CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DELCONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 504

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO

Sesión núm. 30

celebrada el miércoles, 1 de marzo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones legislativas necesarias a fin de garantizar la seguridad del suministro de gas natural. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente
161/001177.) ... (Página 2)


-Sobre repercusión del empleo generado por el sector turístico dentro de los sectores económicos y acciones a emprender para que se mejore la calidad y cantidad de los empleos turísticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/001222.) ... (Página 2)

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-Relativa al acceso de los menores a los servicios de la televisión digital terrenal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001362.) ... (Página 4)


-Relativa a la adaptación tecnológica de los hogares españoles a la televisión digital terrenal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001364.) ... (Página 6)


-Sobre los proyectos de energía eólica 'Offshore'. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001366.) ... (Página 9)


-Relativa a negociaciones transparentes con las comunidades autónomas afectadas y aplicación de criterios objetivos en la elaboración del Plan del carbón 2006-2012. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente
161/001451.) ... (Página 13)


-Para reducir el impacto negativo en el precio del gas natural para consumidores industriales conectados a redes de baja presión. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001393.) ...
(Página 17)


Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS MODIFICACIONES LEGISLATIVAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DE GAS NATURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente
161/001177.)


-SOBRE REPERCUSIÓN DEL EMPLEO GENERADO POR EL SECTOR TURÍSTICO DENTRO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS Y ACCIONES A EMPRENDER PARA QUE SE MEJORE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS EMPLEOS TURÍSTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001222.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión número 30 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, que tiene el orden del día que conocen SS. SS., una serie de proposiciones no de ley. Antes quiero hacer referencia a unos
escritos que nos han enviado Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Galego para acumular proposiciones. Ya les hemos dicho que esto habría que haberlo hecho al hacer el orden del día o inmediatamente después, porque de otra forma es
imposible que todos los grupos tengan la posibilidad de presentar enmiendas; además habría que convocar a la Mesa nuevamente. Yo sé que a veces, cuando se reúne la Mesa y se elabora el orden del día, puede haber algún cambio que no se vea en ese
momento, pero siempre somos flexibles y damos la posibilidad de que a las dos o tres horas se nos diga si hay alguna proposición no de ley que acumular o que sustituir. Está retirado el primer punto; por lo tanto, empezaremos con el segundo. Y
también quiero decir que la hora de votación no será antes de las 12, para el buen gobierno de los señores diputados de esta Comisión. Saben ya cuáles son los procedimientos: diez minutos el proponente, cinco minutos los enmendantes y la fijación
de posición cinco minutos.



Comenzamos con el primer punto, el segundo del orden del día, que es una proposición no de ley sobre la repercusión del empleo generado por el sector turístico dentro de los sectores económicos y acciones a emprender para que se mejoren la
calidad y cantidad de los empleos turísticos, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



Tiene la palabra la diputada Fuentes.



La señora FUENTES PACHECO: Gracias, señor presidente.



En 2005 hemos superado los 55,6 millones de turistas extranjeros, que supone un crecimiento de más del 6 por ciento. Este crecimiento no se había producido en los últimos años; y de hecho no se producía desde el año 1999. Sabemos que los
principales destinos turísticos actualmente han sido Cataluña y Andalucía; que los principales países emisores han sido Reino Unido, Alemania, Francia e Italia; que el peso de los turistas alojados en hoteles es el mayor y es del 63 por ciento;
que el 62 por ciento de los turistas que visitan España organizan sus paquetes turísticos y vienen de forma individual y que continúan creciendo los pasajeros que están utilizando las líneas de bajo coste, que ya representan el 30 por ciento del
total. También podemos decir que esto ha supuesto una tasa de crecimiento del 31 por ciento. Estos datos nos demuestran que conocemos con intensidad cómo son los turistas que nos visitan, que conocemos qué tipo


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de viajes están realizando, cuál es su perfil, en definitiva. También sabemos que el turismo es un agente dinamizador de nuestra economía y, en todas aquellas zonas donde se produce un desarrollo turístico, sabemos que se produce un
desarrollo colateral importante. No obstante, solamente conocemos grandes cifras. Conocemos cifras que nos dicen cuál es la actividad económica de nuestro país con mayor repercusión pero todavía desconocemos un dato muy importante, y es, dentro de
la actividad económica que supone el turismo, cuál es la situación que tienen los trabajadores que están relacionados con él. Sabemos cuántos empleos tenemos cuantificados de forma directa y hacemos cálculos mediante las cuentas satélite de cuál es
el número de empleos indirectos que se generan, pero no podemos hablar con fidelidad de cuáles son realmente los empleos indirectos que está generando el sector turístico en nuestro país; además, no sabemos cuál es la repercusión económica
indirecta que está generando.



Es importante, sobre todo si estamos siendo un destino turístico que ha apostado por la calidad, un destino turístico a nivel mundial y que está empezando a tener competidores en países vecinos, competidores cuya gran baza es precisamente
que las personas que trabajan en el sector turístico tienen menos recursos y por lo tanto están demandando menos niveles económicos. Nuestra apuesta evidentemente va a ser la calidad, la calidad en la oferta, la calidad en la demanda y,
fundamentalmente, la calidad en el empleo del sector. Nuestra oferta tiene que diferenciarse y para ello es necesaria la formación de nuestros trabajadores. Es evidente que en una industria tan transversal como es la del sector turístico, la
principal labor del Estado ha de ser coordinar todos los esfuerzos, ha de ser medir las fuerzas para de verdad poder trabajar y dar las pautas a las comunidades autónomas, que, como decía anteriormente, tienen plena capacidad y plena competencia en
las acciones turísticas que se están desarrollando. Por eso, hemos pensado y hemos entendido que si queremos determinar cuál es la formación necesaria, si queremos determinar cuáles son las acciones que han de hacerse en torno al sector turístico,
tendremos que de verdad conocer no sólo los empleos directos con los que contamos actualmente, sino también los empleos indirectos que se coordinan. No es suficiente con los datos que obtenemos mediante las cuentas satélite. También sabemos que
por parte del ministerio desde que se presentó esta iniciativa hasta la fecha se ha firmado un acuerdo para realizar estudios sobre los niveles de calidad.



Conociendo todos estos datos instamos a que el ministerio haga un estudio sobre la repercusión del empleo generado por el sector turístico en todos los sectores económicos y nos diga cuáles son las acciones que hay que emprender para que no
sólo se mejore la cantidad de los empleos sino su calidad, tanto para sus trabajadores como para que los ingresos que obtengamos sean más rentables para un país como España, en el cual la especialización del sector es muy importante.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Cándido Reguera, del Grupo Popular.



El señor REGUERA DÍAZ: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para fijar la posición sobre esta iniciativa, que me parece interesante y que ha sido presentada por el Grupo Socialista. Es lógico que esto lo venga haciendo el
Gobierno, porque es misión del Gobierno hacer estudios y análisis de todo lo referente al empleo que genera el turismo, así como su relación y calidad. Nosotros vamos a votar a favor, pero quisiéramos -ya hemos hablado de ello con la portavoz del
Grupo Socialista- incluir una pequeña enmienda que permita que estos estudios se hagan con un grado determinado de periodicidad. El sector turístico está cambiando permanentemente, está cambiando constantemente, Internet está generando diversas
relaciones, nuevas fórmulas como la de Todo incluido también están generando cambios que están directamente relacionados con el empleo. Nosotros creemos que esto hay que hacerlo permanentemente, todo esto hay que hacerlo de forma periódica para que
así el Gobierno pueda, sobre estos estudios y los resultados de estos estudios, realizar las políticas adecuadas para compensar y mejorar el empleo y la calidad de nuestra oferta.



Nuestra propuesta es que en la iniciativa presentada por el Grupo Socialista se incluya la coletilla de: que sea con un grado de periodicidad determinado. De esa forma en esta Comisión podríamos conocer los resultados de estos estudios que
nos permitirían hacer políticas encaminadas a garantizar nuestro principal sector, que no se le esconde a nadie que supone el 12 por ciento del producto interior bruto.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Grau, de Convergència i Unió.



El señor GRAU I BULDÚ: Intervengo para fijar posición a favor de esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Entendemos que el sector turístico es un sector de futuro, porque, de acuerdo con las previsiones efectuadas por las más
importantes instituciones internacionales, el aumento de tiempo de ocio y su importancia social impulsará el crecimiento del turismo superior al crecimiento económico medio, por lo cual el sector turístico será el sector clave en la construcción de
los objetivos principales de la Unión Europea, como, por ejemplo, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la creación de empleo y la cohesión económica y social. El sector económico del turismo se caracteriza por su gran diversidad de
productos, destinos y agentes. El turismo es uno de los sectores con mejores perspectivas de futuro y contribuye


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de manera importante al crecimiento económico y del empleo, ya que representa aproximadamente el 5 por ciento del producto interior bruto y del empleo de la Unión Europea. Por otra parte, su crecimiento es continuo y superior al crecimiento
de la economía general. Esto puede explicarse, por un lado, por la gran importancia que ha adquirido el tiempo de ocio en la sociedad y, por otro, por el crecimiento económico a largo plazo.



Compartimos el tenor de la proposición no de ley del Grupo Socialista pero es necesario fomentar medidas de competencia en el sector. Durante el mes de enero se registraron 11 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, lo que
supone una caída del 0,3 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, el índice de precios hoteleros registra un incremento del 0,4 por ciento en este mes, en tasa inferior a 0,2 puntos a la registrada en el mismo mes del año
2005. Al mismo tiempo, el turismo debe hacer frente a varios desafíos muy importantes; el primero es la falta sistemática de personal en algunos puestos y el déficit de cualificaciones. El segundo es su interrelación con otros sectores
económicos, la calidad del servicio, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Y el tercero, el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como factor de competitividad.



Nosotros, como he dicho, apoyamos la proposición no de ley pero es necesario que redunde en acciones concretas e inmediatas en favor de este sector económico.



El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas. (Rumores.) SS. SS. tendrán que concretar. Yo he oído algunas argumentaciones, pero aquí no se ha dicho que sea una enmienda 'in voce' y no podemos adivinarlo. Las enmiendas 'in voce' tienen que
ser aceptadas por todos los grupos para que se puedan presentar; por tanto hay que decirlo expresamente. De otra forma, no podemos adivinar si es una argumentación o es una enmienda 'in voce'. ¿Lo entienden SS. SS.? Yo no tengo inconveniente en
considerar esa inclusión como enmienda 'in voce', si ningún grupo se opone, y tramitarla así.
(Pausa.) ¿Cuál sería la enmienda 'in voce'?


El señor REGUERA DÍAZ: Sería, señor presidente, añadir la frase: que sea con un grado de periodicidad que establezca el Gobierno.



