. El Gobierno aragonés califica la suelta de osos de precipitada y unilateral. El Ministerio de Medio Ambiente organiza un programa y está prevista -lo comentábamos anteriormente-
la estrategia española para la conservación de este animal en la zona. Tanto el consejero aragonés de Medio Ambiente como el consejero navarro han mostrado en más de una ocasión su desacuerdo con esta precipitada suelta porque no cuenta con el
apoyo de los habitantes del territorio afectado.
Posteriormente hablaremos de alguna otra cuestión con relación a lo que es la financiación.
En cualquier caso, señora ministra, estará conmigo, independientemente de los grandes acuerdos a los que ustedes hayan podido llegar -con un objetivo loable, la conservación de una especie-, en que se está viendo que en el territorio hay
gran desinformación, falta de transparencia informativa, en este caso por parte de las autoridades españolas, que ha generado crispación y rechazo a este programa, rechazo que nosotros entendemos que si se hubiera empezado la casa al revés -es
decir, estando en el territorio, explicando a los ganaderos, a la gente que vive dentro del territorio cuáles son las situaciones que puede generar y que de hecho genera este programa-, quizás hubiera sido más sencillo y más fácil contar con la
participación de todos ellos. No sé si lo sabe usted, pero aproximadamente a estas horas, en Huesca, donde hay una reunión en la subdelegación, hay convocada una manifestación por las dos principales organizaciones agrarias en el territorio
nacional, a la que se van a sumar no solo alcaldes y gentes de la zona del territorio español, sino también gentes del territorio francés, por lo cual, entendemos que se está muy lejos de tener solucionado el problema desde el punto de vista de la
participación, del convencimiento y de lo que supone en definitiva hacer sentir como propio este proyecto.
Le quiero relatar de forma rápida los errores de este programa que a juicio de este portavoz han sido fundamentales. En primer lugar, tal como vengo diciendo, no han contado con la población del Pirineo; en segundo lugar, han creado unas
expectativas por encima de la realidad, y me refiero al programa de Asturias, con los datos que conocemos ahora mismo; en tercer lugar, ha habido falta de información y de transparencia; en cuarto lugar; no han implicado a los verdaderos actores,
que son las gentes que viven en el territorio; en definitiva, han considerado la reintroducción del oso como un valor absoluto, sin tener en cuenta las necesidades y las aspiraciones del territorio y dotándolo con partidas económicas totalmente
insuficientes. Ustedes, en un primer momento ofrecieron 200.000 euros para todas las comunidades autónomas afectadas -en este caso, Navarra, Aragón y Cataluña-, posteriormente han subido a un millón de euros, y sabe que el Gobierno de Aragón le
reclama solamente para Aragón 2 millones de euros. Esperamos que en ese sentido se pueda llegar a un acuerdo y que dentro de la negociación lógica entre las administraciones salga bien parado el programa con una dotación suficiente.
En ese sentido quiero decirle, señora ministra, que en otros asuntos relacionados también con este mismo territorio, usted se ha empeñado y ha puesto el acento en todas sus declaraciones, e incluso en todas sus acciones, en la participación
y el consenso, y me estoy refiriendo en concreto, aunque sea un tema que no afecte directamente, al agua. En relación con el agua, usted ha pedido por todos los medios que haya acuerdos, que haya mesas de participación y que haya implicación de
todo el territorio y, al final, se ha demostrado que tras meses de trabajo se puede conseguir que más o menos se acerquen posturas entre unos y otros.
En este caso, señora ministra, tendrá que reconocer conmigo que se ha pasado totalmente de ello.
Otro aspecto que nos preocupa, señora ministra, aunque ha hecho referencia a ese compromiso adquirido ayer en París, es el tema de las garantías sanitarias, y no porque se lo invente este diputado, sino por la información que ha salido en la
prensa catalana durante estas últimas semanas en cuanto a que parece ser que hay informes -y nos gustaría que usted profundizara, si tiene documentación al respecto- relativos a que estos animales pueden conllevar la aparición de patologías nuevas.
Desconocemos concretamente a qué se refiere este informe, pero nos gustaría conocerlo por aquello de dejar las cuestiones lo más claras posible en un aspecto que puede preocupar y de hecho preocupa en ese territorio.
Por lo que respecta al ámbito competencial, como usted muy bien ha dicho, está claramente en manos de las comunidades autónomas. Incluso hay algunas sentencias del Tribunal Constitucional, que ha trabajado en este sentido y ha dejado claro
el ámbito de trabajo. Ahora bien, usted ha hecho los acuerdos con Francia y con el Principado de Andorra -cosa que le pertenece, lógicamente-, y a nosotros nos ha dado la impresión -aunque sea solamente una impresión- de que durante un periodo que
va desde febrero del año 2005 hasta hace pocas semanas, en que ha empezado toda la polémica con la suelta de ejemplares en la vertiente francesa, usted se había quitado de en medio. En este sentido, aunque sean las comunidades autónomas las que
tienen el ámbito
competencial, usted tiene que seguir apostando y tiene que dar una serie de garantías para que esas comunidades autónomas se sientan arropadas porque, en definitiva, la interlocución con el Gobierno francés o con el Gobierno del Principado
de Andorra la llevará usted. Como idea, señora ministra, le apunto una cuestión. Cuando uno se fija en los estatutos de la comunidad de trabajo de los Pirineos que, como bien sabe, afecta a todas las comunidades de la parte pirenaica española y de
la francesa, su segundo aspecto fundamental es la preservación de la biodiversidad y las mejoras ambientales que se pueden hacer en este territorio. Desconocemos cuál es la posible alternativa, pero podría ser un buen marco de trabajo dentro del
programa de recuperación del oso en esta zona.
Usted tiene una buena fórmula de trabajo a la hora de aunar criterios, de informar y sobre todo de involucrar al territorio, pero un plan de estas características -como ya le he dicho anteriormente-, hecho a espaldas del ciudadano, está
condenado al fracaso. Ha generado incertidumbre, crispación y oposición, que no tendría razón de ser de haber hecho bien las cosas. La señora ministra me va a permitir que le lea un párrafo de una de las cartas publicadas durante estos últimos
días en la prensa aragonesa, escrito por un alcalde, habitante del territorio del Pirineo.
Dice así: El equilibrio entre el medio natural y el hombre debe ser posible y es necesario. El Pirineo necesita del hombre tanto como de los animales, de
las plantas y del medio. No podemos entender el uno sin el otro. ¿No es por tanto lógico proteger al hombre del Pirineo antes de que este desaparezca y el bucardo y el oso sigan existiendo? El asentamiento en el territorio no se consigue creando
un barrio de nueva planta en las afueras de las grandes ciudades. El desarrollo se logra con el trabajo diario de los maestros en las escuelas rurales, de los agricultores y de las empresas que renuncian a las grandes urbes. El hombre del Pirineo
vive, trabaja y, por ello, conserva el territorio durante doce meses y cuatro estaciones. El mantenimiento del Pirineo es posible si todos tomamos como centro a la persona. Defendamos el homo pyrenaicus; es una buena idea y un buen argumento
colectivo; una bandera que puede y debe unirnos a todos los que poblamos el territorio, independientemente de nuestras ideologías y personalismos. Todos somos especie protegida y en peligro de extinción. No es una cuestión personal, sino de todos
los que poblamos el Pirineo. El homo pyrenaicus es el que ha hecho posible el Pirineo que hoy conocemos. Somos nosotros, y no los conservacionistas, quienes protegemos el medio, los que hemos logrado que las maravillas del Pirineo sean hoy
espacios protegidos y parques naturales.
Esto puede sonar a desahogo de alcalde del territorio, pero en estos programas, señora ministra, subyace un aspecto que, por lo menos a juicio de este portavoz, es muy importante. Usted es conservacionista por convicción, y así lo demuestra
con las políticas que intenta impulsar desde el ministerio y con sus declaraciones. Muchas veces se tiene en el territorio la sensación de que desde despachos en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza o en Bruselas se diseñan unas políticas que pueden
estar muy bien sobre el papel, que persiguen unos objetivos muy loables, pero que si no cuentan con la participación del territorio, si de entrada no consiguen que la gente crea realmente que eso es bueno y que les permitirá pervivir en un futuro,
no estamos haciendo más que un flaco favor a todo el territorio.
En la primera parte de su intervención ha hecho referencia a que la desaparición de la especie del oso viene condicionada por el aspecto humano, por los cazadores, pero yo me atrevería a decir algún otro también como, por ejemplo, el
forestal, porque sabemos que el oso necesita unos porcentajes de bosque importantes para que su vida pueda desarrollarse. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un cambio cultural durante los últimos treinta o cuarenta años en nuestro país, pero el Grupo
Parlamentario Popular, y creo que cualquier persona, entienda que la gente que sigue viviendo en ese territorio, que no tiene universidades, señora ministra, como usted bien sabe, y que tiene que desplazar a sus hijos a 200 kilómetros buscando
residencias y colegios mayores, que no tienen medidas sanitarias tan próximas como podemos tener en las grandes urbes y que, sin embargo, siguen viviendo porque aman el territorio, merecen un esfuerzo importante para que en todo este tipo de medidas
sean ellos los actores principales. Yo no tengo absolutamente nada en contra de un señor que es biólogo o contra uno que se declara ecologista y que propone determinadas medidas para el territorio, pero lógicamente habrá que contar con la gente que
esta allí a la hora de poner en marcha todo este tipo de programas.
Quiero hacerle una serie de preguntas, señora ministra, con relación a este asunto. Una de ellas se refiere a las garantías del cumplimiento de la normativa sanitaria, en función -como le he dicho anteriormente- de un informe de un experto
del Principado de Andorra. Otra pregunta sería -aunque nos ha respondido anteriormente- si existe coordinación con el Gobierno francés en la suelta de los osos eslovenos. Una pregunta muy importante es si el compromiso económico es una fase
inicial o se mantendrá en el futuro. Asimismo, ¿tiene previsto el ministerio hacer un seguimiento de todo el ámbito de aplicación del plan de recuperación o de reintroducción del oso? Y por último, otra pregunta es dónde podemos localizar dicho
plan, porque estamos convencidos de que la señora ministra lo hará llegar a la Comisión con la mayor brevedad posible.
Como conclusiones, señora ministra, participación activa de los habitantes del Pirineo en el proyecto de recuperación y de reintroducción del oso; información y transparencia en el proceso de aplicación de las medidas; presupuesto
suficiente y garantía presupuestaria para los próximos años; considerar básica la acción del hombre en el territorio e implicarle totalmente, y un aspecto que también consideramos fundamental, señora ministra, es la investigación, el análisis y la
formación
permanente del desarrollo del programa para que verdaderamente exista una implicación. Estamos convencidos de que si las cosas se hacen así, contribuirán al éxito del programa. Señora ministra, le manifiesto con toda sinceridad que me he
empezado a preocupar durante de estos últimos días ante alguna declaración, propuesta o manifestación de colectivos o personas individuales de este territorio respecto a este programa.
Todavía estamos a tiempo de intentar trabajar con fortaleza
para explicar claramente en qué consiste este plan y contar -ha sido el denominador común de toda mi intervención- con las gentes que viven en ese territorio.
El señor PRESIDENTE: Por la Chunta Aragonesista tiene la palabra el señor Labordeta, del Grupo Mixto.
El señor LABORDETA SUBÍAS: He escuchado la intervención de la señora ministra y quiero darle las gracias por asistir a esta Comisión.
Efectivamente, en todo el Pirineo -fundamentalmente en el aragonés- existe un problema grave con los osos
porque, como ha dicho el señor Pintado, han llegado sin mucha información. Realmente, tampoco es así porque, por ejemplo, puedo referirme a una reunión, que se produjo el día 4 de enero, de ganaderos de ovino de la zona del Pirineo en la que se
plantearon una serie de elementos de análisis sobre lo que podía significar la suelta del oso en esta zona. Los ganaderos de Hecho y Ansó, que son dos de los pueblos más afectados, cuando se planteó el problema en esta reunión y se discutió si los
pastores de estos pueblos querían o no el oso, dijeron que esta era una discusión estéril, porque ya ocurre esto en Hecho y Ansó, el oso pasa de un lado al otro, pasa del Bearne a Hecho y Ansó y, por tanto, ya han sufrido las consecuencias de esta
situación. Esta reunión -a pesar de lo que ha dicho el señor Pintado- está muy bien planteada y todos son muy conscientes y tienen un conocimiento exacto de lo que se les venía encima. En la misma fueron planteando una serie de condiciones para
que la vuelta del oso al Pirineo no perjudicara a la población, sobre todo a la población ganadera, que son los que mantienen vivos muchos de los pueblos de esta zona. Se plantearon una serie de aspectos importantes, una actuación sobre el medio y
los elementos comunes que tienen los ganaderos. Hemos visto -ayer ha llegado la noticia- que ustedes han planteado una ayuda de un millón de euros. Un millón de euros es poco para los problemas que pueden plantearse. Lo que sí es importante
-frente a esta carta que ha leído el señor Pintado en la que se describe todo esto como tremendo- es ver que las gentes de esta zona se reunieron el 4 de enero para plantear soluciones no catastróficas, sino soluciones y exigencias al Gobierno,
tanto al Gobierno español como al francés, y sobre todo al Gobierno aragonés. Porque resulta que en un Pleno de las Cortes se aprueba una moción y el Gobierno aragonés le echa la culpa de todo lo que pasa al Gobierno de España, cuando realmente el
Gobierno aragonés en este momento no tiene todavía una legislación concreta. Nos encontramos con que el único territorio de España que tiene una legislación de recuperación del oso es exactamente la Comunidad Foral de Navarra. Entonces, cuando
observamos que Francia va a traer a España y a Andorra un millón de euros para ayudar a los pastores, tenemos siempre el mismo problema, qué va a hacer el Gobierno aragonés. El primer paso es exigirle al Gobierno aragonés que tome una decisión tan
importante como la que ha tomado el Gobierno Foral de Navarra y, por otra parte, creo que es importante seguir la línea que han marcado los ganaderos en esta reunión del 4 de enero. Ellos hablan, en primer lugar, de actuaciones sobre el medio y
elementos comunes; en segundo lugar, indemnización de daños directos al ganado -y van poniendo cantidades exactas: oveja muerta, 150 euros; oveja herida, 60 euros; abortos, etcétera, cantidades que son realmente muy importantes-; también
plantean medidas para compatibilizar la vida ganadera con el oso. La verdad es que ellos mismos, que son gente que está viviendo allí con el ganado y con el oso, se plantearon que los cinco osos que va a soltar Francia, con el tiempo, en la
primavera de 2006, empezarían a aparecer por esta zona; plantean también la manera de contabilizar la presencia del oso en la ganadería de ovino y que se deberían considerar y desarrollar, al menos, una serie de aspectos que a mí me parecen muy
importantes y que son derivados de una reunión de ganaderos, no de una reunión de ecologistas ni de conservacionistas, sino de ganaderos, de señores que tienen el ganado en Hecho, Ansó y en todas estas zonas del Pirineo, fundamentalmente aragonés.
Plantean posiblemente soluciones muy radicales, pero son así: cambio del ciclo reproductivo del ganado para los casos en los que el pastor esté solo; segundo, compensar la pérdida de producción que tiene lugar en rebaños sometidos a estrés por los
ataques; compensación por el sobreesfuerzo en vigilancia de rebaños motivada por la presencia del oso; cambios en el sistema de pastoreo, etcétera. Van planteando una serie de soluciones bastante importantes y, sobre todo, por ejemplo,
subvenciones para la adquisición de perros de guardia que tengan más posibilidades que los que ahora tienen; el perro guardián ha desaparecido casi porque, al no haber lobos ni osos, ya no se utilizan los perros que se utilizaban en tiempos. En
definitiva, no se puede esperar -lo dicen ellos- que el sector ganadero anime o apoye una iniciativa que les va a afectar negativamente por muchas compensaciones y garantías que se les ofrezcan. Esto no se contradice con que adopten una postura
abierta y realista. También plantean un problema claro que es el compromiso de la Administración aragonesa. La Administración aragonesa y la española, como ocurrió en la reintroducción francesa realizada en los años noventa, se está limitando a
dar consentimiento a esta situación, asegurándose así su participación en el proyecto de reintroducción, pero sin hacer frente a las responsabilidades que esta acción implica. Esta es una reunión que se realiza exactamente el 4 de enero de 2006 y
me parece una reunión que
plantea soluciones concretas de la introducción del oso. No plantea grandes tragedias, que aquello vaya a ser el desastre absoluto, no se mete con los ecologistas, no se mete con los conservacionistas, pero sí plantea problemas muy reales y
ahí es donde el Ministerio de Medio Ambiente debería actuar. Es decir, ¿es suficiente el millón de euros? Parece ser que no lo es porque la transformación de toda la vida ganadera va a ser bastante rotunda y complicada. Pero tampoco hay que
plantearse el problema como si fuera una tragedia, porque como dicen los ansotanos y los chesos, el oso ya está allí desde hace muchos años y están conviviendo con estos cuatro osos que, por cierto, además, se han quedado viudos porque con ellos
vivía la osa que mataron los bearneses y hay que buscarles una osa rápidamente. Creo que el problema es claro y concreto.
Me parece que los ganaderos han dado aquí unas soluciones muy concretas, no trágicas, sin meterse con nadie, sino diciendo:
señores, nosotros, que somos los que estamos con el ganado en el monte, planteamos estas soluciones. Vamos a intentar solucionarlo, tanto el Gobierno de Aragón como el de España y, naturalmente, el Gobierno francés porque aquí hablamos de Aragón y
de Navarra pero teníamos que estar hablando también del Bearne donde los osos funcionan con una absoluta libertad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Quiero agradecer las explicaciones de la ministra, que mi grupo comparte plenamente en su contenido y en su forma. Quiero hacer una serie de reflexiones sobre esta cuestión que nos trae aquí hoy ya por
segunda o tercera vez, porque creo recordar que en esta Comisión el pasado mes de junio de 2005 se aprobó una proposición no de ley por unanimidad en la que todos los grupos mostramos nuestro apoyo a este programa, como muy bien ha explicado la
ministra, no solo de reintroducción sino de refuerzo de las poblaciones de osos pardos en el Pirineo -reforzamiento con el fin de recuperar la cantidad de población que existía hace unos años-, en la que también se hacía referencia a algunas de las
preocupaciones que el señor Pintado ha expresado, como la necesaria incentivación de la participación de las poblaciones de los valles del norte del Pirineo, la transparencia de las medidas, la necesidad de que los presupuestos se adecuen al volumen
de gastos que va a generar este reforzamiento, así como otras cuestiones que han sido aquí mencionadas como el necesario acompañamiento de medidas de investigación de estas cuestiones.
