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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 482, de 21/02/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 482
INTERIOR
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO
Sesión núm. 28
celebrada el martes, 21 de febrero de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
-Del señor Puig Cordón (Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre actuación de miembros de la Policía Nacional al prohibir a diversos ciudadanos repartir octavillas en la fase final de la Copa del Rey de Jóquey sobre patines,
celebrada en Reus (Tarragona) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/023396). (Número de expediente 181/001142.) ... (Página 3)
-Del señor Tardà i Coma (Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), sobre previsiones acerca de mantener activo el cuartel de la Guardia Civil situado en la calle Travessera de Gràcia de Barcelona o de transferirlo al Ayuntamiento o
a la Generalitat de Catalunya (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita númeo de expediente 184/023433). (Número de expediente 181/001140.) ... (Página 4)
De la señora Castro Masaveu (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Dotación médica existente en la prisión de Villabona (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/036649). (Número de expediente 181/001544.) ... (Página 5)
-Fecha prevista para el reforzamiento del sistema de detección perimetral en el centro penitenciario de Villabona (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/040619). (Número de
expediente 181/001576.) ... (Página 5)
-Fecha para la puesta en marcha de programas de tratamiento para agresores domésticos en la prisión de Villabona (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039328). (Número de expediente
181/001604.) ... (Página 5)
-Justificación de que en el comunicado emitido por la Guardia Civil de Sevilla se diga que el propietario de la fábrica de loza de San Claudio (Oviedo) había sido puesto a disposición judicial, habiéndose instruido diligencias por un
supuesto delito contra la propiedad intelectual (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/038420). (Número de expediente 181/001547.) ... (Página 6)
-Opinión del ministro del Interior acerca de la propuesta del director general de Tráfico de implantar un plan de vacaciones por regiones (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039251). (Número
de expediente 181/001553.) ... (Página 7)
-Medidas para evitar los robos que se vienen produciendo en las empresas ubicadas en el polígono industrial de Riaño (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045784). (Número de
expediente 181/001560.) ... (Página 7)
-Motivos por los que no fue incluida la construción de un cuartel de la Guardia Civil en Tapia de Casariego (Asturias) en el Plan decenal 2005-2014 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente
184/047276). (Número de expediente 181/001563.) ...
(Página 8)
-Constancia que tiene el Ministero del Interior de que se haya producido una disolución efectiva del Grapo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039354). (Número de expediente 181/001567.) ...
(Página 9)
-Existencia de una continuidad de personas en las campañas de extorsión de empresarios que se están produciendo en el Principado de Asturias por los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo) con las realizadas en al año
1998 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039356). (Número de expediente 181/001569.) ... (Página 9)
-Número de casos de extorsión por el Grapo en el principado de Asturias (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039357). (Número de expediente 181/001570.) ... (Página
9)
-Investigaciones que se están llevando a cabo en el Principado de Asturias sobre las extorsiones realizadas por el Grapo a empresarios asturianos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/039358).
(Número de expediente 181/001571.) ... (Página 9)
-Razones por las que sigue sin cubrirse la plaza encargada de estuperfacientes de la comisaría de Avilés (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/040790). (Número de expediente
181/001595.) ... (Página 11)
-Motivos por los que los mandos policiales que llevaron a cabo la investigación del 11-M han sido sustituidos por personas que carecen de formación en materia de la lucha contra el terrorismo islamista (procedente de la pregunta al Gobierno
con respuesta escrita número de expediente 184/040791). (Número de expediente 181/001596.) ... (Página 12)
Proposiciones no de ley
-En relación con el aumento de la delincuencia organizada en la provincia de Alicante. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000728.) ... (Página 13)
-Sobre riesgos sísmicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001237.) ... (Página 17)
-Sobre cooperación internacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001238.) ... (Página 19)
-Sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001314.) ... (Página 22)
-Sobre patrullas ciudadanas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001428.) ... (Página 25)
Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
-DEL SEÑOR PUIG CORDÓN (GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA (ERC), SOBRE ACTUACIÓN DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL AL PROHIBIR A DIVERSOS CIUDADANOS REPARTIR OCTAVILLAS EN LA FASE FINAL DE LA COPA DEL REY DE JÓQUEY SOBRE PATINES,
CELEBRADA EN REUS (TARRAGONA) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/023396). (Número de expediente 181/001142.)
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, sean bienvenidos a esta primera reunión de la Comisión de Interior tras el periodo de vacaciones ya tan lejano que ni nos acordamos.
Tenemos un orden del día compuesto de dos partes. En primer lugar, las preguntas que, conforme al artículo 190.2 del Reglamento proceden de aquellas que originariamente eran con respuesta escrita y que se contestan en la primera sesión de
la Comisión, de las cuales ha sido retirada la número 181/001142. Quedan todas las demás que figuran en el orden del día, aunque tengo constancia de que una serie de preguntas han sido o van a ser retiradas por el Grupo Parlamentario Popular. En
segundo lugar, hay cinco proposiciones no de ley: las números 161/000728, del Grupo Parlamentario Popular; 161/001237, del Grupo Parlamentario Socia-lista; 161/001238, del Grupo Parlamentario Socia-lista; 161/001314, del Grupo Popular, y
161/001428 del Grupo de Izquierda Unida. Por petición del grupo proponente, la número 1314, del Grupo Parlamentario Popular, se verá en último lugar.
Como el orden del día es amplio hemos acordado celebrar el debate agrupando un determinado número de preguntas, las números 1567, 1569, 1570 y 1571, que están relacionadas con el Grapo y las números 1576 y 1604, relativas al centro
penitenciario de Villabona. Con el fin de llevar a cabo el orden del día se acumularían en un mismo tiempo los turnos de pregunta, respuesta en su caso, réplica y dúplica. En cuanto a las proposiciones no de ley, estimo que su votación no la
haremos antes de la una de la tarde.
Por todo ello, iniciamos la tramitación del orden del día, en el bien entendido de que la pregunta 1142 supone una modificación del orden del día inicial. ¿Se acuerda la retirada de esta pregunta del orden del día? (Asentimiento.) ¿Quiere
en este momento el Grupo Parlamentario Popular retirar alguna de sus preguntas que figuran en el orden del día?
La señora CASTRO MASAVEU: Señora presidenta, quisiera manifestarle que hemos remitido un escrito al Ministerio del Interior y a esta Presidencia para comunicarle una serie de preguntas que se retiraban, así como la agrupación que se
solicitaba de otras. No sé si procede en este momento, creo que sí puesto que S. S. está ordenando el debate, pero quiero señalar que muchas de las preguntas tenían que venir a esta Comisión por ser la primera sesión que celebramos, tal como indica
el Reglamento cuando las preguntas no son respondidas en tiempo y en forma por parte del ministerio. Con independencia de que al director general de la Guardia Civil se le haya dado traslado de las contestaciones relativas a la Policía Nacional,
comprenderá, que no podamos mantener un debate con el director general de la Guardia Civil sobre temas que competen directamente al ministerio o a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Agradecemos que todas las preguntas hayan venido a
esta Comisión, pero no está aquí la persona adecuada para responder, por lo que solicitaríamos que, salvo aquella referente al cuartel de la Guardia Civil en Tapia de Casariego, que compete al director general de la Guardia Civil, el resto quedase
aplazado para la próxima sesión de la Comisión en la que debería de comparecer el cargo responsable del ministerio. Lo mismo solicitaríamos para aquellas dos relacionadas con la prisión de Villabona, porque parece ser que la semana que viene
comparecerá en esta Comisión la directora de Instituciones Penitenciarias. Rogaría que quedasen aplazadas dichas preguntas
para que se pudiese llevar a cabo el debate político que interesa a esta diputada y que corresponde a unas preguntas realizadas al Ministerio del Interior. Si la señora presidenta y la Mesa lo aceptan aplazaríamos todas las preguntas y le
formularíamos al director general de la Guardia Civil solo aquella relacionada con el cuartel de la Guardia Civil de Tapia de Casariego.
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, el criterio que S. S. plantea puede ser razonable pero no es reglamentario. Estamos en el trámite de preguntas escritas que no se han formulado o se han contestado fuera de tiempo y el Reglamento
prevé que se tienen que tramitar en la primera reunión que celebre la Comisión correspondiente. No se trata de preguntas objetivas a una determinada autoridad. Lo establece claramente el Reglamento, que no dice cuáles ni sobre qué materia, ni si
será el director general o el cargo del ministerio correspondiente quien responda. En teoría las preguntas van dirigidas al ministro, aunque también hacemos una práctica un poco flexible y son contestadas normalmente por los secretarios de Estado e
incluso por los directores generales. Sin embargo, en este caso estamos en un trámite un poco especial porque son unas preguntas que vienen arrastradas del período de sesiones anterior y el artículo 190.2 del Reglamento señala que se tramitarán
conforme a lo establecido en el apartado 3 del artículo 188, con la particularidad de que las primeras intervenciones serán por tiempo de diez minutos y las de réplica de cinco y podrán comparecer para responderlas los secretarios de Estado y los
subsecretarios. Usted conoce que el rango del director de la Guardia Civil es de subsecretario, por lo que procede el trámite de estas preguntas. Con independencia de que pueda volver a formular cuantas preguntas estime oportuno a otras
direcciones generales o al secretario de Estado de Seguridad, en este trámite tenemos que sustanciar todas las que han quedado pendientes y que figuran en el orden del día, salvo las que voluntariamente quiera retirar del actual orden del día. Creo
que no deberíamos darle más vueltas al Reglamento. En su momento podrá volver a formular cuantas preguntas estime conveniente, tanto al secretario de Estado como a los directores generales correspondientes, pero en este trámite vamos a seguir el
procedimiento establecido, se verán estas preguntas y serán respondidas, por tanto, por el director general en representación del Ministerio del Interior. No cabe otra interpretación del Reglamento.
La señora CASTRO MASAVEU: Señora presidenta, entiendo que no se admite el aplazamiento y que someten al director general de la Guardia Civil a un debate político, que le advierto por adelantado que va a ser muy duro, que no va con el
director general de la Guardia Civil, sino con el ministerio que no comparece hoy aquí para dar respuesta puntual a temas que preocupan -y mucho- a los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, no voy a entrar en el debate que S.
S. quiere hacer. Tiene unas preguntas que van a ser respondidas y cada uno dirá lo que le parezca bien, como es lógico, en todos los trámites parlamentarios en esta
Comisión y en este Parlamento.
-DEL SEÑOR TARDÀ I COMA (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ECR) SOBRE PREVISIONES ACERCA DE MANTENER ACTIVO EL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL SITUADO EN LA CALLE TRAVESSERA DE GRÀCIA DE BARCELONA O DE TRANSFERIRLO AL AYUNTAMIENTO O A
LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/023433). (Número de expediente 181/001140.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el orden del día.
Para formular la pregunta tiene la palabra la diputada señora Bonás, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La señora BONÁS PAHISA: Sea bienvenido a la Comisión, señor director de la Guardia Civil.
Voy a formularle una pregunta que interesa a muchos ciudadanos y ciudadanas de Barcelona que seguramente estarán pendientes de su respuesta, acerca de las previsiones de mantener activo el cuartel de la Guardia Civil de la Travessera de
Gràcia, situado en el centro de Barcelona. Nos gustaría saber si se prevé mantener su actividad y si va a ser transferido al ayuntamiento o a la Generalitat.
La señora PRESIDENTA: Señor director.
El señor DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): En relación con esta cuestión que interesa a S.S., debo informarle de que las previsiones de la Dirección General de la Guardia Civil son las de mantener operativo el acuartelamiento
situado en la calle Travesera de Gràcia que, como sabe, es la sede de la jefatura de la Zona de Barcelona, por lo que no en este momento no hay contemplado ninguna transferencia ni al Ayuntamiento de Barcelona ni a la Generalitat de Catalunya. No
tenemos otro plan que el mantener la sede de la jefatura de la Zona de Cataluña.
La señora PRESIDENTA: Señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Espero que no sea para siempre. Como S. S. sabe, no todo es para siempre. Confiamos en que se pueda revisar pronto esa decisión porque las esperanzas de la población son otras.
DE LA SEÑORA CASTRO MASAVEU (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE DOTACIÓN MÉDICA EXISTENTE EN LA PRISIÓN DE VILLABONA (ASTURIAS) (PROCEDENTE
DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/036649). (Número de expediente 181/001544.)
-FECHA PREVISTA PARA EL REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN PERIMETRAL EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE VILLABONA (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/040619). (Número de
expediente 181/001576.)
-FECHA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE TRATAMIENTO PARA AGRESORES DOMÉSTICOS EN LA PRISIÓN DE VILLABONA (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039328). (Número de expediente
181/001604.)
La señora PRESIDENTA: Para formular las preguntas que estime convenientes, de las que según el escrito que obra en mi poder el Grupo Parlamentario Popular mantiene vivas, tiene la palabra la señora Castro, por un tiempo de 10 minutos.
La señora CASTRO MASAVEU: Perdone, señora presidenta.
Yo he pasado una nota sobre las preguntas cuya agrupación admitimos. Es potestad de esta diputada decidir cuáles agrupa y cuáles no. Comprenderá S. S. que no voy a mezclar churras con merinas. No voy a mezclar la prisión de Villabona con
el cuartel de la Guardia Civil. Yo he solicitado agrupación de algunas de ellas y he tenido la deferencia de pasarle nota al ministerio y a esta Presidencia.
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora diputada.
¿Usted mantiene lo que dice el escrito? Como hemos tenido un previo debate sobre que no quería entrar en algunas de esas preguntas, no sé exactamente cuál es su voluntad. Si quiere mantener la agrupación de las preguntas en dos grupos
tiene la palabra.
La señora CASTRO MASAVEU: Creo que S. S. no se me ha escuchado. He dicho que en ese caso, desgraciadamente para mí sometería al director general de la Guardia Civil a un debate político del que no es responsable porque S. S. consideraba
que no debían ser aplazadas estas preguntas. Teniendo en cuenta que la primera hace referencia a la prisión de Villabona y que he solicitado su agrupamiento con la tercera y la decimoquinta, doy por formuladas las preguntas al señor director de la
Guardia Civil. Respecto a la pregunta sobre la dotación médica en la citada prisión, me doy por satisfecha con la respuesta obtenida.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): En cuanto a la primera pregunta, el reforzamiento del sistema de detección perimetral en el centro penitenciario de Villabona será atendido en función de las disponibilidades
presupuestarias y de la prioridad de las actuaciones a realizar, sin que por el momento se pueda concretar la fecha. El centro de Villabona, con toda seguridad, estará incluido próximamente entre aquellos programas en los que se realizará la
intervención, a que se refiere S.S., sin poder determinar todavía la fecha concreta.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para réplica la señora diputada.
La señora CASTRO MASAVEU: Señor director general de la Guardia Civil, por favor, interprete que en ésta, al igual que en sucesivas ocasiones, mis palabras no van dirigidas a usted sino a los responsables directos de las actuaciones a las
que me voy a referir.
La primera de las preguntas, efectivamente, estaba relacionada con la fecha prevista en la que se va a llevar a cabo el reforzamiento del sistema de detección perimetral en el centro penitenciario de Villabona y la segunda, sobre la fecha
para la puesta en marcha de programas de tratamiento para agresores domésticos en esta prisión. Las respuestas que me ha dado son exactamente las mismas que recibí, eso sí, fuera de plazo.
Tanto en el ministerio como la directora de Instituciones
Penitenciarias -y si no lo saben, deberían consultarlo-, deberían saber que hasta la llegada al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, Villabona era un centro modelo en el que se llevaban a cabo una serie de experiencias piloto en materia de
formación y talleres, con un rotundo éxito. Ahora han cambiado al director del centro, han destituido a quien obtuvo éxito en la gestión para manejar a su antojo la prisión, y no hay presupuesto para el reforzamiento del sistema de detección
perimetral ni voluntad de llevarla a cabo. Si para comparecer hoy aquí -quienes deberían de haber comparecido- hubieran recabado la información del centro penitenciario oportuno, sabrían que lo que yo les pido es una necesidad, pero ya sabemos que
las necesidades del Gobierno discurren por caminos diferentes de las necesidades de los ciudadanos.
Si vamos a la pregunta relacionada con los cursos de formación o programas de tratamiento para agresores domésticos, la contestación es una auténtica declaración de intenciones, pero en violencia doméstica, materia que estaban muy
interesados en combatir cuando eran oposición, deberían ir más allá de la mera redacción de una ley, que es lo único que han hecho. Es imprescindible realizar actuaciones concretas y en diversos frentes, no basta con que se estén llevando a cabo
esos programas
en algunas prisiones, pero no en todas. Sabemos que en el caso de Alicante se está llevando a cabo con muchísimo éxito la experiencia piloto que ha creado el Gobierno, pero no así en el centro penitenciario de Villabona.
