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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 486, de 15/02/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 486
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 15 de febrero de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
De la señora Bonàs Pahisa (Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-ERC), sobre:
-Previsiones acerca de la incorporación de nuevos municipios en la zona nuclear de Vandellòs como El Perelló (Baix Ebre) y Colldejou (Baix Camp) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/028171).
(Número de expediente 181/001147.) ... (Página 3)
-Consecuencias que se desprenden en los estudios y trabajos que lleva a cabo Enresa sobre el tratamiento de los residuos radiactivos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/028172). (Número de
expediente 181/001148.) ... (Página 5)
-Publicación de las mediciones de radiactividad por el Consejo de Seguridad Nuclear, así como funcionamiento de la estación de clasificación y descontaminación (ECD) de Montbrió del Camp (Tarragona) (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/028173). (Número de expediente 181/001149.) ... (Página 6)
-Inclusión en las modificaciones que se llevan a cabo en los Planes básicos de emergencia nuclear (Plaben) de la evacuación de los empleados de la central térmica de ciclo combinado Plan del Vent (L'Hospitalet de l'Infant) ante un accidente
en la planta atómica (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/028175). (Número de expediente 181/001150.) ... (Página 7)
-Cumplimiento por la central de Ascó de las especificaciones técnicas asociadas a la exención que tuvo en el año 2004, que deberían haber sido implementadas antes del día 1 de marzo de 2005 (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/028179).
(Número de expediente 181/001151.) ... (Página 8)
-Aplicación de los fondos que perciben los municipios afectados por centrales nucleares destinados a planes de emergencia, a otros objetivos (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/028180).
(Número de expediente 181/001152.) ... (Página 10)
-Procedencia de los fondos que financian los planes de emergencia de los municipios afectados por centrales nucleares, así como cantidades que han supuesto en el año 2004 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/028181). (Número de expediente 181/001153.) ... (Página 10)
-Publicación oficial de los estudios encargados al Instituto de Salud Carlos III en los que se detectaron tasas altas de determinadas enfermedades en el ámbito de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) (procedente
de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/028182). (Número de expediente 181/001154.) ... (Página 11)
De la señora Castro Masaveu (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre:
-Previsiones acerca de dar una salida a trabajadores subcontratados en las minas de Incomisa-Las Hermanas y Antracitas de Gillón, que van a quedar sin empleo, como consecuencia del cierre de las mismas (procedente de la pregunta al Gobierno
con respuesta escrita número de expediente 184/047951). (Número de expediente 181/001566.) ... (Página 12)
-Fecha de inicio de las obras de modificación de la subestación eléctrica de Soto de Ribera (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/048783). (Número de expediente 181/001585.) ...
-Fecha de inicio de las obras de las nuevas subestaciones eléctricas de Pesoz, El Palo, Salas, Regueras y Tabiella (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/048784). (Número de
expediente 181/001586.) ... (Página 12)
-Fecha de inicio de las obras del nuevo parque de la subestación eléctrica de Pesoz (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita (número de expediente 184/048785). (Número de expediente 181/001587.) ...
-Fecha de inicio de las obras de las nuevas líneas eléctricas de Boimente-Pesoz, Pesoz-Sanzo, Pesoz-El Palo-Regueras, Pesoz-Salas-Regueras y Salas-Narcea (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/048786). (Número de expediente 181/001588.) ... (Página 12)
-Acciones previstas para recuperar los retrasos producidos en la ejecución de los proyectos para la reactivación de las comarcas mineras (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/048793). (Número
de expediente 181/001591.) ... (Página 12)
-Medidas emprendidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para conseguir la eficiencia en el consumo energético (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045245). (Número de
expediente 181/001601.) ... (Página 12)
-Motivos por los que las pequeñas y medianas empresas de las comarcas mineras que solicitaron ayudas de los Fondos Miniminer de la Unión Europea, no las recibieron (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de
expediente 184/048799).
Número de expediente 181/001610.) ... (Página 12)
-Fecha de puesta en servicio del polígono industrial de La Moral y sus respectivos accesos en Langreo (Asturias) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/048801). (Número de expediente
181/001611.) ... (Página 13)
-Actuaciones previstas en el convenio suscrito el día 1 de septiembre de 2005 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el Gobierno del Principado de Asturias, la Mancomunidad Cinco Villas y la Asociación del Bajo Nalón 'Coto
Real', para el desarrollo del Plan de dinamización turística (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/049528). (Número de expediente 181/001614.) ...
(Página 13)
-Términos en los que se va a plantear el ajuste del sector de la minería del carbón (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/035456). (Número de expediente 181/001543.) ...
-Condiciones exigidas al Principado de Asturias para la instalación de una regasificadora en el puerto de El Musel (Gijón) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/040632). (Número de expediente
181/001592.) ... (Página 18)
Del señor Tomás García (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre:
-Consecuencias para el sistema eléctrico español de la transposición de la Directiva europea 2003/54 de electricidad. (Número de expediente 181/001711.) ...
(Página 22)
-Sobre medidas adoptadas por el Gobierno para la disminución del aislamiento energético de España y la mejora de las interconexiones de la red eléctrica. (Número de expediente 181/001727.) ... (Página 24)
Del señor Castelló Boronat (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre garantías que ofrece el Gobierno sobre la producción de electricidad al aplicarse en numerosas ocasiones las cláusulas de interrumpibilidad de suministro de gas a
las centrales eléctricas de ciclo combinado y grandes consumidores de gas. (Número de expediente 181/000809.) ... (Página 25)
Del señor Hernando Fraile (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre medidas previstas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para acelerar la llegada del gas hasta Almería desde Argelia a través del proyecto Mezgad.
(Número de expediente 181/001062.) ...
(Página 30)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
DE LA SEÑORA BONÁS PAHISA (GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA), SOBRE:
-PREVISIONES ACERCA DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS MUNICIPIOS EN LA ZONA NUCLEAR DE VANDELLÒS COMO EL PERELLÓ (BAIX EBRE) Y COLLDEJOU (BAIX CAMP) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/028171).
(Número de expediente 181/001147.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio número 29, cuyo orden del día tienen SS.SS. por escrito. Tenemos la comparecencia, para contestar las preguntas que figuran en ese orden del día, de
don Antonio Fernández Segura, secretario general de la Energía.
Antes de comenzar tenemos que decir que algunas de las preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Popular se han retirado por un fax que hemos recibido. Por lo tanto, quedan vivas dos preguntas que, cuando llegue su turno, diremos
cuáles son.
En primer lugar, tenemos las preguntas de la diputada Rosa María Bonás, que va a formular el señor don Jordi Ramón. Estas preguntas las podemos tramitar una a una, porque según la información que obra en poder de esta Presidencia algunas de
ellas han sido contestadas por escrito el día 11.
Puede que SS.SS. no las hayan recibido aún, o que las hayan recibido y tengan alguna objeción
que hacer. Por lo tanto, puede formular pregunta a pregunta o, si usted prefiere, le damos el tiempo que necesite y hacemos las preguntas en su conjunto, como ustedes decidan.
El señor RAMÓN TORRES: Nuestro grupo no tiene constancia, o no le ha llegado aún una respuesta. Esta mañana hemos estado mirando si estaban publicadas en la página web para intentar avanzar la Comisión. Yo preferiría hacer pregunta por
pregunta. Hay preguntas muy concretas, por lo que me comprometo a leer prácticamente el enunciado y esperaré que el compareciente nos dé una respuesta. En alguna sí que me voy a extender, pero intentaré no utilizar todo el tiempo porque si no
sería esto eterno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para formular la primera pregunta del orden del día, sobre las previsiones acerca de la incorporación de nuevos municipios en la zona nuclear de Vandellós.
El señor RAMÓN TORRES: En primer lugar, quiero darle la bienvenida. Como usted sabe, la inclusión en una zona nuclear implica una consideración especial. En este sentido, últimamente el organismo estatal Enresa ha considerado afectados
por el almacenamiento de residuos nucleares a los municipios que están cerca de la zona nuclear de Vandellòs, municipios como El Perelló, del Baix Ebre, y Colldejou, del Baix Camp. Nuestra pregunta es si está prevista la incorporación de estos
nuevos municipios a la zona nuclear de Vandellòs y, en caso afirmativo, si estos municipios serán compensados económicamente.
El señor PRESIDENTE: El señor Fernández Segura tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): En la normativa española el concepto de zona o área de influencia, también llamada zona de planificación, en relación con una central nuclear y a efectos del Plan Básico de
Emergencia Nuclear es distinto de las zonas que se definen en la orden ministerial por la que se autoriza a Enresa a asignar fondos con destino a los municipios que están contenidos en el ámbito de aplicación de dicha orden. Por tanto, estas áreas
geográficas no son coincidentes, responden a criterios diferentes. En el primer caso, es decir, la caracterización de las áreas a efectos del Plan Básico de Emergencia Nuclear se realiza de acuerdo con el criterio del riesgo nuclear; y en el
segundo caso, es decir, la caracterización de las áreas a efectos de la asignación de fondos por parte de Enresa, se utiliza el criterio de que exista una incidencia negativa en la zona de la instalación nuclear y de la infraestructura asociada a la
misma. De hecho, ambos instrumentos que hacen referencia a la planificación, en un caso para la inclusión en los planes básicos de emergencia nuclear y en el otro caso para la asignación de fondos de Enresa, son regulados por distintos ministerios.
El Plan Básico de Emergencia Nuclear es propuesto por el Ministerio del Interior al Gobierno para su aprobación, y la última revisión se ha realizado por un real decreto de 25 de junio de 2004, y ahí se define el concepto de zona de planificación,
es decir, la dimensión de la misma y no se ha producido en la última regulación ampliación alguna en relación con el antiguo Plan Básico de Emergencia Nuclear, que estaba regulado por un acuerdo del Consejo de Ministros de marzo de 1989. En el caso
de Enresa, de su actividad asociada a la asignación de fondos para los ayuntamientos de los municipios del área territorial de influencia de las centrales nucleares, la última orden ministerial es de 21 de junio de 2001 y no existe previsión alguna
de modificación de las áreas que en ella están definidas. En el caso de Enresa, la asignación de fondos a los municipios se hace en aquellos núcleos de población que estén incluidos en círculos de radios entre 10 y 20 kilómetros, tomando como
centro el núcleo de la central nuclear. Y según la propia orden ministerial que regula la aplicación de estos fondos, el criterio utilizado es la conveniencia de garantizar la percepción de unos ingresos mínimos a aquellos municipios que deben
soportar en mayor medida la existencia de la instalación nuclear y la infraestructura correspondiente. Por eso el hecho de que los municipios de El Perelló y Colldejou, a los que se refiere la pregunta formulada por su grupo parlamentario, vengan
recibiendo asignaciones por parte de Enresa se debe a que estos municipios tienen algún núcleo de población que esté en un área definida por una distancia no mayor de 20 kilómetros de un centro, que en este caso es el núcleo de la central nuclear de
Vandellòs II. Insisto, no existe previsión alguna por parte de Enresa de modificar los municipios que se incluyen en estas áreas y, según nuestras informaciones, no existe voluntad, interés o intención por parte del Ministerio del Interior de
cambiar las zonas de planificación a efectos de la integración de estos municipios o núcleos de población en el Plan Básico de Emergencia Nuclear.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Nosotros no somos de la misma opinión. Entendemos que estos municipios tenían que estar incorporados en la zona nuclear de Vandellòs, y así lo han expuesto varias veces los mismos municipios.
Entendemos que es un
error y miraremos a ver si alguna iniciativa parlamentaria pudiera presentarse para que al menos se previera esa incorporación de municipios que están afectados, como marcaba el organismo estatal Enresa.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Como he señalado, las competencias de decisión, en este caso, no residen en el mismo órgano. En el caso de la orden de Enresa residen en el ministro de Industria, Turismo y
Comercio; en el caso
de la incorporación de municipios en los planes básicos de emergencia nuclear es un acuerdo del Consejo de Ministros que se hace a propuesta del Ministerio del Interior. Por tanto, entiendo bien la observación del señor diputado pero yo no
estoy en condiciones de sustituir la voluntad o el interés de los representantes del Ministerio del Interior.
-CONSECUENCIAS QUE SE DESPRENDEN EN LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS QUE LLEVA A CABO ENRESA SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/028172). (Número de
expediente 181/001148.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda pregunta: Consecuencias que se desprenden en los estudios y trabajos que lleva a cabo Enresa sobre el tratamiento de los residuos radiactivos. Tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Hace unos meses se modificó en esta Cámara, a iniciativa del Gobierno, que los costes asociados a la gestión de los residuos se financie por parte de las empresas gestoras de las centrales, y no de forma incondicional
en todas las facturas de los usuarios. En este sentido nuestra primera pregunta es si pueden desprenderse consecuencias negativas en los estudios y trabajos que lleva a cabo Enresa, al haber modificado la financiación del tratamiento de los
residuos por parte de las empresas productoras y no directamente a través del recibo de la luz. Debemos indicarle que llevamos meses solicitando información a Enresa relacionada con esta cuestión, pero desgraciadamente no nos ha llegado ni con
claridad ni con seriedad. Concretamente en la Ley 5/2005 se fijan las cantidades que las eléctricas deberán abonar a Enresa en concepto de financiación de la gestión de los residuos, combustibles gastados y desmantelamiento de las instalaciones,
que van desde los 0,22 céntimos de euro por kilovatio/hora de la central nuclear de Garoña a los 0,186 céntimos de euro por kilovatio/hora para las centrales más modernas. Enresa sí nos ha indicado que estos datos consideran el volumen de los
residuos que se prevén, la vida útil estimada, los gastos de transporte, los costes de desmantelamiento, los costes de funcionamiento de los almacenes previstos, etcétera. Pero no nos proporcionan el detalle de todos estos costes. Lo que
consideramos necesario es valorar si las previsiones fijadas son razonables. Y en ese sentido le preguntábamos también en base a qué estudios o cálculos se han establecidos estos costes y si se pueden consultar estos estudios o cálculos para poder
opinar sobre la pertinencia de sus contenidos; y por qué no se nos han suministrado estos datos hasta el momento.
Hay otras cuestiones que nos consta que ya se están tratando en la mesa de diálogo sobre la temática nuclear y en una subcomisión de esta Cámara, pero en cualquier caso las manteníamos, y sobre todo para que consten las medidas que se tienen
que llevar a cabo. Por ello le preguntamos qué opiniones sólidas baraja en estos momentos el Gobierno español ante el retorno en el año 2010 de las más de 500 toneladas de residuos radiactivos procedentes de Francia para su emplazamiento, si ha
experimentado algún tipo de avance el acuerdo que se produjo en el mes de diciembre en la ponencia del Congreso de los Diputados que supervisa los trabajos del Consejo de Seguridad Nuclear en que se instaba a la empresa pública Enresa a la
construcción de un almacén temporal centralizado en el territorio estatal.
El señor PRESIDENTE: El señor Segura tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Ciertamente el Real Decreto Ley 5/2005 de reformas urgentes para el Impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública ha establecido que, a partir del 1 de
abril de 2005, sean los titulares de las centrales nucleares quienes han de hacer frente a los costes de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado procedente de la operación de las centrales nucleares y de su desmantelamiento,
costes que hasta entonces eran financiados mediante la aplicación de una cuota porcentual sobre el total de la facturación por venta de energía eléctrica. Estas modificaciones no tienen por qué suponer consecuencia negativa alguna sobre las
actividades de Enresa, puesto que el montante de la recaudación de esta empresa para el cumplimiento de los cometidos que les asignan las normas españolas no se verá modificado por el nuevo sistema de financiación. De hecho, los fondos que recibe
Enresa serán iguales que los que se recibían en el anterior plan, la única diferencia es que los orígenes de esos fondos serán distintos. En el caso anterior era una cuota porcentual que pagaba el conjunto de los consumidores eléctricos, y a partir
de la publicación del Real Decreto 5/2005 habrá un doble sistema de financiación: una parte provendrá igualmente de una cuota porcentual (en este caso más pequeña) de la facturación total del sector eléctrico, y la otra será financiada a través de
un sistema de tasas, cuyos sujetos pasivos y contribuyentes son los titulares de las instalaciones nucleares o radiactivas que producen residuos radiactivos. De acuerdo con lo previsto en dicho real decreto ley, los valores unitarios que se
aplicarán a cada kilovatio/hora bruto producido por cada central nuclear para el cálculo de la facturación que Enresa ha de imputar a los titulares de esas centrales serán revisados para cada año mediante un real decreto, en base a una memoria
económico-financiera actualizada del coste de las actividades correspondientes. Por lo tanto existe un procedimiento reglado, que en este caso era el decreto que establece cuál es la asignación a cada una de las centrales nucleares del importe que
debe ser liquidado a través de la Comisión Nacional de Energía e
ingresado en el fondo de Enresa. En todo caso, si el señor diputado requiere informaciones complementarias que no le hayamos proporcionado, estamos a su disposición; o bien me lo pide directamente, o bien a través del trámite
parlamentario, para que nosotros podamos en Enresa proporcionales la información que está disponible. Eso en lo que se refiere a la primera parte de la pregunta.
Por lo que se refiere a la segunda parte, que hace referencia al retorno en el año 2010 de las 500 toneladas de residuos radiactivos procedentes de Francia, hay que decir que en el Plan General de Residuos Radiactivos actualmente vigente se
prevé que en el año 2010 exista un almacén temporal centralizado que servirá, entre otros propósitos, para albergar los residuos radiactivos resultantes del reprocesado en Francia del combustible gastado que se generó durante la vida operativa de la
central nuclear de Vandellòs I. Esta instalación a la que me he referido, es decir, el llamado almacén temporal centralizado o ATC, fue objeto o ha sido objeto de una de las resoluciones que aprobó el pasado 22 de diciembre de 2004 la Comisión de
Industria, Turismo y Comercio del Congreso, con motivo de la presentación del informe de actividad del Consejo de Seguridad Nuclear relacionado con el año anterior. Y en esa resolución de esta Comisión del Congreso se insta al Gobierno a que, en
colaboración con Enresa, desarrolle los criterios necesarios para llevar a cabo en España la instalación de un ATC, de un almacenamiento temporal centralizado de combustible gastado. También en esa resolución se insta al Gobierno, y en particular
al Ministerio de Industria, a que proponga la revisión del Plan General de Residuos Radiactivos con el fin de actualizar las estrategias contenidas en ese plan en función de la evolución de las condiciones en las que se enmarca el plan vigente y, en
particular, las referidas o relacionadas con la puesta en marcha de este almacenamiento temporal centralizado. A partir de esas resoluciones del Congreso, en particular emanadas de esta Comisión, el ministerio está preparando la revisión de ese
Plan General de Residuos Radiactivos con la pretensión de, en un plazo breve, remitirlo al Gobierno para su aprobación, y será en ese plan revisado en el que se contengan las prescripciones relacionadas con el almacenamiento temporal centralizado
que ya preveía el anterior plan y que albergará, según las previsiones, los residuos que procederían del combustible gastado de Vandellòs I y que actualmente están en Francia.
Por lo que se refiere al tercer aspecto de la pregunta, he de decirle que ya se ha iniciado, en aplicación, en este caso, de la propia resolución de esta Comisión del Congreso, el proceso de evaluación por parte del Consejo de Seguridad
Nuclear del denominado estudio de seguridad de una instalación genérica de almacenamiento temporal centralizado de combustible irradiado y de residuos de alta actividad, que ha sido presentado por Enresa, la propuesta de estudio para su evaluación
por el Consejo de Seguridad Nuclear, y cuyo objetivo principal es definir el marco normativo o las bases, los criterios y la metodología que permitan acometer el desarrollo de este proyecto de detalle con una sólida base de partida. De manera que
el Consejo de Seguridad Nuclear está trabajando en ese estudio de un diseño genérico de ATC (de almacenamiento temporal centralizado), pero el proceso de inclusión y decisión definitiva sobre el ATC se hará en el marco de revisión del Plan General
de Residuos Radiactivos que está previsto acordar por el Gobierno en un plazo relativamente breve.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Por lo que se refiere a la primera parte, le agradeceríamos que nos enviara esa documentación suplementaria para que nosotros o algún experto nos pueda hacer los cálculos de si ese cambio de financiación está
generando o no algún problema y es totalmente justo; se lo agradeceríamos, porque hasta el momento sabemos que Enresa está valorando los gastos que está pagando, pero no tenemos constancia de qué cantidad estamos hablando y si esa doble
financiación que usted comentaba entre la cuota y lo que pagan las empresas es suficiente para tener la máxima seguridad en el tema de residuos.