Quiero recordar que cuando la última osa autóctona de población occidental fue abatida por unos cazadores en noviembre de 2004 planteamos ya una pregunta oral en el Pleno desde el Grupo Parlamentario Socialista preocupados por la situación,
luego presentamos la proposición no de ley que acabo de citar y también presentamos iniciativas en otra serie de instancias como, por ejemplo, el Parlamento de Navarra donde también se aprobó una moción por unanimidad. Quiero recordar también, como
ya han dicho algunos de mis predecesores, que la población de osos pardos existe, siempre ha existido, es un animal autóctono del Pirineo y hay una población de cuatro machos en los valles occidentales que se mueve entre los valles de Roncal, en
Navarra, la selva de Irati, Hecho, Ansó y el Bearne francés. Quiero también destacar que esta población de osos es una población pirenaica, no es francesa ni española ni aragonesa ni navarra, ha estado ahí desde siempre, en Aragón, incluso en la
frontera francesa del Parque Nacional de los Pirineos, en el puerto de Somport, cerca de las estaciones de Candanchú y Astún; se les ha conocido siempre. No es, como decía el señor Labordeta, que en Hecho y en Ansó se diga que los osos vienen del
Bearne, porque en Bearne dicen lo mismo, que vienen de Hecho y de Ansó, pasan unas temporadas en un sitio y otras en otro, de modo que son parte de la biodiversidad.
Desde el Grupo Socialista compartimos también la actuación del ministerio en coordinación con el Ministerio francés de Medio Ambiente porque comprendemos que en ocasiones como ésta es necesario establecer un tipo de coordinación que englobe
a las comunidades autónomas aunque éstas sean las competentes. Quiero recordar que, por ejemplo, en Navarra en el año 1996 se puso en marcha un programa de recuperación del oso pardo cuando existía todavía una población suficiente para que un
Gobierno como el de Navarra emprendiera un objetivo como éste, es decir, intentar asegurar que los osos pardos, desde una competencia autonómica como la de Navarra, pudiesen seguir adelante. Se hizo cuando había seis ejemplares y ahora solo existen
dos o tres que van y vienen. Tampoco tuvo mucho éxito el Gobierno de Aragón, por ejemplo, en el programa de recuperación del bucardo, como quedó demostrado cuando la última hembra falleció en el año 2000 en el Parque Nacional de Ordesa. De modo
que esta coordinación es necesaria, es previsible, todo ello con el objetivo de asegurar que la biodiversidad se preserve y también para dar ejemplo nacional en otros países porque hay que tener en cuenta que las reservas de la biodiversidad actual
deben preservarse en todos los países del mundo, no solamente en los países en vías de desarrollo, donde se concentra básicamente, sino también en los países ricos como el nuestro.
Respecto a las preocupaciones de la población, es evidente que la población de los valles afectados debe ser escuchada, atendida, informada y debe participar. Hay que recordar que en Navarra siempre hemos convivido con los osos, existen
medidas y programas puestos en marcha para indemnizar cuando se produce algún tipo de gastos o costes derivados de la vida normal de los osos. No existe ningún registro de ataques a personas en los últimos 150 años, como tampoco en otras
comunidades autónomas españolas donde hay osos, en Asturias, Cantabria, Castilla y León e incluso en Galicia, donde
se convive con 120 ó 130 ejemplares, eso sí, con una serie de problemas y de realidades que también algunos de mis predecesores han destacado.
En definitiva, estamos satisfechos con este programa y creemos que es necesario seguir insistiendo en su transparencia. No es positivo que se identifique esta operación como exclusivamente francesa, porque puede hacer creer a las personas
que viven en esas zonas que se trata de una actuación unilateral francesa cuando no lo ha sido. La ministra ha explicado muy bien que desde el principio existió una estrecha coordinación y que si ha sido el ministerio francés el que ha tomado la
iniciativa ha sido fruto de las circunstancias, pero podía haberlo hecho de igual manera el ministerio español o incluso alguna otra comunidad autónoma. Como ya he dicho, Navarra en 1996 lo intentó, salió mal, pero no por ello se hubiese descartado
que se produjeran actuaciones de este tipo también desde este lado de la frontera.
Finalmente, yo como navarro quiero pedir a la ministra que nos informe y, una vez más, escuche la preocupación que sentimos en Navarra por el futuro de la población occidental, que es una especie autóctona de oso pardo, como ha explicado el
señor Labordeta, de la que solo quedan una serie de ejemplares machos. Sin embargo, el refuerzo de la población y las reintroducciones se están produciendo a una distancia que quizás compliquen a corto plazo el contacto de ambas poblaciones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora ministra para responder a las peticiones.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Comenzaré contestando al señor Pintado, solicitante de esta comparecencia. Me alegro mucho, sinceramente, de que compartamos el deseo de la recuperación de esta especie en el Pirineo,
que en su intervención ha quedado muy claro. Las cuestiones sobre las que basa su parte crítica podemos analizarlas a continuación y estoy segura de que entenderá qué está haciendo el ministerio en su ámbito de competencias.
El Ministerio de Medio Ambiente, en relación con los programas de recuperación de cualquier especie en el territorio de España, tiene en primer lugar una función de legislación básica atribuida al Gobierno de la nación como iniciativa
propia. En ese sentido, el ministerio está revisando en estos momentos la legislación existente de conservación de la naturaleza en nuestro país, la Ley 4/1989; hay un anteproyecto de ley en estado muy avanzado de elaboración y acabamos de remitir
a las Cortes un proyecto de ley sobre la red de parques nacionales. Por tanto, hay una labor legislativa sobre la protección de la naturaleza. En segundo lugar, el Ministerio de Medio Ambiente debe intentar impulsar en todo el territorio nacional,
por tanto más allá de las fronteras administrativas, la conservación de la biodiversidad. En lo que llevamos de legislatura se han aprobado estrategias nacionales de conservación de distintas especies, en total diez, a las que se va a sumar la del
oso pardo pirenaico, que sería la número once en dos años de legislatura. Por tanto, también desde el ministerio entendemos que esa es una labor que nos corresponde. En tercer lugar, desde el punto de vista de la financiación, hasta este año,
señoría, no ha habido ningún apoyo económico para complementar la tarea propia de las comunidades autónomas en cuanto a la preservación de especies. No es del todo correcto lo que acabo de decir porque desde hace algunos años existe una partida
para la preservación del lince ibérico, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, y ha habido algunas ayudas puntuales a través de la Fundación Biodiversidad. La primera vez que aparece un capítulo de apoyo económico para ayudar a las
comunidades autónomas con especies en peligro de extinción es a partir de este año, y eso es lo que va a permitir que por primera vez haya una partida económica desde el Ministerio de Medio Ambiente para el oso pirenaico. En las intervenciones
anteriores se ha recorrido la historia de otros momentos, de otras iniciativas, pero nunca han contado con la menor ayuda económica del Ministerio de Medio Ambiente, que existe desde el año 1996. Se ha entendido que en el ejercicio de las
competencias cada comunidad autónoma las ejercía y en sus presupuestos reservaba el dinero que considerase oportuno. Desde ese punto de vista, señoría, creo que estamos en una situación diferente y estoy segura de que a usted le parece mejor, de
acuerdo con su intervención, que el Ministerio de Medio Ambiente ponga dinero a que no lo ponga, como se ha hecho en el pasado. Esa es una novedad.
Me referiré a la relación con el territorio y a la forma de articular la participación en un programa que es competencia de la comunidad autónoma.
He dicho al principio de mi intervención -y quedará reflejado en el 'Diario de Sesiones'- que
las formas de integrar a la ciudadanía en cada uno de los territorios se corresponde con la voluntad, con la decisión, con las formas que cada comunidad autónoma tenga para trasladar a sus ciudadanos, a su opinión pública, la información que ha
recibido desde el primer momento, de acuerdo con esas once reuniones que yo he relatado.
Desde el mes de febrero del año 2005, el Ministerio de Medio Ambiente ha venido manteniendo reuniones en las que, por supuesto, hemos transmitido lo que el
Gobierno francés nos iba transmitiendo y, entre otras cosas, el propio Gobierno francés estaba presente en la mayoría de las reuniones.
Por tanto, difícilmente pueden decir los gobiernos autónomos que les causa sorpresa la recuperación del oso,
porque desde el mes de febrero saben perfectamente cómo se va a desarrollar. Después hablaré de si en el momento de la suelta hemos tenido o no información puntual, pero lo que sí puedo decir -y ahí están las actas de estas reuniones- es que desde
el mes de febrero los tres gobiernos autónomos tenían la misma información que el Gobierno de la nación respecto de este proceso de recuperación de la especie impulsado por el Gobierno de Francia. Cada uno de los gobiernos
autónomos -y no voy a entrar a hacer ningún juicio de valor- habrá hecho en su territorio uso de esa información como haya considerado oportuno; habrá reunido o no a los ganaderos, habrá reunido o no a los alcaldes, habrá reunido o no a los
agricultores. Pero usted, señor Pintado, hacía referencia a que mi disposición a que los asuntos en cada territorio sean consensuados es evidente en el caso de la política del agua, y por eso ha hecho mención a que en Aragón existen determinadas
instituciones creadas en el ámbito de la decisión política, de las Cortes, del Gobierno de Aragón, pero no son instituciones creadas por el Ministerio de Medio Ambiente ni son fórmulas en las que nosotros hayamos tomado la iniciativa. La iniciativa
para articular en un territorio la participación, el conocimiento, la implicación de los ciudadanos, de los distintos sectores, en este caso afectados por la presencia del oso, que por cierto ya existía, ha quedado también claro en otras
intervenciones.
Estamos diciendo que de momento se han añadido tres osas más a una población que puede alcanzar los 18 ejemplares, luego -insisto- no es algo nuevo. ¿Cómo ha actuado cada uno de los gobiernos autónomos en su territorio desde el mes
de febrero del año 2005? No voy a ser yo, señorías, quien lo juzgue. Cada uno habrá hecho con sus ganaderos, con sus organizaciones sociales lo que haya considerado oportuno, igual que se está haciendo en el caso de la política del agua, donde el
Gobierno de Aragón negocia para que se mantengan las fuerzas políticas en una mesa de debate. El Gobierno de Aragón impulsa unas reuniones u otras y el Ministerio de Medio Ambiente lo único que desea es que se alcancen los máximos consensos
sociales posibles, pero no es el Ministerio de Medio Ambiente el que se reúne de manera autónoma con los agricultores de una zona en Aragón, de forma separada y ajena a lo que el Gobierno de Aragón impulsa. Por tanto, cuando usted me critica y dice
que lo he hecho mal porque yo no he informado a la población, déjeme que le diga que no es mi papel. Mi papel es el que estoy llevando a cabo: legislación básica, estrategias nacionales de conservación, información a los gobiernos autónomos, por
supuesto continuada, y apoyo económico, que no existía en el pasado. Además de eso, ¿es el Ministerio del Medio Ambiente el que tiene que ir a hablar con los ganaderos para saber si lo que necesitan es un determinado programa de reconversión de la
cabaña o es otro? Entiendo que en cada una de las comunidades autónomas hay consejerías responsables de agricultura y ganadería que conocen perfectamente lo que les pasa a sus ganaderos y que pueden transmitirnos -como están haciendo- sus
estimaciones, por ejemplo, de gasto en el territorio ligadas a nuevas actuaciones. Respecto de ese gasto, del que no es competente el Ministerio de Medio Ambiente, lo que está haciendo el ministerio es decir: aquí hay una partida complementaria
para ayudaros -comunidades autónomas- a este proceso de recuperación del oso.
El señor Pintado me pide y, por supuesto, le voy a hacer entrega, aunque no en muy buenas condiciones porque los ejemplares que traigo están subrayados, tanto del memorándum como del borrador del plan de acción en el que se trabajó el año
pasado, que como he tenido ocasión de comentar en un momento determinado el Gobierno de Andorra se niega a que se firme el mismo con un plan de acción en su anexo, y en la medida en que no hay posibilidad de firmarlo por los tres países, al no haber
un acuerdo, Francia y España entendemos que podremos firmar lo que sea consensuado por los tres gobiernos, sin perjuicio de que cada uno de nosotros lleve a cabo en su territorio las acciones que considere oportunas, por supuesto.
¿Qué es lo que
pasa? Que ese plan de acción que aparecía como anexo al proyecto de memorándum (podrá usted comprobar, señoría, que el documento sobre estrategia de conservación del oso en el Pirineo responde a ese plan de acción) sí es un documento de referencia
que obliga a las administraciones españolas. Lo que se haga en Francia o en Andorra lo conocemos; concretamente en el caso de Francia, en todas estas reuniones han venido informando cómo están llevando a cabo ese programa de recuperación; y
ciertamente en nuestro país nos comprometemos, de acuerdo con una estrategia nacional consensuada con los gobiernos autónomos, que va a aprobar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, por tanto al máximo nivel político, y aportamos una
financiación.
Me ha hecho algunas preguntas concretas que contesto con mucho gusto. En cuanto a los problemas sanitarios, los tres gobiernos autónomos tienen la información que ofrece Francia respecto a la salud de estos ejemplares, la salud en momento
en el que se capturan, y a partir de ahí el Gobierno francés tiene previsto hacer una serie de controles sanitarios sobre esos osos en los próximos meses. La idea es que a medida que vaya haciendo esos controles sanitarios vaya informándonos a las
administraciones españolas para que tengamos el máximo nivel de tranquilidad. Es evidente que en esto vamos a tener más garantía que respecto a los otros osos que ya están en el territorio y que no sé cuánto los estamos controlando. No soy capaz
de decir si tenemos una información sobre el estado sanitario de los osos que ya estaban comparable a la información sanitaria de los que llegan nuevos; me da la sensación de que están más controlados. A propósito de controles, puedo decirles en
estos momentos dónde están las tres osas que han sido objeto de reintroducción. La primera de ellas, Palouma, está en el valle del Luchon, en el Alto Garona; la segunda, Franska, está en España, cerca de la zona de Ordesa, en el límite con la
frontera francesa y la tercera, Huala, está en el valle de Arán. Esta es la información de esta mañana, que obviamente está a disposición -como hemos venido estableciendo- de los tres gobiernos autónomos. Si me pregunta si esto lo saben las
poblaciones locales, entiendo que en principio no es el Ministerio de Medio Ambiente el que puede trasladarlo, sino que en el ejercicio de las competencias de cada administración
hay unos responsables locales y territoriales que pueden hacerlo. Lo que sí debe hacer el Gobierno de España, y es lo que hicimos ayer, es pedir a la ministra francesa que junto con Andorra y con España se establezca esa página intranet
para que, en lugar de conocer esta información por teléfono, haya una información accesible a través de la red, una red restringida de los gobiernos autonómicos y de los gobiernos nacionales, para que en cada momento se sepa donde están los osos,
sin necesidad de que nos llamemos por teléfono, como digo. La ministra francesa dijo que le parecía una buena iniciativa y que eso se iba a desarrollar. Además, he pedido que en esa intranet aparezca la información sanitaria. Los gobiernos
autonómicos van a obtener esa información al mismo tiempo que el Gobierno de la nación. A partir de ahí, ¿cómo llega al territorio? Dependerá en cada caso de si la referencia se envía a una determinada asociación en el Pirineo o a una organización
agraria, pero -insisto- esto puede desarrollarlo cada comunidad autónoma de la forma que lo considere más adecuado.
Respecto a la coordinación en la suelta, puedo decir que el ministerio francés advirtió al ministerio español de que no quería dar en la primera suelta una información que pudiera llegar a la opinión pública porque temían lo que
efectivamente sucedió, algo que evidentemente ha indignado al Gobierno francés, porque la irresponsabilidad con la que se han comportado algunas personas en el momento de la suelta ha puesto en peligro incluso a la población local, ya que el tipo de
manifestaciones que se hicieron contra la osa hubiera podido hacer que este animal, asustado, se dirigiera hacia un grupo de niños, por ejemplo, que estaban preparados para recibirla con toda una serie de actos que estaban previstos y que se vieron
trastornados por la forma de intervenir de algunas personas. Dicho esto, el Gobierno francés ha tenido la reacción -vamos a decir- de reducir la transparencia en cuanto a las sueltas. Ayer insistí en que los gobiernos debemos saber en qué momento
se producen las sueltas y dónde, obligándonos de alguna manera a la máxima discreción, pero evidentemente sabiéndolo al menos aquellas autoridades locales que deban estar informadas. Por eso puedo decirles que con respecto a las dos osas que
todavía tienen que soltarse, y cuya suelta se llevará a cabo en las próximas semanas, sabremos con suficiente antelación el momento para poderlo comunicar de manera inmediata a los gobiernos autonómicos, que entiendo que harán lo que consideren
oportuno con los ayuntamientos más próximos al lugar de la suelta. Fíjense que estamos hablando de rodear el discurrir de los osos por el Pirineo de unas garantías que no han tenido jamás, porque los osos, como han comentado los distintos diputados
que han intervenido, se han movido, desde luego no llevaban un chip puesto, y nadie estaba informando a los gobiernos autonómicos de dónde estaba el oso y de cómo se sentía, si estaba sano o si estaba enfermo. Luego estamos hablando de un salto
cualitativo muy positivo que tenemos que aprovechar a fondo, y lo tenemos que aprovechar -estoy totalmente de acuerdo con usted- para que esto sea un pretexto magnífico para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Pirineo, porque con cargo
a la recuperación del oso podemos plantear un proyecto Interreg y, en el marco de la política de desarrollo rural de la Unión Europea, podremos favorecer alguna de las cosas que están pidiendo los ganaderos y que pedían antes de que aparecieran
estos tres osos. El problema es, como usted mismo ha señalado, que se trata de comarcas donde en muchos casos el nivel de bienestar, de calidad de vida y las expectativas de empleo, con oso o sin oso, son las que son. Hagamos del oso pardo una
oportunidad para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Pirineo, que fue exactamente lo que yo transmití en mi reunión con los consejeros celebrada el pasado 10 de mayo. El proceso está en marcha, podemos trabajar todos juntos, espero que
así lo hagamos y que no haya ninguna discrepancia por parte de las distintas fuerzas políticas, porque al final estoy segura que lo que nos interesa es la situación de los habitantes del Pirineo y la conservación de la biodiversidad, que no tienen
por qué ser antagónicas, pero para que no lo sean tenemos que mejorar nuestras políticas.
