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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 468, de 02/02/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 468
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALFONSO GUERRA GONZÁLEZ
Sesión núm. 12
celebrada el jueves, 2 de febrero de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Decisión de la Comisión sobre la solicitud de comparecencias presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en relación con la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de Cataluña. (Número de expediente 127/000003.) ...
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Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre la propuesta de reforma del estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana (Número de expediente 127/000002.) ... (Página 3)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
DECISIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE COMPARECENCIAS PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, EN RELACIÓN CON:
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CATALUÑA. (Número de expediente 127/000003.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar la sesión de la Comisión Constitucional.
Señoras y señores diputados como saben ustedes, en el orden del día figuran dos puntos. Vamos a resolver prontamente el primero, que consiste en la ratificación, si procede, de una decisión adoptada por la Mesa de la Comisión, que, por
delegación de la Comisión, tiene la capacidad de tomar decisiones sobre la comparecencia de personalidades a la misma. Un grupo político, el Grupo Parlamentario Popular, presentó una solicitud para distintas personalidades comparecieran en la
Comisión con anterioridad a la deliberación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Mesa de la Comisión ha examinado ese listado y ha tomado la decisión de rechazar esta petición. Nuestro Reglamento establece que cuando la disposición tomada por
la Mesa es por unanimidad, la disposición es definitiva, pero que cuando no lo es debe ser ratificada, si procede, por la Comisión. Por tanto, pasamos ahora a la ratificación de esa decisión.
Damos la palabra al grupo proponente para que explique
muy brevemente su posición.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señorías, en efecto -señor presidente, con toda brevedad- hoy el tema a debate en la Comisión es el Estatuto valenciano. Merece no solo el trámite, sino principal protagonismo y por tanto, por una
vez en estos días el Estatuto a la espera -digo a la espera de conocerse su texto y tantas otras cosas-, el Estatuto catalán, ocupará muy pocos minutos en mi intervención.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se congratula de que podamos ya llegar a un trámite que, en términos judiciales -lejos de mí decir que lo mereciera tal Estatuto-, equivale al de vista pública, extraordinario, tras estos largos y
procelosos caminos en los que, con toda legitimidad pero también con absoluta falta de transparencia, se está negociando el texto final -que por cierto desconocemos y así lo pusimos de manifiesto ayer en la Junta de Portavoces- del Estatuto catalán
entraremos a partir del próximo lunes, al así decidirlo la Presidencia, en la Comisión y en la constitución de la ponencia. En ese momento señorías, el Grupo Parlamentario Popular consideraba, y considera, que sería muy positivo para todos, y ahora
veremos por qué, que se produjera un turno previo de comparecencias de determinadas personalidades.
Señorías, sin ánimo de reabrir ahora un debate, que no sería procedente, el Estatuto catalán ha suscitado serias dudas de constitucionalidad. Para el Grupo Popular, certezas de inconstitucionalidad; para muchos especialistas y
representantes institucionales, al menos dudas; ha suscitado también una encendida polémica social por su modelo de financiación, por sus repercusiones sobre el conjunto de la economía española, del principio de solidaridad, y en consecuencia,
señorías, sería muy bueno que la Comisión y, a través de ella, la opinión pública escuchara a aquellas personalidades que tienen algo que decir.
Sencillamente. Tengan por seguro que en la selección de estas personalidades que proponemos no se ha
incurrido en una redacción interesada, sesgada y desde luego sectaria. Querríamos que vinieran a exponer su punto de vista quienes han sido presidentes de las Cámaras, del Congreso y del Senado, tan aséptica es la petición que ni siquiera quienes
han presidido esas Cámaras durante el mandato del Gobierno de nuestro partido, del Partido Popular, han sido llamados, obviamente.
Querríamos que comparecieran quienes han sido, quienes fueron, ponentes de la Constitución española, sin excepciones,
desde el señor Cisneros, que es hoy miembro de esta Comisión y de la Mesa del Congreso, al señor Solé Tura, o al señor Roca i Junyent, o a Pérez Llorca, o a Herrero de Miñón, o a Fraga Iribarne; querríamos, en fin, que comparecieran los secretarios
de los principales sindicatos de UGT y de Comisiones Obreras, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, del Instituto de Estudios Económicos, del Consejo Superior de Cámaras y de la Confederación de Cajas de Ahorros, el
presidente del Consejo Económico y Social, o las más que autorizadas voces del presidente del Consejo General del Poder Judicial, que seguro que escucharíamos en esta Comisión con la misma atención y respeto con que se le escucha en la Comisión de
Justicia e Interior, el presidente del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y una serie de especialistas en derecho constitucional..
Otros estatutos de autonomía en tramitación, el valenciano, al que ahora tendremos ocasión de dedicar las horas y jornadas en su caso subsiguientes, el que se abre ahora en Castilla y León, o en la región de Murcia, han comenzado su
tramitación abriendo precisamente la misma con comparecencias de instancias sociales o representantes de instituciones públicas. No ha sido éste el proceloso camino del Estatuto catalán en donde se ha volcado un esfuerzo monumental de ponencia y
Comisión en el que el Partido Popular ha participado, como es su deber y su derecho. Qué menos que pidamos que sea en este momento cuando se escuche, tras esas dudas o esas certezas, a quienes tienen algo o mucho que decir.
En consecuencia, señor presidente, señoras y señores diputados, solicitamos la reconsideración del acuerdo de la Mesa y que la Comisión acepte las comparecencias con carácter previo a la constitución de la ponencia, porque estimamos que
todavía queda mucho por decir
por muchas personas que deben ser oídas y, es mejor que lo sean ahora que cuando sea demasiado tarde y, entonces sí, la vista pública tenga que producirse impepinablemente en otros foros jurisdiccionales.
El señor PRESIDENTE: Expuesta por parte del grupo proponente la cuestión, si no hay otras intervenciones, pasaríamos a la votación. (Pausa.)
Pasamos a la votación de la ratificación de la disposición que ha adoptado la Mesa. Votar sí es ratificar la disposición de la Mesa, rechazando las comparecencias, votar no es volver atrás la disposición de la Mesa y por tanto admitir las
comparecencias.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda ratificada la disposición de la Mesa.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
-PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 127/000002.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es deliberación y aprobación en su caso del informe de la ponencia sobre la proposición de ley de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
En primer lugar debo dar la bienvenida a los diputados del Parlamento de la Comunidad Valenciana don Antoni Such y don Serafín Castellano, que asisten como invitados a esta sesión de la Comisión.
Dado que en la puerta hay una buena concentración de periodistas y cuando se abre la puerta se oye ruido, si añadimos nuestras conversaciones aquí no se va a enterar nadie de lo que estamos debatiendo. Ruego por tanto a los señores
diputados, que guarden silencio para que podamos entendernos.
En la Mesa y junta de portavoces de la Comisión hemos organizado el debate de las muchas enmiendas que hay, que están muy concentradas en dos grupos parlamentarios, el Grupo Mixto y el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, aunque hay
otros grupos que también tienen enmiendas pero en un número muy pequeño, de manera que haremos bloques, para poder llevar con cierto orden la deliberación y las votaciones. Se ha distribuido un guión de debate y votación, que sin embargo no se
ajusta exactamente al acuerdo, porque en el primer caso estuvimos considerando dos bloques diferentes y se ha optado por el que no habíamos tomado. Como ven SS.SS., el bloque primero habla de los títulos I y II; lo que se acordó finalmente es que
los títulos II y III fueran un solo bloque. Es decir, en el primer bloque vamos a deliberar lo correspondiente al título I, las enmiendas genéricas que hacen referencia a todos los títulos, porque hablan de la definición del nombre de la comunidad,
y una enmienda relativa a la exposición de motivos que también hace referencia a la definición. Vamos a empezar con el título I, enmiendas del Grupo Mixto.
La señora Lasagabaster tiene la enmienda número...
El señor CERDÀ ARGENT: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Una cuestión de orden, señor Cerdá?
El señor CERDÀ ARGENT: Sí, es una cuestión de orden. Ayer, si no recuerdo mal, en la reunión de Mesa y portavoces acordamos, a petición del señor Trillo, tener un primer turno de exposición que de alguna manera situara dónde están en estos
momentos las coordenadas de juego; y allí se dijo que sí. A algunos grupos nos gustaría saber dónde están en estos momentos las coordenadas de juego, porque hemos tenido noticia de los acuerdos y desacuerdos, encuentros y desencuentros, a través
de...
El señor PRESIDENTE: No entre en el fondo. Efectivamente se habló en la Mesa y portavoces de que habría una posición inicial, pero se acordó que fuera en el turno del título I, que era el definitorio de la comunidad, es decir que en este
turno es donde pueden aprovechar para hacer esa exposición genérica de posición.
Entramos por tanto en el título I del Grupo Mixto hay una diputada y un diputado que tienen enmiendas. La señora Lasagabaster tiene la enmienda 166.
El señor CERDÀ ARGENT: Perdone, señor presidente, pero le estoy haciendo una sugerencia que es clara. Si entramos ahora a debate de las discusiones, nos falta información.
El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Cerdà, pero lo acordado en la Mesa y portavoces de la comisión...
El señor CERDÀ ARGENT: Ya sé lo que acordamos.
El señor PRESIDENTE: Perdóneme, tengo la palabra. No tiene usted la palabra.
El señor CERDÀ ARGENT: De acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Lo acordado es que en el primer turno, en el que se debaten todas las enmiendas correspondientes al título I, se podría hacer esa disposición general. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, el Grupo Mixto, la señora
Lasagabaster, tiene la posibilidad en este turno de defender todas las enmiendas de este título y dar su punto de vista de la posición en la que
están. Los otros grupos harán lo mismo, si lo quieren hacer.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Efectivamente, tal y como acordamos ayer -y aceptamos una sugerencia del portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, parecía lógico, y comparto lo dicho por el señor Cerdà, no solamente por la trascendencia
de la iniciativa que hoy estamos debatiendo sino porque también a día de hoy quedan muchas situaciones muy difíciles de entender en la medida en que han ocurrido en las últimas horas y de las que no somos partícipes muchos grupos parlamentarios,
conocer exactamente si lo que vamos a defender o debatir responde a algo real o virtual. Es cierto que si ayer era necesaria y oportuna esa toma en consideración generalizada que decidimos hacer en aras del ahorro de energía y tiempo en el título
I, ahora desde luego se torna absolutamente imprescindible, y me atrevería a decir que más que la hagamos nosotros que la hagan aquellos que pueden haber dado un vuelco a determinados elementos claves sobre los cuales nosotros, hemos realizado
determinadas enmiendas. Me disculpo en la medida en que no sé si estoy defendiendo enmiendas que a lo mejor están en el vacío virtual. En todo caso, me gustaría, en primer lugar, proceder a dar por defendidas las enmiendas de los distintos
miembros del Grupo Mixto que se corresponden con distintas formaciones políticas. Para quien no conozca la tramitación que llevamos en el Grupo Mixto, en la medida en que solo hay un voto, en la medida en que lógicamente distribuimos nuestra
capacidad de estar en las distintas comisiones, no crean que es ninguna desatención ni ninguna falta de cortesía hacia el Estatuto valenciano. Como se ha podido comprobar por las enmiendas que han realizado mis compañeros del Grupo Mixto -como ha
dicho el presidente, un número importante de enmiendas y por tanto de trabajo- a esta propuesta de reforma, atendiendo a esa distribución lógica, en la medida en que, como he dicho, solo hay un voto, hacemos una distribución -yo daré por defendidas
las enmiendas de otros compañeros y procederé a la defensa de las mías-, pero no se preocupen los ciudadanos y ciudadanas de Valencia porque los propios diputados y diputadas del Grupo Mixto, que también tienen enmiendas, procederán a su defensa en
el Pleno. Por tanto, mi primera consideración es dar por defendidas las enmiendas, y no lo entiendan como descortesía, máxime cuando han hecho un esfuerzo de hacer aportaciones, desde unas perspectivas constructivas, a la propuesta de reforma de un
estatuto de autonomía. Para nosotros todos los estatutos de autonomía, la manera de autoorganizarse, una manera que se ha demostrado que es buena, es una cuestión francamente importante.
Entraré por tanto exclusivamente a fijar la posición de Eusko Alkartasuna en este debate. La primera reflexión que me gustaría realizar -la hicimos en la toma en consideración de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana- haría referencia a una posición absolutamente favorable a esa toma en consideración, favorable a un debate, que venía, como es lógico, como es legal, como es preceptivo y como es muy legítimo, de un Parlamento, del Parlamento
de Valencia, al que nosotros entendíamos que debíamos dar cobertura, para que pudiera ser debatida una cuestión que se había debatido con interés, legitimidad y legalidad, y que consideraba la mejor forma de organizarse en su propia comunidad.
Nosotros, a diferencia de lo que esos mismos grupos habían hecho, por ejemplo, con la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Vasca, que fue rechazada sin dejar ninguna posibilidad de debate a una iniciativa tan
legítima, tan legal, tan conveniente o tan oportuna, porque lo había señalado así un Parlamento tan legítimo como el de Valencia, al contrario de lo que había sucedido, sí entendíamos que democráticamente teníamos que dar una oportunidad para que se
produjera el debate de esta propuesta que se nos presentaba. Por tanto, primero, sí a la toma en consideración. Pero nos hubiera gustado que esa misma consideración que nosotros hemos tenido a poder abrir la puerta a este debate se hubiera tenido
con nuestra propia propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía, con las mismas características de legalidad y legitimidad -con su contenido se podrá estar de acuerdo en este, en otro o en cualquiera-, que esta y esperamos que en el futuro se vea
un cierto principio básico de reciprocidad, sin perjuicio de que luego cada uno de nosotros tengamos la capacidad, la legitimidad, la legalidad, de aportar cuantas cuestiones consideremos constructivas, desde una u otra perspectiva. Al final se
determinará, si es posible, un consenso con las partes intervinientes, que son el Congreso y el Parlamento correspondiente.
Repetiré constantemente esta consideración, porque creo que es básica: no se puede juzgar con distintos parámetros la necesidad de debatir, ahora sí, ahora no. Si se entiende que hay un Parlamento legítimo es necesario debatir. Nuestra
táctica a la hora de abordar esta propuesta de reforma es tratar de mantener lo que son las decisiones propias de autoorganización; es decir, no hemos entrado -podríamos haberlo hecho- a debatir o a enmendar elementos internos propios, salvo en
aquellas cuestiones que para nosotros pudieran ser objeto de flagrantes vulneraciones de principios democráticos, como luego suscitaré en el tema de la representación, a la hora de determinar un mínimo electoral.
Nosotros no hemos entrado en esa
parte de autoorganización, simplemente hemos entrado en los principios importantes y básicos y en aquellos elementos que podían tener, desde nuestra perspectiva, muchísima influencia, a nivel cultural, a nivel lingüístico, a nivel social, con otra
serie de consideraciones, por ejemplo, en el caso del llamado digamos debate, o conflicto en el tema del valenciano -que nosotros no consideramos un idioma propio, sino que forma parte de un idioma conjunto con otra serie de comunidades autónomas-
en la medida en que ciertamente
afectaba a otras consideraciones más allá de la propia Comunidad Valenciana.
Esas han sido nuestras posiciones. Debate sí; ir a cuestiones concretas de principios básicos y de elementos que podrían referirse a cuestiones más allá de la propia autoorganización, entendiendo que lógicamente había un debate mucho más
en profundidad en esta Cámara. Como tenemos la posibilidad de votar respecto a todo, lo haremos así, pero no introduciremos elementos autoorganizativos en la medida en que podíamos conocer menos lo que era una capacidad de autoorganizarse y dar
solución, la mejor solución posible, a las realidades sociales y políticas que tiene esa propia comunidad.
Hablo de una enmienda a este título, concretamente la 165, si no recuerdo mal, al artículo 4. Hablamos de una enmienda que se sucede tambien en otros títulos, que se refiere a una cuestión básica, tanto para nosotros como para otros grupos
parlamentarios; se refiere a una discrepancia profunda respecto del texto original -tampoco sé cómo ha quedado exactamente en estas negociaciones; por tanto permítanme mi disculpa, si hablo de cosas que a lo mejor ni existen al día de hoy, pero es
que no lo sé-, en el sentido de que el valenciano, con todo mi respeto al valenciano, no entendemos que sea un idioma propio, autónomo y diferente.
Le tenemos el mayor respeto del mundo, pero creemos que con esa denominación de idioma propio se
produce una cuestión grave con relación a la historia y a la lengua y que lógicamente afecta a lo que para nosotros es una única lengua, que podrá denominarse, según los territorios, catalán, valenciano, como se quiera, pero que forma parte de un
mismo patrimonio, de una misma realidad histórica, cultural, social y lingüística. Esta es nuestra enmienda en este título pero quería explicar estas consideraciones generales previas, el porqué de nuestras enmiendas y, en concreto, la enmienda
correspondiente a este tema, que se repetirá cuando aparezca idioma, ya que nosotros pedimos la supresión. En definitiva, creemos que no merma en nada ningún elemento clave de la Comunidad Valenciana, simplemente, si se llegara a aprobar esta
cuestión de idioma valenciano, se produciría una merma en lo que ha sido una historia cultural y lingüística, que no tiene nada que ver con otra serie de consideraciones político-administrativas, no, simplemente tiene que ver con una realidad
cultural que nos parece básico mantener.
El señor PRESIDENTE: ¿Se entiende que el resto de las enmiendas del Grupo Mixto las da por defendidas para que puedan ser mantenidas? (Asentimiento.)
Tiene la palabra la señora Navarro, del Grupo de Izquierda Unida, para defender sus enmiendas números28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. (Pausa) ¿Qué le pasa a la señora Navarro?
La señora NAVARRO CASILLAS: No sé cuánto tiempo tengo para defender todas estas enmiendas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Diez minutos.
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿Me puede repetir las enmiendas, por favor?
El señor PRESIDENTE: Sí. Las enmiendas números 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Las otras tres quedan para el título II, la 36, 37 y 38.
La señora NAVARRO CASILLAS: Hubiera sido interesante haber mantenido el guión.
El señor PRESIDENTE: Para mí también, señora Navarro. Yo tenía el guión igual que el suyo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, guión con el que yo he estado trabajando hasta las tantas de la noche, señor presidente. Ni siquiera lo que me acaba de mencionar se ajusta a lo que nos han entregado esta mañana, porque aquí figuran más
enmiendas sobre las que usted me acaba de decir que no tengo que intervenir en este momento. La verdad es que, tratándose del Estatuto Valenciano, me gustaría que las cosas estuvieran más claras y que pudiéramos trabajar con unos elementos, con
unos instrumentos absolutamente clarificados.
Cuando acabó el debate en las Cortes Valencianas y se trajo aquí a debate el Estatuto valenciano, no reprodujimos el cien por cien de nuestras enmiendas, porque entendíamos que este era otro ámbito; lo que hicimos fue mantener las que
considerábamos más relevantes, con la aspiración de introducir mejoras en un texto que va a aportar muy, muy pocos cambios, muy pocas mejoras para todos los valencianos. En ningún caso se puede hablar de un Estatuto de todos los valencianos y menos
hoy; un día en el que se da a conocer la reconciliación entre el Partido Popular y el Partido Socialista en ese largo romance que mantienen en el País Valenciano, que nos tienen sometidos a una falta de alternativa política, ya que asumen una misma
identidad de carácter político en las Cortes Valencianas. No hay cambios; no hay alternativa, pero eso no nos amedrenta a Izquierda Unida y seguiremos luchando, día a día -como hemos hecho siempre-, por lo que nosotros entendemos que debe ser el
País Valenciano: más democrático y con más derechos; derechos garantizados, derechos de verdad, para todos los valencianos.
Después de 24 años de vigencia de un Estatuto, Carta Magna de todos los valencianos, es evidente que se había de abordar su actualización, pero para reformarlo y sobre todo para mejorarlo; adaptar el texto a lo que hoy es el País Valenciano
y a lo que aspira a ser; cerrar conflictos y mirar hacia el futuro.Un texto en el que todos los valencianos tuvieran su espacio, aunque fuera sencillamente un hueco. Sin embargo, lo que nos ha traído el Parlamento Valenciano dista mucho de cumplir
con estos objetivos, porque está redactado principalmente por aquellos que en su día ni siquiera votaron a favor del título VIII de la Constitución española. Además, hoy se
manifiestan abierta y claramente en contra de cualquier incremento de autogobierno político y el Partido Socialista se somete a esa manera de entender el Estado de las autonomías en el ámbito del País Valenciano.
Por supuesto, todo eso nos
aparta de un reconocimiento de las señas de identidad de los valencianos. Es más, incluso durante el debate del Estatuto valenciano, en su día Trillo reivindicaba permanentemente la nación española nación única, negando la realidad asimétrica del
Estado español, que es precisamente la que nos conduce al Estado descentralizado de las autonomías que hoy -quieran algunos o no- somos. En definitiva, resolver los problemas de financiación, incorporar nuevos derechos sociales y medioambientales,
ampliar las cuotas de autogobierno.
(Rumores.) Señor presidente, ¿puede ampararme y pedir un poco de silencio en la sala?
El señor PRESIDENTE: Ya lo he pedido.
La señora NAVARRO CASILLAS: Es que se está produciendo aquí detrás un barullo que me impide hacer mi discurso.
El señor PRESIDENTE: Ya he dicho antes que debería guardarse silencio.
La señora NAVARRO CASILLAS: Yo me imagino que a la derecha no le interesa, porque no le interesa escuchar nada que no sea lo suyo.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, si me pide que intervenga, déjeme hablar.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, perdone, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Ya he dicho antes que las diputadas y diputados deberían guardar cierto silencio, porque el debate es importante y deberíamos escuchar a todos los intervinientes.
La señora NAVARRO CASILLAS: Además, nadie les obliga a estar aquí.
Como decía antes, incorporar nuevos derechos sociales y medioambientales, ampliar las cuotas de autogobierno y establecer nuevos mecanismos de participación en el ámbito de la Unión Europea. Estos son ejemplos de cuestiones básicas que
figurarán en todos los estatutos, menos en el Estatuto valenciano, lo que sencillamente no lo convierte en ningún Estatuto ejemplar y a imitar, como decía Camps, sino todo lo contrario...(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, permítame que la interrumpa para decir que las señoras y señores de la cafetería podrían tomar café sin hablar.
Señora Navarro, continúe.
La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias señor presidente. El modelo de Estatuto del que precisamente hay que huir.
Hoy, desde Esquerra Unida, desde Izquierda Unida, aspirábamos a que se diera una mejora un avance democrático, con el Partido Socialista, que se comprometió públicamente a ello. Estoy hablando de la barrera electoral y de la lengua, como
todos los presentes, que estén escuchando, saben. Sin embargo, el Partido Socialista ha roto su compromiso y se ha sometido a las típicas amenazas -a las que nos tiene tan acostumbrados el Partido Popular- de retirada del Estatuto, etcétera. Lo
que me hacía gracia con estas amenazas es que el Partido Popular ponía en una parte de la balanza la lengua, volver a la situación de 1982 y la barrera electoral, y en la otra parte de la balanza todo el Estatuto, y prefería retirar todo el
Estatuto, lo que demuestra el poco valor que incluso para ellos tiene este Estatuto en todo su contenido y en su afectación a todo el País Valenciano.
Desde Esquerra Unida, Izquierda Unida, seguiremos luchando por un País Valenciano más justo y democrático, respetuoso con el medio ambiente, defendiendo nuestra cultura y nuestras señas de identidad antes, durante y después de la tramitación
de este Estatuto, que, con o sin barrera electoral, será siempre el Estatuto del Partido Popular y del Partido Socialista y en ningún caso nuestro Estatuto; en ningún caso, señor presidente.
Su preámbulo dice que es necesario que se incorporen aquellas competencias acompañadas de financiación adecuada. Esta es una de las primeras mentiras que manifiesta el Estatuto valenciano que nos traen desde las Cortes Valencianas porque
después no existe ninguna propuesta de financiación, no hay ninguna reivindicación, en definitiva, no hay ninguna defensa de los intereses de los valencianos. También establece que de forma exhaustiva se incorpora la promoción y defensa de los
derechos de las ciudadanas y ciudadanos valencianos por los poderes públicos, y yo me pregunto ¿qué derechos? El texto solo contiene un derecho garantizado, el derecho al agua, ese sí que está garantizado; los demás, señorías, son meros principios
rectores cuya exigibilidad es la misma que aquella retórica de la Constitución cuando habla del derecho a una vivienda digna y adecuada, que también lo dice este Estatuto. Son principios rectores que no se pueden exigir ante ningún tribunal ni ante
las Cortes Valencianas. La prueba la tenemos en la vivienda, pero también en ese principio rector bien conocido que dice: que se otorgará especial protección a la defensa y uso del valenciano, que consta en el Estatuto vigente. Hemos visto como,
año tras año, el Partido Popular machaca y destroza nuestra lengua, sin defenderla ni usarla porque ni siquiera sus representantes la usan. En definitiva, no hay derechos exigibles, no hay garantías para los ciudadanos valencianos y, como sabemos,
los principios rectores no solucionan los problemas de la vivienda ni ningún otro. Estas son las mentiras que, una tras otra, constan en este Estatuto de
Autonomía que se nos propone por parte del Partido Popular y del Partido Socialista.
En cuanto a las relaciones del País Valenciano con la Unión Europea no se recoge más de lo que hay. No se establecen mecanismos novedosos de cara a un futuro abierto, un futuro en el que tenemos que tener una presencia y una relevancia en
nuestras relaciones con la Unión Europea porque se adoptan permanentemente decisiones que nos afectan como comunidad autónoma. Eso sí, se establece la creación de delegaciones en Bruselas así como una oficina de promoción de negocios. Yo no sé si
esa oficina de promoción de negocios será utilizada como ha sido el IVEX, es decir, para enchufar a familiares y amigos del Partido Popular con las becas y luego promocionar o hacer regalos de dinero a personajes como Julio Iglesias, o reparto de
visas a muchos miembros de esta institución. Después tenemos declaraciones del señor Zaplana, que cuando hay que pagar una cena que no tenía por qué pagar dice ¿será por dinero? Todo esto consta en el periódico Levante, que está haciendo un
seguimiento permanente de estas noticias. Nosotros hemos pedido la dimisión por estos casos del señor Zaplana...(Un señor diputado: ¡Qué barato!) No, barato, no, muy caro nos ha salido a los valencianos, muy caro, y nos sigue saliendo. Ya
explicaré después las cuentas.
El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores diputados que no hagan comentarios al discurso de la señora diputada.
La señora NAVARRO CASILLAS: Esta es la realidad que padecemos, esta es la realidad que está en el Estatuto valenciano y ésta es la realidad a la que se suma el Partido Socialista, se ve que con mucha alegría porque ayer, a las doce de la
noche, llegaron a un acuerdo.
En la enmienda número 28 esta organización política plantea la necesidad de recuperar una denominación que fue pactada y acordada en el Estatuto de 1982 antes de que llegara a Madrid. Se trata de la denominación País Valenciano, que es la
utilizada por el mayor número de sindicatos, organizaciones políticas y asociaciones valencianas. Esa denominación, a pesar de no ser la reconocida oficialmente en el Estatuto de 1982, ha sobrevivido a su falta de reconocimiento institucional y su
uso está permanentemente intentando ser vetado -lo padecimos aquí en el Congreso de los Diputados al igual que en las Cortes Valencianas- por el Partido Popular, que utiliza la censura como mecanismo reiterado para impedir que los que entendemos que
la Comunidad Valenciana es País Valenciano podamos usar esa denominación con la que nos sentimos identificados, sin hacer ningún daño a nadie, solo para sentirnos más a gusto. Seguimos luchando por que la denominación de País Valenciano se recoja
para nuestro territorio, incluso hemos intentado que esta denominación constara en el articulado precisamente para evitar los abusos y la pretensión de censura permanente a la que nos somete el Partido Popular. El Partido Popular se ha negado a la
mención de País Valenciano en el articulado. Es una prueba más de su falta de voluntad para negociar y de su aspiración lograda de imponer todo un Estatuto a su imagen y semejanza. Desde nuestro punto de vista es absolutamente deplorable su
actitud y no cesaremos en nuestra aspiración de recuperar esa denominación, que sí en su nombre, y no el de Comunidad Valenciana, al que nos hemos sometido y que no es nada.
Queremos ser país porque somos país. La enmienda número 29 se refiere al
mismo contenido.
En la enmienda número 30 se reivindica la distribución comarcal. Señor presidente, me estoy extendiendo, pero me ha dicho que defienda ocho enmiendas sobre temas distintos. No sé si esta estructura es la más adecuada.
El señor PRESIDENTE: Le podrá parecer a usted inadecuada, pero es la que hemos acordado en Mesa y portavoces, y le ha caducado su tiempo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Son ocho enmiendas. Nunca había visto la necesidad...
El señor PRESIDENTE: Usted habrá visto que en muchos proyectos de ley se defienden todas las enmiendas en una sola intervención eso lo ha visto usted muchas veces. Aquí vamos a dar cinco bloques de defensa.
La señora NAVARRO CASILLAS: En cuanto a la división comarcal, es muy sencillo. El Estatuto abre la posibilidad de que por ley se prevea una división comarcal y además con una mayoría que requiere el consenso entre el Partido Popular y el
Partido Socialista. Ciertamente, el Partido Popular nunca ha tenido esa aspiración y debería apostar ya en este Estatuto, si así lo quisieran realmente, por la división supramunicipal histórica en el País Valenciano, que forma parte de nuestra
cultura y representa la manera de entender nuestra organización territorial.
Además, las comarcas sufren problemas comunes y se organizan para hacerlos frente. Los valencianos se sienten siempre parte de una comarca -sea La Ribera, La Safor, L'
Horta nord, L'Horta sur, La Marina-.
Nosotros reivindicamos en este Estatuto que esté reflejada la realidad como la sienten los valencianos; como decía, esta realidad es histórica e implica acercar la solución de problemas como organización
institucional a los valencianos y no el sistema de caciquismo de la Diputación Provincial actual, que se promociona de nuevo en este Estatuto como si nada hubiera cambiado, como si el tiempo no pasara. Es lo que le ocurre a este Estatuto, es que 25
años después se hace un refrito del anterior, como si no se hubiera producido ningún avance en la sociedad valenciana y no se hace ninguna modificación.
La enmienda número 31 recoge nuestra aspiración también histórica desde el año 1982 -en que se nos dejó sin bandera- de recuperar la bandera original de nuestro territorio, la bandera que se lució en el Ayuntamiento de
Valencia, la bandera que corresponde a la antigua Corona de Aragón, y no la bandera de la ciudad de Valencia que se estableció para todo el País Valenciano. Es curioso que el Partido Popular reivindique siempre la denominación de Reino de
Valencia -lo recoge en el articulado del texto estatutario, porque ellos siempre imponen en el texto su visión unilateral de las cosas-, pero cuando se hace referencia a la bandera que va relacionada con esa denominación se olvidan de ella y nos
condenan con la bandera de la ciudad de Valencia para todo el País Valenciano.
La enmienda 32 habla de la unidad lingüística, al igual que la 33, la 34 y la 35, con matizaciones. Todo el mundo sabe que Izquierda Unida ha luchado hasta el final para que este Estatuto no suponga un retroceso por lo que a la lengua se
refiere. Voy a demostrar el absurdo más absoluto al que nos somete el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
El Diccionari Valencià, de la Generalitat Valenciana, dice: Valencià, variedad de la lengua catalana hablada en la
Comunidad Valenciana. El Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española, dice: Valenciano, variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo Reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia. El
Diccionario de la Llengua Catalana, del Institut d'Estudis Catalans, dice: Valenciano, dialecto occidental del catalán hablado en el País Valenciano: en el País Valenciano, lengua catalana. En definitiva, señorías, incluso el Diccionario de la
Generalitat Valenciana recoge la unidad lingüística, lo hace también el famoso dictamen de la Academia Valenciana de la Lengua, así como lo ha hecho este Congreso en reiteradas resoluciones desde el año 1997. Hasta el memorándum del Gobierno
español, en el que se solicitaba el reconocimiento de las lenguas cooficiales en España en la Unión Europea, recogía esta unidad lingüística. Señorías, un Estatuto es una ley orgánica y no un panfleto, un utensilio para hacer demagogia, como hace
el Partido Popular con el agua y la lengua, a lo que se suma el Partido Socialista al firmar este acuerdo; una ley de la que se derivan otras. La Carta Magna de todos los valencianos debe recoger la realidad histórica, cultural y científica y no
una declaración política interesada, un paso atrás que pretende reabrir un conflicto. Como he dicho al principio de mi intervención, este Estatuto debería trabajar por cerrar los conflictos históricos del País Valenciano y no por hacer que
renazcan, por ampliarlos y por fomentar la desaparición de una lengua que si se entiende distinta del catalán -evidentemente no lo es-, implica que sea una lengua minoritaria, lo que la hace más débil. Además, estamos condenados bajo el Partido
Popular, que no la utiliza ni la promueve en los medios públicos ni cumple con sus obligaciones, que no subvenciona la escuela valenciana ni a los músicos en valenciano ni la literatura catalana, que también incluye la valenciana, y que
permanentemente intenta que esta lengua desaparezca.
Incluso en el Congreso es autor de constantes iniciativas -la semana que viene tendrá lugar una- para promover el uso del castellano. Que el Partido Socialista entre en este juego de
secesionismo lingüístico no es solo un paso atrás para todos los valencianos, sino que también es un gigante paso atrás para ellos. Hago, pues, una llamada de atención para que recapaciten y voten favorablemente nuestras enmiendas, ya que en caso
contrario estarán traicionando lo que han defendido históricamente, y eso, sencillamente, no es triste solo para la izquierda, sino para todos aquellos que han confiado en ese partido, aunque cada partido decide lo que hace libremente.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, lleva consumido el doble de su tiempo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, señor presidente, pero es que usted me ha puesto el doble o el triple de enmiendas para defender. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Yo no le he puesto ninguna enmienda. Es más, la invito a que retire todas las que tiene, directamente, y entonces hemos terminado. No me acuse a mí de ponerle a usted enmiendas. Retírelas todas si quiere.
La señora NAVARRO CASILLAS: Me las ha agrupado y me ha dado diez minutos.
No es viable, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Ha terminado ya su intervención, señora diputada.
Tiene la palabra el señor Cerdà en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya para defender las enmiendas 57 a 65, así como la 27, que es una enmienda colectiva.
