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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 500, de 28/02/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 500
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CISCAR CASABÁN
Sesión núm. 20
celebrada el martes, 28 de febrero de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director general de Costas (Fernández Pérez), para informar sobre las medidas que está realizando y tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente en cuestión de accesibilidad de playas para discapacitados.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000911.) ... (Página 2)
Proposición no de ley:
-Sobre la eliminación de los límites de velocidad que se imponen a los conductores con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000710.) ... (Página 6)
-Para el mantenimiento de la pensión de orfandad al contraer matrimonio cuando el beneficiario tenga reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001215.) ... (Página 9)
-Sobre la modificación de las sanciones por incumplimiento de la obligación de cubrir la cuota de reserva de empleo de personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente
161/001279.) ... (Página 12)
Se abre la sesión a las once horas y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE COSTAS (FERNÁNDEZ PÉREZ), PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTÁ REALIZANDO Y TIENE PREVISTO REALIZAR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN CUESTIÓN DE ACCESIBILIDAD DE PLAYAS PARA DISCAPACITADOS.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000911).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión según el orden del día previsto. En primer lugar tenemos comparecencia del director general de Costas, don José Fernández Pérez, para informar sobre las medidas que está realizando y
tiene previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente en cuestión de accesibilidad de playas para discapacitados.
El señor DIRECTOR GENERAL DE COSTAS (Fernández Pérez): El programa de accesibilidad a las playas se inició precisamente para dar satisfacción a una demanda importante de un colectivo significativo de usuarios de las playas y de las costas.
Pretendía adecuar todos los sistemas de acceso y de tránsito a lo largo de la costa española y habilitarlos para que los discapacitados también pudieran tener un acceso y un disfrute directo del borde del mar y en concreto de las playas. Se trataba
en definitiva de introducir en estos elementos todas las medidas que en otros ámbitos urbanos ya estaban establecidas por instrumentos legales y por determinadas disposiciones municipales o estatales.
Se hizo un programa de choque para intentar dotar a las principales playas y a las zonas de costa más concurridas de los sistemas más apropiados de accesibilidad. Para conseguir esto, se habló con todos los grupos y con las principales
asociaciones de discapacitados del país, por zonas, y de esta forma se identificaron dos cosas: primero, aquellos elementos más apropiados para hacer más accesibles las zonas de costa; y, segundo, los lugares prioritarios de actuación. Se realizó
un programa para todas las provincias españolas, para un determinado número de playas y de puntos de acceso al litoral, y se pusieron en marcha una serie de actuaciones para que los proyectos contaran con los elementos de definición de cómo se
tenían que hacer estos accesos, cómo se tenían que hacer las rampas, qué dimensiones, qué tipo de características tenían que tener. Esto llevó a un programa de unos 24 millones de euros que se comenzó en el año 2002.
Hasta este momento, lo que hay
realizado, lo que ya está ejecutado en estos programas específicos, en esta operación de choque de accesibilidad a las playas, es del orden de 16.000.759 euros, y ahora mismo tenemos contratados 2.432 para este año. Así, al final de año, entre lo
que ya hay ejecutado y lo que está contratado, estaremos en el orden de 19 millones de euros de ejecución de este programa. Ahora mismo tenemos también programado, en tramitación, del orden de 11.500.000 euros. Al final de todo el programa
tendremos por tanto una inversión de unos 30 millones de euros.
Estas cifras son solamente lo que se puede denominar la 'operación de choque'. La operación de actuaciones específicas son pequeñas actuaciones que intentan complementar las infraestructuras que ahora mismo existen para este tipo de
facilidades para los discapacitados. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que a través de este programa nos hemos dotado de una serie de elementos que ya introducimos de una manera sistemática en todos los pliegos de condiciones
de nuestros propios proyectos de remodelación de los frentes urbanos, de los frentes marítimos urbanos, y también de los senderos y de los itinerarios naturales a lo largo de la costa, de tal forma que este tipo de intervenciones no aparecerán de
una manera separada o identificada claramente en el presupuesto, sino que ya formarán parte de una manera inseparable, de una manera inherente, de cualquier actuación que nosotros tengamos en la costa. Cualquier actuación en la costa en este
momento ya contempla la incorporación de determinados elementos que permitan la accesibilidad total a las zonas de costa. Y en aquellos itinerarios y senderos naturales, en los que es más complicado, precisamente por las dificultades
orográficas del terreno, si bien no se puede servir el cien por cien de estos itinerarios, por lo menos en la mayor medida posible sí que estamos atendiendo los requerimientos de estas personas para que también puedan tener acceso y disfrute
de toda la costa a lo largo de todo el perímetro de España. Ahora mismo esta inversión, este volumen de actuaciones son singulares para este propósito, pero eso no quiere decir que se acabe ahí. Muchas de las actuaciones que estamos ahora mismo
desarrollando en intervenciones más complejas y más grandes ya llevan incorporado todo este tipo de elementos, porque ya es obligado para nosotros, ya tenemos dentro de nuestro dispositivo interno determinadas condiciones en las cláusulas de los
proyectos para incluir este tipo de facilidades.
A muy grandes rasgos, estos son los elementos principales. La sensibilidad en el tránsito a lo largo de la costa, facilidades de bajada a las playas por medio de rampas y elementos que permitan la conexión del desnivel entre los niveles
urbanos de paseos marítimos y lo que es la arena de la playa, y también tenemos unos dispositivos que acercan a las personas discapacitadas a través de la arena o a través de las zona de grava o incluso de roca hasta la misma orilla del mar.
Estamos también trabajando con algunas asociaciones de discapacitados para estudiar y desarrollar programas y proyectos concretos que nos permitan lo que son todos los sistemas de baño de estas personas, a través de sillas o de elementos especiales
que permitan ya la entrada y salida del agua en condiciones adecuadas. Es un programa en el que realmente se ha avanzado, se ha avanzado, primero, en dar acceso a las zonas de playa y al agua, y ahora queremos insistir, con actuaciones más de
desarrollo, más de investigación, en elementos que permitan resolver adecuadamente todo el tema de entrada y salida del agua de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Es un programa, ya digo, que no acaba, seguimos trabajando en ello,
seguimos en contacto con las asociaciones de discapacitados, y en este momento posiblemente se vaya viendo menos singularizado en nuestros presupuestos este tipo de actuaciones porque ya forman parte del mismo. De hecho, a partir del año 2004 había
un superproyecto en nuestro presupuesto de inversiones con esta denominación y ya no figura así porque ya lo tenemos incorporado en nuestro gran eje de dotaciones y de acceso a las costas y a las playas; cualquier actuación de este tipo ya lleva
incorporadas todas lasb medidas para discapacitados.
Creo que con esto he dado una pincelada, muy rápida pero suficientemente precisa, del programa. A partir de ahora me someto a las preguntas que me quieran formular. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo proponente, tiene la palabra el señor Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señor director general de Costas, para los socialistas la discapacidad constituye una prioridad. Ya lo dijo el presidente Rodríguez Zapatero cuando afirmó que el objetivo de este Gobierno era eliminar el déficit de
ciudadanía al que están sometidas las personas con discapacidad.
Como usted bien ha dicho, en nuestro país el 9 por ciento de la población, 3 millones y medio de españoles, son personas con discapacidad, personas para las que el Gobierno está llevando a cabo importantes actuaciones de desarrollo
legislativo para facilitarles el acceso al empleo, pero también en materia de accesibilidad. Según los datos que he podido conseguir, existen 844.000 españoles entre 6 y 64 años que tienen problemas de difícil desplazamiento; hay que añadir otros
2,1 millones que tienen más de 65 años, de los cuales el 70 por ciento tienen idénticos problemas. Todas estas personas -estamos hablando de muchísimas personas- tienen que enfrentarse a diario con la existencia de barreras arquitectónicas, un
problema que se intensifica en el caso de personas que necesitan en su desplazamiento silla de ruedas. Además, hablamos de una cuestión que va a ir a más como consecuencia del envejecimiento de la población.
Hay que recordar, usted también lo ha citado, que el PP en 2002 impulsó este programa, pero yo quisiera destacar -porque yo era diputado en aquella legislatura- que ese programa se limitó a hacer muchos anuncios y bastantes pocas realidades.
Se hicieron muchas fotos, pero la inversión brilló por su ausencia, y buena muestra de ello es la provincia de Málaga, donde no hicieron prácticamente nada desde que lo pusieron en marcha en 2002 hasta que perdieron las elecciones. Hay que señalar
que al PP le preocupó siempre bien poco la accesibilidad, baste recordar que al final de la pasada legislatura aprobaron una ley en la que fijaron un plazo de diecisiete años, ni más ni menos que diecisiete años, para la eliminación de barreras.
Muchos años son para un problema tan importante.