Por lo que se refiere a la segunda cuestión, nosotros estaremos a la expectativa de este nuevo plan, porque lo que sí que entendemos es que se tienen que avanzar al máximo todos esos trabajos para disponer de ese ATC y para tener la
seguridad de que eso va a ir hacia delante, y como usted nos ha comentado que va a estar enmarcado en ese nuevo plan, esperaremos la evolución de este nuevo plan y a ver si la opción nos es satisfactoria.
-PUBLICACIÓN DE LAS MEDICIONES DE RADIACTIVIDAD POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, ASÍ COMO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN (ECD) DE MONTBRIÓ DEL CAMP (TARRAGONA) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/028173). (Número de expediente 181/001149.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera pregunta, también de la diputada Rosa María Bonás, que va a formular el señor Ramón, y se refiere a la publicación de las mediciones de radiactividad por el Consejo de Seguridad Nuclear, así como
funcionamiento de la estación de clasificación y descontaminación de Montbrió del Camp. Tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Hay una serie de cuestiones relacionadas con la disponibilidad de mediciones y sobre los protocolos de seguridad que, la verdad, nos preocupan un poco. En ese sentido le preguntábamos por qué los datos reflejados en
la página web del Consejo de
Seguridad Nuclear que guardan relación con las medidas de radiactividad de diferentes poblaciones del territorio estatal y que son diarios y mensuales a veces no aparecen reflejados hasta avanzadas horas del día. Y también, si es posible
conocer en diversas franjas horarias de un mismo día las mediciones de radiactividad tal como sucede en Cataluña con la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica.
Hay una orden, la Orden INT/1974/2003, de 26 de junio, donde están las bases y el procedimiento para financiar a los municipios para aplicar planes de emergencia nuclear. Por otra parte está el Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio, por el
que se establece el Plan Básico de Emergencia Nuclear, del que deriva, por ejemplo, la reciente resolución de 7 de julio de 2005, que establece las directrices sobre la información, la formación de la población, el desarrollo de simulacros,
etcétera. Nos gustaría saber en qué grado de implementación está esta normativa con las zonas nucleares de Cataluña y el País Valencià, y concretamente qué tipo de mantenimiento se lleva a cabo en la ECD de Montbriò del Camp, qué cantidad ha
supuesto la última inversión en la ECD de Montbriò del Camp, si dispone el centro en el ayuntamiento en cuestión del listado actualizado de ciudadanos de los diversos municipios de las zonas nucleares que pudieran ser llevados a la ECD de Montbriò
del Camp para el recuento, clasificación y posible descontaminación, y qué tipo de medidas preventivas y sanitarias se han ensayado en la ECD de Montbriò de Camp ante la posible entrada en funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: El señor Segura tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Esta pregunta ha sido contestada por escrito el 13 de julio del año 2005, y lo ha sido, obviamente, por el Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones con las Cortes y sobre la
base de informaciones procedentes del Consejo de Seguridad Nuclear que, como sabe usted, es un organismo independiente, y del Ministerio del Interior. En todo caso yo voy a leer básicamente la respuesta que ya se hizo por escrito, que no sé si la
conocen ustedes, porque hay algunas cuestiones ciertamente técnicas de las que no puedo aventurarme a dar una opinión que no sea de mera lectura.
El señor RAMÓN TORRES: Disculpe, ¿me puede repetir la fecha?
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): El día 14 de julio del año 2005.
El señor RAMÓN TORRES: Está bien, lo que pasa es que esta mañana, como le digo, hemos revisado la documentación, hemos intentado buscar en la página web si está la respuesta colgada, y entendemos que si la respuesta es de julio, tendría que
estar colgada. Entiendo que usted no pueda ahora dar su criterio personal de la situación. Si quiere, le emplazamos a que nosotros podamos recuperar esa respuesta por escrito o que se nos remita urgentemente para que nosotros podamos defenderlo.
Tampoco quiero debatir con usted una cosa que sea de otra institución. Lo que sí le agradecería es que se nos pudiera remitir esa respuesta lo antes posible, o que se publique en la página web lo antes posible.
El señor PRESIDENTE: Si le parece, señor Ramón, le propongo, para salvar esta situación, que hoy mismo nos deje aquí las respuestas por escrito, se las hacemos llegar en esta misma sesión y yo creo que en cualquier otra sesión de la
Comisión, si no satisfacen las respuestas, pueden ustedes volver a preguntarle, porque el trámite de su lectura, me parece que no tiene mucho sentido. Así que si les parece, podemos hacer eso.
El señor RAMÓN TORRES: De acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Entonces, señor secretario, nos deja la contestación, a disposición de la Mesa.
-INCLUSIÓN EN LAS MODIFICACIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN LOS PLANES BÁSICOS DE EMERGENCIA NUCLEAR (PLABEN) DE LA EVACUACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO PLAN DE VENT (L'HOSPITALET DE L'INFANT) ANTE UN ACCIDENTE
EN LA PLANTA ATÓMICA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/028175). (Número de expediente 181/001150.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, que se refiere a la inclusión en las modificaciones que se llevan a cabo en los planes básicos de emergencia nuclear de la evacuación de los empleados de la central térmica de ciclo
combinado Plan del Vent ante un accidente en la planta atómica, también de la diputada Rosa María Bonás. Tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Nuestro grupo ha reiterado varias veces y hemos expuesto nuestra preocupación, porque así también nos la ha hecho llegar el territorio, de la incompatibilidad que puede surgir entre la central nuclear de Vandellòs y
esa futura central de ciclo combinado que se está planeando en la Plan del Vent. En ese sentido nosotros le preguntábamos si la modificación del Plaben de Vandellòs ha considerado la evacuación del personal de la central.
El señor PRESIDENTE: El señor Segura tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Repito lo mismo, que esta pregunta también fue contestada, según mis informaciones, el 5 de julio del año 2005, pero afecta en parte a competencias del Ministerio de Industria,
Turismo y Energía y en parte a competencias del Ministerio del Interior.
Bien, la central térmica de ciclo combinado a que hace referencia la pregunta, la central térmica de Plan del Vent, que está en L'Hospitalet de l'Infant, está actualmente en un periodo inicial de construcción y su entrada en funcionamiento
estaba prevista en un plazo aproximado de cuatro años. De acuerdo con el Plan Básico de Emergencia Nuclear, se está llevando a cabo por parte de la Dirección del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona, el denominado Penta, la elaboración y
actualización del plan director del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de Ascó y Vandellòs, que estará disponible a finales del año 2005, es decir, que es un plan respecto al cual no es competente el Ministerio de Industria, sino que es competente
el Ministerio del Interior. En ese plan se desarrollan objetivos, alcance y organización, estructura y funciones del Plan de Emergencia Nuclear de Tarragona, y se establece la relación y la tipología de los municipios que se incluyen en el ámbito
de aplicación en virtud de las normas que regulan los planes básicos de emergencia nuclear.
En caso de emergencia, y según se contiene en las prescripciones de ese plan, el director del Plan de Emergencia de Nuclear de Tarragona ordenará las medidas de protección que se aplicarán en cada municipio, de acuerdo con las situaciones de
emergencia que sean declaradas en cada zona de planificación. Pero al igual que comenté en la respuesta a la primera pregunta, las zonas de planificación son competencia de los planes básicos de emergencia nuclear y se hacen en el marco de un
acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, y la única participación del Ministerio de Industria a este respecto es que ha hecho la autorización a petición previa de la central térmica de ciclo combinado de Plan del
Vent y hace posteriormente las autorizaciones administrativas (sean de ejecución o de puesta en marcha), mientras que todas las cuestiones relacionadas con el impacto que Vandellòs, central nuclear, pueda tener sobre la central de Plan del Vent son
cuestiones que no son competencias de este ministerio, son competencias del Ministerio del Interior en las materias que tienen que ver con el Plan Básico de Emergencia Nuclear y, en su caso, competencia del Consejo de Seguridad Nuclear en las
materias que le competen según la ley.
El señor PRESIDENTE: El señor Ramón tiene la palabra, con independencia de que hagamos lo mismo que en la anterior pregunta que es que se le envíe aquí por escrito.
El señor RAMÓN TORRES: Aunque nuestra pregunta era por escrito y no iba dirigida a ningún ministerio, esperemos que en esa respuesta por escrito se nos responda básicamente a si ese plan de evacuación de energía nuclear toma en
consideración sobre todo esa incompatibilidad que entendíamos nosotros por la proximidad entre las instalaciones de Vandellòs y la central de ciclo combinado de Plan del Vent. Esperemos que en esa respuesta se nos tranquilice un poco, no solo al
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sino a toda la gente que habita en el territorio que está preocupada por eso.
-CUMPLIMIENTO POR LA CENTRAL DE ASCÓ DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA EXENCIÓN QUE TUVO EN EL AÑO 2004, QUE DEBERÍAN HABER SIDO IMPLEMENTADAS ANTES DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2005 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON
RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/028179).
(Número de expediente 181/001151.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 5, sobre el cumplimiento por la central de Ascó de las especificaciones técnicas asociadas a la exención que tuvo en el año 2004, que deberían haber sido implementadas antes del 1 de marzo
de 2005, también precedente, como las anteriores, de una pregunta por escrito. Tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Sobre la exención que tuvo Ascó en 2004 tenemos serias dudas, tanto de su legítima autorización como del cumplimiento de las especificaciones técnicas. De hecho creemos que estamos ante un nuevo caso de
incumplimiento de la normativa de seguridad en beneficio de los titulares de las centrales nucleares. El control de la seguridad de los nuevos reactores de las siete centrales nucleares españolas por parte del Consejo de Seguridad Nuclear dio lugar
a una sola exención temporal en 2004, que es la que hoy nos ocupa. Esta exención fue debida a una modificación de las especificaciones técnicas de funcionamiento de la central nuclear Ascó I, concretamente la 3/45.2 y la 3/45.3, relacionadas con
componentes que afectan al caudal de refrigeración del núcleo. Según tenemos entendido, la central de Ascó I hizo una modificación instalando un componente que afecta al caudal de refrigeración del núcleo, y esta modificación alteró el caudal de
refrigeración dándose un caudal menor al que las especificaciones técnicas de funcionamiento, las ETF, permitían, y se solicitó la exención. La orden ministerial por la que se concede el permiso de explotación provisional de las centrales regula
que las modificaciones o cambios posteriores del reglamento de funcionamiento, las especificaciones técnicas de funcionamiento y el plan de emergencia anterior deben ser aprobados por la Dirección General de Política de Emergencia y Minas, previo
informe del Consejo de Seguridad
Nuclear, antes de su entrada en vigor. También, de acuerdo con la figura primera de la guía de seguridad, el GS.1.11, las modificaciones de diseño que suponen cambios en las especificaciones técnicas de funcionamiento, como es el caso que
nos ocupa, requieren autorización del Ministerio de Industria. En este sentido, no tenemos constancia de que las modificaciones de diseño que hizo el titular en este caso estuvieran ratificadas por la debida autorización del ministerio. Una cosa
que nos sorprende es por qué el titular no remitió al ministerio y al Consejo de Seguridad Nuclear, junto con la información pertinente de la modificación que tenía que implantar, la propuesta de cambio de las ETF y el estudio final de seguridad,
siendo lo establecido en el apartado 5 de la guía de seguridad. Y más nos sorprende cómo es posible que el titular pida una exención con posterioridad a haber tomado una medida improcedente, y sobre todo cómo es posible que el Consejo de Seguridad
Nuclear autorice dicha exención sin sancionar esta actitud. Nos consta que el Consejo de Seguridad Nuclear concede la exención temporal el 5 de octubre de 2004 con límite al 1 de marzo de 2005, condicionado a la presentación por parte de Ascó I de
una propuesta de cambio de ETF para la justificación del nuevo y reducido caudal. Aun así, también nos consta que el ministerio aprueba definitivamente el 14 de marzo la revisión de las ETF, es decir, días después de que la exención temporal
caducara. ¿Esto requiere decir que la planta estuvo funcionando diez días sin exención en regla?
Sepa que hemos solicitado por escrito -y si puede agilizarlo informalmente, se lo agradeceríamos- un listado de todas las exenciones que se han concedido a los titulares estos últimos tres años, acompañadas de un registro de todo el trámite
administrativo que las ha acompañado.
Es decir, queremos constatación de que la secuencia administrativa ha sido la correcta para todas las exenciones, con qué fecha y cómo se ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear, qué dictamen emitió el
Consejo de Seguridad Nuclear, cuándo fue enviado al Ministerio de Industria, cuándo fue recibido por el ministerio y cuándo se emitió la autorización al titular. No se puede permitir que un organismo como el Consejo de Seguridad Nuclear incumpla
los requisitos que deberían ser básicos, incumpla procedimientos administrativos y evite sancionar actitudes sancionables. Nos gustaría estar equivocados en nuestra lectura y, si es así, le solicitamos que nos demuestre que tanto los trámites
administrativos como el procedimiento de modificación de los componentes que llevó a cabo el titular se han realizado de forma adecuada.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Las centrales nucleares funcionan de acuerdo con la autorización de explotación que concede el ministerio a través de una orden ministerial, previo informe del Consejo de Seguridad
Nuclear. Informe quiere decir que es preceptivo y vinculante en cuanto a las condiciones que en él se establezcan. En el caso de que estamos hablando, la autorización de explotación de la central nuclear Ascò I fue concedida mediante Orden del
Ministerio de Economía de 1 de octubre de 2001, por una validez de diez años. Esta autorización se concede en base a una serie de documentos que están contenidos en la propia autorización. En esos documentos se establecen los límites y condiciones
sobre seguridad nuclear y protección radiológica a los que se debe someter la explotación de la central. Y entre este conjunto de documentos está el que ha citado S.S., que se conoce como Especificaciones Técnicas de Funcionamiento. En la propia
autorización que se concede por orden ministerial, previo informe -insisto- preceptivo y vinculante del Consejo de Seguridad Nuclear, se contempla la posibilidad de que el propio Consejo de Seguridad Nuclear pueda eximir temporalmente del
cumplimiento de algún apartado de este documento, de la Especificación Técnica de Funcionamiento, informando a la Dirección General de Política Energética y Minas, es decir, al ministerio, del inicio y de la finalización de la exención, como es el
caso que aquí nos ocupa. De esta forma, el Consejo de Seguridad Nuclear puede permitir temporalmente el incumplimiento de alguna especificación técnica de funcionamiento, siempre que debido a los análisis o a las medidas compensatorias que sean
adoptadas por el titular de la central, el consejo considere que no se ven significativamente alteradas las condiciones de seguridad de la planta. Y, en virtud de esa posibilidad de conceder exenciones en esas condiciones, el 5 de octubre de 2004
el consejo autorizó la exención temporal que había solicitado el titular de la central nuclear de Ascò I en relación con el cumplimiento de algunas especificaciones técnicas de funcionamiento que estaban relacionadas con los subsistemas de
refrigeración de emergencia del núcleo. La necesidad de esta exención temporal surgió como consecuencia de la realización durante la recarga de una modificación del diseño del sistema que iba encaminada a incrementar su fiabilidad y que produjo una
ligera merma de los caudales de inyección. El Consejo de Seguridad Nuclear evaluó la justificación presentada por el titular antes de que arrancara la central, tras la parada realizada con efectos de la recarga, y consideró que el nuevo requisito
de caudal mínimo era aceptable desde el punto de vista de la seguridad, por lo que acordó apreciar favorablemente la solicitud, la realizada por el titular de la explotación, y de ello informó mediante una nota de prensa que situó en su página web.
He de decir que el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, y que es independiente de la Administración central, de acuerdo con su ley de creación, la Ley
15/1980, ha informado en concreto respecto de esta pregunta y dentro del ámbito de
su competencia, que la central nuclear de Ascò ha cumplido en todo momento las especificaciones técnicas asociadas y no asociadas a la exención que tuvo lugar en el año 2004.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Como le comentaba en mi primera intervención, nosotros entendemos que no se puede permitir que el Consejo de Seguridad Nuclear incumpla estos requisitos, no puede incumplir procedimientos administrativos ni evitar
sanciones. Y, sobre todo, esos catorce días que estuvo caducada la exención y que estuvo trabajando sin ningún requisito nos preocupan. Eso ha levantado suspicacias, y además tenemos buen ejemplo de la actitud que ha tenido el Consejo de Seguridad
Nuclear con el tema de Vandellòs II últimamente y que ha sido un accidente grave.
Tendremos que hacer un análisis más concreto de todo el proceso que ha seguido en todas las exenciones que ha habido estos últimos años, y esperemos que ninguna cosa
más nos alerte. La verdad es que, como le comentaba en mi primera intervención, eso nos ha alertado. Usted nos comenta que el Consejo de Seguridad Nuclear ha dicho que la actitud del titular ha sido totalmente legal y que no ha pasado nada, pero
esa exención nos ha preocupado y nos ocuparemos de comprobar que en ninguna otra exención haya pasado lo mismo.
-APLICACIÓN DE LOS FONDOS QUE RECIBEN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR CENTRALES NUCLEARES DESTINADOS A PLANES DE EMERGENCIA, A OTROS OBJETIVOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/028180).
(Número de expediente 181/001152.)
-PROCEDENCIA DE LOS FONDOS QUE FINANCIAN LOS PLANES DE EMERGENCIA DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR CENTRALES NUCLEARES, ASÍ COMO CANTIDADES QUE HAN SUPUESTO EN EL AÑO 2004 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/028181). (Número de expediente 181/001153.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6, también de la diputada doña Rosa María Bonás, y que formulará el señor Ramón, que se refiere a la aplicación de los fondos que reciben los municipios afectados por centrales nucleares
destinados a planes de emergencia a otros objetivos. Tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Señor presidente, si le parece, podríamos unir esta pregunta con la siguiente, porque son muy parecidas.
El señor PRESIDENTE: Al presidente le parece estupendamente esa propuesta, así que unimos la pregunta número 6 y la pregunta número 7, que se refiere también a la procedencia de los fondos que financian los planes de emergencia de los
municipios afectados por centrales nucleares, así como cantidades que han supuesto en el año 2004. Así que para formular ambas preguntas tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Queríamos que nos aclararan diversas cuestiones de transparencia y de contenido sobre los fondos que reciben los municipios afectados por las centrales nucleares. Por ello le preguntamos de dónde provienen los
fondos, qué cantidades han supuesto en 2004 y qué financian los planes de emergencia en los municipios afectados por las centrales nucleares. Y la segunda pregunta es si los fondos que reciben los municipios afectados por centrales nucleares
destinados a planes de emergencia han recibido destinos ajenos a este objetivo.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a ambas preguntas tiene la palabra el señor Segura.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Estas preguntas han sido también contestadas por escrito, pero incorporan información numérica relacionada con el objeto de la misma, y procederé a su contestación, sin perjuicio de
que posteriormente se las envíe, por si hubiera habido alguna pérdida, al presidente de la Comisión.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias gestiona fondos que han financiado los planes de emergencia nuclear en los municipios afectados, y este conjunto de fondos presupuestarios están reflejados en diversos capítulos de los
Presupuestos Generales del Estado, y en particular le voy a citar aquellos que tiene que ver con los fondos presupuestarios gestionados en el año 2004, que creo que son el objeto de la pregunta. En el capítulo 6, el que se denomina Inversiones
directas, y aquí se incluyen inversiones en equipos de transmisiones, comunicaciones y megafonía, material inventariable para las estaciones de clasificación y descontaminación y centrales de coordinación operativa, inversiones en la red de alerta a
la radiactividad, inversiones en material de protección radiológica individual y otros equipos, las aportaciones presupuestarias, los fondos que se han gestionado en el año 2004 han supuesto un total de 1.350.345,41 euros. Tengo el detalle del
reparto de este volumen global de este capítulo 6 entre los planes de las respectivas centrales nucleares; si el señor diputado tiene interés, por supuesto que irán en la pregunta, si quiere lo leo ahora, pero leería un conjunto de cifras de seis o
siete, que igual es poco relevante,
teniendo en cuenta que lo va tener disponible. En el capítulo 7, el que hace referencia a las transferencias de capital a corporaciones locales, que se gestiona a través de convenios suscritos con los ayuntamientos para la realización de
obras de ordenación de infraestructuras en los planes y remodelación de las estaciones de clasificación y descontaminación y mejoras en redes viarias y otro tipo de actuaciones, el gasto en el año 2004 fue de 890.083 euros. También dispongo del
detalle, que se lo haré llegar por planes de emergencia nuclear de las diversas centrales nucleares. En el capítulo 2, a través del cual se gestionan los gastos corrientes relacionados con el mantenimiento de equipos de megafonía y transmisiones,
videoconferencia y comunicaciones, se gastaron en ese ejercicio un total de 159.613 euros. En el 4, en el que se recogen las transferencias corrientes que van destinadas a financiar los convenios de mantenimiento y conservación de las propias
estaciones de clasificación y desmantelamiento, se gastaron 55.742 euros.
