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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 518, de 15/03/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 518
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA
Sesión núm. 26
celebrada el miércoles, 15 de marzo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a actuaciones del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Toledo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000251.) ... (Página 2)
-Relativa a la restauración hidrológica forestal de las áreas afectadas por antiguas escombreras de pizarra en Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000808.) ...
-Sobre actuación inmediata en el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea (Alicante). Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001067.) ...
-De modificación del Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001316.) ... (Página 14)
-Para que se tomen las medidas legales oportunas con el fin de que se respete la Directiva 92/43/CEE en los proyectos de construcción de un parque ferial y una estación de autobuses en Alcalá de Henares (Madrid).
Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001347.) ... (Página 16)
-Sobre el programa de adquisición de fincas en la zona costera del Mediterráneo del Ministerio de Medio Ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001348.) ...
-Por la que se insta al Gobierno a transferir las carreteras y caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001349.) ...
(Página 23)
-Sobre medidas para combatir el cambio climático. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001358.) ... (Página 25)
-Relativa a la necesaria reprogramación de los trabajos realizados en las obras de los colectores generales del río Miño en Lugo, tramo N-VI.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001427.)
... (Página 28)
-Relativa al estudio para definir las infraestructuras de saneamiento y depuración de la comarca de Santa Cruz de la Palma. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001431.) ...
-Sobre modificación de la legislación vigente en materia de concesiones hidroeléctricas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001467.) ... (Página 34)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a iniciar esta Comisión de Medio Ambiente. De entrada no hay cambios en el orden del día -es una buena noticia- y no votaríamos antes de la una del mediodía. Son once proposiciones
no de ley y hemos calculado que no vamos a terminar antes de la una del mediodía; si lo hiciéramos, podríamos suspender la sesión para votar a esa hora.
Señora de Lara.
La señora DE LARA I SOL: Podría ser a las doce y media.
El señor PRESIDENTE: Atendiendo a la petición del Grupo Popular, ¿podríamos terminar a las doce y media? Se propone las doce y media como hora de votación; yo proponía la una.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Podríamos hacer un esfuerzo siempre y cuando...
El señor PRESIDENTE: No se votará antes de las doce y media.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA A ACTUACIONES DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL EN LA PROVINCIA DE TOLEDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000251)
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar con la primera proposición no de ley.
Es del Grupo Popular relativa a actuaciones del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Toledo. Para defender esta proposición no de ley tiene la palabra
señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Intervengo en esta Comisión de la que no soy miembro, por eso quiero en primer lugar agradecer a mi portavoz, María Teresa de Lara, la posibilidad que me da de defender esta iniciativa.
Lamento que haga año y
medio que esté presentada esta iniciativa, de septiembre del 2004, pero la dificultad que tenemos el Grupo Popular para introducir
iniciativas de medio ambiente ha hecho que se tarde un año y medio, por eso las dos enmiendas que se han planteado. A pesar de ello, una enmienda es de plena actualidad, porque sigue describiendo en gran medida la situación hídrica que
tenemos en Castilla-La Mancha, el problema acuciante de agua que tenemos en Castilla-La Mancha, que en estos dos años en gran medida y con la sequía no ha hecho sino agravarse; por otra parte, plantea con una enmienda, lógica por el paso de este
tiempo, una actualización muy especial y muy concreta en cuanto al Plan especial del Alto Guadiana por la situación de muchas familias y de toda una zona que se encuentran ante una tremenda indefensión con motivo de sanciones, muchas de ellas
profundamente injustas y desde luego absolutamente desmedidas.
Ayer cumplíamos dos años de Gobierno socialista en España. Hace dos años, la situación hidrológica para la región de Castilla-La Mancha, para las provincias de Toledo y de Ciudad Real, era bien diferente; había encima de la mesa un Plan
Hidrológico Nacional consensuado con todo el mundo que sobre todo venía a traer futuro al agua en Castilla-La Mancha. Era un Plan Hidrológico Nacional que invertía cientos de miles de millones de pesetas en la Comunidad de Castilla-La Mancha para
mejorar la calidad de las aguas, por ejemplo del río Tajo, para asegurar el equilibrio del Alto Guadiana o para abastecer a muchos pueblos y muchas ciudades de nuestra comunidad, algunos de ellos que no tienen ni siquiera agua potable.
Estaban
contempladas muchas actuaciones de modernización de regadíos, algunas de ellas, que ya se habían puesto en marcha, de una importancia singular para crear riqueza en nuestra comunidad, y sobre todo este Plan Hidrológico Nacional conseguía por fin que
se deshipotecara el Tajo; traía una solución global, solidaria y con el acuerdo de todos que lo que hacía es que ese agua que se estaba desperdiciando en el Ebro fuese hacia las zonas más húmedas del sur de España y se pudiese por fin deshipotecar
el Tajo. A partir de la llegada del PSOE, sinceramente y a la vista de lo que tenemos hoy y de esta iniciativa que tiene un año y medio pero que, como decía, está de plena actualidad, el futuro de Castilla-La Mancha está bastante hipotecado por la
política de agua que se ha llevado. Lo primero que se hizo fue la derogación del trasvase del Ebro, en realidad de buena parte del Plan Hidrológico Nacional por vía de los hechos, a pesar de lo que dice la ministra, pero desde luego del trasvase
del Ebro.
Esto fue una cesión, como en aquel momento se dijo, pero hoy es evidente, cuando se ve la negociación del Estatuto, que fue una cesión al nacionalismo catalán. Ese fue el único motivo para que algunos dijesen que el Ebro era solo suyo.
A partir de ahí en Castilla-La Mancha especialmente, y con un presidente de la Comunidad que no se opuso a esta derogación del trasvase del Ebro, hemos visto de todo; hemos visto acuerdos no firmados ni escritos, supuestos acuerdos que se han
llamado históricos; hemos visto inventos, medias verdades y mucha propaganda para tapar la realidad que tenemos en nuestra región. En realidad son promesas, muchas de ellas, que ni siquiera se van a poder pagar porque está de plena actualidad la
financiación autonómica, y difícilmente va a poder asumir nadie la ingente cantidad de obras hídricas e hidráulicas que hacen falta en nuestra región para solucionar el déficit histórico de agua que tenemos. Nosotros entendemos sinceramente que los
responsables son desde luego el señor Rodríguez Zapatero y el señor Barreda, el presidente de la citada comunidad, porque mientras Carod-Rovira se apropia del Ebro y nos ahoga el futuro de la región, el presidente de la comunidad castellano-manchega
está absolutamente silente cuando se comete este atropello con su región. Es curioso porque estaban encantados; el anterior presidente, el señor Bono, estaba absolutamente encantado con el Plan Hidrológico Nacional, y ni siquiera cuando se derogó
el trasvase del Ebro fueron capaces de justificar esa derogación o dar una explicación en la región; algo increíble. Como digo, a partir de ahí solo hemos visto acuerdos históricos que no están ni siquiera escritos, trasvases constantes que están
expoliando la región, silencio vergonzoso cuando se vierten más de 10.000 hectómetros cúbicos de agua del Ebro al mar cada año y una guerra del agua iniciada contra todo el mundo por el señor Barreda para tapar sus vergüenzas y para echar una
cortina de humo en todo lo dicho. A todo esto, sinceramente han colaborado, creo, los diputados nacionales y los senadores del Grupo Socialista, que hoy tienen una oportunidad importante de hacer algo positivo por el futuro de la región.
En este sentido hemos presentado dos enmiendas y la iniciativa que proponemos esta mañana. En primer lugar, pretendemos agilizar todas las obras que tenían que ver con la provincia de Toledo que se recogían en el anexo segundo de
inversiones; hay una enmienda del Grupo Socialista, y en esa enmienda y en ese punto de agilizar las obras y de empezar muchas de ellas podríamos encontrar un acuerdo. En segundo lugar pretendemos algo que está de plena actualidad y en lo que
quiero detenerme un momento, como es el Plan especial del Alto Guadiana. Señorías, el acuífero 23 es uno de los mayores patrimonios de los castellano-manchegos, una de las mayores fuentes de vida, de riqueza y de empleo de nuestra región. Hace dos
años este Plan especial del Alto Guadiana estaba hecho. Desde entonces, ¿qué es lo que ha pasado, qué es lo que han hecho los gobiernos socialistas de la región y de la nación? Nada, meterlo en un cajón, olvidarlo y abandonarlo, en primer lugar;
y, en segundo lugar, sustituir el diálogo que había con el agricultor y la negociación por una serie de actuaciones, la mayoría en el ámbito del derecho sancionador o de la limitación de derechos, que en cierto modo lo que están es criminalizando al
agricultor y al regante y asfixiando las posibilidades de vida de miles de personas de Castilla-La Mancha y el desarrollo de una zona importantísima para la región. En estos dos años lo único que se ha hecho es dar bandazos en política hidráulica.
Le recuerdo que los regantes han tenido tres regímenes distintos de explotación que han creado desorientación e indefensión a la hora de
planificar la hoja de cultivos, máxime si tenemos en cuenta que estos planes se publican como muy temprano en enero cuando muchos cultivos están ya sembrados; como esto era poco, empezaron las sanciones. En un año especialmente duro para
la región por la sequía, el 2005, el Gobierno se ha dedicado a sancionar a los agricultores, sancionar a los pozos legales y a los ilegales, pliegos de cargos formulados con disparidad de criterios, con errores enormes, pero con el común denominador
de lo abultado de las sanciones, que van desde 6.000 a 600.000 euros más la valoración de los daños de dominio público. Ante esto, por supuesto, hubo movilizaciones del sector en este año pero lo que se hizo, como resultado de estas movilizaciones,
fue seguir engañando a los agricultores, como el 28 de junio de 2005, cuando se anunció a bombo y platillo una moratoria curiosamente dos días antes de una manifestación que se celebró en Ciudad Real en contra de estas sanciones. Resultado real:
en diciembre y enero han seguido llegando sanciones al sector, a los agricultores; sanciones con las que hay familias que, entre unos y otros motivos, se encuentran con multas superiores o iguales a 200 millones de pesetas, que comprenderán que es
una auténtica barbaridad. En enero del 2006 parece que ha habido algún intento nuevo de arreglar la situación. Yo creo sinceramente que lo que tienen hoy es una oportunidad real de, si tienen intención de arreglar la situación, que eso se
transforme en hechos. Se lo ofrecemos por una vía alternativa que creemos que es absolutamente factible, que les da una oportunidad a ustedes, que no han sabido encontrar la solución hasta ahora, y con la que además, si me permite, están muy
satisfechos tanto los afectados como el sector de la agricultura. Proponemos dos cosas muy sencillas. La primera es que se ejecute inmediatamente el Plan del Alto Guadiana en el plazo de un mes, que lo hagan ya y con la dotación presupuestaria
suficiente; y, en segundo lugar, en los casos en que proceda, que serán muchos en nuestra opinión, por lo desmedido y por lo injusto en muchas de las sanciones, que la Administración inicie esos expedientes de lesividad que de oficio pueden llevar
a anular estas sanciones administrativas, estas multas que están ustedes poniendo, que se están poniendo desde el Gobierno de la nación, de una manera que no hay quien entienda y ante el silencio, ya digo, del Gobierno de Castilla-La Mancha. Es una
buena oportunidad para empezar a darle un poco de oxígeno a una zona, como decía, importantísima de esta región de Castilla-La Mancha, como es toda la afectada por el sobreexplotado acuífero 23. No pierdan, señorías del Grupo Socialista, esta
oportunidad. Si están en la buena línea, aquí les ofrecemos la solución; no tienen sino que votarla a favor.
El señor PRESIDENTE: Han sido exactamente 10 minutos, lo digo para que tengamos una referencia. Ha cumplido perfectamente el tiempo asignado.
Hay una enmienda del Grupo Socialista; para su defensa tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Antes de entrar en el fondo del asunto querría someter a la consideración de la Presidencia un aspecto que es formal, no de fondo. Hemos venido a debatir una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular en
el año 2004 que se refiere a las obras del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Toledo, todas ellas planificadas dentro del Plan Hidrológico de la cuenca del río Tajo. De buenas a primeras nos encontramos esta mañana con una autoenmienda
que lo que pretende simple y llanamente es plantear otro debate distinto, que es la problemática del Alto Guadiana en relación con dos temas, el plan de sostenibilidad y las sanciones. Por tanto, señor presidente, esto no es razonable. El Grupo
Socialista por supuesto está dispuesto a debatir sobre el Alto Guadiana, el Tajo o del Guadalquivir, pero si hemos venido hablar del Tajo y de la provincia de Toledo lo que no podemos hacer es que se autoenmienden y aquí de buenas a primeras por la
mañana nos desayunemos con una proposición de ley absolutamente distinta sobre un tema completamente diferente. Ruego que reconsidere esta posibilidad: si esto es posible o no, porque no es un tema menor. Lo que nos está proponiendo el Grupo
Popular nada más y nada menos es que instemos al Gobierno a iniciar expediente de lesividad, sobre todo cuando no sabemos si hay uno, dos, quinientos o mil. Es un tema suficientemente relevante para decidir primero si lo admitimos a debate o no.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver, señor Alonso. El trámite que ha utilizado el Grupo Popular para autoenmendarse es correcto, tiene legalidad, otra cosa es el debate político. Usted puede discutirlo, puede votarlo en contra, puede decir
que no ha lugar; puede que no le parezca políticamente correcto, pero el trámite legal, según el Reglamento, que ha utilizado el Grupo Popular para autoenmendarse es escrupuloso. En este sentido tiene la palabra.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Simplemente quería dejar constancia de que se ha autoenmendado planteando un debate completamente distinto al inicialmente propuesto.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Perdón. Simplemente quiero decir que acepto evidentemente la decisión de la Mesa, pero que me gustaría que constara en el 'Diario de Sesiones' que haremos un planteamiento del tema por escrito, porque nos
parece que a pesar de que el procedimiento es legal llega un momento en que podría haber -no digo que haya, pero podría haberla- perversión en la utilización del Reglamento. Por tanto, simplemente que conste en el 'Diario de Sesiones' que haremos
llegar este escrito.
El señor PRESIDENTE: No abriremos debate porque he sido tajante y claro.
No vamos a discutir aquí sobre las diferencias entre lo legal y lo moral.
(Rumores.) Esta
Mesa está para interpretar el Reglamento. (La señora De Lara i Carbó pide la palabra.)
Señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Solamente he de indicar que en la exposición de motivos los ponentes del Grupo Socialista pueden ver que entre las obras de la provincia de Toledo se habla del Plan del Alto Guadiana, por lo que nosotros hemos
considerado que también entraba dentro del Plan Hidrológico Nacional, como así es, y por eso se ha producido la autoenmienda.
El señor PRESIDENTE. Aprovechando ya el momento, quiero significar que el señor Ballestero ha afirmado en su intervención inicial que había tardado mucho esta proposición no de ley. En todo caso es el Grupo Popular quien define en las
diferentes comisiones que hemos tenido de proposiciones de ley cuáles son sus prioridades. Solo quería señalar esto.
El señor ALONSO NÚÑEZ: No tenemos, en absoluto, ninguna dificultad para hablar aquí, debatir y por supuesto finalmente decidir sobre cualquier tema que se plantee. Es importante que dejemos constancia del intento partidario, demagógico del
Grupo Popular de traer los debates en función de la problemática y no fruto del trabajo ni del interés en la búsqueda de las soluciones. Al Grupo Socialista le parece absolutamente impresentable que el Grupo Popular desde el año 2004 hasta ahora no
haya presentado ninguna iniciativa sobre la problemática del agua ni del Tajo ni del Guadiana y ahora utilice este procedimiento para, demagógicamente, repito, intentar impedir los acuerdos que se están propiciando por las autoridades del Ministerio
de Medio Ambiente, específicamente de la Confederación Hidrográfica, con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con los agricultores.
Dicho esto, he de indicar a los señores del Grupo Popular que con relación a la literalidad de la proposición no de ley que ustedes han presentado estén tranquilos, y sobre todo que estén tranquilos, los agricultores, los ganadores y los
regantes de Castilla-La Mancha, porque el Gobierno socialista en estos dos años a los que usted se refería, señor Ballestero, ha hecho para resolver los problemas del agua en Castilla La-Mancha y en España muchísimo más de lo que han hecho ustedes
en toda su vida, y se lo voy a demostrar.
Señor Ballestero -para que sean ustedes un poco más prudentes- cuando yo tomé posesión de mi escaño de diputado por la provincia de Toledo hice una serie de preguntas al Gobierno de España; pregunté por el estado de ejecución de todas y
cada una de las obras que habían sido incorporadas al anexo de inversiones en ese Plan Hidrológico del Partido Popular tan magnífico que ustedes aprobaron. Si quiere, se lo dejo, señor Ballestero, pero le leo la contestación del estado de ejecución
de las obras que ustedes incluyen en su proposición no de ley: ampliación de la ETAP de Talavera de la Reina, cero por ciento; ampliación del abastecimiento a la mancomunidad Cabeza del Torcón, comunidad de la Milagra, San Martín de Montalbán,
etcétera, cero por ciento; ampliación y mejora del abastecimiento de la mancomunidad del Algodor, cero por ciento; modernización de regadíos del canal del Bajo Alberche, cero por ciento; proyecto de saneamiento y depuración de aguas residuales en
la cuenca del Amarguillo, cero por ciento. Señor Ballestero, ustedes prometieron mucho y no hicieron nada, nada absolutamente para la solución de los problemas del agua. Ustedes aprobaron un Plan Hidrológico Nacional efectivamente, y el Gobierno
socialista lo ha modificado en dos sentidos que tienen que ver con la problemática de Castilla La-Mancha, y específicamente con la provincia de Toledo, que era el motivo de la proposición no de ley. Se derogó el trasvase del Ebro. Este trasvase
con la problemática del agua de Castilla La-Mancha no tiene nada que ver, ni la mejora ni la empeora.
Sobre su problemática concreta, se han incluido en el nuevo Plan Hidrológico Nacional obras que ustedes no incluyeron y que son trascendentales
para la solución de los problemas hídricos de la provincia de Toledo. En su proposición no de ley, señor Ballestero, usted que es diputado por Toledo, vecino que es o que era de la ciudad de Toledo, se ha olvidado de incluir, por ejemplo, una obra
tan importante, que ahora sí está recogida en el Plan Hidrológico, que es la ampliación del sistema de Picadas ¿Sabe lo que significa la ampliación del sistema de Picadas? Que del embalse de Picadas, a través de una conexión con Almoguera en el río
Tajo, van a poder beber agua de la cabecera del Tajo en los próximos años 800.000 habitantes de la provincia de Toledo, una obra fundamental que ustedes no incluyeron y que ahora sí está incluida (El señor Ballesteros de Diego: Si no hay 800.000
habitantes en Toledo.) Es una obra muchísimo más importante que todas las que usted ha señalado en su proposición no de ley. Hay una segunda obra importantísima a la que se le ha dado prioridad en este momento en el Plan Hidrológico Nacional del
Partido Socialista, si quieren que el debate sea el Plan Hidrológico del Partido Popular y del Partido Socialista, que es la mejora integral de la calidad de las aguas del río Tajo; Se ha declarado prioritario.
Además en este momento se están
desarrollando en la Comunidad de Madrid y también en la de Castilla La-Mancha obras de saneamiento y depuración que van a permitir la limpieza y depuración del río Tajo. Por tanto, tranquilidad; nuestro Plan Hidrológico es mejor que el de ustedes;
yo no digo que el anterior para Castilla-La Mancha fuera malo, pero éste es mucho mejor, y lo que es más importante, señor Ballestero, tome nota, porque en este momento este Gobierno además de prometer, cumple, y está ejecutando, está desarrollando
las obras que ustedes anunciaron aunque para su ejecución no movieron un papel. En este momento obras del Plan Hidrológico Nacional están en distintas fases de ejecución por una inversión de más de 1.200 millones de euros sobre un total de
inversión de obras previstas en él de 2.000 millones de
euros. Esta es la realidad, y contra hechos no valen razones; menos política y más realidades.
Ahora, puesto que el presidente nos anima a ello, utilizando esta forma de cambiar los debates, vamos a hablar del Guadiana. El Plan Hidrológico del PP, el que ustedes aprobaron, que se aprobó en el 2001, hacía un mandato claro al Gobierno.
Su Plan Hidrológico decía en la disposición adicional cuarta que el Gobierno aprobará en el plazo de un año un Plan de sostenibilidad en el Alto Guadiana. Esto lo dice la ley en el año 2001.
No sé si ustedes recuerdan, -porque ha pasado ya un poco
de tiempo desde que abandonaron el Gobierno por decisión de los electores españoles, ustedes se fueron del Gobierno en el 2004- que se fueron con dos años de incumplimiento con relación al cumplimiento del Plan de sostenibilidad del Alto Guadiana;
no cumplieron con la ley, y eso es responsabilidad de ustedes. Ustedes han dicho -lo dijo el otro día la señora De Lara aquí- que habían dejado terminado el Plan del Alto Guadiana. Pues bien, ustedes dejaron un documento un mes antes de abandonar
el Gobierno, dejaron un plan que era absolutamente inviable, sobre todo por una cosa, por falta de consenso. El plan que ustedes presentaron concitó alegaciones en contra prácticamente de todo el mundo, del Gobierno de Castilla-La Mancha, de
organizaciones profesionales agrarias, de ecologistas, de ayuntamientos; era absolutamente inviable. Por tanto, las autoridades actuales de la Confederación y el Ministerio de Medio Ambiente han iniciado un nuevo proceso, un nuevo trabajo porque
el que ustedes habían dejado no valía, señor Ballestero. Si quisieran ayudar a la búsqueda de una solución deberían colaborar y utilizar menos demagogia. ¿Qué está haciendo en este momento el Gobierno de España en colaboración en este caso con el
Gobierno de Castilla-La Mancha? Primero, revisar en profundidad el documento que dejaron ustedes, el documento del Grupo Popular. Segundo, se ha suscrito un convenio entre la Administración central y la autonómica -voy a terminar señor presidente-
para consensuar todas y cada una de las actuaciones que haya que hacer sobre este plan de sostenibilidad. Tercero, a fecha de hoy se ha presentado un documento de directrices que está siendo analizado por los distintos colectivos interesados en la
búsqueda de una solución. Cuarto, y por primera vez desde la aprobación del Plan Hidrológico del 2001, la Ley de presupuestos de este año contempla un presupuesto para esta finalidad. Ustedes nunca consignaron ni un solo euro para la solución del
Alto Guadiana. Se han previsto 6 millones de euros para esta finalidad en el año 2006 y 30 millones de euros para el año 2007. Me consta -creo que a usted también señor Ballestero-, que el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, que conoce perfectamente esta problemática y que está perfectamente persuadido de la dificultad, está manteniendo reuniones para buscar una solución consensuada; por tanto le sugiero, le pido, le ruego que le dé un margen al presidente de
la confederación para la búsqueda consensuada de este acuerdo. Lo que ustedes plantean aquí no es un margen, es un ultimátum. Lo que ustedes no hicieron en cuatro años quieren que se haga en un mes, como pone en su enmienda, pero eso es imposible.
Es poner un plazo para que alguien se estrelle; es decir: aquí pongo una cuerda para que...
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, vaya terminando.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Termino. Por tanto, señor Ballestero, efectivamente estamos ante un problema difícil, que ustedes no solucionaron en su momento, que tiene difícil solución, que exige consenso, diálogo, trabajo y un poquito más de
racionalidad y menos demagogia de la que ponen algunos al acercarse a este problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Ballestero.
BALLESTERO DE DIEGO: Lamento que no me hayan planteado una transacción del Plan del Alto Guadiana porque, como diputado, comprenderá que intente dedicarme a ofrecer soluciones, y esta era una solución apropiada. A pesar de las mentiras que
ha contado sobre el Plan Hidrológico Nacional, voy a aceptar su enmienda porque todo lo que sean obras son bienvenidas.
(Un señor diputado: Ninguna mentira.)
-RELATIVA A LA RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA FORESTAL DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR ANTIGUAS ESCOMBRERAS DE PIZARRA EN GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000808)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley relativa a la restauración hidrológica forestal de las áreas afectadas por las antiguas escombreras de pizarra de Galicia, presentada por el Grupo Popular. Para defender esta
proposición no de ley tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: El 10 de julio del 2001 con el Gobierno del Partido Popular se firmó el protocolo general de colaboración entre la Xunta de Galicia, el Ministerio de Medio Ambiente, y la Confederación Hidrográfica del Norte y la
Asociación Gallega de Pizarristas para el desarrollo de actuaciones de restauración hidrológico-forestal de las áreas afectadas por las antiguas escombreras en la Comunidad Autónoma de Galicia. La comarca de Valdeorras en la provincia de Ourense es
donde se localiza la mayor concentración de explotaciones y empresas, siendo la comarca de Quiroga en la provincia de Lugo el segundo núcleo productor.
