Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 463, de 20/12/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 463
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 20 de diciembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. (Número de expediente 121/000040.) ...
Emitir dictamen, a la vista del informe de la ponencia, sobre el proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. (Número de expediente 121/000040.) ...
(Página 3)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001029.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Asturias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001030.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en el partido judicial de Baracaldo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001031.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001032.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en Castellón de la Plana. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001033.) ... (Página
12)
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001034.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001035.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en el partido judicial de Córdoba. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001036.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en el partido judicial de Elche. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001037.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en la Comunidad Foral de Navarra. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001038) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001039.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en el partido judicial de L'Hospitalet de Llobregat. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001040.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en el partido judicial de Pamplona. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001041.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001042.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en el partido judicial de Tarragona. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001043.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en el partido judicial de Valladolid. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001044.) ...
- Relativa a la creación de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo en el partido judicial de Zaragoza. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001045.) ...
- De refuerzo de la planta de juzgados de violencia sobre la mujer.
Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Esquerra Republicana (ERC) e Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de
expediente 161/001285.) ... (Página 15)
- Relativa al establecimiento en los juzgados de violencia sobre la mujer de salas específicas para que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder al tribunal y esperar diligencias judiciales con el fin de evitar enfrentamientos con el
acusado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001262.) ... (Página 17)
- Sobre la remuneración de los jueces y magistrados sustitutos. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000633.) ... (Página
19)
- Sobre la necesidad de tomar medidas para ampliar la efectividad de la persecución del fraude en el ámbito civil. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001186.) ...
- Referente a la creación de un juzgado de los social en la isla de Lanzarote. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001295.) ... (Página 21)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la Comisión de Justicia. En primer lugar quiero decirles que, a propuesta de este presidente, por petición del Grupo de Convergència i Unió, los puntos 23 y 24, que
se refieren a dos proposiciones del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la primera referida, por la que se insta al Gobierno a impulsar la suscripción de convenios bilaterales de reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de
marcas y de diseño comunitario, y la segunda referida a la que insta al Gobierno a impulsar la implantación de órganos jurisdiccionales de marca comunitaria en Barcelona, se posponen y se aplazan del orden del día, pasando a la siguiente sesión
ordinaria que tenga esta Comisión de Justicia. Por lo tanto, en ese sentido se modifica el orden del día.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000040.)
El señor PRESIDENTE: En segundo lugar procede la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por el que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea.
La ponencia, como saben SS.SS., estaba integrada por el señor Villarrubia Mediavilla, don Julio, del Grupo Socialista; la señora Fuentes Pacheco, doña Ana María, del Grupo Socialista; la señora Juanes Barciela, doña Carmen, del Grupo Socialista;
el señor Astarloa Huarte-Mendicoa, don Ignacio, del Grupo Popular; el señor López-Medel Bascones, don Jesús, del Grupo Popular; el señor Jané i Guasch, don Jordi, del Grupo Catalán (Convergència i Unió); don Agustín Cerdá i Argent, del Grupo
Esquerra Republicana; doña Margarita Uría Etxebarría, del Grupo Vasco; doña Isaura Navarro Casillas, del grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds; don Luis Mardones Sevilla, del Grupo de Coalición Canaria-Nueva
Canarias; y doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Mixto. Queda ratificada, entiendo, la ponencia en estos términos.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST Y LAS RELACIONES CON ESTE ÓRGANO DE LA UNIÓN EUROPEA (Número de expediente
121/000040.)
El señor PRESIDENTE: A continuación abordamos el segundo punto del orden del día, proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. Antes de entrar en su
debate quiero precisar a
todos los miembros de esta Comisión que las votaciones, tanto de este punto en el que ahora entramos de dictamen sobre el proyecto de ley como debate de las proposiciones no de ley, no se producirán antes de la una y treinta minutos de esta
mañana. Les ruego que estén atentos porque si los debates se producen con la celeridad prevista pudiera producirse esa votación efectivamente a la hora indicada sin mayor dilación. A partir de ese momento, por lo tanto, deben sonar todas las
alarmas en la administración de los tiempos y de las ocupaciones parlamentarias de sus señorías.
Procedemos pues al dictamen y estudio del proyecto de ley por el que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust. A este proyecto permanecen vivos dos bloques de enmiendas que se debatirán, entiendo, globalmente. En primer
lugar, las enmiendas números 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 y 20, del Grupo Parlamentario (Catalán Convergència i Unió) y con posterioridad las enmiendas números 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35 y 36, del Grupo Parlamentario Popular. Pues
bien, para las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, vamos a proceder al dictamen del proyecto de ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust y las relaciones de este órgano dentro de la Unión Europea.
Desde Convergència i Unió
queremos recordar que el Consejo Europeo de Tampere, en octubre del año 1999, acordó que antes de finalizar el año 2001 debía crearse una unidad integrada por fiscales, magistrados y funcionarios de policía para coordinar las investigaciones
policiales y las actuaciones judiciales de los Estados miembros en el ámbito de la delincuencia organizada. La decisión del Consejo 2002/187/JAI hizo realidad este nuevo organismo comunitario. El objetivo de Eurojust es fomentar y mejorar la
coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales llevadas a cabo por las autoridades competentes de los Estados miembros, de acuerdo con la solicitud de éstas y con la información que puedan aportar los órganos competentes. También
tiene por objetivo facilitar la asistencia judicial internacional y la tramitación de las solicitudes de extradición, así como dar apoyo a las autoridades competentes de los Estados miembros para aumentar la eficacia de sus actuaciones. Con este
proyecto de ley que tramitamos hoy en la Comisión de Justicia procedemos, desde el ordenamiento jurídico interno, a otorgar el estatuto de miembro español en el Eurojust, aspecto que cierra la creación del Eurojust desde nuestra perspectiva, y por
tanto ya adelanto, señor presidente, señorías, que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor del dictamen de este proyecto de ley, tras las diversas enmiendas que hemos mantenido para el trámite de hoy.
Convergència i Unió ha presentado 15 enmiendas. De ellas, más de cinco han sido objeto de transacción por parte del Grupo Socialista, que nos ha ofrecido diversas redacciones alternativas. Entendemos que todas ellas, todas las redacciones
alternativas que la diputada Carmen Juanes nos ha ofrecido en este trámite pueden ser aceptadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pues van a suponer una mejora técnica en la redacción de este proyecto de ley, y por tanto
adelanto que cualquier transacción que se nos haya ofrecido o se vaya a ofrecer a lo largo de este trámite es aceptada por nuestro grupo y por tanto implicaría la retirada de la enmienda original para poder votar la correspondiente transacción.
Entre las enmiendas que finalmente no son objeto de esas transacciones y que paso a defender en este momento, en primer lugar hay un grupo de enmienda referidas a nombramientos. Son las enmiendas 6, 7, 11, 12 y 18. Desde la óptica de Convergència
i Unió, es necesario adscribir el miembro de Eurojust nombrado por España al órgano correspondiente a su carrera de procedencia. Por otro lado, consideramos que el informe previo a su nombramiento debe contener necesariamente la idoneidad, méritos
y experiencia que obligatoriamente, por las competencias que ostentara, deben ser en el orden de la cooperación judicial internacional. En el ámbito de los asistentes, consideramos necesario que, de forma obligatoria, se nombre como mínimo un
asistente o más, en atención a la situación del resto de Estados miembros y a la carga de su trabajo. En relación con la enmienda número 12, en la misma pretendemos llenar un vacío que hay en el proyecto, como es el de prever que el corresponsal
para asuntos de terrorismo, por las funciones que le corresponden, debe ser un magistrado, fiscal o jurista de reconocido prestigio. En atención también a su adscripción orgánica, consideramos que sería necesario el informe previo del Consejo
General del Poder Judicial para proceder al nombramiento y remoción de los magistrados de enlace.
Un segundo bloque de enmiendas (el primero iba referido a nombramientos) -me refiero a las correspondientes a los números 9 y 20- se refiere al mantenimiento de la condición. El proyecto de ley que ahora tramitamos puede provocar que desde
la perspectiva interna el juez, magistrado o fiscal nombrado como miembro de Eurojust pierda su condición de tal a pesar de ejercer sus poderes. Por ello consideramos que sería necesario prever en el proyecto su pase a la situación de servicio
activo en comisión de servicios; asimismo, esta previsión necesita la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Un tercer bloque de enmiendas que quiero defender se refiere a la competencia para resolver la solicitud de Eurojust, en concreto la enmienda número 16. Creemos que, concediendo la competencia para su resolución al Fiscal General del
Estado, en caso de denegación, debe competer al orden judicial la resolución de la procedencia o no de la solicitud de Eurojust; todo ello sin perjuicio de que la Fiscalía General imparta las oportunas instrucciones para el ministerio fiscal y se
inste en esas actuaciones que puedan considerarse en cada caso oportunas.
Por último, una última enmienda, la número 19, se refiere a la regularización de extranjeros. Con esta enmienda pretendemos que el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de cerrar fronteras en los supuestos en que el Gobierno inicie un
procedimiento de regularización con el debido refrendo parlamentario. Entendemos en este caso necesario ese refrendo parlamentario por lo que supondría esta medida excepcional en caso de regularización de extranjeros.
Termino señor presidente, manifestando una vez más la oportunidad de este proyecto de ley, el apoyo que nuestro grupo parlamentario le da y el agradecimiento de que en este trámite hayamos podido, a través de estas transacciones, ver cómo
cinco o seis de nuestras enmiendas son finalmente aceptadas y, por tanto, se puedan incorporar al proyecto de ley en aras de mejorar su redacción final.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas números 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35 y 36, del Grupo parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Este es un proyecto de ley que, a pesar de su apariencia fundamentalmente técnica, en cierta medida algo farragosa, nosotros consideramos importante, porque la creación de Eurojust, como la creación de
otras figuras que han ido surgiendo en estos años en el seno de la Unión Europea, y concretamente de los órganos para el desarrollo del espacio de libertad y de seguridad en el ámbito de la Unión Europea, ha sido un paso importante en la lucha
contra la delincuencia organizada, cuestión muy relevante, como todos sabemos, en el ámbito comunitario, y se trata ahora de trasponer en nuestro ordenamiento lo que fue en su día la decisión del Consejo de 28 de febrero de 2002, por la que se creó
Eurojust, y también regular por primera vez a nivel nacional la figura del corresponsal nacional de Eurojust en materia de terrorismo, que viene a trasponer la decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002. Todo ello matizado a su vez por el
hecho de que este mismo año, en el mes de septiembre, se han dictado nuevas decisiones comunitarias relativas al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo que hacen obligado, primero, adoptar medidas a nivel nacional
y, segundo, incluso modificar, según se ha planteado antes de iniciarse esta reunión, algunas de las referencias que se contenían al enviarse el proyecto de ley, en la medida en que la última decisión es incluso posterior a su presentación.
Quiero que en nombre del Grupo parlamentario Popular quede muy claro en el 'Diario de Sesiones' que el proceso que se está desarrollando en el seno de la Unión, por una parte por la vía del reconocimiento mutuo, por otra parte de la
armonización de legislaciones, pero también por la vía de creación de autoridades judiciales y fiscales competentes para relacionarse y entrar en contacto directo entre todos los países, entre todos nuestros países, es de la máxima relevancia para
el desarrollo mismo de la unión política y más concretamente para el crecimiento del espacio de libertad y de seguridad. Yo tuve personalmente el privilegio de asistir en su momento a la aprobación de la decisión por la que se creó Eurojust y
también tuve el privilegio personal, en el ejercicio de las responsabilidades en el Ministerio de Justicia, de asistir al nombramiento del primer Eurojust de cada uno de los países miembros de la Unión y de la puesta en marcha de la institución, y
puedo decir que tanto ese momento como el momento en el que vimos nacer los magistrados de enlace o en el momento que vimos nacer la Red Judicial Europea han sido otros tantos pasos adelante en algo que todavía es embrionario, que requiere pasos muy
significativos, como los que se daban en el borrador de la Constitución europea, para que la política europea en materia de libertad, de justicia y de seguridad pase de estar incluida en el tercer pilar a que decididamente forme parte del conjunto
de las políticas de la Unión. En ese marco viene este proyecto de ley, que, aunque no de todos los grupos pero sí en particular de dos, el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que me precedió en el uso de la palabra y el Grupo Popular, ha sido
objeto de un buen número de enmiendas, la mayoría de las cuales, tanto en el caso de Convergència i Unió como en el del Grupo Popular, todavía están vivas, aunque, como decía el señor Jané, efectivamente en la ponencia ya hicimos un esfuerzo para
que algunas de ellas se incorporasen al texto del proyecto de ley. En el caso del Grupo Popular se han incorporado siete enmiendas, que nosotros consideramos en consecuencia no mantenidas en este trámite ni a efectos de la ordenación luego de las
votaciones por la Mesa. Me estoy refiriendo a las enmiendas números 21, 28, 29, 30, 31, 32 y 37. Se ha procedido también a una aceptación parcial de la enmienda 22, del Grupo Popular, al artículo 2.3, pero en lo no acogido, que ahora diré,
nosotros consideramos que se produce una propuesta importante que todavía está viva y que en consecuencia se defenderá en este debate.
