CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 435

NO PERMANENTE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA

Sesión núm. 15

celebrada el jueves, 1 de diciembre de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Relativa a la promoción de sistemas de previsión complementarios.
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/000584.) ... (Página 2)


-Por la que se insta al Gobierno a equiparar las condiciones de las pensiones por jubilación anticipada. Presentada por el Grupo Palamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000993.) ...
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Se abre la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE SISTEMAS DE PREVISIÓN COMPLEMENTARIOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/000584.)


La señora VICEPRESIDENTA (Pin Arboledas): Se abre la sesión.



Debate y votación de proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley relativa a la promoción de sistemas de previsión complementarios.



Para su defensa tiene la palabra el portavoz de Convergència i Unió, señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo ha presentado esta proposición no de ley ante la revisión impositiva de los planes de pensiones complementarios y al amparo de las discusiones y resoluciones del Pacto de Toledo habidas en la anterior
legislatura, en las que se promocionaba específicamente el establecimiento de los sistemas de protección social voluntarios. Podría ser un contrasentido, sobre todo a final de año, cuando se produce la mayor aportación a los fondos de pensiones
voluntarios por parte de los contribuyentes, sembrar la duda sobre la continuidad de este sistema en el futuro. Nuestro grupo ha querido hacer este recordatorio al Gobierno ante la previsible revisión del impuesto sobre la renta.



Vamos a aceptar la enmienda transaccional del Grupo Socialista, que sustenta al Gobierno, en el sentido de promover que estas aportaciones complementarias tengan una protección suficiente en la próxima revisión del IRPF. Queremos hacer este
recordatorio para que el sistema contributivo se vea complementado y no se penalice a las personas que realizan un determinado ahorro; lo explicamos abundantemente en la exposición de motivos. Además, no hay una pérdida impositiva del Estado, sino
un pago diferido de impuestos que se ajusta en el momento en el que se percibe la pensión. Promocionar un determinado ahorro en estos momentos, cuando es necesario tener varias vías de compensación en todos los elementos financieros del sistema, es
un hecho positivo. La complementación de las pensiones contributivas con los planes de pensiones voluntarios debe mantenerse. Esto está ahora en discusión esta Comisión y nuestro grupo ha querido recordarlo e insistir en el mantenimiento de esta
modalidad. Por ello, en aras del consenso, aceptamos la propuesta del Grupo Socialista y le daremos nuestro apoyo.



La señora VICEPRESIDENTA: Para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora López i Chamosa.



Comunico a SS.SS. que no se votará antes de las doce y quince minutos del mediodía.



La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy a defender la enmienda que hemos presentado a la iniciativa del Grupo de Convergència i Unió.



Desde hace meses hemos venido manifestando en esta Comisión -el secretario de Estado de Hacienda también lo afirmó en su comparecencia- que no hay intención alguna de eliminar los beneficios fiscales de los planes complementarios de
pensiones. Lo que sí hemos dicho es que va a haber una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es una reforma fiscal que el Gobierno tiene prevista para el año que viene. En este sentido hemos presentado la enmienda, porque
habría que buscar fórmulas para extender esos beneficios fiscales, ese tratamiento fiscal favorable a los planes complementarios de pensiones, teniendo en cuenta el problema de envejecimiento que se nos plantea y las consecuencias del mismo para
nuestra sociedad, es decir, el problema de la dependencia. Por esto presentamos la enmienda al primer punto en la que proponemos introducir un tratamiento favorable para los instrumentos financieros destinados a hacer frente a los problemas
derivados del envejecimiento y de la dependencia. Estamos de acuerdo con la iniciativa. Es un tema que hemos debatido muchas veces en esta Comisión del Pacto de Toledo. En la reforma que aprobamos en el año 2003 fue un punto muy importante. A la
Comisión le llevó meses ponerse de acuerdo para hacer la recomendación específica de fortalecer el sistema, extenderlo, promover los planes de pensiones y que estos planes entrasen en la negociación colectiva, dado el insuficiente desarrollo que
tenían sobre todo en las pequeñas y medianas empresas y entre los autónomos. Esto es lo que nos queda por hacer, pues no debemos olvidar que en nuestro país el 93 ó 94 por ciento de las empresas son pequeñas, medianas y micro


-Relativa a la regulación de las prestaciones familiares. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista del Congreso, Popular en el Congreso, Catalán (Convergència i Unió), Esquerra Republicana (ERC), Vasco (EAJ-PNV), de Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa por Catalunya Verds, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto. (Número de expediente 161/001246.) ... (Página 5)


