CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 564

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 31

celebrada el miércoles, 26 de abril de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la lucha contra el blanqueo y formas graves de delincuencia económica. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/001249.) ... (Página 2)


- Relativa a la creación de una comisaría de Policía Nacional en la bahía de Portmany de la isla de Ibiza. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000543.) ... (Página
6)


- Sobre la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001383.) ... (Página 7)

Página 2


- Sobre medidas a adoptar por el Gobierno en la resolución de casos de desaparición de personas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001334.) ... (Página
10)


- Sobre la necesidad de reformas legales en la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001385.) ... (Página 14)


Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO Y FORMAS GRAVES DE DELINCUENCIA ECONÓMICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001249.)


La señora PRESIDENTA: La sesión de la Comisión, como saben sus señorías por el orden del día, está convocada para tramitar cinco proposiciones no de ley, las números 1249 del Grupo Parlamentario Socialista, 543 y 1386 del Grupo
Parlamentario Popular, 1334 del Grupo Parlamentario de CiU y 1385 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y las votaciones las vamos a llevar a cabo no antes de las once y media, calculo.



Así que, iniciamos el orden del día con la primera proposición no de ley, que es la número 1249, sobre la lucha contra el blanqueo y formas graves de delincuencia económica, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la
palabra la señora Rivero.



La señora RIVERO ALCOVER: Paso a defender la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno, a través de esta Comisión de interior, a potenciar las actividades desarrolladas por la
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en materia de blanqueo de capitales y otras formas graves de delincuencia económica.



En la defensa de esta iniciativa no podemos obviar la fecha de la misma, septiembre de 2005, y por tanto el gran número de actividades y medidas realizadas y desarrolladas ya por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que ponen de
manifiesto no sólo la prioridad en política de seguridad que se ha marcado este Gobierno, sino la propia potenciación realizada desde la creación de esta unidad como consecuencia de la necesidad de atacar las actividades de aprovisionamiento de
dinero por los grupos de delincuentes organizados, nacionales e internacionales, que operan en España y que les sirven para financiar sus actividades, así como las actividades paralelas de blanqueo de dinero, motivo por el cual la Comisaría General
de Policía Judicial decidió reforzar los efectivos humanos y materiales para luchar contra los grupos organizados.



Tal y como se indica en la exposición de motivos de nuestra iniciativa, una política de seguridad para todos global y eficaz con la que los ciudadanos estén y se sientan más seguros, ha de basarse en la modernización, racionalización,
coordinación e integración del sistema policial, así como en el impulso de un conjunto integrado de políticas de solidaridad y cohesión social dirigidas a impedir la aparición de situaciones y factores que propician la Comisión de muchos delitos.



Sabemos que la liberalización del sistema financiero internacional y la mejora de los medios técnicos destinados a potenciar su eficacia, en ocasiones son utilizados para la comisión de hechos delictivos generadores de dinero negro y para
ocultar el origen de esos capitales.
El resultado combinado de ambas circunstancias ha sido un inquietante crecimiento cuantitativo del blanqueo de capitales. Ante esta realidad se está construyendo una respuesta que pretende ser global,
internacional e inspirada en la corresponsabilidad de todos los agentes involucrados.
Está cada vez más acreditado que seguir la huella del dinero sucio es el modo más eficaz para localizar a los delincuentes y que privarles del disfrute del
producto de cualquier actividad criminal constituye un mecanismo de una eficacia disuasoria extraordinaria. La actividad criminal, para resultar rentable, ha de ser oficializada en algún momento y de aquí que el blanqueo de capitales constituya una
de las áreas donde más se han aplicado las organizaciones criminales en la búsqueda de soluciones creativas y en el aprovechamiento de la globalización. Aunque con frecuencia se olvide, ya en el año 1995, el presidente Clinton, en un discurso en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, identificó el blanqueo de dinero como una de las tres principales amenazas a la paz y libertad global junto con el tráfico de drogas y el terrorismo.



El blanqueo de capitales amenaza la libertad y la democracia desde tres ámbitos: la seguridad pública, porque contribuye a la mayor extensión y facilidad de crímenes; la reducción de los ingresos impositivos, contribuyendo a la expansión
de la economía sumergida, y


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el socavamiento de las instituciones democráticas, comprometiendo el buen Gobierno de las empresas al promover la corrupción y el soborno. Por tanto, existe un nuevo marco de combate del blanqueo con una serie de medidas internacionales,
donde se han ido articulando las bases de la persecución del blanqueo de capitales en torno a la reducción de espacios de opacidad, la coordinación y cooperación internacional e interdisciplinar en las investigaciones y la aplicación de métodos
avanzados de inteligencia financiera.



En este sentido, cabe señalar la contribución española al debate sobre la consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia, que es el objetivo establecido en la Unión Europea, con orientaciones generales a la vertebración de este
espacio a través de la política común de gestión de circulación de personas, de cooperación policial en el uso de información y aspectos operativos en el espacio judicial europeo y también en la lucha contra la financiación del terrorismo, porque no
olvidemos que un aspecto clave para combatir el terrorismo es la lucha contra su financiación, más aún en un espacio de libre circulación, como el existente en la Unión Europea.



Es necesario pues contar con información actualizada sobre acciones efectivas ejecutadas en materia de congelación de bienes y reforzar los instrumentos actualmente existentes de mejora de eficacia de las medidas judiciales y de las unidades
de inteligencia financiera; en este sentido, la importancia de la lucha contra la criminalidad organizada ha sido tomada por este Gobierno con absoluto rigor -el propio ministro de Justicia, en una comparecencia en septiembre de 2005, estableció
las distintas medidas que se habían tomado por parte del Gobierno para movilizar, entre otras, la comunicación de la Agencia Tributaria con el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales-, el refuerzo de la cooperación entre ambos para luchar
contra el fraude a través de la interposición de sociedades en el sector inmobiliario, la adopción del decreto de 2005 que convierte a los notarios y registradores en obligados del deber de comunicar todas aquellas operaciones sospechosas de ser
parte de una trama de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas, la constitución en la Costa del Sol, en Baleares, en Canarias, de un conjunto de nuevas unidades especializadas de la Fiscalía Anticorrupción que refuerzan la capacidad del
Ministerio Público para luchar contra el delito y perseguir las tramas de delincuencia organizada y la firma de los convenios civil y penal en el seno del Consejo de Europa para fortalecer nuestro sistema jurídico contra la criminalidad organizada,
que eran convenios que incomprensiblemente llevaban más de seis años sin ser ratificados. En el plano policial se ha establecido por parte del Gobierno el refuerzo de las llamadas unidades especializadas de la Policía Nacional a través de los GRECO
(Grupo de Respuesta Especial contra la Criminalidad Organizada), que se ha desplegado de manera especial en la Costa del Sol, con el resultado y la eficacia que hemos podido ver en los últimos tiempos. Precisamente, la Unidad Central que es objeto
de esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, fue creada por la Orden 2103/2005 del Ministerio del Interior, por la que se integra en la Comisaría General de Policía Judicial y asume, en virtud de lo previsto en dicha orden, la
investigación y persecución de las actividades delictivas de ámbito nacional e internacional en materia de delincuencia económica y fiscal, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las respectivas unidades territoriales. Para su
actual regulación se han tenido en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa relativas a la potenciación de las estructuras policiales, al fomento de la especialización y a la mejora de la coordinación, con objeto de incrementar la eficacia
en la investigación policial. En este sentido, se ha procedido a integrar en una nueva unidad, los grupos, las unidades policiales encargadas de luchar contra los delitos relacionados con la delincuencia económico-fiscal, y entre estos grupos están
la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera, la Brigada de Investigación del Banco de España y la unidad adscrita a la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos
Relacionados con la Corrupción. Con ello se ha pretendido la actuación coordinada de estas brigadas, al quedar integradas todas en una sola unidad al mando de un funcionario de escala superior. Los efectivos de esta unidad proceden en su mayor
parte de las brigadas y unidades integradas en la misma, mejorando con su actual configuración la coordinación y eficacia policial en la represión de este tipo de conductas. Cabe señalar como actividades ilícitas, que en este caso esta Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal se centra en perseguir el blanqueo de dinero. Desde principios de año hasta hoy, se han llevado operativos policiales como la llamada operación Eolo, en la que colaboró en la investigación, altamente conocida en
Canarias, sobre la corrupción de un ex-alto cargo de Industria del Gobierno canario y empresarios y funcionarios públicos, los cuales habrían llegado a un acuerdo para la adjudicación de una serie de concesiones en el denominado concurso Eólico; la
operación Malaya, que se inició en noviembre de 2005, en unión con la Udico de Costa del Sol, centrando la investigación en las operaciones de blanqueo de dinero procedente de actividades tales como malversación de caudales públicos, cohecho,
tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, etcétera, en el Ayuntamiento de Marbella. En esta operación conviene recordar que se ha detenido a un total de 30 personas y que ha supuesto un montante económico de unos
2.400 millones de euros. Hay que recordar también, en operaciones importantes, la llamada Ballena Blanca, cuyas investigaciones continúan abiertas hoy día. En cuanto a fraude fiscal, está la llamada operación HCM Automóviles, sobre
comercialización intracomunitaria de vehículos de alta gama, adquiridos principalmente en Alemania. Lo que hacían es no liquidar en nuestro país el IVA y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, habiéndose estimado


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también un fraude sobre unos 3 millones, aproximadamente, de euros.
Fraudes contra la Seguridad Social en varias operaciones simultáneas; se han aflorado fraudes por un montante de 10.500 millones de euros, habiendo sido detenidas un total
de 32 personas por motivos conexos, y fraudes también en multipropiedad. Todas estas son acciones ilícitas descubiertas a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.



Por consiguiente, y a pesar de que el Ministerio del Interior está llevando a cabo actuaciones para contribuir a dar mayor eficacia a las actividades desarrolladas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, se ha mantenido
lógicamente esta proposición no de ley en la idea de no cejar en promover, en la línea propuesta por esta iniciativa, todas las actuaciones que conlleven a dotar de medios de todo orden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para combatir
estas peligrosas formas de delincuencia. En este sentido, desde ahora establecemos que este Grupo Parlamentario aceptará la enmienda de adicción, en la medida en la que estamos sumando, en relación con la Unidad Central de Delincuencia, que ha
asumido las medidas marcadas por el propio Gobierno en políticas de seguridad.