A los socialistas nos parece esencial potenciar proyectos tendentes a conseguir la accesibilidad global, en edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones, pero también, como usted ha dicho, mejorar la accesibilidad en materia de
playas. Aunque a primera vista no lo parezca, lo cierto es que en ocasiones las playas, incluso las más despejadas y francas, resultan inaccesibles para muchas personas, no sólo para minusválidos, para personas con discapacidad, para personas de
movilidad reducida, como en principio se pudiera pensar, sino también para otros colectivos caracterizados por una movilidad reducida como la tercera edad. A los socialistas nos parece fundamental trabajar para facilitar alternativas a unos
ciudadanos que tienen derecho a gozar del medio natural y de las posibilidades de ocio que rodean al mismo, en este caso concreto, a las playas y al uso de una serie de servicios que existen a lo largo de nuestras costas. Nosotros queremos valorar
el esfuerzo que se está llevando a cabo por parte de la Dirección General de Costas. De hecho, en una respuesta parlamentaria de mayo de 2005 se hacía alusión a que la Dirección General de
Costas desde el 14 de marzo de 2004 hasta la fecha había llevado a cabo actuaciones para mejorar la accesibilidad en playas en 20 provincias españolas: Alicante, Almería, Cádiz, Málaga, Asturias, Baleares, Las Palmas, Santander, Castellón,
Barcelona, A Coruña, Girona, Granada, Guipúzcoa, Lugo, Murcia, Pontevedra, Tarragona, Tenerife y Valencia, 20 provincias donde se había actuado en materia de accesibilidad por parte de la Dirección General de Costas. Yo quisiera centrarme en mi
provincia, que es buen ejemplo de ello, la provincia de Málaga. Por cierto, hoy es la festividad de Andalucía.
Son muchos los malagueños con discapacidad, además, hay que tener en cuenta la importancia turística de la Costa del Sol durante la temporada veraniega en nuestra provincia, que recibe cientos de miles de visitantes durante esas fechas. En
este primer año y medio de Gobierno de Rodríguez Zapatero, se ha invertido algo más de 1,3 millones de euros para mejorar la accesibilidad en las playas de la provincia de Málaga, actuándose, solo en la provincia de Málaga, en 10 municipios
costeros: Manilva, Estepona, Marbella, Mijas, Benalmadena, Torremolinos, Vélez Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja. Se ha impulsado en esas playas la creación de plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad, rampas de acceso a
las playas, pasarelas sobre pilote, itinerarios de madera sobre la arena, módulos de aseo y ducha adaptada. Esto, desde nuestro punto de vista, es mejorar la accesibilidad de las playas a las personas con discapacidad y movilidad reducida. Vaya
por delante mi felicitación por ello.
Voy a aprovechar mi intervención para hablar de algunas cuestiones. Una es ver qué partidas o qué actuaciones, las más importantes, están previstas llevarse a cabo durante el presente año 2006 y cuáles son las más importantes de las que ya
se han ejecutado por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero desde que usted es director general de Costas. Otra, cómo beneficia la accesibilidad al sector turístico; estamos hablando de que procedente de este sector turístico van a parar todos
los años millones de euros a las arcas del Estado; son muchas las personas mayores que nos visitan, no solamente a la Costa del Sol, sino a todo el litoral español y a Baleares y a Canarias. Y dice que las nuevas actuaciones ya contemplan
actuaciones en materia de eliminación de barreras que faciliten la accesibilidad. ¿Esto va a suponer reducir la inversión o se va a actuar en paralelo llevando a cabo esas actuaciones, siempre que se impulse una actuación nueva, como por ejemplo la
realización de un paseo marítimo o alguna otra, y también, al mismo tiempo, actuaciones de eliminación de barreras en aquellos puntos donde sea necesario?
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Oreiro.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Bienvenido, señor director general, y agradezco su exposición.
Quisiera empezar diciendo algo que me parece esencial. A veces, en el fragor del debate político, endurecemos la corteza de tal manera que ya no nos duelen prendas en decir algunas cosas que me parecen que no deberían mencionarse. Me
parece poco digno comentar algunas cosas como algo que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Textualmente ha dicho que al PP le preocupó poco la accesibilidad. A mí me parece que esto, dicho por el señor portavoz del Grupo Socialista, además
de apartarse de la realidad, es rematadamente injusto. Dice para justificar esto que el PP proponía diecisiete años para la eliminación de barreras arquitectónicas. No sé de dónde saca el dato, pero de todas formas, señor portavoz, yo lo suscribo
y lo firmo en este momento. Si fuéramos capaces de eliminar las barreras arquitectónicas en diecisiete años, yo lo firmo ahora mismo. Y decir que al Partido Popular no le preocupó nunca la accesibilidad es mucho decir. Ahora voy de alguna manera
no a glosar, pero sí a puntualizar algunas cuestiones que ha dicho el señor director general.
El señor director general se ha referido a un plan de choque y mencionaba un programa de actuaciones por 24.607.058,3 millones de euros. Este era el plan al que se refería el señor director general de Costas. Pero, señor Heredia, este plan
fue elaborado por el anterior Gobierno del Partido Popular, prueba de que algo le interesaría al Partido Popular eliminar barreras arquitectónicas.
Y no solo en las playas, sino que, posteriormente, se elaboró un Plan Nacional de Accesibilidad con
un período de tiempo de 2004 a 2012, en el que se contemplaba toda otra serie de medidas para intentar eliminar las barreras con las que nos encontramos a menudo todas aquellas personas que sufrimos algún tipo de discapacidad.
Tengo que felicitar de nuevo al señor director general puesto que ha dicho algo que me parece esencial, que me parece muy bueno, y es que en adelante se contemplarán intervenciones de accesibilidad en todas las actuaciones de la costa. Me
parece importante haber logrado la sensibilización adecuada para que todas las actuaciones de las entidades públicas puedan contemplar, sin necesidad de especificarlo, eliminación de barreras arquitectónicas. Esto, señorías, físicamente supone muy
poco, económicamente supone prácticamente nada y sin embargo, en la práctica, digamos que contribuye a dignificar la vida de las personas con una cierta discapacidad que en muchos casos tenemos que prescindir de utilizar ciertos servicios porque no
son asequibles. El plan al que se refería el señor director general contemplaba precisamente eso, hacer efectivo el derecho a la movilidad y a la accesibilidad, mejorar de forma progresiva la accesibilidad y calidad de las playas, dar respuesta a
las necesidades de la población, garantizar itinerarios accesibles no segregados, etcétera. El proceso de elaboración de este plan ha contado con la participación de 240 asociaciones de discapacitados y del propio Cermi; su desarrollo arrancaba en
2001, en 2003 estaría más o menos a la mitad de sus actuaciones y al año
siguiente se continuaría con la redacción de proyectos de forma que durante 2004 se completara este plan.
Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, de las 3.200 playas que tenemos a lo largo de nuestro litoral, unas 708 están más o menos adaptadas; habría que actuar consecuentemente en unas 590 playas, en donde se invertirían estos casi
25 millones de euros. Se suscribió en 2003 un convenio de colaboración con el Comité español de representantes de minusválidos para avanzar en esta materia y tener en cuenta las playas que el Cermi considerase prioritarias. Asimismo, estas dos
instituciones, el Estado y el Cermi, facilitarían información en tiempo real a través de Internet de las playas que cuenten con acceso para discapacitados y se estudiaría además la posibilidad de establecer un sello, un sello de calidad, que
certificara las condiciones de accesibilidad a estos espacios. Posteriormente se elaboró, como le decía al señor portavoz del Grupo Socialista, un plan nacional de accesibilidad que contemplaría actuaciones de carácter más general, pero en ese plan
de accesibilidad, que iría de 2004 a 2012, se recuerda el papel importante del plan de accesibilidad de playas, que sería una parte. Es curioso que el portavoz del Grupo Socialista diga que el Partido Popular no tiene sensibilidad o que se preocupó
poco de la accesibilidad cuando en fecha uno de marzo de 2005 se rechazó una proposición no de ley de nuestro grupo en la que se proponía que se aprobara un plan de accesibilidad turística 2005-2012, dando participación en su elaboración, impulso y
aplicación a todos los agentes y administraciones implicadas y a las organizaciones representativas de personas con discapacidad.
Dicho esto, señor director general, y reiterando que nos gratifica que se estén realizando actuaciones, a pesar de que no sea con la agilidad que estaba contemplada en ese plan de actuación turística de eliminación de barreras, quiero
preguntarle para cuándo el segundo plan de accesibilidad turística. Ha hablado usted de ello, pero no sé hasta qué punto es efectiva la relación con los colectivos de discapacitados, y me gustaría que usted nos concretara de alguna forma cuáles son
las actuaciones que están llevando a cabo en colaboración con las distintas agrupaciones de la discapacidad. Por otra parte, si el Ministerio de Medio Ambiente, concretamente la Dirección General de Costas, que es la que actúa en el litoral, tiene
elaborados protocolos de actuación para que, en la recuperación medioambiental del litoral, contemplen la accesibilidad plena y posibiliten que las personas con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad a los beneficios que supone el
turismo de playas.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular, tiene la palabra el señor director general de Costas.
El señor DIRECTOR GENERAL DE COSTAS (Fernández Pérez): Efectivamente, cualquier actuación de mejora de la accesibilidad a la costa tiene una repercusión importante sobre el sector turístico. No hay que olvidar que una cuota importante de
nuestros visitantes turísticos son personas que tienen algún tipo de discapacidad, sobre todo porque son personas mayores; evidentemente, todo este tipo de actuaciones tienen una repercusión importante en el sector turístico.
