CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 580

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN

Sesión núm. 39

celebrada el jueves, 18 de mayo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán) para explicar el reciente Acuerdo Social en materia de mercado de trabajo. A petición propia (Número de expediente 214/000113.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.



La señora PRESIDENTA: Señorías, damos comienzo a la sesión de la Comisión, con la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, a petición propia, para explicar el reciente acuerdo social en materia de mercado de trabajo. Como
siempre, damos la bienvenida a esta Comisión al ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Sin más dilación, señor ministro, tiene la palabra.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señoras y señores diputados, comparezco ante ustedes para dar cuenta del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales para la
mejora del crecimiento y del empleo.



Permítanme que empiece por los antecedentes del proceso. Como bien saben todos ustedes, ya en el propio discurso de investidura el presidente del Gobierno expuso el compromiso de realizar una reforma del mercado de trabajo dirigida a
reducir la temporalidad del empleo y a favorecer el aumento de la estabilidad mediante un gran pacto social. Este compromiso se enmarcaba en una línea política en la que uno de sus ejes fundamentales era el desarrollo del diálogo social como
instrumento privilegiado para acometer las reformas y medidas que fuera necesario adoptar para el mejor funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y de sus instituciones y para hacer frente a sus problemas. Yo mismo, hace escasos días,
precisamente con motivo de la firma del acuerdo que hoy me trae a esta comparecencia, expuse la convicción del Gobierno de que en sociedades complejas y abiertas es más adecuado gestionar los cambios a los que estamos sometidos implicando a las
empresas y a los trabajadores en las cuestiones que les afectan; que el diálogo social garantiza los equilibrios sociales y con ello la estabilidad; que produce un efecto extremadamente positivo sobre el clima laboral, sobre la vida de las
empresas, sobre las relaciones entre empresa y trabajador, sobre las decisiones a largo plazo, sobre las inversiones y sobre el empleo y, en definitiva, que permite elevar la rentabilidad de las empresas de forma armonizada con las mejoras de las
condiciones de trabajo.



Pues bien, en desarrollo de esta voluntad y de aquel compromiso expresado por el presidente del Gobierno, planteamos a los interlocutores sociales la conveniencia y oportunidad de abrir un proceso más amplio de dialogo social que abarcase
las decisiones más importantes que el Gobierno pretendía adoptar en materia sociolaboral. Este planteamiento fue bien recibido por los interlocutores sociales, en parte, en mi opinión, debido a que supone un reconocimiento expreso del papel que
representan en la sociedad y en parte porque esto significa la oportunidad de reiniciar una etapa en la que el diálogo y la negociación presidan las relaciones entre los interlocutores sociales y el Gobierno. De este modo, el 8 de julio de 2004, el
presidente del Gobierno y los principales dirigentes de las organizaciones empresariales y sindicales firmaron la Declaración para el diálogo social, dirigida, como señala su propio título, a mejorar la competitividad, el empleo estable y la
cohesión social, indicando con claridad los grandes objetivos del diálogo social en esta etapa. La declaración comenzaba con una manifestación común de objetivos compartidos por el Gobierno y por las organizaciones sindicales y empresariales en
torno a los problemas relacionados con el crecimiento económico, el desarrollo y la competitividad en este momento. Junto a ello, se definieron una larga serie de ámbitos en los que se expresaba la voluntad de desarrollar el diálogo social,
comenzando esa relación por el mercado de trabajo. Pues bien, en el transcurso de estos dos años la sociedad española se ha beneficiado de una multiplicidad de acuerdos sobre diferentes materias entre los cuales me permito traer a su memoria los
siguientes, todos ellos acuerdos sociales con los interlocutores: Primero, desarrollo y aplicación de los aspectos laborales de la Ley de Extranjería, del que se ha derivado el proceso de normalización; segundo, racionalización del salario mínimo
interprofesional e incremento de su cuantía; tercero, revalorización por encima de la inflación real de las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, acuerdos para el año 2005 y 2006; cuarto, ley por la que se habilita a la negociación
colectiva para el establecimiento de cláusulas para la extinción de los contratos de trabajo al alcanzarse la edad ordinaria de jubilación; quinto, real decreto sobre el procedimiento de extensión de convenios colectivos; sexto, mejora del
funcionamiento de la Comisión consultiva nacional de convenios colectivos; séptimo, acuerdo tripartito para desarrollar y potenciar el funcionamiento del servicio interconfederal de mediación y arbitraje; octavo, proyecto de ley que regula la
implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas europeas domiciliadas en España; noveno, prevención de riesgos laborales, con tres temas: reforma del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, real decreto para la
habilitación de funcionarios técnicos de las comunidades autónomas para desempeñar funciones de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos laborales y el aumento
de las dotaciones para 2004 y 2005 destinadas a la Fundación para la prevención de riesgos laborales; décimo, real decreto sobre formación continua, que contiene el sistema de bonificaciones que las empresas podrán aplicarse por la formación de sus
trabajadores; undécimo, en la Función pública, el foro para el diálogo social en las administraciones públicas, con un acuerdo muy importante para la reducción progresiva de la temporalidad en las administraciones públicas; duodécimo, en la
política industrial, acuerdo marco para la constitución de seis observatorios industriales en los sectores de textil, confección, químico, bienes de equipo, electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones


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y automoción; decimotercero, acuerdo para institucionalizar y articular el diálogo social vinculado al cumplimiento del protocolo de Kioto; decimocuarto, acuerdo para impulsar el Sistema Nacional de Dependencia; decimoquinto, acuerdo de
formación profesional para el empleo; finalmente, señorías, el presente acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo.



Señorías, es indudable que el apartado correspondiente al mercado de trabajo español tenía y tiene, tanto para el Gobierno como para los restantes interlocutores y la sociedad española en general, una importancia singular. Seguramente este
último acuerdo será el más importante de todos. Se trataba, según habíamos plasmado en la declaración, de abordar el doble problema del mercado laboral español, el insuficiente volumen de empleo y el muy alto nivel de temporalidad. Antes de
comenzar el proceso de discusión propiamente dicho de las medidas que necesitaba el mercado de trabajo para aumentar el empleo y reducir la temporalidad, las tres partes acordamos la conveniencia de que una comisión de expertos evaluara el
funcionamiento de las políticas de empleo en España desde las reformas habidas a comienzos de los años noventa, de tal forma que su análisis nos sirviera como base o aportación de referencia para el desarrollo de las discusiones posteriores. El
importante trabajo desempeñado por los expertos, cuyo informe quedará como una gran aportación al conocimiento y análisis del funcionamiento del mercado laboral español, duró unos seis meses, a partir de los cuales comenzó un periodo de negociación
que, como ya saben SS.SS., ha sido intenso y complejo. El resultado, sin embargo, ha sido muy satisfactorio y positivo. Estamos ante un acuerdo de gran importancia, tanto porque hemos culminado el proceso con un acuerdo de las tres partes, como
por el enfoque y contenido del mismo. Quiero destacar que se ha alcanzado el objetivo perseguido por el Gobierno de que el acuerdo incluyera a todos los actores de la negociación. Una cuestión nada fácil a juzgar por los antecedentes, ya que un
acuerdo del calado de éste no contaba con la firma de todos desde hace mucho tiempo, concretamente desde el acuerdo nacional de empleo de 1981, aunque he de decir -y es indudable- que este acuerdo es heredero y continuador del acuerdo
interconfederal para la estabilidad en el empleo del año 1997, que fue suscrito bilateralmente por patronal y sindicatos y que fue asumido por el Gobierno de entonces y remitido a este Parlamento para su trasposición legislativa. En resumidas,
señorías, cuentas con el acuerdo se da cumplimiento al compromiso asumido por el Gobierno de luchar contra la temporalidad a través de un gran pacto social y a la declaración para el diálogo del 8 de julio de 2004. Por último, se respeta
escrupulosamente la promesa reiterada por el presidente del Gobierno de no abordar reformas en la legislación laboral que no contaran con el previo acuerdo de los agentes sociales. El resultado final, para lo cual han sido necesarias cesiones y
renuncias de todos respecto a sus pretensiones iniciales, refleja el consenso de todas las partes sobre el objetivo central enunciado al inicio de la negociación: la necesidad de que nuestro mercado laboral mejore la estabilidad en el empleo y los
instrumentos que se van a utilizar para este fin.



¿Cuáles son los contenidos del acuerdo? Para alcanzar el objetivo señalado el acuerdo estructura un amplio conjunto de medidas, del orden de una treintena, en torno a tres grandes capítulos que son a su vez verdaderos ejes de actuación. En
primer lugar, las medidas destinadas a impulsar y apoyar la contratación indefinida inicial por parte de las empresas y la conversión de contratos temporales en contratos fijos. Este es el meollo del acuerdo. Dos cuestiones que, como señala con
toda claridad el texto del acuerdo, constituyen los objetivos centrales del mismo: más contratos indefinidos y convertir contratos temporales en indefinidos. Este es el eje central de este acuerdo. Este primer capítulo se articula alrededor de
cuatro ideas fundamentales. Primero, las medidas adoptadas en el acuerdo interconfederal para la estabilidad del empleo del año 1997 han dado resultados positivos, por lo que con toda lógica deben mantenerse vigentes. Además, quiero recordar a
SS.SS. a este respecto que desde el año 1997 hasta el momento actual de los 5.300.000 empleos netos que se han creado en el sector privado, al que afecta la regulación laboral, 7 de cada 10 han sido contratos indefinidos, por lo que es evidente que
el funcionamiento de las medidas de aquel acuerdo ha sido bueno. En ocasiones se utiliza como índice de medición solo el número de contratos que se firman, no las personas a las que afectan los contratos. Repito de nuevo, porque quizás sea poco
conocido de la sociedad española: de los 5.300.000 empleos creados desde el año 1997 en el sector privado, 3.500.000 han sido indefinidos. Si tomamos a las personas a quienes afectan los contratos, la contratación indefinida es infinitamente mayor
en España que la contratación temporal, aunque no podemos darnos por satisfecho. Con un 30 por ciento de contratación temporal sigue siendo alta, pero no es más alta que la indefinida, como a veces se infiere de algunas informaciones. No; la
contratación indefinida es muy superior a la temporal, lo que ocurre es que el volumen de rotación de los contratos temporales hace que haya más número de contratos temporales que indefinidos. Pero si tomamos en consideración a las personas a
quienes se les hacen los contratos, el número de puestos de trabajo estables es muy superior al de puestos de trabajo temporales, 7 de cada 10. Aun es insuficiente y por eso hemos hecho este acuerdo.



Segundo, se reduce la cotización empresarial por desempleo para los contratos indefinidos en dos fases: 0,25 puntos desde el próximo primero de julio y 0,25 adicionales el 1 de julio de 2008, con un doble propósito: Que las empresas que
mantienen un alto nivel de estabilidad en sus plantillas obtengan una clara compensación en forma de reducción global de los costes laborales, es decir, que quien invierte en empleo estable obtiene beneficios. De eso se trata. El empleo estable
genera más beneficios para la empresa que el empleo


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precario, por eso ha de pagar menos cotizaciones sociales y por eso reducimos las cotizaciones sociales a todas aquellas empresas que tengan contrato estable. Segundo propósito, abrir más la brecha de costes entre los contratos temporales y
los indefinidos, de tal forma que desde la perspectiva económica se encarezca en términos relativos tanto el mantenimiento innecesario del empleo temporal como la utilización excesiva de contratos de esta naturaleza. Es más caro tener contratos
temporales; es más barato tener contratos indefinidos o estables.
Asimismo, se reduce a la mitad, del 0,4 al 0,2, con carácter general, el tipo de cotización empresarial al Fogasa desde el próximo 1 de julio por supuesto solo para los contratos
estables. Y finalmente se elimina la penalización que sufren las empresas de trabajo temporal, reduciéndose el tipo de cotización por desempleo actual del 7,70 por ciento al 6,70 correspondiente a los contratos temporales, porque era una
penalización injusta que sufrían solo las empresas de trabajo temporal.



Tercero, abrir la posibilidad de conversión de los contratos temporales en contratos de fomento de la contratación indefinida, de tal forma que se vea facilitada la decisión de transformación de contratos temporales en indefinidos al poder
utilizar para este menester la modalidad con coste de rescisión del contrato más reducido que establecieron los interlocutores sociales en el acuerdo del año 1997. Señorías, esta posibilidad había desaparecido para los contratos temporales
suscritos después del 31 de diciembre de 2003, debido a la reforma realizada en el año 2001. Esta medida tiene una importancia reseñable, pues facilita una moderación de los costes. Esta idea se comprenderá fácilmente si pensamos que la inmensa
mayoría de los contratos iniciales que se realizan hoy son temporales -de los contratos, no las personas a las que les afecta-, sin embargo, al cabo del tiempo una parte muy relevante de estos contratos acaba consolidando su relación mediante la
transformación en indefinido.
Pues bien, en los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2004 esta conversión se hacía inevitablemente con los contratos indefinidos ordinarios. A nadie se le escapa que esto está produciendo un crecimiento
del coste medio del despido en términos agregados del conjunto del mercado laboral, lo que hubiera seguido produciéndose de no haberse adoptado esta medida. Esa situación de algún modo desestimula la generación de más empleo estable. Ahora
eliminamos esa restricción para favorecer más contratación estable.



Cuarto, se reforma por completo y en profundidad el sistema de incentivos a la contratación indefinida y a la estabilidad del empleo dotándola de una eficacia mucho mayor al introducir en la reforma cuatro nuevos criterios. Primero, mejor
selección de los colectivos beneficiarios extendiendo su aplicación a lo jóvenes varones de 16 a 30 años, lo que, entre otras cosas, permitirá que el conjunto del empleo juvenil se beneficie de los incentivos al empleo estable. Hoy estos jóvenes no
tienen incentivos, no reciben ayudas los empresarios que contraten indefinidamente a los jóvenes entre 16 y 30 años. Al incorporarles a la posibilidad de recibir las ayudas estamos mejorando, sin duda, la posibilidad en esta franja de edad de que
se use el contrato indefinido, el contrato estable, justamente en una franja de edad donde más se acumula el empleo precario. Segundo, la simplificación de los incentivos que se habían convertido en una verdadera maraña, lo que introducía una
enorme complejidad y falta de claridad en los estímulos a la hora de adoptar las decisiones empresariales de contratación. Tercero, la ampliación de la duración de las bonificaciones que de hecho se duplican con carácter general, de dos a cuatro
años, lo que estimulará de forma notable la prolongación de la vida laboral de los contratos contribuyendo de forma directa a reducir una prematura mortandad y de forma indirecta a proteger el empleo, porque a mayor duración del contrato con
bonificaciones mayor protección frente al despido de la persona que recibe ese contrato. Hasta ahora las ayudas por conversión de empleos temporales en indefinidos duraban dos años. ¿Qué ocurría? Que al tercer año una parte de esos contratos
desaparecía. Si estiramos en el tiempo la política de estímulos y lo llevamos de dos a cuatro años garantizaremos más estabilidad durante ese tiempo y daremos la oportunidad al empresario de establecer una relación más estrecha, más firme con ese
trabajador y, por tanto, garantizar la estabilidad del mismo en el futuro. Cuarto, sustituimos las actuales bonificaciones porcentuales por cuantías fijas diferenciadas según el nivel de dificultad para acceder al empleo de cada uno de los
colectivos. Dicho en términos sencillos, las bonificaciones se establecen en un porcentaje de la base reguladora de cotización a la Seguridad Social y ahora se convertirán en cantidades fijas. Esto beneficiará sin duda a los empleos menos
cualificados donde justamente se concentra más la precariedad. Como les decía, esta última línea de reforma está destinada a provocar dos importantes efectos: primero, las cuantías fijas producirán un estímulo más intenso cuanto menor sea el coste
laboral del contrato al que se aplica, cuestión que es particularmente beneficiosa y atinada si tenemos en cuenta que el mayor índice de temporalidad se produce en las categorías laborales más bajas, entre los asalariados con menor formación y
retribuciones inferiores, así como en los sectores de actividad con menor intensidad en capital y mano de obra menos cualificada. Segundo, esta concentración de los estímulos desde un punto de vista subjetivo y sectorial permite, además, aplicar
los incentivos de forma más intensa sobre actividades productivas que incrementan nuestra tasa de empleo.



Señorías, he de señalar complementariamente que la reforma de la política de fomento del empleo se completa con dos elementos más. Por un lado, se suprimen por completo los incentivos a la conversión de contratos temporales en indefinidos,
salvo el periodo de choque. Una vez que finalice el periodo extraordinario de seis meses, o periodo de choque, para convertir empleos temporales en indefinidos ya no habrá ayudas a la conversión,


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salvo algunas limitadas excepciones, de contratos temporales en indefinidos, porque, aunque no cabe duda de que estos incentivos actuales se elaboraron con la mejor fe, están produciendo un doble efecto perverso: primero, han estimulado la
temporalidad, porque si concedes ayudas a la transformación de un empleo temporal en indefinido, la mayoría de los empresarios empiezan contratando temporalmente para aprovechar luego la bonificación de conversión de empleo temporal en indefinido.
Al ofrecer este nuevo modo de apoyar al empleo indefinido inicial evitamos el recurso masivo a la contratación temporal para luego convertirla en contrato indefinido. Segundo, por su actuación simultánea a la desaparición de las posibilidades de
conversión de temporales en contratos indefinidos de fomento que han provocado el absurdo efecto de elevar los costes del despido en España. Como antes indiqué, los contratos temporales hechos a partir del 1 de enero del año 2004 no pueden utilizar
para su conversión el contrato de fomento del empleo del año 1997. Así pues, se suprimen definitivamente los estímulos a la conversión de contratos temporales que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la reforma. Se darán ayudas a los
contratos indefinidos iniciales, pero se suprimirán las ayudas a los contratos temporales que se firmen a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Ya no habrá ayudas a la conversión de contratos temporales en indefinidos. Sí habrá ayudas a los
empleos indefinidos iniciales, pero no a su conversión. Sin embargo, establecemos un plan extraordinario para la bonificación con carácter excepcional de la conversión de contratos temporales que estén en vigor el día que se publique la reforma.