¿Qué hemos hecho en el pasado? He pedido información a los tres gobiernos autónomos, antes de que aparezcan estos tres osos, sobre cuánto se está indemnizando a los ganaderos que pierden una oveja o una vaca. Por razones personales conozco
mejor el Pirineo leridano, donde de vez en cuando algún animal mata una vaca y el ganadero pide su indemnización a la Generalitat. Cada comunidad autónoma se ha organizado respecto a ese tipo de incidentes de la forma que ha considerado oportuna:
con una indemnización, con un seguro, con un reforzamiento del seguro agrario o con lo que sea. Vamos a contemplar cuál es la situación en cada uno de esos territorios y a hacer el máximo esfuerzo para que haya la mejor respuesta posible de las
administraciones. Me dicen que es poco un millón de euros. He escuchado decir al diputado señor Labordeta, al que ahora también contestaré, que los propios ganaderos dicen que 150 euros por oveja. No creo que estos osos adicionales vayan a matar
diez mil ovejas.
Con el paso de la peseta al euro hemos perdido la noción de la medida. Es un millón de euros para complementar presupuestos de esas tres comunidades autónomas. ¿Cuánto se estaban gastando ahora mismo con dieciocho osos en el
Pirineo? No lo voy a decir porque no quiero entrar a valorar a las comunidades autónomas del Pirineo. Ya se ha dicho que en algunos casos hay legislación y en otros no. Estoy aquí para dar explicaciones de lo que hace el Gobierno de la nación.
El Gobierno de la nación está haciendo lo que no se ha hecho nunca con una especie que estaba ahí. El oso estaba en el Pirineo, el oso causaba problemas y el Ministerio de Medio Ambiente no ha considerado hasta esta fecha que tuviera que ayudar al
mantenimiento de la biodiversidad en el Pirineo dando dinero a los gobiernos autónomos. Ahora sí. Intentemos todos ver
cómo nos gastamos ese dinero lo mejor posible. Yo ya le he planteado al Gobierno francés -he tenido ocasión de decírselo en mi intervención- que haga una reunión lo antes posible en el Valle de Arán, a la que podrá ir todo el que quiera,
una reunión abierta en la que ganaderos, agricultores y organizaciones sociales de las tres comunidades autónomas puedan ver qué se hace en Francia, qué se hace en Eslovenia, donde cohabita un número mucho más alto de osos con una población bastante
más escasa, y cómo podemos avanzar aprendiendo de determinadas experiencias.
El señor Pintado me ha preguntado también si aspiramos no solo a mantener la partida presupuestaria del ministerio. Sí, no sólo a mantenerla sino a aumentarla, respetando los criterios de equilibrio presupuestario.
Estamos deseando poder
ayudar más a aquellas comunidades autónomas que más se impliquen en la protección de la biodiversidad, pero nuestro presupuesto tiene lo que tiene. No había nada y hemos incorporado una partida -no menciono el lince, que ya tenía una partida-, pero
deseo que vayamos a más. En cualquier caso, ya ofrecí a los consejeros que el convenio que firmemos sea plurianual y que, por tanto, no nos quedemos solo en el millón de este año para repartir entre los tres territorios.
Me preguntaba S.S. si todo el plan va a ser objeto de seguimiento por parte del ministerio. Por supuesto. Es lo que estamos haciendo con todas las estrategias nacionales de conservación. Cada estrategia nacional de conservación implica
que cada comunidad autónoma involucrada hace su propio plan de recuperación, que se va analizando en la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza para ver si se está ajustando a la estrategia nacional y para que distintos responsables
autonómicos pongan en común su propia experiencia. El ministerio va a ejercer la labor que tiene encomendada, que no es la de pasar por encima de los gobiernos autónomos para ir a informar al territorio. Lo siento, pero cada uno tiene sus
competencias y no es el Ministerio de Medio Ambiente el que tiene que ir a hablar con los ganaderos. Si los ganaderos piden vernos, nosotros les recibimos. De hecho, el director general de Biodiversidad va a atender esta tarde a la COAG, que pide
vernos por la inquietud que hay en esos territorios. Claro que les atendemos, incluso tenemos abiertas líneas de subvención con las organizaciones agrarias que pueden ser aprovechadas por ellas si presentan proyectos subvencionables. Por tanto, no
es que no hablemos con los territorios, sino que hay un punto de partida que es la información que se da a los gobiernos autónomos, que la han ido actualizando y contrastando con el Gobierno de Francia desde febrero del año pasado en todas las
reuniones que hemos tenido.
Por último, me preguntaba que dónde estaba yo. Desde el primer momento estaba hablando con la ministra francesa de este programa, contrastando las dificultades de una firma de mayor ambición en su contenido, por la posición de Andorra; he
tenido reuniones y he hablado con los responsables de Andorra, que eran bastante reacios a firmar un protocolo como el que firmamos finalmente ayer, y como ministra he estado dirigiendo las acciones de mi director general y de mis técnicos para que
exista un proceso continuado de información, de análisis y de elaboración de la estrategia nacional para la conservación del oso.
El señor Labordeta ha señalado que sí ha habido información en el territorio. Señorías, yo no sé cuántas reuniones ha tenido el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Cataluña o el Gobierno de Navarra con los ganaderos y con los alcaldes. En
cada territorio hay unos cauces para que la población sepa cómo ha actuado su Gobierno autónomo. En cualquier caso, ha llegado información. Otra cosa es que más allá de la información que llegue hay un malestar. ¿Señorías, qué tiene que ver ese
malestar con la incorporación de un oso más por espacio de comunidad autónoma? Allí donde hay cuatro, a lo mejor les aparece uno, pero no van a estar estos tres osos que hasta ahora se han soltado en el mismo territorio, sino que se estarán
moviendo. ¿Qué añade al malestar del que se parte? He entendido que ese malestar de ganaderos, de poblaciones locales, y de espacios sujetos a despoblación ya existía; no aparece con los tres osos que se han soltado ni con los dos que quedan. ¿A
cuánto equivale ese malestar adicional desde el punto de vista económico? Insisto en que no voy a dar las cifras de lo que cada Gobierno autónomo gasta en estos momentos para proteger a sus ganaderos, pero las cantidades están bastante alejadas del
millón de euros del Gobierno de la nación como complemento a la labor de las comunidades autónomas. Por tanto, es verdad, como dice el señor Labordeta, que para actuar es bueno que haya una legislación y un plan autonómico de recuperación del oso.
Solo si hay un plan autonómico en cada uno de esos territorios tendremos todos los mecanismos para involucrar a la ciudadanía de los distintos sectores. Eso no lo hace la estrategia nacional de conservación de ninguna especie. La estrategia
nacional lo que hace es decir: El objetivo es doblar la población de osos en el año 2008; el objetivo es mejorar desde el punto de vista de la calidad genética la población existente, y para esos objetivos hay estas líneas directrices, pero
después en cada territorio se hace el correspondiente plan de recuperación. El señor Labordeta mencionaba cosas que piden los ganaderos y que yo supongo que son absolutamente consistentes, pero el Ministerio de Medio Ambiente no tiene ninguna
competencia en el ámbito de la ganadería. Son cuestiones que tendrá que analizar el consejero de Agricultura de Aragón y que planteará en el marco de su trabajo con el Ministerio de Agricultura y en el marco de los programas de desarrollo rural,
que nos pueden ayudar mucho. De lo que se trata es de que saquemos el máximo provecho a los instrumentos europeos que existen. Si somos inteligentes, si estamos de acuerdo y no nos peleamos por cosas de menor cuantía,
podemos obtener de la Unión Europea mucho apoyo económico para estas zonas. Creo que lo que nos une a todos esta mañana es no solo la preservación de la biodiversidad, sino también aprovechar la oportunidad para mejorar la vida de los
habitantes del Pirineo. Se ha contado también qué pasó en anteriores reintroducciones. Por último, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista ha explicado la experiencia de Navarra que, sin ningún apoyo del Gobierno de la nación, puso en
marcha su programa de recuperación de la especie. Esa iniciativa no tuvo el éxito que seguramente se merecía, una iniciativa que tiene un esquema de indemnizaciones y de apoyo a los ganaderos. Yo entiendo que en cada territorio hay una situación
distinta. ¿Qué es lo que va a hacer el Ministerio de Medio Ambiente con ese millón de euros? Evidente, hará lo que quieran las comunidades autónomas. Y las tres comunidades autónomas nos han manifestado que en gran medida quieren que ese millón
de euros, más que ir a una indemnización en la que no puede entrar el Ministerio de Medio Ambiente directamente a indemnizar al ganadero de turno, debería ir a actuaciones de carácter transversal de información, de sensibilización.
El primer dinero
nos lo vamos a gastar en esa reunión en el Valle de Arán, a la que estará invitado todo el mundo que tenga interés en asistir. También existe una iniciativa -que ya habíamos comentado- con las tres comunidades autónomas de organizar un viaje y una
estancia con personas del Pirineo en Asturias para que vean de cerca la situación.
Señorías, las iniciativas vamos a verlas en el marco de ese convenio, que yo espero que podamos firmar pronto con cada una de las tres comunidades autónomas. (El
señor Pintado Barbanoj pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Vamos muy justos de tiempo y quedan más comparencias.
Señor Pintado, muy brevemente, por favor.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señor presidente, intervendré con la máxima brevedad.
Quisiera abarcar tres aspectos. El primero de ellos se refiere a la relación con la población del territorio. Nos ha dicho que el Ministerio de Medio Ambiente no está para hablar con los ganaderos. Yo le ponía el ejemplo de lo que ustedes
han hecho con el tema del agua y usted me ha respondido que los órganos de participación han sido constituidos por los entes territoriales. Señora ministra, totalmente de acuerdo, pero usted puso la condición: o hay acuerdo, o hay consenso, o hay
participación, o no hay obras hidráulicas. Señora ministra, en el caso del oso está directamente relacionada la misma causa o la misma idea, en tanto en cuanto usted tenía que haber puesto la condición de que se contaran. Deja claramente la
responsabilidad de las conversaciones y de la información a los gobiernos autónomos, aunque no hace juicios de valor al respecto.
Usted dice que hagamos del oso una oportunidad. Señora ministra, con todo el respeto, decir esto es un error porque,
aun pudiendo ser cierto que hagamos del oso una oportunidad para el territorio, lleva muchas veces a generar falsas expectativas. Cuando estamos hablando de datos (y este diputado ha tenido ocasión durante estas semanas de hablar con personas que
han estado al frente de la responsabilidad de la cordillera cantábrica en el tema del oso) las expectativas que al final se plantean no son tan reales como nos gustaría a todos para el territorio, aunque pueden ayudar. Sin embargo, hay dos
objetivos claros: la recuperación de la biodiversidad y la presencia activa del hombre en el territorio.
Señora ministra, su memoria habitualmente llega hasta el año 1996; del año 1996 hacia atrás no quiere acordarse de nada. Yo le agradecería
que abriera el abanico, porque usted recordará que tuvo responsabilidades muy importantes en relación con el medio ambiente, a la hora de establecer comparaciones de estos dos últimos años de su Gobierno con respecto a los gobiernos anteriores.
Señora ministra, termino con una reflexión y formulándole una pregunta. Me ha preocupado -se lo digo con sinceridad- la información que nos ha dado sobre la postura del Principado de Andorra. Por un lado, parece ser que desde febrero de
2005 hasta hoy había un plan acordado por parte de los tres gobiernos y usted nos ha dicho que ayer se firmó en París el acuerdo definitivo porque había la negativa del Gobierno andorrano de firmar el memorándum inicial y, por otro lado, nos ha
dicho textualmente que los gobiernos firmarán lo que sea, pero que al final en cada sitio se hará lo mejor que se pueda y se irá hacia delante. En este sentido, me preocupa que en un programa que afectaba a esos tres gobiernos, el Gobierno
andorrano parece ser que se lo está repensando y que, en definitiva, no lo tiene tan claro o por lo menos mantiene cautelas importantes al respecto.
Señora ministra, termino formulándole una pregunta y me gustaría que nos respondiera si usted tiene la información. De los 15 osos eslovenos que pensaba el Gobierno francés introducir en el Pirineo, querría saber si al final van a ser
solamente estos cinco osos y si ya se desestima definitivamente el plan para los otros 10.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro grupo parlamentarios? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Intervendré brevemente. Señorías, compartimos las palabras de la señora ministra cuando decía que es una oportunidad para el territorio la reintroducción del oso. Nosotros creemos que es una
oportunidad para asegurar un modelo de desarrollo sostenible en el Pirineo, sobre el que cada vez hay más presiones de distintos tipos. Antes no lo he dicho, pero quería insistir en la idea de que la población de osos de la que estamos hablando es
equivalente a la que existía hace quince o veinte años, no más. Todos hemos estado en el Pirineo, hemos paseado por él y hemos visto que no existen motivos
objetivos de preocupación, y desde luego celebramos el compromiso presupuestario del ministerio en esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Señor Pintado, el consenso con la población local aparece como una de las condiciones de la propia estrategia española de conservación del oso pardo en los Pirineos desde el primer
documento, de 8 de febrero de 2005. Desde el primer momento se ha planteado, y además se ha recogido en el protocolo que firmamos ayer como elemento fundamental, el consenso con la población afectada por el programa, por supuesto. ¿Cómo se hace
eso? Usted traía a colación el tema del agua y el órgano de participación que quiera crear el Gobierno de Aragón. Por la reunión que tuvo lugar ayer. Creo que ya ha designado una especie de comisión que va a valorar el acuerdo con el ministerio.
Ya existe una comisión representativa en Aragón de las distintas instancias sociales y ya tenemos ese órgano y ese cauce.
Respecto a no crear falsas expectativas, estoy de acuerdo señoría. Cuando digo hagamos del oso una oportunidad, no voy a decir que esto sea una panacea, pero en la medida que hay un problema que viene de atrás está bien que sepamos, y, que
seamos hábiles frente a la Unión Europea. Si vamos con un programa que pueda entrar en un proyecto interred, si vamos a través de la vía de apoyo al desarrollo rural, qué duda cabe que ahí existe una oportunidad por razón del impulso a la
recuperación de esta especie. Panaceas no, pero trabajemos para sacar el máximo provecho posible. Señorías, he mencionado el año 1996 no por no querer mirar hacia atrás, que enseguida miramos, sino porque es en ese año en el que se creó en este
país un Ministerio de Medio Ambiente. La responsabilidad sobre la conservación de la naturaleza recaía no en esta secretaria de Estado sino en la otra Secretaría de Estado de Conservación de la Naturaleza, que dependía del Ministerio de Agricultura
y cuando digo que hasta ahora no ha habido ayudas, evidentemente tampoco las hubo en el periodo socialista. Cuando no había ministerio existía una secretaría de Estado en el Ministerio de Agricultura que, entre otras cosas, se ocupaba de la gestión
de los parques nacionales. No lo ha habido ni antes cuando no existía el Ministerio de Medio Ambiente, ni después. Ahora tenemos esa voluntad. Yo creo que es bueno para todos que haya algo de dinero.
Por lo que se refiere a la postura del Principado de Andorra, lo que he querido indicar en mi intervención -y quiero que quede muy claro- es que había un propósito de firmar los tres países un memorándum de entendimiento que llevara como
anexo un plan de acción. En un momento determinado, el año pasado, el Gobierno de Andorra dice que solo está dispuesto a firmar un protocolo de intenciones. Yo planteo a la ministra francesa la posibilidad de que firmemos solo Francia y España
porque ambos países estábamos dispuestos a firmar un acuerdo en los términos que estaban en ese momento sobre la mesa. Sin embargo, Francia no quería que Andorra quedase en ningún momento fuera de ese acuerdo. Por tanto, se ha condicionado de
alguna manera la firma a la decisión del Gobierno, de entrada al menos, menos decidido. Eso no significa que no vaya a actuar Andorra, porque ayer, en la reunión que tuvo lugar en París, el ministro de Agricultura comentó que ellos también van a
realizar un plan de acción. El plan de acción que está en ese documento, que no se ha firmado por parte de los tres gobiernos, es el plan de acción que responde a nuestra propia estrategia de conservación del oso pardo. El protocolo de intenciones
que se ha firmado en París, que además resume todo esto -puedo remitirlo a todos los portavoces para que vean qué hemos firmado-, es un protocolo que, de hecho, con carácter general, entra, por ejemplo, en lo del consenso social, es decir, refleja
el trabajo de todo este año y medio, pero es verdad que no con el documento más preciso, más completo. Para darle una idea, en el plan de acción había un propósito, que ha quedado en la estrategia, respecto a cuánto aumentar la población de osos;
en cambio, no aparece en el documento que firmamos ayer en París. ¿Renunciamos a ello en España? No, pero el acuerdo ha sido entre tres gobiernos, uno de los cuales tenía la posición que he descrito.
Por último, es verdad que inicialmente se habló de 15 osos, pero Francia nos dijo ayer, muy rotundamente, que van a introducir estos cinco y ninguno más hasta que no se vean los efectos de esta introducción en términos ecológicos y en
términos sociales. No renuncian para siempre jamás, pero sí cierran ahora mismo este programa solo con cinco ejemplares. Quieren que haya un estudio muy en profundidad de los efectos del programa y no volverán a tomar ninguna decisión antes de que
haya, entiendo, un consenso entre los tres países respecto de esos efectos. De momento son cinco, faltan por tanto dos osos durante el mes de junio y previsiblemente el mes de julio. Es en ese periodo porque ese es el acuerdo con Eslovenia,
también en función de en qué momento sufren menos los osos por la captura y por la suelta.
El señor PRESIDENTE: Terminamos aquí esta primera comparecencia.
- LA CUMBRE DEL CLIMA, RECIENTEMENTE CELEBRADA EN MONTREAL, CANADÁ, Y LA POSICIÓN MANTENIDA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000097.)