De las enmiendas que mantenemos haría seis grupos o seis grandes líneas de defensa de las mismas. La primera es de las que consideramos especialmente importantes y sobre las que no voy a dejar de insistir al grupo mayoritario que sería
bueno, porque añade y nada daña, que hiciese una reflexión final y procediese a la admisión a trámite de la enmienda número 22, al párrafo 1 del artículo 2. Aquí tenemos discrepancia yo diría que la generalidad de los grupos que hemos presentado
enmiendas con el Grupo Socialista. Y digo esto de la generalidad de los grupos porque enmiendas hemos presentado tres grupos: el Grupo Popular, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y también el Grupo Esquerra Republicana de Cataluña, si bien
luego en el trámite de ponencia se comunicó su retirada. Pero a este artículo 2.1, la retirada de Esquerra Republicana como las todavía vigentes, la enmienda número 7, de
Convergència i Unió, y la enmienda número 22, del Grupo Popular, proponen lo mismo, y es que lo que proponen es sensato. Está claro y nadie discute que el miembro nacional de Eurojust tiene que ser nombrado por el Gobierno, por decreto del
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Justicia, pero hay una discrepancia sobre el carácter de la intervención del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, según el caso, y dentro de la Fiscalía General del
Estado, sobre la intervención exclusiva del Fiscal General del Estado o el previo informe del Consejo Fiscal. Lo que está en el texto del Gobierno y sigue defendiendo el Grupo Socialista es que el informe del Consejo o de la Fiscalía sea un
estricto informe de legalidad de comprobación de requisitos del candidato a nombrar, y lo que hemos propuesto todos los demás grupos parlamentarios que hemos presentado enmiendas es que no se limite a un puro trámite de audiencia reglado, de pura
legalidad, sino que haya también un juicio sobre la oportunidad de la persona, en su caso, consultada. La verdad es que no vemos ni el más mínimo inconveniente, por eso decía que añade pero nada daña, a que esto sea así. Nadie pone en cuestión la
relación de dependencia directa con el Ministerio de Justicia; nadie pone en cuestión, porque es sensato, que el nombramiento se produzca por el Consejo de Ministros; nadie está proponiendo que el informe sea vinculante, no se trata de eso, sí se
trata de que puedan opinar en su integridad sobre la adecuación de la persona que vaya a ser nombrada tanto el Consejo como, en su caso, el ministerio fiscal. Aquí introduciré un comentario de orden político mayor: no entendemos de manera alguna
la conformación del Consejo General del Poder Judicial, que el grupo mayoritario va trazando en esta legislatura, cuando con una mano habla de órgano político susceptible de control político y con otra mano va eliminando cualquier ámbito de posible
criterio de oportunidad, criticando incluso que ese ámbito de criterio de oportunidad se produzca. No puede haber una mayor contradicción entre lo que se está diciendo con una mano y con la otra sobre lo que debe ser el Consejo General del Poder
Judicial. Esta es una de las enmiendas que consideramos mayores, por parte del Grupo Popular, entre las que voy a defender.
Hay un segundo grupo de enmiendas, que serían las números 23, 24 y 25, que se refieren al estatuto jurídico propiamente dicho de la figura.
Defendemos, como defiende Convergència i Unió en otra enmienda (nosotros en la 23 y Convergència i
Unió en la enmienda nº 9), que la persona nombrada, el miembro nacional de Eurojust, no pase a una situación de servicios especiales, sino que se mantenga en activo en comisión de servicios. Esto tiene, a nuestro juicio, una justificación que nada
tiene que ver con las distintas condiciones funcionariales, sino que tiene que ver con una cuestión que en la práctica se ha detectado esencial para la eficacia del funcionamiento de los miembros de Eurojust, que es que entre sus compañeros, entre
los jueces y fiscales a los que el Eurojust español va a tener que dirigirse para realizar sus funciones, para agilizar los procedimientos, para iniciar actuaciones nacidas del órgano colegiado en el seno de la Unión, se requiere que sea una persona
con autoridad para que el resto de los jueces y fiscales a los que se va a dirigir efectivamente, si me permiten la expresión coloquial, se tomen en serio cada una de las actuaciones que les plantea Eurojust. Mantener, en consecuencia, la autoridad
correspondiente a la situación de juez o fiscal en activo parece que es más razonable que sacarlo de la carrera, decir que este señor queda fuera durante ese periodo y que en una condición ajena a la carrera se dirige a sus compañeros, sean jueces o
sean fiscales. Mejor es, me parece a mí, para la efectividad de Eurojust que se posibilite que ejercite los poderes que le corresponden en su condición de autoridad judicial o fiscal.
En la enmienda 24 planteamos la modificación del artículo 4.1, letra d), para eliminar del proyecto que entre las causas de cese esté la libre remoción del Gobierno. No nos parece razonable que el Gobierno tenga la facultad de cesar
libremente a Eurojust, un Eurojust nombrado por un periodo fijo, que es un periodo de tres años, y que, como tantos órganos de nuestra vida pública, debería tener la tranquilidad de actuar sin la espada de Damocles de que en cualquier momento va a
ser removido, por cualquier actuación que realice, por el Gobierno.
En la enmienda número 25 planteábamos, como también el Grupo Catalán (Convergència i Unió) -como ven SS.SS., prácticamente las enmiendas han coincidido en el caso de los grupos parlamentario-, que en caso de cese por renuncia acceda al
ejercicio de la función el adjunto y no se produzca un periodo de vacancia. El grupo mayoritario nos ha ofrecido en este punto una transacción, pero nosotros pensamos que esa transacción es peor que lo que nosotros estamos proponiendo, y lo es no
en términos de discrepancia política, que aquí no la hay, sino en términos puramente técnicos. El grupo mayoritario lo resuelve con una remisión al artículo que regula la figura de los adjuntos, o diríamos en este caso de los sustitutos, pero es
una remisión a los casos en los que entra en funciones el adjunto, con lo cual es una remisión que técnicamente no resuelve la cuestión. Yo creo que en los términos en que está redactado en la enmienda número 10, de CiU, si se prefiere, y la
enmienda 25, del Grupo Popular, resolvemos lo que entiendo que estamos de acuerdo en resolver, sin una mala fórmula técnica, que es la que en este momento yo creo que se está proponiendo en la transaccional. No es necesario que nosotros retiremos
la enmienda número 25 para que se pueda tramitar la transaccional en la medida en que ya ha anunciado el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que retira las que hagan falta para que se puedan tramitar las transaccionales. Con lo cual
nosotros mantenemos la enmienda número 25 para que se someta a votación, porque, insisto, consideramos que técnicamente es mejor, y en todo caso nos gustaría que el grupo mayoritario atendiese a estas razones,
que son sensatas, y se fuese bien a la fórmula de la enmienda número 10, de CiU, o bien a la de nuestra enmienda número 25, que resuelve, insisto, lo que creo que queremos resolver de común con una fórmula mejor.
En el artículo 5 mantenemos la enmienda número 26, que ya fue objeto de una propuesta de transacción por parte del Grupo Socialista en ponencia y que ahora se mantiene. En definitiva la cuestión es que coincidimos todos en que la memoria
anual que eleva Eurojust a quien se la tiene que elevar, que es el Ministerio de Justicia, se remita también al Congreso y al Senado -se dice aquí a las Comisiones de Justicia e Interior- y, en su caso, si los grupos los entienden oportuno y la Mesa
lo acuerda, sea objeto de un examen, de una información por parte del Eurojust español al Congreso de los Diputados. En la transacción que propone el Grupo Socialista se pretendía salvar algo que nosotros compartimos, y es que la memoria debe ser
elevada al Ministerio de Justicia y no simultáneamente o alternativamente al Ministerio de Justicia y al Congreso de los Diputados, pero en la fórmula transaccional que se nos ofrecía no quedaba claro que, además de remitirse la memoria al
Ministerio de Justicia, debe remitirse también al Congreso de los Diputados para que sea, entre otras cosas, objeto de conocimiento por los miembros de esta Comisión. Entiendo que la voluntad del Grupo Socialista es que efectivamente se pueda
remitir la memoria, pero a través del Ministerio de Justicia, no, como decía antes, sucesiva o alternativamente al Congreso de los Diputados. En la medida en que eso lo podamos hacer explícito con un añadido en la transaccional o que quede claro de
este debate con la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, nosotros aceptaríamos la transacción y retiraríamos nuestra enmienda a efectos de que se pueda tramitar.
La enmienda número 27 se dirige al artículo 6 y también entendemos que no plantea ningún problema que no sea de mejora técnica, en la medida en que lo que pide es que se recoja literalmente lo que decía la decisión comunitaria, que a nuestro
juicio lo que dice es que en todo caso debe haber un asistente, por lo menos uno, y que queda a la voluntad de las autoridades nacionales que haya más de uno. En la medida en que la enmienda deja claro que en todo caso debe haber uno y queda luego
a la voluntad de la autoridad nacional la posibilidad de que haya varios, nosotros pensamos que es una buena propuesta que debería ser aceptada por el grupo mayoritario, en los términos de nuestra enmienda número 27 o alternativamente -que también
nos vale- en los términos, aquí también coincidentes, de la enmienda número 11, presentada por Convergència i Unió.
La enmienda número 33 se dirige al artículo 13 y propone algo que a nuestro juicio falta en la ley. He dicho antes que una figura como el Eurojust tiene los lógicos problemas de implantación en el conjunto del funcionamiento de nuestra
organización judicial. Nuestros jueces y fiscales tienen que ir aprendiendo a conocer la existencia de Eurojust y a aceptar que, desde Europa, desde el órgano colegiado de miembros nacionales de Eurojust, van a salir actuaciones de obligado
cumplimiento para el Poder Judicial o para la carrera fiscal en España. Defendía antes que sería bueno que para eso no se quitase la condición de autoridad judicial o fiscal en activo del miembro de Eurojust, y en todo caso defiendo ahora -enmienda
33, como decía- que la desatención a los requerimientos de Eurojust, y no solo del Eurojust español sino del colegio Eurojust, órgano colegiado de la Unión Europea, tiene que tener consecuencias; que no podemos aprobar una ley que regule el
estatuto de Eurojust en las que incumplir absolutamente, grave o levemente -lo mismo da- cualquiera de las actuaciones iniciadas por Eurojust en nuestro ordenamiento jurídico no tenga consecuencias. Es verdad que esas consecuencias no tienen que
estar fijadas en esta ley; es verdad que esas consecuencias tienen que estar fijadas, en su caso, o en el Estatuto del Ministerio Fiscal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus siguientes desarrollos reglamentarios. Pero en todo caso sí
parece importante lanzar y dejar claro el mensaje de que la desatención a los requerimientos de Eurojust tendrá consecuencias, debe ser objeto de -como se dice aquí- la sanción disciplinaria proporcionada a la gravedad del incumplimiento y hacer la
remisión correspondiente mediante el desarrollo de la normativa orgánica que procede.
Señor presidente, finalmente tenemos las enmiendas números 34, 35 y 36, a los artículos 14, 16.1 y 16.5, y que son enmiendas que están vinculadas y ligadas. La principal de ellas sería la enmienda número 34, de la que traen causa las otras
dos. La enmienda número 34 plantea dos cuestiones, probablemente las más importantes de las que yo estoy en este momento suscitando en este debate, aparte de la primera que planteé, la intervención con un informe no vinculante pero intenso del
Consejo General del Poder Fiscal, y aquí la cuestión de si el cauce para la comunicación de Eurojust con el conjunto de nuestra estructura judicial tiene que ser necesariamente el Ministerio Fiscal, primera cuestión, y, segunda cuestión, en el caso
de que se mantenga en los términos que actualmente están en proyecto, si se mantiene que sea el ministerio fiscal o aunque no se mantenga que sea el cauce del ministerio fiscal, la necesidad de motivar la negativa a proseguir una actuación iniciada
por Eurojust, punto primero, y, segundo, la posibilidad de que un juez confirme o no lo que previamente ha decidido el ministerio fiscal. Dicho en otras palabras, la ley opta por que sea el ministerio fiscal el que decida si una actuación de
Eurojust va adelante o no va adelante, y existiendo en España todavía y en tanto no se reforme la figura del juez instructor, a nosotros eso de verdad que nos parece una gran equivocación; que determinadas actuaciones de Eurojust deben agilizarse
por la Fiscalía, pero otras actuaciones de Eurojust deben ir eliminando la burocracia de un trámite intermedio directamente al juez responsable y que, en todo caso, no puede ser el fiscal quien decida si se actúa o no, poniendo
en marcha una iniciativa de Eurojust; que debe ser el juez y que, además, tanto si es el juez, como proponemos nosotros, como si lo dejan en los términos que están en el actual proyecto de ley, ustedes lo mantienen en la decisión del
fiscal, esta tiene que ser una decisión motivada y recurrible. Eso es lo que dice la enmienda número 34 y lo que desarrollan las enmiendas números 35 y 36, en consecuencia con el cambio que nosotros proponemos de que esto no pase por el filtro
obligado del fiscal y que, en consecuencia, según sea fiscal o juez, los artículos 16.1 y 16.5 deban ser modificados. Diré para terminar, señor presidente, que también en esto el grupo mayoritario está solo, en la medida en que también en esto hay
coincidencia de la enmienda número 34, del Grupo Popular, con la enmienda número 16, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), y que estaría bien que, con la fórmula de uno o con la fórmula de otro, esto se aceptase.
Termino con una referencia a las enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió), fácil -entenderán SS.SS. después de lo que he ido diciendo- porque en la medida en que la generalidad de las mismas coinciden con las enmiendas que ha
presentado el Grupo Popular, las vamos a aprobar, con la salvedad, que también traslado a la Mesa a efectos de poder ordenar las votaciones, de las enmienda números 6, 12 o la 19, que nosotros no apoyaremos -votaremos negativamente-, y con la
salvedad de la enmienda número 18, en relación con la cual nos abstendremos. Si en un trámite posterior se desea que expliquemos el porqué de cada una de esas tomas de posición para el voto lo haremos encantados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Carmen Juanes.
La señora JUANES BARCIELA: Voy a exponer las materias concretas que se refieren a enmiendas que están vivas en esta Comisión y que requieren alguna matización para la correspondiente votación. Intervendré con toda brevedad.
Dada la naturaleza del proyecto de ley que hoy debatimos -que es eminentemente técnico- y la filosofía jurídica del grupo que la ha propuesto y del Gobierno al que sustenta, quiero constatar que esta iniciativa legislativa goza del amplio
respaldo de todos los grupos parlamentarios, ya que la creación de esta unidad significa un paso hacia delante para evitar la existencia de refugios para los delincuentes y terroristas de la Unión Europea. Por eso, desde el Grupo Socialista, con el
ánimo de que el resto de los grupo parlamentarios se sientan representados, hemos intentado recoger el espíritu de todas y cada una de las enmiendas que han sido presentadas para mejorar la ley. Quiero agradecer la buena voluntad y la buena
disposición de todos los grupos para intentar sacar el proyecto de la forma más consensuada posible.