La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Seller.



La señora SELLER ROCA DE TOGORES: La proposición no de ley de la proponente recoge en su enunciado una evidencia absolutamente incuestionable, la realidad que comporta una economía liberalizada e internacionalizada, con una interdependencia
de los mercados donde la facilidad con la que se producen los desplazamientos, la agilidad de las comunicaciones en transacciones, así como los avances tecnológicos favorecen la actividad de esta tipología de delincuencia económica. A este
respecto, la comunidad internacional ha establecido medidas tendentes a la persecución de este tipo de delincuencia que se reconoce como trasnacional, considerando la lucha contra la misma desde una perspectiva multidimensional, llamando
especialmente la atención contra el blanqueo de capitales y proponiendo la transparencia de los sistemas financieros, monetarios y comerciales.



Desde esta perspectiva, la declaración del milenio de Naciones Unidas de septiembre del año 2000 proclamó que las relaciones internacionales debían estar presididas por un espíritu de cooperación que debe materializarse muy en particular en
una cooperación policial y judicial frente a las diversas formas de delincuencia, principalmente la corrupción y el fraude. Pero para que esta cooperación sea efectiva, además de perseguir una mayor armonización jurídica de la comunidad
internacional, hay que fijar la atención en una realidad que, vuelvo a insistir, es indiscutible y en este caso viene de la mano de los paraísos fiscales como refugio seguro del dinero ilícito, lo que, afortunadamente, el ordenamiento español sí
contempla, al igual que los ordenamientos internacionales, si bien algunos de ellos no concretan lo suficiente.



Nuestro ordenamiento jurídico suele profundizar bastante a ese efecto, así viene reflejado en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, en la Orden del Ministerio de Economía de 3 de agosto del año 2000 y más tarde en el Real Decreto
116/2003, de 31 de enero, todo ello en relación con la resolución de la Dirección Nacional de la Agencia Tributaria sobre el Plan integral de control tributario destacando cuales son las áreas de riesgo fiscal y poniendo el acento en el control de
no residentes y muy especialmente en el uso de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales para dirigir inversiones, evitando así la identificación de las inversiones reales.



Por todo ello, tal y como se reconoció en su día en el plan de acción para la lucha contra la delincuencia organizada del Consejo de Europa, habría que destacar que la delincuencia económica se organiza y crece día a día, aprovechando sin
duda la libre circulación de mercancías, capitales, servicios y personas. A todo ello se añaden las innovaciones tecnológicas, como Internet, y las operaciones bancarias electrónicas, que son un vehículo extraordinario para la comisión de este tipo
de delitos, como también lo son para transferir los beneficios resultantes de los mismos a actividades de apariencia lícita. Resulta, por tanto, de suma importancia para llevar a efecto una eficaz persecución del delito reforzar la cooperación
policial en la lucha contra la criminalidad, algo que difícilmente va a obtener resultados óptimos si no se enmarca la actividad policial de cada Estado miembro en un plan transversal y objetivo que, además de conocer las realidades, exprese las
medidas transversales y dote de las herramientas necesarias para la persecución del delito, desde su investigación hasta su posterior identificación y detención de los delincuentes. Por ello, nuestro grupo hace tantos esfuerzos en convencerles,
reconozco que sin mucho éxito, todo hay que decirlo, de la necesidad de un plan contra la delincuencia organizada; cualquier medida que ustedes vengan a abordar en solitario, aunque pueda gozar de la aprobación de esta Cámara, no dejará por ello de
ser un instrumento de lucha aislado cuyos resultados podrán hacerse visibles en una operación o campo determinado, pero dejarán al descubierto muchos otros, y no voy a relatarles, porque no creo que sea el momento ni tampoco quiero extenderme, lo
que ustedes conocen ya de sobra; no voy a recordarles la innumerable legislación y medidas ejecutivas que el Gobierno anterior adoptó, tanto en materia judicial como policial y fiscal, pero convendría que convenciesen ustedes al Gobierno de la
necesidad de adoptar un plan eficaz, realmente sólo tienen que recordarle el plan con el que el Partido Popular acudía a las elecciones, pueden ustedes conseguir una copia -yo con todo gusto se la hago llegar- y en cualquier caso pueden dejarse
asesorar por extraordinarios profesionales del ministerio, como, por supuesto también por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del


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Estado, al margen, por supuesto, del sentido común, que seguro ya ha demostrado la proponente en esta proposición no de ley.



Dicho todo esto, quiero llamar la atención sobre lo que sospecho que en cualquier caso viene a ser la intención del Gobierno con la creación de esta Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en una coyuntura que sin duda viene a
estar favorecida por la oportunidad política, y digo esto porque una medida como ésta que se presenta en la proposición no de ley, que, insisto, no tiene nada de despreciable, no parece haber nacido de una forma meditada ni prevista. Nada hay,
desde luego, que haga pensar a mi grupo que la creación de la UDEF haya sido prevista bajo el paraguas de un plan nacional contra el crimen organizado porque, hasta donde yo recuerdo, lo último que propuso el Gobierno fue la creación de aquel
anecdótico mando único, tras el cual únicamente hemos visto ofertas aisladas de programas, desde luego nada despreciables, eso también he de reconocérselo, con cometidos muy específicos, que prometen gran efectividad pero que adolecen del sostén de
un programa global comprometido que aleje la provisionalidad a la que se sujetan estos proyectos, que espero no decaigan en un futuro por falta de fondos. Por ese motivo, entendemos que el Grupo Socialista ha aprovechado la coyuntura para presentar
esta proposición no de ley, que, insisto, no tiene nada de despreciable. Mi grupo no va a hacer crítica más allá de las legítimas posiciones políticas que a cada uno le inspiran, entre otras cosas porque entendemos que la iniciativa es
absolutamente aceptable. Por ello -y porque si algún mérito merece ser reconocido es sin duda el esfuerzo y profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado- es por lo que deseamos que esa iniciativa de ustedes no se quede en un
cajón, y me consta que esa no es la intención de la proponente; todo lo contrario, basta con leer la proposición no de ley para darse cuenta del decidido impulso que pretende dar con la redacción de la misma. Por lo tanto, como digo, tengo,
llegados a este punto, que agradecer al Grupo Socialista que haya aceptado nuestra enmienda, que así lo haya manifestado, entendiendo que mejorar tal iniciativa era la única intención de mi grupo, básicamente porque entendemos que así se dota a esta
Unidad Central de Delincuencia de manera que pueda facilitar pruebas más concretas a los jueces evitando que este tipo de delito quede impune. Por lo tanto, la postura del Grupo Popular será la que ya se desprende de la intervención, votar a favor.

Agradecemos de nuevo que haya sido tomada en consideración nuestra enmienda de acción.



La señora PRESIDENTA: Una pregunta de carácter más bien técnico. Entiendo que a la proposición no de ley del grupo proponente se añadirían los cuatro puntos concretos de su enmienda. ¿Es así?


La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Efectivamente.



La señora RIVERO ALCOVER: Efectivamente. El Grupo Socialista acepta la enmienda de adicción presentada por el Grupo Popular, pero quiero dejar absolutamente claro que no por falta de planificación ni por oportunidad política, como se
hubiera visto si se hubieran escuchado nuestros planes estratégicos.



La señora PRESIDENTA: ¿Desea intervenir, señor Mardones? (Asentimiento.) Tiene la palabra.



El señor MARDONES SEVILLA: Mi grupo va a apoyar esta iniciativa que ha defendido la señora Rivero por parte del Grupo Parlamentario Socialista y que asume también la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Esta es una
materia en la que tenemos que tener todos los grupos de la Cámara una sensibilidad especial; es un fenómeno lamentable que está motivando su inclusión en la agenda de trabajo de los organismos europeos en relación con el pilar de seguridad y
justicia. Los ministros de Interior y de Justicia de la Unión Europea estudian una acción conjunta contra el blanqueo de capitales.



El tema no es fácil, lo estamos viendo muchas veces. La señora Rivero ha especificado algunos casos concretos que ocurren en España. Hoy la colaboración entre fuerzas policiales, Policía Nacional y Guardia Civil de España con organismos
similares en el Reino Unido, en Alemania, en Francia y en Italia en la lucha contra el blanqueo de capitales, es de una complejidad tremenda, sobre todo cuando se ven los análisis de los organismos europeos; de Europol, por ejemplo. ¿Cuál es la
procedencia de este dinero negro que se va a blanquear? El narcotráfico, la prostitución, la trata de blancas, el tráfico de armas, especulaciones urbanísticas, corrupción y sobornos; la economía sumergida en palabras mayores. Es un mosaico tan
grande que o hay una unidad policial con una inteligencia superior para luchar contra este tipo de delitos o todos estos delincuentes tienen por delante todavía bastantes beneficios y eso no lo podemos consentir. A este respecto, quiero decir que
en España tienen la consideración de policía judicial tanto el Cuerpo Nacional de Policía, como la Guardia Civil, como las Policías Autonómicas en el caso del País Vasco y de Cataluña. Pero hay un instrumento fundamental que nosotros también
queremos resaltar junto a la acción policial: la acción del ministerio fiscal. Nosotros, Coalición Canaria, nos congratulamos de las medidas que han venido incrementando la plantilla de fiscales anticorrupción. El Ministerio de Justicia creó, en
el caso de Canarias, dos fiscales anticorrupción. Desde luego, la Fiscalía Anticorrupción es la que puede solicitar en primera instancia, junto con la Policía Judicial o Guardia Civil, puede solicitar al juez uno de los instrumentos fundamentales
para las pesquisas, los pinchazos telefónicos, las entradas en los teléfonos de los presuntos delincuentes.



Nosotros apoyamos esta medida, nos congratulamos de esta proposición no de ley por su trascendencia e


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importancia en países como España y en algunas zonas turísticas destino de todos estos delincuentes que se dedican al blanqueo de capitales, encubriéndolo bajo supuestas actividades legales. Nosotros, repito, vamos a votar favorablemente la
proposición no de ley.



- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA COMISARÍA DE POLICÍA NACIONAL EN LA BAHÍA DE PORTMANY DE LA ISLA DE IBIZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000543.)