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empresas y, hasta la fecha, los planes de pensiones se hacen fundamentalmente en empresas grandes. Todos tenemos presentes los bancos, Telefónica, Seat e incluso las administraciones públicas; acaba de hacerlo la Generalitat de Cataluña y
lo hizo el Estado el año pasado. Es una iniciativa oportuna cuyo espíritu compartimos, por lo que vamos a votar a favor de la misma. No obstante, cuando venga la reforma fiscal deberíamos modificar algunas cuestiones en cuanto a los planes de
pensiones complementarios. En este sentido, no puedo resistirme a poner encima de la mesa una reflexión breve sobre una cuestión, y es que tenemos que entender los planes de pensiones complementarios como un complemento a la pensión pública. Por
tanto, debemos incentivar todo aquello que signifique el rescate de ese ahorro que se ha hecho a través de los planes de pensiones, bien sean públicos o privados, y tenemos que fomentar que se haga a través de rentas vitalicias, ya que son las que
de verdad garantizan que sea un complemento a la pensión pública. Estoy convencida de que la mayoría de las veces las personas no necesitamos dichos complementos cuando cumplimos los 65 años, sino cuando llegamos a una edad más avanzada, 70 ó 75
años, cuando empezamos a tener unas necesidades complementarias y es cuando más necesitamos el dinero. Cuando hagamos esa reforma deberíamos tener en cuenta que fuese en esta línea.
En cualquier caso, reitero que vamos a votar a favor de la
iniciativa.



La señora VICEPRESIDENTA: Para la defensa de su enmienda tiene la palabra el señor Barrachina Ros.



El señor BARRACHINA ROS: El planteamiento de esta iniciativa viene a reforzar algo que ya de por sí es suficientemente sólido como es el Pacto de Toledo de 1995, extendido a sindicatos y empresarios en el año 1996.
En este contexto, el
informe posterior de 2003 venía a recomendar incentivar, impulsar y reforzar. La decimocuarta recomendación de este informe de octubre de 2003 dice textualmente: Impulsar y reforzar el sistema complementario de pensiones. Para ello este mismo
informe establecía en 2003 que deberá reforzarse buscando su estabilidad y la mejor manera de buscar la estabilidad es no hacer declaraciones contradictorias por parte de los responsables. Intuyo que en el momento de presentar estar propuesta el
Grupo de Convergéncia i Unió lo hacía como reacción a algunas dudas sembradas por los actuales responsables sobre la pertinencia o no de mantener los incentivos fiscales.Celebro que esta votación pueda tener un amplio respaldo, el que se merece el
sosiego de las personas mayores y con discapacidad que perciben las pensiones de nuestro sistema público, y nuestro grupo desea alcanzar el más amplio de los acuerdos.



Una vez que la propuesta de Convergéncia i Unió, que nosotros asumimos en su integridad, lleva a pormenorizar citando a pequeñas y medianas empresas, entendemos indispensable que junto a ellas figuren los trabajadores autónomos, porque son
uno de esos colectivos que menor pensión tiene. En este sentido, simplemente voy a dar un dato, y es que hasta un 36 por ciento de los directivos de empresas españolas tienen contratados sistemas privados de pensiones, a pesar de que éstos por la
propia naturaleza de su cargo tienen posteriormente una pensión pública elevada. Sin embargo, como digo, el 36 por ciento tiene contratados sistemas de pensiones complementarios. En el caso de los autónomos, que tienen una pensión pública muy baja
porque sus bases de cotización -ahora están creciendo, pero históricamente han sido muy bajas- son tan solo del 20 por ciento, es decir, uno de cada cinco. Por tanto, creemos indispensable incorporar a los trabajadores autónomos junto a la pequeñas
y medianas empresas a llevar a cabo un plan de pensiones de promoción conjunta. Al inicio de la sesión se suscitaba la duda de si era o no posible incluirlos en el punto tercero junto a pequeñas y medianas empresas y compañeros míos han aducido que
efectivamente la suscripción de planes por parte de trabajadores autónomos se puede llevar a cabo de forma sectorializada, por sectores, es decir, de manera gremial o profesional por cada uno de los colectivos en que aparecen representados los
trabajadores autónomos.