En primer lugar, hay que corregir una mención errónea, que previamente he repartido a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, derivada de la evolución de la normativa europea y que me imagino no habrá problema en incluir en el
trámite de esta Comisión. Concretamente, en la exposición de motivos del proyecto se hace referencia, en el párrafo octavo, a la decisión 2003/48/JAI del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aplicación de medidas específicas de
cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo. Pues bien, esta decisión ya no es la norma reguladora de los corresponsales para asuntos de terrorismo, pues ha sido recientemente derogada y sustituida por la decisión 2005/671 del
Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo. Esta decisión ha sido adoptada con posterioridad al envío del proyecto de ley a las Cortes, de ahí que no constara en el
texto original; por tanto, hay que sustituir la referencia a la decisión 2003/48 por la decisión 2005/671.
En segundo lugar, en coherencia con las enmiendas ya aceptadas en ponencia, en el artículo 9.2 se aceptó la enmienda número 13, de Convergència i Unió, lo que ocurre es que este apartado 2 quedaba arduo de leer y bastante farragoso, de ahí
que mejoremos y clarifiquemos la redacción. Hemos seguido el formato de redacción de la decisión 2002/187 del Consejo, de 28 de febrero de 2002. Supongo que el señor Jané aceptará esta corrección técnica como previamente me ha dicho. Otra
corrección de forma la hacemos al artículo 10. Se trata de recuperar la redacción con sensatez y de suprimir algún inciso por razones técnicas y porque es incongruente con algunos de los párrafos. Así, en el apartado 2 se suprime el inciso... y
en el marco de los convenios y acuerdos vigentes, pues el miembro nacional de Eurojust debe actuar siempre en el marco de estos acuerdos y convenios y no solo en caso de urgencia. Por eso, esta mención se incluye en el apartado 3, enmienda 14, de
CiU, y en el 4 se acepta la enmienda número 32, del Grupo Popular. Espero que los otros grupos parlamentarios lo acepten.
Voy a desgranar las enmiendas que han quedado vivas en esta Comisión al no ser aceptadas en su día en el informe de la ponencia. Me voy a referir, en primer lugar, a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Rechazaríamos las siguientes enmiendas, y no lo hacemos de forma caprichosa sino de forma serena y argumentativa. La enmienda número 23, que coincide con la enmienda número 9, de CiU, la rechazamos porque entendemos que el miembro nacional de
Eurojust no debe ejercer otras funciones propias que la de su condición. Además, no debe olvidarse que el Consejo General del Poder Judicial, en su informe al entonces anteproyecto de ley, señaló que los miembros nacionales nombrados, extensivos a
los asistentes, pasarían a la situación administrativa de servicios especiales, por serles de aplicación lo dispuesto en el artículo 351.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La número 24 la rechazaríamos porque la posibilidad de cese debe
estar prevista. La número 27, que pretende que el nombramiento
de al menos un asistente sea obligatorio, y que coincide sustancialmente con la enmienda número 11, de CiU, no la podemos aceptar ya que la decisión del Consejo, artículo 2.2, no obliga a su nombramiento.
Rechazaríamos la 31; la 37, señor
Astarloa, la rechazaríamos por innecesaria; rechazaríamos la 34, que coincide con la 16, de CiU; la 35 y la 36 las rechazamos en virtud de las facultades constitucionales que ostenta el ministerio fiscal -en especial promover la acción de la
justicia en defensa de la legalidad-, y las facultades que se atribuyen al Fiscal General del Estado en esta materia no suponen modificación ni merma de las que el ordenamiento jurídico español atribuye a los jueces y tribunales en cuanto a la
incoación de procedimientos penales. Además, se ha estimado que sea un órgano constitucional, como el ministerio fiscal, que actúa bajo el principio de unidad de actuación, el que fije la posición del Estado español. Si me permite, señor Astarloa,
no me parece necesario incluir esta enmienda porque, entre otras cosas, las decisiones adoptadas por el Fiscal General del Estado, por ejemplo, en el derecho interno, en relación con las actividades instructoras de la Administración, como por
ejemplo el artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, y el artículo 3 del Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se prevé la
paralización del procedimiento administrativo, entre otros casos, en tanto no decida el ministerio fiscal si ejercita o no acciones penales, sin necesidad de que esta decisión precise refrendo judicial. En el plano internacional, sirvan de ejemplo
las transmisiones de información que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude realiza en las actividades españolas. El reglamento 1073/99 del Parlamento Europeo, del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por
la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, prevé la transmisión de las investigaciones sobre hechos que puedan dar lugar a acciones penales. En España, estas comunicaciones se realizan a la Fiscalía especial para la represión de los delitos
económicos, relacionados con la corrupción, conforme a un protocolo firmado entre la OLAF y el Fiscal General del Estado. Creo que ha quedado suficientemente claro por qué hemos rechazado alguna de sus enmiendas; hemos intentado explicar el
rechazo de todas y cada una y creemos que deben decaer por sus propios fundamentos.
Aceptamos las enmiendas números 21, 28, 29, 30 y 37 -que coincide sustancialmente con la 17, de CiU- y la 22 la aceptamos parcialmente.
Hemos presentado una transacción a las enmiendas números 25 y 26. De la número 26, una vez recibida,
enviaremos copia al Congreso de los Diputados. Nos parece que la enmienda número 32, del Grupo Popular -que coincide sustancialmente con la 15, de CiU-, es técnicamente más correcta, por lo que aceptamos la del Grupo Popular, esperando que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sienta también que estamos transaccionando con ellos puesto que su enmienda tiene el mismo espíritu. Son enmiendas, por tanto, que tienen el mismo sentir y por tanto los aceptamos con la transacción que
hemos ofertado.
En relación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechazan la número 6 porque el Ministerio de Justicia es la autoridad central en materia de cooperación internacional, y la 7 porque entendemos que es
suficiente con que dichos órganos certifiquen los 10 años de servicio y la acreditada experiencia en la jurisdicción penal de los candidatos propuestos, que son los requisitos exigidos legalmente, es decir, la experiencia y la antigüedad en el
servicio son los datos determinantes para valorar la idoneidad del puesto. Rechazaríamos la enmienda número 12, porque la formación jurídica no debe sobredimensionarse para una función como esta. Además, el artículo 2 de la decisión 2005/671 del
Consejo, relativa al intercambio de información y cooperación sobre delitos de terrorismo, en la que se regula la figura del corresponsal de Eurojust, no exige estos requisitos.
La enmienda número 18 la rechazaríamos porque el Ministerio de
Justicia es la autoridad central en materia de cooperación y además la redacción propuesta en esta enmienda suprime la referencia a que el nombramiento se hará entre los miembros de la carrera judicial o del ministerio fiscal.
Rechazamos la
enmienda número 19 porque es una materia ajena en contenido y finalidad del proyecto de ley. Rechazamos las enmiendas números 9, 11 y 16 en coherencia con el rechazo a las enmiendas del Grupo Popular números 23, 27 y 34. Se acepta la enmienda
número 13 y la 17 la aceptamos parcialmente. En cuanto a las enmiendas números 8, 10 -que coincide con la número 25, del Grupo Popular- y la número 14, hemos propuesto textos que obran en la Mesa a fin de transaccionarlos. Nos consta que el grupo
proponente así lo ha entendido y aceptado.
Concluyo, señorías, solicitando el apoyo del conjunto del dictamen de la ponencia y las enmiendas transaccionales que ya están en poder de la Mesa, y quiero poner en valor lo que ha significado que todos los grupos de la Cámara hayan
aprobado esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Astarloa.
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Breves segundos, señor presidente.
Decía la portavoz socialista que las enmiendas números 31 y 37 en principio no las aceptaba, si no lo he oído mal, cuando entiendo que están aceptadas en ponencia. Me parece que no son problemáticas, y si lo fuesen, lo miraríamos ahora
entre nosotros, porque en principio están incluidas en el informe de la ponencia. (La señora Juanes Barciela: Sí.) Estamos de acuerdo.
Aceptamos la transacción propuesta a la enmienda número 26, del Grupo Popular, con el añadido que ha leído la señora portavoz del Grupo Socialista, que compartimos, y en consecuencia la retiramos. Dije antes que
en la medida en que no se aceptase una corrección a la transacción nosotros manteníamos la 25, con lo cual la mantenemos. Finalmente, en lo que efectivamente, como ha dicho la señora portavoz, debería haber sido no solo un debate pacífico
-que evidentemente lo está siendo-, sino un acuerdo pacífico, no hemos avanzado mucho en lo que se refiere al Grupo Popular -yo repaso las enmiendas que nos han aceptado y básicamente son todas de carácter terminológico-, con lo cual mantendremos
todas las enmiendas para votación e invitaremos a que el grupo mayoritario y al Gobierno a que vuelva a darles una vuelta de aquí al Senado, porque son sensatas todas y no pueden ser equivocadas -entiendo yo-, y muy especialmente quiero dejar
constancia en el 'Diario de Sesiones' de la discrepancia en relación con lo planteado por las enmiendas números 22 y 34, es decir, el papel que se asigna en esta ley innecesariamente al Consejo General del Poder Judicial, a los jueces y al
ministerio fiscal.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra el señor Mardones, en nombre del Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: En la votación final de conjunto mi grupo va a votar a favor de este proyecto de ley que regula el estatuto de miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea, en primer lugar,
porque tenemos siempre una línea desde Coalición Canaria de constante apoyo a todas estas medidas del pilar de la Unión Europea referente a la justicia y a Interior y por tanto a la lucha que ya se vio cuando se tomaron los acuerdos de Tampere,
fundamentalmente, por los jefes de Gobierno y de Estado, como en el Tratado de Niza, en febrero del año 2001, contra todas las formas graves y muy actualizadas de delincuencia. En este tema el archipiélago canario tiene una especial sensibilidad
por ser a veces un lugar de intereses de mafias de países de la antigua Unión Soviética, del Este y, lamentablemente, de otras latitudes, por lo que es necesario hacer un esfuerzo sobre todo frente a mafias que operan en muchos delitos de blanqueo
de capital, droga, prostitución, trata de blancas, etcétera, y que están a veces en correlación con personajes -por llamarles de alguna manera- dedicados a esta actividad penalizable del continente europeo y concretamente de la Unión Europea. Las
actuaciones policiales en temas de delincuentes de nacionalidad de otros países de la Unión Europea que operan en Canarias nos han demostrado la necesidad de apoyar todas estas medidas, por lo que coincidimos plenamente en que se desarrollara el
Tratado de Niza en cuanto a que dio un respaldo concreto y expreso a Eurojust.
Respecto al contenido concreto de este proyecto de ley, quiero decir que, como ya hemos anunciado, vamos a votar a favor de su conjunto, pero quiero, señor presidente, hacer una observación de tipo protocolario. En el segundo párrafo de la
exposición de motivos se dice: una unidad Eurojust integrada por fiscales, magistrados o agentes de policía. Dado que el texto restante de la ley jerarquiza o protocoliza la prelación que deben tener magistrados, fiscales o agentes de policía, que
está perfectamente respetada en todo el texto articulado del proyecto de ley, solicito que se dé prelación a los fiscales en cuestiones que están ya reguladas de esta manera. Sería una corrección protocolaria y gramatical, como hemos dicho, en el
párrafo de la exposición de motivos.
Mi grupo solicitaría votación separada de las enmiendas números 22 y 23, del Grupo Parlamentario Popular, que ha defendido el señor Astarloa, porque entendemos perfectamente -al menos compartimos esta idea- que no se trate de dar al Consejo
General del Poder Judicial o el Fiscal General del Estado, un papel puramente de registrador, de dar fe notarial de legalidad que puedan tener los candidatos. No entramos en otras enmiendas porque, como he dicho, vamos a respetar el criterio de la
mayoría general y la votación de conjunto, pero sí queríamos dejar clara nuestra reserva a esta cuestión, que no es puramente de un principio de legalidad, sino de un principio de autoridad y de jerarquía. En este sentido, he pedido también
votación separada de la enmienda número 23, porque no queda claro que es la competencia de un miembro de Eurojust en cuanto actúe como comisión de servicios o que actúe en comisión de servicios especiales.
Esto es importante destacarlo, porque se
va a ver esta persona sentada en un organismo en el que no es que esté predominando la teoría del corporativismo pero sí del principio de autoridad y de plena legalidad y plena competencia de actuación, porque al sentar a una persona en el Consejo
de Eurojust hay que ver las condiciones de los representantes de otros países miembros de la Unión Europea que estén en este tratado, el representante británico, alemán, francés, italiano, austriaco -por poner ejemplos de sistemas democráticos-, muy
rigurosos y exquisitos con estos principios de idoneidad de la persona que ocupa esta situación. Por supuesto, veo que en la enmienda número 22 se respetan los principios, incluso se añade que el informe no sea vinculante para que la plena potestad
del Consejo de Ministros quede perfectamente explícita y no solamente implícita en cuanto a lo que tenga que hacer respecto al informe que emita no solamente en relación con el principio de legalidad, de temporalidad en el cargo, en el ejercicio, en
la especialidad penal, sino fundamentalmente también en lo relativo a la idoneidad. Es decir, es enviar a estas personas a un órgano europeo a sentarse con las plenas garantías jurisdiccionales, políticas y profesionales. Por eso pido, señor
presidente, la votación separada de las enmiendas 22 y 23, aunque mi grupo las va a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Nuestro grupo va a votar también de manera favorable el informe de la ponencia y lo que, a tenor de las intervenciones de los distintos portavoces que me han precedido, se deduce que va a ser lo que va a quedar
finalmente plasmado como dictamen de la Comisión.
He creído entender que existía un cierto reproche en el comentario que dirigía a algunos grupos el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al manifestar que solo dos formaciones políticas habían hecho el esfuerzo de formular enmiendas al
texto. Quiero que vaya por delante que la vocación europeísta y de respeto a las instituciones europeas de la formación a la que represento es total, como así lo llevamos acreditando en toda nuestra historia en esta Cámara, y a él le consta bien,
como secretario de Estado que fue, en relación con la articulación que se dio a la euroorden, respecto de la cual tampoco formulamos enmiendas al texto. Creemos que se trata de una competencia exclusivamente estatal, puesto que esta ley no tiene
por objeto, como bien dice su exposición de motivos, establecer una regulación completa de Eurojust -puesto que esta le correspondería al derecho de la Unión Europea- sino dictar las disposiciones necesarias para hacer posible la aplicación de este
último, en especial en lo que respecta al estatuto de miembro nacional español de Eurojust. Esta articulación en el texto del proyecto nos parecía sensata, pero dado que las iniciativas legislativas en esta Cámara son muchas y las posibilidades de
disposición no tantas, creímos que se articularía por las demás formaciones políticas y podríamos posicionarnos a lo largo de la tramitación del proyecto de ley. No hemos formulado enmiendas, pero al señor presidente y a los demás ponentes les
consta que sí hemos acudido a la ponencia, hemos opinado sobre algunas de las cuestiones, y aquí estamos interviniendo en el texto en su paso por esta Comisión.