La señora PRESIDENTA: Si no va a intervenir ningún otro grupo damos por finalizado el debate de esta proposición no de ley y pasamos a la siguiente, relativa a la creación de una Comisaría de Policía Nacional en la Bahía de Portmany, en la
isla de Ibiza. Para su defensa tiene la palabra el señor diputado.



El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Popular presenta a debate en esta Comisión de Interior una proposición no de ley en la que solicitamos que se cree una nueva Comisaría de Policía en la Bahía de Portmany, en los municipios de
Sant Antoni y Sant Josep de la isla de Ibiza. Por si alguna de sus señorías no conoce la Bahía de Portmany, es una de las zonas turísticas más importantes de las Illes Pitiüses y de las Illes Balears, pionera en el turismo ibicenco y en donde, como
dato importante, en invierno la población suele rondar los 20.000 habitantes, mientras que en verano se triplica con la llegadas de turistas, más o menos 15.000 camas oficiales, y de residentes temporales, de lo que es la llamada la segunda
residencia, además de los normales visitantes diarios a la zona de diversión en la zona de San Josep, pero, fundamentalmente, en el pueblo de Sant Antoni de Portmany. Es importante recordar que para las islas de Ibiza y Formentera el turismo no es
sólo la primera industria, como en el resto del país, sino que es la única. Se vive exclusivamente del turismo, por eso el turismo es vital para la economía de ibicencos y formenterenses, como vital es para nosotros que nuestra oferta turística sea
de calidad, con buenas infraestructuras, buenos servicios y sobre todo con seguridad. La seguridad ciudadana, la tranquilidad de nuestras tierras, la tranquilidad de nuestras islas sigue siendo uno de los reclamos más importantes, pero en los
últimos tiempos, por la falta de medios humanos, materiales y de infraestructuras ha tenido sus altibajos y no está a la altura de las demandas ciudadanas, de las demandas institucionales, ni de los propios profesionales, que han visto como una
promesa, un compromiso, que el plus de insularidad que cobran en estos momentos en las Islas Baleares sería equiparado al de las islas Canarias, ha sido incumplido por parte del Partido Socialista y del Gobierno Socialista, no dándoles esta
equiparación y, por lo tanto, no permitiendo de esta manera que pueda haber estabilidad en las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.



Señorías, solamente con el flujo de población, la actividad turística creciente y la insuficiencia de la plantilla de la Guardia Civil competente en esos dos municipios y el extenso territorio de su demarcación, a pesar de su trabajo, sería
suficiente para solicitar y conseguir la construcción de la Comisaría de Policía que solicita el Grupo Parlamentario Popular; pero ante estos hechos claros, también existen antecedentes definitorios para pensar que estamos ante una demanda justa y
necesaria, antecedentes como que en la década de los años ochenta, el Ministerio del Interior de un Gobierno Socialista creó en Sant Antoni una subcomisaría de Policía Nacional durante los meses de verano, con excelentes resultados hasta que años
después el mismo Gobierno, incomprensiblemente, la retiró. Hay antecedentes de esta misma Comisión con propuestas parecidas, de casos parecidos, que fueron aprobados en esta misma legislatura, y estamos hablando de las comisarías de policía en
Torrevieja, propuesta de Izquierda Unida, en Tomelloso, propuesta del Partido Popular y en Motril, propuesta del Partido Socialista Obrero Español. No será justificable que no se apruebe esta proposición no de ley y en cambio aquellas fuesen
aprobadas, antecedentes del compromiso del entonces ministro Acebes en el último año de mandato del Partido Popular, de su construcción y creación y que fue plasmado en el programa electoral del Partido Popular, y antecedentes también de los
compromisos del programa socialista, textualmente de una mayor seguridad turística de manera integral, añadiendo al necesario trabajo policial una mayor y profunda colaboración con los agentes policiales, página 140 del programa socialista, o lo que
dice también, en la página 143, el propio programa electoral del Partido Socialista: De otros compromisos más locales hablaré más adelante. Estos antecedentes, las necesidades expuestas, unidos al acuerdo unánime, y eso es muy importante, de esta
misma proposición no de ley, con el mismo texto, en el Ayuntamiento de Sant Antoni en el pleno del 30 de diciembre de 2004, por cierto, con acuerdo entre el Partido Popular, el Pacto Progresista, integrado por el Partido Socialista, Izquierda Unida,
ENE y Esquerra Republicana de Cataluña, más el partido local Democracia Pitiüsa, acuerdo comunicado a esta Cámara el 27 de enero del año 2005, con registro de salida 275, y la misma demanda, por otro lado, en el Ayuntamiento de Sant Josep, son
suficiente justificación para solicitar de los grupos parlamentarios la aprobación de esta proposición no de ley que viene desde Ibiza con el consenso político de todos los grupos políticos y la petición unánime de toda la sociedad de dos municipios
y yo diría que de la insular. No podemos entender que allá, en la isla, en Sant Antoni, se vote que sí con este mismo texto y que aquí se vote que no, tal como supongo nos anunciará el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Cómo es posible
que el Partido Socialista vote aquí hoy en contra de esta proposición no de ley que sus compañeros de partido en el


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Ayuntamiento de Sant Antoni votaron favorablemente? Esto demuestra, señorías, poca consideración hacia sus compañeros y hacia la sociedad de Sant Antoni y de Sant Josep. Este hecho, por cierto, es uno más de los incumplimientos electorales
de los socialistas de Baleares, porque cabría preguntarse dónde están aquellas comisarías móviles que se prometieron en la ciudad de Ibiza o en la playa de Embosa, o justamente la comisaría móvil que se prometió en el programa socialista en el
pueblo de Sant Antoni, o dónde están los compromisos de las patrullas mixtas o los 500 policías más que nos prometía el señor Antich cuando gobernaba la comunidad autónoma o aquel nuevo modelo policial para las zonas turísticas españolas y, como no
puede ser de otra manera, también para nuestras islas. Pues no están; no están, ni estarán, porque su política es la de no cumplir la palabra dada, ni tan siquiera la de mantener, por coherencia, el voto en un ayuntamiento.



La señora PRESIDENTA: Para intervenir, tiene la palabra el señor Mateos, por el Grupo Parlamentario Socialista


El señor MATEOS MARTÍN: Estoy encantado de saber que el dirigente del Partido Popular ya sabe las votaciones y lo que vamos a hacer antes de que intervengamos; en cualquier caso decirle que sí, que va a acertar en este caso, no siempre,
pero en este caso sí. Pregunta por qué no cumplimos los acuerdos que toma el pleno del Ayuntamiento. Muy sencillo, porque el alcalde del pueblo de San Antonio en ninguna junta de seguridad local ha pedido nunca que se cree la comisaría de policía
porque él sabe que es una auténtica aberración y no tiene ningún sentido. Segundo, escuchándole parece que en este país no hubiese gobernado nunca el Partido Popular y que nunca hubiese hecho nada. Justamente pasa eso, que no hicieron nada en la
isla de Ibiza, y menos en San Antonio. Además, me gustaría saber qué tienen ustedes en contra de la Guardia Civil, una Guardia Civil que ustedes dejaron morir, un cuartel de la Guardia Civil en San Antonio que tenía 28 guardias civiles y que ahora
mismo tiene 70 efectivos. Desde luego, lo que está haciendo el Gobierno durante estos dos años es intentar enjugar el déficit que han dejado ustedes en la isla de Ibiza y, en una segunda fase, aumentar y estabilizar las plantillas porque desde
luego bastante mal nos lo dejaron. Y en el caso de San Antonio, decirle que en estos tres últimos años, con ese aumento de plantilla de 28 a 70 efectivos, se han reducido los delitos en un 37 por ciento y las faltas en un 35 por ciento. Desde
luego, eso no es bastante y hay que seguir trabajando. Finalmente decirle que hay más cosas que ha hecho la Guardia Civil; ha implantado -estos datos son reales, son los del Ministerio, le guste o no lo guste al señor Fajarnés- patrullas
unipersonales de seguridad ciudadana para mejorar la proximidad y la atención al ciudadano; se ha creado una especialidad de seguridad ciudadana con el fin de priorizar la seguridad ciudadana dentro de las misiones de la Guardia Civil e incentivar
al personal de los puestos; se potencian las unidades de investigación, tanto de la policía judicial como de los puestos principales; se está haciendo una especialización en el seno de los equipos de policía judicial de compañía para crear
especializaciones de menor y de mujer; se han incrementado los efectivos dedicados a seguridad ciudadana mediante el aumento de las convocatorias de empleo público; se está fomentando la colaboración ciudadana mediante campañas de concienciación e
incremento de los contactos con las autoridades municipales, asociaciones de vecinos, etcétera, incluso con recorridos a pie con las patrullas en las poblaciones -ya digo que todos estos los hace la Guardia Civil- y sobre todo se ha fomentado la
colaboración con los cuerpos de la policía local mediante la firma de un convenio; es decir, el alcalde de San Antonio y el alcalde de San José son más sensatos que los diputados del Grupo Popular y han llegado a acuerdos de cara a mejorar la
seguridad de sus conciudadanos. Y además habla usted de crear una comisaría de Policía Nacional en San Antonio.
¿Para qué? ¿Para dejarla morir como hicieron con la comisaría de Policía Nacional de Ibiza? Esa comisaría tenía 160 policías cuando
la plantilla dice que debían ser 220. ¿Sabe cuántos tiene ahora? Doscientos setenta.
La dotación de la Guardia Civil está aproximadamente en un 95 por ciento de lo que toca, que ustedes también la dejaron bastante baja. Es decir, hemos aumentado
los niveles de seguridad, hemos bajado los niveles de delincuencia, ¿por qué tenemos que cambiar algo que funciona? Lo que está haciendo el Gobierno en la isla de Ibiza es construir una nueva comisaría de Policía Nacional en Ibiza, que ustedes
dejaron con un 40 por ciento de déficit de plantilla, sin vehículos, en la que suprimieron unidades especiales como la UDICO y la de estupefacientes y con un edificio en ruinas. Por tanto, se va a construir esta nueva comisaría de Ibiza, está en
construcción ya el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Ibiza y próximamente se empezará a construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Formentera, y está previsto también crear una unidad de comandancia en Ibiza y dos capitanías de cara al
reforzamiento de la Guardia Civil. Y simplemente decirle que se han creado comisarías de policía en algunos núcleos turísticos como Torrevieja. Efectivamente; Torrevieja, población de derecho 90.000 habitantes, población de hecho 150.000,
población estacional 500.000. Parece bastante lógico crear una comisaría de Policía Nacional; no es el caso de San Antonio, que apenas llega a 18.000 habitantes.



