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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 576, de 16/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 576
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Sesión núm. 24
celebrada el martes, 16 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la preservación y accesibilidad del patrimonio documental e informativo en soporte electrónico por parte de las administraciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente
161/001465.) ... (Página 3)
-Sobre la temporalidad en el sector público. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001153.) ... (Página 5)
-Sobre la revisión de los contenidos de toda la información pública que publica la Administración General del Estado para garantizar su adecuación al actual régimen constitucional. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000537.) ... (Página 8)
Preguntas:
Del señor Gutiérrez Molina (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de obras públicas de interés para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000704.) ... (Página 11)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de transportes terrestres y por cable para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000705.) ... (Página 11)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de puertos y aeropuertos deportivos para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000706.) ... (Página 12)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de montes y aprovechamientos forestales para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000707.) ... (Página 12)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de proyectos, construcción y explotación de aprovechamientos hidráulicos para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000708.) ...
(Página 12)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de caza para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000709.) ... (Página 12)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de sanidad e higiene para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000710.) ... (Página 12)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de Cajas de Ahorro para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000711.) ...
(Página 12)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de elaboración de estadísticas para fines de la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000712.) ... (Página 12)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de vigilancia y protección de edificios e instalaciones y policía local para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000713.) ... (Página 12)
-Previsiones acerca de realizar las transferencias en materia de prensa y televisión y otros medios de comunicación social para la Ciudad de Melilla. (Número de expediente 181/000714.) ... (Página 12)
Del señor Fuentes Pacheco (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre:
-Acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía para el traspaso de competencias. (Número de expediente 181/001534.) ... (Página 16)
-Número de mujeres que se verán afectadas por las medidas del Ministerio de Administraciones Públicas para fomentar la incorporación de la mujer en la Administración General del Estado. (Número de expediente 181/001647.) ...
-Número de notificaciones oficiales efectuadas por la administración pública mediante sistemas electrónicos en la provincia de Málaga. (Número de expediente 181/001757.) ... (Página 16)
-Contenido del convenio firmado entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía para la puesta en marcha de las oficinas de atención al ciudadano. (Número de expediente 181/001848.) ...
Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre:
-Porcentaje de personas con discapacidad que han obtenido plaza como nuevos funcionarios en la Administración Central en el año 2004. (Número de expediente 181/001734.) ... (Página 19)
-Porcentaje que suponen las personas con discapacidad sobre el total de personas que han accedido a una plaza en las administraciones públicas en el año 2005. (Número de expediente 181/001815.) ... (Página 19)
-Medidas del Ministerio de Administraciones Públicas para dar prioridad a las empresas que respeten la cuota de reserva de empleo de las personas con discapacidad. (Número de expediente 181/001816.) ... (Página
19)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA A LA PRESERVACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL E INFORMATIVO EN SOPORTE ELECTRÓNICO POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente
161/001465.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar la sesión número 24 de la Comisión de Administraciones Públicas conforme al orden del día que conocen. En relación con los puntos 1, 2 y 3, proposiciones no de ley, la idea sería desarrollar esta parte
de la actividad hasta las doce y media, hora de referencia para la votación, si les parece adecuado. De manera que después interrumpiríamos la sesión unos minutos para seguir con la contestación a las preguntas que figuran en el orden del día. Si
no hay inconveniente a lo dicho, iniciamos el orden de asuntos con la primera proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la preservación y accesibilidad del patrimonio documental e informativo en soporte electrónico por parte de las
administraciones públicas. Por tanto, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Esta proposición no de ley tiene como objetivo introducir, ante todo, una determinada cultura en lo que viene siendo una nueva dimensión en la actividad de las administraciones. Hasta ahora había una práctica
documentalista de preservación de documentos, de archivo, de discursos, de intervenciones y de actos, no necesariamente normativos, y ahora todo ese caudal informativo se vierte y, por tanto, se pone a disposición de los ciudadanos en una nueva
dimensión que es el dominio de Internet. En nuestro país, el número de internautas supera ya prácticamente la mitad de la población, las administraciones se han incorporado de manera muy acelerada a Internet y el acceso a documentos, a acuerdos y a
informes es probablemente uno de los cambios más relevantes que ha conllevado para nosotros la sociedad del conocimiento.
Hoy cualquier ciudadano puede tener acceso, al mismo tiempo que los medios de comunicación o que los propios miembros de las
administraciones, a los acuerdos del Consejo de Ministros o del Consejo Europeo. La comunicación ha dejado de circular a través de redes jerarquizadas y ha pasado a ser un patrimonio común de los ciudadanos en una sociedad en red, en la que estos
ciudadanos pueden comunicarse a su vez con terceros y, si lo desean, pueden promover procesos participativos de discusión y de influencia política.
Esta nueva dimensión tiene también una gran relevancia para los estudiosos, los académicos y los historiadores. Por tanto, es importante garantizar la preservación y también la accesibilidad a la información, que es el objetivo de esta
proposición no de ley. El Congreso de los Diputados y el Senado lo han entendido muy bien y ahora mismo, todavía con algunas limitaciones, es posible acceder a través de Internet a los 'Diarios de Sesiones' y a los boletines desde 1997. Sin
embargo, hemos podido constatar que la cultura de preservación que está muy establecida en lo que se refiere al soporte papel, no lo está tanto en el soporte digitalizado. Viene siendo práctica habitual que la alternancia de un partido en el
Gobierno, caso de 2004, o incluso los cambios de legislatura, caso del año 2000, o la llegada de un nuevo titular a un ministerio, pongo el ejemplo de la sustitución del señor Piqué por la señora De Palacio, provoquen no solamente los cambios de
designación, sino una remodelación completa del sitio del ministerio en Internet, con la consiguiente desaparición física de información o, cuando menos, la relegación a espacios recónditos o difíciles de ubicar para el investigador o para el
ciudadano que busque esa información en el sitio web. Lo único que se pretende con esta iniciativa es que los investigadores que deseen profundizar en los documentos, insisto, en su mayor parte de carácter no normativo y muchos de ellos de carácter
meramente informativo, que a veces tienen una dimensión seminormativa, como informes, acuerdos, escritos, discursos, conferencias e incluso material gráfico, que se producen en un periodo de Gobierno, puedan hacerlo, porque eliminar todo este
material equivale en la práctica a vaciar las estanterías y los archivos y echar a la basura los documentos físicos de ese periodo, desprendiéndose así de manera arbitraria de un material cuya relevancia correspondería juzgar a los estudiosos y a
los especialistas científicos. Por tanto, proponemos que el Gobierno promueva,
en el ámbito de sus competencias, la toma de conciencia por parte de los responsables de las administraciones sobre el valor documental de carácter histórico que tienen las bases de datos electrónicas; que se regule la preservación de ese
patrimonio documental e informativo en soporte electrónico; que se establezcan pautas homogéneas para la clasificación, ubicación y accesibilidad a esos materiales por los ciudadanos y por los investigadores en los portales de las administraciones,
y que se contemple la digitalización y la puesta a disposición en Internet de documentos de carácter general que puedan ser de interés para los ciudadanos y que obran en los archivos de los distintos ministerios.
Ha habido algunas enmiendas que voy a comentar con el permiso del señor presidente. Podemos recoger buena parte de lo que plantea la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, todo aquello que supone corrección e incluso una mejor redacción
de algunos de los apartados de nuestra proposición no de ley. También recogeríamos el objetivo que plantea en su punto 1, es decir, la necesidad de que estas actuaciones -que, insisto, no se refieren a actos normativos ni tampoco a la relación
entre la Administración y el administrado- se integren en los planes de modernización tecnológica de las administraciones pública que se derivan del Plan Avanza. Por supuesto, también recogemos, con otra redacción, la necesidad de promover la
colaboración con el conjunto de las comunidades autónomas y con la Federación de Municipios y Provincias para promover la extensión de esta práctica al conjunto de las administraciones públicas.
En cuanto a la enmienda de Convergència i Unió, recogeríamos, por supuesto, su objetivo, aunque sin determinar un plazo para realizar la trasposición de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la reutilización de la
información del sector público.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, ya ha adelantado usted la posición sobre las enmiendas presentadas. En cualquier caso, para la defensa de la primera de ellas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El Grupo de
Convergència i Unió, no está presente, por lo que daremos su enmienda por defendida con esta aceptación que se ha expresado. Pediría al señor Estrella que precisara en qué términos quedaría el texto final de la proposición no de ley.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Roldós.
La señora ROLDÓS CABALLERO: El Grupo Popular no puede por menos que estar de acuerdo con el fondo de esta proposición no de ley. Además, consideramos que se ha presentado en un momento oportuno. Estamos de acuerdo con el fondo, porque no
podemos olvidar que durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular hemos defendido siempre que había que hacer políticas que acercasen a España a la situación en la que se encontraban los países más avanzados del mundo en materia de sociedad
de la información y del conocimiento, siguiendo además las estrategias marcadas por la cumbre de Lisboa en cuanto a la difusión del uso del conocimiento y de las tecnologías de la información. Creemos que el uso de las nuevas tecnologías es de
vital importancia para la competitividad de las empresas y también para nuestro tejido económico y social. No olvidemos que con los gobiernos del Partido Popular se llevó a cabo el Plan de Acción Info XXI, la sociedad de la información para todos,
desde el año 2001 al 2003, con una aportación presupuestaria de 6.000 millones de euros, y que en 2002 se creó una comisión especial de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información en España, en la que participaron distintos expertos
tanto de la vida académica como de la vida empresarial, para elaborar propuestas de desarrollo de la sociedad de la información en España. También es lícito hablar del precedente del Plan España.es, dotado con 1.029 millones de euros, o del Plan de
choque para el impulso de la Administración electrónica en España de mayo de 2003. El objetivo prioritario para la Administración electrónica que tiene el plan estratégico al que se refería el diputado socialista es la implantación del DNI
electrónico, y no debemos olvidar que su regulación se hizo a través de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de la firma electrónica. Por todas estas razones no podemos más que estar de acuerdo con el fondo de su proposición. Asimismo, quisiera
recordar el proyecto AER (Archivos Españoles en Red), que puso en marcha el Ministerio de Cultura en la legislatura pasada, cuyo objetivo era facilitar a través de la red la base de datos de los archivos históricos y la digitalización de los
documentos. Por tanto, nos parece que este es un paso más en la senda que habían marcado los gobiernos del Partido Popular.
Sin embargo, señor Estrella, estando muy de acuerdo con el fondo, tengo que decirle, en primer lugar, que esta proposición no de ley nos parece una buena declaración de intenciones, pero sin compromisos concretos. Por este motivo hemos
presentado esta enmienda, que recoge que en un plazo máximo de seis meses haya un programa específico de actuaciones integrado en el Plan estratégico de modernización tecnológica de la Administración pública, con una dotación presupuestaria
plurianual. Esto es muy importante, porque, si no, este tipo de iniciativas se convierten en un canto al sol.
En segundo lugar, en esta proposición no de ley se habla de la Administración electrónica. El ministro de Administraciones Públicas, el señor Sevilla, nos anunció en enero de este año que antes de la primavera tendríamos el proyecto de ley
de Administración electrónica y que quedarían reguladas las diferentes actuaciones que recoge esta proposición no de ley. Como la primavera ya está bastante avanzada y ese proyecto de ley no ha entrado todavía en la Cámara, aprovechamos esta
proposición no de ley para pedir que venga aquí este importante proyecto de ley de Administración electrónica, que lo que hace al final es garantizar el derecho de los ciudadanos
a acceder a los servicios administrativos por vía electrónica, derecho que está recogido en la Constitución española, concretamente en su artículo 105, letra b).