Es necesario que
en todas las prisiones haya estos programas de tratamiento para los agresores domésticos, por una razón evidente y sencilla y es que las condenas se traducen en pocos años en prisión y que, si estos agresores no tienen la posibilidad de ser
reeducados para reinsertarse en la sociedad, lógicamente, volverán otra vez a cometer los mismos delitos y seguiremos estando en la misma situación. Los programas que se llevan a cabo en algunas prisiones están teniendo el máximo éxito y nosotros
querríamos que el hecho de que el ministerio considere que se deben implantar también en el centro de Villabona no fuese solamente una declaración de intenciones, sino que se pongan en marcha con la máxima urgencia para el bien de estos agresores.
Aunque hay sectores sociales, especialmente los grupos feministas, que consideran que el gasto que suponen estos programas no redunda en un beneficio adecuado, nosotros entendemos que sí puede ser beneficioso y nada mejor que ayudar a estas
gentes que han delinquido a que no vuelvan a cometer de nuevo estos actos que son socialmente rechazados por todos los españoles.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para réplica el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): Sus preguntas se referían concretamente a la fecha en que se iban a poner en marcha los programas y le he contestado que, sin duda, se van a poner los dos en marcha y que la
fecha concreta no está fijada. Creo que he respondido suficientemente a sus preguntas. Me preguntaba sobre las fechas, el resto son opiniones o comentarios aparte.
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el bloque siguiente de las preguntas, que son las números 1567, 1569, 1570 y 1571.
La señora CASTRO MASAVEU: La siguiente pregunta es la que figura en el orden del día en quinto lugar, sobre la justificación de que en el comunicado emitido por la Guardia Civil de Sevilla se diga, etcétera, que es la número 1547.
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, ¿cuál es el agrupamiento que hace de esta pregunta con otras?
La señora CASTRO MASAVEU: Señora presidenta, esta pregunta no se agrupa con ninguna porque es un tema monográfico.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
-JUSTIFICACIÓN DE QUE EN EL COMUNICADO EMITIDO POR LA GUARDIA CIVIL DE SEVILLA SE DIGA QUE EL PROPIETARIO DE LA FÁBRICA DE LOZA DE SAN CLAUDIO (OVIEDO) HABÍA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN JUDICIAL, HABIÉNDOSELE INSTRUIDO DILIGENCIAS POR UN
SUPUESTO DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/038420). (Número de expediente 181/001547.)
La señora PRESIDENTA: La Señora Castro tiene la palabra.
La señora CASTRO MASAVEU: El texto de la pregunta hace referencia a la justificación sobre un comunicado emitido por la Guardia Civil de Sevilla. El titular de la nota de prensa a la que se refiere esta pregunta decía: La Guardia Civil
descubre una fábrica de loza que falsificaba productos de La Cartuja. A continuación, en el comunicado se afirmaba que el empresario propietario de la fábrica de loza de San Claudio había sido puesto a disposición judicial, habiéndosele instruido
diligencias por un supuesto delito contra la propiedad industrial.
Quiero decirle que la pregunta no pretende exigir esponsabilidad a la Guardia Civil, ni muchísimo menos. Señor director general, en el papel que le han pasado, ¿cómo se justifica el texto?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): En relación con esta pregunta, se señala que su contenido en principio ya estaba contestado en la respuesta conjunta que se dio a las diversas cuestiones que interesaban a S.S.
respecto a la inspección realizada por la Guardia Civil en la fábrica de loza de San Claudio, en Oviedo, el 26 de junio de 2005. Entonces, por error, no se incluyó en la relación de referencias; no obstante, se extraen los párrafos de dicha
respuesta que contestaban a esta cuestión. Concretamente, decían: Por las unidades orgánicas de la Policía judicial de las comandancias de la Guardia Civil de Sevilla y Oviedo se instruyeron las correspondientes diligencias, que fueron entregadas
en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, imputándose un delito contra la propiedad industrial al director gerente de la fábrica de loza de San Claudio.
En cuanto al comunicado que realizó la Guardia Civil de Sevilla el 26 de junio de 2005, difundido por la oficina periférica de comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, se realizó previo conocimiento de la oficina de
prensa de la Delegación del Gobierno de Sevilla y sin ningún ánimo de daño a terceros, personas o instituciones.
La difusión de la información se llevó a cabo bajo los principios constitucionales
y en aras de la transparencia pública de las instituciones, en beneficio del ciudadano, como garante del derecho fundamental a recibir información sobre estos hechos, considerados de interés público.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora diputada.
La señora CASTRO MASAVEU: Señorías, los responsables políticos de Interior del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero han utilizado a la Guardia Civil para hacer política, y este hecho es muy grave. Afirman en la respuesta que la nota
de prensa se realizó previo conocimiento de la oficina de prensa de la Delegación del Gobierno de Sevilla y sin ánimo de daño a terceras personas. Yo más bien creo, conociéndoles, que la nota de prensa se redactó en la Delegación del Gobierno y que
su contenido revela muy malas intenciones. En primer lugar, porque el titular de la nota revela su ánimo de dañar a una empresa -fábrica de loza San Claudio- que, además de 152 trabajadores, tiene una acreditada fama y un gran prestigio por el
trabajo que en ella se realiza; sin embargo, del contenido del comunicado se deduce -o aparece, más bien- que se trata de una fábrica clandestina. En segundo lugar, se recoge el falso hecho -esto es muy grave- de que el empresario propietario fue
detenido, lo que supone un grave daño no solo para este ciudadano sino también para los trabajadores y la firma comercial, dado que nunca fue detenido porque nunca cometió ningún delito. Tanto daño han causado los responsables ministeriales de
Interior que el comité de empresa ha presentado una querella contra el Ministerio del Interior. Permítanme que le diga que dan miedo. Dan miedo porque están utilizando y manipulando a una institución como es la Guardia Civil, con un prestigio
acreditado ante España y ante los españoles; dan miedo porque atacan intereses empresariales sin medir las consecuencias; dan miedo porque acusan de delincuente a quien el único delito que ha cometido es colaborar con una organización no
gubernamental como es Nuevo Futuro; dan miedo porque persiguen sin pruebas a los ciudadanos. Tengo que decirles que no son pruebas las sospechas sin acreditar que un ciudadano pueda tener, aunque probablemente el ciudadano en cuestión sea un amigo
del Gobierno. Dan miedo porque no les importan las consecuencias que su aviesa actuación pueda tener y arremeten sin pruebas contra los 152 trabajadores de una empresa; dan miedo porque en su respuesta hablan de patentes y, probablemente no lo han
acreditado. En definitiva, dan miedo porque persiguen a la gente sin hechos que lo justifiquen y, cuando está probado judicialmente que han cometido una grave equivocación, su prepotencia les hace ser incapaces de rectificar y mucho menos de pedir
perdón a quienes han intentado causar daño. Digo intentado porque después de 22 meses de Gobierno a ustedes ya les conoce todo el mundo y saben de sus mentiras interesadas. Ya que no han querido pedir disculpas como les ha exigido el comité de
empresa de la fábrica San Claudio, tendrán que hacerlo algún día. En cualquier caso, sepan los responsables ministeriales de Interior que este tipo de persecuciones a algunos, los que defendemos la libertad, no se las vamos a perdonar jamás.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): En cuanto pregunta S. S. quién la hizo, como he afirmado en la contestación, quiero responder que fue la oficina de prensa de la Guardia Civil. Respecto a si tenía un objetivo
político o no, es una opinión que no está basada en hechos objetivos, tan válida o aceptable como cualquier otra. En lo que hace referencia al tercer punto que decía que era un detenido, cuando se realizó la referida nota de prensa así como en el
momento de su difusión, esta persona estaba imputada por un delito contra la propiedad industrial derivado de las diligencias abiertas por la Guardia Civil, tal y como constan en las actuaciones. En ninguno de los párrafos de la mencionada nota
aparecen las iniciales ni el nombre de la persona, preservándose su identidad. Igualmente en la mención a otra, tampoco aparece la palabra detenido y sí el concepto de puesto a disposición judicial por entender que el genérico de detención se
concibe comúnmente como el procedimiento técnico policial en el que al inculpado se le traslada a las dependencias policiales bajo el concepto de privación de libertad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. La reseña de puesto a disposición judicial debe entenderse como que la persona afectada está imputada por unas diligencias abiertas contra él, al ser denunciado ante la autoridad judicial como responsable de la fábrica que comete el
ilícito penal, según la investigación de la Guardia Civil que en su momento intervino como Policía judicial.
-OPINIÓN DEL MINISTRO DEL INTERIOR ACERCA DE LA PROPUESTA DEL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO DE IMPLANTAR UN PLAN DE VACACIONES POR REGIONES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039251). (Número
de expediente 181/001553.)
-MEDIDAS PARA EVITAR LOS ROBOS QUE SE VIENEN PRODUCIENDO EN LAS EMPRESAS UBICADAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE RIAÑO (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045784). (Número de
expediente 181/001560.)
-MOTIVOS POR LOS QUE NO FUE INCLUIDA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN TAPIA DE CASARIEGO (ASTURIAS) EN EL PLAN DECENAL 2005-2014 (PROCEDENTE DE LA RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/047276). (Número de expediente
181/001563.)
La señora PRESIDENTA: Estando retiradas las preguntas 1553 y 1560, pasamos a la número 1563.
Tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Doy por formulada la pregunta que tiene relación con el director general de la Guardia Civil.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): En el plan decenal 2005-2014 del servicio de acuartelamiento de la Dirección General de la Guardia Civil, figuran las prioridades de construcción de inmuebles y las actuaciones
en las que existe un compromiso específico mediante un convenio de colaboración. Al no encontrarse la construcción de dicho cuartel en ninguna de esas situaciones, cuando se elaboró el citado plan no fue incluida en el mismo. La construcción y
mejora de las instalaciones policiales y específicamente las de la Guardia Civil deben abordarse de forma progresiva, en función siempre de las necesidades y de las prioridades existentes, fundamentalmente las operativas. El Ministerio del Interior
está desarrollando un importante esfuerzo presupuestario para la modernización y mejora de nuestro sistema de seguridad y de nuestras infraestructuras policiales, que deben materializarse progresivamente en el tiempo sin que la totalidad de las
actuaciones puedan abordarse de forma inmediata. Baste señalar como ejemplo del esfuerzo realizado que el capítulo de inversiones reales en todo el área de seguridad ha aumento este año en 40,97 millones de euros, lo que significa un 14,51 por
ciento más que en el año 2005. Ese objetivo estratégico se constata específicamente en la mejora y construcción de nuevas infraestructuras. En materia de infraestructuras la dotación para el 2006 se fija en 133,85 millones de euros, lo que supone
un incremento respecto de 2005 de 13,06 millones de euros, es decir, un 10,72 por ciento. Por lo que a la Guardia Civil se refiere las inversiones en obras se fijan en 57,32 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,73 por ciento,
cantidad a la que hay que añadir los 25,32 millones de euros para reparación de edificios, lo que representa un incremento del 16,14 respecto a 2005. Para atender las necesidades urgentes más inmediatas y las reparaciones imprevistas que con
carácter general pueden surgir en las comandancias, existe un crédito que se descentraliza asignado a las distintas zonas, incluida la correspondiente al Principado de Asturias.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora diputada.
La señora CASTRO MASAVEU: Ha respondido que actúan en función de las necesidades y de las prioridades existentes. Cuando quiera le acompaño con el fin de que compruebe la situación en la que se encuentra el cuartel de la Guardia Civil de
Tapia de Casariego. El antiguo cuartel estaba absolutamente destrozado y en malas condiciones, de manera que no podían ejercer allí su trabajo. Por eso se les trasladó a la Casa del Mar de Tapia de Casariego, donde comparten sus labores diarias
con los pescadores que se reúnen allí para los cometidos que consideren más oportunos. El Ayuntamiento de Tapia de Casariego ofreció un terreno que después, de acuerdo con el ministerio, cambió por otro porque parecía más adecuada la ubicación, ya
que estaba más cerca del núcleo urbano de Tapia de Casariego, para que se construyese allí el nuevo cuartel. Según conocimos por una contestación que hace meses tuve del ministerio en relación con este tema, el Ayuntamiento de Tapia se dirigió al
delegado del Gobierno hace aproximadamente... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Por favor, mantengan un poco de silencio. Adelante, señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Decía que el ayuntamiento se dirigió al delegado del Gobierno hace unos seis meses solicitando información directa, porque la respuesta que recibió esta diputada no es algo que el ayuntamiento tenga como documento
que se le ha remitido oficialmente para saber qué es lo que va a suceder y, por tanto, disponer o no de ese terreno para otros usos, sin que se le haya contestado hasta el día de hoy. No sé si usted tiene capacidad para pedirle al delegado del
Gobierno en Asturias, sí para aconsejarle, que responda de una vez por todas al Ayuntamiento de Tapia de Casariego.
A la vista de la respuesta obtenida, hemos podido conocer que el plan decenal 2005-2014 no prevé la construcción de este cuartel. Esto quiere decir que no cabe posibilidad alguna de llevar a cabo una actuación no contemplada en él. Espero
que exista flexibilidad y se admita la construcción de este cuartel, porque si no hubiese flexibilidad en dicho plan, ¿qué sucedería si por razones trágicas y desgraciadas se destruyese un cuartel de la Guardia Civil? ¿Qué no se construiría uno
nuevo hasta que no finalizase este plan? Supongo que no. Espero que con esta intervención sea sensible a este tema. Estaría encantada de que visitase Asturias -si lo desea yo podría acompañarle -y pudiera comprobar in situ la situación en la que
se encuentra la Guardia Civil de esta localidad.
Por la paciencia que han tenido bien merecerían que se construyese un cuartel, aunque fuese de características muy sencillas y humildes. Le aseguro que se lo agradecerían y, además, es muy
necesario.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, para cerrar la pregunta, el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): Podría contestarle largamente sobre el tema porque es una cuestión en la que interviene no solo Tapia de Casariego sino, como sabe, casi toda España.
Usted me dice que le
acompañe a ver el cuartel de Tapia de Casariego.
Concretamente, ese todavía no lo he visto, aunque tengo muchas relaciones con Asturias. Espero verlo pronto. Yo le diría a usted que me acompañara a ver los cuarteles que me encontré cuando tomé la
dirección de la Guardia Civil, y verá cómo hay otros muchos en España. Como usted sabe, hay aproximadamente 2.600 acuartelamientos. Si me habla usted de Tapia de Casariego, yo le puedo hablar de los que me he encontrado en una situación deplorable
-incluso en peores circunstancias- en muchos sitios de España. Como le he dicho en la respuesta anterior, tendríamos que centrarnos en las prioridades de cada sitio. La capacidad económica ha aumentado notablemente. Doy fe -es un hecho, son
números matemáticos- de cómo en los dos últimos años las inversiones del Gobierno en infraestructuras han aumentado en unas cantidades muy notables, pero para esos 2.600 cuarteles la capacidad económica sigue siendo pequeña; requerimos mucho más.
Por darle una idea aproximada de las prioridades, tenemos capacidad de intervención en aproximadamente 20 acuartelamientos al año por comandancia, aunque depende del coste económico. Eso quiere decir que si se hiciera un reparto matemático
y si hay 54 comandancias, a cada una, en principio, le correspondería hacer un cuartel cada dos años y medio. Como sabe usted, en Asturias, en la comandancia de Gijón se están haciendo las obras correspondientes, lo que le podría corresponder según
esa media.
Hay otros cuarteles en construcción como el de Villaviciosa, que se acaba de terminar y precisamente se va a inaugurar dentro de unos días, el de Navia o el de Llanes. En definitiva, las intervenciones en Asturias se están haciendo en
otros cuarteles en los que la prioridad, marcada por diversos motivos, es otra. A Tapia de Casariego le llegará su turno; está en estudio. Usted me dice que no entra en el plan de 10 años. Como bien sabe, aparte del plan que hacemos y en el que
se integran las inversiones que vamos a hacer con el presupuesto del que disponemos, hay otros muchos convenios y acuerdos que hacemos con las autonomías. Este año se han aprobado unos buenos acuerdos con comunidades autónomas. No nombraré todos,
pero hace poco se han firmado acuerdos con Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y con diputaciones como la de Almería. Por tanto, la posibilidad de hacer otro cuartel o adelantarlo según las prioridades operativas depende mucho de los
convenios que firmemos o de las ayudas que consigamos de comunidades autónomas, diputaciones o de los propios ayuntamientos.