- SOBRE LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001383.)


La señora PRESIDENTA: Damos por finalizado el debate de esta proposición no de ley y pasamos a la tercera, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario


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Popular sobre la Guardia Civil. Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho Pérez.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Después de la última intervención apelando a la sensatez, la verdad es que uno se queda sorprendido de las respuestas que pueden dar los diputados socialistas en esta Cámara. Pero ciertamente tomo las
palabras de este interviniente, sobre todo una de las frases que ha dicho, que ha sido quizás la que más me ha sorprendido, la referida a que el Partido Popular dejó morir la Guardia Civil. Mire usted, yo no sé si recuerda un director, excelso
director general de la Guardia Civil que ustedes tuvieron, que la dejó bastante peor de lo que la pudieran dejar otros; es decir, en eso tienen ustedes el récord absolutamente manifiesto. Hecha esta alusión, que no quería realizar y que he hecho
simplemente por las palabras de un interviniente que creo que faltan del todo a la realidad y la verdad, diré que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta proposición con una gran seriedad y esperando además que pueda tener la aprobación y
el apoyo del Partido Socialista Obrero Español porque entendemos, en primer lugar, la importancia de la Guardia Civil, del Cuerpo de la Guardia Civil como pilar fundamental en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, cosa
que lleva haciendo desde hace más de un siglo con una extraordinaria profesionalidad, con un extraordinario sacrificio y además con un carácter doble, y digo esto apelando al carácter militar que tiene el Cuerpo de la Guardia Civil. Desde luego,
todos los ciudadanos españoles siempre han agradecido, y agradecen, la profesionalidad, la dedicación y la garantía que en cuanto a seguridad y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos les ha ofrecido la Guardia Civil.



Vaya por delante que entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista también comparte esta valoración, aunque de los hechos se desprende que después de dos años de Gobierno, después de que el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido
Socialista intenten explicar a la ciudadanía los grandes éxitos y los grandes logros de esos dos años de Gobierno, por lo que respecta a la Guardia Civil esos dos años de Gobierno sólo han consistido en una extraordinaria inactividad, en una
parálisis, y que además eso ha supuesto el descontento, la desmoralización.
Lamentablemente esto no lo dice solo el Grupo Parlamentario Popular, que ustedes siempre alegarán que forma parte de la crítica legítima del grupo del principal partido de
la oposición, sino que desgraciadamente lo dicen las principales asociaciones de guardias civiles en toda España. De hecho este último sábado, día 22, hemos visto movilizaciones de aproximadamente 12.000 guardias civiles que se manifestaban y
además eran los propios guardias civiles los que se referían al presidente del Gobierno como embustero, como que les había engañado y que estos dos años suponían un retroceso para el Cuerpo de la Guardia Civil. No es la primera movilización que
hemos visto; han estado a punto de producirse más movilizaciones y otras las hemos visto por las calles de las ciudades españolas y frente a las subdelegaciones de Gobierno. Lamentamos que así haya sido, porque evidentemente la satisfacción y la
garantía de los derechos, y sobre todo el régimen jurídico del Cuerpo de la Guardia Civil, redundan en el beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos y, como ustedes saben muy bien, la España rural, y especialmente aquélla que decimos zona de
despliegue de la Guardia Civil, ha tenido y tiene un aumento muy considerable, con respecto a la inseguridad ciudadana, aumento que supera en este caso al territorio de despliegue de la Policía Nacional.



Además queremos recordar al Grupo Parlamentario Socialista, y lo decimos con una gran seriedad y lamentando que la situación sea así, que en otras ocasiones ellos han querido y han intentado desconvocar movilizaciones con los representantes
del Cuerpo de la Guardia Civil, en este caso con asociaciones como la UGC, que tenían previsiones de realizar movilizaciones frente a la Basílica del Pilar a pesar de los anuncios posteriores del secretario general de organización del Partido
Socialista Obrero Español afirmando que se iba a proceder a la desmilitarización, a la perdida del carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil y a realizar diferentes modificaciones, decisiones normativas que iban a afectar al Cuerpo de la
Guardia Civil. No ha sido así, señorías, y éste no es el balance que nos gustaría ver durante estos dos años, se lo decimos sinceramente, a los diputados del Grupo Parlamentario Popular, porque, vuelvo a repetir, esto no redunda en beneficio de
todos los ciudadanos. Esa parálisis normativa únicamente ha dado fruto en estos dos años a un Real Decreto de Prevención de Riesgos Laborales. Además, entendemos que no se han realizado las modificaciones normativas que ustedes llevaban en su
programa electoral y que este grupo parlamentario no comparte en su gran mayoría porque este grupo parlamentario defiende el carácter militar del Cuerpo de la Guardia Civil, nosotros queríamos regular el régimen de derechos y deberes del Cuerpo de
la Guardia Civil de forma diferente a como ustedes lo llevaban en su programa electoral, pero lo que sí les podemos decir es que no están cumpliendo aquel programa con el que se presentaron a los ciudadanos hace dos años; que ustedes están
engañando a los ciudadanos y además están engañando en este caso a la Guardia Civil, lo cual nos parece extraordinariamente grave, y no sólo en aquellas disposiciones o en aquellas reformas normativas de alto calado, es decir aquéllas que se
refieren a la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil o aquéllas que se refieren a la Ley Orgánica de Derechos y Libertades que ustedes decían que iban a llevar a cabo, sino que esta iniciativa es quizás mucho más modesta, mucho
más humilde en ese sentido pero extraordinariamente importante para el régimen laboral, en este caso de los efectivos, de los guardias civiles en su actividad profesional. Nos referimos a cuatro puntos que esperamos que el Grupo Socialista


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pueda votar afirmativamente porque entendemos que van a redundar en una gran mejora de la eficacia, de la profesionalidad de los efectivos de la Guardia Civil. Se refieren a modificaciones de normativas internas, es decir, aquéllas que
requieren su modificación por real decreto y que no suponen reformas legislativas de alto nivel o de gran calado, como mencionaba esta diputada proponente. Se refieren, en este caso, a cuatro puntos en concreto que esperamos puedan ser apoyados por
el resto de grupos parlamentarios. En primer lugar, elaborar en tres meses una normativa de adelanto, de previsión del servicio y de los turnos para la Guardia Civil, lo que redunda en una mayor profesionalidad y un mejor trabajo de la Guardia
Civil puesto que tienen con adelanto la previsión de cuáles van a ser los servicios, de cuáles van a ser los turnos y eso supone evidentemente que puedan tener una mayor eficacia, una mejor actividad. El segundo punto se refería a un real decreto
que regulara las vacaciones de los guardias civiles de forma similar a como lo tiene previsto la Policía Nacional. El tercer punto ustedes lo conocerán muy bien, es el relativo al complemento de productividad; hasta ahora el complemento de
productividad, no se está produciendo en virtud de los mejores criterios, es decir, de los criterios de objetividad de profesionalidad y de transparencia sino que se está dando en virtud de las cesiones que puedan hacer los oficiales. Entendemos
que esa situación debe mejorarse, que debe primarse la profesionalidad de los guardias civiles, la dedicación, el servicio, la capacitación y no depender de la decisión de los oficiales en la cesión de ese complemento de productividad. Por eso,
establecemos que se proceda a una nueva regulación del complemento de productividad y fíjense ustedes, señorías, que este Grupo Parlamentario no está fijando los criterios en el texto, sino en esta intervención, para regular ese complemento de
productividad.
Entendemos que el Gobierno lo hará de acuerdo a las peticiones de las asociaciones, en este caso de la Guardia Civil, que son las que están estableciendo esos criterios, no de discrecionalidad, como ahora puedan ser los de los
oficiales de la Guardia Civil, sino criterios de profesionalidad, de objetividad, de capacitación y de servicio, que entendemos que deben primar en la regulación del complemento de productividad. Y como no puede ser de otra manera, el punto cuarto
sería abonar los complementos que restaran, en este caso los complementos de productividad que restaran aún a los efectivos de la Guardia Civil con la nueva reglamentación.



Señorías, esta proposición no de ley se podría decir que se presenta sin ningún tipo de acritud, cuando este grupo parlamentario podría aprovechar para hacerlo, dado que ustedes han tenido a los guardias civiles casi a las puertas del
ministerio con las reclamaciones legítimas que están haciendo. Entendemos que con respecto a las cuestiones de orden y de seguridad ciudadana, con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si los dos principales partidos, en este caso el
partido del Gobierno y el principal partido de la oposición, pudieran llegar a consensos, como entendemos que se pueda llegar con esta iniciativa, esto redundaría, como les digo, en beneficio de los ciudadanos. Desde luego, este Grupo Parlamentario
Popular va seguir trabajando en esa línea, pero lo que sí les exigimos es que esa inactividad cese, que esa inactividad se abandone. Esperamos que el ministro Rubalcaba venga con nuevos aires a este ministerio y rectifique las parálisis evidentes
que ustedes han tenido, como son las que se refieren a las reformas normativas de la Guardia Civil. Sería un buen paso para ustedes que hoy pudieran empezar con reformas normativas internas, lo que sin duda el Cuerpo de la Guardia Civil y el resto
de grupos parlamentarios les agradeceríamos.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fuentes.