El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Socialista acepta la enmienda 'in voce'?


La señora FUENTES PACHECO: Sí, aceptamos la enmienda 'in voce' y la transaccionamos entendiendo que, como él solicitaba la periodicidad de los estudios, el ministerio ya está realizando de forma periódica otro tipo de estudios y que esto
sería ahondar en los que se están haciendo.



El señor PRESIDENTE: En todo caso, ¿pueden dar el texto de la enmienda por escrito a la Mesa? La señora Fuentes Pacheco: Ya se lo doy, señor presidente.



-RELATIVA AL ACCESO DE LOS MENORES A LOS SERVICIOS DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRENAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente l61/001362.)


El señor PRESIDENTE: Solventada la tramitación del primer punto, pasamos al siguiente punto relativo al acceso de los menores a los servicios de la televisión digital terrenal, del Grupo Parlamentario Popular.



Tiene la palabra la señora Macarena Montesinos por el Grupo Parlamentario Popular.



La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Señor presidente, ante la nueva realidad de la televisión digital y por tanto de la multiplicación de canales, servicios interactivos y de una oferta casi ilimitada de programas, nos asalta de forma inmediata
la preocupación y el interés por los sectores más vulnerables de la audiencia, entre los que sin duda hay que encuadrar a los menores. Decimos en la exposición de motivos de la proposición no de ley, y lo repetimos ahora, que no cuestionamos ni
limitamos en ningún momento las enormes ventajas de la televisión digital y su accesibilidad universal. No se trata de rebajar un ápice sus posibilidades y tampoco pretendemos en modo alguno sustituir o eliminar las responsabilidades que sobre lo
que ven los menores en la televisión afectan directamente a los padres y educadores. Nuestro objetivo se enmarca en una corriente en la que participan muchos padres, en una multitud de declaraciones y documentos que abogan desde hace muchos muchos
años por adoptar iniciativas para la protección de la juventud y la infancia en la televisión. Sería imposible detallarlas todas en este momento y haremos referencia a dos compromisos públicos solamente.



Todas las cadenas de televisión y el Gobierno, en octubre del 2004, firmaron un acuerdo para el fomento de la autorregulación sobre contenidos televisivos e infancia. En el punto número 4 de este acuerdo se puede leer: La más eficaz
protección a la infancia y la juventud exige un comportamiento activo que corresponde a quienes de forma más directa atañe la responsabilidad de la educación de los niños y jóvenes, los padres y educadores. Las televisiones deben tomar todas las
cautelas acordadas en materia de contenidos a través de los códigos que se han pactado y de las normas vigentes de aplicación en esta materia, y los padres y educadores deben disponer además de un mecanismo técnico, sencillo y aplicable de acuerdo
con su responsabilidad, para poder así acotar los contenidos del televisor a la mayor idoneidad de las emisiones y en cualquier momento. Y así, en el código de autorregulación,


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en sus medidas adicionales, en el punto número 2 hace referencia al control parental en la televisión digital. Dice textualmente: Para ello deberá garantizarse que los padres o tutores dispongan de información adecuada y medios técnicos
eficaces que les permitan ejercer su responsabilidad y autoridad en los contenidos televisivos que ven los menores a su cargo. Los operadores firmantes de este código colaborarán y promoverán la mejor utilización, etcétera.



En el código de autorregulación y en la disposición adicional cuarta de la Ley 25/1994, modificada después por la Ley 22/1999, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la directiva 97/36 de la Comunidad Europea, conocida
coloquialmente como directiva de la televisión sin fronteras, se refieren como medidas adicionales de protección a la juventud y a la infancia a la posibilidad de establecer, y este es el motivo de nuestra proposición no de ley, por parte del
Gobierno la obligatoriedad de incorporar en los receptores mecanismos automáticos de desconexión y exigir en las emisiones televisivas, y en la medida que el desarrollo tecnológico lo permita, códigos que puedan activar dichos mecanismos a voluntad
del receptor.



Estamos en el momento preciso y oportuno para tomar en consideración nuestra propuesta con garantías de eficacia cuando la tecnología lo hace posible y cuando la implantación digital se encuentra dando aún sus primeros pasos. Se trata nada
más y nada menos que de poder seleccionar los contenidos de la televisión de acuerdo con nuestros intereses y valores y esta fue precisamente una de las conclusiones del foro nacional: Entorno familiar, menores, educación y televisión, celebrado en
junio del 2004. Se trata de poner, en definitiva, el interés del menor por encima de cualquier otra circunstancia, a lo que por cierto nos obliga el artículo 20.4 de la Constitución española. Si, según el CIS, dos de cada tres padres reconocen que
no controlan lo que ven sus hijos y más del 30 por ciento de los niños entre 4 y 12 años tienen un televisor en su cuarto, es evidente que hay que tomar conciencia de la necesidad de conocer y controlar lo que los menores consumen ante el televisor,
sobre todo fuera del horario de especial protección. A ello puede contribuir que los aparatos decodificadores de la TDT limiten el acceso a determinados contenidos y horarios de los múltiples canales que existen.
El pasado domingo se publicaba
otra encuesta más reciente que abunda en estos datos: un 30 por ciento de los adolescentes admiten que ven lo que sea, sin ningún criterio de selección; el 37 por ciento ve la televisión tres horas al día; un 41 por ciento lo hace a partir de las
nueve y el 50,7 asegura que ve la televisión a solas. Por tanto, la tecnología, insistimos desde el Grupo Parlamentario Popular, permite que, sin ninguna complejidad insalvable, los aparatos decodificadores precisos para alcanzar la señal digital
incorporen mecanismos de selección de los programas para limitar el acceso a aquellas opciones que se consideren negativas o perjudiciales para los menores.



Nuestra proposición no de ley, en su resolución, dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas precisas para la implantación de los nuevos servicios y contenidos de la televisión digital, permita el acceso
selectivo a los mismos en defensa de los intereses de los menores.



El señor PRESIDENTE: Como no hay enmiendas a esta proposición no de ley, en el turno de fijación de posición por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Corcuera.



El señor CORCUERA PLAZA: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente todas aquellas medidas que se dirijan a dar cumplimiento efectivo a los derechos de los niños y adolescentes, particularmente en relación con las
libertades de expresión y de información, tal como se establece en el artículo 20, apartado cuarto, de nuestra Constitución, en la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas y en las numerosas leyes que desarrollan estos derechos.
El
Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, como no podía ser de otra forma, puesto que coincidimos en la necesidad de fomentar el uso responsable de los medios audiovisuales y la
defensa de los intereses de los menores. Así lo entiende también el Gobierno que ha expresado en numerosas ocasiones que una de las líneas básicas de la reforma audiovisual ha de ser la protección de los derechos de los ciudadanos y por tanto la
adopción de medidas para mejorar el control sobre los contenidos perjudiciales.



La preocupación del Gobierno por seguir avanzando en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en relación con los medios de comunicación se hace patente en el impulso que se ha dado al código de autorregulación de
contenidos televisivos y a su seguimiento permanente a través de las reuniones que mantiene periódicamente la comisión mixta de seguimiento, de la que forman parte, junto con las cadenas firmantes del mismo, que como saben son Antena 3 televisión,
Telecinco, Televisión Española y Sogecable, distintas asociaciones representativas de los colectivos afectados por esa cuestión, como son asociaciones de padres y educadores, la Ceapa y la Concapa, la plataforma de organizaciones de infancia y el
consejo de consumidores y usuarios. Este código de regulación, como saben, considera imprescindible abordar la protección de menores en los nuevos servicios televisivos digitales en desarrollo del principio básico de fomento del control parental.
Para ello, los operadores firmantes se imponen la obligación de garantizar que los padres o tutores dispongan de la información adecuada y medios técnicos eficaces que les permitan ejercer su responsabilidad y autoridad en los contenidos televisivos
que ven los menores a su cargo. Y, en lo que hace referencia


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a la tecnología digital, asumen el compromiso de colaborar y promover la mejor utilización de los medios técnicos, como códigos personales de acceso, programas informáticos de bloqueo o guías electrónicas de programación. También a
instancia de la comisión mixta de seguimiento se ha acordado la creación de una web, que, como saben, es www.tbinfancia.es, para la difusión del código y las actividades de dicha comisión como canal de comunicación con el conjunto de la sociedad.

Mediante esta web además se facilitará la presentación de reclamaciones referidas a posibles incumplimientos del código, las cuales deberán ser emitidas para su tramitación a las organizaciones sociales con representación en la comisión mixta de
seguimiento del código. Esta comisión mixta ha acordado también además mantener una línea de información pública de su actividad, de modo que los ciudadanos puedan tener conocimiento de los avances en la aplicación del código.



Como ven, la implantación de la nueva televisión digital no va a quedar al margen de esta línea de actuación, dirigida a la protección de la infancia y la adolescencia, que se impulsará con las medidas que sean acordes a las nuevas
circunstancias marcadas por la tecnología, previsiones que con seguridad serán también introducidas en la futura ley general audiovisual. No obstante, el objetivo no ha de ser tanto obligar a introducir tecnologías que permitan seleccionar
contenidos sino impedir que los operadores no lo puedan hacer técnicamente imposible, dado que, como saben, la tecnología de por sí ya lo permite.



En definitiva, puesto que son los padres los primeros responsables de la televisión que ven sus hijos, se pretende que siempre tengan la posibilidad técnica de controlar o restringir los contenidos a los que pueden acceder los niños. Son
los padres los primeros responsables de su formación y esa responsabilidad no deben trasladarla ni a los poderes públicos ni a los operadores televisivos. Aun así, en todas las actuaciones que se están llevando a cabo en materia audiovisual, uno de
los principios inspiradores es siempre el de la protección de la juventud y la infancia. Por todo lo anterior, vuelvo a reiterar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.



-RELATIVA A LA ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS HOGARES ESPAÑOLES A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRENAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001364.)


El señor PRESIDENTE:


Terminamos aquí el debate de esta proposición y pasamos a la siguiente, relativa a la adaptación tecnológica de los hogares españoles a la televisión digital terrenal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.



Tiene la palabra el señor Moreno.



El señor MORENO BUSTOS: Señorías, hoy traemos a esta Comisión una iniciativa que creo realmente que es justa, que es responsable y que mira por el bien de todos los ciudadanos, y lo hace en aras de poder hacer llegar a la mayoría de los
hogares un elemento que, como recogemos en nuestra exposición de motivos, sea vehículo de pluralismo, de oferta y de calidad en la extensión de la televisión digital. Al día de hoy podemos afirmar que nos encontramos en un proceso irreversible que
nos lleva a una adaptación e incorporación tecnológica al mundo de lo digital en el ámbito de lo que se ha venido en llamar la sociedad de la información, un mundo que ofrece infinidad de ofertas y servicios que a veces no llegamos ni siquiera a
imaginar. Eso sí, debemos continuar trabajando y apostando por hacer posible su acceso generalizado a todos los ciudadanos.