A mí me gustaría señalar, en relación con el tema de la accesibilidad, que para el Gobierno la accesibilidad a la costa es una necesidad, es uno de los ejes principales de actuaciones del programa de inversiones de la Dirección General de
Costas, pero de la accesibilidad en general, para todas las personas, no solamente para mejorar la accesibilidad de las personas discapacitadas. Lamentablemente, las condiciones de urbanización del litoral español no ofrecen una garantía de acceso
y de tránsito público a lo largo de la costa para las personas, caminando, sin medios automotrices. Por eso uno de nuestros tres ejes principales de actuación es el programa de dotaciones para el acceso y uso público de la costa. La costa española
tiene un problema físico, un problema importante de accesibilidad, de tránsito a lo largo del litoral, por su orografía complicada y difícil, y también porque la privatización que se ha producido en muchas zonas urbanizadas impide de facto el libre
acceso y el disfrute público de la costa. Con este programa, a través de las operaciones de transformación, de remodelación de las fachadas marítimas urbanas, pretendemos que esa franja de contacto entre las poblaciones, entre las zonas urbanizadas
y el mar, tengan un colchón, tengan una franja libre por la que se pueda transitar, que sea una zona que esté libre de vehículos y donde solamente circulen las personas.
Esto no es fácil puesto que teníamos, todavía tenemos, lamentablemente, una buena parte de nuestras zonas urbanas con una configuración que de facto limita mucho la libre accesibilidad pública al litoral. También tenemos otro programa ya
destinado a las áreas no urbanizadas, las áreas no urbanas; lo tenemos a través del programa de senderos litorales e itinerarios naturales a lo largo de la costa. Estos senderos litorales irán unidos a la red de itinerarios naturales y vías verdes
que el Gobierno está desarrollando en todo el territorio, utilizando fundamentalmente las vías pecuarias, las antiguas vías de ferro-carril hoy abandonadas y por supuesto todos los cauces fluviales, de tal forma que exista una malla, una red de
tránsito a lo largo de todo el país que, al desarrollarse sobre zonas fundamentalmente planas o de poca pendiente, también va a incorporar la plena accesibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad. Esta red de itinerarios naturales y
vías verdes va a tener también su traducción en un circuito, en una especie de itinerario perimetral a lo largo del país, de tal forma que también a lo largo de toda la costa los ciudadanos puedan disfrutar del mar circulando sin necesidad de
utilizar ningún tipo de vehículo. Por eso tenemos este programa en áreas tanto no urbanizadas como en áreas urbanas. Esto es de accesibilidad general para todas las personas, porque teníamos
una dificultad, una cierta privatización de hecho, en la costa española, y por eso este Gobierno está trabajando de manera muy decidida para abrir el litoral al disfrute y al uso de todos, de todos los ciudadanos y de todas las personas, de
todas las criaturas, porque realmente esto no es un tema reservado solamente a los nacionales, sino a todas las personas que vienen a disfrutar de la costa, porque para eso es de todos, es un bien de dominio público y eso significa que es de todas
las criaturas.
En este programa, en las zonas urbanas, en las zonas urbanizadas, y en nuestros proyectos vamos a incorporar, estamos ya incorporando, todos los dispositivos para que las personas discapacitadas tengan plena accesibilidad y plena
funcionalidad, de tal forma que las áreas de aparcamiento tengan una adecuada conexión con las zonas de paseos marítimos, con las franjas libres junto al mar, que haya plena habilitación del acceso a la arena, a las zonas de playa y a las zonas de
baño y que esté resuelto de manera adecuada la circulación, el disfrute y el tránsito a lo largo de la costa. Esto, que en áreas urbanas es una exigencia, y así se está haciendo por el procedimiento que sea, incluso con elementos de movilidad
vertical, como pueden ser ascensores en casos en que sea necesario por la orografía, también lo estamos extendiendo a las áreas no urbanas, a los senderos y a los itinerarios litorales naturales. Es más complicado hacerlo plenamente accesible al
cien por cien, porque una buena parte de nuestro litoral es acantilado, es muy abrupto, y no siempre es sencillo resolver esto, pero desde luego, en aquellas áreas, en aquellos puntos singulares en los que exista una buena accesibilidad a través de
vehículos o en aquellas zonas que estén más conectadas con las áreas urbanas, sí que nos estamos preocupando de incorporar a todos nuestros proyectos los elementos necesarios para asegurar la plena accesibilidad a las personas con algún tipo de
discapacidad.
Respondiendo al planteamiento de los representantes de ambos grupos, a partir de ahora, aunque ya no se singularicen en nuestro programa de inversiones, las actuaciones que contemplen la plena accesibilidad para discapacitados estarán ya
incorporadas en cualquier proyecto. Por eso no es necesario un segundo plan, en nuestra opinión, de accesibilidad turística, como decía el representante del Grupo Popular, puesto que ya está incorporado. Exactamente igual que en su momento fueron
una novedad los temas de seguridad y salud en cualquier actuación y ya forman parte indisoluble de cualquier proyecto, lo mismo ocurre ahora mismo con los proyectos y con las actuaciones que desarrollamos de remodelación de las fachadas urbanas o de
senderos litorales. No habrá ningún proyecto nuestro que no lleve esas determinaciones, que ya se incluyen en los pliegos de condiciones, con lo cual esto ya va a ser una actuación absolutamente normal. Seguimos manteniendo, por supuesto, una
relación con las asociaciones de discapacitados, fundamentalmente con la Cermi, con la que tenemos contactos a alto nivel en la dirección general, pero también y sobre todo tenemos contactos locales a la hora de elaborar cualquier proyecto con las
asociaciones locales de discapacitados, y ellos son precisamente los que nos ayudan a seleccionar las prioridades y nos indican los lugares donde hay que resolver algún problema, donde hay que hacer alguna actuación especial. Desde luego, más allá
del mero trámite de información pública que cualquier proyecto nuestro tiene, cuando planteamos este tipo de actuaciones en estos ámbitos directamente contamos con la colaboración y el asesoramiento de las asociaciones locales de discapacitados para
atender en lo posible sus requerimientos.
¿Qué protocolos tenemos para garantizar una accesibilidad plena a las playas? Pues el protocolo ya es interno. La mejor manera de protocolizar actuaciones de este tipo es precisamente interiorizarlas en el procedimiento habitual de
aprobación y de gestión de nuestros proyectos.
Exactamente igual que no hay ningún protocolo especial para contemplar determinadas cosas que ya vienen en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en la normativa de elaboración de proyectos, en
este momento tenemos ya un protocolo interno dentro del mecanismo normal de aprobación de cualquier proyecto de inversión o de aprobación técnica o definitiva de cualquier proyecto; ya hemos incorporado en el análisis y el chequeo interno de
nuestros sistemas de control interno de proyectos que se contemplen este tipo de actuaciones en la medida de lo posible, con lo cual la garantía ya está introducida dentro de nuestro mecanismo de funcionamiento interno. Con esto he intentado
satisfacer las preguntas y las demandas de los dos grupos que han intervenido en el sentido de que tengan claro que ya en estos momentos estamos desarrollando actuaciones que llevan ya incorporado este sistema, sin perjuicio de que todavía tenemos,
como digo, un programa que está en el orden de 11.500.000 euros de actuaciones específicas que contemplan la accesibilidad para discapacitados dentro de las actuaciones puntuales de accesibilidad.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor director general por su comparecencia y por la información que nos ha suministrado.
Suspendemos la sesión durante dos minutos. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD QUE SE IMPONEN A LOS CONDUCTORES CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000710).
El señor PRESIDENTE: Seguidamente vamos a iniciar el debate de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día, si bien las votaciones sobre las mismas se efectuarán a partir de las 13:30 horas.
En
primer lugar tenemos la proposición no de ley sobre la eliminación de los límites de velocidad que se imponen a los conductores con discapacidad.
En defensa de esta proposición tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Hoy nos trae aquí una proposición no de ley con la que pretendemos que se haga justicia a un sector de la sociedad española que tiene dificultades, que va superando pero que no quiere que queden marcadas y queden
siempre como un lastre. Se trata del caso de los conductores discapacitados. Fue un logro, hace ya treinta y tantos años, que debido a las nuevas técnicas, a la nueva mecánica de aplicación en los automóviles pudiesen conducir sus propios
automóviles. Esto les permitió tener una cierta autonomía, una cierta independencia y gracias a poder conducir sus propios automóviles volver a ser ciudadanos de primera categoría en el sentido de ser independientes. Por ejemplo, el que les habla,
si no pudiera conducir, no podría estar cada día aquí en el trabajo, en el Congreso, con el resto de los ciudadanos. Con esto quiero decir que para las personas con discapacidad física conducir da la autonomía que muchas veces es necesaria para
compensar la discapacidad.
Tiene un inconveniente esto del carné en el caso de los discapacitados, y por eso traemos hoy esta proposición no de ley que responde a una inquietud que tienen los discapacitados conductores, y es que cuando se estableció la posibilidad de
conducir para las personas con discapacidad se hizo a través de unos mecanismos que se instalaban en los vehículos -estamos hablando de hace más de treinta años-, unos mecanismos muy rudimentarios, muy primarios, que se requerían para el tipo de
vehículo que entonces estaba en vigor, mecanismos rudimentarios, costosos de manejar, incómodos, que por lo tanto requerían una atención especial añadida a la atención que requiere conducir. Por ello se estableció entonces, en las primeras etapas
de esta situación, un límite de velocidad porque se entendía que conducir con esos mecanismos requería una atención especial. La técnica, afortunadamente, avanza, la mecánica y las características de los vehículos han mejorado, por lo que han
mejorado también las técnicas de adaptación de vehículos para conducir.
Hoy en día conducir un vehículo de cambio automático es algo frecuente para cualquier conductor, lo que simplifica una de las funciones más importantes, que es la del embrague,
para personas que tienen que conducir con las manos. También la electrónica ha permitido que se hayan mejorado los mecanismos, de manera que con muy poca atención y muy poca ocupación, añadida se puede conducir con las mismas características que el
resto de los conductores.