El señor FUENTES GUZMÁN: Lo primero que queremos subrayar es el compromiso de mi grupo parlamentario y del Partido Socialista con la mejora de las condiciones sociolaborales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en el caso
concreto que nos ocupa hoy de la Guardia Civil.
Coincidimos con usted, señora Camacho, en resaltar la importancia de este cuerpo, en resaltar la enorme labor que están desarrollando y que han desarrollado de cara a la consolidación de nuestro
Estado democrático y la enorme contribución que realizan a la seguridad del Estado, y en concreto, señora Camacho, queremos resaltar la sensibilidad que siempre ha tenido mi partido, mi grupo parlamentario con las reivindicaciones de la Guardia
Civil, esa sensibilidad que hemos tenido siempre fue la que nos condujo a abordar en su momento, cuando se elaboró el programa electoral, una serie de reivindicaciones que la Guardia Civil realizaba, porque cuando se hizo el programa electoral,
señora Camacho, que usted ha invocado, el programa electoral socialista, es cierto que habíamos detectado en la Guardia Civil, a varios niveles, descontento en relación con temas relacionados con la retribución, con el horario, con la
racionalización del régimen de vacaciones, entre otras reivindicaciones, incluso algunas de más calado. Lo cierto es que lo detectamos porque la acción de su Gobierno había deteriorado considerablemente la situación de la Guardia Civil. No quiero
tampoco tener acritud, cojo su mano en este caso y creo que no debemos, en este sentido, utilizar este debate para la confrontación sino para el acuerdo, al que creo que vamos a poder llegar, pero lo cierto es que la situación que hoy tiene la
Guardia Civil y sus reivindicaciones se derivan del deterioro que había sufrido durante la etapa de gobierno del Partido Popular. Esa sensibilidad de la que le hablo, señora Camacho, es la que le hace a usted invocar el programa socialista, porque
usted invoca el programa socialista y no puede invocar la acción de gobierno del Partido Popular con la Guardia Civil, como en otras ocasiones le hemos oído aquí invocar esa acción de Gobierno para otras cuestiones. Lo cierto es que el programa
electoral socialista recoge lo que recoge y no


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muchas otras cosas que se han dicho durante estos días que recoge, pero recoge lo suficiente como para decir que estamos atentos a las reivindicaciones que nos hace la Guardia Civil y que valoremos de forma positiva la proposición no de ley
que usted nos presenta hoy.



No obstante, conviene recordar, señorías, alguna de las cosas que sí se han hecho durante estos dos años de Gobierno o algunas de las cosas que están en período de realización bastante avanzada y referidas a asuntos que ustedes plantean hoy
en su proposición no de ley. Así, en lo referente a la normativa de adelanto o previsión de servicios y turnos para la Guardia Civil, hemos de señalar que en el boletín oficial de la Guardia Civil del día 31 de diciembre de 2005 fue publicada la
modificación de la Orden General de 1997 de Regulación del régimen de prestación del servicio. Con esta modificación se ha mejorado sustancialmente la planificación de los servicios y la previsión de los descansos semanales. Tomando como base a
esta modificación, señora Camacho, la planificación de los servicios en la Guardia Civil se realizará con carácter general por meses naturales anticipados; de esta manera, todos los miembros de la institución conocerán anticipadamente los días de
servicio y de descanso que tendrán al mes siguiente y el tipo de servicio que deberán cumplir durante el mismo. Estas previsiones sólo podrán modificarse por causas muy concretas, como disminución imprevista de efectivos o requerimientos del
servicio debidos a circunstancias sobrevenidas. En relación a las vacaciones de los guardias civiles y su asimilación a las vacaciones de la policía, en la misma publicación oficial a la que me he referido anteriormente se publicó también la
modificación de la Orden General de 1984 de Clasificación, concesión y regulación de permisos al personal del Cuerpo. Con esta modificación se garantiza que todo el personal de la Guardia Civil pueda disfrutar de al menos cuatro semanas de permiso
durante el período veraniego. En los distintos puestos se establecerían cuatro turnos de vacaciones entre el 12 de junio y el 1 de octubre, compuesto cada turno por cuatro semanas completas y haciendo posible que la totalidad de los integrantes del
puesto puedan elegir uno de estos turnos para el disfrute de sus vacaciones anuales.



Respecto al complemento de productividad, señora Camacho, queremos dejar claro que actualmente se encuentra prácticamente ultimado el proyecto para la implantación del nuevo sistema de abono del complemento de productividad. Ya han sido
definidas las líneas sobre las que se va a producir la remodelación de este instrumento retributivo. El nuevo sistema se ha construido, entre otros principios, tomando como base las características de objetividad, universalidad, especialidad y
vinculación al cumplimiento de los objetivos. De acuerdo con este proyecto, el complemento de productividad se articularía en tres tipos de productividad: productividad estructural, que retribuiría el especial rendimiento, el interés y la
iniciativa en el desempeño de las funciones de cada puesto de trabajo; productividad funcional, que retribuiría la actividad y dedicación extraordinarias en el desempeño de los cometidos propios de los puestos de trabajo que resulten valorables por
parámetros objetivos, y productividad por objetivos, que retribuiría el rendimiento del servicio que se materialice en la consecución de resultados profesionales, tanto individuales como de la unidad en la que presta servicio el funcionario.



Para regular el complemento de productividad, este proyecto, de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 950/2005, de 29 de julio, diferencia entre la productividad y la gratificación de los servicios extraordinarios -otra de las
reivindicaciones de la Guardia Civil-, y no lo han estado valorando tan mal a pesar de la situación catastrófica que usted plantea, señora Camacho. En el boletín especial del año 2005 de la Asociación Unificada de Guardias Civiles hablaban de cosas
pendientes, pero también de algunos logros. Por tanto, no es la situación tan desastrosa que usted plantea la que se daba. Repito que no quiero tampoco hacer sangre ni tener acritud referente a cómo valoraban las propias asociaciones de guardias
civiles la situación que nos encontramos los socialistas cuando accedimos al Gobierno y que ustedes dejaron, esas asociaciones de guardias civiles a las que usted invoca hoy.



Referido a los temas concretos que he tratado, no existe gran distancia -lo digo sinceramente- entre lo que ustedes plantean y lo que el Gobierno está desarrollando o tiene previsto desarrollar, porque en aras a un consenso que creo que
deberíamos intentar tener en todo momento en esta materia, mi grupo parlamentario va a votar a favor de los tres primeros puntos de su proposición. Sin embargo, no podemos hacerlo al cuarto punto que pretende aplicar de forma retroactiva el nuevo
complemento de productividad, productividad que se ha generado y abonado de acuerdo con las disposiciones que se encontraban en vigor y eran de aplicación en el año 2005, y supongo que entenderán que no resulta razonable ni ejemplar en modo alguno
que sea revisada con retroactividad la productividad ya generada y abonada en el año 2005. No pudiendo aprobar este último punto pero sí los otros tres, señora presidenta, pedimos votación separada del último punto de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular y anunciamos el apoyo a los tres primeros puntos de la misma.



La señora PRESIDENTA: Vamos a hacer una pausa para dar tiempo a que vengan los grupos que no están en la sala. (Pausa.)


- SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO EN LA RESOLUCIÓN DE CASOS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001334.)


La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de continuar quería decir que como previsiblemente vamos a


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terminar los debates de las proposiciones antes de las 11:30, hora de la votación, en ese momento nos reuniremos la Mesa y portavoces.



Al no estar presente ningún miembro del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, vamos a pasar a la siguiente proposición no de ley, la quinta, sobre medidas a adoptar por el Gobierno en la resolución de casos
de desaparición de personas. Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: Este tema de la desaparición de personas y las medidas que se deberían tomar para resolver esos casos no es nuevo en sede parlamentaria, se discutió ya el año 2004 en el Senado, también se discutió en esta Comisión
una proposición no de ley del Grupo Popular en marzo de 2005 que no prosperó por una votación ajustada de 18 votos en contra frente a 17, a pesar de haber trabajado una transacción que parecía que podía haber obtenido el respaldo de todos los
grupos. Esto motivó al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a insistir en este tema presentando esta nueva proposición no de ley, en noviembre de 2005, por el simple hecho de que la cuestión sigue estando abierta, el nivel de
satisfacción de los perjudicados, en este caso los familiares de los desaparecidos, no se ha colmado, con lo cual nuestro grupo plantea de nuevo esta cuestión con la idea de avanzar en su resolución.



No voy a repetir los hechos ni los argumentos que se expusieron en aquella sesión de marzo de 2005 en sus aspectos cuantitativos, las 14.000 personas desaparecidas en el Estado español y los 4.500 cadáveres todavía por identificar, que
seguramente podrían casar con las desapariciones pero que no hay medios técnicos previamente establecidos para que puedan resolverse esos casos, ni mucho menos voy a insistir una vez más en las crisis, los traumas, las angustias familiares que
representan las desapariciones y tampoco en los diversos tipos de casos, ya sean de personas incapaces o menores, ya sean de personas mayores con facultades mentales disminuidas muchas veces por la edad o por enfermedad, o las desapariciones
voluntarias que a veces también entran en colisión con los derechos de la privacidad, según el tipo de medidas para la búsqueda de estas personas. Esos temas ya han sido debatidos. El elemento central es que esta cuestión todavía no se ha
resuelto. Nuestro grupo valora a través de la información que nos llega de las asociaciones que se dedican al apoyo de los familiares que han padecido las desapariciones, Adesepa en el caso español e Intersos en el de Cataluña, que es un tema
todavía por resolver y en el cual sería deseable seguir avanzando. Por este motivo nuestro grupo ha presentada esta proposición no de ley que pretende del Gobierno una batería de actuaciones en diversos ámbitos, campos y materias que coadyuven a la
resolución o al avance en la resolución de este problema. Exactamente se proponen nueve medidas, unas referidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lógicamente, que en su momento dieron lugar a un debate en relación con las
competencias autonómicas que se resolvió favorablemente en la anterior reunión, pero ahora nuestro grupo político propone impulsar la creación de una unidad especializada en la investigación y búsqueda de personas que actúe coordinadamente con las
policías autonómicas y locales. También proponemos que se cree en la Secretaría General de Seguridad una oficina especial de atención a personas desaparecidas, en la misma línea de la que se creó en relación con las víctimas del terrorismo -el
esquema podría ser parecido-, que actúe como interlocutor con los familiares y allegados y que centralice las informaciones disponibles. Un elemento muy importante, aprovechando los avances tecnológicos o científicos, es crear una única base de ADN
a nivel estatal en que se concentre toda la información y que permita la identificación de personas o de restos de personas desaparecidas, de forma coordinada siempre con las policías autonómicas, algunas de las cuales poseen ese tipo de información
ordenada. También se propone crear una única base de datos de personas desaparecidas en todo el territorio español, entendiendo que probablemente puedan haberse desplazado consciente o inconscientemente entre diversas comunidades autónomas, con lo
cual es muy importante que esta base de datos a nivel estatal sea única y pueda ser consultada por las policías autonómicas y locales. Proponemos que se establezca un protocolo de actuación común o al menos coordinado a seguir en todos los casos de
personas desaparecidas, en relación también con la investigación y la resolución de esos casos. Insistimos -ya se comentó en nuestra intervención en la sesión de marzo de 2005- en que se promueva la asistencia psicológica a las familias que sufren
estas circunstancias de personas desaparecidas en su seno, y que esta atención psicológica se preste desde el primer momento de contacto con las instancias policiales para que haya todo un seguimiento del trauma, del luto que desarrollan las
familias con estas tipologías y que no resuelven su situación porque la persona desaparecida finalmente no aparece, con toda la problemática jurídica que esto genera. Proponemos un elemento que creemos novedoso, como es la puesta en marcha de una
red de alertas automáticas en diversas instancias administrativas como la renovación del DNI, del pasaporte y del carné de conducir, que permita resolver algunos casos a partir del indicador de alerta que se pondría en marcha en estas instancias.
También proponemos el establecimiento de asignaciones y concesión de ayudas a las familias de desaparecidos en aquellos supuestos en que sea el elemento central de la unidad familiar, el sustento básico de la familia. Y finalmente proponemos que se
desarrolle la normativa para que permita conocer el paradero de personas que han


