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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 444, de 30/11/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 444
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA
Sesión núm. 22
celebrada el miércoles, 30 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la desafectación de las casas existentes junto al paseo marítimo de El Palo, en la ciudad de Málaga. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000281.) ...
-Relativa a la concesión de 20 hectómetros cúbicos más de agua del pantano del Negratín a la provincia de Almería. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000851.) ...
-Sobre las declaraciones de impacto ambiental en las centrales térmicas.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001055.) ...
-Por la que se insta al Gobierno a establecer deducciones fiscales en el Impuesto de sociedades para las inversiones que se realicen en las empresas que reduzcan los índices sonoros, así como que apruebe el reglamento que desarrolle la ley
del ruido. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001129.) ... (Página 11)
-Sobre dotación de ayudas económicas a los municipios afectados por los incendios acaecidos durante el año 2005 en la provincia de Ourense.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001254.)
... (Página 13)
-Sobre los proyectos de ampliación de las centrales térmicas de ciclo combinado ubicadas en el término municipal de Castejon (Navarra) promovidos por Eléctrica de la Ribera del Ebro, S. A. e Iberdrola.
Presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 161/001104.) ... (Página 16)
-Relativa a la vulneración de las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de medio ambiente con la aprobación del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios
forestales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). Número de expediente 161/001306.) ... (Página 20)
-Relativa a la elaboración de un boletín diario de información de los niveles de radiaciones ultravioletas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001310.) ...
-Por la que se insta a promover la aprobación de una norma que prohiba la comercialización de productos fabricados con pieles de animales domésticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 161/000591.) ... (Página 24)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-RELATIVA A LA DESAFECTACIÓN DE LAS CASAS EXISTENTES JUNTO AL PASEO MARÍTIMO DE EL PALO, EN LA CIUDAD DE MÁLAGA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000281.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a empezar la sesión. Perdonen el retraso. Llegaba tarde pero además me he perdido.
Espero que sea la última vez. Hay una petición para que la proposición no de ley número 2, de
Convergència i Unió, pase a ser la última. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.) El señor Herrera tiene que estar al mismo tiempo en la Comisión de Fomento, por lo que si no está presente cuando se tenga que debatir su proposición no de ley le
llamaríamos (está en la planta cuarta, espero que no se pierda) y si no pudiera venir la pospondríamos, así como también la de la señora Barkos, del Grupo Mixto. Estamos hablando de las proposiciones no de ley número 4 y 5. Empezamos pues con la
primera, que es la relativa a la desafectación de las casas existentes junto al paseo marítimo de El Palo, en la ciudad de Málaga, del Grupo Parlamentario Popular. La señora Villalobos tiene la palabra.
La señora VILLALOBOS TALERO: Voy a plantear una cuestión que afecta realmente a muchos espacios del litoral español y que es la situación de algunas viviendas construidas a lo largo del tiempo en zona marítimo-terrestre o que en un momento
determinado fueron zonas marítimo-terrestres. Entre ellas se encuentran estas casas de Pedregalejo y El Palo, en la ciudad de Málaga, que arrastran una situación me imagino que similar a otras y que en este momento es muy preocupante. Es muy fácil
que los grupos políticos nos echemos la culpa de esta cuestión. La verdad es que nos la podemos repartir al fifty-fifty porque, en el año 1983, el Plan general de ordenación urbana de Málaga mantiene un deslinde que la Dirección General de Costas
aprueba cuando se le consulta y, en el año 1991, la Demarcación de Costas de Andalucía Oriental pide una autorización para llevar a cabo una actualización de deslindes, es decir, para adecuar el deslinde al Plan general de ordenación de 1983. Hasta
el año 1999 no se contesta a esa resolución, y cuando se hace es con una resolución absolutamente adversa a los intereses de la ciudad de Málaga y de los mil y pico ciudadanos malagueños que viven en esa zona. En aquel momento, año 1999, cuando yo
era alcaldesa
de la ciudad solo aprobamos en el pleno del ayuntamiento una moción en contra de la resolución de la dirección general sino que hicimos un recurso, que firmé yo, y a partir de ese momento hemos tenido el mismo Guadiana de 1991 a 1999,
estamos en la misma situación; una situación que no se ha resuelto y que ha provocado actuaciones absolutamente absurdas.
En ese momento los ciudadanos que quieren hacer obras en esas casas, que tienen muchos años, no pueden hacerlas porque no
tienen permiso del ayuntamiento y, sin embargo, hoy el Ayuntamiento de Málaga les está dando licencias de obras y la Dirección General de Costas lo que hace es mirar para otro lado. Por tanto, parece que ha llegado el momento de resolver
definitivamente este problema; no solo el problema del deslinde sino que para que el Ministerio de Economía, Patrimonio del Estado, pueda vender esas casas a sus propietarios, como se está haciendo en otros casos en viviendas que no están en
deslinde marítimo-terrestre o que está en discusión ese límite, en este caso no se puede hacer puesto que todavía no se han desafectado del deslinde marítimo-terrestre. Hay un problema previo que es lo que yo planteo hoy aquí en la Comisión de
Medio Ambiente, que es el deslinde para después en la Comisión de Economía pedir que se agilicen los trámites para conseguir un precio módico a los propietarios de estas casas, que llevan muchos años en ellas, y puedan legalizar y escriturar estas
viviendas.
A esta proposición que yo he planteado el Grupo Socialista ha presentado una enmienda. Me imagino que la diputada de ese grupo que intervenga, que si no me equivoco será la señora Martel, explicará las razones porque hay alguna frase que no
entiendo muy bien; en cualquier caso, le contestaré en su momento. Ha pasado un año y medio desde que el nuevo Gobierno tiene responsabilidad y, por tanto, no vale decir, como han hecho algunos diputados del Partido Socialista en los periódicos de
Málaga, que el problema lo ha creado y la responsabilidad es del Partido Popular. No. El problema surge el año 1991, en que gobernaba el Partido Socialista, y hasta el año 1999 no se toma ninguna decisión, habiendo tenido cinco años para ello, por
lo que vamos a repartirnos las responsabilidades de la Dirección General de Costas, que ha hecho hasta ahora imposible la solución de este problema. Lo que pedimos precisamente es que se resuelva el problema, que a mí es lo que me importa, que
definitivamente la Dirección General de Costas apruebe lo que ya forma parte del derecho y la costumbre en Málaga porque tanto en el Plan general de 1996 como en el de 1983 se recoge perfectamente este deslinde y la Dirección General de Costas
aprueba el deslinde del Plan general de 1996, que es exactamente lo que estamos reclamando en este momento. Por tanto, creo que entre todos podemos conseguir dar el último paso en el Ministerio de Medio Ambiente para poder dar el siguiente, que
sería el definitivo, que es la venta de estas viviendas a estos ciudadanos que llevan tantos años en ellas.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista. La señora Martel tiene la palabra.
La señora MARTEL GÓMEZ: Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda de modificación a la proposición no de ley del Grupo Popular, y lo hemos hecho porque, aun estando de acuerdo con el fondo, no lo estamos con la forma. Pero hay algo más
en esta proposición no de ley que no entiendo y es que la presente usted, señora Villalobos. La barriada de El Palo, que data en sus orígenes de finales del siglo XIX, es hoy una barriada absolutamente consolidada y en la que parte de sus vecinos,
aquellos que tienen sus casas junto al paseo marítimo, vienen reclamando desde hace años la legalización de su situación con la desafectación del dominio público de los terrenos que ocupan sus viviendas.
Señora Villalobos, la presentación de esta proposición no de ley es oportunista una vez hecha pública la reunión que los diputados socialistas malagueños mantendremos con la portavoz del grupo municipal de nuestro partido en Málaga mañana,
día 1 de diciembre, en la Dirección General de Costas para buscar una solución a la situación que viven los vecinos de la barriada de El Palo y Pedregalejo. El interés por legalizar las casas lo plantean ustedes en esta proposición no de ley
diciendo que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Costas se comprometa el Gobierno a la desafectación antes de finales de año. Esto no es sino una prueba más de la demagogia a la que usted, señora Villalobos, nos tiene acostumbrados.
Tuvieron la llave en la mano durante ocho años en que podían haber resuelto el problema de estos vecinos y no lo hicieron. Esta proposición no de ley no es más que oportunismo ante la situación que el alcalde de Málaga, señor De la Torre, ha creado
cuando se ha hecho público el avance del Plan general de ordenación urbana y consigue que los vecinos de El Palo se pongan en pie, como así lo recogió la prensa tras la celebración de la junta del pleno del distrito en que más de 600 personas allí
reunidas pidieron una solución a la legalización de sus viviendas; viviendas que de un plumazo habían sido eliminadas de los planos contenidos en el avance del PGOU. Después de esto, conociendo el carácter indeciso y dubitativo del señor De la
Torre, nos preguntamos si no existirán intereses urbanísticos en la zona que ocupan las viviendas de estos vecinos. Pero volviendo a la vista atrás, en la campaña de las elecciones generales del año 2000 -usted misma lo ha citado-, siendo entonces
alcaldesa de Málaga, se comprometió con los vecinos a que como diputada y alcaldesa lucharía por la legalización de las casas. Claro es que como sus aspiraciones personales la llevaron a decir a los españoles cómo teníamos que hacer los calditos,
se olvidó en cierto modo de sus promesas, pero nosotros, los socialistas en Málaga, sí queremos resolver el problema que tienen estos vecinos en la barriada de El Palo y Pedregalejo. En la anterior legislatura, más de 30 iniciativas fueron
presentadas por mi grupo buscando alcanzar una solución y ustedes, los señores del Partido
Popular, nada hicieron. En abril del año 2001, después de conocerse el informe al que usted ha hecho referencia en que se planteaba la desaparición de las casas de El Palo y Pedregalejo por la sobreelevación del nivel del mar, ante esta
Comisión de Medio Ambiente se presentó una proposición no de ley por parte de mi grupo para que se desafectara el suelo que ocupaban las viviendas y pudieran legalizarse. En esta ocasión la postura de su Gobierno la defendió un compañero suyo y
permítame que le lea literalmente algún párrafo de su intervención: Conviene saber que para producir la desafectación de los terrenos hay unos trámites correspondientes que establece la Ley de Costas. Reconocía que los trámites eran complicados
pero aun así se podía intervenir. Perdóneme, señora Villalobos, pero tengo que decirle que todo esto me huele mal. ¿A qué responde este interés tan acuciante por la desafectación? ¿Por qué antes de que termine el año? ¿Es quizá porque en enero
se produciría la aprobación inicial del plan y el alcalde, agobiado en sus dudas, se volvería atrás de su compromiso de mantener las casas, o es que quieren hacer edificios de lujo en el suelo que ocupan las viviendas en primera línea de playa?