- LA SITUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA Y LAS PERSPECTIVAS DE CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE KIOTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000110.)
- EL REAL DECRETO 1866/2004, DE 6 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN 2005-2007. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000121.)
- LA CUMBRE DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE BUENOS AIRES (ARGENTINA). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 213/000161.)
- LA PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE EMISIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO PARA EL PERIODO 2005-2007, SU IMPACTO SOBRE EL SECTOR ELÉCTRICO, CONCRETAMENTE EL GALLEGO, Y SU ADECUACIÓN PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LAS OBLIGACIONES DE KIOTO Y UNA
APLICACIÓN EQUILIBRADA Y JUSTA DE LAS MISMAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000172.)
- LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LOS IMPACTOS EN ESPAÑA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS AL RESPECTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
213/000256.)
- LAS ACTUACIONES QUE PREVÉ EL GOBIERNO PARA CUMPLIR CON EL PROTOCOLO DE KIOTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 213/000516.)
El señor PRESIDENTE: Empezamos el segundo bloque de comparecencias, que son exactamente siete, dos del Gobierno, una del Grupo Parlamentario Popular, dos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, una del
Grupo Parlamentario Mixto y una del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se refieren a diferentes temas, cumbre del clima de Montreal, lucha contra el cambio climático, Plan nacional de asignación de derechos de emisión, pero en
definitiva dentro de la misma temática. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)
Señora De Lara; tiene la palabra.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, solicito no tener que intervenir en primer lugar, porque tengo que ausentarme durante un breve periodo de tiempo.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún problema.
Tiene la palabra la señora ministra de Medio Ambiente para desarrollar las dos comparecencias solicitadas por el Gobierno.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Voy a intentar no alargarme mucho en mi primera intervención, aunque obviamente tengo que comentar bastantes temas para dar respuesta a las distintas peticiones de información que se nos
han hecho.
Comienzo señalando hasta qué punto el Gobierno está convencido de que el problema del cambio climático es el problema ambiental más complejo al que se enfrenta la humanidad, con efectos que hoy día ya están siendo evidentes -desde luego en
España, pero también en el conjunto de nuestro planeta-, y cómo la comunidad científica viene alertando de este proceso durante los últimos 30 años de forma creciente. En estos momentos es difícil encontrar una voz en la comunidad científica que no
afirme el proceso de calentamiento terrestre y la incidencia de la actividad humana en ese proceso; incluso, según las últimas informaciones que tenemos, en el caso de Estados Unidos, uno de los países que ha mostrado una gran reticencia por lo que
se refiere a su Administración federal, los últimos informes encargados por el propio presidente Bush confirman tanto el proceso de calentamiento como también la incidencia humana en ese proceso de calentamiento.
Señorías, en estos momentos se está redactando el cuarto informe de evaluación del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, conocido por sus siglas IPCC, grupo de expertos que Naciones Unidas designa para que vaya
realizando estos informes de manera periódica. Puedo anunciarles que ese cuarto informe del IPCC va a ser presentado en España en el año 2007, porque la reunión se celebrará precisamente en nuestro país, en la ciudad de Valencia, una vez que hemos
alcanzado un acuerdo al respecto con la Administración autonómica y local y que hemos tenido este encargo, del que nos sentimos muy honrados, por parte de Naciones Unidas para que el cuarto informe, el año que viene, se presente precisamente en
España.
Señorías, el gráfico que se les ha repartido informa sobre la situación de la evolución de los gases de efecto invernadero en nuestro país. Para refrescar un poco la memoria, recordemos que la comunidad internacional establece un primer
convenio marco el año 1992. El año 1992 es la fecha en la que la comunidad internacional se exige a sí misma, en particular en aquellos países más desarrollados, que haya políticas que frenen el proceso de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por tanto, estamos hablando de una fecha ya bastante anterior al momento actual y podríamos comprobar cómo en esos momentos, incluso en muchos países de la Unión Europea, ya había políticas tendentes a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, que a lo largo de los últimos años, por supuesto, han ido dando frutos. De manera que cuando hoy comparamos a España con otros países de la Unión Europea, es evidente que estamos comparando a un
país que empieza a tomar medidas muy recientemente con países que las tomaron desde el inicio de los años noventa y que, por tanto, muchos de ellos, hoy día, están cumpliendo con esos compromisos de estabilización o de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero. (El señor vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la Presidencia.)
Después del convenio marco establecido a partir del año 1992 y ratificado el año 1994, en el año 1997 aparece el Protocolo de Kioto, que es ya un acuerdo internacional de carácter vinculante para todos los países que lo firman, que establece
incluso un sistema de penalizaciones y unos objetivos. Por tanto, cada país sabe que si no los cumple, se enfrentará con cargas económicas, desde el punto de vista de ese incumplimiento. En el gráfico pueden ver dónde estaba España el año 1997 en
relación con el año 1990. En ese momento en España se estaba emitiendo un 14,5 por ciento de gases de efecto invernadero por encima del año 1990. ¿Y qué exige el Protocolo de Kioto a la Unión Europea y, en particular, a España? En el caso de la
Unión Europea, hay un compromiso, a partir de ese año, de que el conjunto de la Unión Europea reducirá sus emisiones en un 8 por ciento en el horizonte hasta el año 2012 respecto del año 1990; dentro de la Unión Europea, se permite a España, dado
su menor nivel de desarrollo económico, que en lugar de reducir, aumente todavía sus emisiones respecto del año 1990, y que las aumente en el horizonte del año 2012 hasta en un 15 por ciento. Resulta que en 1997 España estaba en el punto donde
tendremos que estar al final del periodo del Protocolo de Kioto, prácticamente en el 15 por ciento por encima del año 1990. Por desgracia, ese compromiso internacional que implicaba a España, no suscitó en este país una prioridad política
suficiente como para evitar la trayectoria que ustedes tienen delante, lo que hace que el año 2004 -al inicio, por tanto, de esta legislatura-, del 14,5 por ciento por encima del nivel del año 1990, estuviéramos prácticamente en el 48 por ciento por
encima del año 1990. Esta es la situación de la que parte el actual Gobierno en esta legislatura y tenemos el firme convencimiento de que puede ser corregida en los próximos años, por supuesto, desde la implicación de todas las administraciones
públicas y del conjunto de la ciudadanía. No es solo necesaria la implicación del Gobierno de la nación, que por supuesto tiene que tener el liderazgo -y es lo que estamos intentando tener-, sino que todas las administraciones en el marco de sus
competencias y los distintos agentes sociales y económicos tienen que entender que este es un proceso positivo para España, que esta es una oportunidad que se nos da para reconducir ineficiencias de nuestro modelo productivo, y muy en particular la
elevada ineficiencia energética, que ha sido una seña de identidad del crecimiento económico de España durante los últimos años, y además una magnífica oportunidad para que España ponga en valor la capacidad de aumentar las energías renovables, de
generalizar su uso en España y fuera de España, gracias al elevado nivel de desarrollo de esas tecnologías por parte de nuestro tejido empresarial, gracias a la capacidad de nuestra comunidad científica y gracias a las condiciones naturales de un
país que, teniendo el doble de horas de sol que Alemania, hasta ahora solo ha sido capaz de incorporar la energía solar en una décima parte de lo que ha hecho Alemania.
Por tanto, el Gobierno entiende que este es un proceso, en primer lugar, absolutamente irreversible, y no porque haya un acuerdo internacional que nos obliga, sino porque los combustibles fósiles se acaban a lo largo de este siglo y, aunque
no hubiera cambio climático, los países que sean capaces de ir preparando a sus poblaciones en un modelo energético completamente diferente a lo largo de este siglo serán los países que tendrán la delantera desde todo punto de vista, y cuando digo
países quiero decir también empresas, las grandes empresas, las empresas del sector del petróleo, que son las que están haciendo mayor inversión en estos momentos en energías renovables. ¿Por qué? Porque son conscientes de que, si quieren mantener
su liderazgo empresarial, tienen que entrar en esas otras energías porque los combustibles fósiles tienen los años contados, serán más o serán menos, pero se agotan, y el agotamiento de los combustibles fósiles comporta un proceso creciente de
conflictividad en el mundo, del que hemos tenido ya suficientes ejemplos y los tenemos todos los días, y un proceso de encarecimiento de las fuentes energéticas de las que somos tan dependientes.
Por consiguiente, señorías, el Gobierno arranca desde ese convencimiento, desde el compromiso del presidente del Gobierno en el propio discurso de investidura, al inicio de la legislatura, y empieza a tomar medidas de manera inmediata para
intentar reconducir esta situación. La primera medida inmediata es crear un grupo interministerial, presidido por el Ministerio de Economía y Hacienda, en el que se integran todos los ministerios que tienen competencias de ámbito económico más el
Ministerio de Asuntos Exteriores y la Oficina de la Presidencia del Gobierno. Es ese grupo interministerial el que, a partir del mes de mayo de 2004, tiene que trabajar a la máxima velocidad para recuperar tiempo, porque la exigencia de la Unión
Europea de que a partir del 1 de enero de 2005 entre en funcionamiento un régimen de derechos de emisión requería que en esos momentos ya se hubiera hecho por lo menos el borrador del Plan nacional de asignación de derechos de emisión en nuestro
país. Por tanto, desde el mes de mayo de 2004 se trabaja con todos los sectores implicados, con todas las comunidades autónomas, aprovechando al máximo los organismos que ya existen y creando alguno nuevo, como es la Comisión de coordinación de las
políticas de cambio climático, y trabajamos para poder tener de
forma inmediata, en primer lugar, un decreto-ley durante el año 2004 que ya pone en marcha, desde el punto de vista jurídico, el sistema del comercio de emisiones para que el Plan nacional esté integrado en la legislación europea, un
decreto-ley que fue apoyado por todos los grupos políticos de la Cámara. Quiero destacar este hecho muy positivo, porque creo que España se juega mucho y que todas las fuerzas políticas deberíamos tener el objetivo compartido de poder acercarnos a
ese objetivo final del Protocolo de Kioto y sobre todo al objetivo de fondo, que es la transformación de nuestro modelo energético. El decreto-ley del año 2004 se transformó en ley, la Ley 1/2005, de Comercio de Derechos de Emisión, que permitió
que desde principios del año 2005 estuviera funcionando en España el régimen europeo de derechos de emisión y que nuestras empresas se encontraran, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, en idénticas condiciones que el resto de los países
de la Unión Europea.
El Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007 ha pasado su primer examen, correspondiente a los datos emitidos por las distintas empresas afectadas por el Plan nacional y remitidos a la Comisión Europea tras la oportuna
verificación. Quiero señalar en este momento que la experiencia del primer año de funcionamiento del comercio de derechos de emisión está muy marcada por la novedad de este instrumento económico que pone precio al carbono y que está concebido para
impulsar la reorientación de las tecnologías, con unas oscilaciones muy notables a lo largo de este año en cuanto al precio del derecho de emisión, pero una vez que vemos los datos de nuestras empresas nos encontramos con una gran diferencia entre
cuál ha sido la incidencia sobre el sector energético, donde se ha producido un déficit de derechos de emisión, y qué ha sucedido con el conjunto de los sectores industriales.
Por lo que se refiere al conjunto de los sectores industriales, los derechos de emisión que se habían asignado han sido más que suficientes y de hecho el conjunto de los sectores industriales ha tenido un cierto excedente respecto de sus
obligaciones en términos de derecho; solo hay en estos momentos en el sector del refino un ligero déficit en función de los derechos asignados durante este primer año de aplicación del Plan nacional de asignación de derechos de emisión. Esta es
una información absolutamente oportuna en estos momentos porque estamos trabajando, de acuerdo con lo exigido por la Comisión Europea, en la elaboración del segundo Plan nacional de asignación de derechos de emisión, cuyo primer documento se tiene
que entregar a la Comisión Europea antes del próximo día 30 de junio. La experiencia del primer año, los factores de distorsión que han tenido lugar claramente en el sector eléctrico, nos ha enseñado algunas cosas y algunas han sido ya corregidas
por el Gobierno de la nación; me refiero, por supuesto, a la consideración en el déficit de tarifa de los derechos de emisión, que se estaba llevando a cabo de manera incorrecta y que ha sido eliminado por un decreto-ley del Gobierno.
Miremos un minuto el gráfico para hablar del año 2005 y a partir de ahí informar del resto de las cuestiones que configuran esta comparecencia.
Para el año 2005 tenemos una primera información que, aunque aparece en este gráfico con la
misma consideración que el resto de las emisiones registradas oficialmente, en realidad está todavía pendiente de ser confirmada oficialmente; es la información que llega por el estudio que todos los años hace Comisiones Obreras con el Worldwatch
Institute y que sitúa a nuestro país, si esto fuera exacto, en un 52 por ciento por encima del año 1990. En este gráfico se puede observar cuál hubiera sido el dato del año 2005 de haber sido un año de hidraulicidad normal, es decir, si hubiera
llovido lo que llueve de media en España, y si las centrales nucleares se hubieran comportado también como lo hacen en un año normal. Ni una cosa ni otra sucedió y por eso la situación ha generado un déficit, concretamente en el sector energético,
que ha tenido que recurrir mucho más a combustibles fósiles de lo que hubiera hecho en un año normal. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran dado esas dos circunstancias? Es fácil hacer la cuenta de cuántos millones de toneladas de CO2 se habrían
evitado. Habríamos estado en un 148, es decir, en un 48 por ciento por encima del año 1990, con lo que se habría producido una tendencia a la estabilización respecto al año 2004. ¿Por qué? Porque por primera vez el año pasado en España el consumo
de energía ha crecido menos que el producto interior bruto, es decir, ha aparecido una señal, y todas las administraciones tenemos la obligación de trabajar para que se confirme y conseguir que el consumo de energía en España sea mucho más
responsable y sostenible. En el caso de un año normal, esa primera señal habría hecho que, en lugar de aumentar las emisiones -como sin duda ha ocurrido, aunque estamos pendientes de la cifra definitiva-, nos hubiéramos situado prácticamente en una
línea de estabilización.
Dicho esto, evidentemente, el deber del Gobierno es trabajar para reducir las emisiones incluso en un año en el que no llueva. Por tanto, está lejos de mi ánimo poner a la sequía como justificación de nada. La sequía es un fenómeno
recurrente en España y, por tanto, tendremos que ser capaces de reducir emisiones cuando llueve más y cuando llueve menos.
Desde ese punto de vista, y para los próximos años, el Gobierno trabaja para que se produzca una reducción gradual de las
emisiones que pueda llevarnos al escenario del año 2012 cumpliendo el Protocolo de Kioto y haciendo uso para ese cumplimiento de los mecanismos de flexibilidad establecidos por dicho Protocolo, concretamente los llamados mecanismos de desarrollo
limpio, que pueden aportarnos aproximadamente un 7 por ciento de cumplimiento en ese horizonte temporal, y también el incremento de nuestra masa forestal -lo que llamamos sumideros-, que debería aportar, de acuerdo con los primeros cálculos, en
torno
al 2 por ciento del cumplimiento. Con ello, España podría cumplir en 2012 con el horizonte establecido por el Protocolo de Kioto, y para que eso sea así, por una parte, se ha convertido la llamada E4, la estrategia de ahorro y eficiencia
energética, aprobada en 2003, en un verdadero plan de acción 2005-2007 para fomentar el ahorro y la eficiencia energética con recursos presupuestarios del Gobierno central y con medidas asignadas a las distintas administraciones, que es un plan que,
lógicamente, irá teniendo efecto en la medida en que se vaya aplicando. Una parte importante de su aplicación depende de los convenios que está estableciendo el Ministerio de Industria y Energía con las comunidades autónomas para que en cada
territorio se apliquen estas medidas de incentivo del ahorro y de la eficiencia energética.
También se ha llevado a cabo la revisión del Plan de fomento de energías renovables para el periodo 2005-2010, incrementando el objetivo global, pasando de un 10 a un 12 por ciento el peso que deben tener las energías renovables en ese
horizonte, y partiendo de la experiencia de estos primeros años de política de energías renovables en nuestro país, en los que es evidente que la energía eólica se ha desarrollado con fuerza y rapidez, pero no así el resto de las energías renovables
contempladas en el Plan de fomento de las energías renovables en su primera versión. Por otra parte, el Gobierno también ha aprobado el código técnico de la edificación, que significa establecer exigencias y obligaciones aplicables en la
construcción de edificios en nuestro país y también en la rehabilitación de edificaciones para mejorar en ese momento, por ejemplo, su aislamiento térmico y, por tanto, la eficiencia energética en su interior.
En último lugar, en la actualidad el Ministerio de Medio Ambiente trabaja en la elaboración de la propuesta de estrategia de cambio climático, en el contexto del desarrollo de una propuesta básica, para trasladar a las organizaciones
sociales y a las comunidades autónomas, de estrategia de desarrollo sostenible en España, de acuerdo con la revisión de la estrategia de Göteburgo que está teniendo lugar en el ámbito europeo.
Para la aplicación de la estrategia de Göteburgo en la
versión revisada se va a dar como plazo a todos los países de la Unión Europea el mes de julio del año 2007. No tenemos por qué agotar ese horizonte, pero en cualquier caso, la estrategia de cambio climático formará parte de la estrategia de
desarrollo sostenible en España. Por supuesto, no se parte de cero. Aquí quiero reconoce el gran esfuerzo y el trabajo que realizó el último Gobierno del Partido Popular, siendo ministra Elvira Rodríguez, con la elaboración de la estrategia de
cambio climático. Es sin duda un magnífico documento de partida en el que participaron muchos sectores y que nos sirve de base para desarrollar la actual estrategia de cambio climático, que, lógicamente, incorpora lo que con posterioridad el
Gobierno ha llevado a cabo en esta legislatura. En particular incorpora la elaboración de los planes de asignación de los derechos de emisión y lo que se ha incorporado frente a la Unión Europea como compromiso de horizonte efectivo de cumplimiento
del Protocolo de Kioto, y, por cierto, algo que se ha desarrollado con intensidad durante estos dos años de legislatura, que es nuestra función en el ámbito internacional, tanto como socio activo de los países sobre todo de la región iberoamericana
en relación con su propia tarea sobre el cambio climático -en lo que se refiere a la mitigación y también a la adaptación al cambio climático- como en lo que se refiere a la labor de España, puesta de manifiesto en la cumbre del Clima de Montreal,
donde España trabajó de forma muy vital para favorecer el consenso final. Este consenso fue posible porque un conjunto importante de países en desarrollo, concretamente de la región latinoamericana, vieron el esfuerzo de España por mejorar el
contenido de los mecanismos de desarrollo limpio como instrumento que vincula claramente a los países ricos con los países en desarrollo; como instrumento que, por un lado, facilita la inversión en un modelo de desarrollo más sostenible en esos
países y, por otro, permite a esos países lo que ya avanzaron algunos de ellos en la cumbre de Montreal: su deseo de adquirir compromisos de forma voluntaria respecto a la emisión de gases de efectos invernadero. Ese salto cualitativo fue
reconocido incluso por el ministro de Medio Ambiente de Canadá, presidente de la cumbre del Clima, en la que, como he dicho, la posición de España fue muy activa en el marco que hemos creado de relación con Iberoamérica, que es la Red iberoamericana
de oficinas de cambio climático.