Dicho esto, es verdad que nuestro argumento choca con el acaecer de los acontecimientos que han llevado al Gobierno durante el año 2005 a impulsar de forma incomprensible la televisión digital concediendo dos nuevos canales analógicos y
ayudando también a resolver una sentencia que pesaba sobre una cadena de radio, hechos todos ellos que no dejan de ser favores que pagar posiblemente e hitos de originalidad en el terreno audiovisual español. Por otra parte, no es una novedad
recordar que nuestro grupo parlamentario ya consideró en su momento que el apagón analógico, previsto para abril del año 2010, que además es la penúltima meta, porque ya veremos cuál es la última, fijada por el Gobierno para alcanzar la plena
integración de la TDT, debe por una parte avanzar decidida y ambiciosamente en la implantación de los canales y, por otra, hacer posible la accesibilidad más amplia por parte de los usuarios. Esa y no otra es fundamentalmente la intención y el
objetivo final de nuestra proposición no de ley.



Sabiendo que Radiotelevisión Española, según las opiniones más insistentes, ha querido ser el motor de la televisión digital terrestre, quisimos saber la opinión de su máxima responsable sobre la eventualidad de establecer ayudas a la
recepción de la señal. La Dirección General de Radiotelevisión Española nos manifestó en una respuesta escrita que todo lo que facilite el acceso de los telespectadores a la señal de la TDT es y será positivo, y nosotros, señorías, estamos
plenamente de acuerdo con esa afirmación. Naturalmente, las medidas que se puedan o se deban adoptar para ayudar a agilizar el proceso son competencia del Gobierno de la nación y, en concreto, del Ministerio de Industria, y por eso nos encontramos
ahora debatiendo esta iniciativa en esta Comisión y proponiendo que se inste al Gobierno a tomar algunas medidas en


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esta dirección. ¿Por qué digo esto? Porque el 21 de diciembre de 2005, hace algo más de dos meses, el ministro de Industria ya manifestaba en el Pleno de esta Cámara que se habían formalizado los contratos de los nuevos canales digitales y
que a partir de ahora serán cada vez más los hogares que se beneficiarán de las enormes ventajas que aporta la televisión digital terrestre. Más tarde afirmaba que habrá más servicios y también plena accesibilidad. Tras el consabido y conocido
discurso del retrovisor, al que ya estamos empezando a estar habituados y en el que el Gobierno socialista se siente tan cómodo, a pesar de sumar ya dos años en la máxima responsabilidad pública, no obtuvimos ningún otro dato que el de la
autosatisfacción plena y la autocomplacencia oficial en la materia una vez más.



En los últimos tiempos todos los medios de comunicación han aireado la importancia y novedad de esta nueva forma de acceder a la televisión y ninguno de ellos ha olvidado las informaciones sobre las claves y modos de acceso a la nueva
tecnología. En España, señorías, existen en estos momentos aproximadamente 13 millones y medio de hogares. Las fuentes del sector apuntaban a unas previsiones a finales del pasado año de 850.000 decodificadores instalados aprovechando el tirón
navideño. Para el año 2006, la Asociación multisectorial de empresas españolas de electrónica y comunicaciones, Asimelec, estima que habrá entre 1.500.000 y 1.800.000 receptores de TDT en España, con la incorporación de 125.000 a 150.000 aparatos
mensuales aproximadamente. Esta misma fuente empresarial cifra en unos 200 a 300 euros el coste medio por hogar de esta transición tecnológica. Estamos convencidos de que el ritmo de implantación puede y debe acelerarse considerablemente mediante
una verdadera política de ayudas y subvenciones de los aparatos que permiten el acceso a los nuevos canales digitales.



Nuestra propuesta no es nueva, no es una novedad, ni siquiera es original en Europa; otros países, como Italia o Francia, han sido capaces de acelerar la adaptación digital precisamente a través de la subvención parcial de los aparatos
decodificadores y con ello han logrado que más hogares y de una forma más rápida se hayan podido aprovechar de esta tecnología y que los plazos para el definitivo apagón analógico puedan llegar a cumplirse. Señorías, España debe encarar más pronto
que tarde una renovación casi total del parque de televisores, antenas y otros aparatos, que lleva aparejada la transición hacia lo digital y que puede resultar muy onerosa en algunos sectores sociales. No solo nosotros sino también desde distintas
organizaciones e instituciones, ya sean públicas o privadas, se ha demandado alguna actuación eficaz para ayudar a acortar los plazos del proceso, algo que estamos seguros que beneficiaría a todos sin excepción. Hasta la fecha, el Gobierno
lamentablemente no ha dado ni un solo paso para ello, no lo hizo por ejemplo en la Ley de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, porque allí se ocupó de todo menos del título de la ley, de todo menos, en definitiva, del
impulso de la televisión digital terrestre.



No sé, presidente, si entrar ahora a valorar la enmienda presentada por el Grupo Socialista o dejarlo para después de la intervención del Grupo Socialista. Lo hago cuando usted me diga.



El señor PRESIDENTE: Puede valorarlo ahora, porque luego la oportunidad que tendrá será para aceptar o no; yo creo que es más lógico que lo argumente ahora.



El señor MORENO BUSTOS: Perfecto. Entrando ya de lleno en la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, sinceramente, señorías, creo que el Grupo Socialista se ha equivocado de iniciativa, porque tengo la sensación de que no
se la han leído. Esta enmienda que presenta el Grupo Socialista no tiene que ver nada con lo que pretende la proposición no de ley. Hay cosas sorprendentes, como que en el texto habla de aminorar al máximo los plazos para la completa emisión,
cuando eso fue una enmienda del Grupo Popular en la ley y el propio Grupo Socialista votó en contra.
Luego hacen tres propuestas: la primera que a mí me parece que se sobreentiende; la segunda, que es fundamental, aunque el Gobierno ya llega
tarde porque no ha dado ningún paso en esa misma dirección, y de la tercera, faltaría más que estuviéramos en contra. Pero le vuelvo a decir lo mismo, el hecho real de esta iniciativa es la propuesta de un plan y en esta enmienda que presenta el
Grupo Socialista en ningún momento habla de ese plan. Es más, lo suprime. Yo sí adelanto que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar hoy mismo una iniciativa que podría ir encaminada en la misma dirección que esta enmienda, a que el Gobierno
se crea un poco más la televisión digital terrestre, que el Gobierno dé a conocer las ventajas de la TDT, sus mecanismos; una campaña institucional que debería llevar adelante el Gobierno.



Dicho esto, señor presidente, acabo diciendo que el Grupo Popular quiere instar hoy al Gobierno a que elabore de una forma decidida, como decía, un plan integral, que es lo que realmente solicita esta iniciativa, un plan integral de ayuda a
la adaptación de los hogares españoles a la TDT, siendo capaz de incluir en sus objetivos ofrecer los medios y los aparatos precisos a un precio asequible para todos los ciudadanos, porque, si otros han sido capaces, España y este Gobierno tiene la
responsabilidad de hacerlo posible.



El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Lourdes Muñoz.



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La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: En primer lugar quiero decir que lo que estamos discutiendo aquí es la proposición no de ley del Grupo Popular relativa a la adaptación de los hogares españoles a la televisión digital terrenal. Si me lo
permiten, quería hacer un breve repaso de la situación que nos encontramos al tener que impulsar la televisión digital terrestre. Yo creo que deben conocer en esta Comisión los retos y el plan que ha puesto en marcha el Gobierno, porque en esta
misma sede, incluso diría en esta misma sala, el propio secretario de Estado ya nos informó.
La situación que nos encontramos, que el Gobierno se encontró, fue la siguiente, no hace mucho, tan solo hace un año: el estancamiento del despliegue de
la implantación de la televisión digital terrestre después de seis años de soporte legal a una TDT, que solo unos miles de hogares disponían de los conectores, el fracaso de un modelo de televisión digital terrestre basado en la iniciativa Quiero y
que cuando Quiero fracasó no se organizó un modelo alternativo y se dejó a las industrias, a los equipos de difusión y a los operadores sin referencias de futuro.
Esta situación ha sido perjudicial directamente para los operadores, para la
industria, para el sector de la distribución, para la industria de fabricación y comercialización de equipos, en definitiva, para los ciudadanos y el desarrollo de la sociedad de la información. Por eso, el Gobierno ha apostado por una rápida y
ordenada implantación de la tecnología digital de difusión, tanto en la radio como en la televisión; en la televisión con un tránsito, como conocen, desde la tecnología analógica a la digital.
Y en este contexto, el 30 de diciembre de 2004, el
Consejo de Ministros aprobó el Plan de impulso de la televisión digital terrestre, que, además de dos leyes, contenía un documento que establecía por fin un calendario claro de implantación de televisión digital terrestre que coordine y permita a
los agentes del sector planificarse, la modificación del Plan técnico nacional de televisión digital que permitió conocer las posibilidades, en el verano de 2005, de asignación de nuevas frecuencias y el adelanto de dos años del llamado apagón
analógico, pasando del 2012 a 2010.



Este tránsito digital tiene para nosotros tres líneas fundamentales, que son las que pueden garantizar o fomentar su éxito. En primer lugar, el acuerdo con todos los agentes del sector, la coordinación con operadores de televisión, con
fabricantes; ya hicimos en este sentido de coordinación entre la Administración pública y los operadores privados la creación de la comisión para el seguimiento de la transición de la televisión digital terrestre. La segunda es la atención, y
quiero pararme un momento aquí, y velar por el interés de los consumidores y usuarios, la posibilidad de que los consumidores puedan disponer de una oferta suficiente, de que conozcan el calendario de implantación de la televisión, que tengan la
información, que puedan planificar su propia transición. Y la tercera es el papel esencial que damos a las televisiones estatales públicas y a las grandes cadenas a nivel estatal de televisión privada dotándoles de capacidad, de organización y de
liderazgo en la implantación de la televisión. Además, creemos que la televisión digital terrestre será un gran motor para la sociedad de la información e impulsará el sector de las TIC. Sin duda, es un reto de información, pero un reto de
desarrollo de la sociedad de la información.