En el citado protocolo las partes que lo suscribieron se
comprometieron a realizar los trámites necesarios para posibilitar la ejecución de todas las actuaciones previstas en el plazo de cinco años, estableciendo en la cláusula undécima que su vigencia se extendería a todo el periodo de ejecución
de las actuaciones a las que el mismo se refiere. Para llevar a cabo este protocolo se estableció la siguiente fórmula de financiación, el Ministerio de Medio Ambiente asumiría el 70 por ciento del importe de las inversiones necesarias con los
presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Norte, la Xunta de Galicia el 10 por ciento y el 20 por ciento restante las empresas del sector, es decir la Asociación Gallega de Pizarristas. Como consecuencia de este protocolo, la Confederación
Hidrográfica del Norte, en colaboración con las consellerías de Industria y de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Galicia y la Asociación de Pizarristas, era la encargada de redactar los estudios y proyectos necesarios para la ejecución de
las distintas obras.
Las actuaciones llevadas a cabo en el marco del protocolo hasta la fecha han sido las siguientes: el 5 de diciembre del 2002 se firmó el convenio de colaboración entre todas estas instituciones y entidades, en el que ya se
incluyó la asistencia técnica, la dirección de los proyectos y obras de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal con un plazo de ejecución de dos años, hoy ya vencido. Por su parte, el 23 de enero del 2003, la Confederación Hidrográfica
del Norte firmó ya con una empresa adjudicataria el correspondiente concurso y comienzo de los proyectos. A fecha de hoy, la paralización del pacto ambiental de la pizarra es un hecho. Así lo ponen de manifiesto la Asociación de pizarristas y
sectores implicados, porque está pendiente la licitación y ejecución de obras definidas por los tres proyectos ya elaborados y encuadrados en la primera fase de actuaciones, porque están pendiente la licitación y ejecución de los proyectos y obras
relativas a la segunda fase y porque queda por definir y ejecutar la tercera y sucesivas fases de actuación.
Valga como dato una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno socialista, del Ministerio del Medio Ambiente, sobre esta materia que
abunda en la confirmación de la paralización, pues se aduce, sin justificación alguna, que el convenio presenta importantes incertidumbres relativas a la viabilidad y oportunidad de muchas de las actuaciones previstas, lo que ha motivado un
exhaustivo análisis de las mismas que aún no ha concluido. En otra respuesta parlamentaria se nos dice que los primeros proyectos comenzarían a ejecutarse a principios del 2006, y esto todavía no ha dado comienzo. La Asociación Gallega de
Pizarristas y sectores afectados están seriamente preocupados por lo que se presume un desvío de fondos para otras latitudes, y alertan, por ejemplo, de que de los 60 millones 30 hayan sido gastados en la ría de Ferrol y no en estos proyectos
hidrológico-forestales. Se pide para ello, en esta proposición no de ley que el Grupo Popular presenta aquí, que el Ministerio de Medio Ambiente continúe, -efectivamente se está haciendo ya algo-, con los trabajos iniciados y planificados; que el
Ministerio de Medio Ambiente lleve a cabo las acciones para asegurar la financiación. Hemos incluido un enmienda de adición porque esta proposición no de ley era de abril del 2005. Como la dificultad que ahora tiene el sector es que todos los
proyectos de restauración hidrológico-forestal deben estar contratados antes del 31 de diciembre del 2006 y ejecutados antes del 31 de diciembre del 2008, se procede a la ampliación de los citados plazos o en su defecto se propicia la firma de un
nuevo convenio para aquellas obras no ejecutadas, porque, si no, correríamos el riesgo de perder los fondos Feder. Consideramos esta inversión prioritaria tanto para Valdeorras como para el sur de la provincia de Lugo, tanto para su desarrollo
medioambiental como para su desarrollo social, por lo que pedimos que se apoye esta proposición no de ley que simplemente solicita que se continúe con lo aprobado por el Gobierno del Partido Popular en el 2001 y que ahora está paralizado y con
riesgo de perder los fondos si el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Norte no se ponen las pilas en este caso.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda en este caso del Grupo Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Ya durante la anterior legislatura hubo diversas iniciativas sobre el seguimiento de la calidad medioambiental, como acaba de comentar la diputada por Ourense del Partido Popular, de una comarca de Galicia
limítrofe con León y que además está inscrita en un relativo empuje económico teniendo en cuenta el resto de la provincia, y es una comarca dependiente, como acaba de comentar, de las explotaciones de pizarra y su posterior adecuación para uso sobre
todo en construcción. En 2003 del orden de 51 empresas de aquella comarca y de la zona sur de Lugo empleaban a más de 3.000 trabajadores directos, por lo tanto, también supone una alta incidencia en el trabajo indirecto. Como dato significativo de
la importancia de este sector apunto que es de las pocas comarcas gallegas donde hay una población inmigrante estabilizada.
Dicho esto, por la importancia que tiene, pero también por la preocupación que genera, es por lo que consideramos, saludamos y valoramos positivamente la firma del pacto medioambiental en el año 2001, este protocolo que acaba de comentar de
julio de 2001. Hablamos por lo tanto de hace cinco años y prácticamente el plazo está acabado este año, porque era 2001-2006; en respuesta a preguntas parlamentarias de seguimiento durante la anterior legislatura, el Gobierno, anterior reconocía
ya la complejidad de todo el proceso, de su puesta en marcha. Conviene precisar para entendernos dos cuestiones que contemplaba claramente el protocolo de colaboración: primero, los objetivos, que eran la recuperación hidrológico-forestal de las
cuencas de varios ríos de aquella zona y también, -me interesa mucho destacarlo- las actuaciones, que estaban dirigidas al
acondicionamiento y ordenación de cauces de ríos y arroyos con acciones que permitan la fijación y recuperación de márgenes, es decir unas acciones muy determinadas, aparte de la restauración de escombreras mediante drenaje y revegetación;
exactamente esas cosas. El otro punto que me interesa destacar del convenio era la estipulación octava, que dice exactamente que, para posibilitar la utilización de fondos europeos en la financiación estatal, la contribución conjunta de la Xunta y
del sector pizarrero será efectuada con aportaciones que hagan compatible dicha utilización; es decir claramente estaba condicionado el protocolo a la utilización de fondos europeos. Es importante por lo tanto aclararlo y añadir que el propio
protocolo contemplaba que en cada una de las fases el porcentaje 70, 10 y 20 de las aportaciones tenía que seguir siendo proporcional y continuado.
Las previsiones presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado han mantenido la siguiente evolución, en el año 2003, 2,5 millones de euros, no sabemos la ejecución; en el año 2004, 162.000 euros; en el año 2005, 1.650.000 euros,
y en el 2006 hay previstos 12.752.000 euros, por lo que el esfuerzo de las otras dos partes ha de ser paralelo, digo de la Xunta y también de las empresas de pizarra. Llegado este momento, es la hora de la verdad; por tanto, ese esfuerzo es muy
importante y lógicamente hay que evaluarlo porque las cantidades de las que estamos hablando son elevadas, sobre todo para las empresas de pizarra. Hay que aclarar muy bien cuáles son los objetivos. En respuesta parlamentaria en julio de 2003 el
anterior Gobierno afirmó lo siguiente, acerca del plan de actuaciones previsto, al tratarse de actuaciones financiadas por el fondo Feder de la Unión Europea: ...con lo que si a lo largo de este año 2003 se redactan los proyectos de las actuaciones
a realizar, una vez definidas y acordadas con las partes afectadas y aprobadas por la comisión de seguimiento para el desarrollo del protocolo, es previsible que las obras por su envergadura se puedan ejecutar en el periodo 2004-2006. Es decir,
condicionaba claramente la ejecución de las obras en ese periodo a la posibilidad de la redacción de los proyectos en el 2003.
Pues bien, hasta enero de 2004 no se inició la redacción de esos primeros proyectos, por lo tanto tenemos ahí un
importantísimo retraso y el nuevo Gobierno no solo consideró vigente el protocolo, sino, con el fin de asegurar la financiación a través de los fondos Feder, además inadecuado el enfoque dado a algunas de las actuaciones del protocolo general de
colaboración abordadas hasta el verano de 2004, más centradas en los aspectos constructivos de los proyectos que en su carácter medioambiental, lo que ponía en cuestión la elegibilidad dentro de la medida 3.6 del Feder de parte de los trabajos a
desarrollar. Es por ello que se inició el proceso de revisión, no de paralización, de las actuaciones previstas en el protocolo respecto a su viabilidad ambiental, económica y social a fin de adaptarlas a la normativa europea. Pues bien, revisados
los proyectos, de los que se han excluido los trabajos no estrictamente medioambientales y directamente imputables a las explotaciones de pizarra, por ejemplo la preparación de vertederos o la construcción de balsas de decantación, la Confederación
Hidrográfica del Norte ha formulado la programación de las actuaciones para desarrollar el protocolo general de colaboración en el que está prevista la próxima firma de los convenios para la ejecución de las actuaciones, de manera que sea factible
que los primeros proyectos comiencen a ejecutarse, como ha dicho anteriormente, en el año 2006 y se complete su ejecución a finales de 2007.
El estado actual de las obras o de los proyectos es el siguiente: referente a los ríos Casaio y Candís está en ejecución la asistencia técnica, la dirección de proyectos y obras; el proyecto del río Sil, río Seco y río Pereanes está
pendiente de la firma del convenio de colaboración, la licitación prevista en 2006, el proyecto aprobado y debería ser inminente; en cuanto a los ríos Casaio y Santa Ana el proyecto también está redactado y pendiente de firma de convenio y la
licitación prevista igualmente en 2006; el proyecto del río Valborras está en redacción y la licitación de obras también en 2006; y acerca del río Riodolas, licitación prevista en 2006, el proyecto está actualmente en redacción, recientemente
adjudicada. Durante estos dos años desde luego hubo trabajos, hubo múltiples reuniones entre los diferentes actores, conscientes del problema y en una actitud además positiva intentando llegar a soluciones del problema, como he dicho, con la
mediación -todo hay que decirlo- y el impulso del alcalde de Valdeorras, a quien hay que reconocer su liderazgo, que ha permitido reconducir los retrasos acumulados, sobre todo reconsiderando el enfoque de los proyectos y reconduciendo también la
viabilidad financiera, que es muy importante, a través de los fondos europeos, porque no olvidemos que está supeditado a ellos. En enero de 2006, hace poco más de un mes, se reunieron los conselleiros de Medio Ambiente y de Industria de la Xunta,
los representantes de la Confederación Hidrográfica del Norte y la Asociación de pizarristas, acordando agilizar al máximo los procedimientos administrativos para garantizar la inclusión del mayor número de proyectos para su financiación Feder. Por
lo tanto, la proposición de ley, aunque rescatada de hace un año, no sé si decir que es oportunista, dejémoslo en oportuna. En todo caso, viene a insistir en lo acordado entre las partes, es decir entre los que han firmado el convenio, y los
trabajos de aproximación de los objetivos y la redacción de los proyectos que se ha efectuado. Eso ya está hecho y hemos presentado, o por lo menos se ha iniciado y se está insistiendo en ello, una enmienda que insiste sobre todo en ligar las
actuaciones a los fondos europeos, que es muy importante para asegurar su financiación, y también que se continúen haciendo esos trabajos.
En cuanto a la autoenmienda, la verdad es que la hemos visto nada más llegar ahora, la estamos estudiando. Podremos llegar a un acuerdo a lo largo de la mañana de una transaccional, porque es muy positivo
para todos y desde luego para la provincia de Orense. Quiero resaltar que es muy importante la cooperación. -termino señor presidente-, entre todos los implicados para conseguir los objetivos. En todo caso, también es cierto que el sector
de la pizarra está haciendo un importante esfuerzo, porque es necesario incrementar el valor añadido de los productos.
Recuerdo aquí que solo entre 5 y el 10 por ciento de la pizarra extraída se utiliza y se rentabiliza, todo lo demás se desecha,
con los efectos medioambientales y económicos que ello tiene. Es posible aumentar los valores añadidos, tanto ambientales como económicos, dado que por ejemplo el sector de la piedra en Galicia, muy importante también, el sector de granito, ha
evolucionado de tal manera que ya hoy se exporta el doble del granito transformado procedente del exterior de Galicia, el doble del que se produce en Galicia. Nos consta que las empresas pizarreras están haciendo ese esfuerzo, las administraciones
tienen que ayudarlas e impulsarlas; todos estamos en eso. También soy conocedor de que el Bloque Nacionalista Galego había presentado su proposición no de ley que había sido registrada anteriormente a la del PP, más o menos en el mismo sentido que
estamos defendiendo los otros dos grupos. Sería conveniente para todos llegar a una transaccional a lo largo de la mañana, y creo que será fácil. Me ofrezco a dialogar con los otros grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que quieran manifestarse? Por el Bloque Nacionalista Galego tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaré precisamente por donde acabó el señor Fidalgo. Efectivamente esta iniciativa fue presentada por primera vez el 11 de marzo del año 2005 y estaba propuesta por el Bloque Nacionalista Galego.
Desgraciadamente con una práctica sectaria y antidemocrática el Grupo Popular impide que hoy se pueda acumular esta proposición no de ley a la suya, en un método que no acabamos de comprender, porque está claro que en todo caso en un debate
parlamentario siempre interesará aunar la mayor parte de los esfuerzos y tener un poco de respeto por aquellos que son los que llevan la delantera en el problema. Lo importante es en todo caso, que se solucione esta cuestión. Para nosotros es muy
importante que se asuman las demandas no solamente del sector empresarial, sino también de los grupos ecologistas y de los trabajadores. Estamos hablando de 65 empresas que prácticamente abarcan el cien por cien de la producción gallega de pizarra
de cubierta. Sabrán ustedes que Galicia es el líder mundial en la producción y exportación de esta pizarra, son un total de 610.000 toneladas las que se exportan anualmente. Esto significa que entre la exportación y el mercado interno, los
ingresos del sector son prácticamente 370 millones de euros anuales, dando trabajo a 4.000 personas, en trabajo directo, y seguramente a más de 10.000 en indirecto. Las comarcas a las que esta actividad provoca un cierto dinamismo económico ya
fueron citadas, en concreto la de Valdeorras, Quiroga y en menor extremo A Fonsagrada. El pacto de la pizarra, al que ya se aludió del año 2001, proponía una serie de objetivos de carácter estratégico que nunca fueron asumidos con la suficiente
agilidad. Realmente, los proyectos estuvieron siempre en un proceso de estudio y de revisión, pero no llegaron a acelerarse debidamente para que las obras pudiesen ser ejecutadas en debido tiempo y forma. Son muy importantes porque realmente se
trata de la ordenación racional del sector, es decir, de lograr la creación de vertederos comunes, de recuperar y revegetar amplias zonas de escombreras, de reducir el impacto visual y ambiental y de recuperar y acondicionar las márgenes de los ríos
que están gravemente contaminados. Por lo tanto, el hecho de que se elaborase un convenio el 10 de julio del año 2001 no quiso decir que fuese asumido con la debida celeridad, y no es un problema solamente de este Gobierno porque el anterior no
cumplió precisamente a rajatabla con sus compromisos, sino que se dejó guiar más por un criterio puramente propagandístico, al cual ya estamos muy habituados en Galicia. En todo caso, el problema ambiental es grave en las márgenes de los ríos; es
grave el problema ambiental desde el punto de vista paisajístico. Incluso desde el avión se puede comprobar gran parte del territorio afectado; parecen las imágenes por ejemplo de países como Bolivia, que vimos en algunas películas, y realmente es
importante que se asuma cuanto antes la ejecución de los proyectos. Su demora puede llevar a problemas efectivamente en el futuro. Es verdad que ahora está planificada la ejecución de estas obras para los años 2006, 2007 y 2008.
Lo que hace falta
saber es si todos los proyectos pueden ser asumidos en tres años, porque se trata de recuperar y acondicionar muchos ríos e incluso riachuelos, desde el Sil a otros que tienen un importancia muchísimo menor. En todo caso, si es que no se puede
asumir entre los años 2006, 2007 y 2008 sería bueno que quedasen en salvaguarda unos fondos suplementarios para que las obras no quedasen interrumpidas.
En nuestra proposición no de ley planteamos por lo tanto dos puntos: primero, iniciar la efectiva restauración de las zonas afectadas por las antiguas escombreras de pizarra en Galicia, acometiéndose en la medida en que se vaya terminando
la redacción de los proyectos porque es una manera de ganar tiempo; y, en segundo lugar, asegurar la financiación necesaria para que las obras y actuaciones de los proyectos de restauración hidrológico- forestal de las áreas afectadas por la
extracción y escombro de pizarra en las comarcas del sur de Lugo y Valdeorras, que se contemplan en el convenio, se ejecutasen en los años que decíamos nosotros, el 2005 -fue el 11 de marzo cuando registramos la iniciativa-, y el 2006. Nosotros
sabemos que en todo caso la Administración autonómica tiene totalmente dispuestas las partidas que le corresponden, y sería bueno que en todo caso del último compromiso de la reunión a la que se refirió señor Fidalgo no saliese una nueva
frustración,
sino la aceleración de unas obras que ya van con mucho retraso.
El señor PRESIDENTE: Para manifestarse sobre las enmiendas tiene la palabra señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Me gustaría primero hacer una breve reflexión sobre la práctica sectaria de la que se nos ha acusado.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, tiene un minuto, pero no se extienda porque si entramos en réplicas...
La señora VÁZQUEZ BLANCO: No se debe permitir aquí llamar sectario a nadie, y se nos acaba de llamar sectarios por el Bloque Nacionalista Galego. El señor diputado del Bloque Nacionalista Galego ha tenido un año para debatir esta
proposición no de ley, pero no lo ha hecho, y ahora el Grupo Popular lo ha hecho. Lo que no se puede hacer es ayer a las seis de la tarde atropellar e intentar introducir en el debate una proposición no de ley que ya desde marzo de 2005, como él
dijo, estaba registrada.
Son cosas diferentes, y usted por eso no nos puede llamar sectarios; yo no se lo llamo a usted, porque una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego se debata antes que una del Grupo Popular. (El señor Rodríguez Sánchez:
No, no.) El orden del día estaba fijado la semana pasada, ¿no, presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí. Señora Vázquez, ha quedado muy claro. Defínase sobre las enmiendas, por favor.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Respecto a las enmiendas, me gustaría comentarlo con nuestro compañero Celso Delgado porque esta iniciativa la ha redactado él conjuntamente conmigo, Él es quien está en contacto con la Asociación Galega de
Pizarristas, por lo que sin hablarlo con él no puedo llegar a ningún acuerdo con el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Solamente quiero aclarar que es práctica habitual que se acumulen las proposiciones no de ley. Nosotros tenemos representación en esta Comisión, por lo tanto las palabras de la señora portavoz contradicen la
práctica habitual. Además hemos mandado un escrito precisamente para que se hiciese esta acumulación con debido tiempo y en debida forma; en ninguna comisión donde hay buena voluntad se producen estos hehos. Vuelvo a repetir, el registro de la
iniciativa del BNG es anterior a la del Grupo Popular. Sería lógico que si fuera posterior se viese en esto un acto de oportunismo y se negase a la acumulación, pero no es así; es exactamente al revés.
-SOBRE LA ACTUACIÓN INMEDIATA EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DEPORTIVO LUIS CAMPOMANES DE ALTEA (ALICANTE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ERC. (Número de expediente 161/001067)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 3 sobre la actuación inmediata en el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea en Alicante. Para su defensa por parte del grupo de Esquerra
Republicana, tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Gracias, presidente.
La Posidonia es un alga de gran importancia para el ecosistema marino debido a que sus hojas y rizomas ofrecen un habitat adecuado para el desarrollo de gran número de especies. Las hojas de tan sólo un metro cuadrado de pradera de
Posidonia pueden suponer una superficie de hasta 10 ó 15 metros cuadrados de sustratos para algas e invertebrados y alimento para peces, crustáceos, moluscos y erizos de mar. Se calcula que la Posidonia ofrece alimento o cobijo a unas cuatrocientas
especies vegetales y varios miles de especies animales, entre ellas alevines de especies pesqueras de gran importancia comercial como el pulpo, la lubina y los salmonetes. Estas plantas son de una gran producción estimándose que una sola hectárea
de estas praderas produce por término medio unas 35 toneladas de materia orgánica cada año. Existen estudios que aportan datos muy significativos sobre su importancia en la economía de los países ribereños; 400 kilómetros cuadrados de fanerógamas
pueden suponer llegar a producir unas 2000 toneladas de pescado al año. Son también importantísimas debido a su producción de oxígeno. Se estima que un solo metro cuadrado de Posidonia puede llegar a producir unos diez litros de oxígeno por día;
este oxígeno no sólo pasa al agua sino también a la atmósfera debido a la difusión gaseosa del aire al agua. Estas características convierten a esta planta en un auténtico pulmón para el Mediterráneo y para todas las especies animales y vegetales
que lo habitan. Su importancia va más allá, las praderas de Posidonia oceánica son fundamentales en el mantenimiento de la línea de la costa y la estabilidad de las playas de arena y los fondos marinos, ya que sus rizomas retienen sedimentos, sus
hojas reducen el movimiento del agua y la acumulación de sus hojas muertas en la playa reduce el impacto de las olas sobre esta.
En la costa de Altea existe una importante pradera de Posidonia, una de las más importantes del Mediterráneo. Hubo una solicitud de la ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea. La Consellería de Medio Ambiente del País
Valencià concedió el informe ambiental con unas condiciones previas, que debía preservarse la pradera de Posidonias. Como se sabe, la competencia medioambiental es autonómica, pero la de
la delimitación corresponde a Dirección de Costas, que aceptó el impacto ambiental y se comprometió a respetar la pradera de Posidonias con unas condiciones predeterminadas de trasplante de la pradera. No hay experiencia en trasplantes de
praderas de Posidonias. La zona elegida para trasplantar es una zona en que nunca ha habido Posidonia. Si en los últimos siglos la Posidonia ha sido incapaz de colonizar estas áreas, es posible que no cumplan con los requerimientos ecológicos de
la especie.
Particularmente se ha elegido para el retrasplante la zona situada en la bocana del puerto. En cuanto a la viabilidad de los trasplantes ha habido una experiencia en Australia de una pequeña parte de Posidonia que no era la oceánica,
era una Posidonia de crecimiento mucho más rápido. Las otras experiencias han sido completamente nulas; ha habido en Francia, donde se ha intentado replantar Posidonia, pero nunca se ha intentado arrancar una pradera de 300.000 metros cuadrados,
como en este caso. Por tanto, ya hay dudas respecto a la viabilidad del proyecto en sí. Además en el informe se decía que no se podían iniciar las obras hasta que no se hubiera efectuado el transplante de la Posidonia. En el punto 7 del informe
medioambiental (lo tengo aquí), de la Comunidad Valenciana, se dice que deberá a realizarse previamente a las obras un proyecto de reconstrucción de la pradera de Posidonia. Si bien la competencia medioambiental en costas corresponde a la Comunidad
Valenciana, el establecimiento de las condiciones oportunas corresponde a la Comunidad Valenciana, el informe medioambiental. El informe de la Dirección de Costas considera que las autorizaciones de concesiones que se requieran deben obtenerse con
carácter previo a la iniciación de las obras de ampliación del puerto. El informe de la Dirección General de Costas resuelve informar favorablemente la adscripción de bienes y de dominio público marítimo terrestre de acuerdo con las condiciones que
se recogen en nueve puntos, entre las que se incluyen las condiciones expuestas en esta justificación. Tengo aquí el informe de la Dirección General de Costas.
