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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 557, de 25/04/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 557
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 25 de abril de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Para la elaboración de un mapa de usos de los bienes inmuebles de los Ministerios de Defensa a Interior y de los criterios de cesión a otras Administraciones para ser destinados a la construcción de viviendas protegidas y otros
equipamientos sociales o culturales. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000641.) ... (Página 2)
-Sobre medidas de coordinación entre las políticas de promoción de vivienda de protección pública y las de infraestructuras del Ministerio de Defensa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
161/000757.) ... (Página 6)
-Relativa a la enajenación de los terrenos de 'La Remunta', propiedad del Ministerio de Defensa en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
(Número de expediente
161/000740.) ... (Página 9)
-Relativa a la enajenación de los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) en beneficio del municipio.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
(Número de expediente
161/000751.) ... (Página 9)
-Sobre cesión al Gobierno Foral de Navarra del Fuerte de Alfonso XII ubicado en la cima del monte Ezkaba-San Cristóbal. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001474.) ...
(Página
13)
-Sobre desafectación de la Sierra del Retín en Barbate (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000726.) ... (Página 16)
-Relativa a la retirada de las tropas españolas destacadas en Afganistán.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001239.) ... (Página
19)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA DE USOS DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS MINISTERIOS DE DEFENSA E INTERIOR Y DE LOS CRITERIOS DE CESIÓN A OTRAS ADMINISTRACIONES PARA SER DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES PROTEGIDAS Y OTROS
EQUIPAMIENTOS SOCIALES O CULTURALES.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNGIA I UNIÓ.) (Numero de expediente 161/000641.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar esta Comisión. No es que tengamos ningún problema de organizar el debate, pero vamos a intentar por todos los medios hacerlo lo más cómodo posible para los portavoces de
cada una de las cuestiones, teniendo en cuenta, además, que los grupos menos numerosos se ven acosados por la cantidad de reuniones. Ante esto, hemos tenido un pequeño debate informal antes y vamos a operar de la siguiente manera, dándole el paso
inmediatamente a Esquerra Republicana de Catalunya que tiene dos proposiciones, pero es un solo debate, ¿es así, señor Tardá?, y, posteriormente, en principio, seguiríamos el orden que hay. El número tres y el número cuatro se van a debatir a
continuación, que han sido unas propuestas de Esquerra Republicana, en un solo debate. Luego seguiremos el orden propuesto, sabiendo que el Grupo Mixto, la señora Barkos, también tiene problemas de agenda, que intentaremos resolverle, y también
otros diputados de los grupos mayoritarios tienen problemas con sus propias agendas. ¿Qué vamos a hacer? Flexibilizar al máximo el debate, de suerte que, si en el momento en que le toque al portavoz correspondiente él no está, no la vamos a dar
por decaída, le vamos a esperar, ¿está claro? Vamos a ver si nos sale bien esta operación. (El señor López-Amor García pide la palabra.) Ahora le doy la palabra, señor López-Amor. Sobre todo que quede claro, y lo repetiré dos veces, porque esto
se ve por la televisión, no vamos a votar antes de las doce y media de este día. No vamos a votar antes de las doce y media para que las señorías que estén aquí presentes o nos estén viendo tomen las precauciones correspondientes para poder estar
en el momento de la votación. Señor López-Amor, tiene usted la palabra.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Con la venia del señor presidente, quería decir que ya hay que empezar a aplicar esta doctrina, porque nuestra portavoz en el punto tres y cuatro, que son los que, imagino, va llevar el señor Tardá, todavía no ha
llegado.
El señor PRESIDENTE: Tenemos el mismo problema con el Grupo Socialista, no se preocupe usted, señor López-Amor. Señor Tardá, ¿tiene usted alguna propuesta que hacer? ¿Esperamos a que lleguen o empezamos con la propuesta de CiU? Usted
tiene que estar libre a las once, ¿no es así?
El señor TARDÁ I COMA: Interpreto que no estando aquí los compañeros de otros grupos que tienen que debatir esta proposición no de ley, debemos esperar, porque vestimos un santo para desnudar a otro.
El señor PRESIDENTE: Vamos a intentar coordinarlo todo, así que para ir adelantando tiempo vamos a darle la palabra al señor Maldonado, en nombre de Convergència i Unió, para que defienda su proposición no de ley.
El señor MERINO LÓPEZ: ¿Agrupando también el debate del punto quinto?
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, se va a debatir. Entonces daré la palabra al señor Maldonado, luego le doy la palabra a usted, y luego el debate de los dos puntos, el primero y el quinto.
El señor MARSAL MUNTALA: Perdone, señor presidente, pero por parte nuestra tenemos portavoces distintos en el punto uno y en el quinto, el del punto uno está, porque soy yo, pero el del punto quinto no está.
El señor PRESIDENTE: Empezamos por el punto uno, seguiremos con el punto quinto, porque es el mismo tema, pero intentaremos dar conformidad a todos. Señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Alabar su bondad en armonizar el orden del día que ha generado una especie de caos-berenjenal, pero que los portavoces intentaremos, con la misma bondad, adaptarnos a la situación de presencia de compañeros de
otros grupos.
Convergència i Unió presenta esta proposición no de ley, a pesar de que cree que no debería haberla presentado. Esta es una lógica aplastante en el día a día de un gobierno que no debería llevar a proposiciones no de ley. ¿Por qué se
presenta? Pues porque ni este Gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior lo han hecho, y especialmente los dos últimos, porque, como muy bien sabe, a raíz de la desaparición del servicio militar obligatorio, el ejército del Estado,
con su profesionalización, pasa a ser un ejército mucho más reducido, con menos número de soldados y, por tanto, esto lleva a que se empiezan a vaciar cuarteles y dependencias militares. Esto ha provocado que con el paso de los años haya
indeterminados espacios militares vacíos, en desuso, y que para sorpresa de los municipios, en este caso de los alcaldes, no sean cedidos a los ayuntamientos para otros hábitos. Fíjense bien si es lógica esta propuesta que hoy, mirando los puntos
tres, cuatro, cinco, etcétera, vemos que todos hablan de enajenación, desafectación, adecuación, de terrenos para cesión a municipios, etcétera. Por tanto, está claro que todos los grupos entienden que en un sitio o en otro hay un espacio militar
que no tiene uso, que desde hace años está en desuso, pero curiosamente, las alcaldías, los municipios, ven que este desuso no se convierte en una cesión al ayuntamiento determinado y que, por este motivo, con el paso de los años, nadie tiene el
uso, el disfrute, el funcionamiento de espacios que, siendo públicos, no están al servicio público.
¿Por qué presentamos esta proposición no de ley? Porque creemos que se tiene que acabar con este goteo interminable de grupos parlamentarios que día sí y día también presentamos proposiciones no de ley sobre un municipio, sobre un
territorio, sobre una ciudad. De salida, qué es lo que pedimos. Pues pedimos que se haga un inventario de bienes inmuebles de Defensa e Interior y la cesión de los infrautilizados, a los municipios. ¿Para qué? Pues para todo aquello que pueda
ser beneficioso para la sociedad, para viviendas de protección oficial, viviendas para aquellas familias de niveles económicos más bajos, familias más necesitadas; para instalaciones culturales, para instalaciones deportivas, para instalaciones
sociales en último término. Por tanto, de salida, pedimos un mapa de usos, que esto el Gobierno ya debería tenerlo, una especie de libro blanco, una especie de mapa de situación de cómo están los territorios desde el punto de vista de implantación
de Defensa e Interior.
Pero esto no es todo, nosotros creemos que una vez el ministerio, el Gobierno, sepa qué tiene y cómo lo tiene, debe pasar a una segunda fase.
¿Esta segunda fase cuál es? La de cesión, donación, lo que se quiera; estos inmuebles deben ser
revertidos a los ayuntamientos y a los municipios de las ciudades donde están ubicados. En los ayuntamientos pequeños y medianos, en los que su capacidad económica es mínima, nos encontramos con la incongruencia de que hay cuarteles o instalaciones
militares que están cerradas, que se están cayendo, y los ayuntamientos no pueden utilizarlas de ningún modo. Tampoco se trata de hacer negocio, ya hablaremos después de esto.
Por tanto, primer espacio, un inventario, un mapa de cómo está la Administración General del Estado, titular de las instalaciones, para que sepamos qué está en uso y qué está en desuso, incluso la situación real, porque hay cuarteles de la
Guardia Civil en los que quedan tres guardias civiles para un edificio de un número determinado de viviendas. En este caso se podría dar una solución alternativa a aquel edificio que no sea la de albergar solamente a tres familias teniendo treinta
o cuarenta pisos vacíos y cerrados illo tempore. Este es un primer ámbito de esta proposición no de ley.
¿Cuál es el segundo? Elaborar unos criterios desde los ministerios de Defensa e Interior. Nos encontramos que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa ha tenido dos actuaciones totalmente diferentes en Barcelona y en Madrid. En Barcelona,
el ministerio, en este caso el Gobierno, vendió al consorcio de la zona franca una parcela de 110.000 metros cuadrados de los antiguos cuarteles de San Andreu por 83 millones de euros, 13.800 millones de las antiguas pesetas, que conllevará la
construcción de viviendas caras en su mayoría. Unos meses más tarde el Ministerio de Defensa cede 9 millones de metros cuadrados a la Comunidad de Madrid en la llamada Operación Campamento, sin ningún coste, y cuando se le pregunta al anterior
ministro Bono el porqué se le ha dado a Madrid, dice: Porque hay necesidad. Uno
se pregunta, ¿hay necesidad de viviendas protegidas en Madrid y no la hay en Barcelona, o no la hay en Cuenca o no la hay en Sevilla o no la hay en Asturias? Los criterios, como vemos, no sé si son de amiguismo, de oportunidad política, de
tinte electoralista, no lo sabemos, pero esto se tiene que acabar. Un Gobierno que quiera ser democrático, justo y, entre comillas, serio, debe tener unos criterios para todos los hechos iguales en el territorio. No tiene sentido que a Madrid se
le regalen, porque hacen faltan, viviendas baratas, y a Barcelona se vendan caras porque no sabemos qué situación ha decidido el ministerio.
Por tanto, ¿qué quiere el Congreso de los Diputados? Instar al Gobierno a elaborar, en el plazo de seis meses, un mapa de usos de los bienes inmuebles del Ministerio de Defensa e Interior acompañado de un inventario detallado por
comunidades autónomas, donde se fijará su estado de utilización, indicando en cada caso su uso o desuso actual, su uso de utilización y perspectivas de uso a medio plazo, cinco años. Los criterios de cesión de aquellos bienes integrantes del
Patrimonio del Estado adscritos a Defensa e Interior que se encuentren en situación de infrautilización, para evitar los criterios curiosos, y también, entre los criterios de cesión a establecer, en todo caso se dará prioridad a las administraciones
territoriales -ayuntamientos en primer término, diputaciones y comunidades autónomas- para que sean destinados a viviendas protegidas o a otros destinos sociales, culturales, deportivos, etcétera.
Fíjense bien, digo criterios curiosos. Echemos una mirada atrás, no muy atrás, a pocos metros en el tiempo; pocos días atrás el anterior ministro decía que para revertir el Castell de Montjuic se tenía que hacer bajo unas condiciones de
bandera, que esto está regulado por la ley, no entiendo por qué tenía que ponerse específicamente, de soldados que seguían allí, de antenas que se debían mantener, una especie de manu militari en una cesión, que no se había hecho en ninguna otra
cesión en todo el Estado. ¿Por qué? Porque en aquel momento el sentido de un españolismo exacerbado lo encontrábamos en la cesión del Castillo de Montjuic. Esto no puede ser. Si en Zamora, en Cuenca, en Oviedo, en Sevilla o donde sea, se ceden
los cuarteles a los ayuntamientos y estos ya saben que han de respetar toda la ley, desde el punto de vista normativo, no hay que ponerles más cortapisas. Para evitar esto, para evitar esta situación curiosa, pedimos que se apruebe esta proposición
no de ley, y que el Gobierno haga este mapa de usos. Fíjense bien, hoy, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta unas iniciativas que van en esta línea, el Partido Popular presenta unas iniciativas que van en esta línea. ¿Qué
significa esto? Que queramos o no está en el orden del día, nunca mejor dicho, que el Gobierno tiene que regular la cesión, la situación, y sobre todo saber dónde estamos.
Quiero hacer un inciso, si se me permite, sobre una proposición no de ley que veremos dentro de un momento, la número cuatro, que habla de Sant Boi de Llobregat. Es curioso que el Ayuntamiento de Sant Boi ya tiene, parece ser, hecha una
maqueta, y el Gobierno aún no tiene ninguna decisión tomada ni nada firmado, teniendo que hacer los compañeros de otro grupo parlamentario una iniciativa para instar al Gobierno a que se haga esta enajenación. Es curioso que la política de defensa
se tenga que dictar desde el Congreso. ¿Por qué? Pues porque no hay un criterio, porque es aquel de hoy hago esto y mañana ya veré. Por ejemplo, en Sant Boi de Llobregat esta es una necesidad básica, es un deseo, es una petición que ha hecho el
Ayuntamiento de Sant Boi, apoyada por el equipo de gobierno y por la oposición, por tanto es unánime, y sin embargo no avanza. Se habla en Sant Boi desde hace tiempo de unos cuarteles en el centro que deben ser trasladados hacia otro sitio para
permitir la ampliación del centro de Sant Boi y la instalación de equipamientos sociales, viviendas, etcétera, pues estamos igual que el primer día, y hoy mi grupo tiene que recordarle al Gobierno que esto sigue igual. ¿Por qué? Porque no hay
criterios, porque no hay un perfil, porque el Gobierno del Estado, hasta ahora, cuando un ayuntamiento reclama y se hace pesado, igual le cede los terrenos, o cuando un grupo parlamentario le insta, igual hace o no hace la cesión. Acabemos con esta
diatriba, acabemos con este criterio de a según quién sí, a según quién no, hagamos un mapa de usos, hagamos un inventario de situación, sepamos qué instalaciones tiene el Gobierno en desuso a día de hoy o en el plazo de cinco años, y planifiquemos
cesiones a los ayuntamientos, que están muy necesitados de suelo para instalaciones sociales, deportivas y culturales.
El señor PRESIDENTE: Señor Merino, si no he entendido mal, el tema que ustedes han propuesto está ligado clarísimamente con este, y además la enmienda que ha presentado el Partido Socialista es la misma, por tanto yo creo que es pertinente
que usted hable ahora, si lo desea, claro.
El señor MERINO LÓPEZ: Es que no se ha unificado el debate, presidente, porque el Grupo Socialista tiene un portavoz distinto para el punto cinco.
El señor PRESIDENTE: Entonces le voy a dar la palabra al señor Marsal para que defienda su enmienda.
El señor MARSAL MUNTALÁ: El señor Maldonado ha presentado una proposición no de ley que ha razonado en buenos términos y con argumentos que tienen su consistencia y elementos que tienen también elevados grados de razonabilidad. Por ello,
cuando recibimos esta proposición no de ley, que tiene ya más de un año de existencia, lo cual indica que es un tema que tiene su trayectoria y también su relativo grado de urgencia, la estudiamos a fondo. Estudiamos a fondo los distintos elementos
para ver hasta qué punto era posible aceptarla y, si no era posible en su totalidad, al menos encontrar
una fórmula que fuese satisfactoria tanto para el grupo de Convergència i Unió, como para nosotros, como para el conjunto de los grupos.
De este análisis que hemos hecho de su proposición no de ley, yo querría señalar al señor Maldonado y al resto de grupos unos elementos que son los que justifican la enmienda que presentamos. La proposición no de ley del señor Maldonado
presenta un primer problema, que es un problema formal o de competencias, se refiere a la vez al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Interior, y yo creo que sería difícil que la Comisión de Defensa votara algo que atañe a un ministerio que no
tiene relación directa con la Comisión de Defensa. Esta Comisión de Defensa puede aprobar indicaciones respecto al Ministerio de Defensa, pero sería mucho más discutible que también acordásemos decisiones que afectan a otros ministerios y que, por
lo tanto, ya no el Ministerio de Interior en este caso, sino la propia Comisión de Justicia e Interior de este Congreso podría sentirse molesta porque entramos en su ámbito de competencias.
Creemos que no sería bueno aprobar en un mismo texto un
contenido que se refiere a la vez al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Interior y deberíamos ceñirnos únicamente a lo que se refiere al Ministerio de Defensa. En todo caso, el grupo de Convergència i Unió podría presentar una proposición no
de ley en semejantes o parecidos términos en la Comisión de Interior para que ellos decidiesen también lo que encontrasen más oportuno. Esta es la primera reflexión que le hacemos al señor Maldonado.