Por otro lado, la enmienda del Grupo Socialista me parece correcta. Eso es lo que han venido haciendo las dos reformas fiscales del Gobierno popular para dar un mejor tratamiento al envejecimiento y a las situaciones de dependencia que
provienen bien del envejecimiento o bien de las situaciones de discapacidad. Se trataría del mantenimiento o la mejora de esos incentivos; confiamos en que no sea tan solo mantener aquello que ya hicimos bien, sino que el tiempo y la situación
económica puede permitirnos que esto vaya a mejor. Confiamos en la aceptación de nuestra enmienda, aunque todavía no hemos tenido oportunidad de escucharlo de forma expresa por parte del portavoz de Convergéncia i Unió, y anunciamos nuestro voto
afirmativo a la propuesta.



La señora VICEPRESIDENTA: Señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: A los efectos de sustanciar un lapsus a la hora de decir que aceptamos la propuesta del Grupo Popular en el sentido de incluir en el punto 3 la frase incentivar a trabajadores autónomos, a las pequeñas y medianas
empresas y a sus trabajadores. Nos quedaba la duda de esta aceptación en el contexto de que nuestra idea en la proposición no de ley era proponer un plan conjunto. Por este motivo dudábamos sobre incluirlo en el punto 3 o en el 4. En cualquier
caso, no pondremos mayores inconvenientes y aceptamos la inclusión de la frase que dice: Incentivar a los trabajadores autónomos -a partir de aquí el resto del texto queda igual- para que queden contemplados en el punto 3 las pequeñas y las
medianas empresas, y, en este caso, los trabajadores autónomos como proponía su grupo.



POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EQUIPARAR LAS CONDICIONES DE LAS PENSIONES POR JUBILACIÓN ANTICIPADA,


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PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/000993.)


La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la segunda proposición no de ley, presentada por Convergéncia i Unió, por la que se insta al Gobierno a equiparar las condiciones de las pensiones por jubilación anticipada, cuyo autor es también el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió).



Tiene la palabra su portavoz, el señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo ha presentado esta proposición no de ley tras los frecuentes encuentros que hemos tenido con el colectivo de discapacitados debido a que la aplicación de la Ley de mutualistas ha generado diferencias en
cuanto a las prejubilaciones. Dentro del marco del Pacto de Toledo la aplicación estricta de una fecha nos ha demostrado que se pueden generar muchos casos de injusticia, ya que en ocasiones por solo unos días se pierden determinados beneficios
fiscales, es decir, por falta de unos cuantos días de cotización no se entra en la percepción de un determinado beneficio. Algo que hemos aprendido en el debate de las normas de aplicación del sistema de pensiones es establecer un sistema de
gradualidad o proporcional, de forma que todos los sistemas se puedan ajustar a un punto determinado del tiempo sin perjuicio de aquellos que casi alcanzan un determinado nivel sin establecer diferencias sociales.
Asimismo, existen prejubilaciones
forzadas y no pactadas que carecen de beneficios complementarios por parte de la empresa que han podido generar una indemnización o nada. En determinados casos la aplicación de la ley ha provocado la reducción de la pensión de un 6 ó un 8 por
ciento, algo que se entiende, pero otras veces determinados cálculos no permiten ciertas mejoras.



Nuestro grupo, al objeto de encontrar una solución, propone que la Comisión inste al Gobierno a buscar una solución para estas importantes diferencias que se han originado en los sistemas de pensiones de los prejubilados. Ante el consenso
que subyace en esta Comisión, con el espíritu de encontrar una solución a este tema -y nos consta que ese es el ánimo del Gobierno-, hemos aceptado una transaccional con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular a fin de crear un texto unívoco que
nos permita, en primer lugar, alcanzar esta mejora y, en segundo, lugar, un tiempo, porque en los temas de pensiones un debate o un tiempo demasiado largo crea decepción, ya que se trata de colectivos de gente mayor en los cuales el tiempo tiene un
valor muy especial, de una etapa de la vida de éstos con menor capacidad, que es afrontada con un cierto temor.



De acuerdo con la propuesta, incorporaríamos una modificación a la enmienda del Grupo Socialista en el sentido de que se proceda al estudio, antes de final del próximo semestre -incluir esta frase-, de la situación de las personas -el resto
igual- que accedieron a la jubilación anticipada y cuyo cese en el trabajo no se haya producido voluntariamente, para posibilitar una mejora de la prestación recibida y para que podamos proceder en esta Cámara a la discusión de una propuesta
importante para este colectivo de prejubilados y que con el consenso de siempre podamos ofrecer una solución y terminar con las diferencias de percepciones que a veces cuesta mucho entender. Homogeneizarlas va a permitir ofrecer a estos colectivos
una solución tranquilizadora, para lo cual nuestro grupo se ha sumado a estas propuestas que los dos grupos mayoritarios de esta Cámara han ofrecido a nuestra proposición. Repito que aceptamos las transacciones y las daremos nuestro voto favorable.
Por otra parte, esperamos que tengan el mismo soporte de los dos grandes grupos de la Cámara.



