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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 434, de 01/12/2005
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2005 VIII Legislatura Núm. 434

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA DELIA BLANCO TERÁN

Sesión núm. 19

celebrada el jueves, 1 de diciembre de 2005



ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Sobre activación de las iniciativas necesarias para el progreso de los pueblos y para reducir sustancialmente la pobreza. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de
expediente 161/000932.) ... (Página 2)


Sobre la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Presentada por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana


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(ERC), Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto. (Número de expediente 161/001330.) ... (Página 2)


-Relativa a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/001337.) ... (Página 2)


-Sobre la lucha contra la corrupción en los países receptores de la ayuda española. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001260.) ... (Página 7)


-Por la que se insta al Gobierno a apoyar la transparencia de las industrias extractivas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001350.) ... (Página 10)


Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-SOBRE ACTIVACIÓN DE LAS INICIATIVAS NECESARIAS PARA EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS Y PARA REDUCIR SUSTANCIALMENTE LA POBREZA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de
expediente 161/000932.)


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.



A continuación procedemos a tramitar el orden del día. En primer lugar, proposición no de ley sobre activación de las iniciativas necesarias para el progreso de los pueblos y para reducir sustancialmente la pobreza, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra para su defensa el señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Vamos a retirar esta iniciativa.



No sé si vamos a continuar por orden los siguientes puntos del orden del día. A nosotros nos gustaría, si fuera posible, que tratáramos a continuación los puntos 3 y 4, relativos a la Organización Mundial del Comercio, porque si no no vamos
a poder estar presentes.



La señora PRESIDENTA: Por parte de la Presidencia no hay ningún problema y supongo que tampoco por parte de la Mesa. ¿El resto de los grupos parlamentarios está de acuerdo en que saltemos al punto 3 del orden del día? (Asentimiento.)


Señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, quisiera solicitar la acumulación de los puntos 3 y 4 del orden del día. En su momento justificaré por qué existe una proposición no de ley exactamente igual a la que presenta Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds junto con otros grupos parlamentarios.



La señora PRESIDENTA: Gracias por su sugerencia, lo íbamos a hacer así.
Pensábamos acumular los puntos 3.º y 4.º porque prácticamente tienen el mismo contenido.



-SOBRE LA CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC). PRESENTADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, ESQUERRA REPUBLICANA, VASCO, COALICIÓN CANARIA-NUEVA CANARIAS Y
MIXTO. (Número de expediente161/001330.)


-RELATIVA A LA CUMBRE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/001337.)


La señora PRESIDENTA: Habiéndose retirado el primer punto del orden del día, vamos a debatir en primer lugar la proposición no de ley sobre la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OCM), de los grupos parlamentarios Izquierda
Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana, Vasco, Coalición Canaria-Nueva Canarias y Mixto.



Para su defensa tiene la palabra el portavoz de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: En primer lugar quiero decir que a esta proposición no de ley hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que aceptaríamos como adicional y suprimiendo la referencia que existe a países, que parece que no
sería muy recomendable


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porque parecería que hay algún tipo de reticencia con respecto a Brasil o India, que tienen sus intereses legítimos. Ahora bien, estamos de acuerdo con el sentido de la enmienda y, por tanto, la aceptaríamos como adicional. Lo digo ahora
porque probablemente no pueda estar en el momento final del debate de este punto del orden del día.



Nuestro grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa junto con otros grupos. Creemos que es importante porque orienta el trabajo en la reunión de la Organización Mundial de Comercio, y yo diría que tiene tres aspectos fundamentales.
Por una parte, pretende algo que es muy difícil y que ha sido muy difícil hasta ahora, como es la participación y la transparencia por parte de los países miembros, con sus propias sociedades civiles y con sus órganos representativos, en relación
con las reuniones de la Organización Mundial de Comercio, que creemos que es imprescindible pero no lo hemos logrado, en general. Desde la legislatura pasada venimos planteando la necesidad de presencias frecuentes de los órganos del Gobierno que
tienen representación en la Organización Mundial de Comercio, así como la necesidad de una mayor participación social.
Creemos que es un objetivo necesario, que va en el sentido de democratizar órganos que cada vez tienen más competencias al margen
de los Estados y de organizaciones regionales representativas; órganos que son muy importantes en decisiones que tienen que ver con el mercado mundial y que, por tanto, deberían tener un mayor nivel de transparencia y de participación en la
configuración de sus decisiones.



En segundo lugar, esta iniciativa es importante en el sentido de reorientar la política agraria común (se viene planteando desde hace mucho tiempo y alguna de las reformas ha ido en este sentido, pero queda un largo camino por recorrer), de
tal manera que, por una parte, se respete el interés del sector agrario europeo, un sector agrario extensivo y sostenible (no como ahora, que creemos que está demasiado escorado en el sentido de ser un sector agrario muy intensivo) y, por otra, que
eso sea compatible con la apertura de los mercados y con la presencia de los productos de los países empobrecidos. Creo que ese aspecto también es muy importante.



Por último, y en relación con las políticas comerciales que tienen que ver con la industria y los servicios, en la Organización Mundial de Comercio se debe promover una mayor apertura hacia los países empobrecidos en vías de desarrollo, pero
manteniendo los objetivos de lucha contra la pobreza y de altos niveles de protección en relación con el empleo y con la protección social.



Esos son los aspectos que plantean las dos proposiciones no de ley y nosotros los queremos defender en esta Cámara y que sirva de orientación al trabajo del Gobierno y de la Organización Mundial de Comercio.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría, por la brevedad.



Por el Grupo de Esquerra Republicana, que también es promotor de esta proposición no de ley, tiene la palabra su portavoz señor Ramón.



El señor RAMÓN TORRES: Nuestro grupo parlamentario también firmó esta proposición no de ley porque entendíamos que, en el marco de la nueva reunión de la Organización Mundial de Comercio, sería bueno que el Estado tuviera un papel
importante a la hora de solicitar lo que se ha venido reclamando varias veces. En la declaración que la Organización Mundial de Comercio aprobó en el año 2001, todos los países miembros ya reconocían la importante función que podía tener el
comercio internacional en la lucha contra la pobreza. En esta Comisión de Cooperación hemos visto últimamente varias iniciativas en las que se exponía la importancia que tiene el codesarrollo y el promoverlo en los países subdesarrollados.
Ayer
tuvimos un ejemplo claro en la reunión que mantuvimos con parlamentarios indígenas, que lo que pedían literalmente era que no les diéramos el pescado, sino que les enseñáramos a pescar. Nuestro grupo entiende que hay también un segundo camino, que
es cómo comercializar y cómo exportar todos sus productos porque, como señala la exposición de motivos de esta proposición no de ley, si las exportaciones de África aumentaran un uno por ciento, se conseguiría una reducción importante de la pobreza.
Entendemos que esta es una buena oportunidad para que el Estado español exponga su posición en esta reunión de la Organización Mundial de Comercio.



Hay muchas organizaciones no gubernamentales que piden que este comercio sea lo más globalizado posible para que pueda ayudar a los países en vías de desarrollo. Hay un importante movimiento social que pide que este comercio sea lo más
justo posible y nosotros entendemos que eso debe encararse aquí. Hay muchas organizaciones que están trabajando para que la comercialización de productos de estos países en vías de desarrollo sea lo más justa posible, para poder incrementar las
ayudas a estos países. Nosotros entendemos que sería bueno que, en un futuro, este comercio que estamos impulsando sea lo más justo posible.



En el segundo punto de la proposición no de ley se señala la importancia que debe tener la agricultura y cómo se pueden reformar las políticas agrarias para que la agricultura pueda ser un punto importantísimo en la comercialización de los
productos de los países en vías de desarrollo. A mí me gustaría destacar que el sector agrario del Estado español no pasa por su mejor momento, que seguramente tiene que tener ayudas y que la política agraria común que se ha aplicado últimamente en
Europa no ha sido la más conveniente, puesto que no se han visto beneficiados los sectores agrícolas que más lo necesitaban; por el contrario, los beneficiados por las políticas agrarias comunes han sido otro tipo de agricultores, que no sé si
llamarlos agricultores o grandes potentados agrícolas. Aunque éste no es el marco para ese debate, me gustaría destacar que los sectores rurales


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del Estado español en este momento necesitan que se les ayude económicamente, y que las reformas de estas políticas agrarias deberían ir encaminadas a promocionar el comercio de los países desarrollados, pero también, como nuestro grupo ha
expresado muchas veces, deberían tratar de ayudar a los agricultores del Estado español que realmente lo necesitan. Como señala el punto 2, sería bueno que estas reformas de la política agraria no arriesguen la protección del medio rural español,
pero sobre todo de los agricultores que lo necesitan.