Del análisis del contenido de su proposición no de ley, yo señalaría dos aspectos distintos. Por un lado, nos propone hacer un mapa de usos, y por otro lado nos propone que aprobemos unos criterios de cesión. Por lo tanto, me van a
permitir, señor presidente y señor Maldonado, que haga unas reflexiones separadas relativas a estos dos aspectos. En primer lugar, respecto al mapa de usos. Como bien saben el señor Maldonado y el resto de miembros de esta Comisión, el trámite de
desafectación de un terreno o de un edificio es bastante complejo. Primero debe proponerlo el cuartel general afectado, que tiene que indicar que a sus necesidades de tipo militar ya no es útil la utilización de aquel terreno. El cuartel general
eleva esta propuesta al ministerio, y el ministerio debe analizar si sus criterios coinciden con los del cuartel general. Si es así, este terreno pasa a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, y entonces la gerencia de infraestructuras debe
seguir un nuevo proceso aún más complejo, al que me referiré después cuando hable sobre los criterios de cesión. Por lo tanto, si nos centramos en el aspecto del mapa de uso, ha sido voluntad, yo diría de todos los gobiernos, desde hace muchos
años, al menos desde el final de la guerra fría el tener un mapa bastante completo de qué es lo que seguía necesitando y lo que ya no iba a necesitar. Sin embargo, esto no le ha sido posible a ningún Gobierno, dado que hay situaciones muy diversas,
y la complejidad de la propiedad del Ministerio de Defensa tiene complejidades elevadas, porque son propiedades del Ministerio de Defensa pero que también tienen sus relaciones con Patrimonio del Estado, y a veces, por lo tanto, existen situaciones
de cierta complejidad.
Pero además se ha unido a este tema otro aspecto: la evolución de los criterios de defensa. Las políticas de defensa han cambiado y están cambiando constantemente como consecuencia de los cambios en los escenarios internacionales y también
en las misiones tradicionales y en las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas. Esto hace muy difícil poder hacer una programación ya no a largo plazo, sino incluso a medio plazo, que es en el fondo lo que supondría hacer un mapa; hacer un mapa
supondría no únicamente hacer una foto de lo que hay, sino también, con sentido común, como propone el señor Maldonado, hacer un proyecto de qué es lo que se va a hacer en los próximos años. Dada la situación internacional y la variación de la
defensa, esto yo diría que casi es imposible; nada es imposible, pero casi es imposible. Por ejemplo, hace poco, en el último Consejo de Ministros, se ha aprobado un plan de transformación de las Fuerzas Armadas que evidentemente va a tener una
nueva incidencia sobre las propiedades del Ministerio, porque va a significar una nueva reestructuración importante en los tres ejércitos, sobre todo en el Ejército de Tierra que ya ha sufrido varios planes, el plan Meta, el plan Norte, ahora la
aplicación del plan de transformación.
Si con cada uno de estos planes se hubiese hecho un mapa, teniendo en cuenta que algunos de estos planes no han podido durar más de cinco años, estaríamos con que cada cinco años o menos tendríamos que cambiar
el mapa, lo cual, evidentemente, es de una complejidad que lo hace casi imposible. Además con esto, tener un mapa no tiene incidencia directa tampoco en las situaciones concretas, que es, en el fondo, lo que le interesa al señor Maldonado y lo que
nos interesa a todos. Es decir, la relación entre el ministerio y los ayuntamientos o comunidades autónomas o diputaciones o distintos entes, que es donde hay que encontrar la solución para cada caso. Por lo tanto, el mapa de usos creemos que no
soluciona los problemas concretos que existen, tiene una gran dificultad y lo haría en la práctica inoperativo; por lo tanto, no tendría mucho sentido incitar al Gobierno a que aceptase esta propuesta.
El tema de las cesiones es un aspecto distinto, y creo que es aquí donde realmente está el meollo de la cuestión, lo que realmente le interesa al señor Maldonado y lo que realmente nos interesa a todos los que estamos aquí y lo que les
interesa también a las administraciones locales.
Permítame que vuelva a retomar el proceso de desafectación. Lo habíamos dejado en el momento en que estaba en manos de la GIED. En el momento en que lo tiene la GIED, lo primero que tiene que hacer
es ofrecerlo a la propia Administración del Estado, porque si hay algún ministerio de la Administración del Estado que tenga interés en aquel edificio o aquel terreno, tiene preferencia. Si no es así, es cuando pasa a la siguiente fase, que es la
posible oferta a otros niveles de la Administración
pública. Pero esto supone también un proceso de depuración, porque las situaciones jurídicas de algunos de estos terrenos tienen gran complejidad, porque son cesiones bien de ayuntamientos o bien de particulares que se hicieron en
condiciones muy distintas, y por lo tanto, al hacerse en condiciones muy distintas, hay que encontrar la situación jurídica exacta de cada una de ellas. En el momento en que se ha depurado esta situación, la GIED está en condiciones de iniciar el
proceso de oferta y negociación, bien sea a otras administraciones bien sea a particulares, de los terrenos desafectados.
El señor Maldonado nos habla de cesión, yo entiendo que no quiere decir cesión gratuita, porque el señor Maldonado sabe bien que esto supondría una iniciativa distinta por su parte. Para poder permitir la cesión gratuita lo que tendría que
hacer es presentar una proposición de ley que modificase la ley de creación de la GIED, porque es en la ley de creación de la GIED donde se especifica que no podrá haber cesiones gratuitas. Por lo tanto, a través de una proposición no de ley no
podemos incitar al Gobierno a que no cumpla la ley, en todo caso, primero habría que modificar la ley. Por lo tanto, entiendo, porque el señor Maldonado es una persona de lógica fuerte y coherente, que utiliza el término cesión en un sentido
amplio. Y la filosofía de esta cesión, y voy acabando ya, señor presidente, en el fondo tiene un objetivo: que la desafectación y la venta de los terrenos del Ministerio de Defensa sea beneficiosa para las propias necesidades del Ministerio de
Defensa, que son necesidades de todos los españoles, que sea también beneficiosa para las otras administraciones que representan a colectivos territoriales de ciudadanos y, en última instancia y sobre todo, que sea beneficiosa para los ciudadanos,
que son a quienes va dirigido este servicio público.
En este sentido, la política del actual Gobierno ha ido en esta línea. En el Consejo de Ministros de fecha de 16 de julio de 2004, se aprobó un plan de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, que va precisamente en la dirección de
lo que señalaba el señor Maldonado, y por otra parte, todos los acuerdos a los que se ha llegado por parte de este Gobierno con otras administraciones en esta legislatura siempre han sido acuerdos con otras administraciones, no han sido con
particulares; han sido bien con ayuntamientos, bien con comunidades autónomas. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos elementos en el análisis que hemos hecho de la proposición no de ley, que espero que pueda ser asumida por el señor Maldonado,
presentamos una enmienda que se dirige solo al Ministerio de Defensa, y en la que se fijan aquello que creemos que tiene sentido, que son los criterios. La enmienda es suficientemente clara y corta y si me permite el señor presidente doy lectura a
ella, porque por sí misma se defiende, y se ve que los criterios que fija son en el fondo los que compartimos con el señor Maldonado y creo que con todos los miembros de la Comisión. Dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que,
primero, en el proceso de enajenación de suelos desafectados del Ministerio de Defensa, considere prioritaria la orientación social y no especulativa para viviendas y equipamientos de las ciudades afectadas. Segundo, intensifique el diálogo y la
concertación con ayuntamientos y comunidades autónomas para lograr acuerdos que satisfagan la necesidad de los ciudadanos que tienen mayor dificultad de acceso a la vivienda. Tercero, favorecer en especial en estos acuerdos a la vivienda protegida
en alquiler. Y en cuarto lugar, de acuerdo con la desafectación de los suelos de defensa que el Ministerio de Defensa vaya efectuando en la forma legalmente establecida, se agilice con las comunidades autónomas y ayuntamientos el destino de los
mismos de acuerdo con los apartados anteriores. Yo creo que por los argumentos que he expuesto y por el propio tenor de la enmienda, el señor Maldonado puede y va a aceptar esta enmienda, que va a conseguir un amplio consenso por parte de toda la
Comisión.
-SOBRE MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA Y LAS DE INFRAESTRUCTURAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
161/000757.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder tal como habíamos pensado al principio. Voy a dar la palabra a don Rafael Merino para que hable en nombre del Partido Popular, luego daré la palabra al portavoz del Grupo Socialista sobre la propuesta
del Grupo Popular, y luego entrarán todos los grupos a fijar posición sobre las dos propuestas, que están muy ligadas. Señor Merino, tiene usted la palabra.
El señor MERINO LÓPEZ: El Grupo Popular presenta y defiende hoy ante esta Comisión una proposición no de ley que se presentó allá por marzo del año 2005, con lo cual hemos cumplido ya el primer aniversario, y nos alegramos de que hoy se
pueda debatir y, evidentemente, como han dicho otros portavoces, en el contexto de una Comisión de Defensa como la de hoy que aborda temas muy relacionados con la vivienda, con los terrenos del Ministerio de Defensa y también, por las circunstancias
de la vida, conectados con el Real Decreto que ha sido publicado el pasado 22 de abril y del cual ahora hablaremos.
Quiero decir con respecto a la proposición de Convergència i Unió, que coincide prácticamente con la nuestra tanto en la forma como en el fondo, si bien ellos concretan más su propuesta, que, evidentemente el Grupo Popular la va a apoyar sin
ningún condicionante porque entendemos que es una realidad. Es verdad, a raíz de lo dicho por el señor Maldonado,
que una de las situaciones que se produce hoy en día en las relaciones de los ayuntamientos, de las administraciones, con el Ministerio de Defensa, es que, dependiendo de cómo cada uno negocie, al final se da una solución definitiva o no a
la cesión de terrenos para vivienda social o para instalaciones deportivas, culturales o sociales. Es verdad que hay un hecho importante, y es que durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular se firmaron más de 120 convenios con
comunidades autónomas y con ayuntamientos de todos los colores políticos... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, señor Merino. Por favor, seguro que esta discusión que están teniendo es fundamental para lo que estamos discutiendo, pero háganla fuera. Siga usted, señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Decía que se habían firmado en los ocho años de Gobierno del Partido Popular 120 convenios con todas las comunidades autónomas de distinto color político, con ayuntamientos de distinto color político, donde un 66 por
ciento de esas viviendas que se iban a construir eran de carácter de protección oficial. Es evidente también que la política llevada a cabo por el anterior Gobierno de la profesionalización de nuestro ejército, como también se ha dicho por parte de
algún otro portavoz, ha hecho que muchas instalaciones militares estén ahora mismo prácticamente vacías, en una situación de abandono. El hecho de que muchas instalaciones estén abandonadas está provocando el deterioro importante de estas
instalaciones y, al final, unos suelos generalmente muy bien ubicados -sobre todo en las capitales de provincias, los antiguos cuarteles están en zonas muy estratégicas- lo que hace que se genere una situación compleja y complicada por el propio
desuso de las instalaciones y por la falta de uso que se les da.
Es verdad que el proceso de negociación para conseguir que una instalación militar o unos terrenos militares pasen a ser puestos en uso y en valor para el conjunto de los ciudadanos, es difícil, farragoso, complicado, necesita muchísimas
negociaciones y conversaciones bilaterales, y en algunos casos multilaterales, cuando interviene la comunidad autónoma.
Suelen ser operaciones de una gran envergadura por la extensión de los terrenos o de los propios cuarteles, o por la propia
ubicación, y eso evidentemente hace que se retrasen muchísimo estas cesiones y estas dotaciones y que, en definitiva, al final quien pierda sea el conjunto de los ciudadanos de cada localidad donde se encuentren las instalaciones militares.
Por eso, nosotros en nuestra proposición hablamos de instar al Gobierno a que se establezca un mecanismo que permita la agilización, pero con una visión de futuro. Decía antes el portavoz socialista que ha intervenido que era difícil saber
o averiguar un mapa. El día 22 de abril se publicó el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la organización y el despliegue de las Fuerzas del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, así como de la Unidad
Militar de Emergencia. Aquí hay un mapa con una reorganización y reestructuración militar. Yo no quiero decir que este mapa vaya a ser definitivo o no, porque no creo que estas proposiciones que estamos debatiendo hoy deban ser objeto de
enfrentamiento político, sino de búsqueda de solución, pero lo que es cierto es que este real decreto propone una reordenación. No sé si será a 5 o a 15 años, pero tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos necesitan saber a largo plazo
el destino o el uso, o si va a tener o no uso una instalación militar o un terreno militar. Porque ustedes saben -y en estos momentos hay un enorme debate sobre las situaciones urbanísticas en los ayuntamientos- que las planificaciones urbanísticas
se hacen a largo plazo y que cuando se empieza a hacer una revisión del plan general se está haciendo una revisión para 20 ó 25 años. Por tanto es necesario saber si las instalaciones militares van a poder ser usadas, van a poder ser incluidas en
las programaciones, tanto por parte de los ayuntamientos como por parte, en muchos casos, de las propias comunidades autónomas, de esas instalaciones militares.
De ahí que en nuestra proposición -y con ello voy a ir concluyendo, señor presidente- instemos al Gobierno a regular un mecanismo por el cual las distintas administraciones públicas con competencia en materia de promoción de vivienda, de
protección pública y de equipamientos sociales o culturales, puedan disponer de una visión a largo plazo de la política de enajenación del Ministerio de Defensa de las propiedades que dejan de tener interés para la defensa, como medida que permita
mejorar la planificación en materia de políticas de acceso a vivienda social y de dotación de equipamientos sociales o culturales, y con ello la eficacia de la misma, así como suscribir los convenios necesarios para su desarrollo y ejecución. Esa
es la propuesta que nosotros presentamos. El Grupo Socialista presentó en su día, allá por el año 2005, una enmienda de sustitución que ha ratificado en este año 2006. Vuelvo a insistir en que estas proposiciones, tanto la de CiU como la nuestra,
no deben ser, por el interés general de los ciudadanos, fruto de discusión política sino de búsqueda de consenso, y nosotros no tendríamos ningún problema en aceptar la enmienda del Grupo Socialista que al final propone lo mismo que la del Grupo
Popular pero con mayores generalidades. Si la transforma y la convierte en enmienda de adición, el Grupo Popular no tendría ningún problema en aceptarla y que se añadiera al contenido de la proposición planteada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Le voy a dar la palabra al señor Carro para que nos ilustre sobre la propuesta que acabamos de escuchar del señor Merino y sobre lo que él quiera expresar. Le voy a pedir que tenga en cuenta que ya hemos escuchado al
señor Marsal sobre este tema, para que no se solapen, si es posible.
El señor CARRO GARROTE: De la lectura de la proposición de ley parece como si los ocho años de Gobierno del Partido Popular se hubieran distinguido por facilitar el suelo de Defensa para la vivienda protegida. No ha sido así. La política
del Partido Popular en materia de desarrollos urbanísticos sobre los suelos de Defensa solo tenía un objetivo, que era obtener el máximo lucro y rentabilidad aprovechando su situación de privilegio como gran propietario de suelo urbano en las
mejores zonas de muchas ciudades. Además, se hacía a través del procedimiento de pujas al alza, con lo cual se provocaba un encarecimiento indiscriminado de los precios. Se pueden citar algunos ejemplos: en Valladolid, en los terrenos de la plaza
del Ejército, se vendió suelo para vivienda libre que estaba valorado en 6,2 millones de euros por 15,8; en Burgos, el suelo del acuartelamiento Dos de Mayo, que estaba tasado en 28,7 millones de euros se vendió en 44,5; o en Madrid, en la avenida
de Portugal, justo al lado de la Operación Campamento, los terrenos estaban tasados en 17,3 millones de euros y se han vendido en 33,9 millones. En todo caso, es cierto que el actual Gobierno de España quiere evitar la especulación con los terrenos
de Defensa, y por tanto ha optado, cuando sea posible y de forma prioritaria, por llegar a acuerdos de enajenación directa con las administraciones locales y autonómicas. Cuando no sea posible, utilizar la subasta, pero no en la forma como se hacía
en el pasado, es decir, subasta al alza, en donde las reiteradas pujas hacen incrementar el precio, sino utilizar la subasta en sobre cerrado, lo cual dificulta estos elementos especulativos. Todas las operaciones realizadas en el primer año de
legislatura sobre terrenos destinados a viviendas se han hecho mediante convenios con los ayuntamientos y comunidades autónomas.