Nos parece que, como competencia estatal que es, es correcta la previsión que el artículo primero contiene respecto a que el miembro nacional de Eurojust quedará adscrito orgánicamente al Ministerio de Justicia, no pareciéndonos
satisfactoria la pretensión que alentaba en algunas de las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió de una intervención del Consejo General del Poder Judicial, porque insistimos en que nos parece que lo que se está creando engancha
directamente con las potestades que al Gobierno de España le corresponden, y está bien que orgánicamente se le adscriba al Ministerio de Justicia.
En cuanto al nombramiento, me permitirán una pequeña reflexión. El acuerdo al que se ha llegado respecto de qué intervención sea, si la del Consejo General del Poder Judicial o la de la Fiscalía General del Estado nos sugiere algún
comentario sobre la intervención o no del Consejo Fiscal.
Por el tiempo que una lleva siendo diputada deduce que quien gobierna prefiere al Fiscal General del Estado, sin injerencias del Consejo Fiscal; y cuando uno está en la oposición, le gusta
que haya alguna intervención del Consejo Fiscal. Nos parece que ha quedado bien el texto del artículo 2 y, por lo tanto, tampoco votaremos las enmiendas que en tal sentido sostiene el Grupo Popular.
No voy a ir analizando artículo a artículo, pero sí encontramos que es correcto, en este fruto de transacciones, que en el artículo 4 se haya previsto la posibilidad de una continuidad cuando no haya existido renovación del nombramiento,
transacción entre dos enmiendas, del Grupo Popular y el de Convergència i Unió. De igual forma, como diputada que soy me satisface que se haya dado entrada a la posibilidad -que no obligación- de que los informes que se evacúen al Gobierno por
quien sea el miembro de Eurojust puedan ser conocidos y objeto de pregunta por esta Comisión o por la Comisión de Interior de esta Cámara. De la misma manera, nos parece que también ha quedado correcta la regulación de los corresponsales
nacionales, singularmente el corresponsal en materia de terrorismo.
Señorías, he indicado antes la importancia de este proyecto en relación con la construcción de lo que a partir del Tratado de Ámsterdam quedó incorporado como espacio de libertad, seguridad y de justicia, que incluía la cooperación judicial
como uno de los elementos más importantes en la construcción europea. No hace al objeto de esta ley, puesto que este es un foro político en el que, además de las cuestiones técnicas respecto de las normas se puede hablar de otras cuestiones, pero
me parece que una vez más es momento adecuado para que, desde la formación política a la que yo represento, volvamos a traer a esta Cámara la queja que siempre tenemos respecto a cómo se va construyendo este tercer pilar, este espacio de libertad,
seguridad y justicia.
Creemos que se está haciendo con importantes agujeros negros. España es un país, componente de la Unión Europea, con más policías integrales que las que siempre se quiere reconocer; además de la Policía Nacional y la Guardia Civil existen
la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, respecto de los cuales, a pesar de ser policías, hay importantes lagunas sobre su posibilidad de participación. No olvidemos que ya no se trata solo del tan traído y llevado asunto que tantas intervenciones ha
suscitado en esta Cámara, sobre la persecución en caliente; pero no olvidemos, respecto de la ayuda que a Eurojust puedan prestar las policías que la Policía Europea no se ha construido en pirámide, sino que se constituye por la aportación de los
Estados miembros. La Policía Europea, en principio la Escuela Europea de Policía, es virtual, es piramidal -insisto-, se constituye por la suma de todas las policías, se construye de manera magmática, como gusta decir el viceconsejero de Seguridad
del Gobierno vasco. Si alguna policía no queda incorporada, policía de base territorial, existirán esos agujeros negros en la posibilidad de persecución. Se me dirá -es la contestación que el Estado da siempre- que lo suplen las otras policías,
pero esto ocurre en materia
de terrorismo, en la que, ciertamente, la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen ampliamente implicadas, no así respecto de otros tipos delictivos. La persecución de una cadena de narcotráfico o un robo de arte son ejemplos típicos de
delitos de esta índole. Al ocurrir en el territorio vasco o en el territorio catalán y quererse investigar, tendrían importantes problemas, puesto que no contarían con una policía de presencia que tuviese los datos correspondientes. Creemos que
deberían hacer examinar esta carencia, que es fruto de suspicacias existentes en el pasado respecto a la calidad, la categoría o la implicación en la persecución del delito de determinadas policías, pero el paso del tiempo ha ido evidenciando que no
hay motivo para tales suspicacias. Quiero concluir esta intervención solicitando del Gobierno en la actualidad que se lo haga mirar. En el tercer pilar sigue existiendo este problema, y cualquier momento es bueno para mi formación política para
traerlo de nuevo a la Cámara.
En todo caso, ya hemos indicado que votaremos a tenor de lo que desde la formación mayoritaria y de acuerdo con las enmiendas, tanto del Convergència i Unió como del Grupo Popular que han sido objeto de transacción, será el dictamen de esta
Comisión, que contará con nuestro voto pleno.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, y después de que se ordenen las enmiendas transaccionales y se les dé la última redacción, con la votación general y a la hora prevista, procederemos a dar cuenta tanto de las correcciones técnicas
como de las transacciones, y someteremos a votación todos estos extremos referidos al proyecto de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente: 161/001029.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente: 161/001030.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE BARACALDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001031.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001032.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN CASTELLÓN DE LA PLANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001033.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001034.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001035.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE CÓRDOBA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001036.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE ELCHE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001037.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001038.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001039.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE L´HOSPITALET DE LLOBREGAT. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001040.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE PAMPLONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001041.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001042.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE TARRAGONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001043.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE VALLADOLID. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001044.)
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER EXCLUSIVO EN EL PARTIDO JUDICIAL DE ZARAGOZA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001045.)
El señor PRESIDENTE: Abordamos a continuación los puntos del orden del día 3 a 20, que se tratan de manera acumulada, referidos a proposiciones no de ley relativas a la creación de juzgados de violencia sobre la mujer en diversas
comunidades autónomas, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y a una proposición también conjunta, firmada por el Grupo Socialista, Esquerra Republicana e Izquierda Unida, referida al refuerzo de la planta de los juzgados de
violencia sobre la mujer.
Para defender las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Camarero, que a estos efectos sustituye en los trabajos de la Comisión al señor Arenas. Le damos la bienvenida como en otras ocasiones.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Quiero empezar una vez más mostrando el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la ley de violencia, aunque parezca una obviedad, porque como el resto de grupos de la Cámara nosotros votamos esta ley, y
trabajamos con seriedad y rigor para lograr mejorar los aspectos que más nos preocupaban de ella, a pesar de que algunos mantengan que no ser complacientes o no estar sometidos a los criterios del Gobierno es no creer en la ley y actuar de mala fe,
cuando lo cierto es que en el Grupo Parlamentario Popular creemos en la ley, aunque no creemos en muchos de los aspectos de su desarrollo, en cómo el Gobierno la está desarrollando. (El señor vicepresidente, Galache Cortés, ocupa la Presidencia.)
Los juzgados de violencia sobre la mujer son básicos para la efectividad de la parte penal de la ley, son un puntal en la eficacia de la ley y, sin embargo, han sido uno de sus instrumentos más cuestionados. En el Grupo Popular mantuvimos
desde el principio nuestra cautela sobre la idoneidad de la creación de estos juzgados y, sobre todo, trasladamos al Gobierno las advertencias reiteradas de los responsables de la judicatura, de los funcionarios, de los sindicatos, de las instancias
competentes, que alertaban de las deficiencias que podría traer una errónea planificación de estos instrumentos. Esta mala planificación nos lleva a que, tras 6 meses de funcionamiento de los juzgados de violencia, estos están saturados -cuando no
colapsados- a pesar de la profesionalidad de sus trabajadores y de las jornadas maratonianas que padecen. Cada día nos informan de que acuden a estos juzgados entre 5 y 7 víctimas de la violencia -casi 7.000 asuntos en los dos primeros meses-, y si
hablamos de los jugados mixtos, estos se han mostrado ineficaces, inútiles y perjudiciales para las víctimas; están sobrepasados, saturados, y se suspenden centenares de juicios ordinarios con el consiguiente perjuicio para los afectados. La carga
de trabajo de los juzgados exclusivos, y sobre todo de los juzgados mixtos, lleva a que, si no se corrige esta situación, la vía penal no será efectiva, y se puede llegar a la situación de que las mujeres maltratadas acudan a una vía ordinaria para
agilizar sus trámites judiciales.
Hace pocas fechas, debatimos en el Pleno una moción de Nafarroa Bai, y por unanimidad acordamos dar un impulso definitivo al reforzamiento durante el año 2006 de la planta de los juzgados exclusivos de violencia de género. En el Grupo
Popular decidimos apoyar la moción porque siempre hemos apoyado las iniciativas que puedan ayudar a las víctimas de la violencia, aunque considerábamos que la moción no concretaba en exceso el tema. El ministro de Justicia mantuvo durante aquella
interpelación que estaban esperando a que el Consejo General del Poder Judicial hablase.
Este ha hablado, y ha instado al Gobierno a elaborar un plan de actuación urgente para solucionar la saturación de estos juzgados, aunque el ministro no se
haya enterado. También ha hablado en la Comisión Nacional de los Jueces Decanos, que han dado una valoración mala y negativa -estoy
citando literalmente- de estos juzgados, y han advertido de la necesidad de refuerzo; refuerzo que el Grupo Parlamentario Popular, a través de este bloque de proposiciones no de ley, ha solicitado en todas aquellas comunidades autónomas y
poblaciones donde la carga de trabajo lo requiera.
En el momento de presentar estas iniciativas nos preocupaba -y hoy no sigue preocupando- la improvisación del Gobierno, porque ha perjudicado de forma considerable a las mujeres víctimas de violencia, que sufren retrasos injustificados, que
tienen que soportar horas junto con sus agresores ante la falta de salas específicas para ello. De eso hablaremos en la siguiente iniciativa. La dejadez del Gobierno queda reflejada también en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2006, donde de nuevo las partidas dedicadas a la violencia de género son escasas y poco comprometidas.
En esta serie de proposiciones no de ley solicitamos la creación de juzgados de Violencia exclusivos en aquellas poblaciones no previstas por el Gobierno pero donde la carga de trabajo así lo requiere. Por ello, solicitamos que se creen
juzgados en Navarra, Zaragoza, Valladolid, Tarragona, La Rioja, Pamplona, Hospitalet de Llobregat, Extremadura, Elche, Córdoba, Castellón, Cantabria, Baracaldo y Asturias, es decir, en aquellas comunidades autónomas que no cuentan con este tipo de
juzgados y en aquellos partidos judiciales que quedan sin ellos. A través de estas iniciativas pretendemos corregir los desequilibrios territoriales producidos con el decreto de creación de estos juzgados por la falta de previsión del Gobierno. Y
quiero explicar el porqué presentamos estas iniciativas poco antes de la puesta en marcha de estos juzgados, y que es uno de los aspectos que ha criticado en alguna ocasión el Partido Socialista.
Es cierto que no se conocían los resultados que estos juzgados iban a traer, puesto que no estaban en marcha, pero lo que sí se conocía, no solamente por este grupo, sino por los responsables de la judicatura, eran los juzgados previstos, su
ubicación y su número; y también se conocían los asuntos, las causas que la violencia de género venía produciendo durante los últimos años. Por tanto, el desconocimiento y la improvisación no están en el Grupo Popular, que se toma muy en serio las
iniciativas que tratan de la violencia que sufren las mujeres. Estas iniciativas, repito, fueron fruto de peticiones de los funcionarios de Justicia, de los responsables de la judicatura, que cada día se tienen que enfrentar a estas cuestiones y
que conocían perfectamente el volumen de trabajo que los juzgados de violencia iban a acarrear y las deficiencias en su planificación y, cómo no, oímos también a los responsables de las comunidades autónomas que desde el principio nos trasladaron, a
nosotros y al Gobierno, la necesidad de incrementar el número de los juzgados programados. Desde todas las instancias se advirtió de la insuficiencia de la planta prevista, y después de 6 meses de funcionamiento los peores augurios se han
transformado en una preocupante realidad.
En el Grupo Popular estamos no solo convencidos de la idoneidad de estas iniciativas sino que consideramos que la situación es tan preocupante que el Gobierno tiene que hacer un máximo esfuerzo para corregir la situación que él mismo ha
creado y debe considerar la necesidad de multiplicar el número de juzgados de violencia sobre la mujer existentes en la actualidad, porque sin la puesta en marcha de estos nuevos juzgados se produce una clara situación de indefensión de las mujeres
que viven en determinadas comunidades autónomas en cuanto a su protección judicial frente a la violencia de género y una clara discriminación de las víctimas por su lugar de residencia.
El Grupo Parlamentario Socialista, junto con Esquerra Republicana e Izquierda Unida, han presentado una proposición no de ley pidiendo el refuerzo de la planta durante el año 2006, que no hace más que confirmar, desde nuestro punto de vista,
algo que nosotros hemos constatado desde el principio y es la insuficiencia de estos juzgados y la necesidad de aumentar la planta prevista. A nuestro entender, esta iniciativa no era más que un brindis al sol nacido de una moción de Nafarroa Bai
pero en la que no se concretaba algo que hoy, después de las conversaciones mantenidas con el portavoz del Grupo Socialista, creemos que podemos corregir.