Señorías, parece una contradicción o una paradoja, pero no lo es.
Pretendemos abrir un periodo de seis meses en el que la actual temporalidad, ese enorme volumen de contratos temporales que en realidad están aplicados a actividades estables de las
empresas, se regularice y se convierta en contratos indefinidos, en el bien entendido de que ya no se bonificará ni ahora ni en el futuro ningún contrato temporal que se concierte a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Se trata de que los
actuales empleos temporales tengan un periodo extraordinario de ayudas reforzadas pero irrepetibles para hacer la transformación en contratos indefinidos. Los nuevos contratos temporales serán más caros, cotizarán más que los indefinidos, carecerán
de ayudas y bonificaciones -salvo algunas excepciones de carácter marginal- y, además, estarán sometidos a nuevas limitaciones legales -a las que luego me referiré- y a un control reforzado de su legalidad por parte de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. Dicho de otro modo, señoras y señores diputados, esta es una reforma dirigida a crear más empleo estable; esta es una reforma dirigida a favorecer la conversión de empleos temporales en empleos estables; esta es una reforma que
favorece y abarata el empleo estable y encarece el empleo precario.



Quiero hacer un llamamiento a la sociedad española, a sus empresarios, para que aprovechen esta oportunidad. Van a disponer de seis meses para convertir sus empleos temporales en empleos indefinidos con importantes ayudas mayores que las
actuales. Van a tener, por tanto, un periodo de tiempo excepcional de seis meses para convertir ese empleo temporal en empleo indefinido, pero a partir de ese periodo todo empleo temporal que se firme ya no recibirá ninguna ayuda porque no habrá
posibilidades de recibir ayudas por la conversión de empleos temporales en indefinidos.
Además, esto supondrá un gran riesgo para el empresario, porque si ese empleo temporal entra dentro de los supuestos de encadenamiento de contratos temporales
le costará más dinero al empresario, ya que si se produce un despido los tribunales decidirán que ese era un empleo hecho en fraude de ley y por tanto le aplicarán la cláusula del despido más caro, el despido de 45 días por año trabajado. Insisto
en este periodo excepcional, porque es un periodo vital para conseguir una importante transformación de empleo temporal en indefinido. Es un momento excepcional para aprovechar estas circunstancias, que no se darán más a partir del 1 de enero del
año 2007. Como digo, a partir de ese momento solo los empleos indefinidos iniciales recibirán ayuda, no así los temporales, salvo algunas excepciones de carácter marginal. Es muy interesante que la sociedad española se conciencie de este hecho y
aproveche estas circunstancias. Hago especial hincapié en el aspecto excepcional de estas medidas, porque me gustaría que se comprendieran bien. Nuestra obligación es dar a conocer con la mayor difusión posible que este es el momento de la
conversión de temporales en fijos y que no va a haber otro en cuanto a las ayudas. También quiero destacar que esta es la reforma del impulso a la contratación indefinida inicial. A partir de ahora solo se estimulará y ayudará a quien no haga un
contrato temporal, es decir, a quien haga un contrato indefinido. El hecho de hacer un contrato temporal conllevará de facto la pérdida de la posibilidad de recibir cualquier tipo de ayuda en la contratación de ese trabajador. Esta reforma tiene
el objetivo de impulsar la contratación indefinida y el empleo estable. Estas son, por tanto, sus reglas del juego.



Señorías, el primer capítulo está conformado por un conjunto de medidas que actúan todas en la misma dirección, la que acabo de señalar: producir un rápido e intenso crecimiento de la contratación indefinida reduciendo el volumen de
contratos temporales por medio de su conversión y estableciendo la contratación indefinida como la fórmula de entrada de los trabajadores a las empresas cuando se trata de cubrir tareas y actividades permanentes de las mismas, lo que sucede en la
gran mayoría de los casos. El segundo capítulo de reformas que contiene el acuerdo se dirige a la adopción de medidas que promuevan una utilización más adecuada de la contratación temporal. Por ello adoptamos toda una serie de medidas. Primero,
se establecen límites temporales absolutos a la realización de sucesivas contrataciones temporales de la empresa con un trabajador. Esta medida parte de la consideración de que la actividad a


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cubrir por los contratos temporales es en realidad estable cuando se produce el encadenamiento o la sucesión de contratos temporales durante un largo periodo de tiempo. Esta limitación se establece a través de una doble actuación. De una
parte, se introduce en el ordenamiento laboral una automaticidad en cuanto a la condición de trabajadores fijos de aquellos que hayan sido contratados por una misma empresa por un periodo de 30 meses durante un plazo superior a los 24. Es decir, en
un periodo de 30 meses, si alguien ha estado trabajando 24 ó más meses en esa empresa, si ha concertado más de una relación contractual, más de un contrato, se considerará un contrato estable o indefinido, por cierto, sin importar si la relación
contractual ha sido realizada por la misma empresa o a través de una empresa de trabajo temporal. Y la segunda actuación consiste en un mandato a la negociación colectiva, es decir, a todos los convenios colectivos, sea cual sea su ámbito y
actuación, incluidos los pactos de empresa, a que establezcan los requisitos para prevenir la utilización abusiva de la contratación temporal de sucesivos trabajadores para cubrir un mismo puesto de trabajo. El mandato a la negociación colectiva
pretende, por un lado, adaptar mejor la regla a las características concretas de cada actividad, lo que sería imposible si esta se incorporara a la regulación general, y, por otro, aumentar su eficacia, ya que los convenios pueden recoger requisitos
de forma mucho más específica y pegada a la realidad que la propia ley. Dado que los límites al encadenamiento se refieren a la utilización de contratos temporales para una misma actividad laboral, sea esta realizada por el mismo trabajador o por
distintos trabajadores, se exceptúan de los mismos los contratos formativos de interinidad y de relevo, cuyas características entrañan una causalidad que se diferencia con claridad de cualquier otra relación laboral de carácter temporal. Es preciso
aclarar, no obstante, que estas limitaciones son aplicables al 90 por ciento de los contratos temporales que se suscriben en la actualidad. Dentro de este segundo capítulo de medidas se realiza, asimismo, la derogación definitiva del contrato
temporal de inserción y el restablecimiento de los límites máximos de edad de los trabajadores con los que se pueden suscribir los contratos para la formación. En tercer lugar, se adopta una serie de medidas dirigidas a garantizar que la
subcontratación no vaya en perjuicio de la protección de los trabajadores. Es importante destacar que los firmantes del acuerdo reconocen la importancia de la descentralización productiva en el marco de los profundos cambios que ha experimentado la
organización empresarial en las últimas décadas. Se trata, en consecuencia, de asegurar la protección de los trabajadores sin establecer limitaciones ni rigideces a la misma. En esta dirección, se introduce transparencia en las prácticas de
subcontratación. Cuando las empresas comparten el mismo centro de trabajo, el libro, de tal forma que se garantice que los representantes de los trabajadores conocen en todo momento cuáles son las empresas en las que están trabajando y cuál es su
cometido concreto, con especial énfasis en la coordinación de actividades para la prevención de riesgos laborales. Igualmente, y con la intención de evitar la carencia de representación de los intereses de los trabajadores de las contratas y
subcontratas, se les reconoce el derecho a que las cuestiones relacionadas con la ejecución de la actividad laboral en el centro de trabajo de la empresa principal sean planteadas a los representantes de esta. Finalmente, se reconoce el derecho de
coordinación de las representaciones sindicales de la empresa principal y de las contratas y subcontratas, así como la obligación de la empresa principal de ofrecer los medios básicos -local, tablón de anuncios- para el ejercicio de la actividad
sindical de los representantes de las empresas subcontratadas.



Este segundo capítulo incorpora también una regulación mucho más completa, clara y precisa de la cesión ilegal de trabajadores. En nuestro ordenamiento, señorías, la cesión temporal de trabajadores está permitida solo a las empresas de
trabajo temporal, para lo cual disponen de una regulación propia, que además se ha considerado adecuada y conforme a la normativa comunitaria tras las reformas realizadas en los últimos años.
La realización de prácticas de cesión de trabajadores
fuera del marco jurídico adecuado no es, pues, aceptable. Con tal motivo, se introducen en nuestra legislación, de forma detallada, los criterios que la jurisprudencia ha ido avanzando sobre esta materia. Este es otro elemento más que va a dotar
de mayor transparencia a nuestro mercado de trabajo en cuanto a la utilización adecuada de la subcontratación.



Finalmente, el capítulo dirigido a mejorar el uso adecuado de la contratación temporal se completa con medidas para aumentar la eficacia y la eficiencia del sistema de inspección, que constituye una pieza fundamental para evitar los fraudes
o la utilización impropia de la misma. Aparte del reforzamiento de efectivos y medios materiales -que, como saben SS.SS., es un camino que hemos iniciado desde el comienzo de la legislatura-, se constituyen órganos de participación de los
interlocutores sociales en los ámbitos estatal y autonómico, se apuesta por el carácter informativo, y no solo sancionador, de las campañas de inspección y se potencia el número de actuaciones dirigidas, entre otras, a la revisión del fraude en la
contratación temporal en las empresas y sectores con tasas de temporalidad excesivamente elevadas.



El tercer y último capítulo del acuerdo está dirigido a dos complementos esenciales de una política destinada a mejorar la calidad del empleo, la reforma de las políticas activas de empleo y la potenciación de los servicios públicos de
empleo, por un lado, y la mejora de los mecanismos de protección de los trabajadores ante la pérdida del empleo, por otro.
Comenzando por este último, el acuerdo, tras examinar el sistema de protección por desempleo, identifica debilidades y vacíos
en el marco de la protección, que se localizan precisamente entre los colectivos más desfavorecidos de nuestro mercado laboral. En consecuencia, el acuerdo contempla la


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adopción de medidas complementarias para mejorar la cobertura de los mayores de 45 años que no tienen responsabilidades familiares; de los parados de larga duración que tienen especiales dificultades para su inserción; de los trabajadores
fijos discontinuos que carecen de algunos derechos de los que disfruta el resto de los trabajadores, y de los trabajadores del sector agrario.



Complementariamente, el acuerdo adapta a la situación actual el mecanismo del Fondo de Garantía Salarial en un doble sentido: Primero, a la vista del continuado excedente financiero del fondo y en coherencia con la política de reducción de
costes laborales -que es una de las líneas inspiradoras de esta reforma-, se reducen a la mitad las cotizaciones al Fondo de Garantía Salarial; en segundo lugar, se aumentan las prestaciones que reciben los trabajadores para mejorar su grado de
protección, algo que no se abordaba desde hace más de 15 años. Por una parte, en caso de insolvencia empresarial, se doblan las cuantías que reciben los trabajadores, se incluyen las pagas extraordinarias y se eleva el número máximo de días de
salario que perciben los trabajadores; por otra, en las indemnizaciones por despido, extinción o finalización del contrato, se eleva el cálculo de tales indemnizaciones y se amplía la cobertura de las mismas a determinados supuestos de extinción
por causas objetivas a la finalización de contratos temporales y a las conciliaciones judiciales, entre otras.
Hasta aquí, e inevitablemente, señorías, de forma muy resumida, los contenidos del acuerdo.



Quisiera, a continuación, ya brevemente, llamar su atención sobre algunas de las características básicas que tiene este acuerdo para, de esta forma, poder pasar a hacer una reflexión sobre cuál es el funcionamiento que van a tener las
reformas que el mismo introduce. El conjunto de medidas y contenidos básicos del acuerdo tiene, en mi opinión, una coherencia y una lógica que explican su razón de ser. En primer lugar, es un acuerdo, señorías, que parte del conocimiento y del
reconocimiento de lo que hoy tenemos, del mercado de trabajo que tenemos, que por cierto es resultado de un largo proceso de reformas que lo han ido adaptando, de forma continuada y paulatina, y la mayor parte de las veces sin saltos en el vacío,
sin inconsistencias ni discontinuidades. Esto mismo pretende este acuerdo, dar un paso más en la dirección en la que, mediante sucesivas reformas, camina y avanza nuestro mercado laboral, y ciertamente, a la vista de los resultados que estamos
obteniendo en crecimiento de empleo -no creo que nadie discuta que son los mejores de todos los países desarrollados-, sería muy poco prudente y muy desacertado realizar reformas tajantes o radicales que pusieran en peligro el ritmo con el que en
este momento creamos empleo. En todo caso, siempre ha sido un requisito inexcusable para el Gobierno que las reformas acordadas no pusieran en modo alguno en peligro el proceso de creación de empleo, es decir, el acuerdo parte de reconocer que las
instituciones que rigen nuestro mercado de trabajo son las adecuadas y, por lo tanto, mantiene las características y cualidades básicas de las mismas, dando pasos en su buen funcionamiento y en mejorar la utilización que de ellas se realiza. En
segundo lugar, es un acuerdo que mantiene íntegro e intacto el marco de flexibilidad del mercado de trabajo -si algo hace en este aspecto es más bien avanzar en ese marco de flexibilidad-, pero reduciendo y mejorando los costes y funcionamiento de
la contratación indefinida y del empleo estable en las empresas; es un acuerdo que ayuda al empleo estable y mejora la protección de los trabajadores, manteniendo la flexibilidad del sistema. En tercer lugar, da un considerable impulso a la
estabilidad del empleo mejorando los derechos de los trabajadores. Pocos acuerdos se han librado de eso que se llaman recortes sociales, pero este sí, no hay ni uno solo y sí muchas ventajas y mejoras en la calidad del empleo. En cuarto lugar,
aborda el problema de la temporalidad como lo que es -y creo que hay un gran consenso sobre esto, es un problema más cultural que de legislación- y la reforma induce un uso más adecuado de las modalidades de contratación por parte de las empresas.
Quiero recordar, señorías, que los contratos temporales en nuestro país son causales y no pueden ser utilizados sin que exista o se produzca en la empresa la causa para la cual fueron previstos por nuestro ordenamiento jurídico. Quiero recordar que
el contrato tipo de nuestro ordenamiento jurídico es el contrato estable, el contrato indefinido, y que el contrato temporal es una excepción que tiene que responder a unas causas determinadas. Sin embargo, en buena parte por desconocimiento, en
muchas empresas se piensa que el contrato correcto es el temporal hasta que no se esté convencido de la seguridad o permanencia de la actividad o de la idoneidad del trabajador. En otros casos, es frecuente imaginar que el despido de un trabajador
que tiene contrato indefinido puede arruinar la empresa, cuando esto, señorías, no es en absoluto cierto. Con las medidas de este acuerdo, la diferencia de costes entre temporal e indefinido beneficia al indefinido, especialmente teniendo en cuenta
su mayor productividad, motivación, fidelidad e identificación con la empresa. En suma, no estamos ante un problema de falta de regulación o de legislación inadecuada. Con la actual la temporalidad podría ser menor, a condición de que se utilice
adecuadamente la contratación temporal y se conozcan e interioricen por las empresas las ventajas de la contratación indefinida. Esto es precisamente lo que pretenden las reformas que contiene este acuerdo: no realizar grandes cambios ni
experimentos sobre instituciones que ya están bien reguladas o sobre un mercado de trabajo que funciona en conjunto increíblemente bien. A veces escucho que hay que hacer un cambio copernicano de nuestro modelo. Yo me pregunto: si es de los que
mejor funcionan del mundo desarrollado, ¿para qué hay que hacer un cambio copernicano? Habrá que pedir cambios copernicanos a aquellos que funcionan peor, pero a éste que está funcionando increíblemente bien durante bastante años, parece que lo
oportuno es establecer los ajustes necesarios y las medidas concretas


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para mejorar todavía más su funcionamiento. Lo que busca el acuerdo, señorías, es cambiar culturas y modos de hacer y por eso escoge un conjunto de medidas que todas ellas facilitan el cambio.



Las reformas que contiene el acuerdo van a operar en tres fases. La primera, durante los primeros meses de vigencia de sus medidas y hasta final de año se concentran las medidas para estimular una amplia y rápida conversión en fijo del
empleo temporal actualmente en vigor. Operarán conjuntamente las siguientes medidas: las fuertes bonificaciones a la conversión de contratos temporales en indefinidos, 2.400 euros en tres años; se restablece la posibilidad de realizar las
conversiones de los contratos temporales en contratos indefinidos de fomento, aunque el contrato temporal se hubiera formalizado después del 31 de diciembre del año 2003, es decir, la mayoría de los actualmente en vigor; se reducen las cotizaciones
para todo el empleo fijo, tanto antiguo como nuevo, en las empresas y se reducen las aportaciones al Fogasa, Fondo de Garantía Salarial. Es muy importante señalar que al mismo tiempo que se bonifican los contratos temporales existentes, si se
convierten en fijos antes de fin de año, desaparece definitivamente la posibilidad de obtener bonificaciones en el futuro por la conversión de contratos temporales que se suscriban a partir de la entrada en vigor de la reforma. En consecuencia, en
esta primera fase la reforma pretende dos cosas: una, que se realice el mayor proceso posible de conversión o transformación de temporales en fijos y, dos, que se cambien desde el primer día de su vigencia las conductas y se suscriban desde el
inicio -siempre que sea factible, lógicamente- contratos indefinidos en lugar de los encarecidos temporales.



En la segunda fase, a partir de comienzos del año 2007, la situación será la siguiente: habrán desaparecido las bonificaciones a las nuevas conversiones de temporales que estén al día de hoy en vigor; habrán desaparecido hace meses las
bonificaciones a la conversión de contratos temporales de nueva suscripción. De hecho, la contratación de un trabajador temporal para un puesto de trabajo fijo penaliza, ya que se pierde la posibilidad presente y futura de percibir ayudas por la
contratación estable de este trabajador. Si el puesto de trabajo es estable, el empresario obtiene grandes beneficios si lo contrata establemente y no obtendrá beneficios si lo contrata temporalmente. Aunque continuará hasta finales del año 2007
la posibilidad de convertir los contratos temporales que se suscriban hasta el 31 de diciembre de este año en contratos indefinidos de fomento, sin embargo, la bonificación será cero. Se podrá usar el contrato con coste de despido menor, pero ya no
habrá bonificación. La reducción de cotizaciones al empleo indefinido es permanente, de tal forma que continuarán sufragando un coste superior las empresas que mantengan mayor volumen de empleo temporal. Continuarán, asimismo, y con una duración
de cuatro años desde el inicio del contrato, los fuertes incentivos a la suscripción de contratos indefinidos, incentivos superiores cuanto mayor es la dificultad del colectivo. Se vigilará mucho más concienzudamente la contratación temporal, de
tal forma que el fraude estará mucho más perseguido y estará corriendo el contador de los encadenamientos de contratos temporales y de su correspondiente transformación automática en trabajadores fijos de las empresas. En suma, en la segunda fase
el incentivo a la conversión se atenúa para hacerse mucho más fuerte la presión a favor de la utilización de contratos indefinidos iniciales, tanto por la enorme diferencia en el tratamiento económico de unos y otros como por la creciente presión
sobre la utilización inadecuada de los contratos temporales.