Naturalmente, el Ministerio de Medio Ambiente sigue trabajando con el Ministerio de Economía y Hacienda, con el Ministerio de Industria y con el resto de los ministerios que forman parte del grupo de trabajo interministerial en esta materia,
para seguir fortaleciendo los instrumentos que están en nuestro ámbito, por ejemplo, para comprometer recursos de los Presupuestos Generales del Estado a fin de adquirir derechos de emisión a través de esos mecanismos de desarrollo limpio, mediante
la participación en distintos fondos de carbono. Además de en el Fondo Español de Carbono, participamos con la Corporación Andina de Fomento y previsiblemente con algunas otras instituciones públicas y privadas en la región iberoamericana para
poder ampliar la adquisición de certificados de derechos de emisión o de reducción de emisiones. En ese sentido, habido ya un compromiso de 250 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en distintos acuerdos con instituciones
internacionales y una labor de prospección e identificación de oportunidades en la región iberoamericana y en otros ámbitos internacionales. Hay que señalar, por ejemplo, que el ministerio, que actúa como autoridad nacional designada para la
selección de proyectos que pueden acogerse a la regulación de los mecanismos de desarrollo limpio en los 17 proyectos que hasta ahora se han aprobado, una parte no despreciable de esa inversión en terceros países la va a llevar a cabo en China. No
solo se
elige a América Latina como ámbito preferente de actuación del Gobierno de España, sino también a un país emergente como China donde en estos momentos tenemos ya la satisfacción de contar con la presencia de empresas españolas en el campo de
las energías renovables y nuevos proyectos a la vista que permitirán que aprovechemos la dimensión de ese gran mercado que es China para reducir, entre otras cosas, los costes de las energías renovables.
Señorías, por supuesto no he entrado en todo el detalle de las normas que hemos venido aprobando para que funcione el régimen de comercio de emisiones, pero, si al señor presidente le parece, prefiero terminar esta primera intervención aquí
para poder responder a los portavoces e intentar que mantengamos el horario previsto.
El señor VICERPRESIDENTE (Merino Delgado): Vamos a pasar rápidamente al turno de portavoces. Por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Herrera tiene la palabra por diez minutos.
El señor HERRERA TORRES: Como usted bien sabe, señora ministra, nuestro grupo ha expresado gran preocupación por los datos de los que tuvimos conocimiento a partir de la presentación del informe de Comisiones y de Worldwatch, hasta el punto
de que de forma reiterada hemos presentado peticiones de interpelación que no han entrado por falta de cupo pero que finalmente esta semana vamos a poder discutir, pese a que podremos ver la moción después del día 18 de junio, con lo cual tendremos
días para discutirla, transarla y negociarla. Expresamos gran preocupación porque, en definitiva, estos datos arrojan una realidad: liderazgo por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero alguna actitud insuficiente y alguna contraria por parte
de otros ministerios a la hora de cumplir con Kioto.
Usted nos ha dado los datos y nos ponía el ejemplo del año hidrológico y del año nuclear medio, y es así, pero es cierto que, dadas las repercusiones del cambio climático, la tendencia va a ser a
años hidrológicos con menor pluviometría y años nucleares medios con menor aportación por el simple hecho de la mayoría de edad de las plantas. A medida que avanzan las plantas, el suministro que garantiza la energía nuclear es menor por una razón
muy simple: porque a medida que avanzan las plantas se tienen que cerrar, y por tanto vamos a tener que cumplir con nuestro compromiso programático, con su compromiso programático y, en definitiva, con el compromiso de un horizonte de cierre. Por
tanto, la tendencia es claramente al alza y a que quizá el año hidrológico y el año nuclear medio, de aquí a pocos años, se acerquen, lamentablemente, a lo que hemos tenido.
Ante el escenario descrito, ¿qué le queríamos trasladar? En definitiva, la necesidad de tomar grandes decisiones para incrementar la estrategia de ahorro y eficiencia. Usted lo decía: desde el año 1993 hasta el año 2003 España aumentó la
intensidad energética un 5,3 de media cada año, mientras que la media europea ha disminuido, con lo cual tenemos una herencia claramente negativa. Además esto puede tener repercusiones colaterales sobre la salud por el incremento de producción de
electricidad por parte de determinadas plantas. Hoy mismo, en un periódico de tirada nacional se publica una de las respuestas que nos hacía llegar su ministerio en cuanto a las emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno. ¿Tiene
repercusión en lo que estamos hablando? Por supuesto que sí. Lo que está claro es que determinadas plantas producen más electricidad a partir de estas realidades, y esto tiene repercusión sobre la salud. La Comisión Europea atribuye 16.000
muertes al año en España por la mala calidad del aire, y nosotros entendemos que la mala calidad del aire tiene repercusión con Kioto ya que tenemos que tirar de las mismas plantas por la falta de intensidad energética. ¿De dónde viene el problema?
Nosotros entendemos que viene de un modelo de crecimiento que en España continúa siendo el mismo. España va bien, continúa yendo bien, pero bajo los parámetros de una economía que tira del ladrillo y del endeudamiento familiar. El problema es si
vamos a cambiar esto. Nosotros entendemos que deberíamos hacerlo. Para eso, ¿qué le queremos trasladar, señora ministra? La necesidad de cumplir con el Plan Nacional de Asignaciones, y usted lo conoce bien. Pero hay otro gráfico en el informe de
Worldwatch y de Comisiones Obreras que explica que el Plan Nacional de Asignaciones nos marca un horizonte del 124 por ciento y que en el caso de que cumpliésemos con la E4 y el plan de renovables, España tendría en el año 2011 un 152,64 por ciento
de aumento de las emisiones de gases efecto invernadero -plan de renovables y E4 que hemos valorado positivamente pese a que consideremos que no tiene suficiente ambición-. Por lo tanto, primera conclusión: pese al liderazgo del Ministerio de
Medio Ambiente, debe haber campo que recorrer en otros ministerios, como en el de Industria, en materia de ahorro y eficiencia y de renovables. Segunda conclusión: si este es un ministerio que actúa de forma insuficiente, tenemos ministerios que
van en la línea contraria.
Usted sabe, señora ministra, porque coincidimos la semana pasada en unas jornadas y yo así lo expliqué -no es nuestra opinión, es la opinión de Comisiones Obreras o de los diferentes grupos ecologistas-, que hoy el Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) no es que no vaya en la misma dirección, no es que no camine a un ritmo más lento, es que va en la dirección opuesta al cumplimiento con Kioto. Plantear hoy 6.000 nuevos kilómetros de autovías,
como hace el PEIT, por las que pasan menos de 15.000 vehículos diarios es un absoluto disparate. El PEIT se fundamenta básicamente en la concepción de que se tienen que plantear en definitiva más kilómetros de autovías y de autopistas, dentro de
una lógica que obedece más a la de las constructoras que a las necesidades del país. Además es un disparate con el actual precio del barril de petróleo. Por tanto, ¿qué le planteamos, señora ministra? Le planteamos en primer lugar
la continuidad de determinadas estrategias como la del Plan Nacional de Asignaciones. En segundo lugar, abordar con valentía determinados debates como el energético -sin ir más lejos, aprovechar, por ejemplo, el debate que estamos teniendo
sobre el tema nuclear- para, tal y como hemos planteado nosotros, aprovechar el horizonte de cierre a fin de implementar más recursos en la E4 y en el plan de renovables. Aquí abro un paréntesis para recordar a SS.SS. que la energía nuclear está
excluida del Protocolo de Kioto como alternativa para cumplir con Kioto, pese a la propaganda -nunca mejor dicho- de determinados lobbys. En tercer lugar les propongo una revisión del PEIT. Los datos del incumplimiento del Protocolo de Kioto
obligan a este Gobierno y a cualquier gobierno responsable, a la revisión del PEIT bajo dos premisas: a 60 dólares el barril no tiene ningún sentido que continuemos con el mismo modelo de movilidad, y por supuesto estos datos ponen de manifiesto la
necesidad de revisar a fondo el Plan de infraestructuras, con mayor acento en la gestión de la movilidad...
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señor Herrera, vaya terminando.
El señor HERRERA TORRES: Acabo ya, señor presidente.
Decía que es necesario un mayor acento en la química de la movilidad y con menos física del hormigón.
Por último, señor presidente, le planteamos la necesidad de internalizar costes energéticos que hoy se externalizan -el ejemplo es el del transporte, la necesidad de internalizar los costes en el transporte terrestre-, la necesidad de
abordar ya en el próximo otoño, debido a la falta de tiempo, la reforma fiscal verde, con el objetivo, en definitiva, de que la economía española empiece a internalizar los costes ambientales; un cambio, como ya se está tratando en la Ley del
Suelo, que no permita que en las valoraciones el suelo incorpore sus expectativas de futuro. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Obviamente, todo esto en un nuevo marco de la estrategia española contra el cambio climático.
Nosotros le
trasladamos, como hicimos la semana pasada, no solo que este liderazgo venga del Ministerio de Medio Ambiente sino también que sea encabezado por la Presidencia del Gobierno, porque entendemos que estamos en una situación tan delicada que solo cabe
abordarla con paradigmas distintos, y ya no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, sino del conjunto del Gobierno. Nosotros queríamos plantearle este debate. En cualquier caso, tendremos más tiempo en la interpelación y en la moción.
Sabemos
que hay determinados elementos que son difíciles de conseguir, pero hay otros que se tienen que abordar. Como dice uno de sus referentes, que también lo es mío, Domingo Jiménez Beltrán, no decidir es perder, y hoy en el debate energético que afecta
al transporte y a la electricidad, en el debate de la tramificación de la tarifa, por ejemplo, que es una propuesta que nuestro grupo parlamentario viene planteando desde el principio de la legislatura y que no se ha decidido, no decidir en torno a
estas materias es perder oportunidades. Por tanto, nosotros decimos que estamos en un momento de encrucijada, que los datos que tenemos en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero ponen de manifiesto que hay que abordar este debate con
mayor valentía, y que esta valentía hoy no la tiene que poner el Ministerio de Medio Ambiente sino el conjunto del Gobierno, el Ministerio de Industria, por ejemplo, en materia de renovables, aprovechando todas las potencialidades -ya acabo, señor
presidente- y no limitando las potencialidades eólicas, como ha ocurrido en las últimas semanas; el Ministerio de Fomento, con una actitud distinta y, por supuesto, acelerando determinandos procesos, y el ejemplo es la fiscalidad verde o el código
técnico de la edificación. El código técnico de la edificación podría haber llegado hace un año y nos hubiéramos ahorrado 800.000 viviendas ineficientes desde el punto de vista energético -en todo caso ya ha llegado- y la fiscalidad verde que
tendría que haber llegado con esta reforma fiscal. En cualquier caso, consideramos inviable un modelo que no aborde esta fiscalidad ya en el próximo periodo de sesiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Intervengo brevemente, señor ministra, porque usted es consciente del apoyo del Grupo Vasco en esta materia, un apoyo además comprometido, e indudablemente también de las instituciones vascas, que de alguna manera
tienen un activo compromiso en esta línea.
El compromiso es claro porque creemos que nos conduce en la dirección correcta. Muchas veces hemos expresado nuestra preocupación a nivel internacional porque creemos que no se van a lograr los efectos
que se pretenden si Estados Unidos y los Estados emergentes no se involucran en esta materia. También quiero decir que nos produjo una cierta satisfacción ver que ya existe una evolución en esa materia cuando en la reunión de la Asean, de los
países del sudeste asiático, del año pasado se abrió una línea en ese sentido y también las repercusiones y los acuerdos adoptados en la reciente cumbre climática de Montreal.
Dicho esto, y centrándonos en la materia, usted ha afirmado, creo que de forma optimista, que España puede cumplir en 2012 los acuerdos o compromisos que ha tomado. La he visto muy optimista. Entiendo que el dato de emisiones industriales
-concretamente las industriales, no las energéticas- es optimista y bueno, pero según el gráfico que nos ha dado, las recientes declaraciones y también alguna declaración de la Unión Europea en este sentido, independientemente del daño hidrológico y
nuclear medio que nos ha comentado usted, es indudable que estamos al 52 por ciento, cuando nos quedan prácticamente seis años para poder cumplir
el aumento otorgado, por decirlo de alguna manera, del 15 por ciento respecto al límite de emisiones. Aquí la pregunta clave -y con esto finalizo porque no voy a entrar en materias que ya ha comenzado a plantear nuestro compañero de
Izquierda Unida- es cuándo cree usted que se va a producir el cambio de tendencia, porque la situación actual es la que es, un 52 por ciento superior, y se entiende que en 2012, dentro de seis años, tenemos que estar en el 15 por ciento. Por tanto,
en algún momento ya cercano se tiene que producir el cambio de tendencia. Por otra parte voy a hacerle una pregunta por curiosidad. En años anteriores no diría yo que hubiera mala fe, pero sí falta de compromiso de algunas comunidades autónomas
con transmisiones de datos, etcétera, en esta materia, por lo que le pregunto si está usted encontrando en las comunidades autónomas la colaboración que necesita.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra, señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Perdone, señora ministra, porque no he podido asistir a una parte del debate ya que he estado en otra Comisión donde el ministro Moratinos nos ha explicado las guías de la legislatura en política exterior. Lo que sí
sabemos ya es que el cambio climático está produciendo tensiones a nivel global que serán causa de futuras guerras.
El cambio climático ya está aquí y ahora el reto de la humanidad es convivir con el cambio climático, convivir con la escasez de
agua, con la desertificación. Quizás el reto de reducir los gases de efecto invernadero ha llegado un poco tarde. Pero tenemos que esforzarnos al máximo desde ahora para reducir todo lo posible la emisión de gases y evitar que la tragedia tenga
alcances insostenibles. Se ha comentado aquí que en España estamos ya desde 1990 en el 52,88 por ciento y he oído decir al portavoz del Grupo Vasco que usted confía en que en 2012 podíamos llegar al 24 por ciento de incremento. Yo también tengo
mis dudas porque está muy relacionado con la política energética. La demanda energética en España crece exponencialmente, no tenemos fuentes de energía, la energía hidráulica depende de la sequía y es muy probable que se repitan los años de sequía,
y como el agua se necesita para beber, se están construyendo centrales de tipo combinado, que es la energía disponible más rápida. Las energías renovables no siempre están disponibles, quizá debería insistirse en un mix de renovables que permitiera
disponer de la energía no solo en los días que haga viento, pero evidentemente el gran tema es la gestión de la demanda. La Unión Europea ya ha puesto como primera prioridad la gestión de la demanda, porque si no cambia el modelo energético es
insostenible, es inviable.
Quien confíe en que la energía nuclear sea la esperanza del futuro se equivoca, porque la energía nuclear, independientemente de sus problemas de seguridad o de residuos, no podrá sustituir al petróleo en este momento.
Queda una solución, que es disminuir la demanda y gestionarla mejor. En este aspecto es importante la política de precios. Usted sabe que en España se produce un 70 por ciento de energía primaria de petróleo y gas. El aumento del precio del
petróleo no se ve reflejado en la tarifa actual de la electricidad, la van a pagar las generaciones posteriores.
Esto produce una sensación falsa en la ciudadanía de que la electricidad es barata y por tanto no se limita el consumo. Se debería
buscar un instrumento para que el Ministerio de Medio Ambiente -si bien es competencia de Industria, otra vez- convenciera al de Industria de la importancia de dar un precio a la electricidad para que el ciudadano entienda que es mucho más cara de
lo que es en realidad. Hay diferentes propuestas, una de ellas, que aprobó en Esquerra Republicana y era que en la tarifa de la luz constasen las distintas fuentes de energía. Una propuesta es que se podría hacer algo parecido a lo que se ha hecho
con el agua, que es dar un precio básico para el uso indispensable de la energía y a partir de ese uso indispensable establecer un precio de electricidad que penalice más. Hay quien cree que penalizar el consumo eléctrico va a crear inflación y que
va a ser un desastre para la economía, pero si no hacemos esto y continuamos demandando energía, ¿es también sostenible el modelo? Aquí está la gran pregunta, y creo que debemos empezar ya a pensar en ello.
Nosotros apoyaríamos un instrumento conjunto entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria para establecer políticas energéticas comunes, porque si no lo hacemos, señora ministra, el cambio climático no se va a detener.
Luego están los mecanismos en la política de transportes. El gran consumo de petróleo no es para producción energética, es para transporte. La Unión Europea está trabajando en ese tema con los biocombustibles. No he podido escuchar su
intervención y no sé si tiene usted ya algún proyecto en el sentido de incentivar la fiscalidad de los coches que consumen más energía, que emiten más gases, y tampoco sé qué se va a hacer en este momento en España con los biocombustibles. Otra
pregunta que quería hacerle es si, en relación con los mecanismos de flexibilidad que se están estableciendo, como hemos visto, en Sudamérica hay proyectos para Marruecos, porque España está exportando mucha electricidad a Marruecos y pensamos si no
sería interesante establecer mecanismos de flexibilidad con energías renovables para que evitáramos el transporte de energía nuclear que vendrá de Francia.
Señora ministra, las viviendas consumen un 40 por ciento de la energía.
Aquí hay una tarea pendiente. Está el código de nueva edificación, pero ¿qué hacemos con lo que ya está edificado? Este es otro reto importante.