El Gobierno, durante el debate de aquella importante moción en el Pleno, pasó la patata caliente al Consejo General del Poder Judicial, haciéndolo responsable de la programación de estos juzgados, algo que nos parece absurdo cuando la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado mes de octubre instar al Gobierno a la elaboración de un plan de actuación urgente para los juzgados de violencia de Sevilla, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca y Murcia,
que están saturados por la carga de trabajo que acumulan, según palabras textuales del propio Consejo, reconociendo, por tanto, su insuficiencia.
El ministro de Justicia mantuvo durante aquella interpelación que el Gobierno -y cito literalmente-
está perfectamente dispuesto a ir incrementando la dosis de compromiso organizativo y de presupuestación, a la vista de las necesidades que nos sean trasladadas objetivamente por el Consejo General del Poder Judicial. Si tenemos que creer las
palabras del ministro, contamos con que el grupo que lo sustenta apoyará al menos las iniciativas que hoy planteamos y que hacen referencia a los juzgados de violencia en los territorios donde el propio Consejo General del Poder Judicial está
manteniendo su insuficiencia y saturación.
La enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida solicita la creación de un juzgado de violencia en aquellas comunidades autónomas donde hoy no existen, es decir, en Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias,
Galicia, Cantabria, Aragón, La Rioja, Ceuta y Melilla. Son las comunidades autónomas donde en la actualidad no existen, y que piden la creación de estos juzgados durante el año 2006, así como la posibilidad de crear nuevos juzgados en aquellos
partidos judiciales donde las cargas de trabajo y las necesidades de servicio lo demanden. Esta enmienda ha sido tratada y consensuada con el portavoz del Grupo Socialista, que ha redactado una enmienda transaccional que recoge la
iniciativa, la enmienda de Izquierda Unida, así como la filosofía de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular; enmienda transaccional que el Grupo Popular votará favorablemente, y la apoyaremos con el ánimo de que se hagan efectivos estos
juzgados.
Esperamos de verdad que esta sea una muestra de voluntad política de todos los grupos a la que el Gobierno no dé la espalda, y que en pocos meses se concreten en juzgados de violencia en todos aquellos sitios que se establecen en la
enmienda y donde hoy, tristemente, no existen. El Grupo Popular va a apoyar esta enmienda transaccional a pesar de que no recoja todos nuestros objetivos o nuestras aspiraciones, porque en los tiempos que corren no vamos a desaprovechar ninguna
oportunidad de aprobar iniciativas que provengan de nuestro grupo, y porque nosotros siempre hemos apoyado cualquier tipo de iniciativas -vengan de donde vengan- que supongan un avance, por limitado que sea, en la mejora de las condiciones de las
víctimas de la violencia. Pero esta pequeña satisfacción de hoy por haber sido capaces de concretar en cuanto al tiempo y a su ubicación la creación de los nuevos juzgados de violencia, que estamos seguros que van a beneficiar a muchas víctimas
-mujeres víctimas de la violencia- no nos va a hacer bajar la guardia, y continuaremos muy atentos y vigilantes para que, efectivamente se cumplan los mandatos de esta Comisión y que dentro de poco tiempo veamos estos juzgados en marcha.
- DE REFUERZO DE LA PLANTA DE JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER.
PRESENTADA POR GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDAD-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente
161/001285.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos con la siguiente iniciativa: refuerzo de la planta de los juzgados de violencia sobre la mujer. Existe una transaccional. Para su defensa y para tratar sobre este punto del orden del
día, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Hoy podemos felicitarnos porque vamos a consensuar una serie de proposiciones no de ley que son importantes. Es importante sobre todo la actitud y voluntad de dar pasos para la eficaz lucha contra la lacra
social de la violencia de género. En tono casi navideño, me permito decir a doña Susana que con la última parte -que es la positiva- quizá no habría sido necesaria una buena parte de la exposición inicial del dar caña, porque si damos la caña
previamente, aun cuando hayamos conseguido un acuerdo satisfactorio, casi me obliga a responderle un poco en sus propios términos, pero voy a intentar evitarlo dado este espíritu casi navideño.
Hay 17 proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular por las que se insta a la creación de una serie de juzgados de violencia sobre la mujer. La pequeña crítica que quiero hacer es que, inicialmente, cuando se plantean la mayoría
de ellos -ya el 16 de junio de 2005- ni siquiera había entrado en vigor la ley en lo referente a la tutela procesal y penal, luego la intención en ese momento no podía ser otra -voy a evitar valorarla- que hacerlo de cara a la galería. No obstante,
reconocemos que a fecha de hoy sí que es importante el contenido de las proposiciones no de ley, sobre todo en su concepto, en su deseo de impulsar y espolear al Gobierno para que, en efecto, cumpla la Ley Orgánica Integral contra la Violencia
ejercida sobre la Mujer y que este aspecto procesal y penal tenga una cobertura, si no óptima, sí la mejor posible. El propio Grupo Parlamentario Socialista, junto con Esquerra Republicana e Izquierda Unida, presentó ya en las primeras fechas del
mes de octubre, es decir, a tres meses aproximadamente de la entrada en vigor de la ley, una proposición no de ley para su debate en el Pleno, que fue superada por la moción que se tramitó de forma paralela y cuyo debate tuvo lugar el día 13 de
octubre pasado en el Pleno del Congreso. Retiramos del Pleno la proposición no de ley para traerla a debate en Comisión de manera simultánea con las que presenta hoy el Grupo Parlamentario Popular.
Resumiendo mucho, la moción presentada en el Pleno del 13 de octubre fue presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por Nafarroa Bai, y recordar que la aprobamos por unanimidad. La moción iba más allá, cierto es, del contenido
de nuestra proposición no de ley, que doy por reproducido porque está publicado en el 'Diario de Sesiones'.
Inmediatamente después, el siguiente trámite ha sido la aprobación inicial -que tendrá lugar pasado mañana, pero ya están dictaminadas las
secciones de los Presupuestos Generales del Estado-, y a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista se aprobó una importante enmienda por importe de 5,48 millones de euros para la creación de juzgados de violencia sobre la mujer en el año 2006;
esto al margen o añadido a la consignación ordinaria que con carácter previo iba en la presentación del presupuesto inicial. Esto quiere decir que, sin que se me tome en términos absolutos, parece que hay dotación económica suficiente para, al
menos, -insisto en que lo digo de buena fe; no se tome taxativamente- crear 18 nuevos juzgados de violencia sobre la mujer. Considerando positivas todas las PNL del Grupo Parlamentario Popular, estamos en condiciones -y ahí está la transacción que
presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida- de asumir que, en efecto, la intención es que al menos todas las comunidades autónomas tengan -como bien pide el Grupo Parlamentario
Popular- un juzgado de violencia sobre la mujer.
Hay un margen adicional de posibilidad de creación de nuevos juzgados, y ahí es donde también hemos transaccionado con buena voluntad, porque en lugar de describir individualmente todos aquellos a cuya creación podamos instar -que dicho sea
entre paréntesis, en buena parte pueden coincidir y en varios casos deben coincidir con las sugerencias de las PNL- no nos parece políticamente lo más acertado cuando aún no se ha valorado por el Consejo General del Poder Judicial la totalidad de
las cargas de trabajo, requisito previo que exige la ley en su artículo 50, y creo que 52, para que el Gobierno luego, por decreto -que así es el mecanismo-, cree esos juzgados, pues nos parece que es atar demasiado, con muchas posibilidades de
equivocarnos y, además, crear agravios comparativos, el ir a la enmienda de campanario -dicho sea entre comillas y con respeto- para vender en cada circunscripción. Lo razonable y serio es lo que se hace en la enmienda transaccional de Izquierda
Unida. Aunque este grupo no está presente, la hacemos nuestra en su espíritu y en buena parte de su letra, aunque buscando el consenso total con el resto de los grupos y con el principal partido de la oposición hemos presentado la que finalmente
someteremos a votación. Insisto en que esta no cambia fundamentalmente en la aportada por Izquierda Unida, pero su redacción satisface en mayor medida al resto de los grupos. Deseo que quede claro en el 'Diario de Sesiones' que nuestra intención
es apoyar el trabajo del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y la enmienda presentada.
Poco más nos queda sino felicitarnos. Ya está trasladada y, por lo tanto, en aras de la brevedad, ni siquiera voy a leer el contenido de la enmienda transaccional porque obra en poder de todos los grupos. Esto ya no es un brindis al sol,
doña Susana, es un compromiso cierto, cuyo cumplimiento vamos a exigir con tanta vehemencia, con tanto fervor como pueda tener el Partido Popular, y dentro de unos cuantos meses estaremos en condiciones de hablar sobre el cumplimiento o no de esto
que hoy estamos aprobando. Espero que, en efecto, todos podamos felicitarnos por ello.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuamos con el desarrollo de la sesión y, a tal efecto, vamos a abrir turno de fijación de posiciones sobre el bloque debatido hasta este momento. ¿Grupos parlamentarios que quieran hacer uso
de la palabra?
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Si me permite, señor presidente, solo deseo exponer un pequeño aspecto formal. Como la enmienda transaccional es in voce, igual por resumir demasiado dije que como estaba entregada ni la leía. No sé si
sería conveniente que, como es breve, la leyera para que constase. Puesto que se trata de una enmienda in voce, estaba pensando que procesalmente quizá no sea muy correcto que ni siquiera la haya leído.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): La tienen todos los grupos, pero en cualquier caso, para su efectiva constancia, va a proceder a su lectura la señora secretaria primera de la Mesa. Tiene la palabra, señora secretaria.
La señora SECRETARIA: La enmienda transaccional dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar en el proceso de actualización de la planta de los juzgados de violencia sobre la mujer que se desarrolle en el
curso presupuestario de 2006, y de conformidad con los informes que sobre cargas de trabajo y necesidades del servicio emita el Consejo General del Poder Judicial y de acuerdo a las peticiones de las comunidades autónomas, la posibilidad de creación
de un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer en todas aquellas comunidades autónomas en las que aún no se haya creado. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de creación de otros juzgados
exclusivos para aquellos partidos judiciales que así lo requieran por necesidad del servicio, conforme a los informes que sobre cargas de trabajo emita el Consejo General del Poder Judicial.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Así queda reflejado y con constancia debida en acta. Continuamos, pues, con el turno de fijación de posiciones de aquellos grupos que tengan interés en hacer uso de la palabra sobre este bloque del
debate. En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sabe bien el señor Villarrubia, por el tiempo que lleva en esta Comisión, que es costumbre del grupo al que pertenezco y de esta diputada, el abstenerse casi siempre que se pide la creación de órganos judiciales
nuevos. Nos parece que no es un sistema adecuado articular la planta judicial a través de las presiones que unas formaciones políticas u otras puedan ejerecer diciendo -por emplear un lenguaje coloquial-: quiero un juzgado para mi pueblo, o de la
correspondiente presión de instancias públicas. En este caso concreto, lo abordamos de una manera distinta. Estamos hablando de unos juzgados especiales -especiales por lo menos desde la percepción de esta diputada-, porque hablamos de la
violencia de género, ley en la que, tanto la señora Camarero, que ha defendido la postura del Grupo Popular, como el señor Villarrubia, como yo misma, fuimos ponentes. Se votó por unanimidad, y lo hicimos con la idea de que podrían servir para
algo. Fue de las leyes que con mayor esperanza, se votaron en esta cámara para hacer frente a una lacra como la de la violencia de género. Que el tiempo transcurrido ha evidenciado que los órganos creados son escasos creo
que es un dato, dato que yo conozco mejor por lo que respecta a la comunidad autónoma a la que pertenezco y respecto de la que también se pide un juzgado de violencia de género para Baracaldo.
Creo que ha pasado el tiempo suficiente para las peticiones que se hicieron desde que cada una de las comunidades autónomas y la dación de medios por parte de ellas. Quiero en este momento -es justo- rendir tributo a quien es consejero, al
propio gobierno vasco, por los medios y el esfuerzo que se han empleado en esta materia. Me pasaban ayer la contestación parlamentaria de la Viceconsejería de Justicia en relación con este asunto y creo que la respuesta ha sido modélica respecto de
los tres juzgados que allí se han creado, que son uno para cada territorio histórico, pero la petición reiterada respecto del de Baracaldo está fundamentada con numerosos datos, como supongo que también lo estarán los demás, aunque a mí no me conste
tanto la situación concreta de cada uno de los juzgados. Aun cuando no suelo ser especialmente optimista respecto del resultado de las proposiciones no de ley en cuanto a instar al Gobierno en determinadas materias, en este caso sí apuesto por
darle el voto de confianza, puesto que creo firmemente que la postura manifestada el día que se debatió en el Pleno la interpelación de Nafarroa Bai respecto de esta misma cuesión, que ha sido citada por la señora Camarero, al igual que las
manifestaciones del señor Villarrubia ahora, fruto de la enmienda transaccional que se va a aprobar a la luz de lo ofrecido, por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds -creo-, nos llevan a darle por lo menos ese
cierto margen de confianza -insisto-, de que se creará un juzgado de violencia de género, al menos por cada una de las provincias que en este momento no lo tienen, y que también se prestará especial atención a quienes, teniendo ya alguno -como es el
caso de núcleos como Vizcaya- requieren otro debido al número de asuntos que tienen pendientes, como en el caso de Baracaldo.
Más que votar que sí a la iniciativa, preferimos mantenernos en la oferta del Grupo Socialista rogándole que le traslade al Ministerio esta buena voluntad que manifestamos, que esperamos sea efectiva, puesto que el Gobierno vasco está
siempre en disposición de dar los medios personales y materiales. La creación del juzgado le corresponde al Gobierno del Estado, y esperamos que se haga -insisto- no solo para nosotros, sino para todos los que son solicitados. Mi grupo votará
favorablemente lo que ofrece el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): El mismo turno para fijar posición. ¿El señor portavoz de Esquerra Republicana quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) No siendo así, continuamos con el desarrollo del orden del día, de
conformidad con lo establecido al comienzo de la sesión.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER DE SALAS ESPECÍFICAS PARA QUE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PUEDAN ACCEDER AL TRIBUNAL Y ESPERAR DILIGENCIAS JUDICIALES CON EL FIN DE EVITAR ENFRENTAMIENTOS CON EL
ACUSADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001262.)