El señor CERDÀ ARGENT: Ya he dicho al inicio de esta Comisión que para mi grupo sería interesante conocer la magnitud de los acuerdos sustanciales a los que han llegado los dos partidos nacionales, las dos formaciones políticas
mayoritarias, pues esa avenencia o desavenencia determinará el curso de esta Comisión y el resultado final. En caso de avenencia habrá una posibilidad y en caso de desavenencia otra. Entendíamos que era pertinente, y así vuelvo a reiterarlo, esa
primera información que pedíamos a los dos grupos parlamentarios, de manera que al inicio de esta Comisión pudiésemos conocer la posición de ambos y, por tanto, en qué cancha jugamos y a qué jugamos con todo esto. Tengo que dar por buenas las
informaciones que nos han llegado después de los acuerdos nocturnos -no soy abogado, pero creo que la nocturnidad es un agravante- a los que se ha llegado entre los dos partidos nacionales. Si es así y la barrera del 5 por ciento sigue vigente,
aunque en la ley electoral -lo cual saludamos porque es fantástico que no esté en el Estatuto, ya que así tiene un tránsito de reforma menos costoso que el que implicaría la reforma de una ley orgánica-, consideramos
que es positivo, pero desde luego no es la rebaja del 3 por ciento que en un momento determinado habían prometido. También hay acuerdo en el tema del idioma valenciano, que para nosotros, así lo hemos dicho por activa y por pasiva, es casus
belli. A partir de este gran acuerdo y de toda la escenificación de esta comedia bufa entre los dos grandes partidos nacionales, el problema es que nos queda poco margen de maniobra. Desde el principio, y lo voy a decir así para no ofender a
nadie, este Estatuto venía como mal nacido, porque no venía a cubrir ninguna demanda de la gente del País Valenciano ni a resolver problemas de financiación, de inmigración ni de competencias. Sencillamente venía a ser una coartada para los dos
grandes partidos nacionales frente a un Estatuto que proponía una modificación en el modelo de Estado. Los dos grandes partidos, tanto el PSOE como el PP, escenifican -esa es la palabra clave- con este Estatuto del País Valenciano cuál es su modelo
territorial para el Estado. Para nosotros ya no se trata de valorar una enmienda u otra, sino que en esta escenificación en la que se divide entre nacionalidades y regiones, a los valencianos nos ha tocado ser región. En el caso de Esquerra
Republicana nosotros no vamos a estar de acuerdo ni ahora ni nunca. En un momento de la Comisión el señor Císcar me ha preguntado que cómo vuelvo a izar las banderas que ya hace 25 años izamos. Hace 25 años nosotros y ustedes las izamos juntos;
nosotros las mantenemos izadas, y así las mantendremos, ahora y dentro de 25 años. Al final de todo esto es lo que hay la derrota de una parte del pueblo valenciano, que no se siente tal y como refleja su Estatuto primero. Mientras esto siga
siendo así, seguiremos izando esas banderas, y no pasa nada; es aquello de un ejército que, aunque pierde muchas batallas, nunca se rendirá. Esto quedará así por los siglos de los siglos, señor Jáuregui, y amén, no pasa nada. Eso sí, nos causa
cierta decepción, porque esperábamos que el Partido Socialista hubiera extendido una mano a la entente cordial entre las fuerzas nacionalistas y de izquierdas que en este momento existen en el País Valenciano, de forma que hubiese abierto un marco
de entendimiento y de cordialidad que permitiese llegar a acuerdos que efectivamente no mucho más allá de este momento que estamos viviendo vamos a tener que abordar. Desde ya les digo que en estas condiciones es difícil que las fuerzas de
izquierda y nacionalistas puedan llegar a un acuerdo, dadas las avenencias con el Partido Popular cómo entienden el marco de convivencia entre los valencianos y de los valencianos con el Estado,en lo que coinciden con el Partido Popular. Esto
facilita pocas cosas. Hace muy pocos días, en una plataforma que durante bastante tiempo incluso compartimos con el Partido Socialista, denominada Compromís per l'Estatut, saludábamos efectiva y efusivamente el anuncio del líder de los socialistas
valencianos, Joan Ignaçi Pla, de romper el acuerdo con el Partido Popular con relación al 3 por ciento y a la denominación del valenciano. Por cierto esa es la barrera electoral de cualquier comunidad autónoma que tiene más de una provincia, el 3
por ciento, y valenciano es como se decía antes de la reforma. Era un gran avance, como mínimo no era un retroceso, que es como lo entendemos en estos momentos.
Aplaudimos y saludamos no solo nosotros sino sindicatos como Intersindical Valenciana, la UGT, Comisiones Obreras, el Bloc Nacionalista Valencià o la misma Izquierda Unida que antes ha hablado que hubiera una ruptura de ese acuerdo y la
posibilidad de una entente entre las fuerzas nacionalistas y de izquierda, pero ya veo que no, que donde dije digo digo Diego, y de entrada no y de salida yo qué sé, ya veremos. Llegados aquí, ¿qué les voy a decir? Que no voy a defender ninguna
enmienda, que las doy por defendidas, que todo está, en una frase célebre, atado y bien atado y, visto lo visto, que ustedes lo pacten bien, nosotros nos veremos en el Pleno, en nuestro discurso final. Creo que han hecho ustedes un Estatuto a la
contra de aquellos que sí tenemos un proyecto nacional para el País Valenciano.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la enmienda número 170. Para defenderla tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Intervengo para la defensa de la enmienda 170 y también, según lo acordado ayer en Mesa y portavoces, para hacer una fijación inicial de la posición de este grupo parlamentario, una intervención que será en
condicional y a la espera de que lo hagan los dos grupos que aún no han intervenido.
Quiero recordar a SS.SS. que el día 21 de septiembre el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votó favorablemente la toma en consideración de este proposición de ley orgánica de reforma de un estatuto y planteamos la máxima de
este grupo parlamentario en las reformas de estatutos de autonomía: el respeto al texto enviado por parte del Parlamento de la comunidad autónoma, tal como deseamos que también sea respetado el texto que pueda salir de algún otro Parlamento
autonómico como puede ser el caso de Cataluña. Pero a partir de esta máxima creíamos que teníamos un punto de autoridad para plantear dos temas concretos que han sido objeto de nuestras cuatro enmiendas, que se pueden resumir en dos aspectos: por
una parte, no retroceder y aprovechar la tramitación de esta reforma de Estatuto, para que quedara tal como la jurisprudencia constitucional lo ha dejado el reconocimiento de la unidad de la lengua, esto es, el reconocimiento de lo que todos hemos
convenido en definir como una lengua con dos denominaciones, la denominación de catalán y la de valenciano, este es un aspecto, y el otro es un aspecto de exigencia democrática en cuanto al acceso de las minorías, y no tan minorías, a las Cortes
Valencianas, en tanto en cuanto la barrera electoral del 5 por ciento convertía en el proyecto inicial -vamos a ver qué sucede en las próximas horas- este sistema en el menos proporcional de la Unión Europea.
Decíamos también el día 21 de septiembre, en el debate de toma en consideración inicial de la reforma del Estatuto valenciano, que sería indigno pensar que aquel acuerdo -que quizá también es este acuerdo de hoy, el acuerdo entre el Partido
Popular y el Partido Socialista del País Valencià, el Partido Socialista Obrero Español- pudiera servir en aquel momento para fijar lo que de forma más o menos acertada alguien vino a definir como las líneas rojas del desarrollo autonómico y de la
discusión que se producía en aquel momento en algunas otras comunidades autónomas.
Quiero recordar que este era un debate que se producía el 21 de septiembre y que el 30 del mismo mes se aprobaba un proyecto de Estatuto en el Parlament de Cataluña.
Decíamos entoces que este planteamiento sería un menosprecio al pueblo valenciano y pensábamos, y hoy también, que alguien, en el impulso del pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, actuaba con esta mentalidad hablando de Valencia
pero pensando en otros estatutos y en otros proyectos de desarrollo autonómico. Esto no es lógico cuando el día 30 de septiembre el Partido Socialista votó en otro Parlamento autonómico un proyecto absolutamente constitucional y ambicioso desde un
punto de vista de autogobierno que quedaba y queda muy lejos de la doctrina, de los planteamientos incendiarios y no ajustados a la más mínima realidad constitucional del desarrollo autonómico que plantea el Partido Popular. En cambio, en la
secuencia entre aquel día del mes de septiembre y el día de hoy, nos pareció absolutamente lógico el anuncio producido por parte del secretario general del Partido Socialista del País Valencia el día 20 de enero de este año anunciando la
predisposición de su partido y del PSOE por tanto de afrontar la revisión y mejorar el redactado de este proyecto en lo referente a los dos únicos aspectos en los cuales nosotros entramos: el reconocimiento de la unidad de la lengua y la mejora del
perfeccionamiento de la calidad democrática cambiando la barrera electoral del 5 al 3 por ciento o sacando este límite del Estatuto.
Aplaudimos aquel anuncio, lo apoyamos y anunciamos también prudencia durante los días que faltaban para la
celebración de esta Comisión para poder llegar a un mejor acuerdo de estos dos extremos, pero parece ser -y les decía al principio que intervendría en condicional, y a la espera de las próximas intervenciones fijarè mi intervención definitiva en
otro turno, con lo cual no renuncio a la defensa de otras enmiendas- que ha habido un contrato de adhesión incondicional por parte del Partido Socialista a los planteamientos del Partido Popular en estos dos temas.
Sin levantar la voz, sin querer
decir más de lo que digo, simplemente expresamos nuestra decepción y nuestra perplejidad. El mismo Partido Socialista que el próximo lunes vendrá a defender en este Congreso y en esta Comisión una visión autonómica muy alejada y distinta del
Partido Popular hoy, parece ser, practica la claudicación y la entrega en dos aspectos que para nosotros son muy importantes. Por lo que se refiere al aspecto de la unidad de la lengua, creo que en el Parlamento se pueden discutir muchas cosas,
pero no se pueden discutir cuestiones de carácter científico. El día 21 de septiembre le pregunté a un miembro destacado del Gobierno valenciano que ejerce funciones de portavoz, hablando en una lengua común en la cual nos entendíamos, ¿tú y yo
estamos hablando la misma lengua? Me respondió: filológicamente sí, pero políticamente no.
Creo que esto es la sublimación del cinismo, porque políticamente no se puede alterar aquello que científica y filológicamente se reconoce como tal. Nunca
someteremos a votación en esta Cámara la ley de la gravedad y nunca creo que deberíamos llegar a discutir en esta Cámara sobre la unidad de la lengua.
Respecto a la frontera electoral y al 3 por ciento, como les decía hace un momento, es una cuestión de calidad democrática y sobre la cual albergábamos una cierta esperanza después del anuncio del portavoz Pérez Rubalcaba en el propio debate
de toma en consideración anunciando la posición favorable del Partido Socialista a considerar este planteamiento, que era el suyo y también el del secretario general del Partido Socialista del País Valencià. Lo lamentamos, lamentamos que el partido
de Alfons Cucó, que el partido de Cipriá Císcar, impulsor de la ley de normalización lingüística, que este partido en este momento, y aún queda trámite parlamentario, tenga que votar un artículo 6.2 que hace referencia al idioma valenciano. Espero
la intervención de los dos grupos de la mayoría, pero evidentemente, como han hecho otros portavoces, no quiero apelar en estos momentos al Partido Popular sino al Partido Socialista, un Partido Socialista que se puede sentir perfectamente
identificado con aquel verso de Raimon, que decía: Jo vinc d'un silenci profund i molt llarg. Yo vengo de un silencio profundo y muy largo.
Durante un cuarto de siglo el Partido Socialista del País Valencià ha demostrado esta voluntad de la causa
común de mucha gente del País Valencià de superar aquella etapa de un silencio profundo y muy largo para avanzar hacia la normalización. Y este Estatuto, que es un Estatuto cuya reforma a partir de ahora supondrá que se someterá a referéndum por
parte del pueblo valenciano, -cualquier nueva reforma-, no puede cerrar en falso ni puede cerrar mal dos aspectos importantes: un aspecto nuclear de identidad, como es aquello que ya teníamos resuelto y que quizá se volverá a abrir, la unidad de la
lengua, tema pacífico y pacífico también en el ámbito de la jurisprudencia constitucional, y otro tema muy importante que es el acceso de unas minorías que no lo son tanto cuando en una determinada ponencia pueden llegar a tener el 7 por ciento de
los votos.
Señor presidente, quedo a la espera de las intervenciones de la mayoría para fijar la posición definitiva en la siguiente intervención.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no tienen enmiendas pero quieran fijar posición sobre este bloque, título I? Coalición Canaria no está presente.
Grupo
Nacionalista Vasco, señor Esteban. (Pausa.) No. Por el Grupo Popular, señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señorías, comenzamos hoy una nueva fase de la tramitación del Estatuto de la Comunidad Valenciana y el Grupo Popular quiere decir expresamente que espera y desea que esté impulsada por el mismo
espíritu que hasta aquí nos ha traído, el espíritu de acuerdo, de conciliación, de búsqueda del interés general, que siempre, señorías, convendrán conmigo que está más próximo a lo que une que a lo que separa cuando se trata de normas
institucionales, como es el caso, cuando se trata de reglas del juego. Y nada más institucional para una comunidad autónoma que su Estatuto, esta es una evidencia casi de perogrullo, pero que en momentos como este necesita ser de nuevo subrayada.
Una comunidad autónoma expresa su máxima aspiración de autogobierno, su propia identidad como pueblo, su capacidad de visión de futuro en su Estatuto de Autonomía dentro de la Constitución, en la Constitución española que legitima la propia
autonomía.
Señor presidente, vivimos estos días, y S.S. lo sabe bien, un clima difícil para el acuerdo, unos días difíciles para el equilibrio y para la mesura, y esas son circunstancias o cualidades que han de presidir siempre las transacciones, esas
transacciones necesarias cuando se quiere lograr algo que tan poco está de moda en estos días, que es el consenso, el espíritu que presidió la Constitución española, el que impulsó a los constituyentes y el que sin duda necesariamente ha de impulsar
la redacción de los estatutos de autonomía. Por eso hoy, señorías, yo quiero en nombre del Grupo Popular subrayar que hasta aquí, y espero que también a partir de ahora, el proyecto de reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana es fruto del
acuerdo de las dos principales fuerzas políticas de la comunidad autónoma y esto nos llena a las dos principales fuerzas políticas de responsabilidad. No nos ata el dictamen y la votación final del proyecto en las Cortes Valencianas, pero sí nos
tiene que llenar de responsabilidad saber que constituye más del 95 por ciento de la representación de los valencianos y las valencianas. No nos cierra a tocar ni los conceptos ni los puntos ni las comas. Las Cortes son soberanas, representativas
de la soberanía para tocar conceptos, puntos y comas, y así lo hemos hecho en el trámite de ponencia. Sus señorías han participado en el intenso y extenso debate en dicho trámite, en el que se han aprobado 34 enmiendas y en el que se han
incorporado enmiendas, observaciones, formulaciones in voce de otros grupos parlamentarios que en este momento agradezco. Insisto, hoy, cuando parece imposible lograr consensos de esta naturaleza, nosotros nos felicitamos por haberlo alcanzado en
el seno del Congreso de los Diputados superando desconfianzas que son quizá más propias del clima gélido de estos días o quizá las pretensiones de terceros, siempre legítimas, pero que no alcanzan la capacidad representativa que tienen el Partido
Socialista y el Partido Popular en el Congreso, el Partido Popular y el Partido Socialista en las Cortes Valencianas.
Señorías, de todo lo ocurrido, que es lo narrado y lo que ahora queda, tendría poca sensibilidad y poca, si me lo permiten, elegancia destacar ningún protagonista. Quiero sencillamente volver a poner mi confianza en el presidente de la
Comisión. Él ha sido el árbitro, él comprometió en el momento inicial de esta legislatura que nos presidiría con el espíritu de concordia que presidió la transición política y la redacción de la Constitución. Quiero agradecerle su esfuerzo de
conciliación y de conservación de ese espíritu en el día de ayer y en las jornadas anteriores.
Señoras y señores diputados, hay una natural y compartida en otros casos ansiedad o inquietud por conocer cuáles fueron las circunstancias que rodearon los encuentros y desencuentros de la jornada de ayer. Pues bien, señorias, se hicieron
públicos, fueron transparentes. Se referían a enmiendas vivas, se referían a dos temas conocidos, uno de naturaleza que gusta decirse identitario y otro de carácter de autoorganización. Con claridad, el identitario no se ha tocado, como ya debe
saber el señor Xucla porque ya lo ha dado por hecho. El de autoorganización sí, porque hemos estimado -porque no nos atan ni los puntos ni las comas- que el Estatuto de Autonomía no era el marco jurídico adecuado para fijar un porcentaje electoral,
pero sí lo era para fijar una mayoría que garantice la continuidad de ese consenso necesario, de ese consenso que alguien llamara consenso básico, y es un término que hago mío. En consecuencia, ha desaparecido el 5 por ciento de la redacción o
desaparecerá cuando votemos la enmienda que ya anuncio presentaremos los grupos Popular y Socialista, pero tampoco se incluirá el 3 ni ningún otro, porque entendemos que eso es algo que pertenece a la decisión de las Cortes Valencianas, a su propia
ley electoral; ya lo reconocía el Estatuto, pero era ya ponerle una indexación, si se me permite ese palabro, y no nos pareció ajustado. El futuro debe quedar en manos de las Cortes Valencianas, pero para nosotros, quienes impulsamos el acuerdo,
el futuro coherente pasa por los dos tercios para aprobar ese coeficiente, y eso es exactamente lo que hemos acordado, con plena transparencia y creo que con plena consonancia y coherencia con lo que venimos defendiendo a lo largo de este proceso.
Se ha citado aquí al señor portavoz del Grupo Socialista. Quién lo iba a decir, pero el señor Fraga diría aquello de que la política hace extraños... Pues sí, Como estamos en el Estatuto valenciano y de nuevo se ha revalidado el pacto leal
entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, no tengo inconveniente, antes al contrario, en citar al señor Pérez Rubalcaba en el Pleno del 20 de septiembre cuando dijo: 'Me permitiré distinguir tres tipos de contenidos según la reforma estatutaria
como la que hoy abordamos' -la de la Comunidad Valenciana-. 'En primer lugar, están los referidos a la organización política e institucional de la comunidad, a su ordenación territorial, a los mecanismos de los que se
dota para ejercer sus competencias sobre sus sistemas de relación con sus ciudadanos. Son aspectos, entiende mi grupo parlamentario' -el que preside o dirige el señor Pérez Rubalcaba, el Grupo Socialista, nuestro aliado en la Comunidad
Valenciana, en el Estatuto-, 'que pertenecen a la esfera de decisión propia de las comunidades autónomas y los socialistas lo vamos a respetar, tal y como ha quedado establecido en las propuestas en este caso de la Comunidad Valenciana en la
correspondiente proposición que viene de las Cortes Valencianas'. Nada que añadir, nada que rectificar, todo que ratificar. Y añade -en esto a lo mejor no estamos tan de acuerdo-: 'Nos podrán gustar más o menos' -cierto, también estamos de
acuerdo-, 'podremos estar de acuerdo más o menos, pero entendemos que pertenecen al ámbito de la autonomía de las Cortes' -ahí estamos de acuerdo-, 'en este caso de las Valencianas. Por tanto nosotros, si respetan las reglas que vengo anunciando,
las vamos a respetar'. Allí iremos nosotros porque lo dice también el señor Pérez Rubalcaba y la Constitución española y no se hable más. El portavoz socialista dirá si le gusta más, menos o le disgusta. Ha sido aludido por el representante de
Convergència i Unió y tiene toda la legitimidad dentro de su grupo y de nuestro acuerdo para expresar sus opiniones, lo que él llama sus sentimientos, o asumir su trayectoria. También tiene toda la responsabilidad para saber que eso no puede
quebrar el acuerdo institucional entre los dos grandes partidos, que revalida el de las Cortes Valencianas.
Señorías, el título primero, que es el que nos convoca aparte de estas aclaraciones iniciales, como es sabido, define los pilares básicos de la Comunidad Valenciana: la denominación, el territorio, la condición política de valencianos, sus
señas de identidad, la señera, el idioma, también ahora el derecho civil foral, el derecho foral, que regulan los artículos 1 a 7 de dicho Estatuto. Es lo que en estos 28 años de desarrollo democrático y autonómico de la Constitución española,
algunos llamaron hechos diferenciales. Otros -curiosamente es algo sobre lo que debiéramos meditar- los han llamado hechos identitarios. Recuerdan distinciones, que no voy a traer aquí, sobre lo que une y lo que separa.
Para unos son hechos
diferenciales y para otros hechos identitarios. Son dos maneras distintas de ver las cosas, obviamente. Para el señor Císcar, el ponente del Grupo Socialista en este Estatuto, se trata de sentimientos o por lo menos estos hechos galvanizan
sentimientos. Para nosotros se trata de un cúmulo de cosas, pero sobre todo se trata de hechos a los que el legislador tiene que atender para ordenar racionalmente.
Señor presidente, cuando hablamos de normas institucionales no está de más reivindicar el carácter ordenador de la norma jurídica como decisión política racional. Tengo todo el respeto del mundo por los hechos diferenciales o identitarios.
Tengo que tener en cuenta los hechos. Tengo el respeto absoluto por los sentimientos de todos, pero los legisladores no estamos para legislar sobre los sentimientos, para guiarnos e impulsarnos por los sentimientos a la hora de hacer normas
jurídicas y, menos aún, normas jurídicas del rango institucional. Estamos para regular políticamente hechos y para hacerlo de manera racional. Sobre estos temas identitarios o diferenciales, nuestro grupo no va a hacer ningún planteamiento
sentimental, con todo el respeto para los sentimientos; no va a hacer tampoco ningún planteamiento diferenciador, ni siquiera va a hacer un planteamiento lingüístico o cientifista, porque no estamos aquí para eso, señor Xuclá, señora Navarro.
Respondiendo a sus muchas alusiones sobre ese tema o a declaraciones en las que, insisto, con toda legitimidad dicen que en ningún caso van a aceptar el término idioma valenciano, y entran en disquisiciones lingüísticas, les diré que yo soy un mero
aficionado, pero soy un político responsable y lo que no hago es meterme allí donde hay otros que entienden más que yo. Me limito a constatar que el valenciano tiene una identidad, que las Cortes Valencianas han considero que debe tener una
regulación en los artículos 6, 35 y 42 y dos menciones en el título preliminar; que eso responde a una realidad histórica y, efectivamente, a un sentimiento. Pero lo que me importa resaltar es el hecho al que los legisladores tenemos que dar
respuesta y para el cual será tanto más racional y más justa cuanto menos sentimental sea.
La Constitución española -el señor presidente lo sabe muy bien, todos convendrán conmigo en reconocerlo-, ha proporcionado un desarrollo autonómico absolutamente impensable, incluso en el momento de su promulgación. Consiguió articular las
viejas tensiones territoriales, las dialécticas de las que alguien habló el otro día, con las nuevas necesidades democráticas del principio descentralizador; recogió para algunos las aspiraciones nacionalistas, más propias del romanticismo
sentimental -sin me permiten decirlo, sin ningún desdoro-, las federalistas de la tradición del Partido Socialista, las regionalistas de la derecha o la descentralización del centro-derecha. Pero al cabo fue capaz de aglutinar todas esas
realidades, todas esas aspiraciones, algunas tensiones y no pocas frustraciones y ambiciones en las normas que han hecho posible que tengamos un sistema autonómico que ha proporcionado el mayor grado no ya de descentralización sino de proximidad
democrática al poder de nuestra historia y probablemente de Europa. España ha sido en eso pionera, no sin temor o al menos sin expectativa por parte de algunos, ha ido incluso por delante de las normas de devolución de poderes del Reino Unido y
buscando soluciones en algún caso federativas, solidarias o cooperativas, como están haciendo ahora abiertamente los alemanes. Todo eso debe pesar sobre nuestro ánimo a la hora de iniciar los trabajos de la Comisión sobre un estatuto de autonomía y
los que vendrán. Para eso, insisto, el Grupo Popular quiere dejar bien claro que los temas identitarios o diferenciales son distintas visiones de un mismo hecho; parte de los hechos de la historia, de la tradición, de la lengua y del derecho, y
del respeto a los sentimientos de todos, sin ninguna otra apelación sentimental.
La historia ha decantado que los valencianos tuvieron instituciones propias -ya han recuperado algunas de ellas- y se plasman por primera vez en este Estatuto. La historia ha proporcionado a los valencianos unos derechos de los que fueron
privados por los decretos de Nueva Planta de Felipe V, que probablemente nunca pensó que le fuéramos a recordar tanto en estos días del siglo XXI. La historia determinó que existían unos nombres que iban caracterizando no solo a las instituciones
sino a determinadas tradiciones, fechas, memorias y costumbres. La historia determinó en el siglo XV, en el llamado Siglo de Oro de la cultura valenciana, que existía una lengua propia. No es un invento del Grupo Popular, del Grupo Socialista, ni
una exclusiva de Izquierda Verde, de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana o de Convergència i Unió. No es un invento; es, efectivamente, una realidad, una rica realidad cultural.
Los valencianos tienen derecho a esa historia y a esa riqueza
cultural.
Es, además -y eso sí es ejemplar-, su manera de ser valencianos, su manera de ser españoles. Eso es posiblemente tan ejemplar que se me ocurren muy pocos ejemplos más que puedan igualarse dentro de la plural concurrencia de autonomías en
la Constitución española. A eso vamos a seguir jugando nosotros.
La lengua merece alguna consideración adicional. Se ha recordado mucho estos días a los distintos autores que han escrito en valenciano y en castellano y han enriquecido el patrimonio plural y al tiempo común de lo valenciano, de lo
castellano y de lo español. Déjeme recordar que hubo un gran valenciano, un gran español y un gran europeo, porque como tal se tiene -recientemente está muy revivido en algunas de las ediciones por ejemplo de la Universidad de Oxford-, que fue Luis
Vives. Fue valenciano, fue español, fue europeo en aquel tiempo y escribió en latín. Y eso no le quita ni su valencianía ni su españolidad ni su europeidad. Escribió en latín, lengua culta, lengua común entonces de Europa; como escribieron no en
latín sino en valenciano Joanot Martorell, Isabel de Villena, Ausias March, Roig de Corella, o todos aquellos que ya consideran clásicos los valencianos y que bautizaron como valenciano la lengua que usaron y que se sigue usando en gran parte de la
Comunidad Valenciana. No menos valencianos, españoles y europeos son aquellos que utilizaron el castellano y que enriquecen la pluralidad y el acervo cultural común, como Guillén de Castro, Gabriel Miró, Gil-Albert, Azorín o Miguel Hernández. Ese
es el patrimonio, entre otros muchos, lingüístico y cultural de los valencianos, el que conjuga su lengua propia y el castellano, el que conjuga su valencianía, su españolidad y su europeidad. Nosotros apoyamos esa definición que de la propia
lengua se han dado los valencianos a través de sus representantes en las Cortes Valencianas al 95 por ciento. Por eso y porque seguimos estando de acuerdo en el Congreso de los Diputados quienes hablando valenciano, como el señor Císcar, o no, como
el señor que les habla, tenemos el orgullo de representar a la Comunidad Valenciana en el Congreso de los Diputados e, insisto, no estamos atados ni por los puntos ni por las comas.
Señor presidente, para respetar el tiempo que me ha concedido he de concluir y reservaré para el último bloque, en donde está la famosa disposición adicional primera sobre los derechos históricos, las referencias al derecho civil foral, que
también forma parte de ese título, y a la disposición adicional primera, que ha quedado enmendada en el informe de la ponencia.
Finalmente, permítame, abusando de su generosidad, hacer referencia a las enmiendas más importantes o al menos a las que no solo son más numerosas sino que han consumido más tiempo y más energías, sin desdoro de las demás, en la mañana de
hoy, que sin duda han sido las de Esquerra Republicana -y lamento que no esté presente el señor Cerdà- y la de Izquierda Unida-Izquierda Verde, de la señora Navarro. Quiero dejar constancia de que el señor Cerdà, que ha dicho que da las enmiendas
por defendidas, ha presentado enmiendas a todo lo que se llama signos de identidad y que se agrupan en los siete artículos de este título. Quiere cambiar, a diferencia del 95 por ciento de las Cortes Valencianas y la gran mayoría de este
Parlamento, el himno, la festividad, el idioma, la bandera e incluso la denominación, obviamente merecida y constitucional, de nacionalidad histórica. Al señor Cerdà me gustaría reiterarle que nuestro grupo considera inaceptables esas enmiendas y
no voy a entrar en esa apelación romántica, muy propia de los nacionalistas, que ha hecho a las viejas banderas. Se lo diré en clave de humor para que nadie se sienta ofendido y con todo respeto a las banderas. Cuando se mira hacia atrás y se
quieren recuperar siempre, por encima del tiempo, viejas banderas o viejas pretensiones muy altas, yo le aconsejaría a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Cerdà que meditaran sobre lo que suele decir un amigo mío que está hoy destinado en
una institución internacional -lo aplica a la economía, pero yo creo que también es aplicable a estas pretensiones siempre de arriba-, y es que todo lo que sube baja, sean viejas banderas, pretensiones nacionalistas o incluso, Dios lo quiera, la
inflación.
En cuanto a la señora Navarro -por quien he tenido siempre un gran respeto personal y por su discurso-, tengo que decirle que mantengo el respeto personal y que, sin embargo, no tengo ningún respeto por el discurso político que ha
desarrollado hoy en defensa de sus enmiendas. También me permitirá que desvele que nada tiene que ver con el clima de acuerdo y de búsqueda del entendimiento que ha presidido las sesiones de la ponencia.
Señora Navarro, sus alusiones, alguna que
otra insidia y algunas incalificables calificaciones al portavoz de mi grupo, al presidente de la Generalitat y a distintos compañeros del Partido Popular no deben tener por mi parte respuesta en el mismo tono, porque, créame, que quiero ser
coherente con el inicio de mi intervención. Le llamo, si no es posible al consenso, al menos al respeto y a la cordialidad. Para hacerlo le dedicaré una cosa, pero no en clave de humor, sino en clave lírica, a través de
una cita de Valle Inclán. Me permitirán, aunque el autor no sea valenciano, que también quede citado hoy, preparando el camino al Estatuto gallego. No en El ruedo ibérico -que sería el adecuado y no faltarían citas para la ocasión-, sino
justamente en Claves líricas dice el entonces aspirante a marqués de Bradomín: Sé como el ruiseñor, que no mira la tierra desde la rama verde donde canta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trillo por sus palabras y especialmente por las que ha dirigido al presidente. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.)
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Señor presidente, señorías, al inicio de mi intervención quiero constatar el esfuerzo que hemos realizado todos los grupos parlamentarios en el ámbito de la ponencia por aproximar posiciones, por atender criterios y
por estudiar las propuestas y las enmiendas que cada uno de nosotros habíamos planteado. Asimismo quiero reconocer y agradecer el esfuerzo del presidente de la Comisión, quien a lo largo de todo el proceso nos ha brindado su asesoramiento y su
actitud tendente a conseguir la mejor forma de trabajar y también las mejores aproximaciones entre todos nosotros.
Dicho esto, señor presidente, quiero indicar una vez más que cada comunidad elige su camino, que cada comunidad expresa lo que desea en el marco de la Constitución, que cada comunidad responde en sus expectativas de reforma a aquello que los
ciudadanos a quienes representan los parlamentarios autonómicos han entendido que es lo mejor en ese proceso de reforma. Desde ese planteamiento quiero constatar que nos encontramos ante un gran acuerdo, ante un acuerdo de las Cortes Valencianas
obtenido con más del 90 por ciento de sus componentes -de los representantes de los ciudadanos- que, a su vez, representan un apoyo social superior al 80 por ciento de los votos emitidos en las pasadas elecciones autonómicas.
Es indudable que es un
acuerdo amplio, un acuerdo que obedece a la realidad que las valencianas y valencianos han determinado en sus decisiones electorales en el ámbito autonómico. Es cierto que es un acuerdo que pretende alcanzar mejoras tanto en el nivel del
autogobierno como en las condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos, obtener una mayor cohesión social y cumplir un objetivo que largamente permanecía, que era la consecución plena, formal y real de los efectos del artículo 151 de la
Constitución.
La Comunidad Valenciana que ya desde el Estatuto vigente, desde el año 1982, se reconoce como nacionalidad histórica, ha dado un paso más en sus planteamientos y pretensiones, de acuerdo con el sentir mayoritario expresado por las Cortes
Valencianas. Celebrar o reconocer ese consenso obliga también a una reflexión. Nos encontramos ante la primera reforma que se está tramitando en el Congreso de los Diputados; una reforma que ha sido posible -porque no lo hubiera sido de otra
forma- gracias a que las dos fuerzas políticas mayoritarias han llegado a un acuerdo. Ni el Partido Popular podría haber traído esta propuesta, ni tampoco el Partido Socialista o el Grupo Socialista de las Cortes Valencianas. Ha llegado porque ha
sido fruto de un consenso. Esa sería la primera cuestión que querría destacar. Además diré que la primera reforma que estamos atendiendo y que está planteándose en este trámite tiene que ver con una comunidad actualmente gobernada por el Partido
Popular, donde el Partido Socialista es la oposición mayoritaria y la alternativa de Gobierno.
Desde ese planteamiento entenderán que la generosidad y el compromiso con los intereses generales, anteponiéndolos a cualquier interés partidista, está
del lado de los socialistas valencianos. Hay que indicar esto. El Partido Popular puede recibir la primera reforma de estatuto en una comunidad que gobierna porque el Partido Socialista o el Grupo Socialista, tanto en las Cortes Valencianas como
en el Congreso de los Diputados, está de acuerdo en que vaya adelante ese proceso, en que se produzca esa reforma, atendiendo a la realidad social, a la realidad política, a los resultados de unas elecciones que allí se han producido.