En 2008, señorías, comienza la tercera fase de la actuación de las medidas de reforma. A mediados del año 2008, se producirá la segunda parte de la reducción general de cotizaciones de empleo estable. A su vez, estará próximo el momento en
que computen los límites máximos al encadenamiento de contratos temporales. Las reforzadas bonificaciones a la contratación indefinida, las sucesivas reducciones de las cargas sociales al empleo estable, la diferencia de costes entre contratación
temporal e indefinida, el grado de difusión alcanzado por esta política de estímulos, el papel de la negociación colectiva y el control más estricto en la utilización de la contratación temporal actuarán de forma que el uso tan extremo y prolongado
de contratos temporales sucesivos esperemos que sea un fenómeno poco frecuente. Del funcionamiento de las medidas contenidas en el acuerdo se puede deducir, como les decía antes, que su pretensión es sobre todo producir el cambio en la cultura y en
los modos de hacer en las empresas, buscando establecer conductas de utilización adecuada de la contratación temporal, necesaria para garantizar el buen funcionamiento productivo y generar una propensión creciente y preferente a la utilización de la
contratación indefinida. Con ello facilitaremos, a su vez, que se vuelva la mirada hacia los importantes elementos de flexibilidad interna que guarda desde hace años nuestro ordenamiento laboral y que permanecen en buena parte inéditos debido al
recurso excesivo a la temporalidad. Igualmente, estas reformas podrían inducir un uso creciente de la formación y del incremento del capital humano que son los yacimientos verdaderos y estables de la flexibilidad y de la productividad.



Para acabar, señorías, por las explicaciones anteriores comprenderán por qué hemos calificado el acuerdo de ambicioso, realista, coherente, equilibrado y eficaz. Es ambicioso por la amplitud de sus contenidos, tranquilo y realista porque
continúa la senda de las buenas experiencias anteriores y porque ha huido de las reformas y las recetas de laboratorio concebidas a espaldas de los protagonistas sociales, coherente porque ha alcanzado un punto razonable de equilibrio entre las
aspiraciones de todos los participantes en la negociación y contiene un catálogo extenso de medidas que aúnan flexibilidad y seguridad, y eficaz y eficiente porque producirá resultados a corto y medio plazo por la aplicación conjunta y


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coordinada del conjunto de medidas que actúan todas ellas en la buena dirección: aumentar el empleo, promover la contratación indefinida, el uso adecuado de la contratación temporal y la transformación de contratos temporales en
indefinidos. Es un acuerdo, en suma, que va en la buena dirección, que supondrá un avance hacia el objetivo pretendido por todos: la reducción progresiva de las tasas de temporalidad, preservando los niveles de creación de empleo, sin atentar -ni
mucho menos- contra los derechos de los trabajadores, sino reforzándolos, y sin merma alguna de la flexibilidad necesaria para el funcionamiento de las empresas. Los réditos de un acuerdo social, señorías, son cuantiosos. Me referí al comienzo de
esta intervención a ellos. Me parece que existen pocas dudas acerca de su beneficiosa influencia sobre el clima social, sobre el desenvolvimiento de las empresas, sobre la generación de un horizonte con menores incertidumbres que facilita la
inversión, el crecimiento y el empleo.



Hacía tiempo que no se conseguía un acuerdo de este nivel, en esta ocasión se ha conseguido y hacía también tiempo que no se realizaba una reforma de esta naturaleza. Se inscribe, repito, en el marco de reformas anteriores, y es por ello
que creemos que este acuerdo para mejorar la calidad del empleo y la productividad lo va a garantizar, porque promueve ese crecimiento económico y la reducción del paro, impulsa la contratación indefinida, incentiva los contratos estables frente a
los temporales, estimula el empleo estable, especialmente para jóvenes y mujeres, limita la contratación temporal, prohibe la cesión ilegal de trabajadores, mejora la protección frente al desempleo y eleva las prestaciones de los trabajadores a
través del Fondo de Garantía Salarial.



Por supuesto espero que este acuerdo sea de todos y beneficie en su conjunto a la sociedad española, y por eso les pido a todos ustedes su cooperación y apoyo para su puesta en marcha.



La señora PRESIDENTA: Continuamos con la intervención de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Popular y luego de menor a mayor, sabiendo que la señora Fernández y la señora Barkos comparten el tiempo.
El señor Azpiroz tiene
la palabra.



El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor ministro, por su presencia y por su exposición motu proprio. Quiero decirle que esperamos y deseamos que suceda lo que usted ha planteado, que se reduzca la temporalidad en el mercado de trabajo
español y que nuestros conciudadanos tengan una mejor calidad en sus relaciones laborales y en sus contratos. Voy a iniciar mi exposición haciendo un reconocimiento que usted reflejaba en las últimas palabras de su intervención en cuanto a que
nosotros valoramos positivamente lo que implica un consenso derivado del diálogo social y por tanto un acuerdo. Nos parece que esto es un valor que hay que atender y reconocer. Dicho esto, también he de hacer algunas apostillas y manifestaciones,
por cuanto es evidente que este acuerdo es tripartito y nace por primera vez dentro del diálogo social como consecuencia de un documento que su propio ministerio aportó al diálogo social, y en este sentido permitirá que le diga que nos parece que el
acuerdo es importante en cuanto a la cuestión también relevante de la temporalidad, pero nos parece escaso e insuficiente en el sentido de que no aborda otras cuestiones que, tras tanto tiempo y tras unas expectativas tan amplias, pensábamos que se
podrían abordar. Insisto en que, no obstante, el acuerdo es el que es, y en esa medida nos parece bien que sea objeto de un consenso.



Hablando de la temporalidad, yo he de recordar, no obstante, algunas cosas antes de ver los frutos de esta reforma de la temporalidad en la contratación. Usted ha hecho una intervención que yo comparto, ha venido a decir que, dependiendo de
la exposición dialéctica que hagamos de las cosas, se ven de un modo o de otro, por ejemplo, cuando usted hablaba de los contratos indefinidos versus la temporalidad. En la anterior legislatura yo solía decir que si en vez del 9 ó el 10 por ciento
la contratación indefinida cada mes fuera el 12 por ciento, estaríamos en el pleno empleo y todos serían indefinidos, y sin embargo las críticas del grupo entonces mayoritario en la oposición eran amplias, como lo eran con relación a la temporalidad
en el mercado laboral, tema en el que tuvimos que sufrir creo que una grave incomprensión cuando recibimos un mercado de trabajo que tenía una alta tasa de temporalidad, una tasa del 34,83, y la redujimos al 30,1, que es lo que ustedes han heredado,
es decir 4,7 puntos, reduciéndose un 16 por ciento la temporalidad en ocho años de Gobierno popular, y sin embargo en su momento fue objeto de críticas: hay una enorme precariedad, una enorme temporalidad... Creo que nosotros hicimos un esfuerzo
sostenido, esperamos que ahora con este nuevo instrumento se profundice y se le dé un impulso definitivo a la reducción de la temporalidad, porque en dos años de su Gobierno, señor ministro, nos hemos encontrado con la situación contraria, que la
temporalidad ha subido y en este momento está por encima del 34 por ciento, y usted sabe que es objeto de preocupación hasta del líder del propio sindicato UGT, que ha hecho manifestaciones públicas en este sentido que creo ocioso tener que leer
aquí. Por tanto, bienvenido un acuerdo en cuanto a la temporalidad, bienvenido que nosotros nos adhiramos a ello y bienvenido que racionalicemos los objetos del debate en esta materia, porque me parece que es importante, pero lo cierto es que
nosotros redujimos cinco puntos sin tener un instrumento como este y ustedes de momento prácticamente han subido cuatro puntos, y esperemos que se resuelva esta materia en parte con este instrumento. ¿Por qué en parte? Porque creo que convendremos
todos también en que un núcleo importante de la temporalidad se da dentro de las administraciones públicas y el crecimiento a lo largo de los últimos años, más que en las empresas de libre mercado, se ha venido produciendo en el ámbito de la
Administración pública, y muy especialmente


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de las administraciones locales. En este sentido he de decirle que me hubiera gustado que, paralelamente al acuerdo que hoy estamos debatiendo, el Gobierno -no sé si usted o el ministro de Administraciones Públicas- trajera hoy aquí un
ambicioso plan de acometida de reducción de la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas, que obviamente es complicado en cuanto a que hay personal funcionarial y laboral, todos sometidos de alguna manera a la capacidad y al mérito,
pero también es verdad que no puede haber trabajadores de primera y de segunda, y no es lo mismo que un señor esté trabajando como profesor en una escuela pública o en un colegio privado, ya que en este último el sistema de encadenamiento de
contratos hará que su contrato sea indefinido y en uno público, a día de hoy, no. Nos gustaría que abordaran eso, nos habría gustado que hoy hubieran traído una reflexión en este sentido, y le anuncio que vamos a plantear una iniciativa relativa a
las administraciones públicas en esa Comisión y bajo la forma parlamentaria de una proposición no de ley, porque nos parece que debe ser un complemento imprescindible para la reducción de la temporalidad y de las situaciones de desigualdad que se
pueden producir entre las personas que se ven sometidas a esto, algunas de las cuales tienen un cauce, el de la reforma, y acaban con un contrato indefinido, y otras lamentablemente no.



Hay otras cuestiones que nos habría gustado que abordara el acuerdo.
Recientemente nosotros contribuimos a rechazar una iniciativa parlamentaria relativa a la negociación colectiva que formulaba Esquerra Republicana de Catalunya, no
compartíamos los argumentos que sustentaban aquella iniciativa, pero yo creo que hay un denominador común en casi todos que es la necesidad de proceder a la progresiva modernización de la negociación colectiva como vía convencional que regula las
relaciones laborales, con la importancia que eso tiene en el mercado de trabajo. Era una ocasión de oro, en nuestra opinión, para profundizar ahí. ¿Por qué? Porque afortunadamente estamos todavía en un momento de buena creación de empleo, y ojalá
dure, pero también hay otros parámetros, no estrictamente el mercado laboral, pero que le afectan directamente, como los que se refieren a la inflación, tasa que nos hace cada día menos competitivos con los países de nuestro entorno porque nuestros
productos cada vez cuestan más y por tanto llegará un momento en que haya problemas para colocarlos y venderlos en el exterior, y ello se está traduciendo en una balanza exterior con unos parámetros históricos de déficit, y eso al final debe
corregirse, no hablando en un texto -que nos parece muy bien- de la competitividad, sino llegando todos a un pacto de competitividad que probablemente algún día haya que hacer, en el cual nos planteemos si tenemos que seguir con modelos salariales
de indexación al IPC más una subida adicional o vincularlos a la productividad o tener otros criterios de flexibilidad interna en las empresas, no solo para el empresario, también para el trabajador en cuanto a la posibilidad de conciliar vida
laboral y familiar, en cuanto a la formación y en cuanto al tan recurrente y manido por todos I+D+i que hay que incorporar a nuestros procesos productivos, a nuestros servicios y a nuestros productos para que vayan teniendo el valor añadido
suficiente para poder seguir creciendo. Esta situación no se plantea y nos apena porque habría sido una magnífica ocasión para ello. Ojalá se produzca lo que usted dice de la temporalidad, porque hay segmentos como el de los inmigrantes
regularizados donde estamos viendo que el 94 por ciento de los mismos tienen un contrato temporal. Ojalá se produzca esa situación, ya lo veremos.



Con relación a la siniestralidad laboral, más allá de que se pueda estar trabajando en orden al tema de las enfermedades profesionales, usted ha hecho una alusión a tres puntos que en definitiva son desarrollos del acuerdo que en su día
celebró el Gobierno popular con los sindicatos y empresarios con relación a la lucha contra la siniestralidad laboral. Yo he de manifestar nuestra preocupación -y aquí no haré ninguna demagogia, porque creo que el tema merece el respeto máximo
cuando se producen tragedias humanas como son las muertes- porque estamos invirtiendo la tendencia de los años 2003 y 2004, y en cuanto a 2005 ahora sí tiene usted la oportunidad de analizar el año en su conjunto, porque yo le hice una pregunta
parlamentaria en un Pleno y me dijo que esperáramos al análisis del año. Bien, pues el análisis del año, señor ministro, le otorga a España un crecimiento del 1,2 por ciento en los accidentes mortales. Debemos hacer un esfuerzo importante para
contribuir a que esa tendencia de reducción de los dos años precedentes, pese al incremento del empleo en aquellos años, continúe en el futuro y no recurramos a una situación contraria y de agravamiento de los accidentes muy graves y sobre todo
mortales como la del año 2005.



Hay cuestiones del acuerdo con las que estamos totalmente conformes, de hecho hemos planteado alguna aunque no exactamente en los términos que se han recogido. Por ejemplo, en el debate presupuestario formulamos enmiendas en cuanto al fondo
de garantía salarial. Cómo no vamos a estar de acuerdo si nosotros proponíamos la reducción al 0,2 por ciento.
Ustedes, además, han mejorado las prestaciones en el acuerdo del tripartito. Nosotros habíamos propuesto ampliar el número de
beneficiarios y ustedes han optado por una alternativa, con la que no estamos en contra porque el núcleo esencial de las empresas españoles es de menos de veinticinco trabajadores. Quizá le reconozca que sea más favorable lo que el acuerdo de los
interlocutores sociales han determinado que nuestra propuesta vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado.



En cuanto a la formación continua, como usted ha hecho referencia a ella yo no pensaba hacer aquí ningún tipo de reflexión, pero le traslado la preocupación que se detecta en las comunidades autónomas en cuanto a que se están invadiendo
competencias, y las normas que se dicten pueden devenir inconstitucionales. Creo que


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conviene que intensifiquen el diálogo. No sé si ese real decreto ha sido objeto de rápidas alegaciones, si ya lo van a aprobar o en qué fase está, pero ustedes deben intensificar el diálogo con las comunidades autónomas sobre estas
cuestiones.



Para concluir, ya que el tiempo se me acaba, quiero decirle que nos alegraríamos mucho de que sus augurios se hicieran realidad y que contribuiremos en lo que podamos para que así sea. Reiteramos que, complementariamente, debería existir
una acción específica para la reducción de la temporalidad en las administraciones públicas y que lamentamos, desde la valoración positiva del acuerdo, que tras tanto tiempo y tantas expectativas este acuerdo no haya sido el que aborde el núcleo
estructural del mercado de trabajo. Aborda un tema importantísimo, como es el de la temporalidad, pero no aborda otros que, en un mundo globalizado, de economías abiertas, son precisos para seguir creciendo económicamente y en términos de empleo.



Tal y como manifestó mi compañero Miguel Arias y tal y como se efectuó en el año 1997, debe producirse no solo una mera convalidación del decreto sino su tramitación como proyecto de ley. Todos aquí evaluamos positivamente lo que han hecho
los interlocutores sociales, pero esta es la soberanía popular, incluso daríamos satisfacción a lo que se establece en la disposición final segunda del acuerdo, habida cuenta de las modificaciones específicas, al menos de los artículos 42 y 43 del
Estatuto de los Trabajadores, con esa regulación acomodada a la jurisprudencia de lo que no es una cesión ilegal de mano de obra. En todo esto remamos en la misma dirección, porque los objetivos son los mismos: mejorar la cantidad y la calidad del
empleo. Ojalá que en el futuro los interlocutores puedan abordar alguna de las cuestiones que hoy echamos en falta.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Fernández.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor ministro, le agradecemos la deferencia de comparecer en la Comisión para explicarnos los acuerdos alcanzados en materia de mejora de la contratación o del empleo, así como que fuese tan exhaustivo en casi
todos los aspectos de esos acuerdos alcanzados con dos centrales sindicales y la representación empresarial.



Señor ministro, hay dos frases que acaba de manifestar en su exposición a las que quiero hacer referencia. Una es que se inscribe dentro de las reformas anteriores, concretamente en la reforma de 1997 llevada adelante por el Partido
Popular, y otra en la que usted expresa con contundencia que esta reforma mantiene intacto, según usted -lo dijo con énfasis-, el marco de la flexibilidad. No nos extraña, después de estas frases dichas por usted en esta comparecencia y después de
analizar pormenorizadamente el documento de los acuerdos alcanzados, que en la intervención del diputado del Partido Popular malamente se disimulaba la satisfacción por el acuerdo alcanzado, ya que esas dos frases definen exactamente el acuerdo que
usted nos trae hoy aquí. No nos satisface que se inscriba en el marco de las reformas anteriores porque se perdió una oportunidad de intervenir en la realidad de la temporalidad laboral, que es fruto de la descentralización productiva, que es la
que provoca los efectos desreguladores que existen en este momento en el mercado laboral. Por tanto, desde nuestro punto de vista, no debería ser tanta la satisfacción que usted nos manifiesta desde un Gobierno que se define como socialista y que
debería de tener en cuenta una realidad social de los trabajadores y las trabajadoras de todo el Estado español. Cuando usted habla de que mantiene intacto el marco de la flexibilidad laboral nos ratifica en una observación que hacíamos al hilo de
la reflexión y del análisis de los acuerdos, y es, señor ministro, que existe una desigualdad, o cuando menos un desequilibrio, entre las medidas que se toman en los acuerdos dirigidas a una política de abaratar o disminuir el gasto salarial a las
empresas y las políticas dirigidas a garantizar una mejor empleabilidad o unas mejores condiciones en la contratación. Esto lo decimos porque, incidiendo en las reformas anteriores, se hace un incremento de las subvenciones en la contratación,
ampliando no solo las cantidades sino el tiempo a subvencionar lo que antes se denominaban bonificaciones. Por cierto, señor ministro, nos gustaría que nos aclarase si estas subvenciones van a seguir estando a cargo de la Seguridad Social como las
bonificaciones de las reformas anteriores o si tienen previsto que sean a cargo de los Presupuestos Generales del Estado o a qué partidas de estos presupuestos irían orientadas, porque nos gustaría que no agravasen más unos acuerdos desequilibrados
y que siguiera siendo la Seguridad Social quien tuviera que cargar con estas subvenciones, incentivando a la contratación indefinida. No solo por eso son desequilibrados, sino porque se hacen una serie de reducciones a cuotas empresariales, como en
el caso de Fogasa. Aunque entendemos que es una legítima y antigua reivindicación empresarial reducir la cuota empresarial a Fogasa y que dada la situación de bonanza económica que existe incluso puede ser adecuada, nos gustaría que nos explicara
si ustedes creen que en un futuro no inmediato pero tampoco lejano, de acuerdo con las previsiones del crecimiento económico establecidas por las encuestas de la Unión Europea, se podría hacer esa reducción del 0,50 por ciento en la cuota
empresarial a Fogasa. Del mismo modo, nos preocupa la suficiencia del seguro de desempleo después de las reducciones que se hacen, teniendo en cuenta que en la propia reforma -usted ahí también hizo hincapié- se habla de una serie de mejoras a las
personas paradas. En realidad hay más medidas relacionadas con las personas paradas que con las personas que deben de ser contratadas laboralmente. Por tanto, debido a esta reducción empresarial que se hace, nos gustaría saber si ustedes tienen
medidas para garantizar la suficiencia tanto de Fogasa como del seguro de desempleo. La pregunta es, en la medida en que no dice el acuerdo lo contrario, si


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estas reducciones empresariales se van a hacer independientemente de que las empresas tengan todo su personal temporal indefinido o cualquier tipo de contratación. Es decir, no es una reducción condicionada, sino incondicional, o por lo
menos en una parte del acuerdo nosotros no vemos ninguna cosa distinta. Eso era lo que yo le trataba de decir sobre el desequilibrio de las medidas de contratación. ¿Por qué? Evidentemente entendemos que existe una voluntad por parte del Gobierno
de que estas medidas dirigidas al sector empresarial tuvieran un reflejo después en la creación de empleo, pero aquí yo haría un matiz -porque lo interpretaba así en su intervención cuando hablaba de la creación de empleo-, la creación de empleo que
puede ser indefinida o temporal, puede ser a tiempo completo o parcial, y eso no lo deja garantizado el acuerdo alcanzado.