Pasamos a la PNL relativa al establecimiento en los juzgados de violencia sobre la mujer de salas específicas para que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder al Tribunal y esperar diligencias judiciales con el fin de evitar
enfrentamientos con el acusado. La iniciativa es del Grupo Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para su defensa, tiene la palabra la señora portavoz, doña Susana Camarero. Tiene la palabra.
La señora CAMARERO BENÍTEZ: Voy a ser muy breve en esta intervención, porque hemos hablado larga y extensamente sobre los juzgados de violencia, sobre sus problemas y sus deficiencias, y hemos adoptado una decisión que consideramos
satisfactoria para ellos. En la iniciativa que ahora debatimos se trata de un tema muy concreto que es la creación de unas salas específicas para las mujeres víctimas de violencia. Voy a intentar explicar qué ha conducido al Grupo Popular a
presentar esta iniciativa.
El colapso en los juzgados de violencia sobre la mujer -sobre todo en los mixtos- está llevando a retrasos en las causas, de modo que las mujeres tienen que pasar muchas horas sufriendo junto a sus agresores ante la falta de salas
específicas para ellas. Han sido muchas las víctimas que han denunciado -y todos tenemos conocimiento de ello a través de los medios de comunicación- cómo han tenido que pasar horas junto a los agresores, con el consiguiente perjuicio psicológico y
con el peligro que se corre de que, si se encuentran, se vean presionadas para retirar la denuncia.
Todos ustedes saben la dificultad que tienen las mujeres a la hora de presentar una denuncia. Hoy todavía menos del 10 por ciento de las mujeres víctimas de violencia llegan a presentarla. Nuestra obligación -y sobre todo la obligación del
Gobierno- es facilitarles los trámites y no ponerles más dificultades o más barreras a la hora de presentar esas denuncias. Sabemos que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en la mía -en la valenciana-, con competencias exclusivas en
materia de Justicia, una vez que han advertido de la existencia de estas dificultades para las mujeres, han planificado unas salas específicas para que las mujeres no tengan que estar junto con sus agresores. Esto es lo que pretendemos que se
generalice y que se extienda a todos aquellos juzgados de violencia ya existentes y a
los que se van a crear el próximo año. Porque la falta de planificación de las infraestructuras lleva, sin duda, a que las mujeres hayan tenido que sufrir una doble victimización, por lo que el objetivo que dio origen a estos juzgados, que
era facilitar el proceso a las víctimas, se puede ver perjudicado; situación sin duda que podremos corregir si aprobamos esta iniciativa. Insistimos en que lo que queremos es que se planifiquen, que en los juzgados de violencia se establezcan las
necesidades de que exista una sala específica, un entorno privado para las mujeres que allí acudan, donde puedan permanecer alejadas de sus agresores, que no tengan que verlos, que no se encuentren a su lado, teniendo especialmente en cuenta las
condiciones de las víctimas y la necesidad de salvaguardar su integridad física y, sobre todo, su integridad emocional.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda en la que insta al Gobierno a que garantice el cumplimiento de la ley de violencia.
En ella se pide que se garanticen los derechos a las víctimas en todas las actuaciones y
procedimientos judiciales. Sin embargo, nos parece que la enmienda se queda corta, porque lo que la práctica nos está demostrando es que a la hora de establecer estos juzgados no se están poniendo estos espacios privativos para las mujeres, que es
lo que solicita el Grupo Popular. Nos gustaría que el Grupo Socialista reconsiderase la situación en esta mañana de consensos, pues podríamos llegar a un acuerdo entre todos, buscar un punto de encuentro, porque sin duda con ello facilitaremos
mucho la vida y la estancia de las mujeres en los órganos judiciales, y creo que es positivo. Por eso dejamos la enmienda en el aire, y esperamos que el Grupo Socialista le dé una vuelta y podamos llegar a un punto de entendimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Como ya ha anticipado la misma portavoz, existe una enmienda presentada por el Grupo Socialista. Para su defensa y para exponer los comentarios pertinentes, tiene la palabra la portavoz del Grupo
Socialista, doña Pilar López.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que ha leído la portavoz del Partido Popular. Me gustaría que se diese la misma unanimidad y responsabilidad que hubo el 28 de diciembre del año 2004, cuando se
aprobó la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, en la aplicación de dicha ley.
Desde su entrada en funcionamiento, se han ido presentando distintas iniciativas -principalmente por su grupo político- que ya están reguladas y recogidas en la propia ley, como la proposición que hoy usted nos presenta. Les recuerdo que en
el capítulo cuarto, artículo 63 de la Ley de Protección de Datos y Limitaciones a la Publicidad, en su artículo 1, dice que en las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas; y en
su artículo 2 dice que los jueces competentes podrán acordar de oficio o a instancia de parte que las vistas se desarrollen a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas. Por tanto, lo que usted propone en su proposición está recogido ya
en la ley, y es que esta requiere ser abordada de forma general y global, y toda la problemática de recursos que exige su aplicación debería ser un compromiso responsable entre todos los grupos políticos, en vez de utilizar algunas veces la
demagogia.
Los juzgados de violencia sobre la mujer han sido creados -los que han sido creados hasta ahora- en virtud de dicha ley orgánica. Es cierto que dado el escaso tiempo del que se ha dispuesto para su instalación, ha sido precisa su ubicación
provisional en locales cuya superficie es muy ajustada, si bien las mujeres vienen siendo atendidas en la mayor parte de los casos, en lugares distintos del propio juzgado. Esto es así porque los jueces y las juezas competentes han tenido en cuenta
-y en el futuro deberán seguir haciéndolo- las necesidades de protección de las víctimas y de sus familiares durante el procedimiento judicial. Porque la violencia, señorías, es una conducta compleja. Las mujeres expuestas a violencia de género
presentan el llamado síndrome de la mujer maltratada.
La mujer, cuando rompe su silencio y denuncia, generalmente lo que quiere es que termine la violencia contra ella; ha esperado quizá durante demasiados años que su pareja cambie; con el
agresor la unen o la han unido lazos afectivos y, más que un castigo hacia él, lo que pide es protección para ella. En ocasiones, el coincidir en los juzgados con el agresor puede suponer una presión emocional que les provoca, es cierto, un estado
de ansiedad al anticipar las posibles consecuencias para ella y sus familiares o bien el miedo a revivir o experimentar de nuevo las amenazas sufridas. Además, en muchos casos existe una dependencia emocional que puede provocar una respuesta de
culpabilidad en la mujer.
El Gobierno, conocedor de esta problemática y de las dificultades con las que se enfrentan las víctimas a su paso por los tribunales, se ha comprometido -y se seguirá comprometiendo- en el ámbito de sus competencias a garantizar el
cumplimiento de las medidas previstas en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en garantía de los derechos de la víctima en todas las actuaciones y procedimientos judiciales. No obstante, con
ocasión de la ubicación definitiva de los juzgados que se ha debatido en el punto anterior, se tratará de proporcionar las condiciones precisas para asegurar dicha independencia de espacios, y siempre en cumplimiento de la Ley Orgánica y del
artículo que he citado anteriormente.
Por tanto, este grupo propone la enmienda de sustitución, que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el ámbito de sus competencias garantice el cumplimiento de las medidas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, en garantía de los derechos de la víctima en todas las actuaciones y procedimientos judiciales'.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Sobre la presente proposición debatida, vamos a abrir un turno de fijación de posiciones para los diferentes grupos. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Nuevamente insisto en que está bien y en que hay que felicitar al Grupo Popular por la iniciativa que presenta en la persona de la diputada, señora Camarero, pues la violencia de género nos causa especiales
problemas, nos impresiona a todos y nos parece sangrante la forma en que se llevan a cabo los procedimientos que se celebran en relación con ella y su dilatación en el tiempo.
Del texto de la iniciativa no resulta claro, -ni tampoco lo ha resultado de la exposición- si se está hablando de especialidades espaciales, es decir, de que haya habitáculos, salas o despachos en los que estas mujeres puedan esperar
mientras las causas se tramitan, evitando así los encuentros con el presunto causante de la violencia, o si también se está queriendo incluir la necesidad de que exista una mayor rapidez respecto de estas causas, de tal forma que el asunto quede
zanjado cuanto antes y se eviten esas comparecencias en los juzgados, esas declaraciones una y otra vez, que son ocasiones propicias para el enfrentamiento. También piensa esta diputada si al hablar de evitar el enfrentamiento con el acusado se
está queriendo introducir algo que haga referencia a las distintas circunstancias en las que se puedan producir las declaraciones en tales casos, algo parecido o paralelo a las proposiciones de ley tomadas en consideración en relación con los
menores. En este caso, el grupo al que represento tendría sus suspicacias, puesto que las garantías del proceso también se le predican al presunto maltratador. Evitar que la mujer pase por malos tragos -por decirlo con lenguaje coloquial-, que se
encuentre el menor número posible de veces con quien sea el causante, el presunto autor de esa violencia, nos parece un valor que hay que buscar, pero en un procedimiento penal estamos hablando de la presunción de inocencia, estamos hablando del
presunto acosado al derecho de contradicción, a la posibilidad de interrogar a quien le acusa, no olvidemos que puede haber denuncias falsas.
Creo que la iniciativa que se tomase en ese sentido debiera tener en cuenta todas las circunstancias. En primer lugar, que los procedimientos sean lo más rápidos posible, y que dentro de las secciones de las audiencias exista
especialización y prioridad para las causas referidas a la violencia. En segundo lugar, por supuesto -eso es lo más fácil y más barato, aunque cueste un dinero inmediato-, que haya salas o espacios donde no tengan por qué mezclarse en pasillos -no
dentro del órgano judicial, donde es inevitable- con sus presuntos maltratadores o gente de su entorno, pues también pueden ir acompañados de amigos o de otros familiares. En tercer lugar, en cuanto a las garantías en el proceso, habrá que verlo
con idéntica calma y cautela con que argumentamos en su día respecto a las medidas que se puedan adoptar cuando un menor sea acusador.
Por lo tanto, en estos tres aspectos, a nuestro grupo sí que le gustaría que, en lo que queda de mañana -que parece que va a ser bastante puesto que la Comisión tiene un orden del día largo- fuese posible llegar a una transacción, en la que
nos gustaría que se dijese algo más que en la que en estos momentos ha ofrecido el Grupo Socialista. En todo caso, estamos en disposición de volver a aceptar para que, ojalá, pudiese ser votada por unanimidad en la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
- SOBRE LA REMUNERACIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS SUSTITUTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000633.)
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate, pasamos a la siguiente proposición no de ley. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Los Verdes, sobre la remuneración de los jueces y
magistrados sustitutos. No observo la presencia de representante alguno del Grupo de Izquierda Unida, por lo tanto, la damos por decaída a todos los efectos.
- SOBRE LA NECESIDAD DE TOMAR MEDIDAS PARA AMPLIAR LA EFECTIVIDAD DE LA PERSECUCIÓN DEL FRAUDE EN EL ÁMBITO CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/001186)
El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en el debate de la proposición presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la necesidad de tomar medidas para ampliar la efectividad de la persecución del fraude en el ámbito
civil. En nombre de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Mi grupo presenta esta proposición no de ley sobre la necesidad de tomar medidas para ampliar la efectividad de la persecución del fraude en el ámbito civil, y lo hacemos también en defensa, sobre todo, de los
pequeños artistas, porque entendemos que de la manera que está ahora la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil lo que se hace es defender a las grandes empresas y a los artistas ya más consagrados y no lo hace con los más iniciales. Actualmente
existe un sistema establecido por la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone que las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual se resuelvan con el procedimiento ordinario en el caso de que exista solo una reclamación de
cuantía. En este último caso se resolverá por el procedimiento que corresponde a las cuantías reclamadas, es decir, de acuerdo con artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por procedimiento verbal si las cantidades reclamadas no superan los
3.000 euros, y por el ordinario si estas fueran superiores. Al crearse también los juzgados mercantiles, se atribuyó también a estos el conocimiento de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual e industrial.
Entendemos nosotros que, si bien la propiedad industrial suele moverse en cuestiones con contenido económico bastante importante, no ocurre siempre lo mismo con la propiedad intelectual. Muchas de las reclamaciones de utilizaciones de
reproducciones de obras de una manera fraudulenta suponen fraudes no muy cuantiosos que suelen reclamar también de otras cuestiones puramente dinerarias. Este sistema tiende a exigir procedimientos ordinarios para la mayoría de las reclamaciones.
Esto lleva en la práctica a la necesidad de seguir un procedimiento ordinario y, como consecuencia, la mayoría de las vulneraciones de los derechos de autor no son reclamadas por el alto coste de ese procedimiento. Este hecho tiene unas
consecuencias perversas que provoca a la vez dos efectos: por un lado, tiende a crear que tiene ningún efecto; y por el otro, deja la propiedad intelectual reducida -como decía al principio de mi intervención- a los sectores de los grandes
intereses editoriales y de la música. Parece como si la normativa de la propiedad intelectual solamente favoreciese estos intereses y, como les decía, también parece ser que la normativa solo puede ir en defensa de los intereses de las grandes
productoras en música y en libros.
Entiende nuestro grupo que si se legisló en este sentido fue para favorecer la creación y, en consecuencia, la defensa de garantizar el derecho de todos los autores a percibir una compensación por los diversos usos que se hiciesen de su
obra, desde los más pequeños a los más grandes. Nuestro grupo entiende que, al efecto de promover la creación, la ley no se cumple ni tiene sentido si, en la práctica, solo protege a las grandes empresas y a los autores más consagrados. Por ello
pensamos que se debería modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil en aquello que dispone el artículo 249, en el sentido de suprimir la mención a la propiedad intelectual y, por tanto, los procedimientos por cuestiones relacionadas en materia de
propiedad intelectual seguirían el procedimiento de acuerdo con las cuantías objeto de reclamación.
Por eso nuestro grupo presenta esta proposición no de ley, y leo textualmente el punto que exigimos al Gobierno: suprimir la mención a la propiedad intelectual del artículo 249 de la Ley del Enjuiciamiento Civil, a fin de establecer un
procedimiento verbal si lo demandado no sobrepasa la cantidad de 3.000 euros, y de carácter ordinario si se trata de una cantidad superior.