Permítanme
decir, con todo respeto, que no parece esa la situación del Grupo Popular en aquellas comunidades en las que no gobierna o en las que su presencia no es determinante de la conclusión de una reforma. Es una primera reflexión que cabe hacer en el
trámite en el que hoy nos encontramos y en el momento concreto en que estamos. Los socialistas valencianos han tenido una actitud generosa con los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana, es decir, con los valencianos y valencianas, sin
anteponer en ningún momento un planteamiento partidista u obstáculo alguno a lo que puede ser una reforma en la que sin lugar a dudas, para que se produzca, siempre tiene que haber cesiones de las distintas partes. Nos encontramos con un acuerdo
que, en principio, cabe valorar en todo lo que representa por quienes lo hacen, por quienes están gobernando, por quienes han contribuido decisivamente y sin cuya presencia ese acuerdo no sería posible y porque en esta ocasión, teniendo en cuenta el
Estatuto de 1982, se permite a la Comunidad Valenciana ser madrugadora en su presentación ya que en 1982, como bien saben, no pudo ser así. Estamos tratando en estos momentos la reforma amplia del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, a
cuyo título I, que es el que estamos discutiendo en estos momentos, han sido presentadas una serie de enmiendas, existiendo las lógicas discrepancias y las distintas posiciones. Permítanme que les diga algo que creo que va a suceder, aun cuando uno
puede constatar posteriormente, si el resultado es distinto, que se ha equivocado, cosa que no tendría ningún inconveniente en admitir. Estoy convencido de que de todas las reformas que se puedan plantear en el Congreso de los Diputados de
distintos estatutos de autonomía,
ninguna dispondrá de tantas enmiendas, no ya numéricamente sino en cuanto a los elementos que se han definido como identitarios. Estoy convencido de que cuando llegue la reforma del Estatuto de Andalucía, si llega, nadie cuestionará el
nombre de la comunidad, probablemente tampoco su bandera y seguramente tampoco su lengua. Podría ir enumerándolos uno a uno y seguro que no nos encontraremos en una situación en la que existan tantas discrepancias o distintas formas de apreciar la
realidad como en el caso valenciano. Querría decirles que esto no tiene por qué ser un inconveniente, sino al contrario, supone que, en general, -y permítanme la expresión-, los valencianos casi siempre solemos tener dos denominaciones para una
misma cosa. Las realidades son las que son, podemos hacer las apreciaciones de distintas maneras y cabrá siempre respetar la denominación que se decida, pero sin que nadie tenga que renunciar a nada. Si me permiten les diré, aunque sea recordar un
hecho, el porqué de algunas cuestiones que hoy estamos viendo.
Desde hace 23 años se denomina Comunidad Valenciana. Esta denominación probablemente no se corresponda con ninguna referencia histórica, ni siquiera con el uso normal al que pudiésemos estar acostumbrados antes del año 1982. En ese momento
unos nos referíamos a esa realidad como País Valenciano y otros, como Reino de Valencia, pero sería muy difícil hoy recordar a alguien que antes del año 1982 hablara de Comunidad Valenciana. Saben SS.SS. muy bien -estoy seguro de que lo recuerda
perfectamente nuestro presidente-, que el problema en su día estuvo en que el Congreso de los Diputados donde hoy estamos rechazó el artículo 1.º que determinaba la denominación de la comunidad. Porque con independencia de la realidad y de los
problemas que allí existían, cuando se adoptó la decisión no por un acuerdo amplio, sino por hacer vencer una posición sobre otra con una denominación, llegó al Congreso de los Diputados el artículo 1.º con la denominación como Reino de Valencia.
Recuerdo -tengo que decir que yo no estaba aquí, no estoy hablando de algo que presenciara- que el Congreso de los Diputados rechazó el artículo 1.º del proyecto de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y, a continuación -seguramente no
estaba muy claro lo que en esos momentos procedía hacer-, lo devolvió a la Comisión Constitucional desde donde se arbitraron fórmulas para que se resolvieran los problemas que enfrentaban a unos y a otros y que dificultaban el resultado dentro de
esa legítima doble expresión de una misma realidad. A partir de ahí, se llegó a algo que nadie había planteado, que nadie pedía, que no estaba siquiera en el uso habitual de las personas en el ámbito de la Comunidad Valenciana y en el año 1982,
cuando se aprobó el Estatuto, después de todas las dificultades que hubo, se decidió que fuera Comunidad Valenciana. A partir de ahí se determina una denominación que, en la práctica, no ha excluido a ninguna de las otras Algunos partidos
políticos, entre ellos, al que yo pertenezco, sindicatos, organizaciones cívicas, reivindican y tienen en sus estatutos y en los registros la denominación que en esos momentos adquirieron, otros también se denominan como antiguo Reino de Valencia.
Todo convive en una realidad plural que puede tener esa doble cara permanente que significa expresión -sí, señor Trillo, de lo que uno siente también o a lo que uno está acostumbrado-, y se va conformando una capacidad de convivencia entre todos los
valencianos y las valencianas, el respeto profundo a esas expresiones, sin que nadie quiera eliminar la expresión del otro, el uso de las denominaciones oficiales, que no han sido casi nunca las más queridas sino las aceptadas para poder transitar
de forma adecuada. Hoy nos encontramos con que, a lo mejor, y con todo el respeto, personas que no han vivido esa realidad y que tienen su legítimo derecho desde su representación parlamentaria, esté o no en la propia Comunidad Valenciana, a
interponer sus enmiendas, no conocen la riqueza, el barroquismo, la expresión dual que comportan y conllevan.
Así nos encontramos ahora como si estuviéramos antes de 1982 discutiendo denominación; delimitación del territorio para evitar la palabra provincial; bandera para expresar aquello con lo que uno puede sentirse más representado o
identificado; capitalidad; incluso himno, que no figura -afortunadamente, no hay himnos en la Constitución o en los estatutos-; lengua propia o derechos históricos. Señorías, al final las banderas son convenciones que tienen que ver con hechos
históricos y que en su caso pueden determinar o no afectos. Es verdad que la Corona de Aragón, lugar en el que se encontraba el antiguo Reino de Valencia, tiene un distintivo: cuatro barras rojas sobre campo dorado, sobre fondo amarillo. Es
verdad que la utilizan los antiguos territorios de dicha Corona, pero también lo es que una comunidad lo asumió tal cual y que a partir de ahí, si hay distintas comunidades autónomas, el distintivo que cada uno ponga sobre la común referencia va
determinando la identificación. Seguro que en esto también habrá opiniones, gustos y sentimientos que pensarán que es mejor un distintivo u otro. También esta cuestión se hallaba en el fondo del debate en el año 1982. Señorías, la lengua es
siempre un elemento de identificación. Lo es el español o el castellano para todos; lo es la lengua propia de cada comunidad, como así la define la Constitución: un elemento de identidad, de afecto. No estamos hablando de lenguas que representan
su interés por la rentabilidad social o económica, la rentabilidad por el afán cultural sin límites, que sin duda son todas las lenguas del mundo. Estamos hablando de lenguas sentidas que de padres a hijos han sido vehículo de comunicación en el
tiempo. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que la lengua tiene que servir para comunicar, para unir, para aproximar, para trasladar un conjunto de impresiones, de pensamientos o de ideas. En cuanto al aspecto lingüístico, es verdad
que en la Comunidad Valenciana también se da la situación dual. En esta comunidad hay quien tiene el sentimiento de que su lengua es única en el mundo, que termina en los límites
de la Comunidad Valenciana, que es un factor de diferenciación, de identidad, exclusivo y excluyente y que por otro lado puede sentir todo el afecto correspondiente. Y es verdad también que, hablando esa misma lengua, entendiéndose
perfectamente con quienes así piensan, hay otros que pueden entender que su lengua es una lengua compartida con otros territorios de las comunidades autónomas de España. Las dos concepciones merecen respeto, lo que merece menos respeto es cuando
desde la política se trata de utilizar esas cuestiones, sentimientos o realidades para obtener cualquier rédito o beneficio enfrentando a la ciudadanía. Quien de verdad quiere una lengua lo que quiere es que esté en condiciones de normalidad para
que sea asumida, para que sea hablada, para que en las escuelas no suscite problemas, por lo tanto como un vehículo de entendimiento. Les aseguro, señorías, que en Valencia, salvo el que tiene una idea preestablecida, nadie va hablando de idioma ni
de lengua, sino simplemente de valenciano; los ciudadanos lo definen como valenciano.
Desde hace 25 años, la filología ha invadido el campo de la política y probablemente hay más filólogos en la política por metro cuadrado que en el estudio o en
las universidades. En el momento en que dejemos la filología para el campo de la filología, sintamos un respeto profundo hacia las distintas formas de ver o de denominar una lengua, nos podamos entender perfectamente con ella y la dejemos fuera de
lo que significa la discusión política, no cabe duda de que el avance será considerable. La lengua propia merece el máximo respeto, una consideración hacia lo que los ciudadanos entienden que es su lengua y sobre todo debe estar al margen de la
actuación de la política cuando se utiliza para enfrentar a los ciudadanos de una misma comunidad.
En este proyecto de reforma de estatuto de autonomía, señor presidente, también se ha incluido una consideración hacia los derechos históricos que tienen que ver con el pasado, pero que no se quieren exactamente como fueron en el pasado,
sino que se quieren en el marco de la Constitución y en lo que significa una realidad actual y moderna. Es lógico que hagamos viable este conjunto que podemos denominar identitario, que continúa con el planteamiento de nacionalidad histórica, que
llega a este consenso que prácticamente es igual al alcanzado en el año 1982, que no ha sido alterado a lo largo de estos años, y que dentro del mismo quepan las distintas apreciaciones que se dan en la Comunidad Valenciana y que significan las
formas de expresar las dos caras de una misma realidad que se puede compartir. Señorías, no me extiendo más, pero quiero manifestar que, aunque hemos tenido diferencias que probablemente van a continuar existiendo, el consenso exige en este momento
el acuerdo en los planteamientos que hoy se nos hacen.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Císcar, en particular por sus primeras palabras dirigidas al presidente.
Para un turno de réplica ha solicitado la palabra la señora Navarro. Voy a darle la palabra, pero le ruego que se limite a dos minutos.
La señora NAVARRO CASILLAS: Solo quiero referirme a las alusiones que hacia mi persona ha realizado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y decirle que en la ponencia en mí ha encontrado el mejor talante, pero que no es el mejor
talante el que me he encontrado con la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista respecto a admitir nuestras dos enmiendas sobre el 3 por ciento y la lengua, pues, nos hemos encontrado con una absoluta intransigencia. En cuanto al respeto,
tampoco ha habido mucho por parte de sus compañeros, pues no han parado de interrumpirme durante mi intervención, hecho que es muy habitual en el Grupo Parlamentario Popular. También es habitual en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que
intenta acallar la voz de todos aquellos que critican sus actuaciones como hemos visto en el caso del documental de Televisión Española sobre urbanismo en la Comunidad Valenciana. Es típico y es triste.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a las votaciones del título I.
En primer lugar, vamos a votar las enmiendas. Si no hay petición de votación separada, votaremos las enmiendas en bloque que, como todos ustedes conocen, son las defendidas, aunque algunas no personalmente, por el señor Rodríguez, por la
señora Lasagabaster, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, por Esquerra Republicana, y la enmienda número 27 defendida por cada uno de los grupos. ¿Hay petición de votación separada de cada
una de las enmiendas?
Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Me gustaría que nos diera un minuto para que podamos comprobar las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto, y además voy a dictarle el número de las enmiendas para que ustedes no tengan ninguna duda.
Las enmiendas que se someten a votación son las números de la 2 a la 9; las 165 y 166; de la 28 a la 35; de la 57 a la 65; la 170, y la 27.
La señora NAVARRO CASILLAS: Pido votación separada de la enmienda número 8 del Grupo Mixto, señor Rodríguez. También me gustaría que me diese tiempo para comprobar las enmiendas de Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Quizá no me he explicado bien. Vamos a votar todas estas, pero en bloque las de cada uno de los grupos parlamentarios; votaremos todas
las del señor Rodríguez, todas las de la señora Lasagabaster, etcétera.
Votamos las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar, porque ha sido solicitado por la señora Navarro, votamos la enmienda número 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez: números 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas de la señora Lasagabaster, que son las 165 y 166.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de la 28 a la 35.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, pero primero votamos separadamente la enmienda 57.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos separadamente, pero ellas dos en conjunto, la 60 y la 61.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de Esquerra Republicana, es decir, las 58, 59, 62, 63 y 64.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 170 del Grupo Parlamentario Catalán.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 27 de varios grupos parlamentarios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el articulado del título I en los términos en los que queda en el informe de la ponencia. Estamos votando los artículos del título I.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Nos queda para el final la votación de la exposición de motivos. Aunque han sido votadas las enmiendas,no votaremos el texto hasta que no terminemos, por si hubiera en el curso del debate alguna modificación.
Entramos en el estudio de los títulos II, de los derechos, y III, de las instituciones, la Generalitat.
Hay una enmienda del señor Labordeta que no está presente. Por lo que se refiere a las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez ya lo ha explicado la señora Lasagabaster. Y hay tres enmiendas de la señora Lasagabaster, las 167, 168 y 169.
Tiene la palabra para su defensa. (Rumores.)
Un momento, señora Lasagabaster. A ver si los señores diputados pueden ausentarse, si lo van a hacer, y si no sentarse, pero sobre todo guardar silencio para que se pueda escuchar la intervención de la señora Lasagabaster. (Pausa.) Si son
tan amables, hagan el favor de sentarse o ausentarse, pero sobre todo callarse. Los sentados y los ausentes, todos callados. (Risas.) ¿Quieren cerrar la puerta, por favor?
Señora Lasagabaster, creo que los decibelios han llegado a un límite normal.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No se preocupe, señor presidente, creo que se me oirá.
Hemos presentado tres enmiendas a estos dos títulos del bloque segundo que vienen a ratificar la posición que hemos querido expresar con estas aportaciones desde un punto de vista constructivo. La primera hace referencia a alguno de los
principios que hemos señalado como elementos claves en una sociedad, por ejemplo, el de igualdad de género que también podría aplicarse a la
parte política y representativa. Lo que hemos hecho ha sido aplicar ese principio a temas que nos han parecido oportunos como, por ejemplo, la ley de paridad. Esta es una aportación constructiva que no es ajena a los debates que se están
produciendo en múltiples parlamentos de todo el mundo, incluidos los parlamentos del Estado español; por tanto, principio básico de igualdad de genero o acceso a una posible igualdad de género en todos los ámbitos.
El segundo principio que nos parece importante en un sistema democrático representativo es el de las barreras de techo electoral. Como bien saben ustedes, y se ha dicho antes, se planteaba una barrera previa a cualquier representación del 5
por ciento. No tengo mucho más que añadir del porqué de esta rebaja. Si observamos en un sistema proporcional cuál puede ser un sistema que responda mejor a la realidad de representación de los ciudadanos, veremos que los estudios han determinado
que en el ámbito en el que nos movemos, y en este caso el Estado español, en aquellas comunidades, en aquellos entes donde se computan a través de distintos territorios o provincias, o como queramos llamarle, lo que parece más razonable es una
barrera del 3 por ciento. Por tanto, lo que hemos hecho es aplicar simplemente lo que sucede ya en otra serie de comunidades uniprovinciales. Se entiende que responde mejor a la fotografía real de los ciudadanos esa barrera del 3 por ciento y no
la del 5 por ciento, que deja fuera de la realidad política a muchísimos ciudadanos que no ven recogidos a sus representantes por una barrera que no responde al mejor sistema electoral. Esto se puede basar y justificar en múltiples estudios. Creo
que el hecho de que en todas las comunidades autónomas que no sean uniprovinciales así se haga es elemento suficiente. Por tanto, creemos que el segundo principio que abordamos en nuestra enmienda es un principio también básico, de mejora
democrática de la representación de los ciudadanos.
Tampoco sabemos realmente si estamos hablando en el vacío, virtualmente, porque no sabemos si al final va a haber o no este tipo de cuestiones en este Estatuto. Es legítimo presentar enmiendas transaccionales hasta el último minuto, pero un
elemento tan básico como éste democráticamente hablando, parecería lógico que fuera en la ponencia donde se tuviera un mayor conocimiento de él y sirviera de base para el trabajo de la Comisión y el Pleno; en este momento nos choca y nos chirría,
pero en fin, yo hago mi trabajo, defiendo una enmienda que no sé si tiene sujeción a ningún lugar del mundo, si es virtual o no, pero aquí lo dejo, porque no sé si va a existir o no esta cuestión en el Estatuto. Esto es lo que hay y cada uno se
aplica el cuento de qué es lo mejor a la hora de legislar.
La tercera cuestión hace referencia al famoso tema de la lengua. Yo aquí no voy a insistir más, pero sí me gustaría, aunque el señor Trillo no está -entiendo que no esté, porque todos tenemos que ausentarnos a veces, y especialmente esta
diputada, que está como elemento único en todo el debate-, decirle dos cosas. En primer lugar, ha hecho una reflexión general que me parece interesante -quizá tendríamos que hablar sobre ello mucho más de lo que lo hacemos, en términos sensatos,
pacíficos y sin que haya ninguna crispación- sobre cuál es la relevancia o la importancia de los signos identitarios, de la lengua, de los himnos de las banderas, de las emociones, de la identidad. Es verdad que son importantes, y es difícil hacer
discriminaciones entre la importancia que tienen unos para unos y otros para otros; es decir, que es importante para todos es una realidad objetiva, porque ciertamente cuando se habla de banderas a cada uno -diría una expresión coloquial que no voy
a decir- nos gusta más la que cada uno siente, y esa es una realidad que existe en Valencia, en los que se sienten de la nación española, en los que nos sentimos como nación vasca, en los franceses o en los de Nueva Zelanda, cada uno siente lo que
siente, y esto es parte de la realidad de la sociedad y la convivencia.
Lo que no parece lógico es decir que el sentimiento de unos es de mejor calidad o prioridad que el de otros, en eso ya no estoy tan de acuerdo.
El hecho de que sean
importantes las banderas o los himnos o las señas de identidad es tan evidente como que en el Gobierno del Partido Popular el tamaño de las banderas españolas creció de una manera exponencial en todos los lugares, porque evidentemente ellos querían
remarcar su propia seña de identidad. Nada que objetar, pero no parece normal que cuando otros tratan de explicar o de visualizar su propia seña de identidad entonces ya no nos parezca normal. Lo mismo ocurre con la lengua o con los derechos
históricos. Cuando, por ejemplo, los ciudadanos que nos sentimos de adscripción nacional vasca, no nacionalismo (nacionalismo es una palabra que no responde a la realidad, cada uno se siente nacional de algún lugar, de algún territorio, de algunas
señas de identidad, hay gente que se siente nacional español, hay otros que nos sentimos nacional vasco, o hay otros que se sienten nacional de donde sea) hablamos de lengua o de derechos históricos no se puede decir que hay cosas antiguas y cosas
que no lo son, y en función de la antigüedad mantenerlo o no. En este Estatuto, consensuado por el Partido Popular y el Partido Socialista, se nos habla de Reino de Valencia, que es puramente una cuestión que, yo no lo voy a hacer, pero siguiendo
el esquema del señor Trillo, tendría que adjetivarse de cosa antigua y, por tanto, no cabría incluirlo. Si hablamos de normativa foral histórica, siguiendo el esquema del señor Trillo, tampoco cabría incluirlo. Pero yo entiendo, al revés, que si
cada uno lo siente porque responde a una realidad y a unas señas de identidad, no tiene por qué no estar. Ahora bien, cuando en nuestra propuesta de reforma de autonomía o en nuestra normativa hablamos de derechos históricos o de nuestra lengua, y
lo hace también Cataluña, ahí no parece que gusta tanto, y se dice que son anacronismos o antiguallas.
Esta historia tiene que enseñarnos una cosa: que el respeto recíproco es vital. Si para Valencia es importante que se mencione su Reino de
Valencia o su derecho histórico, también lo es para Euskadi, como
lo pueda ser para otras naciones que así lo sienten y lo quieren plasmar en la actualidad. Por tanto, en primer lugar, respeto recíproco y, en segundo lugar, principio de igualdad como elemento básico de una democracia.
Querría referirme también a una cuestión añadida a estas reflexiones. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se quejaba de algún otro grupo, no es mi caso, porque yo me he limitado, desde mi formación política, a presentar enmiendas a
los principios básicos de aplicación general desde nuestra perspectiva y a aquellas cuestiones que pudieran tener una relación externa, dejando la autoorganización a los valencianos, y pedia que se dejara a los valencianos y se respetara lo que se
ha decidido en Valencia. No dudo que tiene una razón que hemos creído entender, pero por el mismo respeto que se nos pide ahora, lo que se pueda defender, debatir o acordar por la vía democrática, por ejemplo en el Parlamento de Euskadi, donde yo
tengo mi adscripción natural, también debería ser objeto de ese respeto por parte del Partido Popular, si así se entiende en otras iniciativas análogas. Es una razón tan clara que no tengo más que decir. Pero como esta es la primera vez que se
celebra este debate sobre una profunda filosofía, me gustaría que lo que aquí se pretende que los demás respetemos, sea recíproco cuando tengamos que presentar, ya que la primera vez no ha sido posible, las cuestiones de entendimiento y de
autoorganización propia de la mejor manera que sabemos y quiere nuestra ciudadanía.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Navarro para defender sus enmiendas 36, 37, 39, 40, 41 y 47.
La señora NAVARRO CASILLAS: La enmienda número 36 versa sobre una cuestión que, tras la aprobación del matrimonio gay, hoy debería ser evidente, pero parece que para el Partido Popular y el Partido Socialista, que incurre en una serie de
contradicciones muy alarmantes, no lo es. Lo que se pretende es que cuando se habla de la defensa de la familia en su integridad, se establezca la familia en cualquiera de sus manifestaciones. Recientemente, pudimos ver una manifestación en Madrid
que reivindicaba la familia, pero solo con una concepción: hombre y mujer, casados y con aspiraciones de procrear, muy identificada con las recientes manifestaciones del actual Papa. La familia es mucho más que eso. La realidad de hoy se impone
en toda la sociedad y también en el País Valenciano. Por tanto, en el Estatuto valenciano deberían estar reflejados los nuevos modelos de familia, pero como para algunos no está claro, queremos que se exprese de manera explícita en el texto
estatutario. Es más, es tan evidente que no lo tienen claro, que después de la defensa integral de la familia y después de un punto y coma dicen: los derechos de las situaciones de unión legalizadas. Es decir, que las parejas de hecho no son
familia. Desde el Estatuto valenciano se está diciendo lo qué es familia y lo que no. ¿Quién tiene derecho a determinar lo que es una familia y lo que no lo es? Una pareja de hecho de repente no es una familia, según este Estatuto. Invito al
Partido Popular y al Partido Socialista a asomarse a la calle, a mirar alrededor y a descubrir que hay una sociedad distinta de la que están reflejando en este Estatuto y que voten favorablemente la enmienda que planteamos.
La enmienda número 37 se refiere a un ya extenso conflicto que padecemos en el País Valenciano: el agua. Se establece el derecho a una cantidad suficiente de agua para el consumo humano, y ahí es donde debe finalizar este precepto, porque
es de una lógica jurídica imposible el establecer como derecho en un estatuto el derecho al trasvase, a la redistribución de los sobrantes. Dentro de los derechos de los valencianos es sorprendente que tengamos éste y que no tengamos ningún derecho
ni al medio ambiente ni a otros que están establecidos como principios rectores y que no tienen absolutamente ninguna garantía. El agua, señorías, no se puede ni blindar ni exigir; los trasvases son una alteración del ecosistema que los ciudadanos
no pueden tener como derecho porque sí, porque se le antoje a la demagogia del Partido Popular. El País Valenciano pierde el 28,4 por ciento de agua en las conducciones frente al 18,7 por ciento de media del resto del Estado. La diferencia es más
de lo que corresponde al trasvase Júcar-Vinalopó. Tenemos las aguas subterráneas más contaminadas de nitratos y fósforo de todo el Estado español. En junio de 2001 Zaplana firmó un acuerdo de modernización de riegos de la ribera para 45 sectores y
cuatro años después solo se habían acabado tres. Señorías, si no gestionamos bien nuestros recursos hídricos, si nos dedicamos a la especulación urbanística, como hace el Partido Popular desde su Gobierno autonómico, si el País Valenciano es la
comunidad donde más se ha construido en los últimos años, no podemos hablar de insolidaridad ni de derechos insostenibles medioambientalmente.
Lo que tenemos que hacer es proteger nuestros recursos y no regalárselos a los constructores, una
política hídrica sostenible y no demagogia y enfrentamiento entre los valencianos de las distintas comarcas.
Sencillamente eso es lo que debe recoger nuestro Estatuto: únicamente derecho al agua y no el derecho a la redistribución de los
sobrantes. Es una llamada a la racionalidad, a una corrección del texto que ahora mismo contiene un redactado completamente absurdo y, como decía, de carácter jurídico insostenible y, por lo tanto, esperamos que sea aceptada nuestra enmienda.
Paso a defender las enmiendas números 39, 40, 41 y 47, - la 38 se entiende transaccionada en la ponencia. La enmienda número 39 es sobre el debate del 3 por ciento. Por fortuna lo único bueno que ha tenido el incumplimiento de esta promesa
que hizo el Partido Socialista a Esquerra Unida es que se ha dado a conocer la realidad y la injusticia que padecemos en el ámbito del País Valenciano: el 3 por ciento. Me hace mucha gracia cuando oigo al portavoz del Grupo Socialista, a Cipriá
Ciscar, hablar de que más del 90 por ciento de los
representantes de las Cortes Valencianas avalan este Estatuto. Las mismas palabras le ha dedicado Trillo, que ha dicho: Tiene un 95 por ciento de consenso. Y yo digo: Claro, si uno de cada diez valencianos está fuera de las Cortes, así
los consensos se amplían voluntariamente. Por qué no ponen ya un 10 por ciento, así Esquerra Unida está fuera de las Cortes Valencianas y tendrán el cien por cien del consenso, porque ustedes tienen una facilidad para encontrarse con el Partido
Popular estupenda.
Ponen barreras electorales de las que siempre dicen: esto no es antidemocrático. Esto es evidentemente antidemocrático. Se le está negando la voz a más de 200.000 valencianos. Uno de cada diez valencianos no tiene
representación. Así es como llegan ustedes a los consensos, así es como trabajan ustedes por la democracia. Lo que hacen es generar una desconfianza de todos los valencianos hacia los dos grandes partidos mayoritarios porque intentan ahogar la voz
de sus representantes. Nos encontramos con la única comunidad que padece este tipo de barrera electoral -como ha dicho el portavoz de Convergència, la barrera electoral más dramática de toda la Unión Europea-, que deja fuera a partidos políticos
con una trayectoria democrática, con legítimas aspiraciones; esas aspiraciones nosotros las hemos defendido hasta el final, como bien saben estos partidos y los demás, porque nuestra organización, Esquerra Unida, lucha precisamente por avanzar
hacia la ciudadanía plena, como se hizo en la República, porque perseguimos la eliminación de aquellas leyes electorales o barreras que, como en este caso y como en la Ley D'Hont, pretenden poner todos los obstáculos para que las representaciones
políticas de las minorías puedan ser escuchadas y tengan voz en las instituciones.
Innumerables asociaciones han llevado a cabo campañas en el País Valenciano para reivindicar la bajada de la barrera electoral. Esta era la gran oportunidad. El acuerdo al que han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista, según
los medios de comunicación, implica que la barrera electoral desaparezca del Estatuto, pero se mantiene en la Ley Electoral con la misma mayoría; esto es, una mayoría cualificada que requiere el consenso del Partido Popular y del Partido
Socialista. Es evidente que un Partido Popular que ha amenazado con la retirada del texto estatutario si se aprobaba la barrera electoral del 3 por ciento nunca va a aceptar una modificación de la Ley Electoral valenciana. Por tanto, esto no es
más que una cortina de humo para no dejarnos ver la realidad, que es que los valencianos nos quedamos con la barrera electoral del 5 por ciento, con 200.000 valencianos sin voz en las Cortes valencianas, lo que significa que se mantiene una actitud
incoherente -me voy a reservar la palabra-, poco sólida y poco ética por parte del Partido Socialista.
Es evidente que el Partido Popular no defiende a los valencianos, no defiende los intereses de todos los valencianos sino únicamente los de su partido político, porque no es más que el oportunismo de un partido político lo que les ha llevado
a plantearse que electoralmente no les interesaba la rebaja de esta barrera electoral y por eso han tenido esa reacción tan agresiva que ha convencido a sus famosos novios del Partido Socialista. Señorías, todos los grupos políticos de esta Cámara,
menos el Partido Popular y el Partido Socialista, lo hemos tenido muy claro y hemos presentado la misma enmienda para que se rebajara el listón electoral al 3 por ciento. Si después siguen hablando de consenso significará que no quieren ver la
realidad, que es que no hay ningún consenso en ese sentido sino que lo que hay es una contestación ciudadana, una gran injusticia democrática y un abuso de esa mayoría de que disfrutan para imponerse a todos los valencianos.
La enmienda número 40 versa sobre la iniciativa legislativa. En esta lucha de Esquerra Unida por avanzar en democracia también pedimos que se amplíe esta posibilidad de plantear la iniciativa legislativa a los municipios valencianos y a las
organizaciones representativas de la sociedad valenciana. Algo tan básico en democracia como el hacer propuestas legislativas por parte de la Administración local y la sociedad valenciana organizada es vetado por el pacto entre el Partido Popular y
el Partido Socialista, que no admitieron esta enmienda en la ponencia, y me imagino que en la votación que realizaremos ahora harán lo mismo que en el título I, que es rechazar absolutamente todas las propuestas que se hacen por el resto de grupos.
Sencillamente es una prueba de la falta de interés por mejorar el funcionamiento, por avanzar en derechos y en democracia en el País Valenciano, esto es, por implicar a los valencianos en la vida política, acercarles a las Cortes Valencianas,
permitirles hablar a través de la representación en la que se integran y organizan.
La enmienda número 41 versa sobre la lengua, pero como ya lo he expuesto previamente no voy a repetirlo. En la enmienda número 47 se establece la relación de la Academia Valenciana de la Lengua con otras entidades similares y que sean
catalanoparlantes. Es lógico que una Academia que ha reconocido en su dictamen la unidad lingüística, para tener un mejor funcionamiento se hermane con las otras entidades que tratan de la normalización, del fomento y el uso de la misma lengua que
hablamos en Cataluña, en Baleares y en el País Valenciano. Como decía en mi primera intervención, hay que aprovechar la unidad lingüística real para hacer un trabajo de fomento filológico-científico y de promoción de nuestros valores culturales y
de la lengua de nuestro pasado, de nuestros padres, que escuchamos cada vez menos en las instituciones públicas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán tiene la palabra el señor Xuclà, para la defensa de sus enmiendas 171, 172 y 173.
El señor XUCLÀ I COSTA: Paso a defender estas tres enmiendas que se refieren a los dos únicos aspectos que ocupan a este grupo parlamentario en este debate,
porque quiero reiterar el respeto a lo planteado por las Cortes Valencianas, sea cual sea su composición política. Pero como les decía al principio, en el tema del acceso a las instituciones y en el de la lengua sí que tenemos legitimidad
para decir algunas cosas como cualquier otra persona que comparte aquella definición que hacía Josep Pla sobre cuál es su país: 'Mi país es allí donde digo bon día y me responden bon día', y esto también sucede evidentemente entre el señor Císcar y
yo, por ejemplo, cuando decimos bon día y respondemos bon día. Esto quiere decir que hay una referencia a la unidad de una lengua que se expresa con dos denominaciones. Voy a volver sobre el tema de la lengua dentro de un momento, pero voy a
empezar ordenadamente por la defensa de la enmienda 171.
El objeto de esta enmienda es rebajar el límite para el acceso a las Cortes Valencianas del actual 5 por ciento al 3 por ciento. Una rebaja que no es una rebaja, sino un viaje desde la exigencia férrea y absolutamente rígida y
desproporcionada, en la cual está actualmente el Estatuto vigente y este proyecto de Estatuto, hacia una posición normal en modelos comparados. En este sentido les quiero hacer sólo dos referencias. En primer lugar, este es el sistema proporcional
menos proporcional de Europa en tanto en cuanto no permite que fuerzas políticas con una importante presencia en algunas circunscripciones puedan acceder a las Cortes Valencianas. Desde el punto de vista del discurso del presidente del Gobierno
español, señor Zapatero, sobre la calidad democrática. o mejora de la democracia, el que partidos que consiguen el 7 por ciento en una demarcación o el 4,8 por ciento en el conjunto de la circunscripción no puedan acceder a las Cortes Valencianas
es un planteamiento que degrada y no mejora la calidad democrática. La segunda consideración es que si se aplicara el criterio del 5 por ciento a la legislación electoral general española, las Cortes Españolas serían unas Cortes bipartidistas o en
algunas elecciones con tres partidos. Este es un modelo que durante los últimos 25 años de convivencia no habría ayudado a solucionar, a desarrollar, a plantear, a encajar, a mejorar, a incorporar en el consenso constitucional, al cual hacía
referencia el señor Trillo, tantos y tantos aspectos que estaban pendientes en el momento de reinaugurar la democracia en España. Con el criterio del 5 por ciento aplicado a la legislación española quedarían fuera del Congreso de los Diputados una
representación importante de minorías que son mayoritarias en algunos territorios, como son mayoritarias en algunos territorios estas fuerzas políticas o con un peso suficiente. Había bastantes alternativas: Hay la alternativa del 3 por ciento en
el conjunto del País Valenciano, hay la alternativa de sacarlo del Estatuto, que es nuestra enmienda 172 -vamos a ver cuáles son los planteamientos de los portavoces de los dos grupos que faltan por intervenir-, y hay incluso el planteamiento de un
5 por ciento por demarcación, que permitiría el acceso de partidos políticos importantes que en estos momentos tienen absolutamente cerrado su acceso a las Cortes Valencianas.
Este es el planteamiento de la enmienda 171 y de la enmienda 172.
Respecto de la enmienda 172, en la que sacamos de la rigidez del Estatuto el criterio del 5 por ciento para remitirlo a una ley de las Cortes Valencianas, simplemente les quiero leer una frase de la justificación que hace este grupo parlamentario.
Dice la justificación publicada en el Boletín del Congreso de los Diputados: Parece más oportuno que sea la ley electoral de la comunidad autónoma, bajos los principios de acceso de las minorías y de sensibilidades a la representación
parlamentaria, la que fije en cada momento los requisitos de acceso a las Cortes. Digo esto simplemente porque el espíritu de esta enmienda es facilitar el acceso de minorías no tan minoritarias: el 7 por ciento de los votos en algunas
demarcaciones. Basándonos en esta filosofía presentamos esta enmienda que, de momento, mantenemos viva para su debate.
Termino con la enmienda 173 referida a la Academia Valenciana de la Lengua, añadiendo una referencia a la unidad de la lengua que es -a la espera de una palabra más acertada- bastante prudente y elegante; una referencia a la unidad
lingüística del valenciano y del catalán, del catalán y del valenciano. Hago referencia a incorporar en el artículo 41 las normas de Castelló del año 1931 que, desde un punto de vista gramatical, unifican los criterios lingüísticos de la lengua que
hablamos en el Ampurdán o que se habla en Elche. Sobre las normas de Castelló creo que hay consenso de todos los grupos y sometimiento a las mismas. Por eso no puedo entender por qué el grupo de la mayoría o por qué el Grupo Popular no podrían
aceptar esta referencia ampliamente consolidada durante decenios y decenios en el ámbito filológico y científico. No sé por qué el señor Del Burgo no puede aceptar una referencia expresa a las normas de Castelló.