En este conjunto de apartados que he citado no están incluidos los gastos que se derivan de los programas de formación de actuantes ni de información previa a la población de
entornos nucleares, ni tampoco los que tienen que ver con ejercicios y simulacros.
Eso por lo que se refiere a los gastos gestionados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, respecto de los cuales el mecanismo de gestión ha sido siempre mecanismo en el que se especifica el objeto concreto de cada
inversión. Y consecuentemente, la dirección general no tiene constancia alguna de que los fondos hayan sido destinados a objetivos distintos de aquellos para los que fueron previstos.
Por lo que se refiere a las aportaciones realizadas por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, por Enresa, en el año 2004, que se realizan para los ayuntamientos y para ser gastados en actuaciones de competencia municipal, el total del
gasto de dicho periodo ha sido de 19.314.315 euros.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: A nosotros nos interesaba saber la cuantía de los fondos y cuando recibamos la contestación por escrito ya veremos las cantidades. Estas preguntas las hacíamos, como le comentaba en un principio, por cuestiones de
transparencia, para saber qué fondos reciben los municipios.
La segunda pregunta iba destinada a saber si esos fondos que en los municipios afectados tendrían que estar destinados a planes de emergencia se han dedicado a planes ajenos a ese objetivo. Si se nos contesta por escrito, bien; y si usted
tiene algún dato más o si sabe de algún fondo que se haya destinado a algún plan que no sea de emergencia, le agradeceríamos la información.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Segura.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): En lo que se refiere a los fondos que se gestionan finalmente por los ayuntamientos y que se originan en transferencias procedentes de los Presupuestos Generales del Estado
gestionados a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, no puedo por más que decirle lo que ya ha informado la propia dirección general, puesto que no soy competente en la materia. Y los que se gestionan a través de Enresa
se aplican a la finalidad para la que fueron concedidos.
-PUBLICACIÓN OFICIAL DE LOS ESTUDIOS ENCARGADOS AL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III EN LOS QUE SE DETECTARON TASAS ALTAS DE DETERMINADAS ENFERMEDADES EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA (BURGOS) (PROCEDENTE
DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/028182). (Número de expediente 181/001154.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8, también de la diputada doña Rosa María Bonás, sobre la publicación oficial de los estudios encargados al Instituto de Salud Carlos III, en los que se detectaron tasas altas de
determinadas enfermedades en el ámbito de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos). Esta pregunta también procede de las preguntas escritas no contestadas. Tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Sobre los estudios del Carlos III que muestran altas tasas de determinadas enfermedades en el entorno de las centrales, la verdad es que esta pregunta sí que la recibimos ayer y hemos estado leyéndola. Pero hemos
leído su respuesta y creemos que no aparece tan claro. Nos consta que los resultados se han publicados en las revistas, pero discrepamos en el origen de estos estudios. Creemos que estos datos son fruto de que en 1996 en el entorno de Almaraz se
constituye una asociación de afectados, a raíz de la preocupación por los elevados índices de cáncer en la zona, que reclama estudios e interés por estas cuestiones. En aquella época el Consejo de Seguridad Nuclear firma un convenio con el Carlos
III para desarrollar estudios epidemiológicos; sin embargo, nos consta que se anuló este convenio, cosa que recientemente la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, la señora Esteban Bolea, ha recordado en esta misma Cámara. ¿Por qué se anuló
el convenio? ¿Dejó de interesar la relación de estos estudios? De todas formas, independientemente de los titulares y de su publicación, ¿nos puede hacer su valoración sobre estos preocupantes resultados?
El señor PRESIDENTE: El señor Fernández Segura tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Esta pregunta, de la que ustedes han obtenido respuesta, es competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo, y así le ha sido contestada o al menos esa es la información de la que
yo dispongo. Yo soy de Económicas y me siento totalmente incompetente para hacer valoración alguna que tenga que ver con cuestiones relacionadas con la sanidad o con el impacto de determinado tipo de estudios relacionados con cuestiones
epidemiológicas.
Lo lamento mucho, pero me siento incompetente para contestarle.
El señor PRESIDENTE: No es una sola pregunta en la que concurren estas circunstancias. Tendremos que dirigir un escrito a la Mesa del Congreso para que se distribuyan, porque obviamente no puede contestar a una cosa específica de otro
ministerio, pero teniendo en cuenta que la pregunta ha sido formulada por escrito, y con independencia de que le doy la palabra ahora, le sugeriría que si tiene alguna duda, se formulara directamente al Ministerio de Sanidad. Tiene la palabra el
señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Como le comentaba anteriormente, las preguntas que hemos presentado nosotros eran por escrito y no iban dirigidas a ningún ministerio. A nosotros ya nos hubiera gustado que en el trámite parlamentario normal se nos
hubiera respondido cuando tocaban. No es así y el Reglamento marca que en la primera comisión se nos tiene que dar respuesta, y se nos ha emplazado a esta, que es la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. De todas maneras, es verdad que usted
no está en el departamento de Sanidad, pero transversalmente no me negará que sí que tiene algo que ver con el tema de la energía. Esta respuesta sí ha llegado a nuestras manos y ayer estuvimos revisándola. Ya le he avanzado en mi primera
intervención que la respuesta que obtuvimos no era satisfactoria. Si al final el que nos tiene que aclarar esa respuesta es el Ministerio de Sanidad, tendremos que volver a presentar alguna pregunta escrita y esperemos que en el trámite normal que
marca el Reglamento se nos responda a satisfacción plena.
DE LA SEÑORA CASTRO MASAVEU (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO) SOBRE:
-PREVISIONES ACERCA DE DAR UNA SALIDA A TRABAJADORES SUBCONTRATADOS EN LAS MINAS DE INCOMISA-LAS HERMANAS Y ANTRACITAS DE GILLÓN, QUE VAN A QUEDAR SIN EMPLEO, COMO CONSECUENCIA DEL CIERRE DE LAS MISMAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO
CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/047951). (Número de expediente 181/001566.)
-FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS DE MODIFICACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE SOTO DE RIBERA (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/048783). (Número de expediente 181/001585.)
-FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS DE LAS NUEVAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE PESOZ, EL PALO, SALAS, REGUERAS Y TABIELLA (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/048784). (Número de
expediente 181/001586.)
-FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS DEL NUEVO PARQUE DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE PESOZ (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/048785). (Número de expediente 181/001587.)
-FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS DE LAS NUEVAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BOIMENTE-PESOZ, PESOZ-SANZO, PESOZ-EL PALO-REGUERAS, PESOZ-SALAS-REGUERAS Y SALAS-NARCEA (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE
EXPEDIENTE 184/048786). (Número de expediente 181/001588.)
-ACCIONES PREVISTAS PARA RECUPERAR LOS RETRASOS PRODUCIDOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/048793). (Número
de expediente 181/001591.)
-MEDIDAS EMPRENDIDAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO PARA CONSEGUIR LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO ENERGÉTICO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045245). (Número de
expediente 181/001601.)
MOTIVOS POR LOS QUE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LAS COMARCAS MINERAS QUE SOLICITARON AYUDAS DE LOS FONDOS MINIMINER DE LA UNIÓN EUROPEA, NO LAS RECIBIERON (PROCEDENTE
DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/048799). (Número de expediente 181/001610.)
-FECHA DE PUESTA EN SERVICIO DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA MORAL Y SUS RESPECTIVOS ACCESOS EN LANGREO (ASTURIAS) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/048801). (Número de expediente
181/001611.)
-ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO SUSCRITO EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005 POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO CON EL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, LA MANCOMUNIDAD CINCO VILLAS Y LA ASOCIACIÓN DEL BAJO NALÓN 'COTO
REAL', PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/049528). (Número de expediente 181/001614.)
El señor PRESIDENTE: Señor Castelló, las preguntas que se retiran son las números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20. ¿Me confirma que es así? (Asentimiento.)
-TÉRMINOS EN LOS QUE SE VA A PLANTEAR EL AJUSTE DEL SECTOR DE LA MINERÍA DEL CARBÓN (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/035456). (Número de expediente 181/001543.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta número 9, que se refiere a los términos en los que se va a plantear el ajuste del sector de la minería del carbón, tiene la palabra la señora Masaveu.
La señora CASTRO MASAVEU: Quisiéramos dejar constancia, a efectos del 'Diario de Sesiones', de que las preguntas que se han retirado lo han sido porque se ha recibido la respuesta en estos días, y como lo que se requería era simplemente una
serie de datos, nos damos por satisfechos con las respuestas. Ese es el motivo de su retirada.
Respecto a la pregunta que nos ocupa relacionada con el Plan de la Minería, hemos recibido contestación de ella, señor Segura, pero el viernes de la semana pasada, con lo cual, comoquiera que la respuesta hace alusión a que hasta que el plan
no esté absolutamente redactado y aprobado no se debe dar información sobre el mismo, es por lo que hoy, teniendo en cuenta que usted ha sido precisamente el encargado de la negociación con los sindicatos mineros y con los empresarios de la minería,
quisiera ver si es posible que nos adelante algo. Después de veintidós meses de incertidumbre, parece que ahora el Plan de la Minería 2006-2012 está a punto de ver la luz. Desconocemos los detalles concretos, pero sí conocemos que en él se
incluyen importantes reducciones, no solamente referidas a la producción del carbón sino también a las plantillas. A este hecho hay que sumar que la Unión Europea, aunque finalmente ha suavizado los planteamientos iniciales, mantiene todavía las
exigencias de reducir las ayudas públicas a las empresas. Comoquiera que desde hace ya muchos meses, casi le podría decir que desde la llegada al Gobierno y al ministerio del señor Montilla, y teniendo en cuenta que el día 31 de diciembre de 2005
ese Plan de la Minería 1998-2005 finalizaba su vigencia, hemos venido formulando diversas preguntas y en todas ellas, señor Segura, se nos ha contestado que no se podían adelantar datos en tanto en cuanto la negociación se mantuviese abierta, puesto
que está a punto de cerrarse ese plan de la minería, por fin, porque efectivamente llevamos mes y medio con la prórroga del anterior, y las exigencias que hacía el Partido Socialista ya en la campaña electoral del año 2004 eran que ese plan debía de
estar ya negociado, quisiéramos que nos diese algún adelanto sobre los temas que más preocupan al sector de la minería y por lo tanto a todas aquellas personas que habitan en los territorios de las comarcas mineras.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Segura.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Ciertamente el proceso de negociación de este plan es largo, llevamos prácticamente casi un año, pero según las informaciones que me han proporcionado los sindicatos, es habitual.
En el anterior plan también estuvieron prácticamente el mismo tiempo. Ya me hubiera gustado a mí conseguir haberlo negociado en menos tiempo, pero esto lleva más de lo que uno pensaba que podía ser.
Sí existen, primero porque ha salido ya en los medios de comunicación, pero también porque nosotros lo hemos hecho público a los sindicatos y a los empresarios, algunos elementos de acuerdo en este plan, que en todo caso se adapta, como no
puede ser de otra forma, a las especificaciones del reglamento comunitario vigente, que es del año 2002 y que es cierto que no se aplicó en su momento, no se adaptó, y lo estamos haciendo a partir de las negociaciones que se iniciaron hace ahora un
año. Digo que existe ya conocimiento público de algunos contenidos de ese plan porque el 7 de noviembre del año 2005 el propio ministro de Industria, Turismo y Comercio firmó con los representantes sindicales de SOMA-FIA-UGT y de la Federación
Minerometalúrgica
de Comisiones Obreras un documento que se llama bases para un acuerdo sobre el Plan del Carbón para el período 2006-2012, que ya contiene elementos esenciales del futuro plan, en términos de producciones, plantillas, condiciones de
prejubilación y fondos para la activación de algunos tipos de producciones. En particular, en ese documento ya se establece que la producción, cuyo consumo se garantiza y se incentiva y se subvenciona también en términos de producción de
referencias respecto de las cuales se subvencionan las actividades de las empresas, en el año 2012 será de 9,2 millones de toneladas, lo cual supone, en relación con la actualmente existente a finales del año 2005, que es el año referencia, que son
12,5 millones de toneladas, una reducción que en términos proporcionales es inferior a la del plan anterior. También es verdad que la base de partida de la producción es inferior en el año 2005 obviamente que en el año 1997, de manera que uno
podría decir que va a ser relativamente similar, si hace la comparación teniendo en cuenta que las bases de partida no son exactamente iguales. Las ayudas a la producción, que es otro elemento que está fijado en esas bases de acuerdo, se reducirán
de forma significativa, entendiendo como significativa algo que las hace coherentes con el propio reglamento comunitario, que así establece que deberá ser la evolución de las ayudas: en una proporción en el entorno del 20 o el 25 por ciento, que
tampoco es muy distinta de la que se acordó en el plan anterior, de manera que en este punto también se parecen los dos planes.
El otro aspecto que se acuerda en ese documento firmado el 7 de noviembre es el mecanismo de ajuste de la plantilla, que es a través del sistema de prejubilaciones de manera dominante o casi exclusiva, y en este caso se establece el mismo
mecanismo que en el plan anterior, es decir, se van a prejubilar los trabajadores que cumplan 52 años equivalentes y se va a producir un compromiso de nuevos empleos en el sector, del orden de 1.700 personas, a las que habrá que unir 520
trabajadores que procederán de las plantillas de las empresas que van a cerrar, pero que siempre se van a mantener como tales plantillas en el sector. Así pues, en el conjunto, la disminución prevista de las plantillas, una vez que se produzcan las
nuevas colocaciones, será del orden de 3.000 trabajadores. En este caso la proporción de reducción de las plantillas prevista en ese acuerdo que se incorpora al plan es claramente inferior a la que se produjo en el anterior, aunque es verdad que lo
relevante del plan anterior es que la previsión inicial que había de reducción de plantillas no se confirmó con los hechos. Se preveía que se iban a reducir en términos netos en 7.000 trabajadores y salieron del orden de 15 ó 16.000 trabajadores de
las minas de carbón españolas. En este punto sí es diferente el plan. La proporción de empleo que se perderá, de acuerdo con las previsiones actuales, es claramente inferior a la que se perdió, no a la que se preveía, en el plan anterior.
El cuarto aspecto que se regula en ese acuerdo de bases del 7 de noviembre es que establece que los fondos que se dedicarán a la reactivación económica de las comarcas mineras serán por 2.880 millones de euros, lo que supone una cuantía
anual en términos promedios, puesto que habrá más en unos años que en otros, que es ligeramente superior a la del plan anterior. Esos 2.880 millones de euros entre los 7 años de vigencia previstos por el nuevo plan 2006-2012 es una cuantía
claramente superior a la que se aplicó en el plan anterior, cuestión que teniendo en cuenta que el tamaño del sector es más pequeño, tanto en términos de producción como de actividad, indica que habrá un esfuerzo presupuestario en materia de
reactivación mayor al anterior en términos proporcionales, sin que eso quiera quitarle mérito al esfuerzo presupuestario del plan anterior, que fue intenso y notable en las comarcas mineras, pero en este caso el esfuerzo en términos relativos,
teniendo en cuenta que el sector es más pequeño, es mayor en el próximo plan.
Hay, pues, un acuerdo ya sobre elementos básicos. Se sabe cuál va a ser la evolución prevista de la producción, porque se acordó el 7 de noviembre; se sabe cuál va a ser el mecanismo de ajuste de las plantillas; se sabe el compromiso de
creación de nuevos empleos en el sector a través del proceso de recolocación por parte del propio plan y por parte del ministerio, que vigilará su aplicación; y se sabe también cuál es el volumen global de los fondos que se van a destinar al
programa de reactivación, de manera que desde ese punto de vista hay bastantes avances. Es verdad que eso fue el 7 de noviembre y que han pasado tres meses y unos días y que hemos seguido negociando.
En la fase actual de negociación, a la que se han incorporado últimamente también los empresarios, asociados en Carbounión, pero con los que ya habíamos tenido negociaciones y acuerdos de manera paralela a los sindicatos, creo que hay un
acuerdo prácticamente total en materia de reestructuración, en la parte del plan asociado a la reestructuración de las empresas, a las producciones, al reparto por cuencas, a los efectos sobre las plantillas y a las condiciones en las cuales se
aplicarán las subvenciones cubiertas por el reglamento comunitario, tanto las que se aplican a la cobertura de las pérdidas de la actividad minera como las que se aplican a los costes sociales, prejubilaciones o a los costes técnicos, cierres o
ajustes de la capacidad de las empreas. Queda pendiente solamente de una negociación entre sindicatos y empresarios, que es autónoma por su parte, en la cual la Administración no puede intervenir porque afecta al posible compromiso por parte de los
empresarios, actualizar los salarios de los trabajadores de las empresas de la minería del carbón durante los años de vigencia del plan de acuerdo con la evolución prevista del IPC y, en su caso, de ajustes en el supuesto de que el IPC real se
desvíe de la evolución prevista, pero esa es una negociación que les compete a ellos; la Administración no firma
convenios que afecten a la minería del carbón y mucho menos convenios para los próximos 7 años.
Existe en la otra parte, la que tiene que ver con la reactivación, un grado elevado de acuerdo. En este caso los interlocutores son básicamente los sindicatos, con los cuales se negocia el plan y con los que se acuerda y después, en alguna
medida, con las comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de ACOM, en tanto que finalmente los proyectos de infraestructuras de equipamientos para el desarrollo económico que se van a financiar en las comarcas mineras son proyectos en la
mayor parte de los casos competencia de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, que tienen todo el derecho de participar en el proceso de discusión, aunque el acuerdo formal respecto a qué cantidad se dedica a este tipo de proyectos o a
los apoyos a los proyectos empresariales o al programa de formación, que son las tres grandes patas del programa de reactivación, el acuerdo formal, digo, se hace con los sindicatos, pero hay cierta participación de las comunidades autónomas y de
ACOM. En este caso, insisto, hay un elevado grado de acuerdo que está pendiente básicamente de aspectos que en mi opinión ya son menores, sobre criterios de reparto de los fondos entre las comunidades autónomas, de los fondos dedicados a
infraestructuras y a proyectos empresariales, porque tenemos un acuerdo básico sobre los criterios conforme a los cuales se debe realizar el reparto de los fondos, y queda pendiente el acuerdo definitivo sobre la proporción en que cada uno de esos
criterios puede pesar en un indicador compuesto, conforme al cual se van a repartir los fondos. Luego estamos de acuerdo en que el reparto de los fondos se tiene que aplicar teniendo en cuenta el empleo que se perdió en el anterior plan, puesto que
parte de la inactividad de las comarcas mineras deriva de ese empleo perdido y en que una parte de los fondos se debe repartir de acuerdo con un indicador de la tasa de inactividad, que puede ser la tasa del paro, que también sería la resultante del
proceso acumulado, por decirlo así, de la inactividad del plan anterior; también estamos de acuerdo en que el reparto de los fondos tenga que tener en cuenta la previsión de empleo que se va a perder por causa de la reestructuración del sector,
cosa que también se hizo en el plan anterior, y que es, en mi opinión, totalmente sensato. Hay que adelantarse en la reactivación al proceso de pérdida de actividad que la propia reestructuración va a crear, y consecuentemente los fondos de
infraestructuras deben ir a corregir ese efecto negativo de la reestructuración. Lo que nos queda por concretar es si estamos de acuerdo sobre las proporciones en que cada uno de esos criterios debe pesar en la fórmula conforme a la cual se van a
distribuir los fondos. Ese es un punto sobre el que todavía no hay acuerdo.