La señora VICEPRESIDENTA: Para la defensa de su enmienda tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Martín Mendizábal.



La señora MARTÍN MENDIZÁBAL: Tengo que decir que al principio me he despistado un poco con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) porque, si no he entendido mal, ha comenzado hablando de los
discapacitados jubilados anticipadamente. (El señor Grau i Buldú: ¡No, prejubilados!) Perdón entonces.



Compartimos con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) la preocupación ante la situación injusta de estas personas, que han sido expulsadas del mercado de trabajo por crisis o a veces no tan crisis a las que, llegada la
jubilación, se les aplicaron unos coeficientes que no estaban previstos, unos coeficientes reductores contemplados cuando la persona voluntariamente deseaba cesar en el trabajo y acceder a la jubilación. Eso se fue produciendo así durante años y
años hasta que se corrige en parte con la Ley de 1997, donde por primera vez hay esa diferenciación entre voluntarios y no voluntarios. Posteriormente en la Ley de 2001, nuevamente se vuelven a reducir los coeficientes reductores con la misma idea
de diferenciar que se jubila voluntariamente de aquella otra -si me permiten manifestarlo en términos coloquiales- que no tiene otro remedio que acceder a esa jubilación. Y a su vez la ley distingue a las personas que tienen una carrera con
cotización mayor de aquellas otras que no la tienen. Nos encontramos con que actualmente personas que llegan a la misma situación tienen, sin embargo, coeficientes reductores diferentes según se hayan jubilado antes de 1997, a partir de 2001 o
entre 1997 y 2001. Quiero dejar claro que al Partido Popular siempre le ha parecido esta una situación injusta -la denunció públicamente ya hace muchos años, de ahí las modificaciones legislativas que luego se produjeron con el consenso de todos-,
en la que muchas veces solo se trataba de rejuvenecer plantillas. Para desincentivar esta situación se introdujeron medidas en las leyes llamadas de acompañamiento. Por otro lado, el último Pacto de Toledo, el


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renovado en 2003, prevé un punto para que se estudie la situación de estos pensionistas y se puedan hacer esas mejoras. Todos los grupos compartimos la misma idea sobre su modificación.



Nuestro grupo ha presentado una enmienda por dos motivos: primero, porque el texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hablaba de jubilación anticipada en general, pero nosotros queremos matizar
que ello no debe suceder en todas las jubilaciones anticipadas, sino en las jubilaciones anticipadas como consecuencia de haber cesado en el trabajo no voluntariamente o no por causa imputable al trabajador. En segundo lugar, se pide un informe
para estudiar la modificación de los actuales coeficientes reductores. Nuestro grupo estima que un informe técnico no puede determinar su modificación, sino que es preciso hacer otras valoraciones, como la relativa a si queremos prolongar
voluntariamente la edad de jubilación o incentivar que esa edad legal sea la que mayoritariamente se produce que no es coincidente, como sabemos, con la edad real de jubilación. Es decir, no vemos pertinente que del informe técnico automáticamente
se derive esa modificación. Con la enmienda del Grupo Socialista hemos llegado a una transaccional, porque ambos aspectos quedan reflejados. Además, se recoge específicamente que se contemple a aquellas personas que hayan accedido a una pensión de
jubilación anticipada pero que no hayan cesado en el trabajo de forma voluntaria. Como entre todos hemos elaborado un mejor texto, votaremos a favor de la transaccional.



La señora VICEPRESIDENTA: Ahora tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, para la defensa de su enmienda, señora Díaz Pacheco.



La señora DÍAZ PACHECO: Mi grupo es consciente de la necesidad de corregir la desigualdad que se produce entre personas que, pese a que acceden a su vidad laboral con la misma edad y prácticamente con el mismo número de años cotizados,
reciben prestaciones diferentes. En esa búsqueda de la mayor correspondencia entre contribución realizada y la prestación a recibir el Grupo Socialista ha venido trabajando. Figuraba en nuestro programa electoral de 2004. En el 'Diario de
Sesiones' se pueden leer las enmiendas que presentó el Partido Socialista a la Ley de 2002, así como las iniciativas que nuestra portavoz, López i Chamosa, ha defendido en la legislatura pasada, y en ésta, en comunicación permanente con el Gobierno.
Son muchas las reuniones que el Grupo Socialista ha mantenido con estos colectivos. En la última asamblea de la Federación Vasca de Prejubilados, en Irún, fue clara y manifiesta la postura de los socialistas respecto a la búsqueda de esta
equiparación. El motivo que nos ha llevado a presentar un texto alternativo ha sido el que se dan varias circunstancias que quiero destacar.