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desaparecido voluntariamente de la familia, pero con algún tipo de regulación que permita que se conozca su situación de persona que vive aunque no quiera que se sepa su paradero.



Esta es una batería de medidas bastante amplia y multidisciplinar para abordar este problema. Reconocemos la complejidad del tema y la cantidad de administraciones que se verían implicadas en su resolución y puesta en marcha, así como
también la necesidad de variar normativas de diversos ámbitos. Siguiendo la máxima de que lo mejor es enemigo de lo bueno, la transaccional que nos ha propuesto el Grupo Socialista de -vista esta problemática y la complejidad del tema- proceder a
la creación de un grupo de trabajo impulsado por el Ministerio del Interior que analice todos estos aspectos, entre ellos estas medidas a nivel de expertos y de forma multidisciplinar y que en un periodo prudencial de tiempo someta los trabajos y
las propuestas a esta Comisión de Interior, como hemos redactado en la transaccional, y aunque lo deseable sería adoptar las medidas de forma más ejecutiva, nos parecería aceptable para ir avanzando de forma segura y con pie firme en la resolución
final de estos temas, que es en definitiva lo que la sociedad y las asociaciones de familiares de personas desaparecidas nos reclaman. Si se confirma esta propuesta de la señora Pin como lo hemos hablado, aceptaríamos la transaccional.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guinart, porque ya ha adelantado lo que va a hacer después con la transaccional.



Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Pin, para defender la enmienda.



La señora PIN ARBOLEDAS: Señorías, un viejo refrán español dice que a la tercera va la vencida y espero que esto sea verdad también hoy aquí. Lo digo con conocimiento de causa porque muchos de los partidos que estamos aquí hemos presentado
proposiciones no de ley con el tema que ahora nos ocupa y hemos tenido ocasión de fijar nuestras posiciones. Lo hizo el Grupo Socialista el 19 de noviembre de 2003, aunque no se pudo tratar como consecuencia de la disolución de esta Cámara; el
Grupo Parlamentario Popular presentó otra proposición no de ley que se debatió el 17 de marzo de 2005, y hoy debatimos otra proposición no de ley sobre el mismo tema que nos presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Pero
entremos en materia.



El Consejo de Europa define a las personas desaparecidas como la persona ausente de su residencia habitual sin motivo conocido o aparente y cuya desaparición es motivo de inquietud o bien cuya nueva residencia se ignora dando lugar a su
búsqueda en interés de su propia seguridad o en base a un interés familiar o social. Se trata, por tanto, de personas ausentes de su residencia habitual, lo que entronca con intereses familiares o de personas muy próximas y que en muchos casos
genera una enorme inquietud por la índole de la persona desaparecida, una persona menor de edad o aquejada de desequilibrios o con problemas mentales, personas mayores inválidas o aquejadas de una enfermedad grave o personas indigentes o abandonadas
o que desaparecen para sustraerse de sus obligaciones alimentarias y de los miembros de su familia. Ese es el fondo de la cuestión. Y aquí entran en juego dos intereses, el de la familia o de las personas próximas a las desaparecidas que desean
tener algún conocimiento sobre su condición y estado, sea cual sea, y el del propio sujeto, que desde su libertad puede no querer que se conozcan los datos de su paradero, aparte de su derecho a la intimidad, y esto es precisamente lo que hemos de
intentar organizar o, mejor aún, conciliar.



Señorías, no me voy a alargar con los diferentes casos de personas desaparecidas ya que considero que son suficientemente conocidos por todos y por todas al ser un tema que ya se ha tratado varias veces en esta Comisión. Estamos hablando de
un problema real que afecta a muchas personas y que en algunos casos probablemente se da una fenómeno que irá en aumento, como puede ser la desaparición de personas que padecen algún tipo de enfermedad degenerativa, en la medida en que
afortunadamente también en España se alarga la esperanza de vida. Son varias las asociaciones que trabajan en este problema y seguro que todas las personas que estamos aquí conocemos a alguna o a varias de ellas, por lo que no voy a citarlas para
no omitir a ninguna. Por eso esta problemática derivada de la búsqueda de personas desaparecidas debe ser abordada desde un punto de vista mucho más global que únicamente el policial, desde un punto de vista interdisciplinar, es decir, con medidas
de asesoramiento y de ayuda a los familiares directos de una persona desaparecida, tanto de tipo psicológico como jurídico, que en realidad ya es la función que están desarrollando las diferentes asociaciones repartidas por todo nuestro territorio.
Conviene subrayar la labor que se está realizando en estos momentos con el programa Fénix, a través del convenio firmado entre la Dirección General de la Guardia Civil y la Universidad de Granada para la búsqueda de desaparecidos a través de las
muestras de ADN, experiencia piloto que está obteniendo importantes éxitos. Soy consciente de la alarma social que existe debido al aumento acelerado e incesante de personas desaparecidas y la urgencia para conseguir que todos los medios y medidas
legales existente se coordinen y se pongan en marcha sin descanso y con la máxima eficacia para conseguir encontrar a las personas desaparecidas y retornarlas a su casa, de donde nunca debieran haber faltado.



No voy a entrar en el contenido de la proposición no de ley porque ya lo ha explicado el grupo proponente, pero el Grupo Socialista, consciente de la importancia de ese tema, ha propuesto una enmienda de sustitución al texto presentado, ya
que una vez


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estudiado hemos podido comprobar que es una propuesta compleja que implica varios aspectos del marco legal vigente como el Código Civil, la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley Orgánica 15/1999, de
protección de datos personales, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Convenio Europol de 26 de julio de 1995, el Estatuto y Reglamento de la Interpol y el Convenio de aplicación del acuerdo Schengen, de 16 de junio de 1990. Toda esta normativa
tendría que sufrir algún tipo de cambio. Por eso proponemos un grupo de trabajo de naturaleza eminentemente técnico y multidisciplinar, con la participación de expertos de distintos sectores que estudien las medidas necesarias que permitan una
mayor eficacia en la resolución de los supuestos de desaparición de personas y que presenten ante esta Comisión de Interior sus trabajos durante el presente año. Creo sinceramente que con la aprobación de este grupo de trabajo podremos dar una
definitiva solución a aquellos familiares y amigos que hoy tienen la esperanza puesta en nosotros y en nosotras y confían en que seamos capaces de llegar a un acuerdo.



No quiero terminar mi intervención sin agradecer a los grupos políticos y especialmente al grupo proponente su esfuerzo, colaboración y comprensión, y quisiera desde aquí, la casa de todos y de todas, agradecer la labor que están llevando a
cabo las asociaciones de familias de desaparecidos por el apoyo moral y psicológico que prestan a los familiares afectados y por la lucha que están llevando a cabo.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Salvador.



El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Tomo la palabra para fijar postura en relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, quisiera agradecer al grupo la designación para intervenir en
esta cuestión, que trata un problema grave e importante, y en segundo lugar, disculpar la no asistencia de Alejandro Ballestero, que fue quien intervino en la proposiciones no de ley que en marzo de 2005 presentó el Grupo Parlamentario Popular, pero
compromisos le han impedido poder estar entre nosotros y defender la postura del grupo.



Quisiera agradecer al Grupo de Convergència i Unió que haya retomado e incidido a través de su proposición no de ley en el tema que de forma recurrente, como se ha dicho, en dos ocasiones hemos tenido la oportunidad de estudiar y de valorar,
y que lo haya hecho de una manera que nos parece muy correcta por su grado de ambición en el contenido, por la amplitud de las materias que tocan las nueve propuestas que formula y por la integridad. Nosotros las hemos estudiado y, conociendo el
problema, lo cierto es que se nos ha hecho difícil encontrar nuevas circunstancias que pudieran añadirse a ese catálogo de nueve puntos que tan acertadamente nos plantea. Sin tener que insistir o reproducir los debates que con anterioridad se han
tenido sobre la gravedad del problema, sobre el interés de las personas afectadas, sobre el trabajo de las asociaciones y de los parlamentarios que han tenido la posibilidad de estar con ellas y del trato que se les ha dado, quisiera insistir en que
estamos ante un problema que supera los particularismos y también los partidismos, y que si debemos sacar una conclusión con esta proposición no de ley es que tenemos que intentar evitar eso mismo, que caigamos en los análisis de esta cuestión
partidistas, particulares o locales, y mirar intereses más allá de lo que es intentar avanzar en la resolución de un problema que no tiene fronteras, ni siquiera competenciales, ni debería tenerlas mentales, porque realmente es un problema que
afecta de forma indiscriminada en cualquier momento.