Efectivamente en el punto 9 se recoge que a efectos de este informe se consideran
incluidas entre las condiciones a cumplir las que se contienen en la declaración de impacto ambiental del proyecto. Por parte de los servicios de esta Dirección General se podrá ejercer el control de ejecución de las obras con el fin de comprobar
que las mismas se lleven a cabo cumpliendo la totalidad del condicionado bajo el que se otorga, es decir a la Dirección General de Costas se otorga el control de las obras para comprobar que se cumple lo propuesto por la Generalitat Valenciana en su
informe medioambiental. Hay otro punto de este informe del Ministerio de Medio Ambiente en que dice: cualquier incumplimiento de las condiciones de la declaración de impacto ambiental y de los usos y medidas autorizados por este informe supondrá
un incumplimiento de los fines que justificaron la adscripción. Teniendo en cuenta esos dos informes de la Consellería de Medio Ambiental y del Ministerio de Medio Ambiente y sabiendo que se están incumpliendo porque las obras ya han empezado, se
están echando al mar encima de la pradera de Posidonia vertidos no autorizados (es más, las Posidonias que se están arrancando están ocasionando un deterioro rápido de la pradera, porque ocasionan socavones donde se derrumban las Posidonias
existentes; las Posidonias trasplantadas se han muerto todas, ninguna ha sobrevivido) se está infringiendo claramente lo determinado en el informe de impacto ambiental. Esto es suficiente para detener las obras y revisar si se está haciendo
correctamente. Por tanto, nuestros puntos de la proposición no de ley son dos: el primero es que efectivamente la Dirección General de Costas ejerza el control asumido de la ejecución de las obras del proyecto de ampliación del puerto deportivo
Luis Campomanes de Altea, con el fin de comprobar que las mismas se lleven a cabo cumpliendo la totalidad del condicionado bajo el que se otorgó el informe favorable de la Dirección de Costas. Si no es así, se deben iniciar las acciones
administrativas y judiciales necesarias por el incumplimiento de condiciones previas al inicio de las obras determinadas por la Dirección General de Aguas y Costas en colaboración con el Govern de la Generalitat Valenciana. Cuando hablamos de
costas, estamos siempre bajo la competencia de dos administraciones y por una o por otra deja de cumplirse la legalidad. Un informe del Defensor del Pueblo dice: La costa es un espacio sobre el que recaen competencias de los tres niveles
administrativos principales, estatal, autonómico y municipal. Nada de cuanto acaece en la costa es estrictamente de competencia exclusiva de ninguno de ellos; vale decir, nada de cuanto acaece en la costa es ajeno a ninguna de las
administraciones. Por tanto, aquí hay dos administraciones que incumplen sus responsabilidades, una que incumple su informe de impacto ambiental y otra que no lo controla. En este caso pedimos a las dos administraciones que ejerzan su
responsabilidad. Hay una enmienda del Grupo Socialista que dice: instar al Gobierno a continuar ejerciendo las medidas de control. Nos parece muy bien que continúe ejerciendo medidas de control, pero dudamos si realmente las ha ejercido alguna
vez, y estaríamos de acuerdo en admitir esta enmienda como punto 1, porque es lo que nosotros pedimos, que realmente ejerza sus medidas de control. Ayer por la noche llamé a responsables de la zona y me dijeron que ayer mismo se habían vertido otra
vez residuos encima de la pradera de posidonias, por tanto, no se está ejerciendo este control.
El punto 2 coincide con lo que nos pide Izquierda Unida, que es iniciar las acciones administrativas necesarias. Hay que iniciar acciones
administrativas, comprobar si se está cumpliendo la ley o no, y en este caso tomar las decisiones necesarias. Por tanto, con respecto a lo que plantea Izquierda Unida, nosotros compartimos su espíritu, que se cumpla la ley. En cuanto al Grupo
Socialista, se le puede decir a un Gobierno que ejerza control, pero realmente ¿quién controla al Gobierno que ejerce ese control? Aquí tenemos que
pedir a las administraciones locales que contribuyan también para que una de las mayores praderas del Mediterráneo que, como he explicado al inicio de mi intervención, es vital no sólo para el Mediterráneo y para la pesca, sino para las
costas, se mantenga.
El señor PRESIDENTE: Hay enmiendas presentadas por parte del Grupo de Izquierda Verde y del Grupo Socialista.
En primer lugar, la señora Navarro tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.
La verdad es que ante los continuos incumplimientos de los condicionantes preceptivos en el inicio de las obras de ampliación y que, por desgracia para todos, han tenido graves consecuencias medioambientales en la zona, algunas con carácter
absolutamente irreversible y señaladas en el informe de la Universidad de Alicante, que ya ha sido comentado, correspondiente al departamento de biología marina, en el que se constata que el 85 por ciento de la superficie de pradera de posidonia
trasplantada en la zona donde se proyecta la ampliación del puerto ha muerto, esa es la realidad, ante esta situación lo que entendemos que se ha de hacer es la anulación de la autorización de ampliación del puerto Luis Campomanes de Altea. Ese es
el cometido que ha de tener en este caso el Ministerio de Medioambiente porque esa es su responsabilidad. No se puede tolerar que se continúe ejecutando una obra que está produciendo el destrozo absoluto de la pradera de posidonia que, por cierto,
preocupa tanto al Partido Popular, al Gobierno autonómico, cuando se trata de hablar de desaladoras, y parece ser que no preocupa nada cuando se trata de la ampliación de un puerto que además tiene funciones más bien de ocio que otras que podrían
interesar a todos los ciudadanos. La realidad es que las pocas experiencias que se habían producido ya demostraban la inviabilidad de esta obra, y teniendo en cuenta que el proyecto puede afectar a más de 40 hectáreas y que se trata de una zona
donde escasean praderas en buenas condiciones como las que están siendo absolutamente destruidas, lo único que hay que hacer es retirar la autorización, que esas obras no continúen en ningún caso ni hoy ni mañana ni en un futuro, y de esa manera el
Ministerio de Medioambiente estaría cumpliendo con sus tareas y no estaría mirando hacia otro lado. La verdad es que me hace gracia la enmienda del Grupo Socialista aunque no soy yo quien lo tiene que decir, ya se ha dicho por la portavoz de
Esquerra Republicana, que es quien ha presentado esta iniciativa que habla de continuar, porque si se trata de continuar en los mismos términos, desde luego a nosotros nos resultará a todas luces insuficiente, pero ya hemos dicho que no somos
nosotros los que tenemos que manifestarnos en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra, para defender la enmienda presentada, la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Es cierto, como decía la portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, que ha habido un incumplimiento de las condiciones previas que estableció la propia Consellería de Medioambiente del
Gobierno Valenciano. Esas condiciones previas eran que antes de iniciar la obra tenía que haber un trasplante de la posidonia, de tal manera que cuando empezase la obra de este puerto deportivo no se produjesen los daños medioambientales que podría
provocar. ¿Qué es lo que ocurre? Que ante una pregunta del Ministerio de Medioambiente pidiendo información sobre este incumplimiento, efectivamente, la Generalitat Valenciana, el Gobierno autonómico, paraliza las obras e inicia un trasplante
experimental de la posidonia.
Este trasplante experimental acabó el 31 de diciembre del 2005 y el Ministerio de Medioambiente está a la espera de recibir los informes del Gobierno autonómico sobre dicho trasplante. Esos son los hechos. Por tanto,
la Consellería de Medio Ambiente ha cumplido con sus competencias y el Gobierno central ha cumplido con las suyas, que es pedir información sobre el asunto y hacer que esas obras se paralicen, cosa que se ha hecho, y las condiciones previas en este
momento también se están cumpliendo, por lo menos hasta la fecha. Si esos son los hechos, ahora vendría la valoración política ante esta cuestión. Yo querría recordar a la portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en esta
proposición no de ley que esas condiciones previas las pone un Gobierno autonómico en cumplimiento de sus competencias en esta materia de puertos deportivos, que son competencias totales; por tanto, ellos hacen la declaración de impacto ambiental,
ellos ponen las condiciones, y lo que puede pedir el Ministerio de Medioambiente es información sobre el cumplimiento de esto. El Ministerio de Medioambiente nunca puso esas condiciones porque no son sus competencias, sino que simplemente las
aceptó. Como en este momento se están cumpliendo y el Gobierno, está a la espera, de que el Gobierno autonómico le diga qué ha pasado con ese trasplante experimental, hoy por hoy hay muy poco más que hacer, lo cual no significa que no se puedan
hacer más cosas, pero yo quería recordar a Esquerra Republicana que el Gobierno central no puede sancionar a un Gobierno autonómico, que el Gobierno central no puede paralizar las obras, que el Gobierno central no puede revocar las actuaciones de un
Gobierno autonómico que está ejerciendo con plenitud sus competencias totales en esta materia, porque sería, ya se lo indiqué anoche cuando hablamos de esto, entrar en un grave conflicto de competencias. Insisto, en que me sorprende la manera en
que ha enfocado el tema, la portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya porque realmente este es un debate que se tendría que estar produciendo hoy en las Cortes Valencianas y no en las Cortes Generales, porque
de alguna manera usted está pidiendo que se recorten unas competencias que tiene un Gobierno autonómico, que se sancione e incluso que se llegue a los tribunales. Señora Bonàs, el Gobierno en este momento sólo puede ejercer sus competencias
sobre el dominio público de la zona, de manera que si efectivamente ahí hay un incumplimiento, entonces se tendría que ver lo que se puede hacer, pero en este momento los hechos no van por donde usted está diciendo, y estamos a la espera. Porque le
insisto, ¿qué es lo que puede ocurrir si ese transplante experimental es un fracaso? Que yo estoy de acuerdo en que podría ser. Lo único que puede ocurrir es que el Gobierno valenciano es el que tendrá que decidir si hace el puerto o no. Si no lo
hace, bien hecho, y si lo hace, entonces tendrá que poner unas nuevas condiciones previas en una nueva declaración de impacto ambiental. Yo le recuerdo que tiene sus competencias y que el Ministerio de Medioambiente, es decir, el Gobierno central,
ya está cumpliendo con las suyas, que es ir pidiendo paso a paso, conforme se va desarrollando este asunto, información continuada.¿Qué es lo que ocurre? (la señora Bonàs Pahisa pronuncia palabras que no se perciben.) Yo la he escuchado atentamente
y sin interrumpir. Si es un fracaso, entonces veremos qué es lo que hace el Gobierno valenciano en el desarrollo de unas competencias plenas, y también entonces ante esa nueva situación, el Gobierno central tomará sus propias medidas. Pero
mientras eso no se produzca, y estamos a la espera del informe que tiene que dar de ese trasplante experimental la Conseillería de Medioambiente de la Generalitat, puesto que el Gobierno está ejerciendo sus competencias al día de hoy y la
Generalitat Valenciana está ejerciendo las suyas, nosotros le proponemos una enmienda que nos parece que tendría que ser aprobada, porque sería instar precisamente al Gobierno a continuar ejerciendo las medidas de control y acciones necesarias,
subrayamos, para el seguimiento, no para que se haga el puerto deportivo, sino para el seguimiento, léalo bien, de las obras de ese puerto. Luego hay que continuar ejerciendo un seguimiento informativo sobre este tema. Espero que usted la acepte o
podríamos hablar de alguna modificación de esta enmienda, pero si no nosotros nos abstendremos. Sólo si se produce algún cambio de circunstancias, y a la espera de los nuevos informes que, creo que se lo indiqué ayer, la semana pasada pidió el
propio Ministerio de Medioambiente, nosotros cambiaremos, siempre por supuesto dentro de la legalidad vigente, las actuaciones de control que se están ejerciendo.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Murcia.
El señor MURCIA BARCELÓ: He escuchado atentamente a todos los comparecientes de esta mañana en este punto y yo seré muy breve, en aras de economía parlamentaria y porque poco tengo que decir después de las distintas posturas que se han
manifestado hoy aquí, La última intervención de doña Juana Serna creo que va en el camino correcto y yo no podría cambiar nada más que una cosa, y lo diré al final.
Efectivamente, como ha dicho doña Juana Serna, se han hecho una serie de estudios y
una serie de trabajos con el fin de solucionar el problema que en su día se estableció con carácter prioritario para que se realizara el puerto de Campomanes, pero aquí estamos entrando en una cuestión de competencias y yo no quisiera entrar en el
fondo del asunto. Espero que no se piense que no nos preocupa el tema de la Posidonia o el medio ambiente, que nos preocupa y mucho, pero sí que debemos de entrar en un problema de competencias. Para empezar, en la actualidad no ha habido
denuncias sobre todos estos hechos que se relatan por Esquerra Republicana de Catalunya de pinos, caídas al mar y demás. Son sus hechos, yo no tengo por qué ponerlos en duda, pero efectivamente serían la fundamentación fáctica para ir a un juzgado
y determinar que se están incumpliendo unas normas o la legalidad vigente con el fin de obtener la tutela de quien debe tenerla en ese momento, que son los juzgados y tribunales. En este sentido, si alguien considera que determinadas actuaciones de
cualquier Administración pública no se ciñen a la legalidad, lógicamente tiene a su disposición los tribunales de justicia, eso es para todos. Porque ¿qué pasaría si el Gobierno no cumple, o que las Cortes españolas consideraran que no actúa como
órgano responsable? Lógicamente tendrían que acudir a quien puede tutelar o salvaguardar sus derechos. Eso por un lado. Por otro lado, como ha dicho doña Juana Serna, es la Generalitat Valenciana la competente en el seguimiento y control de las
actuaciones que se realizan en la Comunidad Valenciana y, entre ellas, las transferidas en materia de medioambiente. Otra cosa es, como bien dice doña Juana Serna, que pueda informar, colaborar e incluso llamar la atención de que se puede estar
produciendo cualquier circunstancia que altere la realidad de ese documento, pero en ningún caso podemos aceptar ni tutelas ni mucho menos suspender determinadas competencias transferidas. Eso es algo que ustedes mismos, que hoy están defendiendo
una postura totalmente opuesta a la nuestra, y que yo respeto, están tratando de salvaguardar e incluso blindar lo que son sus competencias. Éstas ya están intransferidas y yo creo que es así de evidente. Lo que no podemos hacer en un momento
determinado, porque nos interese o por interés general, es retorcer la realidad y hacer una invasión o volverse centralista cuando se trata de otros. No, yo entiendo que eso no debe ser así. Por tanto, yo no puedo aceptar estas propuestas,
primero, porque el control no debe ser ejercido por nadie más que quien es el titular de esas competencias jerárquicamente; otra cosa, insisto, son los informes y las actuaciones que tenga que hacer el Gobierno, porque en definitiva es la última
instancia sobre dominio público marítimo, pero en estos temas entiendo que es la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Por tanto, quien tiene que determinar las actuaciones que se están llevando a cabo en el puerto Luis Campomanes, sean o no
adecuadas, deben ser los organismos
democráticamente competentes y establecidos. Todo lo demás sería entrar en un juego, como bien se ha dicho, de competencias, que yo desde luego no voy a tolerar porque me indignaría, que se usurparan las competencias de mi comunidad en este
caso. Otra cosa es la importancia que pueda tener el trato al medio ambiente en ese caso y que de hecho se están intentando solucionar esos problemas. Por parte del Partido Socialista hay un tema que a mí no me acaba de convencer, que es el de
continuar ejerciendo las medidas de control en cuanto a los informes. Sí, lo acepto, y de hecho ha dado una buena prueba de que tiene conocimiento de la situación, pero desde luego no del control con jerarquía en el caso de la competencia de la
Comunidad Valenciana, eso no lo podríamos aceptar. En última estancia, a mí me resulta chocante, porque si se están produciendo esas circunstancias que dice Esquerra Republicana, el máximo responsable sería el ministerio que no ha ejercido
debidamente sus competencias y en ningún caso la Comunidad Valenciana. Por tanto, con esto termino y simplemente les digo que mi grupo va a votar negativamente esta proposición no de ley y las enmiendas que de ella se derivan.
El señor PRESIDENTE: Señora Bonás, entiendo que aceptaba la enmienda de Izquierda Unida, no así la enmienda del Grupo Socialista.
La señora BONÁS PAHISA: Acepto la de Izquierda Unida y no acepto la enmienda del Grupo Socialista.
-DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1471/1989, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/00316.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 4, de modificación del Real Decreto 1471 del año 1989, por el que se aprueba el Reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas,
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Señor Guinart, tiene la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo pretende a través de esta proposición no de ley ajustar la ley a lo que es la realidad. (El señor Vicepresidente, Merino Delgado, ocupa la Presidencia.) Se trata del Reglamento que desarrolla la Ley de
Costas que en el artículo 11 establece cuáles han de ser las normas o las reglas que han de seguirse para la instalación de establecimientos de bebidas o de comestibles en la zona marítimo terrestre, en las playas, en las zonas costeras. Dicho
reglamento distingue entre las ocupaciones fijas y las ocupaciones no fijas, aquellas que se retiran cada año acabada la temporada de verano.
Para las instalaciones fijas la ley prevé una ocupación de 150 metros cuadrados, de los cuales 100 puede
ser cerrados y los otros 50 pueden ser abiertos, ocupados por sillas o por mesas, pero en cambio para las ocupaciones no fijas el reglamento permite únicamente la ocupación de 20 metros cuadrados sin ninguna matización adicional. La realidad es que
en todos los municipios de costa, los municipios turísticos, esas ocupaciones no fijas acaban teniendo anexos, unas instalaciones con mesas y terrazas que se suman a esos 20 metros de ocupación cerrada. Nuestro grupo ha constatado que los
ayuntamientos no son capaces de erradicar la posibilidad de que se instalen mesas y terrazas anexas a estos chiringuitos y que los propios servicios de costas en la periferia, a pesar de que levantan actas de esas ocupaciones adicionales, después
finalmente, con criterios muy dispares, los acaban tolerando, unos con más rigor y otros con menos, unos con sanciones, otros sin sanciones, unos cobrando canon o no cobrando canon. Además esas ocupaciones adicionales son muy difíciles de
controlar, porque son elementos móviles, mesas y sillas que aparecen y desaparecen. Esto complica muchísimo la gestión de los ayuntamientos, que son quienes finalmente autorizan, después de haber cumplido el trámite previo del plan de usos o de
servicios presentado a costas, esas instalaciones, pero realmente son muy difíciles de poder controlar. Ante esta realidad, nuestro grupo pretende dar mayor flexibilidad a los ayuntamientos en esas ocupaciones y que puedan otorgar ocupaciones
adicionales en esas zonas anexas a esos chiringuitos o a esos establecimientos de tamaño reducido y que deben retirarse a final de temporada, con una ampliación de las zonas transitoriamente, provisionalmente durante esa temporada de verano e
incluso durante ciertas horas al día, únicamente con esas mesas y esas terrazas. Así, damos también respuesta a las peticiones que nos han formulado diversos ayuntamientos de la zona de Cataluña, cuya problemática conocemos mejor por tener
experiencias cercanas. Además, el hecho de que esos elementos, tanto los chiringuitos como las instalaciones constructivas, por decirlo así, como las mesas y las sillas, deban retirarse a final de verano, esto no debe, y en realidad así es,
implicar ningún efecto sobre la preservación del medio ambiente ni sobre la seguridad y la estética de los frentes marítimos, porque, como digo, esas son instalaciones de quita y pon. Por otro lado, tenemos conocimiento de que el Partido Socialista
ha presentado o está pendiente de presentar así lo ha anunciado en prensa en nuestro territorio una proposición no de ley para inducir a una interpretación de la Ley de Costas en lo que hace referencia a las instalaciones de terrazas, ya no tanto en
la zona de playas sino en las zonas litorales, que responda a un concepto más amplio de temporada turística, teniendo en cuenta que algunos restaurantes de la zona costera también prestan sus servicios a lo largo del año, con lo cual además redundan
en una superación de la temporalidad,
que es uno de los problemas de los municipios turísticos. Si se trata en esta Comisión nuestro grupo lo verá con buenos ojos, y ya que hace referencia al mismo tema queremos manifestarlo.
La propuesta concreta de nuestro grupo es que esas instalaciones de establecimientos en las playas en las que hasta ahora se permitía una ocupación de 20 metros cuadrados pero nada adicional, se acerquen a lo que es la consideración de los
establecimientos fijos y que también puedan ocupar un entorno de 150 metros cuadrados, cuya limitación luego podrán disminuir, en función de las características de cada playa o de cada entorno, los propios ayuntamientos, pero que el margen superior
sea de 150 metros cuadrados, de los cuales además tanto costas como el propio ayuntamiento deberán percibir los correspondientes cánones de ocupación.
Esta es nuestra propuesta y en cualquier caso sigue siendo válida en estos momentos a pesar de
que, y así esperamos que sea, en la próxima aprobación del Estatuto de Cataluña las competencias en materia de costas y de ordenación de las playas se transfiera o corresponda, mejor dicho, a la Generalitat, cosa que nuestro grupo ya pidió a través
de una proposición de ley hace unos meses en esta Cámara y que no prosperó porque se nos dijo que esto se trataría en el contexto más amplio del debate del Estatuto, y esperamos que así sea en el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señor Fajarnés, por el Grupo Popular, tiene la palabra.
El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió ha presentado a debate en esta Comisión una proposición no de ley que solicita la modificación del artículo 65 del Real Decreto 1475 de 1989, es decir, el
Reglamento de la Ley de Costas, con objeto de permitir, tal como ha expresado su portavoz, que las instalaciones desmontables, lo que normalmente se llaman chiringuitos, tengan una ocupación máxima de 150 metros cuadrados, de los cuales solamente 20
puedan ser cerrados. El Grupo Parlamentario Popular es consciente de la situación descrita en la proposición no de ley de Convergència i Unió y compartimos el criterio de que es necesario regularizar una situación de hecho si no injusta, por lo
menos injustificada, que hace de los chiringuitos desmontables estar en una posición de cierta desventaja respecto a la de las instalaciones fijas en lo referente fundamentalmente a los metros cuadrados de ocupación permitida. Lo cierto es que esta
situación provoca en muchas ocasiones la permisividad o no, dependiendo de la autoridad de costas y dependiendo de la autoridad de costas de cada una de las comunidades autónomas, de que se ocupen más o menos metros o hasta incluso que se autoricen
o no dichas concesiones. Visto esto y visto que esta proposición no de ley viene como consecuencia de la moción presentada por un concejal del Partido Popular de LLoret de Mar, que gobierna en coalición con Convergència i Unió, y que fue aprobada
por dicho ayuntamiento y de la que, por cierto, aún no ha recibido contestación a la petición por parte del Ministerio de Medioambiente, suponemos que por no estar de acuerdo, el Grupo Parlamentario Popular dará su apoyo a esta proposición no de
ley, a pesar de que le hubiese gustado, porque pensábamos que hubiese sido más razonable, que se hubiese presentado conjuntamente tal como se aprobó en el Ayuntamiento de Lloret de Mar. Por último, para el Grupo Parlamentario Popular es una
cuestión prioritaria el que las playas de este país estén perfectas, ordenadas, con buenos servicios y en perfecto estado de revista, porque de ellas depende gran parte de nuestro turismo, de nuestra oferta turística. Por eso, preferimos, señorías,
adaptar y ceñirnos a la realidad, tal como se expresa en la proposición no de ley, y no las políticas anunciadas por altos cargos del Ministerio de Medioambiente de intentar desmantelar instalaciones de playas.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: La propuesta que nos hace el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en esta proposición no de ley pretende la ampliación de la ocupación del espacio público, aunque sea temporal y desmontable, pero es cambiar uno
de los criterios establecidos en la Ley de Costas y en el Reglamento que lo desarrolló posteriormente sobre la ocupación del espacio público. La diferencia que la ley y el reglamento hizo sobre las instalaciones desmontables y fijas tenía una
cierta base, el que las ocupaciones de instalaciones desmontables estaban en playas urbanas y las instalaciones fijas estaban en playas no urbanas. Esto tenía el sentido de que en las playas urbanas los servicios de restauración estaban en la zona
urbana, mientras que en playas donde no había actividad urbana detrás había que dar una instalación fija que pudiera dar unos servicios completos a esta playa. Por esta razón en las playas no urbanas había la posibilidad de 150 metros cuadrados de
ocupación, de los cuales solamente 20 eran cerrados, mientras que en las playas urbanas eran 20 metros cuadrados de ocupación sin nada más, es decir, exclusivamente el chiringuito, mientras que en las no urbanas era el chiringuito y la terraza. La
equiparación de estos dos tipos de instalaciones comportaría un agravio comparativo con los establecimientos en las zonas urbanas, al establecer una competencia en suelo público, por lo que en estas playas en lugar de eliminar ocupaciones, la
proposición del Grupo de Convergència i Unió lo que comportaría sería precisamente incrementar estas ocupaciones. El argumento de que así se finalizarían situaciones de excepcionalidad y tolerancia, no creo que sea deseable desde el punto de vista
de los principios establecidos por la ley, precisamente lo que sería deseable sería lo contrario, ejecutar y hacer cumplir lo que dice la ley y no a partir de que hay situaciones reales, aceptarlas y tolerarlas. Creo que tendría que ser deseable
precisamente lo contrario, que es actuar sobre estas ocupaciones ilegales, estas ocupaciones no deseables en zonas urbanas y eliminarlas.