Los terrenos no se han subastado, sino que se han vendido directamente a estas administraciones por el precio
convenido, para que estas ejecuten y promuevan las viviendas.
En relación con la propuesta de regular un mecanismo que permita disponer de una perspectiva a largo plazo, tal como se ha dicho en la intervención anterior, y no voy a abundar demasiado en ello, existen ciertas limitaciones, en primer
lugar, porque la determinación de las necesidades de defensa, como pone de manifiesto la propia proposición no de ley, es un proceso dinámico y, por lo tanto, es difícil establecer criterios apriorísticos; en segundo lugar, por las características
y naturaleza de las propiedades, que no permiten definir a priori su posible utilización de forma homogénea y, al mismo tiempo, porque el destino final de una propiedad lo establece la administración a la cual se le cede, en las condiciones que sea,
dado que les corresponde a las comunidades autónomas y ayuntamientos decidir su aprovechamiento urbanístico, residencial, terciario, comercial, etcétera, por lo que resulta difícil desde una norma o desde el ámbito estatal del propio Ministerio de
Defensa preestablecer ese uso final del suelo. A pesar de todo esto, y dado que el Ministerio de Defensa pretende aclarar todo el procedimiento de cesión de estas propiedades se ha procedido a acumular estas dos proposiciones no de ley y se ha
propuesto la enmienda que está en proceso de redacción y que se pasará a la Mesa antes de la votación. Lo que intentamos desde el Grupo Socialista es alcanzar un acuerdo con todos los grupos parlamentarios para que se pueda establecer un
procedimiento transparente en la cesión de propiedades de Defensa para otros usos de orientación social, especialmente de vivienda.
El señor PRESIDENTE: Si les parece el proceso de las enmiendas lo vamos a dejar para el momento anterior a la votación. ¿Algún grupo quiere fijar posición sobre estas dos proposiciones no de ley? (Pausa.)
Señor Mardones, tiene usted la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Con brevedad. Con respecto a esta última solución que ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista sobre la proposición no de ley defendida por el Grupo Parlamentario Popular, mi grupo está de
acuerdo. No conocemos la enmienda, pero me someto, como dirían en el derecho canónico, al propósito de la enmienda, de que va a ser aceptada si esto es así. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de la proposición que ha planteado el Grupo
Parlamentario Popular y con las las razones que ha esgrimido el portavoz socialista en la réplica. Por tanto, esperamos a conocer la literalidad de la enmienda, pero en principio estamos plenamente de acuerdo si el Grupo Popular acepta la enmienda
que nos presente aquí el Grupo Socialista.
Voy a pasar entonces al primer punto que hemos tratado, señor presidente, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nosotros participamos de la preocupación del señor Maldonado. Tengamos
en cuenta que estamos debatiendo una materia que entró en el Registro de la Cámara en febrero del año pasado, es decir, que lleva ya más de un año en el cajón de los olvidos, en una lista de espera y que es necesario armonizar criterios. Estando de
acuerdo, como digo, en el fondo de lo que viene a denunciar, con muchos conceptos acumulativos de los ministerios de Defensa y de Interior, a mí me parecen muy de sentido común y razonables las objeciones, más
bien de tipo formal, que ha hecho el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en cuanto a una materia que es competencia del Ministerio de Defensa y que por tanto se debe regular en esta Comisión, y lo que es competencia del
Ministerio del Interior, que se debe regular en la Comisión del Interior. La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista nos parece razonable y de sentido común, y nosotros la aplicaríamos. Tengamos en cuenta que, como ha señalado el
portavoz del Grupo Socialista, en la propuesta del Grupo Catalán por un lado se habla de mapa de usos y por otro lado se habla de criterios de cesión. El mapa de usos es un inventario que pueden sacar los servicios internos del Ministerio de
Defensa a través de la Gerencia de Infraestructuras. Lo que ya es más discutible políticamente son los criterios de cesión, y ahí yo le doy la razón al portavoz del Grupo Socialista en que sería necesario que hubiera unos acuerdos genéricos sobre
qué se entiende por criterios de cesión. Porque con ocasión de la Comisión Gescartera, me llamó la atención que la reversión de de la venta de unos cuarteles del País Vasco hubiera ido al Patronato de Huérfanos de la Guardia Civil y no hubiera ido
a los presupuestos del Ministerio de Defensa ni a los presupuestos del Ministerio del Interior ni a los presupuestos de Hacienda como patrimonio del Estado. Venimos discutiendo desde hace mucho si la Guardia Civil debe depender del Ministerio de
Defensa o del Ministerio del Interior, y ha habido una numerosa participación de guardias civiles en la Plaza Mayor de Madrid pidiendo su desmilitarización, y estos son los efectos. Con motivo de aquella cuestión se descubrió que se había invertido
en el Patronato del Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil la venta de unos cuarteles de la Guardia Civil. No fueron a Defensa ni a Interior ni a Patrimonio, fueron al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, porque parece ser que por ley
ancestral le están atribuidas estas cuestiones. Por lo tanto, los criterios de cesión necesitan ser actualizados, máxime, señor presidente, cuando en estos momentos está en la Cámara, en tramite de presentación de enmiendas, un proyecto de ley del
Gobierno de cesión del castillo de Montjuic al Ayuntamiento de Barcelona. Sería conveniente saber con qué criterios se va a ceder el castillo de Montjuic al Ayuntamiento de Barcelona para saber si castillos similares o instalaciones militares que
existan a lo largo y lo ancho de la geografía española pueden ser merecedores de estos criterios, y no ocurra que apliquemos un criterio que alguien puede traducir por razones políticas o presiones políticas en una determinada comunidad autónoma o
ayuntamiento del Estado español, y en otro ayuntamiento del Estado español se apliquen otros criterios de cesión.
Por tanto mi grupo -y con esto termino, señor presidente- hace estas advertencias, porque tendremos que definir en esta Comisión qué criterios de cesión se van a aceptar en el proyecto de ley que ha mandado el Gobierno de cesión del castillo
de Montjuic, para que los apliquemos también a otras cuestiones. Por ello, mi grupo se inclinaría a votarla favorablemente, si es aceptada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió la enmienda que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, que nos parece más ajustada a la racionalidad, y dar tiempo a solucionar los criterios de cesión.
-RELATIVA A LA ENAJENACIÓN DE LOS TERRENOS DE 'LA REMUNTA', PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN L´HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ECR).
(Número de expediente
161/000740.)
-RELATIVA A LA ENAJENACIÓN DE LOS TERRENOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN SANT BOI DE LLOBREGAT (BARCELONA) EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ECR).
(Número de expediente
161/000751.)
El señor PRESIDENTE: Señor Tardá, le voy a dar la palabra para lo que usted quiera, es decir que puede fijar posición sobre esto si lo desea, pero como los asuntos que nos traen hoy aquí están ligados a ello, supongo que lo podrá hacer sin
ningún esfuerzo adicional. Así que tiene usted la palabra para defender las proposiciones no de ley de Esquerra Republicana que están contenidas en el número tres y cuatro del orden del día. Adelante, señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Gracias tanto por la posibilidad de acumular las dos proposiciones no de ley como de favorecer el cambio en el orden del día. Voy a intervenir muy brevemente, de hecho ya tendría que estar en la Junta de Portavoces,
pero sobre todo porque el tema que planteamos es recurrente y porque en términos generales compartimos siempre los mismos argumentos en cuanto a posibilitar enajenaciones y convenios posteriores entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el
Ministerio de Defensa. En este caso no vamos a ser originales. Estamos hablando de dos instalaciones situadas en el corazón del área metropolitana de Barcelona, con lo cual ya les ahorro, por conocidas, las razones que llevan a los ayuntamientos a
reclamar esos terrenos, en tanto en cuanto hay una problemática generada por el crecimiento, una demanda de equipamientos y una demanda de vivienda protegida, de vivienda pública, y poder dar salida a ese desfase existente entre los crecimientos
urbanísticos y demográficos, máxime en espacios en donde el mercado impone unos precios excesivos para el tipo de población que habitamos en las áreas metropolitanas.
Ahorro, pues, profundizar en este terreno, pero quiero dejar claro que se trata de dos instalaciones, la una situada en Sant Boi de Llobregat, la otra en L'Hospitalet de Llobregat, la de L'Hospitalet de Llobregat propiedad del Ejército desde
finales del siglo XIX, la otra, la de Sant Boi de Llobregat destinada a parque automovilístico, propiedad del Ejército desde los años cuarenta del siglo pasado. Las dos ciudades están muy pobladas y, ya he dicho, en fase de expansión demográfica y
urbanística, y, como en otras ciudades donde existe la misma problemática, son terrenos situados en zonas que en un tiempo fueron periféricas y hoy se hallan en el corazón del núcleo urbano, y no solamente es terreno apetitoso para el afán de
construcción de vivienda pública, sino que además, en muchas ocasiones, y esto son los casos planteados por nosotros, la nueva urbanización pone problemas a la articulación urbanística de la ciudad. De hecho estamos hablando de muchos metros
cuadrados y nos consta que, como demandas sociales y populares que son, los ayuntamientos están ya negociando con el ministerio, es decir, es una reclamación de los partidos políticos existentes en las ciudades a las cuales nos referimos, poder
culminar algún día con la enajenación de esos terrenos para darles la función que todos deseamos. De hecho, nosotros en nuestras proposiciones no de ley, con el afán de empujar y presionar a fin y efecto de que pueda llegar a buen puerto lo
demandado, máxime teniendo en cuenta cómo fue publicitada y qué significó un gran catalizador para otras reclamaciones la Operación Campamento de Madrid, que afectó a 9 millones de metros cuadrados y sirvió de acicate para visualizar que era
interesante llegar a culminar objetivos de ese tipo, entendíamos que era interesante marcar seis meses como plazo a nuestro entender idóneo para que el proceso llegara a culminarse.
Las enmiendas que nos han presentado los compañeros socialistas en todos sus puntos comparten nuestra misma filosofía, no podría ser de otra manera en tanto en cuanto el objetivo es posibilitar equipamientos y vivienda protegida para los
ciudadanos. Tan solo nos separaba la falta de concreción, su no aceptación de nuestra petición de enmarcarlo todo en un periodo de seis meses. Se me ha comunicado por parte del diputado Daniel Fernández que introducía en la enmienda una concreción
a nuestro entender satisfactoria, es decir, que hay el compromiso de culminar el proceso lo antes posible. Entendemos que el problema es difícil. Por ejemplo, en el caso de La Remunta, que es la instalación militar de L'Hospitalet de Llobregat,
existe también una escuela dependiente de la Consellería de Agricultura, Pesca y Ganadería de la Generalitat de Catalunya que todavía está en funcionamiento y entendemos la complejidad del proceso. A nosotros nos satisface el hecho de que se
reconozca que las negociaciones se están llevando a cabo y que además se imprime cada vez mayor velocidad, hasta el punto de que aceptamos este compromiso de acelerar el proceso para que lo antes posible sea realidad que en las ciudades de
L'Hospitalet de Llobregat y Sant Boi de Llobregat puedan contar con unos metros cuadrados, unos grandes terrenos para satisfacer las demandas sociales que tanto se requieren en estas ciudades metropolitanas.
El señor PRESIDENTE: Se han presentado sendas enmiendas por parte del Grupo Socialista que va a defender don Daniel Fernández. Tiene usted la palabra.
El señor FERNÁNDEZ GÓNZALEZ: El cambio de modelo de nuestras Fuerzas Armadas, su transformación en un ejército profesional, ha tenido consecuencias en todod los terrenos, evidentemente también en el de las infraestructuras militares. Unas
Fuerzas Armadas profesionalizadas y más reducidas requieren una instalaciones también más reducidas y hacen posible que algunas de las hasta ahora existentes puedan cumplir otra función social, y digo otra y no una función social, porque conviene
recordar o conviene no olvidar que la defensa nacional también constituye una función social, también presta la defensa nacional un servicio, y no menor, a la sociedad española. En este contexto, a lo largo de nuestro país han surgido múltiples y
diferentes iniciativas y reivindicaciones referentes tanto a instalaciones militares en proceso de desafectación como a otras que todavía son útiles a los intereses estratégicos de la defensa nacional y de nuestras Fuerzas Armadas.
El diagnóstico y la decisión sobre qué instalaciones son estratégicas y cuáles no lo son, corresponden a aquellas y organismos a los cuales la sociedad ha encargado la responsabilidad de la defensa. En nuestro país, en primer lugar, han de
intervenir los cuarteles generales de los ejércitos; después, es el Ministerio de Defensa el competente para decidir si procede o no la desafección de una determinada instalación o equipamiento militar. Esta decisión, en el caso de que sea
afirmativa, no supone, como ustedes saben, una automática enajenación por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa, ya que está sujeta en todo caso a un necesario proceso de depuración física y jurídica.
Como saben SS.SS., el actual Gobierno ha impulsado un nuevo modelo de gestión de las instalaciones y propiedades de la Defensa; un nuevo modelo social y no especulativo, que hace compatible el objetivo de obtener recursos para las
infraestructuras y equipamientos de las Fuerzas Armadas con el de colaborar en la promoción del acceso de los ciudadanos a la vivienda. Conviene recordar aquí que el Plan de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, aprobado por el Consejo
de Ministros el 16 de julio de 2004, estableció como objetivo en la gestión de los suelos patrimoniales del Estado, su destino preferente a la promoción de vivienda protegida. Así, este nuevo modelo, que se ha venido aplicando a través de convenios
y concertación con ayuntamientos y comunidades autónomas, y siempre en coordinación con el Ministerio de la Vivienda, está orientado a impulsar la creación de viviendas, con énfasis especial
en la modalidad de vivienda protegida, así como de equipamientos.
Las proposiciones no de ley presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya referentes a la enajenación de los terrenos de La Remonta, en L'Hospitalet de Llobregat, y a los que son propiedad del Ministerio de Defensa en Sant Boi de
Llobregat, han de ser analizadas por mi grupo, como no podía ser de otra manera, desde la coherencia con los criterios que tiene el Gobierno al que da su apoyo en está Cámara. Respecto a la propiedad situada en L'Hospitalet de Llobregat, denominada
La Remonta en la citada proposición no de ley, y también conocida como cuarto depósito de sementales, casa Melic, es necesario señalar que esta se encuentra afectada, tal como ha dicho el señor Tardá, por un convenio de cooperación técnica en el
ámbito ganadería equina suscrito con fecha de 17 de mayo de 1994 entre el Ministerio de Defensa y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat de Catalunya, convenio en virtud del cual se cede a esta una parte de la misma para
la instalación de un centro de formación básica ecuestre. Dado que en este caso nos encontramos antes una instalación que carece de interés militar, en febrero del 2001 se propuso al citado departamento de la Generalitat el inicio de conversaciones
directas con vistas a la elaboración de un convenio para la transmisión de la misma, manifestando en ese momento -febrero de 2001- el secretario general del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, que no existía interés en la propuesta.
Posteriormente, y ya en esta legislatura, con fecha 16 de junio de 2005, el secretario general técnico del Ministerio de Defensa notificó a la consejería del citado departamento la resolución del subsecretario de Defensa por la que se acuerda
denunciar el citado convenio. Finalmente, el pasado 3 de abril, el secretario general del referido departamento ha remitido escrito al subsecretario de Defensa, en el que le comunica que la entrega de la propiedad se efectuará a finales del mes de
junio del 2007, fecha en la que está prevista la finalización de los cursos de formación programados y a partir de la cual será posible, en todo caso, su enajenación. En definitiva, en el caso del cuartel de La Remonta, el Ministerio de Defensa se
encuentra a la espera de recuperar la posesión de la propiedad que actualmente detenta la Generalitat de Catalunya. Eso no es óbice para que, paralelamente, el director de general de Infraestructuras de la Defensa venga manteniendo conversaciones
con el Ayuntamiento de L'Hospitalet, que ha manifestado su interés por adquirir los terrenos indicados y que, a tal efecto, ha remitido una valoración efectuada por lo servicios técnicos de la Agencia de Desarrollo Urbano del citado municipio.
En segundo lugar, respecto a los terrenos que ocupa el acuartelamiento de Sant Boi de Llobregat, cabe decir que, tal y como se apunta en la propia exposición de motivos de la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de
Catalunya, la Comisión de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya aprobó el 10 de febrero de 2004 la modificación puntual del Plan general de ordenación en el ámbito denominado de los cuarteles, con el objetivo de hacer posible la ubicación del
acuartelamiento que se localiza en el casco urbano de Sant Boi de Llobregat, en una nueva instalación militar situada en el sector de el sector de Prologis, ajustada esta, evidentemente, a las necesidades actuales de la defensa.