Nos parece que el contenido de la proposición no de ley es muy acertado, muy adecuado y específico en todos sus puntos, pero también podemos reconocer que esa amplitud y esa ambición puede chocar a veces con un cierto realismo y con la
necesidad de que aquello que se propone sea eficaz y tenga un reflejo lo más adecuado y pronto posible para satisfacer las expectativas de las personas afectadas. Cometeríamos un error si lo que hacemos es aprobar una cosa muy ambiciosa y luego
hacemos imposible llevar a la práctica todo ese catálogo de medidas. En ese sentido queremos valorar el acierto de que, tomando ese mismo espíritu que recoge la proposición no de ley, se haya presentado una transacción que no nos parece lo mejor;
hubiéramos preferido lo otro, que nos exige mucho más. Pero si tenemos que sacar la conclusión de que debemos evitar particularismos o partidismos y dar una solución colegiada en la que al menos se vislumbre claramente que nuestra pretensión es
avanzar conjuntamente en la solución de este problema, también en ese caso nos posicionaremos en el momento de la votación a favor de esa transacción.
Como digo, es la misma ambición, pero en la medida en que todos podemos estar de acuerdo la vamos
a apoyar. Nosotros debemos tener y tenemos la obligación de controlarlo porque no queremos que esa transacción, que no es tan rígida como las nueve medidas que se presentan, haga que se diluya el contenido de la propuesta o que se dilate en el
tiempo, con lo cual creemos que tenemos la responsabilidad de no forzar pero controlar que efectivamente se produzca un seguimiento claro y en los plazos en que se ha dicho tengamos a través de ese grupo de trabajo las conclusiones que nos permitan
dar una satisfacción lo antes posible a este problema. En todo caso, felicitamos a los grupos proponentes por su disponibilidad a hablar con este grupo parlamentario. Como he dicho, votaremos a favor de la transacción.



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- SOBRE LA NECESIDAD DE REFORMAS LEGALES EN LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001385.)


La señora PRESIDENTA: Volvemos al punto 4, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unidad, que trata sobre la necesidad de reformas legales en la Guardia Civil, para cuya defensa tiene la palabra la
señora Navarro.



La señora NAVARRO CASILLAS: La proposición no de ley versa sobre la necesidad de reformas legales en la Guardia Civil. Es bien sabido que sus miembros reclaman innumerables reformas legales que urgen, que son necesarias para que presten
servicios en condiciones dignas y al igual que el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad. Sin embargo, esta proposición no de ley versa no sobre el cien por cien de los puntos que reclaman, sino únicamente sobre cuatro cuestiones básicas y, como
ellos manifiestan, absolutamente mínimas y recogidas en el programa electoral del Partido Socialista. Se reclama que por el periodo razonablemente amplio transcurrido en la presente legislatura y sin que se den más excusas dilatorias se aborden
estas reformas de mínimos en un ineludible proceso de modernización, democratización y revisión de la naturaleza militar de la Guardia Civil.



Actualmente, a los guardias civiles se les sigue privando de derechos constitucionales básicos que tenemos todos los ciudadanos, también de los que gozan los demás cuerpos policiales, e incluso se les priva de libertad como consecuencia de
la aplicación de la legislación castrense.
En este sentido no se puede mantener que un Gobierno decida no aplicar determinado precepto de la normativa. La obligación del Gobierno es presentar un anteproyecto de ley en el que se modifique esa
situación cuando piensan que no es adecuada, que no es correcta y que no es propia de esta democracia que pretendemos ampliar y construir para mejorar. A día de hoy no se ha presentado en la Cámara por el Gobierno ninguna iniciativa legislativa que
permita entender, en un futuro inmediato, que se va a producir la reforma del marco legislativo disciplinario que dote de las garantías y derechos a los guardias civiles y que, como digo, se disfrutan por otros cuerpos policiales. Más urgente aún
es la regulación del marco jurídico que permita que los guardias civiles sean ciudadanos de pleno derecho, con especial mención al derecho fundamental de asociación. Hoy por hoy, el movimiento asociativo de los guardias civiles, identificado en la
Asociación Unificada de Guardias Civiles, ha demostrado su evidente madurez en una doble vertiente: defender los intereses de sus asociados, guardias civiles, y llevar a cabo esa defensa desde planteamientos serios y dialogantes, aptos para
contribuir a la mejor prestación del servicio público de seguridad, sin menoscabo del cumplimiento de sus fines asociativos. Es decir, han contribuido a mejorar el interno de la Guardia Civil y es evidente que merecen un reconocimiento no solo
público sino también legal, por tanto que se aborde de manera urgente esa modificación que se pide en esta proposición no de ley. Por último, no debe olvidarse la falta de acomodo de sus retribuciones a las cuantías y conceptos que perciben los
miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de las policías autonómicas y locales, dado que se está dando una desigualdad injusta que debe ser corregida.



En resumen, la proposición no de ley pretende y aspira a que se regule la no aplicación del Código Penal Militar en cumplimiento de las misiones policiales que desempeñan, que son prácticamente la mayoría o el cien por cien, como cuerpo de
seguridad del Estado, también la reforma del régimen disciplinario en la que se recoja la desaparición de toda privación de libertad y se refuercen y amplíen las garantías de defensa, una ley reguladora del derecho fundamental de asociación para
normalizar la situación preexistente, reconocer la realidad y regularla, y también la homologación de las retribuciones. Como digo, es evidente que estamos ante mínimos, es evidente que estamos ante una exigencia también de cumplimiento del
programa electoral del Partido Socialista y, por tanto, lo que se pide es sencillamente coherencia y llegar a un acuerdo sobre estos puntos porque la Guardia Civil lo reclama y la normalidad democrática de todos los ciudadanos también.



La señora PRESIDENTA: Esta proposición no de ley no tiene ninguna enmienda. Por tanto, ¿grupos que quieran intervenir en la fijación de posición? Tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Intentaré ser breve, pero quiero destacar y realizar algunas reflexiones al respecto. Es la segunda proposición no de ley en esta Comisión que se refiere al Cuerpo de la Guardia Civil durante la jornada de
esta mañana, y vuelvo a reiterar las valoraciones que este grupo parlamentario ha hecho respecto a dicho cuerpo y que hará en todas y cada una de las ocasiones por lo que se refiere a su profesionalidad, a su sacrificio y a su dedicación a lo largo
de muchísimos años en nuestro país.



Señora Navarro, representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, creo que esta iniciativa que presenta demuestra hoy aquí de alguna manera la incoherencia y el incumplimiento del programa del Partido Socialista Obrero Español
por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero.
Es evidente hoy la crítica que se le puede realizar desde diferentes formaciones políticas, no solo del Grupo Parlamentario Popular, que también la realizamos, sino de la diputada y el grupo proponente
de esta iniciativa. El portavoz del Grupo Socialista se refería antes a que en la intervención


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que he realizando este grupo no había hecho alusión a la acción de gobierno del Partido Popular, sino que había criticado la acción de gobierno del Partido Socialista. Es que llevan ustedes dos años ya gobernando y deberían hacerse adultos,
hacerse mayores, dejar de criticar siempre y recordar el pasado, porque el pasado que ustedes tienen con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realmente es lamentable, y tendría otros calificativos que rozarían la ilegalidad y
otras palabras mayores, por lo que ustedes deberían preocuparse de su acción de gobierno y por qué la misma les lleva a la situación en que nos encontramos, y es que los guardias civiles tienen que salir a la calle como -vuelvo a recordar- en la
manifestación del día 22 de abril para reclamar todas estas propuestas que ustedes les han estado haciendo durante estos dos años. Vaya por delante que el Grupo Parlamentario Popular no coincide con estas reformas legislativas, como así lo he dicho
al principio. El Partido Popular siempre ha entendido y ha defendido -y lo seguirá haciendo- el carácter militar, el carácter castrense del Cuerpo de la Guardia Civil, pero debemos recordar que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del
Partido Popular dejó realizadas diferentes propuestas de modificaciones legislativas respecto al régimen disciplinario y al régimen jurídico de derechos y libertades. Respecto al régimen disciplinario entendíamos y lo dejamos dicho de manera
precisa y contundente que se debían producir ajustes; que se debía producir, por ejemplo, la supresión de la pena de arresto y adecuarla a otro tipo de medidas que no tuvieran ese carácter de pena en aplicación del Código Penal Militar. Vuelvo a
reiterar que el Partido Popular manifestó la disposición a consensuar esas medidas de modificación y así se lo trasladó al entonces ministro Alonso y también al secretario de Estado de Seguridad en las comparecencias que se han sustanciado en este
Cámara para consensuar el régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la importancia que tienen y por entender que se refieren a cuestiones de Estado de este país, como estamos viendo sobre todo en actividades fundamentales
como la lucha contra el terrorismo. Como digo, creemos que se debe llegar a esos consensos y así se lo trasladamos, pero reiteramos que no hemos tenido en ningún momento ningún documento, ningún proyecto ni anteproyecto, ni anteproyecto de
anteproyecto de ninguno de estos textos, de ninguna de estas modificaciones. Tenemos conocimiento de que se han creado grupos de trabajo, que se han realizado actuaciones, pero no se ha avanzado en absoluto. De ello este grupo parlamentario no
tiene ningún conocimiento y, por tanto, no se ha podido manifestar sobre el contenido de las modificaciones. Creemos que va a ocurrir lo mismo que con la Ley Orgánica de régimen disciplinario de la Policía Nacional, que nos la hemos encontrado
aprobada en Consejo de Ministros aunque ni tan siquiera ha llegado al registro de esta Cámara por las dificultades que tienen de explicación al propio colectivo.



Quería dejar en evidencia que ustedes tienen un problema y es que han generado unas expectativas, se han reunido con las asociaciones de la Guardia Civil y les han dicho que iban a realizar estas modificaciones, estas propuestas legislativas
después de la desconvocatoria de los guardias civiles en la basílica del Pilar, con foto además -y lo vimos en los medios de comunicación- de representantes del Partido Socialista Obrero Español aludiendo a la pérdida del carácter militar de la
Guardia Civil, aludiendo a estas reformas legislativas de forma rápida. Es evidente que han pasado dos años, que estamos en el ecuador de esta legislatura y no han presentado ninguna de ellas, con lo cual debemos reiterar, de la misma forma que lo
está haciendo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la falta de coherencia del Partido Socialista, la falta de cumplimiento de su programa electoral, porque aquí estamos realizando una labor de oposición de la acción de gobierno del Partido
Socialista -no se olviden ustedes-, y esto es lo que se manifiesta en la parte dispositiva de este texto. Quiero decir a la diputada proponente que en coherencia con lo que este grupo siempre ha estado defendiendo respecto al régimen disciplinario
y a esa pérdida de carácter militar, reiteramos nuestra posición: que debe mantenerse ese carácter militar, que deben realizarse ajustes con respecto al régimen disciplinario, como así lo dejamos preparado y como así estamos en disposición de poder
negociar con el resto de grupos parlamentarios cuando tengamos un texto del Gobierno.