Esta proposición no de ley llega en un momento idóneo y es muy positivo que muchos grupos parlamentarios la hayan firmado. Nos hubiera gustado que Convergència i Unió hubiera tenido tiempo de sumarse a la firma de esta proposición no de
ley. Nosotros pensamos que el comercio es una herramienta importantísima para los países en vías de desarrollo, que la comercialización tiene que ser lo más justa posible y que tendríamos que buscar las herramientas necesarias para vigilar todo
tipo de corrupciones o de mala distribución que puedan producirse. Nuestro grupo parlamentario se congratula de que esta proposición no de ley se apruebe hoy con el máximo consenso posible, y que el Estado español pueda fijar su posición en esta
nueva cumbre de la Organización Mundial de Comercio.



La señora PRESIDENTA: Señor Torres, debería posicionarse sobre si acepta o no la adicional que ha presentado el Grupo Popular.



El señor RAMÓN TORRES: Le pediría a la presidenta un momento para poderla ver y a la ahora de votar les diría si aceptamos o no la enmienda.



La señora PRESIDENTA: Muy bien, señoría, se ponen de acuerdo entre ustedes.



El señor RAMÓN TORRES: Señora presidenta, como es muy breve y acabo de leerla, no habrá ningún problema en aceptarla.



La señora PRESIDENTA: Entonces, su grupo se adhiere a la adicional.



Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, tal y como apuntaba hace un momento, mi grupo, por razones de coordinación de tipo administrativo, si me permiten explicarlo de esta manera, no firmó finalmente la proposición no de ley
conjunta, pero sí quisimos expresar de manera inequívoca nuestra posición en esta materia y decidimos presentar el mismo texto que ese conjunto de grupos había firmado, texto en el que todos habíamos trabajado con la organización no gubernamental
Intermón Oxfarm, y creo que hay que hacer referencia expresa al papel de Intermón Oxfarm que es quien está detrás de esta iniciativa que hemos presentado los grupos. Mi grupo no va a tener inconveniente en que la Mesa administre una situación,
seguramente no demasiado habitual, de que debamos de votar dos textos con el mismo redactado, porque mi grupo anuncia también que acepta la enmienda que plantea el Grupo Popular a nuestra proposición no de ley. Dejo en manos de la Mesa y del señor
letrado de qué manera se puede plantear el hecho de que tengamos dos proposiciones no de ley con el mismo texto, y si los servicios de la Cámara entienden que mi grupo debe retirar su texto, no habría inconveniente; si se encuentra otra solución,
también. En todo caso, dejo a los servicios de la Cámara que busquen la solución más adecuada al hecho de que estemos votando un mismo texto.



Dicho esto quiero destacar algunas cuestiones. En primer lugar, creo que es muy importante, porque no es demasiado habitual, que el Congreso de los Diputados antes de una cumbre internacional oriente la posición del Gobierno. Por tanto,
nos parece que hoy la Comisión de Cooperación al Desarrollo hace un esfuerzo importante en la línea de un mayor control del Parlamento en la acción de la política internacional del Gobierno, en este caso, en el marco de la política del Gobierno, en
el seno de la Organización Mundial de Comercio a través de la Unión Europea.



En segundo lugar, abrimos una vía muy interesante específicamente para esta Comisión que es la de pretender trabajar, no estrictamente en la política pura y dura de cooperación internacional al desarrollo, sino en el conjunto de aspectos que
afectan al desarrollo de los países pobres.
Hoy tenemos varios debates en esta Comisión que van en esa dirección, y creo que eso refuerza la capacidad de efectividad de nuestra Comisión en la medida en que estamos asumiendo que el desarrollo de los
países pobres no depende en exclusiva de las políticas vinculadas estrictamente a la ayuda oficial al desarrollo. Es una tendencia que mi grupo aplaude.



En tercer lugar, todos compartimos con estas iniciativas la importancia del comercio en las posibilidades de desarrollo de los países empobrecidos, pero todos también compartimos que el comercio por sí solo no es suficiente para garantizar
un efectivo desarrollo de los países pobres. Estamos convencidos que junto con el comercio, el buen gobierno, la seguridad jurídica, la política fiscal, la transparencia y la satisfacción de las necesidades sociales básicas en materia de educación
y salud son fundamentales también para que el comercio sea un factor de desarrollo. Al mismo tiempo, estamos convencidos que no todo comercio o tratado de comercio en sí mismo puede ser bueno para el desarrollo. Por un lado, creemos que los países
empobrecidos necesitan relaciones comerciales asimétricas que reconozcan su situación de vulnerabilidad en el mercado internacional y que, por tanto, el discurso sobre liberalización del comercio a escala internacional debe reconocer que hay países
que en un escenario de absoluta liberalización simplemente verían inundados sus mercados de productos de los países ricos o de los países de las economías emergentes. En este sentido, la enmienda que nos


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plantea el Grupo Popular es acertada en la medida que distingue entre los países de las economías emergentes y las economías de los países empobrecidos. Estamos por el comercio, pero por un comercio asimétrico que reconozca las debilidades
de los países empobrecidos y estamos convencidos de que el comercio en sí mismo no es el único instrumento para el desarrollo. Además, en esta proposición no de ley, y el portavoz de Esquerra Republicana hacía referencia a ello y es normal que sea
así en la medida que es el cabeza de lista de su partido por una demarcación electoral con un alto peso de actividad agrícola, hemos de ser capaces de plantear una reforma de la política agraria comunitaria que favorezca el desarrollo de los países
pobres, pero también que permita el futuro del medio rural español. Ese equilibrio es el que una sociedad como la española debe de saber encontrar. Por tanto, el texto que planteamos es muy ajustado a esa doble demanda.



Insistimos, y en este caso en la delegación española se cumple en parte ese requisito, en la necesidad de que en cumbres internacionales de la trascendencia de la OMC la delegación oficial española sea acompañada por representantes de la
sociedad civil implicada en este ámbito y también por representantes del Parlamento. Yo no sé si habremos resuelto por fin la presencia de parlamentarios, pero me costa que va a haber presencia de la sociedad civil en esa delegación. Por tanto, mi
grupo, también da una especial trascendencia a esa cuestión.



Para terminar quiero decir que a principios de este año habíamos planteado todos en esta Comisión, en el seno de la comunidad internacional y en los propios medios de comunicación una alta expectativa en determinadas reuniones
internacionales: la reunión de Nueva York, el seguimiento de los acuerdos de la cumbre del Milenio, los objetivos de desarrollo del Milenio, la reunión del G-8 a principios de julio, las reuniones del banco y del fondo al hilo también de estas
reuniones, incluso la propia reunión de Barcelona de hace unos cuantos días y ahora esta reunión de la OMC, en una visión muy amplia de los objetivos del desarrollo. Este conjunto de reuniones han tenido, respecto de aquellas expectativas que todos
nos habíamos marcado, una cierta frustración. Enfocamos esta última reunión del mes de diciembre en Hong Kong con preocupaciones; preocupaciones por los debates existentes en la propia Unión Europea, preocupaciones por las posiciones del grupo de
G-20, preocupaciones por las propias posiciones de la Unión Europea frente a los retos de los países empobrecidos. Ojalá, cuando valoremos la reunión de la OMC de Hong Kong, podamos hacer una valoración más positiva del resto de reuniones; que la
ronda de Doha haya sido exitosa, que hayamos sido capaces de plantear una reforma del comercio internacional que sirva para permitir el desarrollo de los países pobres. Esperamos que esta proposición no de ley ayude a ello.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz.