Se han hecho algunos comentarios sobre la lengua y se ha hecho un discurso un poco contradictorio sobre los sentimientos, la lengua, la realidad y los hechos. Vayamos a los hechos, y los hechos son que hay una lengua sobre la que, después
de una gran discusión incluso en los tribunales, se ha acordado -y se ha tenido que llegar al Tribunal Constitucional- que estamos hablando de una sola lengua con dos denominaciones. Y me remito a este hecho porque supongo que es considerado
favorablemente por parte del Partido Popular. La expresión idioma valenciano abre la puerta otra vez a una eventual conflictividad jurisdiccional, no simplemente política.
Dejemos bien lo que bien había terminado. No es lo mismo 'lengua
valenciana' que 'el valenciano es la lengua propia de' y me consta que este es un planteamiento que el grupo de la mayoría apreciaría como un planteamiento mucho más pacífico ante potenciales conflictos futuros y ante la posibilidad de que se reabra
lo que desgraciadamente se ha conocido como la batalla de la lengua. Sería bueno, como decía el señor Císcar, que no hubiera debates de este tipo, que haya pocos debates identitarios y que estas cuestiones se ajusten a la realidad.
Termino, señor presidente. No puedo replicar al señor Trillo porque no está presente en la sala, pero yo me atengo a los hechos y los hechos son que Jaime I -el señor Trillo hizo referencia a Jaime I el día 20 de septiembre en el debate de
toma en consideración de este Estatuto- llega a los territorios que actualmente conforman la Comunidad Valenciana con ciudadanos de Cataluña y de Aragón, con lo cual hay parte del territorio de la Comunidad Valenciana con pobladores inicialmente
castellanohablantes.
La existencia de las dos lenguas es evidente, es atenernos a los hechos, pero también es atenernos a los hechos la unidad de la lengua a través de la enmienda que he defendido en un primer momento, la 170, o a través de esta enmienda 173.
Yo no sé si es un gran clásico esto de que todo lo que sube baja, no sé si es de Cicerón o de Trillo, pero sería bueno que en algunos aspectos muy importantes no hubiera subidas y bajadas en el debate. Sería importante que hubiera estabilidad y que
se cerraran definitivamente estos contenciosos. Yo creo que no se han cerrado positivamente, creo que este era el ánimo inicial del Partido Popular y también creo que el Partido Socialista, a regañadientes y contra su voluntad, expresada ayer por
la tarde, ha hecho simplemente un contrato de adhesión a esta mala forma de cerrar mal un tema importante.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Jaime Ignacio del Burgo, en nombre del Grupo Popular.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Voy a fijar la posición del Grupo Popular en relación con el título II, referido a los derechos de los valencianos y las valencianas, y con el título III, relativo a la Generalitat. En cuanto al título II, la
mayor parte de las enmiendas que se han presentado corresponden al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, que hemos visto que se ha ausentado después de su primera intervención, demostrando muy poco respeto a este Parlamento,
puesto que aunque uno esté en minoría tiene que mantener sus posiciones y defenderlas, y, si pierde, respetar y acatar la decisión de la mayoría, que es lo que todos los grupos parlamentarios democráticos deben hacer en una circunstancia como esta.
No obstante, a pesar de su ausencia, me referiré a algunas de las cuestiones más relevantes de las enmiendas presentadas, teniendo en cuenta que hago una consideración previa y es que ERC ha tratado de trasladar al Estatuto de la Comunidad
Valenciana los preceptos del proyecto de Estatuto aprobados por el Parlamento de Cataluña, y naturalmente la posibilidad de armonizar un texto con otro es bastante complicado y difícil.
Lo que pretende ERC con las objeciones que realiza al texto del informe de la ponencia es trasladar al Estatuto valenciano la tabla de derechos personales y sociales que figuran en el Estatuto de Cataluña.
Lógicamente, no es este el momento
de discutir y debatir sobre el Estatuto de Cataluña, tiempo habrá, pero es evidente que la configuración de esa declaración de derechos y libertades en el Estatuto de Cataluña responde a una concepción muy diferente a la que subyace en el Estatuto
de la Comunidad Valenciana. Aquí no estamos haciendo un intento de Constitución, no estamos proclamando una nación de la que se derivaría la existencia de una declaración de derechos y libertades fundamentales. Los derechos y libertades
fundamentales están reconocidos en la Constitución.
¿Qué es lo que pretende este título II, derechos de los valencianos y valencianas? Sencillamente fijar una serie de principios de política social que deben inspirar la acción de la Generalidad de
Valencia. Eso es lo único que estamos haciendo, criterios de política social que se concretarán en una futura carta de derechos sociales que aprobará el Parlamento. Nosotros entendemos, desde esta consideración de carácter general, que todas las
enmiendas que se han presentado por parte de ERC y de otros grupos responden a una concepción radicalmente distinta a la voluntad de las Cortes Valencianas.
No estamos de acuerdo, por citar algunos aspectos concretos, con la introducción del derecho a morir con dignidad, no porque entendamos que un ciudadano o una ciudadana en el siglo XXI no deba morir con dignidad, sino porque entendemos que
es un derecho constitucional que no encaja dentro de lo que es un Estatuto de autonomía. Conviene recordar que un Estatuto de autonomía es el marco donde se fijan las competencias de la comunidad autónoma respectiva, donde se establecen
fundamentalmente las instituciones de la comunidad, por supuesto, la financiación, y también ahora -es la novedad- se introducen algunos principios de política social, que indudablemente deben inspirar la acción de los poderes públicos de la
comunidad. Pero no nos parece conveniente introducir asuntos que son de derechos fundamentales, que deben estar en la Constitución. Discrepamos también por ello, lógicamente, de la pretensión de establecer un modelo educativo de interés público y
laico, que ya figura en el Estatuto proyectado de Cataluña, porque el artículo 27 de la Constitución -tal vez convenga recordarlo- es muy claro, se establece el derecho de todos a la educación, se declara la libertad de enseñanza y también se añade
el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En consecuencia, difícilmente podemos ir a un modelo educativo de interés público y laico, puesto que
convive en nuestro modelo educativo la libertad de enseñanza y por lo tanto la posibilidad de tener centros no públicos, y desde luego la enseñanza no es laica o puede no serlo. Asimismo hago referencia a las enmiendas en las que se trata de
introducir ciertos derechos sanitarios, laborales, culturales, por los mismos razonamientos que acabo de hacer.
Especial consideración merece el tema del agua. El tema del agua está reflejado en el artículo 20 del proyecto, que modifica el artículo 17 del Estatuto vigente, donde se garantiza el derecho de los valencianos y valencianas
a disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad. Igualmente se reconoce el derecho de redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad, de acuerdo con la Constitución y
la legislación estatal. Me parece asombroso que desde la representación de la propia Comunidad Valenciana se pretenda eliminar lo que constituye, en mi opinión, una extraordinaria conquista política y jurídica para los ciudadanos de la Comunidad
Valenciana. Que sepamos el resto de los españoles -yo no soy valenciano y por lo tanto hablo de oídas, pero da toda la impresión-, la Comunidad Valenciana no se caracteriza precisamente por tener unas grandes cantidades de agua y sin embargo sí se
caracteriza por tener un elevado grado de desarrollo, que podemos discutir. Por supuesto, rechazo todas las acusaciones que ha hecho la señora Isaura Navarro con respecto a que parece que en las Cortes Valencianas y en la Generalitat Valenciana el
único objetivo es la especulación y hacer negocios que beneficien a unos pocos bolsillos. De ser así, la Comunidad Valenciana no ofrecería el espléndido resultado que en este momento ofrece desde el punto de vista del desarrollo económico, del
desarrollo social, del desarrollo cultural, en fin, de todos los ámbitos del bienestar público y social.
No me parece extraordinariamente sorprendente que se trate de evitar esa redistribución de los sobrantes. El agua es un bien público -alguien decía: el agua para quien la llueve- y debe estar regida por el principio de solidaridad. El
artículo 17 modificado reconoce precisamente esa solidaridad, que en definitivas cuentas, aunque se establezca en el Estatuto de la propia comunidad, es un reflejo de la solidaridad del conjunto de los españoles con quien necesita el agua, y es el
criterio que ha de producirse. Por ejemplo, comprendo a la Chunta Aragonesista, que ha presentado una enmienda en este sentido, teniendo en cuenta que el tema del agua en la Comunidad de Aragón tiene unas características tan peculiares como que la
comunidad se asoma de forma permanente e históricamente al agua del río Ebro, que considera que el agua que pasa por sus márgenes es de la Comunidad Aragonesa y que le preocupa lo que ocurra con el excedente que se vierte al mar; es bastante
curioso, pero es una manera muy legítima de ver las cosas, que nosotros por supuesto no compartimos. Pero que desde la propia Comunidad Valenciana y desde la representación de la comunidad se trate de evitar que los ciudadanos y ciudadanas de
Valencia y de la Comunidad Valenciana tengan ese disfrute del agua sobrante la verdad es que me parece, cuando menos, insólito.
No compartimos lo que ha dicho la representante de Izquierda Unida en relación con su enmienda relativa a la defensa de la familia, en la que añaden en cualquiera de sus formas o manifestaciones. La familia es una, ya se sabe, las formas
del matrimonio son diversas, lo dice la Constitución, pero lo que también dice la Constitución es que los poderes públicos apoyarán a la familia. No merece la pena entrar en más disquisiciones, a la familia, lo que se entiende por familia, lo que
se entienda por familia, lo que la sociedad considere que es familia. Por lo tanto, para nosotros no vale la pena modificar el texto que ha salido de las Cortes Valencianas.
Señor presidente, en relación con el asunto de los derechos de la comunidad, del título II, anuncio una enmienda transaccional. Se trata de la posible adición al artículo 16, que modifica el artículo 13, de un último párrafo con la
siguiente redacción: La Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de los sordos, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto. Es una enmienda transaccional suscrita por el Partido Socialista Obrero Español, por el
Grupo Popular y por Izquierda Unida. Esto quiere decir que a lo mejor también somos capaces de llegar a algún tipo de entendimiento, a pesar de las flores que nos dedica la señora Isaura Navarro.
En cuanto al título III, señor presidente -entro ya en el capítulo relativo a la Generalitat-, procede hacer una consideración general. Este título no contiene excesivas variantes respecto a la organización institucional actual, puesto que
evidentemente las Cortes y el Gobierno de la Generalitat son las instituciones esenciales sobre las que se basa el sistema parlamentario que configura la representación política de la Comunidad Valenciana. En este tema conviene hacer especial
hincapié en algo que se considera un avance muy importante, desde el punto de vista de la autonomía política, cual es la atribución al presidente de la Generalitat de la capacidad o facultad de disolución de las Cortes sin que el período de mandato
de las nuevas Cortes elegidas tras la disolución esté limitado al mandato de tiempo que restara de la legislatura anterior. Personalmente considero que esto es un avance indudable de la autonomía política, aunque permítanme que haga un comentario
-insisto, a título exclusivamente personal- y es que cuando este sistema se generalice, que probablemente se va a generalizar en el futuro, puede conducir a España a una situación de permanente campaña electoral, a la vista de que estemos sometidos
a procesos electorales autonómicos de forma casi permanente en función de las disoluciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Está presentando una enmienda el señor diputado?
El señor DEL BURGO TAJADURA: No, simplemente es un comentario. Por otra parte, he de decir que de todas formas, como hay comunidades que tienen este derecho, es evidente que se produce una desigualdad irritante para las comunidades que no
lo tienen. Por lo tanto, si entramos en esa dinámica, las Cortes Valencianas, lógicamente, han hecho bien en presentar esta fórmula, que indudablemente robustece su autonomía política y en eso este representante del Grupo Popular no tiene
absolutamente nada que decir, sino todo lo contrario.
El señor PRESIDENTE: Yo le apoyaría.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Ya sé, señor presidente, que usted y yo nos pondríamos de acuerdo hasta en el Estatuto de Cataluña, probablemente.
(Risas.)
Voy a hacer alguna referencia a las enmiendas...
El señor PRESIDENTE: Ha de ir terminando, señor diputado.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Sí, señor presidente, voy a hacerlo con la máxima brevedad.
En cuanto a la Academia Valenciana de la Lengua, a la que se ha hecho referencia, señor Xuclà, yo no me siento legitimado para enmendar la plana a las Cortes Valencianas. Creía que el señor Xuclà estaba, pero es igual, en el 'Diario de
Sesiones' quedará constancia del requerimiento que ha hecho al señor Del Burgo de por qué no acepta una determinada expresión lingüística. Pues porque tengo un profundo respeto hacia lo acordado en el Parlamento de la Comunidad Valenciana, máxime
en todos los temas que se refieren a la identidad.
No estamos de acuerdo con que se pretenda introducir que los municipios sean instituciones de la Generalidad; los municipios son y forman parte de la organización territorial del Estado. No estamos de acuerdo con que los poderes de la
Generalidad emanen del pueblo valenciano, como, por traslación lógica del Estatuto Catalán, pretende ERC. Digo esto, y quiero hacer una precisión al respecto, porque evidentemente las comunidades autónomas no tienen soberanía y, como no tienen
soberanía, tienen autonomía. ¿En función de qué? En función del artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho de la autonomía después de proclamar que la soberanía corresponde al pueblo español. Por tanto, los poderes emanan del pueblo
español y, luego, el derecho a la autonomía se ejerce confome a las normas constitucionales. Los poderes de la Generalidad de la Comunidad Valenciana, igual que los poderes de la Comunidad Catalana o de cualquier otra comunidad, se ejercen no
porque hayan sido una creación ex novo o por decisión propia y personal del pueblo respectivo, sino porque la Constitución dice que si el pueblo respectivo quiere constituirse en comunidad autónoma y hace un Estatuto, los poderes que tendrá serán
los que fija la Constitución. Por esto es, ni más ni menos, por lo que nosotros nos oponemos a que se diga que los poderes de la Generalidad emanan del pueblo valenciano. Las Cortes Valencianas tienen autonomía, no personalidad jurídica, como se
pretende en otra enmienda.
Entramos ahora en uno de los temas estrella de esta sesión, que es el relativo al famoso 5 por ciento, 3 por ciento, del listón electoral.
Quiero salir al paso de algunas afirmaciones que hace un instante ha hecho en esta sesión la señora
Isaura Navarro. De su argumentación se desprende que, si no bajamos del 5 al 3 por ciento, la representación de la Comunidad Valenciana es antidemocrática. Eso es lo que ha dicho la señora Navarro, no sé si exactamente con estas palabras, pero eso
es lo que quiere decir. Yo digo a la señora Navarro que acaba, con sus palabras, de deslegitimar todas la democracias accidentales, que se basan en el sufragio mayoritario, y que es una fórmula que perfectamente se puede asumir por una democracia,
el proporcional o el mayoritario. (La señora Navarro Casillas pronuncia palabras que no se perciben.) Si se asume el mayoritario, puede ocurrir que con el 35 por ciento de los sufragios se gobierne, y que el 65 por ciento restante carezca
prácticamente de representación. A nadie se le ocurre decir que por ese hecho Gran Bretaña no es una democracia. (La señora Lasagabaster Olazábal: Pero no mezclando los sistemas.) Dicho eso, para no discutir, también hay que tener en cuenta que
nuestra Constitución, y el Tribunal Constitucional así lo ha sentenciado, permite armonizar el principio de representatividad con otros principios que también son valores importantes, como son la gobernabilidad y la estabilidad. Porque también
tengo que decir que una multiplicidad de partidos minúsculos puede producir la desgobernabilidad de la comunidad, y añado todavía más, la desnaturalización de los programas aprobados por mayoría del pueblo respectivo en unas elecciones. Si con dos
o tres escaños se puede condicionar la política de 65, evidentemente con tres escaños estaremos alterando la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y que tiene su reflejo en la representación mayoritaria en el Parlamento. Por tanto, seamos muy
cuidadosos a la hora de hablar de todo esto, de la antidemocracia de los listones electorales, porque evidentemente no llegaremos a un acuerdo. No obstante, anuncio que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular hemos
presentado una enmienda transaccional a la número 172, CIU de forma que se suprime del Estatuto el punto relativo a la exigencia del 5 por ciento, de tal manera que todo eso quede referido a la Ley electoral, que será una responsabilidad y una
competencia de las Cortes Valencianas, donde se mantiene que, por su especial trascendencia, esa ley tenga un quórum reforzado de las dos terceras partes.
En cuanto a la Administración de Justicia -voy terminando, señor presidente-, es otro de los temas capitales. Desde ERC se pretende que se introduzca toda la definición de la Administración de Justicia que se hace en el Estatuto Catalán, y
a este respecto solamente voy a hacer unas consideraciones sobre nuestra posición. En primer lugar, la justicia es una competencia exclusiva del Estado. En segundo lugar, el Consejo de Justicia de la Comunidad Valenciana es un órgano de
colaboración; por tanto, cualquier asunción de funciones de gobierno de la justicia en la comunidad dependerá de la legislación general del Estado, es decir, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No se puede -es otro de nuestros criterios-
reducir, limitar, o establecer, la competencia del Tribunal Supremo desde un Estatuto de Autonomía. Los jueces, magistrados y secretarios judiciales son -lo dice la Constitución- cuerpos únicos, cuerpos nacionales, y su estatuto es competencia del
Estado. Por tanto, no se puede admitir que las oposiciones sean convocadas por
ese Consejo ni que los concursos sean resueltos por él, como tampoco se puede exigir que los jueces, magistrados y secretarios judiciales deban conocer la lengua propia de la comunidad.
Sobre esto quiero hacer una precisión que me parece importante. ¿Qué Administración de Justicia estamos diseñando en este país si resulta que, siendo la justicia única y existiendo una unidad de jurisdicción, los jueces no pueden ya ser
destinados a cualquier parte del territorio español. Porque si para ser juez en el País Vasco y en parte de Navarra también hay que conocer el euskera, si hay que conocer el gallego para ser juez en la Comunidad Gallega, en las comunidades balear y
catalana el catalán, si en la Comunidad Valenciana hay que conocer el valenciano, eso va a ser manifiestamente imposible para todos aquellos que no tienen la suerte de conocer esos idiomas. Por tanto, se produce una clarísima discriminación entre
españoles, que evidentemente nosotros no sustentamos ni podemos sustentar.
Respecto al blindaje de competencias del artículo 54, en el que ERC trata de introducir lo mismo que en el Estatuto Catalán, como ese es precisamente uno de los puntos en los que se ha producido un cambio sustancial en lo que en este momento
va a llegar a esta Cámara -aunque todavía no sabemos en qué términos-, no voy a hacer más consideraciones.
Lo mismo respecto al Consejo de garantías estatutarias, que, tal como está redactado, introduce un sistema diferente del establecido en la
legislación general sobre la protección de los derechos fundamentales que nosotros no podemos compartir.
En suma -y con esto termino, señor presidente-, yo creo que en los títulos II y III, aunque mi compañero Federico Trillo ha dicho que nosotros podemos -lo hemos hecho incluso- poner puntos y comas, la verdad es que el espíritu que nos ha
presidido en todo esto no es enmendar la plana a las Cortes Valencianas -en todo caso hacer mejoras técnicas, cosa que siempre es buena y creo que también las Cortes Valencianas así lo percibirán-, sino ver si en alguno de los preceptos ha podido
haber algún roce con la Constitución que, a juicio de la mayoría al menos de la Comisión, se considera que no se debe establecer. Este es nuestro único y fundamental papel. Respetemos por tanto lo que dice el 95 por ciento de la representación del
pueblo valenciano en las Cortes Valencianas.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista ha solicitado repartir su tiempo y yo espero que lo repartan equitativa y rigurosamente. Tiene la palabra en primer lugar el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Voy a dar respuesta a todos los grupos que han presentado enmiendas en este título II y en parte del III y mi compañero Cipriá Císcar contestará después a algunos de los aspectos puntuales que quedan pendientes en
el título III. Nuestro deseo, señor presidente, es responder a todas las demandas que han presentado otros grupos, porque nuestro respeto a sus peticiones nos lleva a darles como mínimo la explicación política necesaria.
En primer lugar, a propósito del capítulo de derechos y deberes del título II, querría empezar por hacer una afirmación que responde un poco al criterio que el PSOE mantiene respecto a la inclusión futura de los títulos o de los capítulos
correspondientes a una nueva regulación de derechos y deberes que los estatutos de autonomía de nueva generación parece que vienen incorporando, tanto en el Estatuto Valenciano como en el catalán, que también conocemos, y en los borradores de otras
comunidades que están ya discutiendo títulos semejantes. Nuestro grupo ve con satisfacción que este conjunto de regulaciones de derechos y deberes que comprometen a la comunidad autónoma con sus ciudadanos nos parece un desarrollo natural y lógico
del principio dispositivo de autonomía que recoge nuestra Constitución. Y nos parece bastante razonables que se incorpore a esta norma institucional básica en el caso valenciano o en el caso de otras comunidades autónomas, este conjunto de derechos
y deberes, de principios rectores en general, que orientan el comportamiento de las administraciones públicas en esas comunidades autónomas, porque eso dota a las normas institucionales básicas de estas comunidades autónomas, lógicamente a sus
estatutos, de una complejidad, de una mirada mucho más avanzada, vanguardista, de incorporar los derechos a los que la Administración autonómica se compromete. Contribuye a complementar lo que son las regulaciones de derechos fundamentales
contemplados en la Constitución. Bien entendido que esta regulación de derechos y deberes es complementaria con los derechos constitucionales y que es compatible, es extensible de esos derechos, siempre que se sitúe en el marco competencial que le
corresponde y por tanto comprometiendo en exclusiva a la propia comunidad autónoma a la que va referida.
Con este principio introductorio nosotros hemos rechazado, y así lo establecimos en el informe de ponencia, todas aquellas enmiendas que han pretendido trasladar supuestos derechos y deberes de otras comunidades autónomas o de otros textos
autonómicos en tramitación, como es el caso de Esquerra que prácticamente de una manera mimética traslada derechos y deberes del borrador del Estatuto de Cataluña al Estatuto valenciano.
Nosotros tenemos una razón para hacerlo y es respetar lo que
el Parlamento de Valencia ha decidido, que es regular una serie de derechos, unos cuantos derechos, y no tenemos por qué aplicarles de una manera mimética -repito- la propuesta de testamento vital, de modelo educativo laico, de principios de sanidad
pública o determinados modelos lingüísticos. Esos principios se han hecho en otras comunidades autónomas, pero si el Parlamento de la Comunidad Valenciana no ha querido incluirlos debiéramos respetarlo, siguiendo un principio que en nuestro caso
nos parece importante desde el punto de vista de lo que es eso, el respeto a la voluntad regulatoria
de su propio derecho dispositivo que las comunidades autónomas puedan presentarnos.
En segundo lugar, también rechazamos algunas enmiendas, aunque algunas son razonables. Y con este me dirijo concretamente a una que ha presentado doña Isaura Navarro, de Izquierda Unida, a propósito, por ejemplo, de incorporar al
reconocimiento de las familias en cualquiera de sus manifestaciones -dice ella-. A mí me parece bien. Nosotros estaríamos de acuerdo con la incorporación de una expresión como: en cualquiera de sus formas, etcétera. Pero tenemos que decir que
sobre estas materias consideramos que hay una cierta reiteración, porque digamos que esos principios ya están reconocidos en nuestra legislación básica.
Obviamente, cómo no reconocer y no recordar aquí que precisamente el matrimonio homosexual
acaba de ser regulado por ley de este Congreso de los Diputados. Es obvio que hay otras formas de familia; por tanto, no nos parece imprescindible esa incorporación, que puede ser reiterativa.
Lo mismo ocurre cuando se plantean propuestas en
materias como que no haya discriminación por razón de orientación sexual o algunas referencias que en el caso de Esquerra Republicana se plantean en relación con el reconocimiento del pueblo gitano y su cultura. Estas son cuestiones que ya están en
gran parte reguladas en nuestras normas básicas.
Quiero hacer una apelación expresa a uno de los temas en debate que me parece que es sensible y que tiene su importancia. Nosotros hemos enmendado, junto al Partido Popular, la regulación que venía del Parlamento de Valencia respecto a un
derecho que se reconocía a la Comunidad Valenciana a recibir excedentes de agua de otras cuencas hidrográficas. Grosso modo esta era la denominación de este derecho que hemos considerado conveniente enmendar en un doble sentido, en primer lugar,
porque el derecho no debe de reconocerse desde una perspectiva colectiva a la comunidad como tal, sino en todo caso y siempre a los ciudadanos, valencianos y valencianas; y, en segundo lugar, por la inclusión en el reconocimiento de ese derecho de
una apelación imprescindible a la legislación estatal, puesto que es concretamente esta, es la Administración del Estado la que asegura el interés general para, con arreglo a la ley, determinar cuándo proceden y cuándo no ciertos trasvases en
materia de agua. Eso viene a concretar dos límites que me parecen imprescindibles en esta materia tan importante el primero es que desde luego no estamos cuestionando el plan hidrológico español, pero sí estamos diciendo que la posibilidad de los
trasvases solo puede ser autorizada y determinada por la autoridad correspondiente con arreglo a la legislación estatal. Esta me parece una advertencia imprescindible que se ha incorporado al reconocimiento de este derecho. También hemos
establecido un límite a otras pretensiones, las de aquellos (Esquerra, Labordeta, etcétera) que pretendían que en materia de agua Valencia no tuviera ningún derecho a aguas que no fueran de su propia comunidad. No nos parece justo, no nos parece
solidario, tampoco forma parte de nuestra concepción de la ordenación de un recurso escaso como es el agua y, por tanto, con los límites anteriormente señalados hemos querido rechazar enmiendas que no correspondían a nuestra concepción del uso y la
administración del agua en nuestro país.
Termino con una referencia a la organización del Poder Judicial en la Comunidad de Valencia. A este respecto nosotros prácticamente hemos mantenido el texto que venía de las Cortes Valencianas en cuanto a una regulación de la organización
judicial en la Comunidad Valenciana que nos parece oportuna, nos parece inteligente, bien medida en nuestra opinión.
Es evidente que el Poder Judicial es un poder único, pero también lo es que el Poder Judicial y la organización de la justicia se
está adaptando y en mi opinión se debe de adaptar a nuestro modelo autonómico, fundamentalmente en torno a tres grandes principios: de una parte, a la posibilidad de que las jurisdicciones encuentren en el Tribunal Superior de Justicia de cada
comunidad autónoma su Tribunal Superior, por tanto, que culminen las jurisdicciones en el Tribunal Superior respetando naturalmente que el Tribunal Supremo tendrá siempre una competencia incuestionada e incuestionable sobre la unificación de
doctrina; en segundo lugar a la regulación de los llamados consejos del Poder Judicial autonómicos a través de un procedimiento de participación de los poderes autonómicos sobre el ejercicio de una serie de competencias que el Consejo General del
Poder Judicial delegue; y, por último, en cuanto a la organización de la justicia de proximidad y a la posibilidad de la transferencia a las comunidades autónomas del personal no judicial, es decir, funcionarios, oficiales de justicia y
administrativos. Sobre estos principios la regulación que hace el Estatuto valenciano es inteligente, porque sabiendo que cuando se redactó este aspecto del Estatuto no había todavía una idea conformada porque no se había tramitado la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, y de hecho en este momento está en tramitación, es lógico que haya una remisión sistemática y constante del Estatuto a la organización del Poder Judicial que pueda resultar, y eso me parece inteligente, razonable y
permitirá a la Comunidad Valenciana que una vez tramitadas estas leyes de reordenación del Poder Judicial en el nivel autonómico acceda al máximo nivel de ordenación de la justicia en la comunidad autónoma.
Con esto, señorías, explico nuestra posición en torno a los títulos II y III, con la salvedad de lo que hace referencia a los artículos correspondientes al aspecto institucional, que mi compañero Cipriá Císcar comentará a continuación.
El señor PRESIDENTE: Señor Císcar, tiene la palabra para continuar el turno del Grupo Socialista.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Como es conocido por todos hemos tenido dos discrepancias fundamentales en la tramitación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía con relación al Partido Popular. Las dos
discrepancias tienen que ver con planteamientos que se hacen precisamente en este momento. Uno es el relacionado con el límite electoral establecido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que como es conocido es del 5 por
ciento de los votos emitidos en el conjunto de la comunidad. Es cierto que los límites electorales para acceder a los Parlamentos son respetables, sean un 3, un 4 o un 5, en la medida en que son democráticos, pero también es cierto que en la medida
en que sean más reducidos dan más posibilidades y permiten una mayor participación. La razón fundamental por la que manteníamos esta discrepancia es porque el límite deque dispone la Comunidad Valenciana y que viene en esta propuesta de reforma de
Estatuto en su conjunto es el más rígido o el más elevado de todas las comunidades autónomas. Sabemos que hay comunidades autónomas que tienen un límite electoral del 3 por ciento y también las hay con el 5 por ciento. Hay diez que tienen el 3 por
ciento y siete que tienen el 5 por ciento, pero no hay ninguna que sea pluriprovincial que tenga un límite del 5 y además de media de los votos emitidos en el ámbito de la comunidad.
Mi grupo propuso al Grupo Parlamentario Popular que este límite se redujera en el Estatuto al 3 por ciento. Hubo una serie de conversaciones, como saben, y se consideraron tres posibles opciones: reducción al 3 por ciento, consideración
del 5 por ciento pero solo en el ámbito de la circunscripción, o sacar del Estatuto el límite electoral para que, en su caso, sea la ley en el ámbito de las Cortes Valencianas y no en el Estatuto de Autonomía la que determine el límite. Había otra
razón que también fue expuesta: que un límite establecido en el Estatuto de Autonomía en el futuro puede generar un problema en sus posibles revisiones, dado que para ello hay que someter a referéndum cualquier modificación que se quiera hacer del
límite electoral, razones por las cuales entendíamos que era más oportuno que ese límite no figurara en el Estatuto de Autonomía y que fueran las Cortes Valencianas, en la determinación de su ley electoral autonómica, las que establecieran un
límite, que puede ser el correspondiente en cada momento y modificado también sin necesidad de la rigidez que impondría su presencia en el Estatuto de Autonomía. No les ocultamos que nuestra preferencia fue dirigida al 3 por ciento, pero la única
posibilidad de un acuerdo en el presente momento suponía la salida de cualquier límite electoral del texto del Estatuto, posición que, por otra parte, entendíamos que podía ser compartida por otros grupos, y en el ámbito de la Comunidad Valenciana
muchos ciudadanos y ciudadanas entendían y aspiraban a esta solución. Por estas razones hemos presentado una enmienda ante la posibilidad del acuerdo que las Cortes Valencianas han promovido, que supone que el límite electoral no figure en el
Estatuto de Autonomía y por tanto, sacarlo de allí, y que, en su caso, la ley electoral valenciana sea la que establezca los límites que en el ámbito de las Cortes o de la Comunidad Valenciana decidan tener.
En segundo lugar, en este título también se recoge otro de los aspectos que ha supuesto discrepancia y controversia y que no se ha podido resolver en la medida en que el Partido Popular lo ha establecido como condición indispensable para el
mantenimiento de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Con la mejor voluntad de colaboración y de asumir en el tiempo las posibilidades de reflexión necesarias, hemos entendido que en estos momentos cabía hacer el planteamiento que les
hemos anunciado anteriormente. Cuando hablamos de la Academia Valenciana de la Lengua, que figura también en este título, esta tiene como finalidad ser la institución de carácter público normativa del valenciano para que asesore y determine las
normativas correspondientes en el ámbito público de la Generalitat, si bien es cierto que la Academia Valenciana de la Lengua es también un acuerdo de las Cortes Valencianas, con la regulación de su correspondiente ley, para superar determinados
conflictos y para que las cuestiones lingüísticas se vean en el ámbito de la Academia Valenciana de la Lengua y no en otros ámbitos políticos. La propia Academia Valenciana de la Lengua determina en algunas de sus resoluciones el sentido de lengua
compartida, el valenciano como lengua compartida. Realmente esa era la posición que mantenía el Grupo Socialista, que entiende que tal y como está en estos momentos y de acuerdo con los propios pronunciamientos de la Academia Valenciana de la
Lengua, tiene o puede suponer un factor de entendimiento y de tranquilidad en el propio proceso de normalización del valenciano. Por estas razones vamos a prestar nuestro voto a esta propuesta de las Cortes Valencianas en los términos que vienen y
a la enmienda que hemos aportado en cuanto a sacar del propio Estatuto de Autonomía el límite electoral.
El señor PRESIDENTE: El señor Trillo me había pedido la palabra. Dos minutos, por favor, para la réplica a una de las intervenciones.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Contesto a las alusiones del señor Xuclà, que lamentaba mi ausencia cuando realmente estaba presente, aunque no estaba obligado obviamente a verme porque estaba a su espalda, pero sí estaba lo
suficientemente presente y atento para saber que ha entrado de nuevo en el tema de la lengua a través de la Academia Valenciana de la misma y me ha dicho que había incurrido en una gran confusión entre sentimientos, historia, hechos y normas.
Señor Xuclà, nos llevaría muy lejos ese debate, está muy en el fondo de la discrepancia política entre la fuerza política que representa S.S. y la que tengo el honor de representar, pero quiero que queden las cosas claras. Le reitero mi
respeto por todos los sentimientos y por todas las posiciones políticas, incluso por aquellas como la de sus señorías, basada más en los sentimientos que en la racionalidad a mi juicio. Le reitero también mi convicción como legislador de que la
ley, las normas
jurídicas y mucho más las de carácter institucional son una ordenación de la razón, el clásico diría hacia el bien común, el contemporáneo diría hacia el interés general, no una reglamentación de los sentimientos ni desde los sentimientos,
sino desde la razón y desde la decisión política.
Mi fuerza política, el Partido Popular, entiende así la política, como una racionalización de los hechos presentes, pasados o de las nuevas realidades que nos pueden llevar hacia el futuro. Es
verdad que el nacionalismo prima los sentimientos. Todo mi respeto para el nacionalismo, pero no lo comparto. (El señor Xuclà i Costa y las señoras Lasagabaster Olazábal y Navarro Casillas piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muy brevemente, señor presidente, pero el señor Trillo, incurriendo en una forma inexacta de expresarse o de apreciar la forma de hacer política de mi grupo parlamentario y de este diputado, me ha imputado que sólo
me muevo por sentimientos y no por la racionalidad.
Esta es una consideración absolutamente injusta. creo que precisamente es el Partido Popular el que en estos últimos meses y en esta legislatura está agitando los sentimientos, alejándose de la
racionalidad y de la ley. Señor Trillo, recoger firmas por toda España para un eventual referéndum sobre el Estatut de Cataluña es exactamente agitar los sentimientos. Señor presidente, termino. (Un señor diputado: Eso es hacer democracia.)