Si queremos cumplir
con Kioto, estos son los retos: la edificación, el consumo de energía en las viviendas, el transporte y la gestión de la demanda. Lo demás es prácticamente imposible.
Tenemos algunas dudas sobre el Plan nacional de asignación de derechos de emisión. Existen distorsiones entre España y la Unión y hay grandes diferencias entre
los derechos que sobraron en la Unión Europea y los que faltaron aquí.
Quería saber si se va a corregir en el próximo plan de asignación y si hubo sectores que recibieron más asignaciones de las que realmente necesitaban. Le pido perdón si
usted lo ha comentado cuando no estaba; si no, le agradecería que me lo aclarara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por la información que ha transmitido a esta Comisión.
Estamos en un momento muy grave del proceso de calentamiento global y por eso nos planteamos cuál es
la situación que vive nuestro país. Como usted bien sabe, señora ministra, a finales de 2003 el incremento de emisiones era del 40 por ciento tomando como referencia el año 1990. Al finalizar 2004 pasamos al 45 por ciento y al finalizar el 2005,
según las estimaciones a las que hemos tenido acceso, estábamos ya en un 52,88 por ciento. Sus declaraciones de hace un par de años ponían de manifiesto que el incremento de las emisiones se debía a la inoperancia de los gobiernos del Partido
Popular y al modelo de crecimiento económico, basado -según sus propias palabras, señora ministra- en el ladrillo y en el sector servicios. Hoy, dos años más tarde, el modelo de crecimiento sigue siendo el mismo y el incremento de emisiones se ha
acelerado. La señora ministra en sus declaraciones expresa el convencimiento de que las medidas que ha tomado el Gobierno pronto darán sus frutos y pronto se va a producir un cambio de tendencia. Nosotros esperamos y confiamos en que esto sea así,
de la misma manera que lo esperábamos y deseábamos cuando el anterior Gobierno del Partido Popular tomó una serie de iniciativas importantes.
Le hacemos un breve resumen de las mismas, a efectos de que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' y
para evitar en la medida de lo posible su reincidencia en esos ataques en cuanto a la política energética del Gobierno del Partido Popular: Plan nacional de energías renovables, estrategia de ahorro y eficiencia enérgica, apuesta decidida por las
centrales de ciclo combinado, Plan Nacional de Residuos para eliminar las emisiones, Ley de control integrado de la contaminación, estrategia forestal, Plan Forestal Español; en diciembre de 2003, el Consejo Nacional del Clima aprueba la estrategia
española contra el cambio climático, así como un largo etcétera de acciones. Aparte de trasponer la normativa al respecto y de aprobar el Plan nacional de asignación de derechos de emisió 2005-2007, que sepamos, su ministerio no ha tomado medida
alguna para reducir las emisiones o, por lo menos, no han dado hasta la fecha ningún fruto.
Las revisiones hechas por el Ministerio de Industria del Plan nacional de energías renovables y de la estrategia de ahorro y eficiencia energética y la trasposición reciente del código técnico de edificación por el Ministerio de Fomento son
las únicas medidas tomadas por el Gobierno. La estabilización de las emisiones en el periodo 2005-2007, en un nivel muy similar al del año 2002, prevista por el Gobierno no se ha cumplido y cada vez nos alejamos más del cumplimiento de los
compromisos derivados del Protocolo de Kioto. Sus medidas estrella, señora ministra -desalación masiva y cierre de las centrales nucleares-, lo único que producirían si se realizaran -cosa que dudamos-, sería un incremento de las emisiones.
Por
cierto, señora ministra, en la planificación del sector de la electricidad y el gas del Ministerio de Industria ni se menciona la energía necesaria para la desalación ni existe alternativa alguna para el cierre de las nucleares.
En España el crecimiento acumulado de la demanda de energía eléctrica ha sido en la última década del 57 por ciento, uno de los más altos de la OCDE. Las principales opciones para reducir esas emisiones, el ahorro y la eficiencia energética
por supuesto y la utilización de energías renovables -no nos engañemos- no son suficientes y el empeño del ministro secundado por el presidente del Gobierno del cierre de las centrales nucleares sigue sin disponer de un plan alternativo de
sustitución realista. Para el 19,7 por ciento del total de la producción nacional que mejore la potencia nuclear instalada nos encontramos con que las emisiones de CO2 se disparan.
Apostamos, señora ministra, por potenciar la política forestal y el efecto sumidero de nuestras masas forestales, apostamos por desarrollar técnicas para la captura y almacenamiento seguro del CO2, apostamos por un mix energético en el que
creemos que todas las fuentes de energía son necesarias. La política energética española en un mundo globalizado debe buscar una solución al equilibrio de la sostenibilidad económica, social y ambiental. Creo sinceramente que hace falta un pacto,
una estrategia a largo plazo entre los principales partidos políticos y, en ese sentido, ofrecemos a la Cámara tratar de llegar a soluciones de consenso que pongan en valor la aportación de todos los grupos políticos y que seamos capaces de atajar
este gravísimo problema.
Es preciso un esfuerzo importante en investigación y desarrollo tecnológico en todas las fuentes energéticas con el fin de conseguir procesos más limpios y eficientes. El transporte es el otro gran sector productor de emisiones. Se han
tomado ya muchas medidas por parte del sector y se debe seguir incentivando el transporte público, los vehículos menos contaminantes, la utilización de biocarburantes, el transporte por ferrocarril para mercancías, pero mucho nos tememos que el
ahorro de emisiones que ello supondría quedará superado por el incremento del parque automovilístico y el aumento de las cilindradas de los vehículos.
El futuro pasa por el hidrógeno y la pila de combustible, pero no olvidemos que en la actualidad
el 50 por ciento del hidrógeno que se produce en el mundo es con gas, lo cual quiere decir que seguimos produciendo emisiones. Conviene, por tanto, estimular la investigación y el desarrollo tecnológico en hidrógeno y pila de combustible. No
estamos por
una política impositiva sino por los incentivos. No a la fiscalidad ecológica.
En junio se revisa la Directiva del comercio de emisiones. Es la oportunidad de plantear la compatibilidad de la política de convergencia.
Creemos que es el momento de hacer una evaluación seria del impacto en el impulso de la
competitividad. Es el momento de valorar el traslado de la producción a otros países, la deslocalización, que producirá al final un incremento de las emisiones. Es el momento de salir en defensa de la industria española, a la que hoy hay que
exigir eficiencia energética, que no tiene nada que envidiar a la europea, y la utilización de las mejoras tecnológicas disponibles. Con esta premisa creemos que no se puede penalizar a nadie por emisiones, ni exigir a la industria española más que
a la alemana, por ejemplo, ya que se podrían producir distorsiones en la competencia. Por tanto, pedimos a la señora ministra una defensa de la industria española en la próxima revisión de la Directiva del comercio de emisiones a revisar en el mes
de junio.
Señora ministra, la resolución de este problema no se puede posponer.
Nosotros entendemos que se han encendido ya todas las alarmas. Usted es conocedora del informe de sostenibilidad que le han presentado las distintas organizaciones que
se dedican al medio ambiente de este país, donde le ponen un suspenso clamoroso en la aplicación del Protocolo de Kioto. No puede esconderse tras el modelo de desarrollo económico. Usted ha explicado, señora ministra, que algunos elementos
referidos a las posibilidades hidráulicas de este último año, afectado gravemente por la sequía, han supuesto distorsiones importantes en cuanto al programa que tenía el ministerio. En definitiva, son distorsiones que a lo largo de las distintas
épocas se van a ir planteando.
Hay que corregir las desviaciones y tiene que haber una asignación per cápita en relación con otros países de nuestro entorno -ponemos el caso claro de Alemania y Gran Bretaña- adonde, previsiblemente, de no hacer ninguna variación, nuestras
industrias tendrán que ir a comprar derechos de emisión lo que en definitiva supone un aumento de costes importante para nuestra industria y la posibilidad, como usted muy bien conoce, de deslocalización de esas mismas industrias que pueden aparecer
en otros países donde estos costes energéticos, desde el punto de vista de las emisiones, sean mucho más económicos. Es necesario un pacto por la industria, que tiene que ser capaz de aunar esfuerzos con el Ministerio de Industria, con las
comunidades autónomas y con los sectores directamente implicados.
Para terminar, señora ministra, quiero hacerle dos preguntas. En relación con el mercado de los derechos de emisión, quería saber si sigue considerando que el precio del derecho se puede seguir estableciendo en los 5 euros por tonelada.
Igualmente, le pido una valoración sobre el comportamiento del mercado de derechos con las oscilaciones que estamos viendo durante estas últimas semanas, y de cuál es la situación que tenemos en la actualidad. También quiero su opinión sobre esos
informes a los que hemos tenido acceso, en cuanto a que evalúan los costes de implantación del Protocolo de Kioto para la industria de nuestro país en 13.000 millones de euros.
El señor PRESIDENTE: por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero agradecer la presencia de la señora ministra ante esta Comisión para explicar el tema que ahora nos ocupa, por cierto, un tema que es actual y
de vital importancia para la vida de nuestro planeta. La señora ministra ya nos ha explicado en su intervención cuál es la situación actual de nuestro país respecto al Protocolo de Kioto, pero debido a las intervenciones del resto de los portavoces
nos gustaría hacer una reflexión sobre cómo ve esta situación el Grupo Parlamentario Socialista. La situación en España respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero en 2004 es que estas han sido sensiblemente superiores al objetivo
previsto por el Protocolo de Kioto para el periodo 2008-2012, según el inventario nacional que el propio Gobierno español presentó el pasado 15 de abril atendiendo las directrices marcadas por la Convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio
climático, a la que España se suscribió en 1992. Además mi grupo es consciente, como ya se ha explicado a lo largo de estas intervenciones, de que se estima un incremento en las emisiones para 2005, debido principalmente a causas excepcionales como
la intensa sequía, que redujo un 40 por ciento la producción hidroeléctrica. Sabemos que el año 2005 ha sido el año más seco desde que existen registros, con lo cual la generación térmica ha sufrido un incremento del 18,4 por ciento, que nos ha
llevado a soportar un notable aumento en las emisiones de 2005. Aun así y estando completamente de acuerdo con lo que ha explicado la señora ministra, ya se pueden intuir y observar unas líneas subyacentes de cambio de tendencia siendo la
hidraulicidad, como todos sabemos, un factor variable -ya que un año puede ser muy seco, al que puede seguir uno menos seco y otro húmedo- que debe relacionarse con la tendencia del consumo, que en 2005 no ha sido positiva, ya que hemos acabado con
un incremento del 4,4 por ciento, y que también tiene que ver con las estructuras de generación del sistema eléctrico. En 2005 ya han entrado en funcionamiento numerosos grupos de ciclos combinados de gas, lo que ha producido una reducción del
factor de emisión. Estas tendencias tienen que ver por tanto con la modernización del consumo eléctrico y con los cambios en la estructura del mercado de generación y confío que tengan su repercusión positiva en 2006. No nos podemos olvidar además
de la modernización de otros sectores como los carburantes o el transporte, que reforzarían aún más ese cambio de tendencia del que venimos hablando, y me gustaría que la señora ministra nos ampliase la información,
desde su ministerio, sobre cómo se verá reflejado ese cambio de tendencia en el próximo año 2006.
Por otra parte, como ya se ha reflejado también en esta comparecencia, en estos dos años de Gobierno se han realizado grandes actuaciones que nos llevan a avances en relación con el cumplimiento del Protocolo de Kioto, tales como el Plan de
ahorro y eficiencia energética 2005-2007, el Plan nacional de energías renovables 2005-2010, la Ley de comercio de derechos de emisiones de CO2, etcétera. Si tomamos como punto de partida el sistema europeo de comercio de emisiones de CO2, entre
los sectores industriales implantados plenamente en España y cuyo máximo referente es el Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005 2007, en el que además de asignar derechos de emisión a los sectores industriales también se recoge la
previsión en relación con las emisiones difusas -consideramos que aquí está nuestro gran reto-, podemos comprobar que el cumplimiento de este plan nos llevaría a una estabilización de las emisiones en el periodo 2005 2007 apuntando mediante este
plan un cambio de tendencia que es necesario para la reducción en las emisiones y además romperíamos por fin con el comportamiento de España desde el año 1990 de un incremento continuado e intenso. Consideramos que el trabajo realizado por el
Gobierno nos lleva a poder alcanzar el compromiso adquirido en el marco de referencia de Kioto y el Grupo Parlamentario Socialista considera que dentro del Plan nacional de asignación de derechos de emisión 2005-2007 la actuación sobre los sectores
industriales ya es una realidad y que el gran reto está en los sectores difusos. Nos gustaría saber qué posibilidades existen para poder llegar al 15 por ciento en el periodo establecido 2008-2012 y si la señora ministra comparte que es posible
alcanzar estos objetivos y si considera que el consumo responsable y una implicación activa de la ciudadanía son cruciales para conseguir un cambio que sitúe estratégicamente a nuestro país en una tendencia positiva para crear condiciones capaces de
revertir sus efectos en el medio ambiente. En este sentido va la puesta en práctica de varias iniciativas que ha planteado la señora ministra, como el Plan de acción de ahorro y eficiencia energética 2005-2007, cuyo principal cometido es evitar en
el trienio la emisión a la atmósfera de 32,5 millones de toneladas de los sectores difusos, con una dotación presupuestaria de 729 millones de euros, o el Plan nacional de energías renovables 2005-2010, que se refiere tanto a la generación eléctrica
como a los propios sectores difusos, para reducir unos 76,9 millones de toneladas, con una dotación presupuestaria de 8.492 millones de euros; existen también otras iniciativas como el Plan nacional de reducción de emisiones de grandes
instalaciones de combustión o la gestión de residuos o la creación del código técnico de la edificación, que consideramos que es una pieza clave para evitar el incremento en los sectores de la construcción para poder paliar la gran masificación que
hay en dicho sector, como indicaba el portavoz de Iniciativa per Catalunya, o el proyecto Clarity, que consideramos que es una herramienta clave para que educadores y organizaciones puedan tener un papel activo en la divulgación y sensibilización
del fenómeno del cambio climático.
Señora ministra, también quisiera apoyar la labor realizada en coordinación con otros ministerios, ya que compartimos plenamente que la lucha contra el cambio climático es una tarea integral y deben estar involucrados todos los sectores
implicados. Por eso, creemos que debemos impulsar y colaborar en los trabajos de la mesa para el diálogo social, recientemente creada para hacer un seguimiento de las consecuencias del cumplimiento de la normativa del comercio de emisiones y del
Protocolo de Kioto en los principales sectores industriales, y nos gustaría saber cómo ve su ministerio esta creación y el funcionamiento de esta mesa para el diálogo social.
A lo largo de esta intervención hemos podido comprobar que la parte que está acarreando más dificultades es la de los sectores difusos, para lo cual ya en diciembre pasado, en la cumbre del Clima, de Montreal, se acordó la puesta en marcha
de procesos que establezcan nuevos objetivos a partir de 2012. Se ha puesto en marcha también un proceso para que las economías emergentes empiecen a fijarse objetivos voluntarios. Además se acordó que se debía remitir un informe con los nuevos
compromisos para más allá de 2012 y aunque la señora ministra ya ha hecho referencia a ello, nos gustaría saber cómo está actualmente este proceso para establecer esos nuevos compromisos. La señora ministra también nos ha hablado del nuevo Plan
nacional de asignación de derechos de emisión 2008-2012 que va a elaborar el ministerio, ya que el anterior establecía un objetivo de estabilización, pero consideramos que en este nuevo plan se deben ampliar criterios con mayor rigor. Nos gustaría,
si nos lo puede adelantar, que nos hablara acerca del rigor de los mecanismos de control y de los mecanismos de participación en la aplicación del plan o qué criterios se pueden adoptar. Otro de los aspectos en los que se está trabajando para
mitigar el incremento de las emisiones, como usted propiamente nos ha señalado, es el Plan nacional de impactos de vulnerabilidad y de adaptación de España al cambio climático, que es un marco general en el que se articulan todos los programas de
investigación, que este año giran en torno a la adaptación en materia de biodiversidad, de costas y de recursos hídricos. Me gustaría, si procede, señora ministra, que nos hiciera una valoración acerca de la marcha de este programa de trabajo.
Para finalizar, el Grupo Parlamentario Socialista se siente satisfecho por las acciones emprendidas para abordar este fenómeno, aunque somos conscientes de las grandes dificultades que existen para actuar en los denominados sectores difusos.
Como ya hemos subrayado, se requiere la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas, del conjunto de la ciudadanía y de cada uno de nosotros, como consumidores y como usuarios. Nuestro grupo parlamentario asume el gran
desafío que supone Kioto, que nos obliga a tomar medidas y a utilizar instrumentos flexibles y eficientes para acometer el ahorro y la eficiencia energética siendo conscientes de que esto solo es posible con la corresponsabilidad de las
comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de los propios ciudadanos. Cuente con nuestro grupo parlamentario para contribuir a fomentar en la conciencia ciudadana la necesidad de asumir esta corresponsabilidad interterritorial y social que
implica preservar nuestro bienestar, nuestra competitividad y el empleo de nuestro sistema productivo, sin olvidar nuestra corresponsabilidad en el marco multilateral y desde la perspectiva de la brecha de pobreza que separa a los países
empobrecidos y su mayor vulnerabilidad a las consecuencias del cambio climático, estrategias de adaptación al cambio climático que deberemos compartir desde la solidaridad internacional.