Después de conocer el avance del PGOU nos planteamos si no existen intereses urbanísticos inconfesables sobre los terrenos que ocupan hoy las viviendas de El Palo. Nosotros sí planteamos y queremos una solución para nuestra barriada, y por eso el
Grupo Socialista ha presentado un texto alternativo que se ajusta a la lógica y a la voluntad política de querer resolver la situación de estos vecinos. Por ello hemos presentado la enmienda que ya conocen sus señorías. (La señora Villalobos pide
la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere definirse? Me pide la palabra la señora Villalobos. Le advierto que no hay derecho a réplica. En todo caso puede definirse sobre la enmienda. ¿De acuerdo?
La señora VILLALOBOS TALERO: Señor presidente, será el estilo que ustedes mantienen en esta Comisión, pero desde luego yo he presidido también comisiones e intervengo en otras y siempre hay una réplica muy pequeña en la que se contesta a
determinadas cuestiones, y lo que no hay es contrarréplica. Yo pensaba que me iba a dar usted este tiempo porque se han dicho cosas que están ofendiendo incluso a mi dignidad personal. No se está hablando de cuestiones políticas, de
interpretaciones políticas, sino personales, y en este caso me afectan directamente. Por tanto, lo único que le pido son dos minutos para poder responder a la enmienda (no me gusta hacer trampas, no quiero decir que voy hablar de la enmienda y
después hacerlo de otras cosas; me gusta ser muy clara y lo quiero ser con usted) y a la vez para poder responder a determinadas cuestiones que han sido ofensas personales a mí, que he sido alcaldesa de esa ciudad.
Por tanto le pido su
benevolencia.
El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, por alusiones le doy dos minutos, pero por alusiones, no es un derecho a réplica.
La señora VILLALOBOS TALERO: Muchas gracias.
Señora Martel, de la enmienda lo único que me preocupa y muchísimo es la última frase: Manteniendo abiertas todas las posibilidades para alcanzarla. La desafectación es desafectación y punto. Por tanto, mantener abiertas todas las
posibilidades para alcanzar la desafectación de esos suelos es una sola acción. Si se dice 'todas las posibilidades' puede ser cualquiera, desde que se echen abajo hasta que algún socialista importante de la comunidad autónoma, ahora que ustedes
están quitando todas las capacidades urbanísticas a los ayuntamientos en general con su nueva Ley del Suelo, a lo mejor resulta que quien quiere especular es algún ilustre diputado que no es de mi partido. En cualquier caso, señora Martel, esa
frase sinceramente la quitaría porque, además, como usted no la ha explicado puede dar lugar a muchas interpretaciones, y me gustaría que la aclarase.
En lo que se refiere a mis calditos y a la falta de defensa de los intereses generales de Málaga, debo decir que el único alcalde que ha hecho una recusación a la Dirección General de Costas he sido yo, y la tiene usted aquí. Desde 1991 el
Partido Socialista no ha hecho absolutamente nada. Usted no me puede acusar de hacer demagogia y de oportunismo cuando esta proposición no de ley se presentó en septiembre de 2004, hace más de un año. Si se ve hoy aquí es por la ordenación de esta
Comisión, que yo respeto. Por consiguiente, no es así, señora diputada. Además, acaba usted de mentir -perdón, no me gusta decir eso-, no ha dicho toda la verdad porque en el avance del plan general urbano de Málaga, como bien sabe, lo que parece
ser que se hacía era -ya no soy alcaldesa- que una parte se convertía en verde -le recuerdo que hay todavía tres solares- y eso se ha cambiado en ese plan general que ni siquiera ha sido aprobado.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Villalobos.
La señora VILLALOBOS TALERO: Y mire, no hay intereses inconfesables por parte de esta diputada en ningún momento, en ningún momento. Lo único que estoy defendiendo son los intereses generales, como hice cuando era alcaldesa y me enfrenté a
mi partido. A ver si usted es capaz de hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Por alusiones tiene dos minutos, señora Martel.
La señora MARTEL GÓMEZ: Creo que no ocuparé todo el tiempo que me da.
Quiero insistir en que la moción que aprobó siendo alcaldesa en su ayuntamiento fue presentada por el
Grupo Socialista, para que quede claro, y también en que me parece que toda su apuesta por esta legalización de las casas de El Palo y de Pedregalejo no es más que una demagogia oportunista y electoralista que utilizó usted como alcaldesa en
las elecciones generales del año 2000 cuando se acercaba a la barriada de El Palo prometiendo el oro y el moro, como se dice vulgarmente. Solo quiero decir esto. Nosotros sí tenemos voluntad política -como he insistido en mi intervención- para
resolver el problema que tienen los vecinos de mi barriada y vamos a empezar a buscar vías de solución para conseguir que puedan legalizar sus viviendas.
La señora VILLALOBOS TALERO: Señor presidente, simplemente quiero entregar un documento a la señora diputada; es el recurso firmado por la señora Villalobos, alcaldesa de la ciudad de Málaga.
El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, puede entregar el documento a la Mesa pero este punto está cerrado.
La señora VILLALOBOS TALERO: Por supuesto, es simplemente para que la señora Martel vea que se ha equivocado y no ha dicho toda la verdad.
-RELATIVA A LA CONCESIÓN DE 20 HECTÓMETROS CÚBICOS MÁS DE AGUA DEL PANTANO DEL NEGRATÍN A LA PROVINCIA DE ALMERÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000851.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, proposición no de ley relativa a la concesión de 20 hectómetros cúbicos más de agua del pantano del Negratín a la provincia de Almería.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Señor presidente, le pido unos minutos porque la diputada de nuestro grupo está viniendo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar con la exposición y le damos tiempo a que venga. Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Empezaré haciendo una exposición que no va a impedir seguramente la réplica por parte de la diputada del Grupo Socialista, que ya está viniendo, porque son cosas por todos conocidas y también por ella.
El trasvase del Negratín es una gran obra de infraestructura hídrica, es la única obra de infraestructura hídrica en forma de trasvase que se ha construido en España en los últimos 15 años y que ha permitido demostrar a lo largo solo de dos
años la importancia de los trasvases de zonas húmedas con capacidad de almacenar cantidades hídricas suficientes hacia zonas secas y la rentabilidad no solo económica sino fundamentalmente social que tienen. Eso lo ha venido demostrando durante
muchos años el trasvase del Tajo-Segura y lo está demostrando en la actualidad; lo ha demostrado en estos dos últimos años de funcionamiento el trasvase del Negratín, y lo hubiera demostrado también el trasvase del Ebro si se hubiera llevado a cabo
hacia esta zona. Este trasvase ha permitido que una zona que antes era de emigración se haya convertido en una zona a la que viene mucha gente a encontrar un empleo y una posibilidad de futuro y en la que se está desarrollando una agricultura de
calidad y también unas empresas de servicios importantes dedicadas al turismo gracias a dicho trasvase. Se ha conseguido que agua barata de calidad y en cantidad llegue a una zona donde antes solo existía una situación lamentable de sequía
permanente. Esta obra fue en su día financiada al 70 por ciento por los regantes, lo cual quiere decir que los ciudadanos de la zona confiaron en esta obra y ahí está la rentabilidad social. Durante los años 2003 y 2004, y a pesar de la grave y
pertinaz sequía que este año se ha producido en toda España, Almería y esta zona de levante no ha tenido restricciones importantes, incluida la época veraniega. Cuando presentamos esta proposición no de ley era el mes de abril, teníamos por delante
los Juegos del Mediterráneo y estábamos ciertamente preocupados no porque el agua no llegara a los regadíos sino porque la habilitación que se había hecho por el Gobierno de las dotaciones para este año fuera insuficiente también para dar
abastecimiento al consumo urbano en los municipios del entorno. Presentamos esta proposición no de ley ante la situación preocupante de déficit hídrico para el consumo humano dada la escasez de las aportaciones de la cabecera del Tajo-Segura a la
zona. De hecho, hubo importantes recortes para regadíos y también para consumo urbano en las aportaciones del Tajo-Segura a las provincias de Almería y Murcia. El Gobierno, después de presentar esta proposición no de ley, tuvo a bien habilitar
seis hectómetros cúbicos para el consumo urbano, pero aun así no se ha dado cumplimiento a lo que dice la Ley de trasvase del Negratín, que especifica que se habilitan 50 hectómetros cúbicos anuales para la zona. Entiendo que al principio del año
se podía y era razonable hacer una habilitación no completa del total de la dotación legalmente prevista, solo se hizo hasta 30 hectómetros cúbicos, pero parecía que lo que había que hacer, dado que la situación de la cabecera del Guadalquivir lo
permitía y había agua suficiente, era habilitar los 20 hectómetros cúbicos restantes.