También me preguntaba por el solar. Ahora mismo tengo aproximadamente 200 ofertas de solares en toda España, pero con el solar solo no hacemos nada; también necesito el dinero para hacer la construcción. Con el solar solo adelanto poco.
Además, el solar antiguo tiene mucho más valor que el actual. El solar es una parte de la necesidad económica, pero solo una parte, y usted lo sabe muy bien. No le niego que tengamos otras opciones que estemos estudiando y que Tapia de Casariego
pueda adelantar su turno o su prioridad, por usar palabras sencillas. En cuanto a si le devuelvo el solar, depende. Si consigo dinero por otra vía, por ejemplo con un convenio con el propio ayuntamiento, quizá su turno se puede adelantar, porque
una cosa es la prioridad operativa y otra es que en cualquier momento consiga un cuartel nuevo, de forma que los guardias y sus familias que viven en él mejoren su situación. Por supuesto, estoy dispuesto. De hecho, hace pocos días he conseguido
cuatro ayuntamientos que me van a hacer a coste cero los acuartelamientos. Está claro que para hacerlo a coste cero, aunque fuera el último en prioridad, firmaría mañana mismo. El de Tapia de Casariego es uno de los miles de acuartelamientos que
existen en España que, desgraciadamente, me he encontrado en un número muy elevado en una situación lamentable. En la solución de ello estamos.
-CONSTANCIA QUE TIENE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE QUE SE HAYA PRODUCIDO UNA DISOLUCIÓN EFECTIVA DEL GRAPO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039354). (Número de expediente 181/001567.)
-EXISTENCIA DE UNA CONTINUIDAD DE PERSONAS EN LAS CAMPAÑAS DE EXTORSIÓN DE EMPRESARIOS QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS POR LOS GRUPOS DE RESISTENCIA ANTIFASCISTA PRIMERO DE OCTUBRE (GRAPO) CON LAS REALIZADAS EN EL AÑO
1998 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039356). (Número de expediente 181/001569.)
-NÚMERO DE CASOS DE EXTORSIÓN POR EL GRAPO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/039357). (Número de expediente 181/001570.)
-INVESTIGACIONES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS SOBRE LAS EXTORSIONES REALIZADAS POR EL GRAPO A EMPRESARIOS ASTURIANOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA POR ESCRITO NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/039358). (Número de expediente 181/001571.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en las siguientes preguntas agrupadas del orden del día; puntos 9.º, 11.º, 12.º y 13.º, expedientes números 181/001567, 181/001569, 181/001570 y 181/001571. Tiene la palabra, señora diputada.
La señora CASTRO MASAVEU: Muchas gracias, por su respuesta a la anterior pregunta. Señor director general de la Guardia Civil, estoy segura de que a partir de ahora tendrá usted en su mente el cuartel de la Guardia Civil de Tapia de
Casariego. Al menos se acordará de esta diputada y de su interés por que se construya, a la vez que se impulsen las obras del resto de cuarteles que se están llevando a cabo en el Principado de Asturias. Permítame que defienda lo que es mío y lo
que me compete, que es el Principado de Asturias. Doy por formuladas estas cuatro preguntas relacionadas con las extorsiones causadas por el grupo terrorista Grapo a empresarios asturianos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): Como contestación en conjunto a estas preguntas le puedo decir que las reiteradas operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los
entramados políticos y el operativo terrorista del Grapo no permiten asegurar, por el momento, que se haya producido una disolución efectiva y total de dicha organización terrorista. En cuanto a las extorsiones, en el mes de mayo de 1998 los Grapo
iniciaron una campaña de extorsiones dirigidas a empresarios de diversas provincias españolas, mediante la remisión de misivas suscritas por el comando central de los Grapo, como se denominaba. Se supo entonces que las recibieron siete empresarios
en el Principado de Asturias. Desde entonces no se tiene conocimiento de que se hayan llevado a efecto nuevas campañas similares. Se tiene constancia de que en agosto de 2002 un empresario asturiano manifestó que había sido extorsionado por
miembros de la mencionada banda terrorista. Por otra parte, no se tiene constancia documental, avalada por denuncias ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de que se estén llevando a cabo exigencias de entrega de cantidades en concepto
de impuesto revolucionario. En consecuencia, no puede establecerse una relación personal entre los extorsionados en 1998.
Respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo en el Principado de Asturias sobre las extorsiones realizadas por el Grapo a empresarios asturianos, los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en el ámbito central como
en el periférico, llevan a cabo un constante control sobre las actividades de este grupo, especialmente de aquellas que por si mismas son constitutivas de delito, entre ellas -está claro- las extorsiones, a las que se presta una especial atención,
no solamente por su importancia para la financiación de la organización terrorista sino también por la preocupación que se genera a la víctima y la alarma social que producen.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora diputada para replicar.
La señora CASTRO MASAVEU: Efectivamente, en la respuesta recibida con retraso, aunque recibida, se dice que no se conoce que haya habido extorsiones a empresarios desde el año 1998, salvo un caso aislado en el año 2002. Más adelante, en el
último párrafo que usted nos leyó y que yo quiero destacar, siguen diciendo que los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan a cabo un constante control sobre las actividades de este grupo. Por tanto, tanto en la Policía Nacional como en la
Guardia Civil saben qué es lo que está sucediendo y los hechos a los que yo me refiero.
Permítame que le diga que, a la vista de la respuesta, o en el ministerio -y no me refiero a usted, entiéndalo una vez más- no se enteran de nada o más bien no se quieren enterar. Digo esto, en primer lugar, porque hasta que estas preguntas
se transformaron en orales no dieron respuesta en el ministerio. Transcurrieron aproximadamente seis o siete meses hasta que respondieron, lo cual constituye un hecho muy lamentable que, por otra parte, demuestra una cierta prepotencia y falta de
transparencia de este Gobierno. Estamos hablando de una organización terrorista que en los meses de mayo y junio de 2005 extorsionaron a empresarios asturianos mediante el llamado impuesto exprés. Este es un hecho real. ¿O acaso alguien puede
pensar en el ministerio -ya que eluden hablar de lo que sucedió en los meses previos al verano de 2005- que los empresarios que denuncian estos hechos se los están inventando o es que acaso les divierte ir a denunciar extorsiones recibidas de un
grupo terrorista? ¿Por qué se silencian los hechos ocurridos en los meses previos al verano de 2005? ¿Acaso los empresarios no tienen otra cosa que hacer que denunciar que se les sometió a una situación límite por parte de una banda terrorista?
Sinceramente, no hay quien entienda las cosas. A quien denuncia que está siendo extorsionado por un grupo terrorista no se le tiene en cuenta y, sin embargo, a quien solamente ayuda y colabora con una ONG no solamente se le denuncia sino que se
dice que ha sido puesto a disposición judicial cuando, insisto, es absolutamente falso.
Industriales y profesionales fueron retenidos durante horas en el año 2005 hasta que entregaron el dinero que se les exigió, y no se menciona ni una sola línea
de esto en la respuesta. Fuentes de la lucha antiterrorista informaron que los hechos habiendo sido realizados probablemente por un comando de tres o cuatro personas, que podrían incluso tener fijada su residencia en León o en Galicia y que
recibían apoyos desde el Principado de Asturias. Hubo varias denuncias realizadas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso la policía no descartaba en aquellas fechas que todo tuviese conexión con el hecho de que en Portbou, unos
días antes, hubiese sido detenido David Garaboa, que fue calificado por el ministro Alonso como una persona relevante de la organización terrorista Grapo.
Tengo que decirle que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estuvieron en alerta en Asturias como
consecuencia de la posibilidad de que un comando Grapo pudiese actuar o estuviese actuando durante cuatro meses. Hay más: desgraciadamente hay señales de que reaparece con fuerza la banda terrorista Grapo. En Aragón, en estas últimas
fechas, ha muerto una mujer como consecuencia de la actuación de un grupo que se sospechaba que pudiese ser Grapo -que ha tenido presencia en Aragón y que ahora también vuelve a tener-.
Precisamente el Grapo ha reivindicado el atentado en Zaragoza
en el día de ayer. Supongo que lo sabe y que lo conoce, pero tampoco nos ha informado en su contestación -claro está que yo sé que a usted lo que le han dicho es que lea lo que le dieron-. Supongo que al día de hoy nos podría ofrecer una mayor
información -que seguramente usted tiene, aunque quizá no sea completa- sobre lo que está ocurriendo con la banda terrorista Grapo, porque en estos momentos los españoles tenemos una gran inquietud sobre la aparición de un nuevo grupo terrorista que
parecía que estaba más o menos dormido. Tenemos esa gran inquietud porque comprobamos la peligrosa situación a la que nos está llevando la política antiterrorista del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y si ahora ETA está en la situación en
la que está -y se está negociando con ella-, también quisiéramos saber si acaso el Gobierno -y ya sé que usted no me va a poder contestar, pero quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' puesto que no ha comparecido hoy aquí la persona con la que
yo podría mantener un debate político al respecto- también piensa negociar con la banda terrorista Grapo y meterla en el mismo saco que a ETA y así, entre todos, ponernos una vez más a todos los españoles de rodillas ante las organizaciones
terroristas.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): Tengo que decirle que de lo que le he informado realmente es de cómo está la investigación con el Grapo. Que haya gente que suponga que las actuaciones delictivas que ha habido
sean del Grapo es otra cosa. Yo le hablaba de los hechos comprobados. Al mismo tiempo puedo asegurarle que las investigaciones -o como quiera llamar a todo el conjunto- sobre el Grapo -y puedo dar fe- continúan sobre todo lo que conocemos, y
seguimos detrás de la gente del Grapo.
Me hablaba concretamente de Zaragoza. Como ha leído, en Zaragoza no hay elementos todavía sobre los que le pueda concretar que sea realmente el Grapo. Se ha dicho que ha sido el Grapo, pero las investigaciones siguen en curso y todavía no
hay ningún elemento objetivo que pueda demostrar concretamente que ha sido el Grapo. Es más, le voy a dar la última noticia. Hace poco, un autodenominado comando Sánchez Casas del GRAPO, ha reivindicado en Antena 3 de Zaragoza el atentado en esa
ciudad. ¿Eso quiere decir que ha sido el Grapo? No sé, le informaré a usted cuando la investigación esté completa. Hay mucha gente que se atribuye los secuestros que me ha contado. Que eran del Grapo o no es una opinión de la gente que lo decía.
No hay hechos objetivos que lo hayan demostrado al, menos las líneas de investigación no lo han hecho. Yo le he informado de lo que hay realmente del Grapo, no de lo que se supone o se investiga actualmente. Por tanto, cuando concluyan las
investigaciones, sin lugar a dudas, le podremos informar.
-RAZONES POR LAS QUE SIGUE SIN CUBRIRSE LA PLAZA ENCARGADA DE ESTUPEFACIENTES DE LA COMISARÍA DE AVILÉS (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/040790). (Número de expediente
181/001595.)
La señora PRESIDENTA: Entiendo que nos restan dos preguntas de las que siguen en el orden del día, las correspondientes a los expedientes 181/001595 y 181/001596. ¿Quiere agruparlas?
La señora CASTRO MASAVEU: No, son diferentes.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Tiene la palabra para formular la primera de dichas preguntas.
La señora CASTRO MASAVEU: Me estoy refiriendo a la pregunta relacionada con la plaza de estupefacientes de la Comisaría de Avilés que sigue sin cubrirse al día de hoy.
Sinceramente, a la vista de algunas respuestas como la anterior, tengo que decir que sigo sintiendo miedo como ciudadana de a pie. El hecho de que en situaciones límites, con bandas terroristas, ustedes respondan como responden, a algunos
se nos ponen los pelos de punta por la situación a la que nos están llevando, y en este caso estamos tratando sobre un tema de estupefacientes. No quiero entrar en el debate sobre por qué se trasladó o se dejó de trasladar al jefe de
Estupefacientes, don Manuel García, de la Comisaría de Avilés hasta el aeropuerto -no voy a entrar en ello, independientemente de que compareció en la Comisión del 11-M prestando declaración y de que poco después solicitó el traslado al aeropuerto-,
sino que quiero entrar en este momento en el debate suscitado en la región cuando han llegado al Principado de Asturias personas como, por ejemplo, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, que ha dicho que la menor presión policial en
Asturias favorece el desembarco de alijos del narcotráfico gallego. Tengo que decirle, señor director general de la Guardia Civil, que ya sé que este es un tema de la Policía Nacional, y yo qué voy a hacer, a usted le someten a esto y a mí también,
porque al final las respuestas que usted me da no son las adecuadas, es lógico. ¿Qué tiene usted que ver con el traslado de un policía nacional y además con que la plaza de estupefacientes de Avilés lleve casi un año sin cubrir? Pues nada. Es
preocupante porque Avilés es una zona portuaria donde el tráfico de drogas, desgraciadamente,
es importante y en donde esta plaza está sin cubrir, -ya sé que porque iba a venir una persona que no pudo venir y ya sé que porque tiene que salir a concurso, y ya sé que lo que pasa es que hay una incompetencia absoluta en cuanto se trata
de luchar contra el terrorismo o contra el tráfico de estupefacientes. No sé qué es lo que sucede, porque no me parece que sea tan difícil cubrir esta plaza teniendo en cuenta que han pasado muchos meses, demasiados. No sé si alguien se está
ocupando de esto o si los estupefacientes, las drogas y todo lo que este mercado lleva aparejado trafican y campean a sus anchas por Avilés, que, en definitiva, es lo que nos ha venido a decir el fiscal jefe de Antidroga. Tendría que haber más
policías -dice-, más jueces, más fiscales. Creo que se está haciendo una labor importante con lo que tenemos, pero no suficiente. Además, se habla, efectivamente, de que en Galicia está disminuyendo el tráfico de droga y está aumentando en
Asturias porque la menor presencia policial en la región está permitiendo que, al no haber control, entre más droga en nuestra región. Y a eso hay que añadirle la supresión de la Policía de proximidad, con lo cual el trapicheo ya es algo que se
hace ante los ojos de cualquiera. A esa situación es a la que nos está sometiendo y llevando el Ministerio del Interior a una región como el Principado de Asturias.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, para responder, el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): Debo decirle que el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía vigente asigna a la Comisaría local de Avilés, entre otros, tres puestos de jefe de grupo
operativo a cubrir por funcionarios pertenecientes a la escala ejecutiva. Dichos puestos de trabajo, integrados en el módulo operativo de especialidad, se asignan a las especialidades de Fronteras y extranjero, a la de Información y a la de Policía
judicial respectivamente. Con fecha de 14 de marzo pasado el inspector jefe que desempeñaba la jefatura del Grupo Operativo de Fronteras y Extranjero pasa a la situación administrativa de segunda actividad y, consecuentemente, cesa en el puesto de
trabajo que venía desempeñando en la situación administrativa de activo. El jefe de la Comisaría de Avilés, en el ejercicio de sus atribuciones, considerando prioritario cubrir dicho puesto vacante, designa para el mismo, a petición del interesado,
al inspector al que se refiere la pregunta, quedando libre el puesto que este funcionario venía desempeñando en el área de Policía judicial. Se significa que el puesto de trabajo dejado a su vez por el mencionado inspector es solicitado en comisión
de servicios por dos funcionarios de la escala ejecutiva procedentes de otras comisarías, sin que entre otras razones, debido al déficit de personal en sus propias comisarías de origen, llegaran a autorizarse esas comisiones de servicio. Habida
cuenta de que todos los funcionarios de la escala ejecutiva de la Comisaría de Avilés tienen asignados puestos de trabajo definitivo o en comisión de servicios, se procederá por la Dirección General de la Policía a la convocatoria del concurso
general o específico de méritos, como ha dicho S.S., para dotar de efectivos y cubrir los puestos vacantes existentes en dicha comisaría con nuevos funcionarios.
Pero debo añadir que a finales de enero creo que el día 30 se ha anunciado concurso
específico de méritos para cubrir tres vacantes dos de inspector y una de inspector-jefe.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora diputada.
La señora CASTRO MASAVEU: Le agradezco su respuesta, señor director general, que ya conocía, salvo lo relativo a las plazas que han salido a finales del mes de enero, y lamento una vez más que le hayan transformado en lector de las
respuestas del Ministerio del Interior.