Por todas estas razones, el Grupo Socialista va a votar en contra de esta proposición no de ley. La propuesta de la que hablaba el portavoz del Grupo de Convergència i Unió, el señor Guinart, que el Grupo Socialista va hacer más adelante,
no va sobre ocupación sino sobre la gestión de esta ocupación, que es una cosa distinta. Nosotros pensamos que la ocupación no es deseable incrementarla, al contrario, pensamos que hay que limpiar las playas de ocupaciones abusivas y no deseables,
y nuestra proposición, que espero que pueda venir dentro de poco a esta Comisión, trata sobre la gestión de estas ocupaciones, tanto las fijas como las temporales, en aras a que los ayuntamientos dispongan de más facilidad para poderlas decidir y
que tengan mayor flexibilidad fuera de los momentos de temporalidad que estoy de acuerdo con el señor Fajarnés en que probablemente han cambiado los tres meses habituales y en ciertos municipios hablaríamos de siete meses o incluso de meses de fuera
de temporada. Pero nuestra idea va sobre la gestión de la ocupación y no sobre la ocupación misma. En definitiva, señor presidente, señoras y señores diputados, nosotros no creemos conveniente esta proposición no de ley y, por tanto, nos vamos a
oponer a ella.
-PARA QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS LEGALES OPORTUNAS CON EL FIN DE QUE SE RESPETE LA DIRECTIVA 92/43/CEE EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SU PARQUE FERIAL Y UNA ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN ALCALÁ DE HENARES (MADRID).
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001347.)
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora García-Hierro.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Señoras y señores diputados, tengo el honor de presentar esta proposición no de ley en representación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Se trata de una iniciativa en la
que la Comunidad de Madrid propuso al Gobierno de España, en abril de 1999, que propusiera a la Comisión Europea que esta zona fuera declarada dentro de las zonas de interés comunitario, zona LIC, y este hecho también se repite en el año 2004. Se
trata de la declaración de los márgenes del río Henares, como ya he dicho, en LIC, lugar de interés comunitario, basándose en la necesidad de que tal área fuera considerada un espacio natural protegido, a fin de preservar debidamente el ecosistema
de su ribera, que es de una rica biodiversidad.
Dicha declaración, según diversas informaciones nacionales y europeas, se encuentra en proceso de finalización. La Isla del Colegio, colindante con el río Henares, en el municipio de Alcalá de
Henares, en la Comunidad de Madrid, forma parte del lugar de importancia comunitaria propuesto, cuencas de los ríos Jarama y Henares, a la Unión Europea. Esta zona se encuentra dentro de los límites establecidos por la Directiva 92/43 de la
Comunidad Europea, en su artículo 6, apartado 3, de protección de los hábitats. El proyecto se refiere a la recuperación ambiental de una zona hasta ahora de cultivo de regadío en un área forestal. El artículo 4 de la directiva sobre hábitats
establece el procedimiento de selección y designación de la Red Natura 2000. Cada Estado miembro de la Unión Europea propone una lista de lugares con indicación de hábitats naturales y de las especies autóctonas a proteger, cuestión que, como he
citado anteriormente, se propuso en dos ocasiones por el Estado español, en 1999 y en 2004. Es el caso de la Isla del Colegio, en Alcalá de Henares, la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 13 de enero de 2005, asunto CE 117/03, falló que
las medidas de protección previstas en el artículo 6, apartados 2, 3 y 4 de la directiva sobre hábitats, deja bien claro que los Estados miembros también deben proteger los lugares que figuran en la lista comunitaria, es decir, los lugares LIC
propuestos, puesto que el cumplimiento de los objetivos de la directiva podría ponerse en peligro si los LIC propuestos no estuvieran protegidos. Es el caso, vuelvo a reiterar, de la Isla del Colegio. No obstante, el municipio de Alcalá de
Henares, concretamente el Gobierno municipal regido por el Partido Popular, tiene previsto construir un parque ferial en dicho lugar financiado con los fondos Feder Objetivo 2 sin hacer la preceptiva evaluación ambiental. Este hecho preocupa a las
diversas organizaciones ecologistas, sociales, políticas y a la opinión pública en general, ya que estiman que dañaría gravemente y de manera irreversible los márgenes y espacios verdes del río Henares, lo que entra en contradicción con la
protección de este espacio natural, pues si tenemos en cuenta que el proyecto ferial coincide en los límites 100 metros de la franja de la ribera, el grado de afección sería muy grave por el vertido masivo, acumulación de residuos, contaminación
acústica y la presión urbana, ya que una vez construido este recinto ferial se dedicará a diferentes eventos. Como ejemplo quiero significar que en las fiestas locales se generan más de 120 toneladas de residuos. Por ello, el Partido Socialista
Obrero Español, su grupo municipal en Alcalá de Henares, ha dirigido una queja o petición a la Comisión Europea, que ha sido admitida, para que se elabore un informe sobre el impacto ambiental y, por tanto, se llevará a cabo un examen e
investigación preliminar, que es precisamente también nuestra posición. No se trata de no construir un recinto ferial que cubra las necesidades de Alcalá de Henares, sino de que se construya en el lugar adecuado, es decir, respetando y preservando
los hábitats naturales de la Isla del Colegio, la ribera del Henares. Por ello, proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Ministerio de Medioambiente a que, en el marco de las relaciones entre administraciones que
prevé la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se interese ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Madrid por la evaluación del impacto ambiental del proyecto de
construcción de un parque ferial en Alcalá de Henares, concretamente en la Isla del Colegio. Estos días habrán podido ustedes leer en la prensa cómo la Comisión Europea ha decidido llevar a cabo esta investigación preliminar y se dirige al Gobierno
de España para que se tenga en cuenta la sentencia a la que he hecho referencia respecto a que se trata de una zona que está en el listado de hábitats a proteger por la Comunidad Europea y propuesto en dos ocasiones, como ya he citado, por los
respectivos gobiernos de 1999 y de 2004 de España. Creo que sería interesante en este caso que el Partido Popular, que es quien gobierna en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y, por tanto, tiene una mayoría suficiente, se atuviera a esa propuesta
que en su momento hizo la propia Comunidad de Madrid, gobernada por el mismo partido, y que hacen las organizaciones políticas, sociales y nuestro grupo en esta Comisión. Por ello, espero y confío, probablemente no vaya a ser así, pero hasta el
último momento voy a solicitar que se detenga la construcción de ese recinto en ese espacio protegido, se busquen otras alternativas, porque estamos absolutamente convencidos de que el hecho de que se incorporara en el listado de proyectos es porque
se daban las características necesarias para ello por el entonces Gobierno del Partido Popular y también el de la comunidad autónoma y, por tanto, sería bueno y razonable que se abordara desde esa perspectiva sin, en ningún caso, mantener una
opinión contraria, sino totalmente favorable a la construcción de un recinto, pero en otro espacio que, por cierto venía realizándose con anterioridad y que no supone en ningún caso un deterioro ni un agravamiento del entorno de la ribera del
Henares.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra la señora de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Efectivamente, oyendo a la señora García-Hierro y viendo los informes y la visita que he hecho yo a la llamada Isla del Colegio, parece que hablamos de dos temas completamente distintos.
Intentaré brevemente
explicar cuál es la realidad. La Isla del Colegio es una zona situada entre el río Henares y un canal artificial creado para el riego de la Isla y para mover un antiguo molino. Tiene una superficie aproximada de 600.000 metros cuadrados, de los
cuales el Ayuntamiento de Alcalá ha captado en la actualidad el 50 por ciento aproximadamente.
Hasta el momento de su captación, la Isla se dedicaba a explotación agrícola, y además en un 50 por ciento que todavía no es del ayuntamiento, existe un
depósito de autobuses particular, es decir, no es que se quiera hacer una estación de autobuses, sino que los propietarios tenían un depósito de autobuses. El anterior alcalde de Alcalá de Henares, Manuel Peinado, del Partido Socialista, presentó
en la precampaña pasada el proyecto de la Isla del Colegio como su proyecto estrella para esta legislatura, en el cual se incluía un canal de remo y un lago artificial. Desde la oposición entonces, el Partido Popular de Alcalá de Henares manifestó
que en caso de gobernar asumiría dicho proyecto, modificándolo un 10 por ciento aproximadamente para, en este porcentaje, complementarlo con una zona verde de usos múltiples, donde a la vez poder celebrar las ferias y fiestas de San Bartolomé. En
estos momentos, dicha zona verde, denominada subfase 1, área verde de usos múltiples, se encuentra en ejecución, habiéndose realizado todos los trámites que marca la legislación vigente de acuerdo a la calificación que tiene dicho suelo en el Plan
General de Ordenación Urbana de Alcalá de Henares que fue aprobado por el Partido Socialista. Además en dichas zonas verdes se van a plantar más de 1150 árboles. La zona en la que transcurre esta subfase 1 no es zona LIC, como está diciendo la
portavoz del Grupo Socialista, es decir, hay un proyecto para declarar los 100 metros a ambos lados del río zona LIC, y como tal se presentó a la Unión Europea, pero en ningún momento aunque fuese declarada zona LIC, estaría dicha zona, la subfase
1. Es decir, no se trata de un espacio que se mantenga como espacio natural, ya que en la actualidad está sometido a explotación agrícola y existe el depósito de autobuses particular. Nunca ha existido en el proyecto la posibilidad de instalar una
estación de autobuses, y el actual Plan General de Ordenación Urbana califica la Isla del Colegio como sistema general. Repito, señorías, que el terreno de la Isla del Colegio donde se está haciendo esta subfase 1 no es una zona LIC ni se encuentra
propuesta como zona LIC, toda vez que se ubica a varios cientos de metros de las riberas del río Henares, que al día de la fecha tampoco se hallan declaradas como zona LIC, aunque sí es previsible que lo sean. Tengo aquí un informe de la Consejería
de Medio Ambiente en el cual se indica al ayuntamiento: En relación con el escrito de petición..., le comunico que las actividades aprobadas hasta la fecha correspondientes a la subfase 1, área de usos múltiples, se sitúan a varios cientos de
metros de la franja de 100 metros del río Henares que delimita los terrenos incluidos en la zona LIC, por lo que no es previsible que las actuaciones planteadas puedan afectar al citado espacio natural. Por otra parte, las zonas previstas de
actuación tienen la clasificación de sistemas generales de suelo urbanizable, quedando por tanto su informe fuera de las competencias de esta Dirección General.
Este es el escrito de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, tenemos aquí un escrito
de la Comisaría de Aguas del Tajo, que indica que las obras comprendidas en la denominada subfase 1 se desarrollan sensiblemente fuera de la zona de policía del río Henares, por lo que tampoco es necesario solicitar actuación administrativa para el
inicio de los trabajos a la Comisaría de Aguas del Tajo. Por otra parte, tenemos aquí un informe sobre la posible evaluación ambiental que nos dice: La ley de evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid incluye entre los proyectos que deban
someterse caso por caso a un procedimiento
ambiental, los de instalaciones deportivas, recreativas, de ocio y educativas situadas fuera de zonas urbanas que conlleven la construcción de edificios permanentes. Como este no es el caso de lo que se está haciendo en la subfase 1 de la
Isla del Colegio, no se puede hablar de construcción de edificaciones permanentes, ya que únicamente se realizan instalaciones y obras correspondientes a servicios de accesibilidad, no hace falta la evaluación de impacto ambiental. Es decir, señora
portavoz, yo creo que lo que se está haciendo en estos momentos en la Isla del Colegio, programado por el anterior alcalde y que ha seguido el Partido Popular, dejando una zona verde para las fiestas del pueblo, está completamente en orden. Y por
otro lado, aparte de demostrar que esto está completamente en orden y que los informes son favorables e indican que no es preceptiva la evaluación de impacto ambiental, quiero decirle que aquí hay una clara invasión de competencias, no ya de
competencias autonómicas, sino también de competencias municipales. ¿Desde cuándo se solicita al Ministerio de Medioambiente que se interese por lo que se está haciendo en un municipio, en el municipio de Alcalá de Henares? Mire, señora portavoz
del Grupo Socialista, ustedes utilizan un doble rasero. En la actualidad, que están ustedes en un período de una cesión vergonzosa de competencias no se sabe a cambio de qué, ustedes quieren invadir las competencias municipales de un ayuntamiento
de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares gobernado por el Partido Popular, en el que, como he indicado, todo los papeles indican que esta subfase 1 es correcta y que se hace según lo previsto.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Tiene la palabra la señora García-Hierro, por un minuto.
La señora GARCÍA-HIERRO CARABALLO: Un minuto, presidente. Desde luego que estamos hablando de espacios distintos, porque el proyecto que presentó el anterior alcalde se encontraba fuera de la franja de la zona protegida. Eso no es así y
sabemos que no es así aunque aquí no podemos traer los planos y probarlo, pero se probará en la Comisión Europea, a la cual ya me he referido en la comunicación que ha hecho estos días y en esa investigación. En cualquier caso, francamente, no es
la primera vez ni será la última que cualquier grupo ejerce el derecho, dentro de las competencias que tiene el Ministerio de Medioambiente en esta Cámara y en esta Comisión, a recabar su autoridad para coordinar, para interesarse, de igual manera
que se hace ante la Unión Europea, para velar por los intereses en este caso de la legislación ambiental de una zona protegida y que ustedes incorporaron en su momento en el listado de proyectos a proteger. Dicho esto, yo creo que aquí no está
habiendo ninguna cesión vergonzante, porque lo que se están discutiendo son estatutos, y acabamos de aprobar el de la Comunidad Valenciana. A mí no me parece que hayamos hecho nada vergonzante ni en la Comunidad Valenciana ni aquí, por cierto con
el voto de ustedes, sino que hemos avanzado en las transferencias y en las competencias que creemos que van a hacer que se gestione y gobierne mejor en las comunidades autónomas. Eso no está reñido con que apelemos a las administraciones cuando se
está incumpliendo una normativa. Con esto termino, señor presidente, porque me parece que yo he sido tremendamente exquisita a la hora de calificar la actuación del Grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y no he hecho
ningún tipo de valoración, y podría haberla hecho, de por qué se ha escogido ese lugar y no otro, y qué desarrollos urbanos y con qué intereses se quieren hacer en esa población de más de 50.000 viviendas de renta libre.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Señora de Lara, tiene la palabra por un minuto.
La señora DE LARA CARBÓ: En primer lugar, quiero agradecer la flexibilidad del señor presidente, cosa que no tiene la señora García-Hierro cuando está presidiendo accidentalmente. En segundo lugar, quiero indicar que la señora
García-Hierro sabe perfectamente que la subfase 1 que se está haciendo en Alcalá de Henares no es zona LIC porque está a muchos cientos de metros. Entonces ni entendemos por qué quiere mantener usted su postura, que está equivocada, ni entendemos
por qué mantiene usted que hay que invadir competencias municipales y competencias de la comunidad autónoma. Por consiguiente, que cada administración ejerza sus competencias, señora García Hierro, y usted aprenda de la flexibilidad del presidente.
-SOBRE EL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE FINCAS EN LA ZONA COSTERA DEL MEDITERRÁNEO DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001348.)
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Vamos a pasar al punto sexto del orden del día, sobre el programa de adquisición de fincas en la zona costera del Mediterráneo del Ministerio de Medio Ambiente. Tiene la palabra el señor Antich.
El señor ANTICH OLIVER: La presente proposición no de ley tiene su amparo en el programa del Ministerio de Medioambiente para la adquisición de fincas a lo largo del litoral español, un programa que tiene por objeto reforzar la protección
de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo-terrestre de nuevos espacios colindantes con el mismo, espacios que, según este programa, deberán priorizarse atendiendo a su interés natural y paisajístico, a su necesidad para
controlar o limitar los efectos de la regresión litoral, a las amenazas de procesos urbanizadores sobre espacios
sostenibles de la costa y siempre considerando su viabilidad de gestión posterior, de forma que favorezca un desarrollo más sostenible de la zona. Tal y como establece el programa, todo ello deberá llevarse a término en colaboración con la
administración autonómica y los municipios involucrados, y siempre buscando el máximo acuerdo con los propietarios afectados, de tal manera que la gestión posterior pueda realizarse por organizaciones ambientales e instituciones locales. Dicho
programa sin duda es muy importante para todo el litoral, pero lo es especialmente en unas islas, las Illes Balears, donde un territorio especialmente frágil y también su paisaje ha sido sometido a una explotación turística de gran magnitud, donde
más del 80 por ciento de su población vive directa o indirectamente del turismo. Estamos hablando de un territorio pequeño con un alto porcentaje de litoral, un litoral que recibe cada año 11 millones de turistas, cuando la población autóctona de
les Illes Balears es de un millón de habitantes, un litoral que por ello ha sufrido y sufre una construcción desmesurada y persisten multitud de amenazas, un litoral con paisajes únicos y con una gran riqueza natural y ecológica, paisaje y riqueza
natural que es básico conservar desde el punto de vista medioambiental y ecológico, pero también desde el punto de vista económico, sobre todo en un momento como el actual, en el que se hace necesario apostar por la excelencia venciendo problemas
estructurales que afectan al turismo y haciendo una gran apuesta por la protección y conservación del patrimonio natural y por el respeto al medio ambiente.
En este sentido, solicitamos en el punto primero de la proposición no de ley que les Illes Balears, debido a sus especiales características, sean uno de los objetivos prioritarios del nuevo programa de adquisición de fincas del Ministerio de
Medioambiente. En cuanto al punto número 2 de la proposición no de ley, solicitamos que la Dirección General de Costas inicie o continúe los contactos y conversaciones con los ayuntamientos de Eivissa, Alcudia, Pollença, Arta, Formentera y
Mercadal, con el fin de analizar las posibilidades de adquirir las siguientes fincas: Ses Feixes, un humedal en la ciudad de Eivissa del cual el ayuntamiento en la aprobación inicial del nuevo PGOLI ha cambiado la calificación de suelo urbanizable
a rústico protegido. El ayuntamiento y el Conseil Insular en manifestaciones públicas han apoyado la iniciativa de incluirlo en este programa. Maristany, un humedal del puerto de Alcudia, en el que el ayuntamiento también ha expresado su interés.
Es Canons, del municipio de Artà, con un paisaje singular de la costa mallorquina de acantilado bajo con altos valores naturales, colindante con el Parque Natural de LLevant.
Sa Canova, una finca con un sistema dunar único, con más de un kilómetro
de profundidad. Sa Duvaia, que se adquirió parte por el anterior ministerio pero queda parte sin adquirir y colinda también con el Parque Natural de LLevant. Cala Carbó, en el municipio de Pollença, forma parte de un paisaje único en las islas
junto a la Cala de Sant Vicenç y el Cavall Bernat. Ca Marí, en Formentera, una finca en suelo rústico que tiene una declaración de interés general dada por el Govern balear, que permite la construcción de un camping de unas 1000 plazas, camping que
ha tenido una gran oposición popular en el Ayuntamiento de Formentera, en la isla de Formentera. El equipo de Gobierno también ha expresado su voluntad de incluirlo en este programa. Y Platges de Fornells, en Mercadal, que el ministerio ya está en
conversaciones con este municipio de Menorca y al parecer esas conversaciones están muy avanzadas. Las fincas propuestas para nuestro grupo son prioritarias, puesto que además de ser de un gran valor natural y paisajístico, algunas están amenazadas
por procesos urbanizadores y todas cuentan con ayuntamientos que están interesados en su mayor protección. De todas formas, esta propuesta está abierta y no niega otras solicitudes que puedan venir tanto de la comunidad autónoma como de otros
ayuntamientos. Somos conscientes de que todo no se podrá hacer al mismo tiempo, de la complejidad de las negociaciones; como es un programa que esperemos dure muchos años, sin duda no todas las adquisiciones se pueden hacer, como decía, en un
plazo corto de tiempo. En relación a las enmiendas presentadas por los distintos grupos, desde el Grupo Parlamentario Socialista estamos intentando una transaccional, que creo que tenemos ya muy avanzada, con los grupos de Convergència i Unió y con
el de Esquerra Republicana. En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, por lo que se refiere al primer punto, no pretendemos con esta proposición no de ley hacer ningún tipo de carrera en cuanto a si el ministerio o el Gobierno
anterior también adquirió fincas o no, se trata de un nuevo programa y por tanto lo que pretendemos es que en este nuevo programa las Illes Balears sean prioritarias. Por otra parte, en la parte expositiva de nuestra propuesta decíamos: Por tal
motivo, sin perjuicio de las conversaciones a mantener con la Comunidad Autónoma de les Illes Balears y con cualesquiera otros ayuntamientos. Con lo cual quiero decir que ya ha fijado la comunidad autónoma como tema principal, y que por tanto
tampoco tenemos ningún tipo de problema en poner en la transaccional en que estamos trabajando, que además de que se inicien los contactos con los distintos ayuntamientos, también se hable, como no puede ser de otra forma, con la Consejería de
Medioambiente del Gobierno de las Islas Baleares. Esta es la propuesta que presentamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Hay tres enmiendas, la primera de ellas va a ser defendida por la señora Bonàs, por Esquerra Republicana de Catalunya.
La señora BONÀS PAHISA: Como ha expuesto el ponente del Grupo Socialista, la costa mediterránea está sometida a un gran interés urbanístico desde Turquía hasta Cádiz, por tanto hay inquietud dentro de la ciudadanía porque ven cómo los
patrimonios naturales van desapareciendo debajo del cemento. Esto indujo al
Ministerio de Medioambiente a anunciar un ambicioso programa para la adquisición de fincas en la zona costera del Mediterráneo con el fin de reforzar la protección de la costa mediante la incorporación al dominio público marítimo-terrestre
de nuevos espacios colindantes con él. Dicho programa, según el ministerio, se realizaría a partir de la colaboración de la Administración autonómica y de los municipios involucrados, y siempre buscando el máximo acuerdo con los propietarios
afectados, de tal manera que la posterior gestión de los espacios puede realizarse por organizaciones ambientales e instituciones locales. El ministerio ha informado que para llevar a término estas actuaciones, la Dirección General de Costas
mantendrá los contactos necesarios con las distintas administraciones autonómicas y locales, con el objeto de ir identificando y priorizando las áreas susceptibles de adquisición, esencialmente en función de su interés natural y paisajístico, y su
necesidad para controlar o limitar los efectos de la regresión litoral de las amenazas de procesos urbanizadores sobre espacios sostenibles de la costa y siempre considerando la viabilidad de su gestión posterior, de forma que favorezca un
desarrollo más sostenible de la zona. El mencionado programa ha causado gran interés en las Illes Balears ya que, como todas las islas, se caracteriza por tener un territorio y paisaje frágil, y por ello muy vulnerable, lo que demanda especiales
cuidados e iniciativas. En ese sentido, cabe citar además que las Illes Balears, debido a que su principal actividad es la turística, ha sufrido una sobreexplotación de la zona costera, sobre todo por la masiva construcción llevada a término en una
gran parte de la misma, con el consiguiente deterioro que ello acarrea. Por tal motivo, es indudable que en el nuevo programa del ministerio las Illes Balears, atendiendo a sus especiales características, deberían ser uno de los objetivos
prioritarios. De la lectura del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2006 se constató que no existía originariamente ninguna partida específica para tal fin en dichos Presupuestos. Fue a raíz de una enmienda pactada con el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana que se creó una partida de 20 millones de euros para la adquisición de terreno del litoral para su protección integral en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia y Valencia.
Esquerra Republicana anunció al Grupo Socialista una enmienda para poder llevar a cabo adquisiciones del litoral en Ses Feixes (Eivissa), el Muntanyans(Torredembarra), Paraje Natural de Pinya de Rosa (Girona), Finca Betlem (municipi d´Artà,
Mallorca), Finca Son Jaumell (municipi de Capdepera, Mallorca), Finca Salobrar (municipi de Campos, Mallorca) y otras del País Valencià. Como resultado, estas reclamaciones se acabaron fusionando en una enmienda genérica de 20 millones de euros,
que hoy se contempla en el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para el 2006.