Esperemos que el resto de los grupos de la Cámara voten favorablemente esta proposición no de ley. Hasta aquí nuestra defensa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? Tiene la palabra la señora González, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora GONZÁLEZ SEGURA: Señorías, sin ánimo de ser redundante y con la única intención de centrar mi intervención, diré que la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana de Catalunya pretende la modificación del artículo
249.1. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la finalidad de que todos los litigios relacionados con la propiedad intelectual se sustancien a través del procedimiento aplicable en virtud única y exclusivamente de la cuantía a reclamar.
La ya derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 estableció en su título II -el relativo a los juicios declarativos- un sistema procesal basado casi con exclusividad en el valor o interés económico objeto de reclamación, dejando en segundo
término el fondo de la cuestión o la materia a dilucidar; con dos únicas excepciones: las relativas a derechos honoríficos de la persona, que se tramitarían por los cauces del juicio de mayor cuantía, y aquellas relacionadas con la filiación, la
maternidad, la paternidad, la capacidad o el estado civil de las personas, que se tramitarían por lo establecido para el juicio de menor cuantía. Sin embargo, en la vigente ley de Ley de Enjuiciamiento Civil, el legislador -creemos que con muy buen
criterio- estableció un sistema procesal basado eminentemente en la materia o cuestión a dirimir y no tanto en el valor o interés económico a reclamar. De este modo, como sabemos, en el artículo 249.1. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se
reguló el juicio ordinario para la resolución de todos aquellos litigios relacionados con la propiedad intelectual, con excepción de los que versaran con exclusividad sobre reclamación de cantidad.
Este sistema, como expuse anteriormente, nos resulta plenamente acertado, se nos antoja más garante, creemos que asegura en mayor grado el derecho a la tutela judicial efectiva que el propuesto por Esquerra Republicana de Catalunya en la
proposición no de ley que ahora estamos debatiendo. A tal efecto, téngase en cuenta que, mientras en el juicio verbal la parte demandante llega a la vista con total y absoluto desconocimiento de los argumentos y de las pruebas de las que va a
intentar valerse la parte para hacer valer su defensa, en el juicio ordinario, por el contrario, la parte que exige la tutela de derechos derivados de la propiedad intelectual conocerá antes de la celebración de la vista no solo los argumentos sino
también la prueba de la contraria, lo que sin duda alguna sitúa a todo aquel que considere conculcados sus derechos en una situación mucho más ventajosa y, sobre todo, muchísimo mejor para la defensa de sus pretensiones.
A todo ello hay que añadir, además, que de aprobarse la iniciativa ahora sometida a debate podría darse el caso
de tener que ventilar por los trámites del juicio verbal las acciones previstas en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Propiedad Intelectual, que regula materias de gran importancia y trascendencia, creemos, tales como las medidas
cautelares, el cese de la actividad ilícita o las indemnizaciones.
Para finalizar, diré que la pretensión del grupo proponente resulta redundante, toda vez que ya se encuentra recogida en la actual Ley de Enjuiciamiento Civil para el caso de que la reclamación sea exclusivamente de cantidad.
Por lo expuesto, siendo la propiedad intelectual un derecho con connotaciones ajenas en muchísimos casos a intereses puramente económicos, y también en evitación de desvirtuar el espíritu de una ley que regula el sistema procesal en virtud
de la materia y no tanto en virtud del aspecto cuantitativo, mi grupo parlamentario se va a oponer a esta iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En la sala de al lado está interviniendo justo en estos momentos -debe de estar terminando- don Álex Sáez, que era quien iba a llevar como portavoz este asunto. No sé si se puede demorar brevísimamente la
cuestión o no. Lo sometemos a la benevolencia de la Comisión. Todavía no poseemos el don de la ubicuidad, aunque estamos en ello. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión por un periodo improrrogable de cinco minutos. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión. En este caso la suspensión ha sido menor en relación al tiempo inicialmente concedido para la misma.
Pues bien, estando ya entre nosotros el diputado, don Álex Sáez Jubero, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor SÁEZ JUBERO: Gracias al presidente y también a la Comisión por haber esperado mi intervención y mis palabras. Intentaré ser muy breve...
El señor PRESIDENTE: Le recomiendo que se esmere en ello, dada la espera que hemos sufrido por escucharle. (Risas.)
El señor SÁEZ JUBERO: Estoy seguro que si hubiera podido asistir y oír las otras intervenciones, casi podría haber dicho, en términos jurídicos, aquello de me adhiero a los informes de mis distinguidos compañeros y al trámite de
conclusiones; pero como no los he oído y deduzco que algún otro portavoz habrá expuesto alguno de los motivos que este grupo parlamentario también va a efectuar, lo haré con brevedad. Rechazamos esta proposición no de ley que informa de parte de
una excesiva simplificación en las cuestiones de propiedad intelectual, objeto de contienda judicial, hasta el punto de propugnar una excepción a las reglas básicas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la atribución de asuntos en los
distintos cauces procedimentales. La compleja variedad casuística de infracciones en materia de propiedad intelectual impide que puedan ventilarse en juicio verbal cuestiones distintas a la simple reclamación económica. El procedimiento que
reviste mayores garantías es el del juicio ordinario, resultando por tanto el más idóneo cuando el asunto controvertido no reviste singular simplicidad.
Tal simplificación iría en detrimento de la línea ya iniciada en las legislaciones nacionales,
pero que ahora profundiza la Unión Europea, tendente a defender medidas específicas para la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual.
La proposición no de ley de Esquerra Republicana olvida por tanto el sentido literal del artículo 249.1 4º de la LEC y en este apartado se dice, a sensu contrario, que cuando las demandas sobre propiedad intelectual versen exclusivamente
sobre reclamaciones de cantidad, se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. En consecuencia, el propio texto de la ley vigente es conforme con la proposición no de ley y hace innecesario lo
propugnado por ella, pues la demanda de pago de derechos de autor, cuando tenga por objeto exclusivo cantidad inferior a 3.000 euros, se sustanciará por los trámites del juicio verbal, mientras que las que superen, lógicamente lo harán por el
trámite del juicio ordinario, cuando la cuantía es superior. Desde luego, si se plantea en conjunto y acumuladamente en el mismo pleito, una cuestión relativa a los derechos morales de autor y otra, por ejemplo, relativa a los derechos
patrimoniales, la demanda deberá seguir los trámites del juicio ordinario por las razones expuestas en el apartado anterior.
Por tanto, como esta proposición no de ley entendemos que no aporta nada y en la aplicación de la propia Ley de Enjuiciamiento Civil está resuelta perfectamente la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria en reclamación de la
cuantía por los derechos de autor, es por lo que el Grupo Socialista va a rechazar esta proposición no de ley. Reitero las gracias por la amabilidad de la Comisión al haber esperado la participación de este modesto ponente.
El señor PRESIDENTE: Estando satisfechos de su argumentación y evacuado también ese trámite, pasamos al siguiente punto del orden del día.
- REFERENTE A LA CREACIÓN DE UN JUZGADO DE LO SOCIAL EN LA ISLA DE LANZAROTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/001295.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cándido Reguera.
El señor REGUERA DÍEZ: Señorías, intervengo en el nombre del Grupo Popular para defender la proposición no de ley que propone lo siguiente: instar al Gobierno a crear el juzgado nº 3 de lo social en Arrecife de Lanzarote y, en el punto
número 2, instar al Gobierno del Estado para que las plazas de fiscales en Arrecife de Lanzarote sean las mismas que el número de juzgados de primera instancia e instrucción.
Señorías, Lanzarote en los últimos años ha experimentado un espectacular crecimiento poblacional, ocasionando desequilibrios en las administraciones e instituciones de la isla de todo tipo. Como dato, indicar que en el año 1992 contábamos
con una población de 105.000 personas -60.000 habitantes y unos 45.000 turistas- y que hoy Lanzarote cuenta con 125.000 habitantes y unos 90.000 turistas; unas 225.000 personas. En apenas 13 años hemos aumentado más del doble la población
existente en el año 1992.
A los desequilibrios generados por ese espectacular crecimiento no ha permanecido ajena la Administración de Justicia de Lanzarote, en la cual también, lógicamente ha aumentado la litigación. Los juzgados de Lanzarote, señorías, son, sin
duda, los de mayor carga de trabajo a nivel nacional, encontrándose el número de causas tramitadas por encima de la media nacional. Fruto de la necesidad de todo tipo existente en la administración de Lanzarote, se crea la Mesa para el seguimiento
de la Justicia, que está constituida por todos los operadores jurídicos de la isla, una iniciativa inédita hasta la fecha en nuestra isla y que tras su constitución, ha trasladado a todos los responsables públicos las necesidades de la
Administración de Justicia en Lanzarote.
Dentro de estas necesidades urgentes a satisfacer, figura la creación del juzgado nº 3 de lo social en Arrecife de Lanzarote y que el número de fiscales en la isla sea el mismo que el número de juzgados mixtos en ella. En cuanto a la
creación del juzgado de lo social, voy a realizar algunas precisiones. Afirmar que el juzgado de lo social de Lanzarote es el que más asuntos tramita en toda España y que, de continuar la progresión, los asuntos al finalizar este año serán más de
1.500; que los plazos de espera desde que se presenta la demanda hasta la fecha de la vista, en caso de despido, son de cinco meses -en Madrid es aproximadamente un máximo de dos meses, casi tres veces menos en Madrid que en Lanzarote-; que los
plazos de espera desde que se presenta la demanda hasta que se celebra la vista, en los casos de Seguridad Social, son de siete meses; que los plazos de espera desde que se presenta la demanda hasta que se celebra la vista, en casos de reclamación
de cantidad, son nada más y nada menos que diez meses. En Madrid no llegan ni a los tres meses y Madrid es una zona donde existe cierto volumen también de asuntos. Sin duda, señorías, es tremendamente injusto el que se prolongue tanto tiempo,
máxime cuando la injusticia se produce porque se retrasa tanto en el tiempo. Sin duda, estos índices indican que la carga de trabajo es tal que impide realizar la tarea con la eficacia y rapidez que este tipo de asuntos requiere. Decir también,
señorías, que el Gobierno de Canarias ha solicitado la creación de 10 juzgados en Canarias, de los cuales está previsto este tercer juzgado de lo social para la isla de Lanzarote.
Casos similares, señorías, ocurren con la carga de trabajo existente por parte de los fiscales. Si queremos mantener una justicia eficaz, ágil y moderna, es necesario que exista un fiscal por juzgado mixto en la isla de Lanzarote, tal y
como demanda esta Mesa de seguimiento, así como también el Gobierno de Canarias. Hay que tener en cuenta que con la puesta en marcha de la Ley contra la Violencia en Lanzarote, de los escasos fiscales que ya existían se destina uno en exclusiva a
este tema.
Señorías, sería bueno que abandonásemos el tópico de decir -lo digo con todo el cariño del mundo- que estamos en ello o que estamos negociando.
El Gobierno de Canarias lo ha pedido, es una necesidad, lo ha pedido la Mesa de seguimiento,
donde están todos los operadores jurídicos, los datos indican que es injusto lo que se está produciendo con las tardanzas de las vistas, y es por ello por lo que creo, señorías, que aparte de que se esté en ello, un pronunciamiento favorable a la
creación del juzgado de lo social, daría una más clara y nítida la imagen de la justicia.
Votando que no a esta iniciativa se está diciendo no al juzgado de lo social en la isla de Lanzarote. Sería bueno que en el caso de que sea así, se explique
en la isla y se diga que en Lanzarote debe seguir produciéndose estos retrasos en una materia tan importante como son los temas sociales. Es por ello, señorías, por lo que pido el voto favorable a todos los grupos para que, a la mayor brevedad
posible, el juzgado de lo social en la isla de Lanzarote sea una realidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora doña Gloria Rivero.
La señora RIVERO ALCOVER: Señoras y señores diputados, de una simple lectura de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular queda claro que se podría aceptar sin más la solicitud sin más de creación de un nuevo juzgado de lo
social y plazas de fiscales en Lanzarote, obviamente, señor Reguero; pero en modo alguno podemos estar de acuerdo con la misma -y de ahí anunciar nuestro voto en contra de ésta- sin que esto suponga, como ha designado usted, estar en contra de la
creación del juzgado de lo social en la isla de Lanzarote. Es más, esta no solo no se puede estar a favor de esta proposición no de ley, en cuanto al momento de su presentación, que para variar, nuevamente es extemporánea cuando se presenta por el
Grupo Popular, sino además en cuanto al contenido y, sobre todo, por el Gobierno al que se pretende instar, ya que es precisamente este Gobierno, cuyo titular además es un canario, por tanto conocedor del territorio insular, el que mayor esfuerzo ha
hecho en la creación de nueva planta judicial,
habiendo desarrollando tan solo en el año 2005, 250 plazas de nueva creación en toda España, cumpliendo así, no solo con el compromiso adquirido por el Ministerio de Justicia, sino con las necesidades largamente solicitadas y demandadas por
el Partido Socialista, sin haber obtenido respuesta en el gobierno anterior, ostentado además por su partido, señor Reguero, y en la legislatura anterior, en la que estaba usted también en esta Cámara.
Concretamente, en el año 2005, en la Comunidad Autónoma de Canarias se han creado 19 nuevas unidades judiciales; de las que tan solo han sido solicitadas 18 por la comunidad autónoma, y el Ministerio de Justicia ha creado una nueva, que era
la de Violencia de Género. Me permito recordarle, no obstante, señor Reguero, que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene transferidas las competencias en materia de Justicia a través de sendos decretos de transferencias del año 1996, fechas en las
que gobernaban conjuntamente Coalición Canaria y Partido Popular y era titular de la Consejería de Justicia y Seguridad del gobierno autónomo doña Australia Navarro, del Partido Popular. Por tanto, es en esa consejería donde se proponen las
necesidades y los planes de urgencia, sean o no para Canarias. Y curiosamente, en el año 1996-1999, fechas en las que, insisto, los titulares eran del Partido Popular, en la provincia de Las Palmas se crean tan solo 6 unidades; 15 en tres años, de
2000 a 2003, en la provincia de Las Palmas; y tan solo en el año 2005, por este gobierno, apoyado por el Grupo Socialista, se crean para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria 15 unidades más; y concretamente en el año 2004, también por este
gobierno Socialista, se crea la plaza de Juzgado de lo Social nº 2 de Lanzarote, cuya sede se establece en el Puerto del Rosario.