En tercer lugar, queremos promover la elaboración de acuerdos y convenios con el conjunto de las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, estableciendo líneas de actuación subvencionables, en orden a
promover e incentivar la extensión de estas actuaciones al conjunto de las administraciones públicas. No olvidemos que el Ministerio de Administraciones Públicas debe poner en marcha todos los mecanismos de cooperación y de coordinación con el
resto de las administraciones públicas para que los fines perseguidos alcancen una ejecución similar y homogénea en todas partes, garantizando la interoperabilidad en todo el territorio.
Señor Estrella, recibimos con agrado que su grupo esté dispuesto a llegar a una transaccional. De la misma manera, nos manifestamos favorables a incluir la trasposición de la directiva europea que propone en su enmienda el Grupo de
Convergència i Unió, porque entendemos que esta proposición no de ley, al tratar la reutilización de documentos del sector público, es el lugar adecuado para esa trasposición.
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, ¿quiere hacer alguna precisión a los comentarios de la portavoz del Grupo Popular?
El señor ESTRELLA PEDROLA: Sí, señor presidente.
Quiero recordar que esta iniciativa no regula la relación entre los ciudadanos y las administraciones y tampoco regula el tratamiento de los actos de gobierno y la publicidad y el acceso de los ciudadanos a las informaciones de las
administraciones que les afectan directamente. Se trata simplemente de preservar las bases informativas que son importantes para los investigadores, los estudiosos y los ciudadanos que tengan interés en el patrimonio histórico y hacerlo con pautas
homogéneas y, por tanto, de establecer una cultura en las administraciones. En cualquier caso, aceptando básicamente su texto -si quiere el presidente lo leo ahora y, si no, se lo doy después-, recogeríamos el apartado a) del punto primero de su
propuesta, añadiendo después de 'valor documental' las palabras 'de carácter histórico'. Los apartados b), c) y d), exactamente igual. Añadiríamos un apartado e), recogiendo el planteamiento del Grupo Popular en el sentido de integrar estas
actuaciones en los planes de modernización tecnológica de las administraciones públicas derivadas del Plan Avanza. Recogeríamos con una leve modificación su punto tercero -no así el segundo, porque lo que se plantea en esta iniciativa, que es mucho
más limitada, no tiene nada que ver con la ley de la Administración electrónica-, promover la colaboración con el conjunto de las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, a fin de promover la extensión de estas prácticas al
conjunto de las administraciones públicas. Asimismo, incorporaríamos un cuarto punto recogido en la propuesta de la enmienda de Convergència i Unió, consistente en realizar la trasposición de la Directiva 2003/98 CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, nos hacen llegar a la Mesa el texto transaccional que han apuntado en sus intervenciones, texto que, como hemos dicho, someteremos a votación a las doce y treinta minutos.
-SOBRE LA TEMPORALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001153.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, relativo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre temporalidad en el sector público, tema cuya discusión ya tuvimos ocasión
de iniciar en su día. Señora portavoz, tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero remitirme efectivamente a la argumentación realizada en fecha 18 de octubre de 2005, cuando se procedió al inicio de la defensa de esta proposición no de ley. Como ustedes saben, la tasa
de temporalidad en el sector público va en aumento, siendo ya de más del doble de la que había en el año 1987, y especialmente se centra en la Administración local, con un porcentaje de alrededor de un 30 por ciento de temporalidad, y en la
autonómica, aunque hay sectores que tienen una tasa de temporalidad mucho más elevada, y por supuesto con una incidencia mayor en cuanto a los jóvenes, en sectores como la educación pública, donde se alcanza un porcentaje del 22 por ciento, o en la
sanidad, donde dicho porcentaje ronda el 30 por ciento. Es evidente que estamos ante un problema que debe ser solucionado a través de distintos mecanismos, incluso hay un documento firmado por todas las comunidades autónomas en el que estas se
comprometen a que la tasa de temporalidad no alcance el 10 por ciento. Hay compromisos y declaraciones, pero lo cierto es que esa tasa de temporalidad se mantienen, además va en aumento, y todavía no se están viendo actuaciones específicas y
concretas que den solución a este problema, al menos en cuanto a los resultados. Por este motivo, es relevante que por parte de esta Cámara de representación de la soberanía se inste al Gobierno a seguir impulsando este tipo de medidas y a
profundizar, siempre dentro del diálogo entre administraciones públicas y organizaciones sindicales, en los mecanismos necesarios para atajar el problema de la temporalidad en el sector público. En ese sentido, con el objetivo de actualizar la
realidad presente de los
hechos a la proposición no de ley hemos hecho una propuesta alternativa a la enmienda planteada por parte del Grupo Socialista, en la que, en primer lugar, se habla de seguir impulsando cuantas medidas sean precisas para fomentar la
estabilidad laboral reduciendo la tasa de temporalidad en el empleo público, profundizando en el diálogo con las administraciones públicas y con las organizaciones sindicales para alcanzar una tasa de temporalidad que no supere el 10 por ciento del
empleo público, tal y como se ha acordado por parte de todas las administraciones autonómicas, y, en segundo lugar, crear, en el marco del futuro estatuto básico del empleado público, que debe ser un elemento fundamental para atajar este problema de
la temporalidad, un observatorio para el empleo en las administraciones públicas, donde sindicatos, administraciones y expertos en la materia realicen un seguimiento de las políticas para fomentar la estabilidad laboral, evaluando principalmente la
eficacia de los recursos humanos a través del instrumento de las relaciones de puestos de trabajo, como herramienta que permita ajustar la política de personal a las necesidades de servicios. Igualmente debería ocurrir con las políticas de igualdad
de trato entre sexos y de conciliación de la vida familiar y laboral. Hago un paréntesis para decir que ha habido un acuerdo en el que se ha abordado este problema de la igualdad de trato entre sexos y de conciliación de la vida familiar y laboral,
pero este observatorio debería hacer un seguimiento de estas políticas de igualdad que se llevan a cabo por parte del Gobierno.
Asimismo, el observatorio debería hacer un seguimiento de la política de externalización de servicios y actividades que
realicen las administraciones, así como de los procesos de consolidación de empleo temporal y de sustitución de empleo interino, y, para finalizar, de la estructura de oferta de empleo público, sobre todo en cuanto a la cooperación entre las
distintas administraciones, orientada hacia la reducción de la temporalidad como política estructural. Estas medidas forman parte de la política que se ha de llevar a cabo por el Gobierno, de las negociaciones del estatuto básico del empleado
público que se están produciendo en la actualidad y de la traslación por parte de este Congreso y de esta Comisión de nuestra preocupación por los sectores que ahora mismo se encuentran en negociación, así como por todas las administraciones
públicas implicadas en este problema de la temporalidad, para que se aborden soluciones específicas a un problema que, como digo, a todos nos preocupa, pero que sigue incrementándose.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista, otra por parte del Grupo Popular y dos por parte de Convergència i Unió. Damos por defendidas las dos enmiendas de Convergència
i Unió por cortesía, sin perjuicio de que más tarde la proponente diga lo que corresponda, y continuamos por el Grupo Popular, para lo que tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Realmente, la temporalidad en la función pública es un problema que se viene arrastrando, pero hay reconocer -y creo que todos los grupos lo harán- que se hizo un esfuerzo amplio en los ocho años de Gobierno del
Partido Popular. El secretario general de Administraciones Públicas, en su comparecencia del 22 de febrero de 2006, dijo que efectivamente en 2004 el nuevo Gobierno tomó conciencia de las dimensiones del problema y de la urgencia de arbitrar
soluciones, insistiéndose en la declaración parar el diálogo social y en la necesidad de no superar el 8 por ciento en la temporalidad en el empleo público.
Seguramente los diferentes grupos también estaremos de acuerdo en que en este punto tenemos
que distinguir entre la temporalidad en la Administración General del Estado y la temporalidad en las administraciones autonómica y local.
En lo que respecta a la Administración local, tengo que hacer una defensa de la misma porque una de las razones por las que los ayuntamientos tienen una gran temporalidad es que se han hecho y se están haciendo cargo de competencias que no
son propiamente de ellos, para las que no cuentan con financiación, y para las que tienen que tomar funcionarios temporales. Por este motivo indico que en este punto debería haber dos planes: uno para la Administración General del Estado, respecto
de la que en los acuerdos sindicales se ha fijado como máximo el 8 por ciento de temporalidad, y otro para la Administración local, donde tendríamos que tener en cuenta que no le podemos imponer obligaciones en tanto en cuanto asume competencias que
no le son propias, ni tiene financiación para ello, de acuerdo con la reunión de Murcia y los acuerdos que en ella se alcanzaron, y que propusieron fundamentalmente las autonomías del Partido Popular, en cuanto a no superar el 10 por ciento de
temporalidad. En la enmienda que habíamos presentado pretendíamos que se concretase fundamentalmente un plazo, porque si no muchas veces se producen declaraciones que pueden ser suscritas perfectamente por todos los grupos, pero que no instan al
Gobierno a un plazo concreto. Por este motivo, en nuestra enmienda decíamos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses lleve a cabo las siguientes actuaciones: primera, que elabore, previo acuerdo con
las organizaciones sindicales representativas del sector público, apruebe y presente un programa de actuaciones, etcétera, y, segundo, que impulse la formación de una mesa de diálogo con participación de las administraciones autonómicas y locales y
las organizaciones sindicales.
Señor presidente, como este es un tema que preocupa tanto al grupo proponente como a los demás grupos de esta Cámara -el Grupo Socialista, el Grupo Popular y Convergència i Unió-, hay una enmienda transaccional que, si es posible, nos
gustaría que se aprobase por unanimidad y respecto de la que el Grupo Socialista nos indicaba anteriormente que no fijáramos un plazo de seis meses porque no se podía fijar un plazo concreto. Esta
enmienda dice: El Congreso de los Diputados, con relación al empleo en el ámbito de las distintas administraciones públicas, insta al Gobierno a que siga impulsando cuantas medidas sean precisas para fomentar la estabilidad laboral y
reducir la tasa de temporalidad en el empleo público, promoviendo para ello la cooperación entre administraciones, de tal modo que, utilizando el ámbito ya existente o mediante la creación de otros nuevos, se establezcan compromisos y se encuentren
soluciones eficaces y coordinadas que permitan reducir los niveles de temporalidad.
Asimismo -y aquí ya concretamos más-, se solicita al Gobierno que continúe profundizando en el diálogo con las administraciones públicas y con las organizaciones
sindicales para alcanzar una tasa de temporalidad que no supere el 10 por ciento del empleo público.
Aunque, reitero, en esta enmienda transaccional no se recoge lo que nosotros deseábamos fundamentalmente, que es el plazo de seis meses para que no sea una declaración más de las muchas que se hacen en las proposiciones no de ley en general
-no digo en esta Comisión sino en las diferentes comisiones-, aceptaríamos esta enmienda transaccional. Nos gustaría que la aceptara el grupo proponente para que saliera por unanimidad la preocupación que tiene esta Comisión y, por lo tanto, el
Congreso de los Diputados, por que se tomen medidas concretas en la temporalidad y para que después de los acuerdos, con las organizaciones sindicales -que en parte ya se han hecho- y con las diferentes autonomías, como la reunión de Murcia, ya se
concrete por parte del Gobierno, independientemente de que esperamos que cuando llegue el proyecto del estatuto de la función pública se concrete mucho más el tema de la temporalidad. Termino reiterando, en defensa de las administraciones locales,
los problemas que tienen y que se tendrán que contemplar en la futura ley de administración local.