El otro punto sobre el que todavía no hay acuerdo es el esquema institucional de decisión sobre los proyectos de infraestructuras que se van a financiar con estos fondos, los llamados comúnmente fondos mineros, y respecto de los cuales
tenemos que garantizar la participación de los sindicatos en la identificación y selección de esos proyectos y el respeto a las competencias de las propias instituciones de los poderes públicos. Tenemos que garantizar el respeto a las competencias
de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para identificar, seleccionar y, por supuesto, gestionar, eso es evidente, las infraestructuras, los equipamientos u otro tipo de actuaciones que favorezcan el desarrollo económico en las comarcas
mineras. Si somos capaces de llegar a un acuerdo que haga compatible el legítimo derecho de los sindicatos a participar en el proceso de identificación de esos proyectos con el respeto máximo a las competencias de los poderes públicos, que nadie
puede sustituir -ni siquiera la Administración General del Estado puede sustituir los acuerdos tomados-, entonces llegaremos a un acuerdo, que obviamente yo soy uno de los más interesados en que sea lo más rápido posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Evidentemente, señor Segura, yo comprendo que usted sea uno de los más interesados en que se acuerde de una vez ya por todas el plan, pero efectivamente usted decía que los sindicatos le habían trasladado que
también el otro plan había tenido una negociación larga. Ustedes tenían que haberlo previsto y tenían que haber supuesto que esa negociación con los sindicatos mineros y con los ayuntamientos, con el Gobierno del Principado y también con los
empresarios les iba a llevar un tiempo. Yo creo que lo lógico hubiese sido tomar las previsiones oportunas para que a 31 de diciembre de 2005 tuviesen ya redactado el nuevo plan al que, como veo, todavía le queda una serie de flecos que están por
concretar.
En varias ocasiones se ha referido al plan anterior, como no podía ser de otra forma y ha dicho que tenía algún aspecto relevante. Yo le diría que en el anterior Plan de la Minería 1998-2005 lo más relevante es el plan en sí mismo, porque
ese plan fue firmado por el Partido Popular y por los sindicatos mineros; se tradujo y quedó constancia de que era un pacto histórico y que, por primera vez, el sector de la minería del carbón tenía ante sí una posibilidad de revitalización, una
posibilidad de reconversión y una forma de mirar al futuro. O sea, lo relevante en sí era que el Partido Popular había conseguido firmar ese pacto y que existiese un plan, porque hasta entonces a la minería del carbón no se le había dado ninguna
alternativa ni ninguna posibilidad de reconversión.
Los sindicatos mineros vieron con aquel plan, y así lo reconocieron públicamente en numerosas ocasiones, que se abría una puerta a la esperanza, y no solamente para los mineros y el sector de la
minería, sino también para todas las personas que habitan en las comarcas mineras.
Evidentemente, ya sé que hay más comunidades autónomas en el territorio nacional que tienen minas y que, por lo tanto, les interesa el sector de la minería, pero yo hablaré en clave asturiana porque me honro en representar
en este Parlamento a los asturianos y al Principado de Asturias y, por lo tanto, permítame que le diga además que considero que el peso específico de Asturias en el Plan de la Minería y en este sector es el más alto y que si usted hablaba
antes de que todavía estaba en cuestión la lucha o las exigencias de las comunidades autónomas, unas entre otras, por debatir a cuáles les correspondían los fondos, creo que va de suyo saber que Asturias, por su peso en este sector y por la
reconversión que tiene que llevar a cabo y la revitalización esencial de nuestras cuencas mineras, tiene que ser la que reciba más fondos. Eso parece evidente y no vamos a admitir bajo ningún concepto que haya comunidades autónomas, como la
gallega, por ejemplo, que dice que en el plan anterior Asturias le robó, y así ha aparecido publicado en los medios de comunicación, fondos a Galicia. Eso es inadmisible y, en Asturias, al menos el Partido Popular no va a admitir este tipo de
chantajes como el del Gobierno gallego.
Decía efectivamente usted que se ha ido sabiendo por los medios de comunicación una serie de cuestiones relacionadas con los avances de la negociación, pero, comprenderá usted, señor Segura, que esta diputada tiene entre sus obligaciones la
de ejercer una labor de control al Gobierno, dentro de las cuales está la de preguntarle al Gobierno en qué situación se encuentra ese plan, y toda aquella información que fue apareciendo en los medios de comunicación, si hubiese una auténtica
transparencia y un auténtico cumplimiento por parte del Gobierno con las tareas de control de los diputados, deberían de habérmela facilitado, al menos todo aquello que trasladan a los medios de comunicación, porque efectivamente yo lo conozco por
los medios, pero sinceramente creo que tengo la oportunidad de preguntarle directamente al Gobierno y por lo tanto debo de hacerlo.
Decía que ese plan anterior de la minería fue posible por un Gobierno del Partido Popular, porque hasta la fecha lo único de lo que se había oído hablar en Asturias durante los 14 años de Gobierno del Partido Socialista era de cierres de las
minas. Usted me lo podrá negar, pero las hemerotecas están ahí y el señor Solchaga anunció cierres de las minas, el señor Solbes, hoy ministro de Economía, refrendó aquellos cierres, y solamente los encierros de los mineros en las minas, las
manifestaciones, las denuncias realizadas por ellos y las huelgas hicieron posible que hubiese por parte del Gobierno un cambio de postura y que se recapacitase, pero al final de todo aquello lo único que salió, de 14 años de Gobierno socialista,
fue un Libro Blanco de la minería que se puede usted imaginar que aportó lo que aporta un libro; además, como era blanco, la verdad es que el contenido era bastante blanco también.
Después de 8 años de Gobierno del Partido Popular, en los que
llegaron a Asturias miles de millones de las antiguas pesetas -por concretar, en la primera fase del plan, periodo 1998-2001, llegaron 1.770 millones de pesetas y en la segunda fase del plan, periodo 2002-2005, 1.735 millones de pesetas-, vuelve al
Gobierno el Partido Socialista y de nuevo empiezan a surgir los problemas, las incertidumbres y los interrogantes. Han transcurrido veintidós meses y el acuerdo todavía no está cerrado. Ha finalizado la vigencia del anterior plan el día 31 de
diciembre y, como le decía al principio, el futuro no es excesivamente esperanzador.
Resulta que ustedes lo que nos están demostrando es que ya no les interesa la minería ni el carbón. Ahora ustedes apuestan por el gas, ese combustible que experimentó fuertes subidas de precio desde la llegada al Gobierno y al ministerio
del señor Montilla y, lo que es más importante, que es un combustible que no tenemos y por lo tanto nos vemos obligados a importar, por cierto, de países con un alto índice de conflictividad, lo que hace que el abastecimiento tenga enormes
incertidumbres. (La señora Mendizábal Gorostiaga: ¡Dice cada cosa!) Pero a ustedes parece importarles poco todo esto, incluso creo que no tienen en cuenta el hecho de que los países europeos -que, por cierto, reciben el gas de Rusia y no de
Argelia como nosotros, y tiene más estabilidad el mercado ruso que el argelino, ante la carestía y los conflictos del suministro del gas: hace bien poco el conflicto sufrido por aquel rifirrafe entre Ucrania y Rusia- están volviendo al carbón.
Saben ustedes perfectamente que existe una serie de sistemas tecnológicos y que se sigue investigando (en España no, por cierto) sobre avances para mejorar las condiciones del carbón en cuanto a los efectos medioambientales y a dar cumplimiento al
Protocolo de Kioto, porque ya sé que usted me va a decir que el gas contamina menos que el carbón, lo cual sería...
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, vaya concluyendo.
La señora CASTRO MASAVEU: Digo que en vez de invertir en España precisamente en investigación, ustedes lo que hacen es estar empeñados en apostar por el gas y dar la espalda al carbón y a la minería. Por tanto, lo que yo le pido hoy es que
tenga presente que las cuencas mineras asturianas del Nalón y del Caudal deben seguir recibiendo, como lo hicieron con el Gobierno del Partido Popular y con el Plan de la Minería 1998-2005, los fondos necesarios para que experimenten el impulso
económico que demandan. Si logramos que esto se lleve a efecto, habremos podido comprobar que las cuencas mineras asturianas empiezan a salir hacia delante, que era lo que estaban haciendo. Tengan ustedes muy en cuenta que precisamente Asturias
es, como le decía, la que tiene un sector minero más importante, y las cuencas mineras tienen el capital humano necesario para salir hacia el futuro, para avanzar y para ser convergentes con otras regiones españolas y europeas. Lo que necesitan es
una clase dirigente en Asturias que sea capaz de promover políticas de revitalización, cosa que lamentablemente no se está produciendo en estos momentos, y ustedes, como Gobierno que otorga los fondos, deben
de exigir que los sindicatos mineros sean los árbitros y garantes del cumplimiento de los proyectos con fondos públicos...
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, tiene que concluir. Tiene cinco minutos y lleva ya casi quince.
La señora CASTRO MASAVEU: Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Segura.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Cuando hablaba de transparencia me refería a que ese acuerdo famoso del 7 de noviembre de 2005 es un acuerdo público. Público quiere decir que lo tiene cualquiera que quiera
tenerlo. Puede ser que no nos lo haya pedido o que no se lo hayamos entregado, pero será por un error, porque lo hemos hecho público, lo conoce quien quiera conocerlo. En cuanto al resto de las informaciones que han ido saliendo, como bien es
conocido, yo no soy muy amigo de dar informaciones a los medios de comunicación y le aseguro que yo no las he dado, de manera que habrá que buscar en otros sitios, pero eso no impide en absoluto que cualquier información que nos pidan sobre datos la
demos. Lo que yo no puedo es dar una información sobre cuál va a ser el resultado del plan, porque eso no depende de mí solo. Yo podré decir cuál quiero yo que sea el resultado del plan, pero no puedo decir cuál será, de manera que los datos sobre
cuál va a ser el resultado del plan no se los puedo dar, porque no dependen de mí.
No hemos creado incertidumbre en el sector del carbón. Teniendo en cuenta que el reglamento comunitario que sustituye al Tratado CECA es de julio del año 2002 y que el Gobierno actual se formó, si no recuerdo mal, en el entorno de mayo del
año 2004, en que empezamos a hablar inmediatamente con los sindicatos y las empresas y hablamos con la Comisión y evitamos que la Comisión progresara en un expediente abierto de investigación y de posible sanción que había abierto justamente por el
hecho de que el Gobierno español, que no era el del Partido Socialista, no se había ajustado al reglamento comunitario, desde julio de 2002 hasta mayo de 2004 van casi dos años. Se puede decir que nosotros creamos incertidumbre en el mejor de los
casos desde junio de 2004 hasta ahora, pero entre julio de 2002 y junio de 2004, no. Inmediatamente de que el Gobierno se formó, habló con la Comisión y conseguimos que la Comisión parara los procedimientos abiertos al Gobierno anterior en materia
de posibles infracciones por no haber notificado a la Comisión los planes españoles y por no haber adoptado un proceso de adecuación al reglamento comunitario.
Ya hemos conseguido que la Comisión apruebe las ayudas que se habían concedido y que no
estaban regularizadas del período 2003-2005. Por lo tanto, incertidumbre, no creo que mucha desde ese punto de vista.
A mí me parece muy bien que haya habido un plan anterior, creo que es una buena forma de ordenar los procesos de reestructuración y de reactivación, pero el plan anterior se firmó porque hubo una huelga general minera. No se firmó porque el
Gobierno que llegó en el año 1996 dijera que iba a negociar un plan; de hecho lo que dijo es que no iba a negociar un plan, y también se puede uno consultar las hemerotecas. Lo que hubo fue una huelga general y con posterioridad a la huelga
general se negoció y se firmó el plan, cosa que me parece muy bien, yo no tengo nada que decir al respecto. Ya había habido planes anteriores. Lo que cambia a partir del año 1996 básicamente es el sistema de financiación de las ayudas a la
minería, que deben establecerse a través de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de los ingresos de la tarifa, aquello famosos que gestionaba Ofico, pero ya había habido programas de reactivación en las comarcas mineras; lo que pasa
es que no tenían probablemente la amplitud que tienen los actuales y que no se habían financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, como el que se firma en el año 1997 para el período 1998-2005.
Por lo que se refiere a este plan 2006-2012, yo creo que en aquello que se parezca al anterior -y en una buena medida ya lo he señalado anteriormente y no nos duelen prendas en reconocerlo, en absoluto, por qué no reconocer que un plan
anterior puede ser bueno- debieran ustedes decir que es bueno, porque el plan anterior lo firmó el Partido Popular y consecuentemente aquella parte de este plan cuyo contenido se parezca al plan anterior debería ser objeto de una consideración
positiva, en mi opinión, pero he de decir que es bueno porque en buena parte se parece al plan anterior, pero que es mejor también, y es mejor al menos por tres asuntos: es mejor porque es un plan más riguroso en su concepción, en las cautelas que
establece para la concesión de las ayudas y en la gestión que vamos a realizar del mismo, aunque eso me dirá usted que ya lo veremos. Tiene razón, ya lo veremos, pero en su concepción y sobre el papel es un plan más riguroso que el anterior. Es un
plan que permite mayor participación de los sindicatos, tal y como ellos lo han reclamado o básicamente en las cuestiones que tienen que ver con el adecuado control de la aplicación de las ayudas y del cumplimiento de los programas de recolocación
de personal, cosa que no pasó en el plan anterior; por eso se pasó de prever que iba a haber 11.000 prejubilados y 7.000 pérdidas netas a que hubiera entre 18.000 y 19.000 prejubilados. Y es un plan que va a aplicar más recursos en términos
relativos de los que aplicó el plan anterior, puesto que destina una cantidad un poco mayor anualmente, en un contexto económico y social de las comarcas mineras en el que la economía del carbón se ha reducido. No nos duelen prendas, insisto, en
decir que en todo lo que se parezca al plan anterior será tan bueno como el anterior y que pensamos que es algo mejor.
El Gobierno no ha hecho ninguna opción por el gas, porque no es una planificación vinculante la que tiene
que ver con las fuentes de energías primarias, y mucho menos en comparación con el periodo anterior. Hay dos datos que lo ponen de manifiesto: en primer lugar, la reducción prevista de la producción de carbón en términos relativos en este
plan, la producción nacional garantizada y subvencionada en el consumo es menor en términos proporcionales que la prevista en el plan anterior; luego eso indica que no hay una opción de política energética referida a esas fuentes de energía
primaria que penaliza al carbón respecto del gas. En segundo lugar, el fuerte desarrollo del gas en España se ha producido a partir del año 1993-1994; entre 1996 y 2005 ha habido un potentísimo desarrollo del gas. En el origen del primer Gobierno
del Partido Popular básicamente no existía apenas participación del gas en la energía primaria española, y ha sido a partir de esa época cuando se ha producido el desarrollo, en contra del cual no estoy, porque tiene que ver con fenómenos y con
tendencias dominantes en los mercados mundiales y en las tecnologías de generación eléctrica y también de uso final de la energía. De hecho, en el documento que deja el Partido Popular de planificación 2002-2011, que es el que recoge la previsión
de la evolución de las fuentes de energía primaria a medio y largo plazo, el gas tiene un fuerte impulso. Por lo tanto, no hay ninguna elección de política energética del corte de la que ha señalado usted o he entendido yo, de que hemos hecho una
opción claramente por el gas contra el carbón. En absoluto, no hay nada que tenga que ver con eso. El carbón va a perder menos peso proporcional en la dieta energética española en el próximo Plan del Carbón del que perdió en el plan 1998-2005 y el
desarrollo del gas viene anclado en cuestiones generales de los mercados energéticos y en particular en su idoneidad para ser una tecnología de generación eléctrica, que tiene claras ventajas y que fue así apoyado por el Partido Popular. En dos
años este Gobierno no habría podido desarrollar todo un programa de infraestructuras, por ejemplo, de plantas de regasificación nuevas si no hubieran estado en el anterior, porque una planta de regasificación no se diseña y construye en un periodo
de tiempo inferior a un par de años.
Consecuentemente toda la infraestructura que tenemos de gas ahora, buena parte, salvo aquella que ha impulsado el actual Gobierno, es infraestructura que estaba en la planificación y que nos parecía bien, porque
pasó la planificación por el Parlamento y, si no recuerdo mal, fue aprobada por los grupos parlamentarios. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Y la apoyamos.)
Claro que surgirán problemas de estabilidad relativa en las fuentes de materias primas, pero eso pasa con todas las fuentes de energías primarias. Para un país como nosotros, que somos dependientes básicamente de energía, siempre existirá
algún riesgo de inestabilidad política en alguno de los países de origen, pero he de decirle una cosa que es sorprendente. Nunca ha dejado de pasar una molécula de gas por el gasoducto del Magreb, cualquiera que haya sido la situación sociopolítica
de Argelia. En gobiernos antiguos del Partido Socialista, en gobiernos del Partido Popular y en el Gobierno actual del Partido Socialista, nunca ha dejado de pasar una molécula de gas contratada, a pesar de que tuvieron una guerra civil durante
aproximadamente 10 años, de manera que, claro que un gobierno sensato debe tener en cuenta las cuestiones relacionadas con la estabilidad y la seguridad política, pero también debe tener en cuenta la realidad, y la realidad es que nunca ha dejado de
pasar una molécula de gas. A estos efectos, las cuestiones que ha comentado sobre la situación rusa y el aprovisionamiento en el mercado europeo son muy relevantes para la Unión Europea y menos relevantes para nosotros, puesto que aquí no llega una
molécula de gas ruso, lo cual no quiere decir que no nos parecería estupendamente bien que llegara y que nuestra política de diversificación de orígenes del gas aumentara respecto de la actual.
Finalmente, sí se investiga en I + D en materia del carbón en España, se investiga. El Ciemat tiene varios programas de investigación, algunos existían, otros son nuevos; también los tiene el Instituto Geológico Minero de España y
básicamente están relacionados con la orientación, por decirlo así, básica de investigación en materia del carbón, que es lo que tiene que ver con la captura y secuestro de CO2. De hecho en el plan que estamos a punto de firmar si tenemos suerte
entre todos, se contempla que el Instituto del Carbón suscribirá convenios con -se dice, creo que textualmente- las universidades del entorno de las comarcas mineras y los centros de investigación energéticos para desarrollar proyectos que tengan
que ver con la tecnología limpia del carbón y con la captura y secuestro de CO2.
-CONDICIONES EXIGIDAS AL PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA INSTALACIÓN DE UNA REGASIFICADORA EN EL PUERTO DE EL MUSEL (GIJÓN) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/040632). (Número de expediente
181/001592.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 16, también de la señora doña Alicia Castro Masaveu, sobre condiciones exigidas al Principado de Asturias para la instalación de una regasificadora en el puerto de El Musel (Gijón), también
es procedente de una pregunta por escrito no contestada. Tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Doy por formulada la pregunta, que por cierto no ha recibido respuesta después de transcurridos creo que siete meses.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Segura, tiene la palabra para contestarla.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): No hay exigencias del ministerio para la instalación de una planta regasificadora en El Musel. Lo que establece la legislación española es que las nuevas instalaciones de
regasificación (en este caso de regasificación de gas natural licuado) como requisito previo a la autorización para que sean construidas, es necesario que estén incluidas en la planificación actualizada de los sectores de electricidad y gas, dado
que este tipo de infraestructuras están sometidas a planificación vinculante.