Por tanto, le recuerdo estos antecedentes que tiene que tener usted en cuenta, porque obviamente la Consejería es quien propone cuando tienen transferidas competencias y luego es el Ministerio de Justicia quien fija. Entre las prioridades
del Gobierno del Ministerio de Justicia está, por tanto, hacer efectivo el desarrollo de la planta judicial, con el objetivo de mantener una adaptación constante de la misma a las necesidades que surgen y que puedan surgir; y atiende, insisto, a
las peticiones de las diversas instancias, como son las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia y, además, los distintos colegios de jueces, en los distintos colegios de abogados y procuradores y las juntas de jueces; y de forma
especial, se ha atendido la propuesta de creación de nuevas unidades judiciales para el año 2005, efectuada por la viceconsejería de Justicia y Seguridad del Gobierno. Insisto en que fueron 19 nuevas unidades judiciales, incluyendo la de Violencia
de Género.
Por tanto, en esas previsiones del Plan de medidas urgentes efectuado por la Viceconsejería, no se incluyó, en modo alguno, a pesar de la situación por la que pasa la isla de Lanzarote, ningún juzgado de lo social nº 3 de Arrecife. Y
solamente es en la programación del año 2004 cuando este Ministerio de Justicia crea, insisto, y acordó el mismo día su entrada en funcionamiento, el Juzgado de lo Social nº 2. La creación de este juzgado estaba justificada por la carga del único
juzgado de lo social que funcionaba en la isla de Lanzarote. En estos momentos, los servicios técnicos del Ministerio de Justicia, junto con la propuesta de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Autónomo de Canarias, que ha realizado una
propuesta en la que en última hora, en el último momento, en el último mes que tenemos de Mesa de Negociación, ha realizado la solicitud de esa plaza de la que usted habla -del juzgado de lo social nº 3- realiza el seguimiento detallado para el año
2006 de la evolución real de la carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento, para proceder a la creación de nuevos órganos dentro de la programación correspondiente al año 2006 en todo el territorio nacional y por tanto, también en
la Comunidad Autónoma de Canarias, en función de los planes de urgencia que pase la Viceconsejería de Justicia del gobierno autónomo.
Por lo que se refiere a la solicitud de las plazas de fiscales en Arrecife y que éstas sean las mismas que el número de juzgados de primera instancia e instrucción, informamos que la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal correspondiente a
la adscripción de Lanzarote cuenta actualmente con cuatro fiscales de segunda categoría y un abogado fiscal.
Y en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio existe una dotación para incrementar la plantilla en 134 fiscales,
habiéndose adjudicado un fiscal de segunda categoría a esta citada adscripción, por lo que, antes de que finalice el presente año, la Fiscalía de Lanzarote contará con una plantilla total de 6 efectivos fiscales.
Insistimos no solamente en la extemporaneidad de su proposición no de ley y en el oportunismo que probablemente se establece, en la medida en que siempre se pide en el momento en el que se están estableciendo los juzgados por primera vez,
después de muchísimos años de demandar la adscripción de los mismos, precisamente con gobiernos del Partido Popular y con la Consejería de Justicia del gobierno autónomo ostentada por un titular del Partido Popular. De ahí que el Grupo Socialista
no pueda apoyar en modo alguno la proposición no de ley que en este momento presenta su partido.
El señor PRESIDENTE: Evacuado el trámite de debate de todas las proposiciones no de ley, así como el proyecto de ley previsto en el orden del día, vamos a suspender la sesión hasta las trece y treinta minutos, en que iniciaremos las
correspondientes votaciones.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Vamos a proceder a las votaciones, señorías. En primer lugar, vamos a votar el proyecto de ley por el que se
regula el estatuto de miembro nacional de Eurojust y las relaciones con este órgano de la Unión Europea. Vamos a empezar votando las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Aquí haremos tres votaciones, la primera votación se
refiere a las enmiendas 6, 12 y 19.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a votar la enmienda número 18, del Grupo de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar el resto de enmiendas, en el bien entendido que la enmienda 10 no la vamos a someter a votación porque hay una transacción. Votamos el resto de enmiendas del Grupo Catalán Convergència i Unió, salvo la enmienda 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Aquí anuncio, y lo aclaro a los efectos de que conste en acta, que no vamos a someter a votación la enmienda número 30 del Grupo Popular porque entendemos que no está viva al
haber sido incorporado parcialmente su contenido por la ponencia.
Les anuncio que vamos a efectuar dos votaciones también, una referida a las enmiendas 22 y 23, otra referida al resto de las enmiendas del Grupo Popular dejando también claro que como hay una transacción sobre la 26 no someteremos la misma a
votación, sino la transacción.
¿Señor Jané?
El señor JANÉ I GUASCH: A efectos de clarificar las votaciones, el presidente se ha referido a que habría una transacción respecto a la número 10, también la hay sobre la número 14 y sobre la número 17. Con lo cual, cuando hemos votado el
resto de enmiendas, se entiende que van a ser objeto de transacción la 10, la 14 y la 17, no únicamente la número 10.
El señor PRESIDENTE: Sí, lo que ocurre es que estaban incorporadas ya en ponencia y por lo tanto la transacción que existe es más una corrección técnica que otra cosa.
Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, votamos las enmiendas 22 y 23.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, exceptuada la que decíamos antes, la número 26 porque es objeto de una transacción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a someter a la consideración de la Comisión las siguientes enmiendas. En primer lugar, hay una enmienda técnica, una corrección propuesta in voce por el señor Mardones, que afecta al segundo párrafo de la exposición de motivos, en el
sentido de alterar el orden de los integrantes de la unidad de Eurojust, de la siguiente manera: magistrados, fiscales y agentes de Policía. Ésta era la enmienda in voce, cambiaba el orden de los integrantes de la unidad Eurojust. Votamos esta
corrección técnica in voce.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda incorporada esta corrección por unanimidad.
Hay otra enmienda técnica a la exposición de motivos, que ha sido defendida por el Grupo Socialista, y se refiere a la referencia que se hace a las decisiones de la Unión Europea, en concreto del Consejo, actualizando esas decisiones. Trata
de la necesidad de sustituir la referencia a la decisión 2003/48 del Consejo de 19 de diciembre de 2002, relativa a la aplicación de medidas específicas de cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo, de acuerdo con el artículo
4 de la posición común 2001/931/PESC, por la decisión 2005/671 del Consejo de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la incorporación sobre delitos de terrorismo. Ésta es la corrección técnica en la exposición de
motivos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda también incorporada por unanimidad esta corrección técnica a la exposición de motivos.
Hay también una corrección técnica al artículo 9. Se refiere al apartado 2 del artículo 9, funciones de los corresponsales nacionales. El apartado 1 quedaría igual que en el informe de la ponencia; el 2 quedaría redactado de la siguiente
manera: El corresponsal nacional para asuntos de terrorismo ejercerá las funciones previstas en el Derecho de la Unión Europea. A tal fin, el corresponsal tendrá acceso a la información que transmitirá a Eurojust relativa a la existencia de
cualquier investigación o procedimiento judicial por delitos de terrorismo y al menos:
a) A la identificación de las personas o entidades sujetas a dichas investigaciones.
b) A los actos objeto de investigación o enjuiciamiento y sus circunstancias específicas.
c) A la relación con otros casos pertinentes de delitos de terrorismo.
d) A las eventuales actuaciones que en materia de cooperación jurídica internacional se hayan podido cursar en relación con aquellas, así como su resultado.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se incorpora por unanimidad.
Hay otra enmienda técnica, en este caso referida al artículo 10. Se corrige el tenor del dictamen de la Comisión, quedando el artículo 10 redactado de la siguiente forma: Facultades de cooperación jurídica internacional: 1. El miembro
nacional de Eurojust podrá recibir y transmitir las solicitudes de asistencia judicial formuladas por las autoridades judiciales españolas o del Ministerio Fiscal (hasta aquí el texto coincide también con el informe). 2. El miembro nacional de
Eurojust recibirá y transmitirá las solicitudes de asistencia judicial formuladas por las autoridades competentes de otros Estados miembros de la Unión Europea a través de Eurojust. En caso de urgencia, el miembro nacional de Eurojust podrá recibir
solicitudes de asistencia judicial directamente de las autoridades de otro Estado miembro de la Unión Europea, que deberá transmitir a las autoridades competentes de manera inmediata (también coincide con el dictamen de la ponencia). 3. La
atribución al miembro nacional de Eurojust de las anteriores facultades se entenderá de conformidad con lo previsto en los convenios y acuerdos vigentes, en cuanto a la designación de las autoridades nacionales competentes para la recepción y
transmisión de solicitudes de asistencia judicial. (Este sería nuevo.) 4. El miembro nacional de Eurojust podrá corregir errores, dividir la solicitud y realizar cualesquiera otras modificaciones en las solicitudes de auxilio judicial que resulten
necesarias para su rápida y correcta tramitación, poniéndolo en conocimiento inmediato de la autoridad de la que provenga la solicitud.
Éste es el tenor de esta corrección técnica al artículo 10.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda incorporada esta enmienda técnica en los términos que hemos leído anteriormente.
Procedemos a votar la enmienda transaccional a las enmiendas 10 y 26 de los grupos parlamentarios Catalán y Popular. Entiendo que la enmienda transaccional es la enmienda que formula el Grupo Parlamentario Socialista. Esta enmienda se
refiere al artículo 4, de adición y su tenor es el siguiente. Se propone la adición de un nuevo apartado 4 en el artículo 4, que tendrá la siguiente redacción: El miembro nacional de Eurojust cesado por expiración del plazo de nombramiento
continuará desempeñando sus funciones hasta la toma de posesión del nuevo miembro designado, salvo que proceda la aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.2 de esta ley.
¿Señor Astarloa?
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Solo para aclarar que no es transaccional con la nuestra, que además no sería la 26 sino la 25, que hemos mantenido, la 26 viene luego. Solo es transaccional con la 10.
El señor PRESIDENTE: Esta enmienda es transaccional con la enmienda 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda transaccional a la enmienda 26 del Grupo Parlamentario Popular.
Esta enmienda transaccional se refiere al artículo 5. Se propone la adición de un nuevo inciso al párrafo único del artículo 5, que tendrá la siguiente redacción: El
miembro nacional de Eurojust podrá ser llamado para informar a las comisiones de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados y del Senado sobre la actividad desempeñada, tras la remisión de la memoria anual al Ministerio de Justicia. Una vez
recibida aquélla, el Gobierno enviará copia a las Cámaras.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada esta enmienda transaccional.
Procedemos a votar el articulado con las incorporaciones y modificaciones que ya se han producido en las votaciones anteriores. Estableceremos también dos bloques de votación. El primer bloque se refiere a los siguientes artículos y
apartados. Artículo 2.1, artículo 3.2, artículo 4.1 letra d), artículo 5, artículo 6, artículo 13, artículo 14, y artículo 16 puntos 1 y 5.
¿Señor Astarloa?
El señor ASTARLOA HUARTE-MENDICOA: Yo creo que hay solo un baile. No hay que votar en este grupo el 5, sobre el que acabamos de votar y aprobar una transaccional, sino que se refería otra vez a la famosa enmienda 25.
En este grupo, en vez
del 5, iría el 4.4 nuevo.
El señor PRESIDENTE: Bien, suprimimos de este paquete de votaciones el artículo 5. Por lo tanto, sometemos a votación para que conste claramente el sentido de la votación a los servicios de la Cámara, los artículos 2.1, 3.2, 4.1 apartado
d), artículo 6, artículo 13, artículo 14, artículo 16 puntos 1 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del articulado del texto del proyecto, conforme al informe de la ponencia y con las incorporaciones que se han efectuado, fruto de las sucesivas transacciones.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad quedan aprobados todos estos artículos. Por lo tanto, queda dictaminado ya el proyecto de ley de referencia.
Respecto a las proposiciones no de ley que habíamos tramitado de manera acumulada, los puntos del orden del día 3 al 20, se produce una enmienda transaccional que procedo a leer y que sustituiría la votación de todas las proposiciones no de
ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar en el proceso de actualización de la planta de los juzgados de violencia sobre la mujer que se desarrolle en el curso presupuestario de 2006 y de conformidad con los informes que sobre
cargas de trabajo y necesidades del servicio emita el Consejo General del Poder Judicial y de acuerdo a las peticiones de las comunidades autónomas, la posibilidad de creación de un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer en todas aquellas
comunidades autónomas en las que aún no se haya creado. Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de creación de otros juzgados exclusivos para aquellos partidos judiciales que así lo requieran por necesidad
del servicio, conforme a los informes que sobre cargas de trabajo emita el Consejo General del Poder Judicial.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobado este texto, que sustituye el tenor de las proposiciones no de ley comprendidas en los puntos 3 a 20 del orden del día.
Pasamos a votar el resto de proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley que figura con el punto 21, que procedo a leer.
Había una enmienda transaccional pero no sé si llegaron a acuerdo.
La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Hay una enmienda, pero no se ha llegado a ningún acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley relativa al establecimiento en los juzgados de violencia sobre la mujer de salas específicas para que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder al Tribunal y esperar
diligencias judiciales, con el fin de evitar enfrentamientos con el acusado, de la que es autor el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Recuerdo que ha decaído la 22 por incomparecencia del grupo proponente y han quedado aplazadas para la siguiente sesión ordinaria las proposiciones que figuraban en los puntos 23 y 24, del Grupo Parlamentario Catalán. Procedemos por lo
tanto a votar la proposición no de ley que figura con el punto 25 en el orden del día, proposición sobre la necesidad de tomar medidas para ampliar la efectividad de la persecución del fraude en el ámbito civil, de la que es autor el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, procedemos a votar la proposición no de ley referente a la creación de un juzgado de lo
social en la isla de Lanzarote, de la que es autor también el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, llegados a este punto, agradeciendo la presencia de los medios de comunicación, el trabajo y dedicación -muy específico- de los servicios de la Cámara, de todos los servicios de la Cámara, agradeciéndoles a todas y a todos ustedes
su presencia, les felicitamos el año, les deseamos las mejores fiestas y procedemos a levantar la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.