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz del Grupo Socialista.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: En primer lugar, la materia que estamos tratando hoy, aunque tenga un carácter repetido, es tan importante que no está de más este debate ni tener de nuevo la oportunidad de hablar en el Congreso de los
Diputados de las medidas que es preciso adoptar para reducir la temporalidad en el empleo del sector público; merece la pena que hagamos este esfuerzo. Este objetivo de reducir la temporalidad es, como han dicho anteriores intervinientes, el que
preside todas las intervenciones de los grupos. Es imprescindible también en esta materia hacer un recuento de las medidas que se han puesto en marcha recientemente.
La proposición que hace el grupo proponente recoge una situación o una foto fija en el año 2004. En ese año le recuerdo que la foto fija se obtiene gracias a una petición que realiza el Gobierno socialista, y desde esta fecha, finales de
diciembre de 2004, en que el Consejo Económico y Social eleva este informe, desde el Gobierno y desde esta Cámara se han tomado una serie de medidas destinadas a paliar y a frenar este crecimiento existente en la precariedad laboral. Se han tomado
medidas desde la Ley de Presupuestos para convocar con carácter anual las ofertas de empleo público o medidas destinadas a lograr la igualdad de trato entre sexos y de conciliación entre la vida familiar y laboral. Por ejemplo, recordemos la orden
de diciembre de 2005, en la que se tomaron por acuerdo de sindicatos, dieciséis medidas concretas, pero sucesivamente se han ido tomando medidas que si bien no nos llevan a decir que el problema no existe, desde el Grupo Socialista entendemos que
este problema tiene puestas las vías adecuadas para lograr que se reduzca.
El Gobierno socialista no solamente está trabajando en este ámbito, sino que también lo ha hecho en el privado. Recientemente acabamos de tener el acuerdo de 9 de mayo de 2006 para la mejora y crecimiento del empleo, en el que se toman un
conjunto de medidas concretas, muy puntuales -no son declaraciones genéricas-, para impulsar y apoyar la contratación indefinida y la conversión de empleo temporal en fijo, así como también medidas destinadas a mejorar la utilización de la
contratación laboral.
Cito esto porque la otra pata, la que nos corresponde, de la que estamos hablando en esta Comisión, que es la del empleado público, va a tener su reflejo correspondiente en las medidas encaminadas a atajar este problema en el
estatuto básico del empleado público. Desde ahí recojo la propuesta que realiza Izquierda Unida en su acuerdo transaccional, en la que dice que se cree un observatorio. Es una propuesta adecuada, pero quisiera matizarle, señora Navarro.
Evidentemente, en el observatorio que propone confluyen dos circunstancias: primera, que está ya propuesto en el borrador; dejemos que siga su camino; segunda, la de fondo, que me parece importante: un observatorio está destinado a realizar un
seguimiento de las medidas. Nosotros hoy lo que estamos proponiendo, y por eso le hemos hecho desde el Grupo Socialista y el Grupo Popular una oferta de enmienda transaccional, es lograr un objetivo concreto: que se trabaje coordinadamente entre
todas las administraciones, en cooperación e impulsando medidas con el Gobierno, para lograr que la tasa de temporalidad no supere el 10 por ciento. Es un aspecto muy puntual, importante y que se tiene que reflejar en la actuación del Gobierno.
No obstante, quisiera terminar comentándole, señora Navarro, que el panorama que nos ha reflejado tiene algún matiz y le voy a citar las mismas fuentes que usted utiliza. El propio informe del CESC -y le leo literalmente- dice que hay que
señalar que los datos correspondientes a 2004 reflejan un freno en el crecimiento de la tasa de temporalidad en el empleo público. Además, analiza, esta ralentización puede responder a diversos mecanismos de estabilización de empleo y de contención
de la temporalidad puestos en marcha desde distintos
ámbitos a partir de acuerdos entre las administraciones y las organizaciones fundamentales de la función pública. Ese es el ámbito que hay que seguir impulsando, que es lo que se vuelve a recoger en la enmienda transaccional que le
ofrecemos: la colaboración y el diálogo entre las administraciones públicas y los sindicatos con un objetivo muy concreto, que no se supere ese 10 por ciento. Espero sinceramente, doña Isaura, que se sume a esta enmienda transaccional y que desde
el Congreso de los Diputados reflejemos unanimidad en esta materia. (La señora Navarro Casillas: ¿Que me sume yo?)
El señor PRESIDENTE: Teníamos por defendidas las enmiendas de Convergència i Unió. La señora Navarro tiene la palabra para responder a los requerimientos del resto de los grupos.
La señora NAVARRO CASILLAS: El lapsus que ha tenido la portavoz del Grupo Socialista la delata. Dice que me sume a la transaccional. Efectivamente, la transaccional del Grupo Popular y del Grupo Socialista es respecto a una proposición no
de ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Desde luego, para que algo se apruebe, no voy a tener más remedio que aceptar esa transaccional, si bien me hubiera gustado alguna referencia a un seguimiento respecto a las
políticas de externalización de servicios y actividades que se realizan desde las administraciones públicas y que no ha sido posible, pero por eso lo menciono expresamente, para que conste en acta.
El señor PRESIDENTE: Nos quedamos con la transaccional en los términos que se ha leído y la votaremos a las 12.30.
-SOBRE LA REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DE TODA LA INFORMACIÓN QUE PUBLICA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA GARANTIZAR SU ADECUACIÓN AL ACTUAL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000537.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: Proposición no de ley sobre la revisión de los contenidos de la información que publica la Administración General del Estado para garantizar su adecuación al régimen
constitucional. También es una iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra, por lo tanto, la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: En distintas ocasiones este grupo parlamentario recibe, al igual que el Gobierno, críticas sobre informaciones que se publican en las páginas web o de carácter institucional en otros ámbitos -en este caso
referidas a la Guardia Civil, pero pueden ser de cualquier tipo- que no se adecuan al actual régimen constitucional ni, sobre todo, a los valores que representa.
Pongo un ejemplo de una página web de la Guardia Civil, guardiacivil.org, en la que se
contenían unos textos sobre la exposición itinerante de la Guardia Civil del ayer. Lo que se reivindicaba en ella como algo a exaltar y a valorar de manera positiva es la lucha de la Guardia Civil contra los maquis de la posguerra. Lo cierto es
que mientras los maquis en Francia son héroes, resistentes franceses, en el caso de España en absoluto es así. Eso es algo que hemos de corregir y para ello estamos reivindicando, entre otras medidas, una ley de la memoria que acabe con esta
situación que genera no solo incertidumbre entre muchos ciudadanos, sino alarma y sobre todo una gran tristeza por lo poco que se ha avanzado en el reconocimiento de nuestra historia tal y como debe ser, en el sentido de que algunos lucharon por la
democracia y otros hicieron todo lo contrario. Por tanto, lo que tenemos que hacer desde hoy es reconocer su valor y rendir homenaje a aquellos que lucharon por los valores que hoy todos reconocemos como adecuados y no todo lo contrario, como hacía
esta exposición itinerante, y así se recogía en la página web de la Guardia Civil. En consecuencia, una asociación pidió que se retirara de esa página web y de esa exposición itinerante, pero son diversas las peticiones que de vez en cuando llegan
a este grupo parlamentario que represento solicitando la adecuación al régimen constitucional y a los valores que representa de las declaraciones que se efectúan.
La solución no es más que el que se apruebe esta proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a que proceda a la revisión de todas aquellas web, folletos, publicaciones, que dependen de organismos oficiales para que se adecuen al
régimen constitucional. Se me informa de que esto ya se está haciendo, es altamente positivo, y que se retiraron también inmediatamente las declaraciones específicas que se efectuaban a las que he hecho referencia a modo de ejemplo. Por tanto,
ante la enmienda que plantea el Grupo Socialista, en la que se habla de continuar la revisión de todas las web y publicaciones, entendemos que es positivo que se continúe con esa revisión de manera permanente para que se adecuen al régimen
constitucional y sobre todo a los valores que este representa. A la enmienda del Grupo Socialista, proponemos una transaccional por la que donde dice para garantizar, se diga: la permanente adecuación al orden constitucional de valores. Se trata
de que ningún grupo parlamentario ni el Gobierno tengan que recibir nunca más peticiones de este tipo que tienen un valor simbólico totalmente contrario a lo que se está defendiendo, o a lo que todos acordamos en la Constitución española, a la
democracia que aquí representamos, y que lo que denotan sencillamente es que hay que estar más atentos para que esto no vuelva a ocurrir. Por eso es necesario que se apruebe esta proposición no de ley, de modo que el Gobierno esté siempre atento
para que estas
cosas no ocurran y para que determinadas personas que ya sufrieron bastante no tengan que ver por escrito declaraciones de este tipo nunca más.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. En primer lugar, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señorías, efectivamente hemos planteado una enmienda que, por lo que he escuchado, no ha merecido una especial consideración de quien representa al grupo autor de la iniciativa, aunque sin duda
guarda una armonía absoluta con los principios esenciales del texto que se propone, también con la enmienda del Grupo Socialista, y desde luego con la lógica de la cuestión.
La verdad es que celebramos mucho que Izquierda Unida emplee el concepto régimen, porque llevamos un tiempo aprendiendo cosas y durante algún tiempo cuando alguien ha hecho alusión al régimen, o a una crisis de régimen, o a una expresión
similar, automáticamente el dedo acusador ha señalado y ha dicho: tienen nostalgia del régimen. Que no sé yo qué será eso ni qué tendrá que ver. Incluso algún medio de comunicación que, por ejemplo, la semana pasada se refería a una crisis de
régimen, del régimen de la V República francesa, concretamente La Vanguardia. Creo haber leído por allí en una ocasión en que el ex presidente del Gobierno, señor Aznar, y en relación al en aquel momento incipiente anteproyecto de reforma, en
realidad de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, decía que eso podía suponer una crisis de régimen, que ya automáticamente los corifeos de la interpretación ad malum dijeron que a qué régimen se refería aquel señor. Ahora yo le podía preguntar
a la señora Navarro, que sin duda es una experta en regímenes, a qué régimen se refiere ella.
