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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 544, de 05/04/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 544
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 5 de abril de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de Ley por la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas establecido por la Ley
5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo y ejecución. (Número de expediente 121/000064.) ... (Página 2)
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la delegación a las comunidades autónomas de funciones relativas a la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000746.) ...
-Por la que se insta al Gobierno a formular un plan de choque para revitalizar el sector exterior de la economía española. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001412.) ...
-Relativa al desistimiento del recurso de inconstitucionalidad número 1772/01 interpuesto por el Presidente del Gobierno contra la Ley del Parlament de Catalunya 10/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos
comerciales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000169.) ... (Página 11)
-Relativa a la realización del tren de alta velocidad entre Zaragoza-Tudela-Pamplona y futura conexión con la 'Y' vasca. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001395.) ...
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de Ley por la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas establecido por la Ley 5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de
desarrollo y ejecución. (Número de expediente 121/000064.) ... (Página 20)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA EL RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES PÚBLICAS EN DETERMINADAS EMPRESAS ESTABLECIDO POR LA LEY
5/1995, DE 23 DE MARZO, Y SUS DISPOSICIONES DE DESARROLLO Y EJECUCIÓN. (Número de expediente 121/000064.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Voy a darles algunas previsiones para el desarrollo y conclusión de la reunión. La Mesa ha estimado que las votaciones podrán realizarse hacia las doce de la mañana. Empezaremos la sesión debatiendo el proyecto de ley. También se ha
acordado modificar el orden de debate de las proposiciones no de ley, abordando en primer lugar la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, seguida por la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y después las demás en el orden
previsto.
Sin más demora, iniciamos el debate sobre el proyecto de ley por la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, establecido por Ley 5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo y
ejecución. Ordenaremos el debate de menor a mayor. En primer lugar, siguiendo el orden que acabamos de señalar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a votar favorablemente el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas
en determinadas empresas, de acuerdo con lo establecido por la Ley 5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo y ejecución. Nuestro grupo parlamentario entiende que en un mercado liberalizado, con un desarrollo normativo plenamente
establecido desde hace bastantes años en todos los países que integran la Unión Europea, no tiene demasiado sentido, tanto desde la óptica mercantil como desde la óptica empresarial, que el Estado mantenga acciones de oro en compañías estratégicas
que puedan obstaculizar en determinados momentos algunas cuestiones que pudieran afectar a la liberalización de sectores estratégicos de la Unión Europea. Ya en la anterior legislatura la Unión Europea apercibió al Gobierno español de que tenía que
poner en marcha rápidamente la enajenación de las acciones de oro para que existiera una liberalización total en determinados sectores estratégicos y que no tenía sentido que el Estado mantuviera una posición de dominio en determinadas compañías que
pudiera obstaculizar en determinados momentos la competencia. Con esta aprobación, el Estado dejará de disponer de esas acciones de oro que mantuvo en sus manos tras la privatización de compañías españolas en las que tenía una participación
mayoritaria y que le daban cierta preponderancia en determinados momentos. Sobre la base de nuestras posiciones y de la normativa actual de la Unión Europea, entendemos que hoy se da un paso definitivo desde el punto de vista
jurídico para que España cumpla con las normativas comunitarias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: El Grupo Parlamentario Popular, que no ha presentado ninguna enmienda ni total ni parcial, es favorable al proyecto de ley presentado por el Gobierno, que deroga el régimen de enajenación de participaciones
públicas en determinadas empresas que se estableció por la Ley 5/1995 y las disposiciones de desarrollo y ejecución. En cualquier caso, aprovechando este turno de fijación de posición sobre el proyecto de ley que nos ocupa, quiero destacar la
contradicción del Gobierno desde el punto de vista normativo, la contradicción existente entre este proyecto de ley, con el que estamos totalmente de acuerdo -esto refleja la coherencia del Grupo Popular-, y la normativa que el Gobierno impulsó en
el mes de febrero con el Real Decreto-ley 4/2006.
La normativa que hoy estamos aprobando es absolutamente contradictoria con la que el Gobierno aprobó en el Real Decreto-ley 4/2006 y por ello quiero hacer un par de apuntes que ponen de manifiesto esa contradicción de posiciones. No sé si
esto tiene algo que ver con lo que está ocurriendo internamente en el Gobierno entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Industria, pero en cualquier caso el Gobierno y los grupos parlamentarios que están apoyando este proyecto de ley que
hoy tenemos sobre la mesa y el Real Decreto-ley 4/2006 deberían dar explicaciones, porque en la exposición de motivos se dice -y en eso estamos totalmente de acuerdo- que se ha demostrado la utilidad de esta legislación durante su periodo de
vigencia y que se puede afirmar sin ninguna duda que la estabilidad de las empresas -quiero destacar la justificación de este proyecto de ley- objeto de esta normativa está hoy día asegurada y no se aprecian riesgos significativos para regular el
desarrollo de sus actividades. Esto, y algunas consideraciones más en las que en este momento no me voy a detener, entra claramente en contradicción no solo con las palabras del ministro de Industria cuando decía que sí existía riesgo para la
estabilidad de una de las empresas a las que afecta este proyecto de ley, sino con la justificación del Real Decreto-ley 4/2006, de 24 de febrero, que se fundamenta en la estabilidad de las empresas sometidas a la acción de oro de la que habla la
exposición de motivos del proyecto de ley. El real decreto-ley dice: Las tendencias de cotización empresarial en los mercados energéticos mundiales europeos han puesto de relieve determinadas insuficiencias en la legislación vigente,
insuficiencias que tienen al menos una doble faceta. Esto está totalmente en contradicción con el proyecto de ley que hoy tenemos sobre la mesa.
Creemos que los dos no se pueden justificar de la misma manera; es decir, o se está a favor de uno y
en contra del otro o viceversa. Es imposible justificar la posición favorable a este proyecto de ley que hoy nos ocupa, el que deroga la golden share, y al Real Decreto-ley 4/2006, que dos meses después de presentar este proyecto de ley aprueba el
Gobierno y convalida el Parlamento. En ese sentido, la posición del Grupo Popular es coherente, pues está a favor de la derogación de la golden share en este proyecto de ley y en contra, como todas SS.SS. saben, del Real Decreto-ley 4/2006, que en
su momento aprobó el Gobierno y convalidó el Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: La Ley 5/1995, aprobada en marzo, de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas, tenía como finalidad la garantía del interés público presente en la actividad de determinadas empresas que
hasta ese momento habían estado bajo control de las administraciones públicas, que era titular de la totalidad o de la mayoría del capital social, y que entraron en proceso de privatización.
La citada ley instauró un régimen de autorización
administrativa previa a la realización de determinados actos, fundamentalmente la venta, la enajenación a terceros de porciones significativas del capital social.
Este régimen fue cuestionado en su adecuación al derecho comunitario europeo y dio
lugar a un proceso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que concluyó en una sentencia de mayo de 2003 en la que fueron declarados contrarios a derecho los preceptos que constituían el núcleo duro de la mencionada ley.
Posteriormente se efectuó una reforma en el año 2003 en la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, y la Comisión Europea dijo que no habíamos llegado hasta donde ellos pretendían y que las restricciones continuaban. Por ello mi
intervención va ser muy corta, porque simplemente tenemos que adaptar la normativa española al derecho comunitario europeo y dar cumplimiento a la sentencia, para lo que debemos desactivar el sistema de controles públicos que, aunque nunca se ha
utilizado no podemos negar que era una posibilidad que tenía el Estado. Como digo, debemos dar cumplimiento a la sentencia. La ley, que tenía sus razones, en su momento cumplió su finalidad, pero en estos momentos no se aprecian riesgos y ni por
razones de mercado ni de adaptación al derecho comunitario conviene mantenerla.
Para terminar, quisiera señalar que hemos cumplido el trámite estricto, que no hemos tenido ningún tipo de restricción en esta Comisión y, como SS.SS. saben, no ha habido ninguna propuesta formal por parte de ningún grupo de adelantar la
tramitación, por lo que con la normalidad que este Parlamento y esta Comisión vienen actuando pasamos a derogar una acción de oro que ha estado más presente en los medios de comunicación que en nuestra propia preocupación.
PROSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA A LA DELEGACIÓN A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LAS FUNCIONES RELATIVAS A LA FORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CATASTRO INMOBILIARIO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000745.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos ahora a las proposiciones no de ley. En primer lugar, tal como habíamos acordado, examinaremos la relativa a la delegación a las comunidades autónomas de las funciones relativas a la formación y
mantenimiento del Catastro Inmobiliario. Para su exposición y defensa por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Quiero dar las gracias a los miembros de esta Comisión por permitir el cambio del orden del día y, por tanto, permitirme estar a las once en otra Comisión.
La razón de que volvamos a presentar esta cuestión a debate, en esta ocasión a través de una proposición no de ley, es porque comprobamos que en la práctica las dificultades existentes a la hora de acordar los valores catastrales, como
ocurrió en el Ayuntamiento de A Estrada por las mismas fechas en que presentamos esta iniciativa, provocan situaciones de crispación entre la ciudadanía por su total y absoluta disconformidad con los valores catastrales que se ponen al cobro.
Situaciones como esa nos reafirman en nuestra posición, entre otras cosas, porque una vez conocidos los valores que por los ciudadanos se rechazaban se comprueba que son excesivamente desmesurados y que no responden a la realidad de sus propiedades.
Es cierto que este debate ya se dio en otras ocasiones, el 31 de mayo de 2005, a través de una proposición de ley en el Pleno, y ahora las condiciones son exactamente las mismas. La regulación vigente, tras la aprobación de la Ley 48/2002,
de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario, posteriormente refundida en el Real Decreto Legislativo1/2004, de 5 de marzo, mantiene el mismo diseño de reparto competencial que ha regido desde la vigencia de las contribuciones territoriales con
bastante anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de 1978, permaneciendo en manos del Estado todas las funciones inherentes a la formación y mantenimiento de los catastros sin tener en cuenta la nueva vertebración político-territorial
del Estado.
Las tareas y funciones inherentes a la formación y mantenimiento del Catastro Inmobiliario que se regulan en la citada norma son de contenido ejecutivo y exceden el marco de las competencias generales y básicas que corresponden al
Estado en materia de haciendas locales, sin que respecto a las mismas esté prevista la participación de las comunidades autónomas.
Por ello, son susceptibles de ser ejercidas por las comunidades autónomas sin que se vulnere la doctrina de la
Sentencia del Tribunal Constitucional 233/1999, de 16 de diciembre, pues pueden ser objeto de transferencia o delegación. Existen otras razones de orden práctico que sustentan la asunción de las competencias relativas a la formación y mantenimiento
del catastro por parte de las comunidades autónomas. La principal finalidad del catastro es servir de soporte para el impuesto sobre bienes inmuebles, IBI, que es un impuesto totalmente vinculado al territorio, por lo que la gestión descentralizada
de los catastros inmobiliarios permitiría su adecuación a las peculiares características de la estructura de la propiedad en cada comunidad autónoma y evitaríamos -lo comentaba anteriormente- lo ocurrido en el Ayuntamiento de A Estrada.
Por otro
lado, la gestión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que gravan sobre todo operaciones inmobiliarias y por tanto están vinculados al territorio, es competencia
de las comunidades autónomas, por lo que redundaría en una mayor eficacia que las comunidades autónomas tuviesen un control más directo sobre los catastros inmobiliarios y no simplemente información de los mismos. Además, cada vez es mayor su
utilidad para las otras actividades en las que tienen una competencia directa las comunidades autónomas, como son las ayudas a la política agraria comunitaria que tramitan y gestionan en los órganos de las comunidades autónomas. La gestión directa
por las comunidades autónomas de los catastros inmobiliarios ayudaría a una mayor conexión y coordinación dentro de las mismas administraciones autonómicas, sin tener que acudir a mecanismos de cooperación del Estado.