Estamos ya en el mes de noviembre y hubiera sido deseable que se hubiera debatido esta cuestión en su época, porque si no al final se desvirtúan las proposiciones no de ley de este tipo, por lo que ahora hemos presentado una enmienda a
nuestro propio texto porque tenemos que hacer el planteamiento en la actualidad para lo que queda del año, que no es el mismo que cuando presentamos esta proposición no de ley en abril, y referido también a las dotaciones que deben realizarse para
el año próximo. Por eso en nuestra enmienda hacemos especial hincapié en tres aspectos fundamentales. Proponemos que hasta final de año, dado que existen todavía 14 hectómetros cúbicos pendientes y la cabecera del Guadalquivir lo permite y
las capacidades almacenadas en el pantano del Negratín también lo permiten, se habiliten cantidades suficientes no en virtud de decisiones unilaterales del Gobierno sino de un proceso de diálogo con los regantes de la zona. A lo largo del año los
regantes de la zona han mostrado ser solidarios, han permitido que del agua que les asigna el trasvase del Negratín se habiliten seis hectómetros cúbicos, como les decía antes, para consumo urbano, lo que no está contemplado en la ley. Es más, se
ha permitido incluso que dos hectómetros cúbicos que venían para el trimestre del verano se dotaran a la zona de Murcia, que tenía importantes restricciones. Es decir, desde Almería en Andalucía se ha practicado la solidaridad hacia otras zonas, en
este caso hacia Murcia, lo cual es un ejemplo para otras comunidades autónomas que, sin embargo, parecen seguir prefiriendo que el agua se tire al mar antes de poder ser utilizada en otras cuencas o zonas que tienen déficit hídrico, como está
históricamente demostrado. Lo que pretendemos ahora es que se facilite urgentemente un proceso de diálogo con los regantes para que, dado que esta es una época en la que los cultivos están a pleno rendimiento, se habiliten no unas cantidades
arbitrarias sino unas cantidades fruto del diálogo con los regantes, ya que estos tienen margen legal y en cantidad de agua para ello. El Gobierno ha anunciado que quizás habilite 1,7 hectómetros cúbicos, no sabemos en base a qué, pero yo creo que
lo que hay que hacer es hablar con los regantes y tomar la determinación de cuál es la cantidad que conviene. En segundo lugar, pedíamos en nuestra enmienda que para el año que viene haya una declaración formal de este Parlamento de respeto a la
legalidad. Si la ley dice que son 50 hectómetros cúbicos, parece razonable que el Gobierno inicie el año respetando lo que es un derecho legal, no que el Gobierno pueda iniciar el próximo año habilitando unas cantidades y diciendo que las demás
cantidades se estimarán en virtud de criterios arbitrarios, criterios gubernamentales que muchas veces se utilizan como un chantaje frente a los agricultores para orientarles o pedirles que hagan otras cosas; en este caso para cerrarles el grifo
del trasvase a ver si así se animan a meterse en inversiones en desaladoras con un precio tres o cuatro veces superior en el agua a lo que cuesta el trasvase. Por eso queríamos que este Parlamento le dijera al Gobierno que este es un derecho legal
reconocido en la ley y que, por tanto, es el Gobierno el que tiene que habilitar estas cantidades. Un tercer aspecto que formulamos es que cualquier restricción que se pueda realizar en virtud de las condiciones climatológicas como la sequía, o
cualquier otra razón que así se estime oportuno, se realice en virtud del diálogo con los regantes y en virtud también de estimaciones objetivas. Lo que no tiene sentido es que en la cuenca del Guadalquivir se trate de distinta manera a los
regantes río abajo que a los regantes que estamos en la otra parte de la cuenca pero que nos abastecemos de ella, que son los regantes almerienses. Ya hemos visto este año cómo mientras las restricciones en la cuenca del Guadalquivir eran de tan
solo el 10 por ciento, a los regantes de Almería en la cabecera, que precisamente era donde más agua había, se le aplicaban restricciones superiores al 30 por ciento. Por eso hemos presentado esta enmienda a nuestra proposición no de ley. Como
reflexión que le hago al presidente, pediría que si fuera posible en el futuro estas iniciativas pudieran debatirse con más inmediatez, porque es lo que hace que un Parlamento al final sea ágil, que los ciudadanos entiendan que sus preocupaciones
tienen respuesta por parte del Parlamento y que no suceda que una proposición que está presentada en el mes de abril acabe debatiéndose en el mes de septiembre, y por la pérdida de actualidad nos obliga a presentar una enmienda a la proposición no
de ley, lo cual es un poco pintoresco. Yo sé que esta Comisión tiene muchos temas almacenados, pero deberíamos plantearnos algo para desatascar.
Empezamos muy bien el primer y el segundo periodo de sesiones, pero ahora hay más de 130 iniciativas
entre proposiciones no de ley, preguntas y comparecencias, y algo tendremos que plantearnos para dar más inmediatez y agilidad a este tipo de iniciativas. Señor presidente, sé que me he excedido en el tiempo, pero ya está presente la diputada y
podremos seguir hablando del asunto.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista. La señora Ortiz tiene la palabra.
La señora ORTIZ RIVAS: En primer lugar, quiero disculparme porque no he podido oír toda la intervención del portavoz del Grupo Popular. Vengo de la ponencia del proyecto de ley de semillas y como las distancias en este Congreso son largas
no he pedido venir antes. En todo caso, quiero coincidir con el portavoz del Grupo Popular en que por las razones que sean, que no entro en ellas, la iniciativa ha quedado un poco desfasada en el tiempo probablemente porque desde que se registró y
el momento actual han pasado unos meses que en los temas de aguas son fundamentales.
Efectivamente hay una Ley del trasvase del Negratín a la cuenca del Almanzora de 50 hectómetros; sin embargo, el matiz es que esa ley añade que se trasvasarán 50 hectómetros una vez resueltos los déficit hídricos de la cuenca del
Guadalquivir, cuestión muy importante para abordar la situación. Posteriormente, creo que fue en una ley de acompañamiento de presupuestos, el Gobierno del Partido Popular añadió otra cuestión y es que ese trasvase se hará siempre que lo autorice
la junta de gobierno del Guadalquivir, y en ella están representadas, como el portavoz del Grupo Popular sabe, las administraciones pero también -como es obvio y debe ser así- los regantes de esa cuenca. Por tanto, la primera premisa que hay que
poner sobre la mesa es que lo deseable en estas cuestiones es que haya acuerdo sobre
todo entre los regantes, los que ceden agua y los que la reciben. Repito que es una premisa fundamental en todos los temas del agua. ¿Qué se ha trasvasado en este año de la cuenca del Negratín al Almanzora en concreto? En la reunión que
tuvo el 16 de febrero la comisión se trasvasaron 30 hectómetros cúbicos del Negratín al Almanzora y, posteriormente (quizá es ahí donde quedan un poco desfasados los datos de la exposición de motivos de la iniciativa), se trasvasaron seis
hectómetros cúbicos, luego dos más, un total de ocho hectómetros cúbicos más para el abastecimiento del levante. Ha pasado el verano y las previsiones de que iba a haber escasez de agua en el levante no se han producido, afortunadamente, porque en
su momento se hicieron los trasvases necesarios para el abastecimiento. Hay que tener en cuenta que la situación de la cuenca del Guadalquivir en cuanto al nivel de agua embalsada no es muy halagüeña. La situación de sequía en el sur es una espada
de Damocles que tenemos siempre encima, y este año también. La cuenca del Guadalquivir no tiene el porcentaje de embalse que dice la exposición de motivos de la iniciativa, ni muchísimo menos (si mis datos son exactos, que creo que sí, ronda el
38,8 por ciento), y en definitiva hay que tener en cuenta que la cuenca del Guadalquivir está pendiente de un año hidrológico malo y de una posible situación de sequía que esperemos acabe resolviéndose por las precipitaciones. Con todo ello quiero
decir y reitero una vez más que para la transferencia de agua en el marco de la ley, en el marco de las consideraciones que se establecen, lo deseable es que haya acuerdo entre los regantes -que me consta que sistemáticamente se está produciendo- de
Almería y de la cuenca del Guadalquivir para que esas transferencias de agua sean razonables y posibles. Por ello el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución en que la modificación sería que el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a estudiar la situación hídrica, tanto los datos actuales como las previsiones futuras de la cuenca del Guadalquivir, con el fin de evaluar la conveniencia de habilitar una nueva autorización de trasvase de agua del pantano del Negratín a
la provincia de Almería.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere manifestarse sobre esta proposición no de ley y las enmiendas? Señor Hernando, ¿acepta la enmienda del Grupo Socialista? Supongo que la suya la acepta, no se lo pregunto. (Risas.)
El señor HERNANDO FRAILE: También me la acepto.
Señor presidente, si le parece bien a la señora Ortiz, yo propondría que a lo largo de la mañana intentáramos cerrar una enmienda transaccional, ya que como su enmienda está hecha al texto inicial pero hemos presentado una enmienda
posterior, a ver si entre los dos pudiéramos presentar un texto conjunto que contemple los elementos que he planteado en mi enmienda. Es la propuesta que haría, con permiso de la presidencia y si acepta la señora Ortiz.
-SOBRE LAS DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL EN LAS CENTRALES TÉRMICAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001055.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día, sobre las declaraciones de impacto ambiental en las centrales térmicas, del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor
Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Esta proposición no de ley está registrada el 7 de junio, hace ya unos meses, pero pese a ello tiene toda la virtualidad porque nuestro grupo parlamentario ha presentado multitud de preguntas en torno a las
emisiones de las centrales térmicas, emisiones muy por encima de lo establecido, y tenemos ya datos que afectan a todas las regiones y comunidades autónomas, a todas las nacionalidades e incluso a alguna nación que dicen y explican que las emisiones
de diferentes gases, especialmente las de óxido de nitrógeno, superan ampliamente lo fijado no en normativa reciente sino del año 1991. Los óxidos de nitrógeno -hay que recordarlo- favorecen la aparición de ozono troposférico, que es perjudicial
para la salud y además es uno de los factores determinantes en la creación de lluvia ácida. Pues bien, en respuesta a una pregunta de este diputado, el Gobierno reconocía que en el año 2004 se superaron las emisiones de óxido de nitrógeno en 15.000
toneladas, 15.000 toneladas más no de una normativa reciente de la Unión Europea sino, como les decía, del año 1991, una normativa que debería haberse aplicado ya en el año 1998 y que a día de hoy no se está cumpliendo. Es por eso que nuestro grupo
parlamentario tiene una profunda preocupación por las declaraciones de impacto ambiental en torno a las centrales térmicas, entre otras razones por la fiabilidad estadística suficiente, ya que entre los datos de las evaluaciones y el impacto real
encontramos grandes diferencias. De hecho, si miramos por ejemplo dos centrales de gas de Castejón y comparamos los niveles reales de contaminación por óxido de nitrógeno y otros gases con los valores previstos en la declaración de impacto
ambiental nos encontramos que, de forma reiterada, hay una gran disparidad entre lo que decía la declaración de impacto ambiental en estas dos centrales (podríamos poner muchos más ejemplos) y las emisiones que están produciendo a efectos prácticos.
¿Con qué nos encontramos por tanto? Con que declaraciones de impacto ambiental dicen que las centrales térmicas emitirán equis tonelada al año y que a efectos prácticos lo que hacen es emitir muchísimas más. Por tanto, primera constatación, falla
la fiabilidad estadística de las declaraciones de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque cuando
se iniciaron las evaluaciomes de impacto ambiental de las centrales de ciclo combinado no existían modelos que permitiesen evaluar la incidencia de las emisiones de contaminantes primarios en las formaciones de contaminantes secundarios,
como el ozono, pero en la actualidad se podrían evaluar. Además, en las declaraciones de impacto ambiental no se están considerando parámetros críticos como el valor límite anual para la protección de la vegetación de óxido de nitrógeno, con claras
consecuencias en la generación de ozono troposférico, que afecta muchísimo a la salud humana, siendo España junto con Italia los países que más ozono troposférico generan. Recientemente la organización Ecologistas en Acción ha hecho público un
informe que prueba que los modelos de dispersión de la contaminación empleados por el Ministerio de Medio Ambiente subestiman los valores de inmisión. Para ello ha usado la declaración, como antes les explicaba, de dos centrales de Castejón que
avalan precisamente lo que estaba explicando. Además de lo que aquí planteamos, también en la exposición de motivo, se destaca que el Gobierno ha adjudicado derechos de emisión a centrales de gas en ciclo combinado por valor de 17.600 megavatios,
incluidas algunas plantas de cogeneración que deberán funcionar antes de 2008. Pues bien, después de aprobar dicha adjudicación, varias centrales de gas han obtenido esta declaración de impacto positivo. El Plan de infraestructuras de gas y
electricidad estima que solo son necesarios 14.800 megavatios. Además de una mala evaluación de esas declaraciones de impacto ambiental nos encontramos con mucha más potencia de la ya instalada. Por esto nuestro grupo parlamentario plantea tres
puntos. Primero, que se lleven a cabo los trámites necesarios para realizar una evaluación de la validez de los modelos de predicción de inmisión de contaminantes mediante su comparación con datos reales. La comparación de los datos reales dice
hoy que las declaraciones de impacto ambiental no han predicho correctamente las emisiones de ninguna de las centrales de ciclo combinado y que, por tanto, lo que tenemos que hacer es incorporar estos valores y estos cálculos en las actuales
declaraciones de impacto ambiental. Segundo, que llevemos a cabo todos los trámites necesarios para tener en cuenta el aumento en la formación de ozono troposférico en los alrededores de las plantas en las evaluaciones de impacto ambiental y sus
efectos económicos sobre la salud y sobre el medio ambiente. Tercero, planteamos que mientras estos elementos no se implementen no se otorguen más evaluaciones o declaraciones de impacto ambiental positivo, ya que los parámetros con que se dan
estas declaraciones de impacto ambiental no son los correctos, y a los hechos me remito, a los datos de las preguntas presentadas por nuestro grupo parlamentario y a páginas enteras publicadas en los periódicos a partir de las preguntas presentadas
por nuestro grupo parlamentario. Por ello lo que no tiene sentido alguno es que en el Estado de la Unión Europea donde más ozono troposférico hay, en el Estado de la Unión Europea donde más centrales de ciclo combinado se van a abrir, en el Estado
de la Unión Europea donde las declaraciones de impacto ambiental no se están haciendo de acuerdo con las técnicas de que hoy se dispone, se hagan estas declaraciones de impacto ambiental sin tener en cuenta la información de que se dispone.