En el documento de planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011 y en el documento de revisión de este mismo para el período 2005-2011, que está actualmente en fase final de aprobación por parte del Consejo de Ministros y que
posteriormente se presentará, como es preceptivo, al Congreso, en ambos documentos, digo, tanto en el documento de planificación de 2002 como en la revisión actual de 2005, se analizaron las infraestructuras que son necesarias en el conjunto de la
red de gas para aportar la capacidad global de entrada al sistema peninsular necesaria para garantizar, en primer lugar, la cobertura de la demanda convencional en situaciones de demanda punta anual, y simultáneamente a la vez atender a las
necesidades del conjunto de las centrales de generación eléctrica con ciclo combinado a gas natural que estaban previstas; en segundo lugar, debe permitir la cobertura, en el supuesto de que exista fallo total en alguna de las entradas al sistema,
del cien por cien de la demanda convencional en un día laboral invernal, excepto, en su caso, cuando se pueda practicar algún tipo de demanda interrumpible, y garantizar un suministro mínimo del 90 por ciento de las necesidades de las instalaciones
de generación eléctrica con ciclos combinados, y esa planificación debe también garantizar que exista una sobrecapacidad suficiente, que se estima en el entorno del 10 por ciento, para asegurar la cobertura de la demanda ante la eventualidad de que
la demanda de punta de gas crezca durante varios años seguidos a un ritmo superior al previsto. Es decir, son criterios de planificación que deben permitir garantizar la cobertura de esa demanda, que se han utilizado de manera igual y consistente
durante la elaboración del documento de planificación del año 2002 y durante la elaboración de la revisión de ese documento para el período 2005-2011, que está pendiente de próxima aprobación por parte del Consejo de Ministros. Para cumplir ese
conjunto de condiciones, que son de carácter general para el sistema gasista español, en la revisión actual de la planificación energética se contempla la inclusión en el sistema gasista de la planta regasificadora de El Musel, que se instalaría,
estaría en funcionaría en 2010 y con una capacidad de emisión de 800.000 m3/hora de gas y una capacidad de almacenamiento estimado de 300.000 m3 de gas natural licuado.
En el supuesto de que se retrasase la puesta en servicio de las centrales térmicas de ciclo combinado que están previstas en la zona de Asturias y en Cantabria más allá del año 2010, podría retrasarse la entrada en funcionamiento de la
planta de El Musel, que no entrara en funcionamiento en el año 2010 sino en el año 2011, pero eso no impediría que la planta se construya; es decir, la necesidad de la planta no está ligada exclusivamente a la satisfacción de la demanda local de
gas para los ciclos combinados o a la demanda convencional asturiana -siempre es más pequeña la convencional, obviamente, que la de los ciclos combinados-, sino que la necesidad de la planta de El Musel está relacionada con el equilibrio del sistema
gasista español y con la necesidad de satisfacer la demanda del conjunto del sistema.
Consecuentemente la planta regasificadora de El Musel se realizará, exista o no exista finalmente en 2010 el conjunto de los ciclos combinados que hoy día están
previstos en Asturias, puesto que su necesidad no depende solamente del suministro de los ciclos combinados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Yo quisiera comenzar mi intervención dejando bien claro y sentado que el Partido Popular cuando gobernaba en España manifestó que se instalaría la regasificadora en El Musel; incluso en el año 2000 el Partido
Popular en Asturias llevaba en su programa electoral la instalación de una regasificadora en el puerto de El Musel, siempre y cuando las necesidades de la región así lo demandasen. Dicho esto, y dejando bien claro que en enero de 2004 el señor
vicepresidente de Gobierno, en aquel entonces Rodrigo Rato, manifestó exactamente estas mismas palabras, tengo que decir que, una vez que ustedes ganan las elecciones, el señor Montilla manifiesta públicamente exactamente la misma tesis que el señor
Rato, y no solamente lo manifiesta ante los medios de comunicación, sino que en respuesta a esta parlamentaria se dice que sería posible la instalación cuando se alcanzasen los umbrales de la demanda suficientes para su instalación. Pero el señor
Areces, el presidente del Principado de Asturias, desde el año 2003 está empeñado en la instalación de una planta regasificadora en El Musel. Todas estas circunstancias de las que le estoy hablando se producen antes del verano de 2005 y en el mes
de julio es cuando yo recibo contestación de que cuando haya demanda se colocará la planta regasificadora. Comoquiera que los incumplimientos repetidos y reiterados del Gobierno de España con el Principado de Asturias, especialmente en materia de
infraestructuras y de medio ambiente, se vienen sucediendo desde el mes de abril de 2004, es por lo que el presidente Areces solicita al señor Zapatero que le dé la ansiada regasificadora, y el 1 de septiembre, Zapatero, en visita a la región,
anuncia que nos concede la regasificadora, claro, un regalo muy barato para el Estado, porque el Estado no aporta ni un solo euro a la instalación de esta planta regasificadora.
Se había anunciado también por parte del señor Montilla que se exigiría que existiese una serie de ciclos
combinados que determinasen la necesidad de la planta regasificadora.
Tengo que decirle en relación con aquella planta regasificadora que en un principio se había hablado de que la instalación la llevaría a cabo una empresa pública. Eso es
lo que decía el señor Areces, pero desde la llegada de los socialistas al Gobierno de España ya se olvidó de la empresa pública porque, entre otras cosas, no había quien la apoyase, porque si alguna empresa del sector energético hay en Asturias con
capital asturiano, esa empresa es Hidrocantábrico, que había manifestado que con el gasoducto de Naturcorp tenía suficiente abastecimiento y no le interesaba para nada la regasificadora. No le interesaba a nadie en Asturias la instalación de una
regasificadora por una razón tan elemental y tan sencilla que es que en Ferrol había una en marcha y en el País Vasco hay otra, por cierto, las dos con capital público. De esa forma, tanto por Ferrol como por Vizcaya el gas llegaba a nuestra
región. ¿Qué sucedía? Que ante la exigencia de que se instalasen centrales de ciclo combinado, ya veo que ahora no hace falta que se instale ninguna, cosa que me congratula, porque es un cambio de criterio, lo cual me demuestra una vez más que lo
que no tienen ustedes es una política energética.
Ustedes van sembrando el país de centrales de ciclo combinado o de regasificadoras en función de las demandas, y, claro, como les sale gratis, ustedes, encantados de la vida. (La señora Mendizábal
Gorostiaga: ¿Cómo dice esas barbaridades?)
A Asturias se la conoce en España como el paraíso natural. Por cierto, este es un eslogan del Partido Socialista, fue el Partido Socialista el que lo creó, y yo les felicito por ello, porque efectivamente Asturias es el paraíso natural.
Pero lo que no es de recibo es que el consejero de Industria, ante la posibilidad de que si no había ciclos combinados no hubiese regasificadora, salga anunciando -y esto no me lo estoy inventando yo, porque tengo por aquí el recorte de periódico-
que puede haber hasta quince centrales de ciclo combinado en Asturias. Esto es de carcajada, de tomadura de pelo a los asturianos y de burla, porque, ¿cómo se va a comprender que en toda España hay veintidos centrales de ciclo combinado y por
ejemplo en Andalucía, que es la comunidad autónoma más grande, no solamente de España sino quizá de Europa, hay ocho ciclos combinados en funcionamiento y uno que está en marcha, hay nueve, y en Asturias, una región de un millón de habitantes,
vayamos a instalar quince centrales de ciclo combinado, con lo que ello supone? Además, con otro agravante, y es que efectivamente se instalarían esas centrales de ciclo combinado en el territorio, pero habría que crear una red capilar de tubos que
atravesase la región por todas partes para llegar a la regasificadora y que recibiesen el gas de ella. Por lo tanto, imagínese usted en lo que se transformaría la región. Además de esa red capilar de tubos, la energía eléctrica usted sabe mucho
mejor que yo -porque es experto en estos temas, y yo estoy obligada, como política que soy, a saber un poco de cada cosa, pero le aseguro que en temas energéticos sé ya un montón, porque me he preocupado y ocupado de rodearme de personas que me
hayan puesto al día de la situación- que no se puede almacenar. La energía eléctrica hay que sacarla sobre la marcha, porque Asturias es una región que usted sabe perfectamente que produce el doble de energía de la que consume. Por lo tanto, somos
excedentarios en energía y exportamos energía, pero lo que no tenemos son esas líneas de evacuación energéticas que ustedes se han comprometido en desbloquear, tanto la de Lada-Velilla como la de Soto Penagos, y curiosamente en una de ellas, en la
de Lada-Velilla, tienen a la cabeza de la manifestación en contra de esta línea al padre del señor Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno.
Sin líneas de salida o de evacuación de la energía no sé para qué queremos tantas centrales de ciclo combinado, esas quince, como ha dicho el señor Torres en fecha 30 de julio de 2005 -claro, iba a venir Zapatero a anunciar la regasificadora
y había que decirle que teníamos quince centrales de ciclo combinado, o cuarenta, porque no existe criterio-. Ya sé cuál va a ser su respuesta, porque en alguna pregunta me han dicho que el mercado es libre. Sí, sí, pero es que hay que planificar,
y lo que no se puede permitir es que porque se le antoje al señor Areces una regasificadora, tenga que haber en Asturias quince centrales de ciclo combinado. Ahora ya sabemos, por lo que usted nos acaba de decir, que aunque no haya ninguna central
de ciclo combinado, vamos a tener la regasificadora. Esa regasificadora produce un impacto negativo en la región en una serie de aspectos, y el fundamental es el impacto democrático negativo, porque esto no se ha debatido en ningún parlamento.
En
el Parlamento asturiano no se ha debatido. ¿Cuál es el modelo de región que quiere el señor Areces? Si el señor Areces y el Partido Socialista apuestan por una región dedicada a la producción de energía, que lo debatan en el Parlamento, y si así
se aprueba, pues así se aprueba, lo admitiremos y lucharemos por que salga adelante como región productora de energía, pero sin debate no se puede convertir el paraíso natural en un estercolero que, insisto, esté cruzado de una red capilar por toda
la región que permita el suministro de gas. Además, la regasificadora tendrá sus bondades, porque todo tiene su parte buena y su parte negativa, pero tiene un importante impacto negativo: crea puestos de trabajo única y exclusivamente para su
construcción, eso sí, pero una vez que está construida, los puestos de trabajo que genera una regasificadora son no más de cuarenta, y mientras tanto el impacto negativo y el peligro que puede resultar de ella está ahí, para los vecinos de Gijón y
especialmente para los de La Calzada. Sin ir más lejos, la semana pasada el profesor Velarde Fuertes, que a usted puede gustarle o no, pero tendrá que reconocer que es una eminencia en temas energéticos y en temas económicos, ha dicho que una
instalación de esta naturaleza tiene un potencial explosivo que puede resultar tan devastador como la bomba de Hiroshima en un radio de unos tres kilómetros. Expertos hay... Ya veo, señor presidente, que
se me debe de agotar el tiempo, porque veo que me lo va a advertir.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, se le ha agotado hace tiempo, estoy esperando a que termine, la estoy mirando, haga el favor de concluir.
Termine su argumentación, pero concluya.
La señora CASTRO MASAVEU: Simplemente, nosotros consideramos que lo que es exigible en una democracia es la transparencia y el debate y que se decida y se debata cuál es modelo energético del Partido Socialista, porque hemos visto que no lo
tiene ni en Asturias ni a nivel nacional y que aquí lo que prima ahora es el gas, olvidándose, como le decía antes, de que algún día tendremos que volver al carbón, y ustedes están apostando por el gas, que es más caro, que tiene sus riesgos y cuyo
suministro además no está garantizado, porque dice que nunca falló, pero nunca había caído un avión hasta que se cayó el primero, ¿entiende? Y usted nunca ha tenido un accidente y a lo mejor un día lo tiene y entonces es el primero. O sea, no
utilice la hipótesis de que nunca ha faltado. Nunca ha faltado, pero puede faltar, y además de carbón, tenemos reservas para dos siglos y, sin embargo, usted sabe que las reservas de petróleo y de gas natural cada día son más pequeñas, y dentro de
100 años solamente tendremos carbón.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Segura, puede contestar.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Lo que he intentado decir es que la regasificadora proyectada en El Musel y que se incorporará en la revisión de la planificación tiene sentido en el conjunto de la planificación
del sistema gasista español y no que su idoneidad derive exclusivamente de las necesidades de demanda de gas de Asturias, como por otra parte ocurre en el conjunto de las instalaciones, tanto de entrada como de transporte a un sistema como el
nuestro, que es un sistema integrado y mallado.
No hay mucha contradicción, aunque le parezca chocante, entre lo que dijo el señor Rato y lo que nosotros estamos haciendo, entre otras cosas porque así tiene que ser. El señor Rato lo que dijo, parece ser, según dice usted, es que habría
una regasificadora si existía una demanda solvente en el futuro, y lo dijo en el año 2002, dice usted bien. En el año 2004 han pasado cosas en el mundo, hay una demanda solvente y ha habido una revisión de la planificación. Hay proyectos de ciclos
combinados en Asturias de principios de 2004, y hoy están mucho más avanzados y son más seguros, porque ha pasado el tiempo y se someten a procedimientos administrativos, a la declaración de impacto ambiental, previamente a la manifestación de
voluntad de un promotor por hacerlos, de manera que hoy cualquier persona medianamente informada sabe que es más probable que haya ciclos combinados en Asturias a finales de 2007, en 2008 ó 2009 de lo que cualquiera podría pensar en 2004, por la
propia maduración de los proyectos de inversión en ciclos combinados.
Cuando nosotros decimos que hay demanda en el conjunto del territorio y que hay más demanda en Asturias que en 2004 es que la hay. O sea, en Asturias ya hay proyectos de ciclos combinados que se sabe que van a existir y que a principios de
2004 no se sabía. Luego no es tan contradictorio. Dijimos en su momento que la regasificación estaría relacionada con una demanda solvente (asturiana y del conjunto del país).
Esa demanda solvente ya existe en Asturias, más evidente que la que
existía en 2004. ¿Por qué? Porque los ciclos ya han pasado por la fase de declaración de impacto ambiental algunos de ellos, hay autorización de proyectos de construcción y se van a realizar, y consecuentemente ya existe esa demanda. Si en
Asturias va a haber o dejar de haber ocho, diez o doce, yo no se lo puedo asegurar, pero lo que sí sé es que va a haber una demanda solvente de ciclos, por lo tanto se cumple la condición que en su día anunció el ministro de Industria, y por otra
parte El Musel está estudiado -y están a su disposición los estudios y ustedes conocerán el documento de planificación cuando llegue al Parlamento- que tiene sentido en el conjunto de la red gasista española porque se integra con otro conjunto de
instalaciones para satisfacer la demanda global del sistema.
Si me pide que planifiquemos la localización de los ciclos combinados, tiene que decirme que deroguemos la ley que ustedes llevaron al Parlamento en los años 1996-1997, porque la libertad de instalación de instalaciones de generación
eléctrica está establecida en esa ley, y más allá de lo que cualquiera piense respecto de esa ley, y el Gobierno actual la mantiene -por lo tanto quiere decirse que la cumple y que le parece oportuna en lo que le parece oportuna-, no podemos
planificar la localización de los ciclos combinados, puesto que la propia ley dice que no es susceptible de planificación.
Insisto, es consistente haber dicho en su día que debía haber condiciones de demanda suficiente y que debe integrarse en el sistema gasista nacional. Hoy las condiciones de demanda en Asturias son más conocidas y la probabilidad de que se
produzca materialmente la demanda es infinitivamente mayor, porque los ciclos se han empezado a construir, está integrada en el sistema nacional y responde al conjunto del sistema.
He de recordar que la decisión sobre la localización de esta
planta, sobre que esta planta se incluya en la planificación, es una decisión que se ha evaluado de manera comparativa con la ampliación de la planta gallega. Por lo tanto, se ha sometido a criterios técnicos de análisis comparativo si es mejor
ampliar la planta gallega, cosa a la que tienen legítimamente derecho las autoridades gallegas públicas y los promotores privados gallegos, y en la comparación ha resultado que es más satisfactorio y es óptimo desde el punto de vista de la gestión
del
sistema hacer la planta de El Musel que ampliar la planta gallega.
Las regasificadoras que existen en España y sus impactos medioambientales son los que se derivan de los estudios de impacto ambiental que se hacen por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pero he de recordarle que hay tres regasificadoras
que se construyeron en épocas del Gobierno socialista entre 1982 y 1996; que en los seis años del Gobierno del Partido Popular han entrado en funcionamiento y se han construido y aprobado tres regasificadoras (la de Sagunto, la de BBG de Vizcaya y
la de Mugardos) y que este Gobierno, en la planificación actual 2005-2010, está contemplando exclusivamente una nueva regasificadora, de manera que el pasado no era el pasado de la defensa del medio ambiente y llegó el Gobierno socialista a depredar
con regasificadoras. Las regasificadoras se han aprobado y construido por criterios estrictamente de política energética y este país necesita ese sistema de puntos de entrada en el sistema del gas porque es lo que le permite diversificar los
orígenes y los sistemas de entrada al gas, y no depender exclusivamente del gasoducto ni depender solamente de un solo país. Si queremos practicar una política de diversificación de los abastecimientos, debemos tener bien distribuida la capacidad
total de entrada entre gasoductos y regasificadoras; las regasificadoras permiten mayor diversificación de orígenes y son más flexibles que los gasoductos.
Quién haga la regasificadora no es muy relevante, porque las regasificadoras son monopolios regulados, son infraestructuras que se planifican de manera vinculante, son retribuidas las inversiones que se realizan y los costes de mantenimiento
y operación de las mismas por parte del conjunto de los consumidores de gas. Luego que exista o deje de existir una empresa pública en el capital no es lo más relevante; es un monopolio regulado, una actividad regulada, sometida a la fijación de
retribuciones y al mecanismo de financiación de las mismas por parte de los poderes públicos a través de los sistemas de tarifas y consecuentemente no es muy relevante que exista capital público en la regasificadora de Vizcaya, en BBG, o en la
regasificadora de Mugardos, en Ferrol. En mi opinión no es una cuestión relevante desde el punto de vista de la gestión de las plantas.
Por supuesto que tiene razón en que el desarrollo de la generación eléctrica no tiene sentido si no existe la capacidad de integrarla en el sistema de transporte de energía eléctrica, que también en este caso es un sistema mallado y lo único
que tenemos en el conjunto de España, pero a este respecto también he de recordarle que la línea de Lada-Velilla estuvo congelada durante los últimos 15 años y que quien ha desbloqueado la realización de esa línea ha sido el Gobierno socialista,
utilizando un mecanismo que es muy sencillo, que consiste en que cuando no se puede ir por un sitio en el que la pared no te deja pasar, uno busca otra salida distinta, negocia con las partes, habla con los gobiernos regionales de los dos
territorios afectados y pacta con ellos que se pueda hacer la línea Lada-Velilla. Por supuesto que podrá haber rechazos sociales, porque es un derecho de los españoles, ¿Quién le va a quitar a los españoles el derecho que tengan a manifestar su
opinión respecto de una infraestructura o respecto de lo que sea? Pero conceptualmente esa línea, que estaba sometida a un conjunto de bloqueos en la Unión Europea y prácticamente es rechazada por una parte importante de esos gobiernos regionales,
hoy no tiene problemas comunitarios y no está rechazada por los gobiernos regionales, ni por el Gobierno asturiano ni por el Gobierno de Castilla y León. Consecuentemente, la probabilidad de que ahora mismo se lleve a cabo es mucho mayor que la de
hace dos años.