-MOTIVOS POR LOS QUE LOS MANDOS POLICIALES QUE LLEVARON A CABO LA INVESTIGACIÓN DEL 11-M HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PERSONAS QUE CARECEN DE FORMACIÓN EN MATERIA DE LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO ISLAMISTA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO
CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/040791). (Número de expediente 181/001596.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta del punto 17.º del orden del día número de expediente 181/001596. Tiene la palabra la diputada señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Me parece que voy a leer yo la respuesta. Ante una pregunta sobre motivos por los que los mandos policiales que llevaron a cabo la investigación del 11-M han sido sustituidos por personas que carecen de formación
en materia de la lucha contra el terrorismo islamista, la respuesta -sin largarles todo el rollo- finaliza diciendo que los nombramientos realizados, como siempre, han tenido en cuenta criterios de idoneidad, eficacia, mérito y capacidad entre
aquellos candidatos que manifiestan el perfil profesional y las aptitudes más adecuadas para su desempeño. Señor director general de la Guardia Civil, le dejo el primer párrafo sin leer para que usted tenga alguna posibilidad de contestar a mi
pregunta, pero lo que está claro es que, como bien se reconoce en la pregunta, ninguna de las personas que han sustituido a los expertos islamistas tiene conocimientos del islam. Esto está acreditado en la respuesta porque de ser lo contrario
figuraría. Yo insisto en que en materia antiterrorista y de la lucha contra los grupos terroristas cada día da más miedo la política del Gobierno, porque había unos expertos en materia de terrorismo islamista al frente de las dependencias
correspondientes para investigar estos temas, y teniendo en cuenta el brutal atentado, el más terrible cometido en España no solo en la historia de nuestra democracia sino creo que en toda nuestra historia,
el 11 de marzo de 2004, resulta que ahora a las personas que investigaban los hechos, las que conocían el terrorismo islámico y todas sus circunstancias se les aparta de esos cargos para colocar en ellos a otras personas que no tengo la
menor duda, por el respeto que todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado me merecen, de que tienen acreditada su experiencia, pero no precisamente en lo que la tienen que tener, que es el islam. Señor director general de la Guardia Civil,
no sé si le han preparado en la posible réplica alguna contestación que pueda aportar más luz a esto que representa una gran inquietud para muchos ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): No le voy a leer la primera parte de la respuesta de la pregunta puesto que dice que ya la tiene. En ella se explica claramente que la sucesión en las cadenas de mando y en los
puestos de responsabilidad es la normal en todas partes del mundo y por tanto de pura lógica. Yo no soy director de la Policía sino de la Guardia Civil, pero puedo dar fe de que el director de la Policía en la parte que le corresponde, así como la
Guardia Civil, normalmente, para todos los puestos y sobre todo para los puestos de responsabilidad elige a las personas más idóneas sin otra motivación.
Usted debería tener un poco de confianza en las personas que tenemos responsabilidades en los
distintos cargos, y le puedo asegurar, porque hablo con el con frecuencia, que el director de la Policía hace exactamente lo mismo que yo. Aunque nos podremos equivocar, intentamos poner en cada momento a las personas adecuadas para desempeñar un
puesto.
Le pediría que tuviese un poco más de confianza en nosotros.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora diputada.
La señora CASTRO MASAVEU: Sí, yo quisiera tener confianza en ustedes, pero a la vista de la respuesta no me parece que deba tener muchos argumentos para expresar esa confianza, pero confianza en ustedes, en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. En quien no tengo ninguna confianza, se lo aseguro, es en el Gobierno. No sé si usted recordará que yo he sido comisionada en la Comisión del 11-M y han sido muchas horas, muchos días y muchas comparecencias las que hemos
atendido, y a la vista de las comparecencias de los políticos responsables, al día de hoy, de la lucha antiterrorista, como el ministro del Interior o el presidente del Gobierno, insisto en que las dudas surgen a la fuerza. Y surgen a la fuerza
esas dudas porque vemos que no hay interés por investigar aquel atentado, porque vemos que cada día hay más incógnitas, porque se acerca el segundo aniversario del terrible sufrimiento no solamente para las víctimas y sus familiares sino para todos
los españoles y seguimos sin saber nada, porque este Gobierno, por las razones que sean -y no es propio de este debate que yo dé mi opinión aquí sobre cuáles son las causas-, no le interesa investigar, y no solamente no le interesa investigar sino
que tampoco le interesa controlar a los posibles grupos terroristas islámicos que existen en España (Rumores.-El señor Martínez Sanjuán: ¡Qué barbaridad!) porque ahora nos toca estar de rodillas no solamente ante los grupos terroristas...
La señora PRESIDENTA: Señora diputada, aténgase a la cuestión de su pregunta, o si no, voy a tener que cortar su turno de palabra.
La señora CASTRO MASAVEU: Insisto en que esos grupos terroristas españoles, tanto GRAPO como ETA, interesan poco porque ahora se sienta uno a negociar con ellos. No creo que esté diciendo nada que no sea verdad y que no conozcamos por los
medios de comunicación. Y sabemos también que lo que hay que hacer ahora es ponerse de rodillas ante los islamistas que han cometido el más terrible atentado que se haya cometido en España, y eso ahora ya no interesa. No le interesa a este
Gobierno porque -insisto- lo que hacemos es ponernos de rodillas ante todos los terroristas que puedan actuar en nuestro país.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar este turno el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL (Gómez Arruche): Aunque no corresponde a la pregunta, sí quiero decirle, aunque sea en mi nivel, que cuando me pregunta y habla sobre la Comisión del 11-M yo tengo que responderle con la más
absoluta racionalidad que la Comisión del 11-M, de acuerdo con sus atribuciones legalmente constituidas, emitió un dictamen y elaboró una serie de conclusiones que ahí están, racionalmente hechas y legalmente constituidas. El resto son opiniones.
La señora PRESIDENTA: Damos por concluido el trámite de preguntas, entendiendo, como así figurará en el acta, que quedan retiradas todas aquellas que están en el escrito que usted presentó y que son la 181/001544, 181/001545, 181/001553,
181/001560, 181/001568 y 181/001572.
Agradecemos al director general su presencia en la Comisión, y suspendemos la sesión durante cinco minutos. (Pausa.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-EN RELACIÓN CON EL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000728.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en la segunda parte del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, la que figura en el punto 19.º del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con el aumento de la delincuencia
organizada en la provincia de Alicante, Para su defensa tiene la palabra la señora Seller por un tiempo de diez minutos, como siempre.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Señorías, la proposición no de ley que debatimos lleva un retraso, que hace lógico que hoy esperemos una réplica cargada de entusiasmo indicándonos que se procedió a instalar una unidad Greco, de la que
seguramente aquí escucharemos elogios, totalmente merecidos por otra parte. Hay que recordar que mi grupo solicitó su implantación en la provincia de Alicante hace ya mucho tiempo, concretamente esta iniciativa se presentó hace nueve meses y, por
tanto, pierde parte de actualidad, pero no toda. No la pierde en cuanto que el fondo del asunto subyace y además la inseguridad ciudadana es hoy, como lo fue hace cuatro y seis meses, la primera preocupación de los ciudadanos en mi provincia.
Señorías, es cierto que se ha implantado el Greco en la Comunidad Valenciana parece que como consecuencia de una promesa que llevó a efecto el Gobierno, pero fue a instancias de una proposición no de ley del Grupo Popular, iniciativa que lleva mucho
tiempo pendiente de debatirse y que se introdujo en un momento en que incluso el propio Gobierno dudaba entre situarla en Murcia o en la provincia de Alicante. Lo cierto es que, finalmente, se instaló en Benidorm y a partir de ahí se incrementaron
las detenciones de personas relacionadas con el crimen organizado. Aun siendo prematura su evaluación, la realidad es que esta unidad Greco hoy resulta absolutamente insuficiente para el radio de acción en que opera.
Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil se indica que a lo largo del año 2005 se ha incrementado en la provincia de Alicante la posesión de armas hasta un 64 por ciento respecto al año 2004, señal sin duda inequívoca de que los
resultados no son del todo satisfactorios, como nos quiere hacer ver el Ministerio del Interior, sobre todo en lo que respecta a dos áreas fundamentales como son La Marina Baja y la Vega Baja de la provincia de Alicante. En este sentido, la citada
asociación indica que en La Marina se incrementaron, por ejemplo, las agresiones sexuales en un 37 por ciento y que uno de los principales focos de inseguridad radica en las nuevas urbanizaciones, lo que implica la necesidad de asignar nuevos
efectivos, pues, como todos sabemos, esas macrourbanizaciones concentran grandes núcleos de población, algunos de ellos con más de mil chales.
Debe indicarse que son treinta los agentes asignados para conformar la unidad Greco tanto de La Marina como de la Vega Baja, lo que indica, a la luz de los datos de incremento de actuaciones delictivas, que estos agentes son absolutamente
insuficientes y que su número debe ampliarse para que su operatividad sea real y refuercen la lucha contra el narcotráfico, el blanqueo de capitales y la criminalidad vinculada a esta forma de delincuencia de forma que se encuentre realmente
presionada y amenazada por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todo ello sin perder de vista la posible presencia de grupos islamistas o salafistas en la zona. En definitiva, el refuerzo debe consistir en la dotación de efectivos a todos
los niveles: grupo Greco, Policía Nacional, Guardia Civil y aumento de comisarias con el objetivo de combatir la delincuencia y a los grupos organizados violentos.
He de recordarles que el Partido Popular presentó una enmienda en los Presupuestos Generales del Estado con el fin de que se dotara de los medios necesarios con los que en la fecha de apertura la unidad Greco no contaba. Tras más de dos
años de retraso desde que el ayuntamiento cedió los terrenos y firmó el convenio con el Ministerio del Interior, se instaló finalmente en Benidorm la unidad Greco prometida -en palabras de la delegada del Gobierno- en exclusiva para la provincia de
Alicante, afirmación que resultó ser falsa a tenor de las declaraciones efectuadas por el secretario de Estado en su comparecencia del día 21 de junio de 2005, en la que reconocía que dicha unidad tenía un ámbito de acción y actuación territorial
para dos comunidades autónomas íntegras: Comunidad Valenciana y Región de Murcia. Ello, porque el secretario de Estado calificaba de moderado aumento delincuencial, lo que la ciudadanía venía precisamente a calificar de todo lo contrario. A tenor
de los informes emitidos por la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la cosa no pinta demasiado bien, de modo que en tanto no exista una unidad Greco exclusiva para la provincia, difícilmente podremos hablar de resultados óptimos. Por tanto,
sería deseable que en lugar de detenerse ufanos a alabar al Gobierno por la instalación de la unidad Greco, se le demandara celeridad para que completase definitivamente el arco mediterráneo con las correspondientes unidades Greco y también con las
unidades SIVE.
En nuestra proposición no de ley hablamos de falta de policía.
Naturalmente que sí, porque a pesar del incremento que el Partido Socialista dice que se ha producido en la provincia, lo cierto es que tan solo se han cubierto vacantes y,
obviamente, a pesar de los números que aquí traigan, hace falta más policía. Fíjarse si es cierto que muchos ciudadanos no solo han salido para manifestarse por las calles de Altea, sino que además han tenido que prestar colaboración ciudadana en
muchas localidades, pues a pesar de que los alcaldes han triplicado el número de policías locales, todo ello resulta insuficiente. Desde luego, el mayor exponente está en Torrevieja, pero hay muchas otras localidades.
Torrevieja sigue todavía sin
Policía Nacional, sigue únicamente con los 130 guardias civiles, los mismos que hace tres años, y para colmo sigue también sin instalarse el cuartel de la guardia civil prometido.
Ciertamente, al Gobierno le corresponde el último diseño y la puesta
en marcha de estrategias para hacer frente a la delincuencia, pero para ello ha de ser consciente de la magnitud del problema y no calificarlo de moderado incremento delincuencial, como lo calificó el secretario de Estado. Señorías, este
moderado incremento delincuencial es el mismo bajo el que se encuadra una nueva modalidad delincuencial, la del crimen organizado, que nada tiene de moderada. Ante ello, el Gobierno tiene la obligación de remover obstáculos e impedir o
dificultar la actividad delictiva dotando de los medios necesarios y adecuándolos para que la policía pueda desarrollar su cometido. A la vista está que la policía no dispone de los medios necesarios para la avalancha delincuencial, que ha
evidenciado el mayor incremento de pasado año. Estamos hablando de un 4 por ciento en la totalidad del territorio español, específicamente un 8 por ciento en faltas y un 2 por ciento en delitos, porcentajes que en la Comunidad Valenciana se superan
en un punto más, y entre los que destacan las más de setenta muertes violentas el pasado año solo en dicha comunidad. Según las estadísticas de las que disponemos, solo en los tres primeros meses de este año se registrarán probablemente en la
Comunidad Valenciana más de 32.000 hechos delictivos, de los que casi la mitad, en torno a los 14.000, corresponderán a la provincia de Alicante, criminalidad superior a la de otras conocidas comunidades como Madrid o Aragón. Indudablemente la
decisión del Gobierno de anular la policía de proximidad ha venido a agravar el problema. Los incumplimientos de sus compromisos de incorporación de 1.000 agentes antes de que finalizara el año 2000 ha llevado a la decepción a muchos, en este caso
a miles de ciudadanos que confiaban en el Partido Socialista.
Finalmente, pedimos una unidad territorial de inteligencia como método más eficaz para detectar y analizar los nuevos fenómenos de delincuencia organizada para, ante esta nueva perspectiva delincuencial, mejorar con garantías de éxito lo que
de alguna forma proporcionen las tradicionales juntas de Seguridad. Aun concediéndoles a estas últimas un valor reconocido, no es menos cierto que atienden a una realidad delincuencial que podríamos definir como más cotidiana en la vida de las
ciudades y que tiene una base administrativo política. La unidad territorial de inteligencia, sin embargo, tiene un perfil bien distinto, pues actua desde una perspectiva operativa policial más moderna, y no excluyente , de las juntas de Seguridad
y que permite coordinar certeramente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías locales, que cada vez asumen más obligaciones en esta materia. Esto es algo que reiteradamente solicitan todos los ayuntamientos. Hay que tener
en cuenta que junto al delincuente tradicional de la urbe emerge con fuerza otra forma de delinquir especialmente cruel, por lo que la estructura actual debe modernizarse para dar respuesta a una necesidad actual que ha cosechado éxitos en otros
países.
Señorías, desde mi grupo estimamos que la iniciativa, pese al retraso injustificado en su debate, no ha perdido ni un ápice de actualidad, sino que, por el contrario, ha venido muy bien para evidenciar la falta de respeto a la verdad
enmascarada durante todo este tiempo, y es que se prometió una unidad Greco para la provincia de Alicante con implantación y acción exclusiva para la provincia y ha quedado demostrado que ha sido falso. Queremos que se respete lo anunciado por la
delegación del Gobierno y que el resto de comunidades que conforman el arco mediterráneo dispongan también de una unidad Greco que sirva para los propósitos que esta proposición no de ley ha descrito. Por este motivo, el punto 2 de la proposición
no de ley sufriría la lógica modificación, sustituyendo la redacción que obra en el boletín por la siguiente: A fin de garantizar la correcta operatividad de la recién implantada unidad Greco, sea esta dotada de los medios materiales y humanos
necesarios para su correcto funcionamiento garantizando su exclusividad de acción para la provincia de Alicante, y acometiendo urgentemente la necesaria implantación de las mencionadas unidades en todo el litoral mediterráneo.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que acaba de hacer formalmente una enmienda in voce.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Discúlpeme, así es, solo y exclusivamente al punto 2.
La señora PRESIDENTA: No tenemos conocimiento de ninguna enmienda a esta proposición no de ley. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Navarro por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora NAVARRO CASILLAS: Quisiera decirle a la portavoz del Grupo Popular que es evidente que esta proposición no de ley llega tarde. Ella intenta apañar incluso su propia iniciativa, no sé si para acomodarla a la realidad, de la que se
olvidó cuando la redactó. Lo cierto es que ya fue aprobada por esta Comisión una iniciativa presentada precisamente por mi grupo parlamentario para que se creara la unidad Greco y que en la actualidad ya está en marcha. Basta ya de utilizar algo
tan relevante como la seguridad ciudadana para alarmar a la ciudadanía y hacer demagogia, como hace el Partido Popular. Hoy sale una noticia en la prensa valenciana donde se dice que Ignacio Astarloa, secretario del Partido Popular en esta materia,
aboga por acudir a la seguridad privada.