Mientras estos elementos no se implementen pedimos no informar positivamente, ya que se está demostrando de forma reiterada que esas declaraciones de impacto ambiental no están hechas de forma correcta. Por eso planteamos estos tres puntos. Se nos
va a decir que el tercer punto no es posible de acuerdo con la ley, pero nosotros entendemos que debe ser posible de acuerdo con la voluntad política de cumplir con la normativa, sobre todo con la voluntad de respetar la protección del medio
ambiente y, lo que es aún más importante, la protección de la salud de las personas.
Por último, hay enmiendas del Grupo Socialista y de Esquerra Republicana de Catalunya. Las de Esquerra Republicana de Catalunya las aceptamos de buen grado, pero vamos a ver si aceptarlas supone no poder votar, como la señora Bonás sabe, el
resto de puntos. En función de si pudiésemos aprobar o no alguno de los puntos que planteamos, le rogaría a la señora Bonás que esperásemos hasta última hora de la mañana y las aceptaríamos o no. En el caso de que no se incorporen, sepa que
nuestro grupo tiene disposición absoluta a tratar estos temas tanto en lo que se refiere a Huelva como también, por coincidencia de nuestras posturas, en lo que se refiere a Hospitalet de l'Infant y a la central que allí se va a ubicar.
Respecto a
las enmiendas del Grupo Socialista, he trasladado personalmente a su portavoz la posibilidad de que si se niegan a votar el punto 3 aprobemos los puntos 1 y 2. En cualquier caso, a lo largo de la mañana podremos ver si es posible una aproximación
para, a partir de ese texto, aprobar uno mejor y, en caso contrario, que se aprueben algunos de los puntos que aquí se han presentado.
El señor PRESIDENTE: Hay enmiendas presentadas por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya. Tiene la palabra la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Hay dos aspectos fundamentales en la proposición no de ley sobre centrales de ciclo combinado. Uno es la modelización de la emisión de contaminantes. Nos parece necesario profundizar en la modelización de la
emisión de contaminantes en los términos que invoca la proposición no de ley. Aun así, los estudios estadísticamente fiables entre los resultados de la evaluación y el impacto real de las emisiones deberían llevarse a cabo mediante convenios con
comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en la materia. Coincidimos en la necesidad del estudio pero debido a que el abanico competencial de esta materia está en las comunidades autónomas proponemos que se incluya el siguiente
texto en el punto 1: Dicha evaluación sobre la validez de los modelos de inmisión se llevará a cabo mediante convenios con las comunidades
autónomas con competencia en la materia. Las otras dos enmiendas quieren tener en cuenta la formación del ozono troposférico en las diagnosis de impacto ambiental. Se menciona que cuando la situación lo aconseja se están utilizando modelos
fotoquímicos que permiten calcular el incremento de los niveles de ozono. En ese sentido queremos apuntar la situación de Huelva como ejemplo de que esta cuestión se está tomando demasiado a la ligera por el Ministerio de Medio Ambiente. Está
demostrado científicamente que el incremento de índices de ozono se traduce en incrementos estadísticos de los índices de prevalencia de síntomas de asma. La Sociedad Española de Neumología ha señalado recientemente a Huelva como la ciudad española
con mayor tasa de asma, con un 14,6 por ciento, y una de las ciudades con más casos e índices de prevalencia a nivel internacional. El estudio contenido en la Agenda local 21 de Huelva, sobre incumplimiento de la calidad del aire, el nivel de ozono
señalaba en el año 1999 un total de 166 superaciones diarias de límite legal para protección de la vegetación en la estación medidora ubicada en la barriada de La Orden y 160 en la ubicada en el hospital Manuel Lois, y un total de dos superaciones
diarias del límite legal para la información debida a la población ubicada en La Orden. Técnicos especialistas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y de la Universidad de Huelva hicieron referencia en la prensa local el 17 de septiembre
de 2005, Día mundial sobre el estudio del ozono, a las mediciones efectuadas en las estaciones y medidoras de Huelva, alertando sobre el grave riesgo sanitario que supone para la población del área metropolitana de Huelva la concentración de
centrales de ciclo combinado.
La concentración de centrales de ciclo combinado tiene un efecto nocivo contra la salud humana, causado por el efecto contaminante del ozono, y también contra sectores productivos del área metropolitana como la producción agraria de fresa.
Los óxidos de nitrógeno, contaminantes que producen las centrales térmicas, son precursores de formación de ozono en medio urbano en presencia de sol y compuestos orgánicos volátiles. Ambos elementos son muy abundantes en Huelva, el primero, el
sol, es conocido por todos, y el segundo debido a la presencia de la refinería Cepsa en el polo químico de Huelva. En ese sentido, hoy es ya imposible el cumplimiento de parámetros legales referidos al ozono, ya que los datos citados son
preoperacionales a los tres grupos de Unión Fenosa de 400 megavatios, a diversas centrales de cogeneración, hoy día en funcionamiento, y a la construcción de un cuarto gran grupo de ciclo combinado de Endesa, hoy en fase de construcción, sin
licencia de obras.
La Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, aportado por la Delegación Provincial de Huelva, también puso de manifiesto lo complicado que resulta, desde el punto de vista de la
carga potencial de contaminación atmosférica, asumir la instalación de una nueva central térmica de ciclo combinado, ya que la superación de los niveles de emisión de NO2 no parecen aconsejarlo y, además, existen otras instalaciones de generación
que dan con creces servicio a la demanda energética de la zona.
Vemos oportuno añadir a esta proposición no de ley lo siguiente. Uno, instar a que el Ministerio de Medio Ambiente realice la modelización matemática integrada con el resto de las industrias del polo químico junto a la nueva central de
Unión Fenosa en el puerto exterior, que hasta el momento no se ha realizado. Esta modelización debe incluir la afección de la emisión en área metropolitana de Huelva y, como mínimo, los contaminantes incluidos en el Real Decreto 1073/2002 y Real
Decreto 1796/2003. Dos, exigir al Consejo Superior de Investigaciones Científicas la presentación del informe sobre contaminación por ozono, que debería haber sido incluido con carácter previo a la gran concentración de centrales en la ría de
Huelva, en el Plan de calidad ambiental de la ría de Huelva. Tres, suspender cautelarmente la resolución de 13 de febrero de 2003, del Ministerio de Medio Ambiente, en la que el anterior Gobierno autorizaba las obras de la central térmica de
Endesa, Cristóbal Colón, en la Punta del Sebo, en Huelva, procediendo a la inmediata paralización de la obra construida hasta el momento por Endesa Ciclos Combinados, S.L., hasta que se realicen los oportunos estudios referidos anteriormente.
Estos
estudios deben analizar con independencia si la presencia de esta nueva central de ciclo combinado no afecta en ningún caso a la salud de los ciudadanos ni a las zonas protegidas circundantes, y permitirán cumplir con las previsivas exigencias
normativas sobre calidad de aire que emanan de la Unión Europea. Este es el grupo de enmiendas en relación con Huelva.
Finalmente, presentamos otra enmienda, que nos atañe, con relación a la población de Vandellòs, en Hospitalet de L'Infant, en Tarragona. El estudio de impacto ambiental de una nueva central de ciclo combinado de Plana del Vent está bajo
este mismo paraguas de falta de rigor en los estudios de emisión. Para controlar la emisión que provocarán los 250 kilos de NO2 que se emitirán cada hora de funcionamiento, se ha propuesto en la declaración de impacto ambiental un mínimo de tres
estaciones de medida que pretenden valorar los impactos de las emisiones. La ubicación y el número de las citadas estaciones serán fruto de un estudio previo.
Aun así y en coherencia con los déficit debatidos al respecto en la presente proposición
no de ley, no creemos que este estudio tenga garantías de fiabilidad, por lo que apelamos a la paralización cautelar de las obras de la nueva central de ciclo combinado de Plana del Vent hasta que no estén dispuestos y probados modelos de dispersión
de la contaminación suficientemente fiables.
El señor PRESIDENTE: Hay también enmiendas del Grupo Socialista. La señora Casaus tiene la palabra.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: Señorías, el compromiso político del Gobierno, por tanto, del Ministerio de Medio Ambiente, ha sido y es claro: el cumplimiento de los tratados internacionales, como el Protocolo de Kioto, que es el primer
instrumento de alcance mundial para la lucha contra los efectos negativos del cambio climático, y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea. El Gobierno socialista cumple así con su programa electoral en materia de política
energética y medioambiental. El ministerio está poniendo desde el primer día todos los recursos y medidas necesarias para cumplir con la directiva europea. Eso sí, todo lleva un proceso, y más cuando se ha empezado de cero. Por tanto, desde el
Grupo Socialista, no estamos totalmente de acuerdo con el punto tercero de esta proposición no de ley que se presenta hoy aquí, sobre todo en la forma, porque una proposición no de ley no puede alterar la legislación vigente.
Por lo que respecta al primer punto de su proposición no de ley, donde pide que se deben llevar a cabo todos los trámites necesarios para realizar una evaluación de la validez de los modelos de predicción de inmisión de contaminantes
mediante la comparación de datos, el Ministerio de Medio Ambiente ya está elaborando un estudio sobre las ventajas y desventajas de la aplicación de los distintos modelos existentes en la predicción de la dispersión de gases y partículas
contaminantes derivadas del funcionamiento de centrales térmicas, con el objetivo de obtener unas conclusiones de un estudio comparativo de los modelos y determinar así la idoneidad de cada momento en función, claro está, de las características del
entorno.