Por otro lado, hay otras cuestiones que tampoco deja aclaradas el acuerdo, pero hay una que a nosotros nos preocupa, y es que se mantiene todo el apartado del modelo de contrato por obra y, como decíamos, se renuncia a discutir profundamente
las razones que provocan la desregularización en el mercado laboral. Algo que se contempla como una gran medida, y ustedes lo están vendiendo así, es lo que se recoge en la cesión ilegal de trabajadores. Nosotros entendemos que lo único que se
hace en el documento es trasponer las sentencias que en este momento ya existen y que son consecuencia de las reclamaciones.



El tiempo se me acaba y quiero dejar clara otra cosa, y sé que mi compañera va a continuar en esta misma línea. No presuman, señor Caldera, de que por primera vez se alcanza un acuerdo teniendo en cuenta a los protagonistas sociales, porque
no es así. Hay un acuerdo con parte de los protagonistas sociales, pero no con todos ellos, y hay incluso un compromiso adquirido por usted en sede parlamentaria de entablar diálogo con todos los agentes sociales, aun no estando incluidos en la
mesa de negociación, y a día de hoy eso aún no se ha hecho, por lo tanto...



La señora PRESIDENTA: Señora Fernández.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, remato, señora presidenta, después de la insistencia, porque si no tendría que continuar más tiempo.



La señora PRESIDENTA: Señora Barkos.



La señora BARKOS BERRUECO: Agradecer también, cómo no, la comparecencia del ministro de Trabajo en esta sesión para exponer las líneas de este acuerdo.



Ayer mismo teníamos oportunidad de escuchar al presidente del Gobierno en la sesión de control parlamentario que nos señalaba textualmente: Es evidente que uno de los problemas sociales y económicos que tiene nuestro mercado laboral es un
exceso de contratación temporal y la necesidad de elevar la contratación indefinida. Entiendo que están de acuerdo todos los aquí presentes, y por supuesto el ministro en la exposición que nos realizaba en estos momentos, pero yo tengo que empezar
por aquí.



Señor ministro, ¿responde este acuerdo para la reforma del mercado laboral a esa necesidad de elevar la contratación indefinida? Nos va a decir que sí, nos lo ha dicho ya en la exposición e indudablemente nos lo va a decir en la respuesta,
pero yo quiero atar más corto, no sé si rematar, pero atar mucho más corto la respuesta a este respecto. ¿Ataca este acuerdo, con posibilidades reales de ser efectivo, al núcleo del problema en uno de los tramos más dañinos de la contratación
temporal, como son los contratos hasta los seis meses? En la exposición que nos hacía usted esta tarde parece que no, yo creo que ha quedado así definido, pero ahora nos lo va a exponer, veo además por sus expresiones que lo va a hacer con
contundencia. Espero que la reforma sea igualmente contundente con respecto a este tramo, porque es lo realmente preocupante en estos momentos. Nosotros nos tememos que no, señor ministro. Además nos encontramos con que en la promoción de los
contratos indefinidos de fomento del empleo -voy a ser muy breve, y por eso vamos a trabajar, por parte del Grupo Mixto al menos, casi en términos de flashes- esto va a traer un coste importante en lo que respecta a ingresos públicos, y nos gustaría
saber, señor ministro, si el Gobierno tiene contabilizado el coste público de esta reforma laboral, porque existe.



Otra línea de medidas importantes, y estamos absolutamente de acuerdo, son las que van contra el fraude de la contratación. El tercer tipo son algunas de las mejoras en el subsidio de desempleo de mayores de 45 años y en las prestaciones de
Fogasa. En su conjunto son medidas que corrigen determinados excesos y abusos en la contratación por alta rotación, pero no se entra en algunas de las orientaciones más relevantes para reducir la temporalidad, fundamentalmente en un capítulo que
nos parece que no queda lo suficientemente definido en este acuerdo, que se refiere a las subcontratas. No entra en el meollo de la cuestión de lo que en estos momentos es uno de los dramas de la contratación temporal en el conjunto del Estado.
Dice usted que el contrato temporal debe ser la excepcionalidad, pero es que en el Estado español estamos hablando de una excepcionalidad, señor ministro, de más del 30 por ciento, como todos sabemos perfectamente en esta Comisión, y nos encontramos
con que la reforma no consigue corregir una excepcionalidad de un tercio del mercado laboral. Las diferencias con respecto al conjunto de la Unión Europea, de los mercados laborales de otros Estados socios, son tan notables como para que esto
mereciera -sobre todo insisto en lo referido a la subcontratación- un acuerdo mucho más contundente en medidas de contraataque.



Finalmente, lo anunciaba la señora Fernández, y seguramente no seré la única portavoz que aluda a esta cuestión, en lo que respecta a la legitimidad a este acuerdo de reforma, señor ministro, quiero poner en evidencia que el acuerdo tiene
cuanto menos déficits


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territoriales, y permítame que lo exprese así porque la expresión es territorial. Hemos escuchado una expresión desde Galicia, sin duda lo vamos a hacer desde la Comunidad Autónoma Vasca, y yo me voy a referir a Navarra, que es el
territorio que conozco y que me corresponde representar. El acuerdo al que ha llegado con los agentes sociales en Navarra, en términos sindicales, podrá ser efectivo con el 56 por ciento de la representación sindical, pero este acuerdo de reforma
del mercado laboral no se refiere, no cuenta, no contempla la opinión, la expresión y la capacidad de llevarlo a cabo de un 44 por ciento de la representación sindical en Navarra. (Rumores.) Responderá el señor ministro, señorías.
En cualquier
caso, como digo, existe un déficit de representación territorial. Sí, señorías, un 44 por ciento de la representación sindical en Navarra no está en manos de ninguno de los dos sindicatos que han llegado a este acuerdo. En cualquier caso, si el
señor ministro tiene a bien explicarme dónde está la equivocación yo se lo agradeceré, pero insisto, señorías, el 44 por ciento de la representación sindical en Navarra no está representada en este acuerdo de reforma laboral. Esta es una de las
principales objeciones que entiendo que cualquier diputado podría expresar a esta reforma.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida, la señora García.



La señora GARCÍA SUÁREZ: En nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds agradecer, en primer lugar, al señor ministro esta comparecencia y la explicación que en relación con el acuerdo de la reforma laboral nos ha
proporcionado.



Quisiera dejar constancia de que somos perfectamente conscientes de la dificultad de cualquier acuerdo, y más aún de un acuerdo como el que estamos debatiendo hoy aquí. Esta dificultad la queremos poner encima de la mesa por lo que supone
haber estado casi dos años de negociaciones y por el esfuerzo, del que nosotros no tenemos ninguna duda, que los sindicatos han realizado para conseguir el mejor acuerdo posible. Dicho esto, también pensamos que no se debe sacralizar nada y que, en
definitiva, deberíamos estar un poco más acostumbrados a aprovechar precisamente los debates de acuerdos y de negociaciones para, colectivamente, hacer un poco de pedagogía política y social. Esto me lleva, en primer lugar, señor ministro, a hacer
la siguiente consideración: un acuerdo es lo que es; siempre puede ser peor, indudablemente, pero este acuerdo podía haber sido muchísimo mejor.
Creemos que en este caso el Gobierno debería ser más prudente -los sindicatos lo están siendo,
tampoco están haciendo una valoración extraordinaria de este acuerdo- y ver las limitaciones que se han ido poniendo encima de la mesa -la prensa y las comunicaciones de los sindicatos así lo han planteado- y, por tanto, sus puntos fuertes, pero
también sus enormes debilidades. Es importante hablar de las debilidades de cualquier acuerdo porque es la única manera, le parece a nuestro grupo, que ayuda a avanzar y, sobre todo, a no crear falsas expectativas y, después, frustraciones
importantes también en la sociedad. Por tanto, está bien situar los avances -voy a explicar también algunos de ellos- pero también es importante poner encima de la mesa aquello en lo que no se ha avanzado porque, si no, ni hay más sensibilidad ni
más conciencia de la realidad en la que nos encontramos. Esta es una apreciación que quería poner encima de la mesa en primer lugar.



Para nosotros un objetivo principal de este acuerdo era atender -usted también lo ha comentado, señor ministro, así como los portavoces que me han precedido- a la principal lacra del modelo laboral actual -se ha dicho aquí pero que yo quiero
ponerla también encima de la mesa- que son tasas de temporalidad -se ha dicho también, el 35 por ciento-; la precariedad; la siniestralidad y la economía sumergida -voy muy deprisa en todo esto- que existen en nuestro mercado de trabajo, y los
profundos déficits de nuestra estructura productiva que, a la vez, favorece una importante deuda exterior. Debemos también señalar que los beneficios empresariales se sitúan en lo más alto de la historia económica de nuestro país y que los salarios
de los trabajadores pierden presencia en el PIB. Además, la inversión de las empresas en I+D+i es de las más bajas de toda la Unión Europea y nuestro crecimiento está excesivamente centrado en el consumo interno y en un descontrolado sector de la
construcción. Con el acuerdo, señor ministro, creemos que si bien se ha podido avanzar en algunos aspectos, en absoluto será suficiente -lo creemos y lo lamentamos- para impulsar de verdad un proceso integral de fortalecimiento del sistema
productivo. ¿En qué lógica? En la lógica de mejorar la calidad y la seguridad en el empleo y de solventar los déficits estructurales de nuestro mercado laboral que no son otros que mayor necesidad de calidad, de seguridad y de igualdad.



Por otra parte, al inicio he comentado que hablaría de algunos de los puntos importantes que reconocemos que han sido o que pueden ser un avance. Los voy a decir muy rápidamente porque, en definitiva, usted los ha explicado con mucho
detalle y no querría cansarles. Por un lado, como aspecto positivo, está la limitación de encadenamientos de contratos que puede representar, es cierto, un freno al abuso descomunal que hoy se viene produciendo en nuestro mercado laboral por parte
de las empresas.
Igual valoración nos merece la definición en el Estatuto de los Trabajadores en relación con la cesión ilegal de trabajadores sobre la base del criterio de la jurisprudencia existente, lo cual debería servir para poner freno a los
abusos de contratación temporal también a través de las empresas de servicios. Esto nos parece realmente importante. Nos parece también importante la ampliación de los derechos de la representación de los trabajadores de la empresa y también a
todos los trabajadores del resto de empresas, tanto de contratas como


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de subcontratas. Lo digo muy deprisa como aspecto positivo también.



Ahora bien, hay aspectos negativos. Consideramos que el acuerdo no ha mejorado sustancialmente algunas cuestiones -o, en todo caso, no podemos tirar cohetes ni muchísimo menos- como la continuidad de la figura del contrato de conversión.
Entendemos que tanto la patronal como el Gobierno han actuado con especial insistencia en el mantenimiento de esta forma de contrato, donde trabajadores eventuales pasan a ser fijos mediante el contrato de fomento de empleo, ampliándolo de forma
excepcional hasta el año 2008. En nuestra opinión, un periodo tan dilatado puede representar una dificultad al trasladar a los empresarios la percepción de que siempre se puede contar con dicha ventaja. Nos parece, por tanto, que no es positivo,
como tampoco nos parecen positivas en absoluto las reducciones de la cuota a la contingencia de desempleo, tanto en los contratos de carácter indefinido como en la cotización de Fogasa, que ya se ha dicho anteriormente, y muy especialmente la rebaja
que se realiza a la cotización de las ETT, que representa para nosotros una de las partes más negativas de este acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta el importante crecimiento en beneficios que las empresas han obtenido durante el último periodo.
El superávit existente en estos dos epígrafes de cotización debería a nuestro juicio, señor ministro, haberse utilizado únicamente para mejorar de forma más ambiciosa las prestaciones por desempleo de mujeres y de jóvenes, precisamente un aspecto
que nos parece absolutamente imprescindible y que no se ha recogido en el acuerdo. Hay también otros aspectos positivos, pero no voy a referirme a ello, porque he querido sobre todo poner el acento en lo que verdaderamente consideramos que no
ayudará a mejorar lo suficiente nuestra situación laboral, la de nuestro mercado laboral y, sobre todo, las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras.



Quisiéramos poner encima de la mesa una valoración política -creemos que es lo que nos corresponde- porque pensamos que los sindicatos se han esforzado, como antes he dicho, y tienen desde ese punto de vista nuestra máxima consideración,
pero pensamos que si no se ha avanzado más ha sido fundamentalmente por dos razones de las que queremos, en todo caso, dejar constancia: en primer lugar, por el posicionamiento de la patronal.
Creemos que no ha habido suficiente compromiso, no ha
habido suficiente visión de futuro y de solidaridad, sobre todo teniendo en cuenta que precisamente los beneficios actuales son los más elevados en nuestra historia, pero también, señor ministro, creemos que es fruto de la política macroeconómica
del Gobierno, una política que dificulta realmente que puedan desarrollarse de verdad unas políticas sociales, ambiciosas y valientes y que ha tenido, por tanto, una influencia también enorme en este acuerdo porque, lógicamente, las cuestiones no
van desligadas de lo que se pretendía alcanzar con este acuerdo, hay una interrelación clarísima en todos los aspectos de mejoras, de prestaciones, de cobertura.



Finalizo como había comenzado diciendo bien por aquello que se ha conseguido, pero quisiéramos que el Gobierno hiciera más pedagogía explicando aquello que estaba en su voluntad conseguir, si es que lo estaba, y que no ha sido posible,
porque la sociedad no necesita que se le vendan productos fantásticos sino saber, en todo caso, que hoy hay un producto y que ese es el producto posible hoy, y si mañana es posible otro, pues será porque colectivamente lo hemos conseguido; en todo
caso, el que hoy tenemos es el que hemos conseguido con esta negociación.



La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor ministro, por sus explicaciones.
Voy a empezar mi intervención con una especie de desahogo personal, aunque reglamentariamente quizá no sea muy pertinente. Un debate de esta dimensión y unos
problemas de la profundidad y la relevancia de los que estamos abordando hubiesen supuesto en cualquier país civilizado del mundo otra escenografía, mesas y también meses de debate importantes, interlocución con todos los grupos parlamentarios, no
solo con los interlocutores sociales -que ni siquiera ha sido con todos-, y una presencia mediática más intensa y más numerosa, pues estoy viendo que no son muchos los periodistas que están siguiendo este debate. Le voy a poner algunos ejemplos que
le pueden servir a usted de ilustración, señor ministro. Estas reformas del mercado de trabajo han supuesto en Francia no solo debates parlamentarios, en pleno, de gran profundidad y de confrontación dialéctica muy intensa, sino también una gran
conflictividad en las calles. En los países escandinavos ha pasado algo parecido y lo mismo en los países centroeuropeos. Desde esa perspectiva, no sé hasta qué punto hay aquí una especie de relativización de problemas importantes y realmente
relevantes que raya casi en el escándalo político.



Cuando en las sesiones de control de los miércoles escucho a tres espadachines del Partido Popular que se confrontan con personajes de la máxima relevancia del grupo que gobierna y la interlocución dialéctica es intelectualmente vacua, pero
tiene gran presencia en los medios de comunicación, no me parece una forma de hacer política civilizada o que se corresponda con una democracia realmente asentada, porque ahí no se dicen cosas que tengan relevancia de ningún tipo. Lo que estamos
debatiendo hoy sí es relevante para la mayoría de los ciudadanos, prácticamente para su totalidad, y la escenificación no es correcta, no es relevante. Podría confrontar ideas con usted y refutarle cosas.
Petulancias aparte, soy catedrático de
derecho del trabajo y puedo discutir con usted de estos temas con cierta solvencia o con cierta legitimidad de origen, pero no me parece que este sea el formato, ni el método, ni esta la repercusión


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mediática adecuada para afrontar problemas de la profundidad y de la dimensión de los que estamos afrontando, sobre todo cuando llevamos dos años discutiendo. No, llevamos no, estoy usando incorrectamente un plural mayestático. Ustedes
llevan dos años negociando con no sé quién, con algunos interlocutores sociales -más representativos, no lo niego- para que ese diálogo social fructifique en algo que tiene escasa profundidad a efectos de las reformas estructurales que nuestro
mercado de trabajo requiere. Desde esta perspectiva, esa es mi primera lamentación. Me va a permitir la presidenta -porque tenemos cierta complicidad ella y yo (Risas.)- que realice esta especie de desahogo o de catarsis personal, porque es
indignante que problemas de esta profundidad queden relegados a este día, a esta tarde, a esta dimensión o repercusión mediática y a esta interlocución entre algunos amigos que estamos aquí presentes, casi accidentalmente, y algunos medios de
comunicación, cuando nos estamos jugando nada menos que lo que afecta a la totalidad de los ciudadanos, que es la estructura del mercado de trabajo. Si usted considera esto razonable, dígamelo, y si no es razonable, dígamelo también. Esto hace que
uno pierda de forma prácticamente absoluta la motivación para entablar una interlocución dialéctica con usted, porque usted también ha contribuido a ello. Usted, antes de venir aquí, ha dado nueve ruedas de prensa, algunas acompañado del presidente
del Gobierno. (El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Caldera Sánchez-Capitán: Ya me hubiera gustado.) Sí, nueve, las tengo contadas y aquí tengo las reseñas periodísticas, para explicarnos anticipadamente a qué habían devenido los
acuerdos durante esa mesa de diálogo con los interlocutores sociales, no con todos, con parte de ellos, no con todos los que tienen legitimidad para negociar, sino con algunos de ellos, durante dos años. ¿Para qué? Para que fructifiquen en algo
tan modesto, tan escasamente relevante como lo que usted nos ha presentado aquí.