La verdad es, después de dicho esto, que con el esfuerzo de este Gobierno se ha superado una situación de estancamiento a la que el PP había condenado a la televisión digital terrestre. Por eso es muy importante saber que la apatía
institucional del PP hacia la TDT tuvo consecuencias negativas para la industria audiovisual, para los operadores, para los distribuidores y para su desarrollo tecnológico. El Gobierno y el Grupo Socialista creemos, que es necesario que se adopten
medidas que favorezcan la implantación de la televisión digital terrestre, sin duda lo compartimos, pero nosotros ya hemos puesto acciones en marcha. Se ha constituido la Asociación para el impulso de la televisión digital terrestre, de la que
forman parte representantes de todos los operadores implicados, Televisión Española, Telecinco, Antena 3, Veo televisión, Net, Canal Plus, la Sexta, la Forta y Albertis. Se trata de conseguir la colaboración de la Administración y que los propios
operadores, que son los que más interés tienen en asumir este reto, canalicen la introducción de la televisión digital terrestre en nuestra sociedad. Hemos de aprovechar y canalizar sinergias y las medidas necesarias para su despliegue. La
asociación financiará las actuaciones que se lleven a cabo de las aportaciones de sus socios a sus socios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.



El portavoz del Grupo Popular hablaba de la necesaria campaña de información pública, hacía referencia al Gobierno o a si nos leemos o no las proposiciones no de ley -que evidentemente nos las leemos-. Yo le pediría que usted también esté
informado, porque, si lee la prensa, habrá visto que el 25 de febrero, no hace muchos días, se anuncia y sale publicado en los medios de comunicación que el Gobierno lanzará una campaña para promocionar la TDT a través de los medios de comunicación;
una campaña pública de difusión, que es lo que usted está diciendo que no estamos haciendo y que ya hemos dicho que esta semana se pondrá en marcha, una campaña en radio y en prensa para impulsar la televisión digital terrestre y una campaña para
resolver sobre todo las principales dudas de los ciudadanos. Porque, como en otros temas de la sociedad de la información, la cuestión principal es la mentalidad, que los ciudadanos vean un uso en la televisión digital terrestre, que apuesten por
ella, pero que vean la utilidad. Eso es lo que ocurre muchas veces también, por ejemplo, con los ordenadores.



Su proposición no de ley hablaba de que el Gobierno elabore y podamos debatir en el Parlamento en tres meses un plan integral de ayuda a la adaptación de los


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hogares españoles para aminorar la emisión completa de la televisión digital. Nosotros creemos que no se han de esperar tres meses, nosotros no necesitamos esperar tres meses ni creemos que esta sociedad pueda tener que esperar tres meses
para desarrollar un plan; no creemos que se tenga que esperar tres meses, porque el Gobierno ya tiene un plan, ya está actuando, ya está poniendo en marcha medidas para el desarrollo de la televisión digital terrestre, tiene un plan. Por fin, un
Gobierno lo tiene. Por eso hemos presentado una enmienda, que lo que hace es, en vez de decir que de aquí a tres meses debatamos y pensemos qué hay que hacer, pensando que no podemos esperar tanto tiempo, proponer las tres líneas de acción e
instamos al Gobierno a que ponga en marcha o a que continúe en algunos casos, que lo afirmemos ya en el Parlamento, qué políticas se deben hacer para desarrollar la televisión digital terrestre. Son las siguientes: la primera, la cooperación con
los operadores afectados en el proceso de la transición a la televisión digital terrestre; la segunda, la aportación de ayudas a la asociación para el impulso de la TDT, una vez más impulsar que sea el privado y utilizar las sinergias para ayudar a
que las propias televisiones impulsen la televisión digital terrestre entre la ciudadanía; y la tercera, suministrar información clara y detallada al público sobre los requisitos necesarios para la adaptación de las señales digitales.



Yo animaría a los grupos a que votemos esta enmienda y a que nos posicionemos ya hoy, no de aquí a tres meses, sobre qué tiene que hacer el Gobierno para impulsar la televisión digital terrestre.



El señor PRESIDENTE: Señor Moreno, para aceptar o no la enmienda presentada, tiene la palabra.



El señor MORENO BUSTOS: Presidente, intervengo simplemente para decir que no vamos a apoyar la enmienda, porque sigo diciendo que el Grupo Socialista sigue sin leerse la iniciativa y sin entender su fondo. A mí me parece que su enmienda
iría mejor a otra proposición no de ley y no a ésta.



El señor PRESIDENTE: En turno de fijación de posición ¿quiere intervenir algún grupo?


-SOBRE LOS PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA 'OFFSHORE'. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/001366.)


El señor PRESIDENTE: concluimos aquí el debate de esta proposición no de ley y pasamos a la siguiente sobre los proyectos de energía eólica 'offshore', que presenta el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene la palabra el
diputado Ramón.



El señor RAMÓN TORRES: Nuestro grupo ha presentado esta proposición no de ley por la preocupación que tiene Esquerra Republicana sobre los contenidos del futuro real decreto que regulará los procedimientos administrativos para la
tramitación de las solicitudes de autorización de las instalaciones de generación eólicas marinas. Queremos posicionarnos y decirles que entendemos y damos apoyo a todas aquellas iniciativas que tienen un modelo energético más sostenible y basados
en recursos renovables. También queremos indicarles que, aun con ese apoyo que damos desde Esquerra Republicana a esos modelos mucho más energéticos, creemos que el contenido del real decreto debe tener una atención especial a las competencias
autonómicas en esta materia. El hecho de que la ubicación de los parques eólicos marinos esté sobre dominio público del Estado indicaría en primera instancia que la competencia es estatal, pero nosotros queremos resaltar que en uno de los análisis
más completos de este tipo de instalaciones se muestra que en gran medida las instalaciones de parques eólicos 'off-shore' implican fundamentalmente a competencias plenas de las comunidades autónomas. Me voy a explicar. Uno de los aspectos más
controvertidos de la implantación de los parques eólicos, como bien se sabe, está relacionado con el consenso territorial debido a los impactos paisajísticos. Debo recordarles que el Parlament de Cataluña ha aprobado recientemente la Ley de
protección, gestión y ordenación del paisaje de Cataluña. En esta ley se dota a los paisajes catalanes de una oportuna protección jurídica y se pretende hacer compatible el desarrollo económico y urbanístico con la calidad del entorno, atendiendo a
valores patrimoniales, culturales y económicos.
Igualmente se pretende que sirva de referencia para las futuras actuaciones urbanísticas, infraestructuras productivas, extractivas y otras. Esta legislación, así como las competencias exclusivas en
materia de ordenación territorial y urbanismo, nos legitima para reclamar que, en lo que respecta a la planificación y ubicación de los parques eólicos marinos, los gobiernos autonómicos tengan una decisión vinculante.



Con relación al impacto paisajístico, quiero recordarles también el Convenio Europeo de Paisaje, que se aprobó en Florencia el 20 de octubre del año 2000, y que ya asumía el importante papel de interés general que desempeña el paisaje en el
campo cultural, ecológico, medioambiental y social. Este convenio definía el paisaje como un elemento clave del bienestar individual y social y que pretende responder a la aspiración general de disfrutar del paisaje de gran calidad. Hay que
recordar ese convenio pero también la ley que ha aprobado el Parlament de Cataluña y las competencias que nuestro grupo cree que tiene Cataluña en ese sentido y por eso reclamábamos que, en una decisión


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como esa, los gobiernos autonómicos fueran vinculantes. También quiero recordarles que la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que dice que las autorizaciones sobre construcción, explotación y modificación sustancial y la
tramitación y el cierre de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial compete a las comunidades autónomas, por lo que no tendría sentido que solo en virtud de la ubicación de las mismas, estas competencias no fueran
vinculantes.
Les recuerdo asimismo que el proyecto de ley de modificación del Estatut de Cataluña establece en su artículo 144 las competencias compartidas en materia de regulación, tramitación y resolución de los procedimientos de evacuación
ambiental de las obras, instalaciones y actividades situadas en Cataluña y de los planes y programas que afectan a su territorio, con independencia de la administración competente que las autoriza. Esas competencias que estaba reclamando nos
demuestran que, por estar estas instalaciones en sitios donde la competencia es del Estado, puede generar que se salten otras competencias autonómicas. Y lo que entendemos nosotros es que, no porque esos molinos de energía eólica estén situados en
el mar, esa competencia que tiene el Estado puede cargarse las diferentes competencias en materia de electricidad, en materia de paisaje o de protección de paisaje y otras, dada la situación de vacío y la controversia legal y administrativa
referente a esas cuestiones, nosotros queremos transmitirles la importancia que tendría resolver negativamente el proyecto del parque eólico marítimo previsto frente a la costa del Ebro. En primer lugar porque, hasta que no haya un reglamento
conveniente de la forma en que se deben resolver este tipo de autorizaciones, nosotros entendemos que, hasta que no asumamos cómo tenemos que resolver estas autorizaciones, ese parque del delta del Ebro tendría que pararse.
Esa es la mayor
condición que ponemos nosotros, pero también, como comentaba, por temas de paisaje, la verdad es que el delta del Ebro, y ya entraríamos a ver el tipo de parque, es un parque excesivamente exagerado. Tendríamos que añadir la necesidad de que un
recurso, como es el del viento; no se tiene que dar al primero que llega o a la empresa con más recursos económicos y que tenga una suficiente solvencia económica. Nosotros entendemos que es un recurso que seguramente tendría que basarse en algún
tipo de concurso público y que lo mejor sería que la administración competente, a nuestro entender la comunidad autónoma, decida cuáles son los mejores proyectos. Más pensando en quién está detrás de la empresa que monta este parque eólico, que es
el señor Florentino. Ahora que tendrá tiempo libre, nos preocupa que se dedique mucho más a montar parques de ese tipo; porque tiene los recursos necesarios y, como les decía, ahora, mucho más tiempo libre.



Nos gustaría también recordarles una proposición no de ley que se aprobó en esta Cámara también en la Comisión de Medio Ambiente para dar más argumentos a lo que se está documentando. Esa proposición no de ley acordó que el Gobierno
ratificara y desarrollara el Convenio europeo del paisaje y que posibilitara la implementación de energía eólica bajo los criterios que emanan del mismo. Esa proposición no de ley la presentó nuestro grupo, Esquerra Republicana, y marcaba tres
puntos muy claros de los que me voy a referir a dos. El primero era que se ratificara el Convenio europeo del paisaje, y les recuerdo que hasta ahora -y si me equivoco que algún portavoz me rectifique- el Gobierno español no lo ha ratificado. En
el punto tercero pedíamos que se priorizaran, entre otras, por las administraciones públicas competentes los mecanismos que hagan posible una sólida implantación de la energía eólica, tanto parques como pequeñas producciones, bajo los criterios que
emanan del citado convenio que contempla la definición de unos objetivos de calidad paisajística, previa consulta y participación tanto de la ciudadanía como de las autoridades locales y regionales.