La presente proposición no de ley pretende, por tanto, que sean las comunidades autónomas las que ostenten las funciones relativas a la formación, actualización y renovación de los catastros inmobiliarios, manteniendo inalterables las
actuales competencias de las entidades locales respecto al IBI y reservando en todo caso al Estado la función de coordinación de una comisión mixta. No voy a leer la proposición no de ley porque SS.SS. la conocen, y paso a comentar nuestra
posición respecto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que salvo alguna posibilidad de llegar a un acuerdo de transacción no podemos aceptar, porque no dice absolutamente nada nuevo de cómo están funcionando las cosas
actualmente, es decir que nos remite a lo que tenemos, y eso es justamente lo que proponemos cambiar. En todo caso, la propuesta que hago -independientemente de que podamos discutirla más- es que en el primer punto, referido a la delegación a las
comunidades autónomas del ejercicio y las funciones de desarrollo y ejecución de las relativas a la formación, mantenimiento y difusión de la información del Catastro Inmobiliario, se diga que se insta al Gobierno a plantear, a través de la comisión
mixta de transferencias autonómicas, la oportunidad de delegar en las comunidades autónomas. Es decir que en vez de
plantear una posición tan directa como que la de la proposición no de ley, hacemos la propuesta al Gobierno de que el tema se debata en la comisión mixta de transferencias. Si eso es posible, aceptaríamos la enmienda; si no es así, no
podemos aceptarla en los términos en que se nos presenta.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señorías, por segunda vez en esta legislatura volvemos a debatir una misma iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, en relación con el catastro inmobiliario, que pretende que sean las comunidades autónomas las que,
por delegación del Estado, ejerzan las funciones de desarrollo y ejecución relativas a la formación, mantenimiento y difusión de la información catastral, correspondiendo a las mismas la valoración, inspección, elaboración y gestión de la
cartografía catastral. Digo que se trata de la misma iniciativa parlamentaria que la presentada en marzo de 2005, aunque se haya plasmado simultáneamente de dos formas distintas: una proposición de ley cuya toma en consideración ya fue debatida y
rechazada en la sesión del Pleno celebrada el 31 de mayo de 2005 y una proposición no de ley que estamos debatiendo en estos momentos.
La iniciativa se basa en una interpretación errónea de la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de diciembre de 1999, como ya dejó claro la portavoz del Grupo Socialista, señora Castillejo, en la antes citada sesión plenaria. El
Tribunal Constitucional sentenció que la organización del catastro es una competencia que ha de incardinarse en la Hacienda general del artículo 149.1.14 de la Constitución española, por tratarse de una institución común e indispensable para la
gestión de algunos de los impuestos estatales más relevantes. Se trata, pues, de una cuestión que afecta plenamente a las funciones que corresponden a la Administración General del Estado. Ciertamente existe la posibilidad de que facultades
correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado sean objeto de transferencia o delegación, pero dicha delegación o transferencia exige, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Constitución española, una ley orgánica, por lo que si ya
era improcedente como mecanismo la ya rechazada proposición de ley ordinaria de modificación del texto refundido de la Ley del Catastro, más lo es el de la aprobación de una proposición no de ley dirigida al Gobierno. Ello no quiere decir en
absoluto que el Catastro Inmobiliario no importe a las comunidades autónomas; por supuesto que les importa, y a los ayuntamientos, como también, claro está, a la Administración General del Estado. A todos importa. Se pretende justificar la
asunción de la gestión del Catastro Inmobiliario por las comunidades autónomas mediante el hecho de que la principal finalidad del catastro es servir de soporte para el impuesto sobre bienes inmuebles. Si esta fuera la causa, respecto a bienes
rústicos no habríamos pasado del amilanamiento. Es verdad que una importante finalidad del Catastro Inmobiliario es servir de soporte para el IBI, sobre todo tratándose de IBI sobre bienes urbanos o bienes de características especiales; ahora
bien, estaremos todos de acuerdo en que no tanto cuando se trata del IBI sobre bienes rústicos, al menos no en toda España. El rendimiento del IBI sobre bienes rústicos difícilmente justificaría el elevado coste de las renovaciones,
digitalizaciones y actualizaciones del catastro rústico, al menos, señora Fernández, en su comunidad autónoma, Galicia, en el Principado de Asturias o en mi comunidad, Castilla y León, por no adentrarnos en tierras oscenses o turolenses, en Aragón.
La realidad es que los datos existentes en el catastro, sustancialmente el valor catastral, son elementos determinantes de obligaciones fiscales propias de las figuras tributarias locales, que tienen que ver con los bienes inmuebles, pero no es
menos cierto que en el ámbito de la tributación estatal o de los tributos cedidos a y compartidos con las comunidades autónomas el valor catastral tiene la misma importancia. Además, los datos contenidos en el catastro son utilizados de manera
creciente por un número significativo de funciones de carácter no tributario, entre las que se pueden destacar las relacionadas con la seguridad del tráfico jurídico e inmobiliario gracias al modelo de coordinación existente con registradores de la
propiedad y notarios. Asimismo, la información contenida en el catastro tiene múltiples utilidades relacionadas con la planificación territorial, la gestión urbanística y la gestión y control de ayudas y subvenciones públicas. Por otro lado, la
asunción del catastro se pretende justificar -así lo ha hecho esta mañana la portavoz del Bloque Nacionalista Galego- mediante el hecho de que las comunidades autónomas solamente disponen de información sobre catastros, pero no participan en su
formación y mantenimiento, y esto da origen a agravios en un ayuntamiento concreto de Galicia, lo cual no quiere decir que esto sea extensible al conjunto de España. No es cierto que comunidades autónomas y corporaciones locales no participen en la
toma de decisiones. Las comunidades autónomas participan en el Consejo Superior de la Propiedad Inmobiliaria y de las comisiones superiores de coordinación inmobiliaria rústica y urbana en el ámbito estatal. Participan en las juntas técnicas
territoriales de coordinación inmobiliaria en el ámbito autonómico y en el ámbito provincial también participan las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Esto quiere decir que en este momento la toma de decisiones, en lo que afecta
está determinada no solamente por la Administración General del Estado sino que, en el caso que ha expuesto la portavoz del Grupo Mixto, en las tomas de decisiones para la fijación de los catastros urbanos no solamente participa la Administración
del Estado sino también la de la comunidad autónoma, así como una representación de las corporaciones locales a nivel provincial. Además de ello, y como es conocido, se han firmado múltiples convenios de colaboración con
corporaciones locales y también con comunidades autónomas para la realización conjunta de actividades en materia de estudios del mercado inmobiliario, obtención de ortofotografías, realización de cartografía digitalizada rústica y urbana,
relaciones del catastro rústico, etcétera.
Por último, hay que señalar que en la reforma ya aprobada del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana -artículo 51.3- e incluso en la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña -artículo 221-
se prevén formas de colaboración e incluso de gestión consorciada del catastro, siendo previsible la inclusión de preceptos similares en sucesivas reformas de los estatutos de autonomía de otras comunidades.
En esta última línea, y en la consideración de que es necesaria la máxima participación, la máxima colaboración y la máxima coordinación en la gestión catastral de todas las administraciones públicas, se enmarca nuestra enmienda de
sustitución. El camino que se marca en la enmienda es el adecuado y lógicamente no vamos a poder aceptar ninguna transaccional.
Desde luego, el punto 2 remite a las normas estatales, a las normas que resultan de la reforma de los estatutos de
autonomía y lógicamente también a las normas que regulan la autonomía local en la legislación de régimen local. Por tanto, como digo, no va a ser posible aceptar ninguna transacción. La enmienda ha sido formulada teniendo en cuenta la realidad no
solamente el día en que se formuló la proposición no de ley, sino la realidad en este momento, con reformas de estatutos de autonomía en marcha, por lo que el camino iniciado es el adecuado y no vamos a poder aceptar ninguna transaccional.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Nuestro grupo parlamentario va a apoyar la propuesta que ha presentado el Grupo Mixto, por parte del Bloque Nacionalista Galego, porque estamos plenamente de acuerdo con la iniciativa tal y como está reflejada en la
proposición no de ley. El portavoz socialista se ampara en las necesidades del catastro, pero no entendemos que el traspaso de competencias en materia catastral ponga en peligro la unidad de España, como en parte ha señalado el señor Turiel.
Asimismo, S.S. ha hecho referencia a los trámites de reforma de los estatutos, y en este sentido tengo que decirle que, en el caso de Cataluña, el Estatuto inicial salido del Parlament iba más en la línea de la proposición del Bloque Nacionalista
que en la de la situación actual, tal y como está.
Por tanto, si las comunidades autónomas y los municipios somos Estado, el Gobierno debería tener menos reticencias en este aspecto, porque se podría seguir funcionando siempre desde el principio de
lealtad entre instituciones y el Estado continuaría teniendo toda la información necesaria para las actividades que la precisen. Por tanto, ampararse en una interpretación incorrecta de las sentencias del Tribunal Constitucional no es más que la
interpretación de unos o de otros respecto a esta cuestión, pero el argumento es mantener la centralidad.
Su señoría ha hecho referencia a la firma de convenios, y es cierto que se firman convenios con los municipios, pero se firman de aquella
manera, es decir, con una gran lentitud y una pérdida de tiempo importante en la colaboración -y lo digo por mi experiencia municipal en relación con los catastros-, colaboración que podría ser mucho más rápida. Hoy en día descentralizar es avanzar
y permitir que todo sea mucho mejor, y en mi opinión seguir en esta línea de centralidad es equivocado y nos retrasa.
Hoy en día está demostrado que descentralizar para que el Gobierno más próximo a los ciudadanos pueda tener más competencias es
una línea de modernidad; sin embargo, lo otro es una línea de antigüedad. Argumentar que esta proposición no de ley que presenta el Bloque Nacionalista Galego pone en peligro el ejercicio de sus competencias por parte del Estado, me parece que es
un argumento caduco y que, hoy en día, con las nuevas tecnologías no tendría que suponer ningún inconveniente. Por tanto, nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a intervenir muy brevemente para decir que nuestro grupo parlamentario va a apoyar la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, porque entendemos que las competencias en esta materia se van a ejercer mucho más
razonablemente desde el ámbito de la comunidad autónoma y, además, porque la eficiencia y la eficacia económicas así lo apuntan. Vamos a ver si de una vez en esta Cámara apoyamos aquellas medidas que tengan sentido económico, pero que también vayan
cargadas de sentido común, como es este caso, y por lo tanto nuestro grupo la va a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también va a apoyar la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, relativa a la delegación a las comunidades autónomas de las funciones
relativas a la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario. Nuestro grupo parlamentario ya lo ha manifestado en diferentes intervenciones, y concretamente cuando en la anterior legislatura se aprobó la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, sobre
el catastro inmobiliario, las enmiendas de nuestro grupo iban en esta dirección. Consideramos que es totalmente necesaria la participación de las comunidades autónomas en la gestión del Catastro Inmobiliario dada su relación con la gestión de los
tributos cedidos a las comunidades autónomas, así como por la importante función del catastro en el conocimiento del territorio. Por todo ello vamos a apoyar esta proposición no de ley con entusiasmo y la vamos a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.
La señora MADRAZO DÍAZ: Tratamos hoy en esta Comisión una iniciativa del Grupo Mixto que ya tuvimos ocasión de debatir en Pleno el pasado mes de mayo de 2005. Como ya ha comentado el portavoz del Grupo Socialista, la única diferencia
radica en el tipo de iniciativa, en este caso es una proposición no de ley y en aquel momento era una proposición de ley cuyo objetivo era modificar la Ley del Catastro Inmobiliario. La exposición de motivos es idéntica a la que plantearon en aquel
momento y nuestra posición es la misma, por lo que mi grupo volverá a votar en contra de esta iniciativa. Si el grupo proponente ha leído atentamente el 'Diario de Sesiones' de aquel Pleno, habrá podido comprobar que nos sobran razones y argumentos
para oponernos al traspaso de las competencias de gestión del catastro a las comunidades autónomas. Sinceramente, no podemos entender que se planteen, una y otra vez, cuestiones que desde nuestro punto de vista no mejoran el que debe ser el
objetivo último de todas las administraciones, que no es otro que el de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, a los que nos debemos todos los poderes públicos. Y vuelvo a repetir lo que ya argumenté en su momento. ¿Creen sinceramente que con
esta iniciativa se mejoraría ese servicio al ciudadano o más bien responde a sus intereses partidistas dentro de, como dijo el portavoz de Esquerra Republicana, esta moda nacionalista en la que solo parecen contar los territorios y no las personas?