Lo cierto es que ustedes son los que en sus ayuntamientos no invierten en policía local. Lo cierto es que son ustedes los que se niegan a que exista una policía autonómica en condiciones. Se han negado
incluso a que se recogieran de una manera más amplia las funciones atribuidas a una necesaria policía autonómica en condiciones, y no como la que tenemos ahora, que son los policías que nos dejan de la Policía Nacional en segunda actividad y que no
tienen prácticamente tareas atribuidas en el Estatuto de Autonomía. El señor Camps dijo en una entrevista que le parecía totalmente innecesario porque de esto se tenía que ocupar el Estado. Ustedes hacen dejación de funciones. No tienen un
interés real por la seguridad pública, sino que quieren hacer negocio con la seguridad. Ustedes dicen que hace falta más policía, pero tenemos la ratio más alta de la Unión Europea. Lo que hace falta es la desmilitarización de la Guardia Civil,
la unificación de cuerpos, policías autonómicas en condiciones, apostar por una solución real y efectiva para acabar con la inseguridad ciudadana y no utilizarla para enfrentamientos políticos y sacar rédito electoral.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Serna por tiempo de cinco minutos.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Quiero subrayar que al Grupo Parlamentario Socialista le interesan extraordinariamente los asuntos relativos a la seguridad en el conjunto del Estado y muy particularmente en lo que tiene que ver con la Comunidad
Valenciana y con la provincia de Alicante.
Hemos estudiado minuciosamente la proposición no de ley que plantea el Grupo Popular y también hemos escuchado atentamente la intervención y los argumentos esgrimidos por la señora Seller.
En primer lugar, quiero hacer una valoración de la propuesta que formula la diputada del Partido Popular y decir de forma respetuosa, que se trata de una propuesta absolutamente innecesaria, como tácitamente ella misma ha reconocido a lo
largo de su intervención. Señorías, es una propuesta innecesaria y llega tarde porque las tres peticiones que plantea ya las ha puesto en marcha el Gobierno. El Greco, el Grupo de respuesta especial contra el crimen organizado, está funcionando
exclusivamente en la provincia de Alicante y, la corrijo, no con una sede sino con dos, en Orihuela y en Benidorm, y con el objetivo de dar satisfacción a las necesidades de seguridad en dicha provincia de Alicante. En segundo lugar, ha habido un
considerable incremento del número de agentes, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la propia Guardia Civil, aspecto, que luego desarrollaré. En tercer lugar, pese al error que contiene tanto la proposición no de ley como su propia
intervención, la UTI, la Unidad territorial de inteligencia, informo a la señora Seller que se creó en Alicante en diciembre de 2004 y ya está en funcionamiento. Con todo ello quiero decir que las peticiones contenidas en la propuesta de la señora
Seller ya están en marcha y que, por tanto, su propuesta llega tarde y es innecesaria.
Me gustaría hacer una valoración de las opiniones políticas que ha expresado en su intervención. Quiero decirle respetuosamente también, señora Seller, que su discurso no es nada creíble por dos razones, a juicio de este grupo y de este
diputado, por una parte, por su extraordinaria exageración. Dibuja usted un panorama que no se corresponde para nada con la provincia de Alicante, por otra, y me parece tan o más importante que la primera razón, no solo no es creíble por ese
panorama exagerado que dibuja, sino por el silencio de su grupo parlamentario y el suyo como diputada durante los años de Gobierno del Partido Popular. Señora Seller, en esos años usted y su grupo permanecieron impasibles, en silencio ante la
realidad de la provincia de Alicante, ante la realidad delincuencial de la Comunidad Valenciana. Eran años en los que las cosas eran realmente difíciles en materia de seguridad, porque, el crecimiento de los delitos era exponencial y constante y
porque la reducción de las plantillas de la Policía y de la Guardia Civil también eran constantes. Ustedes y usted particularmente, fueron cómplices de esas decisiones del Gobierno del Partido Popular que eran perniciosas, negativas y lesivas para
los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Alicante. Por tanto, señora Seller, y se lo digo respetuosamente, sus afirmaciones carecen de toda credibilidad.
Permítame que le dé unas pinceladas en torno a asuntos que usted ha comentado y es necesario aclarar. Doy por sentado que reconoce usted que el Greco está en marcha, funcionando y dando buenos resultados y quiero hacer especial hincapié en
la cuestión de los efectivos porque es sumamente importante. En el período 2004-2005, en estos casi dos años de Gobierno del Partido Socialista, se ha producido en la Comunidad Valenciana y particularmente en la provincia de Alicante un notable
incremento de las plantillas, que intentaré precisar. Se trata de más de 1.000 efectivos, 766 del Cuerpo Nacional de Policía y 239 de la Guardia Civil en el conjunto de la comunidad. Tengo que decirle, señora Seller, y sé que usted lo sabe, que se
trata de una cifra sin precedentes, es decir, que esto no ha ocurrido en los ocho años anteriores en los que gobernó el Partido Popular, porque entonces se desmantelaban comisarías y las plantillas de la Guardia Civil y se veía mermado el aparato de
seguridad del Estado en la provincia de Alicante. De esos 1.000 agentes que le estoy diciendo, quisiera darle dos datos más. Por una parte, a la Comunidad Valenciana -lo anunció la semana pasada el delegado del Gobierno, el señor Bernabé- se van a
incorporar 223 más en las próximas semanas, y de esos en concreto tengo que decirle que, en menos de dos años de Gobierno, 377 han venido a reforzar la seguridad en la provincia de Alicante: 221 en el Cuerpo Nacional de Policía y 156 en la Guardia
Civil. Por tanto, se han incorporado -atenta, por favor, señora Seller, al dato- 377 agentes en dos años a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la provincia de Alicante, una cifra -reitero- sin precedentes en los últimos ocho años, es
decir en los años en los que se veían mermadas las comisarías y las casas cuartel de dicha provincia.
La señora PRESIDENTA: Vaya finalizando, señor diputado.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Acabo enseguida, señora presidenta.
Quiero anunciarle también, porque sé que le interesa la materia, que esos 377 agentes se van a ver aumentados con 93 incorporaciones inminentes que forman parte de esa cifra de 223 que decía anteriormente que se incorporan al conjunto de la
comunidad. Por tanto, a modo de balance, podría decirle que en estos dos primeros años se han incorporado 470 agentes a la provincia de Alicante. Déjeme que le diga que esto contrasta notablemente con la caída del 25 por ciento de la plantilla del
Cuerpo
Nacional de Policía y con la caída del 30 por ciento de la plantilla de la Guardia Civil que se experimentó entre 1996 y 2004 en la provincia de Alicante, y déjeme que le diga también, señora Seller, que eso no solo ocurría de una forma
abstracta, sino en el momento en el que más crecían los delitos en la provincia de Alicante.
Señora presidenta, me crucial que se conozcan mas datos en la Comisión y que los recuerde, porque me consta que debe saberlos, la señora Seller.
Se trata simplemente de dar una visión panorámica de los delitos y faltas en la provincia de
Alicante en esos ocho años. Los delitos crecieron un 46,7 por ciento en los ocho años de Gobierno del Partido Popular. Esta parece una cifra absurda. Ella vaticinaba cuántos delitos iba a haber en el primer trimestre de 2006; yo desconozco
cuántos va a haber, pero le voy a decir que cuando gobernaba el Partido Popular, en 1996, hubo 46.000 delitos, que pasaron a 67.968 en 2004, cuando abandonaron el Gobierno.
Por lo que se refiere a faltas, las cifras son tan o más espectaculares:
un incremento, señora Seller, del 66 por ciento. Cuando ustedes llegaron al Gobierno se cometían 32.000 faltas en la provincia de Alicante y cuando lo dejaron se cometieron más de 54.000, por tanto un 66 por ciento más.
Acabo, señora presidenta, dando un dato que también me parece importante para clarificar cuál es la situación en lo que se refiere a seguridad ciudadana en la provincia de Alicante.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que termine en medio minuto, porque ha pasado ya su tiempo.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Agradezco su amabilidad y le ruego que me deje dar un último dato que permita tener una visión real de lo que está ocurriendo en la provincia de Alicante. La provincia de Alicante, señora presidenta, señorías, era
la provincia con mayor tasa de delincuencia de la Comunidad Valenciana en el año 2003, con los gobiernos del Partido Popular. La tasa de delitos por habitante era un 75,3, superior a la media de la Comunidad Valenciana y en estos dos años se ha
producido una reducción del 3,7 por ciento y la tasa de la provincia de Alicante ha caído al 71,6 por ciento. Por tanto, la delincuencia, el número de delitos y faltas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está reduciéndose y,
lo que es más importante, se están reduciendo sobre todo los delitos más violentos.
En cualquier caso, señora presidenta, muchas gracias por su amabilidad al permitirme ofrecer estos datos a la Comisión y reitero la que considero la idea fundamental de mi intervención, que la provincia de Alicante está mejorando en su
seguridad, porque el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno del Partido Socialista está haciendo un esfuerzo en policías, y un esfuerzo en medios especializados para reducir el número de delitos.
-SOBRE RIESGOS SÍSMICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001237.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, número 20 del orden del día, sobre riesgos sísmicos, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Fuentes.
El señor FUENTES GUZMÁN: Señorías, los terremotos son uno de los fenómenos naturales que más capacidad tienen para producir consecuencias catastróficas en amplias zonas del territorio. Pueden dar lugar a importantes daños en edificaciones
e infraestructuras, interrumpen gravemente el funcionamiento de los servicios esenciales y, lo que es peor, pueden ocasionar numerosas víctimas entre la población afectada. En los últimos años hemos observado que el fenómeno sísmico ha aparecido en
algunas zonas de España y lo ha hecho con una fuerza no conocida en décadas. Zonas del sudeste de nuestro país han sufrido terremotos de intensidad suficiente como para producir cuantiosos daños materiales y sembrar la alarma entre los habitantes
de poblaciones que han visto cómo se producían daños importantes, sobre todo en sus inmuebles. Los últimos, los más graves, tuvieron lugar en la provincia de Murcia. Recordarán que en lo que respecta a la atención e indemnización a los
damnificados el Gobierno de España, mediante el Real Decreto-ley 2/2005, de 11 de febrero, que fue ratificado por esta Cámara, adoptó medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 29 de enero y los
primeros días de febrero de 2005 en Lorca, Murcia. Estos terremotos pusieron de manifiesto la necesidad de afinar nuestros mecanismos de prevención y reacción... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdone que le interrumpa, señor diputado.
Por favor, ¿pueden mantener un poco de silencio?
El señor FUENTES GUZMÁN: Señora presidenta, decía que estos terremotos pusieron de manifiesto la necesidad de afinar nuestros mecanismos de prevención y reacción ante estos fenómenos naturales. Debemos recordar que España está situada en
una zona de actividad sísmica de relativa importancia y que en nuestra historia figuran episodios con terremotos de considerable intensidad en algunas zonas.
En materia de protección civil, sobre la que está basada fundamentalmente esta proposición no de ley, la situación normativa es la siguiente. La norma básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 407/1992 dispone en su apartado 6
que el riesgo sísmico será objeto de planes especiales en los ámbitos territoriales que lo requieran. La misma norma básica señala en su apartado 7.2 que los planes especiales se elaborarán de acuerdo con las directrices básicas relativas a cada
riesgo. Por su parte, la directriz básica de planificación de Protección Civil ante el riesgo sísmico fue aprobada por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 de abril de 1995 y modificada por acuerdo de ese mismo órgano el 16 de julio de
2004. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los correspondientes planes especiales de protección civil de las comunidades autónomas, en cuanto a fundamentos, estructura, organización y planes operativos y
de respuesta, para posteriormente ser homologados e implantados en su correspondiente ámbito territorial con la finalidad de prever un diseño o modelo nacional mínimo que haga posible en su caso una coordinación y actuación conjunta de los distintos
servicios y administraciones implicadas. Establece que a efectos de planificación de las respuestas ante este riesgo deberán de desarrollarse los planes de emergencia en aquellas áreas donde son previsibles seísmos de intensidad igual o superior al
grado VI, delimitados por la correspondiente isosista del mapa de peligrosidad sísmica para un período de retorno de 500 años, áreas que figuran en el anexo I de la referida directriz. En definitiva, señorías, en este ámbito geográfico al que me he
referido figuran todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas, excepto Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja y Madrid. La directriz básica de la que le estoy hablando -que reitero es del año 1995- establecía la obligación de
elaborar un Plan estatal de protección civil ante el riesgo sísmico, cuya finalidad sería establecer la organización y procedimientos de actuación de aquellos recursos y servicios del Estado que sean necesarios para asegurar una respuesta eficaz del
conjunto de las administraciones públicas ante situaciones de emergencia por terremoto en las que esté presente el interés nacional, así como los mecanismos de apoyo a los planes de las comunidades autónomas en el supuesto de que estas lo requieran
o no dispongan de capacidad suficiente de respuesta.
Desde el año 1995 hasta el año 2004 no se ha hecho nada, es una de las muchas tareas pendientes que el Gobierno del Partido Popular dejó en materia de protección civil. Nos consta que el Comité estatal de coordinación, que es el órgano
previsto por la mencionada directriz como responsable de la conducción de los estudios necesarios y la propuesta del plan estatal, se constituyó en marzo de 2005 y se fijó un plazo de 18 meses para la elaboración del borrador del plan y nos consta
también que se están haciendo trabajos en este sentido. Lógicamente existen protocolos de actuación que en la actualidad no dejan un vacío en el campo de la acción ni en el de la coordinación entre las administraciones en materia de prevención de
riesgos sísmicos, pero el Plan sísmico estatal se hace necesario y urgente. En este contexto, queremos que esta proposición no de ley que mi grupo trae hoy aquí sirva de revulsivo y de impulso político a los trabajos de elaboración de este plan,
que, repito, nos consta que se está haciendo. Asimismo nos consta que la elaboración del mismo está muy condicionado por el proceso de elaboración de los planes especiales ante riesgo sísmico de las distintas comunidades autónomas y que en la
actualidad solo Cataluña y Baleares han presentado ante la Comisión Nacional de Protección Civil sus planes para su preceptiva homologación, que, por cierto, ya se ha producido. Sabemos que en Canarias, Andalucía y Murcia se están elaborando estos
planes y esperemos, por tanto, que este debate sirva también para que las comunidades autónomas que no lo han hecho tomen conciencia de la necesidad de redactarlos y sirva también esta proposición no de ley para hacer un llamamiento a la
colaboración entre la Administración estatal y autonómica en la redacción de los planes de las comunidades y de las ciudades autónomas.
Señorías, el plan estatal será el instrumento que en caso de catástrofe nacional proveerá los mecanismos de organización y movilización de medios y recursos de todas las administraciones públicas; solicitará los medios extranjeros, así como
la colaboración de las Fuerzas Armadas en respuesta a una catástrofe de este tipo, e incorporará a las autoridades designadas al efecto a los órganos de dirección de los propios planes especiales de las comunidades autónomas. De ahí la importancia
de que los planes autonómicos y el plan estatal estén plenamente coordinados y de que finalmente se termine elaborando el plan estatal que hoy, mediante esta proposición no de ley, solicitamos al Gobierno que se realice en el plazo más breve
posible. Señora presidenta, pido, por tanto, a todos los grupos presentes en esta Comisión que apoyen la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. ¿Algún grupo desea intervenir en este trámite? (Pausa.) El señor Salvador, tiene la palabra.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra postura ante esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, por la que pretende que el Congreso inste al Gobierno a elaborar
un Plan estatal de prevención de riesgos sísmicos en el menor plazo posible. En primer lugar, quiero anticipar que nuestra postura es favorable a esta solicitud que plantea el Grupo Socialista. A partir de la exposición del portavoz socialista,
son muchas las coincidencias con lo que yo iba a argumentar respecto a nuestra posición.
Efectivamente la exposición de motivos recoge una realidad y es que los terremotos pueden provocar catástrofes y calamidades y son un fenómeno presente, una
realidad inquietante y latente que existe y no conoce -y esto es lo importante- de fronteras, de países, de repartos competenciales ni de administraciones, de tal forma que cuando se produce un terremoto afecta de una manera global a territorios muy
amplios. Por tanto, es necesario -y de alguna manera esa es la filosofía tanto de esta proposición no de ley como en su día del grupo normativo que la inspira- que tendamos a buscar instrumentos que consigan que los procesos de obtención de
información
sean eficaces y lo más amplios posibles, así como tenerlos por anticipado.