Por todo lo expuesto, por la preocupación que tiene nuestro grupo de que en la implantación de esos parques se pueden saltar muchas de las competencias que tienen las comunidades autónomas en ese sentido, hemos presentado nuestra proposición
no de ley que tiene tres puntos resolutivos. El primero es una propuesta de intenciones y explica que nuestro grupo está a favor y entiende que el Gobierno tiene que promulgar urgentemente la implantación óptica de energía eólica marina porque
estamos a favor de las energías renovables. Ya hemos planteado en más de una ocasión que tenemos que ir a una reducción importante de la energía nuclear en el Estado y buscar compensaciones, y en ese sentido entendemos que es positiva la energía
eólica marítima. En el punto 2 decimos que hay que salvaguardar las competencias que tienen las comunidades autónomas. Y en el punto 3 intentamos paralizar hasta que no se regularicen las normativas relativas al paisaje, el proyecto que la empresa
Capital Energy propone ubicar frente a las costas de Sant Jaume d'Enveja, Amposta y Sant Carles de la Ràpita. Como les decía, el argumento principal es que primero se establezca quién tiene competencias y cómo regularizamos los permisos o las
aceptaciones de estos parques eólicos. La Administración competente tendría que hacer algún tipo de concurso para que los parques o las instalaciones que se vayan a montar sean las más convenientes y no las de empresas que tienen mayores recursos y
que llegan primero. Les daría más de un argumento para que ese parque eólico no se llevara a cabo: primero porque destroza un gran banco marítimo de langostinos, que es uno de los puntos más importantes de la pesca en el delta de l'Ebre, segundo
porque uno de los paisajes naturales más importantes que tiene Cataluña, nuestro país, es el delta de l'Ebre y esa gran masificación de molinos de viento delante de su desembocadura nosotros entendemos que es un agravio bastante grande en relación
con el paisaje.



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Espero que los grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa. Ya diremos qué enmiendas aceptamos cuando oigamos las explicaciones de los distintos grupos que las proponen; me reservo para después aceptar alguna enmienda.
De todas maneras,
si las enmiendas van dirigidas a no aceptar los puntos 2 y 3 será difícil que podamos aceptarlas.



El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas presentadas, una del Grupo Mixto y otra del Grupo Socialista. Para defender la enmienda del Grupo Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Rodríguez Sánchez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Comenzaré por una cuestión de carácter general que afecta al marco competencial existente en el Estado español y que sin duda necesita clarificación. Decimos esto porque en un caso de una energía alternativa
como es la eólica parecía estar claro que la competencia de su planificación y de la ejecución de los proyectos correspondía a la comunidad autónoma, contando con el parecer de los ayuntamientos a la hora de aceptar determinadas ubicaciones. Esta
fue la política que se siguió hasta ahora en la Comunidad Autónoma de Galicia, que por cierto hay que recordar que representa el 26 por ciento de la energía eólica de todo el Estado español y dentro de Galicia el 16 por ciento de la producción total
de energía eléctrica. Esta situación de Galicia, como se ve pionera en la producción de energía eólica, conllevó a que prácticamente todos los lugares estratégicos estén hoy ocupados por las palas a modo de molino de viento que muchas veces están
obsoletos desde el punto de vista tecnológico y que han causado un gran daño paisajístico. Como se ve, el porcentaje de producción eólica no es precisamente llamativo a pesar de tratarse de la comunidad autónoma que más produce en este aspecto.
Consideramos que el cambio de carácter competencial solamente por la ubicación donde se colocarían estas plataformas 'off-shore' no justifica que se usurpe la competencia de energías alternativas a la comunidad autónoma, porque en gran manera
seguimos estamos enfrentándonos a un problema de planificación del territorio, estamos enfrentándonos a un problema de control de carácter medioambiental, y sobre todo estamos enfrentándonos a un problema que es el marisqueo y la pesca de bajura,
que en Galicia tiene una importancia fundamental.



Para que se den cuenta hasta qué extremo es peligroso y grave que no haya un control muy grande de este tipo de explotación en dominio público marítimo-terrestre, les voy a leer sucintamente lo que piensa la memoria de uno de los proyectos
presentados en Galicia, en concreto el presentado por Punta de las Olas Eólica Marina, Sociedad Limitada, que solicitó del Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Costas, autorización temporal para la ocupación de terrenos de dominio
público marítimo-terrestre con destino a la plataforma 'offshore' de medida de parámetros ambientales enfrente de la playa de Baldaio, ubicada en el Ayuntamiento de Carballo, A Coruña.
Y dice la memoria: Cabe destacar la gran riqueza y diversidad
de especies debido a la fertilización de las mismas por los fenómenos de afloramiento frecuentes en Galicia; entre las principales especies capturadas, que son también las que presentan poblaciones más abundantes y que se alimentan directamente del
plancton, se pueden citar la sardina, el jurel, la bacaladilla y la caballa; además de los peces existen en la zona numerosas especies de moluscos y crustáceos. Esto lo dice la memoria de la empresa en su página 44. A continuación dice que los
impactos negativos generados por la acción del proyecto serían los siguientes: perturbación del suelo y del fondo marino, alteración de la calidad del agua por aumento de la turbidez, incremento de los niveles sonoros, destrucción directa de la
flora y fauna sensiles, perturbación del ventus, perturbación de la ictiofauna, perturbación de los mamíferos marinos, perturbación de aves marinas; en la fase de funcionamiento, colisión de aves marinas, afección del paisaje desde el litoral,
playa de Baldaio, afección sobre la navegación y la actividad pesquera de la zona, alteración de la turbidez del agua por incremento de partículas en suspensión; impactos positivos -según la memoria de la empresa-, protección de biocenosis marina,
creación de puestos de trabajo, uno para labores de limpieza y mantenimiento del área ocupada por la torre. Esto lo dice la empresa -no son palabras de ninguna organización ecologista- lo que obliga a tener un poco de ponderación. Es normal que
entonces esto cuente con la oposición de todas las cofradías de pescadores, con la oposición de los ayuntamientos afectados, excepto del Ayuntamiento de A Coruña, que no pinta nada pero dictaminó a favor, curiosamente el que no vive de la pesca,
aparte de otras cuestiones, y por supuesto la Capitanía Marítima de A Coruña, también favorable, los organismos del Estado o la sucursal del Estado en Galicia, y en la Xunta anterior, del Partido Popular, la conseillera de Pesca estaba en contra.
Yo creo que esto obliga a una reflexión. En todo caso, la responsabilidad debe recaer también en la comunidad autónoma, que se moje, y por tanto que tenga la competencia para hacer el último informe vinculante puesto que va a ser ella la que se va
a tener que enfrentar a todos estos problemas.



Por todo lo expuesto hemos presentado una enmienda de adición que dice que todos los proyectos, que en el caso de Galicia son cinco, uno de ellos también del señor Florentino, por lo menos queden en suspenso hasta que haya un informe
vinculante de la Xunta de Galicia. Quiero recordarles que para una población pesquera es muy importante y no estamos en condiciones de echar por la borda todo esto.



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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tomás García, del Grupo Socialista, para defender la enmienda presentada.



El señor TOMÁS GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista conoce la preocupación del Gobierno y la importancia que otorga a las energías renovables, también a la eólica marina, llamada en la proposición no de ley del grupo proponente
'offshore' y que nosotros preferimos llamar eólica marina de forma más directa. La preocupación del Gobierno atiende, como todos sabemos, a la relación existente con la demanda creciente de energía y a la necesidad de reducir nuestra dependencia
energética, mejor si lo hacemos con energías limpias. Esta preocupación y este propósito han quedado claramente expresados en el Plan de energías renovables de España 2005-2010, que se aprobó en agosto del año pasado y que señala la importancia de
la eólica marina como fuente de energía complementaria de la eólica terrestre y conveniente para alcanzar los objetivos en renovables. Además del Plan de energías renovables, el Gobierno se comprometió en Consejo de Ministros, comprometió al
Ministerio de Industria, en un paquete de medidas de impulso a la productividad, a desarrollar procedimientos, para el establecimiento de instalaciones de producción en energía eléctrica en el dominio público marítimo-terrestre.
En consecuencia, el
Ministerio de Industria se encuentra en estos momentos, atendiendo precisamente a este vacío legal que existe sobre esta materia, elaborando un borrador de real decreto que está en fase de estudio en el Ministerio de Industria y en el Ministerio de
Medio Ambiente. La previsión para que este real decreto pueda ver la luz es el segundo trimestre de este año, y en él de alguna manera el Ministerio de Industria, el Gobierno, pretende atender a las necesidades que se han planteado aquí con motivo
de esta proposición no de ley. En primer lugar, racionalizar y unificar el procedimiento administrativo para la ejecución de un proyecto de parque eólico en el mar, que en estos momentos es bastante farragoso, y que este procedimiento simplifique
la enorme complejidad actual que tiene aunando toda la normativa dispersa que existe. En segundo lugar, la intención de esta regulación es orientar a las empresas sobre el tratamiento administrativo para salvaguardar los espacios físicos frente a
los impactos medioambientales, lo que también se ha puesto de relieve que es muy necesario a la hora de autorizar proyectos de estas características. En tercer lugar se pretende también con este real decreto establecer un procedimiento de
concurrencia dadas las características de la plataforma continental española que, como todos sabemos, hacen posible que existan zonas susceptibles de una mayor concentración de parques eólicos. Esta concurrencia es a la que aludió anteriormente el
diputado Ramón y que a veces, si no existiera una regulación y un marco normativo, provocaría situaciones de agravio o incluso adjudicaciones poco razonables.