El problema del límite de velocidad es que cuando estaba establecido y no había un límite de velocidad en las carreteras españolas, como ya ocurre de hecho, era subjetivo, podía estar a discreción de la persona que multaba, pero lo que
quiero hacer ver para entender esta situación es que si una persona conduce a 150 por hora y le detiene la policía y le multa, le multa de 120 a 150, es decir, por 30 kilómetros de exceso, pero si detienen a una persona con discapacidad hoy en día,
con los mecanismos que existen, con las posibilidades de conducir que hay, si conduce a 150 kilómetros -que les aseguro que puede conducir con la misma seguridad si ha hecho los mismos exámenes y las mismas pruebas-, la multa es de 70 a 150, es
decir, una multa mucho más grave y con peores consecuencias para las personas con discapacidad física, para quienes el coche es casi un elemento imprescindible para desenvolverse.
He querido hacerles esta exposición para que se entienda el porqué de la solicitud de que establezcamos unos criterios homogéneos para todos. Si a la hora de hacer exámenes de conducción las jefaturas de Tráfico exigen a las personas
discapacitadas con movilidad reducida las mismas características, las mismas condiciones y los mismos resultados en el examen, no entiendo por qué no se les puede conceder las mismas características en el carné de conducir. Entiendo que hay
situaciones que todavía, a pesar de la técnica y de los avances de la electrónica, requieren una atención especial, requieren una limitación porque se dan características muy específicas, pero no se puede tratar a todos por el mismo rasero y que
genéricamente cualquier discapacitado tenga un límite de velocidad, por lo que les decía. Por ello supongo que entenderán el sentido que tiene esta proposición no de ley. Se trata, insisto, de hacer justicia para este colectivo de personas con
discapacidad, para quienes el vehículo propio es uno de los medios de transporte más utilizado. Así que espero que entiendan la situación y que estén todos de acuerdo en esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: En primer lugar quiero hacer constar nuestra actitud favorable a la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, en el sentido de que consideramos que es conveniente hacer un estudio más individualizado de
los casos para establecer limitaciones de velocidad. No obstante, voy a razonar nuestra enmienda.
La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como una desventaja que presenta una persona a la hora de participar en igualdad de condiciones en la vida social y económica y de su comunidad y que son debidas a sus déficit
personales pero también, y sobre todo, a los obstáculos y condiciones limitativas de la propia sociedad, y en ese sentido entendemos lo que plantea la proposición no de ley del Grupo Popular. Esto conlleva la necesidad de que las políticas de
igualdad de oportunidades incorporen medidas que incidan simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones sociales. La propuesta presentada incide en
esta línea, toda vez que las nuevas tecnologías utilizadas en la automoción y en las adaptaciones de vehículos hacen más posible la equiparación a los efectos de eliminar los límites de velocidad que se imponen de manera genérica a las
personas con discapacidad. No obstante, y en consonancia con lo expuesto, hay que recordar que, conforme a la Ley de 2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas con discapacidad, el principio de
accesibilidad universal presupone la estrategia de diseños para todos, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deben realizarse conforme a su artículo 2. Esto conlleva que las políticas de igualdad de oportunidades incorporen
medidas que actúen simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones sociales. La propuesta presentada incide en esta línea toda vez que las nuevas tecnologías utilizadas, como comentaba antes, ya favorecen esta posibilidad.
También el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, el Cermi, se ha posicionado y se ha manifestado ante los distintos grupos parlamentarios en el sentido de que en la instauración del carné por puntos se garantice la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, reclamando en concreto que cualquier restricción, especialmente en lo referido a los límites de velocidad, que se imponga a los conductores por causa de su discapacidad esté suficiente y
objetivamente justificada. En este sentido, nosotros entendemos que la proposición no de ley va en la línea de conseguir esos objetivos.
Creemos también razonable y de gran interés que, aunque no es objeto de esta proposición no de ley, también se promuevan en el ámbito de la Unión Europea -y es un tema que habrá que estudiar también desde esta Comisión- los estudios e
investigaciones necesarios para establecer un marco normativo europeo claro -hay que trasponer alguna normativa en esa materia- y de forma que se actualice y que no se discriminen exclusiones y restricciones a la conducción por razón de enfermedad,
discapacidad o edad avanzada. En este sentido, estar en el contexto de la Unión Europea es muy importante puesto que no tendría sentido que vayamos modificando la normativa de manera individual los distintos países que configuramos el marco de la
Unión Europea. No obstante, nuestra enmienda va en el sentido de eliminar alguna terminología que aparece en la parte dispositiva de la proposición no de ley porque hace alusión a disposición genérica. En ese sentido, nosotros creemos que hay que
eliminarla porque los anexos que tienen que ver con la norma que regula esta limitación de velocidad solamente hacen alusión específica en esta materia a las personas que tienen una visión reducida, visión monocular, y entonces no es genérico, por
lo que quizá habría que corregir la redacción, pero en ese sentido exclusivamente. Por lo tanto, nosotros hablaríamos más de instar al Gobierno a adoptar las medidas y modificaciones normativas con el fin de que las limitaciones de velocidad para
la conducción de vehículos automóviles impuesta por razón de discapacidad no se apliquen con carácter general y automático, sino que cualquier decisión restrictiva venga fundamentada en un examen individual. Consideramos que eso es imprescindible
porque hoy día no ocurre; de hecho, hay criterios que en teoría tendrían que ser subjetivos porque la norma así lo dictamina, pero en su aplicación no es así, por lo que habrá que adoptar medidas para que en la práctica sea así. Y para que eso sea
efectivo, tanto lo que se contempla en su proposición no de ley como nosotros en nuestra enmienda, es fundamental que el Gobierno consulte con las organizaciones más representativas de las personas con discapacidad. De hecho, me consta que la
Dirección General de Tráfico ha mantenido recientemente algunas reuniones con colectivos de personas con discapacidad para estudiar este tema. Porque todos sabemos, y en particular las personas con discapacidad, que una cosa es la teoría y la norma
y que después en la aplicación de la norma, cuando no se conoce exactamente cuál es la problemática del sector, porque es difícil conocer a fondo las dificultades con que se encuentran las personas con discapacidad en este tema como en otros muchos,
la participación de estas personas es decisiva. Por lo tanto, en el fondo estamos totalmente de acuerdo y sólo sugerimos la corrección que les he explicado.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de fijación de posición. Por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Voy a ser breve para posicionarnos en esta iniciativa, a la que adelanto que nuestro grupo parlamentario va a dar su apoyo, y también para argumentar que el planteamiento que realiza en este caso el Grupo Popular
coincide con algunas de las enmiendas que nuestro grupo planteó en la discusión de la Ley del carné por puntos y que no prosperaron en aquel momento supongo que porque no conseguimos convencer al resto de los grupos, pero había alguna enmienda que
planteaba cuestiones muy concretas tanto del sector en este caso de las autoescuelas como del colectivo de personas con problemas de discapacidad.
El reflejo de que todavía sucedan estas cosas que llevan a que nos encontremos con la situación planteada en esta iniciativa es que hay un desfase bastante importante entre el avance y la evolución en la tecnología del sector automovilístico
y de aquellos elementos que están ayudando en la vida diaria de personas con discapacidad y que en estos momentos se acoplan y se adaptan a los automóviles, y hay un desconocimiento enorme de que en la práctica no hay ninguna diferencia en la
mayoría de las casuísticas, desde las poco graves a una disminución muy importante, en cuanto a la seguridad, a las garantías, etcétera, para el colectivo que utiliza el automóvil. Es más, como también se argumenta y es cierto porque lo
comprobamos, no hay estadística que apunte
a que haya un mayor nivel de accidentalidad o mortalidad del colectivo con discapacidad. Por tanto, creemos que simple y llanamente la normativa no está adaptada a la realidad.
Otro elemento que ya adelantamos (no es el caso que nos ocupa ahora pero está muy relacionado y nuestro grupo parlamentario está trabajando sobre esta iniciativa) es la dificultad con que se encuentran las personas con ciertos niveles de
discapacidad que inician el proceso de tramitación del carné de conducir porque casi ningún vehículo está adaptado para realizar las prácticas, llevándolas a que en ocasiones tienen que asumir los costes -usted debe conocer esta situación- de
adaptación del vehículo.
(Rumores.) Nos parece que esto rompe cualquier principio de igualdad respecto a las personas con discapacidad y adelantamos que estamos trabajando sobre esta iniciativa para que haya una normativa que permita que todas las
autoescuelas tengan vehículos adaptados.
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que si quieren conversar salgan de la sala.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Gracias, señor presidente. Estaba terminando pero se me hacía un poco difícil mantener la atención.
Adelantaba esta iniciativa que tiene que ver con lo que estamos hoy tratando en la propuesta que nos ha traído el Grupo Popular. Por eso nuestro voto será favorable y creemos que ha sido una iniciativa muy oportuna.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Nuestro grupo va a votar favorablemente a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Queremos recordar que el pasado mes de septiembre presentamos una proposición no de ley ante la Comisión de Seguridad
Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico en el mismo sentido. Partimos de la consideración de que esta limitación de velocidad que se introduce para las personas con discapacidad supone, de hecho, un trato desigual que a nuestro entender no está
justificado.