Por si nuestros argumentos no quedaron claros entonces, me gustaría repetir algunos de ellos ya que tenemos ocasión de debatirlos de nuevo.
La delegación de competencias para la gestión, formación, mantenimiento, inspección, valoración catastral, elaboración de la cartografía y difusión de la información catastral a favor de las comunidades autónomas es contraria a los
principios esenciales de eficiencia y eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos, y traería como consecuencia, como ya dije en aquel momento, la descoordinación de lo que hoy en día está coordinado desde la Dirección General del
Catastro. Si alguna vez han tenido ocasión de trabajar con la administración catastral -yo sí he tenido esa oportunidad-, seguramente cambiarían los planteamientos del grupo proponente porque se puede constatar el importante salto cualitativo y
cuantitativo que el catastro ha experimentado en los últimos años, debido en parte al uso intensivo de las nuevas tecnologías en el intercambio de información con otras administraciones, tanto las locales como las autonómicas. Nunca se ha dado
desde el catastro a las administraciones -incluidas las comunidades autónomas, por supuesto- una información catastral tan depurada, tan rápida y con tan bajo coste como en la actualidad. Las comunidades autónomas tienen un control directo e
inmediato sobre la información catastral, tanto a través de la oficina virtual del catastro como de los ficheros informáticos de intercambio de información catastral que periódicamente les remite el catastro a las administraciones de las comunidades
autónomas, así como a través de la firma de convenios con otras administraciones que existe en la actualidad para fomentar y promover la colaboración desde la Dirección General del Catastro. El Grupo Parlamentario Popular no encuentra ventajas en
la delegación de estas funciones a las comunidades autónomas porque no iba a mejorar la gestión y, sin embargo, plantearía numerosos problemas: disparidad de criterios de valoración entre unas comunidades autónomas y otras, aumento exponencial de
los gastos para el mantenimiento del catastro, saliendo perjudicadas aquellas comunidades que por su tamaño tenemos menores recursos financieros, como Cantabria, por ejemplo, y al final el gran pagano sería el ciudadano, el contribuyente, al que le
resultaría más difícil acceder a la información catastral si tiene bienes inmuebles en distintas comunidades autónomas.
Señorías, los planteamientos con los que justifican la presentación de esta iniciativa no son ciertos, como ya apuntaba también el portavoz del Grupo Socialista. Dicen ustedes que la principal finalidad del catastro es servir de soporte
para el impuesto sobre bienes inmuebles, pero esto no es del todo cierto porque los datos del catastro y fundamentalmente el valor catastral es un elemento determinante en el ámbito de los tributos estatales, en el IRPF y en el impuesto sobre el
patrimonio. Por tanto, privar a la Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de esta herramienta traería como consecuencia una menor eficacia en el control y prevención del fraude fiscal de operaciones inmobiliarias.
Alegan
también como justificación de la delegación de competencias del catastro a las comunidades autónomas que mejoraría la gestión de impuestos cedidos a las comunidades, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el de transmisiones patrimoniales
y actos jurídicos documentados, redundando en un mayor control sobre el fraude en estos impuestos. Esta alegación supone un profundo desconocimiento, a nuestro juicio, del funcionamiento actual del catastro y de las posibilidades que hoy tiene la
inspección, tanto estatal como la de las comunidades autónomas, que pueden acceder directamente a la base de datos catastral.
Hoy esto es una realidad y los inspectores pueden acceder directamente a una única base de datos que proporciona el
catastro estatal. ¿Qué ocurriría si la inspección, tanto autonómica como estatal, tuviese que efectuar la comprobación de un sujeto pasivo que tuviese los bienes repartidos en distintas partes del territorio español, con bases de datos diferentes y
criterios de valoración distintos?
En la presentación de la iniciativa en el Pleno que antes he mencionado, la portavoz del Grupo Mixto partía de un planteamiento erróneo que no se corresponde con la implantación territorial que hoy tiene la Dirección General del Catastro en
las distintas comunidades autónomas. Decía la portavoz en aquel momento que para ganar en eficacia y para proporcionar una adecuación del catastro, sobre todo en lo relativo a las valoraciones,
más fiel a la realidad de cada territorio, era importante que las comunidades autónomas pasasen a ser las protagonistas de la gestión catastral. Y digo que es un planteamiento erróneo porque no sé si la portavoz conoce que el catastro
funciona en las distintas comunidades autónomas a través de gerencias territoriales. En esas gerencias trabajan funcionarios que viven en las propias comunidades autónomas y que, por tanto, conocen perfectamente la realidad del territorio en el que
viven.
¿O es que piensa la portavoz que, cuando se modifican los valores catastrales de un determinado municipio, los arquitectos y técnicos funcionarios que intervienen en las ponencias de valores no son conocedores de la realidad del mercado
inmobiliario de esa comunidad autónoma, en la que además trabajan y viven? No es de recibo hacer un planteamiento de este tipo en el que se intenta dar la imagen de un catastro centralista que únicamente se gestiona y se dirige desde Madrid, porque
sencillamente es querer ignorar la realidad, y la realidad es que el catastro está implantado a través de las gerencias territoriales en las distintas comunidades autónomas. Tampoco es cierto, a como afirman en su iniciativa, que la gestión directa
del catastro por parte de las comunidades autónomas ayudaría a una mejor gestión de otras competencias que tienen estas atribuidas, como la tramitación de las ayudas de la política agraria comunitaria. También en este punto discrepamos porque un
reparto eficaz de esas ayudas hace necesario conocer el patrimonio que posee el solicitante en todo el territorio nacional, y para ello es cada vez más indispensable la utilización de nuevas tecnologías en el intercambio de información de las
distintas administraciones, para lo que el Grupo Parlamentario Popular considera esencial la utilización de una base de datos única, con criterios homogéneos y con un mismo tratamiento informático que facilite su consulta por parte de los ciudadanos
y de las distintas administraciones.
Por último, me gustaría hacer referencia a la regulación que del catastro se establece en la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que también mencionó el portavoz socialista. Los planteamientos de su iniciativa parecen sobrepasar
lo que finalmente ha quedado establecido y regulado al respecto. Sí que va en la línea del planteamiento inicial que hizo el Parlamento catalán, pero al final parece que era claramente inconstitucional cuando se ha modificado totalmente la
redacción del artículo que inicialmente se proponía. Asimismo, tanto en la reforma del Estatuto catalán como en la del valenciano se prevén fórmulas de colaboración y de participación que hoy, como también comentó el portavoz socialista, ya existen
en las comunidades autónomas. Nosotros siempre apoyaremos que se incremente esa colaboración entre las distintas administraciones y que se promueva la participación de las comunidades autónomas mediante la representación de las mismas en órganos
colegiados con la Administración central y mediante la plena disponibilidad de la información catastral por parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, señorías, estas ya son realidades, hoy ya es así. Aunque se puede potenciar y mejorar en
esa línea siempre estaremos de acuerdo, pero no contarán con nuestro apoyo para este tipo de iniciativas que suponen, al final, un perjuicio para el ciudadano.
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FORMULAR UN PLAN DE CHOQUE PARA REVITALIZAR EL SECTOR EXTERIOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001412.)
El señor PRESIDENTE: Como la proponente ya tuvo la amabilidad en su intervención inicial de anunciarnos cuál iba a ser su posición, que es de rechazo de la enmienda, podemos pasar entonces a la siguiente proposición no de ley, por la que se
insta al Gobierno a formular un plan de choque para revitalizar el sector exterior de la economía española. El grupo proponente es Convergència i Unió, y para la defensa y exposición de esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Sánchez i
Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, efectivamente el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado esta iniciativa, cuyo objetivo y que con carácter de urgencia el Gobierno debería formular en el plazo de tres
meses aproximadamente un plan de choque para revitalizar el sector exterior, debiendo comparecer el ministro de Industria, Turismo y Comercio para su presentación y debate ante esta Comisión o en la correspondiente, que sería probablemente la
Comisión de Industria.
¿Por qué presenta nuestro grupo parlamentario esta iniciativa? En primer lugar, porque nosotros y todas SS.SS. somos conscientes por las cifras y por los datos que llegan a nuestro poder de que la economía española está experimentando una
evolución notablemente positiva, pero al mismo tiempo con enormes riesgos y algunos puntos débiles importantes, pues aunque crece por encima de la media europea, señorías, la exportación crece por debajo de la misma. Por este motivo nuestros
productos van perdiendo competitividad en los mercados exteriores, mientras que los productos de otros países europeos la ganan, y observamos cómo van penetrando en nuestro mercado interior. Este es el indicador más negativo de nuestra economía, a
nuestro juicio, junto con la evolución del incremento de los precios de la inflación, principalmente a causa de su rápido deterioro.
En la actual coyuntura, y como consecuencia de lo anteriormente manifestado, las importaciones crecen por encima de
las exportaciones y la actuación del Gobierno nos hace pensar que estamos renunciando a nuestra capacidad productora. Esta situación no es buena. Podemos tener un importante sector de servicios, pero al mismo tiempo no podemos renunciar a tener
una capacidad industrial potente, innovadora y exportadora. Pensamos,
señorías -y lo hemos manifestado en algunas intervenciones de nuestro grupo parlamentario tanto en Comisión como en Pleno-, que este no puede ser únicamente un país de destino turístico de Europa. Ante estas situaciones -también lo hemos
planteado en repetidas ocasiones-, continuamos sin respuestas efectivas ni medidas potentes del Gobierno para intentar equilibrar esta situación. La duda es, disponiendo de indicios que aseguran que el crecimiento de la economía española no va a
seguir como hasta ahora, saber cuánto tiempo aguantaremos si el Gobierno no se plantea adoptar algunas medidas que consideraríamos proactivas para intentar corregir estos déficits y desequilibrios que sin ningún género de dudas van a comportar
finalmente una pérdida de competitividad de nuestro tejido industrial. En este contexto, pensamos que desde los organismos públicos podría y debería realizarse un mayor esfuerzo para ayudar a nuestras empresas a iniciar o a consolidar sus
actividades de internacionalización tanto comerciales como inversoras o productoras en otros países. Es necesario y posible desde nuestra perspectiva articular políticas activas que ayuden a acelerar el proceso de internacionalización del tejido
empresarial, pero también pensamos que debe hacerse con mayores complicidades con los sectores económicos correspondientes: patronales, cámaras de comercio, sindicales. Hay una serie de cuestiones que consideramos importantísimas para intentar dar
este sorpasso, para que nuestra economía no pierda competitividad. Por este motivo nuestro grupo parlamentario reclama del Gobierno la adopción de propuestas dinamizadoras capaces de corregir los errores y problemas que padece nuestra economía y el
impulso ágil de medidas de futuro que nos permitan ser competitivos. Con este fin hemos traído a colación este debate a esta Comisión, para conseguir de los grupos parlamentarios, tanto del que da soporte y ayuda al Gobierno como del resto de
fuerzas parlamentarias, complementar las medidas que hasta la fecha ha llevado a término, no sin demasiado éxito, como demuestran los datos que reflejan mes a mes los indicadores económicos, e intentar -repito- superar esta crisis que en estos
momentos es coyuntural y que si pasa a ser estructural lógicamente afectará a la creación de puestos de trabajo.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiénes quieren fijar posición ante esta proposición no de ley? Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente, señor presidente, manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa de Convergència i Unió. No es la primera vez que hablamos del sector exterior ni que manifestamos que el déficit exterior es uno de los
mayores problemas de la economía española. Es importante dar un giro al modelo de desarrollo de la economía española, que está excesivamente basado en el consumo privado y muy poco en el sector exterior. Cualquier iniciativa que consista en
establecer medidas que impulsen el sector exterior y el descenso de su déficit es positiva para el conjunto de la economía, a fin de dar una sostenibilidad al crecimiento económico en los próximos años. Creemos que el Gobierno tiene un conjunto de
iniciativas un tanto dispersas en este sentido, pero elaborar un plan específico para impulsar las exportaciones, en definitiva para modificar el modelo de crecimiento de la economía española en defensa de un sector exterior más pujante, es positivo
y, por tanto, vamos a votar favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Delgado por el Grupo Popular.