El punto número 4, señora Navarro, a este grupo parlamentario le había suscitado solicitar votación separada porque usted traslada la solicitud de homologación y equiparación de retribuciones del Cuerpo de la Guardia Civil con las de la
Policía Nacional y el resto de fuerzas y cuerpos autonómicos. Señora Navarro, como no compartimos la filosofía de esta iniciativa no vamos a pedir la votación separada, porque entendemos que ahí redunda el problema del Grupo Socialista, que como
ellos avanzaron y generaron todas esas expectativas, incluso las que se refieren a la equiparación retributiva que no se ha producido, debemos denunciar que el convenio de la Policía Nacional aún está por aplicar en gran medida y aún están
solicitando su aplicación efectiva, y es que cuando se prometen cosas que después no se quieren cumplir, el partido del Gobierno lo tiene extraordinariamente complicado. Nosotros vamos a presentar iniciativas en ese sentido y si no votamos este
punto número 4 es porque no compartimos el resto de la filosofía, no porque no estemos en el principio de equiparación y homologación, que ya dijimos al Gobierno que con el convenio y con las propuestas que habían realizado no iban a cumplir esa
promesa electoral.



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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Serna.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Señorías, quiero empezar la intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, expresando que consideramos absolutamente necesario impulsar profundas reformas legales en la Guardia Civil. No es novedad,
está en el programa electoral con el que concurrimos a las pasadas elecciones generales y está también en el programa del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
Consideramos absolutamente necesaria una ley orgánica de régimen
disciplinario que suponga esencialmente tres cosas: modernizar el catálogo de infracciones y sanciones de la Guardia Civil, diferenciar las actuaciones de la Guardia Civil como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de las
realizadas en el cumplimiento de misiones militares y, muy especialmente, acabar con la sanción de arresto para las infracciones que se cometan en el desempeño de funciones vinculadas a la seguridad ciudadana. De igual modo consideramos
absolutamente necesario reconocer el derecho al asociacionismo profesional y establecer por ley las condiciones de su ejercicio.



Dicho esto, quisiera referirme durante un instante siquiera a la manifestación del pasado sábado, a la que se referían quienes hicieron uso de la palabra anteriormente. Quiero empezar expresando el profundo respeto del Partido Socialista a
quienes la organizaron y a quienes asistieron. Quiero expresar también nuestra comprensión por las exigencias y reivindicaciones planteadas y trasmitir un mensaje nítido a los hombres y mujeres que conforman la Guardia Civil, y es que el Partido
Socialista, este grupo parlamentario y el Gobierno mantienen su compromiso. Y el compromiso no es otro que concretar esas aspiraciones de libertad y democracia en cambios legislativos que supongan un marco jurídico legal que ponga punto final a los
anacronismos, que rompa con la situación de merma de derechos y libertades actuales y, pese a esa percepción de retraso que advierten los grupos de la oposición y también la AUGC, vamos a cumplir, como decía antes, con nuestras promesas electorales
una por una y lógicamente a lo largo de la legislatura.



En torno a la cuestión que se traía a colación por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre la voluntad política de este grupo y sobre la coherencia, quiero reafirmar que no se puede poner en duda la voluntad política del
Grupo Parlamentario Socialista ni nuestra coherencia en esta materia. Es más -lo diré en positivo-, nuestra voluntad política es clara e inequívoca en lo que tiene que ver con los cambios legales en la Guardia Civil. Estamos comprometidos con el
impulso de las reformas legales a las que hacía alusión en el inicio de mi intervención, y no solo este grupo parlamentario sino que estamos absolutamente convencidos de que el Gobierno está firmemente decidido a impulsar a lo largo de los años que
representa la legislatura esos importantes, necesarios y convenientes cambios legales. Permítanme que recuerde que no solo estamos hablando de un compromiso electoral del Partido Socialista sino también de un compromiso expreso del ministro de
Interior contraído en esta Cámara ante esta Comisión en esa misma dirección. Estamos hablando también de una proposición no de ley debatida muy recientemente, en concreto el 29 de noviembre, en esta misma Comisión, defendida con brillantez por mi
compañero el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el señor Martínez Sanjuán y que va en esa misma dirección de profundos cambios legales en la Guardia Civil. Y estamos hablando también, por aquello de que se ponía en duda la coherencia y la
voluntad política del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista, de un compromiso expreso y reciente del presidente del Gobierno. El 10 de febrero en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno anunció 28
proyectos de ley que se van a acometer a lo largo de la legislatura, y entre ellos están los dos referidos a las profundas y necesarias reformas legales que este partido ha comprometido con la Guardia Civil y que estamos firmemente decididos a
impulsar. Por último, y si me lo permiten, quiero decir también que el nuevo ministro señor Rubalcaba, días después de tomar posesión de su cargo como ministro del Interior, ha reafirmado la voluntad del Ministerio del Interior, por tanto la
voluntad firme del Gobierno, de cumplir con los compromisos electorales contraídos con la Guardia Civil por parte del Partido Socialista. Por tanto, no hablemos de coherencia, no hablemos de voluntad, porque la voluntad del Partido Socialista, del
Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno es absolutamente clara. Y permítanme que recuerde a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que se refería en reiteradas ocasiones y con gran énfasis a los incumplimientos del Partido Socialista,
que nos encontramos en el ecuador de la legislatura, justo en su mitad, y que restan dos años en los que este Gobierno y este grupo parlamentario impulsarán el resto de compromisos electorales contraídos en general con la sociedad y muy en
particular con la Guardia Civil.



Acabo haciendo una referencia a la cuestión de los plazos que lleva implícita la proposición no de ley planteada por la portavoz de Izquierda Unida. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer una reflexión en relación con la oportunidad
política de la cuestión relativa a los plazos. Nos parece poco oportuno que se apruebe en este momento una proposición no de ley que en esencia está planteando prácticamente lo mismo que esta Comisión aprobó el día 29 de noviembre de 2005 en una
proposición no de ley que impulsó el Grupo Parlamentario Socialista, como decía antes, y que tenía prácticamente el mismo contenido o que fijaba objetivos de idéntico alcance. Nos parece poco oportuno que prácticamente semanas después de haber
aprobado esa cuestión en esta Comisión ese mismo asunto vuelva de nuevo a traerse a la Comisión. Además, no nos parece razonable que se emplace en tan breve plazo al Gobierno a que en tres meses presente dos leyes orgánicas, máxime cuando se han
producido recientes cambios en el Gobierno


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que afectan al Ministerio del Interior y nos encontramos con un ministro que hace 15 días ha tomado posesión y parece mucho más razonable que tenga la posibilidad de aterrizar, de reflexionar, de tomar las riendas y definir sus prioridades
políticas, entre las que este grupo parlamentario no tiene la menor duda que estarán los proyectos normativos a los que estamos haciendo referencia y que representan los cambios legales que necesita la Guardia Civil y que se reivindican por la AUGC.
No procede exigir plazos a un Gobierno que está trabajando en la cuestión, que está dejando claro que está trabajando en esta cuestión y que está manifestando con claridad su voluntad política de sacar adelante, de impulsar esas reformas legales.
Por ello anuncio que vamos a votar de forma negativa la proposición no de ley propuesta por la señora Navarro, aunque acabo reafirmando el compromiso inequívoco del Grupo Parlamentario Socialista con las reformas legales en la Guardia Civil, que
estoy absolutamente convencido de que sus señorías comprobarán conmigo que pronto serán realidad como consecuencia del impulso del Gobierno, y para las que no cabe la menor duda de que, como decía la señora Sánchez-Camacho, será preciso hacer un
esfuerzo para alcanzar un importante consenso en torno a dos proyectos que no solo van a afectar muy positivamente al funcionamiento de la Guardia Civil sino que, posteriormente, su acción tendrá una repercusión directa en el servicio que prestan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil. Acabo reiterando esa votación negativa a esta proposición no de ley y nuestro compromiso inequívoco con las reformas en la Guardia Civil.



La señora NAVARRO CASILLAS: Señora presidenta, únicamente quiero manifestar que la proposición no de ley es de fecha 14 de diciembre de 2005, de hace seis meses, y no como consecuencia de un cambio de Gobierno sino, todo lo contrario, como
consecuencia de un programa electoral incumplido


La señora PRESIDENTA: Todos sabemos las fechas que tienen las iniciativas y además están en los distintos documentos de la Comisión.



Terminado el debate de todos los puntos del orden del día, vamos a esperar a las 11:30 para las votaciones. Mientras tanto podemos celebrar la breve reunión de Mesa y portavoces. (Pausa.)


Señoras y señores diputados, vamos a pasar a las votaciones de las proposiciones no de ley debatidas. Lo haremos según el orden del día. En primer lugar, la proposición no de ley número 1249, del Grupo Parlamentario Socialista, de la que
se votará el texto más los cuatro puntos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Se aprueba por unanimidad.



En segundo lugar, la proposición no de ley número 543, del Grupo Parlamentario Popular, que no ha tenido enmiendas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 18; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Seguidamente votamos la proposición no de ley número 1383, del Grupo Parlamentario Popular. Se van a realizar dos votaciones, una de los tres primeros puntos y otra del punto último.



Votamos los tres primeros puntos.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados por unanimidad.



Votamos el último punto de dicha proposición no de ley.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 17; en contra, 19.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.



Pasamos a votar la proposición no de ley 1385, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que no tiene enmiendas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Por último, votamos la proposición no de ley número 1334, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



El próximo día 17 de mayo, miércoles, a las nueve y media tendremos reunión de la Comisión para la comparecencia a petición propia del ministro del Interior.



Se levanta la sesión.



Eran las once y cuarenta minutos de la mañana.