Actualmente el crecimiento del número de jubilaciones anticipadas continuado que se está produciendo lleva a que la edad real de jubilación se está alejando de la edad legal de jubilación, tendencia contraria a la posición de España y a la
de otros países europeos mantenidas en cumbres como la de Lisboa. Hay que seguir insistiendo y hay que seguir reforzando el principio, por un lado, de contribución y, por otro, de solidaridad, tanto para garantizar el equilibrio financiero del
sistema como para garantizar lo que se establece en el texto de renovación del Pacto de Toledo, y las exigencias que vienen derivadas de nuestra propia legislación y que así el Tribunal Constitucional ha venido reiterando en sus últimas sentencias,
que hablan fundamentalmente del principio básico de la no retroactividad, y que reiteradamente ha estado diciendo que, el principio temporal, es consecuencia de la prestación el hecho del momento en el que la persona accede y en las circunstancias
en las que se encuentra en el momento de su acceso a la contribución.



Nosotros creemos que esto tiene que estar en el marco de las medidas de reforma de la Seguridad Social, que se tiene que seguir negociando con los agentes sociales, y en el estudio al que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Catalán, al
que nos comprometemos para los próximos seis meses, tiene que verse también una correlación de las medidas de reforma de la Seguridad Social. Hemos venido trabajando, lo vamos a seguir haciendo, y compartimos el criterio de la portavoz del Grupo
Popular, y así lo hemos recogido en una transaccional de los tres grupos, de que se haga exclusivamente en aquellos ámbitos donde el cese en el trabajo no se haya producido voluntariamente por parte del trabajador. Es importante que diferenciemos,
como bien ha dicho ella, que se haga de una manera voluntaria o que haya otro tipo de incentivos que lleven al trabajador a acceder a ese tipo de prejubilación.



El texto que nosotros presentamos como texto alternativo lo tienen todas SS. SS. y yo creo que es importante que al final esto surja del fruto del consenso de todos los partidos, siguiendo la tónica y el talante de esta Comisión.



-RELATIVA A LA REGULACIÓN DE LAS PRESTACIONES FAMILIARES. PRESENTADAS POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA DEL CONGRESO, POPULAR EN EL CONGRESO, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ, ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, VASCO (EAJ-PNV) IZQUIERDA
VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS Y MIXTO. (Número de expediente 161/001246.)


La señora VICEPRESIDENTA (Pín Arboledas): Pasamos a la tercera proposición no de ley, relativa a la regulación de las prestaciones familiares, cuyos autores son todos los grupos de la Cámara.



Van a intervenir los grupos que están presentes. Por el Grupo Socialista, su portavoz, señora Sánchez Rubio.



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La señora SÁNCHEZ RUBIO: Esta es de esas iniciativas que a uno le gusta tener la oportunidad de defender en esta Comisión; es una iniciativa elaborada y trabajada por todos los grupos en colaboración con los representantes de los
colectivos de personas con discapacidad, en particular con el Cermi, y que de alguna forma es el fruto de un compromiso que adquirimos el día que se debatió en Pleno hacer compatible la pensión no contributiva de invalidez con el trabajo remunerado,
porque se veía una laguna en materia de atención a lo que era la protección familiar por hijo a cargo. Nosotros entendíamos, así como el resto de los grupos, que introducir una modificación en materia de protección familiar de forma aislada podía
resultar no conveniente, considerando lo que habían supuesto las lagunas de cobertura que a lo largo del tiempo se habían producido por una consideración quizá no suficientemente armónica de las prestaciones contributivas y no contributivas de la
Seguridad Social en materia de protección familiar.