El señor DELGADO ARCE: Vamos a posicionarnos en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación con esta iniciativa que sus autores han querido que se debata en la Comisión de Economía y Hacienda, aunque su temática se inscribe
claramente en el ámbito de las responsabilidades de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, lo cual nos da pie para intervenir, lo que siempre es una satisfacción hacer en esta Comisión de Economía.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) demanda un plan de choque para revitalizar el sector exterior de la economía española y la primera premisa es: ¿es necesario un plan de choque? Nosotros entendemos realmente que sí
porque los datos del sector exterior español lo avalan.
Los últimos son los de la balanza de pagos del Banco de España, conocidos hace escasos días, que nos dicen que el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente se ha situado ya en
68.952 millones de euros, un 7,6 por ciento del PIB y superior en un 55 por ciento al déficit del mismo período 2004, un negativo récord histórico nunca antes alcanzado y lamentablemente el nivel más alto y más elevado de todos los países de la
OCDE, balanza que ha empeorado en todos sus componentes: en la balanza comercial, con un crecimiento del déficit de 52.900 a 69.800 millones de euros, en la balanza de servicios, cuya contribución positiva ha disminuido en torno a 1.000 millones de
euros, con un empeoramiento del saldo neto de turismo, y también en la balanza de rentas o en la balanza de transferencias, cuya contribución positiva ha disminuido en cerca de 400.000 millones de euros, cifra que ya está bien. Realmente el
desequilibrio energético al que suele apelar el Gobierno socialista no justifica ni explica todo este déficit. Los males del precio del petróleo afectan en general a todos los países, también a nuestros competidores, que no tienen una situación tan
lamentable como la nuestra, y en general son todos los grandes grupos de productos, principalmente los de bienes de consumo no alimenticio, los que padecen también estos males.
El comercio mundial creció en el año 2005 entre el 6,5 y el 7 por ciento, las importaciones de la zona euro, nuestro principal socio comercial, crecieron en volumen un 4 por ciento, pero las exportaciones españolas crecen en términos reales
solo un 0,2 por ciento. Por lo tanto, es evidente que hemos perdido cuota de mercado, es decir, los exportadores españoles han perdido cuota de mercado
en 2005. Nuestra competitividad en precio de las exportaciones españolas ha bajado en un 1,5 por ciento, nuestra necesidad de financiación que este déficit exterior genera a la economía española se está cubriendo principalmente con capital
extranjero invertido a corto plazo, lo cual tiene un enorme riesgo de volatilidad, y realmente el último dato, el colofón es la contribución negativa al crecimiento del PIB español debido al sector exterior en un 1,9 por ciento, un récord histórico
que no nos gustaría estar mencionando en este momento. Los datos del primer trimestre de 2006, los últimos conocidos, enero de 2006, arrojan un crecimiento interanual del déficit comercial del 24,7 por ciento, y las tasas de cobertura de estos dos
últimos años reflejadas a mes de enero son preocupantes. En enero de 2004, tasa de cobertura: 77,5 por ciento; enero de 2005, tasa de cobertura: 67,4 por ciento y enero de 2006, tasa de cobertura: 66 por ciento. ¿Se justifican o no se
justifican medidas excepcionales y serias para afrontar la situación del sector exterior español? Nosotros pensamos que sí porque si nos vamos a otros indicadores, que yo no puedo mencionar con profundidad por falta de tiempo, al sector de la
inversión exterior durante 2005, nos encontramos con que las inversiones extranjeras directas en España descienden un 11 por ciento, medidas en términos de inversión bruta total, que la inversión española en el exterior medida en términos brutos
desciende cerca del 47 por ciento y, por lo tanto, es evidente que el factor confianza de la economía española está en entredicho, que tenemos un problema de competitividad, pero también un problema de estabilidad institucional que está poniendo en
entredicho la que teníamos con decisiones de todos conocidas que están en el debate político actual y que no podré mencionar.
Diagnosticada la existencia de un grave problema, tenemos que preguntarnos: ¿el Gobierno de España en estos momentos está adoptando medidas realmente efectivas para combatir estos males? Tenemos que decir que no. Las medidas adoptadas son
un auténtico fiasco. Lo dijimos nosotros, y eso sería lo de menos, lo dijeron los empresarios españoles cuando se presentó el plan de dinamización, el plan de competitividad, pues aquellas medidas se calificaban como totalmente cosméticas,
insuficientes y no iban al fondo de los problemas. Sociedades como la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de Inversiones Exteriores, que fueron presentadas a bombo y platillo, acaban de construirse recientemente y se puede decir que no
han pasado de tener una oficina y una secretaria. Los planes sectoriales y los planes País todavía no están rindiendo los frutos y el Gobierno socialista no puede quedarse simplemente comentándonos que esperemos, que estas son medidas y
planeamientos que producen efectos a medio y a largo plazo. Hay que reaccionar. ¿Y esa reacción cómo ha de hacerse? Ha de hacerse en la línea de una moción que nosotros presentamos y debatimos en el Pleno del Congreso en el mes de abril del
pasado año y hay que hacerla en la línea de lo que nos está recomendando el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco de España, los empresarios y el sentido común, y por eso nosotros sí queremos que se traigan medidas serias, un plan serio,
consensuado con los grupos parlamentarios y con los agentes económicos y que acometa las reformas que necesita el sector exterior y la economía española y que inciden en ámbitos como el fiscal, donde es necesario ir a una reforma realmente efectiva
y no a esta miope reforma fiscal que fue presentada y que, desde luego, no es ni ambiciosa ni responde a lo que necesitamos, o a una auténtica reforma laboral. En este sentido, me permito remitirles a que lean la iniciativa que defendió el
vicepresidente de esta Comisión, don José Folgado Blanco, hace muy poquito en el Pleno, cuando pedía una batería de medidas para articular la mejora de la competitividad y en contra de la inflación. Ahí hay un vademécum de actuaciones que son muy
de destacar junto con otras que sin duda se pueden aportar desde otros ángulos. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular apoyará esta iniciativa y espera que el conjunto de la Comisión también la haga suya.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra por el Grupo Socialista el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Me preocupa que estemos debatiendo en términos generales y no en términos concretos. Estaría de acuerdo en la mayor parte de las cosas que se han dicho, no en aquellas que pretenden arrimar el ascua a su sardina,
como brillantemente ha hecho el compañero del Grupo Popular, porque estamos hablando de temas estructurales de la economía española. ¿Por qué tenemos un problema de déficit por cuenta corriente? Ayer intervino el secretario de Estado en la
Comisión de Industria, tuvimos una solicitud de comparecencia del vicepresidente la semana pasada y se analizó, ahora intentaré repasarlo, pero el fondo del asunto es la pérdida de competitividad de la economía española, y las medidas que se pueden
tomar para corregirla, como SS.SS. saben, son medidas de fondo, medidas que afectan a los factores de producción, capital, trabajo, a la investigación y al desarrollo, al capital humano, a la educación, evidentemente a la liberalización de mercados
y de servicios, pero SS.SS. saben que son medidas de fondo que dan resultado a medio y largo plazo. Ese es el elemento esencial, independientemente de que podemos estar de acuerdo en que tenemos un problema con la inflación, que nos resta
competitividad, y con la internacionalización de nuestras empresas, que desgraciadamente no lleva el ritmo que desearíamos, al igual que lo tenemos con el patrón geográfico de nuestras exportaciones, que, como SS.SS. saben, están concentradas
fundamentalmente, en sus tres cuartas partes, en la Unión Europea, apenas un 5 por ciento en Asia y un 10 por ciento en América del Norte, creo recordar, por lo que donde crece el comercio mundial no estamos presentes. Por tanto, estamos hablando
de cuestiones que no tienen una solución de choque. No digo que no haya que tomar medidas urgentes.
¿Dónde está nuestra discrepancia, sobre todo de cara al señor Sánchez i Llibre, que me gustaría que entendiera nuestra posición? Nuestra discrepancia está en que no creemos en un plan de choque porque hemos presentado un plan que ayer mismo
recordó el secretario de Estado y ahí podemos discrepar en las medidas que se van a tomar en torno a la competitividad. Compartimos la definición, el análisis, por ejemplo en el área de competitividad. En cuanto al problema de productividad, están
presentadas una serie de medidas para el I+D, para el incremento de la productividad, para la adopción de la tecnología de la información y la comunicación. Respecto al tamaño empresarial, hay una serie de planes en cuanto a la iniciativa
emprendedora, la coordinación institucional o el conocimiento del sistema empresarial. Respecto al diferencial de inflación, hay unas medidas en el área del comercio interior. Podemos discrepar de los planes que están presentados, pero tendríamos
que hablar de planes, porque nosotros tenemos un plan, y perdón si suena a juego de palabras. Por tanto, insisto, cuando hablamos de un plan de choque nos resulta difícil aceptarlo como tal.
El segundo gran bloque que han señalado los portavoces intervinientes se refiere a la internacionalización. Hay unos planes País para orientar geográficamente las exportaciones de manera distinta. En cuanto al patrón sectorial, podremos
estar de acuerdo o no, pero tenemos un plan para los sectores de media/alta tecnología, para el sector de manufactureros, que está presentado. Respecto al tema de la reducida base exportadora y el escaso tamaño empresarial, hay unos planes que
están fomentando la concentración de las empresas. Para la implantación en el exterior hay unos planes específicos, no solamente del ICO sino los propios planes País, donde, como ustedes saben, también está establecida. Por tanto, no podríamos
aceptar que hace falta un plan, sino discutir los que hay, y quiero reclamar la vis atractiva que puede tener la Comisión de Economía para hablar de competitividad, independientemente de que la de Industria tenga sus competencias. Yo recuerdo una
intervención del portavoz del Partido Popular, señor Arias Cañete, que yo comparto, en el sentido de que no estaría de más hacer un debate a fondo de los temas de competitividad en esta Comisión, aunque entiendo la argumentación del portavoz popular
cuando habla de que las instituciones competentes en internacionalización dependen de la otra Comisión. Por acabar con el tercer gran tema, que son los factores compensadores del sector servicios/turismo, exactamente igual, hay unos planes para
fomentar la competitividad y la inversión directa.
Resumo nuestra posición. Compartimos el análisis y alabamos el interés de Convergència i Unió por hablar de un tema tan sensible y tan necesario para nuestra economía, pero no podemos votar a favor porque deberíamos hablar, punto a punto y
no de una manera general, de plan de choque cuando de cara a nuestras exportaciones desgraciadamente ya no se pueden tomar medidas relativas a tipos de cambio o a deducciones fiscales, donde, como SS.SS., saben, tenemos el problema de la normativa
comunitaria. Si vuelve de otra manera esta proposición, contará con nuestro apoyo porque el fondo lo compartimos; simplemente hay un problema de forma, para el que solicitamos la comprensión del grupo proponente.