Compartimos los argumentos de fondo que han expresado los portavoces que hasta ahora han intervenido. Queremos poner en evidencia que las personas con discapacidad se someten al mismo examen para obtener el permiso de conducir, que
incluso a veces existen pruebas más exhaustivas y, como ha recordado el señor Vañó, hoy los coches adaptados para personas con discapacidad contienen los elementos técnicos necesarios que pueden permitir que la conducción no sea peligrosa. En este
sentido, una limitación de velocidad específica para las personas con discapacidad -insisto- constituye un trato desigual por razón de discapacidad. Además, la oportunidad de la iniciativa que ahora estamos debatiendo está en función de la
perspectiva de la próxima elaboración del reglamento de conducción adaptado a la nueva Ley de tráfico. El hecho de que el nuevo permiso por puntos y los mecanismos que articulan las infracciones, situándolas en función de los límites de velocidad
que tienen los conductores, puede suponer en la práctica una mayor penalización de las personas con discapacidad que infrinjan esa normativa. De ahí la necesidad y la oportunidad de esta iniciativa para evitar ese trato desigual. Por tanto, mi
grupo se alegra de esta iniciativa y espera que obtenga el apoyo unánime del conjunto de los grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: El señor Vañó tiene la palabra para determinar si acepta o rechaza la enmienda formulada.
El señor VAÑÓ FERRE: Permítanme felicitar al colectivo de la discapacidad porque creo que es un avance más, uno de los muchos que teníamos pendientes, y también a todos los grupos por su buena disposición. Yo he dicho siempre y mantengo
que esta Comisión es proclive al consenso y tiende al pacto y, por tanto, me alegra utilizarla como referencia para que se vea que en política no todo son diferencias. Algunas veces lamento alguna actuación por falta de generosidad, pero quiero
reconocer la buena disposición al acuerdo por parte de todos los grupos. En cualquier caso, la enmienda del Grupo Socialista se va a aceptar porque no desvirtúa lo que pretendemos y porque queremos que siga adelante. Sigamos avanzando para
eliminar estas barreras que muchas veces las circunstancias nos ponen, no solo las físicas, una de ellas podía ser esta y me alegro de que pueda ser eliminada, así que aceptaremos la enmienda.
-PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD AL CONTRAER MATRIMONIO CUANDO EL BENEFICIARIO TENGA REDUCIDA SU CAPACIDAD DE TRABAJO EN UN PORCENTAJE VALORADO EN UN GRADO DE INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA O GRAN INVALIDEZ. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001215.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley para el mantenimiento de la pensión de orfandad al contraer matrimonio cuando el beneficiario tenga reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de
incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez, presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para la defensa de esta proposición con la autoenmienda incorporada tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, Convergència i Unió se ha autoenmendado esta iniciativa para aprovechar la misma e intentar resolver luna cuestión
en el Real Decreto 1335/2005 que regula el nuevo régimen de diversas prestaciones de la Seguridad Social en relación con las pensiones de orfandad en el supuesto del matrimonio de sus beneficiarios.
Efectivamente, a finales del año pasado el Gobierno aprobó este real decreto que aborda muchísimas cuestiones, algunas de ellas reivindicadas por los colectivos de afectados en el campo de las prestaciones familiares de la Seguridad Social.
En ese real decreto se permitía que las personas que se casasen no perdiesen su pensión de orfandad. Nuestro grupo parlamentario había presentado esta iniciativa que reclamaba la continuidad en la percepción de la pensión de orfandad antes de la
aprobación del real decreto. Posteriormente en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, creo que a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, también debatimos una proposición no de ley en este mismo sentido. Nos parecía entonces que con
este real decreto esa vieja reivindicación de los colectivos de personas con discapacidad orientada a mantener un determinado nivel de protección social había quedado bien resuelta. No se justificaba que la boda de una persona con discapacidad le
hiciese perder esa protección social que se derivaba de su pensión de orfandad. Nos había pasado por alto que en el punto segundo de la disposición final sexta de ese real decreto se establecía explícitamente que para las personas que se habían
casado con anterioridad a la puesta en marcha de esa norma no les sería de aplicación esta nueva situación.
Por tanto, aquellos que se habían casado y que habían perdido su pensión de orfandad antes de ese real decreto no podían recuperarla.
Algunas personas afectadas nos hicieron llegar su indignación por esta situación.
No entendían por qué la Seguridad Social era tan cicatera y perdían la pensión que venían recibiendo por haberse casado antes de la entrada en vigor de esa norma.
Nos pareció que ese planteamiento que nos hacían llegar esos ciudadanos era más que razonable. No queríamos compartir esa visión cicatera de la Seguridad Social y no entendíamos a qué respondía.
Estábamos convencidos de que el número de personas
que se habían casado y que habían perdido su pensión de orfandad no era tan significativo como para justificar ese tratamiento tan cicatero, insisto. Y algunas personas afectadas anunciaban la apertura de la vía jurisdiccional para llevar a los
tribunales su petición de que su pensión de orfandad se pudiese recuperar. Aprovechando que en esta Comisión esta proposición no de ley iba a la cuestión de fondo, la pérdida de la pensión de orfandad en los supuestos de matrimonio, planteamos una
enmienda destinada a reclamar una modificación de la normativa para que quienes se habían casado antes de la entrada en vigor de la misma pudiesen recuperar su pensión. Este es el sentido de nuestra enmienda, que creo que tiene suficiente
justificación material de fondo para encontrar hoy el apoyo del conjunto de los grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Además de la ya defendida, existen dos enmiendas más formuladas a esta proposición no de ley. En primer lugar y para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor Campuzano, no sabe cómo le gustaría a mi grupo poder votar afirmativamente esta proposición no de ley en los términos que se plantean. Estamos de acuerdo en el fondo y efectivamente puede ser considerada una
injusticia, pero la realidad es más complicada en este caso ya que los condicionantes de tipo jurídico no favorecen su proposición. El principio de legalidad que nos hace más justos y que es la mejor garantía para todos los ciudadanos en ocasiones
puede convertirse en un inconveniente para algunas personas o colectivos, como ha ocurrido con este real decreto. He analizado el proceso reciente orientado a mejorar las condiciones normativas con un grado de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez y este proceso efectivamente ha llevado, tal como usted ha citado, a que en noviembre de 2005 se aprobase el Real Decreto 1335, que en su disposición final primera modifica el apartado uno del artículo 21 de la Orden del 13 de febrero de
1967 y expresamente establecía la extinción de la pensión de orfandad cuando el beneficiario contraía matrimonio en el caso de tener reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez. No cabe duda que se consiguió un logro con la aprobación del real decreto que eliminaba este obstáculo. En este momento ustedes plantean aplicar el carácter retroactivo a la norma a fin de que las personas que hayan contraído matrimonio
con fecha anterior puedan beneficiarse de las condiciones del mismo, pero a nuestro entender topamos con este principio de legalidad al que aludía. La retroactividad lamentablemente está rechazada por el Tribunal Constitucional en el sentido de que
la mejora en la protección social se condiciona en el tiempo restringiendo su aplicación retroactiva, toda vez que si no se ponderase dicho carácter se podría llegar a cuestionar por sus consecuencias nuestra capacidad de poder legislativo para
continuar potenciando progresivamente las prestaciones del sistema de la Seguridad Social o, lo que es lo mismo, equivaldría a condenar al mismo a permanecer congelado e inmutable en su formulación actual. Nosotros estamos de acuerdo en el fondo.
Mi grupo está empeñado en ser riguroso con el principio de legalidad y encontrar una solución.
Por eso hemos presentado una enmienda de sustitución, que nos gustaría que aceptase, que propone estudiar todas las posibilidades existentes manteniendo
el respeto y la coherencia con las normas y principios que rigen nuestro sistema de Seguridad Social y encontrar una vía legal para las personas que teniendo su capacidad de trabajo reducida en grado de incapacidad permanente absoluta o gran
invalidez hayan contraído matrimonio con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del citado real decreto. Por tanto, si estudiamos en un plazo de tiempo la vía jurídica que nos permita ser muy respetuosos con el principio de legalidad, que es
lo que se plantea en nuestra enmienda de sustitución, nosotros estaríamos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Nuestro grupo parlamentario ha presentado también una enmienda que tiene unas características bastante coincidentes con la presentada por el Grupo Socialista. Francamente nuestro grupo parlamentario, igual que
Convergència i Unió, se ha llevado una sorpresa con el Real Decreto de 2005, que considerábamos que resolvía el problema de compatibilizar la pensión de orfandad a las personas que contraían matrimonio, pero al comprobar que no era así nos han
surgido dudas importantes de por qué no se aplicaba el carácter retroactivo y, en todo caso, cuál era el fundamento -que sin duda lo hay-, cuáles eran los principios que rigen en este caso el sistema de Seguridad Social y que llevan a esta decisión,
y aunque no es un colectivo cuantitativamente importante, cualitativamente sí lo es, y el hecho es que se puede estar dando una situación no demasiado justa en relación con otras normas y prestaciones que se han podido ir determinando a lo largo de
los años y que seguramente han pasado a tener este carácter retroactivo. Si se basa en una razón jurídica nos podríamos poner de acuerdo y modificarla, pero si es económica quisiéramos saber el impacto que puede tener este cambio jurídico. Por eso
hemos presentado una enmienda no solo con la especificidad concreta que estamos tratando, sino con cualquier otra que se haya pedido dar en los años pasados. Por eso nuestra enmienda insta al Gobierno a que nos presente en un plazo relativamente
corto, cuatro meses, un estudio para evaluar el impacto económico sabiendo cuántas personas son las afectadas y cuántas prestaciones de la Seguridad Social en estos momentos pueden estar afectadas por este carácter no retroactivo en su aplicación,
porque al haberse abierto la caja de Pandora nos preocupa lo que puede haber en ella.