Supongo que al mismo régimen constitucional que nosotros -de ahí el exordio-, y supongo que estará de acuerdo en que nosotros también hablemos de régimen
constitucional en nuestra enmienda, supongo que le parecerá bien, salvo que la idea de régimen constitucional de la señora Navarro y la nuestra no sea la misma, que en principio debería de serlo y, por tanto, deberíamos de llegar a un texto
integrado de todos los grupos en algo que evidentemente puede ser oficioso y redundante según sean las apreciaciones, ella ha hecho una, bien, pero la Guardia Civil, si cuenta su historia, digo yo que tendrá que contarla. Los énfasis pueden variar,
las acciones no, las acciones son las que son, y la Guardia Civil como instituto de seguridad en un período de la historia ha llevado a cabo determinadas acciones, y como las acciones no se desmontan así como las estatuas pues están ahí para
contarlas. A mí me ha gustado siempre una cita que creo muy bien traída del presidente fundador de mi partido, don Manuel Fraga, que recuerda para general conocimiento que en la cuna de la democracia, que es sin duda, desde el punto de vista del
parlamentarismo, sobre todo el Reino Unido de Gran Bretaña, frente al Parlamento hay una estatua a caballo, que allí está, de Cromwell, el dictador Cromwell malvado, que había suspendido las sesiones de ese Parlamento, y allí sigue para recordar que
hay dictadores y que hay más de un Cromwell en la historia. Lo digo a efectos de que buscar siempre interpretaciones de la historia por los que no somos historiadores y no tenemos encargados esos trabajos es un poco complicado, porque la
objetividad no suele adornar normalmente sobre todo a gente que está en la política. Además los políticos más jóvenes en alguna cosa no mejoran a los veteranos, y yo creo que es en esto de la objetividad, simplemente porque los veteranos han vivido
más, han errado más y, por tanto, tienden a acercarse un poquito más a la objetividad. Este siempre es un tema muy complicado, y si la señora Navarro hubiera visto lo constructiva que es nuestra enmienda le habría gustado más y le habría dedicado
alguna flor, que creo la merecía.
Dicho eso, nosotros compartimos lo esencial. Compartimos una cosa que está clara, que en cualquier tipo de plasmación de mensajes desde los poderes públicos, y las administraciones públicas lo son, los enfoques deben ser coherentes con los
principios constitucionales del régimen constitucional. En esto estamos completamente de acuerdo. Desde luego naturalmente nunca nos apuntaríamos a que los principios esos y su interpretación los diga Izquierda Unida, porque a partir de ahí no
estaríamos seguramente de acuerdo, hablando de la misma cosa, sencillamente porque la perspectiva es diferente. Ya lo sé que usted tampoco está de acuerdo con nosotros, ya lo sé, pero por eso estamos ustedes y nosotros aquí, evidentemente cada uno
con la representación que tiene. Da la impresión de que las gafas de leer de los diputados del Grupo Popular están mejor graduadas, a efectos por lo menos de la comunión que causan en los ciudadanos. Hay más ciudadanos que ven las cosas desde la
óptica con la que las vemos los diputados del Grupo Popular que ciudadanos que las vean desde la óptica con la que las ven los diputados del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Eso es una realidad. A lo mejor el tiempo cambia esas cosas,
aunque no parece que vaya a suceder.
Evidentemente, estamos de acuerdo con lo que dice la proposición no de ley sobre que todas las páginas web, folletos, publicaciones, etcétera, que dependan de organismos públicos del Estado y de las administraciones públicas deben recoger
unos contenidos que ajusten sus criterios, como decimos en nuestra enmienda, a los principios informadores del orden político constitucional, lo que no quiere decir clase mala de historia; buenas todas, mala ninguna. En caso de discordancia, cada
uno prefiere sus profesores. Nosotros preferimos los nuestros porque incluso la historia tiene una fuente y, como toda ciencia, admite apreciaciones. Me quieren dar unas clases de historia como vademécum absoluto de la verdad y, personalmente,
prefiero estudiar otros textos. (Rumores.)
Señoría, si nos admite nuestra sugerencia, incluso la referida a que la Administración General del Estado promueva que eso se proyecte sobre el resto de las administraciones públicas, contará con nosotros para el texto. En todo caso,
nosotros estamos ahí para que los principios constitucionales desplieguen sus efectos benéficos sobre la realidad de la vida pública española en páginas web o no web. Por lo demás, si quiere hacerlo con nosotros, ahí estamos y, si no, nosotros lo
seguiremos haciendo, aunque usted quiera que el texto que se vote sea exactamente el suyo, en cuyo caso nos abstendremos sencillamente por su cabezonería, manteniendo, eso sí, nuestra posición armónica con el espíritu que informa la proposición no
de ley que nos propone.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Corcuera, del Grupo Socialista para la defensa de su enmienda.
El señor CORCUERA PLAZA: Intervendré de forma muy breve.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, puesto que su redactado no tiene en cuenta la ingente labor que
desde la Administración General del Estado ya se viene realizando respecto a la adecuación de sus espacios web y publicaciones oficiales al orden constitucional de valores.
Señorías, el debate que nos ocupa no es, en absoluto, nuevo. Una vez más analizamos los problemas que perviven, derivados de la guerra civil y del franquismo. Obviamente, mi grupo comparte que 30 años después de la muerte del dictador y
tras más de 25 años de democracia los datos o comentarios que exalten los valores de la dictadura y los contenidos de naturaleza claramente anticonstitucional han de desaparecer de las publicaciones oficiales de la Administración. Como saben, las
administraciones públicas están plenamente sometidas en todas sus actuaciones a la Constitución y a la ley. Actualmente, como consecuencia de la transparencia y proximidad al ciudadano que, a nuestro entender, debe caracterizar la actuación
administrativa, son muy numerosas y extensas las publicaciones y páginas en Internet que elaboran los diferentes órganos de la Administración General del Estado. No obstante, no tenemos constancia de que en este momento se esté dando ningún
incumplimiento del actual régimen jurídico constitucional. Sería injusto, como les decía, no reconocer el intenso trabajo que las diferentes administraciones públicas han realizado para adecuar los contenidos de sus comunicaciones a la legalidad
constitucional. Desde hace tiempo se vienen revisando en todas las páginas web y publicaciones que dependen de organismos oficiales de la Administración General del Estado para garantizar así su adecuación al orden constitucional de valores.
Por lo que respecta a las páginas web, uno de los principales medios de comunicación de las administraciones públicas en los últimos años, la Secretaría General para la Administración Pública aprobaba en marzo de 2005 una guía para la
edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado; una guía que obliga a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos vinculados o dependientes a adaptar sus páginas a los criterios y recomendaciones
que en ellas se establecen, tales como el cumplimiento de la legalidad vigente o el impulso de valores constitucionales, entre otros, realizando el Ministerio de Administraciones Públicas el seguimiento y evaluación de su cumplimiento. A pesar de
todo, el Gobierno ha mostrado en reiteradas ocasiones su voluntad de corregir o adaptar cualquier contenido que pudiera lesionar el sistema de valores constitucionales. Así lo ha hecho cuando se le ha informado de algún contenido contrario al orden
constitucional. Tal es el caso, como decía la señora Navarro, de la denuncia formulada al ministro del Interior por la asociación Ciudadanos por la República, en referencia a una información que aparecía en la página web de la Guardia Civil sobre
una exposición itinerante. En dicho texto se calificaba el fenómeno maquis de la posguerra como delincuencia especializada, asemejándolo al terrorismo de ETA. Dichas afirmaciones fueron inmediatamente rectificadas, tal como pueden comprobar SS.SS.
si acuden a la dirección de Internet a la que hacía referencia Ciudadanos por la República.
Como ven, la Administración General del Estado realiza un trabajo constante, tanto a instancia propia como a consecuencia de cualquier tipo de denuncia, para detectar y corregir de inmediato cualquier manifestación que pudiera representar
una opinión contraria al orden constitucional, con independencia del formato o soporte de comunicación o información en la que vaya dirigida a los ciudadanos, garantizando con ello la adecuación permanente de los contenidos al orden constitucional
de valores. Tal como ha comentado la señora Navarro, le agradecemos que tome en consideración la enmienda transaccional que hemos pactado.
El señor PRESIDENTE: La señora Navarro tiene la palabra para precisar las respuestas.
La señora NAVARRO CASILLAS: Respecto a la enmienda del Grupo Popular, creo que su mismo portavoz ha entendido perfectamente porque no se admite su enmienda, porque su contenido real y el objetivo de la proposición no son exactamente los
mismos.
Le diré una cosa. Yo puedo hablar tranquilamente de régimen constitucional y utilizar el término régimen porque nunca dará pie a confusión, nunca.
El señor PRESIDENTE: Entonces, señora Navarro, nos quedamos con la propuesta transaccional que hizo en su primera intervención que era la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, incorporando: permanente.
¿Es así? (El señor Padilla
Carballada: Si la puede leer, señor presidente...)
La señora NAVARRO CASILLAS: La permanente.
El señor PRESIDENTE: Si tiene el texto de la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, se trata de añadir esa expresión. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)
Adelante.
El señor PADILLA CARBALLADA: Intervendré muy brevemente.
Como la señora Navarro ha hecho una apreciación personal diciendo que ella puede referirse al régimen constitucional, yo no sé que ha dicho, le diré que las autoapreciaciones están muy bien. Evidentemente, ella tiene una disposición de
sospecha respecto de quien a ella le parezca bien. A lo mejor, nosotros no solo la tenemos de sospecha, pero aun así, le reconozco que tiene derecho a sentirse en esa autosatisfacción, para que tome nota de que para entender la convivencia es bueno
que eso sea así.
(La señora Navarro Casillas: Me lo puede contar fuera de micrófono.) Si le vale como ejemplo, hace algunos años, en pleno régimen democrático se produjo una intentona golpista y algunos hasta tuvimos, con satisfacción y con
consentimiento del cumplimiento del deber, que desarrollar las funciones de administración de justicia para garantizar que los españoles no volvieran a tener que soportar nunca episodios como ese. De manera, que en ese sentido le brindo la certeza
de que quien le habla, al menos, tiene acreditado cumplimiento de su compromiso con el régimen constitucional. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Le felicito por ello y se lo agradezco, como a todos aquellos que no permitieron que tuviera éxito aquel intento fallido de golpe de Estado, pero también le digo que usted ha citado, por ejemplo, a una persona
que formaba parte del Gobierno durante el régimen franquista y que es presidente honorario del partido en el que usted milita. Por lo tanto, unos sí, otros menos y otro no, habrá todo tipo de militantes y de personas tanto en unos partidos como en
otros, y eso lo sabemos todos porque es la historia reciente del Estado español, y, como usted ha dicho, la historia está ahí y no la podemos negar.
El señor PRESIDENTE: Retomamos el orden de asuntos con la votación comprometida. Son las 12:30 horas pasadas. La portavoz del Grupo Popular nos ha pedido una precisión sobre la primera proposición no de ley con relación a la
transaccional que el señor Estrella defendió antes.
Señora Roldós.
La señora ROLDÓS CABALLERO: Señor presidente, estamos de acuerdo en llegar a una transaccional con la que podamos sentirnos cómodos la mayoría de los grupos, sin embargo lamento que no hayamos podido acordar también que haya una serie de
plazos y de previsiones presupuestarias que hagan más fácil cumplir el objetivo de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a votar en los términos que defendió el portavoz socialista la proposición no de ley relativa a la preservación y accesibilidad del patrimonio documental e informativo en soporte electrónico por
parte de las administraciones públicas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del punto 2º del orden del día: Proposición no de ley sobre la temporalidad en el sector público presentada por Izquierda Unida. Hay una transaccional que también se ha defendido con claridad.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Iríamos al punto 3º del orden del día -esta última proposición no de ley que hemos discutido, también soportada en una transaccional-. Si no hay inconveniente, pasamos a su votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Suspendemos la sesión por unos minutos y después iniciaremos las respuestas a las preguntas que figuran en el orden del día.
PREGUNTAS:
DEL SEÑOR GUTIÉRREZ MOLINA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS DE INTERÉS PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000704.)
PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE TRANSPORTES TERRESTRES Y POR CABLE
PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000705.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEPORTIVOS PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000706.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE MONTES Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000707.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000708.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE CAZA PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000709.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SANIDAD E HIGIENE PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000710.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE CAJAS DE AHORRO PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000711.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE ESTADÍSTICAS PARA FINES DE LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000712.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES Y POLICÍA LOCAL PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000713.)