A su vez, en la medida en que pueda haber administraciones que ante un hecho como este pueden verse afectadas, es preciso que a partir de esa anticipación y de toda
esa información que se puede obtener tengamos instrumentos suficientes como para que se pueda leer de una manera global y no de una forma estanca. Esa era la filosofía que en su día tendía a que la normativa de 1992 fuera eficaz. La normativa
básica de Protección Civil y la directriz se inspiran en el deseo de que los planes por comunidades autónomas recojan unos requisitos mínimos que hagan interpretables los datos y que hagan lo más eficiente posible la respuesta frente a este tipo de
catástrofes. Durante este tiempo, la obligatoriedad que recogen las directrices respecto a que las comunidades autónomas de mayor o menor sismicidad elaboren sus planes ha podido retrasar que todas ellas pudieran tenerlos homologados a fecha de
hoy, pero creo que esta es una buena iniciativa y que puede servir como revulsivo político para que todas las administraciones tomen conciencia de los problemas de lo que se regula en esta proposición no de ley.
Nosotros apoyamos la voluntad del
Gobierno y su interés por acelerar los procesos que ahora estuvieran abiertos a nivel autonómico y animamos a las comunidades autónomas a que tomen buena nota de este interés y a que, cada una en ejercicio de sus respectivas competencias, acometan
el impulso necesario para sacar esto adelante. Por eso, señora presidenta, nosotros votaremos a favor de esta iniciativa.
-SOBRE COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001238.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cooperación policial internacional. Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán, por un tiempo de
diez minutos.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: En los dos años de legislatura que lleva este Gobierno socialista, han sido detenidas 229 personas por su presunta vinculación con el terrorismo islamista radical y otros 187 presuntos terroristas de ETA, tanto en
España como en algún país de la Unión Europea, lo cual demuestra, señora presidenta, que este Gobierno no se pone de rodillas ante el terrorismo sino que pone a los terroristas a disposición judicial; además, demuestra la firme voluntad política de
este Gobierno desde la cooperación internacional y desde la eficacia policial y demuestra también que los responsables políticos y los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ocuparon, ocupan y ocuparán cargos en las
respectivas direcciones generales son personas eficaces, son personas sensibles con el terrorismo, que con su actividad política y profesional dan un ejemplo al conjunto de la ciudadanía. De la misma manera, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado desarticularon el año pasado 290 grupos vinculados al crimen organizado, deteniendo a casi 4.000 personas de estos grupos, un 15 por ciento más que el año anterior. La mayor parte de todas estas redes desarticuladas se dedicaban al tráfico
de drogas, al blanqueo de capitales, al tráfico de personas, tráfico de personas que dicen los expertos que se ha convertido en el tercer negocio del mundo desde el punto de vista delincuencial, cuestión verdaderamente importantísima; también se
dedicaban a la prostitución y a la falsificación de documentos. Detrás de operaciones como Ballena Blanca, Mármol Rojo, Avispa u otras se encontraban decenas de malhechores internacionales, reforzando la idea de que la delincuencia organizada se
caracteriza por la globalización y resulta prioritario el refuerzo de la colaboración internacional. Las nuevas formas de delincuencia y una Europa cada día más integrada, en la que se suprimen gradualmente los controles en las fronteras, demandan
respuestas eficaces y nuevas formas de colaboración.
La fallida Constitución europea -fallida en el tiempo; esperamos que sea una realidad-, recogiendo el espíritu del Tratado de Amsterdam, señalaba en sus primeros artículos que la Unión ofrecerá a los ciudadanos un espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia y definía posteriormente esta área, como una competencia a compartir entre la Unión y los Estados miembros. Desde esa perspectiva, se hace más necesaria que nunca la cooperación entre los países. Adelantándose a esa
Constitución europea, el Consejo celebrado en Tampere en 1999 estableció un detallado programa de objetivos y prioridades para crear el referido espacio de Libertad, Seguridad y Justicia que cristalizó, entre otras, en la creación de Eurojust.
En concreto, la semana pasada el Congreso de los Diputados aprobó el texto del proyecto de ley que daba pie a que España suscribiera y se integrara formalmente en Eurojust. Para continuar esta línea y tratar de dar la misma carta de
naturaleza a Europol, es por lo que el texto de la Constitución europea recogía en su sección 5ª la cooperación policial y la definición de la nueva reformulación y constitución de Europol como órgano surgido del tratado. Europa habla de la
cooperación policial; el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado impulsan la cooperación policial y judical; y también este Congreso, en sus recomendaciones sobre el 11-M, recogía un importante apartado sobre el mismo tema al decir que
ningún Estado puede combatir por sí solo la amenaza del terrorismo y daba medidas concretas para mejorar la cooperación policial. Eficacia necesaria desde la cooperación policial, que avanza día a día con mecanismos políticos y operativos que la
Unión Europea lleva impulsando desde hace años y con más intensidad desde los tristes atentados del 11-S, 11-M y, posteriormente, los del 7 de julio de Londres.
En la vertiente operativa es de destacar, y mi grupo así lo destaca, el incremento de la actividad de las fuerzas de seguridad en el intercambio de información y en el desarrollo de operaciones conjuntas, incluida la pertenencia a
organizaciones internacionales como Interpol,
Europol o la pertenencia a la Agencia Frontex para mejorar la cooperación en materia de fronteras, inmigración y lucha contra la delincuencia. En esta materia de la inmigración, el plan estratégico de la policía abordaba medidas a
desarrollar en este campo a través de la Comisaría General de Extranjería y Documentación, con una mayor participación en las acciones de la Agencia Europea de Fronteras y aprovechando los nuevos instrumentos, como el sistema FADO, para mejorar la
eficacia de los controles en fronteras, en puertos, aeropuertos y controles móviles a desarrollar en la Unión Europea. En el área de inmigración España está haciendo importantes aportaciones sobre la misma al documento aprobado en el Consejo
Europeo de diciembre pasado. De ahí que España esté haciendo sus trabajos y sus deberes con relación a mejorar la coordinación política y la cooperación policial en una materia tan importante como es el tráfico de personas, pero también en el área
de la delincuencia y del terrorismo, que aparecen como ejes de la cooperación en política de seguridad y justicia de la Unión Europea y que, además, forman parte de las diez líneas del Programa de La Haya, en las que se está avanzando en Europa y
también en la colaboración desde nuestro país. También colaboramos en los diferentes programas y acciones que se impulsan desde el G-5, denominado G-6 tras la inclusión de Polonia, y con las líneas que se impulsan a partir del Tratado de Prüm,
también denominado Schengen III, o con el llamado Schengen del Mar, impulsado por España, Francia e Italia para la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el crimen organizado por la vía marítima. En el ámbito del G-6 -antiguamente
G-5-, o ámbito de cooperación reforzada en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo, se han desarrollado y se están desarrollando acciones y políticas en las que España está teniendo un importante papel, como la creación de la red de alerta
temprana en relación con el robo de explosivos y materias susceptibles de ser utilizadas por el terrorismo, en el impulso del sistema de trazabilidad de explosivos, en el intercambio de listas de personas vinculadas a actividades terroristas, en la
lucha contra el uso de internet con fines también terroristas, en la realización de vuelos conjuntos de repatriación y en la creación de grupos de expertos para misiones llevadas a cabo fuera de las fronteras españolas. En la próxima reunión de
marzo del G-6, en Alemania -en la que se materializará la presencia de Polonia- será cuando se aborden temas como la lucha contra la inmigración ilegal, la creación de la red de oficiales de enlace en los Balcanes y también medidas en la lucha
contra el terrorismo yihadista. España cada vez participa más activamente en los foros europeos y no europeos de seguridad y, por ello, ha puesto en marcha nuevas estructuras de carácter político y operativo, como el grupo de alto nivel del espacio
de Libertad, Seguridad y Justicia y el grupo de coordinación interministerial, a la vez que ha reforzado los equipos del Ministerio del Interior, de la Policía y de la Guardia Civil con su presencia en los nuevos foros y plataformas europeas.
Además, señora presidenta, España se adhirió en mayo pasado al Tratado de Prüm o Schengen III, ámbito de cooperación reforzada entre Alemania, Austria, Francia, España y los países del Benelux y, en concreto, el pasado 3 de febrero, el
Consejo de Ministros daba luz al proyecto que ha mandado al Congreso de los Diputados para que este fuera aprobado como tratado internacional y, por tanto, pasando así España a pertenecer a dicho tratado. El tratado de Prüm busca, coordinar las
actividades políticas y policiales para luchar contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la inmigración ilegal. A los instrumentos de cooperación creados por el Acuerdo de Schengen, entregas vigiladas, cooperaciones transfronterizas,
sistema de información Schengen, que en su día supusieron ya instrumentos valientes en la lucha contra la criminalidad internacional, el Tratado de Prüm viene a dar un nuevo impulso en este campo a algo tan esencial como es la disponibilidad
inmediata de la información por los órganos judiciales y policiales encargados de combatirlo, en temas como las nuevas técnicas de investigación criminal, ADN, uso de la titularidad de vehículos, operaciones policiales, terrorismo, grandes eventos,
repatriaciones e inmigración ilegal, piezas esenciales para una mejor cooperación policial y política. Como vemos, señora presidenta, la cooperación policial y política de España para conseguir un espacio común de Libertad, Seguridad y Justicia es
y tiene que seguir siendo cada vez mayor como también para luchar en este espacio común contra el terrorismo y la delincuencia internacional. Por eso en la proposición no de ley instamos al Gobierno desde el Parlamento a seguir reforzando e
impulsando la cooperación policial en el exterior y en el desarrollo de políticas de seguridad en la Unión Europea y fuera de la Unión Europea. Ganar la batalla aquí y fuera contra el crimen y el terror son la garantía de una sociedad más justa,
más democrática y más en la línea de la Constitución europea de crear un espacio de libertad, seguridad y justicia no solamente para este país sino para los miembros de la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos Parlamentarios que quieran intervenir para fijar posición?
Tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Hemos escuchado con atención la intervención del portavoz socialista y no deja de resultarnos un tanto sorprendente la iniciativa. No porque no vayamos a apoyarla, no porque no creamos que la cooperación
internacional en todos sus ámbitos, bilateral, multilateral y en el ámbito de la Unión Europea no sean importantes, sino porque se nos presentan en esta Cámara como novedades cuestiones que llevan muchos años encima de la mesa. Esas estrategias de
duplicar esfuerzos o recordar iniciativas de otros grupos o de otros gobiernos ya nos suenan a conocidas. Quiero recordarle, señoría, que durante la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular se iniciaron las cumbres antiterroristas con
Francia que ocupaban uno o dos días. La mitad del tiempo se dedicaba
en esas cumbres a hablar de lo que algunas veces se ha dado desafortunadamente en llamar terrorismo internacional y que a nosotros nos gusta ponerle el apellido de terrorismo yihadista en este caso concreto. Además de hablar de evidencias,
que nos parece bien como ejercicio que podría ser razonablemente interesante pero sin que se pueda presentar como una novedad, se hace en un tema extremadamente delicado en el que tiene que haber creciente consenso, en el que la responsabilidad, el
equilibrio y la visión tienen que ser totales. Pregunto si en este contexto sería responsable que se hubiese hablado en su día, en la legislatura pasada, del comando Dixan desconociendo, por ejemplo, la naturaleza fraccionada de las células
terroristas yihadistas, que procuran separar los elementos con los que quieren producir bombas en diferentes países, ni siquiera en diferentes ciudades, para que las fuerzas de seguridad de diferentes miembros de la Unión Europea o de cualquier otro
actor internacional sean incapaces de vincularlas a otras iniciativas terroristas.
Es evidente que uno de los más graves problemas a los que se han enfrentado la democracia y la libertad en el siglo xx -y será lamentablemente así en el siglo xxi- es un crimen organizado dentro del cual se encuentra obviamente el
terrorismo, cada vez más sofisticado y con mayores medios, y por eso la cooperación bilateral es insustituible, y nosotros lo hemos repetido hasta la saciedad en el ámbito de la Unión Europea -tenemos una larga lista de iniciativas que vienen
desarrollándose desde el año 1995- y en el ámbito multilateral, en el que queremos hacer un pequeño alto en el camino para recordar a SS.SS. que este es uno de los fracasos más sonados de la comunidad internacional.
Los intentos reiterados por
parte de Naciones Unidas de aprobar convenciones para luchar contra el terrorismo y dotarnos de un marco jurídico suficientemente estable no han visto la luz hasta que no se produjeron los terribles atentados del 11 de septiembre, y en ese momento,
utilizando los retales de esas convenciones, se pudieron poner en marcha, de forma precipitada en ocasiones, las resoluciones 1368 y 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Les quiero recordar también que durante el Gobierno del Partido Popular se crearon grupos de trabajo para el estudio de la delincuencia organizada y del terrorismo con Francia, Alemania, Reino Unido, Egipto, Israel, Estados Unidos y México,
entre otros, y puedo decirlo, entre otras cosas, señorías, porque yo presidía buena parte de ellos, los puse en marcha yo mismo. Con algunos países del entorno mediterráneo firmamos convenios de cooperación en materia de seguridad, que yo mismo
impulsé también, con Argelia, Túnez o Egipto, entre otros. Yo quiero pedirles, si son tan importantes estas medidas y tan importante es este tema -que yo creo que nadie lo duda-, que no voten ya en contra de iniciativas sensatas del Grupo Popular
como la que vamos a estudiar a continuación sobre la prohibición de entrada a imanes radicales que incitan a la violencia y al odio religioso.
El portavoz socialista decía -y es un dato importante que nosotros subrayamos- que el tráfico de seres humanos se ha convertido en la tercera fuente de ingresos del crimen organizado, eso es verdad, pero no solo del crimen organizado,
también del terrorismo y del terrorismo yihadista, y nosotros hemos denunciado recientemente, por ejemplo en Canarias, que el terrorismo yihadista controla y domina las redes de tráfico de seres humanos en el Sahel, en el Magreb y hacia Canarias y
el sur de la península Ibérica. Ante eso, el delegado del Gobierno en Canarias comete la enorme imprudencia no solo de negarlo, sino de llamar imprudente a quien lo denuncia. Nosotros dijimos que podría estar ocurriendo que los terroristas
utilizaran de forma disimulada las rutas de las pateras para introducir comandos, células o terroristas en Canarias o en el resto de España. Yo quiero conocer la opinión del Grupo Socialista respecto de esta afirmación verdaderamente imprudente, ¿o
se cree alguien que negar la evidencia y la realidad y no poner los medios necesarios para luchar contra ellos va a evitar que tengamos problemas en el futuro?
En cualquier caso, señorías, vamos a hacer un pequeño repaso de aquellas novedades que nos ha presentado el Grupo Socialista como tales. La creación de la Unidad de drogas de Europol, que fue el embrión de Europol, no se creó en el año
1995, fue la UDE la que se creó, como sin duda S.S. sabe, aunque después Europol viese finalmente la luz con la aprobación de su estatuto y de los privilegios e inmunidades de los funcionarios de esa organización. Fue España la que insistió,
contra viento y marea y siendo Gobierno de España el Partido Popular, en que Europol tuviese competencias en materia de terrorismo, y tuvimos enormes dificultades para hacer ver la importancia de este gesto, aunque no tuviese una trascendencia
operativa al principio, a algunos de nuestros socios, que no entendieron nuestra demanda, nuestro requerimiento, hasta que no se produjeron los atentados del 11-S. Queremos además recordar que fuimos nosotros quienes impulsamos -fue una idea del
Gobierno de España- el Consejo Europeo extraordinario de Tampere, que también ha sido mencionado esta mañana aquí. Aquel Consejo Europeo extraordinario, al que yo acudí por cierto, fue el primer paso de la Unión Europea para la creación de ese
espacio de Libertad, Seguridad y Justicia del que tanto nos enorgullecemos los europeos. Entre las 62 conclusiones de Tampere, que algunos ayudamos a redactar, estaba la hoja de ruta para la creación de ese espacio europeo de Libertad, Seguridad y
Justicia, y hay muchísimas más iniciativas.
Nosotros pensábamos que con la experiencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de España en la lucha contra el terror era bueno que hubiese un comisario que presidiese la Unidad antiterrorista. Creíamos también que era
importante dotar de instrumentos jurídicos eficaces a la lucha contra todo tipo de delincuencia organizada o de delitos graves.
Siguiendo el ejemplo de los acuerdos judiciales entre el Reino Unido y la República de Irlanda, empezamos a construir
una iniciativa que se dio en llamar la Euroorden, que es la orden europea de detención y entrega. Lo hicimos además aprendiendo de los errores y de las experiencias del primer acuerdo de
esta naturaleza firmado en Europa, que era justamente el suscrito entre el Reino Unido y la República de Irlanda; por cierto, no incluía el terrorismo y nosotros conseguimos que sí lo incluyese sa Euroorden es hoy la única posibilidad que
tienen aquellos países que sufren el zarpazo del terror para tratar de conseguir que sus autoridades judiciales tengan a disposición el delincuente y que así el país en el que se ha cometido el delito más grave pueda conocer de primera mano y sin
esperar años enteros hasta que la información sea totalmente irrelevante por qué, cómo, quién, cómo se organizó, y así poder evitar nuevos atentados o delitos y, desde luego, desmantelar las organizaciones criminales.