Al margen de esta propuesta global de adquisición del litoral, se propuso una enmienda, que en este caso sí fue aceptada en su contenido inicial, de 500.000 euros
para el Centre de interpretación ambiental del Pla Especial de Ses Feixes de Eivissa. Esquerra considera que al margen de lo que se ha podido aprobar consensuadamente en el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2006, es necesario
incrementar presupuestariamente este capítulo de inversiones. En este sentido, y a petición de Esquerra Republicana de las Illes Balears, se introdujo una enmienda de 45 millones de euros para la adquisición de terrenos del litoral y para su
protección integral en las Illes Balears. Es en el programa 1109, en el 456 c). Por tanto, estamos de acuerdo con la propuesta del Grupo Socialista. Nuestra enmienda dice así: que la Dirección General de Costas inicie o continúe los contactos y
conversaciones con los ayuntamientos de Eivissa, Alcudia, Pollença, Artà, Formentera, Mercadal, Llucmajor, Capdepera y Campos, con el fin de analizar las posibilidades de adquirir las Fincas de Ses Feixes (Eivissa), Maristany (Alcudia), Finca
Betlem, incluyendo Es Canons, Sa Canova y Sa Duvaia (Artà), Cala Carbó (Pollensa), Ca Marí (Formentera), Platges de Fornells (Mercadal), Son Jaumell -entre Cala Mersquida y Cala Rajada- (Capdepera), es Trenc i es Salobrar (Campos) y parte de la
marina de Llucmajor. La definición que pedimos, que parece ser un poco excesiva, no lo es tanto cuando consideramos que ya ha habido muchos brindis al sol. La propuesta genérica de comprar fincas a la ciudadanía le puede parecer siempre una
propuesta de futuro pero que no se va a realizar nunca. El poner los nombres concretos, aunque no se realicen en este año ni en el segundo, va a marcar la intención positiva de llevar a cabo este proyecto del Ministerio de Medio Ambiente que,
repetimos, es muy interesante y vamos a dar todo nuestro apoyo. Cabe resaltar que en un reciente acuerdo de ministros europeos de la Unión Europea, se ha decidido recientemente que financiará hasta en un 75 por ciento la compra de parcelas para
dedicarlas a la conservación del medio natural. El programa Life Plus, que se aplicará entre 2007 y 2013, fue aprobado sin fondos a la espera de que la Unión acuerde los presupuestos del próximo periodo. Este acuerdo establece que las
administraciones públicas o las organizaciones no gubernamentales podrán comprar terrenos incluidos en la directiva Hábitat. Este acuerdo refuerza todavía más la necesidad de potenciar este tipo de iniciativas. Por lo expuesto anteriormente,
esperemos que se pueda consensuar una propuesta conjunta de varios grupos y que este proyecto del ministerio realmente se empiece a llevar a cabo.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): La enmienda de Convergència i Unió la va defender el señor Guinart.
El señor GUINART SOLÁ: Nuestro grupo también ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Socialista. De entrada queremos manifestar que nuestro grupo ya presentó precisamente una proposición no de ley de fecha 11 de
noviembre, donde se planteaba en términos similares la misma pretensión que
hoy vemos que plantea el Grupo Socialista. No coincidimos en todas las fincas o los territorios de adquisición, por decirlo así, preferente por parte del ministerio, en algunas sí y en otras no, y es en lo que tenemos que acabar de ponernos
de acuerdo para ver si es posible llegar a una transaccional. No vamos a discutir ni a insistir más en la necesidad de la adquisición de terrenos en la zona litoral que está sometida a esta gran presión en todo el Mediterráneo, pero sobre todo en
el nuestro, que es el que más nos interesa. El hecho de que avancemos o se hagan acciones para avanzar en esta adquisición, seguro que es beneficioso para todos, porque cuanto más se tarde, más complejas serán las adquisiciones, más expectativas de
valor urbanístico tendrán esos terrenos o incluso en algunos casos ya se llega tarde, al menos en cuanto al valor, porque han sufrido modificaciones urbanísticas, calificaciones urbanísticas que hacen que ese valor sea más superior ahora que en años
atrás. Nuestro grupo va a apoyar esa transaccional a la que intentaremos llegar con el grupo proponente. Con relación a nuestra propia enmienda nos gustaría destacar el hecho de que en el punto número 2, cuando hablamos de establecer contactos con
las administraciones locales, con los ayuntamientos, nos referimos únicamente a recabar información, lo dice así textualmente, porque los ayuntamientos son las administraciones más próximas al ciudadano y en este caso las que tienen mayor
información sobre la casuística de cada uno de los terrenos, de sus propietarios y de sus pretensiones o de la historia que hayan tenido, con lo cual se pretendía solo tener esa información a nivel de ayuntamientos sin menoscabar ni mucho menos la
presencia o la intervención en esta política de adquisiciones que debe tener el Gobierno autonómico, en este caso el balear, al cual también citamos como administración determinante en este ámbito de adquisiciones cuando en el punto 4.b) hablamos en
nuestra enmienda de la necesidad de establecer convenios de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Illes Balears para realizar y sufragar los consecuentes planes especiales para su recuperación, dinamización y, en la
medida de lo posible, para su disfrute público, entendiendo que además en esos convenios de mantenimiento o de puesta a disposición del público de esos espacios litorales, los ayuntamientos deben tener también un papel preponderante que no podría
obviarse, juntamente con ese triunvirato de Estado central, Medio Ambiente y Gobierno balear.
Finalmente, quiero manifestar que este no deja de ser un avance en un espacio sensible sin duda y de interés para todos los españoles como son las Illes Balears, pero que también hay otras zonas del litoral español, del Mediterráneo
especialmente o del Cantábrico, por qué no, donde es importante que se agilice y se priorice donde sea posible la compra de espacios litorales para intentar reducir la presión urbanística sobre esta zona.
El señor VICEPRESIDENTE (Merino Delgado): Para defender la enmienda del Grupo Popular tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Presenta una proposición no de ley el Grupo Parlamentario Socialista, defendida por el señor Antich, para compra de terrenos sobre la base de un nuevo programa, tal como nos ha relatado, del Ministerio de Medio
Ambiente. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Quiero decirle al señor Antich que, efectivamente, se trata de un nuevo programa, pero que no se trata en absoluto de una nueva actividad por parte del ministerio ni de comunidades autónomas,
que a lo largo de este tiempo, desde que se planteó y aprobó en esta Cámara la Ley de Costas en 1989, han venido realizando compras y expropiaciones de terrenos próximos a la costa afectados por un desarrollismo urbanístico excesivo. Hemos visto
como incluso en algunos tiempos se han llegado a demoler esqueletos de hoteles construidos a lo largo de nuestra costa. Lo que sí es nuevo es que se establezca un límite de 20 millones de euros, lo cual no deja de sorprendernos, porque a la hora de
hablar y de plantear prioridades, señor Antich, en la provincia de Almería la señora Narbona ha iniciado un proceso de expropiación sobre un hotel que se ha construido en un parque natural cuyas competencias son de la Junta de Andalucía; se ha
construido y se viene elevando el hotel desde marzo de 2003, es decir, prácticamente desde que ganó las elecciones el Partido Socialista; la semana pasada tuvo que intervenir un juez para paralizar la obra, con licencia de un ayuntamiento
socialista, es decir, con Gobierno socialista, ayuntamiento socialista, Junta andaluza socialista, pero de todo, al parecer, tiene la culpa al Partido Popular. Se nos plantea ahora una expropiación en la que se van a gastar no 20 millones de euros
sino seguramente mucho más, porque la obra o la inversión ya realizada es de 40 millones de euros a lo largo de estos dos años, sin que se hayan tomado medidas en este tiempo para paralizar la obra por parte de ninguna de las administraciones, todas
socialistas, señor Antich.
Plantea usted algunos elementos en su proposición no de ley muy importantes e interesantes. Habla usted de zonas degradadas y hace una propuesta de compra concreta. A lo largo de este tiempo hemos elaborado un informe sobre propuestas de
compra en fincas del litoral en las Islas Baleares planteadas por distintas instituciones y por distintos sectores sociales. Así por ejemplo le diré que el Consejo Insular de Menorca proyectó la adquisición de una parcela de 44.000 metros cuadrados
en Els Mercadal. La señora Narbona ha hablado de unas fincas en Ses Feixes, en Sa Canova (Artà), en Arenal dels Castel, en Sa Duvaia (Artà) y en Es Canons (Artà). La conseillería de la comunidad autónoma, por su parte, ha presentado unas
propuestas distintas de compra. Ha hablado de Ses Covetes, de la zona A.3, de Cala Santanyi (Menorca), de Allà Endíns, en la zona de Amunts, en Eivissa, de Ca Marí en Formenta, zona A.1, en Cala'n Blanes en Menorca. El
Consejo Insular de Eivissa, por ejemplo, ha planteado otras propuestas y ha dicho que para ellos la prioridades están en Allà Endíns, en Amunts, y en Ca Marí, coincidiendo en este caso con la comunidad autónoma. Por su parte, el Partido
Socialista de Mallorca ha hablado de otras fincas: Cala Carbó, Cala Sant Vicenç, del hotel Don Pedro, en Cala Sant Vicenç también, Cala Blanca o Muleta. Ha habido otros ayuntamientos que han realizado sus propias propuestas: Pollença, Cala Carbó,
Andratx, Cala Blanca. Campos ha dicho que está de acuerdo con la de Ses Covetes. Su propio partido ha hablado de unas propuestas que no son las que usted ha hecho aquí hoy, y ha hablado de Cala Torta, de Salobrar, de Es Canons, que sí figura en su
propuesta, y de Benirràs. Por su parte, otro grupo de izquierdas con el que usted gobernó en el pasado lo que ha pedido sencillamente es que se plantee la aplicación de la Ley de Costas.
Esquerra Republicana de Catalunya esta misma mañana nos ha
hablado de catorce fincas. Lo que es evidente es que ante este cúmulo de propuestas lo que hace falta es ordenar el debate, eso y lo que hubiéramos deseado que el señor Antich nos hubiera planteado, y que se ordene el debate sobre la base de las
propias propuestas del programa que elaboró en su día el Ministerio de Medio Ambiente y de las contestaciones que dicho ministerio ha dado a diputados de esta Cámara, como a don Enrique Fajarnés, en las que establece dos cuestiones que son previas y
evidentes y que sin embargo no aparecen en sus propuestas, señor Antich. La primera de ellas es que la selección de las mismas se realice de acuerdo con la Administración autonómica. Eso lo dicen ustedes en la exposición de motivos, pero no en la
parte dispositiva, donde se dice que el Gobierno insta, y ustedes de repente hacen desaparecer la existencia de un gobierno, que es el Gobierno balear, y de una comunidad autónoma, en cuyas competencias exclusivas según la Constitución, señor
Antich, que usted conoce y que usted, que ha sido presidente de ese Gobierno, debería además defender con más ahínco, están las cuestiones de medio ambiente, la ordenación del territorio y también asuntos muy importantes como es el tema urbanístico.
Además, el propio Gobierno en la contestación al señor Fajarnés determina que tiene que tratarse de fincas amenazadas por procesos urbanísticos. Hoy usted daba el ejemplo de Ses Feixes, que antes sí estaba calificada como urbana y que ahora ha sido
calificada como rústica. Da la sensación de que usted no se fía de sus propios ayuntamientos ni de su propio partido en Baleares. No me extraña, señor Antich, porque en relación, por ejemplo, con Ses Feixes, en octubre de 2004, en el Parlamento
balear, el portavoz de su partido se negaba a que se integrara esta zona en la zona de espacios naturales, y decía el señor Crespí: Eso no es más que un agujero en el que crecen mosquitos y cañas.
Por eso debería ser urbano. Yo me alegro de que
su partido, y usted ahora, cambie, yo me alegro de eso, es algo que nos produce una enorme satisfacción, señor Antich.
Para concluir, yo creo que he evidenciado a lo largo de mi exposición que un proceso como este tiene que pasar por la concertación de los esfuerzos de las administraciones implicadas en su competencia y no se puede excluir a una tan
fundamental como es la comunidad autónoma, que ya sé que lo menciona, pero luego usted no lo determina. Usted, en su exposición de motivos alude a ese asunto, pero no en la parte expositiva, en lo que aquí le vamos a pedir al Gobierno. Al revés,
usted lo que está diciendo es que al Gobierno se le pide que entre en directo contacto con algunos ayuntamientos para negociar con ellos. A mí me parece que eludir a la comunidad autónoma, usurpar competencias a las comunidades autónomas no es algo
precisamente positivo. Por cierto, me sorprende también que en algunas enmiendas realizadas a esta propuesta del señor Antich por grupos nacionalistas, que en otras ocasiones tanto defienden las competencias de las comunidades autónomas, este
asunto haya sido también sobreseído. No sé si es que solamente las competencias de las comunidades autónomas son importantes cuando se trata de la nuestra o de la que se considera nuestra y, sin embargo, si son de las de los demás, ahí ya la cosa
cambia. Es por lo que nosotros hemos presentado una enmienda, por dos asuntos que consideramos importantes; es una enmienda que tiene en cuenta, por otra parte, que hay una ley en Baleares, que usted conoce perfectamente, que fue aprobada por el
Gobierno del señor Matas en el año 1999, que declaraba la zona de 500 metros de la costa de protección especial, teniendo en cuenta otra cosa importante, que esto de la sobreexplotación costera es un elemento subjetivo, pero le diré, señor Antich,
que hay datos para determinar estas cuestiones, por ejemplo, el informe del Instituto Geográfico Nacional, que determina que Baleares no es precisamente una de las comunidades autónomas, ni sus islas, que más tiene urbanizado el primer kilómetro de
costas, solo tiene el 5,39, que es mucho, pero Barcelona tiene el 50,64, Gerona tiene el 33,84, Cádiz el 31,75. Mi grupo está de acuerdo en que hay que proteger especialmente las Islas Baleares y por eso en la primera parte de la enmienda hacemos
referencia a la prioridad que deben tener las Islas Baleares en la compra de estos terrenos y por lo tanto en eso coincidimos con el señor Antich, no solo porque, ya le digo, el 5,36 nos pueda parecer y nos parece excesivo, sino porque creo y cree
nuestro grupo que las Islas Baleares, precisamente, que son uno de los elementos esenciales de una potencia industrial importantísima como es la turística para todo nuestro país, deben tener una protección que es la que ha permitido en el pasado que
se convirtieran en esa primera potencia y que debe de seguir permitiendo que lo sigan siendo en el futuro y por lo tanto creemos que la protección paisajística y del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las islas debe ser una prioridad para
este y para cualquier gobierno.
En segundo lugar, nuestra enmienda lo que va es sencillamente a decir que lo que tiene que hacer la Dirección General de Costas es ponerse de acuerdo con el Gobierno balear para que se protejan precisamente aquellas zonas que están
amenazadas por esos procesos urbanísticos, no las que podamos establecer en un momento dado con un criterio subjetivo, sino por esos
procesos urbanísticos, y quiero decirle, señor Antich, que de todas las propuestas que yo he mencionado, las únicas que sí están amenazadas por procesos de desarrollismo urbano, porque están calificadas como urbanas, son las que están bajo
el epígrafe y las propuestas de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno balear. Por eso yo creo que tendría usted que aceptar nuestra enmienda, si usted lo estima oportuno, que yo creo que mejora el texto, está de acuerdo con la intención del
Gobierno, con la propia filosofía de la norma y además con lo que creo que piensa la mayoría.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Antich brevemente para definirse sobre las enmiendas.
El señor ANTICH OLIVER: La verdad es que habíamos presentado una propuesta en positivo, pero como siempre chocamos con el Partido Popular. La idea es, yo la expresado muy claramente en mi intervención, que nosotros creemos que la comunidad
autónoma tiene que jugar un papel importantísimo; de hecho, en la transaccional que hemos acordado con Esquerra Republicana y Convergència i Unió así lo decimos: La Dirección General de Costas inicie o continúe los contactos y conversaciones con
la Consellería de Medio Ambiente del Govern de las Illes Balears y con los ayuntamientos de Eivissa, Alcudia, Pollença, Artà, Formentera, Mercadal, Soller, Andratx, Capdepera y Llucmajor. Y sigue después la concreción de las fincas, con lo cual
nosotros no tenemos ningún tipo de problema para que la comunidad autónoma juegue el papel que la corresponde. Yo no conozco mucho la problemática de Andalucía, la de las Islas Baleares sí que la conozco un poco, y por lo tanto el señor Hernando no
me tiene que hacer mítines sobre lo que está pasando en las Islas Baleares, porque en las Islas Baleares, desde que gobierna otra vez el Partido Popular se han...
El señor PRESIDENTE: Señor Antich, estamos entrando en debate y era para fijar posición sobre las enmiendas. Ha explicado muy bien la transaccional y en todo caso le ruego que nos la hagan llegar a esta Mesa por escrito para que dispongan
de ella los servicios jurídicos. Muchas gracias.
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A TRANSFERIR LAS CARRETERAS Y CAMINOS PERTENECIENTES A LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001349.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la séptima proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a transferir las carreteras y caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso. Tiene la palabra el señor Amuedo.
El señor AMUEDO MORAL: La proposición que venimos a presentar hoy es una petición o una reivindicación, si ustedes lo prefieren, de los alcaldes y ciudadanos del bajo Guadalquivir desde hace ya varios años. (La señora vicepresidenta,
García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.) Señorías, como ustedes saben, la zona de la que estamos hablando sufre una transformación agrícola a partir de los años sesenta, estos inclusive, claro está, construyéndose una serie de
infraestructuras agrícolas e incluso núcleos pequeños de población en plenas marismas del bajo Guadalquivir con el objeto, por otro lado muy equivocado bajo nuestro punto de vista, de acercar los agricultores a las tierras que les cedía el Estado
para su puesta en cultivo. Y digo equivocada porque esto ha traído en esos pequeños núcleos de población más problemas que soluciones para sus habitantes, como la ventaja que puede suponer la cercanía a sus pequeñas explotaciones agrícolas.
Hubiese sido más coherente que se hubieran establecido en las poblaciones que ya existían en la zona y que además estaban y siguen estando bajo su término municipal y dependiendo, desde el punto de vista administrativo, de los respectivos
ayuntamientos de esos términos municipales donde están enclavadas esas pequeñas poblaciones. Una de las consecuencias negativas que ha tenido haber construido estos núcleos de población separados de los ya existentes han sido sin lugar a dudas las
infraestructuras de transporte con las poblaciones a las que desde el punto de vista administrativo pertenecen y las interrelaciones con ellas mismas, así como con las vías de alta capacidad de transporte, de mercancías o de pasajeros cercanas a
dichas poblaciones. Todo esto, señorías, se agrava aún más o se podría decir que tiene su origen por la consideración de estas vías de comunicación o de transporte como caminos agrícolas, consideración que dentro de la proposición que hoy nos ocupa
ha sido por la utilización de los caminos existentes, que siendo competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, no se construyeron con el propósito de servir como vías de comunicación de dichas poblaciones entre sí o con otras sino
como vías de servicio de la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Lo cierto es que estas vías hoy están cumpliendo el cometido imprescindible de transporte de personas y mercancías de estas poblaciones; poblaciones, señorías, que
como es natural han crecido no ya solo desde el punto de vista demográfico sino que también, y además de una forma grande, lo han hcho desde el punto de vista agroindustrial, por lo que es imprescindible la consideración de estas vías como
carreteras de servicios de estas poblaciones, de servicios de la provincia o incluso de servicios de la propia comunidad autónoma. Es necesario por lo tanto arreglar y acondicionar dichas vías pertenecientes a la confederación para lo que se
propone el traspaso de competencias y de la titularidad de acuerdo con los ayuntamientos, las diputaciones o la propia comunidad autónoma, motivo por el que proponemos que este Congreso de los Diputados inste al Gobierno a transferir las carreteras
y
caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y su gestión y mantenimiento, de acuerdo con la Comunidad Autónoma de Andalucía, las diputaciones provinciales y, en su caso, los ayuntamientos, en función de la
categoría e interés de estas infraestructuras viarias, a fin de adaptar las características de las mismas a la nueva funcionalidad social que han pasado a cumplir, distinta de aquella para la que inicialmente habían sido diseñadas.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: La primera cuestión que hay que señalar es la, para nosotros, confusa exposición de motivos de esta iniciativa, que plantea la necesidad de una serie de poblaciones del bajo Guadalquivir que están vinculadas
a la agricultura para mantener ese buen estado de las carreteras y caminos, las vías de comunicación, en definitiva, para el buen desarrollo socioeconómico de esa zona. Esas carreteras y caminos pertenecen a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y ahí parece que es donde radica el problema para el proponente, para el Grupo Parlamentario Socialista, que identifica titularidad estatal, entendemos, con incapacidad para garantizar el buen estado de las mismas, a juzgar por la
petición que se formula y que va a continuación de esta exposición de motivos y que solicita, como ha dicho, su transferencia a la comunidad autónoma, diputaciones o ayuntamientos.
Debemos recordar en este sentido que en el año 2005 ya se produjo
una transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las cuencas internas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y también del Guadiana, además de la transferencia de la Confederación Hidrográfica del Sur, íntegramente en este caso,
y en este contexto entendemos que es en el que se enmarca esta iniciativa, cuyo contenido y alcance es fundamentalmente político porque además, como ya hemos dicho, no se explican tampoco las razones técnicas que aconsejarían esta transferencia.
(Rumores.) Por otra parte, también le queda al Grupo Parlamentario Popular una duda razonable sobre la capacidad...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Si siguen hablando no se puede escuchar a la señora diputada. Les ruego que si lo hacen, hablen bajo.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Como decíamos, nos queda la duda de que la Comunidad Autónoma andaluza tenga la capacidad para garantizar el buen estado de nuevas carreteras y caminos cuando ha demostrado sobradamente no ser capaz de mantener ni de terminar en los plazos
comprometidos aquellas que sí son de su titularidad en estos momentos. A modo de ejemplo, baste recordar la A-92, que todavía no se ha finalizado. Por otro lado, en cuanto a los ayuntamientos, es evidente que carecen de capacidad para hacerse
cargo en muchos casos de esas obras de reparación y mantenimiento que requieren estas carreteras; por lo tanto, habría que establecer también un mecanismo, que entendemos que falta en esta propuesta, de ayuda financiera por parte de la comunidad
autónoma para que pudieran hacerlo.
En este sentido, informaciones recientes en los medios de comunicación apuntan a las intenciones de la propia Junta de Andalucía de reclamar en un futuro próximo la gestión integral del río Guadalquivir, algo a
lo que se ha negado y se sigue negando el Gobierno central y que supone uno de los principales puntos de desencuentro entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente; por tanto, entendemos que una posible interpretación de esta
propuesta sería la de ir dando pasos, aunque sean tímidos, en esta dirección.
En conjunto, desde el Grupo Popular, no vamos a oponernos a esta iniciativa, pero sí queremos advertir claramente de dos cuestiones importantes: del peligro de que la Junta de Andalucía decida arbitrariamente quién se hace cargo de estas
carreteras y de las dificultades, como ya he dicho, de los ayuntamientos para hacer frente a estos gastos. (El señor Amuedo Moral pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Tiene la palabra el señor Amuedo por un minuto.
El señor AMUEDO MORAL: Se ha hablado de cosas que para nada están en la proposición no de ley. Ni hablamos de la cuenca del bajo Guadalquivir ni hablamos de Jaén, ni de Málaga ni de Almería, ni tampoco de los romanos, pero si queremos,
podemos hablar de los años de Gobierno del PP, de las transferencias de los gobiernos del PP con la Junta de Andalucía, de las reivindicaciones de los alcaldes en la época de los gobiernos del PP para que se transfirieran y se arreglaran estas
carreteras, que eran fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la zona. Si usted quiere, podemos hablar de todas esas cuestiones y aprovechar esta proposición no de ley, pero para nosotros lo principal es que estos caminos, porque es así
de simple, y termino, pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no de ahora, sino desde que se empezaron a construir y a formar la propia confederación, que se hicieron para el servicio solo y exclusivo de la propia confederación
para arreglar todas las infraestructuras que pertenecían a la misma y cuando se establecen esos núcleos de población no se prevé que los habitantes de los mismos tienen que salir y tienen que comunicarse con los pueblos de alrededor, comunicarse con
las vías de alto transporte, con las provincias, no se prevé eso, y se utilizan esos caminos, por parte de los vecinos de esas pequeñas poblaciones, y como no tienen la consideración
de carreteras, evidentemente están en malas condiciones. Hemos venido reivindicando desde hace mucho tiempo que se arreglasen y la contestación que siempre hemos tenido en los gobiernos del PP es que eso era....
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señor diputado, lo lamento...