-RELATIVA AL DESISTIMIMENTO DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 1772/01 INTERPUESTO POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CONTRA LA LEY DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 10/2000, DE 29 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE GRANDES ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000169.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la discusión de la proposición no de ley relativa al desistimiento del recurso de inconstitucionalidad número 1772/01 interpuesto por el presidente del Gobierno contra la Ley del Parlament de Catalunya
10/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para la exposición de su contenido tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: La proposición no de ley que hoy traemos a su consideración tiene su origen en la política llevada a cabo por el anterior Ejecutivo del Partido Popular por su obsesión centralista, centralizadora y de laminación de las
competencias atribuidas a las comunidades autónomas. Muchos fueron los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra leyes emanadas del Parlamento de Cataluña por parte del anterior Gobierno, bastantes de los cuales siguen hoy, varios años
después de su interposición, pendientes de votación y resolución por parte del Tribunal Constitucional, y sería lógico que con el cambio del Legislativo y con los aires de respeto que desde el Gobierno actual se dice tener hacia las competencias de
las comunidades autónomas hubiese una reconsideración de algunos de estos recursos de inconstitucionalidad que creo que obedecieron más a una determinada visión política que a posibles criterios anticonstitucionales. Este es el objetivo de la
proposición no de ley, que en este caso va ceñida a una ley aprobada en la anterior legislatura por el Parlament de Catalunya, con Gobierno de Convergència i Unió, que creaba un impuesto sobre grandes superficies. No me extenderé en las
consideraciones jurídicas sobre la constitucionalidad o no de este proyecto, que creemos fue recurrido por el anterior Gobierno basándose en criterios de oportunidad política, en el favorecimiento de las grandes superficies comerciales y en
detrimento del pequeño comercio más que en criterios de legalidad o, mejor dicho, de inconstitucionalidad, ya que la citada ley se redactó al amparo de lo dispuesto en los artículos 133.2 y 157.1 de la Constitución,
que permiten a las comunidades autónomas crear tributos propios, cuyo precepto viene desarrollado por la Lofca, que condiciona la creación de impuestos a que estos no recaigan sobre hechos imponibles gravados por el Estado y además que
recaigan en tributos establecidos sobre aquellas materias reservadas por la legislación de régimen local a las corporaciones locales, siempre que esta legislación lo prevea.
El establecimiento por parte de la ley catalana de un impuesto que grava o que tiene como hecho imponible la utilización de grandes superficies con finalidades comerciales, por razón del impacto que puede ocasionar al territorio, al medio
ambiente y a la forma del comercio urbano en Cataluña, en nada se asemeja y ninguna relación tiene ni grava el mismo hecho imponible que el impuesto sobre actividades económicas, tal y como reza el recurso de inconstitucionalidad que fue planteado.
Es una ley pensada en clave catalana para el tejido comercial catalán, que está integrado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas que se distribuyen de forma homogénea por toda la trama urbana, una circunstancia que singulariza el modelo
de ciudad propio de los países mediterráneos. Este comercio, llamado de proximidad, satisface unas necesidades vitales para los ciudadanos, de tal manera que cumple una función no solo económica sino también social y urbanística. En estos últimos
tiempos esta estructura ha experimentado notables transformaciones de origen ciertamente ajeno a la tradición urbanística y económica catalana. En buena medida estos cambios derivan de la irrupción de un sistema de distribución fundado en la
concentración espacial del comercio en un número reducido de superficies de grandes dimensiones. El grado de penetración en el mercado que han alcanzado por razón de su potencial económico y financiero las empresas que explotan estos grandes
establecimientos ha forzado en definitiva a un reequilibrio manifiesto en el sector de la distribución y a una modificación correlativa en los hábitos sociales y de consumo. Por otra parte, parece difícilmente objetable que la implantación de
explotaciones comerciales de gran superficie, en la mayoría de los casos periféricas a los centros urbanos, produce un impacto en el equilibrio y en la ordenación territorial del país, tanto por la construcción de nuevas áreas urbanizadas en las
cercanías de los centros comerciales como por el incremento del número total de desplazamientos que generan. Estas circunstancias imponen, a menudo sin alternativa, el uso del automovil para acceder a los centros, con unas consecuencias tan
previsibles como la saturación periódica de la circulación rodada por las zonas afectadas y el consiguiente aumento de índices de contaminación. La implantación de estos establecimientos comporta asimismo la construcción de accesos viales y la
intensificación de las tareas de mantenimiento de la red viaria a causa de su sobreutilización, actuaciones que deben llevar a cabo las administraciones públicas competentes. Dichas disfunciones y el sobrecoste que significa para las
administraciones y en este caso para la Generalitat hicieron que se adoptaran una serie de medidas y entre ellas este impuesto, que nada tiene que ver con el IAE y que fue aprobado en su día por una ley del Parlament de Catalunya. Entendemos, y lo
hemos dicho, que el recurso obedeció a una voluntad del anterior Gobierno por circunstancias más bien políticas y no por una posible invasión de competencias o por incumplir los preceptos de la Constitución,decisión que en su momento tampoco llevó
consigo la dosis de prudencia que requieren los recursos de inconstitucionalidad. Por tanto, creemos que sería una buena decisión por parte del Gobierno actual, que ha expresado la voluntad de cambiar a otros planteamientos, la retirada de este
recurso de anticonstitucionalidad a esta ley que fue aprobada en su día por el Parlament de Catalunya. Es por este motivo por el que hemos presentado esta proposición no de ley.
Adelanto que hay una enmienda del Grupo Socialista, en la línea, aceptable, de expresar esta buena voluntad, pero nos hubiera gustado que hubiera sido una propuesta clara de retirada de este recurso de inconstitucionalidad, porque hay
suficientes motivos para ver que fue una opción política que tuvo en su momento el Gobierno del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista que va a ser defendida por la señora Muñoz. Tiene ahora la palabra.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Tratamos la proposición no de ley relativa al desistimiento del recurso de inconstitucionalidad impuesto contra la Ley del Parlament de Catalunya sobre el impuesto de grandes establecimientos comerciales. La
Constitución recoge que las comunidades autónomas tienen competencia para crear tributos propios, pero la Lofca lo condiciona con dos límites: los tributos de las comunidades autónomas no podrán gravar hechos imponibles o gravados por el Estado y
las comunidades autónomas solo podrán establecer o gestionar tributos en materia de legislación de régimen local, si así lo prevé esta y debiendo establecer medidas de compensación. En este sentido, desde ópticas y bases jurídicas distintas sobre
la aplicabilidad y la interpretación de la Lofca, por una parte, el Gobierno del Estado interpuso este recurso basándose en el artículo 6.3 y, por tanto, considera que este tributo invade una materia imponible por los tributos locales, en concreto
el impuesto de actividades económicas y el impuesto sobre bienes inmuebles, y, por otra, la Generalitat de Catalunya y sus servicios jurídicos argumentan la constitucionalidad de la ley basándose en el carácter extrafiscal de la norma; es decir, la
Generalitat de Catalunya emplea este impuesto no para conseguir más recaudación sino con la finalidad de controlar el impacto que las grandes superficies puedan producir en Cataluña.
La voluntad del Gobierno del Estado es de diálogo y de pacto, eso está claro. Se ha terminado la línea de los gobiernos del Partido Popular de recurrir sistemáticamente
leyes de las comunidades autónomas y especialmente del Parlament de Catalunya. El Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat están y han estado dialogando. Tenemos ejemplos claros de este cambio de talante y de que la relación ha
cambiado. De hecho, se han retirado mutuamente quince recursos que se habían interpuesto mutuamente el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado. Haciendo un poco de recuento de estos recursos hay diez desistimientos de conflicto de
competencias, ocho los ha retirado la Generalitat de Catalunya y dos el Estado, y cinco recursos de inconstitucionalidad que ha retirado el Estado. Por tanto, estamos en este proceso de revisar recursos, de no ir por la vía de que las instituciones
vayan a ámbitos judiciales, sino al pacto. Estamos en una etapa diferente en un avance hacia la España plural, al respeto y al diálogo con las comunidades autónomas. Digo esto porque hay un párrafo en la exposición de motivos de la proposición de
ley que me gustaría matizar porque dice: No nos consta que el Gobierno haya puesto en marcha el procedimiento de cooperación y solución negociada de conflictos previsto en el artículo 33 de la LOTC, ni de diálogo en general. Aseguro, ya que no les
consta, que los dos gobiernos, el Gobierno de la Generalitat y el del Estado, están dialogando sobre este y otros recursos. A mí me consta y quería dejar constancia en el 'Diario de Sesiones', ya que no le constaba a Esquerra.
También quiero aclarar, porque la proposición no de ley sugiere lo contrario, que la ley está en vigor; que aunque en su día, cuando en el año 2001 se interpuso este recurso, se invocó por el Gobierno el artículo 16.1 de la Constitución, lo
cual produjo la suspensión, ope legis, de la ley autonómica impugnada, posteriormente, y ya cuando esta proposición se tramitó, ha habido una suspensión de la norma recurrida que ha sido alzada y, por tanto, en la actualidad la ley tiene plena
vigencia. Quiero hacer una última observación y es que el Gobierno actúa en esta materia con objetividad y rigor jurídico, independientemente del color político de las comunidades autónomas. Cuando se recurren impuestos de esta naturaleza en
diferentes comunidades se hace con independencia del color del Gobierno. El último ejemplo es un recurso en una ley del Gobierno de Aragón.
Tal como se puede deducir de la PNL actualmente nos encontramos en una nueva situación y en este sentido va la enmienda presentada por el Grupo Socialista, sobre la cual quisiera agradecer el espíritu abierto y de voluntad de pacto del señor
Puig en nombre de Esquerra Republicana. El modelo de financiación autonómica está en proceso de revisión. Todo apunta a una modificación de la Lofca, a la cual se hace referencia en el recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, deberíamos
replantearnos si en este proceso esta ley y este tribuno caben o no caben. El cambio que se pretende hacer en la Lofca proporcionará mayor corresponsabilidad fiscal y capacidad normativa a las comunidades autónomas. Se van a configurar los
llamados espacios fiscales propios. Este nuevo marco dará más márgenes de actuación a las comunidades autónomas y es en este marco de pacto entre las comunidades autónomas y el Estado y del cambio de financiación donde debe valorarse si tiene
cabida un impuesto como el que la ley catalana incluye. En ese sentido va la modificación propuesta por el Grupo Socialista, en cuanto a instar a la retirada del recurso, para lo cual decimos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
valorar, en el marco de las futuras normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas, la posibilidad de desistir del recurso de inconstitucionalidad interpuesto... Creemos que ya que estamos en un momento de cambio
debemos valorar todo esto. Para acabar, en este nuevo ámbito de diálogo, le haría a Esquerra Republicana una reflexión en voz alta, porque los cambios y la transformación del modelo territorial son imparables, pero más vale ir a 100 kilómetros por
hora por la autopista y avanzar a velocidad de crucero que no intentar ir a 180 y salirnos de la carretera. Creo que hemos de avanzar imparablemente pero con prudencia y con ánimo de cambio.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean intervenir en el debate de este punto? (Pausa.) Tiene la palabra por el Grupo de Convergència i Unió el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana que hace referencia al desistimiento del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra el
impuesto de las grandes superficies. Voy a hacer tres consideraciones, señor presidente. En primer lugar, quiero plantear que este impuesto sobre grandes establecimientos comerciales fue creado por la Ley 10/2000, de 29 de diciembre, y propuesto
por el Gobierno de la Generalitat, en aquellos momentos a instancias de la coalición que lo gobernaba, que era Convergència i Unió. Este impuesto tiene como finalidad, y lo ha dicho también el ponente de dicha proposición no de ley, el señor Puig,
la corrección y compensación del impacto territorial y medioambiental que puede ocasionar este fenómeno de concentración de grandes establecimientos comerciales de más de 2.500 metros cuadrados y también la atención de las necesidades de
modernización y fomento del comercio integrado en la trama urbana. Por tanto, este es un impuesto, señorías, que grava la utilización de grandes superficies con finalidades comerciales en razón del impacto que puede ocasionar en el territorio, en
el medio ambiente y en la trama urbana. Este impuesto tiene como objetivo que todas aquellas recaudaciones que se generen con su aplicación reviertan en la mejora del tejido comercial urbano. En definitiva, los recursos generados por la
recaudación del mismo van a revertir en el tejido empresarial industrial del pequeño y mediano comerciante, básicamente en la mejora del comercio urbano.