-PREVISIONES ACERCA DE REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE PRENSA Y TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA CIUDAD DE MELILLA. (Número de expediente 181/000714.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida al secretario general del ministerio, que va a responder a las preguntas que figuran en el orden del día. Como pueden observar SS.SS. hay tres grupos de preguntas y pediríamos a los solicitantes
que las agruparan porque los contenidos son muy parecidos en estos tres bloques que he comentado y al secretario general que dé respuesta acumulada.
Si les parece adecuado, continuaríamos con las preguntas que van desde el punto 4 del orden del día hasta el 14. Tiene la palabra don Antonio Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Precisamente le iba a proponer lo que S.S.
acertadamente ha indicado y, para economía procesal, por decirlo de alguna forma, voy a acumular en mi intervención todas las preguntas. Haré una intervención general
sobre las mismas para ver si podemos obtener respuesta a alguna pregunta específica o sobre algunos otros aspectos que de mi intervención pudieran deducirse.
Bienvenido, señor secretario general, en nombre de mi grupo y muchas gracias de antemano por lo que S.S. pueda contestar a las cuestiones que planteo.
Ciertamente, señor presidente, estas preguntas, que fueron presentadas en febrero de 2005, ya tuvieron por escrito una contestación aproximada por parte del Gobierno, en la cual, con fecha 31 de marzo, expresaba su firme voluntad de
completar el proceso de transferencias en todas aquellas materias que tenga reconocidas la Ciudad Autónoma de Melilla en su Estatuto. Así, añadía la contestación -y cito literalmente, perdón por hacerlo-, se ha puesto de manifiesto recientemente
mediante carta remitida al presidente de dicha ciudad autónoma, si bien señalándole la conveniencia de realizar con anterioridad a la convocatoria de la Comisión mixta de transferencias una labor preparatoria y previa que se pueda traducir
posteriormente en las correspondientes ponencias técnicas y en la elaboración de la propuesta de acuerdo de traspaso a elevar al pleno de dicha comisión.
Señor presidente, efectivamente la pregunta tiene correlación con el momento actual en que nos encontramos. En el momento actual tenemos en la Ciudad Autónoma de Melilla dos líneas de actuación en materia estatutaria con la Administración
General del Estado, para ser más concreto con el Ministerio de Administraciones Públicas. Una primera línea, las competencias estatutarias pendientes; otra segunda, lo que podríamos llamar competencias extraestatutarias, por decirlo de alguna
forma, como pudieran ser las políticas activas de empleo e Imserso. Aprovechando la presencia en esta Comisión del secretario general, quisiera decir que hay algo que nos preocupa, señor presidente -sé, señor secretario general, que en puridad y
habida cuenta de las preguntas, no figura en el orden del día y S.S. no tiene por qué contestármela-, que es la recuperación de las competencias que se tenían en materia de urbanismo y que en su día quitó el Gobierno por unas circunstancias
gracias a Dios provisionales y aleatorias, como era la composición en aquel momento del Gobierno de Melilla por parte del GIL y una mezcolanza de partidos -no es cuestión de referirse a ello ahora-, debido a unas medidas ciertamente
protectoras en las que los dos grandes partidos políticos nos pusimos de acuerdo con el objeto de proteger, de alguna forma, el desarrollo del Gobierno de Melilla. A la vista está que de aquel Gobierno de verdadera emergencia de Melilla formamos
parte los dos grandes partidos políticos hasta las elecciones autonómicas de 2003. En aquel momento, de alguna forma, el Estado quitó las competencias en materia de urbanismo que tenía el Gobierno de Melilla.
Primera línea, las competencias estatutarias, señor presidente. En relación con esta primera línea, nos quedaban pendientes de transferir funciones y recursos que están titulados en nuestro Estatuto de Autonomía aprobado por Ley Orgánica el
13 de marzo del año 1995. En sanidad, ciertamente, alcanzamos un acuerdo a finales del año pasado y desde el 1 de enero de 2006 la gestiona el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Me interesa, señor presidente, para rigor de la intervención,
decir que la gestión de la sanidad no es la gestión de los recursos sanitarios, es decir, no son las antiguas competencias que tenía el extinto Insalud, sino que ciertamente la gestión de los recursos sanitarios, como pueden ser los hospitales,
gestión de la sanidad, etcétera, depende de una dirección general que tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo que es el Instituto de Gestión Sanitaria, el Ingesa, que es quien se encarga de gestionar, de tutelar y, en una palabra, de presupuestar
todos los aspectos relacionados con la gestión de la sanidad. Cuando me refiero a la sanidad me estoy refiriendo a todos los aspectos extrasanitarios, entre comillas, aunque pueda parecer un contrasentido en sus propios términos, de lo que no es
gestión de la sanidad. Digo esto al objeto del rigor de la pregunta, del rigor de la intervención y, aunque sé que S.S. lo sabe, ponerlo encima de la mesa en cualquier momento. En segundo lugar, el transporte terrestre y por cable.
Se está
negociando por parte del Gobierno de la ciudad autónoma, en el marco de las ponencias técnicas. Se han realizado ya varias reuniones y tenemos esperanzas ciertas de que estas competencias del transporte terrestre y por cable, que no es cuestión
menor, señor presidente, se vieran ya de alguna forma cristalizadas para que el Estatuto de Autonomía, sin ningún tipo de recortes pero tampoco de inflación, tuviera el cuerpo legal que legítimamente le corresponde. No se trata de una inflación del
texto estatutario, pero tampoco de que se produzcan adelgazamientos innecesarios en cuanto a las competencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Conservación de la naturaleza, por decirlo de alguna forma, señor presidente, e igualmente para no ser prolijo en la intervención, diré que se está negociando en el marco de las ponencias técnicas. Hace unos días hubo ya una reunión en la
Dirección General de Desarrollo Autonómico y el día 8 de junio, según me han dicho mis compañeros del Gobierno de la ciudad, van a seguir las reuniones en el ministerio. Si esto sigue de esta forma, desde el punto de vista de las preguntas orales
que formulé, se está debatiendo la acumulación de lo que nos parecía más importante, siempre que no sea óbice para que se englobe en el mismo criterio que he expuesto, en cuanto a que el desarrollo autonómico del Estatuto no fuera de alguna forma
cortado o que se dilatarán excesivamente las ponencias o las reuniones que sirvan para estas tres competencias que tiene nuestro Estatuto de autonomía como ejemplo para las demás; las omito para no ser excesivamente premioso y extenso en la
intervención, habida cuenta de que, como el señor presidente ha recomendado, la brevedad es importante; la charlatanería no paga impuestos, señor presidente. De todas formas es importante mantener algunos de los ejemplos que yo he citado.
En cuanto a la segunda línea de actuación, que eran las competencias extraestatutarias, le citaba las políticas activas de empleo, Imserso y la recuperación de las competencias en urbanismo. No voy a hacer mención, señor presidente, señor
secretario general, de las políticas activas de empleo ni de las políticas del Imserso. Si a S.S. no le parece adecuado ahora hacer un comentario sobre las políticas de recuperación de las competencias de urbanismo -aunque creo que lo puede hacer-
esperaré una respuesta por escrito. Señor secretario general, considerando su amabilidad al escuchar algunas de las reflexiones que le voy a hacer, mi intención es que usted conozca por un diputado de la circunscripción, el único por cierto, por
qué en este momento el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla no tiene las competencias de urbanismo, y yo creo que es necesario que las tenga, sencillamente porque las tuvo en su día. Las circunstancias políticas actuales no tienen nada que ver
con las anteriores y nosotros creemos que en una materia tan fundamental y de alternancia de Gobierno en la Ciudad Autónoma de Melilla, donde salvo error u omisión -siempre posible en materia electoral, donde nadie puede ser profeta-, la alternancia
será siempre entre los dos grandes partidos políticos, no puede estar sometida a ningún tipo de situación provisional o aleatoria, sino que tiene que estar contemplada desde un punto de vista firmemente arraigado en el techo competencial del
Estatuto. Salvada aquella situación irrepetible del año 1999, los dos grandes partidos políticos tenemos que ponernos de acuerdo y para ello es necesario el concurso del Gobierno de la nación, del Gobierno central, sea cual sea el color político
que en el momento del debate tenga la recuperación de las competencias en materia de territorio, urbanismo y vivienda.
Señor presidente, permítame esta excursión en un tema que en puridad no estaba entre los puntos cuatro a catorce del orden del día. Aprovecho la benevolencia del señor presidente y también la del secretario general por lo menos para que
estén presentes las líneas maestras de lo que con toda lealtad institucional quiero poner de
manifiesto en esta Comisión. No vamos a entrar, porque nos perderíamos, en doctrina constitucional ya sabida, en doctrina legal ya sabida, en situaciones constitucionales también ya sabidas, en el conocimiento que todos tenemos de los
acuerdos de las comisiones mixtas de transferencia en cuanto a validez procesal y en cuanto a validez material, pero es lo cierto es, para ir al grano y no divagar, que las circunstancias excepcionales por las que se llevó a cabo el recorte
competencial en materia de urbanismo a través de una ley estatal -lo decía al principio de mi intervención y lo digo también ya que estoy finalizando, señor presidente, señor secretario general- eran debidas a algo fundamental en lo que todos
estábamos de acuerdo: una inestabilidad política existente en aquella etapa en la ciudad de Melilla, por la presencia del Grupo Independiente Liberal, GIL, en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y también en la presidencia de la ciudad de
Ceuta, puesto que la extirpación -pido perdón por la desviación profesional- en materia de urbanismo a los gobiernos autónomos de Ceuta y Melilla fue debida a esas circunstancias excepcionales y ciertamente casi la vimos con descargo, en el sentido
de que nos parecía garantía y sobre todo tutela del resto de las competencias, no solamente de estas de urbanismo que señalo, sino de las otras que conforman e informan el texto autonómico aprobado en marzo de 1995.
Insisto, señor presidente, en que en el momento actual las circunstancias han cambiado y ambas ciudades gozan desde hace ya cinco años de una gran estabilidad política e institucional. Hay que agradecer que en el año 2000, precisamente para
dar esa estabilidad que en este momento tienen las ciudades autónomas, los dos grandes partidos hicimos un pacto de ciudad y yo me atrevería a decir que un pacto de Estado -y pido perdón por la palabra que puede sonar a rimbombante o a efecto
retórico que no pretendo ni muchísimo menos, señor presidente-. Lo cierto es que los dos grandes partidos supimos estar a la altura de las circunstancias, se formó un Gobierno sólido y estable, precisamente por el concurso de ambos partidos
políticos, que hizo que desde el año 2000 hasta las elecciones autonómicas y municipales del 2003 la ciudad de Melilla, y también la de Ceuta tuviera por lo menos una profilaxis que fue el fundamento y la piedra angular sobre la que luego se
sustentó la estabilidad que tiene, con independencia del signo que tengan en este momento ambos gobiernos.