Cuando las necesidades de protección familiar a la vez coinciden con las situaciones derivadas de tener a un miembro de la familia con un problema de discapacidad, el problema se acentúa y se hace mucho más necesario abordar el tema con un
sentido de globalidad y revisar la norma sin producir merma en los derechos que se han ido adquiriendo a lo largo de este tiempo, en el que se han ido introduciendo modificaciones, siempre con la buena voluntad de todos los grupos de una mejor
atención al colectivo de personas con discapacidad, pero con un concepto de globalidad de la prestación para evitar que se produzcan o que se incentiven situaciones de desigualdad social. Para eso adquirimos un compromiso en el sentido de instar al
Gobierno a reformar el sistema para garantizar la adecuación del nivel de suficiencia de las prestaciones en materia fundamentalmente de discapacidad y para garantizar la atención a las familias con miembros con discapacidad, a través de una
prestación que fomente que estos puedan alcanzar una mayor autonomía e independencia.



Ha habido un compromiso por parte del Gobierno del Partido Socialista y de Grupo Socialista en esta materia. El ministro de Trabajo y la secretaria de Estado así lo han venido reiterando en sus comparecencias en esta Cámara. En concreto,
el ministro de Trabajo el 18 de mayo de 2005 habló de la mejora de la protección que brinda la Seguridad Social a las familias, dentro de una definición integral y de una política de apoyo a las mismas, con una consideración especial a aquellas que
tienen personas con discapacidad bajo su responsabilidad. Igualmente, la secretaria de Estado nos hablaba de corregir las lagunas existentes en la protección a las familias, orientando los recursos hacia las situaciones de necesidad e involucrando
a la Seguridad Social en la creación de un sistema de atención del cuadro de necesidades asociado a la dependencia. En el libro blanco y en lo que va a ser el proyecto de ley de atención a las personas en situación de dependencia, la ley para la
autonomía personal, también se contemplan una serie de medidas para la protección familiar de las personas en situación de discapacidad.



Es muy interesante asimismo hacer una referencia a lo que ha sido, dentro de la declaración del diálogo social, la promoción de la integración de las personas con discapacidad, no solo en el mercado laboral sino en la mejora de la protección
familiar, que son tratados de forma diferenciada, puesto que en principio constituyen un objetivo distinto y por tanto deben tener una discriminación positiva por la dificultad que comporta en el entorno de la familia la atención a las personas en
situación con discapacidad. Estos compromisos se han visto recientemente reflejados en la disposición adicional segunda del proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2006, al establecer que a partir del 1 de enero de 2006
la cuantía de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años y un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento sea de 3.534 euros anuales, lo que ha supuesto un incremento del 3,13 por ciento; cuando
el hijo a cargo tenga una edad de 18 o más años, esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento, por supuesto el incremento será mayor, puesto que necesitan una mayor atención.



En el marco de lo que va a ser la legislación en materia de atención a las personas en situación de dependencia este tema también se verá, pero quiero retomar de nuevo el tema para terminar diciendo que el planteamiento que hacíamos todos
los grupos, y que yo creo que es lo interesante de esta proposición no de ley, era reordenar dentro del marco de la Seguridad Social esta protección para las familias que tienen hijos o hijas en situación de discapacidad y además hacerlo de forma
armónica que no suponga una merma en los derechos adquiridos y que sin embargo contemple una discriminación positiva, por la dificultad que supone para la familia atender a sus hijos e hijas en esta situación. Como miembro del Grupo Socialista, yo
me siento satisfecha por haber llegado a un acuerdo.



La señora VICEPRESIDENTA (Pín Arboledas): Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Méndez Monasterio.



La señora MÉNDEZ MONASTERIO: Señorías, nosotros, exactamente igual que ha dicho la representante del Grupo Parlamentario Socialista en su intervención, estamos muy satisfechos de que se traiga y de que vayamos a aprobar todos la iniciativa
que de manera conjunta se ha presentado en esta Comisión.



Nos encontramos ante el debate de esta proposición no de ley presentada por todos los grupos parlamentarios, y es en esta Comisión donde debemos llegar a acuerdos de esta naturaleza, porque efectivamente tenemos que recordar que, en la
revisión del Pacto de Toledo en octubre de 2003, existía una recomendación sobre la discapacidad, que establece que la Comisión constata los adelantos que en materia de ayudas a las personas


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con discapacidad se han realizado en el marco de la Seguridad Social a través de diferentes políticas. Sin embargo -decía esta recomendación-, la Comisión insiste en la necesidad de seguir avanzando en este sentido y recomienda, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución, prestar una atención especial a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales para el disfrute de sus derechos en la materia, evitando cualquier tipo de discriminación y
fomentando su plena integración laboral y social. La Comisión recomienda que en el desarrollo de las distintas políticas públicas, y en especial de aquellas vinculadas al sistema de protección social, se evalúe su impacto sobre las personas
discapacitadas.