El señor MARTÍN SOLEDAD: En primer lugar, quiero agradecer la aceptación de la enmienda a los grupos proponentes y lamentar el no haber sido convocados a firmar un texto en común en el seno de una Comisión que se caracteriza por aprobar
gran parte de las proposiciones por consenso.



Señorías, debo decirles que efectivamente negros nubarrones se ciernen sobre la cumbre de Hong Kong y que un enunciado básico como es la liberalización del comercio mundial, no exento de problemas, parece que lleva un ritmo que no va a dar,
a priori, los resultados esperados que concluyan con los objetivos que se plantearon en la declaración de Doha.
Quiero decirles que compartimos el enunciado, el texto propositivo y el texto dispositivo de ambas proposiciones no de ley. Además, la
enmienda me parece de actualidad después de las jornadas montadas ayer por Intermón-Oxfam: el carácter asimétrico que debe de tener la ayuda al desarrollo de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y, efectivamente, las demandas que
plantean países del G-20, Estados Unidos, Nueva Zelanda o Canadá realmente tienen poco que ver y poco que defender con los objetivos que se plantean, sobre todo con disminuir el nivel de pobreza en aquellos países donde se está actualmente
concentrando gran parte de la pobreza mundial como es África subsahariana.



Les hablaba de las dificultades de la próxima reunión de Hong Kong, de cara a llevar en un camino parejo la negociación sobre rebajas arancelarias y rebajas de las subvenciones agrarias en el primer mundo, en el mundo desarrollado,
juntamente con la progresiva disminución arancelaria de los bienes industriales y de los servicios, tema en el que desde el año 2001, desde la ronda de Doha parece que no ha habido ningún tipo de adelanto. La Unión Europea, que no tenemos que
olvidarnos es nuestro interlocutor dentro de la reunión de Hong Kong, parece que lleva una propuesta que a unos les parece insuficiente y a otros les parece incluso excesiva. Casualmente la gran contradicción de la posición española es que mientras
estamos apoyando desde este Parlamento una mayor liberalización comercial del mercado mundial, al mismo tiempo estamos un poco alineados dentro del grupo de los países con actividad agrícola a nivel europeo como Francia, que están poniendo
reticencias a una mayor liberalización del mercado agrario europeo. Por otro lado, el portavoz Gonzalo Robles enfatizó ayer que las diferencias no son únicamente arancelarias, sino también de normativas fitosanitarias, y de la lectura de los
múltiples informes preparatorios de esta intervención, he descubierto que son 240 distintas en el mundo y colocan la apertura de los mercados de los países pobres a los países desarrollados en una situación complicada, casualmente por el exceso de
exigencia de controles sanitarios sobre los productos que vienen de esos países empobrecidos.



En resumen, señorías, tengo que decirles que estando totalmente de acuerdo con el texto de las dos proposiciones no de ley, no hemos podido participar en la


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redacción de estas iniciativas, y no ha sido debido a problemas administrativos, como enunciaba el portavoz de Convergència i Unió, sino a problemas propositivos. Así y todo quiero decirles que con la aprobación de nuestra enmienda, el
texto es perfectamente asumible y además dará contenido a gran parte de las labores que desarrolla esta Comisión.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moscoso.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta iniciativa, que redunda en el objetivo inicial con el cual echó a andar la ronda de Doha, que no es sino una ronda destinada y diseñada para
promover el desarrollo; por eso se llamaba ronda de desarrollo, y ese debe ser el objetivo principal, por lo cual esta iniciativa sin duda es muy oportuna. El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista desde el principio de la legislatura han
venido insistiendo en la idea que ya ha sido también recordada por algunos diputados hoy mismo de que el gran esfuerzo que se está haciendo desde la sociedad española para aumentar el volumen financiero destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo,
con el objetivo de alcanzar el 0,7 por ciento en el año 2010, y de mejorar la calidad y la eficiencia de la ayuda, será menos eficiente si no viene acompañado de otras medidas como son la corrección, incluso reducción de los problemas derivados de
la deuda externa y, sobre todo, la creación de un marco multilateral de comercio justo, de un marco comercial que contribuya al desarrollo.
Creemos en esto seriamente como creemos en la existencia de un sistema multilateral que funcione en todos
los ámbitos. En ese sentido quiero recordar, como también mencionaba el señor Campuzano, que es muy importante que antes de una cumbre internacional se aprueben iniciativas de este tipo, y en el mes de septiembre, previamente a la cumbre en la que
se reformó el sistema de Naciones Unidas, se aprobó una proposición no de ley por unanimidad -en ese caso también-, en la cual todos los grupos planteábamos al Gobierno cuál era la posición de la Cámara. Me parece que es una muy buena costumbre que
entre todos debemos reforzar, en este caso para apoyar la consecución de unas normas de comercio justo, que, obviamente, tienen que ir mejorando y tienen que ir imbricándose de manera mucho más eficaz con otros organismos multilaterales. He
mencionado Naciones Unidas, pero sin duda la OIT, que vigila las condiciones de trabajo y las condiciones sociales, el protocolo de Kioto, la FAO, y organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario también deben de intervenir poco a poco en
estas cuestiones.



El acuerdo que se va a intentar cerrar en Hong Kong, como también se ha dicho, va a ser necesariamente desequilibrado o asimétrico, porque es un acuerdo que además de contribuir al comercio -todos partimos de una premisa y es que el comercio
siempre que es justo y equilibrado y siempre que se intensifica es una vía para crecer más, para crear economía y para llegar a un mundo mejor, algo que no todo el mundo comparte, creo que es importante que aquí recalquemos esta idea-, debe ser
desequilibrado por necesidad, porque existe un desequilibrio muy grande en materia de desarrollo entre el norte y el sur y, dentro del sur, entre los países menos desarrollados y las potencias intermedias, como anteriormente ya se ha mencionado.
Por eso encontramos oportuno el punto 1, en el cual se recuerdan los ámbitos en los cuales el acuerdo se debe cerrar -en materia agraria, en materia de acceso de productos no agrarios y servicios a los mercados y en materia de servicios básicos como
la educación, la salud, el agua y la cuestión nada trivial también de los medicamentos-. Quiero recordar que nosotros como Estado acudimos a Hong Kong como parte de la delegación de la Unión Europea y de la Comisión Europea, que tiene la
competencia de negociar. La Unión Europea ha hecho un esfuerzo muy grande hasta la fecha, en el cual no ha sido baladí el empuje dado por el Gobierno español. Hay que recordar que la Unión Europea es el primer donante de Ayuda Oficial al
Desarrollo del mundo, que es el bloque comercial más abierto, que negocia unánimemente con voz única las cuestiones comerciales y que siempre intenta que el modelo europeo, tanto en cuestiones sociales como de medio ambiente, tenga efectos claros
sobre la negociación.



La Unión Europea, refiriéndome ya al punto 2, en el año 2003 aprobó una ambiciosa reforma de la política agraria comunitaria que, como todo, tiene sus claroscuros, pero, sin duda, es una carta de presentación muy importante para la cumbre
por cuanto otros grupos comerciales y otros bloques comerciales de países desarrollados, incluso de potencias medias no han hecho este trabajo, de modo que es un avance. Me parece muy oportuna la enmienda que ha presentado el Partido Popular. El
texto original habla además de que esas negociaciones se deben realizar sin arriesgar la protección del medio rural europeo, que es al fin y al cabo lo que pretende la reforma. La reforma pretende que las ayudas que aparecen en la caja ámbar
desaparezcan, que sean cada vez más compatibles con el comercio y con el desarrollo de los países más pobres, los que Europa viene protegiendo hace mucho tiempo dentro del grupo ACP, y de los que no estaban en este grupo pero que ya se han
incorporado, y de todos aquellos campesinos y agricultores de países poco desarrollados.