Actualmente Ceuta y Melilla disponen de competencias sobre urbanismo mucho más restringidas que las de un ayuntamiento. Esto es así. Es una circunstancia que resulta radicalmente contrapuesta a un régimen de autogobierno otorgado en ambos
estatutos y en el que estaban las competencias estatutarias en materia de urbanismo y que choca con el principio constitucional que ha hecho posible la realidad regional autonómica de la nación. Por tanto, sin necesidad de expurgar más
jurisprudencia ni de retornar a ninguna situación de quién fue y por qué se quito, la realidad era que los dos grandes partidos nacionales, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, en aquel momento mayoritarios en Melilla, estaban de
acuerdo en defender a los melillenses, y también a los ceutíes. En aquel momento gobernaba el Grupo Independiente Liberal con una coalición -y no es cuestión ahora de entrar en esta cuestión- y estuvimos de acuerdo en que precisamente estas
competencias de urbanismo dependieran del Gobierno central. Ahora las circunstancias son radicalmente distintas, las futuras también -ya sé que mi capacidad profética es nula-, pero en cualquier caso la aritmética parlamentaria y la aritmética
electoral son las que son en estas ciudades autónomas y ciertamente van a desaparecer esas circunstancias, han desaparecido ya, sea cual sea -insisto- el color político que en el momento determinado tenga el Gobierno de ambas ciudades. Por tanto
sería un gesto importante del Gobierno que se estudiaran los mecanismos necesarios, con objeto de devolver a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla -yo hablo como diputado por mi circunscripción- estas competencias en materia de urbanismo, porque
ahora mismo no hay ninguna causa objetiva y fundamentaría todavía más el texto autonómico aprobado por la mayoría de los melillenses. No me estoy refiriendo a un referéndum, pero sí tácitamente al desarrollo y a la representación de los partidos
políticos en la asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Muchas gracias, señor secretario general, por su comprensión y por la respuesta que pueda darme ahora o por escrito si S.S. estima pertinente el desarrollo más amplio de cualquiera de las cuestiones a las que me he referido e incluso de
otras que, por mi torpeza, yo no haya sido capaz de expresar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general para responder acumuladamente a las preguntas formuladas.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): En primer lugar, quiero agradecerle, señor Gutiérrez, sus palabras de bienvenida. Para mí es una satisfacción, como siempre, participar de nuevo en esta Comisión
de Administraciones Públicas y en este caso para contestar también a preguntas formuladas por el Grupo Popular sobre materias que no son directamente de mi competencia, ya que sus obligaciones con la Casa Real le han impedido a la secretaria de
Estado participar en esta Comisión, como hubiera sido su intención y su propósito.
En relación con su discurso sobre las materias estatutarias y extraestatutarias, que ya estaban en el Estatuto y que en este momento no son asumidas por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, voy a intentar contestar a todas las
cuestiones. Respecto a sus preguntas sobre las previsiones del Gobierno de realizar las transferencias de determinadas materias que contienen el Estatuto de Autonomía de la Ciudad Autónoma de
Melilla, la primera precisión que es necesario efectuar es que el listado de materias a que se refiere la pregunta es un listado de títulos competenciales que ya ostenta la ciudad en las materias que se enumeran.
La ciudad ya ha asumido las
competencias en tales materias y lo que ocurre es que determinados títulos competenciales -no todos- requieren, para su ejercicio efectivo por la ciudad, el correspondiente traspaso de funciones y medios por parte de la Administración del Estado,
traspaso que se negocia y aprueba en la Comisión Mixta de Transferencias. Es importante tener en cuenta esta premisa, porque, como ya se ha indicado, no todas las competencias estatutarias requieren un traspaso de funciones y medios de la
Administración del Estado. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de estadísticas, en el que por cierto la competencia estatutaria es: estadísticas para fines de la ciudad; materia en la que, tanto en el caso de Melilla como en el de Ceuta como en
el de las 17 comunidades autónomas, no se ha producido un traspaso de carácter general, porque los servicios del Instituto Nacional de Estadística se conectan con la competencia que el artículo 149.1.31 de la Constitución reserva al Estado en
materia de estadística para fines estatales.
Entrando en las materias que se citan en la pregunta, hay que resaltar que determinadas materias cuentan ya, en el caso de Melilla, con el correspondiente traspaso de funciones y medios de la Administración del Estado, como es el caso de
Sanidad e Higiene -como S.S. ha señalado por otra parte-, cuyo traspaso se ha negociado y aprobado en esta legislatura y que está plenamente efectivo desde el 1 de enero de 2006. En otras materias el traspaso está actualmente en proceso avanzado
de negociación; es el caso de transportes terrestres y por cable, en el que la negociación está muy avanzada y está previsto culminarla a lo largo de este mismo año 2006. También cabría incluir aquí el caso de montes y aprovechamientos forestales,
ya que aunque en Melilla, a diferencia de Ceuta, no existe ningún monte de utilidad pública, se ha negociado un acuerdo de traspaso en materia de conservación de la naturaleza que cubriría el título competencial citado. Finalmente, en otras
materias no se da el presupuesto de hecho necesario para que se pueda producir un traspaso de funciones y medios por parte de la Administración del Estado.
Es el caso por ejemplo de las cajas de ahorro, que está supeditado a la existencia de entidades de crédito de este tipo con domicilio social en la ciudad, o el caso de puertos y aeropuertos, ya que en Melilla tampoco existe un puerto o
aeropuerto distinto del de interés general cuya competencia corresponda al Estado. También habría que considerar aquí el caso de la vigilancia y protección de edificios e instalaciones y policía local, ya que en esta materia realmente no se puede
hablar de traspaso pendiente, teniendo en cuenta que, por su condición de entidad local, la ciudad cuenta con su propia Policía local para esa vigilancia y protección. Por último, debe resaltarse que en la legislatura actual se ha mantenido, por
parte del Ministerio de Administraciones Públicas y del resto de la Administración del Estado, un diálogo fluido y constructivo con los responsables del Gobierno de la ciudad de Melilla, particularmente en cuanto a la negociación de los traspasos.
En ese diálogo se ha analizado conjuntamente la procedencia y viabilidad de los traspasos que puedan considerarse pendientes y fruto del mismo ha sido la negociación del traspaso ya acordado en materia de sanidad e higiene, el correspondiente a la
conservación de la naturaleza y el relativo a transportes terrestres y por cable. El propósito del Gobierno de España -entendemos que compartido por los responsables del Gobierno de la ciudad- es mantener este clima de diálogo y acuerdo que permita
obtener resultados positivos para las dos administraciones.
En cuanto a lo que usted ha denominado recuperación de las competencias de urbanismo, yo mismo asistí por otra razón a una reunión que se tuvo con los representantes de los gobiernos de Ceuta y de Melilla en el Ministerio de Administraciones
Públicas, en la que se acordó la constitución de un grupo de trabajo precisamente para estudiar esta problemática, coincidiendo -como ha señalado usted-- con que las circunstancias muy probablemente son diferentes del momento en que se determinó de
nuevo tal asunción o tal recuperación por parte del Estado.
En todo caso, esta es una materia que está en un proceso de negociación como lo están igualmente algunas materias que más me conciernen a mí directamente, como es la determinación de algún
tipo de disposición adicional que establezca las condiciones de aplicación del Estatuto de la Función pública a los funcionarios de Ceuta y Melilla. La Administración General del Estado ha establecido un canal de negociación directo, en el que se
están discutiendo otros temas, en materia de vivienda, en materia de función pública, en materia de Imserso y en algunas otras materias, como usted conoce. No puedo decir que nosotros estemos todavía satisfechos, pero sí que las cuestiones van
negociándose y que están estableciéndose las reuniones bilaterales correspondientes para que el tema llegue a una solución satisfactoria para ambas partes.
Muchas gracias, señoría, por sus preguntas.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, si quiere hacer alguna precisión, tiene la palabra.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Muy brevemente quiero agradecer al señor secretario general la respuesta que me ha dado, aunque ciertamente en nada se diferencia del discurso general de mi exposición. He dicho, porque sería incierto negarlo,
que existe un clima de colaboración entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Gobierno central. Me he permitido el recurso de incidir, señor secretario general, en la materia de urbanismo, porque aunque ya le dije al principio que no
tenía ni siquiera la obligación de hacer ningún comentario, sino que lo podría hacer mediante escrito o por pregunta escrita y ceñirme a la mera ortodoxia parlamentaria,
lo cierto es sé -y me alegro de coincidir con S.S.-que está sometido a un proceso de negociación, que hay un equipo de trabajo para el estudio de dicha recuperación en materia de urbanismo y que las negociaciones se hacen mediante un canal
directo entre los dos gobiernos. Yo quería incidir en ese canal directo entre los dos gobiernos, que no hubiera ningún otro tipo de injerencia, atajo o argumento, que no fuera sencillamente el de no retomar el punto de partida por el que la ciudad
autónoma de Melilla no tiene, en este momento, las competencias en materia de urbanismo, que no era otra que un acuerdo entre los dos grandes partidos, siendo el Gobierno de España en aquel momento del Partido Popular, precisamente por las
circunstancias que acabo de exponer y que no voy a reiterar. Me alegro, señor presidente, de que el secretario general haya dicho que en materia de urbanismo se haya formado un grupo de trabajo, con su propia presencia además, para el estudio de
dicha situación creada ex novo desde el año 1999, que está en un proceso de negociación y que ciertamente hay una línea directa entre ambos gobiernos, el autónomo y el central, con objeto de llegar a cristalizar algo que la más elemental lógica
impele que no sea apartarse de la mera cuestión administrativa, técnica y política, entendiendo la cuestión política en el más amplio sentido de la palabra.
Termino, señor presidente. Me alegra que el señor secretario general haya aludido a la disposición adicional del estatuto de la Función pública, que, en Melilla, por las circunstancias que concurren, puede ser muy importante para los
funcionarios que prestan allí sus servicios. Es una buena noticia, he tomado buena nota y seguiré profundizando en este tema.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Simplemente quiero manifestar que efectivamente hay un grupo de trabajo constituido con representación del Ministerio de la Vivienda y del Ministerio de
Administraciones Públicas. Tengo que hacer una precisión, yo no formo parte del mismo, puesto que mis obligaciones y mis competencias no me autorizan a ello. Pero sí hay un grupo de trabajo, que está analizando la situación, y en principio la
voluntad de ambas partes es llegar a algún tipo de acuerdo en esta materia con el fin de dejar zanjada esta cuestión.
El segundo aspecto tiene que ver con la referencia lateral que tanto usted como yo hemos hecho a una disposición adicional relativa al estatuto de los empleados públicos. En aquella reunión ya animé a las autoridades de Ceuta y Melilla a
que participasen en la Comisión de coordinación de la Función pública que existe en estos momentos y que es el lugar en el que pueden desarrollar sus puntos de vista sobre la materia. Esta opción ya es conocida, porque fue propuesta por las
autoridades de Ceuta y Melilla a finales de los años noventa y ahora se ha vuelto a proponer por escrito. Estoy convencido de que en el seno de esta Comisión de coordinación de la Función pública llegaremos a algún acuerdo sobre la redacción
concreta, de manera que cuando el proyecto de estatuto venga a esta Comisión el tema esté convenientemente acordado por ambas partes.
DE LA SEÑORA FUENTES PACHECO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE:
-ACUERDOS ALCANZADOS ENTRE EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL TRASPASO DE COMPETENCIAS. (Número de expediente 181/001534.)
-NÚMERO DE MUJERES QUE SE VERÁN AFECTADAS POR LAS MEDIDAS DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 181/001647.)
-NÚMERO DE NOTIFICACIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE SISTEMAS ELECTRÓNICOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. (Número de expediente 181/001757.)
-CONTENIDO DEL CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. (Número de expediente 181/001848.)