Adelanto que en caso de que nuestra enmienda no se recoja, mi grupo parlamentario hoy mismo va a hacer unas preguntas por escrito para tener la oportunidad de conocer igualmente estos datos y poder valorar exactamente de qué estamos
hablando. Por tanto, en principio la iniciativa de Convergència i Unió nos parece oportuna y acertada y si llegan a un acuerdo con el Grupo Socialista lógicamente vamos a votar su enmienda. También la hubiéramos votado en caso de no fuera así,
porque nos parece que faltan argumentos para poder negarnos a una evidencia como esta, pero celebraremos que lleguen a un acuerdo en ese sentido. En cuanto a nuestra propuesta de enmienda de sustitución, que creo que puede ser compatible, en caso
de que no sea aceptada la formularé por otra vía.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González López.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: Si algo caracteriza a esta Comisión de discapacidad, que usted tan dignamente preside, es la consecución del consenso y de manera muy frecuente la unanimidad en todas las propuestas que van en beneficio de las
personas con discapacidad. En reiteradas ocasiones en las que interviene algún miembro del Grupo Socialista utiliza una retórica antigua, clásica y muy repetida por los que todavía tienen el síndrome de oposición y que no dándose cuenta, por una
parte, de que están en el Gobierno y tienen que hacer propuestas y tener actitudes positivas y, por otra, de que esta es la Comisión en la que el objetivo prioritario de todos los grupos es trabajar positivamente aunando esfuerzos, energías,
actitudes positivas y flujos paralelos en beneficio de las personas con discapacidad, sería más propia de otra Comisión como la de Defensa o la de Interior.
Dicho esto, y siendo consecuente con mis palabras, el Grupo Parlamentario Popular al que represento está absolutamente de acuerdo con la proposición no de ley y con la autoenmienda del Grupo Catalán. Después de haber comentado con el
representante de este grupo que se pretende aunar las enmiendas de los distintos grupos, estamos totalmente de acuerdo en apoyar dicha proposición no de ley para que vaya en beneficio de las personas con discapacidad, en este caso personas huérfanas
con un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez para el trabajo que se verían agraviadas a su vez por un real decreto que les impide beneficiarse de esta situación si contrajeron matrimonio previamente al decreto. Al Grupo Popular
le gustaría que la propuesta del Grupo Catalán saliera adelante y desde el momento en que somos una Cámara legisladora podemos hacer la normativa adecuada para que no exista un agravio con este colectivo que contrajo matrimonio previo al real
decreto y, por tanto, consideramos que con una autoenmienda del Grupo Catalán podría resolverse el problema sin ninguna dificultad. Si es preciso pasar por una situación bastante frecuente en el terreno parlamentario, como es la proponer un estudio
que lo que hace es dilatar la consecución del objetivo, también lo apoyaremos, si bien consideramos que seríamos mucho más resolutivos y mucho más justos para con este colectivo siguiendo las tesis tanto del Grupo Parlamentario Catalán como el de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas formuladas a esta proposición no de ley tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Agradezco el apoyo que han manifestado los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. A la enmienda del Grupo Socialista mi grupo le añadiría como transaccional
una frase del siguiente tenor: Dicho estudio debería presentarse ante la Comisión no permanente de políticas integrales de la discapacidad antes del final del presente año. Nos parece que esa referencia sería necesaria justamente para evitar la
dilación en el tiempo y que ese estudio nos sirva para continuar insistiendo en la resolución de esta injusticia material.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo enmendante, a los efectos de la aceptación o rechazo del añadido por el señor Campuzano, tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señor Campuzano, estamos de acuerdo con esta enmienda.
-SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR LA CUOTA DE RESERVA DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente
161/001279.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley sobre la modificación de las sanciones por incumplimiento de la obligación de cubrir la cuota de reserva de empleo de personas con discapacidad.
Autor de la misma es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para su defensa así como de la autoenmienda también formulada tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Hemos convenido repetidas veces que las personas discapacitadas para que puedan integrarse plenamente en la sociedad es necesario que tengan acceso al mundo del trabajo. Hablaré por lo que conozco mínimamente, que es
Cataluña, donde solo el 28 por ciento de esas personas con discapacidad, aunque sea una cifra moderada, goza de un trabajo remunerado. En las discapacidades graves el resultado es todavía mucho peor. Ello ocurre porque no se cumple la ley que
obliga a las empresas a reservar el 2 por ciento de los puestos de trabajo; ocho de cada diez empresarios no cumplen. Son datos presentados por Fomento del Trabajo. Hace pocos días la prensa publicó un estudio elaborado por una empresa dedicada a
la prestación de servicios a empresarios a cargo de personas con discapacidad, a partir de una muestra de 400 empresas. El 80 por ciento de los empresarios que contratan esas personas mostraban su satisfacción con la excelencia de los trabajos de
estas personas. Sin embargo, existe un innegable incumplimiento por parte del empresariado de la Ley de integración de los discapacidades y esta es una aseveración producto de los datos de la Inspección de Trabajo del año 2005. Un ejemplo, 360
compañías de más de 50 trabajadores en Cataluña investigadas incumplían la ley y de ellas 180 seguían incumpliéndola aun cuando fueron requeridas por la inspección.
Las empresas investigadas que tuvieron la capacidad de corregir contrataron a 200 personas con discapacidad, que potencialmente representó que estas empresas investigadas fuesen capaces de corregir el tiro.
Sabemos que hoy día el marco legal vigente sancionador es francamente ridículo; estamos hablando de incumplimientos que conllevan puniciones máximas de 3.000 euros. Las medidas alternativas, la de donación, tal como se conoce, o la de
patrocinio, son un poco más elevadas, y hablamos de 1,5 del Iprem por cada trabajador no contratado; o bien el triple del Iprem si se hace a través de un centro especial de empleo por cada trabajador no contratado; por supuesto, todo ello suma más
que lo legislado como sanción. En consecuencia, los incumplimientos carecen de efecto disuasorio, puesto que es evidente que la penalización es francamente irrisoria. Incluso en la prensa un empresario manifestó que en su decisión de contratar
discapacitados había pesado básicamente su sensibilidad, su conciencia y que no se sentía presionado por la ley, lo cual muestra hasta qué punto estamos indefensos si francamente tenemos que quedar a expensas de las buenas voluntades; no sería este
el buen camino. Fíjense hasta qué punto estamos ante una situación absurda que las multas a los empresarios por permitir fumar en los recintos laborales pueden alcanzar la cifra de 10.000 euros, lo cual significa tres veces más, puesto que hoy por
hoy estamos hablando de multas por no contratar, por no cumplir la ley que mandata la contratación de personas discapacitadas que oscilan entre los 300 y los 3.000 euros, es decir más de tres veces. Al hilo justamente del tabaquismo hemos
introducido una enmienda que persigue justamente que el producto de las sanciones se destine a ampliar las subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo de la propia comunidad
autónoma en donde se haya infringido la ley. Esta ha sido una solución que se ha legislado respecto a las multas a los empresarios por permitir fumar en los centros laborales, es decir se destina este producto pecuniario a la erradicación del
tabaquismo, lo cual nos parece una buena solución y una ecuación a extrapolar.
Conscientes de que estamos inmersos en el trámite parlamentario de la nueva ley, la Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, no
deberíamos, en este caso mi grupo parlamentario, aceptar ninguna de las enmiendas y proponemos que se vote nuestra proposición no de ley. Fíjense en que en ella se insta a trasladar la infracción grave a la muy grave en la ley vigente, y
entendiendo que es una ley que tiene poco recorrido puesto que ya he mencionado que estamos inmersos en la tramitación de una nueva ley. ¿Por qué tenemos interés en que se apruebe nuestra demanda? Justamente porque durante el trámite legislativo
habrá que hacer la traslación de lo que hoy aprobamos, es decir reconocer que lo que está legislado en la actualidad, que es la infracción grave, ha resultado infructuosa. Si aprobamos hoy a título simbólico (hoy, y creo que tarde ciertamente) el
traslado de la categoría grave a la de muy grave, en el trámite de discusión de la nueva ley haremos el ejercicio de situar lo que es muy grave en la ley vigente en lo que debería ser grave en la nueva ley.
Nos gusta la enmienda del Grupo Popular pero, atendiendo al espíritu de esta Comisión, en donde evitamos siempre recurrir a votaciones y buscamos el consenso,
y puesto que lo que se demanda es la necesidad de aumentar la categoría de la infracción, esta decisión de aprobar nuestra proposición no de ley tal como está nos sitúa en el escenario de poder discutir la próxima ley con el objetivo de
colocar las sanciones y las infracciones en una categoría muy superior (entiendo que debía ser la grave, quizás no haría falta llegar a la muy grave) del nuevo texto legislativo, en cuyo trámite de discusión estamos. Ha quedado claro que no
aceptaremos ninguna enmienda y pediremos el voto favorable para nuestra proposición.
El señor PRESIDENTE: Además de la enmienda formulada por el propio grupo proponente y que ha defendido también, igual que la proposición no de ley, el señor Tardá, existen dos enmiendas más sobre las que ya ha manifestado el grupo
proponente su decisión de no aceptarlas. En cualquier caso los enmendantes tienen su derecho a la defensa, por lo tanto, en primer lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Más que a defender la enmienda voy a hacer una serie de reflexiones.