DEL SEÑOR TOMÁS GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE:
-CONSECUENCIAS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL DE LA TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2003/54 DE ELECTRICIDAD. (Número de expediente 181/001711.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 21, de don Luis Tomás García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias para el sistema eléctrico español de la trasposición de la Directiva europea 2003/54, de
electricidad. Tiene la palabra el señor Tomás García.
El señor TOMÁS GARCÍA: Señor secretario general, el ministro de Industria, Turismo y Comercio anunció en fecha reciente la próxima aprobación por el Consejo de Ministros de la trasposición de la Directiva 2003/54, de la Comisión Europea,
sobre normas comunes para el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1996/92. Somos conscientes de que la incorporación de esta norma al sistema jurídico español va a representar en primer término la culminación del proceso de
liberalización del sistema eléctrico español. De aquí la importancia de la decisión de su incorporación, cuya primera consecuencia será la aprobación por el Consejo de Ministros del correspondiente anteproyecto de ley. Tal como se expresa en el
considerando 4 de la Directiva, solo un mercado interior plenamente abierto que permita a todos los consumidores elegir libremente a sus suministradores y a todos los suministradores a abastecer libremente a sus clientes es compatible con la libre
circulación de mercancías, la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento que el Tratado de la Unión garantiza a todos los ciudadanos europeos. Sin duda, la trasposición de esta directiva va a tener importantes consecuencias
sobre la organización del sector, la seguridad del suministro eléctrico, la generación, el transporte y la gestión de las redes de distribución. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista le instamos a que explique cuál será el alcance de las reformas previstas en el sistema eléctrico español como consecuencia de la trasposición de la directiva citada.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Los objetivos y los aspectos principales que se abordan en la Directiva 2003/54, del mercado interior de la electricidad, ya están incorporados en la legislación española que regula
el sistema eléctrico, en particular en la Ley 54/1997 y en las disposiciones normativas de desarrollo que establecieron el régimen jurídico de las actividades de suministro de energía eléctrica, que consiste en la generación, transporte y
distribución, comercialización, intercambios comunitarios e internacionales, así como la propia gestión económica y técnica del sistema eléctrico, y todo ello de acuerdo con las previsiones que se contenían en la anterior directiva comunitaria del
año 1996 sobre normas comunes para el mercado de electricidad. No obstante, pesar de que buena parte de la Directiva 2003/54 ha sido ya traspuesta porque está contenida en la ley española, hay algunos artículos que quedan pendientes de trasponer al
ordenamiento jurídico español y que se refieren principalmente a los siguientes asuntos.
En primer lugar, a las obligaciones de servicio público y protección del cliente en el nuevo contexto de mercado liberalizado; en segundo lugar, a la separación de los gestores de las redes de transporte de las actividades de transporte, de
comercialización y de producción de energía eléctrica; en tercer lugar, a la separación de los gestores de las redes de distribución también en relación con la actividad de comercialización de energía y, finalmente, a los plazos de resolución de
conflictos de acceso a las redes de transporte y de distribución. Para la trasposición de estos aspectos de la directiva que aún no están contenidos en la legislación española se han adoptado las siguientes medidas. En primer lugar, la
trasposición de las nuevas obligaciones de servicio público y protección del cliente, que quedaban pendientes, se ha realizado mediante nuevos artículos y alguna disposición adicional nueva que se han introducido en el Real Decreto 1454, de
diciembre del 2005, que modifica algunos contenidos del Real Decreto 1955 del año 2000. En este real decreto de diciembre de 2005 se adapta la normativa del sector a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso de la productividad.
En segundo lugar, por lo que se refiere a las cuestiones derivadas de la separación de los gestores de redes de distribución en relación con los propietarios de dichas redes y con la actividad de suministro a tarifas, está actualmente en
estudio la forma de trasposición al sistema eléctrico español teniendo en cuenta las características especiales de nuestro sistema eléctrico. En particular he de decir que para cumplir esta prescripción de la directiva vamos a regular en breve, en
el anteproyecto de ley que aprobará en su caso el Gobierno, la oficina de cambio de suministrador y los requisitos del suministrador de último recurso. La oficina de cambio de suministrador tiene como finalidad mejorar las condiciones de
competencia en la comercialización minorista y responde a un enfoque bastante avanzado en materia de liberalización de mercados. Y los requisitos del suministrador de último recurso responden a un criterio básico de la directiva y es que, en un
contexto de mercado liberalizado, hay que asignar a algún operador la responsabilidad de suministrar energía a aquellos consumidores que no quieran estar en el mercado libre y que quieran acogerse a un sistema de precio máximo. Estos
suministradores de último recurso normalmente serán los comercializadores que tengan mayores cuotas de mercado, porque son aquellos que tienen más compromiso con el mercado español y los que estarán en mejores condiciones de atender a esos
requerimientos de consumidores que no quieran utilizar las ventajas o las oportunidades de ir contratando energía eléctrica comercializada en el mercado libre y que prefieran tener un suministro garantizado a un precio estable, permanente.
En la disposición que aprobará en breve el Consejo de Ministros, en este anteproyecto de ley que traspondrá la directiva, también se van a reforzar algunos de los requisitos que impone la directiva en un par de asuntos, y el primero de ellos
tiene que ver con la separación contable y funcional de actividades. En la ley actual ya está establecida la obligación de separación contable. No obstante, en la directiva que debemos trasponer se incluye la obligatoriedad de que las empresas que
no están obligadas legalmente a publicar sus cuentas anuales conserven una copia de las mismas a disposición del público en su sede central, lo que mejorará la transparencia y la información al público. Respecto de que ese principio de separación
contable de actividades se cumpla, y como novedad también, en el proceso de liberalización vamos a establecer en la disposición que trasponga la directiva la separación funcional de actividades, más allá de la separación contable, para evitar que
existan conflictos de intereses entre actividades reguladas y actividades liberalizadas del mismo grupo empresarial y para favorecer el desarrollo de la competencia. El segundo aspecto sobre el cual se reforzarán los requisitos que impone la
directiva es el que tiene que ver con la metodología para el cálculo de tarifas de acceso a la red, ya que si bien existe transparencia en la fijación de las tarifas españolas, puesto que son informadas por la Comisión de Nacional de Energía y se
publican antes de que entren en vigor las mismas, vamos a establecer, de acuerdo con la directiva, que el Gobierno apruebe una metodología de cálculo de las tarifas de acceso a las redes. Con todo ello, es decir, con lo que ya está traspuesto
porque estaba en la ley, con algunas trasposiciones que se han hecho en el Real Decreto-ley de marzo de 1995 y los nuevos contenidos de trasposición que
vamos a proponer como anteproyecto de ley en breve al Consejo de Ministros, que básicamente tendrán que ver con la oficina de cambio de suministrador, con la regulación del suministrador de último recurso, con la separación funcional y con
la habilitación al Gobierno para que establezca metodologías de cálculo de tarifas de acceso a las redes, se podrá completar de manera bastante avanzada, en mi opinión, la trasposición de las directivas, con lo que contribuiremos al desarrollo del
mercado interior y a la existencia de un mercado de electricidad y de gas -en la medida que son bastante simétricas las regulaciones- más transparente y competitivo.
-SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA LA DISMINUCIÓN DEL AISLAMIENTO ENERGÉTICO DE ESPAÑA Y LA MEJORA DE LAS INTERCONEXIONES DE LA RED ELÉCTRICA. (Número de expediente 181/001727.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, número 22, también de don Luis Tomás García, medidas adoptadas por el Gobierno para la disminución del aislamiento energético de España y la mejora de las interconexiones de la red
eléctrica. Tiene la palabra el señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Señor secretario general, la seguridad del suministro a los clientes finales depende de la capacidad de generación en los sistemas eléctricos y, cada día más, de la capacidad de interconexión de transportes con los
sistemas eléctricos de los países vecinos. Se impone un enfoque regional de mercado y de la política energética. Una baja capacidad de interconexión en relación con el tamaño de la demanda del mercado interior obliga a incrementar la capacidad de
generación, lo que significa más inversión en centrales, o de contrario nos obligaría a corregir esta limitación procediendo a la mejora urgente de nuestras interconexiones. La mejora de estas interconexiones con otros países es una asignatura
pendiente. Se requieren, por tanto, acciones urgentes para evitar el aislamiento energético de España, no solo en razón de la seguridad del suministro sino sobre todo para evitar una merma significativa de las oportunidades comerciales por parte de
los agentes que operan en el mismo. Evitar el aislamiento del sistema eléctrico del país debe constituir, pues, una de las prioridades de nuestra política energética. Un reciente informe de la Unión para la coordinación de la transmisión de
energía, UCTE, presenta a España y al sistema ibérico con el índice más bajo de capacidad de interconexión, lo que implica un alto nivel de aislamiento dentro del conjunto de mercados regionales europeos, lo que explicaría en parte la elevada
potencia de nuestro parque de generación eléctrica en relación con la demanda.
Asimismo, España y el definido en el citado informe como sistema ibérico presenta unas cifras bastante modestas tanto de exportación como de importación, especialmente
de esta última, en la cobertura de la demanda interior. Esta situación determina la aparición de riesgos para la seguridad del suministro cuando especialmente en los veranos la capacidad remanente del sistema generador se sitúa por debajo del
margen de capacidad de generación recomendado por la UCTE. La necesidad de abordar la adecuación de los sistemas eléctricos para efectuar un sistema seguro desde una perspectiva regional subraya, en primer lugar, la importancia estratégica del
ámbito definido como sistema ibérico que ha sido puesta de relieve con diversas actuaciones desarrolladas recientemente por el Ministerio de Industria en el llamado mercado ibérico de electricidad, Mibel.
Señor Fernández Segura, nos gustaría conocer si considera suficientes las actuaciones llevadas a cabo en relación con la interconexión eléctrica con Portugal, si existen nuevos proyectos y el grado de viabilidad que ofrecen estos nuevos ejes
de interconexión con Portugal. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el aislamiento del sistema ibérico español no debe ser visto como una realidad insalvable determinada por nuestra peninsularidad o la misma barrera pirenaica.
La ampliación de la interconexión con Francia debe convertirse en una prioridad en la acción de gobierno, una vez salvados los obstáculos que han dilatado esta actuación que -recordemos- fue declarada de utilidad pública en 1989. Preguntamos cuál
es el horizonte previsto por la Secretaría General de Energía que usted dirige, para esta actuación en relación con Francia. Por último, somos plenamente conscientes de que la interconexión con los países magrebíes, nuestra frontera sur, va
cobrando día a día un mayor protagonismo, sobre todo después del éxito de la primera interconexión con Marruecos y de los vientos favorables que desde las instituciones europeas soplan a favor de una mayor cooperación. ¿Qué nuevas actuaciones están
previstas para ampliar la capacidad comercial de nuestro sistema eléctrico y los sistemas del Norte de África? En resumen, le pedimos que nos informe sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para la disminución del aislamiento energético de
España y la mejora de las interconexiones de la red eléctrica.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Segura, secretario general de Energía.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): El Gobierno considera esencial impulsar la política de interconexiones, tanto de gas como eléctrica, para mejorar la garantía del suministro y para contribuir al desarrollo del
mercado interior de la energía en el ámbito europeo.
Desde el año 2004 hasta ahora se ha incrementado la capacidad de intercambio de las interconexiones internacionales eléctricas, fundamentalmente, mediante las siguientes actuaciones. En el caso
de la interconexión con Portugal, se puso en servicio en diciembre de 2004 una nueva línea Balboa-Alqueba
de 400 kilovoltios y ha aumentado la capacidad de transporte a través de la repotenciación de tres líneas de 220 kilovoltios que formaban parte del eje del Duero, las líneas de Aldeadávila-Bemposta, Aldeadávila-Pocinho y Pocihno-Saucelle.
Esta repotenciación ha permitido que esa nueva capacidad de estas líneas esté en servicio desde octubre del año 2005. Existen programas de nuevas interconexiones con Portugal y las actuaciones principales previstas son el aumento de la capacidad de
transporte a través de un sistema de repotenciación igualmente del eje del Tajo español, cuya puesta en servicio está prevista para el año 2006; la construcción de un nuevo eje de interconexión de 400 kilovoltios por el Duero, a través de una nueva
línea Aldeadávila-Duero internacional, reconfigurando en el eje del Duero la línea de 220 kilovoltios, actuación que se pretende que esté en servicio en el horizonte 2010; y la realización hoy todavía en fase de estudio y relacionada con los
acuerdos entre los gobiernos español y portugués asociados a las líneas de tren de alta velocidad entre ambos países, para permitir en su caso la alimentación del tren de alta velocidad que están llevando a la realización de trabajos de posibles
interconexiones de 400 kilovoltios por el norte el eje Galicia-Oporto, por el centro la relación Badajoz-Lisboa y en el sur entre Huelva y el Algarve.
Por lo que se refiere a las interconexiones eléctricas con Francia, como medidas a medio plazo hay que destacar el proyecto de construcción de un nuevo eje de interconexión a través del Pirineo oriental, que nos permitiría llegar al
horizonte de los 2.800 megavatios de capacidad comercial instalada, proyecto que estaba previsto inicialmente para el año 2007 pero, como probablemente conocerán ustedes, está retrasado en la actualidad debido a una falta de acuerdo sobre el punto
concreto fronterizo a través del cual se establecería la línea, y en conversación con las autoridades francesas estamos intentando llegar a un acuerdo definitivo sobre esa materia. A plazo mayor, en el horizonte de conseguir una capacidad de
intercambio comercial entre España y Francia del orden de los 4.000 megavatios mediante una nueva interconexión por el Pirineo occidental, se están realizando los estudios pertinentes por parte de los gestores del sistema y de las redes de
transporte español y francés, es decir, por parte de Red Eléctrica de España y RTE, el gestor del área de transporte francesa, de los que se espera obtener en un plazo relativamente breve un conjunto de propuestas de nuevas interconexiones por los
Pirineos distintos de los catalanes.
Por lo que se refiere a la interconexión eléctrica con Marruecos, como ustedes conocerán, hubo un proceso acelerado de desarrollo de la electrificación en ese país después de que se inaugurara el primer circuito de interconexión del año
1997, y con la voluntad de satisfacer ese desarrollo notable de la electrificación en Marruecos está en construcción un segundo circuito que se espera que entre en servicio en el verano de 2006, con el que se doblará la capacidad nominal comercial
de la interconexión.
DEL SEÑOR CASTELLÓ BORONAT (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-GARANTÍAS QUE OFRECE EL GOBIERNO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD AL APLICARSE EN NUMEROSAS OCASIONES LAS CLÁUSULAS DE INTERRUMPIBILIDAD DE SUMINISTRO DE GAS A LAS CENTRALES ELÉCTRICAS DE CICLO COMBINADO Y GRANDES CONSUMIDORES DE GAS.
(Número de expediente 181/000809.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 23, formulada por don Fernando Castelló, del Grupo Parlamentario Popular, que se refiere a las garantías que ofrece el Gobierno sobre la producción de electricidad al aplicarse en numerosas
ocasiones las cláusulas de interrumpibilidad de suministro de gas a las centrales eléctricas de ciclo combinado y grandes consumidores de gas. Tiene la palabra el señor Castelló.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Agradezco la comparecencia del secretario general para contestar a diferentes preguntas en esta Comisión de Industria.
Como bien saben el secretario general y el presidente, esta es una pregunta que formulamos en marzo o abril de 2005, hace ahora casi un año, como consecuencia -recordarán- de lo que durante el mes de diciembre sucedió en este país, una serie
de circunstancias y hechos que provocaron que en ese momento el gestor técnico del sistema, Enagas, tomara la decisión de aplicar cláusulas de interrumpibilidad a los clientes con los que tenía firmados contratos de este tipo. Tiene mucho que ver
con la seguridad y la garantía del suministro energético en este caso del gas, pero también de la producción de electricidad porque con el gas se produce electricidad; digo que tiene que ver con la seguridad y la garantía del suministro, que es
algo que nos preocupa y mucho a todos, por lo menos al Grupo Parlamentario Popular. Yo he venido manifestando en reiteradas ocasiones las dudas más que razonables de que esa seguridad y garantía del suministro le preocupe también al Gobierno -dudas
de las que luego hablaremos-, y aprovechando su presencia y porque tiene mucho que ver con la pregunta de referencia me gustaría hacer un inciso y preguntarle (si tiene los datos y los quiere comunicar se lo agradecería y si no le adelanto que le
haremos la pregunta por escrito) sobre el grado de cumplimiento del Real Decreto 1716/2004, por el que se regula la obligación del mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la
corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos.
Es decir, cuál ha sido durante el año 2005 el grado de cumplimiento de esas reservas estratégicas, de esa obligación de mantener unas existencias mínimas de seguridad.
En cualquier caso, la seguridad y la garantía de suministro a que hace referencia la pregunta que nos ocupa tiene mucho que ver con la política energética en su conjunto, especialmente con el sector del gas pero también con el de la
electricidad, y en ese sentido el Gobierno ha tenido dos fases muy diferenciadas desde su constitución hasta ahora. Una primera fase, hasta más o menos el verano de 2005, en que no se tenía un modelo -lo hemos venido denunciando-, no sabía el
Gobierno qué hacer con su política energética y ha estado ganando tiempo con el anuncio del Libro Blanco de la energía, que no sabemos lo que ha pasado con él, y una segunda fase, más o menos desde el verano de 2005 hasta ahora, en la que ya no es
que no tenga modelo y no sepa qué hacer, una segunda fase en la que sí sabe qué hacer pero, en lugar de preocuparse de esa seguridad y garantía del suministro a que hace referencia la pregunta que nos ocupa, se ha preocupado fundamentalmente de la
seguridad y de la garantía de que Gas Natural pueda realizar la operación de compra de la número uno eléctrica española, Endesa. Esa segunda fase es en la que estamos en estos momentos. Es decir, en lugar de garantizar y asegurar el suministro de
gas a todos los españoles se ha dedicado el Gobierno a garantizar y a asegurar que la operación de la OPA de Gas Natural a Endesa sea viable y se pueda realizar; en eso ha estado ocupado el Gobierno en estos últimos meses. A nosotros lo que nos
preocupa precisamente es la repercusión en términos de precios y de seguridad y garantía del suministro a los consumidores, a las pequeñas y medianas empresas, a los sectores que en este caso tienen un pequeño consumo de gas y que ya están viendo
que les está afectando de forma negativa porque los precios han subido de forma muy importante. Además, en términos de competitividad, hay sectores que están muy preocupados por la repercusión que tiene esa garantía del suministro en el futuro.
Como yo decía el otro día en el Pleno, el Gobierno está haciendo un traje a la medida de una compañía en concreto en lo que hace referencia al diseño del mercado del sector energético de este país. Entendemos que eso es lo que está ocurriendo y nos
preocupa y mucho. Y aprovechando que la pregunta tiene mucho que ver con esta cuestión, nos gustaría saber su opinión al respecto de lo que le estoy comentando.
En cualquier caso, señor secretario general, el consumo de gas ha crecido mucho en estos últimos años -como usted mismo ha dicho en una de sus intervenciones anteriores- debido al uso para generación eléctrica y por eso hace falta que las
inversiones en transporte y en infraestructuras se concreten. Ahí está la revisión del documento de planificación, que vamos a ver si también se está haciendo y saldrá aprobado en su momento como traje a medida de la OPA, porque todo se viene
realizando en función de que la OPA pueda salir adelante en el sector energético, como estaba comentando. Es muy necesario que se garantice la capacidad de suministro y de transporte o la red se va a colapsar. Desde luego, los datos que tenemos
del mes de febrero sobre la red de gas son preocupantes; los datos de febrero de 2006 y los datos de Enagas en referencia a los gasoductos que se consideran por el gestor técnico del sistema como saturados, que son el ramal a Pamplona, el ramal
Villapresente-Colindres, el ramal a Alcora, el ramal a Aceca, el ramal al Campo de Gibraltar, el de Barcelona a Besós, el de Castellón, y luego el correspondiente a la red de gas de Euskadi y a la de transporte de Bergara-Irún. Si hacemos un
pequeño análisis, son ramales que tienen fuerte impacto en sectores industriales que tienen una gran participación en nuestra economía y en el producto interior bruto. A fecha febrero de 2006, que Enagas diga que esos ramales están saturados nos
preocupa y mucho. Y para que se invierta en infraestructuras es necesario que el marco regulatorio incentive la inversión de los agentes en ese régimen de competencia y que se eliminen las barreras a esos nuevos competidores, y precisamente lo que
se está haciendo es todo lo contrario. Que la mayor gasista y la mayor eléctrica se fusionen significa que esa empresa podrá utilizar, en función de sus beneficios, el precio del gas y la electricidad y que se va a perjudicar a los consumidores
cautivos en mercados con poca competencia. Y nosotros ya hemos manifestado nuestra enorme preocupación por la repercusión que puede tener esa operación en su conjunto. En cualquier caso, me gustaría que el secretario general nos dijera algo que
para nosotros es fundamental, su opinión al respecto.