En cuanto a lo que usted solicita en el punto segundo, sobre llevar a cabo todos los trámites necesarios para tener en cuenta el aumento en la formación de ozono troposférico en los alrededores de las plantas, deben saber SS.SS. que se va a
realizar una guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental en centrales de ciclo combinado. Ambos documentos a los que he hecho mención, tanto el estudio de ventajas y desventajas como la guía metodológica, serán sometidos a
conocimiento e información pública, como viene siendo habitual en todos los documentos que este ministerio elabora, claridad y transparencia de información, así como participación para llegar a los máximos acuerdos posibles. Además, ya se dispone
de modelos que permiten estimar la incidencia de las emisiones de contaminantes primarios en la formación de contaminantes secundarios, como el ozono. En esta línea, en la que creo que estamos todos de acuerdo, por lo que he podido escuchar en el
debate de esta proposición no de ley, es en la que mi grupo le plantea la enmienda que alude a estos dos primeros puntos.
Por lo que se refiere al punto tercero de la proposición no de ley que estamos ahora debatiendo, donde dice que hay que establecer una moratoria de concesión de declaraciones de impacto ambiental positiva, le tengo que decir que, para poder
realizar la moratoria que usted pide sobre la declaración de impacto ambiental, tendríamos que modificar la ley, sin olvidarnos que también es importante, de tener en cuenta que las empresas deben cumplir la normativa de prevención y control
integrado de la contaminación. Además, una proposición no de ley no puede alterar la legislación vigente, mucho menos cuando se trata de una directiva europea como de la que estamos hablando, la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la
contaminación, conocida como IPPC. Considero que sí hay voluntad del ministerio. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que es así y que el ministerio es consciente de que hay que ir reduciendo el impacto ambiental de una manera más
sostenible para el entorno. Otro motivo para demostrar que no es conveniente conceder la moratoria es que pueden existir intereses a terceros, tanto económicos como industriales, que están sometidos a una legislación sectorial y ambiental y no
pueden ser suspendidas arbitrariamente.
En cuanto a las garantías ambientales -este es otro motivo más- el propio procedimiento de impacto ambiental ya prevé que la resolución ambiental pueda ser positiva con medidas correctoras o negativa, en caso de que la situación ambiental
cause un impacto que sobrepase los límites autorizados. Además, se ha incorporado, mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, el establecimiento de avales para garantizar que, si existe un proyecto industrial con interés real de instalación y de
desarrollar su actividad industrial, no se tenga la posibilidad de no poder ser utilizado. Todavía, para aquellos casos más excepcionales en los que el resultado de esos estudios aconsejase alguna garantía suplementaria de información porque su
informe así lo precisase, la propia legislación prevé mecanismos para ello. Así, en el artículo 26 de la Ley IPPC, sobre modificación de la autorización ambiental integrada, se recoge que para casos excepcionales se permita la revisión de las
declaraciones, vía modificación de oficio, sin necesidad de tener que recurrir a la moratoria, la cual no tiene ninguna base legal ni normativa que conlleve a una inseguridad jurídica a terceros.
Deben saber que en la actualidad se encuentran en procedimiento de evaluación ambiental numerosos proyectos de centrales térmicas de ciclo combinado y existen herramientas y modelos que permiten evaluar los impactos sinérgicos de los
proyectos que se han presentado, lo que se está exigiendo, sistemáticamente, en las evaluaciones en relación con la contaminación atmosférica, el ruido y los sistemas de refrigeración, como el consumo de agua, las emisiones de vapor de agua de las
torres de refrigeración, el vertido térmico, etcétera. Como medidas de aumento de la eficacia de la producción energética, y desde la nueva perspectiva del Ministerio de Medio Ambiente, nos apoyamos también en los mandatos que se establecieron en
el Consejo de Ministros que ya he mencionado anteriormente, entre los que se encuentran la constitución de avales al inicio de la solicitud de autorización de la nueva instalación en caso de régimen ordinario, o de acceso y conexión a la red de
transporte, en el caso de régimen especial, al objeto de evitar incertidumbres sobre la nueva capacidad a instalar. Con esta medida se pretende racionalizar la presentación de los expedientes.
Por todo ello, nuestro grupo considera que no podemos aprobar el punto tercero de esta proposición no de ley, tal y como se nos presenta hoy aquí, pero sí los dos primeros puntos. Hemos presentado una enmienda, pero nuestro grupo se acoge a
las palabras del portavoz de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds que ha presentado la proposición no de ley, y estamos abiertos a poder llegar a un texto entre los tres grupos, aunque creemos que es difícil asumir el punto
tercero tal y como aquí se está presentando.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular no ha presentado enmiendas, pero se quiere definir sobre ellas. Señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: En la exposición de motivos de la proposición no de ley que nos ocupa se hace referencia a una respuesta recibida por el grupo proponente con relación a una pregunta sobre la evaluación de las declaraciones de
impacto ambiental referidas a las centrales de ciclo combinado. Como viene siendo habitual en las contestaciones del Gobierno, al menos a mi grupo, al Grupo Parlamentario Popular, las inconcreciones y las evasivas son una constante, y vemos que
también sucede en el tema que nos ocupa. Por lo tanto, no es de extrañar, señorías, que el Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds haya decidido presentar esta proposición no de ley.
Entrando en el texto de la iniciativa, quisiera señalar una serie de aspectos que consideramos fundamentales a la hora de fijar nuestra posición. En primer lugar, los modelos de dispersión de contaminantes en la atmósfera que se están
utilizando en las evaluaciones de impacto ambiental de las centrales de ciclo combinado son modelos contrastados y aceptados internacionalmente y, además, son útiles para evaluar el impacto que producirá la instalación. En segundo lugar, no existe,
señorías, un estudio que permita contrastar con fiabilidad suficiente las diferencias entre los resultados de la evaluación y el impacto real de las emisiones de una central una vez que ésta entre en funcionamiento. En tercer lugar, está demostrado
que las centrales de ciclo combinado emiten NOX, es decir, óxidos de nitrógeno y, también, está demostrado que el NOX, junto a los componentes orgánicos volátiles, origina en la atmósfera la formación de ozono a través de una serie de reacciones
fotoquímicas, todo ello dependiendo de las condiciones meteorológicas. Está demostrado también que el ozono que se encuentra en la troposfera, el ozono troposférico, produce un impacto para el crecimiento de plantas y árboles afectando a los
ecosistemas vegetales y a la agricultura, y si se encuentra en altas concentraciones, también está demostrado que provoca un impacto en la salud humana. El Grupo Parlamentario Popular entiende que los efectos sobre el medio ambiente deben evaluarse
para proteger la salud humana y contribuir mediante un mejor entorno a la calidad de vida, velar por el mantenimiento de la diversidad de especies y conservar la capacidad de reproducción del ecosistema como recurso fundamental de la vida.
Mi grupo, señorías, va a apoyar los puntos primero y segundo del texto de la proposición no de ley de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y votaremos en contra del punto tercero, ya que la moratoria en la concesión
de impactos ambientales positivos implica una negativa sin alternativas. ¿Cuál es el modelo energético del Grupo de Izquierda Unida, si es que lo tiene? Si aceptásemos este punto tercero está claro que frenaríamos el desarrollo económico en
algunos lugares de España a los que resulta ineludible una central de ciclo combinado. Cosa diferente es que se instalen centrales de ciclo combinado en lugares, como Asturias, la región a la que represento, donde no es necesaria su instalación,
puesto que somos doblemente excedentarios en energía eléctrica. Lo que realmente nos preocupa ya no es el modelo de energía que Izquierda Unida pueda tener sino que nos preocupa el modelo energético que tiene el Partido Socialista, que es el que
está en el Gobierno.
Quisiera también dejar constancia de que el Partido Popular llevó a cabo en su momento un plan de estrategia de ahorro y eficiencia energética y un plan de energías renovables, ambos con un fin claramente de protección medioambiental. Sería
de desear que el Gobierno que hoy tenemos tuviese y presentase a la opinión pública y a esta Cámara un claro y definido modelo energético.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señor Herrera, que ya se ha definido sobre las enmiendas, con lo cual tendríamos que pasar al punto quinto del orden del día, que es de Grupo Mixto (Nafarroa Bai). La señora Barkos ya nos ha avisado y el
señor Labordeta, que está en la Comisión de Defensa, también el señor Salvador del Grupo Popular y la señora Castillejo del Grupo Socialista ya lo saben, con lo cual, el punto quinto será la penúltima proposición no de ley del orden del día y
pasamos a debatir la proposición que figura como punto sexto del orden del día.
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER DEDUCCIONES FISCALES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES PARA LAS INVERSIONES QUE SE REALICEN EN LAS EMPRESAS QUE REDUZCAN LOS ÍNDICES SONOROS, ASÍ COMO QUE APRUEBE EL REGLAMENTO QUE DESARROLLE LA LEY
DEL RUIDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001129.)
El señor PRESIDENTE: La señora Castro Masaveu tiene la palabra.
La señora CASTRO MASAVEU: La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo declaró el día 20 de abril de 2005 Día Internacional contra el
Ruido, poniendo en marcha una campaña paneuropea destinada a abordar uno de los problemas de salud laboral más recurrentes en Europa: el ruido en los centros de trabajo. Un alto número de trabajadores está expuesto a un nivel de ruido muy
elevado durante más de una cuarta parte de su jornada laboral. La consecuencia inmediata de esta situación es la pérdida de audición que sufren como consecuencia del ruido y que, además, puede provocar estrés y otros problemas que llevan aparejadas
situaciones límite que pueden constituir un factor causal de accidentes. Así lo afirmó en comisario europeo para Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea, Vladimir Spidla.
Si revisamos la legislación española, nos encontramos, en primer lugar, con el mandato constitucional del artículo 43 de nuestra Constitución, de proteger la salud y el medio ambiente, que engloba en su alcance, también, a la contaminación
acústica. Posteriormente, en 1989, un real decreto contempla medidas de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido. En la Ley de Protección de riesgos laborales, de 1995, también se recogen estos
riesgos a los que lamentablemente están sometidos muchos trabajadores españoles.
Finalmente, en materia legislativa, nos encontramos con la Ley del Ruido, promovida por el Partido Popular y aprobada el 23 de noviembre del año 2003, y que regula un
desarrollo reglamentario sin que, al día de hoy, el Gobierno socialista haya sido capaz de realizar ese reglamento imprescindible para la aplicación de la ley. Han transcurrido dos años desde que la ley se aprobara y 20 meses desde que la señora
ministra tomó posesión de su cargo, y al día de hoy nos ha demostrado que no ha sido capaz de llevar a cabo el reglamento, teniendo en cuenta que el anterior Gobierno del Partido Popular dejó encima de la mesa un borrador que no sabemos si han
tirado a la papelera o si se está utilizando para el texto definitivo. En cualquier caso, se hace imprescindible denunciar en este momento la falta de rigor y la incompetencia de la señora Narbona, más teniendo en cuenta, no solo la necesidad del
reglamento, sino también el hecho de que día 15 de febrero de 2006 entrará en vigor una nueva directiva sobre el ruido en el trabajo.