En ese momento, el
Ministerio de Defensa mostró su conformidad inicial a la tramitación del citado instrumento urbanístico, sin perjuicio de la necesidad de alcanzar los acuerdos necesarios respecto a la financiación de las obras, sus plazos de ejecución y
aprovechamientos a obtener por las instalaciones militares que se trasladan. Posteriormente, se emitió informe favorable en aplicación de la disposición adicional de la Ley 6/1998, así como informe de conformidad con el traslado del acuartelamiento
al sector de Prologis. En la actualidad, se encuentra en estudio el proyecto del nuevo acuartelamiento y también este caso, como en el caso anterior, como en el caso de L'Hospitalet de Llobregat, se están manteniendo conversaciones directas entre
el ayuntamiento y el Ministerio de Defensa.
En definitiva, tanto en el caso de L'Hospitalet de Llobregat como en el de Sant Boi de Llobregat, cada uno con sus especificidades, los respectivos ayuntamientos, en ambos casos directamente a través de su alcalde y alcaldesa
respectivamente, tienen definidas sendas negociaciones con el Ministerio de Defensa. Mi grupo está convencido de que, en la medida en que estamos hablando de procesos de concertación entre administraciones, la iniciativa, tanto por respeto como por
eficacia institucional, corresponde a los protagonistas de las mismas, es decir, al Ministerio de Defensa y los Ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat y de L'Hospitalet de Llobregat. Dicho convencimiento, que al mismo tiempo constituye un criterio
de actuación para el Grupo Socialista, no nos impide valorar de manera francamente positiva el interés de Esquerra Republicana de Catalunya por la evolución de ambos asuntos.
Desde esta valoración, y con el fin de contribuir a una óptima conclusión de ambos procesos de negociación, hemos presentado dos enmiendas de sustitución respetuosas, creemos, con el papel que desempeñan en las mismas tanto los ayuntamientos
como el Ministerio de Defensa. Tal como ha comentado el señor Tardá, a ambas enmiendas de sustitución hemos introducido dos modificaciones transaccionadas, con el fin de llegar a un acuerdo respecto al objetivo que compartimos ambos grupos
parlamentarios.
En la primera se insta al Gobierno para que continúe la negociaciones que actualmente estan desarrollando el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de L'Hospitalet, al objeto de suscribir en el plazo más breve posible (este es el añadido)
un acuerdo sobre la enajenación de los terrenos de La Remonta. En la segunda, se insta al Gobierno para que las negociaciones que desarrollan el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat culminen, también en este caso en el
plazo
más breve posible, en un acuerdo sobre la enajenación de los terrenos del acuartelamiento de Sant Boi que permita el traslado del cuartel a otro emplazamiento dentro del mismo término municipal, conforme a las necesidades de la defensa.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición sobre estas dos proposiciones no de ley que hemos convertido en una sola, ¿algún grupo quiere tomar la palabra? (Pausa.) El señor Maldonado en nombre de Convergència i Unió.
El señor MALDONADO I GILI: No haría falta entrar en la cuestión, porque mi primera intervención ha ido en esta línea, es más, si no fuera porque todo suma, nos habrían sorprendido estas dos iniciativas presentadas por Esquerra Republicana
después de nuestra proposición no de ley, que era amplia y que por tanto recogía todo, también recogía Sant Boi de Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat. Pero como creemos en la bondad política de las iniciativas, las damos por buenas y porque
suman a aquello que ya en su día anunciamos que haríamos y que presentamos. Estas dos proposiciones no de ley son iguales que la nuestra -antes ya he hablado de Sant Boi, por ejemplo- pero concretadas a dos municipios catalanes. Nuestro grupo,
lógicamente va a votar a favor, ¡faltaría más!, porque es verdad que cuando el municipio de L'Hospitalet de Llobregat pide la enajenación de los terrenos de La Remonta lo hace desde el deseo de que una propiedad de Defensa que está en desuso, salvo
una pequeña parte que utiliza la Generalitat, como han explicado anteriormente dos portavoces, pueda ser destinada a otros usos sociales y públicos. Por tanto, es más de lo mismo. Es lo mismo que el punto uno, pero concretado a L'Hospitalet.
Respecto al segundo, Sant Boi de Llobregat, hay que decir que uno de los motivos por los cuales Convergència i Unió presentó en su día lo que hoy hemos visto en el punto uno, en el que pedíamos la elaboración de un mapa de usos de los bienes
inmuebles del Ministerio de Defensa, es porque teníamos constancia de la situación un poco incongruente de que se llevaba mucho tiempo reclamando la enajenación de este terreno, de esta propiedad en el centro de Sant Boi. El municipio necesita el
destino previsto, pero desde el ayuntamiento se va diciendo que sí, que no, que no, que sí, y la ciudadanía no sabe exactamente qué pasa. Se está reclamando una definición urgente del Gobierno y el portavoz socialista ha dicho que está en proyecto
de estudio. Si es así, chapeau, pero los proyectos de estudio a veces son eternos. También ha dicho que estaban definidas sendas negociaciones. La de L'Hospitalet la desconozco, pero la de Sant Boi puedo decir que definido poco, porque el mismo
ayuntamiento no sabe aún qué se le pedirá, qué se firmará, qué texto tendrá el acuerdo escrito. Por tanto, buenas voluntades, pero pocas realidades. Por ello, Convergència i Unió se sumo a estas dos proposiciones presentadas por Esquerra
Republicana, que son iguales a la que he presentado en el punto uno. Los dos municipios, los ciudadanos de L'Hospitalet y Sant Boi, lo llevan reclamando desde hace años y es necesario que de una vez por todas el Gobierno haga este traspaso, esta
enajenación a los dos municipios.
Por ello, como decíamos antes hay que fijar criterios para que no se tenga que estar tanto tiempo haciendo proyectos de estudio, definiendo negociaciones, etcétera, porque los trámites son tan engorrosos, tan lentos, tan largos que los
municipios esperan y acaban desesperando.
Lógicamente, votaremos a favor de estas dos proposiciones que son iguales que la primera. Como decía antes, si nos fijamos, de los siete puntos del orden del día, cinco son sobre lo mismo: el séptimo
presentado por el Grupo Mixto, es otra cesión; el quinto, del Grupo Popular, es sobre medidas de coordinación, por tanto, criterio, el primero, el nuestro, el segundo, desafectación de Barbate, presentado por el Grupo Popular; también el tercero,
y el cuarto. Todo es sobre lo mismo. A veces a uno le sorprende que el Gobierno no entienda que ha de fijar criterios, que ha de hacer un balance y que ha de empezar a actuar en aquellos espacios en que no se usan y que los municipios y las
ciudades de todo el Estado, yo hablo en este caso de Cataluña, tanto necesitan y tanto años llevan reivindicando.
El señor PRESIDENTE: Voy dar la palabra, para fijar la posición del Grupo Popular, a doña Dolors Nadal. Tiene usted la palabra.
La señora NADAL I AYMERICH: En primer lugar, anuncio el voto favorable de mi grupo parlamentario a las dos iniciativas presentadas por Esquerra Republicana, una relativa a la enajenación de los terrenos del cuartel conocido como La Remonta,
en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat, y otra relativa a la enajenación de los terrenos del acuartelamiento del municipio de Sant Boi de Llobregat.
Estábamos dispuestos a votar las proposiciones no de ley en los términos en que habían sido presentados por el Grupo del Esquerra Republicana, pero vista la enmienda presentada por el Grupo Socialista, creemos que en esta ocasión se
corresponde mucho más con la realidad dicha enmienda que la redacción inicial de Esquerra Republicana. Se corresponde mucho más con la realidad porque hay un reconocimiento claro, explícito de que se trata de continuar, de seguir una labor que
había iniciado, que había puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular. Hay un reconocimiento de que se tiene que continuar lo que se había iniciado y hay una racionalización en los plazos. Se han referido tanto el grupo proponente como el
Grupo Socialista a que en el antiguo centro de reproducción equina del municipio de L'Hospitalet de Llobregat, conocido popularmente como el cuartel de La Remonta, está ubica hoy una escuela de capacitación agraria ecuestre, que fue creado por el
Decreto 215/1994 de la Generalitat de Catalunya, al amparo de un convenio de colaboración. No me extenderá
sobre él, porque ha sido muy explicito y muy minucioso don Daniel Fernández. Pero lo cierto es que esta escuela está en funcionamiento, sigue funcionando, forma parte de esas catorce escuelas que dependen del Departamento de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que imparten cursos sobre temas ecuestres, de formación de profesionales cualificados del sector ecuestre o de apoyo al sector agrario equino, es decir, está funcionando, y por lo tanto se quiere un determinado tiempo para que las
previsiones, hasta donde nuestro grupo parlamentario conoce, que suponen el traslado de las funciones que ahora se realizan en La Remonta de L'Hospitalet de Llobregat a un municipio del Maresme, se puedan materializar y, en definitiva, pueda
culminar esa negociación que, insisto, ya se había iniciado y se proceda a la enajenación de estos terrenos, de forma que sean utilizados en beneficio de los ciudadanos de L'Hospitalet de Llobregat, para la construcción de vivienda sociales, de
equipamientos culturales, deportivos, o equipamiento de cualquier tipo.
En relación con Sant Boi, el tema es de una enorme complejidad, pero he decir al señor Maldonado que el ayuntamiento sí sabe en qué situación se encuentra. Insisto en que es un proceso que ya puso en marcha, el Gobierno del Partido Popular.
Hacía ya muchos años que el Ayuntamiento de Sant Boi venía reclamando del Ministerio de Defensa la reubicación de los cuarteles, porque se encuentran en el interior. Como ha explicado muy bien el señor Tardá, se encuentran en el centro urbano del
municipio de Sant Boi de Llobregat. Y en 2003 se iniciaron los procedimientos urbanísticos para llevar a cabo la modificación del planeamiento, de manera que permitiera, entre otras actuaciones, reubicar el acuartelamiento en una zona industrial
próxima a la localidad. En todo ese proceso que ha detallado el señor Fernández, hubo diversas comunicaciones con la alcaldesa de la citada localidad, para concretar las necesidades del nuevo acuartelamiento y su emplazamiento definitivo.
Esta
iniciativa cuenta no solo con el voto favorable del Grupo Popular, sino con el voto entusiasta. De lo que se trata es de culminar la enajenación de terrenos, tanto en el caso del acuartelamiento de Sant Boi como en el La Remonta de L'Hospitalet de
Llobregat, que inició un gobierno del Partido Popular y que viene a dar respuesta esas necesidades sociales en ambos municipios.
-SOBRE CESIÓN AL GOBIERNO FORAL DE NAVARRA DEL FUERTE DE ALFONSO XII UBICADO EN LA CIMA DEL MONTE EZKABA-SAN CRISTÓBAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001474.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día.
Tal como hemos hablado al inicio, para facilitar la buena marcha parlamentaria de algunos diputados, pasamos al punto número 7, para que presente esta proposición la
señora Barkos en nombre del Grupo Mixto, de Nafarroa Bai. Adelante, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Señor presidente, gracias, por permitirnos alterar el orden del día para adelantar esta proposición no de ley relativa a la cesión del Fuerte San Cristóbal en Navarra, tal y como recoge la proposición no de ley
presentada por Nafarroa Bai.
Yo quisiera empezar por recodar cuál es el origen de esta propuesta: una visita realizada el pasado 10 de mayo de año 2005 al llamado Fuerte Alfonso XII por los alcaldes de Pamplona y de los pueblos de la comarca afectados por el futuro del
monte Ezkaba-San Cristóbal, acompañados por el consejero de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra y por el delegado de Gerencia e Infraestructuras del Ministerio de Defensa.
Quiero recordar que en esta reunión se encontraban presentes
las tres administraciones concernidas. De aquella reunión surgió con una idea expresada, públicamente expresada, la intención de sentar las bases de una mesa de trabajo formada por la diferentes administraciones, abierta a la participación de otros
sectores sociales, económicos, medioambientales, etcétera, donde se definieran las alternativas para este entorno. Son datos que quiero recordar para dar a conocer que iniciativas de estas características en absoluto pretender solapar a las
administraciones concernidas. Quiero mencionar también dos datos que vienen recogidos en la exposición de motivos para que consten en el 'Diario de Sesiones', El Fuerte de San Cristóbal, llamado Fuerte de Alfonso XII, fue abandonado por el ejército
en el año 1987 y cuatro años después, en 1991, se retiraban los últimos retenes de vigilancia. Son datos importantes porque desde esta fecha el fuerte ha permanecido vacío y abandonado, con el peligro consiguiente e importante para todas aquellas
personas que se acercan, y son muchas, porque el monte de San Cristóbal, -para quienes no conocen la zona-es una prolongación del centro urbano de la ciudad, una zona de ocio y es utilizado por muchos vecinos de la ciudad en el circuito de ocio de
Pamplona. Un dato más para centrar la cuestión: en noviembre de 2001 el Consejo de Ministros declaró bien de interés cultural, con categoría de monumento, a este fuerte.
Lo cierto es que esta iniciativa no es nueva. Ya Izquierda Unida, en el año 1998, trajo al Congreso de los Diputados otra iniciativa muy similar que fue aprobada por unanimidad en esta Comisión. Me temo que corrió mejor suerte que la
actual proposición no de ley que presenta Nafarroa Bai, por una cuestión que trataremos más adelante. En cualquier caso, ya se aprobó una proposición no de ley similar que hablaba de instar al Gobierno a que comenzara conversaciones con el Gobierno
foral de Navarra para llegar a un convenio que posibilitara la utilización con fines recreativos y sociales del Fuerte de San Cristóbal. Se iniciaron las conversaciones que no alcanzaron fruto alguno. Por otra parte, el
cambio de Gobierno nos animó a proseguir en el intento, porque hay una diferencia sustancial entre aquella iniciativa y esta. Aquella hablaba de utilización y hoy hablamos de cesión.
Existe una enmienda del Grupo Socialista que nos convence en parte. La proposición de Nafarroa Bai habla de cesión gratuita, corrección técnica que nos ayuda a solventar la enmienda que presenta el Grupo Socialista.
Sin embrago esta
enmienda se refiere a la utilización, no a la cesión.
Yo no sé si el portavoz socialista en esta proposición no de ley utiliza matices técnicos o de interés de Defensa para insistir en el término utilización. Para ahorrar tiempo a SS. SS., le
animaría al portavoz socialista a que no lo siguiera por esa vía, porque en noviembre de 1998, cuando se aprobó en esta misma Comisión la proposición no de ley de Izquierda Unida, el propio Grupo Socialista, entonces en la oposición, introdujo una
enmienda que decía: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de manera urgente proceda a declarar de no interés militar el Fuerte de San Cristóbal. Señorias tenemos en nuestras manos todas la herramientas para hablar de cesión y no de
utilización del Fuerte de San Cristóbal.
La enmienda del Partido Socialista introduce ciertas correcciones técnicas que mejorarían la proposición de Nafarroa Bai. Este hecho nos anima a llegar a una transacción a la que podremos dar el visto bueno, con lo cual nuestra iniciativa
quedaría de la siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que retome las conversaciones con el Gobierno de Navarra, (iniciadas entonces pero que de momento han quedado sin resultados) con vistas a la suscripción de un
convenio que permita la cesión del Fuerte de San Cristóbal en Navarra, actualmente desocupado y declarado bien de interés cultural, convenio que posibilitaría un proyecto integral que favorezca la utilización del citado fuerte con fines recreativos
sociales y que sirva como homenaje a todas la víctimas del Fuerte de San Cristóbal, como ha señalado el Parlamento de Navarra este año 2006.
Esta declaración del Parlamento de Navarro votada por mayoría, no por unanimidad, no contó con el voto, del Partido Popular de Navarra, de UPN.
Seguramente esta es la razón por la que hoy el Grupo Popular no apoyará esta proposición no de
ley, que sí votó a favor en 1998, cuando la presentó Izquierda Unida, ¿Las razones? No será la primera vez que escuchemos el argumento de la memoria selectiva. Si este el argumento utilizado, quiero manifestar que aunque en Navarra no hubo frente
durante la guerra civil, sí hubo tres mil muertos, que no existen razones para ninguna selección, que el reconocimiento tiene un solo color, y que hubo tres mil personas fusiladas en aquellos tristes años, en una comunidad en la que no hubo frente
de guerra. Dicho esto, animamos a todos los grupos a votar a favor de una proposición no de ley que entra en el mismo terreno que iniciativas de prácticamente todos los grupos presentes en esta Comisión, pero que quiere servir de homenaje en un año
muy especial, que es el de la Memoria Histórica.