La señora PRESIDENTA: Le ruego que vaya terminando, señor diputado. Su tiempo ha concluido.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Concluyo enseguida, señora presidenta.
Es una cuestión importante y le ruego un poco de benevolencia.
La otra cuestión es la armonización de 32 delitos. También ocurrió en la anterior legislatura y fue una iniciativa del Gobierno del Partido Popular, junto con otros muchos socios europeos. Es un embrión de Código Penal europeo y un primer
paso para que nadie, alegando algún tipo de incompatibilidad entre legislación penal, pueda sustraerse a la acción de la justicia de cualquier país miembro de la Unión Europea. Señorías, el debate nos parece interesante, nos parece importante, sin
duda, pero no es serio que se presenten a esta Cámara como novedades cosas que habían sido presentadas, impulsadas y logradas por otros gobiernos. Créame, señoría, nosotros siempre vamos a apoyar la cooperación internacional porque somos, éramos y
seremos firmes creyentes en la necesidad y en la bondad de estas iniciativas. Ahora, lo que les pido es que no tengan doble vara de medir. Cuando algunas iniciativas son sensatas y equilibradas y se presentan por parte de la oposición, ustedes se
oponen solo porque las ha presentado la oposición, y después toman la palabra en iniciativas superfluas, como esta -porque es un tema en el que todos estamos de acuerdo y es evidente que lleva haciéndose muchos años, por lo que no entendemos muy
bien la oportunidad de la iniciativa-, y hacen uso de un lenguaje que nosotros aplaudimos, sin ninguna duda, pero que consideramos que podrían utilizar en iniciativas similares, igualmente importantes, sobre problemas que, a diferencia de estos que
ya están resueltos, no lo están y cuya resolución ustedes, con su actitud irresponsable, han obstaculizado.
-SOBRE LA PROHIBICIÓN DE ENTRADA A LOS IDEÓLOGOS DEL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001314.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que se corresponde con el punto 22 del orden del día, sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España, del Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Esta es una iniciativa que nosotros ya hemos traído para el estudio de esta Cámara en Pleno, pero nos parecía que, ante las novedades acaecidas en fechas recientes, era de fundamental importancia volver a
estudiar esta cuestión en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados. Nosotros dijimos en su día que no acudiríamos a un acto en el que estaba presente Tariq Ramadán y todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto el nuestro,
pensaron que nuestra iniciativa obedecía solo a eso. Nosotros no estábamos instalados en el oportunismo político del momento o de la noticia de primera página; estábamos en una cuestión de fondo sobre la incitación el odio, la ira y la violencia
de una minoría que contamina a la mayoría y que intenta imponer sus criterios opresivos, violentos e irracionales a la mayoría mediante la violencia o con la amenaza de la violencia.
No voy a hablar solo de aquellos supuestamente moderados que han incitado a la violencia y que, por cierto, tienen prohibida la entrada a algunos países del mundo como Tariq Ramadán o, sorprendentemente, Zaqui Badawi, de quien he sido amigo
y con quien he tenido largas conversaciones, por ejemplo, en Marruecos o en Londres, y quien parecía condenar con toda rotundidad la violencia hasta que se produjeron los atentados de 7 de julio del año pasado en Londres, cuando, francamente, creo
que perdió el juicio y empezó a decir unas cosas absolutamente inaceptables, en los medios de comunicación entre otros en un debate conmigo en Sky News. Está también el furibundo e incendiario telepredicador Jusuf Al Qaradawi, que tiene un programa
prácticamente diario en Al Yazira y que no hace otra cosa que justificar siempre que puede atentados terroristas y atentados suicidas.
La reciente crisis de las viñetas hay que estudiarla en cinco planos bien distintos. El primero es un debate sobre la libertad de expresión y sus límites que solo pueden ser la prudencia, el sentido común y la ley, es decir, el Código
Penal, y quien se sienta ofendido puede legítimamente acudir a los tribunales de justicia independientes de una nación democrática para que sus derechos sean reparados. El segundo es la reacción causada en una minoría, una minoria insisto de
radicales entre las comunidades islámicas europeas, especialmente en Londres donde aparecieron algunas pancartas verdaderamente inaceptables en las que se decía, entre otras cosas: Europa es el cáncer y el Islam es la respuesta, Os degollaremos a
todos, o amenazando con nuevos atentados como el del 11-S en suelo europeo. Hay otros elementos que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de analizar todo esto. El tercero es el geopolítico y geoestratégico, es decir, cómo algunos países con
dificultades internacionales serias se han aprovechado de esto -Siria e Irán-, aunque no viene a cuento en esta discusión. El cuarto plano, que sí viene a cuento, es que un grupo terrorista como Al Qaeda ha declarado que Europa es el nuevo
campo de batalla de la guerra santa global y total y lo dice su número dos Ayman Al Zawahiri en el libro Los caballeros a la sombra del estandarte del profeta. Ahí se dice que somos la nueva tierra de misión y la nueva frontera que debe ser
conquistada, sometida y humillada. El último plano es qué grupos se han beneficiado de esta crisis, obviamente los radicales, esos a los que nosotros queremos prohibir la entrada a países como el nuestro. No estábamos dando nombres sin base
suficiente, señora presidenta, porque nosotros tanto en Pleno como hoy aquí en la Comisión mencionamos los mismos que en su día dijimos y hoy de esos tres uno está procesado y pendiente de extradición desde Líbano al Reino Unido y otros dos ya están
en la cárcel condenados a siete años de prisión. Por lo tanto, no estábamos hablando de personas que fueran ni respetables ni respetadas. Estábamos hablando de terroristas que estaban incitando a otros terroristas a cometer brutales atentados o
justificando los que ya se habían producido. Vamos a dar otra vez algunos nombres. Omar Bin Bakri, aquel que dijo en el 2001: Usaremos vuestra democracia para destruir vuestra democracia, y advertía al Reino Unido que si no se sometía a los
postulados de gente como él acabarían convirtiéndola en gentes como él en otra Bosnia. El líder de Al Muhayirúm, grupo al que por cierto nos volvemos a referir, que es este Omar Bin Bakri llegó a decir tambien que el 11-S era una reacción lógica de
los musulmanes contra lo que él considera la opresión occidental. Abu Izadee, el jefe del grupo Al Ghuraba, dijo que los atentados de Londres deben ser alabados y que ese es el camino a seguir o personajes como Abu Uzair, de la secta de El
Salvador, sucesora de los Al Muhayirúm, que están siempre incitando a la juventud británica de origen musulmán contra occidente y utilizando la guerra santa. Abu Uzair dijo que el 7-J había supuesto el inicio de la guerra santa contra el Reino
Unido y el resto de Europa y que había sido la llamada de atención y de despertador para que gentes que le sigan hiciera, lo mismo. Abu Hamza, de Al Magri, condenado a siete años de prisión por los tribunales de justicia democráticos e
independientes del Reino Unido, imán titular de la mezquita ultrarradical de Finsbury Park, ha sido encontrado culpable de once delitos graves, entre ellos la incitación al asesinato. A este personaje, cuando todavía no había sido condenado,
nosotros pedimos que se le incluyera en una lista de personajes a los que no se les debía permitir la entrada a España.
Obviamente, durante siete años no podrá entrar ni en España ni en ningún otro país porque va a estar a buen recaudo. Por
último, hablábamos también de Abu Qatada, que no es cualquier persona, sino otro condenado a siete años de prisión por los mismos delitos que el anterior y que, da la casualidad es el ideólogo principal de uno de los grupos terroristas más bárbaros
y sanguinarios que se conocen, que es el grupo salafista de predicación y combate y que tiene seguramente las mejores redes y recursos en Europa.
Nosotros pedimos además que se extienda la aplicación de la Ley de Partidos a grupos como Al Muhayirúm, Al Ghuraba, Hizb Ut-Tahrir o Takfir Wal Hijra, todos ellos grupos que han favorecido, apoyado, justificado o incitado a la violencia
terrorista. Queremos, por lo tanto, que esta Cámara dé un toque de atención muy serio para diferenciar muy claramente entre los moderados y los radicales que los mensajes de odio, de violencia y de terror no tienen cabida en sociedades democráticas
como la nuestra. Los efectos de estos mensajes radicales no se hacen esperar, señorías, y estudiando seriamente los efectos de ese mensaje puede uno llegar a la conclusión espeluznante a la que se llegaba leyendo hace muy pocos meses la encuesta
realizada por la empresa ICM del Reino Unido y publicada el 26 de julio del año 2005, según la cual el 5 por ciento de los musulmanes de nacionalidad británica, unas 80.000 personas, justificaban, alababan y aplaudían los atentados del 7-J y el 14
por ciento no sabían muy bien si eran condenables o no, pero, en todo caso, no los condenaban. Este es el problema al que tenemos que hacer frente.
Tenemos que escuchar voces sensatas como las del imán de Marsella, hoy protegido policialmente 24
horas al día, tenemos que escuchar voces sensatas como las del director del Centro Cultural Islámico de París, que fue el primero en señalar a personajes como Tariq Ramadán, declarándolos la vanguardia del islamismo radical y del terrorismo
yihadista en Europa, eso sí, de forma escondida y con doble lenguaje. Por eso invitamos humildemente al resto de los grupos a que se sumen a esta iniciativa una vez que se ha demostrado que aquello que nosotros llevamos al Pleno ha venido a
justificarse no solo por nuestras opiniones, sino por sentencias firmes de tribunales de justicia de países socios y aliados del nuestro.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que quieran fijar posición en esta proposición no de ley, que no ha tenido ninguna enmienda? (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Navarro por un tiempo máximo de cinco minutos.
La señora NAVARRO CASILLAS: Denunciamos que estamos ante una iniciativa que se aparta del Estado de derecho y que demuestra el funcionamiento al que aspira el Grupo Popular tanto en política interna como internacional.
Quiero decirles
sencillamente que si para ustedes las libertades de los ciudadanos tienen poco valor, para nosotros tienen mucho y a lo que no podemos aspirar es a que el Estado las restrinja o amplíe a su libre albedrío; en democracia eso no es posible. Las
reglas están para cumplirlas y para garantizarnos a todos nuestra libertad, pensemos lo que pensemos o profesemos la religión que cada una elija libremente. Ustedes llegan casi a identificar en su iniciativa islamistas con terroristas.
Simplemente
quiero decirles que ojalá tuvieran más cuidado con lo que dicen porque hieren la sensibilidad de los que sí somos demócratas.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por cinco minutos para fijar su posición el señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Con su permiso.
Señor De Arístegui, quiero decirle que el Grupo Parlamentario Socialista tiene tanta preocupación como la que pueda tener usted y su grupo por esta materia y por combatir el terrorismo yihadista, como así lo hemos venido demostrando a lo
largo de este tiempo. Sin embargo, no entiendo esta proposición no de ley; no entiendo una proposición no de ley que ya ha sido derrotada en la Cámara hace escasamente dos meses por una amplia mayoría. No sé si es voluntarismo o más bien
obstinación por su parte, perdóneme que le diga. No sé si usted, trayéndola aquí, piensa que tiene más poder de persuasión o que en esta sala va a tener más poder de convencimiento del que tuvo en el hemiciclo cuando la presentó. Sé perfectamente
que esta proposición no de ley no está dentro de la campaña de promoción de su libro porque usted es una persona seria (Risas.-Rumores y protestas), pero es evidente que estos no son los motivos de este sostenella y no enmendalla. Más bien me
parece que esta reiteración se debe a una estrategia previamente trazada y decidida, una estrategia del tipo vamos a seguir hablando de los temas que nos interesan porque, además, esto colisiona a nuestro electorado y nos proporciona la imagen de
dureza que deseamos tener. Esa es, con todos mis respetos y dicho en términos de estricta defensa de mi posición, la razón fundamental por la que usted nos vuelve a traer a esta Comisión una proposición no de ley que ya ha sido derrotada en la
Cámara. Si usted, como dijo en el Pleno del día 22 de noviembre, quisiera haber presentado una propuesta de integración, hecha por encima del partidismo, con responsabilidad y sentido de Estado, al menos en esta ocasión, después de haber sido ya
derrotado, habría intentado llegar a algún acuerdo con los grupos de la Cámara, con este grupo; habría intentado pactar algo y no lo ha hecho porque no les interesa en absoluto hacer una propuesta de integración ni hacerla con sentido de la
responsabilidad. Todos los peligros que usted ha mencionado y todas las personas a las que usted ha mencionado son perseguibles con el actual Estado de derecho y a través de la política actual de la Unión Europea, de España, con las normas que ya
tenemos a través de nuestro Código Penal, de la Ley de Extranjería y de la Ley de Asilo. La política de la Unión Europea se contiene en el Plan de acción contra el terrorismo.
Respecto a las listas, fíjese lo que dijo el coordinador de la lucha contra el terrorismo cuando vino a la Comisión de investigación de los atentados del 11-M. Hay dos listas de la Unión Europea con el fin de congelar los activos de la
financiación de los terroristas -este es el objetivo de las listas-: la primera se basa en una resolución de Naciones Unidas e identifica a organizaciones en tanto que organizaciones terroristas e identifica igualmente a individuos en cuanto a
individuos terroristas. Del mismo modo existe otra lista de la propia Unión Europea, y el proceso seguido a la hora de incluir a esas personas en esta lista es que hay que disponer de una decisión unánime de los expertos de los Estados miembros.
Ese es el proceso y no los atajos que usted se propone a través de esta propuesta. En España, también se han hecho muchas cosas contra el terrorismo islamista, y usted ha mencionado antes algunas de ellas -mi compañero también lo hizo-. El Código
Penal, en el artículo 578, castiga a aquellos que enaltezcan o justifiquen los delitos de terrorismo. La Ley de Extranjería prohíbe la entrada de aquellas personas que puedan poner en peligro la seguridad interior o exterior y, a su vez, el
artículo 54.1 de la Ley de Extranjería permite sancionar y expulsar a aquellas personas que pongan en peligro esta seguridad interior o exterior del Estado. Por fín, los artículos 19 y 20 de la Ley de Asilo permiten revocar el estatuto de refugiado
y expulsar a los refugiados.
España está ahora mismo en un proceso de esas características. Por tanto, y como usted puede observar, hay medios suficientes para combatir el terrorismo islamista y las organizaciones de los terroristas.
Esta propuesta no es necesaria para combatir ese terrorismo yihadista, para eso es innecesaria y superflua, pero lo peor de esta propuesta es que tiene cierto tufillo, permítame que le diga, de inconstitucionalidad francamente rechazable.
Propone una forma de proceder y hace unas consideraciones que son impropias de un Estado de derecho como el nuestro. Quizá en otros Estados y en otras latitudes se puedan vulnerar derechos, se puedan condenar pensamientos, se puedan atenazar las
libertades con el fin de combatir determinados fenómenos execrables; en nuestro Estado de derecho eso no es posible ni deseable. Les diré más, esta iniciativa se desliza por el peligroso camino de acrecentar en los países de Occidente el rechazo
xenófobo a los musulmanes y a todo lo islámico en general, y los que ostentamos alguna responsabilidad lo que tendríamos que hacer precisamente es más y mejor pedagogía. En este sentido, permítame que vuelva a citar al señor De Bries, que cuando
estuvo aquí, en la Comisión de investigación de lo atentados 11-M, dijo que uno de los grandes desafíos del próximo año iba a ser las relaciones con el islam en el mundo. La Unión Europea no cree en el choque de civilizaciones y rechaza cualquier
vinculación automática del islam con terrorismo.
Por tanto, señor Arístegui, volveremos a votar en contra de su propuesta porque nos parece desafortunada y reiterativa. Solamente permítame un último comentario: no sé a qué viene la obsesión que ustedes tienen con la propuesta de alianza
de civilizaciones, porque al paso que vamos se van a quedar absolutamente solos en contra de esta propuesta. La Unión Europea está a favor, Naciones Unidas está a favor y últimamente también Estados Unidos está a favor con la carta que la
secretaria de Estado de Estados Unidos ha remitido al presidente del Gobierno. Por tanto, por ser coherente con lo que en su día le dijeron la inmensa mayoría de los grupos de la Cámara, lo oportuno sería retirar esta propuesta, si no, nosotros la
votaremos en contra. (El señor De Arístegui y San Román pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: No hay turno de réplica, señor Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: No, no, señora presidenta, es que hay gravísimas alusiones personales. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Arístegui, se han producido interpretaciones y opiniones... (Rumores.-Varios señores diputados: ¡No, no!.)