Con esta proposición no de ley el Partido Popular tiene como objetivo no solo sensibilizar a la sociedad sobre los numerosos riesgos que plantea el ruido en el lugar de trabajo, sino ir más lejos y proponer los medios necesarios para mejorar
el control del ruido en todas las industrias españolas. Estamos convencidos de que el ruido puede controlarse eficazmente y que sus riesgos pueden prevenirse o reducirse considerablemente. Evitar la contaminación acústica instalando sistemas de
control en ventiladores, turbinas y válvulas de alivio, así como sistemas de insonorización, eliminar o paliar las vibraciones de la maquinaria en los talleres, son medidas posibles y deseables. Por eso proponemos que el Gobierno establezca
deducciones fiscales en el impuesto de sociedades a todas aquellas empresas que realicen inversiones para reducir los índices sonoros en sus industrias. De esta forma, incentivamos medidas que repercuten directamente en los trabajadores y que les
ayudará a tener una mejor calidad de vida en su puesto de trabajo.
Para finalizar, quiero hacer hincapié en el punto segundo de la proposición no de ley, referido a la aprobación reglamentaria de la Ley del Ruido en un plazo de tres meses, que nos parece más que suficiente, teniendo en cuenta que ha
transcurrido más de año y medio desde que el Gobierno tomó posesión en el mes de abril de sus cargos.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Socialista. Señor Amuedo, tiene la palabra.
El señor AMUEDO MORAL: Estamos de acuerdo en la prevención laboral en cuanto al ruido, pero yo creo que la Ley del Ruido no es el marco para hablar de riesgos laborales. La Ley del Ruido es una ley que, como bien sabemos todos, habla del
tema en general, y de emisiones de ruidos, pero difícilmente en el desarrollo reglamentario de la Ley del Ruido podremos contemplar la reducción del ruido en los puestos de trabajo. Eso se debe contemplar en un reglamento o en leyes relacionadas
con el aspecto laboral. Creemos que toda la exposición de motivos de la proposición del Grupo Popular, que hace referencia a esto, es difícilmente aplicable dentro de la Ley del Ruido. Yo creo que no es en esta Comisión donde se debe estudiar,
sino en otras comisiones. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Es muy difícil que en la Ley del Ruido digamos cómo se elimina el ruido de una martillo o de un compresor en un puesto de trabajo, eso es más bien materia de regulación en materia acústica
dentro de ese puesto de trabajo. No podemos eliminar el ruido en ese puesto de trabajo en concreto; sí, las emisiones de ruido de fábricas que emiten a la sociedad en general, y no en el puesto de trabajo en particular. Me parece imposible hablar
de esa materia en esta ley y menos aún argumentarlo. Si hablamos de recriminar al Gobierno porque no se haya hecho el reglamento de la Ley del Ruido, miren ustedes, el Gobierno ha estado empleado, concretamente el Ministerio de Medio Ambiente, en
hacer este año muchísimas cosas que el Gobierno popular ha dejado de hacer. Podemos coger como ejemplo de leyes que el Gobierno anterior del señor Aznar ha hecho y que después no ha desarrollado, no se ha hecho el reglamento, y no es que hayan
tardado dos años, no, es que han tardado dos, tres y cuatro años sin hacer el reglamento y sin desarrollar la ley. Yo creo que no podemos entrar en ese ámbito, porque comparaciones hay para todos los gustos.
Nosotros estamos de acuerdo con el segundo apartado, el de desarrollar la ley. Evidentemente la ley necesita un desarrollo, pero no para el tema concreto del ruido del puesto de trabajo, porque la ley no habla de ese tema. Podemos coger
artículo por artículo y no habla en absoluto de ese tema. Otro debate será después si la reducción de emisiones de ruido en los puestos de trabajo lo debe pagar el Estado o las empresas. Ese será otro debate que
también corresponderá a otra comisión, pero, evidentemente, no a ésta.
Decía que estamos de acuerdo en el segundo apartado, pero no en poner un tiempo tope de tres meses. Como usted bien sabe, el reglamento lo tiene que ver no solo la
señora ministra, sino también las comunidades autónomas y se tiene que llevar a las conferencias sectoriales de Medio Ambiente, donde están representadas las comunidades autónomas.
Hemos presentado la enmienda en el sentido de anular el primer apartado porque creemos que no es el sitio donde hablar de ese tema, y sí dejar el segundo en cuanto al desarrollo reglamentario de la ley, pero sin especificar tiempo.
Evidentemente, se debe decir cuanto antes, considerando que el borrador lo tiene ya confeccionado el Ministerio de Medio Ambiente, pero tendrá que ir como mínimo, y está ahora en un periodo de consulta, a la conferencia sectorial de Medio Ambiente.
El señor PRESIDENTE: Para definirse sobre las enmiendas tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Intervengo muy brevemente para decir que no vamos a aceptar las enmiendas del Grupo Socialista por dos razones. Son dos puntos diferentes los que trata la proposición no de ley en relación con el ruido. El señor
portavoz del Grupo Socialista dice que la Ley del Ruido no es el marco del debate. Efectivamente, la ley es una iniciativa legislativa, es una cosa diferente. Su señoría, que se ha leído toda la ley, dice que no se habla de este tema, pero no se
debió de leer el título, porque es la Ley del Ruido. Señor portavoz, usted puede decir lo que le parezca, pero la ley sí habla del ruido, es decir, no es que hable, es que el ruido es el protagonista. De lo que se trata es de tener o no voluntad
política.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, defínase sobre las enmiendas.
La señora CASTRO MASAVEU: Está claro que no hay voluntad política por parte del Grupo Socialista para conceder deducciones fiscales, porque a lo que se dedican es a poner impuestos y subirlos. En cuanto al reglamento, nosotros consideramos
que después de 20 meses, estando ya redactado el borrador, han tenido tiempo más que suficiente.
Señor presidente, agradezco su benevolencia.
-SOBRE DOTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LOS INCENDIOS ACAECIDOS DURANTE EL AÑO 2005 EN LA PROVINCIA DE OURENSE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001254.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto séptimo del orden del día.
Señora Vázquez, tiene usted la palabra para defender su proposición no de ley.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy esta proposición no de ley, registrada en el mes de septiembre, en la que se insta al Gobierno a dotar de ayudas económicas de forma íntegra a todos ayuntamientos de la
provincia de Ourense que sufriesen incendios de gravedad a lo largo del año 2005. ¿Por qué pide el Grupo Popular ayudas para los incendios de Ourense? Por varios motivos. Primero, Ourense es la provincia que perdió más terreno como consecuencia
del fuego. Desde principios de año, Galicia ha contabilizado 1526 incendios que arrasaron 21.014 hectáreas de superficie arbolada y 27.000 rasa. En Ourense se quemaron 24.244 hectáreas; en Pontevedra, 13.828; en A Coruña, 8.536 y, en Lugo, 2.228
hectáreas. Por ejemplo, la comarca de Monterrei, en Ourense, sufrió daños superiores a los 52 millones de euros, además de otros ayuntamientos de la provincia que sufrieron daños de gravedad en superficie arbolada, cultivos, naves industriales,
viviendas, etcétera.
En segundo lugar, en el Consejo de Ministros de 23 de septiembre se aprobaron indemnizaciones para zonas afectadas por incendios, que excluyen a la totalidad de la provincia de Ourense. Esto causa una gran conmoción en la provincia y, tras
la visita del presidente Rodríguez Zapatero, se anuncia la inversión de 4 millones de euros para reforestación, que nunca llegan.
En tercer lugar, el 6 de octubre se aprueba la inclusión de once ayuntamientos de la provincia de Ourense en la petición de ayudas, excluyéndose a muchos otros que sufrieron graves incendios como Melón, A Merca, Allariz, Rairiz de Veiga,
Entrimo y Calvos de Randín, como solicitaban todos los grupos de la provincia -Partido Socialista, Partido Popular y Bloque Nacionalista Galego- representados en la Diputación Provincial, que acordaron por unanimidad solicitar las ayudas al Gobierno
de la nación el 30 de septiembre de 2005, y no solo para bienes públicos, sino también para propiedades privadas. No olviden SS.SS., que muchos de los incendios acaecidos fueron en cultivos de viñedos; por ejemplo, en la comarca de Monterrei;
hubo algunos incendios en propiedades particulares de granjas de animales, incluso en alguna vivienda.
En cuarto lugar, si ya de por sí es grave la situación, las ayudas acordadas por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero todavía han sido un engaño mayor al que se han sometido las administraciones locales. Se les dice que se les van a dar
ayudas a todos los ayuntamientos y, una vez éstos ponen en marcha los mecanismos, se encuentran con que, como máximo, el Gobierno financiará el 50 por ciento de los daños, teniendo que costear el resto el propio ayuntamiento. ¿Saben qué ocasiona
esto? Que ningún ayuntamiento a día de hoy pueda presentar reclamaciones de daños porque no tienen con qué costear y hacer frente a ese 50 por ciento restante. Son ayuntamientos de Galicia de
menos de 3.000 habitantes, con presupuestos en muchas ocasiones ridículos y que supondría, en algunos casos, el endeudamiento durante décadas de esos ayuntamientos. De ahí la presentación de una autoenmienda a la proposición no de ley en la
que solicitamos que se incluyan todos los ayuntamientos de la provincia de Ourense que sufrieron incendios de gravedad y que se acordó, por unanimidad de todos los grupos representados en la provincia -Partido Popular, PSOE y BNG-, que a aquellos
ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes, de forma excepcional, se financien íntegramente los daños ocasionados. Si no es así, no daremos respuesta a los ciudadanos, que ven sus montes negros, sus propiedades y bienes perdidos. El Gobierno
anuncia ayudas que nunca llegan, nunca llegan porque el Gobierno de España desconoce Galicia, esa dispersión poblacional, la escasez de recursos con que cuentan los ayuntamientos gallegos.
Pido un poco de coherencia, sobre todo, al Grupo Socialista y que haga lo mismo que se hizo en la provincia. Es decir, si pudo respaldar y consensuar un texto en la Diputación Provincial de Ourense, que hoy podamos nosotros consensuar aquí.
He visto tres enmiendas, la del Grupo Socialista no la aceptaría en principio, porque es aplicar ese real decreto, que ya se está aplicando, pero que no satisface a nadie y que no se van a acoger a las ayudas del mismo; la del Bloque Nacionalista
Galego la tendríamos que estudiar.