Esta iniciativa responde a aquella recomendación porque el texto de la presente proposición establece que se acuerde instar al Gobierno a que efectúe un estudio, en el tiempo más breve posible, sobre la situación de las prestaciones
familiares en el área de la discapacidad, para garantizar un adecuado nivel de suficiencia y, además, que la misma garantice el objetivo de que estos puedan alcanzar una vida autónoma e independiente. Estamos absolutamente de acuerdo con este texto
y con que estas medidas que se hayan de tomar se tomen en el diálogo social y con las organizaciones de las propias personas discapacitadas, como el Cermi.
La representante del Grupo Parlamentario Socialista también ha hecho alusión al Cermi, y
nosotros queremos concretar más el informe que ellos mismos elaboraron en el año 2003, donde se recogen una serie de problemas y propuestas, muchas de ellas en relación con las prestaciones familiares. Compartimos con ellos, porque es así, que
existe una diferencia de trato entre las prestaciones para familias con personas con discapacidad según sean mayores o menores de 18 años. En cuanto a las prestaciones para personas menores de 18 años, escasas y muy insuficientes -por ejemplo, una
familia con un paralítico cerebral cobra al mes 48 euros-, no existe ninguna diferencia para su percepción en el grado de discapacidad. El trato es diferenciado, es injusto, ya que en virtud del grado de discapacidad la familia precisaría recursos
diferentes. Sin embargo, en el ámbito fiscal sí existe esa diferenciación. También podemos hablar de la ausencia de protección de las familias cuando las mismas tienen a cargo hijos con discapacidad con 18 o más años si los mismos tienen
acreditado un grado de minusvalía inferior al 65 por ciento. Aunque en los últimos años se han incrementado las cuantías de las asignaciones por hijo a cargo -en concreto con el Plan integral de la familia se actualizaron algunas que habían estado
congeladas durante 10 años y se incrementaron otras-, son claramente insuficientes. Es también discriminatorio el trato diferente entre los importes mensuales de las asignaciones económicas por hijo a cargo con discapacidad con 18 o más años y los
importes de las pensiones no contributivas de invalidez para supuestos similares en grado de minusvalía. Nos encontramos así con supuestos similares de personas con discapacidad que están cobrando un importe diferente. Por tanto, el Congreso de
los Diputados ha de instar al Gobierno a que dé respuesta a esta realidad social y a que, en la medida de lo posible, se eviten las situaciones de desigualdad social.



En el Congreso de los Diputados, y en concreto en esta Comisión y en la Comisión sobre la Discapacidad creada al efecto, hemos estado durante más de un año oyendo diferentes voces, voces no solo de organizaciones de los propios
discapacitados o de familiares de discapacitados, sino también de servicios de gestión públicos y privados, de sindicatos; muchas voces que nos han puesto al día de la realidad de las personas con discapacidad.
Hasta ahora no se habían oído tantas
voces denunciando la realidad de las personas con discapacidad. En estas comparecencias se ha venido mostrando esta realidad, que en muchos casos es dramática, pero además de la exposición de esa realidad ha habido diferentes reivindicaciones para
la mejora de su tratamiento y no solamente en cuanto a servicios o recursos, que habría que incorporar en la Ley de Dependencia, sino en la mejora de las prestaciones familiares, que es la que hoy nos ocupa. El trato que se da, aunque se ha ido
modificando y mejorando por los diferentes gobiernos, no es suficiente; en concreto, aunque con el anterior Gobierno se dio un gran paso en el tratamiento fiscal de las familias en las que existía una persona con discapacidad, con dos reformas de
carácter fiscal, una Ley del patrimonio del discapacitado, planes de discapacidad, una Ley de igualdad de oportunidades, bonificaciones para las empresas para la integración laboral de los discapacitados, etcétera, somos conscientes de que aún falta
mucho por hacer y de que las prestaciones familiares necesitan optimizarse de manera urgente. En febrero de 2005 se debatió una proposición de ley -también se ha hecho referencia a ella- que acordó la necesidad de compatibilizar la pensión no
contributiva que perciben las personas con discapacidad con la integración en el mercado laboral.