Es evidente que la reforma de la política agraria continúa -hace unas semanas hemos conocido la del sector del azúcar-, de modo que no se puede decir estrictamente que la reforma ya está cerrada y es intocable, porque es un proceso continuo.
Tenemos ante nosotros las perspectivas financieras de la Unión Europea 2007-2013 que todavía no están cerradas y es evidente que el marco de la reforma de 2003 permite otro tipo de acuerdos como, por ejemplo, reforzar la modulación de las ayudas
para que no se concentren en grandes productores. Como


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hemos discutido en algún foro recientemente, también es evidente que si bien desde un punto de vista económico las ayudas a los productores son sin duda mucho más eficientes que las ayudas a la producción, también generan efectos en los
mercados. En ese sentido, este punto coincide con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.



Finalmente, en cuanto al punto 3, aunque ya está prevista esta presencia, no vemos ningún problema en aceptarlo, de modo que votaremos a favor.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, el letrado me sugiere que quizá fuera mejor que usted retirase la proposición que corresponde al punto 4 del orden del día, porque, aun cuando pueden ser votadas conjuntamente, es más fácil el
procedimiento para su aprobación por unanimidad. Si no tiene inconveniente, le rogaría que lo retirase.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, señora presidenta, no tenemos inconveniente en entender subsumida nuestra iniciativa en el texto firmado por el resto de los grupos parlamentarios.



La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. Anunciar que no votaremos antes de las doce y media, lo digo para que los portavoces de los grupos parlamentarios avisen a sus diputados. Nos quedan dos proposiciones no de ley y vamos bastante
deprisa, por lo que seguro que la votación será antes de las dos de la tarde, que era la inicialmente prevista.



-SOBRE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LOS PAÍSES RECEPTORES DE LA AYUDA ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001260.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 2 del orden del día: proposición no de ley sobre la lucha contra la corrupción en los países receptores de la ayuda española, con el número de expediente 161/001260. Es una proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: Hemos presentado esta iniciativa que significa una toma de conciencia en esta Comisión, pero también un mensaje al Gobierno respecto a lo que tiene que ser el fomento de las líneas de trabajo de la cooperación
española, en coherencia con lo que han sido otras iniciativas en el papel del fortalecimiento institucional. De alguna manera es una continuación de esa línea que hemos venido planteando. Señorías, la corrupción supone una doble carga para los
países menos desarrollados.
Todos estamos de acuerdo en que hay países que no solamente tienen un alto nivel de pobreza, sino que además tienen un alto nivel de corrupción. Curiosamente, en esos países en los que existe un alto nivel de pobreza y
de corrupción es donde se están produciendo más obstáculos para avanzar en la línea del desarrollo. Todos los organismos internacionales están de acuerdo en que esta doble carga que supone la corrupción es un obstáculo serio para conseguir los
objetivos del Milenio en el año 2015. Cuando luchamos contra la corrupción se trata, entre otras muchas razones, no solamente de fortalecer el Estado y de luchar contra hábitos evidentemente negativos y censurables, sino de conseguir instrumentos
de financiación extraordinarios, cuyas cifras ahora explicaré, que supongan una inyección económica importante para el desarrollo de los países. Se trata de aumentar los recursos que se pierden por otras muchas vías y que adecuadamente canalizados,
por ejemplo, en forma de inversiones extranjeras o en forma de inversiones en servicios básicos, como es la educación o la sanidad, pueden significar en este momento una inyección importantísima en la lucha contra la pobreza extrema y para el
desarrollo de estos países cumpliendo básicamente los objetivos del Milenio.



El secretario general de Naciones Unidas, cuando se firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, dijo literalmente que la corrupción socava los cimientos de la democracia, del Estado de derecho, que lleva a la violación
de los derechos humanos, que distorsiona los mercados, que erosiona la calidad de vida y alienta al crimen organizado, al terrorismo y otras amenazas contra la seguridad ciudadana. Esto que decía el señor Kofi Annan y que evidentemente es una de
las razones fundamentales por las que se puso en marcha esta convención efectivamente es la raíz del problema. En este momento, estimado por los organismos internacionales, hay más de un billón de dólares en sobornos que circula por todo el mundo.
Por tanto, cuando hablamos de instrumentos financieros extraordinarios que serían necesarios para financiar los objetivos del Milenio, simplemente si de este billón de dólares de sobornos que funcionan en el sistema informal de mil maneras -fuga de
capitales, blanqueo de dinero, pagos indebidos- fuéramos capaces de canalizar adecuadamente parte de los mismos, tendríamos el más importante de los instrumentos financieros extraordinarios que estamos buscando para financiar dichos objetivos. Como
ven ustedes, en muchos países las cifras de corrupción son realmente colosales. El actual presidente de Nigeria decía hace unos meses que los diferentes líderes africanos se han apropiado ilegal e indebidamente de 140.000 millones de dólares en los
últimos 40 años. En el mismo período de tiempo, África ha recibido 400.000 millones de dólares en ayuda al desarrollo. No debe sorprendernos que el G-8 cuando ha hablado de condonación de deuda a los países más endeudados haya puesto una serie de
condiciones y exigencias, entre las que fundamentalmente figura la lucha contra la corrupción. Hoy la lucha contra la corrupción va ligada


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además de a la salud democrática y a la salud institucional- fundamentalmente a conseguir recursos financieros extraordinarios que están perdiéndose para lo que debería ser la inversión en los objetivos del Milenio. Por ejemplo, en
Bangladesh se obliga a las madres y a las familias de los recién nacidos en los hospitales públicos a pagar al personal sanitario el equivalente a un mes de sus ingresos para poder ver a sus bebés. El fondo global contra el sida -hoy hablamos del
sida en el día internacional contra esta enfermedad y siempre es obligado recordar y solidarizarnos con las muchas personas que en todos los países desarrollados y no desarrollados padecen la lacra de esta enfermedad- se ha visto obligado a
suspender sus ayudas económicas, por ejemplo, en Uganda, por las serias irregularidades descubiertas en la gestión de los fondos por parte del Ministerio de Salud ugandés. La corrupción de algunos funcionarios pone en riesgo directo la salud del
pueblo ugandés frente a una enfermedad tan atroz como es el sida En definitiva, estamos hablando de la pérdida de recursos y buscando ayudas para el fondo mundial contra el sida, y en países como Uganda, por problemas de irregularidades o de
corrupción, no se pueden cumplir los objetivos de la lucha contra esta pandemia.