El señor PRESIDENTE: No conviene adelantar acontecimientos. En efecto, dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista. Para su explicación y defensa les voy a dar la palabra a los dos representantes de ambos grupos. En
primer lugar, al representante del Grupo Popular, don Carlos Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: La proposición no de ley pretende tratar la situación del Fuerte de San Cristóbal, Fuerte de Alfonso XII, que, como ha dicho la interviniente, en estos momentos presenta un estado lamentable. El fuerte es una
construcción impresionante, de una calidad técnica reconocida y, hoy por hoy, una joya, en la medida en que no existen muchos fuertes de esa categoría. Lo cierto es que nunca se llegó a utilizar para su finalidad y para su uso natural puesto que
los problemas que tuvo su financiación a lo largo de los tiempos tardó unos 32 años en su construcción hicieron que cuando ésta terminó no servía para los fines para los que en su día se proyectó. El titular, obviamente, es el Ministerio de
Defensa. Es una propiedad muy cercana a Pamplona, que desde hace unos años está desclasificada en su interés militar, pero está declarada bien de interés cultural. Merece la pena visitarse pues es una obra impresionante, pero su estado actual, si
se pretende su utilización,requeriría una inversión mil millonaria. una inversión, yo diría que mil millonaria. Para quien es actual propietario esta propiedad, que carece, de un valor urbanístico claro, es más bien una carga que un bien en sí
mismo con un valor económico cierto.Todas las instituciones en Navarra son conscientes de que debemos hacer algo. Así como fue desclasificada su utilización y su uso como instalación militar en el año 1985, hasta ahora se han adoptado algunas
iniciativas para poner de acuerdo a todas las instituciones que pudieran estar interesadas en que tenga un uso recreativo y social. En mayo de 2005 los alcaldes de la zona, que son titulares del monte que rodea a la fortificación, estuvieron viendo
la edificación. Yo no diría que se asustaron, pero desde luego se impresionaron pues públicamente no hicieron una declaración reivindicativa posterior de que querían ese fuerte para los ayuntamientos. Obviamente el mantenimiento, la conservación,
la seguridad los seguros, etcétera, hubieran llevado a la bancarrota a cualquiera de esos ayuntamientos, si al final se hubiera procedido a esa cesión.
Estamos ante un tema complejo que requiere el concurso de todas las instituciones: del
Ministerio de Defensa, que obviamente está interesado en que esa propiedad se traslade, del Gobierno de Navarra, y de los ayuntamientos colindantes que, en el caso de llegar a un acuerdo, tendrían una zona muy interesante, una edificación en la que
caben nuevos usos para disfrute de toda la ciudadanía.
Todos estamos de acuerdo en ello. No obstante las administraciones implicadas, dudan sobre cuál puede ser su futuro o cómo puede solucionarse el problema, porque
las dimensiones del fuerte son de tal calibre que no se sabe, no se sabe cómo alcanzar ese convenio. Estamos de acuerdo en que esa es la fórmula, pero podría convertrirse en un caramelo envenenado si esta cesión se produjera de una manera
en la que no todos los intereses estuvieran satisfechos. El criterio que deberían tener presente las instituciones es el de no crear problemas nuevos al solucionar el relativo a quién pertenece la titularidad de esta fortificación. Estamos de
acuerdo en que se deben impulsar esos acuerdos, en interés de los ciudadanos, pero hemos añadido en nuestra enmienda el que ese convenio venga acompañado de un plan de rehabilitación, porque el estado actual deja mucho que desear.
Quisiéramos que
esa rehabilitación corriera a cargo de la Administración general con lo cual estimamos que se darían mejores condiciones para alcanzar un acuerdo.
Se han citado los antecedentes de las distintas iniciativas que se han tomado, pero que yo recuerde, -salvo la del Parlamento, obviamente-, en la que Izquierda Unida o en las transaccionales con el Grupo Popular, en ningún caso se ha
prejuzgado la utilización de ese fuerte para ningún uso que no sea el general. Se ha hablado de alcanzar un convenio con las administraciones, pero sin mencionar su uso, destacándose que fuera de interés recreativo o social, para todo el mundo.
Con esos antecedentes y en esos términos en los que se ha llegado a consensos en esta y en otras materias, me llama la atención que ahora demos un giro a la situación de forma que entremos en unos parámetros distintos que no sea poner a todo el
mundo de acuerdo y satisfacer todos los intereses. Creemos que esto tiene alguna intención porque si lo que se hubiera pretendido es que hubiera unanimidad, obviamente ni se hubiera presentado la proposición no de ley, ni esta transaccional que
respetamos pero que no compartimos.
Salvo que llegemos a algún acuerdo, antes de la votación que recoja la mención que hacemos a ese plan de rehabilitación previo a un convenio y luego una posible cesión y utilización, o salvo que quede más
genérico y no se prejuzgue, el uso que pueden hacer las instituciones que al final resulten las titulares, en esta votación nos abstendríamos.
El señor PRESIDENTE: Voy a darle la palabra para que defienda la enmienda de los socialistas a don Juan Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Mi grupo ha presentado una enmienda de sustitución con una serie de correcciones técnicas relativas a la cesión. Le doy la razón a la diputada Barkos, en el sentido de que no tenemos ningún problema en
sustituir la palabra utilización por cesión, porque lo importante es que se reinicien las conversaciones, que en el 1998 se produjeron a raíz de la proposición no de ley que entonces se discutió, pero que no dieron lugar a esa cesión, o acuerdo
entre el Ministerio de Defensa y las instituciones navarras destinadas a satisfacer ese deseo social que compartimos los navarros, los ciudadanos de Pamplona y los de municipios como Aizoáin, Berrioplano, Berriozar, Ezkabarte, Burlapeña y otros, que
comparten el monte Ezkaba, y que desean desde hace muchos años que este fuerte, este fuerte de interés cultural tenga otros usos.
Como los diputados que me han precedido en la palabra han explicado bien, este fuerte fue descatalogado como de interés militar en el año 1994, y fue declarado bien de interés cultural en 2001. Aunque en 1998 se aprobó una proposición no de
ley en esta Comisión destinada a fomentar ese uso, se paró el proceso. Creemos que es el momento oportuno de reiniciar las conversaciones. Cualquiera que lo conozca el fuerte comprenderá su importancia para el desarrollo de infraestructuras de
todo tipo en la cuenca de Pamplona. Es evidente que corresponderá al Ministerio de Defensa y a las autoridades institucionales navarras concretar el contenido de esos usos cuando se negocie el convenio en el que se discutan no solamente los usos,
sino también cuestiones relacionadas con su rehabilitación. Dada la magnitud de su infraestructura, esos usos deben ser básicamente recreativos, sociales, culturales y medioambientales, porque el fuerte de San Cristóbal o de Alfonso XII y el monte
de Ezkaba forman parte del cinturón verde de la ciudad y de la cuenca de Pamplona, y como tal debe ser considerado y preservado.
Respecto a la consideración final que ha realizado el diputado Salvador, estimamos adecuada la propuesta de la diputada Barkos. No podemos escapar a la evidencia de la historia, ni tampoco tenemos que ocultar cuestiones que calan muy hondo
en la población navarra. Tal como aprobó el Parlamento de Navarra y se afirmó en el homenaje que se realizó hace unos meses, existe en el monte Ezkaba un monolito que recuerda a las víctimas de la represión franquista durante la guerra civil en
dicho fuerte, de manera que nos parece oportuno que esta Comisión haga suyo ese manifiesto del Parlamento de Navarra del mes de marzo de este año, manifiesto que fue leído en las instalaciones del fuerte en memoria de todos los que allí fueron
fusilados. Nos parece aceptable y oportuna la enmienda transaccional que propone la diputada Barkos, y confiamos en que estas conversaciones se reanuden lo más pronto posible con el objetivo de que el fuerte de San Cristóbal, fuerte de Alfonso XII,
del monte de Ezkaba, sea cedidos a las instituciones y autoridades municipales navarras para darle un uso del que ahora carece para satisfacer necesidades ciudadanas como las que hemos citado.
El señor PRESIDENTE: Señor Moscoso, en la mesa hay una enmienda de sustitución en la cual no se dice lo que usted ha añadido ahora in voce.
Como tenemos tiempo de sobra hasta el momento de votar, le ruego que hablen con el Partido Popular,
porque el debate se ha centrado en eso, para que sepamos lo que votamos. Si es posible votar con unanimidad, este presidente estaría encantado.
Para fijar posición sobre la propuesta y las enmiendas, ¿algún grupo quiere la palabra? Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: No he expresado la opinión de mi grupo en relación con iniciativas que tienen casi las mismas características, alguna de las cuales hemos defendido también en el mismo sentido.
Votaremos favorablemente los
acuerdos a que lleguen los grupos parlamentarios en las iniciativas puntuales. En relación con el primer punto del orden del día, quiero manifestar que presentamos una iniciativa muy similar hace ya unos meses y que llegamos a un acuerdo con otros
grupos parlamentarios. Esa será la posición que defenderá mi grupo, tanto en esta iniciativa particular como en el resto de las pendientes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Maldonado para fijar posición en nombre de Convergència i Unió.
El señor MALDONADO I GILI: Respecto a la cesión al Gobierno foral de Navarra del Fuerte de Alfonso XII ubicado en la cima del monte Ezkaba-San Cristóbal, es más de lo mismo. Con la portavoz del Grupo Mixto decía que hemos hablado de esta
materia durante todo el día y vemos curiosamente cómo se reiteran las mismas de peticiones de cesión, enajenación, etcétera. Creemos que hay un clamor porque no hay ningún grupo que no haya pedido lo mismo: el Partido Popular para unas cosas,
Esquerra Republicana para otras, el Grupo Mixto para otras, Convergència i Unió para otras... Todos tratamos de decirle al Gobierno que reflexione, es una especie de mensaje político de que hay algo que falla, de que una base jurídica y política
falla. Nuestro grupo votará a favor de esta petición del Grupo Parlamentario Mixto, de la señora Barkos, porque tenemos por norma votar a favor de todo aquello que pueda favorecer a algún territorio. Valoramos positivamente esta petición para que
revierta en el territorio una propiedad del Estado en desuso, así como valoramos también la vertiente de memoria histórica como connotación favorable para esta cesión. A diferencia del Grupo Popular, para nosotros es un elemento favorable a añadir
a esta cesión. Este punto 7.º del orden del día sobre cesión al Gobierno foral del fuerte, nos retrotrae a la situación muy parecida del Castell de Montjuic. Es también una instalación militar propiedad del Gobierno en desuso y que tiene una
memoria histórica importante, dado que en el Castell de Montjuic fue fusilado el presidente de la Generalitat de Cataluña. Nos da la impresión de que es una petición en la misma línea. Cuando hablábamos de criterios, también tendría que haberlos
para aquellas instalaciones con una reivindicación territorial y política, pues debería constituir un aspecto positivo a la hora de decidir la cesión. Por tanto, voto a favor de Convergència i Unió y que sirva de referente para peticiones de otros
territorios. El nacionalismo catalán reivindica lo mismo para el Castell de Montjuic para que sirva de añadido, a los parámetros de cesiones de instalaciones en desuso del Gobierno.
-SOBRE DESAFECTACIÓN DE LA SIERRA DEL RETÍN EN BARBATE (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000726.)
El señor PRESIDENTE: Damos por terminado el debate sobre este punto 7.º del orden del día y vamos a pasar al punto 2.º, que se trata de una proposición no de ley sobre la desafectación de la sierra del Retín en Barbate, provincia de Cádiz.
Para su defensa, en nombre del Partido Popular, tiene la palabra don Jesús Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Ocultación intencionada de la verdad, prepotencia e incluso demagogia, es lo que transpira la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a esta proposición no de ley, que ha sido debatida
insistentemente, prácticamente en todas las legislaturas desde la democracia, desde 1982 hasta hoy, en una propuesta que el Partido Popular presenta con el siguiente texto, que pueden conocerlo todas SS.SS: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, a la mayor brevedad posible, se lleve a cabo la firma del correspondiente convenio entre el Ayuntamiento de Barbate y el Ministerio de Defensa para la utilización de suelos que hoy integran la llamada sierra del Retín por parte del
citado municipio, para el mejor desarrollo económico de la población ribereña. 9 de marzo del año 2005.
Dieciséis de noviembre del año 2000. Doña Carmen Romero López, a la sazón esposa del presidente que fue del Gobierno don Felipe González. Una proposición no de ley en esta Comisión de Defensa que dice: Instamos al Gobierno a presentar una
propuesta de desafectación de los terrenos de Defensa, en el término municipal de Barbate, que ya no sean de interés para Defensa, y negociar con el ayuntamiento de dicho municipio un acuerdo para su cesión dentro de la legalidad vigente. Firma
doña Carmen Romero López, diputada número uno por el Partido Socialista en Cádiz.
Don Felipe Alcaraz Masats, portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el 21 de mayo de 2001 presenta la siguiente propuesta en esta Comisión: Proceder a la desafectación para uso de la Defensa de la sierra de Retín e
iniciar negociaciones de la corporación municipal de Barbate para su reversión pactada para usos públicos municipales como contribución a la creación de un plan de desarrollo sostenible.
Por último, señorías, y si me lo permiten, la enmienda presentada ayer, 24 de abril, por el Grupo Parlamentario Socialista, de sustitución: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúen (que sepamos no ha habido ni un solo
contacto entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Barbate desde el 14 de marzo del año 2004, ni uno solo) las acciones emprendidas para
atender las necesidades de la defensa nacional, respetando la conservación de los valores naturales (antes, por lo visto, no se respetaba la conservación de los valores naturales en el campo de adiestramiento de Retín, ahora se van a
respetar) y que estudie otros posibles usos compatibles con la actividad militar. Usos, no terrenos, no desafectaciones; usos.
Señores socialistas, hay usos, hay un aprovechamiento de ganado vacuno allí, en la propia sierra de Retín; hay aprovechamiento agrícola dentro de la sierra de Retín. No sé a qué otra clase de usos se quiere dirigir el Partido Socialista.
Yo cambio por completo mi discurso y mi debate porque me parece que el Congreso de los Diputados es una institución muy seria. Y como las mentiras tienen las patas muy cortitas, no se puede venir a la Cámara a ilusionar a un pueblo como Barbate,
que está en la mayor quiebra técnica de todos los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, por mor del Partido Socialista, diputación, Junta de Andalucía, Gobierno de la nación, al igual que ilusionaron a los españoles con la retirada de las tropas
de Irak, y no cumplirlo. Si se cumple una cosa, se cumple la otra, porque, si no, nos van a decir lo que a los soldados españoles en Irak, gallinas, como nos dijeron todos los ejércitos cuando nos retiramos. Hay que cumplirlo, y el Ministerio de
Defensa, el señor Bono, que Dios guarde, no ha cumplido ninguna promesa en la provincia de Cádiz, ni ha desafectado Camposoto, en San Fernando, ni ha podido paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la base, ni ha procurado que
no haya despidos en la base militar de Rota, y, por supuesto, ha infectado de submarinos nucleares el campo de Gibraltar, cuando por un solo submarino, el Tireless, fue un auténtico escándalo de pancartas, de bocadillos, de autobuses, y ahora han
llegado ocho submarinos nucleares. Este es el señor Bono, que Dios tenga en su memoria siempre como ministro que fue de Defensa.
¿Cómo colabora el Ejecutivo del señor Rodríguez Zapatero con una población que en 1995, siendo presidente el señor González, el convenio o el tratado entre el Reino de Marruecos y la UE, dio por finalizada la pesca en sus aguas
territoriales? Cláusula rescisoria y determinante: Ya no habrá ningún convenio más de pesca en el reino de Marruecos. La población de Barbate, más de 5.000 personas, vivía exclusivamente de esa fuente de riqueza y de la industria conservera. Se
produjo un auténtico cataclismo a partir del año 1995. Tal fue el cataclismo que un municipio gobernado en su mayoría absoluta por el Partido Socialista, en el año 1999 da un vuelco electoral y le da la confianza al Partido Popular. ¿Por qué?
¿Por qué le da el respaldo al Partido Popular? Sencillamente porque desde el año 1996 el Partido Popular, al ver que el acuerdo pesquero ya no tenía ninguna viabilidad, lleva a cabo la realización de un parque industrial de más de 2.000 millones de
pesetas que no se había conocido en la zona, subvenciona a pescadores y armadores, desafecta la Ayudantía de Marina, y abre negociaciones el 22 de mayo de 2001 para la desafectación de la sierra de Retín; 22 de mayo de 2001. Los acontecimientos
que se iniciaron y que desembocaron en el 14 de marzo de 2004 dan la victoria legítima al Partido Socialista, y desde ese momento -14 de marzo de 2004- no hay ni una sola conversación entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Barbate, con
cuyo alcalde acabo de hablar hace 10 minutos.
¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero con la población de Barbate? En primer lugar, le ha retenido el cien por cien de la PIE, más de 600 millones de pesetas. Vamos a hablar todavía de la antigua moneda. En
segundo lugar, no ha pagado los tres millones de euros de las servidumbres militares. En tercer lugar y en lo relativo al capítulo de inversiones, no hay ni un solo euro de inversiones para la ciudad de Barbate. Y en cuarto lugar, ha infectado de
maniobras militares todas las aguas limítrofes de Barbate, destrozando por completo la fauna marina. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? No es de su competencia, pero también quiero decirlo. Pues bien, en primer lugar, ha paralizado sine die el
mayor complejo turístico de la provincia, que tenía todas las bendiciones legales, el del Cabo de Trafalgar. En segundo lugar, tampoco ha invertido un solo euro en Barbate, tenemos las peores infraestructuras, está totalmente abandonado el parque
natural (hago un paréntesis para afirmar que Barbate tiene 15.000 hectáreas de las cuales 5.000 son de Defensa y 4.000 del parque natural, cuya competencia y gestión le corresponden a la Junta de Andalucía), bloquean al alcalde y no hay una sola
acción social reconocida en la citada población de Barbate.
Ante esta situación, me atrevo a presentar una enmienda transaccional a la portavoz diputada por Cádiz del Grupo Socialista. Voy a olvidarme de esta enmienda que me ha presentado que, si me permite decírselo en términos coloquiales, me
parece una tomadura de pelo, y le presento la siguiente enmienda transaccional: Presentar una propuesta de desafectación de los terrenos de Defensa en el término municipal de Barbate que ya no sean de interés para Defensa y negociar con el
ayuntamiento de dicho municipio un acuerdo para su cesión dentro de la legalidad vigente'. Es decir, plasmar hoy, abril de 2006, lo que solicitó el 16 de noviembre de 2000 doña Carmen Romero López, a la sazón esposa del presidente que fue del
Gobierno español don Felipe González.
El señor PRESIDENTE: La frase a la sazón sobraba; lo de esposa, usted lo valorará. Hay una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular, que ha suscrito el Grupo Socialista. Para su defensa voy a dar la palabra a doña Carmen
Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: No voy a decir de quién soy pareja porque no creo que eso tenga nada que ver en esta Comisión. Soy diputada por Cádiz elegida por los ciudadanos, igual que Carmen Romero fue diputada por
Cádiz cuatro legislaturas, elegida por los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cádiz.
En primer lugar, quisiera expresar mi extrañeza por esta proposición no de ley que presenta el Partido Popular. Sabemos que en ese discurso radical que ha situado al PP en su estrategia de oposición son capaces de pedir lo que creen que no
deben de pedir, su posición ha sido siempre la de no desafectar nada del Retín de Barbate. En segundo lugar, denota una falta de iniciativa y de ideas alternativas. Justifican su trabajo a través de malas copias de ideas del Grupo Parlamentario
Socialista, llevándolo a un extremo cuando saben que esa no es nuestra posición. En lo relativo a las peticiones del Ministerio de Defensa, el Grupo Parlamentario Socialista las adoptará de forma coordinada con ese ministerio. Porque al Partido
Popular ante todo no le interesa el diálogo ni la colaboración, ni siquiera que las iniciativas puedan salir adelante. El citado partido reconoce hoy, por primera vez, que las instalaciones del Ministerio de Defensa en Barbate suponen un
estrangulamiento al desarrollo económico.
Mi grupo parlamentario reconoce hoy, como grupo que apoya al Gobierno, pero también ayer, como grupo del principal partido de la oposición, que Barbate tiene terrenos acotados, tanto de Defensa como de la
Consejería de Medio Ambiente, que imposibilitan hacer uso de los mismos para desarrollar otras actividades. Y digo otras actividades porque la principal actividad que movilizaba la economía de Barbate era la pesca.
Yo creo que el señor diputado
del Partido Popular ha sufrido hoy en su intervención problemas muy serios de memoria, que yo le aconsejaría que debería de tratarlos, y pienso que son problemas muy serios de memoria porque no me gustaría pensar que lo que está haciendo es faltar a
la intención y a la verdad. Decía que Barbate tenía como principal actividad que movilizaba su economía, la pesca. El Partido Popular fue incapaz de mantener el acuerdo pesquero con Marruecos, se acabó a finales del año 2000. Eso dio pie a que mi
compañera, y diputada elegida por los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz, Carmen Romero, en el mismo mes que se ponía fin a ese acuerdo, pidiera al Gobierno, a través de una proposición no de ley, una propuesta de desafectación de terrenos de Defensa
en el término municipal de Barbate que no fueran de interés para la defensa nacional. (El señor vicepresidente, Suárez González, ocupa la presidencia). Hoy, ni siquiera el concepto de interés para defensa nacional lo mantiene el Partido Popular en
su discurso. En su estrategia radical el PP viene a pedir -leo textualmente su iniciativa; luego ha presentado una transaccional- la utilización de los suelos que hoy integran la llamada sierra del Retín, es decir, todo el suelo de la sierra del
Retín. Ni siquiera en la moción del Grupo Parlamentario Socialista que aprobó en la legislatura pasada el Parlamento de Andalucía, y a la que el PP se opuso, se pidió una desafectación total, no, se pidió una desafectación parcial y en terrenos que
no tuvieran interés para la defensa nacional.
Cuando el Partido Popular gobernaba ni se preocuparon de los pescadores ni de los ciudadanos de Barbate, porque no le dieron ni una compensación económica al ayuntamiento para soportar la situación. Mi grupo parlamentario, a lo largo del
tiempo, siempre ha defendido lo mismo, que se contemple el suelo que carezca de interés militar. El señor Mancha señalaba el otro día en un comunicado de prensa que se iniciaron conversaciones con el Ayuntamiento de Barbate cuando gobernaba el
Partido Popular, y que estas quedaron interrumpidas cuando llegó el PSOE al Gobierno. Más bien pienso que estas conversaciones no se dieron, por eso digo que algo falla en la memoria del señor Mancha, porque yo tengo aquí notas de prensa que
recogen declaraciones del señor Mancha que dicen: Mancha asegura que, sin embargo, no consta que existan conversaciones entre el alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús, y el Ministerio de Defensa, y que el Ejecutivo reconoce que a corto plazo es
inviable.
Tan preocupado estaba el Partido Popular por la situación del municipio que se cargaron la actividad pesquera, no dieron compensaciones al municipio, y no desafectaron nada del Retín. Hoy nos piden que lo desafectemos todo. Mire, señor
Mancha, el Gobierno socialista le está dando cada año al Ayuntamiento de Barbate 500.000 euros, en concepto de ayuda, por tener en su término una gran superficie de defensa. El PP nos critica que es poco, pero muchos ayuntamientos querrían ingresar
en sus cuentas ese dinero cada año, y no los cero céntimos que le daba el Gobierno del Partido Popular. Usted mismo, en junio del año 2003 -tengo aquí el titular de una nota de prensa- reconoce que el PP no considera necesario compensar
económicamente a Barbate. El PP no, el Gobierno socialista sí, y por eso el Grupo Parlamentario Socialista ha introducido una enmienda en los dos presupuestos que lleva para que esto sea así.
El Gobierno socialista ha llegado a un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos y los pescadores de Barbate van a volver a faenar en esas aguas. El Gobierno socialista ha dado compensaciones económicas directas y en especie, como el polígono
industrial al que usted ha aludido, pero déjeme que le refresque la memoria, porque pusieron la primera piedra, como tantas primeras piedras que pusieron, pero estuvieron dos años sin hacer absolutamente nada. Cuando llegó el Gobierno socialista
fue cuando se presupuestó y empezaron las obras, y eso lo saben todos los barbateños y todas las barbateñas. Además, creo que usted tampoco lee la prensa, porque si no sabría que el Ministerio de Medio Ambiente ha dado ya una cantidad muy
importante para, digamos, adjudicar las obras que hay que hacer en el parque natural. Tengo que decir todo esto para aclarar algunas cosas no ciertas que ha dicho el señor Mancha.
El Grupo Parlamentario Socialista sigue pensando lo mismo; si hay una zona del Retín, o de cualquier lugar de España, que no tenga interés para la defensa nacional, que no tenga uso, entonces se puede negociar con las administraciones
competentes. Eso es lo que se está
haciendo en otros sitios, pero primero hay que determinar que no tienen uso para la defensa, luego desafectarlo, y después de desafectarlo ponerlo en negociación con otras administraciones. Y usted conoce bien que en el informe de este año,
porque le han dado una respuesta parlamentaria, no se contempla la desafectación total del Retín. Por tanto, no tiene sentido que pida hoy lo que le acaban de contestar en una respuesta parlamentaria. Ahora bien, eso no quita para que el
Ministerio de Defensa siga estudiando otros posibles usos compatibles con la actividad militar en alguna zona delimitada de la sierra del Retín, y si en un momento dado considera que hay zonas que no son de interés para la defensa nacional, el Grupo
Parlamentario Socialista va a ser el primero que pida esa desafectación. Ese es nuestro compromiso, y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Defensa en tantos y tantos sitios, también en la provincia de Cádiz. Mi grupo está trabajando, el
Ministerio de Defensa también, pero, mire usted, los tiempos no nos los va a marcar el Grupo Popular, porque entonces nos quedaríamos parados y paralizados toda la vida, y este país no avanzaría nada, como en sus ocho años de Gobierno.
Hemos presentado una enmienda que recoge la verdad, es decir, lo que podemos ofrecer ahora y lo que el Ministerio de Defensa está haciendo, e instamos a que se estudien esos otros posibles usos compatibles con la actividad militar en el
campo de tiro de la sierra del Retín. Y eso, repito, está antes que una negociación con un ayuntamiento. Por cierto, que lo primero que tendría que negociar el Ayuntamiento de Barbate con el Ministerio de Defensa, para sentarse tranquilo a una
negociación, es saldar la deuda que tiene todavía con el Ministerio de Defensa, porque aún le debe mucha parte de la antigua Ayudantía de Marina. Se le ha dado un aviso de ir a juicio, ha pagado una parte, y tiene un segundo aviso casi en puertas
porque no ha pagado.
Mi grupo parlamentario va a votar en contra de la proposición no de ley, con la que, si seguimos los principios del Partido Popular, yo creo que no podrían votar a favor ni ellos mismos, porque nunca han creído en esa desafectación, y lo que
sí hacemos es ofrecerles la enmienda que he comentado anteriormente.
El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) Señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Sí, muy brevemente. A nuestro grupo le gustaría un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios en este punto. En caso de que fuera así, votaríamos a favor; y en caso contrario nos abstendríamos, porque vemos que
se ha convertido en un paladín político, en un tema de enfrentamiento político entre un grupo que cuando gobernaba no lo hizo, y ahora quiere que el que gobierne lo haga, y en estas diatribas nuestro grupo no entrará nunca. Como ha dicho la
portavoz del Grupo Socialista, Barbate vivió una época muy triste con el cierre de casi toda su flota pesquera. El portavoz que les habla recuerda muchas intervenciones en este hemiciclo, en las cuales yo, siendo de Convergència i Unió, pedía
reiteradamente al Partido Popular que tuviera una actuación de apoyo a la flota pesquera de Barbate, y no se llegó a ello, y hoy sorprende este énfasis de defensa del municipio de Barbate. Por tanto, no entraremos en peleas políticas. Si hay
acuerdo entre los dos grupos votaremos a favor; en caso contrario, nos abstendremos, reiterando que es otro punto más sobre lo que hemos dicho desde las 10 de la mañana. Llevamos más de dos horas hablando de temas y más temas, y de alguna forma
queda claro que hay que hacer un listado de realidades y tener unos criterios claros para evitar más jornadas como la de hoy, en la cual nos pasamos la mañana hablando de temas concretos y de municipios concretos.
El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): Señor Mancha, simplemente para saber si acepta o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MANCHA CADENAS: Señor presidente, discúlpeme, pero es al contrario; es el Partido Socialista el que tiene que decir si acepta la transaccional que yo le estoy ofreciendo, que es el texto de la proposición no de ley presentada por
el Grupo Socialista en el año 2000.
El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): Señor Mancha, hay una enmienda presentada por escrito del Grupo Parlamentario Socialista a su iniciativa. Necesitamos saber si la acepta o no la acepta.
El señor MANCHA CADENAS: Yo no la puedo aceptar porque he presentado una transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): Muy bien. Ha dicho usted que no acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
-RELATIVA A LA RETIRADA DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS DESTACADAS EN AFGANISTÁN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001239).
El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): Pasamos a la siguiente iniciativa, relativa a la retirada de las tropas españolas destacadas en Afganistán, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Esta legislatura comenzó con una decisión por parte del nuevo Gobierno, del Gobierno del Partido Socialista, que nosotros apoyamos, retirando las tropas españolas de Irak. Tropas
españolas que estaban al margen de la legalidad internacional, en confrontación con la opinión pública y sin un mandato expreso del Congreso de los Diputados. En estos momentos mi grupo parlamentario presenta una iniciativa, a mediados de
legislatura, para consolidar la nueva política exterior del diálogo de civilizaciones, superando una hipoteca del Gobierno anterior, la presencia de nuestras tropas en Afganistán, y por tanto replegando dichas tropas, retirando dichas tropas de
Afganistán.
Es verdad, señorías, que hay muchas cosas que diferencian la presencia de tropas en Afganistán de lo que he comentado con respecto a Irak. En Afganistán, las tropas españolas y otras están bajo mandato de Naciones Unidas. Los sucesivos
cambios de la presencia de tropas españolas han sido aprobados últimamente por el Congreso de los Diputados, a la luz de la Ley de Defensa Nacional que hemos pactado, y por otro lado, existe por parte del Gobierno la intención de separar claramente
la presencia de nuestras tropas en el marco del ISAF de la operación de guerra Libertad Duradera. Sin embargo, una cosa son las intenciones y otra bien distinta la realidad. A esta legitimidad de origen le sucede, en nuestra opinión, una situación
en Afganistán muy complicada. Hoy mismo se encuentra el nuevo ministro de Defensa en Afganistán, y parece ser, a tenor de lo que le he oído, que trasladará la petición del Ejército de incrementar nuestras tropas en Afganistán. No sabremos si serán
150 ó 200 militares más, pero, en definitiva, de nuevo nos vemos obligados a corregir sobre la marcha nuestro calendario y nuestra misión en Afganistán. No es la primera vez. En Afganistán hemos pasado por un incremento de tropas para unas
elecciones presidenciales; reducción de tropas e incremento de las mismas para unas elecciones legislativas; negativa a participar en los órganos de reconstrucción territorial, más tarde corregida sobre la marcha con una nueva propuesta de
presencia en el ámbito territorial; negativa recientemente del presidente del Gobierno al incremento de tropas; y ahora una nueva corrección sobre la marcha, con un incremento de tropas, aunque sea un incremento menor.
En nuestra opinión, no se justifica. No se justifica, aunque sea argumentado por parte del Ejército para una mejor situación de los militares, ni tampoco se justifica a la luz de la inseguridad cada vez mayor en Afganistán. Nosotros
pensamos que lo que está ocurriendo en Afganistán debería llevar al Gobierno a una decisión muy diferente; no al despliegue de nuestras tropas en Afganistán, sino al repliegue y retirada de nuestras tropas de aquel territorio. Nosotros
consideramos que, en primer lugar, la finalidad aprobada por Naciones Unidas se ve cuestionada día a día por la operación Libertad Duradera. Es muy difícil mantener una operación de guerra y una operación de reconstrucción al mismo tiempo. La
demostración de ello es que, cada vez que cambia la estrategia militar norteamericana, se produce un descalabro de lo que ellos consideran su retaguardia, de lo que ellos consideran su infraestructura: ISAF. La última ofensiva norteamericana ha
provocado más inseguridad en los territorios, inseguridad que afecta a las tropas españolas. Dos incidentes recientes, en marzo y en abril, lo acreditan. Luego, en nuestra opinión, es muy difícil mantener los objetivos de reconstrucción del ISAF
en el marco de una ofensiva norteamericana en la zona.