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Son gravísimas acusaciones...
La señora PRESIDENTA: No tiene el uso de la palabra, señor Arístegui.
Perdone que le diga que también otros portavoces han hecho señas para intervenir en otro momento, pero este turno tiene una intervención por grupo parlamentario, y no
voy a consentir...
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Por alusiones graves, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Esa es su opinión, señor Arístegui. Se han producido todo tipo...
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Todo el mundo aquí lo ha podido ver, señora presidenta.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señora presidenta, solicitaríamos la intervención de la letrada para interpretar si lo que es la presentación de una persona de un libro...
La señora PRESIDENTA: No tiene la palabra, señora Sánchez-Camacho.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Solicito la intervención y la benevolencia de la Presidencia.
La señora PRESIDENTA: Nadie le ha dado la palabra porque no la ha solicitado.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: La estoy solicitando, señora presidenta, y estoy solicitando la intervención de la letrada.
La señora PRESIDENTA: No, la letrada no tiene que hacer esa función.
La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Además, señora presidenta, se le ha solicitado a mi grupo que retire esta proposición. Supongo que este diputado tendrá derecho a decir si retira o no esa proposición no de ley.
¿O tampoco le da usted la
palabra para eso?
La señora PRESIDENTA: Usted ha tomado la palabra en este momento sin que nadie se la dé y haciendo interpretaciones. No tiene la palabra ningún grupo para entrar en el debate porque en cualquiera de los debates que se han producido esta
mañana ha habido opiniones con las que probablemente los grupos contrarios no estarían de acuerdo. Solamente le doy la palabra al señor diputado para que diga si retira o mantiene la proposición no de ley. Señor De Aristegui le doy la palabra,
solo y exclusivamente en ese sentido, si no tendré que retirarle la palabra.
El señor DE ARISTEGUI Y SAN ROMÁN: Yo quiero que retire la acusación que ha hecho el diputado. (La señora Sánchez-Camacho Pérez: Exactamente.) quiero que la retire él.
La señora PRESIDENTA: En ese caso estamos en el turno de opiniones. Está el debate cerrado y concluimos el debate de esta proposición no de ley.
(Rumores.)
-SOBRE PATRULLAS CIUDADANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE PATRULLAS CIUDADANAS. (Número de expediente 161/001428.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 23 del orden del día relativo a la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds sobre patrullas ciudadanas. Para su defensa tiene la palabra la
señora Navarro, por un tiempo de 10 minutos.
La señora NAVARRO CASILLAS: La realidad de la Policía local en el ámbito del País Valenciano es bastante triste gracias a la gestión que se hace por parte del Partido Popular. Así, la plataforma sindical de la Policía local de la Comunidad
Valenciana, formada por los representantes del cien por cien de los profesionales del sector (Comisiones Obreras, Cesif, UGT, etcétera) denuncian de manera reiterada la situación de precariedad laboral y la falta de medios de estos profesionales.
Mientras, el Partido Popular aboga -así lo hizo bajo su gestión- por la seguridad privada.
Tres años después del triunfo electoral del Partido Popular en el año 1996, España ya estaba en el grupo europeo de los cuatro países con más seguridad
privada, con una cuota de mercado del 5,4 por ciento. El sector sigue creciendo de manera imparable y las empresas de seguridad cifran en un 20 por ciento de media el incremento de la facturación anual.
Señorías, nosotros decimos que esta mala
gestión en el ámbito de la Policía local y abogar a través de esa política por la seguridad privada lo que hace, junto con el alarmismo social, es fomentar -y además se apoya de manera pública y notoria con presencia de miembros de las corporaciones
locales del Partido Popular- el fomento de movimientos civiles que amparados y tutelados por las empresas privadas de seguridad se organizan para ejercer vigilancia fuera del ordenamiento jurídico español. (Rumores.) Señora Presidenta, un poco de
silencio me vendría bien.
La señora PRESIDENTA: Pido a los diputados que están en la sala que guarden el orden normal, no digo que haya que estar absolutamente en silencio, pero sí que dejen hablar, por favor, a la portavoz que está en el uso de la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: A un grupo parlamentario como el nuestro le alarma tremendamente esta situación, que lo único que puede favorecer es la exclusión social y que aquellos que tengan más dinero tengan mejor seguridad, aparte del
peligro de recorte de libertades y las connotaciones tan contrarias a un Estado de derecho que pueda generarse y fomentarse las patrullas ciudadanas.
Mucho más grave que todo esto es el apoyo que se pueda ejercer por las administraciones públicas (en este caso siempre está detrás el Partido Popular) y hoy, como he comentado antes, tenemos la noticia en prensa de las manifestaciones de
apoyo absoluto que ha ejercitado el responsable de esta Secretaría, Ignacio Astarloa. Nos alarma profundamente porque sencillamente es evidente que ningún Gobierno debe hacerlo, no se puede trabajar al margen del ordenamiento jurídico y mucho menos
menospreciando las fuerzas del orden público y, como digo, el ordenamiento jurídico español. Además tanto la Administración local como la autonómica como el Estado son Estado y, por lo tanto, tienen una obligación. En primer lugar, tienen la
obligación de no generar alarma de manera gratuita para que se fomenten este tipo de patrullas y además no generar actuaciones totalmente al margen tanto de las libertades públicas como de estas normas del Estado de derecho que pretenden
garantizarnos precisamente nuestras libertades porque esa actuación supone un recorte absoluto de libertades individuales. Por eso presentamos, alarmados por esta situación, esta iniciativa en la que simplemente pedimos que se adopten las medidas
necesarias para evitar que se organicen este tipo de patrullas ciudadanas al margen de la ley, alterando las relaciones sociales y el disfrute de derechos fundamentales y libertades individuales de los ciudadanos en estas zonas o municipios. Es una
iniciativa que ojalá no existiera porque no fuera necesaria que se planteara esta situación, porque no se impulsara este tipo de acciones por parte de una política absolutamente demagógica respecto a la seguridad ciudadana, que es algo tan
relevante, porque nos mantuviéramos todos dentro no solo del ordenamiento jurídico, sino de las normas que garantizan las relaciones entre todos los ciudadanos y no se favoreciera de esta manera la persecución, la exclusión social y unas acciones
demasiado peligrosas para utilizarlas con esa ligereza como se utilizan por los líderes del Partido Popular y por los representantes municipales.
En algunos casos, como es el de Torrevieja, se está creando una mayor alarma y, desde luego, como se
expone en la exposición de motivos de la iniciativa, para nosotros nos resulta del todo deplorable. Sencillamente porque la seguridad es una cuestión de todos y es el Estado el competente, abogamos por que esto se haga así y en ningún caso se
permita la organización de este tipo de actuaciones al margen de las normas que nos permiten la convivencia entre todos los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición sobre esta proposición de ley tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Señora presidenta, la proposición no de ley que hoy debatimos comienza a modo de crónica haciendo referencia a la Asociación de Vecinos Cooperando de Torrevieja para extenderse detenidamente después en su
cometido.
Relata la presentación de una página web y cómo en la misma consta como finalidad reforzar la sensación de seguridad para los que viven bajo el acecho constante del delito. Continúa mencionando el origen de este tipo de asociaciones, cuya
finalidad expresa es aplicar un sistema de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aquí podemos afirmar que hasta ese momento todo va bien, si no fuera por la lamentable afirmación de la proponente dirigida a quienes
certeramente colaboran con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la consecución de un propósito que beneficia a todos y que no es otro que el de la seguridad de las personas, seguridad que, por cierto, sí viene recogida como derecho
fundamental en la Constitución cuya ejecución legítima sin duda corresponde en exclusiva a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en virtud de las competencias que el propio Estado de derecho reconoce el mismo Estado de derecho, señoría, bajo
el cual hoy usted puede hacer libremente las afirmaciones que hace, por cierto bastante destalentadas, calificando de fascistas y racistas a este prototipo de vigilancia.
Yo creo que usted ha equivocado la iniciativa. Su partido le ha dicho que haga usted alguna iniciativa sobre la inseguridad ciudadana en la provincia de Alicante, y en lugar de denunciar la situación que atraviesa la provincia, denuncia
usted a quienes pretenden defenderse de la agresión y de la extorsión permanente de las mafias y grupos organizados.
Además se ha equivocado en el verbo empleado porque elige Torrevieja y varios municipios de la Vega Baja del Segura y los acusa de
patrullar.
Señoría, nadie patrulla estos sitios más que la Policía local y la Guardia Civil; Guardia Civil que por cierto sigue con los mismos 130 efectivos que hace tres años y que no ha visto los 70 restantes, hasta completar los 200 que el
Gobierno anunció que se incorporarían antes de que terminara el 31 de diciembre del pasado año, situación que usted no denuncia, el mismo cuerpo que sigue esperando el cuartel de la Guardia Civil, a pesar de que se falsea la realidad, negándolo,
como hemos tenido ocasión de verlo hoy aquí mismo, situación que usted tampoco denuncia.
Aquí parece que se vive una situación idílica, que la voz de quienes entienden su derecho vulnerado no existe; ustedes la borran y lo hacen para entrar a saco
contra el Partido Popular. Todo el mundo sabe, menos usted y probablemente alguien más, que se ha incrementado la delincuencia. Y todo el mundo sabe menos usted, por lo visto,
que los efectivos con los que contamos los ciudadanos en la provincia de Alicante para garantizar nuestra seguridad no son suficientes. Les recuerdo las 70 muertes violentas que la Comunidad Valenciana ha tenido el pasado año. Ustedes no
las ven, echan balones fuera cuando lo que deberían hacer es amonestar al Gobierno y pedir seguridad para los ciudadanos. Dos años de abandono son suficientes para que justifiquen lo injustificable atentando contra el propio Partido Popular; a ver
si nos enteramos. El Gobierno se cargó la Policía de proximidad, ¿verdad? Sí. El Gobierno se apropia en la actualidad de los catálogos que hizo el Gobierno del Partido Popular, ¿verdad? Sí. El Gobierno tampoco ha previsto el incremento de
población concentrada en determinadas zonas y además muestra una desidia en este asunto, y ustedes desde luego son sus cómplices. No sé si sabrá, señoría, que en Torrevieja la Policía local ha tenido que triplicarse en dos años y medio. ¿Por qué?
¿Será porque siguen esperando efectivos? Probablemente será por eso. La respuesta la tiene usted en la calle, en Internet, en los medios de comunicación, y no es otra que la falta de policía necesaria en esas calles, eso que vienen ustedes a
echarnos en cara mientras el Grupo Socialista vota en contra -en el Congreso, por cierto- al ingreso en prisión provisional de los delincuentes habituales, reincidentes, maltratadores, considerando además que la mayor peligrosidad de un sujeto no
debería influir en el endurecimiento de las penas. Es más, el Grupo Socialista tenía una teoría muy curiosa, que supongo que también ustedes compartirán, que viene a definir los tirones de bolsos, las sustracciones de móviles y vehículos y el
maltrato o amenazas que sufren los ciudadanos como simples molestias no peligrosas.
En cuanto a Torrevieja, como iba diciendo, en la Vega Baja concretamente, no tengo que contarle el incremento de la inseguridad ciudadana. Pese a que usted diga lo contrario, ante la falta de medios humanos y la nueva y creciente
delincuencia organizada, crimen organizado, extendido no solo por nuestra provincia, sino por el resto de España, hacen falta conductas tan prácticas y encomiables como la que estos ciudadanos tienen que como digo es colaborar y no patrullar. En
segundo lugar, debe usted saber que esta asociación goza de total transparencia; tanto es así que su colaboración aparece en informes de las reuniones que mensualmente mantienen los concejales de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Policía
Local, y le puedo asegurar que la referencia que de ella se hace no es precisamente para denostarla, como usted hace. En tercer lugar, no ha habido ni una sola denuncia y ni una sola queja ni por parte de la policía ni por parte de la sociedad
civil que dé muestra de que esta desatinada afirmación que usted hace pueda tener la más mínima credibilidad. Nadie puede afirmar que se patrulla, ni siquiera usted. Su afirmación es, además de infundada, completamente improcedente e imprudente, y
por eso vamos a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Unzalu por un tiempo de cinco minutos.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: En primer lugar quiero fijar la posición de mi grupo. Nosotros vamos a apoyar la proposición presentada por Izquierda Unida y quiero aclarar el porqué. Nosotros nos hemos interesado por conocer en qué
consiste esta asociación, y la verdad es que yo este fin de semana me he metido en su página web y me he quedado muy sorprendida, porque hace varias cosas: recopila información, que está destinada a la prevención y a la investigación, para dársela
a las autoridades; realiza conferencias y además está muy estructurada, incluso pone a todos sus miembros en contacto, y no solamente eso sino que tiene una especie de responsables de área y tiene nombrados a una especie de coordinadores que hacen
unas reuniones mensuales. No voy a entrar en más detalles. Dos conceptos les definen: están estructurados e incluso me atrevería a decir que parece que están jerarquizados y que mantienen contacto fundamentalmente no con la Guardia Civil, lo que
es muy esporádico, sino con un enlace en los ayuntamientos.
Por la información que yo he obtenido de sus páginas no patrullan -y cuando me refiero a esta asociación, evidentemente, me puedo referir a cualquier otra similar, cualquier otro grupo se llame como se llame y opere en cualquier otra parte
del país-, pero -leo literalmente- dice: Los vecinos observan, escuchan e informan. Estoy en la página web de la asociación, no estoy leyendo 1984 de Orwell. Insisto: Los vecinos observan, escuchan e informan. Esto nos puede llevar en esta
Cámara que es donde legislamos a un debate y a una seria reflexión. Entrando en un debate jurídico y en un debate serio nos debe llevar a reflexionar sobre dos conceptos que son: protección ciudadana y ejercicio de libertades públicas. Desde que
se aprobó la Constitución es un binomio que es inseparable, es algo que no debemos permitir que bajo ningún concepto nos lleve a que deba existir ninguna merma en este equilibrio en el que sistemáticamente hemos tenido que luchar durante muchos
años. Aquí no nos vale que existan tipos predelictuales, aquí no nos valen conceptos como el merodeo.
Tengo delante de mí una página (me la he descargado de Internet) de esta asociación -insisto, que está dentro de la legalidad-, en la que vienen conceptos como complexión: delgado, medio, musculoso; color de piel: nórdico, caucásico,
negro, con pecas; color de pelo, estilo de pelo, parte superior de ropas, etcétera. ¿Saben ustedes lo que era aquel concepto de la ley de vagos y maleantes? Suponía adelantar el tipo predelictual, lo que se hizo en muchas de nuestras
legislaciones. Esa banda tan difícil no puede existir, que yo creo que es lo que en esta proposición no de ley Izquierda Unida está pidiendo. También se habla de patrullas; nuestra legislación, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece el
deber de colaborar, pero que no se dé ese otro paso. Ese otro paso no se puede permitir que se dé. No quiero alargarme más. Solo es posible vivir en libertad si impedimos que haya
gente que nos la quite, es decir si garantizamos la seguridad como un servicio público, si desarrollamos una política de seguridad que impida que nadie -persona, grupo o ente alguno- emprenda y desarrolle actividades o actos tendentes a la
supresión de cualquiera de los derechos o libertades protegidos por nuestra Constitución.
Desde aquí quiero recordar a la señora Seller, en esta guerra de cifras que S. S. mantiene, que el Ministerio del Interior se ha comprometido de manera sólida con este concepto de servicio público. Ha lanzado una oferta para ampliar el
personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo el Estado y, en función de los datos y de los delitos que se produzcan en Levante, se dotará específicamente del personal, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que sea
preciso para atender a las necesidades de esta zona.
La señora PRESIDENTA: Con esta intervención terminamos el punto 23 y todo el orden del día.
Si los grupos están en condiciones pasaríamos a la votación, salvo que quieran que esperemos unos breves minutos. Votación de las proposiciones no de ley que se han debatido en la Comisión. En primer lugar vamos a votar la proposición no
de ley con número de expediente 161/000728, en relación con el aumento de la delincuencia organizada en la provincia de Alicante, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley con número de expediente 161/001237, sobre riesgos sísmicos, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cooperación policial internacional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre la prohibición de entrada a los ideólogos del fundamentalismo islámico en España, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, proposición no de ley con número de expediente 161/001428, sobre patrullas ciudadanas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.