El señor PRESIDENTE: Continuando con el orden del día, pasamos a las preguntas que figuran en el mismo con los números 18, 19, 20 y 21, de forma acumulada.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Fuentes Pacheco.
La señora FUENTES PACHECO: Señor secretario general, ante todo quiero agradecer su presencia hoy en esta Cámara.
Durante todos los años de Gobierno del Partido Popular se castigó de forma permanente a la Junta de Andalucía y con ello al pueblo andaluz. Fruto de ese castigo permanente fue que no se firmase prácticamente ningún real decreto de
transferencia de competencias a la Junta de Andalucía y que en las reuniones de las comisiones mixtas no se llegase a ningún acuerdo.
Justamente, cuando llega el Gobierno socialista a Madrid, se retoman las vías de comunicación con la Junta de
Andalucía y se empieza a hablar otra vez de transferir competencias al Gobierno andaluz, de la transferencia
de las políticas activas de empleo, que habían sido demandadas en el Parlamento andaluz de forma reiterada, o de la Confederación Hidrográfica del Sur. Yo quiero preguntarle cuál es el estado actual de estas negociaciones, cuántos acuerdos
se han alcanzado y en definitiva cuáles van a ser los próximos traspasos de competencias que se van a realizar a la Junta de Andalucía y cuáles se han realizado ya.
En segundo lugar voy a hablarle de algo tan importante como es la igualdad entre hombres y mujeres. Otro de los grandes logros de este Gobierno es su apuesta firme por la conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres, para
lograr la igualdad entre ambos. Para ello es importantísimo que se trabaje en la Administración pública, que es uno de los mayores empleadores de este país. De hecho, el ministro Sevilla ha demostrado de forma reiterada su apuesta por la búsqueda
de la igualdad entre hombres y mujeres. Se ha hecho un plan para conciliar la vida laboral y familiar, que no solamente va a fomentar que accedan más mujeres al empleo público, sino que va a permitir que las que han accedido puedan conciliar su
vida laboral y familiar. Además, en este plan se está implicando de forma efectiva a los hombres que trabajan en la Administración. Por ello le pregunto cuál es el número de mujeres que se verán afectadas por las medidas que el Ministerio de
Administraciones Públicas ha llevado y está llevando a cabo para la incorporación de la mujer en la Administración General del Estado.
Una tercera cuestión -voy a unificar las dos últimas preguntas, porque hacen referencia a la misma materia- es la apuesta tan importante que está haciendo el ministerio por la modernización de la Administración con un único sentido, agilizar
las funciones que se hacen con los administrados, hacer que los funcionarios se impliquen directamente en el uso de las nuevas tecnologías y unificar y simplificar las actuaciones que se están llevando a cabo. Para eso, estamos permitiendo que los
ciudadanos accedan vía Internet y vía nuevas tecnologías a todos los procesos administrativos, de tal forma que igualemos a todos los ciudadanos, hagamos la Administración más transparente y permitamos que los que vivan en territorios más alejados y
por tanto tengan peores comunicaciones tengan un mejor acceso a la Administración pública. Dentro de los muchos planes que está poniendo en marcha la Administración del Estado para modernizar todas y cada una de las instancias públicas, y en tanto
en cuanto ya se están viendo estos procesos de modernización en los territorios, le pregunto, en primer lugar, qué número de notificaciones oficiales se han efectuado por parte de la Administración pública mediante los sistemas electrónicos -me
refiero concretamente a la provincia de Málaga, una provincia que además ha hecho un trabajo muy importante en el uso de las nuevas tecnologías y que tiene varias ciudades digitales- y, en segundo lugar, cuál es el convenio al que se ha llegado
entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía para poner en marcha estas oficinas de atención al ciudadano con carácter tecnológico.
El señor PRESIDENTE: Para responder a estas preguntas, tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Voy a responder primero a la señora Fuentes sobre los traspasos a Andalucía. Como usted sabe, la comisión mixta de traspasos se ha reunido en algunas ocasiones y
ha llegado a acuerdos en determinadas materias; otras siguen en proceso de negociación. La voluntad de ambas partes es llegar rápidamente a acuerdos en esta materia y esto ha tenido ya frutos concretos, porque la comisión mixta de traspasos ha
tenido reuniones relativas a traspasos importantes como alguno de los que usted ha citado.
En algunas otras materias, como ocurre con la mayoría de las comunidades autónomas, hay todavía ajustes que realizar y continúan los contactos de los grupos
de trabajo, de lo que se denomina ponencias técnicas, para llegar a acuerdos concretos. En todo caso, por parte de ambas administraciones públicas ha habido algunos resultados concretos en estos dos años y va a seguir habiéndolos de forma más o
menos inmediata.
En relación con las otras preguntas que S.S. ha señalado sobre cuántas mujeres se verán afectadas por las medidas que ha puesto en marcha el ministerio, quiero decirle que estas medidas son consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros
de 4 de marzo de 2005, que fueron publicadas por una orden de 7 de marzo. He de señalarle como dato que el número de mujeres en la Administración General del Estado asciende a 116.912, lo que representa el 50,4 por ciento sobre el total de los
efectivos. El número de mujeres que se pueden ver afectadas por las medidas previstas por el plan depende precisamente de la medida concreta de la que hablemos, siendo estas de diversa índole. Las medidas se refieren al acceso al empleo público, a
la promoción profesional de las empleadas públicas, a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, a la protección contra la violencia de género y a la promoción del valor de la igualdad de género en la Administración General del Estado.
Por lo que se refiere a las medidas de acceso al empleo público, todas las convocatorias recogen ya una referencia al deber de los tribunales o comisiones de selección de velar, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española, por el
estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos. En el año 2005, del total de plazas convocadas por el sistema de ingreso libre, que fueron 4.193, accedieron a la Administración 1.094 hombres frente a 1.495
mujeres, lo que representa el 57,74 por ciento del total de aprobados en dicho año.
Ya se ve que el porcentaje de mujeres es superior. Por el sistema de promoción interna, del total de plazas convocadas, que fueron 3.999, 1.426 se cubrieron por
hombres y 1.753 por mujeres, representando en este caso un 55,14 del total de aprobados. Para
ambos años, el mayor volumen de mujeres se concentró en el acceso a los cuerpos y escalas integrados en los grupos C y D, si bien se observa un paulatino incremento del número de mujeres en los cuerpos y escalas de los grupos B y A. Por lo
que se refiere a la composición de tribunales y comisiones de selección, estos se deben ajustar al criterio de la paridad entre ambos sexos. En este punto, los datos de seguimiento de la oferta de empleo para 2005 reflejan que el número de mujeres
con presencia en los tribunales de selección ascendió en el conjunto de todos los cuerpos y escalas de los diferentes grupos de titulación a 1.041 sobre un total de 2.120 miembros participantes, es decir, casi la mitad.
En el ámbito de la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, como saben, con fecha 7 de diciembre se aprobó el denominado Plan Concilia, que constituye un paquete de medidas novedosas para
los empleados públicos en esta materia, incidiendo sobre todo en medidas de flexibilidad horaria y en un mayor número de permisos para la conciliación: acumulación de horas de lactancia, nuevo permiso para adopción internacional, reserva de puesto
durante dos años en excedencia por cuidados familiares, etcétera. Los datos que se tienen de la aplicación de este plan en el conjunto de los departamentos y de la Administración periférica arrojan un balance muy positivo de su aplicación en el
primer trimestre del año: 2.703 empleados públicos se han beneficiado de las medidas previstas en el mismo, siendo dos de cada tres solicitantes mujeres y teniendo la mayoría entre 36 y 45 años. Las medidas más demandadas han sido el horario
flexible para el cuidado de hijos, la ampliación del periodo de maternidad mediante la acumulación de las horas de lactancia y el nuevo permiso de paternidad.
En total, como he dicho anteriormente, han sido 2.703. En materia de formación de
empleados públicos, en cumplimiento de la medida prevista en el punto 2.3 del acuerdo de 4 de marzo de 2005, a lo largo de 2005 el INAP ha convocado a través del Centro de Estudios Superiores de la Función Pública muchas actividades. En total, se
han determinado 147 plazas, de las que 62 han sido para mujeres y 85 para hombres. Las cifras expresadas arrojan una participación global del 42 por ciento de mujeres, superando, por tanto, las metas del Plan de promoción de la paridad de género.
En las convocatorias de estos cursos no se han establecido reservas expresas de género, pero los responsables de la organización de las actividades han sido instruidos para atender las directrices del plan. En todos los casos se considera que las
cifras de participación superan la presencia femenina en los respectivos universos, por lo que se pueden dar por cumplidos los objetivos del plan. En materia de protección contra la violencia de género, se han modificado los reglamentos de ingreso
y de situaciones administrativas mediante el Real Decreto de 3 de marzo de 2006, al objeto de hacer efectiva la excedencia con reserva de plaza por violencia de género, así como el derecho preferente de estas mujeres a la provisión de puestos de
trabajo. De esta última medida se han beneficiado, a fecha de 25 de abril de 2006, un total de seis mujeres. Otro tipo de medidas previstas en el plan no permiten una cuantificación, pues se refieren a actuaciones que realizará el MAP para evaluar
la calidad de las políticas que se desarrollen dentro de la Administración General del Estado para promover la igualdad de género.
En relación con la pregunta relativa a los sistemas electrónicos en Málaga, como sabrán, hablar del número de notificaciones efectuadas mediante sistemas electrónicos en un determinado territorio es una relativa ficción. Precisamente, uno
de los efectos que se refiere al fenómeno de Internet y los nuevos sistemas de comunicación es el acceso a la información sin limitaciones de espacio ni de tiempo, lo que supone una contradicción con mantener un control o seguimiento sobre la
ubicación de las personas que reciben un determinado servicio telemático.
Por otra parte, únicamente podemos conocer el domicilio indicado por las personas al darse de alta en el servicio de dirección electrónica única, lo que no significa que sea
su domicilio en el momento actual o en el que reciben la notificación. Teniendo en cuenta estas salvedades, podemos contestarle que a 13 de enero el número de usuarios en la provincia de Málaga era de 753, a los cuales se ha remitido 4.055
notificaciones. De ellas, el 80,3 por ciento corresponden a la Agencia Tributaria, el 19,3 por ciento a Correos y el 0,4 a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones.
En relación con las oficinas integradas de atención al ciudadano, quiero decirle que, por acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de 2005, se aprobó un convenio para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al
ciudadano en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. La primera materialización de dicho acuerdo se ha realizado a través del convenio marco firmado el pasado 2 de febrero de 2006 entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la implantación de estas oficinas en el ámbito territorial de Andalucía. El propio convenio prevé el procedimiento de adhesión de las entidades locales del ámbito territorial de Andalucía que lo
soliciten, como así ha ocurrido con el Ayuntamiento de Sevilla. El convenio, por tanto, regula la coordinación entre el Estado y la Junta de Andalucía para la creación de espacios de atención al ciudadano donde estos puedan acceder a servicios
relacionados con competencias de ambas administraciones, además de a servicios de entidades locales que se vayan adhiriendo. Podrán existir tres tipos de oficinas basados en tres niveles de servicios: el nivel 1 u oficinas de registros, a través
de las cuales se dará un paso adelante con relación a las ventanillas únicas actuales al enviar como mínimo un aviso inmediato al punto de destino de la entrada a un documento en la red.