Pero es que además en estos momentos esa zona, si no lo era ya, es cada vez más estratégica para Estados Unidos. A su carácter estratégico en torno a la denominada lucha contra el terrorismo hay que sumar hoy su carácter estratégico también
desde el punto de vista territorial y en sus relaciones con una zona conflictiva: Irán. Por tanto, sería necesario enmarcar nuestra presencia en Afganistán en lo que podemos denominar la estrategia del gran Oriente o la estrategia de la guerra
preventiva de Estados Unidos, que no corre en estos tiempos buena fortuna para esa estrategia, o que no corren buenos tiempos para esta estrategia. Por tanto, afectados por una estrategia que nos es ajena, afectados por una guerra que se produce al
mismo tiempo que una pretendida reconstrucción, y afectados por una estrategia que nos es ajena y que además cada vez obtiene peores resultados.
Señorías, a pesar de que no contamos con informes del Centro Nacional de Inteligencia -curiosamente me llegan de prácticamente todos los sitios menos de Afganistán-, los informes tanto norteamericanos como los informes británicos que hoy se
están discutiendo, por ejemplo, en el Parlamento británico, demuestran que la situación no solamente es cada vez más insegura, sino que además los objetivos que se había planteado la comunidad internacional están, podemos decir, al menos
parcialmente frustrados. Los objetivos en relación con la reconstrucción democrática no se han cumplido, la situación de derechos humanos es absolutamente precaria, según Naciones Unidas y según Amnistía Internacional, y, en definitiva, podemos
estar ante una situación de estancamiento cuanto menos de la situación que obligue a la permanencia, le decía el otro día al ministro, hasta que huela a ajo, de las tropas militares en Afganistán. Es decir, no ante una misión concreta, para un
plazo determinado, sino probablemente ante la presencia indefinida de tropas -probablemente más de una década- en Afganistán, con unos objetivos de reconstrucción material y de reconstrucción democrática bastante lejanos, por decirlo de alguna
manera, por no decir objetivos bastante precarios.
Esa es la razón, o las razones, al margen de un coste, aunque no está directamente relacionado con Afganistán y la guerra de Afganistán, en vidas humanas y un coste material sobre el que creemos que deberíamos reflexionar. Es nuestro mayor
coste en estos momentos en presencia de tropas en el exterior, lo que debería obligar a una reflexión, a una reconsideración por parte del Gobierno. Todas estas razones, frente a lo que se nos va a proponer en los próximos días, que es un
incremento de tropas, que según la Ley de Defensa Nacional necesitará ser aprobado por el Congreso de los Diputados,
nos llevan a proponer, por el contrario, no un incremento de tropas sino una retirada, un repliegue de tropas por parte del Gobierno español para, por una parte, cancelar lo que ha podido ser nuestra implicación en una política errónea del
gran Oriente, una política errónea que está trayendo muy negativas consecuencias, aunque sea una política heredada, y por otra parte para reforzar la Alianza de Civilizaciones que ha anunciado el presidente del Gobierno y que debería tener un
criterio, que aún no conocemos, de presencia de tropas españolas en el exterior. En ese sentido, damos algunos apuntes de esos criterios que responden tanto a los intereses españoles como a las vinculaciones de nuestro país en el ámbito
internacional.
Ese es el sentido de la iniciativa que nosotros hemos presentado ante esta Comisión. Consideramos que es una iniciativa oportuna, y que debería llevar al Gobierno, a mitad de legislatura, a retomar la política exterior y la presencia de
tropas que inició a principios de la legislatura, es decir, a retomar una nueva política exterior alejada de la guerra preventiva y de la estrategia del gran Oriente, que en estos momentos está fracasando, y adoptar una nueva política exterior con
presencia de tropas españolas que tuviera el límite infranqueable de la imposición de la paz. En nuestra opinión, no deberíamos ir más allá. Por eso esta iniciativa parlamentaria, que no será la última, y que seguiremos reiterando ante esta
Comisión, porque estamos convencidos de que no hacemos nada en Afganistán, y que podríamos destinar lo que hoy destinamos en términos económicos y humanos en Afganistán a un esfuerzo de carácter cooperativo y no militar. Esa es la opinión de
nuestro grupo parlamentario, y por eso esta iniciativa sobre la retirada de tropas de Afganistán.
El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): Tiene la palabra el señor Maldonado, del Grupo Catalán.
El señor MALDONADO I GILI: Meramente para posicionar el voto de nuestro grupo, que no será favorable a esta petición de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, básicamente porque es un tema recurrente en el que nuestro grupo se ha
definido reiteradamente.
Nosotros sí estamos de acuerdo, estábamos y estamos de acuerdo con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds en sus posicionamientos respecto a Irak, éramos partidarios de la salida inmediata de Irak -se salió y aplaudimos al Gobierno-
y somos partidarios de mantener la situación en Afganistán. Por tanto, en aras de esa voluntad, daremos apoyo al Gobierno en la situación actual. ¿Por qué? ¿Por qué en un sitio sí y en otro sitio no? Pues muy fácil, lo ha dicho el señor
Llamazares, porque en Afganistán estamos bajo las órdenes, la supervisión y la dirección de Naciones Unidas; en Irak se fue por libre y sin ningún apoyo institucional, y sobre todo en contra del pueblo español. Por tanto, Irak no tenía ningún
sentido, no tenía ninguna base, no tenía ninguna lógica; Afganistán tiene diversas lógicas, diversas bases, y tiene un sentido, que es consolidar la democracia en un país donde es incipiente y con una historia de barbarie terrorista extraordinaria.
Afganistán, a más a más, está en una zona donde, en caso de que se retiren las fuerzas de pacificación, las fuerzas que la ONU dirige y supervisa, puede caer en manos de los terroristas. Cada día oímos que se empiezan a recrudecer algunos atentados
de diferente tamaño, empezamos a ver algún asesinato, alguna nueva novedad negativa, desde el punto de vista de presencia del terrorismo en Afganistán. ¿Queremos volver a ver a los señores de la guerra, los talibanes, apoderándose de Afganistán?
Puede pasar si se retiran las fuerzas de pacificación. ¿Queremos volver a ver a Afganistán convertido en el reducto de los talibanes de Al Qaeda, del terrorismo? Pues puede pasar.
Por este motivo nosotros no daremos apoyo a esta petición respetable y que entendemos desde la lógica de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, lo he dicho reiteradamente, pero no lo compartimos y por tanto no la daremos apoyo. Y
aprovecho la ocasión para expresar mi preocupación.
Hoy, en un medio de comunicación, en La Razón, leo una entrevista de dos páginas, una entrevista a fondo con el general Félix Sanz Roldán, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, y el título ya de
salida dice: Voy a proponerle al ministro un redespliegue de la misión en Afganistán. Esto te hace entrar más en detalle en la entrevista, y lees: Si en un momento determinado tuvimos un proyecto en esa zona, y en primavera tendremos seis, no
significa que vayamos a tener seis veces más soldados, pero no cabe duda que la unidad de protección tendrá que ser mayor, lo que puede conllevar una modificación en algunas de las estructuras. Es preocupante que el Congreso de los Diputados se
tenga que enterar de una propuesta de este calado y de esta dimensión por un medio de comunicación. Chapeau por el medio de comunicación que ha conseguido la exclusiva, pero dice muy poco a favor del nuevo ministro, por cierto, nuevo ministro que
yo pensaba que hoy, en esta primera Comisión de Defensa, comparecería. El anterior ministro Bono fue aplaudido reiteradamente por todos los grupos aquí presentes por haber comparecido a diestro y siniestro, yo le llegué a llamar el ministro
comparecedor y le aplaudía sus reiteradas comparecencias, y el nuevo ministro brilla por su ausencia en la primera Comisión de Defensa. Esperemos que sea porque está aterrizando y tiene mucho trabajo, pero nos gustaría que priorizara el Congreso de
los Diputados como hizo su antecesor, porque esto sería una muestra de respeto. Nos hubiera gustado que hoy hubiera estado aquí el ministro, hoy o antes, cuanto antes, mejor, porque queremos saber qué piensa hacer con su ministerio, qué piensa
hacer con una serie cosas, y le habríamos preguntado si sabe algo, si comparte este resdespliegue, este aumento del número de soldados, todo esto que, curiosamente, tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, según la nueva Ley Orgánica de
Defensa, pero vemos que se sigue utilizando
el sistema de anunciarlo en los periódicos o en unos determinados medios de comunicación y así ya se allana el camino. Mal sistema.
Por tanto, sí a la presencia en Afganistán, no a según qué aumento o qué presencia de más personal humano, más soldados. Nos gustaría que se nos aclarara. Esperamos que sea solo una intención de voluntades que se ha escapado en una
entrevista y que cuando sea cierto se dé al Congreso de los Diputados el espacio, el respeto y la prioridad que merece y que requiere la nueva ley aprobada por este Congreso.
El señor VICEPRESIDENTE (Suárez González): Tiene la palabra el señor Atencia por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ATENCIA ROBLEDO: La posición de nuestro grupo sobre el debate que se plantea es clara y nítida. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Nuestro grupo parlamentario respaldó, igual que el resto de la Cámara, las acciones
militares que se adoptaron en su momento como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas y a Washington y las decisiones que en términos políticos representaron la invocación por parte del Gobierno de los Estados Unidos del artículo cinco del
Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, así como las misiones militares que posteriormente se han ido poniendo en marcha, en unas ha estado España y en otras no ha estado, y en unas ha participado de una forma y en otras de otra. Desde el Grupo
Parlamentario Popular siempre hemos entendido que la presencia militar española en Afganistán viene determinada por la voluntad del Reino de España de corresponder en un primer momento a las necesidades que surgieron de esa invocación y aplicación
del artículo cinco del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, y específicamente lo que significó una misión militar vinculada a la defensa de la libertad frente al terrorismo. Después se han ido poniendo en marcha una serie de misiones de
distinta naturaleza, con distintas coberturas jurídicas todas, que se referían a la reconstrucción de Afganistán y alguna al proceso electoral. Y en todo momento el Grupo Parlamentario Popular, sustentando al Gobierno o estando en la oposición, ha
respaldado la presencia militar española en Afganistán y ha entendido que era necesaria la presencia de las tropas extranjeras en una misión internacional en ese país; en un primer momento, después y hoy. Eso no ha ocurrido siempre así con todos
los grupos de esta Cámara. El Grupo de Izquierda Unida que hoy plantea esta iniciativa tuvo una posición diferente, igual que la tuvo en otros momentos, igual que la tuvo en relación con las distintas situaciones que se produjeron y misiones
militares que se plantearon con el conflicto de los Balcanes en sus distintas etapas y en donde hubo misiones de todo tipo. El señor Maldonado y todos los que últimamente dicen que las misiones internacionales solo se pueden hacer con la cobertura
o con la autorización de Naciones Unidas probablemente sean de flaca memoria cuando recuerden la misión militar en los Balcanes, que se hizo sin ninguna autorización, sin ningún mandato expreso de Naciones Unidas porque era imposible obtenerlo, y se
hizo mediante la cobertura logística, política y militar de la Alianza Atlántica, de la que en ese momento era secretario general un español conocido. Si entonces Izquierda Unida no lo respaldó, no me sorprende nada que en este momento el señor
Llamazares tome posiciones políticas totalmente distintas, pero entendemos perfectamente lo que plantea aunque no lo compartamos. Esta tarde en el Pleno se va a poder hablar sobre esta cuestión y fijaremos nuestra posición sobre una iniciativa
concreta que nosotros planteamos, incluso asuntos de actualidad han obligado y obligarán a su actualización.
En cualquier caso, coincidiendo con otros grupos, aunque con matices, nosotros no vamos a poder respaldar esta iniciativa porque, insisto, entendemos que la presencia de tropas occidentales es imprescindible en Afganistán. España debe
mantener su participación. No podemos defender la causa de la libertad y después abstenernos de las obligaciones que conlleva, sobre todo cuando se pretende utilizar como gran argumento para replantear nuestra misión y nuestra presencia en
Afganistán ese concepto tan vacío como la Alianza de Civilizaciones, que no es ni más o menos, tal como se plantea, que la renuncia a la defensa de los valores, de los principios en que se sustenta la civilización occidental, la civilización
democrática, que precisamente ha dado ejemplos de apertura a otras formas de entender el mundo. En cualquier caso, ese sería un debate profundo en el que me encantaría extenderme pero no es el del día de hoy, pero como se utiliza como coartada o
como argumentación para plantear la posición política del señor Llamazares podríamos hablar mucho.
El punto principal de la iniciativa, que como saben es la retirada de las tropas de Afganistán, no va a tener nuestro respaldo. Se plantean después medidas complementarias como reorientar los fondos que se destinan a las misiones en el
exterior, diseñar una estrategia propia de participación española en operaciones de paz de acuerdo con esos principios de la Alianza de Civilizaciones, que no compartimos, que en dichas misiones prioritariamente se señala un escenario y se excluyen
otros, y después fundamental se extiende en lo que sería la conversión de las Fuerzas Armadas en una ONG formal pero con armas. Esa es la filosofía que avala la iniciativa de Izquierda Unida y que tiene, no en este tema sino en otros colaterales,
iniciativas como cuando se ha planteado en esta Cámara que la base de Rota, la base española de utilización conjunta entre España y Estados Unidos, se convierta en una ONG. Eso se ha planteado en esta Cámara y se sigue la misma línea. Me parece un
planteamiento que hacen minorías que pretenderán convertirse alguna vez en mayoría, pero que difícilmente conectan con la realidad de las responsabilidades del mundo en el que estamos y que en modo alguno este grupo va a respaldar.
Dicho esto -voy terminando, señor presidente-, el que nosotros respaldemos la posición que España siempre ha mantenido, la que hasta ahora ha ofrecido el Gobierno socialista respecto a nuestra presencia en Afganistán, y podamos fijar la
posición que corresponda cuando se nos planteé la ampliación del contingente español en Afganistán, en cuyo debate y votación fijaremos nuestra posición, no puede ocultar dos elementos: por una parte, que el actual Gobierno de España y su
Ministerio de Defensa con el señor Bono (y no sabemos el nuevo ministro porque de momento no se le conocen muchos planteamientos salvo olvidarse de esta Cámara) sistemáticamente han tratado de ocultar el riesgo de las misiones internacionales y han
pretendido dar una visión idílica como si estuvieran exentas de riesgo y poco menos que fueran una especie de viajes de acompañamiento sin ningún tipo de amenaza, sin ningún tipo de riesgo para nuestras tropas. Simplemente analizar los
acontecimientos más recientes que se han producido en Afganistán demuestra que ese empeño incluso ha condicionado al Gobierno a la hora de no querer tomar decisiones. Y si lo que la prensa dice, lo que se ha publicado en la prensa es verdad, y
supongo que lo será pero en esta Cámara no se ha sabido nada, es evidente que el dimitido, destituido o desaparecido señor Bono, como ministro de Defensa, al parecer no quiso, no sabemos si por principios, por voluntad, por responsabilidad o por
complejo político, afrontar la petición que habían hecho las Fuerzas Armadas sobre el número de nuestros militares en Afganistán por las necesidades de las misiones a atender y por los riesgos que teníamos. En cualquier caso, hay que denunciar esa
actitud. A las cosas hay que darles su nombre. El Gobierno tiene que venir a esta Cámara a pedir autorización cuando lo necesite, a informar con toda claridad, y no tenemos que acomplejarnos de lo que hacen las Fuerzas Armadas en Afganistán, y
además hay que asumir lógicamente los riesgos que toda misión militar representa. Por eso nos resulta especialmente llamativo, y lo denunciamos, que el Gobierno incumplió ya en una ocasión la Ley de Defensa Nacional. Al señor Bono se le llenó la
boca hablando de la necesidad y la obligación de que ningún militar fuera al extranjero en una misión internacional -igual que lo ha dicho el presidente del Gobierno- sin el conocimiento de la Cámara.
Finalmente en la Ley de Defensa no solo se
hablaba de conocimiento sino de la autorización con carácter previo, salvo determinadas circunstancias, y nuestros militares fueron a una misión al exterior, a Mauritana, por un problema vinculado a la inmigración y esta Cámara no se enteró ni antes
ni durante ni después, no se le ha pedido autorización y claramente se incumplió la Ley de Defensa Nacional. Y en este momento nos parece que el mecanismo de traslado de información al Parlamento no es la publicación en un diario, aunque sea
gubernamental, de esa información.
Por supuesto que el mecanismo de consulta no es ese. El mecanismo de consulta debe producirse y, por tanto, a ello esperaremos.
Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la iniciativa por las razones dichas.
El señor MALDONADO I GILI: Señor presidente, un segundo solo para evitar un error de expresión. En mi intervención he hecho mención de un artículo en el periódico La Razón y decía: Hoy leemos en el periódico La Razón, pero no era de hoy
sino de unos días atrás. Rogaría que constara en el 'Diario de Sesiones' para evitar alguna confusión. Me refería a hoy porque hoy es el día que hemos tenido la sesión. El artículo es de hace dos semanas, del día 2 de abril exactamente.