La corrupción a menudo afecta a los estratos más pobres de la sociedad; actúa como un impuesto sumamente regresivo. El Banco Mundial estima que los pobres en Zambia pagan el 17 por ciento de sus ingresos en sobornos para tener atención
sanitaria, mientras que los miembros de la clase media gastan en ella el 3 por ciento de sus ingresos. En Paraguay, el Banco Mundial estima que la proporción es de un 7 por ciento para los pobres y de un uno por ciento para la clase media. Como
ven ustedes, es un impuesto sumamente regresivo, que castiga especialmente a las clases menos favorecidas -por decirlo suavemente-, a los más pobres de la sociedad. Esta cuestión es importante. Según el instituto del Banco Mundial, una lucha
efectiva contra la corrupción podría aumentar cuatro veces la riqueza de un país y, en un tema tan concreto como la mortalidad infantil, podría reducirse hasta en un 75 por ciento. Los 19 países que en este momento son beneficiarios de cancelación
de deuda, los más altamente desfavorecidos, que como saben ustedes son los países que están bajo la iniciativa HIPC, son curiosamente países que no alcanzan ni siquiera la puntuación de un 4 en el índice de percepción de la corrupción que figura
todos los años en el informe de transparencia internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el esfuerzo colectivo de los diferentes organismos internacionales o de los diferentes países puede que no tenga el efecto deseado si la liberación de fondos
que se produce en esa cancelación de deuda no se utiliza de la forma más adecuada. Por tanto, es correcto lo que nos están planteando algunos organismos internacionales como el G-8 de que determinados esfuerzos como la cancelación de deuda o la
renegociación de la misma deben ir aparejados con la lucha efectiva contra la corrupción, porque, curiosamente, en países muy endeudados se dan también problemas de altos índices de corrupción. Estamos hablando básicamente de un instrumento de
financiación extraordinaria. En la medida en que la Convención de Naciones Unidas que se firmó en 2003 entre en vigor -que previsiblemente será en diciembre de 2005- y que entre otras cosas establece mecanismos para que se puedan recuperar fondos
que han sido desviados a mercados ilegales, que se pueda acceder a fondos bancarios que han sido también desviados, a blanqueo de capitales, o recuperar para el país fondos que hayan sido sacados ilegalmente, etcétera, podremos tener la esperanza de
conseguir unos fondos adicionales que deben repercutir en el país que los generó y del que ilegalmente salieron a mercados irregulares. Insisto mucho en ese concepto de una financiación extraordinaria. España tiene en esto también una obligación
importante, porque fíjense ustedes que entre los países que figuran con altos índices de percepción de corrupción -según el informe de transparencia internacional- hay precisamente un altísimo número de países prioritarios de la cooperación
española.
América Latina, especialmente en los últimos años, ha tenido un vaivén de diferentes situaciones. Es verdad que hay países que han mejorado extraordinariamente en ese ranking de transparencia y de índice de percepción de corrupción en el
informe anual de transparencia internacional, pero también hay desgraciadamente países que han tenido retrocesos. De forma global podríamos decir que el saldo general en América Latina es de cierto estancamiento. No es un dato excesivamente
positivo. De acuerdo con los informes de transparencia internacional, los índices de percepción de corrupción en América Latina siguen siendo lo suficientemente preocupantes como para que la cooperación española haga un esfuerzo precisamente en
mejorar mecanismos de transparencia y de eficacia. Esa es una de las razones también por la que presentamos esta iniciativa. España colabora precisamente con un número importante de países que tienen parte de los problemas que yo he enunciado en
este contexto y sería muy importante que la cooperación española arbitrara mecanismos de control de la corrupción en estos países, que mejorara los mecanismos de transparencia, que mejorara el acceso público a la información sobre presupuestos,
ingresos, gastos y un sistema de rendición de cuentas para que los requisitos de control de nuestra ayuda fueran más eficaces. Por todo esto, señorías, el Grupo Popular ha presentado esta proposición no de ley que insta al Gobierno a desarrollar
programas de cooperación que fomenten la transparencia de las cuentas públicas, la publicación de los ingresos de cargos públicos, la libertad de información e independencia de los medios de los países receptores de la ayuda española, que financie
la elaboración de informes que publiciten las prácticas de corrupción en los países receptores de la ayuda española, que incluya debates en las comisiones mixtas de cooperación sobre este tema con los países receptores y que promueva con los países
receptores de la ayuda española que dichos países firmen, como ha


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firmado España, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención interamericana contra la corrupción, de la OEA, y la Convención contra el soborno transnacional, de la OCDE, en el convencimiento de que si avanzamos
precisamente en este sentido estaremos obteniendo un importante flujo financiero que ayudará a cumplir los objetivos del Milenio en el año 2010.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra su portavoz.



La señora POLONIO CONTRERAS: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley que propone una redacción conjunta de los incisos primero, segundo y tercero de la misma mediante una redacción
alternativa que entendemos más acertada, pero que recoge en conjunto las propuestas del Grupo Parlamentario Popular. En cuanto al inciso cuarto de la proposición, no tenemos ninguna objeción que hacer al respecto.



Nuestro grupo está de acuerdo con los planteamientos que realiza esta proposición y somos plenamente conscientes de que los países menos desarrollados son víctimas de una doble carga, como ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo
Popular. Esta doble carga es la pobreza y la corrupción. Además, somos conscientes también de que la corrupción es una de las mayores causas de la pobreza y, a la vez, una barrera para combatirla. En definitiva, la corrupción debe ser abordada
con fuerza si se busca que la ayuda al desarrollo tenga resultados para liberar a los pueblos de la pobreza y si se quieren alcanzar los objetivos del desarrollo del Milenio, que pretende reducir la pobreza extrema a la mitad en el año 2015. Sin
duda, la corrupción obstaculiza el logro de estos objetivos del Milenio al socavar el crecimiento económico y el desarrollo sostenido que liberaría a millones de personas de la pobreza.



Señorías, miren hasta qué punto somos conscientes de este tema que el Gobierno socialista ha predicado con el ejemplo y, entre los países firmantes de la Convención de la ONU contra la corrupción, ya se encuentra de forma efectiva España.
Es una firma que fue aprobada por el Consejo de Ministros de 6 de mayo del presente año y que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, firmó formalmente el pasado 16 de septiembre, subsanando de esta forma el retraso
en la incorporación de nuestro país a dicho convenio que ya habían firmado 119 países del mundo, convenio que se constituye en un poderoso instrumento legal, con el objetivo de promover y fortalecer la cooperación internacional para prevenir y
combatir más eficazmente la corrupción. Además de la Convención de la ONU contra la corrupción, el pasado 10 de mayo el ministro de Justicia también firmó los convenios penal y civil del Consejo de Europa contra la corrupción, que ya habían sido
firmados por la mayoría de los países miembros. En concreto, el convenio penal, cuyo objetivo es alcanzar de manera coordinada en todos los Estados de Europa la tipificación de un número enorme de conductas vinculadas a las prácticas de corrupción,
había sido firmado por 43 países y solo quedaban tres países por firmarlo, Mónaco, Liechtenstein y España. En cuanto al convenio civil, firmado ya por 38 Estados, entre ellos España, define por primera vez las reglas comunes a nivel internacional
en el campo del derecho civil y la corrupción. Sin duda, señorías, estos convenios, tanto el de la ONU como los del Consejo de Europa, suponen un hito en cuanto a la consecución de un consenso y una voluntad generalizada de la comunidad
internacional en la lucha contra la corrupción a todos los niveles, a lo cual se une nuestro país de manera decidida con la firma de estos convenios por el Gobierno socialista. No obstante, los países deben hacer algo más que la mera firma de estos
documentos y deben traducir los contenidos de los mismos en acciones concretas. La lucha contra la corrupción debe ser parte integral de los planes destinados a aumentar los recursos y las acciones en esta lucha a través de la cooperación
internacional. En este sentido, señorías del Grupo Popular, señor Robles, le agradecemos su intención de trasladar este mensaje al Gobierno socialista, pero he de decirle que en gran medida este Gobierno lo ha captado y, así, el Plan director de la
cooperación española, 2005-2008 contiene entre sus líneas estratégicas y actuaciones prioritarias la promoción de la democracia y el fortalecimiento del Estado de derecho en los países receptores de la ayuda española, línea estratégica que también,
junto a las medidas que proponen en su iniciativa, implica realizar actuaciones decisivas para la lucha contra la corrupción, como el fortalecimiento de los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos, en tanto que son
instituciones fundamentales en democracia por su valor como elemento de expresión del pluralismo político y expresión de la voluntad popular; el apoyo a una sociedad civil, participativa y vigilante a través del fortalecimiento de los procesos
autoorganizativos, especialmente de aquellos sectores sociales más vulnerables; el fortalecimiento de los parlamentos; el apoyo a los procesos y órganos electorales democráticos al objeto de que sean mecanismos que reflejen la pluralidad
ideológica y garanticen procedimientos claros y confiables, o el fortalecimiento y apoyo de los órganos e instituciones que velan por la aplicación, respeto y garantía de los derechos constitucionales y hagan efectivo el Estado de derecho y la
legalidad constitucional, entre otras medidas concretas, que como digo recoge el Plan director de la cooperación española 2005-2008.
En definitiva, señorías, todos ellos son ejemplos del compromiso en este tema de nuestro grupo y del Gobierno
socialista, que se muestra firme y decidido en la lucha contra la corrupción y que sigue con preocupación los casos de corrupción que se han conocido en los últimos tiempos en todos los sectores; por tanto, señor Robles, no dude en contar con
nuestro apoyo para lo que necesite en iniciativas como la que estamos debatiendo.



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La señora PRESIDENTA: Grupo de Esquerra. ¿Quiere fijar su posición?


El señor RAMÓN TORRES: Sí, brevemente, señora presidenta. Nuestro grupo votará afirmativamente esta proposición no de ley. La corrupción es uno de los grandes problemas de la cooperación en el ámbito mundial, y agradecemos al Grupo
Parlamentario Popular que presente iniciativas como estas. Vamos a dar nuestro apoyo a esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
¿Quiere fijar su posición?