También debo recordar, señorías, que este impuesto cuando fue aprobado en el Parlamento de Cataluña lo
fue por todas las fuerzas parlamentarias catalanas, incluido el Partido Popular. Desde su creación ha tenido muchísimas críticas, todas ellas generadas por las grandes superficies, pero ha gozado del apoyo de todos los comerciantes cuyas
zonas urbanas van a ser las grandes beneficiadas por los recursos generados por la aplicación del impuesto. No solamente ha sido Cataluña la que ha planteado este tipo de impuesto sobre las grandes superficies, sino que ha habido otras comunidades
que han visto la necesidad de poderlo implantar en sus respectivos territorios, como ha sido el Gobierno canario, la Diputación Foral de Navarra o el Gobierno del Principado de Asturias. Sobre la base de estas consideraciones, del reconocimiento de
la justicia del impuesto y de que probablemente el Tribunal Constitucional nos va a dar la razón, vamos a apoyar esta iniciativa de Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra el señor Tomé, del Grupo Popular.
El señor TOMÉ MUGURUZA: Anuncio ya a SS.SS. la posición del Grupo Popular contraria a esta iniciativa que ha presentado Esquerra Republicana instando al Gobierno a la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado por el
presidente del Gobierno contra la Ley del Parlamento de Cataluña que regula el impuesto sobre grandes superficies; también nuestra discrepancia con los argumentos empleados en la defensa de la misma. En primer lugar, quiero expresar la protesta y
el malestar de mi grupo por los términos en que el señor Puig se ha referido a la labor de los gobiernos del Partido Popular, que ha calificado nada menos que de política de laminación de las competencias de las comunidades autónomas.
Esto se ha
convertido en una fórmula de estilo que se emplea por determinados grupos en este Parlamento. Sin perjuicio de que difícilmente se pueda considerar una política contraria a las comunidades autónomas la labor de un Gobierno que ha completado
transferencias en áreas tan importantes como la sanidad o la educación, que estaban pendientes desde el año 1992, o que ha impulsado un modelo de financiación autonómica avalado por todas las comunidades autónomas, en ningún caso recurrir al órgano
que tiene la misión constitucional de proteger la vigencia de la Constitución e interpretar el alcance de las competencias de los distintos órganos constitucionales, incluidas las comunidades autónomas, se puede considerar contrario a las mismas.
Después me referiré a los argumentos que avalan el recurso presentado en el año 2001 por el presidente del Gobierno, que creo que es importante recordar. En cualquier caso son cuestiones sobre las que resulta extremadamente importante que
se pronuncie el Tribunal Constitucional, pues afectan nada menos que a los límites de la capacidad tributaria de las distintas administraciones públicas, a la evitación de la doble imposición jurídica y económica, a la libertad de comercio y a la
necesaria seguridad jurídica que debe presidir las relaciones entre la Administración y los contribuyentes. Pero creo que la constitucionalidad material del impuesto catalán sobre grandes establecimientos comerciales no debe ser hoy el objeto
principal de nuestro debate, ya que no corresponde a esta Cámara determinar la misma en estos momentos. Más bien esta es una iniciativa destinada a sustraer al Tribunal Constitucional el conocimiento de la misma, al órgano que es precisamente
competente para ello. Por eso quiero, en primer lugar, hacer una consideración general sobre el alcance de la iniciativa que es objeto de discusión y sobre la naturaleza de la misma. Se trata de una proposición que viene a politizar el
funcionamiento del máximo órgano que en nuestro sistema constitucional interpreta la Constitución. Se quiere hacer objeto de debate, transacción y votación política en esta Cámara una materia que se encuentra en estos momentos sometida al
conocimiento del Tribunal Constitucional. El único efecto de esta iniciativa, si fuese seguida por el presidente del Gobierno, sería en la práctica evitar que el Tribunal Constitucional se pronuncie ahora y así prolongar la situación de inseguridad
jurídica en que se encuentran las administraciones y los contribuyentes afectados.
Creo, señorías, que, más aún, la proposición no de ley implica una clara conculcación de lo que corresponde a los distintos poderes del Estado, de acuerdo con el
principio de separación de poderes recogido en nuestra Constitución. Se establece en la misma el principio de reserva de ley en materia tributaria, siendo exclusivamente al Estado a quien, conforme al artículo 133, le corresponde la potestad
originaria para establecer tributos mediante ley. Las comunidades autónomas pueden ejercer esta potestad también conforme a la Constitución y a las leyes, y así lo hizo efectivamente el Parlament de Cataluña cuando el 29 de diciembre de 2000 aprobó
la Ley reguladora del impuesto catalán sobre grandes establecimientos comerciales. Esa era la sede adecuada para discutir la bondad de esta iniciativa y emplear los argumentos que se han traído aquí esta mañana. Pero del mismo modo que a los
parlamentos de la nación y de las comunidades autónomas les corresponde legislar dentro del ámbito de sus competencias, es únicamente el Tribunal Constitucional el único órgano legitimado conforme a la Constitución para determinar la
inconstitucionalidad de las normas. En este sentido, el artículo 162 de la Constitución legitima al presidente del Gobierno para interponer el recurso de inconstitucionalidad, como así se hizo en este caso por el presidente Aznar, avalado por los
informes del servicio jurídico del Estado, la opinión de destacados juristas que han tenido ocasión de manifestarse y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Cuando la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional regulan la capacidad de determinados órganos políticos, como puede ser la del propio presidente del Gobierno o la de los grupos parlamentarios de esta Cámara, de interponer
recursos de inconstitucionalidad no están regulando una capacidad ordinaria de
actos destinados a alcanzar los fines políticos que en cada momento persigan el Gobierno o el Parlamento para actuar dentro de las opciones que legítimamente se presenten. El recurso de inconstitucionalidad se plantea con el único fin de
proteger la vigencia efectiva de la Constitución y la integridad del Estado de derecho abriendo la puerta a que en casos dudosos o controvertidos el Tribunal Constitucional, órgano independiente del Gobierno y de las Cámaras, se pronuncie. Es por
eso por lo que consideramos ilegítimo desde el punto de vista político la retirada de recursos ya planteados ante el Tribunal Constitucional como se viene haciendo en esta legislatura como consecuencia de los compromisos existentes entre los
partidos que conforman la mayoría de Gobierno atendiendo a circunstancias políticas coyunturales. Pueden ser discutibles los motivos que en un momento avalen la presentación de un determinado recurso, pero en ningún caso parece que esté justificada
su retirada por meros motivos políticos, que sustrae al órgano, al Tribunal Constitucional, que puede clarificar la materia, el conocimiento de la misma. Estas iniciativas, lejos de reducir, como se alega, la litigiosidad y los conflictos entre las
administraciones, tienen el propósito y el efecto de evitar que se pueda pronunciar el Tribunal Constitucional respecto a determinadas iniciativas que se saben dudosas o inconstitucionales, haciendo que estas dudas persistan en perjuicio de la
seguridad jurídica y de las garantías de los ciudadanos, los contribuyentes en este caso, las propias administraciones y el Estado de derecho. Además, hay que pensar -y esto no ha sido citado por ninguno de los intervinientes- que la suspensión
automática de las normas autonómicas que son recurridas, lo que se produce en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, en este caso particular ha sido levantada por el auto del Tribunal Constitucional 189 del año 2001. Al levantarse la
suspensión, no se puede alegar perjuicio para las arcas de la Generalitat, pero sí para los contribuyentes, que se ven obligados a recurrir el impuesto. Con esta iniciativa se retrasaría el conocimiento del Tribunal Constitucional sobre esta
medida. Por tanto, no hay beneficiarios posibles de la retirada del recurso, ya que no hay suspensión de la aplicación que prive a la Generalitat de los recursos financieros para impulsar las acciones de fomento del sector comercial a que se
destinan los frutos del impuesto. También resulta sorprendente que se inste el desistimiento del recurso interpuesto por el Gobierno únicamente con respecto al impuesto establecido por el Parlamento de Cataluña, cuando es conocido que en los
últimos años han sido objeto de recurso por parte del Gobierno figuras impositivas establecidas por las comunidades autónomas que afectan a grandes superficies y que establecen tributos de características similares en Asturias, Navarra y
recientemente, con el actual Gobierno, en Aragón. Desde este punto de vista, no veo diferencia alguna con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Más aún, en esta enmienda se aprecia más claramente todavía la voluntad de
someter la posibilidad de juicio del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de una norma vigente a una regulación futura, que tendrá que ser acordada tanto por las Cámaras como por las comunidades autónomas.
Hablaré muy brevemente sobre el fondo del asunto que fundamenta el recurso de inconstitucionalidad. Ya ha sido objeto de cita esta mañana el artículo 133 de la Constitución en relación con el artículo 6 de la Lofca, según el cual la
capacidad de las comunidades autónomas para introducir recursos tributarios propios se limita a los casos y las materias reservadas a las corporaciones locales por la Ley de Haciendas Locales debiéndose desde este punto de vista evitar solapamientos
y establecerse los mecanismos de compensación o coordinación que eviten la merma de recursos de las corporaciones locales. A la Lofca se remite expresamente el vigente Estatuto de Cataluña. Tampoco creo que se deba ignorar la sentencia del
Tribunal Constitucional 289 del año 2000, que declaró nula la Ley 12/1991 del Parlamento balear, que regulaba el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente. En esa sentencia se señalaba que los límites que se establecen en la
Lofca en relación con las haciendas locales deben establecerse atendiendo a la manifestación de la riqueza efectivamente gravada, declarando nulo el tributo autonómico al incidir sobre la misma fuente de riqueza reservada a la imposición local.
El señor PRESIDENTE: Señor Tomé, si es tan amable, ¿podría concluir?
El señor TOMÉ MUGURUZA: Sí, en un momento.
Este es el caso y así se justifica en el recurso presentado al impuesto sobre grandes superficies, que coincide en su materia imponible tanto con el impuesto sobre actividades económicas como con el impuesto sobre bienes inmuebles. Se
grava, en primer lugar, una actividad comercial desarrollada por las grandes superficies, del mismo modo que lo hace el impuesto sobre actividades económicas, y se gravan los edificios del mismo modo que el impuesto sobre bienes inmuebles grava las
instalaciones comerciales o edificios destinados al comercio.
Habría otras muchas consideraciones que hacer sobre los impuestos autonómicos que gravan las grandes superficies, ya que se trata de figuras que discriminan entre contribuyentes, limitan la libertad de empresa y de competencia y perjudican
la capacidad de elección de los consumidores, al querer favorecer de forma artificiosa determinadas modalidades comerciales, pero, insisto, no es este el momento ni el lugar adecuado para analizar estas figuras, ni mucho menos para dilucidar su
adecuación a la Constitución. Es únicamente al Tribunal Constitucional a quien debe corresponder esa tarea y por eso votaremos en contra de la iniciativa. (El señor Puig Cordón pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Como ya ha tenido la amabilidad de adelantar su posición favorable, he entendido que nos quería ahorrar este último turno de intervención. (Asentimientos.)