El señor PRESIDENTE: Hay tres grupos de enmiendas. Entiendo que las enmiendas del Grupo Popular ya han sido defendidas por el mismo Grupo Popular. Por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Presentamos una enmienda a esta proposición no de ley porque la propuesta que acaba de defender la señora Vázquez nos parece muy interesante y necesaria dada la situación de los ayuntamientos de Galicia que
sufrieron el verano pasado incendios forestales.
Característica propia del país es la dispersión poblacional, como en más de una ocasión hemos hablado, y la dispersión de núcleos de población crea también unas particularidades en el monte y en la
masa forestal del país. En ese sentido, Galicia fue la comunidad autónoma donde más hectáreas ardieron en el Estado español -frente a las 172.000 hectáreas que ardieron en el Estado español, 56.400 corresponden a Galicia, detrás está Castilla y
León con 41.000-, y además es la zona del Estado español que más hectáreas arboladas tiene, curiosamente. Esa dispersión, por la propia característica de las zonas de monte del país, hace que las hectáreas ardidas sean igualmente dispersas y, por
lo tanto, no puedan en muchísimos de los casos adherirse a lo acordado en el Decreto 11/2005 que aprobamos en el mes de julio, un decreto que se hacía con urgencia por una serie de circunstancias igualmente urgentes. En su momento, nuestro diputado
Francisco Rodríguez, al mismo tiempo que dio el voto a favor de este decreto por la urgencia y la necesidad que existía en ese momento, expresó que no recogía la realidad de Galicia en el sentido que estoy exponiendo. Cuando se negocian con la
Xunta de Galicia estas ayudas de acuerdo al decreto mencionado y al decreto que lo desarrolla, el 1128, efectivamente, se recoge una serie de ayuntamientos que van a recibir ayudas de reforestación y otros ayuntamientos que van a recibir otras
ayudas, pero siguen excluidos otros; nosotros entendemos que van más allá de los que recoge la propia propuesta. Y nos parece lógico que sea así porque la diputada es de Ourense y por lo tanto trae un problema que conoce y que tiene más cercano,
pero abarca a más localidades de Galicia, de otras provincias.
Presentamos la enmienda en los términos en que se recoge en el documento que tienen todos ustedes, en la medida de que el acuerdo se haga con la Xunta de Galicia y que sea ésta la que negocie y ponga sobre la mesa los ayuntamientos que
necesitarían paliar las pérdidas sufridas con las ayudas que se marcarían en este convenio. Pensamos que puede ser la fórmula más adecuada para asumir las pérdidas en todos los ayuntamientos de Galicia que quedaron excluidos del decreto, Por
supuesto, estamos abiertos a negociar con el Grupo Popular una transacción teniendo en cuenta la enmienda socialista.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: En relación con esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, conviene centrar el debate. En primer lugar, porque esta proposición no de ley fue presentada el 26 de septiembre, y ello tiene su
importancia. Cuando el Grupo Popular registró esta proposición no de ley, como he dicho, el 26 de septiembre, es de suponer que los diputados populares estaban preocupados, como también lo estábamos los diputados socialistas, por la intensidad y la
magnitud de los incendios en la provincia de Ourense y por extensión en Galicia. Los diputados socialistas, además de estar preocupados, confiábamos plenamente en las medidas que el Gobierno aprobaba ese mismo día mediante el Real Decreto
1123/2005, reproduzco la proposición no de ley del Grupo Popular porque es muy importante. Dice: Instar al Gobierno a dotar de ayudas económicas a todos los ayuntamientos de la provincia de Ourense que sufriesen incendios a lo largo de 2005 en la
menor brevedad posible y dada la gravedad de los mismos. Bien, habla de ayudas económicas, no dice íntegramente ni nada parecido, aunque la autoenmienda que presenta ahora el Partido Popular sí lo refiere.
En todo caso, la proposición no de ley, además de reconocer las altas cifras de hectáreas quemadas en años pasados, durante la gestión del Partido Popular en la Xunta de Galicia, introduce, como es habitual, una sospecha
de discriminación por parte del Gobierno con la provincia de Ourense.
Evidentemente, la aprobación ese mismo día, como he dicho, día 26 de septiembre, del real decreto citado, viene a demostrar que aquello era una falacia, que también es
habitual en el PP, puesto que el real decreto tiene por objeto declarar de aplicación el Real Decreto Ley 11/2005, de medidas urgentes en materia de incendios forestales a los municipios y núcleos de población que se relacionan en un anexo. Entre
ellos se señala específicamente a los de Avion, A Bola, Cualedro, Laza, Monterrei, Oimbra, Verín, Vilardevós, Muíños, Porqueira y Taboadela, es decir, 11 de los 28 municipios gallegos también citados expresamente en el Real Decreto 11/2005, y de los
49 de todo el Estado. Lo digo porque la proporción es alta; que un real decreto cite expresamente 11 municipios orensanos de 49 en todo el Estado, muestra un interés específico, un reconocimiento específico del Gobierno hacia la problemática de la
provincia de Ourense. En total son el 70 por ciento de los citados en la proposición no de ley del Partido Popular, pero hay que tener en cuenta, que se debe obedecer a criterios prefijados y establecidos; correríamos el riesgo de estimular la
cultura del fuego si cualquier incendio que se produce va a ser sujeto inmediatamente a indemnizaciones y medidas compensatorias. Por lo tanto, los criterios están establecidos en el real decreto y a eso hay que sujetarse.
El Real Decreto 1123/2005 contempla además específicamente el establecimiento de una línea prioritaria de actuación para proporcionar servicio de telefonía móvil y acceso a banda ancha a los municipios y núcleos de población afectados y
también la posibilidad de declaración de zona actual especial para restauración forestal y medioambiental con carácter de emergencia de determinadas características. Cito lo de la banda ancha y la telefonía móvil porque es una aspiración
tradicional que tenemos en la provincia de Ourense, dadas nuestras características de dispersión poblacional y la dificultad de nuestros ayuntamientos para proporcionar este servicio. Es curioso que el propio real decreto fije específicamente esta
posibilidad. Recuerdo que la proposición no de ley del Partido Popular pedía solamente ayudas económicas. Pues bien, como este real decreto, a su vez, hace aplicable el Real Decreto Ley 11/2005, de 22 de julio, contempla estas medidas que ahora sí
son aplicables a los municipios de la provincia de Ourense y el resto de los citados en el anexo: indemnizaciones de daños en producciones agrícolas y ganaderas, beneficios fiscales, reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias,
medidas laborales y de Seguridad Social, mejoras en régimen de contratación de obras y servicios de reparación de daños, ayudas por daños personales, ayudas en materia de vivienda, líneas preferenciales de crédito, medidas de cooperación con las
administraciones locales y relativas a los seguros. Por si el acuerdo de Gobierno del 26 de septiembre fuese poco, el 4 de octubre el presidente del Gobierno visita por segunda vez en 6 meses la provincia de Ourense -Aznar no lo había hecho nunca-
y lo hace expresamente a la zona más devastada, la comarca de Monterrei, de la cual soy vecino, acompañado del presidente de la Xunta, la ministra de Agricultura y el conselleiro del Medio Rural, y mantiene una reunión con los alcaldes de los
municipios afectados.
Algunos de ellos, del Partido Popular, manifiestan complacidos que el presidente mostró la voluntad de atender las peticiones que hicimos, fue receptivo y dialogante. De esto hace mes y medio. Según lo publicado, los
responsables municipales salieron satisfechos tras el anuncio de las ayudas por los incendios, y el propio presidente de la comunidad, también del Partido Popular, calificó el mensaje del presidente de alentador, y se mostró confiado en que se
recibiría pronto el dinero que llegaría a través de estas líneas de ayuda. Recuerdo que el presidente se comprometió específicamente para ayudas forestales en la comarca de Monterrei con 4 millones de euros. Señorías, si los alcaldes están
satisfechos una semana después de presentar el Partido Popular su proposición no de ley aquí en el Congreso, ¿a qué viene ahora este debate y esta autoenmienda? Su propuesta ha sido sobrepasada, con mucho, por el compromiso asumido y a la luz de lo
ocurrido solo cabe esperar que las medidas se hagan efectivas. Por eso nosotros presentamos la enmienda pidiendo que se aplique el real decreto con la mayor brevedad posible en la provincia de Orense.
Sabemos también del interés de la Consellería del Medio Rural en el seguimiento de las medidas y de facilitar aquellas cuestiones que pueden mejorar aún la aplicación de medidas, así como de participar en colaboración con el Ministerio de
Medio Ambiente en la redefinición de una nueva política contra el fuego basada en la prevención, la valorización del monte y el aprovechamiento sostenible.
Quiero finalizar recordando, como ha dicho el alcalde popular del ayuntamiento en el que yo nací, que el mensaje es alentador y, por tanto, acogernos a ello. Espero llegar a un acuerdo transaccional entre todos.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, del Grupo Popular, para definirse sobre las enmiendas presentadas.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Me gustaría que se hiciese constar que las ayudas que se dan son las del artículo 2 y 12 del real decreto. Sí incluye la telefonía móvil y solo las ayudas que ya les llegaron, y una carta que están recibiendo los
alcaldes que dice que es hasta el 50 por ciento solo para ayudas de reforestación, no incluye el resto de los beneficios que usted ha mencionado. Quiero dejar ahí el documento a efectos de que conste.
También quiero decirle que ha faltado a la verdad cuando ha dicho que el señor Aznar no había visitado la provincia. No seas mentiroso, Alberto, que ha estado allí, él sabe que ha estado allí. (El señor Fidalgo Francisco: Mentiroso no,
equivocado.) No obstante, voy a hablar
ahora con ellos, continuar la charla que teníamos antes y en breves momentos le diremos, señor presidente, qué es lo que hemos acordado.
-SOBRE LOS PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LAS CENTRALES TÉRMICAS DE CICLO COMBINADO UBICADAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTEJÓN (NAVARRA) PROMOVIDOS POR ELÉCTRICA DE LA RIBERA DEL EBRO, S.A. E IBERDROLA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO. (Número de expediente 161/001104.)
El señor PRESIDENTE: Recuperamos el punto quinto del orden del día en esta gestión del caos que estamos llevando hoy.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, Nafarroa Bai, tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Quiero comenzar pidiendo disculpas a la Comisión porque temo ser, no la causa, pero sí parte del caos producido esta mañana en el orden del día. Supongo que el resto de los diputados comprenden la posición de los
diputados del Grupo Mixto, que en algunas ocasiones se nos pide una ubicuidad más allá incluso de la física. Así que comienzo con estas disculpas y agradezco a la Presidencia y a la Mesa haber tenido en consideración este asunto.