El señor PRESIDENTE: Para responder tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): Comienzo con la contestación al señor Herrera. Comparto las grandes líneas de su intervención referidas a la necesidad de ir mucho más allá de lo que lo hemos podido hacer durante estos
primeros dos años de legislatura, a la necesidad de considerar que en el futuro habrá episodios de sequía más recurrentes y más intensos y a esa creciente obsolescencia del parque de centrales nucleares como un factor que condiciona el consumo de
energía con o sin emisiones de CO2. También comparto con S.S. la apreciación que hace en cuanto a la necesidad de hablar del futuro energético a más largo plazo. Es muy positivo que una de las conclusiones que han salido de la mesa de debate
sobre la energía nuclear sea precisamente el compromiso del Gobierno de hacer un análisis por lo menos hasta 2030, como han hecho ya otros países de nuestro entorno. Quiero destacar el trabajo que se ha hecho desde hace tiempo en el Reino Unido
intentando fijar objetivos de reducción de emisiones y de mix energético en un horizonte de más largo plazo, porque lo que seamos capaces de hacer el año 2030 ó 2040 tendremos que comenzarlo hoy o mañana. Con horizontes de planificación corta se
pierde mucha capacidad de ver los efectos de cambios en el modelo energético, que necesariamente inciden en el largo plazo y nunca en el corto plazo. Entiendo que comparte la importancia de todos los instrumentos que hasta ahora se han venido
desarrollando pero que, como no puede ser de otra manera, los considera insuficientes. También los considera así el Ministerio de Medio Ambiente. Quiero señalar que, por ejemplo, cuando hablamos del Plan de acción sobre ahorro y eficiencia
energética el Gobierno aprobó el primer paquete de medidas urgentes, porque en el documento que llegó al Consejo de Ministros se ponía de manifiesto que no era suficiente el esfuerzo contenido en esas primeras medidas para alcanzar resultados
satisfactorios. Por tanto, hay un compromiso explícito del Gobierno de ir más allá del paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética que se aprobaron hace unos meses y cuyo éxito, como señalaba, también va a depender de la cooperación con
las comunidades autónomas y ayuntamientos en cuanto a implementar las distintas medidas que comporta.
Respecto a las infraestructuras, quiero señalar que el PEIT ha sido objeto, aunque no fuera obligado, de una evaluación ambiental estratégica conforme a la directiva europea que nos permite disponer de un informe de sostenibilidad, de una
memoria ambiental y, por tanto, de una serie de recomendaciones y orientaciones que van a volver a estar de actualidad con motivo de los distintos planes directores para los distintos modos de transporte que está preparando el Ministerio de Fomento
-me refiero al Plan de Carreteras, al Plan de Transporte Ferroviario, al Plan de Puertos, al Plan de Aeropuertos-. En esos planes sectoriales y en el marco de ese primer análisis estratégico será donde el Gobierno tenga en consideración la
evolución de las emisiones y toda una serie de condicionantes ambientales que en el informe de sostenibilidad se ponían de manifiesto y que se recogieron en la memoria ambiental. Aparte de las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático,
no hay que olvidar que, como ayer señalaban muchos expertos al ser el Día Mundial de la Biodiversidad, las infraestructuras pueden interrumpir corredores ecológicos y generar toda una serie de efectos negativos sobre la conservación de nuestro
patrimonio en términos de biodiversidad. Eso tiene que tenerse en cuenta en el diseño del nuevo Plan de Carreteras en el marco del PEIT. Como se recogía en la propia memoria ambiental, el PEIT también prevé medidas para favorecer la gestión de la
demanda del transporte. Esas medidas se deben de anticipar cuanto antes y aquí se situarían alguna de las cuestiones sobre las que veo con satisfacción que contemos con el apoyo de su grupo parlamentario, en cuanto a la internalización de costes
del transporte y en cuanto a la reforma fiscal verde, elementos que han sido considerados en otros países de nuestro entorno como verdaderas herramientas al servicio del cambio tecnológico y de la mejora de las tecnologías y del consumo de energía
para avanzar en esa senda de cumplimiento del Protocolo de Kioto, donde hemos tardado tanto tiempo en situarnos.
Señoría, no puedo más que coincidir con la necesidad de modificar la legislación básica sobre el suelo en este país, tal como está haciendo el Gobierno de la nación, porque aunque el legislador estatal tiene un marco competencial limitado,
de acuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional, dentro de ese marco está fijar un sistema de valoraciones del suelo que no incite a la especulación. Estamos convencidos de que el sistema de valoración y la normativa básica vigentes han
incitado estos años a la especulación sobre el suelo, aunque no haya sido solo la legislación básica estatal la que ha contribuido a un modelo de desarrollo económico basado excesivamente en la construcción.
Afortunadamente, comienza a haber
síntomas de una reorientación de ese
modelo. Ahí está la evolución de la inversión en bienes de equipo, que comienza a tener unos crecimientos que hacen esperar una mejora de nuestro sistema productivo y, por tanto, un valor añadido que no tenga que ver exclusivamente con
construir casas sino con otros sectores productivos y, en particular, con los sectores industriales españoles. No solo se trata de tener una legislación básica sobre el suelo, sino de que todas las administraciones, cada una en el ámbito de sus
competencias, se impliquen en frenar una ocupación masiva del suelo, que conlleva, entre otras cosas, un modelo de movilidad, una forma de moverse en el territorio, que incide negativamente en las emisiones de gases de efecto invernadero. Por
tanto, todo lo que tiene que ver con el territorio, aunque no haya una competencia directa -no la hay por parte del Ministerio de Medio Ambiente-, nos preocupa en el seno del Gobierno; nos preocupa que podemas ir reorientando tendencias que han
podido dar lugar al crecimiento del producto interior bruto, al crecimiento del empleo, pero que tienen que ver con la pérdida de oportunidades de España en cuanto a la utilización sostenible de su territorio, de su espacio, y en cuanto a la propia
calidad de su oferta turística, como ha quedado de manifiesto en informes como el de Exceltur, presentado en la última reunión de la feria internacional Fitur. Por tanto, señoría, agradezco su intervención, porque hay muchos elementos de
coincidencia con lo que el Gobierno y el propio presidente del mismo pretenden. Por supuesto, hace falta un liderazgo que sea en todas las administraciones al máximo nivel.
No basta con hacer ministerios, consejerías o concejalías de Medio
Ambiente si prevalece en la orientación de cualquier Administración pública un determinado criterio que puede confundir el bienestar con el derroche o entender que todo crecimiento económico conlleva contaminación. Es absolutamente imprescindible
un cambio cultural en nuestro país, donde todavía demasiadas personas creen que el precio del progreso es, por ejemplo, que seamos los últimos en cuanto al cumplimiento del Protocolo de Kioto. Es tarea de todos erradicar esa percepción social
generalizada, pero el liderazgo tiene que tenerlo el Gobierno de la nación.
Agradezco también al señor Txueka, diputado del Grupo Vasco, el apoyo respecto de la acción del Gobierno y quiero manifestar la satisfacción y la coincidencia con la que estamos trabajando con el Gobierno del País Vasco desde el inicio de la
legislatura. Hay que reconducir esa idea de un excesivo optimismo. Por supuesto, más que un optimismo en el vacío, de lo que se trata es de manifestar una voluntad política cada uno de nosotros, cada uno en el ámbito que le corresponde, para pasar
de la retórica vacía a las acciones concretas. Por eso es tan importante lo que hacen los gobiernos autonómicos, y no todos los gobiernos autónomos, señorías, tienen el mismo compromiso convertido en acciones de gobierno.
Teóricamente todo el
mundo está comprometido con el desarrollo sostenible y con la reducción de las emisiones, pero cuando se hace un contraste entre la práctica de cómo se están estimulando determinadas tecnologías y qué apoyo existe en el mundo empresarial para ir en
una determinada dirección, cada comunidad autónoma tiene sus prioridades y no todas dan la misma urgencia o prioridad en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. Entiendo que el deber del Gobierno de la nación es intentar que todos
se impliquen en un esquema compartido, aprovechando al máximo por supuesto los recursos que desde los Presupuestos Generales del Estado, por ejemplo en el caso del Plan de ahorro y eficiencia energética, se puedan destinar a esas medidas concretas
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en general el consumo de energía.
Me preguntaba S.S. si encontramos colaboración con las comunidades autónomas y se refería concretamente a la aportación de datos. Con carácter general hay mucha colaboración de todas las comunidades autónomas en el marco tanto de la
conferencia sectorial, que es donde debatimos de estos temas al máximo nivel político en las administraciones ambientales, como en la Comisión de coordinación de políticas de cambio climático, comisión a la que llevamos todas las decisiones que se
han ido tomando en esta materia. De alguna forma esto es compatible con que no en todas las comunidades autónomas los consejeros de Medio Ambiente hagan triunfar tanto su voluntad o su decisión de que en su territorio se reduzcan las emisiones.
Por eso, en esa misma línea de que hay que implicar el liderazgo político al máximo nivel, he planteado al presidente del Gobierno que en la próxima conferencia de presidentes se aborde este tema desde el máximo nivel de responsabilidad política,
Gobierno y comunidades autónomas. Efectivamente, solo así conseguiremos que las distintas políticas que inciden sobre el cambio climático sean revisadas conforme con este objetivo. Los años que nos quedan por delante, estos seis años que nos
quedan hasta el año 2012, dependen en gran medida de nosotros. Es verdad que puede ayudar en un sentido negativo la meteorología, pero depende básicamente de nosotros que vayamos cambiando de tendencia y acercándonos a cumplir ese 15 por ciento que
hemos comprometido con la Unión Europea. Si desglosamos ese 15 por ciento en esa tendencia doméstica nos llevaría a unas emisiones un 24 por ciento por encima del nivel de 1990, que se complementaría con un 7 por ciento ligado a los mecanismos de
desarrollo limpio y un 2 por ciento ligado a los sumideros. Eso requiere que en algún momento haya ese cambio de tendencia; cambio de tendencia que espero se produzca durante los próximos años de forma clara, en la medida en que empiezan a
aparecer esas señales que antes comentaba, lo que también por parte del Grupo Parlamentario Socialista se nos señalaba. Por primera vez el año pasado el consumo de energía ha crecido menos que el producto interior bruto.
Por ejemplo, el consumo de
carburantes en el transporte en 2005 respecto a 2004 ha crecido el 2 por ciento, es decir, por debajo del crecimiento de la economía. Esto podría estar reflejando una actitud que tiene que ver, por supuesto, con el precio de los carburantes, pero
debemos hacer
todo lo posible para que tenga que ver también con una decisión voluntaria de los ciudadanos de hacer un uso mucho más responsable, eficiente y sostenible del transporte. También puedo comentarles -a quienes tenían interés en estas señales
de posible cambio- que el consumo eléctrico peninsular entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año ha sido en términos de tasa interanual del 1,2 por ciento solo -entre comillas-, que es un dato también de reducción respecto de una tendencia
creciente sostenida en el tiempo de aumento del consumo de energía eléctrica por encima del incremento del producto interior bruto, que es lo que nos ha situado exactamente donde estamos. Por supuesto, hay que hacer mucho más.
Hay que apoyar en
todos los territorios los proyectos de energías renovables de mayor capacidad. En fin, nos queda muchísima tarea por hacer.
La señora Bonàs, de Esquerra Republicana, ha manifestado también una coincidencia básica con el sentido y la dirección del esfuerzo emprendido por el Gobierno lamentando la pérdida de tiempo y las circunstancias en las que estamos ahora y
que, por supuesto, requieren que se haga mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. También aquí me alegro de contar con el apoyo de su grupo para los avances que el Gobierno plantee en términos de fiscalidad ambiental. Obviamente por parte del
Ministerio de Medio Ambiente se han realizado ya propuestas concretas, pero es el Ministerio de Economía y Hacienda al final el que debe dar cuenta de ellas en el momento y con la modalidad que considere oportunos en el contexto de la reforma
fiscal. Señorías, coincido totalmente con la afirmación de que la política de precios es fundamental para gestionar adecuadamente la demanda. Por eso, este gráfico -que he tenido ocasión de enseñarles- podríamos hacerlo coincidir con el gráfico en
el que se viera cómo ha evolucionado la tarifa eléctrica en España durante los últimos años. Solamente en esta legislatura la tarifa eléctrica ha comenzado a subir, con la crítica por supuesto desde los sectores que entienden que eso es un
perjuicio para el propio bolsillo sin pararse a pensar que simplemente con que ahorremos un poco nuestro bolsillo no solo no sufre sino que incluso se puede beneficiar. Hay margen para reducir nuestro consumo de energía eléctrica y, por supuesto,
el incentivo de avanzar en un uso mucho más eficiente puede venir de la mano de una tarifa que refleje mucho más sus costes que en el pasado. Lo que ha sucedido en nuestro país es que se ha dado una señal completamente falsa hacia los consumidores
de una energía barata, de una energía que además se hacía cada vez más barata. Eso lo único que ha llevado es a una situación de déficit acumulado en la tarifa y a una situación de incentivo al derroche. Estamos donde estamos en gran medida por
esa razón.
Evidentemente, eso es compatible con que recordemos que todo incremento en la tarifa se refleja en la inflación. Es el Gobierno, el ministro de Economía y Hacienda, quien tiene que ir arbitrando esta progresión que, como ayer mismo
señalaba en sus declaraciones el secretario de Estado de Economía, significa que nos acostumbremos a una energía que es mucho más cara que lo que hemos venido pagando hasta ahora y que adecuemos nuestros comportamientos a esa realidad. Es verdad
que en el momento en que se sube la tarifa hay un efecto sobre la inflación y existen objetivos que algunas veces entre ellos mismos chocan en cuanto a la gestión de la política económica.
Respecto de Marruecos puedo decirle que tenemos establecido un memorándum de entendimiento con Marruecos para el desarrollo de los proyectos de mecanismos de desarrollo limpios. Se han celebrado ya distintas reuniones para identificar
inversión española en energías limpias en Marruecos, que formarán parte también del paquete que el Gobierno pretende potenciar al máximo para poder cumplir con este complemento nuestro propio objetivo del Protocolo de Kioto, y además ayudar a
Marruecos a que haya energías limpias en su territorio. Se ha mencionado por parte de algún portavoz (creo que no solo debemos pensar en términos nacionales, sino en la responsabilidad que tiene España como país de desarrollo medio-alto en cuanto a
terceros países en vías de desarrollo) que no tienen por qué copiar todas las fases que ha seguido el desarrollo industrial de los países ricos. En ese sentido, todo lo que hagamos por contribuir a que allí donde falta electricidad, esa
electricidad no necesariamente utilice combustibles fósiles será sin duda una acción correcta del Gobierno de España.
Su señoría se preocupaba por el hecho de que el código técnico de la edificación se ha aprobado recientemente y como señalaba también el portavoz de Iniciativa per Catalunya hemos perdido mucho tiempo. Eso es así y es lamentable que sea
así. Sin embargo, es verdad que en estos dos años me consta que el Ministerio de la Vivienda ha intentado avanzar en un código técnico que gozara del máximo consenso de profesionales, expertos y comunidades autónomas. También es verdad que ahora
las especificaciones técnicas de este código se pueden y se deben aplicar en toda rehabilitación. Ahí tenemos una vez más el apoyo de los gobiernos locales, de los ayuntamientos, que en esta materia será preciso para que dentro del propio ámbito
municipal se estimulen las políticas de rehabilitación conforme a las exigencias del código técnico de la edificación.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular entiendo que se ha creído que mi valoración crítica respecto del pasado arrancaba del año 1996. No, si me han escuchado, he dicho que desde el año 1992 -y entonces había un Gobierno socialista-
existe la convención marco de cambio climático. Ni los gobiernos socialistas ni los posteriores gobiernos del Partido Popular han dado la respuesta adecuada a una exigencia internacional que, insisto, implica a España desde el año 1992. Después,
con el Protocolo de Kioto, evidentemente, ese compromiso se convierte en un régimen vinculante para España; pero desde el año 1992 se logran hacer avances y ciertamente conseguimos muy pocos. Es verdad que el IDAE ya existía, el IDAE no es algo de
los últimos años y los primeros planes de energías renovables en España son precisamente del inicio de los años noventa, y la existencia
del IDAE ha sido la línea que ha mantenido a través de estos años un esfuerzo del Gobierno en apoyo a las energías renovables, lo que explica que la energía eólica esté donde está. Nadie está pretendiendo que si la energía eólica hoy está
en el nivel que está sea por los dos últimos años de legislatura, sino por el trabajo que se ha hecho desde el inicio de los años noventa y que se ha mantenido con los gobiernos del Partido Popular, al que además he reconocido, con absoluta
sinceridad, el esfuerzo en el diseño de la estrategia de cambio climático que se aprobó como documento, aunque después no se tradujera en la necesaria elaboración del plan nacional de asignación de derechos de emisión, que debería haber estado
terminado en abril del año 2004.
Dice: El Ministerio de Medio Ambiente solo ha aprobado el plan nacional.
En primer lugar, el Plan nacional lo ha aprobado el Gobierno, por supuesto con la colaboración de los otros ministerios, y ha habido algunas otras actuaciones, en las
que no he tenido ocasión de entrar, directamente impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente, que tienen que ver, por ejemplo, con la puesta en marcha de una red de Ciudades por el Clima, que implica en estos momentos casi a 15 millones de
personas en 115 términos municipales. Por supuesto no es una simple adhesión que salga gratis, es una adhesión basada en unos compromisos que, si no se cumplen, serán los ciudadanos de cada término municipal los que podrán valorar, a través de los
mecanismos de participación que se abren, si su ayuntamiento está cumpliendo o no con los requisitos de compromisos y de actuaciones para reducir las emisiones a la atmósfera. No he visto en su exposición la menor referencia a los mecanismos de
desarrollo limpio; sin embargo, como he señalado, los mecanismos de desarrollo limpio pueden permitir conseguir un volumen importante de toneladas equivalentes a derechos de emisión y, de hecho, el Gobierno ya ha comprometido suficientes recursos
económicos, a través de los fondos de carbono, como para contar, de entrada, con 50 millones de toneladas en estos momentos, y seguimos avanzando en esa línea. Veo que no coinciden en cuanto a la fiscalidad ambiental como una herramienta para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, no valoran que el Ministerio de Medio Ambiente esté trabajando con el Ministerio de Economía en este sentido. Sabemos que ahí discrepamos, señoría, pero también veo que estamos
de acuerdo en que hay que trabajar por un objetivo final, que es el de ir reduciendo gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero.