-RELATIVA A LA REALIZACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD ENTRE ZARAGOZA-TUDELA-PAMPLONA Y FUTURA CONEXIÓN CON LA 'Y' VASCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001395.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a la realización del tren de alta velocidad entre Zaragoza-Tudela-Pamplona y futura conexión con la Y vasca. El proponente es el Grupo Parlamentario Popular y la
expondrá el señor Del Burgo, quien tiene la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Debo comenzar por explicar por qué presentamos esta proposición no de ley. El día 14 de diciembre del año 2005 el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, señor Solbes, contestó a
una pregunta de la señora Barkos que decía: ¿Está dispuesto el Gobierno a utilizar una fórmula financiera similar a la prevista en la adicional cuarta del Concierto Económico vasco para eventuales obras en Navarra? El señor Solbes le contestó que,
en su opinión, el Convenio Económico de Navarra contenía, en su disposición adicional quinta, una fórmula diferente a la del Concierto Económico vasco en su disposición adicional cuarta y que, por lo tanto, no era de aplicación la fórmula que se
había alcanzado en el País Vasco para que se pudieran anticipar determinadas obras del tren de alta velocidad, de forma que fueran asumidas directamente en su ejecución por la comunidad autónoma y después fueran descontadas del cupo con el que se
contribuye a las cargas generales del Estado. En ese momento -20 de diciembre de 2005- presentamos una moción que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que convenga con la Comunidad Foral de Navarra, al amparo de lo dispuesto
en la disposición adicional quinta del vigente Convenio Económico, la realización del tren de alta velocidad entre Zaragoza-Tudela-Pamplona y futura conexión con la Y vasca, asumiendo Navarra la ejecución del tramo navarro, deduciendo las cantidades
invertidas en la misma de la aportación a las cargas generales del Estado. Desde entonces, señor presidente, afortunadamente, el diálogo entre las dos administraciones, la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Foral,
discurre por unos cauces muy diferentes de los que existían cuando esta moción se presentó. El día 30 de marzo se celebró una entrevista entre el presidente de la Comunidad Foral y la ministra de Fomento y allí se llegó al acuerdo de impulsar esta
obra del tren de alta velocidad teniendo en cuenta que ya estaba establecido en el horizonte un acuerdo de colaboración que se había firmado el 17 de diciembre de 2002 entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Navarra, pero que llevaba dos
años prácticamente paralizado.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Del Burgo. Entre que hay problemas con el micrófono y que los del locutorio telefónico y tertuliano que hay al fondo de la sala elevan la voz cada vez más, se dificulta mucho escuchar su intervención.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Estaba diciendo que como consecuencia del nuevo clima que se ha generado entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Fomento para poner en marcha las obras que estaban incluidas en ese acuerdo de
colaboración del año 2002 -y a nosotros nos importa muy poco cuál es el marco jurídico, lo que nos importa es la realización efectiva de los proyectos allí contemplados-, pienso que esta proposición que presentamos en su día sirve en este momento en
primer lugar para demostrar ese espíritu de consenso -puesto que espero que el Partido Socialista la vote favorablemente- y en segundo lugar para que el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la nación se pongan de acuerdo con rapidez y se pueda dar
comienzo a la obra de una infraestructura que es realmente básica para Navarra. Cuando se dice que se ejecute por Navarra y que se asumiría la ejecución del tramo navarro deduciendo las cantidades invertidas en la misma de la aportación a las
cargas generales del Estado obedece y responde a la naturaleza de la obra. La obra es estatal y forma parte de las competencias estatales; por lo tanto, si la ejecución de la obra se realiza por Navarra de forma anticipada, colaborando de esa
manera con el Ministerio de Fomento en el cumplimiento de este objetivo de interés general, es lógico también que se pueda descontar de las aportaciones que Navarra hace a las cargas generales del Estado y, por lo tanto, no existe aquí ninguna
posibilidad de que se acuse de privilegio o de situación anómala por la utilización de esta fórmula.
Termino, señor presidente. Espero que podamos congratularnos con la votación. Para mí lo importante en este momento no es recordar el pasado en este tipo de cuestiones, no me parece que sea importante hacer memoria histórica. Lo
importante es que si las administraciones se ponen de acuerdo y existe voluntad política, todas estas obras que estaban previstas se realizarán y eso es beneficioso tanto para Navarra como para el conjunto de España.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean fijar posición? (Pausa.) Empezaremos por la señora Barkos, del Grupo Mixto. Tiene la palabra.
La señora BARKOS BERRUEZO: Empezaré por donde empezaba el portavoz proponente, el señor Del Burgo, con una pregunta que realizó esta diputada, efectivamente, en Pleno al señor Solbes. Lo haré simplemente para recordar dos datos, que, en
efecto, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, señor
Solbes, se refirió expresamente a la adicional quinta del Convenio navarro y que esta diputada expresamente dijo que no nos centráramos en la adicional quinta, que en absoluto recogía la pregunta que yo venía a expresar aquel día y que en
absoluto recoge lo que hoy nos ocupa. Por lo tanto me extraña, y quiero adelantarle esto, señor Del Burgo, esa mención expresa, lo explico luego con detalle y por qué.
Empezaré por decirle que vamos a votar que sí, por supuesto, a esta proposición no de ley, vamos a votar que sí a la posibilidad de financiación que el final de la proposición no de ley del Grupo Popular expresa y vamos a votar que sí ahora,
como siempre, señor Del Burgo, al proyecto de la alta velocidad o velocidad alta en Navarra, algo que ustedes no pueden decir en lo que respecta a sus responsabilidades de Gobierno en la Comunidad Foral y que explica por qué se ha retrasado este
proyecto durante tanto tiempo y por qué nos encontramos en un momento de urgencia en las comunicaciones para la Comunidad Foral en lo que debe ser subirse al tren -nunca mejor dicho en esta ocasión- del corredor cantábrico-mediterráneo. Sí, señor
Del Burgo, el Gobierno, de su partido, de la Comunidad Foral ha reconocido la necesidad de subirse al tren por la Y vasca no hace tanto tiempo, hace muy poco, pero esta seguramente es otra discusión. En cualquier caso nos encontramos ante una
proposición no de ley yo hubiera dicho que precipitada; usted nos dice hoy que además no necesaria, porque a día de hoy y después del 30 de marzo, nos encontramos con que las relaciones entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno central son
fluidas. Me alegro y me congratulo enormemente que el presidente Sanz y la ministra de Fomento, la señora Álvarez, hayan llegado ya a un primer acuerdo, pero el problema aquí no es con la ministra de Fomento, y usted lo sabe bien; el problema aquí
vuelve a ser con el ministro Solbes, porque este no solo es un problema de proyecto, es un problema de financiación del mismo, y esto es lo que nos atañe y lo que nos ocupa hoy. Así pues, ese inicio de diálogo y de diálogo fluido entre el Gobierno
de Navarra y el Gobierno central vía Ministerio de Fomento es un primer paso, pero no concluye en lo que hoy queremos concluir. Luego esta proposición no de ley sigue siendo necesaria, no está todo solucionado, y en ese sentido, el diálogo, a dos
partes.
Le decía yo que era una proposición no de ley precipitada en algunas de sus afirmaciones o de sus contenidos. Dice exactamente: al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional quinta del vigente Convenio Económico. Señorías, la
adicional quinta del Convenio Económico, aquella sobre la que le dije al señor Solbes: no se agarre ahí, que no le pregunto por eso -de ahí que me sorprenda que usted insista en ello-, dice exactamente: El Estado y la Comunidad Foral podrán
acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en Navarra o en otros territorios cuando la naturaleza o características de las mismas aconseje este tipo de financiación. Señorías, la adicional quinta, que es una herramienta válida,
habla de copago, no de adelanto, sí, señor Del Burgo, de copago, lo dice bien claro. Sí es verdad que nosotros nos referíamos a un sistema similar al que existe en este caso en el Concierto de la Comunidad Autónoma vasca, el referido a la adicional
cuarta, en la que se insiste en una fórmula de adelanto de la financiación por parte de la Administración autonómica que luego se devengaría del cupo. Es la fórmula con la que usted termina, efectivamente, su proposición no de ley que defiende hoy
cuando dice: asumiendo Navarra la ejecución del tramo navarro, deduciendo -y aquí estamos absolutamente de acuerdo- las cantidades invertidas en la misma de la aportación a las cargas generales del Estado. Pero me sorprende la insistencia del
Grupo Popular en este caso en introducir la adicional quinta. Espero sinceramente, como usted señalaba, que el Grupo Parlamentario Socialista hoy diga sí a una proposición no de ley que puede ayudar a pesar de la urgencia -yo siento enormemente
esto, pero, insisto, es competencia ya del Gobierno de la Comunidad Foral- con que nos enfrentamos a esta obra y también al modelo de financiación y confío, además, si es así, en la palabra dada por el Partido Socialista y que mire al final de esta
proposición no de ley y no se quede en esa referencia a nuestro entender inútil. Ojalá cuando tuvieron ocasión en la legislatura foral pasada, hubieran mejorado el convenio -siendo una herramienta tan útil en estas cuestiones- en una cuestión sobre
la que se había quedado corto en su día. Espero que el Partido Socialista asuma como propio en conjunto el final de esta proposición no de ley. Por tanto, y con esta reserva a la inclusión de la adicional quinta, votaremos que sí, señor
presidente, a la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora el señor Azpiazu, del Grupo Vasco (EAJ-PNV).
El señor AZPIAZU URIARTE: Nuestro grupo va a apoyar la iniciativa lógicamente, porque no puede ser de otra manera. Creemos que ya es hora de que, en este caso, tal y como ha tratado de manifestar el representante del Partido Popular,
exista un cierto buen rollito entre el PSOE o el Gobierno socialista y el Gobierno del señor Sanz, porque de alguna manera nos tiene que llevar a algo por lo que estamos peleando desde hace tantísimos años y es que la alta velocidad sea una realidad
en Euskadi. Hay que recordar que otras comunidades autónomas no han tenido la necesidad de buscar este tipo de fórmulas originales o este tipo de iniciativas de cara a conseguir tener los proyectos de alta de velocidad en marcha, porque no lo han
tenido que pedir, simplemente el Gobierno socialista o, antes, el Gobierno popular han ejecutado esos proyectos sin más. Decimos que esta iniciativa tiene sentido porque supongamos, por ejemplo, que para ir de Bilbao a Barcelona hubiera que pasar
por Madrid.
No tiene sentido más que en la mente un poco absurda y políticamente calenturienta de algunos, pero desde luego no desde un punto de vista económico ni desde ningún otro que se pueda uno imaginar.
Yo le diría al señor Del Burgo que en el preámbulo de esta iniciativa aparece que el Gobierno vasco ha formalizado ya un convenio de cooperación. Tristemente, no es cierto, señor Del Burgo. Estamos esperando que la agenda de la ministra
Álvarez esté libre para que podamos firmar este convenio. Por tanto, yo le sugeriría al Grupo Socialista también que buscara un hueco en la agenda. Nosotros se lo agradeceríamos. No entendemos, después de tres meses de intentar llegar a un
acuerdo con ocasión de los debates presupuestarios -fue por lo que mi grupo apoyó los presupuestos del Gobierno socialista o, mejor dicho, no enmendó a la totalidad los presupuestos del Gobierno socialista-, los motivos de este retraso, pues nadie
nos dice que haya problemas, simplemente no llegamos a firmar. Es bueno que el convenio se formalice ya y que las dos administraciones cooperen y avancen en el proyecto de la Y vasca, cada una en el ámbito en el que se comprometió, el Estado en la
línea de Vizcaya y Álava y el Gobierno vasco en la línea de Guipúzcoa.
También quiero manifestar, pues a veces este tipo de cosas se quedan en el aire, que da la sensación de que la situación en el caso de Navarra o de la Comunidad Autónoma del País Vasco es relativamente ventajosa o que deviene de cierto
privilegio. Nada más lejos de la realidad. Insisto en que otras comunidades autónomas no han tenido que defender nada para conseguir que estos proyectos se lleven a cabo y lo que hacen las instituciones forales, en este caso de Navarra y del
Gobierno vasco, es colaborar, impulsar y ayudar a que dichos proyectos, que son responsabilidad exclusiva de la Administración central, se lleven adelante. En este sentido, las instituciones de las comunidades autónomas colaboran y dan su apoyo
para que el Gobierno central pueda cumplir con su responsabilidad de realizar estos proyectos de alta velocidad que llevamos esperando desde hace tanto tiempo. No conviene abundar mucho más. Mi grupo, como no puede ser de otra manera, está
encantado con que esto se lleve a cabo y con que, después de habernos costado tanto como grupo vasco en la negociación presupuestaria conseguir este acuerdo, ahora otros lo vean como algo natural y positivo. Bienvenidos al encuentro y al acuerdo,
bienvenido el apoyo de todos. Lo que antes nos parecía difícil, ahora nos parece fácil y estamos encantados con que esto sea así. Esperamos que la Y vasca sea pronto una realidad, que podamos comprobar que funciona y que, insisto, podamos ir de
Bilbao a Barcelona sin tener que pasar por Madrid.