Dicho esto, voy a decir muy poco más, porque no me parece que discutir estas cuestiones en estos términos se compadezca con el decoro parlamentario. En primer lugar, le voy a decir una cosa: aquí hay un problema de legitimidad de origen
-el señor Erkoreka se lo comentó ayer- que nos preocupa. Usted tiene la obligación legal, por requerimientos del artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, de negociar con todos los sindicatos más representativos y con todas las
organizaciones empresariales que ostentan la condición de mayor representatividad bien sindical o bien empresarial. Las sindicales son las que cumplen los requerimientos del artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical; las empresariales son
las que cumplen los requerimientos de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, no ha negociado con todas, cuando tenía la obligación legal de negociar, entre otras, también con ELA, porque ELA cumple los
requerimientos para ostentar la condición y las facultades de actuación ultra vires que prevé el artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. ELA, en el ámbito en el que se presenta a las elecciones sindicales, tiene el 15 por ciento del
total de representantes sindicales electos más 1.500. LAB también lo ha tenido en ciertos momentos; ahora, no, pero lo ha tenido. Sin embargo, usted ha tenido una interlocución bilateral o trilateral con Comisiones Obreras, UGT, CEOE y Cepyme.
Luego ahí hay un déficit de origen que puede provocar incluso un vicio de nulidad radical del real decreto-ley que usted nos presenta aquí. Esta es la primera reflexión que someto a su consideración. Usted tiene la obligación, por imperativo de la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, de negociar las cuestiones, algunas de derecho necesario absoluto en el ámbito del sector laboral y del ordenamiento jurídico, con todas las organizaciones que ostentan la condición de mayor representatividad
sindical y no lo ha hecho.
Seguramente usted me explicará por qué no lo ha hecho cuando tiene la obligación legal de hacerlo. Igual la responsabilidad no es suya, igual corresponde a esos interlocutores, porque no han querido participar en estas
mesas de negociación, pero desde luego el vicio de origen que incorpora la ausencia de estos interlocutores a los acuerdos concertados -muy modestos, por cierto- puede provocar una nulidad radical a la norma que usted nos presenta, sobre todo si se
va a tramitar a través del procedimiento de real decreto-ley. Esta es la primera cuestión.



En segundo lugar, usted nos presenta aquí cuestiones relativas a dos ámbitos de actuación desde la perspectiva gubernamental, cuales son la conversión de los contratos temporales en fijos y la evitación de las aberraciones, de los abusos o
de los fraudes que se están produciendo en el ámbito de la subcontratación llamada en cascada, de la subcontratación interminable. La primera es una reformatio in peius. Lo relativo a la conversión de los contratos temporales en fijos mediante la
reducción del coste del despido de estos convertidos inicialmente en virtud de contratos temporales en fijos supone nada menos que la reducción del coste del despido de estas personas. Esto provoca dos problemas jurídicos de difícil resolución, el
primero, la reducción del contrato. Usted sabe que el artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores, del que le presumo perfecto conocedor, establece dos principios ontológicos de derecho del trabajo que son absolutamente indiscutibles en este
momento, no solo doctrinalmente sino también jurídica y políticamente. El artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores consagra dos principios, el de norma mínima y el de condición más favorable. Esto quiere decir que cuando el ordenamiento
jurídico se va configurando se petrifica y cualquier reforma del mismo solo puede ser acometida en beneficio de los trabajadores, porque el derecho del trabajo es el único sector del ordenamiento jurídico que no es neutro, sino tuitivo, protector de
los intereses de los trabajadores. ¿Por qué? Porque la relación contractual en la que se basa el derecho del trabajo, que es el contrato de trabajo, no se basa en un principio de igualdad entre las partes contratantes, y esa falta de sinalagma,
esa falta


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de equivalencia, de igualdad entre las partes contratantes debe ser compensada por la normativa estatal o por la normativa jurídica. Desde esa perspectiva cualquier reforma del derecho del trabajo no puede ir nunca en detrimento de las
condiciones o de los derechos ya consolidados por los trabajadores. Tiene que mantener lo ya constituido y petrificado en el ordenamiento jurídico o mejorarlo en su caso. Si la fórmula de convertir los contratos temporales en fijos supone reducir
el coste del despido, estamos ante una genuina reformatio in peius, ante una reforma a peor, ante una reforma que minora los derechos de los trabajadores que son objeto de esta contratación.



Señor ministro, ese no es el único problema. Hay un problema de constitucionalidad también más grave. Una vez consolidados estos contratos temporales en fijos ya son todos los contratados o empleados por tiempo indefinido y nos encontramos
con dos subcolectivos de contratados por tiempo indefinido: unos cuya indemnización en el supuesto del despido equivale a 45 días por antiguüedad o por año trabajado y otros, mediante esta fórmula de reconversión de los contratos temporales en
fijos, que equivale a 33 días por año trabajado, por antigüedad, con lo cual ya me dirá usted cómo ante una perspectiva de constitucionalidad y de atención a los requerimientos del principio de igualdad ante la ley que consagra el artículo 14 de la
Constitución, va a superar los problemas de constitucionalidad que dimanan de este tema. Es decir, tenemos dos tipos de contratos indefinidos: unos que tienen una indemnización por despido improcedente, por resolución de su contrato de trabajo, de
una cuantía, y otros de una cuantía menor, siendo ambos de la misma naturaleza jurídica o de la misma condición. Explíqueme usted cómo los requerimientos del principio de igualdad ante la ley se pueden resolver por este procedimiento.



En segundo lugar, está el problema de la subcontratación en cascada. Usted se ha limitado -seguramente porque no habrá podido llegar a acuerdos más profundos con los interlocutores o las burocracias sindicales con las que usted ha
negociado- a acuerdos de menor profundidad. Sin embargo, lo que hay que hacer es evitar la subcontratación en cascada, en virtud de la cual la empresa principal subcontrata a una, esa subcontrata a otra, esa a otra y al final hay una última que
puede subcontratar en un falso trabajador autónomo. Fíjese la perversión, señor ministro. ¿Qué han hecho contra esto? Sencillamente evitar que esa subcontratación en cascada se utilice mediante el procedimiento fraudulento de la cesión ilegal de
trabajadores a la segunda subcontrata, a la tercera, a la cuarta. Eso es muy modesto, señor ministro. Eso es muy poco para evitar una perversión en nuestro mercado de trabajo, en virtud de la cual -y eso está previsto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales- el trabajador que realiza el trabajo material no sabe quién es la empresa principal que originariamente le ha contratado, porque puede haber cuatro, cinco, seis, siete subcontrataciones anteriores e incluso un trabajador
individual, falso autónomo, contratado también. No han hecho nada contra esto, sino sencillamente evitar algo que es razonable evidentemente, que es la cesión ilegal -que ya estaba en el ordenamiento jurídico, tampoco es una gran novedad- de
trabajadores.



La señora PRESIDENTA: Termine.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo con esto, señora presidenta.



Por último, yo siento mucho decirle esto, joder, y perdón, por la expresión parlamentariamente incorrecta. A veces, en el ámbito del derecho del trabajo, como tiene unos requerimientos incluso ontológicos en donde ciertas expresiones son
permisibles, la señora presidenta me lo admitirá. Ya me dirá por qué solo se han trabajado estos dos ámbitos cuando hay muchos más problemas estructurales que afectan a nuestro mercado de trabajo. ¿Qué han hecho sobre la conciliación de la vida
laboral y familiar? ¿Qué han hecho sobre la Seguridad Social, sobre los ancianos, sobre el contrato de relevo? Y, sobre todo, ¿qué han hecho -y con esto acabo, señora presidenta, de verdad- en materia de reconocimiento de la interlocución de
sindicatos de ámbito no estatal que son más representativos y en relación con las transferencias pendientes? Porque se los impone la Constitución y los estatutos de autonomía en las siguientes materias: formación continua...



La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, gracias.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...formación continua, Hobetuz versus Forcem, políticas activas de empleo, Fogasa y tantas otras que ustedes saben que corresponden a la comunidad autónoma y que ilegítimamente siguen manteniendo bajo su
dependencia, bajo su poder. En ese sentido, señor ministro, yo le pediría un debate más profundo, un debate más relevante, de más entidad, con mayor repercusión mediática y no con un perfil tan bajo como el que le hemos dado a un problema que en
cualquier país civilizado del mundo sería uno de los tres o cuatro problemas particularmente trascendentes. Aquí no lo es. ¿Por qué? Porque aquí nos dedicamos al show business y mucha parte de la política de este país podría estar tranquilamente
en los programas como Salsa Rosa o Aquí hay tomate y no aquí.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardá.



El señor TARDÁ I COMA: Señor ministro, en primer lugar, queremos dejar claras algunas posiciones de nuestro grupo parlamentario respecto a la configuración de la mesa del diálogo social. Ciertamente, nosotros siempre hemos cuestionado la
total legitimidad -por supuesto, existe una legitimidad parcial, que no total


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respecto a su articulación, máxime si esta reivindicación viene de Cataluña, en donde ciertamente los sindicatos -y ahora dejo al margen las patronales- no presentes en la mesa del diálogo social no tienen ni mucho menos la representatividad
sindical que tienen otros sindicatos en otros territorios nacionales del Estado español, con lo cual nuestra reivindicación parte no del interés táctico que se nos pudiera suponer sino de una argumentación básicamente relacionada con la radicalidad
democrática, es decir, en la medida que algo existe en un Estado moderno tan funcional, como son los Estados europeos, esta existencia debe de estar reconocida y en este caso en las mesas del diálogo social.



Quisiera hacer algunos comentarios que persiguen que usted me pueda ilustrar respecto a algunos de los aspectos que contiene lo concluido después de tantos meses de diálogo entre los agentes sociales. Por un lado, se apuesta por convertir
de forma tácita los contratos -usted nos lo ha explicado- de los trabajadores eventuales de una empresa que tengan una duración de 24 meses, por medio de dos o más contratos para un mismo puesto de trabajo, sea por una empresa o una ETT. La
pregunta que quisiera hacerle es la siguiente: ¿no cree que quizá llevado por su ímpetu exagera un poco -lo digo con todo el respeto- cuando habla de la profunda incidencia que tendrá esta medida? ¿Es que las empresas no pueden volver a cometer el
mismo pecado que han cometido? Sencillamente, ¿no puede ocurrir que las empresas lleguen a contratar hasta este tope y basta? Aquellas empresas que apuestan por la seguridad y la calidad del empleo convertirán en indefinidos los contratos, como de
hecho ya venían haciendo, y las que apuestan por la precariedad constante intentarán -digo yo- no superar el límite. No sé hasta qué punto no estamos en el fondo primando a los que históricamente han cometido fraude.



Quizás haya una cierta apuesta atrevida que ha sido la de incluir la conversión tácita del contrato, porque este fenómeno de la concatenación y de la conversión en indefinidos de hecho ya estaba reconocido por la jurisprudencia, estaba
reconocido que se cometía este fraude. Siempre vamos a parar al mismo sitio. ¿Cuál es el agujero negro, cuál es el déficit? Posiblemente ha sido la inspección laboral. De hecho se ha ido permitiendo o ha sido un déficit del sistema tener que
mirar hacia otra parte, porque la logística no permitía llegar a controlar o fiscalizar aquello que se sabía que estaba ocurriendo. Esta es la tragedia de muchos funcionarios honrados que, repito, durante años han tenido que mirar hacia otro lado
porque eran conscientes de que no tenían la suficiente capacidad para atacar el problema.



Otra cuestión que no tengo demasiado clara después de escucharle es que la sustitución de las bonificaciones, la modificación de los porcentajes actuales por cuotas fijas -ha dicho- y el incremento de los años de bonificación para estimular
la contratación indefinida podrían acabar siendo instrumentos interesantes. Usted dice que se mantiene la bonificación por conversión en indefinido del contrato eventual de forma transitoria hasta el año 2007. ¿Esto no suena un poco a plan de
choque? No digo que sea negativo, pero me suena a plan de choque. Es más, creo que algún diputado del Grupo Popular dijo el otro día -y me pareció acertado- que esto le recordaba la regularización de los inmigrantes, algo que en mi opinión fue un
acierto. ¿No podría ser que en el fondo estemos primando a los que durante años han estado cometiendo un fraude, y de la misma manera que regularizamos a los inmigrantes que habían sido explotados laboralmente ahora estemos haciendo lo mismo? No
digo que esto no sea un imperativo, pero no deja de doler un poco, a no ser que tuviéramos muy claro, como ha dicho usted, que será muy rentable. Como mínimo a mí me queda esa duda.



Me gustaría hacerle una pregunta al hilo de la ley que se aprobó hace pocas semanas, de la cual nosotros nos sentimos muy satisfechos, a raíz de la proposición de ley que presentaron meses atrás los compañeros de Izquierda Unida, relativa a
la regulación de la subcontratación en el ámbito de la construcción. Cuando hablan de la redefinición del concepto de cesión ilegal del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores -lo cual liga con la creación del registro de subcontratación al
cual se ha referido anteriormente-, ¿no se han quedado un poco cortos en cuanto a la necesidad de definir lo que es y lo que no es subcontratable? Es decir, si paralelamente se ha legislado en el ámbito del sector de la construcción y se redefine
el concepto de cesión ilegal, ¿no se hubiera podido ir un poco más allá? Me gustaría que, en todo caso, usted me ilustrara en ese sentido.



Recuerdo que en los presupuestos presentamos una enmienda relacionada con la reducción de las cotizaciones del Fogasa y el incremento de las prestaciones, y esto nos parece acertado. No obstante, respecto a la reducción de la cotización del
paro en 0,5 puntos, lo cual nos parece interesante, no sabemos exactamente si esto no acabará siendo una medida discriminatoria si los trabajadores fijos y temporales tienen distinto tipo de cotización. Esta es otra cuestión que nos interesa. Por
otro lado, la situación de la inspección laboral nos parece preocupante, porque todo esto tiene que encajar y creemos que hay un elemento distorsionador, y un buen lubricante puede ser el incremento real de las plantillas de inspección laboral.



Otra cuestión que le quiero plantear es la relativa al contrato de formación. Según he leído, se limita el acceso a este contrato a los extranjeros con menos de dos años de residencia. ¿No cree que estamos ante una ocasión perdida al no
haber reformado este instrumento de incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo? ¿No cree un error no haber entrado en su reforma de una manera más absoluta, en tanto en cuanto ciertamente el contrato de formación ha dado menos juego del que
en mi opinión se había previsto debido a una cierta inseguridad jurídica y a la precariedad, que quizá no lo hacían demasiado adecuado a los nuevos tiempos? Los jóvenes son los reyes de la precariedad en nuestro mercado


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laboral y no sé si realmente han sido objeto del protagonismo que deberían haber tenido en esta reforma de las relaciones laborales.



Recuerdo que con todo el ímpetu y la ingenuidad que nos caracterizó durante los primeros meses, cuando desembarcamos en esta legislatura como grupo parlamentario, presentamos una proposición de ley relacionada con la conciliación de la vida
laboral y familiar e incluso asumimos la patética situación de subir a la tribuna a defenderla y acto seguido decir que la retirábamos de la votación, porque que se nos dijo que esperáramos a los resultados de la mesa del diálogo social. Nosotros,
como aprendices, dijimos sí señor y ahora, después de 24 meses, no hay nada de la conciliación de la vida laboral y familiar en las conclusiones de la mesa del diálogo social. Ya sé que por otro lado tenemos el proyecto de Ley de Igualdad y lo
meteremos ahí. De alguna manera hay una cierta 'perversión', ya que, por un lado, se nos dice que en un Estado moderno como el español deberíamos estar satisfechos de que exista la madurez suficiente como para que los agentes sociales sean capaces
de consensuar y buscar fórmulas, lo cual es síntoma de una cierta civilización democrática. Pero ¿quién decide lo que se incorpora y lo que no se incorpora? Porque en esta legislatura también ha habido grandes debates, como decía el compañero del
Grupo Parlamentario Vasco, sobre la formación. Nosotros también esperábamos saber cuál es el contenido de este real decreto y si se ha hablado de esto en la mesa del diálogo social o no, si hay pactos secretos por parte del Gobierno.



Es obligado, como procedimiento democrático, lo que le voy a decir, sobre lo que le pido su opinión, si es que puede dárnosla -si no, ya lo entiendo-. Corresponde al Parlamento tramitar mediante proyecto de ley todo lo que dimana de los
resultados obtenidos a raíz de la mesa del diálogo social. Se lo resumiré: creo que nos lo merecemos. Este Parlamento se merece que todo aquello que ha sido aprobado en la mesa del diálogo social se discuta aquí, lo cual será un síntoma de
madurez, y, tal como reclamaba nuestra compañera Carme García de Iniciativa per Catalunya Verds, haremos pedagogía, y, en definitiva, tampoco podemos estar secuestrados lo que diga a la mesa del diálogo social, sino que esta es un complemento.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor ministro.



De las intervenciones de los portavoces que hasta ahora han intervenido y la del propio ministro, creo que una de las cuestiones que esta Comisión debe hoy valorar es el papel del diálogo social en la construcción de las relaciones laborales
en España, específicamente en la construcción de la legislación laboral, en las sucesivas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores. Por un lado, todos valoramos la importancia que tienen aquellas reformas que son impulsadas por el Gobierno y
que tienen su origen precisamente en un acuerdo social amplio. Todos hemos contrapuesto la reforma de 1997 como buena en sus consecuencias, entre otras razones porque fue pactada por los agentes sociales y por el Gobierno, a la última reforma que
se intentó en la pasada legislatura, la del decretazo, que terminó con una huelga general y una modificación sustancial en el trámite parlamentario, como una mala reforma. En esa virtud del diálogo social estamos instalados con las críticas que se
le formulan desde Galicia, Navarra y el País Vasco sobre la presencia de otros agentes sindicales, pero desde el reconocimiento de la virtud de las reformas que son fruto del diálogo social. Al mismo tiempo, la reforma que hoy nos presenta pone en
evidencia los límites del diálogo social, que no nos permiten profundizar en las reformas que nuestra economía y nuestro mercado de trabajo necesitan para hacer frente a los problemas colectivos que tenemos planteados, como economías, en ese mundo
global, como señalaba el señor Azpiroz; a las necesidades de mayor flexibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, en su capacidad de organizarse; y a las necesidades de las personas y de las familias de tener
empleo seguro. Mi grupo, reconociendo el valor de ese diálogo social y entendiendo que la orientación de la reforma va en la dirección adecuada, también afirma que nos parece insuficiente respecto a esas necesidades del mercado de trabajo, de la
economía, de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, de las familias y de las personas trabajadoras.