Cabe señalar en primer lugar que mi grupo comparte la necesidad y la preocupación de que exista un mayor cumplimiento de la cuota de reserva para los trabajadores con discapacidad, y de hecho llevamos una serie de mociones, de
interpelaciones, de iniciativas en los últimos meses. Hay pocas cosas que se puedan poner en cuestión, aunque en la vida todo se puede poner en cuestión; hay pocas cosas que puedan ser tan claritas como es la voluntad de este grupo en la toma de
medidas de políticas de empleo para la discapacidad y de políticas para la discapacidad en general, buena prueba de ello durante de esta legislatura es esta Comisión, que no existía en otras legislaturas y que ha sido voluntad de este grupo y de
Convergència. Mi amigo y compañero Carles Campuzano (así creo que podemos definirnos), siempre dice: Es que es una propuesta mía, pero le digo: Sí, señor Campuzano, es una propuesta suya, pero usted tiene los votos que tiene y necesita a un grupo
mayoritario como el mío para poder sacar adelante esas iniciativas, porque en otra legislatura, teniendo usted más votos que en esta, haciendo las mismas propuestas, no le salían. Por consiguiente, lo definitivo y lo importante es la voluntad de
este grupo mayoritario que decidió aceptar su propuesta y constituir esta Comisión.
Podríamos hablar del real decreto del 8 de abril, en el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva; podríamos hablar
del decreto del 4 de febrero y, así, de todas las iniciativas que se han ido tomando a lo largo de esta legislatura en esta dirección. Aprobamos una moción, todos los grupos parlamentarios, que en su punto 2 decía: Impulsar el seguimiento y
control del cumplimiento de la cuota de reserva del empleo -y leo textualmente-, así como de las denominadas medidas alternativas contempladas en la Ley 13/1982, del 7 de abril, de integración social de los minusválidos, mediante la aprobación de un
plan específico de seguimiento y la presentación de un informe anual ante la comisión no permanente sobre políticas Integrales de discapacidad sobre su nivel de desarrollo, así como la inclusión de este objetivo entre las prioridades anuales de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Esto lo aprobamos, señorías, en septiembre, y estamos en febrero; hemos de ser conscientes de que nuestras ganas de dar cumplimiento a la ley, de hacer que esto se cumpla, no pueden impedirnos estar con
una iniciativa sobre otra iniciativa que contradice a la que hemos aprobado. Si hemos aprobado que hay que hacer un informe y que ha de venir a esta Comisión y que ha de ser anual para que nos digan cómo se va cumpliendo, lo mínimo que podemos
hacer es dar tiempo para que el informe se haga y venga aquí. Además saben ustedes que tenemos ya en fase de enmiendas la Ley de infracción y sanciones en materia de igualdad de oportunidades; es ahí, señorías, donde vamos a debatir lo que la
moción nos plantea hoy. Repito que ya la ley contempla el tipo de infracción que estamos hoy discutiendo, y la tenemos en fase de enmiendas porque se ha ampliado el periodo de presentación de enmiendas. Qué sentido tiene hacer una proposición no
de ley aquí hoy para mandatar que se modifique una ley que está discutiéndose en el Congreso. Sería de sentido común que primero debatamos la ley, veamos cómo queda esa ley y luego, si no ha quedado a gusto de unos o de otros, podamos hacer una
iniciativa para modificarla.
La estamos debatiendo en este momento; puesto que no sabemos cómo va a quedar ni lo que propone el Gobierno, aunque la propia ley ya propone esa tipificación, lo razonable sería hacer hoy el debate que estamos haciendo
(porque siempre es bueno un debate ya que acerca posiciones y genera consensos, y eso es muy importante), diciendo cuál es nuestra posición y trasladar las iniciativas a esa ley que está en fase de enmiendas. Eso sería lo lógico y razonable, así
como retirar la enmienda del Grupo Socialista, la del Partido Popular y la iniciativa, dedicándonos todos a las enmiendas del proyecto de ley; si no es así, tendremos que optar por votar lo que reglamentariamente corresponda, que es los términos en
que podríamos debatir la iniciativa. Repito (yo les hago esta reflexión): tenemos el proyecto de ley que está en el Congreso en fase de enmiendas, por lo tanto se pueden introducir todas las enmiendas (es voluntad de este grupo, aquí tenemos las
ponentes de mi grupo y que están recogiendo este debate) y podríamos encontrarnos ahí, en el debate de la ley, en el tema de las enmiendas, y hoy hacer aquí simplemente el debate sin ninguna votación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, que también es enmendante en esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Bertrand de la Riera.
El señor BERTRAND DE LA RIERA: Quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a los diputados andaluces que hoy celebran su fiesta comunitaria. Aquí se encuentra con nosotros el señor Heredia, diputado que
tanto se mueve por esta Comisión, y no sé si alguno más; de todas formas mi felicitación a todos.
Una vez más llega a esta Comisión no permanente (siempre subrayo lo de no permanente) para las políticas integrales de la discapacidad el acceso de los minusválidos al sistema de empleo convencional; comisión no permanente a la que nunca ha
venido el ministro correspondiente, y eso que ya nos sabemos los cebos que tenemos que colocar para que se presente aquí con nosotros y nos hable de todas estas cosas tan bonitas que nos están contando siempre los del grupo mayoritario. Llega esta
vez una PNL de la mano del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por medio de su portavoz Juan Tardá i Coma, quien nos recuerda la Ley de Integración Social de los Minusválidos, conocida como Lismi, ley que en política de empleo establece como
objetivo principal el acceso de los minusválidos a la formación profesional y al sistema de empleo convencional, es decir al trabajo en el mercado abierto. Nos recuerda acertadamente esta PNL que la Lismi, en su artículo 38.1 dice que las empresas
públicas y privadas que empleen a un número de cincuenta o más trabajadores vendrán obligadas a que entre ellos al menos el 2 por ciento sean trabajadores minusválidos.
Recordemos además que el Plan estatal de promoción de la formación y empleo
2004-2008 (hay que fijarse en las fechas: 2004-2008) añade una premisa más: la reserva de un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubierto exclusivamente por discapacitados. Además un nuevo real decreto del Gobierno actual
exige un poco más, establece que si la reserva de este cupo no se cumple, este cupo no pasará el turno general, sino que se acumulará para la próxima convocatoria. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego, por favor, silencio.
El señor BERTRAND DE LA RIERA: Hay supuestos de excepcionalidad para esta ley, hay también medidas alternativas o sustitutorias para su cumplimiento e importantes ayudas económicas para los empresarios que contraten a este tipo de
trabajadores. Aun contando con todas estas facilidades, el informe 2004 del Observatorio de la acción social de la empresa en España, elaborado por la Fundación Empresa y Sociedad, revela el estancamiento que existe en contratación de personas con
discapacidad, hasta el punto de situar a España en el penúltimo lugar de los veinticinco países de la Unión Europea. De las 127 empresas estudiadas en el informe solo 15 cuentan con una media de 3,23 trabajadores discapacitados; el resto de las
empresas solo ha incorporado a una media de un vergonzoso 0,58 por ciento. Por esta razón y para conseguir el cumplimiento de la cuota, nuestro grupo trajo a Comisión el 29 de noviembre una PNL en la que proponíamos entre otras medidas que se debe
instar a la Inspección de Trabajo para realizar el seguimiento de la reserva del 2 por ciento para personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores, y terminábamos diciendo: aplicando las sanciones oportunas en caso de incumplimiento
(recalco la frase: aplicando las sanciones oportunas en caso de incumplimiento). En una segunda proposición señalábamos la necesaria realización de un censo de empresas que cumplan con la cuota del 2 por ciento o en su caso con las medidas
alternativas. Esta segunda iniciativa sin duda es algo más que la enmienda que un día presentó CiU y fue aprobada por todos los grupos. En ella se obtuvo un compromiso del Gobierno por el cual se impulsará el seguimiento y el control del
cumplimiento de la cuota, o bien las medidas alternativas, es decir, en palabras llanas, apenas nada. Esta segunda iniciativa la consideramos muy interesante e imprescindible para el correcto desarrollo de la primera, pues en buena lógica no
podemos controlar aquello que no conocemos. Conviene reseñar para completar el alcance de esta segunda medida lo que bien dijo el director de Iberia en la mañana de trabajo del 22 de noviembre de 2005 sobre empresa y sociedad: No conocemos hoy los
datos sobre la realidad que estamos estudiando, unos dicen que cumplimos con el 2 por ciento y otros que estamos muy lejos de alcanzarlo. Recordemos que nuestra propuesta fue aceptada, aquella propuesta fue expuesta, pero el resto sufrió lo que
podemos llamar un revoltijo dialéctico por el Grupo Socialista.
Pues bien, después de nuestra propuesta viene la de hoy de Esquerra Republicana como continuación a la anterior, pero más exigente sin duda, porque aquello que está tipificado como falta grave quiere que sea tipificado como falta muy grave,
lo que significa unas sanciones. Este razonamiento está lleno de lógica. Como muy bien dijo el señor Tardá, la escasa cuantía de la sanción de la infracción grave de 500.000 pesetas ocasiona que muchas veces las empresas prefieran pagar la
sanción, eludiendo el cumplimiento de la ley. Así ponen un ejemplo: si la empresa opta por la medida alternativa de realizar una donación, su importe alcanzaría 1,5 veces el Iprem por cada trabajador dejado de contar, importe que es muy superior a
la sanción prevista por incumplimiento. Es correcto y estamos de acuerdo. Termina el razonamiento enunciando o, mejor, recordando que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, aprobó el 13 de enero de este año el proyecto de
Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, un proyecto de ley en cuyo borrador ha participado el Cermi y del cual dijo: Es una ley esperada, bien recibida y que habrá que ver en su detalle final. Pues bien, si también
nosotros entramos en ese detalle final, nos encontramos con que la norma considera infracciones administrativas la vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades y para aquellas medidas de acción positiva impone una penalidad, sobre todo si
extrae beneficios económicos.