Martes, 31 de enero de 2006: Y sobre el contenido, de esta manera que expresa, la Constitución no permite referéndum alguno. Así, la iniciativa del Partido Popular no tiene ninguna finalidad constitucionalmente amparada ni permisible. ¿Qué se
quiere, pues? Será algo políticamente legítimo o, incluso, desde una perspectiva partidista, muy interesante, pero no encaja en la Constitución ni la sirve. Miquel Roca, artículo de este martes.
Señor Trillo, todos nos tenemos que atener a los hechos, a la ley, a la corrección y al respeto a aquellos sentimientos que han pasado de ser sentimientos a ser respetable norma jurídica, porque también en las normas jurídicas hay
cristalización y reconocimiento de hechos diferenciales, de hechos identitarios y de hechos nacionales.
El señor PRESIDENTE: La señora Lasagabaster ha pedido la palabra. ¿Para qué asunto?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, para una cuestión de orden, en la medida en que nos ha sorprendido la entrega de dos enmiendas transaccionales que pueden afectar no solamente a la parte procedimental de este debate sino a
la parte del contenido. En primer lugar, quiero que conste en acta -la persona que me ha entregado las enmiendas, si no recuerdo mal, era el letrado; si no es así, sería el portavoz correspondiente- cuándo se nos han entregado las enmiendas, que
ha sido una vez que los enmendantes hemos intervenido. Es decir, que cuando interveníamos desconocíamos total y absolutamente -y eso es muy importante a los efectos jurídicos oportunos posteriores-, no sé si consciente o inconscientemente,
queriendo que fuera así o no, que podía haber una enmienda transaccional que se podía sujetar a nuestras enmiendas. Primera consideración, hemos intervenido sin conocer que había grupos que pretendían hacer enmiendas transaccionales a nuestras
enmiendas. Lo digo a los efectos de lo que viene después.
Segunda consideración. Se ha hablado de una enmienda transaccional que nos gustaría saber sobre qué artículos y sobre qué acuerdos se ha realizado.
Queremos saberlo porque las transaccionales tienen capacidad de hacerse en función del
artículo 114. Por tanto, necesitamos saber cuál ha sido la transaccional, con qué grupos se ha llegado al acuerdo, sobre qué enmiendas, cuándo se ha realizado y si esas enmiendas son reales o no o son admisibles o no.
El señor PRESIDENTE: Supongo que la señora Navarro quiere hablar de lo mismo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Quiero hablar de dos cuestiones. Me gustaría ejerer el derecho de réplica.
El señor PRESIDENTE: Creo que no ha habido alusiones.
La señora NAVARRO CASILLAS: Ha habido distintas alusiones a mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Creo que este debate lo hemos terminado, perdone la señora diputada.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, ayer se comprometió a ser flexible y a otorgar el derecho de réplica. En este caso son claras las alusiones, constarán en el 'Diario de Sesiones' y desde luego...
El señor PRESIDENTE: Le agradezco mucho que se preocupe usted tanto de mí que hasta me sigue en mis compromisos, pero este debate lo hemos cerrado.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, porque sus compromisos me amparan, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pero el debate lo hemos cerrado, señora Navarro.
Estamos en la cuestión de orden que ha planteado la señora Lasagabaster.
Si alguien quiere decir algo sobre este tema, puede hacerlo.
La señora NAVARRO CASILLAS: Le he dicho que también quería intervenir en relación con ese tema.
El señor PRESIDENTE: Pues venga.
La señora NAVARRO CASILLAS: El Grupo Socialista es plenamente consciente de mi negativa a la utilización de mi enmienda para hacer cualquier tipo de transaccional. Así ha sido informado esta mañana. Por tanto, me he sentido muy ofendida
en mi derecho cuando se me ha dado traslado de un escrito donde constaba la utilización de una enmienda de este Grupo Parlamentario al que represento. Me parece una falta de consideración hacia mi palabra y hacia la cortesía parlamentaria. Desde
luego, me niego rotundamente a que sea utilizada para realizar una transaccional. (El señor Xuclà i Costa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Cuando he hecho la defensa de la enmienda 173 de mi grupo parlamentario también era sin conocimiento de esta transacción que quiere apoyarse en distintas enmiendas de grupos parlamentarios, firmada por el PP y por el
PSOE, pero no apoyada en ninguna enmienda del PP y del PSOE. Sé que no es el momento de entrar en el fondo de las cuestiones, pero recordarán que en mi intervención he leído parte de la justificación de mi enmienda 172 para decir que precisamente
esta enmienda tenía que facilitar el acceso de las minorías y de las sensibilidades a la representación parlamentaria. El planteamiento de la enmienda 27, de forma integrada...
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà, no estamos discutiendo la enmienda que ya ha sido discutida. Si es una cuestión de orden, sí.
El señor XUCLÀ I COSTA: La lectura integrada de esta enmienda, de acuerdo con el artículo 24 del proyecto, está exactamente en contra de los planteamientos de la defensa de mi enmienda y del espíritu que da luz a la enmienda 172. Por
cierto, en la redacción se apoyan en la enmienda 173, que no tiene nada que ver, porque es la enmienda de las normas de Castelló, y supongo que es un error material. Intervengo para retirar la enmienda 172.
El señor PRESIDENTE: Retira la enmienda 172. Vamos a pasar...
El señor XUCLÀ I COSTA: Perdón...
El señor PRESIDENTE: No vamos a estar todo el día con esto.
El señor XUCLÀ I COSTA: Retiro las enmiendas 171 y 172, aunque aquí se hace referencia a la 173, que se refiere a las normas de Castelló.
Supongo que es un error material. (El señor Del Burgo Tajadrera pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Quedan retiradas esas dos enmiendas.
¿El señor Del Burgo quería hablar sobre esta cuestión?
El señor DEL BURGO TAJADURA: Simplemente quiero decir que en su intervención inicial el señor Trillo ha hecho expresa referencia a la intención de presentar esa enmienda transaccional y además ha dicho exactamente cuál iba a ser su
contenido, de manera que esto de que no se sabía cuando se estaba discutiendo no es cierto. (La señora Navarro Casillas: Trillo ha hablado después.-Rumores.) Cuando se ha discutido el título II y el título III ya se conocía perfectamente la
voluntad transaccional de los grupos parlamentarios Popular y Socialista. Señor presidente, simplemente quiero dejar constancia- de que no se qué efecto reglamentario tiene pero alguno debe tener- de que el hecho es que han defendido las enmiendas
y como consecuencia de esa defensa se ha presentado transaccional, y lo que me parece bastante insólito es que se trate de retirar lo que ya se ha defendido y que ha dado lugar a una enmienda transaccional que se ha presentado, anunciado y entregado
a la Mesa. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿La señora Lasagabaster no ha planteado ya la cuestión de orden?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Es una cuestión de orden que requería una respuesta. Quiero dejar claro que cuando hemos defendido nuestra enmienda no se sabía que había una enmienda transaccional enganchada a la misma.
El señor Trillo
no lo ha dicho y, por tanto, es una utilización fraudulenta si se pretende ahora decir que hemos defendido las enmiendas, cuando no éramos conscientes de esa presentación de la transaccional.
Para que no quepa duda, este trámite está para la
defensa de enmiendas y si no se defienden, decaen. Por tanto, decir que ya está formulada no es verdad. Que nos hayan entregado el papel a posteriori parece demostrar que se ha querido hacer manifiestamente para que tuviéramos obligación de dar
por defendidas las enmiendas. En consecuencia, ahora procedo a retirar también la enmienda 168 -de la cual parece que se cuelga un acuerdo que no tiene nada que ver con la enmienda que yo he presentado- del Grupo Mixto, EA, y tengo un documento por
el cual se retira la enmienda de Esquerra Republicana de Cataluña. No hay más enmiendas a las que se pueda sujetar esta transaccional. (El señor Esteban Bravo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Usted quiere hablar de este tema?
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, en la medida en que me interesan las interpretaciones del Reglamento...
El señor PRESIDENTE: Si es del tema sí, si no...
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí es del tema, señor presidente. (El señor Jáuregui Atondo: Es que queréis boicotear.-La señora Lasagabaster Olazábal: ¿Boicotear? ¡Si nos hemos enterado ahora!) Le decía que me interesa aclarar cuáles son las
reglas de discusiones, de votaciones, etcétera, porque es bien conocido que ya en un debate anterior, como fue el del proyecto de ley de publicidad institucional, hubo una decisión por parte de la Presidencia que alteró el resultado de la votación
(El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: ¡Qué barbaridad¡) y luego la Mesa, a requerimiento de nuestro grupo, ratificó que la decisión tomada por la Presidencia no había sido de acuerdo con el Reglamento. Yo creo que si en el 114 se habla de
transaccionales y en la letra roja que hay al lado de cada uno de los artículos se habla de enmiendas transaccionales, no se trata de una transacción entre dos grupos que no tienen enmiendas; tendrá que ser una transacción entre un grupo que no
tiene enmienda con uno que la tiene y si están de acuerdo, pero una transaccional entre dos grupos que no tienen enmiendas desde mi punto de vista no tiene ningún sentido y dudo mucho de su práctica en el Congreso de los Diputados. Estoy de acuerdo
con el resto de los parlamentarios que han intervenido antes en que es una forma fraudulenta de modificar artículos que en un principio esos grupos no pensaban haber modificado y de violentar la voluntad de las enmiendas ya presentadas. (El señor
López Garrido pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Entiendo que lo que se suscita por los grupos parlamentarios que han intervenido antes es una puesta en cuestión, por así decirlo, deduzco, aunque no lo han explicitado claramente, de la enmienda transaccional
presentada por el Grupo Socialista en relación con las enmiendas 39 de Izquierda Unida, 83 de Esquerra Republicana, 168 del Grupo Mixto y 171 y 172 del Grupo Catalán. En ese sentido quisiera señalar, por si se pusiera en cuestión la posibilidad de
votación de esta enmienda -aunque tampoco lo he oído decir exactamente así-, la absoluta corrección reglamentaria de esta enmienda transaccional (Un señor diputado: No.) y, por tanto, la necesidad de que esta enmienda sea sometida a votación. El
artículo 114.3 del Reglamento regula la presentación de enmiendas transaccionales en Comisión que, por cierto, es una regulación distinta de la del Pleno. (La señora Lasagabaster Olazábal: ¡Léelo!) En el Pleno se exige que nadie se oponga y además
que se retiren las enmiendas. En la Comisión se exigen tres requisitos y creo que las tres se han cumplido. Se exige, primero, que la enmienda transaccional se presente durante la discusión del artículo y, de hecho, se ha presentado durante la
discusión del artículo. Dicho artículo habla de la presentación de nuevas enmiendas y en este caso se trata, por definición, de nuevas enmiendas. Se dice que la enmienda debe presentarse en ese momento, durante la discusión del artículo y por un
miembro de la Comisión. Segunda condición, que tienda a alcanzar un acuerdo por aproximación con enmiendas ya formuladas. La tendencia a alcanzar un acuerdo por aproximación es obvia en este caso, porque mientras que el texto habla del 5 por
ciento y las enmiendas de los otros grupos parlamentarios hablan del 3 por ciento, es evidente que hay una aproximación cuando se quita del texto y se va a la ley electoral, donde evidentemente podría llegarse al 3 por ciento en su caso. Cuando es
imposible llegar al 3 por ciento es si deja aquí el 5 por ciento. Luego es obvio que es una aproximación. A otros grupos les podrá parecer insuficiente, muy bien, pero es una aproximación. Sin duda es algo más cercano al propósito de los grupos
que se saque de aquí y figure en la ley electoral que mantenerlo en el 5 por ciento aquí. Es evidente que se trata de una tendencia a la aproximación. Tercer requisito, que esa aproximación sea entre las enmiendas ya formuladas (La señora
Lasagabaster Olazábal: Eso.)y el texto del artículo. Las enmiendas han sido presentadas, han sido defendidas y, por tanto, ya están formuladas.
(La señora Lasagabaster Olazábal: No hay enmiendas.-Rumores.) Continúo, si me lo permite la señora
Lasagabaster. El requisito de que las enmienda, ya estuvieran formuladas se ha cumplido. Son enmiendas que fueron presentadas, que han sido defendidas oralmente en la Comisión (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.) y es evidente que en
ese momento nuestra enmienda transaccional ha adquirido vigor y plena vigencia. En el momento en que una enmienda transaccional adquiere plena vigencia -que ya la ha adquirido- su vida posterior no puede depender de que otros grupos retiren las
suyas o no. Ya tiene vida propia porque ha conseguido los tres requisitos que exige el artículo 114.3. (Rumores.) Posteriormente la vigencia de una enmienda transaccional no puede depender de que otros grupos hagan lo que quieran con las enmiendas
que ya han formulado. Pueden hacer lo que les parezca oportuno (La señora Lasagabaster Olazábal: No.) Incluso le diría más. El hecho de que se retiren no solamente no es un obstáculo, sino que, al contrario, facilita la votación de la enmienda
transaccional, como dice el artículo 119 en relación con el Pleno, en el que se exige la retirada. Además, las enmiendas se han retirado; luego no hay ninguna razón para poner en cuestión esta enmienda transaccional, que ha cumplido todos los
requisitos del artículo 114.3 y cuya votación no puede depender -cuando ya está en vigor- de lo que hagan otros grupos con sus enmiendas.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Pido el amparo.
El señor PRESIDENTE: El amparo no se le voy a dar señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias. Aparte de utilización fraudulenta, no me da el amparo.
El señor PRESIDENTE: No se lo voy a dar. El debate está concluido.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Es que yo quiero responderle...
El señor PRESIDENTE: El debate está concluido, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, creo que...
El señor PRESIDENTE: Lo siento, pero no hay más turnos.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, insisto.
El señor PRESIDENTE: No insista.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Me da igual...
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo que le da igual? (Risas.) No tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, es que es una falta de...
El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra. No es falta de nada. Yo le voy a explicar la decisión que adopta la Presidencia. Como hay una discusión sobre la interpretación del artículo 114, esta enmienda transaccional no se votará a
continuación y quedará relegada para las votaciones de la tarde y en medio convocaré una reunión de la Mesa para que estudie el asunto. No hay otra alternativa. Luego, la Mesa tomará la decisión que tenga que adoptar. Ya se han oído los
argumentos, se han oído muy bien.
No hace falta más debate. Vamos a pasar a la votación y esta enmienda no será votada.
Debo entender que han sido retiradas expresamente las enmiendas 171, 172, 168, 83 por documento y la número 39.
Pasamos a la votación de los títulos II y III.
El señor XUCLÀ I COSTA: Pido votación separada de los títulos II y III, tal como, quizá, tenía previsto hacer la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Todo lo correspondiente al articulado del Título II y del título III. De acuerdo. (El señor Jáuregui Atondo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, únicamente recordarle que junto a la enmienda transaccional debatida se ha presentado otra, una enmienda cuya tramitación sí requiere...
El señor PRESIDENTE: El presidente tiene constancia de ello.
Se ha solicitado por parte del Grupo de Izquierda Unida votación separada de las enmiendas 12 y 168 y desde la 66 a la 80 en una sola votación. Se había solicitado también de la enmienda 172, pero como ha sido retirada no se incluye. Vamos
a votar estas enmiendas y después someteremos a votación la enmienda a que ha hecho referencia el señor Jáuregui, que es una enmienda que ha sido presentada por tres grupos parlamentarios y que, al no estar soportada por ninguna otra enmienda, exige
la conformidad de todos los grupos parlamentarios. Pasamos a la votación de las enmiendas.
En primer lugar, enmiendas del señor Rodríguez Sánchez; enmienda número 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el resto de enmiendas del señor Rodríguez Sánchez, que son las enmiendas 10, 11 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Señora Lasagabaster, ¿quiere decirme si cuando en su primera intervención apoyó las enmiendas del señor Rodríguez apoyaba también las del señor Labordeta?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, como cambiaron la ordenación, he dado por defendidas todas. Como usted ha considerado que en la primera parte ya las había dado por defendidas, no lo he hecho en la segunda.
El señor PRESIDENTE: Estoy hablando de la enmienda número 1 del señor Labordeta.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí, la doy por defendida.
El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda número 1 del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas de la señora Lasagabaster. La enmienda que ha retirado es la número 168. Votamos las enmiendas números 167 y 169.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Votamos las enmiendas números 36, 37, 40, 41 y 47. La enmienda número 39 se ha retirado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas de Esquerra Republicana. Votamos por separado, como se ha solicitado, en primer lugar, de la enmienda número 66 a la enmienda número 80.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de Esquerra Republicana, números 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94. La enmienda número 83 ha sido retirada expresamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 173 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), puesto que han sido retiradas la 71 y la 72.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Estas son las enmiendas que teníamos previstas. Ahora tenemos dos enmiendas más. Ya he hecho referencia a una de ellas, que se votará esta tarde. Hay otra que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo
Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y que ha sido distribuida, que hace referencia a la garantía del uso de la lengua de signos propia de los sordos. ¿Algún grupo se niega a que se pueda votar esta enmienda? En este
caso, como no tiene soporte, bastaría con que uno se opusiera para que no se pudiera votar. Todos oyen muy bien lo que he dicho en este caso. (Risas.-Pausa.) Se puede someter a votación. Sometemos a votación la enmienda transaccional al artículo
16 que modifica el artículo 13, al que acabo de referirme.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Nos queda ahora votar los artículos. Se ha solicitado que se voten los artículos del título I y los artículos del título II de forma separada, pero advierto que no vamos a votar el artículo 23 dado que está pendiente de la votación de una
enmienda transaccional. Por tanto, votamos los artículos del título II.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos ahora los artículos del título III, salvo el artículo 23, pendiente de la votación de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Hemos terminado las votaciones de los títulos II y III, salvo el artículo 23 y la enmienda transaccional, pendientes para la tarde.
Vamos a entrar en el título IV, las competencias. No tiene muchas enmiendas y con un poco de rapidez en las intervenciones podríamos terminarlo.
El Grupo de Izquierda Unida ha presentado las enmiendas 42, 43, 44 y 45.
La señora Navarro (tiene la palabra. (Pausa.) no me debe estar escuchando.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Las enmiendas del señor Rodríguez se dan por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Sí señora Lasagabaster, ya lo manifestó.
Señora Navarro, tiene usted la palabra para defender las enmiendas 42, 43, 44 y 45 al título IV.
La señora NAVARRO CASILLAS: Perdone, señor presidente, pero, dado que había enmiendas previas a las mías, estaba contestando al teléfono.
Aparte de que pensaba que se iba a hacer un receso para que precisamente la Mesa decidiera cuestión
tan importante como la interpretación del artículo 144. Aquí seguimos despachando el Estatuto valenciano como si fuera cosa de
nada, una ley poco relevante, parece ser, por el tratamiento que se le está dando.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué quiere decir la señora diputada?, porque no quiero dejar pasar una cosa así.
La señora NAVARRO CASILLAS: Pues que estamos yendo muy rápido. Me agrupan todas las enmiendas para que las defienda de manera conjunta y no puedo fijar mi posición respecto de las enmiendas de otros grupos, como se hace normalmente cada
vez que alguien defiende sus enmiendas...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, si usted no puede soportar sus propias enmiendas es su problema, pero aquí no solo...
La señora NAVARRO CASILLAS: Yo defiendo mis propias enmiendas...
El señor PRESIDENTE: Déjeme hablar. Está hablando el presidente.
La señora NAVARRO CASILLAS: Estaba hablando yo.
El señor PRESIDENTE: No solo no se está yendo rápido, sino que se está consumiendo hasta tres veces el tiempo asignado en cada intervención. La señora diputada no puede decir lo que ha dicho. Siga con la defensa porque además consume su
tiempo.
La señora NAVARRO CASILLAS: La señora diputada dice lo que piensa amparada en la libertad de expresión de la que disfruta y en el turno que le corresponde. Lo que digo es que no podemos manifestarnos en relación con las enmiendas de los
otros grupos porque lo normal es que, cada vez que alguien defiende sus enmiendas, haya un turno para fijar posición respecto de las mismas, pero la Mesa ha decidido otra cosa y a esta diputada no le agrada. Sencillamente, parece ser que las
críticas no son bien aceptadas por la Presidencia de la Mesa, pero yo tengo derecho a hacerlas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, defienda sus enmiendas, por favor.
La señora NAVARRO CASILLAS: La enmienda número 42 versa sobre el establecimiento prioritario del apoyo de nuestra Administración autonómica a la enseñanza pública. El Estatuto no recoge absolutamente ningún derecho en cuanto a la
educación. Me imagino que a algunos diputados, si me estuvieran escuchando, les sorprender este extremo, pero es así. No recoge absolutamente ningún derecho, ni siquiera una obligación de las administraciones públicas de dar prioridad a la
enseñanza que es de todos, la pública, y por eso se plantea esta enmienda, una enmienda que, lógicamente, ha sido rechazada por el Partido Popular en la ponencia, con la connivencia permanente del Partido Socialista. En el País Valenciano es normal
que el Partido Popular, desde que obtuvo la mayoría absoluta, no quiera recoger la prioridad de la enseñanza pública, puesto que sencillamente no cree en ella. A los hechos me remito, a sus reivindicaciones en las modificaciones de las leyes que
afectan a la educación y en las manifestaciones públicas que hace reiteradamente, así como a quién dedica el dinero de los fondos públicos en cuanto a los conciertos: a los colegios religiosos e incluso a aquellos que discriminan por razón de sexo.
En el País Valenciano tenemos a todos los alumnos en barracones, por supuesto a aquellos que estudian en la pública, que reciben mucho menos dinero por alumno que los que estudian en la privada, en que el 75 u 80 por ciento es religiosa, se incumple
el mapa escolar y además tenemos los colegios más caros del Estado español gracias a la creación de la Sociedad de Infraestructuras Educativas por parte del partido Popular, que ha significado fomentar lo que para ellos es todo: la educación, un
negocio. Así lo tratan y así lo recogen y por eso no consta en el Estatuto. En cualquier caso, nosotros vamos a luchar hasta el final para que se reconozcan los derechos de los ciudadanos a tener una educación pública laica y de calidad, pues la
educación, señorías, ha de ser un instrumento de promoción social, de igualdad de oportunidades, de desarrollo de la formación de las personas para caminar hacia una sociedad más justa e igualitaria. La educación pública es la única que puede
garantizar el ejercicio de estos derechos en condiciones de igualdad y democracia, y el Partido Popular no cree en la educación pública, como tampoco es apoyada a través de esta enmienda por el Partido Socialista. En cualquier caso, pido el voto
favorable para la misma; siempre están a tiempo de rectificar.
La enmienda número 43 se refiere a la gestión directa de la sanidad. En el País Valenciano sufrimos también la privatización permanente e in crescendo de la sanidad, porque el Partido Popular no solo trata como un negocio a la educación,
sino también a la sanidad. Así, lo que hacen es blindar contratos de gestión privada, que convierten a los hospitales públicos en meras empresas, en negocios que pagamos entre todos los contribuyentes y de los que solo se benefician los amigos del
Partido Popular. Esa es la situación dramática que padecemos y, por supuesto, desde aquí la denunciamos. Si no fuera así, que se atrevan a votar a favor nuestra enmienda, en la que pedimos gestión directa y pública para un valor tan importante
como es la sanidad.
En la enmienda número 44 pretendemos la ampliación de competencias en seguridad vial. En la enmienda número 45 planteamos una cuestión básica.
En principio da mucha risa, pero después da pena que en nuestro Estatuto -porque es el Estatuto
que se nos va a aplicar a todos- tengamos que padecer un artículo como el número 57, que dice así: El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna es templo espiritual, político,
histórico y cultural del antiguo Reino de Valencia, símbolo de la grandeza del pueblo valenciano, reconocido como nacionalidad histórica. Es punto de encuentro y unión sentimental de todos los valencianos. Señorías, no sé si se puede ser
más carca y rancio de lo que se es en este precepto del Estatuto valenciano. Señorías, yo no soy creyente y, a pesar de ser valenciana, no tengo por qué tener como templo espiritual el Real Monasterio de Santa María de la Valldigna ni ningún otro
monasterio. Mi templo espiritual ya lo encontraré yo, si es que lo encuentro, pero desde luego me niego a la imposición por parte de esa mayoría derechista del Partido Popular, junto con el Partido Socialista, de la existencia de un templo para
todos los valencianos, que es el que ellos han decidido. Por supuesto, en unión sentimental, tampoco nos vamos a encontrar. Ningún edifico puede ser erigido como templo espiritual de una comunidad laica en un Estado aconfesional. Además, el que a
través del Estatuto se obligue a dotarle de una partida presupuestaria anual en todos los presupuestos que a partir de ahora se hagan en la Comunidad valenciana para ir restaurando, conservando y manteniendo este monasterio, intenta condicionar a
los futuros gobiernos que pueda haber en el País Valenciano, dejando cerrada la obligación de que este templo siga siendo el centro espiritual, político y unión sentimental de todos los valencianos, y además la de destinarle recursos económicos.
Esto huele a naftalina o mucho peor. Pedimos la absoluta supresión de este artículo, porque es la prueba evidente de que este Estatuto no es solo el del Partido Popular, sino el de la vergüenza, el de una derecha del pasado, que debe asomarse a la
democracia y a la realidad social valenciana, en la que no solo están ellos, sino mucha más gente que ve las cosas de otra manera y que no encuentra ningún reflejo en este Estatuto que nos han presentado.
El señor PRESIDENTE: Como no están los representantes del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de Esquerra Republicana ni del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Sáenz de Santamaría.
La señora SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN: Procuraré ser breve por la hora y porque, por la ausencia de público, parece ser que no importa una de las partes que considero esencial de un estatuto de autonomía, que son las competencias. Mi
intervención va a ser de las menos sentimentales que van a tener lugar en esta mañana, pero en mi opinión, será por deformación, el núcleo esencial de un estatuto de autonomía, entre otras cuestiones, es el conjunto de competencias que en su régimen
de autogobierno asume una comunidad.
Como quiero ser breve y no quiero olvidar ninguna intervención, permítanme que divida en tres partes lo que ahora voy a exponer. En primer lugar, una breve referencia a los términos de la reforma; en segundo lugar, un breve análisis de las
reformas del Partido Popular que coinciden con las del Partido Socialista, y por último un breve comentario a las enmiendas planteadas por otros grupos, aunque no las hayan defendido, salvo la señora Navarro, que, a pesar de los términos de su
defensa, es de agradecer que esté presente.
Todos ustedes conocen mejor que yo cuál ha sido la trayectoria histórica del régimen de autogobierno de Valencia, sobre todo en el tema competencial. Todos ustedes conocen que nació como una comunidad autónoma de las entonces llamadas de la
vía lenta y que para acceder al régimen de autogobierno de las otras comunidades llamadas de la vía rápida,la reforma del Estatuto de Autonomía fue acompañada de una ley orgánica de transferencias conocida comúnmente como la Lotrava; también pasó
en el Estatuto de Canarias. Hay que decir que el Estatuto de Valencia no fue reformado más que en dos ocasiones, una de ellas precisamente para incorporar como disposición adicional todo el régimen de competencias atribuidas por la Ley orgánica de
transferencia o delegación, que fue la Lotrava.
Estamos, por tanto, a mi juicio y esencialmente en el tema competencial, ante una reforma pendiente del Estatuto de Autonomía de Valencia, que curiosamente no había asumido competencias que otras comunidades autónomas de las llamadas de vía
lenta habían asumido ya con las reformas como consecuencia de los pactos autonómicos de 1992 y el acuerdo de 1996.
Permítanme un inciso que creo que viene al caso: ¡Qué buenos tiempos aquellos de los pactos autonómicos cuando los grandes partidos
se ponían de acuerdo en reformar los estatutos de autonomía! Se evitaban problemas y conflictos; creo que esta es una costumbre constitucional que convendría mantener; no lo digo yo, lo ha dicho el informe del Consejo de Estado a petición del
Gobierno.
Siguiendo con esta cuestión, decía que es una reforma pendiente y necesaria, porque curiosamente la Comunidad Autónoma de Valencia no tenía incluidas en su Estatuto de Autonomía competencias que sin embargo ya se venían ejerciendo en otras
comunidades autónomas. Por consiguiente, esta reforma nace para equiparar el estatus de autogobierno del Estatuto de Valencia con el resto de las comunidades autónomas de España, no verán ninguna competencia que no esté ya incluida en otros
estatutos de autonomía. En segundo lugar, está basada en un respeto íntegro al artículo 149 de la Constitución. Creo que es una tragedia que en este país se esté olvidando que el reparto competencial viene establecido por la Constitución, y flaco
favor se hace a los ciudadanos cuando en pro del autogobierno lo que se hace es detraer al Estado competencias que puede y debe ejercer mejor en beneficio de todos. Siempre he pensado que las competencias deben ser ejercidas por aquella comunidad
autónoma que pueda hacerlo mejor en beneficio de los ciudadanos y que lanzarnos a carreras reivindicativas de quién tiene más autogobierno es lanzarnos a carreras reivindicativas de quién tiene más poder y no pensar en
que el ciudadano pueda recibir mejores servicios públicos de una u otra administración.
No verán en este Estatuto de Autonomía, a pesar de que algunas enmiendas así lo piden, ninguna transferencia de las del artículo 150.2, primero, porque nosotros mantenemos que esas transferencias deben hacerse siempre en una ley que es
voluntad e iniciativa del Estado y no pueden incorporarse a ningún estatuto de autonomía y, segundo, porque es respetuoso con el sistema de listas que hasta ahora era la tónica general en todos los estatutos de autonomía. Y aunque parezca una
formalidad creo que no lo es desde el momento en que el reparto competencial nace de la propia Constitución, se completa con los estatutos de autonomía y se resuelve por el Tribunal Constitucional. Tratar desde un estatuto de autonomía de blindar
las competencias de esa comunidad autónoma en detrimento de las demás y del conjunto del Estado me parece flaco favor hacia un Estado viable y moderno que tiene que ser autosuficiente para seguir gestionando las tareas que le impone el siglo XXI.
Decía, pues, que no es un Estatuto que altere el reparto competencial de la Constitución, no es un Estatuto que blinde las competencias de la Comunidad Autónoma frente al Estado y frente a otras comunidades autónomas, no es un Estatuto que
defina la legislación básica. Permítanme que les diga, al hilo de alguna enmienda que se ha presentado, que es una flagrante vulneración de la Constitución que desde un estatuto de autonomía se diga al Estado y al resto de las comunidades autónomas
hasta dónde puede llegar el Estado a la hora de homogeneizar la legislación básica. La legislación básica no es un capricho del Estado, sino la norma que marca la igualdad y la homogeneidad de derechos entre todos los españoles. Por eso este
Estatuto de Autonomía es garante de la igualdad y la solidaridad, y además no es un Estatuto que condicione en ningún momento el ejercicio de las competencias del Estado. La Generalidad Valenciana no se atribuye ninguna competencia que no le dé la
Constitución, y en particular no se atribuye la potestad de codecidir o fijar las grandes políticas del Estado que a éste corresponden, en particular a su Gobierno, con arreglo al artículo 97, ni se autoatribuye la autorización de la Generalidad ni
ningún tipo de informe previo a la hora de que el Estado ejerza como debe las competencias que tiene atribuidas exclusivamente por la Constitución en el territorio de la Comunidad Valenciana y de cualquier otra. Sirva este breve inciso para decir
que hay muchas maneras de tratar las competencias en el estatuto de autonomía. Creo que este Estatuto de Autonomía es un Estatuto garante de la Constitución, del reparto competencial y que contribuye a que se ejercite por cada administración las
competencias en beneficio de sus ciudadanos y no una carrera enloquecida hacia más poder de ciertas comunidades autónomas.
Las enmiendas que ha presentado el Partido Popular, y que coinciden exactamente con las presentadas por el partido Socialista, son mejoras técnicas y de clarificación, para que a nadie le quepa ninguna duda de que la voluntad, al menos de mi
partido en la Comunidad Valenciana y, desde luego, en las Cortes Generales, es respetar en todo momento la Constitución. Se ha sustituido, como se ha expuesto en otras expresiones, la de derecho civil foral porque nos parece que es la más conforme,
desde el punto de vista técnico, con el artículo 149.1.8 de la Constitución.
También se ha hecho la salvedad en el tema de academias, asociaciones y fundaciones, aquellas que tengan su actividad principal en la Comunidad Valenciana. Ahora que nos
asiste una ola de deslocalización de entidades públicas estatales viene bien, no sea que, aunque se traslade su sede a la Comunidad Valenciana, no sean valencianas precisamente por ser instituciones estatales. Hemos clarificado las competencias con
relación a los servicios públicos de Empleo y Costas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de los años ochenta, y hemos incluido una mejor redacción con relación al tema del catastro porque para nuestro partido, y así se
deriva de la Constitución, el catastro es una competencia puramente estatal en el que las comunidades autónomas, sin embargo, pueden colaborar como ya de hecho lo vienen haciendo numerosos ayuntamientos, entre ellos los de la Comunidad Valenciana.
Quería hacer una breve referencia a las enmiendas presentadas por otros grupos aunque no estén aquí para defenderlas. En primer lugar, a las del Grupo Mixto, y dado que algunas se repiten por el Grupo de Izquierda Unida, me remitiré a la
respuesta que le daré a la señora Navarro. Sobre la creación de un cuerpo único de bomberos que propugna el Grupo Mixto, le recordaré que lo va a encontrar en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. Creo que en estos momentos se está
hablando mucho de competencias de las comunidades autónomas y volvemos a olvidarnos de las competencias de las corporaciones locales. Es el momento de las corporaciones locales y flaco favor les haríamos si ahora les privamos hasta de su cuerpo de
bomberos, si lo hacemos desde el punto de vista de una gestión autonómica. Las competencias deben ser gestionadas por la administración que mejor lo haga. No creo yo que un cuerpo único de bomberos sea el mejor sistema de gestionar los incendios
de los pequeños pueblos de la Comunidad Valenciana. Un poco de sensatez y de sentido común vienen bien más allá de las reivindicaciones autonómicas.
En segundo lugar, y sobre las expresiones de la señora Navarro, aunque creo que no está aquí para oírlo, simplemente quería clarificarle una cuestión. El modelo de enseñanza que defiende el Partido Popular es el modelo de enseñanza que
todos votamos en la Constitución y que reconoce el artículo 27. Se reconoce el derecho a la enseñanza y la libertad de los padres para elegir la enseñanza que mejor quieran para sus hijos.
Creo que el derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza son la cara de la misma moneda y ese es el modelo que defiende el Partido Popular. También se reclaman competencias en materia de tráfico y de seguridad vial. Olvida la señora Navarro que sería necesaria una transferencia
del Estado, pues son competencias propias. Sobre la expresión del Monasterio de la Valldigna, carca y rancio, derecho del pasado y que el PP se asome a la democracia, yo ya nací asomada a la democracia y espero que se mantenga. La
democracia no es de ningún partido, sino de todos, y el hecho de que estemos aquí a las dos y media de la tarde discutiendo las competencias que a nadie le interesan es ejemplo de que la democracia sigue funcionando la quieran o no la quieran oír.