Tendremos que plantearnos si habrá que hacer reformas en profundidad cuando la situación de nuestra economía sea más complicada, porque la experiencia que tenemos desde el año 1984 es esa justamente. Hemos planteado reformas en profundidad
cuando la economía no funcionaba, con los costes que eso ha tenido para la paz social y para el propio mundo económico. Vuelvo a recordar las reformas de 1984 y de 1994, es bueno recordarlo y también trasladar a los agentes sociales la reflexión
sobre la posibilidad de que sea justamente en momentos de buena marcha de la economía cuando sea necesario profundizar en las reformas que ponemos en marcha. Señor ministro, mi grupo anuncia que, cuando se produzca la convalidación de este real
decreto, vamos a plantear la necesidad de que se tramite como proyecto de ley (tenemos como referencia lo que sucedió en 1997, cuando un acuerdo social entre Gobierno y agentes sociales fue convalidado por la Cámara y tramitado como proyecto de ley)
y, además, la conveniencia de que comparezcan en esta Comisión los agentes sociales firmantes del acuerdo. Sería razonable que el señor Cuevas, el señor Fidalgo y el señor Méndez nos contasen a esta Comisión el contenido de ese acuerdo. En esa
disposición final segunda que contiene el acuerdo se reconoce


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ese papel de la Cámara, y alguien me recordaba hoy que esa referencia recogida en esa disposición final segunda responde a un planteamiento de Peces-Barba, en el acuerdo de 1981 -creo recordar-, que reclamó la imposición de esa referencia en
la exposición de motivos de aquel acuerdo precisamente para recordar que quien puede modificar el Estatuto de los Trabajadores, la máxima ley del mundo del trabajo, son las Cortes, no son los agentes sociales. La opinión de los agentes sociales se
respeta, pero lo que determina la legislación es la voluntad de la soberanía popular expresada en estas Cortes Generales. Creo que esa referencia todos la tenemos clara. Tenemos la vocación de respetar el acuerdo, pero se le debe reconocer a las
Cortes ese papel esencial y primordial en la configuración de normas legales que no afectan solo a los miembros de CEOE, Comisiones Obreras o UGT, o no solo a los representados por estas organizaciones sociales, sino al conjunto de los ciudadanos.
Por tanto, quien debe validarlo son las Cortes Generales.



Señor ministro, yo le decía que nos parecía que la dirección era la adecuada, pero la intensidad y la fortaleza de las reformas planteadas, insuficientes respecto a esas necesidades de nuestra economía y de nuestro mercado de trabajo.
Necesitamos empresas y una economía más productiva y más competitiva; necesitamos empresas más flexibles, especialmente las pequeñas y medianas empresas; necesitamos mayores políticas de conciliación de la vida familiar; necesitamos políticas que
fortalezcan la empleabilidad de nuestros trabajadores; necesitamos un mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo, seguramente, introduciendo competencia en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo con la incorporación del
sector privado en la intermediación del mercado de trabajo. Esto es algo que ya pasa. De hecho, tan solo el 15 por ciento de los trabajadores encuentran empleo a través de los servicios públicos de empleo; el resto lo encuentra a través de
conocidos, de amigos, de anuncios en los medios de comunicación, pero no a través de los servicios públicos de empleo. Una reforma que permitiese la presencia de la competencia en el campo de la intermediación reforzaría los servicios públicos de
empleo, como sucede en Gran Bretaña y en los países nórdicos, y al mismo tiempo daría más oportunidades a las personas que tienen menor nivel de información y de formación. Son cuestiones que la reforma no aborda y que a nuestro entender deberían
haberse abordado. Tampoco se aborda la generalización del contrato de 33 días como contrato tipo nuevo. Mantenemos el mecanismo del año 1997, un contrato de fomento del empleo indefinido, con un régimen de indemnizaciones menor que el del contrato
tipo -33 días frente a 45 días-, pero continúa siendo una norma excepcional, y además sometida a una duración en el tiempo, en una política de bonificación a la creación de empleo. El modelo de 1997 da lo que da de sí. Nos tocaba haber avanzado
hacia la consideración de un contrato indefinido con una indemnización máxima de 33 días, como el único contrato indefinido existente para los nuevos trabajadores. Esta es la posición que defiende Convergència i Unió y creo que el propio Gobierno
también la ha defendido en algunos momentos; lo otro continúa generando confusión.



Señor ministro, yo tengo una anécdota muy poco relevante desde el punto de vista de sociología seria. El mismo viernes que se aprobaba el acuerdo visitaba una empresa de mi comarca, de la zona del Garraf, y un empresario con 50 trabajadores
se mostraba sorprendido por la existencia de los contratos de 33 días. Él creía que eran nuevos, no sabía que existían desde 1997. Podemos pensar que a estas empresas no les preocupaba el coste del despido o, quizás, que la existencia de contratos
de 33 y de 45 días continúa creando una confusión que no permite a las empresas aprovechar las fórmulas contractuales existentes. Señor ministro, más pronto o más tarde nos va a tocar generalizar el contrato de 33 días como el contrato ordinario
normal de nuestro mercado de trabajo.



En esta reforma se produce un cambio en nuestra política de bonificaciones, de tantos por ciento a un tanto alzado Mi grupo va a apoyar esta medida pero le plantea una duda. Con esta medida vamos a favorecer a los trabajadores con empleos
menos cualificados, que evidentemente son los que padecen la contratación temporal, pero no estamos lanzando al mercado el mensaje de que vamos a favorecer el empleo de calidad. Vamos a favorecer al empleo menos remunerado, no vamos a favorecer al
empleo de calidad, al empleo mejor pagado, porque con el cambio de tantos por ciento a subvención a tanto alzado, los mejores empleos, comparativamente, van a recibir menos bonificación que la que ahora reciben. Este es un cambio sustancial. El
Gobierno defiende la lógica de que hay que favorecer que el empleo menos cualificado se convierta en empleo indefinido. Podemos compartir esa idea, pero también es cierto que no estamos favoreciendo aquello que nuestro mercado de trabajo necesita
en el medio plazo, que son empleos de calidad, porque nuestra economía no va a poder ser competitiva en el futuro con empleos de baja calidad en sectores con poca capacidad de ser productivos. Vamos a ver qué resultados nos da esa reforma en los
próximos dos años.



Quería plantearle tres preguntas muy concretas. Se produce un cambio en las bonificaciones, pero nos gustaría saber si las subvenciones a la creación de empleo indefinido hoy existentes en paralelo a las bonificaciones para trabajadores con
discapacidad, hoy situadas en 3.900 euros, van a desaparecer o van a ser compatibles con las nuevas bonificaciones. En segundo lugar, hasta hace pocas semanas parecía que este acuerdo iba a suponer el reconocimiento de las empresas de recolocación,
parecía que existía acuerdo entre los sindicatos, la patronal y el propio Gobierno en desarrollar la ley de empleo para reconocer las empresas de recolocación y, finalmente, esta cuestión no aparece en el acuerdo que se ha firmado. Y la última
consideración se refiere a la


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cobertura del Fogasa. En un momento determinado el Gobierno propuso extender la cobertura del Fogasa para los trabajadores de las empresas entre 25 y 50 trabajadores. Finalmente esa propuesta ha desaparecido. Nos gustaría conocer la
razón.



Hago una última reflexión, señora presidenta, y termino. Después de esta reforma, hay que seguir avanzando en la reforma de nuestro mercado de trabajo, al menos en dos direcciones. Primera, hemos de dejar de vincular la seguridad de los
trabajadores al coste de indemnización del despido y situarla en la empleabilidad, en la formación y en la capacidad de los servicios públicos y privados de empleo de encontrar trabajo a quien lo pierde. Ese es un cambio cultural que el Gobierno
debe liderar. No hay que situar la seguridad en el coste del despido sino en la empleabilidad y en la capacidad del sistema público y privado de dar empleo a quien lo pierde. Segunda, si queremos mejorar la productividad de nuestras relaciones
laborales, hay que empezar a hablar de salario, de jornada y de vinculación a la productividad. En las reformas laborales que hemos hecho en estos 20 ó 25 años el salario, la jornada y la productividad no han estado en nuestra agenda. Va a ser
difícil, pero el Gobierno debe tener capacidad de liderazgo y de avanzar en esa línea. En todo caso, sepa, señor ministro, que se necesita avanzar en los próximos años en esas reformas y que Convergència i Unió va a trabajar para que tomemos esas
iniciativas, buscando el acuerdo social, pero asumiendo también los riesgos políticos que supone a veces no encontrar ese acuerdo social.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Membrado.



El señor MEMBRADO GINER: Comienzo mi intervención agradeciendo al señor ministro su comparecencia para tratar un tema que todos consideramos que es importante para el conjunto de nuestra sociedad y, además, nos congratulamos de que hablemos
de cosas concretas que repercuten en la ciudadanía y que no nos perdamos en debates muchas veces innecesarios, como decía anteriormente el señor Olabarría.



Al margen de estas cuestiones, me gustaría decir la posición de nuestro grupo. Nuestro grupo se felicita y felicita también al ministro, al ministerio y a los distintos agentes sociales por haber llegado a este acuerdo. Nos parece que es
un acuerdo realista, que está ajustado a las posibilidades que tenía de salir adelante. Es un acuerdo que indudablemente entra en el corazón del mercado de trabajo que tenemos en este país. De las dificultades que tiene nuestro mercado lo
fundamental es que tenemos colectivos machacados por la temporalidad, como son las mujeres y los jóvenes, y que tenemos un alto componente de temporalidad que repercute desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la calidad de vida.
Este Gobierno hace ya dos años que tomó la iniciativa, junto con los sindicatos y la patronal, de poner en marcha mecanismos para intentar reformar, y lo hizo sin grandes pretensiones, cumpliendo el programa electoral que nos mandataba a ello y
también los compromisos del actual presidente en su investidura. Por tanto, yo creo que hemos sido coherentes y me da la sensación de que hay reconocimiento también por parte de la mayoría de los grupos en este sentido.



Cuando nosotros nos planteamos hacer una reforma teníamos dos opciones: hacer un saco donde cabe todo y convertir un problema de la reforma del mercado de trabajo en casi un pacto de rentas como los que se hacían hasta el AES, donde había
componentes fundamentales de los incrementos salariales, de la calidad en el empleo, de las jornadas y demás cuestiones, o íbamos hacia un acuerdo semejante al del año 1997, que dio resultados porque incidió en una parte importante de lo que era la
necesidad del mercado de trabajo en aquel momento. Valorando eso positivo, las organizaciones sindicales, la patronal y el Gobierno optaron por hacer un acuerdo que fuese al corazón del problema del mercado de trabajo. Lógicamente eso limita el
marco de actuación, pero este no es un acuerdo exclusivamente. Somos en estos momentos excesivamente humildes a la hora de sacar adelante los 17 acuerdos que se han tomado en la mesa de concertación, algunos de ellos reivindicados aquí por algún
grupo como parte de una necesaria vinculación a la reforma del mercado de trabajo cuando ya se han tomado esos acuerdos y hay en estos momentos algunos proyectos que están funcionando. Por tanto, estamos hablando de 17 más uno, 18. La mesa de
concertación ha trabajado.
La concertación en este país es parte de nuestra cultura de las relaciones laborales y no existe un marco semejante de concertación en toda la Unión Europea donde se toquen no solamente los aspectos estrictamente
laborales sino también del conjunto de la sociedad. Yo no he visto a ninguna organización sindical en Inglaterra, a pesar de la potencialidad de las trade unions, sentarse con el Gobierno para pactar una reforma en el ámbito de la inmigración, ni
la veré. Tampoco he visto una reforma semejante en el tema del empleo juvenil en Francia hasta que ha salido adelante y ha tenido que autoenmendarse. Ese es un componente fundamental que este acuerdo potencia.



También hay que valorar positivamente el esfuerzo del Gobierno y de la mesa de concertación y tener en cuenta que se hace un acuerdo de estas características en un momento dulce en la creación de empleo y en el crecimiento económico. Ante
un momento dulce, con estas características, lo habitual es plantearse si la economía va bien, si el mercado funciona, por qué me voy a meter a hacer zarandajas que lo pueden perjudicar. El compromiso electoral ha primado por encima de los
intereses momentáneos que se podían tener. Ese es un elemento a tener en cuenta y a valorarlo también como positivo. Además, estoy seguro de que el procedimiento es una parte esencial del acuerdo. El acuerdo puede ser limitado, pero el
procedimiento y el grado de consenso conseguido genera exponencialmente unos resultados muchísimo mayores. Y si no, ahí están las dos experiencias


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del Partido Popular, la de 1997 que tuvo un efecto enormemente positivo y el decretazo que tuvo un efecto enormemente negativo. La una con acuerdo y la otra con rechazo. Nosotros conocemos también en la época de Gobierno que hemos tenido
acuerdos con amplio contenido y con amplio bagaje, el acuerdo de 1994, el acuerdo del AES y que posteriormente se han aplicado muy limitadamente. En este sentido, tendríamos que ser justos a la hora de medir que el contenido puede tener
limitaciones según las expectativas que se habían planteado por cada uno de los grupos, pero tiene un enorme efecto por los apoyos que ha merecido. Este acuerdo tiene también como objetivo fundamental potenciar la contratación estable, frenar la
temporalidad e incidir sobre los contratos fijos. En ese sentido se enmarcan las ayudas y el carácter de las mismas. Las limitaciones se hacen en función de ese objetivo, que es el que marca este acuerdo por el contenido que se plantea.



Quisiera contestar algunas de las afirmaciones que se han planteado y trasladar la opinión de nuestro grupo. En el terreno de la concertación estamos confundiendo varias cuestiones. La mesa de concertación, la mesa de diálogo social es
fruto de un acuerdo tácito desde el punto de vista político y social donde la gente que se sienta tiene representación en sí misma, no es una negociación de un convenio de ámbito estatal que tiene una representación en función de lo que marcan el
Estatuto de los Trabajadores o la LORS, sino en el terreno posterior, y eso mismo se traslada al ámbito de concertación en las distintas comunidades autónomas. Eso es lo que ha permitido que desde los Pactos de la Moncloa hasta ahora las grandes
reformas se hayan hecho por consenso, por el compromiso de sacar adelante lo acordado en todos los ámbitos y con la fuerza suficiente para poderlo aplicar. Esta es una de las cuestiones que deberíamos plantear.



En el terreno de la representatividad sé que es una batalla perdida por mi parte, que no voy a convencer a ninguno de ustedes, pero tengo muy claro que hay dos cuestiones. Hay una representatividad del 80 por ciento integrado por dos
organizaciones sindicales y el otro 20 por ciento está formado por 2.700 organizaciones sindicales (El señor Olabarría Muñoz: En España.) -en España, sí-, de las cuales 800 ó setecientas y pico son de ámbito confederal; y hay empresas que tienen
el 95 por ciento en manos de una única organización sindical y sectores que están en organizaciones sindicales que no son las que ustedes y nosotros estamos diciendo. Por tanto, el mundo caótico de las siglas también está reflejado ahí, y frente a
eso hay que hacer un acuerdo político, que es lo que ha hecho este Gobierno, con el coste que puede suponer y con la valentía que tiene que tener para estar dieciocho meses negociando, sin querer imponer nada y primando el acuerdo por encima de
cualquier otra distensión. Por consiguiente, en lugar de verlo en clave crítica y negativa, yo lo veo en clave positiva, como no podría ser de otra manera.



Muy pocas cuestiones más. Me ha llamado la atención la intervención del querido amigo Emilio Olabarría cuando hacía referencia a la necesidad de actuar más en el ámbito de la subcontratación. Precisamente este acuerdo introduce un elemento
enormemente interesante, que por primera vez hablamos de las subcontratas y damos cuerpo de derecho, a la hora de garantizar transparencia y funcionamiento democrático, a un sector del mercado de trabajo que se caracteriza por ser enormemente oscuro
y opaco, pero ya hemos empezado. ¿Dónde hemos avanzado más, señor Olabarría? En la subcontratación de la construcción. Pero, ¿quién nos ha apoyado en la subcontratación de la construcción? Pues ni su grupo ni el del señor Campuzano, y ahí sí
estamos introduciendo elementos coercitivos para limitar la subcontratación. Tenemos que ver la coherencia en toda su dimensión porque, si no, nos puede ocurrir lo contrario.



Para terminar, creo que el acuerdo conseguido, a pesar de las limitaciones que se están planteando, es un buen acuerdo. Hay que intentar por encima de todo que tenga un efecto positivo en el conjunto de la sociedad, y para eso no solamente
hay que exigir a los agentes sociales que actúen para que esto se plasme, sino que también tenemos que tener el compromiso político de darle el espaldarazo suficiente para sacarlo adelante y para que socialmente tenga la repercusión que todos
queremos. En ese sentido, creo que hay que felicitar a los que han estado negociando, al margen de las críticas que cada uno de nosotros ha hecho.



La señora PRESIDENTA: Habiendo finalizado los grupos parlamentarios, tiene nuevamente la palabra para contestar el señor ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): En primer lugar, quiero agradecerles sus intervenciones, su visión positiva, aunque algunos piensan que limitada, de lo que significa este acuerdo para la sociedad
española y los avances que el mismo va a generar. Permítanme también que felicite al equipo negociador de este acuerdo en las personas, en lo que a mí respecta, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Secretaría General de Empleo y otras
varias unidades que han participado en el mismo, así como los equipos negociadores sindicales y patronales.



Cuando me preguntan en los consejos de ministros europeos de Política Social y Empleo cuál es la receta del éxito económico español a lo largo de los últimos doce años -un crecimiento excepcional-, yo les suelo contestar que una de ellas, no
la única, tiene que ver con los procesos de concertación social, que como indicaba el señor Membrado forman ya parte, creo, de nuestro modelo de bienestar; que la paz social ayuda notablemente al desarrollo económico y a la mejora de la calidad de
vida de nuestros ciudadanos. Ese es un elemento muy importante. Por eso digo que este acuerdo -al que yo


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no pongo títulos, señor Tardá- va a tener efectos positivos, y he escuchado a sindicatos y patronal elogiar su propio trabajo, porque lo han firmado, e indicar que creen que va a tener efectos positivos. Por tanto, tener una dinámica de
acuerdo social siempre es muy favorable en estos términos de crecimiento de empleo, de mejora de la productividad, como luego diré, de moderación salarial -que está ayudando mucho al crecimiento económico- y de otras múltiples mejoras.