Para acabar esta primera intervención sobre la pregunta, también hay una cuestión que creo que tiene mucha trascendencia y que me gustaría que el secretario general, al hilo de la pregunta que le consta en el orden del día, me pudiera
contestar. Los artículos 18 y 19 del Real Decreto 5/2005, que están en estos momentos en vigor, definen los operadores principales y los operadores dominantes. La aplicación de ese real decreto a lo que parece ser que es inevitable en un futuro
próximo, y es que Gas Natural se haga con Endesa, puede tener una trascendencia y el secretario general lo sabe. Me gustaría que la trascendencia que puede tener nos la puede explicar el ministerio a través del señor Fernández Segura en estos
momentos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Segura para contestar a la pregunta formulada.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Voy a contestar a la pregunta. Ciertamente la pregunta es de marzo de 2005. La finalidad que tienen los contratos de suministro interrumpible es flexibilizar la demanda gasista y
permiten la suspensión del suministro bajo determinadas condiciones: un preaviso de 24 horas y mantener una fuente de energía
alternativa operativa. Por tanto, la interrumpibilidad del suministro es una herramienta que asegura el suministro del conjunto del sistema gasista, que compensa en términos de precios y con descuentos en la factura a los clientes que deben
disponer de un combustible alternativo y, por tanto, pueden soportar cortes de suministro sin que se perturbe el proceso productivo. La interrumpibilidad del suministro es un instrumento normal de un sistema de suministro energético. No es un
instrumento para que no se aplique puesto que aquellos que aceptan ser interrumpibles obtienen ventajas en los precios finales de la energía que compran. La última vez que en España se han producido interrumpibilidades ha sido en el mes de marzo de
2005, fecha de referencia de la pregunta que formula el señor diputado, en el que concurrieron varias circunstancias desfavorables. En primer lugar, hubo un crecimiento más alto de la demanda que el previsto, cosa que he de decir que en este país
ocurre en los últimos diez años, es decir, el planificador siempre ha previsto que el crecimiento de la demanda sea inferior al posteriormente realizado. En segundo lugar, había habido un fenómeno meteorológico especialmente negativo de bajas
temperaturas en el invierno 2000/2005, con lo cual los almacenamientos subterráneos que constituyen una fuente de gas en esas fases de alta demanda estaban en unos niveles de llenado relativamente reducidos. Y en tercer lugar, hubo alguna
incidencia singular de retrasos de barcos, que se producen también de manera natural, no siempre con la misma intensidad, pero no es un fenómeno excepcional en este mercado, sobre todo en épocas de situaciones meteorológicas inadecuadas que
dificultan la salida de los barcos de los puertos de origen fundamentalmente. Por esos tres tipos de motivo singulares que he citado fue por lo que se ejerció la interrumpibilidad del suministro entre los días 9 y 18 de marzo, particularmente entre
los días 9 y 13 de marzo.
Estas interrupciones se aplicaron sobre las siguientes instalaciones: en primer lugar, sobre dos ciclos combinados de gas natural y de generación eléctrica que estaban operativos, que eran los de Arrúbal y Santurce; en
segundo lugar, sobre tres ciclos combinados que estaban en periodo de prueba y que se les interrumpió, pero ese tipo de instalaciones de generación eléctrica no se pueden considerar como parte del sistema eléctrico cuando están en periodo de prueba
puesto que no están disponibles para proporcionar la garantía del suministro al sistema.
También se aplicaron a centrales bicombustibles, consecuentemente centrales que deben tener disponible combustible alternativo; se les interrumpió el
suministro de gas pero tenían que tener disponible el suministro de fuel. Y finalmente se aplicó a treinta clientes industriales. La selección de estos clientes que vieron su suministro interrumpido de acuerdo con las prescripciones de las normas
vigentes en España se realizó en coordinación con Red Eléctrica, que es el operador del sistema eléctrico, y consecuentemente no hubo perturbación alguna de la garantía del suministro de electricidad. Estos consumidores de gas que generan energía
eléctrica y que tienen contratos interrumpibles están obligados en sus contratos a contar con un combustible alternativo para el supuesto de que se apliquen las interrumpibilidades en el suministro de gas, y esa disponibilidad del combustible
alternativo es objeto de inspecciones periódicas por parte de la Comisión Nacional de Energía, lo que también se hizo en la fecha en que se produjo la aplicación de los contratos de interrumpibilidad a ese tipo de clientes.
Hechas estas precisiones, he de decir que en el futuro se podrá volver a recurrir a esta herramienta de garantía de suministro. Los contratos interrumpibles no están para que no se apliquen, sino para que se apliquen en el supuesto de que
sea necesario. Es probable que el uso de este recurso -de la utilización de la interrumpibilidad programada porque así esté en los contratos de suministro- descienda en el futuro y va a descender, en primer lugar, porque hay nuevos tanques de
almacenamiento de gas natural licuado respecto de los que había en marzo del año pasado; en segundo lugar, porque va a ir incrementándose la capacidad de almacenamiento subterráneo, aunque eso lleva a un nivel que depende básicamente de la
idoneidad de las investigaciones que se hagan sobre la localización de los mismos; y en tercer lugar, porque se han aprobado las normas de gestión técnica del sistema con consenso entre el conjunto de las partes; no ha sido solamente una decisión
de la Administración, sino que ésta ha dictado una orden ministerial que previamente había sido acordada con el conjunto de los operadores del sector, en particular con transportistas, comercializadores y distribuidores. Y son esas normas de
gestión técnica del sistema las que van a permitir que todo el mecanismo de programación de las entradas de gas al sistema y de gestión del transporte y distribución del mismo se haga de acuerdo con criterios más objetivos, más transparentes, con
mayor nivel de información y con mayor participación de los operadores. De hecho, ha mejorado la situación por cuanto que en este invierno no ha sido necesario utilizar este mecanismo.
Le mandaré -porque no tengo los datos de memoria y si le digo algo me confundiré- el informe anual de Cores relativo al cumplimiento de la obligación por parte de los operadores de constituir existencias mínimas de seguridad de gas. Y si me
lo permite el señor presidente, debería hacer algún tipo de comentario sobre sus observaciones relacionadas con la existencia de modelo energético del actual Gobierno y sobre algunas de la actuaciones que ha desarrollado.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto, señor Fernández.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): En materia de seguridad del suministro, el real decreto que regula las existencias mínimas de seguridad de gas y petróleo fue aprobado por el Gobierno actual en el verano del año
2004, con lo cual vamos a asegurar que se constituyen existencias mínimas
de seguridad y mejoren las condiciones en las cuales se produce la seguridad del aprovisionamiento y la gestión y del suministro del sistema gasista. Hemos puesto en marcha programas de interconexión que estaban relativamente paralizados y
hemos desarrollado proyectos de líneas de alta tensión que puedan mejorar la garantía de funcionamiento del sistema eléctrico que estaban también bloqueados. En un ámbito más general, relacionado con los problemas de la seguridad del suministro,
estamos revisando la planificación 2002/2011 para adaptarla al periodo 2005/2011, y se contempla obviamente el desarrollo del conjunto de las infraestructuras de entrada al sistema en el caso del gas y el desarrollo de la generación eléctrica y de
los sistemas de transporte que permitan que el suministro esté garantizado. También hemos actuado en materia de sostenibilidad medioambiental del sistema energético español. En este caso hemos aprobado un plan nacional de asignación de derechos de
emisión 2005/2007, cumpliendo así objetivos comunitarios que estaban relativamente retrasados en el tiempo por parte de anteriores gobiernos.
Hemos aprobado un plan de energías renovables para el periodo 2005/2010 que ha actualizado el plan
anterior y que permite decir que se cumplirá el objetivo del 12 por ciento del consumo de fuentes de energía primaria en el año 2010, y hemos dado soporte financiero a las actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética que estaban
contempladas en una estrategia que, sí bien era un buen documento de diagnóstico, no tenía el compromiso político, al menos el financiero, para que se llevaran a cabo las actuaciones. En materia de mejora de la liberalización y de la competencia,
usted me ha citado algunos contenidos del Real Decreto-ley de mejora de la productividad, de marzo del año 2005, y yo quiero decirle que en él están contenidas, como usted bien sabe, algunas actuaciones, decisiones y normas que van a mejorar el
nivel de competencia en el sector de la electricidad y en el sector del gas. Estamos aprobando un plan del carbón que estaba retrasado durante un largo periodo de tiempo, y tenemos iniciativas que el propio ministro ha manifestado públicamente la
semana pasada relacionadas con normas que reformen el mercado mayorista de generación eléctrica para permitir que sea competitivo y para que exista una senda de estabilidad de precios contractuales entre los productores de energía eléctrica
españoles y los consumidores, fundamentalmente los industriales, que son los que necesitan de una estabilidad mayor de precios en el largo plazo. Vamos a estimular el desarrollo de los contratos bilaterales que permitan esta estabilidad de precios
y una seguridad en las relaciones productor-consumidor que hoy día, con el actual marco normativo y con el actual esquema de mercado mayorista en el que se intercambia la electricidad día a día, no se consiguen con la eficacia suficiente.
Respecto de las cuestiones que ha comentado asociadas a la OPA tengo poco que decir. Ya hay una decisión del Gobierno que está en el acuerdo del Consejo de Ministros a la cual me remito, pero no me resisto a decir que si usted observa cuál
es el reparto de las centrales de generación de ciclo combinado en España verá que casi todos los grupos empresariales españoles han tomado decisiones de inversión en este tipo de tecnología de generación eléctrica, y Gas Natural no es el que tiene
la mayor cuota de mercado en la generación eléctrica española con gas natural actualmente, sino que hay otras empresas.
Por lo tanto, que la política energética del Gobierno vaya o no dirigida a apoyar a otra empresa, es algo que no tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Ya he dicho antes que la política de desarrollo del gas fue impulsada por
gobiernos anteriores y responde a una política de orientación genérica de todos los gobiernos de la Unión Europea, y en nuestro caso, con mucho mayor motivo, porque hay una cierta limitación en el crecimiento del resto de las tecnologías de
generación eléctrica.
Yo no estoy en absoluto preocupado por colapso alguno de la red, ni de la red del sistema eléctrico español ni de la red de gas. Por el contrario, pensamos que la situación es claramente mejor, y la aprobación de las normas de gestión
técnica del sistema en el caso del gas es uno de los instrumentos que va a permitir que exista mucha mayor seguridad en el funcionamiento de la red de gas.
Y finalmente, por lo que se refiere al último comentario que ha hecho relacionado con los operadores principales o dominantes, si entiendo bien, tiene que ver con que la Comisión Nacional de Energía tiene que establecer la lista de los
operadores dominantes, es algo que hace en función de la evolución de las cuotas de mercado de los operadores españoles, que es una competencia de la propia Comisión, no es una competencia del Gobierno, que lo va a hacer por mandato de real
decreto-ley, con lo cual lo hará cuando le parezca oportuno. Y si no recuerdo mal, hay una norma aprobada en el año 2000, por parte del Gobierno anterior, en la que se establece que es la propia Comisión Nacional de Energía la que puede establecer
una exención temporal en los supuestos de procesos de concentración a la norma de carácter general que dice que un operador que se considere como dominante, porque tenga no sé qué cuota de mercado, no puede tener posición en otro operador que
también se considere dominante, pero creo que la propia norma del año 2000 establece la posibilidad de que la Comisión Nacional de Energía establezca una exención, de manera que lo que haré al respecto, como responsable en el ministerio de la
gestión de la política energética, es esperar a lo que decida la Comisión Nacional de Energía en este punto.
El señor PRESIDENTE: El señor Castelló tiene la palabra.
El señor CASTELLÓ BORONAT: Señor secretario general, en la primera parte de su intervención me ha parecido entender como si estuviera justificando lo que son los contratos con la cláusula de interrumpibilidad porque nosotros lo hubiéramos
criticado, y nosotros no le hemos criticado en absoluto; es decir, la cláusula de interrumpibilidad es un mecanismo que está en un tipo
de contratos entre el suministrador y una serie de clientes de gran consumo de gas. Nosotros no criticamos eso, lo que criticamos es que, como consecuencia de una falta de suministro de gas, se produce que se apliquen esas cláusulas. Me ha
parecido entender que usted creía que criticábamos esa cláusula de interrumpibilidad, ese tipo de contratos. En absoluto, para nada. Eso que vaya por delante. Pero sí las causas que habían llevado y que llevaban a que se aplicara ese tipo de
contratos, que era ni más ni menos que la falta de suministro de gas para producir electricidad, y por lo tanto las consecuencias que eso tiene en los consumidores y en nuestra economía.
Dicho eso, señor Fernández Segura, es verdad que el Gobierno socialista es el que aprueba en julio de 2004 el real decreto de existencias mínimas.
Pero no está solamente en dictar la norma, es que hay que cumplir la norma y hacerla cumplir.
Es decir, no está solamente en dictar el decreto, sino que luego se tiene que cumplir lo que el Gobierno, y ésa es su responsabilidad, dice en ese decreto, que es lo que yo también le he pedido, y le agradezco que me envíe en su momento el informe
de Cores de 2005, al que se hace referencia, sobre el cumplimiento de las existencias mínimas de seguridad. Pero es que no se ha cumplido ese decreto, y usted lo sabe.
Cuando hace referencia a su modelo energético, yo he dicho que no lo tienen y que se han dedicado en estos últimos meses a asegurar una determinada operación política con trascendencia económica y con trascendencia en el mercado energético,
que es la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Su propia contestación ha demostrado claramente que no lo tienen. Los dos instrumentos más importantes de un modelo energético son la definición del marco regulatorio, cosa que no han cambiado, y la
revisión precisamente del documento de planificación de las redes de distribución de gas y electricidad, cosa que también está pendiente. Es decir, esos son los dos instrumentos más importantes del modelo energético, sin ninguna duda. Es cierto
que han sacado una revisión del plan de las energías renovables, donde hay una pequeña modificación en cuanto a los objetivos, fundamentalmente en biomasa, pero no hay grandes cambios sobre el plan de las renovables que aprobó el Gobierno del
Partido Popular. Es verdad que hay una revisión de la E4, pero sobre planes que ya estaban en marcha para actualizarlos, pero eso no significa tener un modelo energético, como le estoy comentando, porque los dos principales instrumentos que definen
un modelo energético, este Gobierno no los ha planteado. Es más, ha anunciado que lo va a hacer después de que la OPA se haya aprobado por el Gobierno, de que la OPA se haya asumido por parte de la empresa opante y de que el señor Rodríguez
Zapatero haya comido con los empresarios de la OPA y con el señor Montilla hace pocos días. Es decir, lo ha anunciado, pero tampoco sabemos cuáles van a ser en concreto las medidas de reforma del marco regulatorio. Ya veremos. Esperemos que no
sea parte de ese traje a la medida. Ni tampoco conocemos ese segundo instrumento importante que yo le comentaba, que es la revisión de la planificación de la distribución del gas y la electricidad. Con lo cual usted, en la respuesta, ha
certificado lo que este grupo parlamentario viene diciendo desde el principio de la legislatura: el Partido Socialista no tiene modelo energético.
En cualquier caso, y acabando ya con esta segunda intervención, cuando yo le preguntaba sobre la incidencia que puede tener el Real Decreto 5/2005, es precisamente a lo que usted se ha referido sobre los artículos 18 y 19, que son los
operadores principales y dominantes, porque con los datos de 2005 y esa nueva regulación, Endesa puede colocarse en esos cinco primeros puestos en el mercado del gas, y eso puede tener una influencia.
Pero ya me ha contestado usted también. La
Comisión Nacional de la Energía, y el Gobierno, va a ratificar la exención para que no pueda tener incidencia, si la OPA sale adelante, el Real Decreto 5/2005 que está en estos momentos en vigor. Ya me lo ha contestado. Es decir, que el Gobierno
sabe perfectamente lo que puede ocurrir y ya está trabajando en ese sentido. Así que, señor Fernández Segura, muchas gracias por su contestación.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Segura, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): No he pensado que usted pensara que la aplicación de los contratos interrumpibles era algo negativo, no. Yo lo único que he dicho es que se aplicaron. Y he de decir otra cosa:
nunca se interrumpió el suministro eléctrico en marzo de 2005. Consecuentemente, la aplicación de la interrumpibilidad de los contratos de gas a los clientes no se tradujo, en la parte en la que el gas satisface necesidades de producción de energía
eléctrica, en efectos negativos sobre los clientes eléctricos, y en la parte en la que el gas satisface necesidades de consumidores no eléctricos, básicamente los industriales, no se tradujo en ningún problema, porque entonces se aplicaron contratos
interrumpibles vigentes; consecuentemente el impacto sobre la seguridad del suministro de los consumidores finales fue nulo.
La pequeña modificación que hemos hecho en el plan de energías renovables no es tan pequeña. Usted debe recordar que en el año 2004 no se había avanzado ni una décima porcentual anual en el cumplimiento del objetivo del 12 por ciento. La
modificación ha sido sustancial, es decir, que se va a cumplir algo que no se cumpliría si siguieran las cosas tal y como estaban previstas. Si pasar de un objetivo de potencia instalada en eólica de 13.000 megavatios, que es el que puso la
planificación del último Gobierno del Partido Popular en el año 2002, a 20.000 megavatios en el año 2010 es una modificación pequeña, pues que me digan por qué siete sobre trece es un porcentaje realmente pequeño. Y la modificación que hemos hecho
en el plan de acción, se podrá leer como parezca, pero de pequeña no tiene nada. Dotar de financiación a las medidas de ahorro y eficiencia energética
a través de los ingresos a tarifa eléctrica por importe de 180 millones de euros anuales no es una modificación cualquiera. O sea, pasar de no tener financiación a tener una financiación garantizada de 180 millones de euros anuales es una
diferencia, en mi opinión, apreciable.
La planificación está en curso. Es verdad que se ha retrasado algo la aprobación de la revisión de la planificación respecto de nuestras pretensiones. Un motivo básico del retraso es que hemos dado una audiencia máxima a las comunidades
autónomas en el proceso de formulación de sus propuestas y, en su caso, en la interlocución con la Administración General del Estado a la hora de la decisión final, y hemos llevado a una conferencia sectorial de energía la toma de posición de las
comunidades autónomas sobre este documento de planificación, cosa que no se había hecho en el pasado.
Y por lo que se refiere a que las reformas posibles del marco regulatorio realizadas tienen una intencionalidad empresarial, pues simplemente le sugiero que se lea cuál es la regulación que ha hecho este Gobierno en relación con los
contratos bilaterales y el pago de garantía de potencia, que analice cuál era la regulación anterior y observe cómo la regulación anterior beneficiaba a alguna empresa en la regulación de los contratos bilaterales, y la regulación de este Gobierno
ha evitado esa discriminación positiva a favor de una empresa.