El señor PRESIDENTE: Así constará, señor Maldonado.
Para terminar este debate, tiene la palabra el señor Cuadrado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CUADRADO BAUSELA: Estoy todavía afectado por la última intervención, en la que es evidente que el diputado que ha intervenido tiene un buen recuerdo del ministro Bono y le echa en falta. Yo también recuerdo debates en esta Cámara
en que el ministro contestó a algunas cuestiones relacionadas con hechos que han ocurrido, algunos de ellos luctuosos, y el señor diputado que intervenía seguramente tenga un recuerdo del ministro Bono que no se le vaya nunca de la memoria.
La propuesta que se hace, señor Llamazares, es básicamente de retirada de nuestras tropas, de nuestra misión en la ISAF en Afganistán; exactamente ese el contenido. Bien en verdad que a propósito de esa propuesta luego se hacen otras
consideraciones y propuestas de Izquierda Unida respecto a lo que debería ser -luego me voy a referir a ellas- la estrategia del Estado español respecto a sus misiones con componentes militares en el exterior. En primer lugar, veo que no ha
cambiado la posición de la Cámara, no ha cambiado la posición de los grupos parlamentarios respecto a la valoración de nuestra misión en Afganistán, que ha sido tratada en este Cámara, se ha votado y por tanto manifiesta una voluntad parlamentaria
respecto al apoyo a nuestra misión, a lo que están haciendo nuestras tropas en Afganistán. No hay ningún cambio. Por tanto, es un debate que se plantea de manera reiterada con las posiciones de los grupos parlamentarios ya conocidas y,
específicamente, la posición expresada de manera concreta en esta proposición no de ley de Izquierda Unida. Así que una vez más voy a reiterar la posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto a lo que hoy ocurre en Afganistán, nuestra
participación allí, la actividad del Estado español, y consideraciones que puedan ser coyunturales, concretas, respecto a las circunstancias que hoy se dan en Afganistán.
En primer lugar, estamos en Afganistán, en la ISAF, porque nos lo ha pedido Naciones Unidas; nos lo ha pedido de manera reiterada. No hay ninguna corrección
sobre la marcha, absolutamente ninguna. A cada una de las respuestas del Gobierno, por supuesto a través del apoyo explícito de la Cámara, que hoy es imprescindible, hoy sí, hay que votarlo aquí, a través de la autorización explícita -por
emplear la expresión de la ley- del Parlamento, hemos ido respondiendo en cada caso a peticiones expresas del secretario general de Naciones Unidas y de Naciones Unidas, todas con cartas como esta, con un formato muy parecido, cartas como esta del
secretario general Kofi Annan que nos pide explícitamente, esta en concreto, que apoyáramos mediante una fuerza militar el último proceso de las elecciones parlamentarias en Afganistán. Son cartas explícitas, acuerdos del Consejo de Seguridad que
especifican exactamente, algunas de ellas con angustia, que necesitan fuerza militar para que en una labor de estabilización, de mantenimiento de la paz, se pueda desarrollar un proceso de construcción de un Estado, y en caso contrario estaríamos
ante un Estado fallido y, por tanto, en la peor de las situaciones que en materia de derechos humanos, en materia de supervivencia puede pasar hoy cualquier comunidad en el mundo. Por tanto, estamos allí porque en cada caso concreto nos lo ha
pedido el secretario general de Naciones Unidas.
Es más, no se hacen correcciones, incluso aquí se habla de una planificación para años, que no es posible por cierto, como es lógico, pero cada seis meses se produce un acuerdo que va prorrogando la
petición de fuerzas militares a través de la ISAF a la comunidad internacional y a la que nosotros hemos respondido. No es, por tanto, algo que se pueda planificar a mucho tiempo. Naciones Unidas tiene un ritmo temporal y nosotros estamos bajo el
paraguas explícito de Naciones Unidas. Esto es, señorías, el principio de la multilateralidad. No es ninguna guerra preventiva, como se dice en los razonamientos de la proposición no de ley. Al contrario, es el criterio de la multilateralidad, es
el criterio que se plantea en la Alianza de Civilizaciones, es el criterio planteado por el presidente del Gobierno español, con bastante éxito como se puede ver en todo el mundo en cuanto a respuesta. El criterio que hay tras la propuesta del
presidente del Gobierno español de la Alianza de Civilizaciones hoy es un hecho que está en manos de un grupo de alto nivel de Naciones Unidas y que, por tanto, forma parte de uno de los instrumentos de política exterior, de política de seguridad
más importantes que se pueden dar desde el punto de vista de la multilateralidad, justo lo contrario de lo que han sido otras intervenciones u otras actuaciones.
Nosotros, de manera programada, de manera absolutamente coordinada, sin ninguna improvisación, nos salimos de Libertad Duradera por acuerdo del Gobierno español en julio del año 2004. Es un hecho y hoy ante la opinión pública española, que
se puede preguntar qué hacen militares españoles tan lejos de casa en Afganistán, el peor favor que le podemos hacer a la paz en el mundo, el peor favor que le podemos hacer a la defensa de los derechos humanos en el mundo, en la línea planteada en
la última cumbre de Nueva York por el propio Kofi Annan, por Naciones Unidas, por el proyecto de la Alianza de Civilizaciones, es confundir lo que hacen 36 países bajo el paraguas de Naciones Unidas con una coordinación del cuartel general de la
OTAN, porque los países individualmente no fueron capaces en su momento de plantear aquella dirección tanto estratégica como operativa y sobre el terreno, exactamente eso. Cualquier confusión entre lo que hacen esas naciones bajo el mandato y la
dirección de Naciones Unidas sobre el terreno, con sus PRT y otras actuaciones de combate en Afganistán, cualquier confusión a la opinión pública española es lo peor que se podría hacer para la causa de la paz y de los derechos humanos en
Afganistán. Por tanto, señorías, con absoluta contundencia -y no es la primera vez que lo hace-, mi grupo establece una diferencia que la opinión pública española tiene derecho a conocer porque es real y está basada en documentos del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, informe tras informe. Es posible que no haya tanta documentación de informes trimestrales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de la Comisión de la Paz de Naciones Unidas, tan abundante sobre otra cuestión como
la que hay sobre Afganistán. Y con angustia nos está pidiendo constantemente Naciones Unidas que aportemos recursos de todo tipo, como el pacto de Afganistán de 70 países el pasado mes de febrero en Londres, y nos está pidiendo recursos militares,
fuerza militar, porque sin un entorno de seguridad no es posible desarrollar un Estado en Afganistán y respetar los derechos humanos. Por ejemplo, una de las cosas que se ha notado como algo positivo y que supone un avance en Afganistán es que hoy
las niñas pueden ir a las escuelas. La mayor obsesión de los talibanes es que las niñas no fueran a las escuelas. Hoy hay cientos de miles de niñas que pueden ir a las escuelas gracias a la presencia ISAF, de tropas de 36 países, gracias a los PRT
que hacen una labor, entre otras ésta, muy importante, absolutamente imprescindible.
Señorías, estamos Afganistán porque cada día nos lo pide Naciones Unidas, y estamos para hacer las cosas que nos pide Naciones Unidas. Jamás estaremos en otras condiciones en Afganistán, al menos desde el punto de vista del Gobierno
socialista; jamás. Señorías, Médicos sin Fronteras, que es una gran ONG muy respetada en el mundo y ha recibido un premio Nobel por ello, no puede actuar todavía y se ha ido de Afganistán porque no hay suficiente seguridad; está pidiendo más
tropas para mantener la seguridad, no otra cosa, incluso algunas como las que pide esta propuesta de Izquierda Unida y a las que luego me voy a referir. Estamos allí para hacer las cosas que nos pide Naciones Unidas. Estamos en el oeste con un
PRT. ¿Qué es eso? Son tropas y elementos civiles que están haciendo una carretera. Para hacer la carretera tiene que haber soldados españoles que den seguridad porque sin ello no sería posible. Estamos allí para hacer atención sanitaria. Tiene
que haber tropas porque si no no sería posible, y la opinión pública española tiene que conocer qué hacen nuestros soldados allí, y esto es exactamente lo que hacen. Vamos a llevar agua
a Qala-i-Now, y para ello hace falta soldados con blindados, con armas, en un entorno de riesgo importante. Se ha pretendido introducir otra vez aquí el debate del riesgo. Ha sido titular que el ministro Bono reconoce riesgos. El Grupo
Parlamentario Popular ha reconocido -no a través de su portavoz actual- que el ministro, el Gobierno siempre ha señalado en el Parlamento la existencia de riesgos y cuáles son exactamente, pero esos riesgos -y es importante que se sepa- los corren
nuestros soldados y el personal civil que está trabajando allí para conseguir el respeto a los derechos humanos en Afganistán, punto de partida para un mínimo desarrollo humano en ese país, que es muy importante.
Señorías, no solo estamos en Afganistán porque nos lo ha pedido la ONU, estamos allí para hacer exactamente lo que nos ha pedido la ONU, y en ese contexto nosotros hemos propuesto en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores en la
Asamblea Atlántica, a finales del pasado año, que haya una diferenciación específica entre la operación de combate Libertad Duradera en todos sus órdenes y la operación de ISAF de mantenimiento de la paz, de estabilización, con mandato específico de
Naciones Unidas.
Quiero desde la posición del Grupo Socialista que quede suficientemente clara esta diferencia, diferencia a la que la opinión pública española tiene derecho, porque es verdad que salió a la calle para decir que nuestras tropas, que
nuestros soldados no iban a ninguna guerra planteada en términos de intereses específicos de país, en términos de intereses estratégicos de carácter nacional, que pueden ser muy respetables, pero para eso no están nuestras tropas. Es vital desde el
punto de vista de la multilateralidad, del uso en el mandato de Naciones Unidas de cualquier operación militar en el exterior, es fundamental mantener esa diferenciación.
Termino, señor presidente, haciendo específica alusión a las propuestas que hace Izquierda Unida, que no son solo la retirada de las tropas. Dice la propuesta de Izquierda Unida que dichas operaciones se realicen en áreas afines. Jamás,
jamás un Gobierno socialista, jamás el Partido Socialista Obrero Español planteará una utilización de recursos militares, dinero como el del pacto de Afganistán en Londres, 10.500 millones de 70 países para Afganistán en los próximos años, porque
sean áreas afines. Afganistán no es un área afín desde el punto de vista que plantea esta propuesta; es verdad que no es una área afín estratégicamente a los intereses de España, no hay petróleo, pero estamos allí porque seguimos el criterio de
Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, cuando dice...
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CUADRADO BAUSELA: Voy concluyendo.
...cuando dice que para que haya desarrollo es prioritario que haya seguridad, para que haya respeto de los derechos humanos es prioritario que haya seguridad. Estamos exactamente para esto.
En segundo lugar, se dice -y termino enseguida- que las operaciones de paz se circunscriban a observadores, ayuda humanitaria, labores de interposición o mantenimiento de la paz. Exactamente eso es lo que hacen.
Es una labor de
mantenimiento de la paz lo que están haciendo nuestras tropas en Afganistán. En tercer lugar, se dice que haya un calendario preciso de entrada y salida. ¿Cuándo nos tenemos que ir de Kosovo? ¿Cuándo nos tenemos que ir de Bosnia? ¿Lo puede decir
alguien? ¿Alguien puede decir aquí que se haga un calendario preciso? Ni Naciones Unidas lo ha hecho con respecto a Afganistán. Eso no es posible. Y en cuanto a los medios logísticos ¿sería posible que hubiéramos ido a Pakistán a una asistencia
para un terremoto con nuestros propios recursos logísticos? Imposible. Los sistemas de mando y control de la OTAN son imprescindibles porque no los tiene nadie más que la OTAN. Naciones Unidas le dijo a la OTAN: Ayúdennos en Pakistán porque son
ustedes la única organización militar del mundo capaces de establecer sobre el terreno sistemas de mando y control, permanencia del territorio sin ayudas logísticas externas, etcétera. Esta es la realidad y por eso no es la primera vez que se hace
este debate, no será la última, pero la posición del Grupo Parlamentario Socialista sigue siendo la que se ha planteado.
Y permítame, señor presidente, hacer una consideración. El señor presidente sabe perfectamente que el ministro de Defensa ha pedido comparecer en el más breve plazo posible en este Parlamento y comparecerá en función de las circunstancias
de logística de esta Comisión con absoluta seguridad.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones. ¿Están sus señorías en disposición de votar? (Asentimiento.)
Al hilo de este debate tan rico que han tenido ustedes y que nosotros hemos contemplado con interés, después de las consultas evacuadas entre los distintos grupos, el día 9 del mes de mayo a las 11, comparecerá ante esta Comisión el nuevo
ministro de Defensa.
Vamos a votar en primer lugar la proposición no de ley número 1 y la número 5, para lo cual los distintos grupos han parlamentado, que es como se trabaja en esta Comisión. Hay una transaccional que voy a leer y luego preguntaré a los
señores Maldonado y Merino si están de acuerdo con la lectura que voy a hacer.
El señor MALDONADO I GILI: No sé si hace falta porque los grupos la conocemos.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que es bueno que se lea para que los diputados nos enteremos de lo que estamos votando. Es muy corta. Dice lo siguiente: Punto 1. Informe a la Comisión de Defensa en el plazo de un año y de forma periódica
de la situación actual
de los bienes inmuebles del Ministerio de Defensa con detalle por comunidades autónomas. Punto 2. Determine los criterios de cesión de aquellos bienes integrantes del patrimonio del Estado adscritos al Ministerio de Defensa que se
encuentren en situación de infrautilización, entre los cuales será prioritaria la cesión a las administraciones territoriales -ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y otros entes territoriales-, para que sean destinados a vivienda
protegida o a otros destinos sociales, culturales, deportivos, etcétera. Punto 3. En el proceso de enajenación de suelos desafectados, considere prioritaria la orientación social y no especulativa para vivienda y equipamientos de las ciudades
afectadas. Punto 4. Intensifique el diálogo y la concertación con ayuntamientos y comunidades autónomas para lograr acuerdos que satisfagan la necesidad de los ciudadanos que tienen mayor dificultad de acceso a la vivienda. Y punto 5. Favorecer
en estos acuerdos en especial la vivienda protegida en alquiler.
Señor Merino, señor Maldonado ¿están ustedes de acuerdo con este texto? (Asentimiento.) Pues este texto es el que vamos a votar.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
La proposición no de ley número 2, sobre la Sierra del Retín en Barbate, que ha presentado el Grupo Popular, se va a votar en sus términos originales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultados: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las proposiciones números 3 y 4 las hemos debatido juntas, pero las vamos a votar por separado. Votamos el texto de la número 3, que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que continúen las negociaciones que
actualmente están desarrollando el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Hospitalet al objeto de suscribir un acuerdo, en el plazo más breve posible, sobre las enajenaciones de los terrenos de La Remonta.
El señor MALDONADO I GILI: Perdón, señor presidente. Las hemos debatido conjuntamente, entonces a pesar que el proponente, Esquerra Republicana, no está, (Algunos señores diputados: Sí está.), me gustaría saber por qué no se pueden votar
juntas.
El señor PRESIDENTE: Porque son dos textos distintos; uno es el de Hospitalet y otro es el de Sant Boi. Yo creo que no pasa nada si lo hacemos así. El texto es igual pero no el sitio, hay una diferencia territorial.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora la cuarta: El Congreso de los diputados insta al Gobierno para que las negociaciones que desarrollan el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat culminen, en el plazo más breve posible, en un acuerdo
sobre la enajenación de los terrenos del acuertelamiento de Sant Boi, que permitan el traslado del cuartel a otro emplazamiento dentro del mismo término municipal, conforme a las necesidades del la defensa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto número 6, que es la iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que ha defendido aquí el señor Llamazares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 36.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la última, que es la que se refiere al fuerte de Alfonso XII, ubicado en el Monte de San Cristóbal, en los alrededores de Pamplona. Hay un texto consensuado entre dos grupos parlamentarios, que son el proponente y el Grupo
Socialista, que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputado insta al Gobierno para que retome las conversaciones con el Gobierno de Navarra con vistas a la suscripción de un convenio que permita la cesión del fuerte de San Cristóbal en Navarra,
actualmente desocupado y declarado bien de interés cultural, convenio que posibilite un proyecto integral que favorezca la utilización del citado fuerte con fines recreativos y sociales y que sirva como homenaje a todas las víctimas del fuerte de
San Cristóbal, como ha señalo el Parlamento de Navarra este mismo año 2006.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.