Señor Azpiroz, yo le agradezco que desee éxito a esta reforma porque sé que lo dice con sinceridad. Creo que todos los grupos aquí presentes con sus intervenciones y sus aportaciones quieren reducir la precariedad.
Cuando se negocia a tres
bandas hay que tener presente que si queremos alcanzar el acuerdo, que es lo mejor, hay que contrastar las diversas posiciones, y hemos llegado donde los negociadores han decidido alcanzar el punto de equilibrio, el punto de acuerdo. Es probable
que haya asuntos que según las visiones de unos u otros debieran haberse incorporado. Creo que es el mejor acuerdo para la situación actual, que se hace en un buen momento de crecimiento económico y que ataca el principal problema que tenemos, la
precariedad. No tenemos de momento mayores problemas a la vista del funcionamiento de nuestro mercado laboral.



Decía el señor Azpiroz que el acuerdo es insuficiente y daba algunos datos. Tiene usted razón, durante el periodo de Gobierno del Partido Popular bajó la temporalidad en España -tengo aquí la escala de la EPA-: en el año 1996 la
temporalidad estaba en el 33,9 por ciento y el año 2004 acabó en el 31,6, para ser exactos 2,3 puntos, un mérito que yo reconozco. Hoy, en el primer trimestre del año 2006 está en el 33,3, o sea, 1,7 puntos más que al finalizar el año 2004. Le doy
los datos de la EPA. (El señor Azpiroz Villar: Yo tengo los de Eurostat.) Sabíamos que iba a ocurrir esto a través del proceso de legalización de trabajadores inmigrantes, pero el primer trimestre ha bajado un poco, yo espero que a lo largo de
este año continúe bajando, y sin duda los efectos de la reforma contribuirán a que baje de forma más importante.



En cuanto al planteamiento que usted hacía de las insuficiencias, hablaba de la situación de la temporalidad en las administraciones públicas.
Tenemos un problema, pero quiero recordarles que la tasa de temporalidad de la Administración
General del Estado no llega al 7 por ciento. Donde se ubican los problemas es en comunidades autónomas y ayuntamientos, a quienes no critico; no estoy haciendo una crítica, estoy constatando una realidad. Tenemos que hacer todos un esfuerzo que
no podemos imponer, porque no podemos imponer a una comunidad autónoma o a un ayuntamiento medidas específicas -no es nuestra competencia- para reducir la temporalidad, pero sí hay un acuerdo ya firmado, como les indicaba antes el señor Membrado,
por los interlocutores sociales en el ámbito de las administraciones públicas, que acuerdan remover el obstáculo de la tasa de reposición para el empleo en comunidades autónomas y ayuntamientos.
Recuerde usted que antes existía un porcentaje solo
de reposición de los empleados que se jubilaban. Con este acuerdo decimos que aquellos ámbitos donde se detecte un importante volumen de empleo temporal de naturaleza estructural y permanente podrán proceder a su sustitución por empleo fijo -esta
sí es nuestra competencia-, no computando estas plazas a efectos de la correspondiente tasa de reposición, con el fin de que en el conjunto de las administraciones públicas la tasa de temporalidad no supere el 10 por ciento en los próximos cuatro
años. Creo que es un compromiso muy fuerte. Se remueve el principal obstáculo que tenían comunidades y ayuntamientos para incorporar esa parte de empleo temporal y considerarlo como empleo indefinido. Hay, por tanto, un acuerdo. Puede ser que se
puedan adoptar más medidas desde el punto de vista de las competencias de la Administración General del Estado, pero pocas. Es una preocupación y ya hay un acuerdo suscrito por el Gobierno con los interlocutores sociales en este ámbito, que también
afectará a la Administración General del Estado. Intentaremos rebajar la tasa más todavía, aunque la tasa de la Administración General del Estado es pequeña. Me habla S.S. de insuficiencia: la negociación colectiva. ¿Por qué no se ha abordado
la negociación colectiva? Porque así lo decidieron empresarios y sindicatos.
Señor Azpiroz, la negociación colectiva -dice el acuerdo que adoptamos; la declaración de julio del año 2004- tiene un claro componente bipartito y los interlocutores
sociales solicitan al Gobierno y a las fuerzas políticas que respetemos su capacidad de autoorganización en esta materia. Por tanto, en el diálogo social solo se puede plantear una negociación sobre aquello que las partes estén dispuestas a
negociar. Lo que no están dispuestas a negociar, como es la negociación colectiva, no se puede plantear. Ellos lo han excluido deliberadamente. Por cierto, quiero decir que los interlocutores sociales se han comprometido a abordar la materia
entre ellos. Seguramente obtendremos una respuesta en relación con el sistema de funcionamiento de la negociación colectiva.
Esa es la razón, señor Azpiroz, por la cual no figura en este acuerdo. El Gobierno no podía imponerlo porque ha quedado
fuera de la negociación, pero sin ninguna duda habrá una respuesta.



Se refiere S.S. también -en lo demás está de acuerdo; solo entro en los aspectos críticos o insuficientes que ha señalado- al problema de la siniestralidad laboral. Es un problema grave en España, pero quiero indicarle, señor Azpiroz, que
hay que utilizar el índice de incidencia de siniestralidad, que mide el número de accidentes por cada cien mil trabajadores ocupados. ¿Cómo? La ocupación ha venido creciendo en España.
Los datos que ha publicado el Ministerio de Trabajo son los
siguientes: en el año 2004 se produjo un descenso del 3,9 por ciento en la siniestralidad total; en 2005 se ha producido solo un 0,5 por ciento de descenso -muy limitado-; en el año 2004 -fue muy bueno- se produjo una reducción en accidentes
mortales del 8,5 por


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ciento y en el año 2005 una reducción del 4,3 por ciento. Está bajando la siniestralidad. No me consuela en absoluto, porque seguimos teniendo unas cifras elevadas, y por ello -usted lo sabe- en la reforma hay un mandato para intensificar
las medidas que ya tenemos en marcha: el refuerzo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; el plan específico de inspección de las 150 empresas con mayor tasas de siniestralidad que hemos elaborado; el incremento de los fondos
destinados a formación para la prevención de riesgos laborales. Todo ello conforma una estrategia para el combate de la siniestralidad que tenemos que intensificar buscando una rebaja mucho más importante de esas tasas.
Es cierto -repito- que el
índice de incidencia ha bajado el año 2005 menos que el 2004. Ojalá pudiéramos reducirlo con mayor rapidez.



Formación continua. Señor Azpiroz, nosotros estamos dando cumplimiento -ya lo he discutido con algunos grupos parlamentarios- a las sentencias del Tribunal Constitucional y, sobre todo, en materia de gestión de formación continua se ha
producido un avance notable sobre el modelo establecido por el señor Zaplana, que reservaba en exclusiva a las empresas la autobonificación por formación continua y otra parte a la gestión directa de la Administración del Estado en consonancia con
los agentes sociales.
Hasta este momento, por acuerdo de la conferencia sectorial, hemos ido modificando el sistema, que hoy tiene tres patas: el derecho que asiste a las empresas que puedan gestionarlo y que tengan una amplitud determinada de
bonificarse a sí mismas, es decir, utilizar los recursos por las que ellas cotizan para establecer la formación continua, que supone aproximadamente un tercio del total del sistema; otro tercio que ya está siendo gestionado y ejecutado por parte de
las comunidades autónomas, y un tercio que queda en manos de la Administración General del Estado para aquellas acciones que, como indica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, supongan actuaciones supraterritoriales o que por otros motivos
de unidad de mercado merezcan una visión general de conjunto.
Nosotros queremos cumplir las sentencias. Destacamos y valoramos profundamente el papel de las comunidades autónomas. Queremos que las comunidades autónomas, como hemos hecho hasta
ahora, progresivamente vayan teniendo más capacidad de actuación, pero pensamos que hay un espacio de actuación de la Administración General del Estado, que es pequeño -estamos hablando solo de un tercio-, en el que, por las razones que les he
indicado, merecería la pena mantener una presencia del mismo.
Por último, solicita que se tramite como proyecto de ley. Otros grupos parlamentarios lo han hecho y yo, señorías, voy a respetar lo que ustedes decidan, como es obvio. El Parlamento
tiene capacidad soberana para tomar las decisiones que considere oportunas. Solo destaco que convendría respetar el contenido del acuerdo. Señor Campuzano, en el año 1997 no se modificó prácticamente el contenido del acuerdo. Creo que deberíamos
utilizar otras vías para actuar sobre lo que los interlocutores no han decidido tomar acuerdo. Debería ser respetado un patrimonio del conjunto de la sociedad española, como es este acuerdo. El Parlamento es soberano, pero apelo a que se respete
el trabajo tan intenso que hemos tenido que desarrollar. Es lo que me gustaría pero, por supuesto, reconozco la capacidad de la Cámara, que es quien tiene que tomar la decisión que considere oportuna.



Señora Fernández, diputada del Grupo Mixto, del BNG, veo que tiene un punto de vista crítico, pero creo que hay algunos asuntos que puedo aclarar. En primer lugar, la reforma de 1997 no la llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular, sino
que la pactaron los interlocutores y luego el Gobierno la asumió. No estamos hablando de una reforma impuesta por un Gobierno reaccionario, sino de una reforma acordada que, como he indicado antes, ha dado importantes beneficios, en mi opinión y en
la de todos los analistas objetivos. Usted dice que ha hablado el señor ministro con entusiasmo de la flexibilidad y pregunta si mantiene la flexibilidad. Sí, mantiene los niveles de flexibilidad actual. Creo que es positivo -antes pedía el señor
Campuzano más flexibilidad-, siempre que esos niveles de flexibilidad no perjudiquen los derechos de los trabajadores. En esta reforma lo que hacemos es avanzar en el nuevo concepto que hoy se apuntala en la Unión Europea, que tiene problemas de
crecimiento económico: la flexiseguridad -flex-security en inglés-. Es una combinación adecuada de los elementos de flexibilidad interna -luego hablaré de ello- y externa de las empresas, para seguir generando crecimiento económico, y de la
seguridad del trabajador. Aquí estaba contrabalanceado ese equilibrio y teníamos la seguridad del trabajador menos garantizada. Esta reforma aumenta la seguridad del trabajador sin tocar los niveles de flexibilidad. Si ahora introdujéramos
rigideces en el sistema, seguramente generaríamos anticuerpos, resultados negativos en orden a la creación de empleo. Señora Fernández, le ruego que piense S.S.
en el excepcional volumen de creación de empleo que se ha producido en España en estos
últimos años y que en buena parte se debe a las condiciones de flexibilidad del sistema. Por eso creo que vamos a mejorar la seguridad. Eso sí, introducimos un elemento que no se puede considerar como flexible, que es: dos años en el mismo puesto
de trabajo se considera un empleo estable. Creo que es una restricción notable a las posibilidades hasta ahora existentes de usar de modo indiscriminado esa flexibilidad. Dos años se considera un empleo ya estable, permanente, de la actividad de
la empresa y, por tanto, se va a convertir en un empleo indefinido.



Decía S.S. que estamos abaratando gastos salariales. No; lo que estamos abaratando son costes indirectos del factor trabajo, que no es lo mismo.
Que nadie piense que el trabajador se va a ver mínimamente perjudicado por esta reforma.
No; su salario es intocable. Lo que se produce, apostando a favor de un tipo de empleo, es discriminación positiva a favor del empleo estable. Luego le contestaré al señor Olabarría sobre algunas de las cosas


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que ha dicho. Discriminación positiva a favor del empleo estable y, por tanto, rebaja de los costes indirectos del factor trabajo mediante una rebaja de las cotizaciones al sistema de Seguridad Social. Pero no son costes salariales, sino
costes indirectos del factor trabajo. Las bonificaciones las paga el INEM. En la información que les hemos remitido figura el cuadro de costes que va a tener la reforma. En términos globales, en estos momentos la política de estímulos está en
torno a los 2.600 millones de euros, más 300 millones de euros para la bonificación de la permanencia en el empleo de los mayores de 60 años, a los que habría que sumar, cuando esté a pleno funcionamiento la reforma, otros 1.200 millones de euros,
en total unos 4.000. Es un coste importante, pero ayuda a generar empleo, se retroalimenta a sí mismo y ayuda a que el empleo sea más estable.



¿Se podrá mantener esta situación? Yo creo honestamente que sí. Le daré un dato: el volumen de creación de empleo que se está desarrollando en España. Uno de los índices de medición más claros de la ocupación, no el único, es la
Seguridad Social. El día 16 de abril de 2004, el día anterior a mi toma de posesión como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nuestro sistema de Seguridad Social tenía 17.013.109 afiliados; ayer, miércoles, nuestro sistema de Seguridad Social
tenía 18.725.103 afiliados; es decir, en dos años hemos tenido un crecimiento de 1.712.000 afiliados. Hay más ocupados, porque no todos los ocupados cotizan al sistema de Seguridad Social. Solo por el sistema de Seguridad Social, que no es el
total, 1.712.000 afiliados en dos años, un 10 por ciento más. Le invito a que mire cualquier sistema homologable al nuestro y no encontrará ninguno con una tasa de crecimiento tan elevada de las afiliaciones al sistema de Seguridad Social. Estos
son los datos que realmente importan para conocer la estabilidad del sistema en el futuro.
En datos EPA, la evolución ha sido de 17.600.000 a 19.400.000, 1.800.000; un poco más, porque como les he dicho no todos los ocupados cotizan al sistema de
Seguridad Social. El dato es muy importante. En nuestra opinión, no va a haber insuficiencia en el Fogasa y la reducción se produce en empleo fijo, en todo el empleo fijo. De ese modo, como dije en mi intervención, ayudamos a las empresas que
tienen altos costes por mantenimiento de empleo estable. A las empresas el empleo estable les supone más costes que a otras empresas, sobre todo cuando es empleo de larga duración y cuando su plantilla tiene una edad determinada. Queremos aliviar
en parte esos costes indirectos beneficiando a las empresas cuya práctica consista en mantener empleo estable. Tenemos empresas con más del 90 por ciento con plantilla estable y es justo que se puedan beneficiar de estas nuevas políticas de
estímulos. Me preguntaba por la cesión ilegal de trabajadores. Lo que hacemos es incorporar los criterios de las sentencias de los tribunales que son muy interesantes y creemos, señor Olabarría, que favorecen mucho -como decía el señor Membrado-
el control de esta situación. En nuestro sistema la cesión de trabajadores solo se permite a las ETT, en unas condiciones determinadas. La jurisprudencia ha definido qué es una cesión ilegal de trabajadores: aquellas empresas que solo, sin
autoorganización propia, se dedican a ceder trabajadores. Eso no podrá ocurrir más. Este hecho unido, como luego diré, a otros elementos como la reforma en el terreno de la construcción, significan un avance importante.



En cuanto al contrato de obra y servicio se verá igualmente afectado por el límite del encadenamiento abusivo de contratos temporales. Es verdad que el contrato de obra y servicio tiene una naturaleza distinta al contrato eventual, que no
tiene una duración prefijada como el eventual, pero es verdad que la descentralización productiva que se ha generado utilizando estas figuras ha generado mucho empleo y ha ayudado mucho al crecimiento económico. Lo que hay que hacer es eliminar los
aspectos negativos que han generado estas prácticas, como es el que para empleos estables se utilice la figura de contratación temporal. Por tanto, también el contrato de obra y servicio se va a ver afectado por esa circunstancia. La señora
Fernández dice que el acuerdo solo se ha hecho con una parte de los protagonistas o interlocutores sociales. Señoras y señores diputados, yo no pretendo tener la legitimidad completa; en absoluto, no es nuestra intención. Lo que quiero decirles
es, como ha indicado el señor Membrado que hay ya una convención que ha sido positiva en nuestro país en cuanto a la representatividad. Quiero recordarles que los sindicatos mayoritarios que han firmado este acuerdo representan al 76 por ciento del
conjunto de los trabajadores españoles, UGT y Comisiones Obreras, y que la patronal seguramente tiene una representación mayor. Efectivamente en ámbitos autonómicos la situación es distinta. En Navarra, por cierto, la representación de estos dos
sindicatos es de casi un 57 por ciento: ELA un 20 y LAB un 11. En el País Vasco UGT y Comisiones Obreras alcanzan una representación del 33,5 por ciento, ELA un 40 y LAB un 16. Señoras y señores diputados, estamos hablando del alcance estatal de
las normas, de una reforma que tiene carácter estatal y que decide el Parlamento. Sin excluir la capacidad en su ámbito de actuación de los otros interlocutores sociales, es lógico que se siga el procedimiento de que los interlocutores con
representación tan ampliamente mayoritaria en todo el Estado establezcan las bases de un acuerdo que después el Gobierno trae al Parlamento. Es éste quien toma las decisiones que considera oportuno sin que, repito, ello suponga ninguna minoración
de los derechos de otros interlocutores sociales que en su ámbito de representación, y de acuerdo con sus competencias, pueden tomar las decisiones que consideren oportunas. Por cierto, señor Olabarría y señora Fernández, yo me he reunido con
ELA-STV y con CIGA en más de una ocasión, con mucho placer, intensamente en sesiones de trabajo el alcance de la reforma laboral, lo que estábamos negociando. Sigo estando abierto a mantener con ellos


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los niveles de interlocución necesarios, pero el sistema establecido ha dado muy buenos rendimientos y, por tanto, es razonable que el Gobierno lo defienda.



La señora Barkos dice que atacamos el problema de la temporalidad hasta seis meses. Toda la temporalidad. Usted sabe que hasta seis meses es donde se produce la mayor rotación. Precisamente ahí, en esos puestos de trabajo, es donde, una
vez que se produzca la acumulación de dos o más contratos en un período de veinticuatro meses, inmediatamente se actuará por imperio de la ley. La ley será ahora la que diga que ese es un contrato estable, y no habrá que hacer otra actuación; será
la ley quien lo indique y lo decida. En cuanto al coste público para la reforma -creo que lo he dicho antes-, son, en un primer momento, 870 millones de euros para el año 2006, adicionales a los actuales, y a partir del 2007, 1.294 millones de
euros con carácter anual, a acumular al gasto actual que tenemos, que es de 2.600 millones de euros más 300 para políticas de estímulo, para el mantenimiento en el empleo de las personas mayores de 60 años. Quiero indicarle, señora Barkos, que
España siempre tendrá un mayor porcentaje de temporalidad que la media de la Unión Europea por la organización de sus sistemas productivos. Tiene razón el señor Olabarría en que merece la pena discutir este asunto mucho, y yo estoy dispuesto a
hacerlo cuantas veces usted quiera, pero convendría que viéramos los modelos comparados, porque en todos los sistemas hay modelos de flexibilidad. ¿Sabe usted lo que hay donde no existe contratación temporal? Un uso enorme del contrato a tiempo
parcial, infinitamente mayor que en España, donde se confunden ambas figuras. La resultante final es que todos los sistemas europeos tienen una flexibilidad cercana al 30 por ciento, todos, por una u otra vía, todos tienen una determinada
flexibilidad. Aquí nuestra flexibilidad se llama temporalidad; más que temporalidad, precariedad. Es lógico que teniendo más peso en nuestra actividad determinados sectores que son de temporada, donde sí está justificado el contrato temporal,
tengamos siempre una tasa superior a la media europea, aunque el treinta y tres y pico por ciento en el que estamos ahora es muy elevado y hay que intentar reducirlo al máximo. En subcontratas -lo explicaba el portavoz del Grupo Socialista muy
bien, en mi opinión- se introducen una serie de obligaciones de transparencia y control muy importantes. Deliberadamente lo hemos dejado a un lado porque el Parlamento estaba ya trabajando en la regulación de la subcontratación en el sector de la
construcción, la más importante, donde el modelo resultante ha sido acordado también con la patronal del sector, que es muy exigente. El freno al encadenamiento de subcontratas, la exigencia de un porcentaje determinado de empleo estable dentro de
cada una de estas subcontratas, además de una mejor información y mayor transparencia, son elementos a destacar.