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Quiero pedir disculpas al portavoz del Grupo Parlamentario Popular por no haber podido oír su intervención dado que me encontraba en otra comsión. Estoy seguro de que habrá sido claro y brillante en la
justificación de esta iniciativa. Mi grupo comparte las cuestiones de fondo de las propuestas concretas y, por tanto, también se va a sumar, como el resto de los grupos, a apoyar esta iniciativa.



La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Popular tendría que fijar su posición con respecto a la aceptación de la enmienda de modificación del Grupo Socialista. Señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: Efectivamente, vamos a aceptar esa transaccional.
Bien es cierto que la redacción es prácticamente igual. Sería ingenuo decir por nuestra parte que no se nos alcanza por qué lo hacen, pero es evidente que estamos
en el juego político y, por lo tanto, es perfectamente entendible por qué lo hacen, pero no importa. Lo que importa es que podamos mantener este debate aquí y que, aunque efectivamente figura en el plan director, se vuelva a priorizar porque -quizá
no se haya entendido el énfasis que he querido poner- no se trata de que sea un punto más, sino de que se convierta casi en el punto prioritario. Porque la diferencia con lo que yo he tratado de explicar es precisamente la novedad de un flujo
importantísimo de recursos financieros que se están perdiendo y que, cuando estamos haciendo esfuerzos para buscar por todas partes recursos financieros extraordinarios para la financiación, lo que estoy diciendo es que si fuéramos capaces de ser
eficaces en la lucha contra la corrupción aparecerían flujos importantísimos que en este momento no están repercutiendo en el desarrollo de los países, sino que, por el contrario, están lastrándolos. Ese es quizá el matiz distinto sobre lo que
tradicionalmente hemos hablado de que estamos todos de acuerdo en el fortalecimiento institucional, pero el matiz es que el fortalecimiento institucional tenga una especificidad en la corrupción, que la corrupción no sea un punto secundario sino
fundamental en la lucha, que se introduzca en las comisiones mixtas de estos países y, sobre todo, el objetivo final es que aparezcan flujos que en este momento, desgraciadamente, se canalizan hacia sitios de diferente orden, y que esos flujos,
aunque solo fuera en un porcentaje pequeño, se destinaran precisamente a la financiación y a los objetivos del milenio.



En todo caso, vamos a aceptar la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista con el espíritu de que realmente se llegue a un acuerdo en la comisión y que realmente sirvan para algo estas proposiciones no de ley.



-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A APOYAR LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001350.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al quinto y último punto del orden del día: Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a apoyar la transparencia de las industrias extractivas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Campuzano, tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta proposición no de ley de Convergència i Unió poco o mucho enlaza como cuestión de fondo con las reflexiones y propuestas que configuraban esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Hace
unos cuantos meses, Antonio Argandoña, profesor de economía de IESE, publicaba en El País de Cataluña un sugerente artículo de opinión titulado 'Ojalá encuentres petróleo y te arruines', en el que hacía una reflexión sobre la realidad de muchos
países ricos en recursos naturales, ricos en minerales, en petróleo y en gas, y que continúan viviendo situaciones de pobreza para su población.
En ese artículo, el profesor de IESE destacaba que la transparencia en la gestión y en las cuentas
públicas es un elemento clave para combatir la corrupción.



Contraponía dos ejemplos. Por un lado, Nigeria, que despilfarra el 40 por ciento de los 20.000 millones de dólares anuales que representa la renta que el país obtiene del petróleo. El 40 por ciento de esos 20.000 millones se pierden por la
mala gestión y por la corrupción. Por otro lado está Botswana, país que en 1966, cuando alcanza la independencia, tenía una renta per cápita de 80 dólares al año y que en el año 2000 alcanzó los 3.500 dólares de renta per cápita, en el marco de una
política que ha sabido gestionar adecuadamente la explotación de la minería de diamantes y que ha permitido evitar lo que el profesor Argandoña denomina la borrachera del dinero fácil. Botswana es capaz de invertir en carreteras, ferrocarriles,
escuelas, hospitales y tener un nivel de endeudamiento inferior al español y al norteamericano. Es un pequeño país africano que ha sido capaz de gestionar esa riqueza y que ha situado la buena


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gestión, la transparencia y la lucha contra la corrupción como elementos de ese cambio.



La iniciativa que plantea Convergència i Unió pretende impulsar un compromiso de la política del Gobierno español orientada a una mayor transparencia, a evitar situaciones que puedan facilitar la corrupción por la presencia de industrias del
petróleo, del gas y de la minería en los países empobrecidos. Los recursos que obtienen los gobiernos a través de impuestos, derechos y otro tipo de pagos configuran un riesgo objetivo para la corrupción de dichos países. Esa es una preocupación
de la comunidad internacional. Iniciativas como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -hemos reclamado que el Gobierno termine su proceso de asunción por parte de España-, el Pacto mundial o Global Compact, propuesto en el año
2000 por Kofi Annan en Davos, diversas declaraciones del G-8 comprometidas en esa línea, o algunas directivas de la Unión Europea van en la dirección de fomentar conductas de las empresas relacionadas con la industria extractiva, orientadas a
incorporar buenas prácticas en sus actuaciones en los países donde operan. Mi grupo plantea especialmente el apoyo español a una iniciativa del primer ministro británico, Tony Blair, en septiembre de 2002, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible en Johannesburgo, en la que lanzó una propuesta para alentar a las compañías de la industria extractiva y a los gobiernos donde estas operan a publicar sus gastos y sus ingresos en relación con sus actividades en ese campo. Se trata de
pedir a las compañías que operan en los países ricos en recursos, pero pobres en la distribución justa de su riqueza, que hagan públicos sus pagos a los gobiernos donde operan. Se trata de pedir a los gobiernos que hagan públicos sus ingresos por
las actividades de estas empresas en sus países, bajo la creencia de que favorecer e impulsar la transparencia es un buen instrumento para favorecer el buen gobierno, el desarrollo económico y la disminución de la pobreza. Son medidas concretas que
van a permitir que las industrias y los gobiernos se vean obligados a informar.



Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno británico, se va extendiendo de manera paulatina en diversos países del mundo. Hoy mismo me confirmaban que Perú ha asumido esta iniciativa, y Kazajistán lo ha hecho hace pocas semanas. Son países
que se van sumando a este campo. En el caso español, Repsol, empresa vinculada a la industria del petróleo, forma parte también de esta iniciativa británica, que consiste en promover que quienes se adhieran a ella se comprometan a hacer públicos
estos pagos, ya sean gobiernos ya sean empresas. Esa empresa española que mencionaba se ha sumado a esa iniciativa del Gobierno Blair, orientada a hacer públicos estos pagos.