La posición del Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, es favorable a la implantación y desarrollo de la energía eólica marina, y por ello coincide con la iniciativa presentada por Esquerra Republicana en su punto primero, con un matiz.
Donde dice la proposición promover urgentemente, nosotros decimos promover de forma progresiva y continuada, y en ese sentido hemos presentado una enmienda de sustitución que dice textualmente: El Congreso insta al Gobierno a promover de forma
progresiva y continuada la implantación y desarrollo de la energía eólica marítima. ¿Y por qué este matiz? Hay dos elementos condicionantes que deben ser considerados. Primero, las tecnologías de generación eléctrica eólica marina se encuentran
aún en fase de desarrollo tecnológico -no podemos olvidarlo- y esto va a contribuir -es algo que no podemos evitar- a retrasar su puesta en marcha. Por tanto, entendemos que no se debe urgir en ese sentido sino que debemos ir al compás del
desarrollo tecnológico en eólicas marinas. Además, hay otro condicionante: no conviene olvidar que el establecimiento de estas instalaciones en el mar requiere de la realización previa de estudios, ensayos y análisis que por la magnitud de los
proyectos -son de gran envergadura- y la inexistencia de experiencias anteriores -estamos en un campo totalmente nuevo- deben abarcar un extenso periodo de tiempo. Por tanto la urgencia es mala consejera. Entendemos que hay que trabajar con todas
las garantías para que las decisiones sean lo más acertadas. Sin embargo, no vamos a apoyar el punto 2 puesto que la Administración General del Estado es quien tiene las competencias en los procesos de autorización, tal como establece la legalidad
vigente. En la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, es la Administración General del Estado a la que corresponde la gestión del espacio de dominio público marítimo-terrestre y la concesión de obras fijas en el mar, según se recoge en la Ley 22/1988,
de Costas. Todo ello sin menoscabo del sometimiento del proyecto o de los proyectos y del estudio de impacto ambiental al trámite de información pública, en que las comunidades autónomas afectadas pueden efectuar las alegaciones que estimen
oportunas; de hecho, en algún proyecto han sido precisamente las alegaciones de las comunidades autónomas las que han hecho revocar la decisión o el proyecto iniciado. Tampoco vamos a apoyar el punto 3, el que insta al Gobierno a rechazar un
proyecto que todavía no se ha presentado, puesto que no entendemos de qué manera podemos instar al Gobierno para considerar desfavorablemente un proyecto del cual aún no tenemos conocimiento administrativo y sobre el cual no se ha podido emitir
ningún informe previo. Pedir que se rechace un proyecto sin conocer el pronunciamiento final sobre la autorización de su tramitación es un poco absurdo, y me atrevería a decir contrario a derecho, porque la


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propia legislación española establece el derecho de las iniciativas privadas y de las empresas a solicitar este tipo de concesiones y tienen el amparo legal para que la Administración se pronuncie después de haber realizado todos los
informes previos y todas las consultas necesarias.
Por tanto, formalmente entendemos que el punto 3 no tiene lugar y no procede su planteamiento en los términos en los que se ha realizado.



El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Popular tiene la palabra don Cándido Reguera.



El señor REGUERA DÍAZ: Señorías, nuestro grupo ha analizado la iniciativa de Esquerra Republicana y de los tres puntos coincidimos en su integridad con el primero, y no con los otros dos. Nosotros estamos a favor de que se desarrolle la
energía eólica y de forma urgente -en esto nos diferenciamos del Grupo Socialista- porque creemos que no es el Estado el que tiene que marcar los tiempos sino la iniciativa privada, que es la que va a instalar esos campos de energía eólica. No
podemos desde la Administración paralizar y cuando entienda que se debe hacer ponerlo en marcha. No. Nosotros creemos en la energía eólica marina y que debemos desarrollarla, y la iniciativa privada tiene que aportar la tecnología y contribuir a
mejorarla en el futuro. En el segundo punto estamos hablando de un tema competencial. El Parlament de Cataluña tiene unas competencias y sobre ellos legisla, pero es evidente que las competencias que actualmente tiene no son precisamente sobre
esta materia concreta, pues es una competencia que está en el Estado. Por tanto, no es el momento la proposición no de ley, sino que en el tiempo en que estamos, que se están negociando las competencias de la comunidad autónoma, es el momento de
que los correspondientes negociadores, y luego si nos dejan algo el Parlamento, tomen decisiones sobre ese asunto. Y en el tercer punto no coincidimos. Hay un expediente administrativo que tiene sus estudios de impacto ambiental y que vela por
todo lo que algunos otros portavoces han manifestado, por el impacto que puede generar en el medio, en la zona.



En conclusión, si se votan separados los tres puntos, vamos a votar a favor del primer punto, tal y como está, y no del segundo y del tercero porque -ya lo explicado- es un tema de competencias y no es este el lugar. Y en cuanto al tercer
punto, que se refiere a paralizar proyectos, que como bien decía el portavoz del Grupo Socialista aún ni conocemos, y sin duda alguna tienen su trámite administrativo, con lo cual estarán los estudios de impacto ambiental, yo no creo que el Estado,
cuya competencia es dar vía libre a esos estudios de impacto ambiental, vaya a tener menos sensibilidad que las comunidades autónomas. Por todo ello vamos a votar a favor del primer punto y en contra del segundo y del tercero.



El señor PRESIDENTE: Antes de saber si se votan los puntos, el grupo proponente tiene un turno para aceptar o no las enmiendas presentadas.



El señor RAMÓN TORRES: No podemos aceptar votar solo el primer punto, porque ya he dicho que era una exposición de intenciones y todo el mundo está a favor de las energías renovables. El segundo punto de esta proposición no de ley es
competencial y el tercero de paralización. En ese sentido, no podemos aceptar la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista y sí que aceptaríamos la del Bloque Nacionalista Galego porque está relacionada con nuestro tercer punto en una
problemática similar que tienen en Galicia. Si puedo decidir, no quiero que se voten separadamente porque entiendo que el primer punto no da el sentido que tiene esta proposición no de ley. Por tanto, nos gustaría que se votara la proposición no
de ley con la enmienda del Grupo Mixto.



-RELATIVA A NEGOCIACIONES TRANSPARENTES CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS AFECTADAS Y APLICACIÓN DE CRITERIOS OBJETIVOS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DEL CARBÓN 2006-2012. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente
161/001451.)


El señor PRESIDENTE: Como el Grupo de Convergència i Unió ha pedido que su proposición no de ley pase a ser la última vamos a debatir ahora la proposición no de ley relativa a negociaciones transparentes con las comunidades autónomas
afectadas y aplicación de criterios objetivos en la elaboración del Plan del carbón, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El tema que vamos a tratar tiene una gran importancia desde el punto de vista económico y también social para Galicia, en particular para dos comarcas mineras que padecieron la reestructuración derivada de que
sus cuencas mineras van a quedar prácticamente agotadas a partir del 2008-2010, y son en concreto la comarca minera de Cerceda, situada en los lindes del Ayuntamiento de A Coruña, y la comarca que rodea a As Pontes de García Rodríguez. Esta última
es precisamente la que sustentó la gran expansión como empresa energética de Endesa, hasta extremos de que el señor Martín Villa en sede parlamentaria reconoció que Endesa se había hecho una gran empresa energética gracias a la explotación de
lignitos pardos de As Pontes de García Rodríguez, si bien añadió a continuación que en todo caso tenían un deber moral con la comarca, pero que la riqueza era española y no gallega y, por tanto, no se sentían con mayores compromisos. A partir


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de ahí vinieron los problemas derivados de los planes de la minería del carbón, que fue una forma de enfrentar la crisis a la que estaban sometidas las comarcas mineras en general en el Estado español. Para colmo se intentó justificar con
que la normativa europea solo apoyaba la reestructuración con ayudas tanto para infraestructuras como para proyectos empresariales, aparte de las derivadas de las prejubilaciones y bajas. Para que se pudieran hacer en condiciones que no eran
normativas, se pretextaba que en el caso de Galicia no era carbón CECA, no era carbón europeo sino lignitos pardos. Es algo así como si se pretexta que un país está habitado por negros para que no valga que estén en paro. Era carbón pero no carbón
CECA, porque da la casualidad de que ese tipo de carbón no existía en la Unión Europea. Este es un problema que no se puede asumir con tal discrecionalidad y discriminación.



Afortunadamente, entre 1998 y 1999 las movilizaciones populares y el debate político en el Congreso los Diputados conllevaron a que por fin aceptaran que Galicia se tenía que integrar con sus comarcas mineras en este Plan de la minería del
carbón. El criterio objetivo que se utilizaba para el reparto de los fondos era la pérdida de empleo. Galicia perdió entre el 1998 y 2005 el 8,49 por ciento del global del Estado español; la que más perdió fue Asturias con el 50,65 por ciento,
después Castilla y León con el 29 por ciento y el tercer lugar lo ocupaba Galicia con el 8,49 por ciento. Al final del período de la aplicación del Plan del carbón de 1998-2005 todos mantuvieron el porcentaje o lo mejoraron en relación con la
pérdida de empleo, pero Galicia no, solo el 2,5 por ciento. Fue algo así como una especie de favor: no queda más remedio que aguantarlos, los vamos a aguantar pero en este porcentaje. Creo que este tipo de política dice muy poco del papel que
debe mantener el Estado como equilibrador y basándose en criterios objetivos que todo el mundo aceptaba. Afortunadamente, para el periodo 2006-2012 parece que se iba a plantear un criterio basado en la pérdida de empleo, con lo cual, si teníamos en
cuenta la pérdida de empleo del periodo anterior, que es el que hay que usar más las previsiones sobre el periodo siguiente, Galicia tenía el 8,49 en el periodo anterior y en el periodo siguiente, según los datos del ministerio, era el 6,28, con lo
que le corresponderían 106 millones de euros por infraestructuras y 61 millones de euros por iniciativas de carácter empresarial. Así lo informó el ministerio en el mes de noviembre. Asturias seguía siendo la más beneficiada, lógicamente, con una
pérdida de empleo del 50 por ciento en el periodo anterior y previsible del 59 por ciento. Pasa el mes de noviembre después de informar de esta cuestión y se intenta rebajar sintomáticamente otra vez la cifra correspondiente a Galicia para aumentar
la de comunidades autónomas donde la presencia del carbón es prácticamente inexistente.
Nada tenemos en contra de que todo el mundo tire para su casa, pero es un grave error no mantener criterios objetivos que después se puedan complementar con
otros si se intenta aumentar el dinero a repartir. Es muy mal camino -vuelvo a repetir-- no partir del supuesto de que hay que tratar a todos con un criterio igual y a partir de ahí llegar a soluciones que puedan ser aceptadas por todo. Por eso,
la noticia de que se modificaban los acuerdos iniciales cayó como un jarro de agua fría y hubo una posición unánime del Parlamento gallego para que se respetase la pérdida de empleo como criterio objetivo básico, así como de los ayuntamientos
afectados, y la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia también manifestó su estupor y su oposición a que se volviese a cometer una discriminación tan notoria como la del periodo anterior. Por eso planteamos que el Congreso inste al
Gobierno y al Ministerio de Industria a informar y negociar el Plan de la minería del carbón 2006-2012 con las comunidades autónomas afectadas basándose en criterios objetivos, fundamentalmente la pérdida real de empleo, y evitando discriminaciones
y decisiones faltas de la mínima transparencia. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que vamos a aceptar por que mantiene este criterio como fundamental, aunque elimine el informar y negociar con las comunidades autónomas, porque los
principales interlocutores sabemos que son básicamente los sindicatos.



El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista a esta proposición no de ley, para cuya defensa tiene la palabra la señora Velasco.