Con relación a la enmienda del Grupo Vasco hay una cosa que me suscita una gran preocupación. No creo que una comunidad autónoma sea de mayor o menor nivel tratando de minusvalorar los derechos de otras comunidades autónomas. El Grupo
Vasco propone que en vez de derecho civil foral valenciano se llame derecho civil consuetudinario. Creo que la Constitución respeta los derechos civiles forales allí donde existan. El Tribunal Constitucional ha reconocido que Valencia tiene su
derecho foral a raíz de una sentencia con relación a los arrendamientos rústicos históricos. No voy a discutir si la Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencias en materia de derecho civil. Simplemente le recuerdo que su derecho civil
nace, no del derecho civil de la comunidad, sino de tres foros distintos: de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, con muchísimas salvedades con relación a algunas de sus villas, como es el caso de las diez villas. Creo que hay que respetar la
autonomía de otros, y flaco favor nos haremos si para ser nosotros más autonómicos les negamos a otros que lo sean un poquito más.
Finalmente, creo que las enmiendas más amplias son las del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, a algunas de las cuale ya he hecho referencia. Nuestro partido no puede admitir el blindaje de competencias que, como exportación del
modelo catalán, quiere incluirse en el Estatuto Valenciano, tampoco la gestión de puertos y aeropuertos de interés general, ni la Inspección de Trabajo. Por otro lado, consideramos que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, de
aquellas que constituyen un núcleo intransferible e indelegable, y flaco favor haríamos a la gestión de la inmigración en España si la dividiéramos en 17 ó 19 compartimentos estancos cuando la Unión Europea va hacia una política común. También me
parece un atentado contra la autonomía local la organización local que propone el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Me gustaría que aquellos que invocan tanto autonomismo, federalismo o nacionalismo se dieran cuenta de que la autonomía de
las corporaciones locales nace directamente de la Constitución, que no está subordinada ni al Estado ni a las comunidades autónomas, y que los estatutos de autonomía deben respetar las bases del régimen local. En este punto muchas comunidades
autónomas van hacia un neocentralismo con relación a las corporaciones locales queriendo verlas como las hijas pequeñas o menores de la autonomía. Las corporaciones locales desarrollan una labor esencial, cercana a los ciudadanos y desde luego no
pueden minusvalorarse ni mediatizarse por parte del ejercicio de las comunidades autónomas de competencias que no le corresponden, porque la autonomía de las corporaciones locales viene directamente de la Constitución. Tampoco estamos de acuerdo
con la enmienda relativa al marco propio de las relaciones laborales, primero, porque atenta contra la legislación básica del Estado y, segundo, porque es un modelo puramente intervencionista que trata de hacer de la Comunidad Valenciana un espacio
marco de relaciones laborales rompiendo la unidad de mercado y rompiendo la libre circulación de trabajadores que yo pensaba que existía en este país desde el momento en que la estamos promoviendo en el seno de la Unión Europea.
Finalmente, una única salvedad con relación al conocimiento del valenciano para el ejercicio de las labores propias de los notarios. Es bueno -y así se establece en la Ley de Política Lingüística de la Comunidad Valenciana- que en las
notarías se pueda atender a los valencianos en valenciano, pero no creo que sea un requisito inexcusable que todos los notarios de la notaría y su personal tengan la obligación de conocer el valenciano. Pongamos las cosas en sus justos términos:
bilingüismo equilibrado sí, monolingüísmo excluyente no.
Acabo ya, señor presidente, soy disciplinada, espero no haber ido muy rápido, pero quería hablar mucho y no consumir un tiempo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sáenz de Santamaría, ha sido muy disciplinada.
El señor Jáuregui tiene la palabra.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Mis apreciaciones a las enmiendas al título IV sobre el reparto competencial parten también de una posición de principio. Nosotros creemos que el Estatuto Valenciano ha traído una determinada formulación
competencial, de manera que el Parlamento de la Comunidad Valenciana ha establecido una determinada sistemática a la hora de establecer cuál es su nivel competencial en una serie de materias, en el desarrollo de lo que llamaríamos el título VIII de
la Constitución.
Pues bien, nosotros hemos querido ser muy respetuosos con esa propuesta y sustancialmente hemos mantenido la sistemática, la configuración, los conceptos, incluso la ordenación del sistema competencial. Es conveniente decir, a los
efectos de los debates sobre esta materia a propósito de las próximas reformas, que vamos a encontrarnos con sistemáticas de ordenación competencial muy diferentes. Como se sabe, el Estatuto de Cataluña nos va a traer una ordenación que no es mejor
ni peor, sino que es una ordenación por orden alfabético. Desde la agricultura hasta la vivienda va a establecerse una prolija determinación de las funciones competenciales que le corresponden a la Comunidad Catalana. En la Comunidad Valenciana se
ha hecho de otra manera, se ha seguido el clásico que inspiró los estatutos de autonomía de la primera generación de los
años ochenta, que era aquel que establecía una distribución competencial en función de la categoría de las competencias: las exclusivas, las compartidas o de desarrollo legislativo, y las ejecutivas grosso modo, sin entrar en más detalles,
porque como todo el mundo sabe luego hay algunas fronteras más complejas entre unas y otras. El Estatuto Valenciano ha hecho una sistemática que a nosotros nos parece bien y ha llegado al máximo de autogobierno que la Comunidad Valenciana ha
considerado que era, por así decir, su techo competencial, que grosso modo se asemeja o compadece con el marco constitucional.
Hay que decirlo claramente. El Parlamento de la Comunidad Valenciana ha hecho una ordenación competencial correcta. Como ha señalado la señora Sáenz de Santamaría y yo me sumo a sus palabras, es verdad que algunas correcciones técnicas
eran necesarias. De eso trata la docena de enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista presentamos para clarificar lo que llamaríamos un encauzamiento constitucional de esa distribución competencial. Es
bueno decir hoy que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, con esta reforma que estamos aprobando en la Comisión Constitucional, va a permitir un aumento del autogobierno para la Comunidad Valenciana. Esta es la afirmación más
necesaria de hacer porque este era también uno de los propósitos de los grupos proponentes, del gobierno de la Comunidad Valenciana y del primer partido de la oposición, que consensuaron esta reforma. Hay una clarificación y una mejora en el nivel
competencial de muchas materias. Pongamos el ejemplo de la justicia, que ya he citado antes, en donde va a haber un avance muy notable, desde el punto de vista de la intervención de Comunidad Valenciana en esta materia. También con la Unión
Europea, con la acción exterior con la innovación tecnológica y con muchísimas más. Este hecho me parece bueno porque es una de las razones que inspiran esta reforma. Desde la perspectiva del futuro de la Comunidad Autonómica Valenciana, aunque su
sistemática organizativa no sea, como he dicho antes, la de otras comunidades, su nivel competencial va a ser el máximo. Quiero aclarar esto porque alguien puede pensar que la regulación de autogobierno de otras comunidades pueden incurrir en
inconstitucionalidad o pretenden, como ha dicho la representante del Partido Popular, blindajes del sistema competencial. Al margen de lo que pretendan otros, tema que no voy a discutir a hora, me gustaría decirle a los valencianos y a las
valencianas que el sistema de ordenación competencial que España está configurando con estas reformas estatutarias, también van a ser aplicable a la Comunidad Valenciana, aunque no haya una referencia competencial expresa. Por ejemplo, si el
sistema de la inmigración, que ha sido citado en la intervención anterior, se reordena porque se produce una organización de esa función específica en España, también le será aplicable a la Comunidad Autónoma Valenciana, aunque no haya un título
competencial expreso. ¿Por qué? Porque el Estado se va a reordenar, y bien vía cláusula Camps, que no creo que sea necesaria, o por la vía de la transferencia de la ejecución de las materias que el sistema ordenará, transferirá a la Comunidad
Valenciana competencias a las que tendrá derecho aunque en su Estatuto no haya una referencia concreta. El sistema competencial en nuestro país se va a reordenar con la incorporación de una serie de materias que me parecen razonables y que son
consecuencia de 25 años de experiencia autonómica, de la evolución de los tiempos, de la existencia de nuevos elementos (la Unión Europea, la innovación tecnológica, el fenómeno migratorio, el envejecimiento de la población) que reclaman de una
manera natural un campo de intervención competencial ordenado de las comunidades autónomas, aplicable a todas las comunidades autónomas y a la Comunidad Valenciana, también. Querría señalar nuestra visión optimista de lo que va a ser el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana en el capítulo competencial que le va a permitir estar en el máximo techo competencial dentro de nuestra Constitución. Hay una enmienda de nuestro grupo, con pretensión de ser transaccional, presentada junto con
el Partido Popular al artículo 63, que reforma el artículo 57 del viejo Estatuto, a propósito del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna, sobre la cual querría hacer una brevísima referencia mi compañero Cipriá Císcar.
El señor PRESIDENTE: ¿Va en este título?
El señor JÁUREGUI ATONDO: Va en el artículo 63, que es el 57 antiguo, título IV.
El señor PRESIDENTE: Con gran brevedad, señor Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Con absoluta brevedad, señor presidente.
La enmienda que hemos presentado trata de mejorar técnicamente algunos aspectos que contenía el texto y, a su vez, recoger otra enmienda que pedía la protección del entorno paisajístico del monasterio. Para conseguir ambas cosas hemos
presentado esta enmienda que vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Con esta intervención hemos terminado el capítulo de las competencias y vamos a pasar a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas 14, 15, 16 y 17 del señor Rodríguez Sánchez, Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas de Izquierda Unida, salvo la número 45 y explico por qué no la votamos. Porque hay una enmienda transaccional que se fundamenta en las números 45 y 101, de Esquerra Republicana. Aquí no parece que haya problema
de soporte. Votamos las enmiendas 42, 43 y 44 de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Hay una enmienda transaccional que se soporta en la número 45, de Izquierda Unida.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sé qué artículo es, pero nadie me ha dado traslado del contenido de la transaccional, no se ha distribuido.
El señor PRESIDENTE: Es una enmienda transaccional que está fundamentada en la número 45 de Izquierda Unida y en la 101 de Esquerra Republicana, que dice que se modifica el artículo 63 que modifica al 57 con el siguiente texto: El Real
Monasterio de Santa María de la Valldigna es templo espiritual, histórico y cultural del antiguo reino de Valencia y es igualmente símbolo de la grandeza del pueblo valenciano reconocido como nacionalidad histórica.
La Generalitat recuperará, restaurará y conservará el monasterio y protegerá su entorno paisajístico. Una ley de les Corts determinará el destino y utilización del Real Monasterio de Santa María de la Valldigna como punto de encuentro de
todos los valencianos y como centro de investigación y estudio para recuperar la historia de la Comunitat Valenciana.
Señora Navarro, tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Dado que acabo de tener conocimiento de una transaccional que se basa en una enmienda de mi grupo parlamentario, pido un receso de un minuto para estudiarla porque no he podido poner ni una palabra aquí ni una
coma allá.
El señor PRESIDENTE: Tiene el receso de un minuto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quiero elevar una protesta por encontrarme en esta situación. No sé si tiene que ir dirigida a los grupos mayoritarios que lo pactan todo al margen del resto o a la Mesa; no lo sé porque
desconozco cómo se han producido los hechos. Pero desde luego quiero que conste en acta mi protesta.
Respecto al contenido, mantenemos nuestra enmienda de supresión de todo el artículo, porque son meros retoques del artículo quizá más vergonzante de todo el Estatuto, que es el que intenta imponer el monasterio como centro de encuentro
sentimental de todos los valencianos.
El señor PRESIDENTE: Como su enmienda se separa más del texto, la votaremos en primer lugar; si es aprobada así queda y si es rechazada votaremos después la transaccional.
Votamos la enmienda número 45, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 32; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda transaccional presentada por los grupos Socialista y Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos ahora la enmienda 130, del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A petición de la señora Navarro votamos por separado las enmiendas de Esquerra Republicana.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 102.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de Esquerra Republicana, excluidas las número 98 y 102, que ya han sido votadas; es decir, de la 95 a la 101.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Con esto hemos terminado la votación de las enmiendas. Pasamos a votar el articulado del título IV, sobre las competencias.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Hemos terminado este bloque. Quedarán los dos bloques del título V, VI y VIII, el VII no tiene enmiendas, y después el bloque del título IX, X y las disposiciones adicionales.
Se convoca de nuevo la Comisión a las cuatro y media.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, reanudamos la sesión.
Como saben, la Mesa ha tenido una reunión. Cuando llegue el momento de las votaciones entraremos en la cuestión de la enmienda transaccional para mantener el suspense durante un rato, a ver si así se dan prisa en los otros bloques.
Entramos en el debate del bloque constituido por los títulos V, VI y VIII; el título VII no figura porque no tiene enmiendas. Título V, relaciones con el Estado y otras comunidades autónomas; título VI, relaciones con la Unión Europea, y
título VIII, Administración local. No hay nadie del Grupo Mixto, con lo cual tiene la palabra, en nombre del Grupo de Izquierda Unida...
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, yo soy del Grupo Mixto, y aunque no tengo enmiendas, doy por defendidas las del Grupo Mixto, pero que quede constancia en acta de que estoy.
El señor PRESIDENTE: Del Grupo Mixto sí está la señora Lasagabaster, pero el señor Rodríguez Sánchez, que es el que tiene enmiendas, no está. Por cierto, esta técnica de que yo doy aval de que esto sigue para adelante también la tendríamos
que revisar algún día.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Si usted quiere, también lo revisamos, lo que pasa es que afectaría a mucha gente y a muchas intervenciones.
El señor PRESIDENTE: No lo presendo para hoy, pero cuando empezó a trabajar este Congreso en el año 1977 decaían las enmiendas presentadas por quien no estaba presente.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: A mí me parece lógico. El Grupo Mixto es bastante atípico y solemos estar casi siempre en todo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida, para defender las enmiendas números 46 y 48, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: La enmienda...
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Perdón, señor presidente, para una cuestión de orden. Estoy seguro de que sí, y lamento interrumpir a la señora Navarro y a la Mesa, pero ¿se ha comprobado si las enmiendas 49, 50, 52, 54, 55 y 56,
de Izquierda Verde-Izquierda Unida, están también unidas al bloque que estamos debatiendo? A lo mejor son más, porque hemos quedado que Economía y Hacienda pasaba a debatirse con...
El señor PRESIDENTE: Economía y Hacienda está en el bloque quinto, con el título X y las disposiciones transitorias.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Pensé que se había adoptado otro criterio.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, perdón por la interrupción.
Adelante.
La señora NAVARRO CASILLAS: La enmienda número 46 versa sobre la necesaria colaboración entre las comunidades autónomas que forman parte de la antigua Corona de Aragón. Como ya he mencionado esta mañana, resulta sorprendente la negación de
nuestros orígenes históricos por parte del Partido Popular -en connivencia siempre, en todos los aspectos, con el Partido Socialista- en aquello que les interesa. Quieren recoger el pasado de unas cuestiones, pero niegan absolutamente otras.
Nosotros no queremos negar nuestra historia, sino reconocerla, aprovecharla y disfrutarla y por eso reivindicamos nuestros vínculos culturales y presentamos esta enmienda para que la pretensión de mantener dichos vínculos esté recogida expresamente
en el Estatuto. Lo cierto es que se tiende a mirar al extranjero para buscar vínculos de este tipo como, por ejemplo, de España con Latinoamérica, pero los vínculos más cercanos que forman parte de nuestra historia, como digo, se niegan y rechazan.
Desde Izquierda Unida creemos que se ha de hacer todo lo contrario porque tenemos que trabajar por una política que beneficie a los valencianos en todos los ámbitos, que proteja nuestra cultura, nuestros espacios y también las relaciones de tipo
mercantil que pueda haber entre las distintas comunidades. Es decir, nos entendemos de una manera distinta porque tenemos un origen cultural idéntico y todo eso, este tipo de relaciones, debe estar reflejado en un estatuto como un mínimo lógico y
razonable.
En cuanto a la enmienda número 48, establece la reducción de la mayoría suficiente para aprobar la ley de comarcalización. Esto es, pedimos la mayoría absoluta y no la de dos tercios que se ha establecido en la propuesta de Estatuto que
viene de las Cortes Valencianas. En concreto lo que ocurre es que tanto en ésta como en la Ley Electoral como en la reforma del Estatuto de Autonomía y su aprobación se requiere una mayoría que siempre exige el consenso entre los dos partidos
mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, lo que deja totalmente fuera del debate, como estamos viendo una y otra vez en todas las votaciones que se están produciendo aquí y como ya ocurrió en las Cortes Valencianas, a los grupos
minoritarios. Lo cierto es que la falta de respeto hacia esa tercera voz que representa una manera distinta de entender la sociedad por parte de los grupos mayoritarios es excesivamente habitual, pero en este caso incluso se pretende blindar y
garantizar a través del establecimiento de esa mayoría de dos tercios. Nosotros queremos formar parte de los debates en las instituciones, formar parte de una ley tan importante para nosotros como la ley de comarcalización, si algún día llega a
existir. Somos nosotros los que llevamos luchando desde hace años para que exista y para el reconocimiento de la comarca como entidad organizativa supramunicipal necesaria e histórica y, en cambio, lo que se busca es precisamente dejarnos fuera de
ese debate, tal y como se nos ha dejado fuera del debate estatutario.
El señor PRESIDENTE: No tenemos más intervinientes con enmiendas porque el Grupo de Esquerra Republicana no está presente, pero sí pueden ahora intervenir, si lo consideran pertinente, los grupos que quieran tomar posición.
Por el Partido Popular, señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Supongo que será para el Título V.
El señor PRESIDENTE: Si hubiera estado usted escuchando no lo supondría, lo sabría. Estamos en los títulos V, VI, VII y VIII.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Nosotros en este trámite, puesto que la mayor parte de las enmiendas que se han presentado son de Esquerra Republicana de Cataluña y lo único que hacen es reproducir a su vez miméticamente propuestas que ya
vienen en el proyecto de reforma del Estatuto catalán -que nosotros no compartimos- y además ni siquiera se han dignado a estar presentes en la Comisión para defenderlas, la verdad es que no debemos ocupar demasiado tiempo en su rechazo.
Simplemente, a nosotros nos parece absolutamente inadecuado todo aquello que intente suprimir las diputaciones provinciales en la medida en que desde un estatuto no se puede tomar una decisión de esa naturaleza, puesto que la Constitución establece
que las provincias forman parte de la organización territorial del Estado y las diputaciones forman parte de la organización de las provincias. Por lo tanto, nosotros rechazamos todo cuanto viene a suprimir las diputaciones provinciales. El
argumento en relación con nuestra disconformidad con las enmiendas de ERC es básicamente el mismo en relación con la Comisión bilateral Generalidad-Estado, que es una réplica exacta de lo que viene en el Estatuto catalán y con lo que nosotros
discrepamos ya que consagra la bilateralidad del Estado de una manera que nos parece absolutamente inadecuada por inconstitucional, en la medida que no se puede condicionar desde una comunidad autónoma el ejercicio por parte del Estado de sus
propias competencias. Dicho eso, evidentemente nosotros no estamos de acuerdo con la regulación de la Comisión bilateral Generalidad-Estado que proponen las enmiendas de ERC.
Tampoco estamos de acuerdo en que desde el Estatuto se establezca que la Generalidad pueda designar representantes en los organismos económicos y sociales como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, empresas públicas, organismos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Agencia Tributaria, el Consejo Nacional de la Energía, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Radiotelevisión,
etcétera, porque todo eso son competencias del Estado, forman parte de la legislación exclusiva del mismo y, en todo caso, será la legislación del Estado la que determine si las comunidades autónomas pueden o no participar en la designación de
representantes en tales organismos, pero nunca a la inversa y desde un estatuto decidir que haya representantes de la comunidad en esos organismos. Básicamente esto es lo que teníamos que decir al respecto de este título. Pero hay una enmienda de
especial sensibilidad que es la enmienda 46, de IU, en relación con que la Comunidad Valenciana establecerá convenios de colaboración con las comunidades autónomas de la antigua Corona de Aragón. El Estatuto ya prevé la posibilidad de que la
Generalidad establezca convenios de colaboración con cualquier comunidad autónoma, por tanto, la citación expresa de la antigua corona de Aragón no es necesaria y nos parece que entraña otros intereses que son de carácter político y que nada tienen
que ver con lo que realmente se pretende, que es que haya una colaboración leal con las comunidades autónomas con las que la Generalidad de Cataluña quiera establecer esas relaciones...
El señor PRESIDENTE: De Valencia. Comprendo que estaba haciendo discurso, pero es de Valencia. (Risas.)
El señor DEL BURGO TAJADURA: Perdón, Comunidad Autónoma de Valencia.
Perdón por la traición pero ahí está, esa es la cuestión.
El señor PRESIDENTE: Ya me había dado cuenta. (Risas.)
El señor DEL BURGO TAJADURA: Por lo tanto, nosotros estamos en contra.
Dicho esto, en estos títulos no tenemos nada más que añadir.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señorías, este bloque de materias sobre el que estamos fijando posición los distintos grupos parlamentarios es de los que no presentan grandes complicaciones puesto que no hay enmiendas de gran relevancia. Hay
algunas enmiendas, dos bloques de enmiendas de Esquerra Republicana -el señor Del Burgo ya lo ha señalado y yo también lo voy a reiterar- que tienen cierta relevancia y que merecen ser consideradas y discutidas, por supuesto, por una cuestión de
diplomacia parlamentaria, pero también para criticar el desborde constitucional que probablemente plantee este tipo de enmiendas. Es cierto que este bloque de materias no ha generado en el trámite que hasta aquí llevamos grandes cuestiones, pero
este bloque que recoge cuatro títulos: el título V, de relaciones con el Estado y con otras comunidades autónomas; el título VI, de relaciones con la Unión Europea; el VII, de Relaciones con el exterior o acción exterior y el VIII, Administración
local, son de esas cuestiones que yo creo que dan suficiente juego para embarcarnos en un proceso de reforma de un estatuto de autonomía, como ha hecho la Comunidad Valenciana, y -si me permiten- yo creo que también son de las que dan para
justificar la reforma de cualquier otro Estatuto de Autonomía.
Precisamente, la relación comunidad autónoma con el Estado y otras comunidades autónomas, la relación con la Unión Europea, la relación exterior o la Administración local son espacios
que quedaban deficitariamente recogidos en los estatutos cuando se aprobaron en la década de los ochenta y, por tanto, la actualización y la modernización de estas materias para la articulación y el mejor funcionamiento del Estado de las autonomías
lo hacían necesario aquí y en otros muchos estatutos.
Seguramente, cuando el debate sobre el Estado de las autonomías trascienda los nominalismos, trascienda las estrategias -yo diría que puramente electoralistas sobre simbologías y demás-, entonces tendríamos que hablar de temas como estos, de
temas competenciales que son los que realmente van a articular, van a vertebrar el Estado de las autonomías y que son los que realmente interesan a los ciudadanos por cuanto que eso es lo que va a facilitar que nuestro Estado de las autonomías sirva
para prestar mejores servicios, sobre la base de un mejor gobierno y una mejor administración a los ciudadanos y, por tanto, para mejorar su calidad de vida.
Entro sin más prolegómenos en los contenidos. El primer bloque es el referido a las relaciones entre la comunidad autónoma, el Estado y otras comunidades autónomas. Como todos ustedes saben, esta es una cuestión que tiene que ver con el
artículo 145, apartado 2, de la Constitución española que posibilita a las comunidades autónomas para celebrar convenios de colaboración y cooperación, para que las comunidades autónomas se vinculen con el Estado, con otras comunidades autónomas,
para que, en definitiva, desarrollemos un Estado de las autonomías no solo desde el reconocimiento de competencias para cada una de las comunidades, sino desde el reconocimiento de la existencia de todos en una unidad territorial y, por tanto, en un
modelo de mayor compromiso de todos los entes territoriales. Yo creo que este es un ámbito que está poco explorado todavía en nuestro Estado autonómico y me permito la oportunidad para señalar la necesidad de que reflexionemos sobre el desarrollo
de esta parte. Creo que el proyecto de las Cortes Valencianas, en sus artículos 59 y 60, ha supuesto un buen trabajo y sienta las bases para que se puedan desarrollar convenios de colaboración y cooperación en el marco de las previsiones del
artículo 145, apartado 2, de la Constitución y, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista, como el Grupo Popular ha señalado hace un momento, no ha introducido enmiendas sustanciales en esta materia porque consideramos que está bien fundamentado.
Solamente hemos presentado una enmienda al artículo 59, apartado 3, para confirmar y reiterar que las relaciones de cooperación y colaboración entre las instituciones no es solamente entre el Estado y la comunidad autónoma, sino que son unos
principios de lealtad institucional que se deben desarrollar entre todas las administraciones públicas.
No estamos, sin embargo, de acuerdo ni con la enmienda 18, del Grupo Mixto, ni con la enmienda 46, de Izquierda Verde-Izquierda Unida, que establecen un modelo de cooperación con determinados territorios de la antigua Corona de Aragón. Y no
lo estamos porque se trata de una reiteración que se puede subsumir en el artículo 59, apartado 4, y que también podría subsumirse en los convenios que se hagan al amparo del artículo 145.2 de la Constitución. Por lo tanto, no creemos que sea
necesaria esta mención específica.
En relación con las enmiendas de Esquerra Republicana, en primer lugar quisiera referirme a las palabras que el señor Cerdà ha dicho esta mañana, con todo respeto y consideración por supuesto a su posición política, cuando ha señalado que
este procedimiento estaba mostrando la derrota del Estatuto que se estaba aprobando. Simplemente, como han hecho otros diputados, quiero señalar que el 90 por ciento de los representantes del pueblo valenciano respaldan este proyecto de Estatuto,
el 85 por ciento de los ciudadanos valencianos, y eso en democracia es muy importante, así como también lo son las reglas de la mayoría, de una mayoría cualificada de estas dimensiones. Por tanto, demos a cada uno el valor que tiene, el respaldo
que este proyecto de Estatuto tiene.
No estamos de acuerdo con el bloque de enmiendas que comprende desde la 103 hasta la 108, a excepción de la 104, a la que hemos presentado una transaccional, que en la práctica no es tal, pues, salvo una palabra que modificamos, la
aceptamos. Por tanto, esa enmienda que hace referencia a que los senadores de las comunidades autónomas...
El señor PRESIDENTE: Esa enmienda no ha sido presentada.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Perdón, pensaba que la habíamos presentado. En ese caso, decía que no estamos de acuerdo con el bloque de enmiendas que comprende desde la 103 hasta la 108 por las siguientes razones. La enmienda 103 regula de
manera diferente las relaciones de cooperación con el Estado y las comunidades autónomas, pero no mejora el texto del proyecto, incluso podría complicar mucho la constitucionalidad de esas relaciones. En relación con las enmiendas 105 y 106, que
hacen referencia a la participación de las Cortes Valencianas en la designación de órganos constitucionales, me sumo a las palabras del señor Del Burgo. Estas enmiendas tienen un problema grave de constitucionalidad por cuanto estamos hablando de
órganos constitucionales, de órganos que tienen un desarrollo legal, cuya conformación está prevista en unos casos en la Constitución y en otros en la ley y desde luego el Estatuto de la comunidad autónoma no puede reformar esta materia. En todo
caso, habría que ir a la ley específica de esa institución para hacer ese tipo de modificación. Tampoco estamos de acuerdo con la enmienda 108, relativa a la Comisión bilateral de la Generalitat con el Estado. Esta enmienda genera un espacio de
solución de conflictos entre la comunidad autónoma y el Estado de carácter bilateral. Es cierto que nuestro Estado en gran medida es un Estado bilateral por cuanto muchos conflictos se solucionan de forma bilateral en el ámbito ejecutivo, como
todos conocen, con las comunidades autónomas, pero la formulación de la enmienda seguramente recogería ámbitos que deberían ser salvaguardados para instituciones de carácter multilateral, como un Senado territorial, las conferencias de presidentes,
etcétera.
El segundo bloque es el titulado: de las relaciones con la Unión Europea y la acción exterior. Como les decía, no hemos presentado enmiendas a este bloque, aunque sí quiero resaltar su importancia, porque el proceso de conformación de la
Unión Europea, el desarrollo del derecho europeo, la penetración de ese derecho europeo en los países que conforman la Unión y el desarrollo de las instituciones europeas hacen que las comunidades autónomas tengan algo que decir. Por ejemplo, el
proyecto que estamos discutiendo establece la posibilidad de que la comunidad tenga una delegación en Bruselas como órgano administrativo para la defensa y la promoción de los intereses propios, que ya está reconocido incluso por la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional; de que participe en los mecanismos de control dentro del principio de subsidariedad y en los procesos en los que el Estado fije la posición que afecte a la comunidad autónoma; de que participe en el Comité de las
Regiones y de que desarrolle la ejecución de la legislación de la Unión Europea. Es decir, este proyecto de Estatuto está integrando a la Comunidad Autónoma Valenciana en el derecho y en el funcionamiento de las instituciones europeas, lo que nos
parece de gran importancia. No estamos de acuerdo con la enmienda número 19, del Grupo Parlamentario Mixto, que pretende crear un organismo de promoción de la cultura valenciana cuando se puede hacer por otras vías.
Finalmente, para concluir, el tercer bloque es de la Administración local.
Este es un bloque que tiene algunas enmiendas que merecen la pena reseñar, así como que realice algunas precisiones sobre el mismo. En primer lugar, porque la
Administración local tiene una gran importancia en la articulación territorial del Estado español. No debemos olvidar que la articulación territorial del Estado español no se conforma solo sobre la base de la autonomía política, de las comunidades
autónomas, sino que también se articula sobre lo que se puede denominar, más/menos, la descentralización administrativa y local. A este respecto cabe hacer algunas precisiones, pero no puedo hacerlas en este momento. Las comunidades autónomas
tienen competencias en materia local, pero las competencias que desarrollan las comunidades autónomas en materia local se deben establecer dentro del contexto de las competencias del Estado y de las competencias propias que constitucionalmente
tienen previstas los propios entes municipales de acuerdo con los artículos 137, 141 y 142.
Como también señalaba el diputado señor Del Burgo, esto es una garantía institucional de la autonomía municipal que tiene una gran relevancia, que no
debemos perder de vista. Tanto las comunidades autónomas como el Estado en los próximos meses tendrán que hacer un esfuerzo para desarrollar esta autonomía local con la aprobación de la ley del gobierno de la Administración local por parte del
Estado. Como le decía, los socialistas no hemos introducido enmiendas a este bloque, tan solo hemos añadido una enmienda de adición en el artículo 66.4 para que cuando las Cortes vayan a legislar sobre una cuestión de carácter municipal tengan que
requerir previamente un informe de la Comisión mixta de la Generalitat con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para conocer su opinión. Sin embargo, como les decía, no estamos de acuerdo con las enmiendas números 23 y 24, que ha
introducido el Grupo Parlamentario Mixto, ni con las enmiendas números 110 y 111, que ha introducido Esquerra Republicana, porque propugnan cambiar la provincia como organización administrativa supramunicipal por la comarca. Por dos razones que son
de suficiente peso. Primera cuestión, porque hay que respetar la voluntad expresada en este proyecto de Estatuto por las Cortes Valencianas. También hay que señalar que la posibilidad de la comarcalización está prevista en
el artículo 65 del proyecto. Segunda cuestión, de no menos importancia, como decía antes, en la Constitución española hay una reserva institucional del reconocimiento de la autonomía local. Quiero señalar que esa autonomía local tiene un
reconocimiento de los municipios, artículo 137 de la Constitución; de las provincias, artículo 141 de la Constitución, y de las islas, artículo 141.4 de la Constitución. Por tanto, hay una reserva institucional en la Constitución de la entidad
provincial como ente local constitucionalmente reconocido; una opción de otra naturaleza invadiría el marco constitucional.
No podemos estar de acuerdo tampoco -y ya termino- con la enmienda número 22 del Grupo Mixto, que habla sobre financiación de los entes locales, porque no es el marco en el que tendríamos que ubicarlo sino en otro título de este proyecto de
ley. Finalmente, la enmienda número 48 de Izquierda Unida plantea cambiar la mayoría de dos tercios a mayoría absoluta para aprobar las leyes de comarcalización. En primer lugar, yo creo que esta es una cuestión estructural de la organización
territorial de la comunidad autónoma y, por tanto, si las Cortes Valencianas han entendido que se requiere una mayoría de esta naturaleza es porque precisamente quieren preservar un nivel de consenso relevante. No estoy de acuerdo con la
formulación de la enmienda y menos aún con la formulación de la defensa que ha hecho la señora Navarro, porque ha dicho: preferimos la mayoría absoluta. Que haya una mayoría más cualificada garantiza que tengan que participar más grupos o un mayor
número de diputados, por tanto preserva mucho más los intereses de la minoría. No estamos de acuerdo con esa enmienda. Con esto daría por terminada la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate de los títulos V, VI, VII y VIII. Pasamos a las votaciones.
En primer lugar, votamos las enmiendas 18, 19, 20, 22, 23 y 24 del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 46 y 48 del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de Esquerra Republicana. Votamos en primer lugar la enmienda 109, a petición de votación separada de la señora Navarro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de Esquerra Republicana, es decir 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110 y 111.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el articulado del título V, relaciones con el Estado y otras comunidades autónomas; del título VI, relaciones con la Unión Europea; del título VII, que no tiene enmiendas; y del título VIII, Administración local.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en contra, uno; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Nos queda un bloque. Antes de entrar en él, vamos a resolver el tema que quedó pendiente esta mañana, sobre la enmienda transaccional y el artículo que queda o no afectado por ella. La Mesa se ha reunido y ha tomado dos decisiones: una,
tomar contacto con los servicios de la Cámara para que informasen sobre su punto de vista y, dos, que el presidente tomase contacto directamente con el presidente del Congreso de los Diputados para conocer su criterio. La posición que la Mesa ha
adoptado es que, atendiendo al artículo 114.3 y, sensu contrario, al 118.3, que establece el mecanismo de las enmiendas transaccionales en el Pleno, se puede comprobar que la admisión a trámite de las enmiendas transaccionales en Comisión exige que
tiendan a buscar o a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las enmiendas ya formuladas y el texto del artículo. No se exige, como sí ocurre en el Pleno, la conformidad del resto de los grupos parlamentarios.
En el caso concreto que se nos ha planteado esta mañana, la enmienda transaccional fue presentada en relación de enmiendas ya formuladas con anterioridad y antes de que las enmiendas fueran retiradas. Tendían a aproximar el texto de la
propuesta y las enmiendas, muy especialmente las referidas a la enmienda número 172. La retirada de las enmiendas afectadas se produjo después de ser previamente presentada la enmienda transaccional. Por tanto, los requisitos reglamentarios se ven
cumplidos.