Son muchas las personas con discapacidad que se han integrado socialmente por medio de un empleo, que es la mejor forma de integrarse. Por este motivo se acordó, para que no hubiera ningún elemento disuasorio, como podía ser la pérdida de
la pensión a la hora de conseguir un trabajo remunerado, modificar la regulación existente para que pudiera compatibilizarse. En aquella ocasión nuestro grupo presentó una enmienda para que tuvieran el mismo trato las prestaciones familiares que la
pensión no contributiva a la hora de legislar la compatibilidad. No tuvimos éxito, pero en este momento seguimos manteniendo nuestro criterio y nos satisface que los demás grupos parlamentarios también están de acuerdo. Y es que nos parece que el
trato es discriminatorio y que en este caso debería llegarse al mismo resultado, ya que el objetivo es idéntico. Esperamos que en el estudio que se vaya a realizar por el Gobierno se demuestre claramente esta desigualdad de trato y se ponga
remedio.



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Solicitábamos que el causante no perdiera la condición de hijo o menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena, siempre que continuase conviviendo con el beneficiario de la prestación y
que los ingresos anuales del causante en concepto de rendimiento del trabajo no superasen el cien por cien del salario mínimo interprofesional, también en cómputo anual. Si los ingresos por este concepto superasen el cien por cien del salario
mínimo interprofesional, se minoraría el importe de la prestación familiar en el 50 por ciento del exceso. Entonces nos dijeron que no eran casos que pudieran compararse y no estuvimos de acuerdo. La Ley 8/2005 establece esa compatibilidad de las
pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, con los límites que en la misma se señalan. Hace pocos días se ha publicado un real decreto, el Real Decreto 1335/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan las
prestaciones sociales de la Seguridad Social. Este real decreto recoge en una sola norma el desarrollo reglamentario de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, que con anterioridad se regulaban en dos textos, el Real Decreto 356/1991,
en materia de prestaciones por hijo a cargo, y el Real Decreto 1368/2000, de desarrollo de las prestaciones económicas de pago único por nacimiento de tercer o sucesivos hijos y por parto múltiple. Alabamos esta labor de sistematización, pero
pensamos que se podía haber aprovechado y no solo sistematizar, sino modificar y reformar aquellas prestaciones que se han quedado obsoletas y aquellas que pueden derivar del desarrollo de textos legales que no se han llevado a efecto.
Nos estamos
refiriendo, por ejemplo, al reglamento de la Ley de familias numerosas. Tenemos que criticar que para los presupuestos generales del próximo ejercicio no se hayan tenido en cuenta algunas enmiendas de nuestro grupo que considerábamos fundamentales,
entre ellas la protección para los huérfanos que fueran minusválidos con una minusvalía igual o superior al 65 por ciento; nuestro grupo presentó una enmienda en el mismo sentido que lo hizo en la proposición de ley que antes comentábamos para que
no se perdiera la condición de hijo o menor acogido cuando los ingresos anuales del causante en concepto de rendimientos del trabajo superen el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional y no alcancen el cien por cien del mismo, aunque
resultara beneficiario del 50 por ciento de la prestación. Tampoco hubo suerte y volvieron a rechazarla, aunque creemos que era una medida de fomento del empleo y de la integración sociolaboral del minusválido, evitando así su desmotivación para
actividades laborales a tiempo parcial -que a veces son las que puede realizar- o con escasa retribución salarial.



Termino diciendo que es necesaria y urgente una revisión de ese régimen de prestaciones y que es necesaria su modificación y su reenfoque. En este momento hay una situación de deducciones fiscales y de prestaciones que debería modificarse
de manera integrada y bien estructurada. La política de prestaciones debe ser objeto de un planteamiento global y dentro de las políticas de apoyo a la familia y no debe quedarse pura y simplemente en una reforma de prestaciones sociales o
familiares dentro de la Seguridad Social; se debe ir a algo más, se debe ir a una política global de apoyo a la familia. En este orden de cosas, y para terminar, quiero decir que llevamos mucho tiempo trabajando en esa Comisión, con muchas
comparecencias sobre la ley de dependencia, y nos parece que ya se debería abordar de manera urgente y necesaria esa ley, porque esta Comisión, además de revisar, debe incentivar el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que es lo
que esta mañana vamos a hacer.



La señora VICEPRESIDENTA (Pín Arboleda): Señorías, del debate que acabamos de tener entiendo que las tres proposiciones no de ley se van a aprobar por unanimidad. En las dos primeras, el Grupo Catalán ha aceptado las enmiendas presentadas
por el Grupo Socialista y por el Grupo Popular, y la tercera queda tal como se ha presentado en esta Cámara.



Por tanto, si SS.SS. quieren, como las tres se van a aprobar por unanimidad, las podemos votar conjuntamente.



¿Se aprueban las tres por unanimidad? (Asentimiento.) Quedan aprobadas.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.