El señor PRESIDENTE: Por Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: A uno no le extraña la capacidad de sorprender del Grupo Popular. Vamos a votar favorablemente la proposición del Grupo Popular, pero también tengo que decirle que bienvenido al club. Hoy el Grupo Popular a través
del señor Del Burgo, no sé si como representante de Unión del Pueblo Navarro, UPN, ha hecho un planteamiento que entra en contradicción con la política antiautonómica que el Partido Popular ha hecho en relación con Cataluña. Bienvenido todo lo que
sea avanzar en la descentralización y facilitar que las infraestructuras se puedan llevar a cabo sin tener que esperar los aires de turno que gobiernen en Madrid. Mi grupo acepta la sana envidia, porque se decía que el modelo de financiación
catalán que proponía el Estatuto aprobado el 30 de septiembre rompía no sé cuántas cosas en España, como la solidaridad, y resulta que hoy el Grupo Popular se contradice plenamente. Algunos tienen suerte, como las comunidades forales, y otros
porque el Gobierno de turno se encarga de las infraestructuras, pero los que estamos en el medio, los que no somos ni chicha ni limonada, hemos de esperar muchos años a que las lleven a cabo. Unos finalmente firmarán el acuerdo, realizarán las
infraestructuras y las descontarán del cupo y nosotros, que estamos en el medio, tendremos que esperar a que el viento nos favorezca en todos los sentidos y podamos llegar de una vez a alta velocidad a la frontera francesa, a que algún día, algún
año, algún siglo esto sea posible.
Estamos encantados de que hoy el Grupo Popular, UPN en este caso, plantee esta iniciativa y se vea que somos solidarios con todas las comunidades y, para que no nos acusen, vamos a votar favorablemente. Y hoy también nos sirve para tener
más claro que nunca que el modelo de financiación que presentaba el Estatuto de Cataluña que salió el 30 de septiembre del Parlament no era insolidario. El Grupo Popular lo ha reconocido en sus planteamientos y en el discurso que hoy ha hecho. Así
pues, como UPN habla también en nombre del Partido Popular, entran en esa incoherencia de matices. De aquello que viene de Cataluña, en contra; de lo otro podemos hablar. Me conformo con que le sirva de reflexión a la hora de oponerse muchas
veces a aquello que viene de Cataluña. En ese sentido, vamos a dar nuestro voto favorable a esta proposición por su espíritu, un espíritu que intentamos defender con el cambio de modelo de financiación que planteaba Esquerra Republicana. Por
tanto, bienvenidos al club, al club de facilitar las cosas que hoy ha expresado el señor Del Burgo.
El señor PRESIDENTE: La última intervención es de la señora Castillejo, del Grupo Socialista.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Señorías, estamos ante una proposición no de ley que trata del tren de alta velocidad, una cuestión de indudable trascendencia para el desarrollo de Navarra como lo es para el conjunto de España. Es un tema
por el que el Grupo Socialista y el Gobierno de España han apostado de forma coherente, lógica y racional en términos de vertebración del país, al contrario de lo que hasta hace bien poco era la idea inicial del Gobierno de la Comunidad Foral de
Navarra, consistente en hacer de Pamplona una absurda estación término y no conectarla con el importante eje de desarrollo que va a constituir la Y vasca, una idea seguramente fruto de ese absurdo antivasquismo a la carta que practica la derecha
navarra. Afortunadamente,
recientemente se ha producido un giro de 180 grados en esta actitud, ya que, aunque con escasez, a veces la razón se impone, en UPN y hoy el tema concreto que se trae aquí es el problema que ha suscitado la financiación de esta obra, que en
los últimos tiempos ha logrado que corran ríos de tinta en los medios de comunicación de la Comunidad Foral. El punto álgido de esta marea de declaraciones sobre la financiación de la alta velocidad en Navarra se encuentra en el día en que el
vicepresidente económico del Gobierno, el señor Solbes, como ya se ha dicho, responde a una pregunta en la sesión de control de la diputada Barkos sobre si el Gobierno de España está dispuesto a emplear una fórmula financiera similar a la prevista
en la adicional cuarta del Concierto Económico. El señor Solbes afirmó una realidad: El Convenio económico con Navarra no contiene el tenor literal de esa disposición del Concierto vasco en referencia a la incidencia de la financiación conjunta en
el cupo vasco o en este caso de la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado. Lo que el Convenio navarro recoge es la posibilidad de acordar la financiación conjunta de inversiones a realizar en Navarra cuando la naturaleza o
características de las mismas aconseje este tipo de financiación. Esta es, y no otra, la realidad del vigente Convenio económico, pero quiero hacer especial énfasis en que este grupo parlamentario interpreta que esta disposición, efectivamente, no
excluye, sino al contrario, puede posibilitar un convenio de cooperación similar al alcanzado entre el Gobierno vasco y el de España. Por tanto, siendo el convenio un instrumento que puede posibilitar ese acuerdo, se trata a nuestro juicio, como
todos ustedes pueden deducir, de una cuestión de voluntad política y del acuerdo de las dos partes, del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España. Quiero detenerme en lo de la voluntad -porque, señor Del Burgo, es importante; en política es
importante recordar el pasado- y en cómo muestra su afán por el acuerdo el Gobierno de mi comunidad. Si de voluntad de acuerdo se trata, debería emplearse por parte del Ejecutivo navarro una actitud de lealtad institucional y dejar de sembrar
discordia con el Gobierno de España. Si se trata de voluntad de acuerdo, se debería trabajar por abrir cauces de comunicación en lugar de mantener una grotesca relación epistolar con todos los ministerios. Si se trata de predisposición a convenir,
no se pueden mantener actitudes como las que estamos observando esta semana -y saben SS.SS. perfectamente a qué me estoy refiriendo-, sobre las que prefiero no realizar ningún comentario puesto que algunos representantes debemos mantener la calma y
la sensatez en el momento político que estamos viviendo. Si se trata de voluntad política, no se puede hacer determinado tipo de declaraciones ante las afirmaciones del vicepresidente sobre el convenio porque parece contradictorio, señor Del Burgo,
que quien dice defender los intereses de su comunidad con buen ánimo y mejor talante se enfrente al Gobierno de España acusando al vicepresidente del Gobierno de ignorancia supina. Si, en definitiva, se trata de voluntad, el Gobierno de Navarra
debe cambiar de actitud radicalmente por el bien de los ciudadanos de Navarra.
Dicho esto, en la proposición no de ley se cita el acuerdo alcanzado por el Gobierno vasco para invocar la firma de uno similar para Navarra. Es curioso este tema -los políticos navarros lo saben bien- porque a veces esa muralla que UPN
levanta con nuestra comunidad vecina cae en función de sus intereses políticos coyunturales. Quiero manifestar que este acuerdo no solo se basó en la interpretación del Concierto Económico, que evidentemente lo facilitó como podría hacerlo el
Convenio navarro, el acuerdo también se basó en una ardua labor de muchos meses de trabajo, partiendo sobre todo del diálogo para la búsqueda del consenso entre las partes y mucho me temo que esas condiciones no se dan en este caso. Es cierto -ya
se ha comentado- que el pasado jueves se produjo una reunión entre el presidente de Navarra y la ministra de Fomento en la que también se afirmó que firmar un convenio con Navarra para la construcción del tren de alta velocidad es posible y bueno y
que, evidentemente, quien tiene la última palabra sobre el método de financiación que propone el Gobierno de Navarra y que se propone hoy en esta iniciativa es el Ministerio de Economía. Quiero decir alto y claro que también mi grupo cree que es
positivo y factible que se alcance un acuerdo para la financiación del tren de alta velocidad en Navarra, pero, según el escrito, es necesario, señor Del Burgo, que cada cual haga sus deberes porque, además, no debería empezarse la casa por el
tejado y es necesario un esfuerzo especial para acordar entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Fomento el diseño de la obra, su viabilidad, los tiempos, los plazos, los estudios e informes pertinentes y necesarios para su ejecución antes de
acordar una fórmula definitiva de financiación y el mejor encaje dentro del Convenio económico, para lo cual el Ministerio de Economía está abierto al diálogo y al acuerdo.
Ahora bien, el Ministerio de Economía puede atender las demandas de la comunidad foral, pero el Gobierno de Navarra debe ponerse a trabajar para lograr un acuerdo con otro talante y con otros argumentos. El Gobierno de España viene
demostrando que tiene un compromiso con la ciudadanía de Navarra y, concretamente, con el desarrollo de la comunidad foral en materia de comunicaciones, un compromiso que va a seguir cumpliendo porque en dos años el Ejecutivo ha sido capaz de
cambiar la dinámica del anterior Gobierno consistente en vender primeras piedras, primeras traviesas y acuerdos sin validez jurídica por una política basada en los hechos en lo que se refiere a las conexiones de Navarra con la red de carreteras del
Estado, con la reforma del aeropuerto de Pamplona, por ejemplo. Por tanto, dados estos condicionantes, el compromiso del Gobierno de España con Navarra, la necesidad del acuerdo entre las dos partes, Gobierno de España y Gobierno de Navarra,
reiterando que el Ministerio de Economía está abierto a atender las demandas de Navarra
en un marco de diálogo y de lealtad institucional, quiero manifestar que el voto del Grupo Socialista será favorable a esta iniciativa. Pero no puedo finalizar mi intervención sin desear que, de una vez por todas, impere la sensatez y la
calma en mi comunidad; reitero que es necesario un cambio de actitud en el Ejecutivo foral y en UPN por el bien de la ciudadanía navarra, pero mucho me temo que una vez más apelar a la cordura, señor Del Burgo, es predicar en el desierto.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, es una cuestión de orden.
Quería preguntarle si considera que calificar a mi grupo político, Unión del Pueblo Navarro, como practicante de un antivasquismo a la carta, es una alusión que
merecería la réplica por parte de este portavoz.
El señor PRESIDENTE: Francamente, señor Del Burgo, considero que no merece la pena reabrir un debate por esta alusión.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA EL RÉGIMEN DE ENAJENACIÓN DE PARTICIPACIONES PÚBLICAS EN DETERMINADAS EMPRESAS ESTABLECIDO POR LA LEY 5/1995, DE 23 DE MARZO, Y SUS DISPOSICIONES DE
DESARROLLO Y EJECUCIÓN. (Número de expediente 121/000064.)
El señor PRESIDENTE: Si no les parece mal, pasamos a las votaciones. En primer lugar, debemos ratificar la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley que hemos discutido. (Asentimiento.) Por asentimiento, queda ratificada.
Pasamos a votar el informe de la ponencia, que ha sido de conformidad, sobre el proyecto de ley por la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas de determinadas empresas establecido por la Ley 5/1995, de 23 de
marzo, y sus disposiciones de desarrollo y ejecución.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad, con competencia legislativa plena.
Pasamos a votar las distintas proposiciones no de ley. Lo haremos, en primer lugar, con la relativa al desistimiento del recurso de inconstitucionalidad número 1772/01, interpuesto por el presidente del Gobierno contra la Ley del Parlament
de Catalunya 10/2000, de 29 de diciembre, del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. Recuerdo que hemos de votarla con la enmienda que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votaremos ahora la relativa a la delegación a las comunidades autónomas de las funciones relativas a la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario en los términos que fue presentada, puesto que no se aceptó la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la relativa a la realización del tren de alta velocidad entre Zaragoza-Tudela-Pamplona y su conexión con la Y vasca.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a formular un plan de choque para revitalizar el sector exterior de la economía española.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.