Atendiendo a eso, la Mesa ha tomado la decisión de admitir a trámite la enmienda transaccional, por cumplir los requisitos del artículo 114.3; manifestar al presidente de la Comisión el criterio de la Mesa de que se sometan a votación
y, a petición del Grupo Popular, solicitar que la Mesa se dirija a la Presidencia del Congreso de los Diputados
para que se establezca una resolución definitiva, con objeto de evitar que una situación como esta, en la que ha habido disparidad de criterios entre los distintos grupos, se pueda presentar en otras comisiones o en esta misma Comisión.
Debo añadir que el presidente del Congreso me ha hecho notar con mucha rotundidad que este es su criterio respecto del funcionamiento de las comisiones, pero que no afecta al funcionamiento del Pleno, que tiene otro criterio, como se establece en el
artículo 118.3. Esta es la resolución. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, respetando la decisión, no compartiéndola, tengo tres preguntas concretas. La primera de ellas no me ha sido respondida: ¿Cuándo se ha producido formalmente la entrega de la enmienda
transaccional a los grupos parlamentarios? Esta es la primera consideración que debemos saber, porque ahí está una de las claves en relación con la formulación. A esta diputada -es lo único que puedo decir; otros grupos dirán lo que consideren
oportuno- no se le ha transmitido, ni se le ha entregado, ni se le ha hecho saber, ni se ha puesto en su conocimiento por la Mesa ni por ningún grupo parlamentario la enmienda transaccional hasta que ya la ha defendido. Si esta parlamentaria no
hubiera defendido su enmienda, esta automáticamente hubiera decaído. Si esta parlamentaria hubiera considerado el conocimiento de la enmienda transaccional, hubiera tenido la libertad y la posibilidad de decidir qué hacía con su enmienda. No ha
sido el caso, al parecer por desconocimiento -vuelvo a repetir- de un determinado procedimiento fraudulento de la Comisión del artículo 114. Es decir, a partir de ahora se entiende que, sin presentar ninguna enmienda, esta parlamentaria, con la
connivencia o acuerdo de otro grupo parlamentario, podrá proceder a transaccionar cualquier enmienda de cualquier otro grupo, tendente o no -eso es interpretación subjetiva- al acuerdo hasta el último momento de la Comisión. Esto es un fraude en
toda regla de la posibilidad de presentar enmiendas. Nunca tendremos que presentar nuestras cartas encima de la mesa, sino utilizar las enmiendas de otros grupos; esto es lo que entiendo. En segundo lugar, quisiera hacer dos consideraciones.
Querríamos saber cuál es la mayoría por la cuál se ha tomado esta decisión, si todos los miembros de la Mesa han votado de manera unánime o si ha habido determinados votos particulares. En tercer lugar, solicitaríamos que en un tema tan
controvertido, tan simbólico y de tanta sensibilidad no fuera aprobado, en la medida en que como medida cautelar puede dar un determinado resultado, hasta que los informes jurídicos puedan haber sido solicitados para poder tenerlos en consideración
previamente al Pleno del jueves. Hay tiempo suficiente, es un tema de calado suficiente como para que hasta que no tengamos los informes jurídicos no se adopte ninguna medida. Por tanto, pedimos esta medida cautelar para el voto en una Comisión
extraordinaria previamente al jueves que vaya al Pleno. (El señor Esteban Bravo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, tengo que aceptar, como no queda otro remedio, el criterio expuesto por la Mesa y por la Presidencia, por supuesto, pero también tengo que manifestar mi disconformidad. A mí me parece que si las
enmiendas son transaccionales, y eso ha quedado evidenciado en las manifestaciones de todos los portavoces, transaccionar implica dos partes; no puede transaccionar uno con uno mismo. Por tanto, hace falta una referencia, y esta es una enmienda,
una enmienda que tiene dueño. Por tanto, lo lógico es que una de las partes de la transacción sea el grupo que ha presentado enmiendas. Curiosamente el caso que se nos presenta es que quienes han transaccionado son dos grupos que no han presentado
ninguna enmienda en su momento, en el plazo para presentarlas, y que toman como base una enmienda de un tercer grupo que no está de acuerdo con que eso sea una aproximación. A mí me parece que es un peligroso precedente. Dudo que haya sucedido
otras veces, pero si usted dice que ha sucedido tendré que creerle. A mí me parece que es un peligroso precedente que deja abierto todo a la sorpresa en la Cámara y sobre todo al albur de lo que decidan los grupos mayoritarios. Al final uno acaba
siendo no dueño de sus propias enmienda. Simplemente quería dejar eso de manifiesto en el 'Diario de Sesiones'. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Intervengo para dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' de la total disconformidad de mi grupo parlamentario y de esta diputada por la decisión adoptada por la Mesa, porque efectivamente significa dar amparo
a una práctica contraria no solo a la lógica, porque es evidente que cuando uno presenta una enmienda después si quiere que se modifique, se tendrá que pactar con él, sino a una interpretación razonable, racional del artículo 144 que habla de
acuerdo. ¿Acuerdo entre quién? ¿Acuerdo entre todos los demás, menos con el propietario de la enmienda? Eso es totalmente absurdo. Esta parlamentaria, nada más tener conocimiento de la existencia de esa transaccional y de haber visto reflejado,
como muy bien sabe el presidente, la mención a nuestra enmienda número 39, ha notificado por escrito que retirábamos nuestra enmienda. Si la enmienda era utilizada, ésta sería inmediatamente retirada por nuestra parte. Por tanto, quisiera que
constase en el 'Diario de Sesiones' que he llevado a cabo esa actuación, dos veces por si acaso, visto todo el follón que se ha producido esta mañana. Desde luego, no puedo tolerar que conste en ningún documento de esta Comisión que se ha utilizado
la enmienda número 39, porque
inmediatamente al tener conocimiento de ello la misma ha sido retirada. Lo contrario me parece un abuso absoluto, más que de cualquier técnica jurídica, una decisión política impuesta a los grupos minoritarios que estamos viendo aquí cómo
nos rechazan permanentemente todas las enmiendas los grupos mayoritarios, precisamente al amparo de esas mayorías que yo digo que no son democráticas; tendrían que mirar ustedes más allá de lo que tienen enfrente, en el otro lado. (El señor Xuclà
i Costa pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: En primer lugar, evidentemente este grupo parlamentario acata la decisión de la Mesa. En segundo lugar, se suma a quienes plantean la necesidad y la conveniencia de que se redacte una resolución por la Mesa y el
presidente del Congreso de los Diputados para que esta situación no se vuelva a reproducir. En tercer lugar, me sumo a los argumentos de la diputada Begoña Lasagabaster en cuanto al respeto procedimental y al momento en que se nos ha entregado la
enmienda transaccional, después de haber defendido nuestras enmiendas. En cuarto lugar, hay una cuestión de apreciación sustantiva del artículo 114.3, y cito dicho artículo: Siempre que tiendan a alcanzar un acuerdo por aproximación entre las
enmiendas ya formuladas y el texto del artículo.
Se ha hecho una referencia expresa a la enmienda 172 -enmienda del Grupo Parlamentario Catalán que ha sido retirada-, y quiero insistir en la percepción sobre si hay una aproximación o no por este
grupo parlamentario, que era el autor de la enmienda 172, interpretación que ya tiene un margen importante de valoración política. En este sentido, no se produce esta aproximación porque nuestra forma de entender, interpretar y valorar
políticamente el artículo 27 está conectada con el artículo 24 de este proyecto de Estatuto, por el cual la reforma tiene que ser aprobada por dos tercios. Por tanto (en este punto entro en la facultad que en última instancia corresponde a la Mesa
y al presidente), por nuestra parte esta aproximación sobre la base del artículo 172 no se ha producido. Finalmente, y como quinto y último punto, evidentemente me remito a lo que decía al principio, acatamos la decisión, pero sobre la base de lo
que supone parlamentar. Extiendo la reflexión sobre qué supone parlamentar al conjunto de los diputados, de los grupos y de la tramitación de este Estatuto que se lleva a cabo desde primera hora de la mañana. El hecho de que yo haya tenido
conocimiento de la existencia de una enmienda transaccional sobre una enmienda del Grupo Catalán de Convergéncia i Unió en el momento en el que se me ha entregado este papel no representa la esencia de parlamentar. Esto se puede y se debería
mejorar con esta resolución de la Presidencia. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Naturalmente nuestro grupo ante una decisión de la Mesa tomada por unanimidad, según ha aclarado el señor presidente, no tiene más actitud que la de acatar la decisión y, a través de quienes hacen
presente el sentir del Grupo Popular en la Mesa, pedir una resolución que resuelva con carácter general incidencias como la que hoy nos ha detenido tanto tiempo.
Señor presidente, acatada la decisión y pedida la resolución, me va a permitir que también tenga algo que decir sobre aquello que en los manuales de derecho parlamentario se llama filibusterismo y que cabalmente es aquello de lo que han dado
ejemplo (a ciencia y paciencia del resto de los grupos, así como de quienes representan a los grupos mayoritarios) los grupos que hasta el momento han intervenido. (La señora Lasagabaster Olazábal: ¡Por Dios!-Risas.-Rumores.) Les exijo que me
escuchen con el mismo respeto con el que yo les he escuchado. Llevamos escuchando muchas lindezas a lo largo de la jornada y llegará el momento en que al menos admitirán de quien les habla que les atribuya los calificativos que son de manual. El
filibusterismo no es una injuria, no es una insidia, sino sencillamente una calificación de manual de derecho parlamentario y SS.SS. lo pueden comprobar. Es filibusterismo abusar de la Presidencia y de la generosidad de los grupos, utilizando la
ausencia de quienes han presentado enmiendas, para defenderlas en el mismo turno, de un grupo que sólo tiene un representante, con arreglo al Reglamento del Congreso. Es filibusterismo abusar de esa generosidad en vez de dar por decaídas las
enmiendas, manteniéndolas a la hora de la votación, lo cual se hace a ciencia y paciencia de los dos grupos mayoritarios y de la Mesa de esta Comisión. Es filibusterismo de manual anunciar que esta diputada o aquel diputado del Grupo Mixto van a
mantener por sí y ante sí enmiendas o actitudes cuando es evidente que constituyen un grupo que necesita la firma del portavoz, que podría exigirse que hablara en nombre de todos los enmendantes y del propio grupo. (La señora Lasagabaster Olazábal:
Yo soy portavoz.) Por tanto, cuando se utiliza el Reglamento a favor, se tiene que acatar el Reglamento en contra, dicho sea para quienes han abusado a lo largo de la jornada de lo que en términos de derecho parlamentario se llama filibusterismo.
Señor Xuclà, S.S. ha hablado de aproximación en su intervención, pero ahora se desdice. Señor Xuclà, me va a permitir que diga que eso también es aprovechamiento del filibusterismo. (Rumores.) Señor Xuclà, un gran presidente de esta
Cámara, que lo fue por eso muchos años, decía que los argumentos en temas de procedimiento parlamentario son de ida y vuelta -de ida y vuelta, señor Xuclà-, y no tenga duda de que en las próximas semanas vamos a tener ocasión de recordarle a S.S.
los argumentos que en esta ocasión ha empleado. Los argumentos, señor Xuclà, son de ida y vuelta. Por
eso nosotros pedimos una resolución general, que esperemos que se acate, como la acatamos hoy el Grupo Popular y estoy seguro que acatará el Grupo Socialista. (La señora Lasagabaster Olazábal: Después de decir estas cosas, tenemos que
pedir la palabra.-La señora Navarro Casillas y los señores Esteban Bravo y López Garrido piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Nuestro grupo parlamentario no solo acata la decisión de la Mesa (que es una decisión que se ejecuta en el mismo instante, por tanto no cabe pensar en que hay una suspensión hasta otro trámite, porque la Mesa tiene
facultades para poder interpretar y para poder admitir a trámite las enmiendas que considera que deben admitirse), sino que apoya su argumentación y sus decisiones, incluida la de solicitar que haya una resolución general aclaratoria al respecto.
Por tanto, estamos absolutamente de acuerdo con lo expresado por el presidente de la Comisión.
Quisiéramos hacer algún comentario en relación con las consideraciones que han hecho otros grupos parlamentarios, respetándoles a todos ellos su derecho a poder intervenir o defender enmiendas en todo momento; derecho que en este instante
yo ejerzo con mucho énfasis porque, en definitiva, de lo que se trataba aquí esta mañana era de impedir a este grupo parlamentario que pusiera a votación una enmienda. (La señora Navarro Casillas: Si no teníais enmienda.) Esa es, en definitiva, la
cuestión.
Una enmienda que cuando se presentó entró en vigor como tal enmienda, tomó vida propia como tal enmienda y, por tanto, nosotros pedimos que se pusiese a votación y así lo ha admitido la Mesa de la Cámara. Otros grupos parlamentarios
pretendían abolir ese derecho e impedir que se pusiese a votación y que democráticamente esta Comisión decidiera lo que considerara oportuno, porque cada uno va a poder votar como quiera esa enmienda. Pretendían cercenar el derecho a la decisión de
esta Comisión sobre una propuesta que se expone públicamente ante ella. Eso era lo que se pretendía, que esta Comisión no tomase una decisión democrática.
En relación con la señora Lasagabaster, cuando dice que si hubiera sabido, si lo hubiera transmitido, lo cierto es que el sentido de las enmiendas transaccionales sobre la marcha, como dice el Reglamento, se interviene, y aquí de viva voz se
ha conocido en ese momento la enmienda transaccional y se han dado argumentos sobre ella. En el 'Diario de Sesiones' están todos los argumentos y en qué consiste. ¿Qué hubiera sucedido si ese propósito hubiera llegado a otros grupos horas o días
antes? No lo sabemos. Lo cierto es que en el momento en que se presenta ya hay una admisión y entra en la tramitación; es una enmienda que existe, que tiene vigencia y el hecho de que otros grupos retiren otras suyas no puede alterar lo que
suceda con esa enmienda. (Rumores.) Desde luego, nosotros hubiéramos reivindicado claramente nuestro derecho a que esa enmienda se pusiese a votación con toda claridad. (La señora Lasagabaster Olazábal y el señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde
pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Podrían dejar el torneo.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señor presidente, lo cierto es que no entiendo cuál es el fundamento de los argumentos del Grupo Nacionalista Vasco y de Izquierda Unida sobre la autoría de las enmiendas y de que entonces dejan de ser suyas. La
presentación de otras enmiendas no altera para nada lo que pueda hacer cada grupo con las suyas; sigue siendo absolutamente dueño. (La señora Lasagabaster Olazábal pronuncia palabras que no se perciben.) Quiero recordar, porque yo formo parte del
grupo que estamos trabajando en una reforma del Reglamento, que los grupos que han intervenido antes no han propuesto modificar este artículo del Reglamento del Congreso, y este artículo es muy claro. En el caso de la Comisión, a diferencia del
Pleno, como ha dicho el señor presidente, las normas son mucho más flexibles, y es lógico que lo sean. Son mucho más abiertas a que se presenten transacciones, a que se tienda a llegar a acuerdos entre todos los grupos, no solo con el grupo que
presenta una enmienda, con todos los demás, que se tienda a acordar cosas. Por eso no se exige la aceptación o no del otro grupo parlamentario con el que se transacciona.
Es una enmienda con el conjunto de la Comisión. Ese es el sentido de este
artículo 114, absolutamente distinto del 118, porque la Comisión es un lugar mucho más flexible y se propicia mucho más el debate, los acuerdos, las transacciones, que son mucho más rígidos luego en el Pleno. Este artículo tiene toda su lógica en
relación con el otro. Así que lo que nos parece un manifiesto abuso de derecho es tomar alguna decisión, como esta mañana se ha anunciado, de retirada de enmiendas con la pretensión de que la nuestra decayera. Eso es un abuso de derecho para
impedir el derecho de otros a presentar, a defender y a someter a votación democrática una enmienda que se va a decidir democráticamente en esta Comisión. No existe, que yo sepa, el derecho a que otro grupo no presente enmiendas.
Existe el derecho
a presentar enmiendas, pero no el derecho a que otros no las presenten, el derecho a que otros no puedan poner a votación las suyas. Ese es un derecho negativo, obstruccionista que no existe como tal derecho. Podrá valer como truco parlamentario,
pero no como derecho.
(Rumores.)
Termino, señor presidente. Si esta enmienda se somete a votación, si se aprueba no cabe duda, en relación con los grupos que han manifestado su oposición, de que paradójicamente el texto final estará más cerca de lo que ustedes han
presentado que del texto que hay ahora mismo; esa es la realidad. Si no se aprobara, si no se dejara que se votase quedaría un límite del cinco por ciento que está muy en contra de lo que ustedes han dicho. Por eso es difícil de entender que
cuando hay una aproximación, cuando se deja este tema para la Ley Electoral (por tanto, podría ser el cinco o el tres por
ciento, o lo que decidieran democráticamente el Parlamento de Valencia) haya grupos que pretenden lo contrario, que se oponen a esa aproximación que la hace mucho más fácil. Es ir contra la filosofía absoluta de las enmiendas con las que se
pretende transaccionar; eso es lo que es incomprensible; es incomprensible que hoy y aquí pretendamos ir en su línea y se opongan a ello. Hay una evidente, clara aproximación, que va a facilitar en el Parlamento valenciano que en el futuro pueda
ponerse el límite en el cinco o en menos; sin embargo, si se dejara el cinco por ciento en el Estatuto de Autonomía sería muy difícil que en el futuro se pudiera cambiar. Ese es el resultado político del asunto, estando de acuerdo con lo que ha
dicho el señor presidente en cuanto a la resolución jurídica de la cuestión planteada. (Las señoras Lasagabaster Olazábal y Navarro Casillas, y el señor Esteban Bravo piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, han pedido la palabra, pero permítanme, ya que algunos llevan hablando todo el día, que pronuncie una frase. La señora diputada me ha preguntado tres cosas y las quiero contestar. Aprovecho, ya que me dan esta
oportunidad, para intentar pacificar un poco la cuestión. Nosotros hemos considerado desde el punto de vista jurídico cuál podría ser la resolución y hemos recabado información jurídica para ello; pero, hemos considerado también el trámite
político que se ha hecho. Es justo hacer una interpretación pacificadora en el sentido de que algunos grupos se pueden sentir ajustadamente molestos porque otros presenten una enmienda transaccional sin comunicárselo; eso parece razonable. Eso
puede ser interpretado (algunos han utilizado palabras muy fuertes) no de forma muy regular en la cortesía parlamentaria. Asimismo resulta un poco extraño que se retiren enmiendas no porque ya no se pretenda ese fin, sino para que otros no puedan
poner a votación enmiendas, me reconocerán también que algo de irregular tiene en la cortesía parlamentaria, y no quiero utilizar los nombres de unos grupos y de otros.
Ahora bien, la señora Lasagabaster me ha preguntado tres cosas concretas.
La primera, ¿cuándo se presentó? Durante la sesión de la Cámara; en todo caso se presentó a la Mesa y en todo caso antes de que ningún grupo retirase ninguna
enmienda, que es el elemento central que se ha utilizado por los informes jurídicos, el momento procesal anterior o posterior al conocimiento de la retirada de la enmienda, y desde luego se presentó antes. La segunda pregunta es por qué mayoría.
Por unanimidad de la Mesa.
La tercera no es una pregunta, sino más bien una sugerencia: que se pudiera retrasar la decisión cautelarmente hasta que tuviéramos informes jurídicos. Hemos tenido informes jurídicos: el oral del letrado de la
Comisión, que nos ha informado en la Mesa, y también, tras la consulta al presidente de la Cámara, quien ha tenido a bien requerir informe oral asimismo dado el tiempo que había, el del secretario general de la Cámara. Se nos ha auxiliado
jurídicamente y, por tanto, a esa sugerencia no contestaremos afirmativamente. Dicho esto, algunos querían contestar a los rifirrafes, y yo les pediría que fueran breves y no creadores de otro torneo por parte de otro diputado de otro grupo. Creo
que son la señora Lasagabaster, la señora Navarro y el señor Xuclà. Señora Lasagabaster, por aquello de la cortesía, en este caso no solo parlamentaria.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, tenía pensado hacer otro tipo de intervención, pero le voy a hacer caso, aunque le parezca mentira y crea que no le sigo las recomendaciones que como presidente hace.
El señor PRESIDENTE: Yo sé que me aprecia, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Le aprecio y le voy a hacer caso, para que vea usted que soy una persona disciplinada y que además creo en el parlamentarismo. Creo en el parlamentarismo, y los que me conocen desde hace diez años lo saben.
Por eso me ha indignado tanto este asunto, no tanto por una cuestión práctica, que es muy importante, sino porque me apena profundamente que la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Valencia haya llegado aquí en estos términos. A
algunos les parecerá que no digo la verdad, pero quienes me conocen saben que digo lo que siento -se me nota enseguida cuando no digo lo que siento- y por tanto me apena. Esta es una cuestión de fuero parlamentario, lo digo con el mayor respeto al
Parlamento, a las mayorías y también a las minorías, y hay unas normas de juego. Ustedes tienen todos los votos del mundo y sacan tantas normas como quieran, especialmente si se juntan los dos grupos mayoritarios. Nadie ha hablado de que ustedes
no pudieran aprobar; si ustedes tienen todos los votos que quieren, hablamos de respetar las normas de juego. Es lo único que hemos hecho. Si ustedes quieren votar algo porque lo proponen, porque lo explican a la ciudadanía, porque entienden que
es lo mejor, porque lo dicen otros grupos parlamentarios, porque utilizan sus enmiendas, porque ponen las cartas boca arriba, porque dicen lo que hay, adelante. ¿Quién les ha parado a ustedes los votos alguna vez? ¿Cuándo se les ha boicoteado a
ustedes la votación de algo? Nunca. Ahora bien, si en vez de explicarlo claramente, si en vez de recabar el auxilio que ustedes en esta ocasión necesitaban de otros grupos parlamentarios pretenden dar un paseo militar, en términos coloquiales, y
hacer negación de cualquiera de los grupos parlamentarios que teníamos esa enmienda, eso no es tolerable, se tenga un escaño o se tengan 150 escaños. Esto es lo que hay detrás de todo esto, con el profundo respeto y con la profunda decepción que me
llevo, independientemente de lo que pueda opinar de esta propuesta del Estatuto de Valencia y de los ciudadanos valencianos, que se merecían mucho más, sinceramente. Y no soy valenciana, pero creo que hay que tener un respeto. Pasar por encima de
las reglas
de juego parlamentarias no me gusta, hablemos de Valencia, de Euskadi o de San Petesburgo. Yo no voy a entrar en si somos uno o 51. Somos lo que somos, una señora diputada de Eusko Alkartasuna, que junto con otros diputados del Grupo Mixto
constituyen un grupo con cinco diputados como tienen otros grupos y que tiene un portavoz que resulta ser esta diputada, que actúa en nombre de este grupo, que solo tiene una voz y que podríamos habernos opuesto, señor Trillo, a que ustedes hubieran
compartido el tiempo, lo podríamos hacer reglamentariamente y el presidente tendría la decisión final, pero nos parecería falto de la mínima cortesía y de sentido común que ustedes no lo hicieran. Lo mismo que podríamos atender al mismo nivel de
minutos de unos y otros, pero entendemos que en muchas ocasiones ustedes, por el tipo de grupo que tienen, más amplio que el nuestro, también lo tienen. Por tanto, si ustedes quieren que no existamos como grupo, ni como diputados, ni como nada en
esta casa, hacen una ley electoral que diga que no podemos existir si no tenemos un cinco por ciento en todo el Estado, o lo que ustedes quieran, y no existiremos, pero si existimos ahí tendrá otras consecuencias. Yo vengo aquí porque creo que es
mi obligación estar donde se dilucida algún tema de Euskadi; si me dicen que no tengo que estar aquí, yo no vengo, pero si vengo es para ayudar en todo, y también en este tema. Por tanto, creo que ha entrado en mal tema.
Le podría citar otro concepto -se lo he dicho antes en privado y no lo voy a hacer en público por deferencia al presidente-, un término acuñado.
Nosotros no hemos hecho filibusterismo, nos hemos encontrado con una enmienda transaccional a
la nuestra de la que nunca se nos había dicho nada. Ayer pregunté en la reunión de Mesa y Portavoces si iba a haber enmiendas transaccionales, si se podría vetar o no. Podría alguien habérnoslo explicado y no me valen las explicaciones del señor
López Garrido, que ha ido sobre la marcha, cuando nos hemos enterado por la radio esta mañana que han llegado a un acuerdo. Por favor, por favor, seamos serios. Si es muy loable lo que ustedes quieren y tienen los votos, pero no nos hagan trampas,
simplemente.
Segunda consideración, la generosidad es de quien la puede dar y no del que la recibe y la generosidad sería nuestra, pero responde a nuestra voluntad y no a la suya. Eso es generosidad y otra cosa es exigencia.
En tercer lugar, le he pedido una explicación, señor presidente, y usted, con su inteligencia y rapidez, me ha llevado a otro camino, pero me gustaría que me dijera cuándo se ha hecho entrega a los grupos parlamentarios -entrega a los grupos
parlamentarios, entrega a los grupos parlamentarios- de la enmienda transaccional. Desde luego a esta diputada se le ha entregado después de haber defendido sus enmiendas. En esta Cámara, en esta Comisión, si uno no defiende sus enmiendas, decaen.
Yo no la he tenido antes y si la hubiera tenido habría tenido la libertad, la libertad, de haber hecho una cosa u otra y, en la medida en que ha sido después, ustedes no me han dejado esa libertad.
El señor PRESIDENTE: Señora Navarro, a ver si podemos ser breves, por favor, porque no podemos centrar el debate del Estatuto de Autonomía de Cataluña...
La señora NAVARRO CASILLAS: ¿El de Cataluña? (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, es que como todo el mundo está haciendo discursos para el próximo, por eso ya me han contagiado. (Risas.) Lo que pasa es que se verá que los que defienden hoy una cosa defenderán lo contrario mañana y
viceversa.
La señora NAVARRO CASILLAS: Será porque hay pocos valencianos por aquí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Los que han querido venir. El presidente ha autorizado la entrada a los que han venido. (Risas.)
Adelante, señora Navarro y sea breve, por favor. (El señor Martínez-Pujalte López: Señora Navarro, ¿trae el carnet de valenciana?)
La señora NAVARRO CASILLAS: No, lo da el Estatuto, lo establece, léetelo.
(Risas.)
Cuando oigo al señor López Garrido decir que no lo entiende, que es difícil de entender, se me ha ocurrido una cosa y es por qué no va usted a nuestro centro espiritual, político y cultural que es el monasterio de la Valldigna y junto con
todo el sentimiento de los valencianos busca la comprensión de por qué no queremos que utilice nuestra enmienda para hacer una transaccional en la que no han contado con nosotros. Es que esta mañana le he dicho expresamente al señor Císcar,
portavoz del Grupo Socialista, que no quería que se utilizara mi enmienda; lo he dicho por escrito, ¿es tan difícil de entender? Ustedes primero llegan a un acuerdo con el Partido Popular, después llegan a un acuerdo con nosotros, traicionan al
Partido Popular, luego nos traicionan a nosotros y no queremos que utilicen nuestra enmienda. ¿No lo entiende? Pues yo creo que es muy sencillo, señor López Garrido, creo que es una cosa bastante evidente: No queremos que utilicen nuestra
enmienda para recobrar el acuerdo con el Partido Popular. Queremos que se utilice nuestra enmienda para aprobar el 3 por ciento, para avanzar en democracia y para garantizar derechos a los ciudadanos, porque uno de cada diez valencianos se queda
sin representación en las Cortes Valencianas. ¿Tampoco entiende eso, señor López Garrido?
Por otro lado, señor presidente, me gustaría saber si va a constar mi enmienda como utilizada para la votación. Se lo he preguntado antes, se lo he consultado y no he obtenido respuesta. La verdad es que el momento procesal al que ha hecho
referencia no tiene ninguna relevancia, desde mi punto de vista jurídico, porque dice que ha sido antes de la retirada; evidentemente, porque la retirada ha sido como consecuencia de que nos hemos
enterado de que querían utilizar la enmienda; de eso no hay lugar a dudas porque es lo único que está claro aquí, pero queremos saber si hubiéramos podido ejercitar nuestro derecho a impedir que se utilizara la enmienda por otras partes
ajenas, es decir, por grupos parlamentarios que no tienen ninguna enmienda. ¿Existe ese derecho, puede hacerse así en cualquier momento una vez presentada la enmienda? Porque no sabemos si estaba defendida o no cuando se ha presentado la
transaccional. Además, las transaccionales oficialmente se presentan al final de la sesión, normalmente cuando se procede a su lectura o se anuncia que existe una transaccional. En cualquier caso, simplemente queremos saber cómo se han producido
los hechos para conocer si en un futuro podemos negarnos a que se utilice nuestra enmienda porque los grupos minoritarios nos encontramos en total indefensión. No podemos tolerar que se tomen decisiones de tipo político cuando lo que necesitamos es
que se tomen decisiones jurídicas al amparo del Reglamento y de una interpretación cabal y racional que nos ampare hoy y en el futuro.
Respecto al futuro, se dice que esto es mucho mejor que no esté en el Estatuto, pero no se trata de eso. Esa visión paternalista respecto a los grupos minoritarios desde luego, por mi parte, es del todo reprobable.
Usted no garantiza que
pueda facilitarse en el futuro porque si fuera así el Grupo Popular no hubiera amenazado con la retirada del Estatuto y estaríamos hablando del 3 por ciento. No podemos vislumbrar ningún futuro con el 3 por ciento, ningún futuro de avance en
democracia. ¿Por qué? Porque se establece una mayoría que nos lo impide. Esa es la realidad y negarlo es no querer verla de manera voluntaria y con un optimismo más que exagerado. Esa visión paternalista yo esperaría que se la ahorrase.
Respecto al filibusterismo político, en fin, habló el catedrático.
El señor PRESIDENTE: Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muy brevemente, señor presidente.
Quiero dejar bien sentado que mi interés en este asunto es sobre todo para clarificar cuáles son las reglas de procedimiento, porque este tipo de situaciones se pueden dar en más ocasiones y lo lógico y lo normal es que todos conozcamos
exactamente cuáles son las reglas del juego. Uno tiene la sensación -y muchas veces los grupos pequeños tenemos esa sensación- de que el Reglamento va a rajatabla cuando se refiere a una iniciativa de los grupos minoritarios y, sin embargo, tiene
la flexibilidad del chicle cuando es una iniciativa o algo en lo que están interesados los grupos mayoritarios. En absoluto creo que no haya habido ninguna intención, señor López Garrido, de evitar una decisión democrática, ni muchísimo menos. Le
recuerdo que las decisiones democráticas son aquellas que se toman de acuerdo a las normas establecidas y de acuerdo con el Reglamento y si hay una duda razonable sobre que la interpretación sea la correcta, lo lógico, normal y deseable es que los
grupos que la tengan lo manifiesten. Me parece que interpretarlo como usted lo ha hecho es absolutamente incorrecto. Usted dice que no ha habido propuestas para modificar el artículo 114 en el nuevo Reglamento, porque yo estoy convencido de que
todo el mundo creía que los términos en que se desarrollaban y se interpretaban eran absolutamente claros. Le aseguro que va a tener propuestas para la modificación del artículo 114. Esto lo ha generado. Además hay una cosa que me sorprende,
dice: En comparación con el artículo 118... claro, es mucho más flexible el 114 en comisiones.
En el 118 algún grupo puede negarse a la tramitación, pero es mucho más flexible y más abierto en Comisión. Parece sorprendente que si se quiere
proponer en Comisión una enmienda que no tiene enganche ninguno se necesita el consenso de todos los grupos y con la oposición de uno esa enmienda decaería y resulta que si hay un enganche pero no querido por ese grupo, entonces da lo mismo lo que
piense un grupo o lo que piensen dos porque eso ya vale y tira para adelante. No se puede interpretar así el Reglamento, en absoluto.
En cuanto a las acusaciones de filibusterismo, para finalizar señor presidente, yo no voy a discutir de filibusterismo con el señor Trillo porque desde luego él sabe muchísimo mejor que yo lo que es el filibusterismo y también el Partido
Popular. No hay más que ver el punto primero del orden del día de hoy que pretendía traer una retahíla de expertos para retrasar la discusión del Estatuto catalán o todo el lío procedimental que han montado con los papeles de Salamanca o el intento
de que la Mesa no admitiera a trámite el Estatut de Cataluña o la propuesta de reforma del Estatuto vasco, por poner algunos ejemplos porque podríamos poner unos cuantos más. (El señor Astarloa Huarte-Mendicoa: O el Plan Ibarretxe.)
El señor PRESIDENTE: El señor Xuclà tiene la palabra y damos por terminada esta discusión procedimiental, porque creo que ya se han cruzado suficientes adjetivos.
El señor XUCLÀ I COSTA: No seré muy breve, seré breve.
Hay una pieza costumbrista catalana que se llama L'Auca del senyor Esteve que ustedes no conocen pero algunos sí. Hay un momento en el cual el nieto y el abuelo están hablando y el abuelo le aconseja al nieto: Cuando tengas razón habla con
educación y cuando no tengas razón habla gritando que parecerá que tengas razón. Aquí no ha gritado nadie pero creo que algunas personas han puesto cara de indignación y de indignación del Monasterio de la Valldigna, de Santa Indignación incluso
algunos, para dar argumento jurídico a algo que creo que tiene mucha debilidad. Yo he empezado por acatar la decisión de la Presidencia, pero creo que tiene una gran debilidad y que lo que correspondería, lo que tendría que haberse producido, es
que los dos grupos de
la mayoría hubieran planteado en forma, en plazo y en procedimiento, en ley, esta misma enmienda en el Senado. (El señor Benegas Haddad: ¿Cómo en el Senado?) En la oportunidad del Senado cabe introducir esta enmienda de acuerdo con el
Reglamento y no, desde mi punto de vista, forzando el Reglamento.
Señor Trillo, desde el respeto que le tengo y desde el respeto hacia alguien que ha sido presidente de esta Cámara, no permito que usted nos acuse o me acuse de filibusterismo. El filibusterismo es entorpecer el trabajo y el debate y
nosotros lo que hemos hecho ha sido reivindicar la forma, la norma, la ley, el procedimiento y, por tanto, el parlamentarismo, con lo cual su acusación es absolutamente inapropiada.
También ha hablado de que por tres veces yo he hecho referencia a
una aproximación entre la enmienda 172 y la enmienda transaccional que ustedes presentaban. He hecho referencia también a la justificación de la enmienda 162 y, si usted quiere insistir en esto, también deberíamos entrar en la justificación de esta
enmienda...
El señor PRESIDENTE: No entraremos más.