El señor AMUEDO MORAL: ... competencia de la confederación. Queremos arreglarlos y por ello pedimos que se traspasen esas competencias de la confederación a la Junta, a los ayuntamientos o a las diputaciones.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Señor diputado, con su intervención, que ha excedido con mucho del minuto, ha reabierto usted el debate y desde luego esta Presidencia va a conceder la palabra a la diputada señora
Ramón-Llin para que también pueda razonar, porque no quiero que se califique a esta Presidencia como partidaria. Usted sabe que ha excedido el tiempo y ha reabierto el debate.
El señor AMUEDO MORAL: Muchas gracias, usted perdone.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Tiene la palabra la señora Ramón-Llin.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor diputado, la verdad es que no entiendo para nada su alteración repentina, porque, para empezar, hemos dicho que vamos a votar favorablemente y, en segundo lugar, no nos hemos remontado al pasado. (El
señor presidente ocupa la Presidencia.) En este Parlamento, los únicos que se remontan al pasado son ustedes continuamente. (Rumores.) Como tienen ya esa obsesión en el subconsciente, me habla de un pasado del que yo no he hablado, porque yo he
hablado de un Gobierno de la Junta de Andalucía actual que tiene un grave desencuentro con el Gobierno central, que es del mismo partido; por tanto, no hable del pasado ni de cosas que no hemos dicho en ningún momento. Ese problema que usted ha
planteado de los caminos es generalizado en todo el Estado en el sentido de que, efectivamente, caminos que tenían usos agrícolas hoy en día, en una gran parte de ellos, su uso es cualquier cosa menos agrícola o está compartido con la agricultura.
Por tanto, ni hemos hablado del pasado, ni hemos hablado de generar conflictos, sino que simplemente hemos apuntado a que la Junta de Andalucía ha demostrado su incapacidad para gestionar las carreteras que sí son de su competencia y que tenemos
razonables dudas de que pueda garantizar el buen estado de todos ellos. El pasado sirve para no repetirlo en los casos en que es negativo. Olvídenlo ustedes y sigamos hablando del presente y del futuro. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
-SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001358.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 8, del Grupo Parlamentario Popular sobre medidas para combatir el cambio climático. Tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: En relación con esta iniciativa que trae el Grupo Popular, en fecha reciente, el 14 de febrero, si no me falla la memoria, hubo una comparecencia del propio secretario general para la prevención de la
contaminación y del Cambio Climático, donde se efectuó un repaso de toda la actividad desde los orígenes, por lo menos por parte de este responsable que les habla, en cuanto a la lucha contra el cambio climático allá por los inicios del año 1972,
donde se comenzó por Naciones Unidas a programar distintas actuaciones en estos ámbitos. Salto toda la historia para llegar hasta el año 2002, en que todos los Estados miembros de la Unión Europea, como bien saben los miembros de esta Comisión,
concluían los procedimientos de ratificación del Protocolo de Kioto como un paso clave a la hora de asumir unos compromisos que tienen que llevar al control de esos gases que tanto daño ya empiezan a producir y que en un futuro se ven como un
problema de gran gravedad. España ejerció un verdadero liderazgo en este proceso; a través de la Oficina Española de Cambio Climático, ha jugado, jugó y yo entiendo que tiene que seguir jugando un papel protagonista de primer orden, tanto en el
ámbito europeo como en el ámbito internacional. Son conocedores también SS. SS.
de la aprobación en febrero de 2004, a falta de llevarla a Consejo de Ministros, ante la imposibilidad por cambio de Gobierno, de la estrategia española sobre el
cambio climático, para cumplir con los objetivos, y con los compromisos que nos habíamos dado en la ratificación del Protocolo de Kioto.
Señorías, llevamos dos años de Gobierno del Partido Socialista. Se ha producido la trasposición de la Directiva 2003/87, sobre el régimen para el comercio de derechos de emisiones, y se ha aprobado el Plan nacional de asignación de derechos
de emisión 2005-2007. Se nos planteó en la comparecencia a que hacía alusión anteriormente por parte del secretario general que ya se está trabajando en estos momentos en el nuevo plan de asignación para el periodo 2008-2012, y allí se habló con
cierta profundidad sobre las negociaciones con terceros países y de los llamados mecanismos de desarrollo limpio, con el fin de conseguir esos 100 millones de toneladas de CO2 que en principio parece ser que van ser necesarias para llegar a
equiparar y para llegar a poder cumplir en parte por lo menos los compromisos derivados.
¿Cómo estamos respecto a los objetivos marcados? A juicio de este portavoz, estamos en la estratosfera, y digo esto y creo que viene al uso porque en definitiva no estamos cumpliendo ni de lejos, ni acercándonos a lo que son los compromisos
adquiridos en referencia al año 1990 que, como ustedes bien saben, se fijan en el 15 por ciento de aumento sobre las emisiones de 1990. Según el propio secretario general de ya estábamos en un 45 por ciento por encima de esas emisiones, es decir,
tres veces más de lo que en principio se había previsto, y en estas últimas fechas en distintos foros algunos expertos han hablado de estimaciones según las cuales existe incluso la posibilidad de llegar al 54 por ciento. Ante esto yo quisiera
hacer una reflexión: ¿dónde está la señora ministra? No quiero decir con esto que la señora ministra tenga que estar todos los días dando la cara, pero lógicamente, ante un asunto de esa gravedad, estamos con la ministra desaparecida en combate...
(Rumores.-El señor Labordeta Subías: Está aquí todos los días.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pintado, prosiga; luego en todo caso habrá un tiempo para contestar.
El señor PINTADO BARBANOJ: Parece que he producido la unanimidad en la salida. (El señor Labordeta Subías: Ante una mentira, hay una verdad.)
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, por favor.
El señor PINTADO BARBANOJ: El señor Labordeta siempre tiene la costrumbre de interrumpir en cualquier momento.
El señor PRESIDENTE: Señor Pintado, al tema, por favor.
El señor PINTADO BARBANOJ: Voy al tema, señor presidente.
A lo que voy es a lo siguiente. Lo que le hemos oído a la señora ministra en relación con este asunto es que la culpa de toda esta situación ha sido el modelo de desarrollo económico que instauró el Partido Popular.
Ustedes llevan dos años
en el Gobierno y en dos años no conocemos todavía absolutamente ninguna medida con resultados efectivos con relación a este mismo tema, y ahí están las tablas en cuanto a la generación de producción energética de España en los últimos años, tablas
elaboradas por el Ministerio de Industria del Gobierno socialista, donde el uso de energías renovables no es capaz todavía de producir un cambio en la producción de emisiones de las energías con residuos fósiles, especialmente el carbón, el petróleo
y el gas. Por cierto, ya que a ustedes les asusta tanto, aunque el secretario general para la Prevención de la Contaminación u del Cambio Climático el otro día hizo una alusión a esa comisión que se ha creado y que está trabajando, quizá sería
bueno conocer en profundidad el dato que da el propio Ministerio de Industria, dato no por menos conocido, en cuanto a que en la energía de autoabastecimiento, es decir, la que se genera con producción única y exclusivamente en España, estamos ahora
mismo en una ratio del 56 por ciento de generación de energía eléctrica procedente de la nuclear. Yo creo que son datos para tener muy en cuenta y para que a la hora de poder tomar decisiones se valoren profundidad.
Tal como se manifestó también en la propia comparecencia del secretario general había unos picos durante estos últimos dos años en función del ciclo hidrológico, donde habían descendido sustancialmente las lluvias, y eso generaba lógicamente
una menor producción de energía hidroeléctrica.
Se esperaba en aquellas fechas que en el ciclo de este año hubiera una variación, nosotros también confiamos en ello y lo esperamos, no solamente de que se pueda llegar a una mayor producción y
generación de energía hidroeléctrica, sino también por lo que afecta a la sequía, pero lógicamente nos parece que son mecanismos que están fuera de la potestad del Gobierno o de este Parlamento, y en cualquier caso sería hacer actos de voluntarismo
entender o prever que con una mayor incidencia de lluvias vamos a poder conseguir una mayor actividad de generación hidroeléctrica.
Las renovables no acaban de despegar, aunque los incrementos son importantes según los datos que tenemos encima de la mesa, pero no serán capaces a corto plazo de invertir el signo de generación. Ya que ustedes han defendido tan
vehementemente en esa salida la intervención de la ministra, todas las organizaciones ecologistas en todos los informes que han dado de sostenibilidad le han puesto un suspenso en materia de cambio climático. Ahí tenemos los informes que pudimos
contrastar en su día con la presencia del secretario general, cuya respuesta consta en el 'Diario de Sesiones', cuando dijo que aceptaban las críticas de las organizaciones ecologistas y que era una postura constructiva para seguir trabajando con el
Ministerio de Medio Ambiente. Les quiero recordar, señores diputados especialmente del Grupo Socialista, que el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular en esta materia creo que ha sido exquisito y ha sido de una cautela total, es decir, que
llevamos dos años y, en definitiva, lo que estamos haciendo son planteamientos en positivo, como se desprende de los puntos que afectan hoy a la proposición no de ley que presentamos a su consideración, de hecho, enmendada por ustedes mismos y en
algunos casos con modificaciones, pero que por lo menos no rechazan totalmente, porque no es una proposición no de ley en contra de nadie; es una proposición no de ley para tratar de unificar entre todos, como manifestamos el día de la
comparecencia del secretario general del 14 de febrero, al máximo posible los criterios y el empuje para que la Administración, como entiende el Partido Popular, sea la verdadera protagonista y la verdadera incentivadora de la sociedad privada para
que, en definitiva,
se puedan ir consiguiendo estos objetivos. Cumplir los objetivos de Kioto es una necesidad imperiosa. Planteamos la posibilidad de renegociación, lo cual se nos ha dicho que es imposible en estos momentos palabras del secretario general en
esta comparecencia a la que hacía referencia, y nosotros entendemos que el ministerio deberá crear las condiciones para que surjan medidas más eficaces, generar mayor conciencia ciudadana y facilitar a los sectores productivos que puedan asumir una
cuota de responsabilidad. Sabemos que el crecimiento de las emisiones difusas es un grave problema y que tenemos una dificultad a la hora de la aplicación de la normativa con el protocolo que nos hemos dado. En ese sentido, quiero recalcar esa
idea de que el Gobierno debe ser el principal dinamizador de este tipo de medidas.
En el caso concreto de nuestra indicativa en el primer punto pedimos impulsar el conocimiento y fomentar la investigación en cambio climático estableciendo un programa nacional de investigación sobre clima y cambio climático, que deberá
incorporarse al Plan nacional investigación y desarrollo tecnológico como una nueva área prioritaria. Entiende el Partido Popular que hay un campo inmenso de trabajo y de posibilidades tanto desde el punto de vista de los servicios en el sector del
carbono como de la investigación a la hora de desarrollar nuevos elementos, y que España, para subsanar el grave problema de no llegar al cumplimiento de los objetivos -junto con Canadá, sabemos que somos los dos países que estamos más retrasados a
la hora de cumplir esos objetivos-, tiene un campo muy importante desde el punto vista de la investigación para trabajar en este sentido. Un segundo punto pide elaborar y presentar en el plazo de seis meses planes de actuación para cada uno de los
sectores afectados por el cambio climático, como forma de anticiparse a la capacidad de adaptación a los impactos y tratar de minimizar los efectos del cambio climático en España; es decir, dentro de esa misma línea, se trata de ver exactamente
todos los ámbitos que están afectados por lo que recoge la propia normativa del protocolo. Un tercer punto propone impulsar el pleno desarrollo del Plan forestal español aprobado en julio de 2002 como un instrumento relevante en la estrategia de
cambio climático. Sabemos según la normativa que la capacidad del efecto sumidero de los bosques puede llegar hasta el 2 por ciento, pero nos parece que es una medida en la que hay que profundizar. El punto cuarto va en la misma línea de
involucrar a los gestores forestales privados a través del diseño de un régimen que incentive los esfuerzos encaminados en esa dirección. Es la idea de fondo que ha pretendido llevar nuestro grupo parlamentario a la actual Ley de Montes. Por
último, el quinto apartado, propone elaborar un Libro Blanco sobre potencialidades que ofrecen los instrumentos económicos en su globalidad para contribuir a combatir el cambio climático. En definitiva, entendemos que España no ha hecho los deberes
de Kioto, que tenemos necesidad de ahorrar siendo más eficaces especialmente; que somos, junto a Canadá el país más alejado de los compromisos de Kioto y que o se incrementan los esfuerzos y hay un mayor compromiso por parte del Gobierno o cada vez
estaremos más alejados de sus objetivos.
El señor PRESIDENTE: Hay enmiendas del Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Intervengo evidentemente en nombre del Grupo Socialista para defender la enmienda. Me parece que este es un tema de gran responsabilidad y de interés, si queremos poner fin a la grave situación que vivimos los
distintos países, puesto que la contaminación atmosférica es un tema transfronterizo y por tanto las consecuencias del cambio climático requieren esfuerzos desde luego técnicos y políticos y medidas urgentes en las que estemos implicados todos. En
esa línea va la intervención del Grupo Socialista y no le quepa la menor duda de que va a seguir siendo en una línea moderada. Le quiero preguntar al señor Pintado quién no ha hecho los deberes de Kioto. Es la primera pregunta que se me ocurre.
¿Es que en veinte meses se pueden hacer los deberes de Kioto? Me parece importante que me contesten ustedes a la pregunta, ya que han tenido una amplia responsabilidad de gobierno en ocho años, y usted mismo ha pasado rápidamente del año 1972 a
2002, o sea que ni siquiera ha hecho usted mismo mención a esa etapa de 1996 a 2002. Señor Pintado, la referencia que tenemos del año 1990 en cuanto a emisiones es de todos conocida, y yo que he estado en anteriores legislaturas tengo suficiente
conocimiento de las intervenciones al respecto. ¿Usted cree que en veinte meses pasan del 15 al 45 por ciento? Esta es una reflexión que le hago, ya que cuando menos tenemos que ser rigurosos a la hora de hablar. Como digo, es un tema prioritario
y de interés y la posición del Gobierno Socialista y las medidas que se han llevado a cabo en estos dos escasos años son evidentes, como quedó reflejado, y usted ha aludido a ello, en una reciente comparecencia del secretario general para la
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, don Gonzalo Aizpiri, el 14 de febrero, y en una respuesta de la ministra, señora Narbona, el día 8 de marzo, que fue la última vez que compareció en el Senado para hacer un análisis
pormenorizado de los objetivos que se van a realizar en este año. ¿Cómo puede usted decir que no comparece la señora ministra? Está compareciendo continuamente, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y en el Senado léase usted su
intervención en una respuesta parlamentaria el día 8 del corriente mes, donde fija tres puntos bien concretos, con plazos que usted puede comprobar y que yo no le voy a repetir -si quiere al final lo hacemos-. Como creía que esta era una cuestión
de interés y de consenso, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda para trabajar en positivo. Reconocemos el trabajo hecho desde el año 2002, año de la Presidencia española de la Unión Europea, y
que desde esa fecha para aquí se ha avanzado, pero reconozcan ustedes también que nos vamos veinte meses escasos de Gobierno, porque las elecciones se ganaron el 14 de marzo, pero el Gobierno se constituyó posteriormente. Por tanto, la
enmienda que defiendo establece, primero, que este Gobierno ha tenido en cuenta lo que se ha hecho y lo valora, partimos de lo hecho y así lo ha reconocido también la señora ministra.
Usted mismo, señor Pintado, en la comparecencia del señor
Aizpiri; como consta en la página 15 del 'Diario de Sesiones' que yo he tenido la oportunidad de leer, reconoce que se ha hecho un trabajo importantísimo y así está reflejado. Por tanto, seamos rigurosos y en esa línea constructiva el Grupo
Socialista presenta una enmienda que aceptando variadas cuestiones de las planteadas, matiza algunos puntos, y voy a explicarlo muy brevemente.
En el primer punto se modifica la redacción, puesto que no parece lógico la elaboración de un programa específico, pues sería duplicar lo que ya existe en el Plan Nacional de I+D, donde ya se cubre el programa de cambio global dentro del
apartado de energías no convencionales en el programa Tecno, dentro de Educación. En cuanto al segundo punto, estamos de acuerdo en aprobar en el plazo de seis meses un plan nacional de vulnerabilidad, impactos y adaptación al cambio climático, ya
que la elaboración de planes, como usted debe saber, por los sectores afectados por el cambio climático requiere tener previamente una evaluación detallada de la vulnerabilidad e impactos sobre las áreas afectadas, que luego permita identificar
medidas de adaptación para poder desarrollar los planes de acción sobre este cambio climático. El tercer punto nos parece correcto, ya que uno de los objetivos del Plan forestal es mitigar los efectos del cambio climático y en esa línea se trabaja.
Precisamente en el Plan nacional de asignación se ha considerado que España obtendrá un 2 por ciento de sus emisiones del año base en toneladas de carbono gracias a los sumideros, y ahí se fija un plazo de 2002 a 2032. En cuanto al punto cuarto de
la proposición no de ley pedimos su supresión porque el marco adecuado no es una proposición no de ley y este tema debe evaluarse en la reforma de la financiación pública que decidirá las acciones a implementar en el futuro. No obstante, en el
acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de junio de 2005 que se refiere al Plan de prevención y lucha contra los incendios forestales, ya prevé en su punto 5.2 una singularidad fiscal para los espacios forestales en su papel de sumideros forestales
de CO2, que habrá, como digo, de concretarse en el futuro, y también en la Ley de Montes, en el artículo 65, se reconocen incentivos a las externalidades positivas de los montes, pero, repito, el marco no es una proposición no de ley. En cuanto al
punto quinto, se propone otra redacción, porque ya no es un libro blanco; un libro blanco se hace cuando las políticas no están definidas. Aquí las políticas están perfectamente definidas y lo que se necesita es evaluar las potencialidades con
medidas sobre uso de instrumentos económicos en su globalidad.
Creo que hay una buena disposición del Grupo Socialista para sacar adelante esta proposición no de ley con aportaciones positivas y rigurosas y con retos, fijando plazos concretos como especificó la ministra en su intervención del 8 de
marzo, y desde luego, queremos dejar muy claro que hay consenso en las relaciones con las asociaciones ecologistas. No me puede usted decir lo contrario. Todos conocemos lo que ha pasado en las dos legislaturas anteriores, he sido testigo de ello,
señor Pintado: la relación que hubo de los ministros y ministras de Medio Ambiente con las asociaciones ecologistas y con los consejos de Medio Ambiente. Por tanto, la relación es excepcional, y desde luego nunca el Partido Socialista asumirá una
posición que no sea de aportación positiva para implementar actuaciones en el futuro. Esta es la posición del Grupo Socialista y le solicito el voto favorable a la enmienda que hemos presentado en esta línea, para seguir trabajando en positivo.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que quiera manifestarse? (Pausa.) Para definirse sobre las enmiendas el señor Pintado tiene la palabra.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señor presidente, una pequeña alusión...
El señor PRESIDENTE: Señor Pintado, cuando le han interrumpido yo he hecho callar, ha tenido su oportunidad y ahora defínase sobre todo sobre las enmiendas, básicamente.
El señor PINTADO BARBANOJ: Sobre las enmiendas, yo le propondría a la señora Marón que en el punto segundo, es decir, donde nos plantea una enmienda de modificación, fuera una enmienda de adición, de acuerdo con lo que ustedes solicitaban
mientras estaban en la oposición. Someteríamos a votación separada el punto tercero, que no tiene enmiendas, y el resto lo votaríamos en bloque, porque no aceptamos las que nos presentan.
El señor PRESIDENTE: Señor Pintado, en todo caso nos comunicarán al final si hay algún tipo de acuerdo.
-RELATIVA A LA NECESARIA REPROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OBRAS DE LOS COLECTORES GENERALES DEL RÍO MIÑO EN LUGO TRAMO N-VI.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001427.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 9 relativa a la necesaria reprogramación de los trabajos realizados en las obras de los colectores generales del río Miño en Lugo, en el tramo N-VI. Por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Me van a permitir, señorías, que antes de entrar en el fondo de esta proposición no de ley trate de situar a todas SS. SS. en el terreno para que todos sepamos y seamos conscientes de lo que estamos hablando. La
señora Salazar, que es vecina mía en Lugo, conoce también este terreno, pero probablemente muchas de SS. SS. no lo hayan visitado, y ellos se lo han perdido porque merece la pena, ¿verdad, doña Isabel? Estamos hablando de unos terrenos que en su
día eran el margen de una carretera, la N-VI, que habían sido rellenados por propietarios, sin haber sufrido probablemente las consecuencias de haber actuado de esa manera, y, curiosamente, fueron penalizados aquellos que cumplieron la ley, porque
al no rellenar sus terrenos, la línea de máxima crecida quedaba dibujada en las cartografías siempre más cerca de la cuneta de la carretera, y en cambio los que habían rellenado los terrenos y los habían convertido en escombreras tenían esa línea
dibujada mucho más cerca de la orilla actual del río. En el año 1994, aproximadamente, el Ayuntamiento de Lugo procedió a la adquisición de todas aquellas tierras con el fin de, mediante los oportunos trámites administrativos, irlas convirtiendo
poco a poco en una zona verde, una zona emblemática de la ciudad a orilla del río Miño, donde actualmente son muchos los lucenses que pueden disfrutar de ese margen del río. En el año 1996-1997 se puso en marcha el proceso de licitación del
proyecto del parque y para llegar a ese paso se establecieron conversaciones con la entonces también Confederación Hidrográfica del Norte, de manera que pudiera supervisar cuáles eran los contenidos del proyecto y pudiera orientar o sugerir las
modificaciones que creyera convenientes. En este sentido, voy a recordar algunas de las matizaciones que hizo la Confederación Hidrográfica del Norte al proyecto que presentaba el ayuntamiento.
No se permitía en aquel proyecto alterar el perfil natural del terreno existente -acabo de recordar que algunos habían rellenado y otros no; yo les hice ver en aquel momento la necesidad de igualar el perfil del terreno, porque si no era
imposible el fin propuesto- y también se prohibía utilizar materiales del estilo del hormigón, es decir, tenía que ser una actuación suave, una actuación respetuosa con el medio en el que se iba a actuar. El ayuntamiento lo entendió perfectamente y
así procedió a dar las instrucciones pertinentes a los técnicos, arquitectos e ingenieros que diseñaron todo el conjunto de este parque periurbano.
Verán que les hablo con cierto conocimiento de causa porque desde el año 1991 al 1995 yo era el
concejal de Medio Ambiente de aquel ayuntamiento y del año 1995 al 1999 fui alcalde del mismo. El costo total de las obras lo financió el Ayuntamiento de Lugo y desde el año 1999 estuvo en uso y disfrute de todos los lucenses, como digo, hoy uno de
los lugares emblemáticos de la ciudad de Lugo.
¿Por qué les he contado toda esta historia, señorías? Para situarles, como decía, un poco, dado que en esta Comisión muchas veces hablamos de la preocupación que sentimos por el respeto hacia determinadas especies, tanto vegetales como
animales, a la hora de valorar el impacto medioambiental que determinadas obras producen en ecosistemas que como este son muy sensibles. Estamos hablando de un río de importante caudal y, por lo tanto, con numerosas especies. Quiero decirles
también que he sentido preocupación, y fue lo que motivó la presentación de esta proposición no de ley, a la vista del comienzo de las obras, objeto de esta proposición, que es una red de colectores que la ciudad necesita evidentemente. Quiero aquí
hacer un paréntesis para decir que estoy totalmente a favor de las obras que se están ejecutando por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica, como es la red de colectores generales que van a permitir una menor
contaminación por aguas pluviales y fecales, que irán directamente a la estación depuradora de aguas residuales, cuando hasta la fecha existían deficientes instalaciones que fuimos subsanando entre todas las administraciones en estos años
anteriores, pero que hacían necesaria esta intervención, que yo, insisto, apoyo y aplaudo. Eso no quiere decir que esta obra que ahora se está ejecutando se puede realizar de cualquier forma. Si para el diseño del parque se exigían una serie de
premisas, una serie de condiciones que tenían como denominador común respetar al máximo el impacto medioambiental minimizándolo, yo creo que a la hora de ejecutar estas obras tiene que prevalecer igualmente ese criterio -debería ser incluso más
estricto- de impacto ambiental. Lo cierto es que lo que han podido y hemos podido ver todos los vecinos de la ciudad de Lugo durante ya más de un año que duran estas obras y veremos durante el año que queda, hasta junio de 2007, que es la previsión
del ministerio para finalizarlas, es el desplazamiento de miles de toneladas de tierra con grandes camiones, con palas grandes, la aplicación de muchos metros cúbicos de hormigón, material que a nosotros se nos había impedido utilizar, para la
construcción de contenciones, de tanques de tormenta.