Adicionalmente podrán enviar la imagen del documento, y en
aquellos casos en los que se reconozca la habilitación del funcionario
receptor se podrá enviar el documento firmado electrónicamente. Un segundo tipo de oficinas serían las llamadas de nivel 2 u oficinas de información, en las que se ofrecerá orientación personalizada gracias a la formación recibida por los
empleados públicos que atienden en estas oficinas y a la plataforma multiadministración, en la que basarán su trabajo. El tercer tipo de oficinas sería las de nivel 3 u oficinas integrales de gestión, en las que gracias a los avances de las nuevas
tecnologías se podrán realizar trámites relacionados con procedimientos de diversas administraciones. Dichas oficinas se ubicarán aprovechando las infraestructuras públicas existentes y respetando su adscripción orgánica y funcional, así como su
identificación institucional, añadiendo el distintivo que permita reconocer su adscripción a esta red. En estos momentos estamos trabajando para la apertura de cuatro oficinas con ocasión de la celebración de las jornadas de Tecnimap, que tendrán
lugar en Sevilla del 30 de mayo al 2 de junio de 2006. De estas cuatro oficinas, dos son del ayuntamiento, una de la junta y otra de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Su oferta inicial en servicios es diversa, englobando, entre otros
servicios, información sobre contratación pública de las instituciones participantes sobre becas, ayudas y subvenciones de cualquier administración o la tramitación del cambio de médico en atención sanitaria. Se trata, no obstante, de realizar su
apertura como proyecto piloto con una oferta de servicios limitada que se irá enriqueciendo a medida que se vaya consolidando la experiencia.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, ¿quiere hacer alguna apreciación? (Denegaciones.)
DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE:
-PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE HAN OBTENIDO PLAZA COMO NUEVOS FUNCIONARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN EL AÑO 2004. (Número de expediente 181/001734.)
-PORCENTAJE QUE SUPONEN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS QUE HAN ACCEDIDO A UNA PLAZA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL AÑO 2005. (Número de expediente 181/001815.)
-MEDIDAS DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA DAR PRIORIDAD A LAS EMPRESAS QUE RESPETEN LA CUOTA DE RESERVA DE EMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 181/001816.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas restantes del Grupo Socialista, 15, 16 y 17, que también acumulamos, para lo que tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor secretario general, el 9 por ciento de la población española, casi cuatro millones de ciudadanos de nuestro país, son personas con discapacidad. Si tenemos en cuenta también a sus familias estaríamos hablando
de alrededor de diez millones de ciudadanos para los que la discapacidad es una realidad presente cotidianamente en sus hogares. Estas personas se siguen enfrentando con demasiada frecuencia a distintas formas de discriminación que las coloca en
una situación de particular vulnerabilidad ante los riesgos de pobreza económica, exclusión social y aislamiento personal; de hecho, sufren niveles inaceptablemente bajos de educación, así como de empleo. En el informe del Consejo Económico y
Social de finales de 2003, sobre la situación en España de las personas con discapacidad, se señalaba que son estas personas las que encabezan la lista por desempleo. El porcentaje de españoles en edad de trabajar con una discapacidad es del 8,7
por ciento.
Estamos hablando de aproximadamente un millón de ciudadanos que tienen una tasa de actividad de la mitad del resto de la población, solo un 32 por ciento, pero con una tasa de paro del doble, concretamente de algo más del 26 por ciento.
El compromiso de este Gobierno y del Ministerio de Administraciones Públicas desde el primer día fue poner en marcha todas las medidas necesarias tendentes a facilitar el acceso al empleo a las personas con discapacidad, porque, sin duda alguna, la
verdadera integración social pasa por una plena inserción en el mercado laboral. La situación, con fecha 14 de marzo de 2004, era que únicamente el 0,7 por ciento de las personas con discapacidad trabajaba en la Administración pública, por tanto,
algo tuvo que hacer muy mal cuando en las administraciones públicas no alcanzaron ni tan siquiera el 1 por ciento.
Esta gestión contrasta con el compromiso de este Gobierno de impulsar medidas que favorezcan el acceso al empleo público de estas
personas. En este contexto fue el propio ministro de Administraciones Públicas quien aquí, en el Congreso de los Diputados, se comprometió a corregir esa realidad asumiendo el compromiso de duplicar esa cifra hasta alcanzar el 2 por ciento a través
de medidas concretas que hiciesen posible el cumplimiento de ese objetivo. En este sentido, se impulsó el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se reserva un 5 por ciento de las plazas de las administraciones públicas a personas
discapacitadas, real decreto que sin duda alguna ha dado respuesta a las reivindicaciones del Cermi y otras asociaciones representativas, al objeto de que tuviesen el mayor apoyo social posible. En dicho decreto se establece también que si no se
cubren esas plazas se acumularán a la siguiente convocatoria o que las personas con discapacidad tienen preferencia a la hora de elegir provincia de destino, así como
en la adjudicación de los puestos de trabajo en función de las disponibilidades, que haya una garantía de adaptación obligatoria de los puestos de trabajo a sus necesidades, así como que se impulsen medidas formativas específicas que
permitan una adecuada promoción profesional.
En este sentido, nos gustaría conocer cuál ha sido el porcentaje de personas con discapacidad que obtuvieron plaza como nuevos funcionarios en la Administración Central en 2004 y cuáles han sido también
los datos referentes a 2005. De hecho, no hay que olvidar que en la oferta de empleo 2005, aprobada por el Gobierno en febrero del pasado año, ya se reservó un buen número de plazas para personas discapacitadas. Por otro lado, hay que recordar que
este Gobierno también aprobó un real decreto, el 364/2005, donde se regulan medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por ciento en aquellas empresas de cincuenta o más trabajadores.
Teniendo en cuenta la importancia de que las empresas respeten la cuota de reserva de empleo de las personas discapacitadas, a mi grupo parlamentario le gustaría conocer qué medidas está llevando a cabo o está impulsando el Ministerio de
Administraciones Públicas para dar prioridad a las empresas que respeten la cuota de reserva de empleo de estas personas.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Voy a intentar responder al mismo tiempo a las tres preguntas que se refieren a las cuestiones de la discapacidad. En primer lugar, como usted ha señalado, las
personas con cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a acceder al empleo público en las condiciones reguladas en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de
trabajo. Esta norma establece que en las ofertas de empleo se reservará un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Este
porcentaje se está cumpliendo en la Administración General del Estado en las respectivas ofertas de cada año, incluso superándose, llegando en las convocatorias de ingreso libre del año 2005 al 5,7 por ciento.
Por otra parte, el reparto de plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad no es uniforme, como ustedes saben, en todos los cuerpos y escalas. El Ministerio de Administraciones Públicas, con base en lo dispuesto en el Real
Decreto de oferta de empleo público, determina la distribución de la reserva de plaza, dando preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos y categorías cuyos integrantes normalmente desempeñan actividades compatibles en mayor o menor
medida con la posible existencia de una minusvalía. Esto hace, por ejemplo, que haya mayor concurrencia de personas con discapacidad a las convocatorias de pruebas selectivas de cuerpos o escalas generales, y dentro de estos a los incluidos en el
grupo D de titulación.
Por lo que se refiere a la pregunta concreta que se me plantea, como también conocen, el artículo 3.3 de la norma citada establece que al finalizar los procesos selectivos se elaborará una relación única, en la que se incluirán a todos los
candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas ordenados por la puntuación total obtenida con independencia del turno por el que hayan participado. En consecuencia, no existen datos diferenciados respecto de aprobados que pertenezcan al
turno de discapacitados y al turno libre. No obstante, a través del trabajo de seguimiento de las ofertas de empleo que realiza la Dirección General de la Función Pública se han extraído estos datos referidos al año 2004. En la forma de ingreso
libre, para el conjunto de todos los cuerpos y escalas adscritos a la Administración General del Estado, se convocaron 4.117 plazas, de las cuales 205 fueron convocadas por el turno de reserva de discapacitados. Se cubrieron un total de 3.002, de
los cuales 95 fueron discapacitados, lo que supone un 3,16 por ciento sobre el total de personas que accedieron a la Administración General del Estado por el turno libre. En la promoción interna se convocaron 4.496 plazas para el conjunto de todos
los cuerpos y escalas, de las cuales 187 fueron para ser cubiertas por el turno de discapacitados. En este caso, accedieron un total de 3.794 personas, de las cuales 50 eran discapacitadas, lo que representa un 1,32 por ciento del total.
En relación con la situación en el año 2005, además de reiterar todas las demás cuestiones que ya hemos señalado, los datos de los que se disponen son los siguientes. Por el sistema de ingreso libre en el conjunto de cuerpos y escalas
adscritos a la Administración General del Estado se convocaron 4.193, de las cuales 237 eran por el turno de reserva de discapacitados. El total de aprobados discapacitados ascendió a 124 sobre el total de 2.589 que accedieron a la Administración,
por lo que supone el 4,79 por ciento. En promoción interna, para el conjunto de cuerpos y escalas se convocaron 3.999 plazas, de las cuales 198 eran de reserva para el turno de discapacitados. De los 3.179 aprobados, 76 fueron discapacitados, lo
que representa el 2,4 por ciento. Cabe resaltar el dato referente al conjunto de cuerpos y escalas cuya selección corresponde al MAP, al Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la comisión permanente de selección, que en su ingreso
libre representa alrededor del 30 por ciento del total de plazas ofertadas en la oferta de empleo público de 2005.
En lo que respecta al efectivo cumplimiento de la reserva del 5 por ciento de las plazas para personas con discapacidad, el porcentaje de aspirantes que acceden a la función pública a través del cupo de reserva para personas discapacitadas
no ha dejado de crecer, llegando en 2005 al 7,1 por ciento para los aspirantes que acceden por ingreso libre, frente al 3,2 por ciento en el año 2003 y al 6,4 en el año 2004. En el caso del acceso a través de
la promoción interna, dicho porcentaje también ha crecido año a año, alcanzando este año el 2,3 frente al 1,4 de 2003 y al 1,7, como hemos señalado anteriormente, del año 2004. Debe señalarse, además, que en cumplimiento del Real Decreto de
2004 se han concedido más de 400 adaptaciones de tiempo y/o medios para el desarrollo de las pruebas, con el fin de asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad. A través del cupo de reserva para personas con
discapacidad concurrieron más de 1.200 aspirantes a las convocatorias de acceso a los cuerpos y escalas cuya selección compete a la comisión permanente de selección.
En relación con la última de las preguntas del diputado Heredia, con la posibilidad de dar prioridad a las empresas que respetan la cuota de reserva de empleo de las personas con discapacidad, debo señalarle lo siguiente. Desde los
ejercicios 2003 y 2004 y en aplicación de la disposición adicional octava del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, los pliegos tipo de
cláusulas administrativas particulares de los contratos que celebra este departamento prevén que, en caso de igualdad entre dos o más licitadores, será preferida la proposición presentada por aquella empresa que tenga en su plantilla un número de
trabajadores minusválidos no inferior al 2 por ciento de la misma. Asimismo, se recuerda que en el anteproyecto de ley de contratos del sector público elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda se prevén medidas adicionales como la
prohibición para contratar de aquellas empresas sancionadas en materia de integración de personas con discapacidad, el deber de la Administración de definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad o la preferencia
en la adjudicación de aquellas proposiciones presentadas por empresas de inserción laboral de personas minusválidas.
El señor PRESIDENTE: Levantamos la sesión y ya tendremos una convocatoria de Mesa y Portavoces la próxima semana o la siguiente.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.