Posiblemente, ustedes dan a la energía nuclear un peso y un valor diferente al que le da este Gobierno pero, dicho eso, quisiera también corregir alguna idea equivocada, como la de que el Ministerio de Medio Ambiente no solo, según sus
palabras, no hace más que aprobar el PNA, sino que además se dedica a emitir masivamente CO2 a la atmósfera a causa de las plantas desaladoras. Señorías, una vez más, tengo que recordar que los 600 hectómetros cúbicos que procederán de las plantas
desaladoras que ya funcionan, las que se están construyendo y las que se construirán, van a emitir menos CO2 que el transporte de agua por el trasvase del Ebro, 1.000 hectómetros cúbicos, a través de una tubería. No voy a entrar en detalles, pero
ahí figuraba el consumo de energía que hubiera requerido para que el agua llegara, desde la desembocadura del Ebro, a todos los lugares previstos hasta Almería. Por otra parte, el ministerio está culminando un plan de energías limpias, que
significará un balance neutro en términos de CO2 respecto del consumo de energía que van a producir las plantas de desalación. Por lo tanto, no solamente no obviamos el problema del CO2 -lo tuvimos en cuenta al analizar tanto el trasvase del Ebro
como las actuaciones del programa AGUA en las cuencas mediterráneas-, sino que además tenemos la voluntad política de que haya más energías limpias de las que contempla en estos momentos el Plan Nacional de Energías Renovables que está aprobado por
el Gobierno. Cuando llegue el momento, yo espero que estén de acuerdo con nosotros, y les doy la bienvenida a esta gran preocupación por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que no parecían tener en el momento de aprobar el
trasvase del Ebro.
El presidente del Gobierno tampoco ha dicho nunca que va a cerrar las centrales nucleares en España sin un plan realista alternativo, jamás ha dicho el presidente del Gobierno algo parecido e invito a SS.SS. a que conozcan todas las
ponencias que se han presentado en la mesa de debate sobre la energía nuclear, organizada por el Ministerio de Industria, porque en esa mesa de debate ha habido propuestas realistas de cómo avanzar en un proceso de disminución gradual, a largo
plazo, de la energía nuclear en nuestro país.
Coincidimos -como no puede ser de otra forma, señoría- en la necesidad de incrementar la masa forestal en nuestro país. Sabe que lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente es lo que ya el Gobierno anterior dejó establecido en el
Plan Forestal Español. Estamos contribuyendo económicamente a una labor que es del ámbito competencial de las comunidades autónomas, estamos impulsando los proyectos de investigación sobre almacenamiento de CO2 y en profundidad podemos estar de
acuerdo en que hay que fomentar los mix o la utilización conjunta de varias energías. En concreto, nuestra apuesta más clara es que podamos llegar a utilizar cada vez más hidrógeno con energías renovables. Como usted decía, en estos momentos, para
más del 50 por ciento del hidrógeno que se produce se utiliza gas natural; pero si usted analiza los proyectos de investigación y desarrollo en los que ya está comprometida España -y yo creo que estamos entrando en una buena dirección- y los
proyectos de otros países, verá que una línea del máximo interés es precisamente que podamos aumentar la generación de hidrógeno, que permite almacenar energía, a partir de energías renovables. Por lo tanto, sí a más investigación y desarrollo, y
este Gobierno ha comenzado, desde el principio de la legislatura, con una voluntad cierta, incrementando los recursos presupuestarios en un 25 por ciento anual para el I+D.
Por lo que se refiere al oportuno pacto a largo plazo, habría que ver si todas las fuerzas políticas tienen el mismo objetivo final y también existe un acuerdo sobre qué medidas adoptar para alcanzar esos objetivos.
Ya veo que la fiscalidad
o la internacionalización de los costes no son instrumentos compartidos en estos momentos por el Grupo Parlamentario Popular. Yo les invitaría a analizar la experiencia de países gobernados por el centroderecha en toda Europa, que nos llevan la
delantera, de manera muy notable, en cuanto a la utilización de la fiscalidad ecológica. Creo que esto no debiera ir de opciones políticas, sino de la eficiencia de los instrumentos económicos que la OCDE reclama una y otra vez a España, desde hace
muchos años.
Respecto a la incidencia del Plan nacional de asignación de derechos de emisión sobre la industria española, como seguramente sabe, señoría, se ha puesto ya en marcha la mesa de diálogo social, creada precisamente para que empresarios,
sindicatos y Gobierno hagan un seguimiento puntual permanente de la incidencia del PNA sobre los distintos sectores industriales. Me permito decir que esta es una ocasión de lujo para que trabajemos juntos empresarios, Gobierno y sindicatos a fin
de ir identificando los problemas allí donde surjan y poder hacerles frente lo antes posible y para que allí donde el resultado sea que a menos emisiones de gases de efecto invernadero más creación de empleo y más actividad económica esto sea algo
que se pueda generalizar y forme parte del avance en la dirección deseada.
Mantenemos con todos los sectores económicos un diálogo permanente, incluso al máximo nivel. He tenido ocasión de reunirme hace pocos días con el presidente de la CEOE y, dentro de la CEOE, con los presidentes de las principales
organizaciones empresariales para compartir con ellos muchas de sus preocupaciones y de sus propuestas respecto a las modificaciones de cara al futuro del régimen de comercio de emisiones aplicable a escala europea, donde hay algunas cuestiones que
tienen que ver con la propia eficiencia de ese régimen, por ejemplo con relación a instalaciones de pequeño tamaño o de pequeño nivel de emisiones o en cuanto a la propia definición de la terminología de instalación de combustión. En fin,
compartimos con la CEOE algunos de los elementos que están detrás, entiendo, de su petición de que estemos con la industria española, como no puede ser de otra forma y como hemos hecho durante la elaboración del primer Plan nacional de asignación de
derechos de emisión.
Doy la bienvenida a su grupo en cuanto a este planteamiento de que en el futuro se tengan en cuenta, a la hora de establecer limitaciones o la propia evolución de los niveles de emisión de CO2, factores que no se tuvieron en cuenta en el
Protocolo de Kioto para España, por ejemplo las emisiones per capita, que debe ser una de las líneas de futuro que permita integrar mejor a países más pobres, cuyas emisiones lógicamente pueden seguir creciendo, tendremos que ser los países más
ricos los que seamos lo suficientemente generosos y activos como para que la suma final sea la de un proceso de reducción de las emisiones de CO2.
Yo comprendo que existe una inquietud por la eventual deslocalización de las empresas españolas, pero creo que la deslocalización se produce por razones bien distintas del precio de la tonelada de CO2. Las últimas decisiones de algunas
empresas ubicadas en España tienen mucho más que ver con el bajísimo coste de la mano de obra en otros puntos del planeta que con el coste de la tonelada de CO2. Por cierto, me pregunta si el precio va a ser 5 euros por tonelada. Afortunadamente
para el Gobierno de España, 5 euros por tonelada es el precio al que hemos comprado ya 50 millones de toneladas en acuerdos con el Banco Mundial, porque actuar rápido significa ganar la partida también en términos económicos. Si hubiéramos esperado
a comprar más tarde esos derechos de emisión, a lo mejor los hubiéramos tenido que comprar a 20 ó a 30; hoy está en el mercado a 17 euros tonelada de CO2 y la evolución es difícil de pronosticar, aunque a medida que el mercado de derechos de
emisión se vaya consolidando habrá una liquidez que no ha habido en los primeros momentos y que permitirá estabilizar algo el precio, pero no nos engañemos, si el precio de la tonelada de CO2 cayera excesivamente dejaría de ser el instrumento que
pretende ser, es decir, la incentivación a las empresas para que sus tecnologías sean cada vez más eficientes. Si cae muy bajo, no tiene ningún sentido. Por eso, que se mantenga en unos niveles que tengan que ver con el coste de los cambios
tecnológicos es lo correcto.
Por consiguiente, si hacemos estimaciones como la que usted hacía, que recoge de un informe, de que a España le va a costar 13.000 millones de euros cumplir Kioto, esos 13.000 millones son lo que le ha costado a España en el último año y
medio la subida del precio del petróleo, y ese es un dato cierto, no un dato de futuro. ¿Cuánto nos costará cumplir con Kioto? Pues depende de lo que hagamos, si nos alejamos mucho nos costará más que si nos alejamos menos, pero en el orden de
magnitud en el que nos estamos situando no nos olvidemos que esa misma cifra que usted ha dicho es el coste de no haber empezado a cumplir con la convención de cambio climático algunos años antes. Ese es el precio para España de la dependencia
sostenida en el tiempo, de las tarifas baratas de la electricidad y algunas otras decisiones de carácter estrictamente político.
Por último, respecto al Grupo Socialista, hacía algunas preguntas sobre el cambio de tendencia. El primer dato que podemos comentar en esta fecha es el dato sobre el consumo eléctrico peninsular. Una tasa interanual de un 1,2 por ciento
parecería seguir indicando que nos movemos en un cambio de tendencia iniciado el año pasado en cuanto a que nuestro consumo de energía crezca menos de lo que está creciendo el producto interior bruto, y esperamos también que la señal, por lo que se
refiere al consumo de carburantes para transporte del año 2005, tenga razones para mantenerse, aunque no sea más que pensando que eso se debe al incremento que han registrado y que registran los combustibles para
transporte, que puede llevar a una cierta medida desde el punto de vista del uso del transporte. ¿Podremos llegar al 15 por ciento el año 2012? He intentado insistir en que lo que pensamos es que podemos llegar al más 24 por ciento y al 15
por ciento teniendo en cuenta mecanismos de desarrollo limpio y aumento de sumideros.
Valoramos la mesa de diálogo social como un instrumento muy oportuno porque va a permitir poner de relieve ante la opinión pública esos efectos de la aplicación del Plan nacional de asignación de derechos de emisión sobre las empresas
españolas que algunos dijeron hace un par de años que iban a ser la muerte de las empresas españolas: el Protocolo de Kioto será el cementerio de las empresas españolas. No parece que haya sido así cuando se han empezado a poner en marcha los
instrumentos europeos, igual que en el resto de los países.
La reducción de emisiones tiene que ir más allá del año 2012 porque estamos hablando de un proceso de sustitución de combustibles fósiles que, como digo, aunque no hubiera cambio climático se tiene que producir en los próximos decenios, y
podemos hacerlo más o menos tarde y con ello tener más efectos negativos, como los 13.000 millones de euros derivados del incremento de la factura del petróleo, pero depende de cómo cada país quiera plantearse este futuro. En el segundo Plan
nacional de asignación de derechos de emisión vamos a tener especialmente en cuenta las mejores tecnologías disponibles. Esa es una orientación, acorde con la Comisión Europea, que tiene que formar parte del planteamiento que presentemos ante la
Unión Europea en una primera instancia a finales del próximo mes de junio, aunque en esta ocasión afortunadamente hasta el año 2008 tenemos, ahora sí, un tiempo para el ajuste, para el trabajo con la Comisión Europea, y no de forma acelerada y fruto
de un esfuerzo enorme en particular de todo el equipo de la Oficina de Cambio Climático, cuya directora nos acompaña en esta comparecencia, que trabajó contra reloj para poder cumplir con las exigencias europeas en un contexto de extraordinaria
dificultad y retraso.
El Plan Nacional de Adaptación se ha mantenido en la página web del ministerio durante un mes después de su presentación en la Comisión Nacional del Clima y en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. A lo largo de ese mes ha habido
muchas aportaciones y con ellas vamos a intentar mejorar significativamente el plan, que es un plan interactivo y continuo en el tiempo para la adaptación de todas las políticas al conocimiento que vamos teniendo sobre el cambio climático, que cada
vez es más profundo y más riguroso.
El señor PRESIDENTE: Nos quedan diez minutos. Yo agradecería que el turno de los grupos parlamentarios fuera muy breve.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara, por dos minutos.
La señora DE LARA CARBÓ: Únicamente un par de cosas. Quería saber si la ministra está de acuerdo con las apreciaciones que ha hecho mi compañero de que la disminución previsible de emisiones en el sector transporte se verá compensada por
el incremento del parque automovilístico.
En segundo lugar, ha dicho usted que las previsiones son que cada vez haya sequías más recurrentes y más intensas. Estas son las predicciones que hay. Esto, unido a que llevamos más de un año pendientes de nuestros embalses, hace que
pregunte a la señora ministra si piensa impulsar y acelerar la construcción de los embalses que estaban en el Plan Hidrológico y de algunas obras emblemáticas que se están construyendo, pero que, en cierto modo, han sido paralizadas recientemente.
Pongo como ejemplo el embalse de la Breña en Córdoba y el de Castrovido en Burgos.
En tercer lugar, lo que usted nos ha expuesto y las medidas necesarias para reducir las emisiones no serán posibles si no es con la colaboración ciudadana. Nosotros
echamos en falta campañas, que podrían ser incluso agresivas, como las que se hacen en Tráfico; en definitiva, campañas para que los ciudadanos colaboren porque, sin su ayuda, nada de lo que estamos diciendo aquí podrá ser efectivo. En cuarto
lugar, la señora ministra habla -ya se lo he oído decir dos veces- de que ella está elaborando un plan de energías limpias. Nos gustaría saber a qué plan se refiere porque, según tenemos entendido, los planes energéticos los hace el Ministerio de
Industria. ¿A qué se refiere usted, señora ministra, cuando habla de que usted y su ministerio están elaborando un plan de energías limpias?
Finalmente, más que en medidas impositivas a los ciudadanos a través de esta reforma fiscal, creemos en los incentivos fiscales para todo lo que sea descontaminar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Narbona Ruiz): En primer lugar, el que los avances en la eficiencia energética del transporte queden más que compensados por el aumento del número de vehículos, que es una afirmación que sin ninguna
duda responde a la realidad, nos tiene que llevar, efectivamente, a intentar reducir el uso del vehículo. No voy a entrar en el número de vehículos que existen en el mundo porque, sin duda, aumentarán -hay muchos países del Tercer Mundo que quieren
tener automóvil y lo tendrán-, el problema es qué combustibles utilizarán estos vehículos. Por eso es tan importante la investigación sobre las pilas de hidrógeno, el aumento sistemático de coches híbridos, como los que ya están disponibles en
algunas empresas del sector, y todo lo que tiene que ver con los biocarburantes. Además de mejorar la eficiencia -en lo que todavía parece que queda un margen en el que trabajan las grandes casas de automóviles- tenemos necesidad de incentivar más
el uso de combustibles diferentes y el uso responsable del transporte privado. Y eso requiere, señorías, que hagamos lo que nos pide la Comisión Europea en sus libros blancos
o verdes -dependiendo- sobre la energía y sobre el transporte, que es precisamente esa internalización de los costes del transporte. De lo contrario, haremos un uso del transporte que no guarda ninguna relación con la huella que genera
desde el punto de vista ambiental. En concreto, en el caso del transporte aéreo ya está previsto por la Comisión que ese sector pueda entrar a formar parte de los sectores regulados dentro del régimen de comercio de emisiones. Es una decisión que
se tomará relativamente pronto y que nos puede ayudar a que el sector del transporte aéreo reduzca sus emisiones.
Respecto de la necesidad de acelerar inversiones, es exactamente lo que este Gobierno está haciendo. Por ejemplo, hay un plan de choque de modernización de regadíos en marcha que significa acelerar al máximo inversiones que en muchos casos
estaban previstas desde hace años. La sequía del año pasado -el año más seco de la historia de España- nos hubiera encontrado con un 20 o un 30 por ciento más de agua en nuestros embalses o en nuestros acuíferos si se hubieran llevado a cabo las
modernizaciones de regadío contempladas desde hace bastantes años en todo el territorio español. Por eso, la modernización de regadíos y la mejora de la eficiencia del agua en la agricultura -no olvidemos que supone el 80 por ciento del consumo
total de agua en nuestro país- es una prioridad del Gobierno, no solo del Ministerio de Medio Ambiente, sino, por supuesto, también del Ministerio de Agricultura.
En cuanto a las obras contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, al inicio de la legislatura esas obras estaban ejecutadas solo en un 15 por ciento, dato agregado que incluye obras que cuando se aprobó la Ley del PHN ya estaban en
avanzado estado de ejecución. Sin embargo, efectivamente, hay muchas obras pendientes de ejecución y estamos intentando desarrollarlas en el menor tiempo posible, compatibilizándolo con que cumplan las exigencias propias de nuestra pertenencia a la
Unión Europea y con su sometimiento a un análisis más riguroso del coste y beneficio asociado, porque, señorías, muchas de las obras del Plan Hidrológico Nacional se concibieron en España no en el año 2001 -el año de la Ley del Plan Hidrológico
Nacional-, sino hace 60, 70 ó 80 años, cuando España era completamente distinta de lo que es hoy. Damos una enorme prioridad a la modernización de regadíos porque todavía hay muchos embalses contemplados en la Ley del Plan Hidrológico Nacional para
unas cuantías destinadas a la agricultura que no tienen nada que ver con la existencia de agricultores a los que servir ni con las técnicas de regadío que hoy se pueden emplear.
Señoría, hace unos días y hoy me ha escuchado hablar del plan de energía limpia asociada a la desalación. Lo estamos culminando y, como no puede ser de otra manera, lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Industria y, en
particular, del IDAE, porque es evidente que en este país nadie se saca de la manga un plan de energías limpias, sino que tiene que hacerlo de acuerdo con el ministerio competente en esa materia y con la capacidad que tiene el Ministerio de Medio
Ambiente de aprovechar energías limpias dentro de sus propias inversiones.
Por último, estamos muy de acuerdo con que cada vez hacen más falta campañas de concienciación. El ministerio ha incrementado significativamente las campañas de concienciación y de sensibilización durante estos dos años, ligadas
precisamente a la responsabilidad individual y colectiva que tenemos en relación con el cambio climático y con otros problemas ambientales, y ha puesto en marcha líneas de apoyo a campañas de concienciación desarrolladas por otras organizaciones.
Se ha destinado una parte del presupuesto del ministerio -casi dos millones de euros el año pasado y una cantidad equivalente este año- para que las organizaciones sociales lleven a cabo campañas ligadas a dar información sobre el cambio climático.
También estamos desarrollando el proyecto Clarity, un proyecto de concienciación y educación ambiental que se ubica en el ámbito de iniciativas de carácter europeo. Por lo tanto, cuanta más concienciación consigamos entre todas las
administraciones, antes haremos comprender a la ciudadanía que el hecho de mantener las luces encendidas por la noche, o de utilizar el coche más de la cuenta, o de confundir bienestar con despilfarro energético es algo que debe ser superado para
que España sea como otros países donde se ha trabajado desde hace mucho tiempo -y los resultados están ahí- para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
El señor PRESIDENTE: Culminamos aquí las dos comparecencias. Agradezco la presencia de la señora ministra en esta Comisión, así como la concreción y la brevedad de los portavoces de los diferentes grupos.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.