La señora VELASCO GARCÍA: Nuestro grupo ha leído con mucho detenimiento esta proposición no de ley y hay tres cuestiones que nos parecen básicas y compartimos y que han seguido toda la negociación del actual Plan del carbón, que son la
información a las comunidades autónomas, los criterios de objetividad en el reparto de los fondos y la transparencia en utilizar esos criterios, pero no quería pasar de largo alguna reflexión respecto a la exposición de motivos de la proposición no
de ley que plantea el Grupo Mixto, en concreto el señor Rodríguez Sánchez, porque me parece que es importante que queden claros esos aspectos. En primer lugar, cuando hace referencia a la distribución de fondos de la reactivación, en especial a la
participación en estos fondos de la Comunidad de Galicia, tengo que decir que las negociaciones en estos momentos del Gobierno con los sindicatos y empresarios del sector del carbón se están manteniendo todavía y no hay acuerdos, por lo que
realmente no entendemos cuáles son las fuentes de las cifras a las que hace referencia la exposición de motivos puesto que, como digo, a fecha de hoy no existe todavía ningún acuerdo al respecto. Es cierto que hay determinado tipo de criterios
objetivos a utilizar en esa distribución del reparto de fondos, y tanto en el ministerio como en los sindicatos y también posteriormente entre los empresarios, parece que hay consenso respecto a cuál es el impacto que tiene la disminución de


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la pérdida de empleo. Por otra parte, en el segundo párrafo de la proposición no de ley se habla de unas supuestas negociaciones bilaterales entre el ministerio y el Principado de Asturias. Esas negociaciones no han existido en ningún
momento y prueba de ello es a lo que me refería anteriormente, y es que a fecha de hoy no existe todavía ningún acuerdo cerrado y ningún compromiso con ninguna comunidad autónoma.



Entrando ya en el contenido de la proposición no de ley, se centra fundamentalmente en la reactivación de las comarcas mineras y en concreto para Galicia. En el caso de Galicia no existe problemática respecto a la reestructuración de las
empresas de minería de lignitos pardos puesto que las dos minas cerrarán en un plazo de dos años por agotamiento de los yacimientos. Debe tenerse en cuenta esta problemática, sin embargo, en el resto de las seis comunidades autónomas. El sentido
de nuestra enmienda es que negociar el plan con las comunidades autónomas sería mucho más complejo y realmente no responde a lo que en principio tiene que ser esta negociación con sindicatos y con empresarios, que son los agentes interesados. En el
Plan del carbón 1998-2005 tampoco hubo negociación con las comunidades autónomas, sí siempre información y comunicación directa con ellas. Por tanto, cuando se inicia la negociación de este plan, el ministerio decide -y nuestro grupo lo comparte-
que son necesarias conversaciones con los sindicatos y también con los empresarios. Es un factor distintivo con respecto a la negociación del otro plan que se negoció con los sindicatos y con posterioridad se adhirieron los empresarios. Desde el
primer momento el ministerio entendió que ambos agentes serán partes muy interesadas, los empresarios en cuanto a las decisiones de cierre y los sindicatos en cuanto a las decisiones y negociaciones de prejubilaciones y en los temas de reactivación.
Después de esta hipótesis de trabajo han existido varias reuniones y el 7 de noviembre del 2005 se llegó a un acuerdo entre el ministerio y los sindicatos que posteriormente fue refrendado con los empresarios, un acuerdo en el que se fijaban grandes
objetivos en materia de producción, en ayudas para la reactivación económica y en edad de jubilación. Estos acuerdos básicos genéricos, como digo, no se han precisado en la negociación definitiva y final que a fecha de hoy no se ha producido.



En la iniciativa que se nos plantea se habla de la necesaria información a las comunidades autónomas. Nosotros compartimos esa necesidad y ya han existido múltiples reuniones tanto bilaterales como multilaterales con todas las comunidades
autónomas en las que el ministerio ha informado y ha obtenido información y apreciaciones de cada una de ellas. Respecto a los criterios de objetividad para determinar el reparto de los fondos, nuestro grupo comparte -y así lo han manifestado
también el Gobierno y el Ministerio de Industria- que la pérdida real de empleo debe tener una ponderación muy alta a la hora de redistribuir los recursos del nuevo plan. Y si a los criterios objetivos hubiera que añadir criterios de transición
entre ambos planes, entre el que acaba en el 2005 y el futuro plan, nuestro grupo comparte el criterio del Gobierno que sería de manera temporal y en busca de una adaptación progresiva de las comunidades autónomas a la nueva situación. Este tipo de
medidas transitorias, sin embargo, todavía están pendientes de acordarse. En relación con un posible tratamiento discriminatorio a la Comunidad Autónoma de Galicia, nuestro grupo entiende que, aparte de los criterios objetivos de reparto entre
regiones, el esfuerzo en la reactivación económica que contempla el nuevo plan, tanto en cantidad como cualitativamente, es más alto que el que se hizo en el plan anterior 1998-2005, y me van a permitir que dé unas cifras. El plan es muy superior
porque se van a desrtinar entre 390 y 440 millones de euros anuales en el periodo 2006-2012 para una pérdida de empleo prevista de 4.908 puestos de trabajo, mientras que en el plan 1998-2005 se destinó la misma cantidad de 390 millones de euros para
una pérdida de empleo de 15.737 puestos de trabajo.



Dicho esto, nuestro grupo comparte las tres líneas fundamentales de esta proposición: información a las comunidades autónomas, criterios objetivos a la hora de hacer el reparto y transparencia en todas las negociaciones, y así trasladamos
la enmienda que SS. SS. conocen y que el proponente ha dicho que acepta.



El señor PRESIDENTE: Para el turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Castro, del Grupo Popular


La señora CASTRO MASAVEU: Quisiera comenzar manifestando al Bloque Nacionalista Galego que en el Grupo Popular no vamos a caer en la tentación de las descalificaciones, que pudiesen provocar tanto la exposición de motivos de este texto
(Rumores), que en estos momentos se debate, como las manifestaciones y declaraciones realizadas por el consejero de Industria, también de su partido, el BNG,...



El señor PRESIDENTE: Señora Castro, perdone un segundo.



Ruego a SS. SS. que si tienen que negociar algo lo hagan un poco apartados porque es imposible escuchar. Gracias.



La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.



Me refería a las declaraciones realizadas por el consejero de Industria del Bloque Nacionalista Galego en relación con el Principado de Asturias, comunidad a la que me honro en representar en esta Cámara, y no solamente al Principado de
Asturias y a los asturianos sino también y especialmente al sector de la minería


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y a las cuencas mineras asturianas. Usted sabe o debería de saber que no se está siendo realista ni se está ajustando a la realidad, por tanto se la está falseando, cuando se está diciendo en la exposición de motivos que el anterior
Gobierno del Partido Popular obró injustamente con Galicia. Usted sabe que esto no es así, usted sabe que precisamente fue todo lo contrario, que aquel Gobierno hizo posible con los sindicatos mineros que Galicia recibiese unas ayudas que, como
bien sabe usted o debería de saber, no le corresponden como consecuencia de que las minas son a cielo abierto de lignito pardo, y el ministro se lo ha recordado a usted en la sesión de control del día 15 de febrero, creo recordar. (El señor
Rodríguez Sánchez:¡Los negros!) Yo no voy a negros o blancos...



El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría.



Señor Rodríguez, no tiene la palabra, la tendrá en su tiempo y luego podrá hablar. No hay ninguna cuestión más que respetar el Reglamento, y usted no tiene la palabra. Por tanto, le ruego que deje continuar a la señora Castro.



La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señor presidente.



No es responsabilidad ni de este Gobierno ni del anterior el hecho de que la Unión Europea reconozca o no reconozca el lignito pardo como territorio CECA o territorio carbonero; eso no es responsabilidad nuestra. Por tanto, yo le rogaría
que fuese realista, que reconociese lo que sucedió en el Plan de la minería 1998-2006, y no esa confrontación territorial que ustedes pretenden plantear. Yo le agradezco que no haya mencionado aquí las palabras de su consejero de Industria, que ha
dicho textualmente que Asturias le estaba robando fondos a Galicia. Está usted insistiendo en que eso es así. Me parece muy grave lo que están ustedes haciendo porque, lo que es peor, ya no es el hecho de la acusación que se le hace al Principado
de Asturias y a la minería asturiana, sino el hecho de que ustedes están planteando una nueva confrontación territorial en España. Creo que ya tenemos bastante y ahora ustedes, que están en el Gobierno gallego y por tanto son socios del Gobierno de
España, lo deben plantear internamente y las cuestiones que tengan en su pacto de gobierno en Galicia no las deben extrapolar a la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Hoy por la tarde se va a escenificar en el Ministerio de Industria,
probablemente...



El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que fije su posición en relación con la proposición no de ley y con las cosas que se hayan dicho aquí. No haga un debate general porque entonces tendríamos que reabrir el turno.



La señora CASTRO MASAVEU: Señor presidente, discúlpeme pero es que me estoy refiriendo a la exposición de motivos que trata precisamente de estos temas. Decía que esta tarde se va a escenificar en el ministerio la firma o no del Plan de la
minería 2006-2012, y curiosamente se plantea esta iniciativa el día 2 de febrero cuando usted sabe perfectamente, como todas SS. SS., que el día 1 de enero tenía que haber entrado en vigor el nuevo plan de la minería y, como no ha entrado, el
sector carbonero y todos sus trabajadores desde el 1 de enero de 2006 no tienen una cobertura legal en España. Y lo grave es que después de 22 meses de haber accedido el Gobierno, los responsables de Industria con su ministros a la cabeza no hayan
sido capaces de lograr un pacto con los sindicatos mineros cuando tienen el precedente anterior, que yo creo que fue un ejemplo porque se llevó a cabo un pacto histórico que la minería nunca había tenido. Digo que esta tarde se firmará o no se
firmará ese acuerdo definitivo. El señor ministro ha anunciado que si no se hace por las buenas está dispuesto a firmarlo en solitario y llevarlo así a la Unión Europea. Por tanto, nosotros creemos que esta proposición no de ley es extemporánea
porque se presenta en el Congreso de los Diputados el 2 de febrero con la única intencionalidad de plantear un nuevo debate territorial y una nueva confrontación territorial, en este caso con el Principado de Asturias, y ese texto al que hacen
referencia bien podían haberlo planteado hace un año o año y medio. Que ustedes digan que hay que informar y negociar el Plan de la minería del carbón 2006-2012, sí, informar y negociar, pero esto ya tenía que estar firmado, Por tanto, a 1 de marzo
y con más de dos meses de retraso en la entrada en vigor del nuevo plan, no parece que tenga mucho sentido traer una iniciativa de este tipo a la Comisión de Industria. Nosotros nos vamos a abstener, si bien estamos de acuerdo en que hay que
negociar e informar con transparencia, pero insisto en que no es el momento. El momento de presentar esta iniciativa ya se les pasó, tenía que haber sido hace al menos un año cuando en teoría debería de haberse iniciado la negociación, que el
Gobierno consideró que iba ser muy sencilla pero no lo parece tanto. Hago votos por que esta tarde se llegue a un acuerdo con los sindicatos mineros y con los empresarios, también con las comunidades autónomas, porque si la enmienda del grupo
Socialista hace referencia a la exclusión de las comunidades autónomas, nosotros entendemos que todos deben estar en ese pacto por el bien de las cuencas mineras asturianas y del resto de comunidades autónomas que tienen minería.