Entramos en la discusión de nuestra enmienda. Creíamos más oportuno y más rápido recoger la acertada PNL del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y Esquerra Republicana en este nuevo proyecto de ley y no en el que está en extinción y,
simultáneamente, añadir la imperiosa necesidad de realizar el censo de empresas que no cumplen con la cuota del 2 por ciento. Llegado
este punto, pese a nuestra enmienda (magnífica enmienda como la considera el Grupo de Esquerra Republicana, pero, en fin, que no se atreve a votar para no disgustar a sus socios en el Gobierno) nosotros votaremos a favor de su PNL, pero
queremos dejar constancia de la segunda parte de nuestra enmienda (la dejamos como fija), que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un censo de empresas que cumplan con la cuota del 2 por ciento o, en su caso, de las
medidas alternativas. No se puede penalizar a empresas si no las conocemos; por lo tanto, vemos muy necesario que ese censo de empresas aparezca.
Quisiera terminar aclarando que es muy necesario que los empresarios se den cuenta de que empleando a discapacitados no solamente hacen una gran labor social, quizá la política social más valorada por la opinión pública, sino que también
hacen una inversión rentable a medio plazo; que hay empresas que no pudieron cumplir y siguen sin cumplir con las cuotas obligadas, y debido a este incumplimiento nacieron los centros especiales de empleo. Destacamos que la compra a los centros
especiales de empleo ascendió en el año 2004 a la importante cifra de 600.000 euros, un 39 por ciento más que el año anterior, y que los profesionales del Servicio de Integración Laboral, el famoso SIL, encontraron un puesto de trabajo a 2.071
personas con discapacidad; el 73 por ciento de los empleados son centros especiales de empleo. Nos satisface que Ezquerra Republicana admita nuesta enmienda, de adición. Con todo, los responsables de estas asociaciones, de estos centros
especiales coinciden en que la integración social viene dada por la inserción laboral en empresas ordinarias, y no entiendo (es difícil de entender) cómo no cumplir la ley de esta cuota del 2 por ciento ha llegado a ser algo admisible socialmente y
ni siquiera se aprecia que los sindicatos lo demanden. Para terminar, para cumplir con más fuerza esta antigua obligación legal, el partido en el Gobierno durante la campaña electoral lanzó las siguientes ideas: proyecto Moncloa, 5 por ciento;
proyecto Parlamento, 5 por ciento; y contrato de inclusión, 9 por ciento. Esto deberíamos de dejarlo para un análisis posterior, y yo le pido al señor Heredia que tome buena nota para que nos explique con claridad cómo van estas cosas. Sin más,
muchas gracias a todos por su atención en este tema tan social y tan acuciante de la dignidad de las personas, porque en la mayoría de los casos, en el empleo o, mejor, en su forma de realizarlo, siguen discriminados.
El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida- Iniciativa per Catalunya-Verds, tiene la palabra la señora García Suárez.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Mi grupo parlamentario, además de fijar posición (lo haré un poquito más adelante en mi intervención), quisiera introducir también algunos elementos de reflexión en torno a una iniciativa y a un problema que quizás
no solo política sino profesionalmente considero, humildemente, que conozco un poco. Por eso he de decirle al Grupo de Esquerra Republicana que, aun viendo claramente la buena intención que sin duda han tenido en esta iniciativa, sinceramente mi
grupo no confía en este tipo de medidas para conseguir lo que en definitiva se plantea, que es que se cumpla una ley, la Lismi, que desde el año 1982 no ha sido nunca cumplida, y sobre la que quisiera dar un toque de atención. Aquí se ha hablado
mucho; aquí se ha hablado del incumplimiento de las empresas, que es cierto también; el incumplimiento de las empresas privadas es clarísimo. Se ha llegado a decir que incluso los sindicatos parecen haber tirado la toalla, porque tampoco plantean
grandes dilemas ni problemas en torno a este incumplimiento, pero lo que no he sentido todavía decir con claridad por ningún portavoz es que la Administración pública tampoco está cumpliendo esta ley; ni la ha cumplido ni la está cumpliendo, ni por
el Estado (de eso también hay datos) ni por las comunidades autónomas, ni por los ayuntamientos, ni por ninguna administración. Por tanto, la primera reflexión que nos tendríamos que hacer es cómo podemos plantear un avance en este sentido sin
predicar con el ejemplo desde los estamentos que han legislado y tienen en definitiva que marcar una línea, una pauta y una obligación.
Dicho esto, no vemos que esta iniciativa sea oportuna, aunque, seguro que cuando fue presentada lo era. Teniendo como tenemos ya la Ley de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, va a ser una oportunidad en parte
para una reflexión en profundidad del tema que estamos tocando y va a permitir quizás adecuar una ley que no ha funcionado en estos términos (la Lismi ha funcionado en otros aspectos, pero en todo caso no en lo relacionado con la integración en el
mundo laboral de las personas con discapacidad), aunque también, dicho sea de paso, hemos tenido suerte con las empresas del sector social que durante todos estos años han sido quienes han solucionado un problema tan importante como es el de la
integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral, no en las empresas ordinarias, sino en empresas protegidas. No correspondería ahora la discusión de esta proposición no de ley. Mi grupo parlamentario ha retirado en estos dos años,
como mínimo en dos ocasiones, personalmente puedo decirlo, en una situación similar iniciativas que estaban ya en proceso legislativo, pero evidentemente cada grupo parlamentario es muy libre de realizar lo que considere en cada momento.
Nuestras enmiendas, nuestra aportación a la futura ley no va a pasar tanto por poner énfasis en la clasificación, aunque parece que aquí está la solución, y esto es lo que realmente no compartimos. Personalmente no lo comparto, porque no
pasa por aquí la solución; no pasa tanto por un cambio de normativa en cuanto a grave o menos grave, una imputación económica más o menos importante. El tema es muchísimo más complicado que todo esto. Requiere evidentemente en primer lugar una
voluntad política que debe de empezar por las administraciones, cosa que no tenemos en estos momentos; requiere un cambio de cultura
y, por tanto, significa que la ley tiene que fomentar también este cambio real de cultura y de voluntad; requiere políticas de fomento de empleo, en este caso para las personas con discapacidad, y requiere algo que es la antítesis casi,
casi de lo que nos plantea en este caso el Grupo de Esquerra Republicana. Requiere medidas de estímulo positivo, es decir, de buenas prácticas; requiere precisamente que estimulemos y potenciemos a las empresas, una vez que la Administración
pública haya resuelto precisamente la falta en estos momentos de cumplimiento; requiere medidas de fomento de buenas prácticas en las empresas, y, por tanto, esta nueva ley tiene que recoger aspectos que hoy sabemos que funcionan y que posiblemente
en el año 1982 desconocíamos o sobre los que no teníamos esta información. Mi grupo parlamentario podría votar a favor como podría no votar, así de claro lo digo. Evidentemente, como siempre, con un sentido positivo, no vamos a poner ningún
impedimento si mayoritariamente avanza esta iniciativa y la vamos a votar, pero que quede claro que no es, creemos, el momento oportuno y no nos parece que la propuesta vaya a resolver un problema como el que estamos tratando.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señorías, mi grupo no va a entrar en el fondo del debate; simplemente anuncia su apoyo a esta iniciativa defendida por el señor Tardá, de Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Después de las intervenciones que se han producido, aun cuando ya ha manifestado anteriormente el señor Tardá la decisión de su grupo de rechazo de las enmiendas planteadas, ¿hay alguna modificación respecto a lo
planteado?
El señor TARDÁ I COMA: Pues no, señor presidente. Agradecemos el voto favorable de los grupos parlamentarios entendiendo que puede ser un buen pie para conseguir que en la nueva ley sea tipificada de otra manera la infracción.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones de las proposiciones no de ley que han sido debatidas.
El señor VAÑÓ FERRE: Señor presidente, ¿podríamos esperar un minuto?
El señor PRESIDENTE: Estamos ya dentro del horario previsto, pero en cualquier caso esperamos un minuto antes de iniciar las votaciones.
(Pausa.)
Vamos a dar comienzo a las votaciones. En primer lugar, proposición no de ley sobre la eliminación de los límites de velocidad que se imponen a los conductores con discapacidad, con la enmienda que se incorpora, planteada por el Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley para el mantenimiento de la pensión de orfandad al contraer matrimonio cuando el beneficiario tenga reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o de gran
invalidez, con la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, añadiendo el plazo que ha indicado el proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, es decir, por 32 votos a favor.
En tercer lugar, proposición no de ley sobre la modificación de las sanciones por incumplimiento de la obligación de cubrir la cuota de reserva de empleo de personas con discapacidad, de acuerdo con el contenido de la propia proposición no
de ley y la autoenmienda formulada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, habiendo sido tratado el orden del día, se levanta la sesión, si bien recuerdo a Mesa y portavoces que tenemos una reunión pendiente aquí mismo. Gracias.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.