No he dicho que el Gobierno esté desocupado de lo que es su obligación, que es lo que afecta a la política energética, por supuesto que tiene que estar ocupado; no he dicho que vayamos a hacer nada que tenga que ver con decirle a la
Comisión Nacional de Energía lo que tiene que hacer. Lo que he intentado decirle es que es la Comisión Nacional de Energía la que tiene la competencia en materia de establecimiento de la lista de operadores principales y dominantes, según las
prescripciones normativas, que la posibilidad de que exima a alguna empresa que esté situada en esa lista de las prescripciones de que no pueda tener una posición en otro operador dominante es algo que está en una ley del año 2000.
Consecuentemente, no me diga usted que el Gobierno está regulando para favorecer que la Comisión adopte una decisión singular que beneficie a una empresa, puesto que en todo caso estaría actuando de acuerdo con una ley del año 2000. Y en el año
2000, que yo sepa, no gobernaba el Partido Socialista.
DEL SEÑOR HERNANDO FRAILE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE:
-MEDIDAS PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO PARA ACELERAR LA LLEGADA DEL GAS HASTA ALMERÍA DESDE ARGELIA A TRAVÉS DEL PROYECTO MEZGAD. (Número de expediente 181/001062.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, la número 24, formulada por don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Popular, referente a las medidas previstas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para acelerar la llegada del
gas hasta Almería desde Argelia a través del proyecto Medgaz.
Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Hace diez meses presentábamos esta pregunta oral alarmados por la pasividad, entonces, del Gobierno ante un problema que era sencillamente, a nuestro juicio, burocrático, como era la clasificación de la categoría
del proyecto, lo cual estaba impidiendo la puesta en marcha de este proyecto. Usted sabe que Almería es la única provincia de Andalucía que no tiene conexión por gas. Durante muchos años, incluso con promesas del propio presidente de la Junta de
Andalucía a principios de los años noventa, se iba a traer el gas desde Granada a través de Motril. La Junta de Andalucía nunca llegó a hacer efectivo ese proyecto, y el Gobierno, a finales de los noventa, esta vez con un gobierno del Partido
Popular en la nación, decidió que Almería no debía seguir sin gas, máxime cuando proyectos muy importantes en materia agrícola e industrial hacían preciso este tipo de energía para seguir permitiendo aumentar la prosperidad y el progreso de nuestra
economía en la provincia de Almería. De esa forma se establecieron dos posibilidades: una posibilidad era traer el gas a través de Cartagena, y una segunda posibilidad era aprovechar un proyecto que en ese momento se iniciaba, como era el proyecto
Medgaz, para buscar una segunda alternativa, la llegada a nuestro país del gas natural desde Argelia.
En el año 2002 se presentaba a todos los españoles la planificación gasística nacional, y efectivamente estas dos posibilidades se contemplaban, y por parte del Gobierno se iniciaba un proceso de aceleración y presión diplomática con Argelia
para acelerar el proyecto Medgaz. Esto, sin duda alguna para Almería era una buena noticia, máxime cuando la propia Unión Europea decidió calificar este proyecto como un proyecto transeuropeo, por lo tanto, con financiación comunitaria y, por lo
tanto, de interés estratégico no solo para Almería, sino fundamentalmente para España y el resto de Europa. En aquel documento y en diversas planificaciones que se hicieron se pensaba que este proyecto iba a estar concluido para 2007, pero en una
contestación que ustedes realizaron, como le decía antes, al principio del año pasado, nos anunciaron que no sería en 2007, sino en 2008, en principio, la finalización de este proyecto. Era un retraso, a mi juicio, que no tenía sentido, máxime
cuando en la propia contestación se explicaba que era un problema de clasificación del proyecto; es decir, sencillamente problemas burocráticos.
Por eso hoy, nueve, diez meses después de presentar esta pregunta oral y sabiendo la evolución que ha tenido el proyecto, más que preguntarle cómo va a acelerar en verdad el proyecto, que ya las empresas se han encargado de acelerarlo,
quiero preguntarle, no solo en ese sentido, en el término temporal, qué medidas está adoptando el
Gobierno o ha adoptado para facilitar este proyecto, sino además cómo piensan que este proyecto va a permitir abastecer al conjunto de la provincia de Almería; es decir, si desde ese gasoducto se va a poder atender a todas las comarcas que
han solicitado engancharse con este gasoducto en la provincia de Almería y además si, en un caso muy concreto, a través de este gasoducto se piensa dar suministro al tercer grupo de la central térmica de Carboneras que tiene previsto Endesa. No sé
si en el futuro este será un proyecto también que asuma la empresa opante, Gas Natural, pero nos gustaría saber cuál es su opinión, la del Ministerio de Industria, y cuál es la posición. Por eso es por lo que le realizamos esta pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Segura.
El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): La consideración que tenía el proyecto llamado Medgaz en la planificación de las redes de transporte de gas y de electricidad en el año 2002 es que se clasificaba como tipo C por la
escasa concreción del proyecto; por lo tanto, era un proyecto que estaba en estudio y del cual se suponía que podía tener un caudal para el mercado español de aproximadamente 2.000 millones de metros cúbicos, es decir, 2 bcm en la jerga del gas, y
a partir del año 2007. Luego lo que teníamos en el año 2004 era un posible proyecto que estaba en estudio, que podría traer gas a España en esa cantidad en el año 2007. Lo que ha hecho este Gobierno es que ha acordado en Consejo de Ministros de
junio de 2005 modificar la clasificación de esa infraestructura gasista desde el tipo C, en estudio, porque la demanda no permitía asegurar la necesidad de la infraestructura, y para un tamaño de 2 bcm, a grupo A, que es aquel tipo de
infraestructuras que ya pueden ponerse en marcha y que están disponibles para ser ejecutadas.
Esa reclasificación es necesaria desde el punto de vista metodológico y eso es una metodología de los propios documentos de planificación que se aprobó en
2002 para poder proceder posteriormente a las autorizaciones administrativas relacionadas con ese proyecto.
En este acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de junio de 2005, a la vez que se reclasifica dentro de la tipología de proyectos dentro de la planificación, se concretan condiciones técnicas de ese proyecto que son diferentes de las que
tenían anteriormente, como es lógico, puesto que son el desarrollo de estudios realizados, pero -y esto es lo que me interesa resaltar- establecen una capacidad de tránsito por ese gasoducto de 8 bcm y la posible ampliación hasta 11, 12 bcm, es
decir, entre cuatro y seis veces más de la capacidad que estaba prevista en el año 2002.
Luego la actuación del Gobierno no ha sido exclusivamente una actuación burocrática, de reclasificar un proyecto de una casilla de la planificación a otra
casilla de la planificación. Ha sido una actuación en la que, atendiendo a la realidad de la evolución del mercado español y después de establecer un programa de cooperación con el Gobierno argelino, se puede decir que ese gasoducto va a ser un
gasoducto más relevante en la entrada de gas al sistema español en el año 2008, 2009, cuando esté en funcionamiento, que el que existía en el año 2002. Es decir, hemos progresado en la definición del proyecto.
La ejecución de este proyecto, a efectos de saber cuándo estará y cómo se integrará en el sistema español, requiere construir tres tramos de gasoductos principales, y obviamente que existan los contratos de gas que permitan que se vehicule
el gas a través de ese gasoducto. Supervisamos, obviamente, el proceso de desarrollo del proyecto y mantenemos colaboración con el Gobierno argelino al respecto. Por la información que tenemos, esos contratos de gas están en curso de suscripción,
y en un plazo relativamente breve la mayor parte de ellos serán suscritos.
Y por lo que se refiere a la construcción del gasoducto hay que señalar que hay tres tramos del mismo: hay un tramo terrestre argelino que conecta el yacimiento de gas natural hasta el punto de conexión con el tramo submarino, que tiene una
longitud aproximada de 550 kilómetros, y respecto del cual la responsabilidad y el coste de su ejecución recae en Sonatrach, que es la empresa pública argelina que se dedica a estas actividades. Hay un tramo submarino de conexión entre Argelia y
España que tiene una longitud aproximada de 220 kilómetros, que es el que se denomina propiamente Medgaz y que será construido por una sociedad del mismo nombre, con una composición accionarial que es conocida, en la que están empresas españolas,
francesas, BP y Sonatrach, la empresa pública argelina. Y finalmente hay un tramo terrestre español que conecta el punto de entrada del tramo submarino en Almería con el sistema gasista en la provincia de Albacete y que se une con el gasoducto
Alcázar de San Juan-Montesa.
En lo que se refiere al tramo del gasoducto submarino que conecta Argelia y España, la sociedad Medgaz, que es la promotora, constructora y financiadora del mismo, ha presentado en el ministerio la solicitud de autorización de construcción
de forma directa del tramo parcial de ese gasoducto que está comprendido entre el límite de las aguas territoriales españolas y la terminal receptora, es decir, allí donde existe soberanía española, y consecuentemente las autorizaciones están
sometidas a las autoridades españolas. Esa autorización ha sido otorgada, previos los informes preceptivos del gestor técnico del sistema y de la Comisión Nacional de Energía, el 24 de enero de 2005. Y ahora la sociedad Medgaz ha presentado
solicitud de autorización administrativa para que se apruebe el proyecto de ejecución y se reconozca la autoridad pública a efectos de la construcción de ese tramo, y el expediente administrativo está en fase de tramitación de la información
pública. De manera que se ha avanzado en los procesos administrativos, la siguiente fase será, obviamente, la aprobación de la autorización administrativa previa y el reconocimiento
de la utilidad pública a efectos de la expropiación de la ocupación de dominio público marítimo terrestre en este caso. Por lo que se refiere al tramo terrestre español, se ha recibido en el ministerio la solicitud de autorización de
construcción de forma directa por parte de la empresa Enagas S.A.; estamos a la espera del informe preceptivo que tiene que emitir la Comisión Nacional de Energía para que la Dirección General de Política Energética y Minas otorgue la autorización
solicitada.
En nuestra opinión, existe una coordinación suficiente de las decisiones de construcción en los tres tramos y se podrán alcanzar los objetivos temporales de que el gasoducto esté disponible entre los años 2008 y 2009. Hay que tener en
cuenta que el gasoducto no estará disponible solo porque quieran las autoridades españolas, sino que también estará disponible porque quieran las autoridades argelinas y construyan la parte que está en Argelia. El proyecto Medgaz en la parte
submarina se ha construido también en plazo y forma por parte de los promotores, que es una empresa privada.
Por lo que se refiere a la gasificación de Almería, al impacto que este gasoducto tendrá, en su caso, sobre las necesidades de suministro de gas a Almería, he de decir que los gasoductos españoles se integran en la red básica. No hay
ninguna diferencia, no van dirigidos a cubrir necesidades de suministro de gas locales, en este caso. Este es un gasoducto de entrada al sistema español que va a vehicular probablemente una cantidad de gas entre el 15 y el 20 por ciento del gas que
está previsto que constituya la banda española en el horizonte del año 2009, y consecuentemente ha de ser un gas para el conjunto de España. Por otra parte, espero que la gasificación de Almería esté asegurada a través del gasoducto Lorca-Almería,
que también está planificado y en fase de aprobación y posterior construcción. De manera que el gasoducto de Medgaz en sí mismo sirve para el conjunto del territorio español, y la gasificación de Almería está contemplada dentro de la planificación.
No puedo darle una respuesta precisa sobre el ciclo combinado que pueda tener previsto Endesa en Carboneras, porque ahora mismo no estoy en condiciones de decirle los plazos exactos ni la fase de procedimiento administrativo en la cual
están. Por lo tanto, no puedo decirle si ese ciclo combinado estará construido antes o después de que esté disponible el gasoducto.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor secretario general, yo le agradecería mucho que pudiera contestarnos, aunque fuera por escrito, sobre los planes y la situación del ciclo combinado en Carboneras, de la misma forma que me gustaría que me
aclarara algo que a mí me ha sembrado enormes dudas. Me dice usted que Almería va a ser suministrado desde Lorca, y no a través directamente del gasoducto que cruza toda Almería. A mí eso me produce preocupación y sorpresa. No entiendo que un
gasoducto atraviese toda una provincia y, sin embargo, esa provincia vaya a ser suministrada a través de una tubería que tiene ahora que construirse desde una comunidad autónoma que está más lejos del origen del gas. Yo le pediría que nos aclarara,
por favor, si eso va a ser así. ¿Almería se va a suministrar directamente del gasoducto, a través del paso del gasoducto por la provincia, o no va a ser ese el suministro de gas de Almería y el gas tendrá que llegar desde Lorca?. Esto es muy
importante porque, en estos momentos, del proyecto de Lorca no sabemos absolutamente nada. Del gasoducto ya sabemos que ha habido información pública, que se han iniciado procesos de expropiación, pero sobre este no sabemos nada. Y por lo tanto,
la previsión que tienen los ciudadanos de Almería de que el gas esté en Almería, en la provincia, en el año 2007 en principio (ahora, según ustedes, en el 2008), puede retrasase aún más si el gas tiene que ir hasta la red general, volver hasta
Lorca, para luego llegar a Almería.
No soy ingeniero, pero no entiendo que esto sea una cosa de sentido común. Y por lo tanto, me gustaría que nos aclarara este tema, porque siembra enormes dudas y nos hace temer que el proyecto se va a retrasar
todavía más, y que el gas va a estar en Almería mucho más tarde de lo que estaba previsto en principio. Y cambia enormemente las consideraciones que tenía previstas el propio Plan Gasístico Nacional, que optaba por las dos opciones: la opción de
Lorca se preveía en el caso de que no se construyera el Medgaz. Ahora parece ser que a pesar de Medgaz se contempla también la posibilidad de Lorca. No sé, a mí esto me gustaría que me lo aclarara.
Nosotros venimos estando preocupados por el retraso de la tramitación administrativa desde octubre de 2004, cuando ya le hicimos una primera pregunta escrita sobre este asunto. En aquel momento usted nos contestó sobre la situación, y por
eso nosotros hicimos esta pregunta en marzo de 2005. En junio, es verdad que se cambió la calificación, y eso para nosotros fue una buena noticia. Pero aun así ya se había producido un enorme retraso. Lo que sí quiero decirle es que en aquella
contestación había no solo elementos relativos a la planificación o a los tramos o a los tiempos, sino también algo muy importante: ustedes decían en aquella contestación que este proyecto iba a redundar en la mejora de la seguridad de suministro,
en la extensión del mercado y en la mejora de la competencia efectiva. Yo entiendo que la mejora de la competencia efectiva se iba a producir porque hubiera más operadores de gas, o se iba a producir porque se rebajaran los precios. Ustedes,
desgraciadamente, han intervenido desde aquel momento justamente en sentido contrario. Han permitido un incremento para este año de los precios del gas, desde el 6 u 8 por ciento hasta el 16 por ciento, lo cual ha llevado la inflación para este
enero al 4,2, entre otros factores también por subidas de precios energéticos regulados por ustedes, y además el camino que llevan no es de que en este país haya más operadores, sino justamente todo lo contrario, hasta el punto de que la empresa más
importante y con más
mercado en el sector gasístico nacional va a engullir a otra empresa mucho más grande que ella, pero que empezaba a competir con ella en términos de precios en el mercado nacional, como es Endesa.
Por eso me sorprende que cuando su teoría era la de favorecer la competencia, que creo que es una buena teoría, sin embargo, en los últimos tiempos ustedes estén dando pasos en el sentido contrario. Esa es una situación de alarma y
preocupación, máxime cuando alguien que debe actuar como árbitro en todas estas operaciones empresariales, que es el Ministerio de Industria y el Gobierno, acabe yendo a celebrar con uno de los empresarios el éxito de que el Gobierno ha autorizado
una OPA hostil de una empresa contra otra, lo cual no nos parece muy ético ni muy oportuno. Pero retomemos el asunto, señor secretario general, explíqueme, por favor, de dónde va a llegar el gas a Almería.
El señor PRESIDENTE: El señor Fernández Segura tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL(Fernández Segura): Lo que existía en el documento de planificación del año 2002, y en la medida en que nada se ha cambiado -también existía en el mes de marzo del 2004-, no era un proyecto de construcción de un
gasoducto internacional que iría de Argelia a España por Almería; era un estudio de un potencial gasoducto, que nadie sabía si se construiría o no, de un tamaño en su día de 2 bcm y para construir en el año 2007. Es decir, si en el año 2004, el
Gobierno del Partido Popular no había cambiado la planificación de ese gasoducto, era inviable que pudiera construirse en el año 2007, lo que pone de manifiesto que no era un proyecto, era un estudio. Y lo que el Gobierno socialista ha hecho ha
sido convertir un estudio en un proyecto. ¿Y por qué contribuye a la mejora del suministro? Simplemente porque amplía la capacidad de entrada al sistema gasístico. Si por un gasoducto pueden entrar 8 ó 12 bcm en vez de 2 bcm, eso mejora la
competencia, porque hay más comercializadores que tienen una puerta de entrada al mercado español a través de ese gasoducto y hay más capacidad de tránsito del gas. Luego es cierto lo que hemos dicho de que el gasoducto del Medgaz, con la nueva
capacidad ampliada entre cuatro y seis veces respecto del estudio que había en el año 2002 y que no había dejado de existir en el año 2004 mejora la capacidad de entrada al sistema, con lo que también se mejora la competencia.
Me sorprende que me diga que la gasificación prevista de Almería no podía proceder de Lorca, aunque después ha dicho que sí, porque es obvio puesto que estaba en la planificación. De manera que si había un estudio en la planificación para
hacer el gasoducto del Medgaz , también había un proyecto que podía estar sometido a ese conjunto de condiciones para gasificar Almería desde Lorca. He de decirle que el gas no conoce de territorios. Parece que, según dicen los ingenieros, es un
problema de presión. De manera que el gas se mueve a través de un sistema de presión en un conjunto de tuberías y que el gas que entra al sistema español, entra al sistema español y lo que importa es que satisfaga las necesidades del producto
españolas, y puede haber después problemas de equilibrio, como es obvio, entre donde están los clientes y el consumo y donde están las redes y la capacidad de las redes de transporte. Lo que nosotros hemos hecho ha sido decir que el gasoducto
Medgaz progresa en su definición, en su compromiso, en su ejecución, y que el gaseoducto previsto entre Lorca y Almería se va a poner en marcha. Consecuentemente lo que estamos diciendo es que aumenta la capacidad de entrada de gas al sistema
español y se mantiene una vía de suministro del gas a una zona como la de Almería. Yo creo que la lectura es: más gas que entra al mercado español y garantía de suministro de gas para Almería. No que no se hacen dos proyectos o que se retrasan en
el tiempo, puesto que lo que va a ocurrir no es eso.
Si uno defiende que el mercado fija precios y el mercado del gas se empieza a parecer más a un mercado internacional, y los precios subieron en España y el Gobierno tomó nota de esos precios y subió las tarifas, es porque subieron los
precios en el mercado. Y si uno analiza la evolución de los precios del gas para los consumidores finales en el mercado español y en los mercados de la Unión Europea de referencia, observará que el crecimiento de los precios en el último año ha
sido menor en España que en la Unión Europea, a pesar de que se ha ajustado al crecimiento de los precios en los mercados internacionales en los cuales compran todos los operadores, bien en el mercado español o bien en el mercado de otro país del
resto de los miembros de la Unión Europea.
Y finalmente, creo que no es el momento de hacer una discusión en profundidad sobre las condiciones de los operadores españoles de gas y de electricidad, para discutir sobre si Gas Natural es un competidor agresivo en electricidad o si
Endesa es un competidor agresivo en gas, que da para muchas horas de discusión, pero permítame decirle que las OPA no son hostiles de unas empresas contra otras. Si yo no recuerdo mal, uno hace una OPA de una empresa y ofrece a los accionistas de
la empresa opada la posibilidad de vender sus acciones a un precio más caro de aquel que le están ofreciendo los gestores o los administradores de la empresa que tiene en ese momento. De manera que las OPA serán hostiles o no hostiles, pero creo
que se dirigen básicamente a los accionistas, que si no recuerdo mal son los dueños de las empresas, y los cuales esperamos que se manifiesten en breve.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general de Energía, don Antonio Fernández Segura, por haber comparecido hoy en esta Comisión.
En consecuencia, concluimos y levantamos la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.