A la señora García, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds quiero responderle que le agradezco que sean conscientes de las dificultades. Dice S.S. que el acuerdo podía haber sido mejor. Siempre, claro, dependiendo del punto de
vista de cada cual. Sobre la reforma laboral he escuchado tantas propuestas como opiniones. El acuerdo es el que es, aquel al que han llegado los interlocutores sociales, que los sindicatos han considerado positivo y confían en que pueda reducir
la precariedad, que es la finalidad fundamental de este acuerdo. Habla S.S.
de que hay algunas debilidades. Para que no caigamos en prejuicios sobre los fallos en el modelo de crecimiento que tiene nuestro país y porque lo venimos oyendo hace
muchos años, me permito aventurar que ya quisieran otros países tener esos fallos y crecer como crecemos nosotros. Ya quisieran algunos países, ahora que se habla de lo negativa que es la inflación, que por supuesto lo es, es un elemento negativo,
tener una inflación del 3,7 por ciento y crecer en empleo al 5 por ciento anual.
Supongo que Alemania, Francia e Inglaterra, firmarían un 3,7 de inflación con un 5 por ciento de crecimiento del empleo y un 3,5, al menos, de crecimiento del producto
interior bruto. Efectivamente tiene que llamarnos la atención y tenemos que tomar medidas para intentar controlar lo que usted llama fallos o debilidades que pueden apuntarse en el modelo de crecimiento. Está mejorando la productividad en España
poco a poco. Es verdad que la mejora es moderada, pero está creciendo la mejora de la productividad y se está produciendo un cambio en los componentes de nuestro crecimiento que, de mantenerse, puede ser muy interesante en el futuro. Frente a
2004, 2005 y principios de 2006, las exportaciones están mejorando notablemente, de modo que la aportación del sector exterior al crecimiento de nuestra economía, que ha venido siendo históricamente negativa, se va a atenuar muchísimo y, desde
luego, el crecimiento tan excepcional de las exportaciones que se están produciendo en los últimos meses apunta a una economía que es capaz de ganar valor añadido, de incrementar sus tasas de exportación de un modo profundo. Ojalá que las cosas
sigan así, porque la inversión en bienes de equipo es muy elevada, así como el incremento de patentes. El otro día recordaba el presidente del Gobierno que en el año 2005 hemos sido el país del mundo donde más incremento porcentual hemos tenido en
la inscripción de patentes; porcentual, porque es verdad que todavía estamos a una distancia grande de las economías fuertes. Es una tendencia que va a ser muy importante.



Señoría, quiero recordarle que el contrato de fomento del empleo indefinido del año 1997 fue acordado por los interlocutores sociales. No ha sido una aportación de este Gobierno, estaba ya establecido. No le gusta la rebaja de cotizaciones
que se produce para las empresas de trabajo temporal. Permítame que explique que mayoritariamente las empresas de trabajo temporal están haciendo un papel correcto en nuestro mercado de trabajo, que hemos superado algunas deficiencias del pasado
con las últimas reformas que se han venido produciendo y que hoy un trabajador cedido por una ETT tiene absolutamente garantizados sus derechos y han


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favorecido la creación de empleo. No parecía justo, a juicio incluso de los sindicatos, que estuvieran penalizados esos contratos por parte de las ETT junto a un contrato de la misma naturaleza, de carácter temporal, que pudiera hacer
libremente el empresario. Por eso hemos eliminado esa restricción que nos parecía que no era justa.



Señor Olabarría, le he visto un poco afectado porque a S.S. le gustaría discutir más a fondo en un debate de esta naturaleza. Estoy de acuerdo y, créame, ni yo he elegido el momento -creo que es un momento oportuno- ni me interesa que no
se discuta. Coincido plenamente con usted en que este asunto importa a los españoles. Es un asunto de fondo y seguramente esta materia, si sale bien este acuerdo, mejorará en gran parte el tono vital de la sociedad española también, el bienestar
de todos y las perspectivas de crecimiento económico. Estoy totalmente de acuerdo y, si usted quiere, discutimos cuantas veces sean necesarias. No tengo ninguna restricción, lo que usted quiera. Estoy totalmente de acuerdo y me parece bien.

Siempre es un placer discutir con usted que tiene tantos conocimientos en la materia, aunque con algunos de ellos discrepo, como ahora le demostraré. Es un placer discutir con usted, una persona que conoce tan bien el tema y con tanta capacidad
intelectual. El primero de ellos tiene que ver con los ejemplos que usted me pone. No me ponga el ejemplo de Francia, señor Olabarría. En Francia van en dirección contraria a la nuestra; no me ponga ese ejemplo. Aquí hemos hecho lo contrario de
lo que se quiere hacer en Francia. Si usted me compara ambas situaciones que no son homogéneas, la resultante no es correcta. En Francia lo que se pretende para salir de la situación de impasse y de falta de crecimiento económico es ampliar el
periodo de prueba para los contratos juveniles favoreciendo el despido libre de los mismos y aquí lo que pretendemos es garantizar más estabilidad en el empleo para los jóvenes, con un encarecimiento de su despido. Queremos lo contrario. Luego,
las medidas no son similares. Aquí vamos en un sentido distinto. Dios me libre de criticar a ningún país en sus esfuerzos por poner en marcha las medidas que considere necesarias para la mejora de su actividad económica. De ahí deriva, sin duda,
la conflictividad. Me decía S.S. que nuestro mercado de trabajo necesita reformas estructurales. Sí, pero hay que decir cuáles.
(El señor Olabarría Muñoz: ¿Cuándo? ¿Dónde?) Hay que decir cuáles, señor Olabarría. Yo estoy dispuesto a
discutirlas. Hay que decirlas, hay que ponerle el cascabel al gato, decir qué reformas estructurales estamos pidiendo. El señor Campuzano se ha atrevido a decirlo en un punto: Que se generalice el contrato de 33 días. Inmediatamente le dirán que
está pidiendo el abaratamiento del despido. (El señor Campuzano i Canadés: Sí.) Usted dice que sí, y es valiente reconocerlo. Pero ahora le estoy diciendo al señor Olabarría cuáles son las reformas estructurales que se solicitan porque creo que
no hay tantas posibles. (El señor Olabarría Muñoz: Hay muchas.) Ahora lo veremos cuando hable, brevemente, de los sistemas de flexibilidad que no se usan en nuestro sistema y que están a disposición de las empresas. Me gustaría que se dijera
cuáles. Haremos un debate más a fondo con más tiempo, señor Olabarría; discutiremos y usted me propondrá exactamente cuáles son las reformas estructurales que se desean. Sobre la legitimidad de origen, ya le he dicho con todos mis respetos que,
por supuesto, no pretendo tenerla toda. He explicado por qué el alcance del acuerdo se estructura entre Gobierno, los dos grandes sindicatos y las dos grandes patronales, sin perjuicio de que, por supuesto, en cada comunidad autónoma el ámbito
competencial es distinto.
Sí, en su ámbito competencial. Yo no discuto los acuerdos que pueda haber entre la patronal, los sindicatos y los gobiernos autonómicos. Me gustan, además. (El señor Olabarría Muñoz: ELA es más representativo en el
ámbito del Estado.)


La señora PRESIDENTA: Señor Olabarría, por favor.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Me he reunido con ELA y estoy dispuesto a hacerlo cuantas veces sea necesario porque me parece correcto y es una obligación democrática.
Señoría, no le he
entendido. A pesar de su brillantez jurídica y de su clarividencia, no he entendido su argumento sobre la conversión de temporales en fijos y la reducción de costes del despido que ello entraña, ni entiendo que eso sea una reformatio in peius. No,
señoría.
Señor Olabarría, esta figura ya está en el ordenamiento jurídico actual.
Hoy, si una persona está contratada temporalmente, su contrato puede convertirse en indefinido aplicándole, a decisión del empresario, el contrato de 33 días de
despido o el de 45. Eso ya está en el ordenamiento jurídico y nadie lo considera una reformatio in peius. ¿Qué pretendemos hacer? Pretendemos decir a nuestros empresarios: Para hacer una conversión de contrato temporal a indefinido les quedan
seis meses, de aquí al 31 de diciembre del año 2006. En ese tiempo, pueden utilizar con amplitud no solo los colectivos originales, sino también el contrato de fomento del año 1997. Luego, podrán ustedes seguir haciéndolo hasta el 31 de diciembre
del año 2007, pero sin bonificación. Aquí está el debate.
¿Esto es una rebaja del coste del despido o no? ¿Qué garantías tiene una persona que tiene un contrato temporal? Ninguna. ¿Cómo a ser una reformatio in peius, una reforma peor, dotarle
de un contrato estable, aunque sea de 33 días, con garantía jurisdiccional sobre el control de su despido? ¿Cómo va a ser eso una reformatio in peius? No lo entiendo. Yo creo que es una mejora notable de la situación. No es que al de 45 días lo
lleven a 33, que es imposible, es que al que no tiene nada, al que tiene un contrato temporal se le hace un nuevo contrato estable mucho más beneficioso para su situación. Por tanto, no creo que se pueda hablar de un retraso en esas garantías de
derechos. Además, en términos prácticos, esto no supone un abaratamiento del despido, supone un encarecimiento del mismo, porque


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de pasar de un contrato temporal de ocho días de despido y sin control jurisdiccional, a otro de 33 días y con control, porque tiene que alegarse una causa objetiva para el despido, obviamente se produce un refuerzo de la garantía de los
trabajadores. En ese sentido es en el que le decía que no le había entendido. Seguro que hay una explicación y seguro que usted la tiene, pero mi contraexplicación es esta. No creo que haya ningún empeoramiento para el trabajador, sino una
mejora.



En cuanto a la contratación en cascada, sobre todo en el sector de la construcción, que es el más afectado, ya le he explicado que se produce un corte notable, se establece un límite. Ojalá tengamos la ley pronto -creo que está en el
Senado- y podamos aplicarla si el Parlamento acaba rápidamente, porque la necesitamos. Estoy seguro que va a dar muy buenos resultados.



Señor Olabarría, me plantea también otros asuntos que se están abordando sectorialmente en otros ámbitos. Me habla de personas mayores. Tenemos la Ley de la Dependencia, que les afecta de lleno. Me habla de la conciliación de la vida
personal y familiar, como hacía también el señor Tardá. Tenemos una Ley de Igualdad. Hemos derivado las medidas de ámbito laboral para favorecer la conciliación entre la vida personal y familiar a la Ley de Igualdad. Creo que llegará aquí dentro
de un mes, porque ahora está en el Consejo de Estado. Entonces tendremos ocasión de discutir. Sobre la formación continua, ya me he expresado, y sobre las políticas activas de empleo, sabe usted que estamos negociando con el Gobierno vasco. Mi
deseo sería poder transferirlas. Mi profundo deseo es que esa negociación llegue a buen puerto y podamos hacerlo.



Señor Tardá, por no repetir más, ya le he contestado sobre la configuración de la mesa de diálogo social y la legitimación parcial que usted ha indicado. Me pregunta qué incidencia tendrá el encadenamiento.
No digo que vaya a ser una
revolución copernicana, pero creo que va a tener importancia, porque por imperio de la ley esas relaciones laborales se considerarán ya estables. Por ejemplo, en el sistema de Seguridad Social tenemos identificadas relaciones de larga duración con
contratos temporales en la misma empresa. Esto quiere decir que el sistema sabe dónde se pueden producir y ahora tendremos la ley para poder actuar sobre ellos. Tenemos identificados aproximadamente 1.300.000 contratos en esa situación, por eso
digo que el resultado de la aplicación de esta cláusula puede ser importante. Usted me habla de los dos años. ¿No tendremos el efecto perverso de que el empresario contrate hasta el segundo año y luego despida o no vaya a contratar? El empresario
también podría decidir no contratar a nadie. No. En este momento no tenemos un problema de oferta en nuestro mercado de trabajo y, por fortuna, no creo que se produzca esa circunstancia, entre otras cosas porque, como les he indicado en mi
intervención, contratar establemente es más barato que contratar temporalmente. Es decir, desde el punto de vista de los costes indirectos del empresario, merecerá más la pena hacer una contratación estable que una contratación temporal. Creo
sinceramente que estas posibilidades se van a poder aprovechar correctamente. Me decía usted: Eso suena a plan de choque. Sí, es un plan de choque en los seis meses que tenemos por delante. Si, como usted mismo me ha indicado, el proceso de
legalización de inmigrantes tuvo un resultado positivo, ahora nosotros no estamos perdonando a nadie, señor Tardá. Estos empresarios tienen ese derecho a la hora de hacer esa conversión. Lo que les estamos diciendo es que les aumentamos la ayuda y
que esa posibilidad se les acaba el 1 de enero de 2007, que aprovechen esos seis meses. Por tanto, no es que se esté ayudando a quien está incumpliendo la ley. Ese derecho existe. Se producen muchísimas conversiones -podría darle los datos- de
contratos temporales en indefinidos. Desde el año 1997 ha habido millones de conversiones. Por eso le digo que no estamos premiando en absoluto al que está fuera de la ley, porque ese derecho existe en este momento.



Sobre subcontratación, ya le he contestado. En cuanto a que la reducción de cotizaciones al desempleo es discriminatoria, tengo que decirle que es una discriminación positiva a favor del empleo fijo, pero esa es la apuesta que queremos
hacer para mejorar ese segmento de actividad que todo el mundo valora como muy positivo. Todo el mundo quiere tener un empleo estable. Digamos que es un derecho más consolidado. Podemos actuar desde los recursos públicos para favorecer esos
empleos. Y los jóvenes son los protagonistas de todo, porque, señor Tardá, la precariedad se ubica fundamentalmente en el segmento de población menor de 35 años y también en mujeres. Por tanto, estos serán los dos colectivos más beneficiados por
ello. En cuanto a la conciliación de la vida laboral y familiar, ya les he hablado de la Ley de Igualdad, y respecto a la tramitación parlamentaria ya contesté con anterioridad.



El señor Campuzano me planteaba el papel del diálogo social. Ya lo he explicado. Dice usted que este proceso de diálogo social tiene límites.
Algún límite tendrá, claro, pero también tiene enormes ventajas, como se ha demostrado en los
últimos años. Por eso preguntaba antes, en la respuesta a sus compañeros, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de flexibilidad. Usted dice: extender el contrato a 33 días. De hecho, el uso posible del mismo durante dos años se va a
generalizar hasta el 31 de diciembre del año 2007. Esa es una señal evidente a favor de un contrato que da estabilidad, que da garantías, que mejora la condición del trabajador y que estimula a contratar. No se ha hecho con carácter permanente
porque los interlocutores sociales no lo han deseado así, pero sí se ha establecido una pasarela de un tiempo de utilización para sacar de la bolsa de temporales el mayor número de contratos estables.



En cuanto a la tramitación como proyecto de ley, señor Campuzano, le contesto lo mismo que antes. Respecto al mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo, tengo que decirle que, por supuesto, eso está en el acuerdo. Finalmente
me ha preguntado por las otras agencias.
Ese tema ha quedado abierto en la mesa con


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los interlocutores para reflexionar sobre las empresas de recolocación y sobre las agencias privadas de colocación. Espero que dé resultado en no demasiado tiempo. Los interlocutores querían perfilarlo un poco más. Por tanto, no hay una
negativa a la materia, sino un análisis y un estudio más detenido de la misma.



El cambio en política de bonificaciones no creo que perjudique a los empleos cualificados porque estamos hablando de que el porcentaje de la bonificación sobre los costes indirectos es importante, pero no es el elemento determinante sobre
todo en un empleo cualificado. Sin ninguna duda existen otros muchos incentivos para favorecer el empleo cualificado que tienen que ver con la política presupuestaria, con la política fiscal y con otras medidas distintas. También con este acuerdo
pretendíamos utilizar adecuadamente los recursos de que disponemos y concentrarlos proporcionalmente un poco más, aunque al empleo cualificado se le mantiene la ayuda, en aquellos segmentos donde hay más precariedad para tener una mayor eficacia.
Por tanto, no hay ningún interés en no apoyar el empleo cualificado, que por cierto está creciendo de una forma intensa en España. Al contrario de lo que a veces se piensa, el empleo cualificado está creciendo de una forma intensa, incluso en
actividades que tradicionalmente se consideran como de poco valor añadido, como la construcción, donde hay mucho empleo cualificado y está creciendo a una velocidad muy importante.



Me preguntaba por el cambio en las bonificaciones. Se mantiene la ayuda a los discapacitados de 3.900 euros por la firma del contrato y a ello se añadirá, durante toda la vigencia del mismo, unas bonificaciones de 3.000 ó 3.200 euros, según
el grado de discapacidad, a la persona que sea contratada durante toda la vida del contrato, pero por supuesto es compatible con los 3.900 y pico euros que ahora se conceden por esta ayuda. La última pregunta está relacionada con Fogasa. Como
usted sabe, todos los trabajadores están protegidos, lo que ocurre es que en caso de despido objetivo el Fogasa se hace cargo de una parte de las indemnizaciones de los trabajadores en empresas de menos de veinticinco trabajadores. Es verdad que
hubo la posibilidad de discutir y de ampliarlas hasta empresas mayores de cincuenta trabajadores, pero no ha habido acuerdo entre los interlocutores y, por tanto, no se ha podido incorporar.



Señor Membrado, estoy de acuerdo con todas sus reflexiones, me han parecido muy pertinentes y adecuadas. Muchas gracias por la felicitación y gracias a todos ustedes.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. Gracias, a todos los que han intervenido.



Se levanta la sesión.



Eran las siete y quince minutos de la tarde.