¿Qué pretendemos con la iniciativa que hoy planteamos? En primer lugar, que España, en el seno de las reuniones internacionales y de la comunidad internacional, apoye la extensión de esta iniciativa, que le dé apoyo diplomático y, por
tanto, acompañe al Gobierno británico en el liderazgo de esta actuación. En segundo lugar, que efectúe aportaciones económicas al fondo creado por esta iniciativa. En tercer lugar, que promueva entre las empresas españolas que participan de la
industria extractiva el hecho de que se sumen a esta iniciativa, que no sea tan solo Repsol, sino que otras multinacionales españolas asuman también voluntariamente el compromiso de hacer públicos sus pagos a los gobiernos de los países en los que
operan. En cuarto lugar, que se requiera la transparencia informativa como condición para todo tipo de asistencia financiero-técnica de ayuda al desarrollo prestada por el Gobierno español a países ricos en recursos y no transparentes, así como
que, en nuestra cooperación internacional, se exija transparencia informativa a los gobiernos. Solicitamos a las empresas españolas que se adhieran a esta iniciativa, y pedimos a la cooperación española, a la política exterior española, que, en
relación con estos países ricos en recursos, sus políticas vayan orientadas a la transparencia. En quinto lugar, que se traslade esta misma necesidad de transparencia tanto de las empresas como de los gobiernos a los organismos multilaterales que
presten asistencia a dichos países. Por tanto, que se plantee en el seno del Banco Mundial, así como en el seno de los bancos regionales de desarrollo, el compromiso de que la asistencia de dichos organismos a estos países venga también
condicionada por esa transparencia.
Finalmente, que se impulsen en el marco estatal europeo internacional normativas que exijan a las empresas extractivas la publicación de los pagos efectuados en los países en que operan. Esta iniciativa del
Gobierno británico es de carácter voluntario. Las leyes británicas no obligan a la industria extractiva a hacer públicos sus pagos, igual que sucede en la normativa española. Seguramente sería un error creer que esta obligación debe tener un
carácter puramente estatal. Hay que plantear legislaciones de carácter europeo previsiblemente donde lo que hoy es voluntario termine siendo obligatorio. En último lugar, planteamos también que se impulse en el seno de la comunidad internacional
un compromiso para avanzar más allá de la voluntariedad que marca esta iniciativa. Si de verdad queremos comprometernos con el objetivo del desarrollo desde esa convicción que expresábamos al inicio de esta sesión de que no estamos tan solo
hablando de Ayuda Oficial al Desarrollo, sino también de comercio, de gestión de la deuda externa, de buen gobierno, de lucha contra la corrupción, el que la política exterior española apoye una iniciativa tan concreta como la que promueve el
Gobierno británico, en la que además hay multinacionales españolas que ya están participando, como Repsol, marca una buena línea que en los próximos tiempos nuestra acción exterior debe ser capaz de asumir con toda la convicción necesaria. De ahí
el sentido de esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: El Grupo Popular ha presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley de


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Convergència i Unió. Por tanto, su portavoz tiene la palabra para su defensa.



El señor BURGOS GALLEGO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular está sustancialmente de acuerdo con el contenido de la proposición no de ley que presenta el Grupo Catalán (Convergència i Unió). La iniciativa para la transparencia de las
industrias extractivas es sin duda una buena iniciativa. Su objetivo es incrementar, como se ha dicho, la transparencia en los pagos, en los ingresos de los sectores extractivos en países que tienen además una gran dependencia de esos sectores.



Esta iniciativa impulsada por Toni Blair en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo en septiembre de 2002, ha sido desarrollada a partir de ese momento por el Departamento para el Desarrollo Internacional
y ha animado a muchos gobiernos, empresas extractivas privadas y de titularidad estatal, organismos y organizaciones internacionales de todo tipo, ONG y otros agentes interesados en el sector, a trabajar juntos de manera voluntaria para desarrollar
ese marco que promueva la transparencia de pagos y de ingresos. Desde que se hizo pública esta iniciativa, en septiembre de 2002, ha sido desarrollada por un grupo en el que se han involucrado de forma activa -como digo- gobiernos, empresas
petroleras, gaseras, mineras, organismos industriales, instituciones, inversores y ONG, que alcanzan ya una cifra realmente muy significativa y que ha provocado, entre otras cuestiones, que el debate sobre las políticas de transparencia y de
anticorrupción se haya incorporado a la agenda política de organismos tan relevantes, desde el punto de vista internacional, como el G-8. Sin duda alguna, esta es una iniciativa positiva en la medida en que sus principios son asumidos por todos los
grupos parlamentarios aquí presentes.



Desde luego, compartimos la creencia de que el uso racional de los recursos naturales debe ser un importante motor de crecimiento económico que contribuya, no solamente al desarrollo sostenible, sino también a la reducción de la pobreza, y
que su mala gestión, por el contrario, puede crear impactos económicos y sociales enormemente negativos. Mantenemos también que esa gestión de los recursos naturales en pro del beneficio de los ciudadanos de un país y de su desarrollo nacional es
competencia de los gobiernos soberanos; que los beneficios de esa extracción de recursos se generan como flujos de ingresos a lo largo de muchos años y que pueden tener una enorme dependencia de los precios; que el conocimiento público de esos
ingresos y gastos del Gobierno en el tiempo podría contribuir al debate público y a la configuración de opciones más adecuadas y más realistas para un desarrollo sostenible; compartimos el principio de la relevancia y la transparencia en gobiernos
y empresas de las industrias extractivas y la necesidad de mejorar la gestión financiera y la responsabilidad pública; reconocemos también que la consecución de una mayor transparencia debe situarse, en el ámbito nacional e internacional,
escrupulosamente en el contexto del respeto hacia los contratos y hacia las leyes y que esa transparencia financiera puede crear, en todo caso, un contexto mucho más adecuado para las inversiones, para las ayudas directas nacionales y extranjeras.



Por supuesto, creemos -como cree la iniciativa- en el principio y en la práctica de la responsabilidad de los gobiernos ante todos los ciudadanos por la administración de los flujos de ingresos y del gasto público, y compartimos la voluntad
de fomentar mayores niveles de transparencia y de responsabilidad pública en las actuaciones, no sólo de los operadores gubernamentales, sino también de las propias empresas. Por eso creemos -como cree la propia iniciativa- que es oportuno
desarrollar un enfoque mucho más consistente y mucho más viable de la publicación de esos pagos y de esos ingresos que sea fácil de asumir y que sea fácil de utilizar, y que podamos entre todos, con iniciativas como esta, impulsar la adhesión del
mayor número de empresas y de operadores económicos a esta iniciativa. Por eso, compartiendo todos estos criterios, nuestras enmiendas han ido en la línea de reforzar -si cabe- el contenido de la proposición con dos referencias que nos parecían
inexcusables que estuvieran incorporadas en este texto.



La primera era la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmado por España en septiembre y que entrará en vigor en diciembre de este mismo año, que ha sido objeto de debate en la iniciativa anterior. Es un
marco relevante que no puede estar ausente a la hora de hacer una referencia a las buenas prácticas, a la buena gobernanza y a la transparencia en las industrias extractivas que -como aquí se ha dicho- representan una parte muy sustancial de esos
flujos económicos que se producen en el ámbito internacional, que muchas veces están fuera de control y fuera del conocimiento público.



La segunda, es que a mi grupo le parece enormemente relevante, hacer una referencia expresa al papel del Banco Mundial en esta cuestión, no solamente porque se viene ocupando de estas materias de forma muy importante en los últimos tiempos,
sino porque sin duda también es un agente inversor directo en muchos de estos países y en muchos de estos proyectos relacionados con las industrias extractivas. El Banco Mundial ha hecho esfuerzos para abordar estos problemas, incluso ha
desarrollado una serie de iniciativas de estudio, que les ha llevado más de dos años, en las que se han invertido varios millones de dólares por costos operacionales y de personal, y que han dado como resultado no solo unos informes indicativos de
esas prácticas que deben extenderse en la medida de lo posible a estas cuestiones, sino que han dado lugar a reformas importantes desde el punto de vista de las partes interesadas, como iniciativas no solo en la transparencia en la gestión de
ingresos provenientes de las industrias extractivas, que es lo que nos ocupa hoy, sino también en la reducción de la quema de gas, de la comercialización de emisiones de carbono


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o de ayuda a operaciones a pequeña escala o programas de eficiencia energética o de proyectos de biodiversidad. En todo caso, y puesto que esta es una de las políticas que sin duda deben ser impulsadas en el Banco Mundial, nuestra
pretensión con la enmienda era incorporar y estimular el papel del Gobierno español frente al Banco Mundial, respaldando precisamente la adopción no solo de las iniciativas que están en marcha y su pleno desarrollo sino de todas aquellas que son
objeto en este momento de controversia en el Banco Mundial y que no han sido del todo adoptadas. Tal vez la opinión de gobiernos como el español podría inducir a una contemplación más amplia de muchos de esos contenidos del informe del Banco
Mundial que todavía no se han plasmado en iniciativas concretas.