El señor XUCLÀ I COSTA: No entraremos. Decía que también deberíamos entrar en la justificación de esta enmienda que quiere permitir el acceso de las minorías y de las sensibilidades de la representación parlamentaria, que no se consigue
con la enmienda transaccional que ustedes plantean. (El señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde: No sabemos.)
Para terminar diré que usted, con educación pero con gallardía, nos ha retado a que a partir de la próxima semana estas normas sean claras para la tramitación de otros estatutos. Estoy convencido, señor Jáuregui, señores de la mayoría, de
que lo haremos mejor y de que a partir de la próxima semana plantearemos mejor los debates de como se ha planteado, lamentablemente, este debate de regateo corto, de última hora, de tiempo de descuento en la negociación del Estatuto valenciano. (El
señor Trillo-Figueroa Martínez-Conde pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor presidente, le ruego solamente medio minuto para contestar a quien no estaba en el debate. No voy a reabrirlo, se lo aseguro.
El señor PRESIDENTE: ¿Está seguro de que no va a reabrirlo?
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Tenga la seguridad.
El señor PRESIDENTE: ¿Da usted garantías? (Risas.)
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Doy garantías.
El señor PRESIDENTE: Medio minuto.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Voy a facilitar el apaciguamiento, porque no voy a referirme a las intervenciones del Grupo Mixto ni de Esquerra Unida ni tampoco a la de CiU. Yo no le he acusado de filibusterismo, he dicho de
aprovechamiento del filibusterismo.
(Rumores.-La señora Navarro Casillas: ¡Bueno, bueno!) El filibusterismo ha sido para otros, señor Benegas. En cualquier caso -ahí está el 'Diario de Sesiones' y usted lo puede comprobar-, el aprovechamiento se
lo sigo atribuyendo.
El señor PRESIDENTE: ¿Pero no era para pacificar, señor Trillo? (Risas.)
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Sí, pero es mucho más beneficioso, en el mejor sentido del término, el aprovechamiento que el filibusterismo, con todo el respeto para quienes han recibido ese calificativo.
Lo que no me explico, señor presidente, es la intervención del portavoz del PNV. No lo puedo entender. Yo no me he referido a S.S. para nada y S.S., que no estaba en el debate, no es que aproveche sino que se mete en el debate para algo
que no está en los manuales. (Risas.) Usted me ha reconocido cierto conocimiento, incluso alguien ha hablado de catedrático -espero que de la materia y no del filibusterismo, dicho sea pro domo nostra-, pero en cualquier caso usted se mete ahí para
enredar, señor portavoz del PNV, cosa que lleva haciendo algún tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señor Trillo, vamos a las garantías. (Risas.)
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Y eso sencillamente es de... (El señor López Garrido pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿También el señor López Garrido pide medio minuto, sin ánimo de enredo? (Risas.)
El señor LÓPEZ GARRIDO: Es porque se han referido a mí reiteradamente.
Simplemente es para que quede constancia de que, después de las intervenciones que me han precedido, seguimos sin entender -y la señora Navarro se refería a cómo es que
no entendía el señor López Garrido- esta diatriba contra un Reglamento cuyo artículo 114 permite presentar transacciones, aunque los enmendantes que transaccionan retiren o no retiren sus enmiendas. Según señala el Reglamento, eso es así y además
espero que siga siendo así, pues flexibiliza el debate en la Comisión, ya que si no se convertiría
de nuevo en un debate parecido al del Pleno, y lo que está aquí en cuestión, lo quieran o no, es la posibilidad de poder votar democráticamente una propuesta formulada democráticamente conforme al Reglamento. Lo quieran o no, es así.
Ustedes no querían que se votara algo y se va a votar; ustedes querían impedir esa decisión y se va a tomar.
Tampoco entendemos -nadie lo entenderá- por qué quieren que se siga reflejando en el Estatuto de Autonomía el límite del 5 por ciento.
Nosotros, que querríamos que bajara (Protestas.), pensamos que es mejor que lo decida en su momento la
Ley Electoral. Es un paso adelante en esa dirección y no entendemos por qué ustedes prefieren que siga clavado en el Estatuto de Autonomía el límite del 5 por ciento. No lo podemos entender.
La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, si se reabre el debate hablamos todos otra vez.
El señor PRESIDENTE: No se reabre el debate. Quiero recordar a las señoras y señores diputados que estamos hablando de la reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana. Para terminar este debate y proceder a la votación, debo manifestar
que las dudas, como creo que ha dicho el señor Esteban, se han planteado -no se puede negar y por eso estamos discutiendo acerca de todo esto- y que la Mesa se ha reunido y ha recabado información jurídica, siendo en base a la interpretación
jurídica que hemos tomado esa decisión por unanimidad. En el Reglamento no hemos encontrado ningún derecho que impida que se tramite una transaccional en razón de lo que diga el autor de la enmienda en la que se apoya. No existe ese derecho.
Aunque desde luego no cabe ninguna duda de que existe la cortesía de contar con ese grupo y aquí no se ha contado con él, no existe el derecho de decir no estoy de acuerdo y usted no me puede presentar una transaccional. Tiene el derecho de no
votarla, pero no de impedir que se vote.
Hemos terminado el debate y sometemos, pues, a votación... (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado el debate, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, se trata de una cuestión de orden. Necesito saber a efectos de la demanda que podamos presentar a la Mesa de la Cámara...
El señor PRESIDENTE: Esa es una cuestión de curiosidad.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No, es un dato básico para saber cuándo se ha producido la entrega a los grupos parlamentarios de la enmienda transaccional. Lo he dicho tres veces.
El señor PRESIDENTE: Lo importante para la Mesa es conocer cuándo se ha presentado a la misma y la Mesa lo ha distribuido en cuanto lo ha tenido y ha ordenado su copia. No hay más.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Para la otra parte es un dato objetivo.
¿Cuándo se ha producido la entrega a los grupos?
El señor PRESIDENTE: Es que la señora Lasagabaster es la primera que ha hablado.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Pero si no es un problema de hablar.
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo que no es un problema de hablar? ¿No era de conocerlo?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Es un problema de conocimiento objetivo, de saber cuándo se ha producido la entrega. No tiene más historia.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, es la cuarta vez que digo que los grupos que presentan una transaccional debieran contar con aquellos en los que se apoyan, pero fue presentada antes de su retirada y por tanto para la Mesa no hay
más discusión. Lo otro es una curiosidad que tiene de saber en qué momento se hace la fotocopia, pero fue presentada antes de anunciar la retirada.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, usted sabe que la notificación a las partes en cualquier procedimiento judicial es básica para delimitar cuándo empieza su derecho a la defensa.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero este no es un procedimiento judicial. Lo siento.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Es igual. Tal y como lo ha dicho, en comparación análoga al señor Trillo...
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo que es igual? Tanto no es igual que a usted le podrá parecer esto parlamentario o no, pero desde luego lo que estamos haciendo es inhumano.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Es inhumano con los grupos minoritarios.
Constantemente se quejan de que llevamos una hora y yo llevo muchas horas tratando de defenderme. Quiero saber, porque es básico para mi defensa...
El señor PRESIDENTE: Ya le he contestado.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Quiero saber cuándo me ha sido notificada la enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: Cuándo la ha recibido lo sabrá usted. (Risas.) ¿Por qué me lo pregunta a mí?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No le pregunto a usted. Lo que quiero es que me diga el letrado, que es un funcionario de esta Cámara y que debe servir a todos los grupos parlamentarios, no a la mayoría ni a la minoría, sino a todos los
grupos parlamentarios...
El señor PRESIDENTE: Que es lo que hace.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Es un funcionario, independientemente...
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, esa acusación no se la autorizo.
¿Está claro? Se ha terminado el debate.
Sometemos a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular al artículo 27, que modifica el artículo 23, apartado 2. (Rumores.)
Lo que falta ahora es que también equivoquen ustedes el voto y empecemos otra vez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.)
Señora Lasagabaster, estamos votando, cuando terminemos la votación le daré la palabra.
Vamos a votar el artículo al que hace referencia esta enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.)
Señora Navarro, para qué pedía la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Quería explicar la no participación en la votación de la enmienda transaccional, al amparo del Reglamento.
El señor PRESIDENTE: Adelante, con brevedad, por favor.
La señora NAVARRO CASILLA: Desde luego, nos parece que se está produciendo un abuso, incluso por la información que se retiene por parte de la Mesa -que se ha pedido tanto por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, como por
esta portavoz-- sobre si la enmienda número 39 constaba o no como incluida en la transaccional, porque no se me ha respondido. Está sucediendo lo típico: hay una imposición de las mayorías respecto a las minorías; hay un abuso de esta situación y
de los componentes de la Mesa, que todos forman parte -quiero que conste así en el 'Diario de Sesiones'- de los dos grupos que en connivencia han pactado esta transaccional sin contar con los grupos minoritarios, que son los poseedores de esas
enmiendas. (La señora Lasagabaster Olazábal pide la palabra.) Es una situación absolutamente vergonzosa y deplorable y en la que no queremos participar.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Intervengo para explicar el voto.
En primer lugar, quiero pedir disculpas al letrado, porque no tiene que decir nada al respecto, pero la persona que me ha entregado la documentación ha sido el letrado y soy consciente de que no se le deja establecer... Es el presidente es
el que determina la Mesa. He pedido una interpretación del Reglamento, que es básica para mi derecho a ejercer mi defensa, y no ha sido respondida. Quería tener la prueba fehaciente, por parte de la Mesa, de que he sido objeto de dación de esa
propuesta después de haber realizado mi defensa. Reitero mis disculpas al letrado por la vehemencia del debate. No tiene nada que ver con este asunto y estoy segura de que si él pudiera, contestaría. En todo caso, lo remito al presidente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último bloque del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, constituido por el título IX, Economía y Hacienda, el título X, Reforma del Estatuto y por las disposiciones adicionales, transitorias y
final. A este bloque se han presentado las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez, que no está presente, por lo que las doy por defendidas, y las enmiendas números 49, 50, 52, 54 55 y 56, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: La enmienda número 49 versa sobre el necesario establecimiento de criterios respecto a la financiación municipal. Esto se pidió tanto por la Federación Estatal de Municipios y Provincias, para que constara en
todos los estatutos, como por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y por todos los comparecientes que intervinieron en la Comisión de las Cortes Valencianas, pero no tuvo acogida porque no escucharon a nadie, sino que lo único que
hacen el Partido Popular y el Partido Socialista -aquí, allí, ahora y siempre- es escucharse los unos a los otros en este estupendo noviazgo o matrimonio que llevan a cabo y que deja al resto de voces, tanto de todo tipo de organizaciones sociales,
como de
los partidos políticos, sin la posibilidad de introducir mejoras en un texto que deja mucho que desear, como se demuestra, no solo por las críticas que recibe permanentemente, sino incluso por el maravilloso informe que elaboró precisamente
el letrado en el que se ofrecía una infinidad de propuestas para mejorar un texto muy mal redactado y con un nivel político ínfimo. En esta enmienda se pide el establecimiento, tanto de competencias claras, como de criterios de financiación, para
garantizar una suficiencia financiera a los municipios y un reparto de competencias claro que les garantice tener una configuración expresa de las gestiones que deben asumir y las que no.
En cuanto a la enmienda numero 54, vuelve a pedirse por parte de mi grupo parlamentario que la mayoría para la reforma del Estatuto no sea la de dos tercios, sino la de tres quintos, porque efectivamente esa mayoría conlleva un bipartidismo,
del que hoy está haciendo gala esta Comisión de una manera muy evidente -a los hechos me remito-, y una falta de respeto a las minorías. Quisiera hacer una mención expresa al señor Trillo, al que siempre le gusta decir que por qué se quejan las
minorías si pueden hablar. ¡Sólo faltaba que en democracia las minorías no pudieran hablar! Luego vemos las propuestas que hacen en el reglamento de la Cámara, al que se hacía antes referencia, que pretenden que ellos hablen mucho más tiempo porque
tienen más diputados y los grupos minoritarios hablemos menos. (Risas.) Ustedes piensan que es lógico pero nosotros no lo compartimos políticamente ni lo comprendemos como reglas de la democracia que defendemos. Ustedes intentan siempre poner
todos los obstáculos posibles a la democracia, y este Estatuto es un gran ejemplo -3 por ciento, 5 por ciento-. Es normal que pretendan hacer ver que no lo entienden.
En la enmienda número 55 se aspira a que este Estatuto culmine en una decisión del pueblo valenciano, en una votación por la que el pueblo valenciano pueda manifestarse sobre su contenido y pueda decir si quiere esta Carta Magna valenciana o
no la quiere. Es absolutamente cachondo que el Partido Popular se haya negado una y otra vez a la existencia de un referéndum en el País Valenciano y ahora mismo esté recogiendo firmas para que haya un referéndum sobre el Estatuto catalán.
(Rumores.) Es una actitud totalmente incoherente a la que nos tienen muy acostumbrados, por lo que desgraciadamente no tiene que sorprendernos. Me alegarán a este respecto que no podía hacerse el referéndum porque no formaba parte de la tramitación
que se hizo en su día. Pues sencillamente les diré que, en caso de que así se planteara, no fuera vinculante sino consultivo, pero aspiramos a que el pueblo valenciano pueda manifestarse sobre su Carta Magna. Son intentos de democratización,
intentos de ampliar la participación de los ciudadanos, de acercarlos a la política y de que puedan tomar decisiones sobre las cuestiones más importantes que les afectan directamente. Es una aspiración de incrementar el grado de democratización del
País Valenciano que enmienda tras enmienda está siendo rechazada por parte del Grupo Popular y el Grupo Socialista.
La enmienda número 56 versa sobre la deuda histórica que padece el País Valenciano. Según las cuentas que maneja el Ministerio de Administraciones Públicas, tanto el modelo anterior como el que ideó el portavoz del Grupo Popular, señor
Zaplana, ha perjudicado seriamente a las arcas del País Valenciano. Ahora mismo somos la comunidad peor financiada en renta per cápita. Esta es una desgracia que padecemos desde hace muchos años, pero no se soluciona porque los grupos políticos,
los partidos que nos representan como gobiernos autonómicos, tanto el anterior como el actual, carecen totalmente de reivindicaciones. Es más, al señor Camps se le ocurrió pedir para sanidad cuando desde el Partido Popular se estableció la
directriz de que todos los presidentes de comunidades del Partido Popular tenían que pedir para Sanidad. Carecen totalmente de un discurso de exigencia de una mejora de financiación, a diferencia de lo que ocurre con otras comunidades como Baleares
o Cataluña, con el señor Piqué, en las que sí se ha reivindicado una mejora de financiación para sus comunidades autónomas. A eso hemos de sumar el despilfarro que caracteriza al Gobierno actual del Partido Popular. En los años que estuvo el señor
Zaplana incrementó la deuda un 122 por ciento, según todos estos datos del Ministerio de Administraciones Públicas, mientras que en el resto de comunidades autónomas se incrementó de media un 47 por ciento. Son casi tres veces más. No solo nos
someten a un modelo de financiación contrario a nuestros intereses sino a un despilfarro permanente en obras faraónicas y en regalos a amigos como Julio Iglesias. Esto nos conduce a padecer los peores índices en enseñanza, en sanidad y en servicios
sociales de todo el Estado español.
Son unas medallas muy poco loables, que se traducen en que los ciudadanos valencianos tengan unos servicios sociales, una sanidad y una enseñanza deplorables, sin aspirar además a ninguna mejora porque no ha
habido ningún tipo de reivindicación por parte del Gobierno actual de la comunidad ni de los anteriores, ni del Grupo Socialista que ha pactado este Estatuto en el que hay ningún tipo de reivindicación. Lo que se dice ahora es que habrá una reforma
de la Lofca que afectará a todas las comunidades. Eso es incierto, no se sabe si ocurrirá o si no ocurrirá, pero mientras tanto en nuestro Estatuto sigue sin constar la falta de una financiación conforme a la realidad valenciana durante los años
pasados.
Por eso se presenta esta enmienda, para que, al igual que ocurre en el vigente Estatuto andaluz y tal como se está recogiendo en las propuestas del Estatuto catalán, podamos hacer uso de esta reivindicación para mejorar nuestras arcas y
poder hacer frente al Estado del bienestar, del que también se tiene que ocupar la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco tiene dos enmiendas, la 131 y 132. Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: En vista de que ha quedado absolutamente claro que hay un gran acuerdo entre los dos grupos, que está absolutamente cerrado, sellado y firmado, voy a darlas por defendidas. El marco del Pleno me parece más adecuado
para hablar del Estatuto en general y de mis enmiendas en particular. Por tanto, visto como está la situación, señor presidente, las doy por defendidas.
El señor PRESIDENTE: No quedan más enmiendas por defender. Vamos a pasar a la votación. Vamos a ver si hay votación separada.
¿Señora Lasagabaster?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, no tengo ninguna enmienda, pero antes de terminar la votación del último bloque, y por tanto antes de que no pueda hacerse ninguna otra intervención, quiero dejar claro que como persona que
soy cometo errores. He cometido un error y tal cual digo una cosa digo otra. En este caso no tengo ningún inconveniente en reiterarlo. Creía que antes había quedado suficientemente claro, pero en la medida en que no lo está y puede tener una
repercusión sobre la persona voy a reiterarlo. Me disculpo, en la vehemencia del debate, de haber hecho participe en toda esta vorágine de batalla al letrado, que queda fuera de nuestras discusiones. Lo digo para los que estén presentes, para los
que no lo estén -rogaría a los portavoces que se lo transmitieran- y para los medios de comunicación. No sé si tengo más que decir. Si el letrado considera que tengo que decir algo más lo digo, porque en esto soy muy clara. Lo que entiendo que es
de derecho lo digo. (El señor Fernández Díaz: Ceniza en la frente.) A tanto no llego, si me lo permite el letrado, pero si considera que es necesario también lo hago. La vehemencia me ha podido llevar a confundir los papeles del letrado y de la
Mesa. En la medida en la que ha habido un asesoramiento jurídico, que no se nos ha transmitido, he confundido ambos roles. Me disculpo profundamente porque está al servicio de la Cámara. Ya ven ustedes, para lo bueno y para lo malo, sé cuando me
confundo y sé cuando tengo razón.
El señor PRESIDENTE: Agradezco a la señora Lasagabaster que haga estas manifestaciones, porque yo también las necesitaba, en defensa del trabajo que hace el letrado. Probablemente los señores diputados recordarán que su informe sobre la
propuesta de reforma del Estatuto fue elogiado por la ponencia porque fue realmente modélico. Con mucho gusto quiero decirlo aquí también.
Vamos a proceder a las votaciones. (Varios señores diputados piden la palabra.) Perdón. Se han defendido las enmiendas pero no se ha fijado posición. Tienen la posibilidad de fijar posición, en primer lugar, Convergència i Unió, que no
está, y en segundo lugar el Partido Popular, que no pierde el turno.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señor presidente, iba a intervenir con toda rapidez, pero me temo que tengo que pedir la venia a la señora Lasagabaster para compartir el turno con mi compañero Jaime Ignacio del Burgo.
Antes quiero decir, señor presidente, que el Grupo Parlamentario Popular tiene que reconocer que donde hay contundencia acompañada de nobleza hay que expresar la felicitación públicamente. El ejemplo que acabamos de vivir, tanto en la
contención de la réplica -dicho sea en honor de la verdad y de la antigua amistad- cuanto en la rectificación que ha hecho la señora Lasagabaster, que siendo pública le honra más, hace que todos nos sintamos muy reconfortados, muy felicitados y muy
solidarios con ella.
Señor presidente, para defender las enmiendas que afectan al título de economía y hacienda del Estatuto le pediría que pudiera intervenir primero el señor Del Burgo y luego yo sobre la reforma y las disposiciones adicionales y transitorias.
El señor PRESIDENTE: Así se hará, si no hay más remedio.
Señor Del Burgo.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor presidente, le garantizo que solo serán unos minutos. El título IX, Economía y Hacienda, del Estatuto valenciano está perfectamente definido. La financiación de la Generalidad se basa en los principios
de autonomía, suficiencia y solidaridad y es plenamente congruente con los artículos 156 y 157 de la Constitución. Por tanto, son una serie de preceptos que sin duda van a garantizar la solvencia financiera de la Generalidad valenciana.
Dicho esto, daré una pincelada respecto a las enmiendas que se han presentado. Son enmiendas en las que de nuevo, sobre todo Esquerra Republicana de Catalunya, intenta trasladar al Estatuto valenciano lo que está en el Estatuto catalán
respecto a la financiación. Yo pretendía haber hecho una intervención contraria, lógicamente, al contenido de esa enmienda. Sin embargo, como resulta que es uno de los aspectos que conocemos, aunque no en todos sus detalles, del acuerdo que se ha
alcanzado y que ha destrozado ese punto relativo a la financiación que venía en el proyecto del Estatuto catalán, realmente no vale la pena detenerse a ver si lo que venía era o no congruente con la Constitución.
Ya tendremos ocasión de analizar si
el destrozo que se ha producido es o no constitucional también, respecto a lo que podemos tener algunas dudas, pero como todavía no se conoce en su integridad no vale la pena hacer referencia.
Señor presidente, he escuchado la intervención de una enmendante con evidente personalidad y energía, que es la representante de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que ha dicho que este es un Estatuto poco menos
que mal redactado, de un nivel político ínfimo, y al final parece ser que lo único que
pretendemos en él es poner obstáculos a la democracia. Voy a referirme simplemente a si está mal redactado el Estatuto en relación con una de las enmiendas que acaba de defender la señora Navarro respecto a economía y hacienda, para
demostrar cómo en esa enmienda hay un prodigio de buena redacción y de nivel político superior. Dice: Dadas las circunstancias económicas y de financiación del País Valencià, a lo largo de su historia autonómica, que dificultan o impiden la
prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos servicios transferidos, los Presupuestos Generales del Estado consignarán con especificación de su destinación y con fondos excepcionales de financiación unas asignaciones complementarias para
garantizar la consecución de este nivel mínimo. Yo reconozco que si este mandato fuera aprobado por las Cortes Generales resultaría bastante sorprendente. En cualquier caso, me parece que decir que a lo largo de la historia circunstancias
económicas impiden la prestación de un nivel mínimo en alguno o algunos servicios transferidos es una indeterminación tan extraordinaria que descalifica por sí misma todo el texto que se ha defendido por la señora Navarro.
Señor presidente, en esta mi última intervención quiero dejar constancia de que desde el punto de vista personal ha sido para mí un honor ser ponente de este Estatuto, contribuir modestamente a su perfeccionamiento y defender todo lo que
representa una comunidad tan entrañablemente española como es la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Trillo-Figueroa.
El señor TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE: Señorías, me corresponde compartir el turno para la toma de posición respecto de la enmienda número 25, del señor Rodríguez -aunque no esté-, vinculada a la número 54, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a la 131, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y a la 120, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, así como a las restantes que han sido mantenidas por los grupos
parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Vasco (EAJ-PNV) y supongo que las enmiendas 124, 125, 126 y 127, de Esquerra Republicana, puesto que las restantes han sido contestadas por la intervención del señor
Del Burgo.
Señor presidente, señorías, diré muy brevemente que las enmiendas se refieren en primer lugar al título X, el VI del anterior Estatuto, relativo a su reforma. El Estatuto vigente preveía la necesidad de que la iniciativa fuera adoptada por
tres quintas partes, mientras que el Estatuto proyectado eleva la necesidad de una mayoría a dos terceras partes de sus miembros. A ello se oponen las reformas propuestas por Esquerra Republicana de Catalunya, que quiere seguir manteniendo las dos
terceras partes, y creo que también -me disculpan si no es así- las propuestas del Partido Nacionalista Vasco y de Izquierda Verde. Señorías, con la elevación a dos tercios -por lo demás tan presentes en el ánimo de todos en esta sesión de la
Comisión- se trata de reforzar el consenso entre quienes alcancen tal participación en las Cortes Valencianas para modificar una norma institucional, la norma institucional básica, que debe estar dotada de la máxima estabilidad. Es pura coherencia
la que lleva a dotar al Estatuto de esos dos tercios, que por lo demás han sido analizados como un buen término de mayoría necesaria para los estatutos de autonomía por el reciente dictamen del Consejo de Estado. Sin duda también nos sentimos muy
confortados al afirmar que esta es la mayoría que el Partido Popular reivindicaría siempre para la adopción de las reformas de los estatutos de autonomía. Por tanto, respecto a la iniciativa, vamos a rechazar esas enmiendas y a apoyar el texto de
la ponencia que, como no podía ser menos, refuerza la mayoría necesaria dotando de la debida estabilidad a la reforma futura y eventual del Estatuto. A partir de ahí se incorporan dos nuevos refuerzos que algunos llaman blindajes a la reforma del
Estatuto proyectado. En el párrafo 4 del artículo 87 proyectado permanece aquello que ya ha sido considerado por la doctrina o por el lenguaje al uso como el doble blindaje, lo cual no es nuevo, al exigir la intervención de las Cortes Valencianas
para nueva deliberación, acompañamiento y mensaje motivado sobre el punto o puntos en que hubiera ocasionado su evolución o modificación proponiendo soluciones alternativas. Es cierto que este doble blindaje no es otra cosa que la recepción de la
resolución por demás doctrinal y políticamente polémica de la Presidencia del Congreso de los Diputados en su segunda versión del presidente Pons. Aun estando ya vigente esta nueva lectura por las Cortes y reduplicándose por tanto el blindaje por
el proyecto de Estatuto, a ello se añaden dos nuevos blindajes. En el Estatuto se recibe que la Comisión Constitucional que habrá de analizar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que eventualmente redacten en el futuro las Cortes
Valencianas habrá de nombrar una ponencia en la cual también estarán presentes los miembros de las Cortes Valencianas, al modo y manera de otros estatutos de autonomías sin duda más antiguos en el tiempo, derivados del artículo 151 y que en términos
que me parecen peyorativos se han llamado de primer grado. Obviamente, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar este reforzamiento de la reforma y a ello además se añade en el dictamen de la ponencia la necesidad de un referéndum de ratificación,
lo cual supone una doble reduplicación del cierre no ya doble, sino cuádruple, de la reforma del Estatuto de Autonomía y que los grupos de Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida pretenden incluso aplicar a esta modificación del Estatuto
vigente de 1982. Señor presidente, respecto de esa posibilidad planteada por los grupos parlamentarios referidos en sus enmiendas 127 y 55 tengo que decir que no es procedente por una razón de técnica jurídica. Es sobradamente
conocido que las reformas procesales no se pueden introducir con carácter retroactivo y, en consecuencia, no sería razonable aplicar a esta reforma una reforma procesal que se incorpora en el propio Estatuto reformado. Es un tema que no
merece mayor discusión, dicho sea con todo el respeto a quienes han propuesto la aplicación de ese referéndum de ratificación a la propuesta de modificación que analizamos.
No voy a referirme o por lo menos no quiero entrar en polémica con el calificativo utilizado por alguno de los enmendantes. La señora Navarro ha calificado de cachondos a quienes han redactado este texto. (Risas.) He de decirle, señora
Navarro, con toda cordialidad, que prefiero ese calificativo, desde luego mucho más actual, mucho más al uso y mucho menos peyorativo, que esas permanentes alusiones a la presunta falta de democracia del grupo parlamentario al que represento, que
eso sí que no está en el estilo de lo que yo recuerdo en esta casa y que rogaría, señora Navarro, con toda cordialidad, que desaparecieran del lenguaje de esta Comisión.
Señor presidente, a título estrictamente personal, si se me permite a estas horas la digresión -y comprendo que abusando de su amabilidad-, me parece que son demasiados blindajes para cualquier Estatuto los cuatro que se han apuntado. Es
una opinión estrictamente personal que lanzo sobre los muchos, como yo, aficionados o profesionales en el derecho constitucional que hay en esta Comisión por si en el futuro, digamos que por aligerar el peso de la carga, pudiéramos reflexionar en
conjunto. Si lo quieren de otra manera, alguien ha recordado -lo recuerda con frecuencia y no sonará extraño en esta Comisión- que el procedimiento inicialmente previsto para la aprobación de los primeros estatutos de autonomía tenía alguna de las
llamadas cláusulas de blindaje porque incorporaba a la asamblea redactora a los parlamentarios que entonces tenían la doble condición, pero sobre todo la tenían para estar en este Congreso en su calidad de representantes de la soberanía nacional,
que no empece para la legítima y absolutamente respetable representación de los intereses autonómicos que ostentan los parlamentarios autonómicos. Digo que confundir los procedimientos y sumar blindaje sobre blindaje, técnicamente, puede no ser la
mejor solución. Permítanme esta explanación de un sentimiento personal o de una convicción que nos debería llevar a una reflexión de futuro para esta andadura larga, en la que ahora nos adentramos, de la reforma de los estatutos de autonomía.
Voy terminando, señor presidente, señorías. Las disposiciones adicionales también han sido enmendadas. De ellas, la más destacable es la llamada cláusula Camps. No ha sido la protagonista del día, estoy seguro que para felicidad -si se me
permite esta expresión- de quien sin ninguna necesidad, y desde luego ningún impulso por su parte, ha puesto nombre a esta cláusula. Creo, sin embargo, como dije en el Pleno y lo reitero, que la cláusula tiene una utilidad y es que en el momento en
el que nos encontramos permite -también este argumento es de ida y vuelta-, a quienes han decidido cuál es su delimitación competencial y autonómica, expresar la voluntad de no admitir en el futuro discriminaciones que pudieran surgir entre los
españoles por repartos competenciales o fórmulas distintas, que están garantizados por la Constitución en su plena igualdad y solidaridad.
Finalmente, señoras y señores diputados, tendría que hacer una referencia, no por breve menos intensa, a la disposición transitoria tercera, relativa a los derechos históricos, que ha sido enmendada por los grupos Popular y Socialista,
Socialista y Popular, para que no se produzca otro debate como el que nos trabó al digno representante del Partido Nacionalista Vasco y a quien les habla en el Pleno, y que en el futuro no haya ni dudas ni digresiones ni polémicas sobre lo que es el
legítimo derecho -como recordaba esta mañana- del pueblo valenciano a recuperar sus fueros y de manera particular su derecho civil foral, suprimido por los tan traídos y llevados decretos de nueva planta, y hacerlo de acuerdo y dentro de la
Constitución española. La recuperación de ese derecho, de la normativa foral del histórico Reino de Valencia se hará, por tanto, sin referencia al 149.1.8ª o a la disposición adicional primera de la Constitución. Sencillamente se recuperará y
actualizará al amparo de la Constitución española, punto de partida y punto final de esta reforma y también de mis palabras a la hora de cerrar nuestras intervenciones en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular don Cipriá Císcar.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Respecto al título IX, mi grupo considera que el modelo constitucional que se aplica en lo relativo a economía y hacienda responde a ese modelo abierto que, por otro lado, determina la relación plurilateral con las
demás comunidades autónomas y con el Gobierno de España. Establece la posibilidad de participar en los acuerdos de mejora, incorporando lo que corresponda en un gran acuerdo de financiación convenido entre el Gobierno del Estado y las comunidades
autónomas. Prevé también este título la creación de una agencia que denomina servicio tributario valenciano para la recaudación de los impuestos propios o cedidos y le permite conveniarse con la del Estado, con la posibilidad de establecer una
única agencia consorciada, si así se determinara. Todo ello supone, por tanto, un sistema abierto que puede permitir la financiación más adecuada con el conjunto de las comunidades autónomas de España y que se corresponde con el modelo
constitucional establecido. Por ello, mi grupo apoya el planteamiento que el Estatuto determina.
En cuanto a la reforma del Estatuto de Autonomía, quisiera indicar que observamos ese doble sistema que se produce para el cierre, que supone además la incorporación al ya vigente del artículo 143 de la Constitución, el que preveo
corresponde al artículo 151, con lo cual se da un doble sistema, un blindaje de cierre sobre el que estamos convencidos de que hay que reflexionar
para en próximos o futuros trámites poder dar una solución al problema de la disparidad o de las duplicidades que plantea esta disposición.
Por lo que se refiere a la disposición adicional primera, en su apartado 3, que también ha sido objeto de referencia en algún momento con alguna enmienda e hicimos las consideraciones oportunas en la ponencia, al único que como dice puede
obligar en su caso es a la Generalitat, pero no determina ninguna obligación para el Estado que no vaya seguida de los procedimientos normales o de reforma del Estatuto o de traspaso de transferencias. Entendemos que es una manifestación de
voluntad que obliga en su caso a la Generalitat Valenciana, pero más allá de esto tiene que seguir los procedimientos normales establecidos.
En cuanto a la disposición transitoria tercera que supone una novedad, establecer el ejercicio de la competencia exclusiva en materia de derecho civil y foral por parte de la Generalitat, tiene su relación con el artículo 7 del Estatuto, que
es ajustada en nuestro criterio completamente al planteamiento constitucional, que tiene además que ver con la necesidad de la incorporación del derecho civil foral, como otras comunidades ya hicieron anteriormente, y que queda recogido en el
presente Estatuto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar las enmiendas correspondientes a los títulos IX y X y a las disposiciones.
Por petición de votación separada del Grupo de Izquierda Unida, empezamos a votar en conjunto las enmiendas 21 y 26, del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 25, del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, enmiendas 49, 50, 52, 54, 55 y 56.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Del Grupo Parlamentario PNV votamos la enmienda número 131.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 33; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 132.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. En primer lugar, enmiendas 112, 113, 117, 118, 122 y de la 124 a la 128.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 126.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos en conjunto -la señora Navarro me corregirá si me equivoco- las enmiendas 114, 115, 116, 119, 120, 121 y 123.
La señora NAVARRO CASILLAS: Y las enmiendas 125 y 127.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, también la 125 y la 127.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el articulado de los títulos IX y X y de las disposiciones adicionales, transitoria y final, con las modificaciones técnicas que se derivaron del informe del señor letrado y que fueron aceptadas en la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Nos queda solo la votación del texto de la exposición de motivos que pasará a ser preámbulo cuando se apruebe por la Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, dos; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Con esto hemos terminado el debate y la aprobación de la proposición de ley de reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana. (La señora Navarro Casillas pide la palabra.)
La señora NAVARRO CASILLAS: Señor presidente, quería pedir el turno de réplica únicamente para manifestarle mi preocupación por considerar peyorativo el término cachondo.
El señor PRESIDENTE: Queda aceptado que es un lenguaje que se utiliza indistintamente con un significado variable. (Risas.)
Quiero agradecer a las señoras diputadas y a los señores diputados así como a la Mesa, y especialmente al señor letrado, el trabajo que han hecho. Después de 23 años se reforma este Estatuto y es el primero que ha llegado. A pesar de los
momentos de rifirrafe, si el que vamos a empezar a debatir la semana que viene tiene este nivel, firmo ya. Muchas gracias.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.