El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, tiene la palabra para aceptar o no las enmiendas presentadas por el grupo Socialista.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, las vamos a aceptar por el criterio de objetividad


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y transparencia, que nos parece fundamental y además es lo único que perseguimos.



-PARA REDUCIR EL IMPACTO NEGATIVO EN EL PRECIO DEL GAS NATURAL PARA CONSUMIDORES INDUSTRIALES CONECTADOS A REDES DE BAJA PRESIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001393.)


El señor PRESIDENTE: Comenzamos con la última proposición no de Ley, que era la sexta del orden del día, referida a reducir el impacto negativo en el precio del gas natural para consumidores industriales conectados a redes de baja presión,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y para cuya defensa tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado ante esta Comisión una proposición no de ley para reducir el impacto negativo en el precio del gas natural para consumidores
industriales conectados a redes de baja presión. Esta iniciativa parlamentaria se desprende de la preocupación manifestada por un sector importante de pequeñas y medianas empresas de diversos campos económicos, del metalúrgico, de la floricultura y
de las pequeñas y medianas empresas industriales. Basamos esta iniciativa parlamentaria en relación con lo que se plantea en la Orden 103/2005, de 28 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que modificaba diversos aspectos de
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasísticas. De entre otras modificaciones introducidas la más destacada es la previsión de que a partir del año 2010 se aplicará a todos los consumidores el peaje correspondiente
a la presión de suministro, estableciendo un período transitorio desde el año 2006 para que los peajes de distribución para suministros a redes de baja presión igual o inferior a 4 bar, actualmente con tarifa 2, converjan con los aplicados a los
clientes acogidos a los peajes del grupo 3.
Entendemos desde Convergència i Unió que esta situación puede provocar que muchas empresas no puedan hacer frente al incremento de los costes, ya que es necesario realizar una serie de inversiones en
conexiones que en muchos casos, dado el volumen de dichas compañías, es inasumible. Esta situación afecta concretamente a alrededor de 1.000 empresas situadas en todo el Estado español y concretamente en Cataluña afecta a más de 400 compañías.
Técnicamente no existe ningún motivo que informe este cambio ya que el suministro de gas es el mismo tanto para alta como baja presión, la única razón de esta medida parece ser la equiparación con el sector eléctrico. Las adaptaciones que iban a
acometer estas compañías suponen, como he dicho anteriormente, un importante desembolso económico y en algunos casos significará duplicar las redes gasísticas actuales de canalización. Por otra parte, también la orden ministerial significa no
respetar los derechos adquiridos por dichas compañías que se acogieron a un régimen que por decisión del Gobierno se modifica al mismo tiempo.
Muchas de estas empresas recicladas no hubieran adoptado el gas como fuente de energía ya que las
condiciones que impone la orden hacen no viable este suministro porque se doblan las redes y se incrementan los costes. Desde la perspectiva económica, estamos reclamando que las pequeñas y medianas empresas, que son las mayoritarias en la conexión
gasística de baja presión, hagan un esfuerzo de inversión competitiva, un esfuerzo innovador que no es compatible con imponerles condiciones gravosas más cuando técnicamente no existen razones que fundamenten la decisión adoptada por el Ministerio
de Industria.



Por estos motivos y en base a nuestra sensibilización por una serie de cuestiones que los diferentes sectores nos han venido planteando últimamente, hemos presentado esta proposición no de ley en la cual instamos al Gobierno a reducir dicho
impacto negativo en el precio del gas natural, para los consumidores industriales conectados a redes de baja presión, provocado por la entrada en vigor de la orden ministerial que acabo de mencionar, manteniendo las condiciones tarifarias aplicables
antes de la misma para los consumidores industriales conectados a gasoductos a presión inferior a cero o a 4 bar. Por tanto, manifestamos nuestra voluntad de que dicha iniciativa pueda ser aprobada con el consenso de todas las fuerzas
parlamentarias de la Comisión de Industria, y en este sentido estamos intentando llegar a una transacción con las enmiendas tanto del Grupo Parlamentario Popular como del Grupo Parlamentario Socialista para poder dar más potencia y más solvencia a
esta iniciativa para que el Gobierno ponga en marcha todos estos mecanismos que nosotros hemos planteado en nuestra proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Hay cuatro enmiendas presentadas, tres del Grupo Parlamentario Popular y una del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Castelló.



El señor CASTELLÓ BORONAT: Hemos presentado tres enmiendas a la proposición no de ley de Convergencia i Unió porque, aunque la iniciativa podría suponer por ella misma una ralentización de la liberalización del sector del gas, y nosotros no
estaríamos por apoyarla, no es menos cierto que el Gobierno debería haber tomado medidas en estos dos años que lleva gobernando para que las circunstancias que han provocado la subida del gas, sobre todo de los


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consumos industriales de las pequeñas y medianas empresas, puedan tener un impacto menor. Entre lo uno y lo otro hemos optado por presentar varias enmiendas. En la número 2 queremos que se incentive el problema que realmente existe, el
problema de redes de presión alta, y estaríamos también de acuerdo en apoyar la propuesta de Convergencia i Unió para paliar esos efectos negativos que pueda tener en las pequeñas y medianas empresas la Decisión 103 de la ITCD, de enero de 2005.
Por las conversaciones que hemos mantenido parece que puede haber una transaccional uniendo el sentir de la necesidad de liberalizar el mercado y de facilitar y de incentivar el desarrollo de las redes en alta presión. En todo caso, eso no quiere
decir que se perjudique a esas pequeñas y medianas empresas que pueden tener en sus cuentas de resultados un impacto muy importante debido a las circunstancias que antes hemos mencionado. Por tanto, si eso fuera así, si las conversaciones que hemos
mantenido con el Grupo Socialista y con Convergència i Unió sobre las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular se llevan adelante, nosotros la retiraríamos en beneficio de la transaccional que parece que se puede presentar.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Socialista el señor Mas.



El señor MAS I ESTELA: Señor presidente, quería pedir excusas a usted, a la Mesa y los miembros de la Comisión. Nos ha tenido que llamar la atención porque estábamos intentando llegar a un acuerdo en medio de la sala, y precisamente hemos
llegado a un acuerdo sobre la proposición, las enmiendas del Grupo Popular y las enmiendas del Grupo Socialista, y podemos ofrecer una transaccional que podría ser aceptada porque reúne las tres propuestas.



El tema que propone el Grupo de Convergència i Unió viene planteado por el mantenimiento de las tarifas que empresas industriales actualmente están pagando por su conexión a redes de baja presión. Desde la Orden de enero de 2005 este precio
ha ido aumentando. En nuestra enmienda inicial queríamos que hubiera un régimen transitorio de adaptación de los precios del gas a las conexiones de baja presión a las industrias que están conectadas. Por tanto, frente a la propuesta del Grupo de
Convergència i Unió que pedía mantener las condiciones, nosotros proponíamos el establecimiento de un régimen transitorio. Vista la enmienda que propone el Grupo Popular, con la cual estamos de acuerdo, que existan las infraestructuras necesarias
para que los industriales que están conectados a baja presión puedan conectarse a una red de media o una red de alta, presentamos una enmienda transaccional que diría: estar de acuerdo en mantener las tarifas en baja mientras no existan las
infraestructuras; es decir, en lugar de establecer un régimen transitorio, mantener mientras no existan las infraestructuras. Y una adición, proponer al Gobierno que establezca una línea de ayudas para favorecer el cambio de conexiones con la red
de suministro para que las industrias que lo precisen puedan tener suministro a media y alta presión. Con esta transacción a la cual hemos llegado, sumamos la idea del mantenimiento de las conexiones de Convergència i Unió, la necesidad de creación
de infraestructuras que proponía el Grupo Popular y nuestra propuesta de que sea un tiempo transitorio mientras no haya estas infraestructuras. Sumando las tres propuestas hemos llegado a un buen acuerdo, aunque lamento que haya sido en detrimento
del funcionamiento de la Comisión. Si es posible, retiramos nuestra enmienda y quedará sobre la mesa para votar la enmienda transaccional.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno de fijación de posición?


Señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Tal como han manifestado tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hemos encontrado esta voluntad política de las tres formaciones para presentar una
enmienda transaccional que recogiera la sensibilidad de nuestra enmienda, así como los planteamientos del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, y que haremos llegar seguidamente a los grupos parlamentarios y a la Mesa
para su votación.



El señor PRESIDENTE: Nos viene muy bien que tengan trabajo porque, como dijimos, hasta las 12 no se vota. Tienen media hora para ponerse de acuerdo en la transaccional.



Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.



Pasamos a la votación de las proposiciones no de ley que se han debatido.
En primer lugar, la que figuraba con el número 2, sobre repercusión del empleo generado por el sector turístico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se
había aceptado una enmienda 'in voce' del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dijo:


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



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Siguiente proposición, la que figura con el número 3 en el orden del día, que ha sido la segunda que hemos debatido, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al acceso de los menores a los servicios de la televisión digital terrenal. No
tiene enmiendas, luego la votamos en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Siguiente proposición, la que figura con el número 4, relativa a la adaptación tecnológica de los hogares españoles a la televisión digital terrenal, presentada por Grupo Parlamentario Popular. Tenía una enmienda que no había sido aceptada,
luego se vota también en sus propios términos.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Siguiente proposición, la que figura con el número 5, sobre los proyectos de energía eólica, presentada por Esquerra Republicana. La votaremos con la enmienda del Grupo Mixto, porque la otra enmienda no había sido aceptada.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 32.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Continuamos con la siguiente votación, la proposición no de ley que figura con el número 7, relativa a negociaciones transparentes con las comunidades autónomas afectadas y aplicación de criterios objetivos en la elaboración del Plan del
Carbón 2006-2012, presentada por el Grupo Mixto, con una enmienda del Grupo Socialista que ha sido aceptada. Luego la votamos con la enmienda.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 14.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Pasamos a la última, que figura con el número 6, de Convergencia i Unió, que se refiere al impacto negativo en el precio del gas natural para consumidores industriales conectados a redes de baja presión, a la que se ha presentado una
transaccional que engloba a las enmiendas presentadas, cuyo texto está firmado por los grupos que habían presentado enmiendas.



Efectuada la votación, dijo:


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Terminamos aquí la sesión de esta Comisión.



Eran las doce y diez minutos del mediodía.