Yo no soy ingeniero y no les puedo precisar muchos aspectos técnicos, pero lo cierto es que a simple vista uno puede ver allí lo que decimos en gallego una desfeita, es decir, algo de difícil
reposición a su estado primitivo, a su estado original. De ahí la importancia de esta proposición no de ley, sobre la que quiero llamar la atención. No se trata de paralizar las obras o de impedirlas; lo que estamos pidiendo es que el ministerio,
con la dirección de obra, efectúe la reprogramación necesaria para irla acometiendo tramo a tramo, fase a fase, de manera que ese impacto pueda ser mínimo y que puedan ir entrando en funcionamiento esos mismos tramos una vez concluidos para uso y
disfrute de todos los vecinos que así lo quieran.
Señorías, los colectores generales de Lugo tienen muchos kilómetros, pero la zona de la que estamos hablando tiene aproximadamente algo más de 2 kilómetros. Se podría perfectamente hacer la obra en esta zona en dos, tres o cuatro tramos, de
manera que el impacto sería mínimo y podrían ir entrando funcionamiento no los colectores, que no lo podrán hacer hasta que estén terminados en su totalidad, pero sí los senderos y las
zonas de este parque una vez concluido. Este es en esencia el contenido de esta proposición no de ley y quiero referirme, para finalizar, señor presidente, a la enmienda transaccional que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado. Yo
agradezco la cortesía de la señora diputada de habérmela dado a conocer en el día de ayer para que yo pudiera reflexionar y tratar de llegar a un acuerdo si eso fuera posible, pero lo cierto es que como ya le he manifestado a la misma diputada y
ahora lo hago aquí en el seno de la Comisión, no puedo tenerla por aceptable dado que lo que pide básicamente es que continúen las obras, sin hacer mención a esa petición que nuestro grupo plantea, que es reprogramar la obra para hacerla por tramos;
o que en el año y pico que todavía queda por delante, a pesar de que el daño ya está en su gran parte causado y es difícil reponerlo, que al menos se pueda hacer de otra manera esta obra. Termino diciendo que estamos en la Comisión de Medio
Ambiente y no en la de Fomento y por lo tanto apelo a la sensibilidad medio ambiental de todas SS. SS. y espero que tengan a bien apoyar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora Salazar.
La señora SALAZAR BELLO: Señor diputado, realmente le agradezco la posibilidad de poder demostrar hoy que cumplimos ayer dos años de Gobierno del Partido Socialista, que cuando un partido se propone hacer algo, cuando da su palabra y la
cumple es la mejor forma de demostrar que si se tiene voluntad política, se realizan las cosas bien, con prontitud y con una gran calidad. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.) Me encanta sobre todo porque le
voy a demostrar que con su proposición no de ley, y se lo decía anteriormente, no nos está pidiendo realizar nada; por eso le comentaba yo la posibilidad de presentar una enmienda transaccional para llegar a un acuerdo por el interés general de la
propia ciudad de Lugo. Lo primero que le quisiera recordar es que el Gobierno popular durante los últimos cuatro años en Galicia ha invertido más o menos 133 millones de euros y en un año el Partido Socialista en nuestra ciudad invertirá entre 33 y
45 millones de euros. Creo que la diferencia entre lo que recibimos del Gobierno central en cuatro años de Gobierno para toda Galicia y lo que está recibiendo en este momento solamente una de las ciudades pequeñas de Galicia es bastante grande.
De todas formas, señor diputado, me llama la atención que usted presente una proposición no de ley en nombre de su grupo parlamentario, el Grupo Popular, por los tres puntos que dice. Primero habla de reprogramar unas obras, que le voy a
demostrar que están casi finalizadas; segundo, habla de crear una comisión de seguimiento, la cual está constituida no solamente en el Ayuntamiento de Lugo sino también en la Xunta de Galicia con Aguas de Galicia; y tercero, la reapertura del
parque público por zonas, que posiblemente lo vamos a poder hacer en menos tiempo de lo que se imagina usted; lo que se refiere a esa zona estamos a punto de replantearlo. Las obras se están realizando en una zona de recreo de titularidad
municipal del parque del Miño, que usted conoce de maravilla porque fue responsable político -yo como ciudadana de Lugo siempre le agradecí esas actuaciones- y además porque es biólogo. Por eso no entiendo cómo usted puede considerar tan importante
el detener una obra, con un daño ínfimo para el medio ambiente, como le voy a demostrar posteriormente, cuando lo que es necesario y de justicia es no tener una cloaca en el río Miño, que es maravilloso, y que por fin contemos con un saneamiento
justo, que es el que se merece nuestra ciudad. Usted con ese discurso, como siempre político y demagógico, trata de empañar esa actuación cuando lo que se está realizando es una gran obra para nuestra ciudad, que es de interés general. La franja
del terreno es muy estrecha, está la margen izquierda del río Miño, que está limitada por este parque, y, por el otro lado, tenemos la N-6. Por ahí discurren los colectores que requieren una instalación de tuberías de 1 o 2 metros a una profundidad
aproximadamente de 4 metros, lo que obliga a la utilización de una maquinaria muy pesada y de grandes dimensiones. Se puede imaginar usted, aunque no sea ingeniero, como yo tampoco lo soy, que las zanjas que se tienen que realizar para unas
tuberías de 2 metros de diámetro a una profundidad de 4 metros son muy profundas y sería peligroso el acceso al parque. Como también sabe usted, solamente hay dos puntos de acceso, que están en los dos extremos del parque, porque el tercero es una
pasarela de madera por la cual solamente existe tráfico de personas. El tráfico continuo de un extremo a otro tiene que ser por los dos accesos que existen. Por eso, la finalidad del cierre fue, primero, la ocupación de ese parque maravilloso por
un tiempo mínimo; segundo, garantizar la seguridad de todos los usuarios; tercero, cumplir con las normas y la legislación vigente, adecuada absolutamente a la que tenemos actualmente.
El Ayuntamiento de Lugo coordinó el cierre del parque desde
el día 7 de agosto de 2005, aunque las obras empezaron en enero de 2005. Tal como usted conoce, con nuestra climatología hay que aprovechar los meses de verano y también la proximidad del río. Estas obras serían inviables, por estar por debajo del
esquiaje del río Miño, si se hicieran en otro tiempo; estaríamos constantemente invadidos por la lluvia. Como usted sabe muy bien, incluso se invade la N-6 en las épocas lluviosas, como hace dos años, que hubo tres días en los cuales no se podía
transitar por la N-6. También Muíño estuvo invadido por encima de tres metros. Así pues, la fecha adquirida y consensuada con la empresa y con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Lugo fue empezar en verano. Por lo tanto, puedo informar que
gracias a esta climatología que hemos tenido últimamente este año se ha podido aumentar el ritmo de ejecución de los trabajos y el tiempo de ocupación del parque, por lo cual sería imposible la propuesta que ustedes nos hacen, y además es la única
forma de garantizar la seguridad de los ciudadanos cumpliendo la
legislación vigente en cuanto a seguridad y salud. También le confirmo, en cuanto a lo que usted ha dicho de replantear una obra, que existe la ejecución total de la instalación del colector general entre los pozos P 4 y P 26, y la obra
subterránea y los aliviaderos de Fingoi y La Tolda, quedando exclusivamente -y por eso esto se lo aclaro tan contundentemente, porque quizá todavía podríamos llegar a una enmienda transaccional- los remates de algunos pozos, la restauración de la
cubierta vegetal, la reposición y la reparación de los senderos existentes, los alumbrados y todo el mobiliario urbano.
No es cierto tampoco que no se haya respetado la normativa vigente a nivel de medio ambiente, porque la dirección de obra elaboró un documento del estado inicial del parque, de cara a controlar cualquier tipo de alteración durante la obra
para poder definir la restauración y la reposición de los árboles, donde constan incluso los diámetros, por si alguno de ellos es dañado. Se está cumpliendo el Plan de gestión de medio ambiente basado en la normativa ISO 14001, y además de eso, se
hace una inspección mensual. También le recuerdo que se va a hacer la sustitución del antiguo colector que ocasiona constantemente episodios de alivios en casi todos sus pozos y, por consiguiente, vertidos constantes de aguas residuales a nuestro
río. El proyecto de colectores tiene prevista también la eliminación de una zona de rellenos, de la que usted hablaba anteriormente, excesivamente próximos al río Miño, en el extremo inferior más abajo de aguas del parque, con la intención de
recuperar ampliamente y ambientalmente la zona degradada y, al mismo tiempo, aumentar la llanura de inundación natural del propio río.
Por todo ello, consideramos que no son procedentes los tres puntos de la proposición no de ley ya que la programación ha sido, es y será la más adecuada, dado que el desarrollo de las obras es correcto, cumple los plazos previstos en las
distintas fases y no procede reprogramarlas porque casi están finalizadas, al igual que existe una comunicación fluida mensual con los técnicos de medio ambiente del Ayuntamiento de Lugo y usted lo conoce, aunque si el ayuntamiento quisiera decidir
un cambio de interlocución el Grupo Socialista estaría abierto, igualmente el Ministerio de Medio Ambiente, pensando sobre todo en lo más importante, que es el interés general y no utilizar la demagogia constantemente. De todas maneras, también
para su conocimiento, en el convenio de colaboración suscrito con Aguas de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Norte, en la estipulación décima, existe, y digo existe, una comisión de seguimiento de dichas obras donde está la Administración
Central del Estado y la Xunta de Galicia, a la que le corresponde informar de las posibles incidencias y modificaciones en la ejecución de las obras, lo cual quiere decir que la propia Xunta de Galicia, con la competencia que tiene en medio ambiente
no ha informado de ninguna alteración.
Por ello, señor diputado, el Grupo Parlamentario Socialista había presentado esta enmienda porque pensábamos que lo más importante era llegar a un acuerdo de todos los grupos en algo de interés general para Galicia. Por eso les pido hoy a
su grupo y a usted que no ponga más piedras ni más obstáculos en el camino para conseguir y tener por fin lo que por justicia nos merecemos los ciudadanos de esta ciudad, que es un saneamiento completo de Lugo, de nuestra ciudad, y de nuestro gran
río.
El texto de nuestra enmienda es el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar las obras de saneamiento de conformidad con la estipulación del convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Norte y
Aguas de Galicia, informando oportunamente a la Comisión de seguimiento de las incidencias y modificaciones, a fin de concluir la obra en el plazo más breve y con los menores daños al entorno. En el informe que tenemos se dice que solamente hay un
daño ínfimo y que no tiene nada que ver con la gran obra y saneamiento de nuestro río.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Díez para definirse sobre la enmienda.
El señor GARCÍA DÍEZ: Me gustaría, señora Salazar, poder aceptar cualquier tipo de enmienda que contribuya a mejorar una propuesta. Tiene que perdonarme en que discrepe en cuanto a la valoración que hace usted de mi discurso tildándolo de
demagógico, porque he sido exquisito, creo, y educado, creo, y no sé si merezco ese calificativo de demagógico. Lo que me preocupa, y es el motivo por el cual yo no puedo aceptar la enmienda, es que se habla de continuar, y continuar implica no
modificar absolutamente nada en cuanto al procedimiento de dirección y ejecución de las obras, y si a mí, al menos, me quedara la seguridad de que se está respetando la normativa, no la de seguridad e higiene en el trabajo, que evidentemente tiene
que respetarse, sino la normativa que le aplicaría el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Norte a cualquier particular que actuara en la ribera del río Miño, podría aceptar, pero como eso no me ha quedado claro, lamento
tener que decirle que sigo preocupado por que se sigan ejecutando las obras.
El señor PRESIDENTE: Con lo cual, llegamos a la conclusión de que no acepta la enmienda. Gracias, señor García Díez.
-RELATIVA AL ESTUDIO PARA DEFINIR LAS INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA COMARCA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001431.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la décima proposición no de ley relativa al estudio para definir las infraestructuras de saneamiento y depuración de la comarca de Santa Cruz de la Palma, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Coello.
La señora COELLO FERNÁNDEZ-TRUJILLO: En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña introducción y decirles que la isla de La Palma está situada en la parte noroccidental del archipiélago canario, y es la segunda en número de habitantes de
las cuatro que constituyen la provincia de Santa Cruz de Tenerife. También es conocida como la isla bonita o la isla verde por sus exhuberantes bosques y extraordinarias bellezas naturales. Tiene una superficie de 706 kilómetros cuadrados y una
población de 80.000 habitantes repartidos en 14 municipios. La capital de la isla es el municipio de Santa Cruz de la Palma, situado en la costa oriental de la misma y fundado en 1493 tras la conquista castellana. Cuenta en la actualidad con
aproximadamente 18.000 habitantes. Se estarán preguntando por qué hago esta introducción, pues bien, los palmeros tenemos fama de un excesivo amor hacia nuestra tierra, el ya conocido en Canarias como chovinismo palmero, y no quería dejar escapar
la posibilidad de demostrarles a todos ustedes de que esta fama es totalmente cierta.
Por otro lado, me gustaría poder hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la depuración en los territorios insulares que, como no cabe la menor duda, son territorios autolimitados que finalizan donde empieza el mar.
En estos territorios
deberían acometerse no sólo las depuraciones en zonas determinadas, sino ser, según mi manera de ver, un concepto integral de lo que se pretende con una isla y lo que es el desarrollo sostenible de una isla, porque si no, lo que estaremos haciendo
será parchear las pequeñas situaciones que van produciéndose en cada municipio y no acometiendo un problema integral que tarde o temprano va a terminar apareciendo de nuevo.
A continuación, paso a explicarles la situación actual de las aguas residuales urbanas de la comarca de Santa Cruz de la Palma. La estación de depuración de aguas residuales de que dispone esta comarca fue ejecutada por la Consejería de
Obras Públicas del Gobierno de Canarias, diseñada para tratar un caudal de agua diario de 3500 metros cúbicos, terminándose la obra en febrero de 1995. Cabe destacar que durante un año aproximadamente se encargó de la explotación de la planta la
empresa constructora, recibiendo las aguas residuales del municipio hasta febrero de 1996. En marzo se produce la cesión por parte de la consejería al ayuntamiento, no siendo aceptada por no disponer la estación de una planta de tratamiento de
lodos. Aún y todo, el ayuntamiento asume la gestión y explotación de la misma hasta la fecha de hoy. Por lo tanto, la planta continúa funcionando y vertiendo al mar el agua depurada y los lodos en fase semilíquida, todo ello sin un emisario
submarino, razón por la cual el ayuntamiento ha recibido varias denuncias por parte de la Consejería de Medio Ambiente, con el consiguiente coste económico para el mismo. En la actualidad, la media de caudal tratado es del orden de 4.100 metros
cúbicos, llegando en algunos días, en horas puntas, a 4.500; incluso en épocas de lluvia -como ustedes bien saben las islas Canarias a veces cuentan con momentos de lluvias torrenciales- se han llegado a filtrar 6400 metros cúbicos, todo ello por
registros que se tienen en la misma estación depuradora. Ante esta situación, la estación necesitaría una ampliación y una planta de tratamiento y deshidratación de lodos, ya que el emisario submarino en este momento se está ejecutando y está
aproximadamente en un 30% de ejecución. La Directiva 91/271 de la Comunidad Económica Europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas establecía la obligatoriedad de tratar adecuadamente antes del 2005 todos los vertidos de aguas
residuales urbanas procedentes de aglomeraciones cuya carga contaminante sea superior a 2.000 habitantes equivalente. El entonces Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Vivienda, además de proceder a la transposición de la norma comunitaria, procedió a elaborar un Plan nacional de saneamiento y depuración de aguas residuales 1995-2005, estableciendo unos plazos para realizar infraestructuras de colectores y
tratamientos de depuración a los que deberán someterse las aguas residuales urbanas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas. Establecían el año 2005 como fecha tope para las poblaciones de hasta 15.000 habitantes equivalente, como
es el caso de Santa Cruz de la Palma.
Como ya ha manifestado la señora ministra recientemente, y a la vista del informe del cumplimiento o del no cumplimiento de la normativa europea sobre el tratamiento de aguas residuales, parece necesario impulsar un nuevo plan de saneamiento
en aquellas zonas que no cumplan aún con los estándares fijados por la Unión Europea, aún con el conocimiento de que garantizar la depuración de las aguas residuales corresponde a los municipios y a las comunidades autónomas. Teniendo en cuenta que
la estación depuradora de la comarca es de muy reciente construcción, teniendo en cuenta además que una de las propuestas que ha estipulado la consejería del gobierno autónomo es construir un colector que hiciera llegar las aguas residuales de Santa
Cruz de la Palma a uno de reciente construcción, que va a tener lugar en la cabecera del aeropuerto de Maso y que recogería aguas depuradas de tres municipios, además de las de Santa Cruz de la Palma, y teniendo en cuenta la información que obra en
nuestro poder de que esa depuradora que se va ha construir tiene capacidad para 1.500 metros cúbicos, yo me pregunto cómo es posible que nuestra depuradora de 3.500 metros cúbicos pueda ir a otra de 1.500 metros cúbicos cuando ya se está viendo que
es una depuradora que no va a poder probablemente con los otros tres municipios. Entonces, formulo la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, junto con los organismos correspondientes de la Comunidad
Autónoma Canaria, se elabore un estudio que permita definir las infraestructuras de saneamiento y depuración de la comarca de Santa Cruz de la Palma, de manera y forma que garantice un tratamiento eficaz de las aguas residuales urbanas,
tanto desde un punto de vista medioambiental como de coste efectividad y de coste eficiencia, ya bien reestructurando las infraestructuras ya existentes o bien adhiriéndonos a las que próximamente se van a construir en una comarca cercana,
como paso previo, si así fuera necesario, a ser incluidas en el anunciado nuevo Plan de saneamiento y depuración anteriormente mencionado.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabrera.
El señor CABRERA MATOS: No voy a remarcar las excelencias de la isla, también como palmero, porque ya lo ha hecho la compañera diputada Coello, pero son ciertas evidentemente para los que vivimos o para los que la visitan. Pero, sin
embargo, en esta materia, en materia de depuración no podemos decir lo mismo. Nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley porque nos parece bien que se estudie lo que hasta ahora no se sabe o se confunde, y evidentemente, tanto el Gobierno
canario, que tiene una responsabilidad directa sobre este asunto, como el Gobierno central, que apoya económicamente las iniciativas que a través de los distintos convenios han firmado el Gobierno canario y el Gobierno central, evidentemente
desconoce o confunde notablemente.
Entrando en el asunto, por parte del Gobierno canario y el Gobierno central hay una confusión total y absoluta en el tratamiento de las aguas depuradas en la isla de La Palma, no sólo en la comarca de Santa Cruz de la Palma, sino también en
la comarca del Valle. El Gobierno canario durante estos últimos años ha demostrado una nula sensibilidad con la isla de La Palma, la situación en el tratamiento de las aguas residuales de la isla de La Palma es mala, por calificarla de una forma
suave.
Nosotros tenemos en la isla cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales, en Santa Cruz de la Palma, en los Llanos de Aridane, en Tazacorte, en San Andrés y en Sauces, y después dos construcciones que alguien denominó depuradoras, y con
ese nombre se quedaron, que están situadas en zonas turísticas, Los Cancajos y Puerto Nao, pero que lógicamente se alejan de lo que es una buena estación depuradora. Son depuradoras en malas condiciones, son en muchos casos obsoletas, incapaces de
tratar las aguas que están recibiendo, sin tratamientos de fango, incumpliendo la normativa europea, y además, a partir del 1 de enero de 2006, otros municipios van a empezar a incumplir, la normativa europea que ha entrado en vigor recientemente
puesto que no tienen red de saneamiento. Y al hilo de todo esto, la situación que nos muestra el Gobierno de Canarias es una situación de inversiones no prioritarias en esta materia de depuración, que es fundamental, sino en otras materias
hidráulicas, pero no en el tratamiento de las aguas residuales, y ahora entra también el Gobierno central en esta cuestión.
Evidentemente, esta proposición no de ley viene muy bien al Gobierno central para que se de cuenta, con el Gobierno canario de que lo que se pretende hacer en La Palma no va a resolver en absoluto, al contrario, va a perjudicar notablemente
lo que es el tratamiento de aguas residuales.
Recientemente, el Gobierno central ha contratado la redacción y ejecución de dos depuradoras, que las llama comarcales, por llamarlas comarcales, situadas, una, en la comarca de Santa Cruz de la Palma
y, otra, en la comarca del Valle de Aridane; una de ellas tiene una capacidad de 1.500 metros cúbicos al día, la actual depuradora municipal de Santa Cruz de la Palma tiene una capacidad de 3.500 metros cúbicos al día, sobrepasada ampliamente, y
resulta que las aguas, esas aguas que ahora se tratan allí, van a ir dirigidas a la mal llamada depuradora comarcal. Eso lo está haciendo ahora mismo el Gobierno central. Desde el Partido Popular no entendemos cómo se pretende resolver un
gravísimo problema que existe en la isla de La Palma creando infraestructuras que no sólo no miran al futuro sino que no son capaces en este momento de afrontar las aguas residuales que los cuatro municipios, o cinco municipios, de la comarca de
Santa Cruz de la Palma van a verter a ese lugar. Estamos hablando de 8.000 habitantes, y la comarca tiene 40.000 habitantes. No entendemos absolutamente nada. Por lo tanto, evidentemente, viene muy bien al Gobierno canario y viene muy bien al
Gobierno central replantearse, como hemos denunciado en reiteradas ocasiones el Partido Popular en Canarias y en La Palma, que estas infraestructuras nuevas no van a resolver el problema. Otro tanto de lo mismo podríamos añadir con la comarca del
valle de Aridane que tiene una población aproximadamente similar, de unos 40.000 habitantes, y no se cuenta para nada en las nuevas infraestructuras con que esta isla se supone que va a crecer; esta isla, que tiene un turismo incipiente todavía
pero que quiere crecer e ir por esa senda de un turismo sostenido, necesita infraestructuras de futuro, y el Gobierno central, por desgracia, nos está planteando infraestructuras de pasado, ni siquiera de presente.
Entendemos que es el momento de aprovechar el actual Plan nacional de saneamiento, porque había algunas partidas innominadas destinadas a la depuración de aguas residuales en la isla, había unas aportaciones del gobierno, pero inviértanlas
bien, en infraestructuras adecuadas, en infraestructuras de futuro. Por lo tanto, no voy a incidir más en esta cuestión, pero nosotros vamos a estar vigilantes en este estudio. Las conclusiones de este estudio nos parecen importantes; entendemos
que hay que paralizar todas aquellas infraestructuras que se van a contratar en estos momentos y que suponen una inversión cercana a los siete millones de euros, que no van a servir para nada, para resolver problemas de escasa entidad, para resolver
problemas de un determinado núcleo de población, pero no para resolver los problemas de 80.000 habitantes, 100.000 de futuro, según las previsiones que se tienen en el Plan insular de ordenación del territorio de la isla de La Palma y las
expectativas de futuro que tenemos en materia turística. Por tanto, los problemas están ahí, he hecho mención a ellos; hay que recoger lo que está en los estudios, y, en definitiva no
creo que sea tan difícil programar lo que debemos hacer en el futuro. Yo creo que es de pura lógica: depuradoras que resuelvan el problema, depuradoras de futuro. Hágase. El estudio existe, las infraestructuras que necesitamos también
las tenemos claras, por tanto, hay que exigir en ese estudio, tanto al Gobierno canario como al Gobierno central, que las infraestructuras que se hagan sean de verdad de futuro y no nos estén engañando permanentemente en este tema como lo han hecho
hasta ahora.
-SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE CONCESIONES HIDROELÉCTRICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001467.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley sobre modificación de la legislación vigente en materia de concesiones hidroeléctricas.
Por parte de la Xunta Aragonesista, el señor Labordeta tiene la palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: La dinámica parlamentaria ha querido que la casualidad haya incluido en el orden del día de esta Comisión de Medio Ambiente esta iniciativa enmarcada entre la celebración ayer mismo del Día Mundial de los ríos y
contra los grandes pantanos y la conmemoración el próximo día 22 de este mismo mes del Día Mundial del agua, que este año, y coordinado por la UNESCO, girará en torno al tema:agua y cultura.