Hay elementos importantes en estas reflexiones del Banco Mundial, como son el hecho de que todas las nuevas estrategias de asistencia a países ricos en recursos naturales hayan de considerar obligada y sistemáticamente los asuntos relativos
a las industrias extractivas; que cualquier secuencia de actividades en industrias extractivas en estos países deba tener también su basamento en los riesgos y en las capacidades de buena gestión de estos países objeto de proyectos; que se exija
la transparencia en la gestión de ingresos como condición inexcusable para aportar nuevas inversiones en el sector de las industrias extractivas; y que, en el caso concreto de proyectos de gran magnitud económica, se exija esta transparencia con
carácter inmediato y sin ningún tipo de moratoria.



En definitiva, con independencia de que la proposición no de ley haga referencia al papel de todo tipo de organismos multilaterales en los cuales pueden impulsarse políticas de estas características, nos parecía oportuno y relevante -al
menos, positivo- que se hiciera una referencia más expresa a la relación entre el Gobierno de España y el Banco Mundial a la hora de establecer con plena sintonía el apoyo a iniciativas de estas características.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Torrado.



La señora TORRADO REY: Señorías, en este recién iniciado siglo XXI hemos visto la necesidad de impulsar los mecanismos para la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo. La declaración conjunta de las Naciones Unidas, del
Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la OCDE, en el año 2000, puso sobre el tapete la importancia de los derechos sociales y establece unos objetivos concretos que instan a la acción de los distintos agentes involucrados en el
desarrollo internacional. Además, la cumbre del Milenio de las Naciones Unidas aprueba ocho objetivos que nos permitirán comprobar en el año 2015 los avances realizados. Pero es cierto que los Estados no pueden por sí solos garantizar un
desarrollo exitoso del proceso, necesitan articularse con otros actores que también están configurando las dinámicas económicas mundiales. En este contexto surge el llamamiento a las empresas del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi
Annan, que hablaba de que el objetivo es que se comprometan a sincronizar sus actividades y necesidades con los principios y objetivos de la acción política institucional de las Naciones Unidas, de las organizaciones laborales y de la propia
sociedad civil. El Pacto Mundial nace como iniciativa de compromiso ético destinado a las empresas de todos los países que acojan como una parte integral de su estrategia y de sus operaciones diez principios de conducta y acción en materia de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. A pesar de que todos los procesos tienen sus prisas y sus pausas, es halagüeño pensar que la dimensión ha sido espectacular, por lo menos en nuestro país. Desde que entró en
vigor se han adherido a él más de 230 empresas, 51 representantes del tercer sector y de las ONG, dos asociaciones patronales, dos sindicatos y más de 20 entidades educativas. Hoy debatimos una proposición no de ley que insta al Gobierno a apoyar
la transparencia en las industrias extractivas a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) El Ministerio de Economía y Hacienda es el representante del Gobierno español en el grupo del Banco Mundial y en el Fondo Monetario
Internacional. Estas dos instituciones multilaterales apoyan la iniciativa para la transparencia en las industrias extractivas, la ITIE, mencionada en la citada proposición.
Así, además de ser uno de los países firmantes de la convención sobre la
lucha contra la corrupción de los agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Gobierno de España considera que la transparencia contribuye de
forma decisiva al reforzamiento institucional de los países en desarrollo. Saludamos la iniciativa presentada, pues siempre apoyaremos todos aquellos impulsos que vayan en el sentido de luchar contra corrupción y facilitar la transparencia en
cuanto a la información sobre los ingresos y pagos que reciben los países exportadores de recursos naturales, respetándose siempre su legítima capacidad de decisión. En esta línea, iniciativas como la ITIE, que ha sido apoyada por el G-8, el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuentan, a través de nuestra participación en estas dos instituciones, con el respaldo del Gobierno español. No obstante, podría ser recomendable una participación más activa de España en dicha iniciativa
multilateral, aspecto este en proceso de valoración, por lo que pedimos al grupo proponente la aceptación de una enmienda in voce al punto 2, que quedaría redactada de la siguiente forma: efectuar una valoración de las aportaciones económicas al
fondo creado por la ITIE.



Siguiendo con mi exposición, creo que el Banco Mundial y el FMI están apostando por la puesta en marcha de la iniciativa ITIE en un número importante de países exportadores de recursos, además de contribuir al debate y la reflexión en un
tema tan relevante


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para el desarrollo de los países como es el reforzamiento institucional a través de la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en la información respecto a ingresos y gastos de los gobiernos. Por lo que se refiere a la
directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores, cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la
Directiva 2001/34, publicada en el DOCE el 13 de diciembre de 2004, se señala que esta directiva se aplica únicamente a las empresas cotizadas. En el considerando número 14 se establece que se deberá alentar a los emisores cuyas actividades
principales se encuentren en la industria extractiva a que en los informes financieros anuales revelen los pagos realizados a los gobiernos.



El plazo para la incorporación de la directiva a la legislación nacional vence el 20 de enero de 2007. Para ello se prevé modificar la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y sus normas de desarrollo. Hay que señalar que la
trasposición de los considerandos de la directiva no es obligatoria para los Estados miembros. En cualquier caso, será durante la tramitación de la modificación de las normas mencionadas cuando se tomarán las decisiones de política financiera en
este ámbito.



La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) me gustaría comunicarles que afortunadamente -perdón-, que ha habido un accidente en un helicóptero en el que viajaban el señor
Rajoy y la señora Aguirre y que, afortunadamente, no ha pasado nada, están ilesos. Esa es la noticia de última hora que me han comunicado. Les digo esto para todos ustedes estén informados.



Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la aceptación de las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, y la enmienda in voce que acaba de presentar el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz,
el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No tenemos inconveniente en aceptar la enmienda in voce que nos plantea el Grupo Socialista. Tampoco tenemos inconveniente en aceptar la enmienda al punto número 5 que nos plantea el Grupo Popular. En
relación con la enmienda de adición de un punto nuevo que se refiere a ratificar el convenio de Naciones Unidas firmado por España, mi grupo sugiere, en coherencia con lo que hemos hecho en la proposición no de ley del Grupo Popular, que se
incorpore en su literalidad el texto del último punto de aquella proposición no de ley, en el que no se habla solo del Convenio de lucha contra la corrupción de Naciones Unidas, sino también de la Convención interamericana contra la corrupción de la
OEA y de la Convención contra el soborno trasnacional de la OCDE. Si el Grupo Popular acepta, nos parecería más adecuado que las dos proposiciones no de ley hablasen de lo mismo.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular para expresar la aceptación o rechazo de la fórmula que Convergència i Unió le ha propuesto.



El señor BURGOS GALLEGO: Tenemos claro que es una manera de dar coherencia a dos iniciativas que, refiriéndose básicamente a lo mismo, tenían una naturaleza diferente. También ha sido sugerencia del Grupo Popular.



La señora PRESIDENTA: ¿El Grupo Socialista acepta la votación tal como lo ha hecho el proponente, Convergència i Unió?


La señora TORRADO REY: Aceptamos la enmienda tal como se ha definido en este momento.



La señora PRESIDENTA: Entonces, la votamos conjuntamente.



Hemos terminado con los tres puntos del orden del día que habían quedado vivos y pasamos a votar.



En realidad, el punto 1 está retirado; el punto 2, si he entendido bien, se aprueba por unanimidad; el punto 3, también se aprueba por unanimidad; el señor Campuzano ha retirado el punto 4, y el punto 5 también se aprueba por unanimidad,
según entiendo. (Asentimiento.)


En ese caso, no me queda más que felicitar a todos los grupos parlamentarios por la capacidad que tienen de llegar por unanimidad a acuerdos cruciales sobre la cooperación oficial al desarrollo. Esta Comisión es un ejemplo muy interesante
de la forma de impulsar iniciativas en la cooperación al desarrollo, como interesante ha sido también el debate del día de hoy, que me ha parecido muy rico. Quiero felicitarles a todos ustedes nuevamente.



Finalmente, quiero pedir disculpas, porque me he puesto nerviosa a la hora de anunciar el accidente y creo que lo he hecho todo mal. Lo que quería es que todos nos felicitáramos porque no había habido víctimas ni problemas y porque,
afortunadamente, el señor Rajoy y la señora Aguirre habían salido absolutamente ilesos.



Les agradezco nuevamente la sesión que han realizado.



Se levanta la sesión.



Era la una y cinco minutos de la tarde.