Y es que la proposición no de ley que votaremos hoy
viene a pedir al Gobierno que actúe en uno de los múltiples aspectos que son necesarios acotar para una mejor prevención y preservación de los valores naturales de los ríos y cauces hidráulicos. Queremos que el Gobierno actúe en la cuestión de las
concesiones hidroeléctricas, y no lo hacemos sólo desde la Chunta Aragonesista, sino que es la propia Unión Europea la que ha pedido formalmente a España que modifique la normativa vigente en el ámbito de las concesiones hidroeléctricas, dado que no
se contempla un procedimiento de licitación adecuado para la adjudicación de las mismas.
Hay que recordar que otros países de la Unión, como Francia e Italia también han sido denunciados. La petición a España adopta la forma de dictamen motivado,
que es la segunda etapa del procedimiento de infracción, y que supone que de no haber una respuesta satisfactoria en un plazo de dos meses, la Comisión podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia. La Unión Europea argumenta que en las leyes
29/1985, de Aguas, y 54/1997, del Sector Eléctrico, no se prevé concurso para la adjudicación de dichas concesiones, de modo que la adjudicación tiene un carácter discrecional. Según el Tribunal de Justicia, esa ausencia de concurso abierto entre
posibles candidatos es en sí misma una violación del tratado, en concreto del principio de libertad de establecimiento previsto en el artículo 43 del Tratado de la Comunidad Europea, debido a su no conformidad con el principio de no discriminación
y, en particular, con los principios de transparencia y de igualdad de trato. En concreto, según el Tribunal, para que un régimen de autorización administrativa previa esté justificado, debe en cualquier caso estar basado en criterios objetivos, no
discriminatorios, y conocidos de antemano, a fin de establecer límites sobre el ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades nacionales con objeto de que ésta no se ejerza de modo arbitrario. Además, la duración de 75 años prevista
por la ley española para el derecho de explotación fortalece considerablemente la posición privilegiada de los actuales titulares del derecho de explotación de las aguas. De este modo, y dado el impacto ambiental que supone para los cauces de los
ríos este tipo de instalaciones, y conscientes como Comisión de Medio Ambiente de la necesidad de adoptar esta normativa vigente, hemos presentado esta propuesta que someteremos a debate y votación. Creemos que supondría, evidentemente, tener la
posibilidad, desde lo público, de actuar mejor en lo que se refiere al respeto al medio nacional, tanto en su prevención como en su impacto y reversión tras el periodo de caducidad de la obra. Es una medida que beneficia a todos los ríos y a todo
el territorio, y es que precisamente en Aragón, y en el Pirineo especialmente, sabemos mucho de los problemas que este tipo de instalaciones han creado en nuestros pueblos y valles, viendo cómo se usa el río para crear riqueza que apenas deja nada
en el valle.
Todos estos motivos son por los que presentamos esta iniciativa que pretende el acuerdo de todos para que el Gobierno tome nota de estas denuncias y actúe en consecuencia modificando la normativa vigente.
Finalmente, me gustaría indicar que
a nosotros nos gustaría que en la futura legislación haya algún tipo de preferencia para las zonas afectadas por las citadas obras hidráulicas, defendiendo que la gestión de los recursos naturales beneficie primero a los lugareños, no sólo vía tasas
o impuestos, sino mediante la explotación directa a través de sociedades públicas y ayuntamientos.
Por todo esto, presentamos la proposición no de ley en la que pedimos que el Congreso de los Diputados acuerde dirigirse al Gobierno para que proceda a la modificación de la legislación vigente en materia de concesiones hidroeléctricas, dado
el interés medioambiental que tiene para la protección, preservación y restauración de los cauces hidráulicos.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas presentadas, una del Grupo Socialista y otra del Grupo Popular. Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ RIVAS: Efectivamente, la Comisión Europea ha pedido a una serie de países, entre ellos España, que modifiquen la legislación sobre las concesiones hidroeléctricas al entender que la ley no contempla procedimientos de
licitación para la adjudicación
de las mismas. Esto afectaría, entre otras leyes, a la Ley de Aguas del año 1985 o a la Ley del Sector Eléctrico del año 1997. En la actualidad, el procedimiento para el otorgamiento de una concesión con destino a un aprovechamiento
hidráulico tiene una primera fase que consiste en el estudio de los distintos proyectos que se pueden presentar por cualquier empresa española o de la Unión Europea que cumpla determinadas condiciones. Este procedimiento se denomina de competencia
de proyectos, y hay que decir que en la reforma del reglamento del dominio público hidráulico se está estudiando ya la posibilidad de sustituir este trámite por un concurso que se convocaría cuando se presente una solicitud y una vez aprobada su
viabilidad técnica, económica y ambiental. Por otro lado, haciendo referencia también a algunos de los argumentos utilizados por el portavoz de la Chunta Aragonesista, las concesiones vigentes obviamente constituyen un derecho que no puede ser
desconocido, salvo en aquellos casos que no cumpla con las condiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. El plazo al que se hacía referencia de 75 años de duración de las concesiones es el plazo máximo establecido y se determina
obviamente también en función de la inversión que se realiza y del rendimiento previsto, al objeto de que el concesionario pueda amortizar la obra y se obtengan beneficios. En la mayoría de los casos, no obstante, las concesiones se otorgan por un
plazo bastante inferior al máximo permitido.
Por tanto, teniendo en cuenta además la petición de la Comisión Europea y teniendo en cuenta también que próximamente se modificará la actual Ley de Aguas, hemos presentado una enmienda que paso a leer y que dice: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a introducir, en una próxima modificación de la legislación en materia de concesiones hidroeléctricas, las normas que garanticen el cumplimiento de los principios de transparencia y concurrencia en su adjudicación.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Esteve.
El señor ESTEVE FERRER: Según el Centro de Estudios y Experimentación de obras públicas, el CEDEX, al analizar la situación de las aguas continentales en los países mediterráneos de la Unión Europea, se dice que en España las instalaciones
hidroeléctricas producen el 18 por ciento de la energía. Sin embargo, es cierto que se ha producido desde el año 1980 una tendencia decreciente en su uso, atribuible en parte a las desfavorables condiciones hidrológicas existentes. Otros estudios
dicen que España tiene una potencia eléctrica instalada de unos 59.000 megavatios, mientras que el récord de consumo alcanzado en marzo de 2004 fue de 37.724 megavatios según datos de Red Eléctrica de España. En base a estos datos, hay quien
defiende que hay un exceso de capacidad de producción de energía para las centrales hidroeléctricas. Este grupo no llega a compartir esa teoría. ¿Cuál es el régimen de explotación? Los dos portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra,
y además es comúnmente conocido, han dicho que es por medio de concesiones. Me parece que el requerimiento de la Unión Europea es un poco duro, y no sé si se ajusta del todo a la realidad el decir que aquí las concesiones se adjudican de forma
arbitraria por la Administración. Creo que el lenguaje es lo suficientemente amplio como para poder decir lo mismo con otras palabras por parte de las instancias europeas.
Este es un dictamen motivado que se remitió al Gobierno español y del que se ha hablado en la mañana de hoy, pero del que nadie ha dado la fecha.
Estamos hablando de un dictamen del 13 de julio del 2005, en el que se daba un plazo de dos
meses para hacer las modificaciones normativas oportunas. Es decir, que ese plazo terminaba en septiembre del 2005 y desde entonces a hoy no se ha hecho nada. Hemos llegado a este punto, donde el Grupo Socialista, haciéndose eco del requerimiento
de la Unión Europea, evidentemente, por la presentación por parte de la Chunta Aragonesista de esta proposición no de ley, nos propone ahora introducir en la legislación en materia de concesiones hidroeléctricas una próxima modificación que me
gustaría que fuera más próxima que lejana en cuanto a que en septiembre del 2005 se había agotado el plazo de dos meses con que amenazaba la Comisión para trasladar al Tribunal de Justicia en lo que sería la tercera fase del procedimiento de
infracción que establece el artículo 226 del Tratado CEE. No sabemos si realmente la Comisión Europea ha remitido ya al Tribunal de Justicia este expediente, lo que sí nos gustaría es que esa próxima modificación sea muy temprana para que no nos
veamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, además, como bien ha dicho, sin mencionar que la doctrina jurisprudencial a la que se refiere el Tribunal de Justicia es lo que se llama la jurisprudencia teleAustria; lo que es la doctrina ya
está más que establecida, es decir, no es el primer expediente que se abre, a otros países también se les han abierto, pero la doctrina está muy asentada en cuanto a que, como dice la enmienda del grupo socialista, hay que tener unos procedimientos
que se ajusten en mayor medida a los principios de transparencia y concurrencia en la adjudicación, o a lo que el artículo 43 del Tratado de la CEE define como el principio de libertad de establecimiento.
Nuestro grupo entiende que esta modificación es urgente. Nosotros también habíamos presentado una enmienda muy similar a la que ha presentado el Grupo Socialista, y por eso no tenemos inconveniente en apoyarla, si la que se acepta es la del
Grupo Socialista. Estamos de acuerdo con la enmienda del Grupo Socialista en cuanto a que de la parte dispositiva de la proposición no de ley elimina una parte que hablaba de los efectos medioambientales, que creemos que no tiene tanta urgencia,
pero sí queremos decir claramente que nos importa mucho que sobre esto sigamos debatiendo en el marco de esta Comisión. Creemos que es un tema lo suficientemente importante, pero no lo creemos nosotros
solos. En el primer Congreso ibérico sobre planificación y gestión de las aguas, se habló de los efectos medioambientales de las centrales hidroeléctricas, y allí, donde por supuesto participaron tanto los gobiernos español como portugués,
se hacían reflexiones como que la mayoría de nuestros ríos han sufrido enormes detracciones de caudales que no solo han quebrado las condiciones físicas del medio, sino que han inducido al crecimiento de concentración de contaminantes y sus efectos.
En este sentido, dice el documento de síntesis de este congreso ibérico: La abusiva explotación por usos hidroeléctricos de muchos ríos de alta montaña hace que muchos kilómetros de cauce queden secos rompiendo ecosistemas y paisajes de gran
belleza e hipotecando otros usos lúdicos y recreativos de estas aguas de creciente demanda y aprecio social. En este documento de síntesis se dice un poco cuáles son los efectos o los impactos de estas centrales como el efecto barrera en cauces,
drásticos cambios de los regímenes inducidos, deforestación de riberas, extracción de áridos, etcétera. Es importante que en el marco de esta Comisión tratemos estos temas en un futuro; de hecho, este primer congreso ibérico llegó a unas
conclusiones que en España no hemos aplicado, en el sentido de establecer un catálogo general de espacios fluviales que reúnan todavía condiciones de funcionalidad ecosistémica, belleza y potencialidad para usos lúdicos, para transformar un poco lo
que es el uso actual, y también entre las propuestas de actuaciones y medidas de este primer Congreso, que no hemos aplicado en cuanto a conclusiones, incluso proponían canjear concesiones; los que tengan concesiones hidroeléctricas, canjearlas por
otro tipo de concesiones, por ejemplo eólicas. Nuestro grupo no quiere llegar tan lejos porque no sabemos hasta qué punto se podría poner en práctica esa conclusión del congreso ibérico, pero sí creemos que se pueden hacer otras cosas en materia
medioambiental, por ejemplo, regular la restauración medioambiental de la zona una vez que finalice la concesión o una vez que entre en desuso la central hidroeléctrica. En este sentido, el estudioso Pedro Brufao definía a España como el país de
los mil ríos, y Unamuno decía que nuestros ríos son el alma del paisaje. Por lo tanto, con ese mismo sentimiento entendemos que aunque hoy no se trate del asunto, nos debemos comprometer todos a debatir en el futuro sobre esto y aportar las
propuestas que tengamos. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Labordeta, para decidir sobre las dos enmiendas.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Sí, señor presidente. Aceptaremos la enmienda del Grupo Socialista y no aceptaremos la del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación. (La señora Serna Masiá pide la palabra.)
Señora Serna, ¿por qué me pide la palabra?
La señora SERNA MASIÁ: Un momento, señor presidente. No veo a la señora Bonás y no sé cómo ha quedado la proposición no de ley número tres.
El señor PRESIDENTE: La señora Bonás ha delegado en un compañero de su grupo parlamentario, que es el mismo que el presidente de la Comisión.
La señora SERNA MASIÁ: Entonces, señor presidente, ¿podría aclararme por favor? Se supone que ha aceptado nuestra enmienda de modificación de sus puntos 1 y 2 y que entonces acepta la transaccional que se ha propuesto y que tiene el
letrado.
El señor PRESIDENTE: Sí creo que se ha aceptado la transaccional con el Grupo Socialista.
La señora SERNA MASIÁ: Por tanto, nuestra enmienda modifica los puntos 1 y 2.
El señor PRESIDENTE: Sí.
La señora SERNA MASIÁ: Bien. En el punto 2 aparece esa transaccional. ¿Es así?
El señor PRESIDENTE: La transaccional modifica los puntos 1 y 2.
La señora SERNA MASIÁ: Eso es. Y aparecerá un nuevo punto, que es de adición, que es la transaccional que se ha presentado a la Mesa. ¿Es así?
El señor PRESIDENTE: Creo que sí.
La señora SERNA MASIÁ: De acuerdo. Gracias.
La señora NAVARRO CASILLAS: Necesitaría tener conocimiento del texto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a su lectura.
Señora Serna, aquí tengo una enmienda de sustitución, pero sustitución, ¿de qué, del punto 2?
La señora SERNA MASIÁ: La enmienda que habíamos presentado era de sustitución de los puntos 1 y 2, y entonces aparecería como punto 2 esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿El punto 1 se mantendría?
La señora SERNA MASIÁ: Los puntos 1 y 2 desaparecerían y se pondría como 1...
El señor PRESIDENTE: ¿Quedaría solo esto?
La señora SERNA MASIÁ: No, no. Usted tiene dos enmiendas sobre la mesa.
Una, que es la que hemos presentado esta mañana y que estaba ya presentada anoche a las ocho, que es enmienda de modificación de los puntos 1 y 2.
El señor PRESIDENTE: Sí.
La señora SERNA MASIÁ: Y luego esa transaccional que se ha redactado esta mañana, que es la que usted tiene en este momento, se convierte en el punto 2 de la proposición no de ley. Por tanto, el punto 1 sería la que presentó el Grupo
Parlamentario Socialista ayer y el punto 2 sería esa nueva transacción a la que se ha llegado esta mañana con la señora Bonás.
El señor PRESIDENTE: La señora Navarro había pedido que leyéramos la enmienda.
Enmienda de adición de un nuevo punto: De producirse incumplimiento al informe del Ministerio de Medio Ambiente a la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, relacionado con el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis
Campomanes, en Altea, de fecha 5 de septiembre de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente reclamará al Conseill Valencià el cumplimiento de las condiciones establecidas en el citado informe. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, quiero mostrar la queja de mi grupo parlamentario porque no tenemos noticia de la transaccional. No me parece procedimiento.
El señor PRESIDENTE: Precisamente lo que estamos haciendo aquí es leer la transaccional.
La señora DE LARA CARBÓ: No, se ha leído porque estaba mal interpretado, pero aquí no se pensaba leer. Se decía una transaccional que habían pactado, y el portavoz de mi grupo que lo ha llevado no tiene conocimiento de ello.
El señor PRESIDENTE: Precisamente por esto, para usted y para otro grupo que lo ha pedido, lo estamos leyendo. Si quiere, podemos hacer una copia y dársela o, si quiere, la vuelvo a leer para que no haya dudas. Dice así: De producirse
incumplimiento al informe el Ministerio de Medio Ambiente a la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, relacionado con el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes, en Altea, de fecha 5 de septiembre de 2003, el
Ministerio de Medio Ambiente reclamará al Conseill Valencià el cumplimiento de las condiciones establecidas en el citado informe.
Vamos a votar la proposición no de ley número 1, relativa a actuaciones del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Toledo, con la adición de la enmienda del Grupo Socialista. (El señor Alonso Núñez pide la palabra.)
Señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, le hemos ofrecido al Grupo Popular una transacción a lo largo de los debates de la mañana...
El señor PRESIDENTE: ¿No ha habido acuerdo?
El señor ALONSO NÚÑEZ: ... que el Grupo Popular no ha aceptado y, por tanto, el Grupo Socialista lo que solicita es la votación en los términos en que ha sido propuesta por el Grupo Popular. (El señor Ballestero de Diego pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Me gustaría en ese caso que se diese lectura a esa transacción porque eso va a dejar muy bien entendido y documentado para que se vea lo que se ha ofrecido y por qué no. (Protestas.) O que se tenga
conocimiento. (Varios señores diputados: No existe transacción.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ballestero, lo que nos consta a nosotros, y por eso hemos dicho que se aceptaba la enmienda del Grupo Socialista, no estaba en una transacción. Aquí lo que nos consta es que se aceptaba literalmente la enmienda
del Grupo Socialista.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Y es que acepto la enmienda del Grupo Socialista, la original. La acepto.
El señor PRESIDENTE: La original. Señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: La enmienda que presentó el Grupo Socialista en plazo, hasta el cierre del registro ayer por la tarde, era una enmienda que sustituía el texto propuesto por el Grupo Popular. Por tanto, salvo que el Grupo Popular
hubiera retirado su proposición no de ley y hubiera aceptado la enmienda del Grupo Socialista, cosa que por lo que oigo no es lo que se va a hacer, debe votarse desde nuestro punto de vista la PNL del Grupo Popular conforme se ha presentado
inicialmente.
El señor PRESIDENTE: El lío crece por momentos y vamos a suspender la sesión porque la Mesa está desconcertada. (Pausa.) No hemos llegado ni a cinco minutos.
Vamos a votar en sus términos, al no aceptarse la enmienda de sustitución del Grupo Socialista por parte del Grupo Popular, la proposición no de ley del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la segunda proposición no de ley, relativa a la restauración hidrológica forestal de las áreas afectadas por antiguas escombreras de pizarra en Galicia, del Grupo Popular. Hay una transaccional entre el Grupo Popular y el
Grupo Socialista, que vamos a leer para que no haya dudas: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1.º Que el Ministerio de Medio Ambiente continúe con los trabajos iniciados y planificados hasta la fecha con respecto a las zonas
afectadas por las aguas antiguas escombreras de pizarra de Galicia en virtud del convenio firmado el 10 de julio de 2001 entre la Xunta de Galicia, el Ministerio de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Norte y la Asociación Gallega de
Pizarristas, para el desarrollo de las actuaciones de restauración hidrológica forestal, en las áreas afectadas por antiguas escombreras de pizarras en Galicia. 2.º Que el Ministerio de Medio Ambiente continúe desarrollando las acciones para
asegurar la financiación y los acuerdos necesarios para cumplir el protocolo general de colaboración para el desarrollo de las actuaciones de restauración hidrológica forestal en las áreas afectadas por las antiguas escombreras de pizarras de
Galicia, respetando criterios de elegibilidad del Feder. 3.º Que ante la dificultad de que todos los proyectos de restauración hidrológica forestal estén contratados antes de 31 de diciembre de 2006 y ejecutados antes de 31 de diciembre de 2008 se
estudie la ampliación de los citados plazos o, en su defecto, la firma de un nuevo convenio para aquellas obras no ejecutadas.
Votamos la proposición no de ley número dos, con la transacción que sustituye al texto pactado entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la número tres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, con dos enmiendas, una de sustitución de los puntos 1 y 2 y una adicional que sería al punto 3, pactada entre el grupo proponente Esquerra Republicana y el Grupo
Socialista. ¿Hay algún inconveniente en que se voten conjuntamente? (Pausa.) Votamos las enmiendas de sustitución de los puntos 1 y 2 y la adicional que sería un nuevo punto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de modificación del Real Decrero 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas. No hay enmiendas y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Si no me equivoco, hay empate a 18 votos y dos abstenciones, con lo cual tenemos que recurrir al voto ponderado. El letrado hará el cálculo. (Pausa.) El cálculo del voto ponderado también da empate a 164 escaños. En
este caso el Reglamento establece en su artículo 88.1: Cuando ocurriere empate en alguna votación se realizará una segunda y, si persistiera aquel, se suspenderá la votación durante el plazo que estime razonable la Presidencia. Transcurrido el
plazo, se repetirá la votación y, si de nuevo se produjese empate, se entenderá desechado el dictamen, artículo, enmienda, voto particular o proposición de que se trate.
No nos queda más que repetir otra vez la votación del punto número 4 del orden del día: Proposición no de ley de modificación del Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (El señor Txueka Isasti pide la palabra.)
Señor Txhueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Disculpe, señor presidente. ¿El voto ponderado de los grupos de Esquerra, Convergència, Popular y Vasco es igual que el resto? Yo creo que no.
El señor PRESIDENTE: No, da mayoría. Lo que pasa es que en la primera votación no se ha contabilizado el voto del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor TXUEKA ISASTI: ¡He levantado...!
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a ceñirnos. En la primera votación, es verdad, el Grupo Vasco no ha sido contabilizado, con lo cual el voto ponderado da una mayoría de Grupo Popular, más Grupo Vasco, Grupo Catalán y
Grupo de Esquerra Republicana. (Aplausos.)
Queda aprobada la proposición no de ley.
Déjenme decirles una cosa. Pido por favor que, a partir de ahora, levanten la mano con ímpetu y con claridad. (Protestas.) Entonces la Mesa ha contado mal y asumimos el error.
Para que conste en el 'Diario de Sesiones', el voto ponderado da una mayoría de 173 votos a favor, 164 en contra, y luego había las abstenciones, que eran del Grupo Mixto, que son cinco, más diez abstenciones que son de Izquierda Unida. (La
señora Navarro Casillas pide la palabra.)
Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿El voto ponderado se hace antes de la segunda votación?
El señor PRESIDENTE: Sí.
En esta accidentada sesión de hoy pasamos a votar la proposición no de ley número 5, que solicita que se tomen las medidas legales oportunas con el fin de que se respete la Directiva 92/43/CEE, en los proyectos de construcción de un parque
ferial y una estación de autobuses en Alcalá de Henares (Madrid), del Grupo Socialista. No hay enmienda aceptada y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley número 6, sobre el programa de adquisición de fincas en la zona costera del Mediterráneo del Ministerio de Medio Ambiente, del Grupo Parlamentario Socialista. Hay una enmienda transaccional al punto número 2
y queda íntegro el punto número 1. ¿Hay algún inconveniente en que se voten conjuntamente? (Pausa.) Vamos a votar conjuntamente.
Vamos a leer la transacción al punto número 2: La Dirección General de Costas inicie o continúe los contactos y conversaciones con la Consellería de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears y con los ayuntamientos de Eivissa, Alcudia,
Pollensa, Artá, Formentera, Mercadal, Soller, Andratx, Capdepera y Llucmajor, con el fin de analizar las posibilidades de adquirir las fincas que a continuación se detallan: Eivissa (Ses Feixes); Alducia (Maristany); Artá (Es Canons, Sa Canova i
Sa Duvaia); Pollensa (Cala Carbó); Formentera (Ca Marí); Mercadal (Platges de Fornells); Soller (Muleta II); Andratx (Cala Blanca); Capdepera (Son Jaumell entre Cala Mesquida y Cala Rajada) y parte de la Marina de Llucmajor.
Se votan conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la proposición no de ley número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a transferir las carreteras y caminos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
No hay enmiendas y
se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar la proposición no de ley número 8, sobre medidas para combatir el cambio climático, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Había enmiendas del Grupo Socialista e incluso una voluntad de adicional al punto 4. ¿Hay
acuerdo por parte del Grupo Socialista?
La señora MARRÓN BELTRÁN: No, señor presidente, o se acepta en su integridad la enmienda o si no se vota en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Como no se acepta en su integridad, se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la proposición no de ley número 9, relativa a la necesaria reprogramación de los trabajos realizados en las obras de los colectores generales del río Miño, en Lugo, tramo N-VI, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. No se
aceptó la enmienda del Grupo Socialista y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición no de ley número 10 del orden del día, relativa al estudio para definir las infraestructuras de saneamiento y depuración de la comarca de Santa Cruz de la Palma, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
No hay enmiendas y se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley número 11, sobre modificación de la legislación vigente en materia de concesiones hidroeléctricas, de la Chunta Aragonesista, Grupo Mixto. Hay una enmienda del Grupo Socialista que ha sido aceptada, no así
la del Grupo Popular.
Votamos con la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Si no hay nada más, se levanta la sesión y convocamos inmediatamente Junta de Portavoces y Mesa.
Eran las trece y cuarenta minutos de la tarde.