Comenzaré con la presentación de esta proposición no de ley que, por cierto, tiene hoy casi arranque de titular con el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, es portada en todos los medios de comunicación en el conjunto del Estado
esta mañana, y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Quiero recordar un solo punto de ese informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente que dice: De todos ellos -de todos los países europeos- España no está en camino de lograr los
objetivos en las emisiones de gases de efecto invernadero de sustancias acidificantes y de precursores de ozono y en la producción de residuos urbanos. De bastante de esto pretendemos hablar esta mañana, porque la proposición no de ley que Nafarroa
Bai trae hoy a la Comisión de Medio Ambiente se sustenta por multitud de compromisos bastante evidentes y razonables: con una sociedad de progreso, con el bienestar de sus ciudadanos, con la preservación del entorno de nuestras sociedades, por
supuesto, también, con una apuesta bien clara por la autonomía energética realista y sin demagogias. Podría así continuar, señorías, hasta el infinito, pero quiero finalizar con una herramienta que nos parece fundamental a la hora de trabajar un
asunto como éste que nos ocupa, que no es otra cosa que el sentido común. Sobre ese eje quiero pivotar el contenido de la exposición.
Voy a utilizar una serie de argumentos que, de alguna manera, vienen ya definidos en la exposición de motivos de la proposición no de ley que presentamos y que ustedes habrán tenido oportunidad de leer, pero que quiero desarrollar.
Argumentos, como digo, en cualquier caso, de simple y sencillo sentido común. El primero es el Plan nacional de asignaciones para 2005-2007. Se trataba de un esperanzador marco legal según el cual, y aquí ya nos vamos al detalle, 20 de las
industrias afectadas por el Plan nacional de asignaciones están en Navarra y, entre ellas, las dos centrales térmicas de ciclo combinado que actualmente se encuentran en Castejón y que son las que se quieren duplicar. Estas dos centrales ya
existentes podrán verter este año a la atmósfera el 55 por ciento del total de las emisiones de CO2 de la Comunidad Foral, 1,8 millones de toneladas. En definitiva, hemos hecho esos cálculos fácilmente constatables, hablamos de las mismas que
emiten 500.000 vehículos en un solo día. Lógicamente, aumentarán de forma aún más preocupante si la construcción de las dos centrales previstas se lleva a cabo. En cualquier caso y ahondando más en previsiones poco optimistas, por más que el marco
legal sea esperanzador, de las 18 industrias restantes en Navarra afectadas por el Plan nacional de asignaciones, 5 de ellas están en Tudela, a 5 kilómetros de la localidad de Castejón, lo que sumado a las emisiones de las centrales de Castejón,
eleva a 2 millones de toneladas de CO2 las que se van a emitir, como mínimo, en ese escaso radio que señalaba de unos cuantos kilómetros en esta zona. En definitiva, el marco legal con ese Plan nacional de asignaciones, como decía, es esperanzador,
si es que se tiene intención de cumplir. Por cierto, y por no extenderme, no quiero entrar al detalle del número de empresas y de la cantidad de emisiones, no solo en el entorno exacto de Castejón, sino en toda la zona, pero, si alguien en las
posteriores intervenciones estuviera interesado en que se conozcan con detalle esas empresas y sus emisiones, tengo los datos relativos a esa zona de Navarra y, por supuesto, a La Rioja. En cualquier caso, y empezamos con este primer argumento, la
concentración de emisiones de CO2 en la zona es incontestable, al menos, desde el sentido común.
Segundo, otros contaminantes: óxidos de nitrógeno. Una sola central de 400 megavatios emite alrededor de 110 kilogramos/hora de óxidos de nitrógeno en condiciones medioambientales aceptales; en verano, todos lo saben, esto se dispara.
Desde que empezaron a funcional las dos centrales de Castejón, y son datos oficiales de la Administración, los niveles de información de contaminación por ozono se han disparado en varias ocasiones; insisto, son datos de la administración. Como he
dicho, esto sucede con dos centrales térmicas que se pretende duplicar. Además, tanto en la estación de la localidad de Arguedas, como en la de Tudela -para quien no lo conozca son localidades colindantes-, se han superado no una, ni dos, ni tres,
sino numerosísimas, decenas de veces, los umbrales de protección de la salud humana. Se lo voy a decir porque tengo datos por aquí. En el caso de Tudela, los umbrales de protección se superaron 80 veces en el año 2003, 65 de ellas en verano;
en el año 2004, 52 veces, 38 veces en verano. En Arguedas, en 2003, 18 ocasiones y, en 2004, en 63 ocasiones fueron superados los umbrales de salud. Son datos, como he dicho de la propia Administración. Podríamos continuar, señorías, con
mediciones igualmente preocupantes en torno a partículas que también rozan y contravienen los límites marcados por la propia Administración. Desde luego, todo esto se vuelve a dar de cabezazos, una vez más, con el sentido común, si lo que nos ocupa
es la salud de los ciudadanos y la protección del medio ambiente.
El tercero de los argumentos es el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Según establece el artículo 4 de este reglamento, una central térmica debe emplazarse a una distancia superior a 2.000 metros, a 2
kilómetros, del núcleo más próximo de la población agrupada. Pues bien, las centrales térmicas de Castejón se encuentran enclavadas a 500 metros de la localidad, y las dos nuevas centrales previstas estarán igualmente a distancia muy inferior, por
supuesto, a la prevista por el reglamento. De lo que se hizo, es decir, de las dos centrales existentes no estamos hablando ahora, pero de las dos cuya construcción está prevista, sí. ¿Se puede explicar por qué la distancia necesaria según el
reglamento no es distancia necesaria en Castejón? Digo si se puede explicar desde el sentido común.
Con estos datos en la mano, emisiones de CO2 lejos, muy lejos, del plan de asignaciones, superación de los umbrales de información o superación de los umbrales de la salud humana en emisiones de otras sustancias, concentraciones excesivas de
empresas contaminantes y cercanía a núcleo urbano, ¿se podría decir no a una iniciativa como la que nos ocupa, a una nueva central térmica de ciclo combinado, al menos, desde una vía, desde la declaración de impacto medioambiental? Pues claro que
se puede, por supuesto que se puede, y éste es el cuarto de nuestros argumentos.
Recientemente, tengo la fecha aquí, el 20 de octubre de 2005, hace poquito más de un mes, se emitía la primera DIA negativa del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso a la construcción de una central térmica de 400 megavatios, mismas
características, promovida por Endesa en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. La DIA es negativa porque considera que la ejecución no es compatible -atención- con el cumplimiento de los límites establecidos para los niveles de inmisión de óxidos de
nitrógeno ni con los niveles de ozono en el medio ambiente. A esta DIA hay que añadir otra, todavía no hecha pública, probablemente todavía no redactada, pero sí anunciada por la ministra Narbona, que según leemos en el 'Diario de Sesiones' de 15
de septiembre de 2005 en el Senado, y en respuesta a una senadora gaditana, Ana Chacón, que quería conocer la posibilidad de construcción de otra central térmica en Arcos de la Frontera, la respuesta de la ministra era la siguiente. Para llegar a
este resultado -afirmaba que la DIA iba a ser negativa- en el caso de la planta energética de Arcos de la Frontera, como ante cualquier otra actuación que se somete al procedimiento exigido por la legislación ambiental, se ha considerado la calidad
del aire y del agua, el entorno, la proximidad de los núcleos urbanos, la existencia de otra central; todo ello -insisto son palabras de la ministra Narbona- ha llevado a una decisión de carácter negativo por parte del Gobierno en lo que respecta a
la DIA de una central térmica en Arcos de la Frontera. En definitiva, una explicación tan sencilla como aplastante, pero que difícilmente explica por qué esto tampoco vale para Castejón, cuya tercera central térmica ya tiene DIA y es positiva.
Insisto en que no encuentro explicación con un mínimo digno de sentido común, pero, por supuesto, hay más argumentos.
Termino, señor presidente, se dirá, por supuesto, y seguro que lo escuchamos hoy en esta sala, que las necesidades energéticas son las que son y que hay que evitar demagogias simplistas en este debate. Estén seguros de que estamos
absolutamente de acuerdo, pero, y es el quinto argumento a favor de esta proposición no de ley, un dato que tanto el Grupo Socialista como el Grupo Popular conocen con seguridad, o al menos deben conocer, porque es una respuesta por escrito del
Gobierno del Partido Socialista al senador del Grupo Popular don César Aja Mariño, y leo el Boletín Oficial del Senado, que tengo en las manos: Cabe añadir finalmente -afirma el Gobierno- que la cobertura de la demanda eléctrica aceptando las
previsiones de crecimiento de la misma en tasas de 4,5 por ciento para 2004, 4 por ciento para 2005 -y se viene cumpliendo de momento- y 3,5 por ciento para el resto de los años hasta 2011, está asegurada con la disponibilidad actual y prevista del
parque de generación eléctrico español. Me dirán ustedes: Claro, con la disponibilidad actual y con la prevista. Sí, pero el compromiso de unos y otros, de los grandes grupos y de los pequeños grupos de la Cámara, según se ha expresado en
multitud de ocasiones, es que la energía prevista será con una apuesta fundamental de energías renovables, y si no es así, díganlo.
Por cierto, para no tratar con demagogia el debate sobre la energía, empecemos ya a hablar de autonomía energética. Creo que todos estaremos de acuerdo, lo que los ciudadanos necesitan, o lo que todos necesitamos, y podemos y estamos
dispuestos a gastar, porque, si no hablamos de autonomía energética y nos salimos de este terreno de juego, de lo que estamos hablando es de negocio, sin duda lícito, pero, en definitiva, de negocio de empresas, que nada tiene que ver, a la vista de
lo que hemos expuesto hoy en esta proposición no de ley, con el interés general.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Cualquier ocasión es buena para los navarros, para hablar de nuestra tierra, esta proposición no de ley nos permite hacerlo. Quería decirle a la portavoz de Nafarroa Bai que
podía haber dicho también, que, en lo que se refiere a energías renovables, Navarra es una comunidad puntera. Somos pioneros, somos líderes, también en fútbol, pero, en este caso, igual les dura poco, señor presidente. Lo tenía que haber
dicho, porque es una realidad incontestable y reconocida no solo en España, sino en Europa. La apuesta de Navarra por el respeto al medio ambiente no es una cuestión de gobierno, yo creo que es una cuestión de cultura. Todos los navarros somos
conscientes de la importancia de progresar y de respetar el medio ambiente. Yo creo que era una buena oportunidad para decirlo y alabar que eso es así. A la vez, podría haber dicho que Navarra no es autosuficiente en materia energética, podría
haber dicho que el 70 por ciento del consumo eléctrico en Navarra procede de energías renovables, cosa que no ocurre en ninguna otra comunidad, y en eso somos los primeros. Podría haber dicho que en Navarra está instalado el Centro Nacional de
Energías Renovables, que estudia la posibilidad de que en el futuro se implanten otras fuentes de energía menos contaminantes: fotovoltaica, eólica. Es una buena oportunidad. Me extrañan sus argumentos y la llamada que hace al sentido común,
porque la energía producida no se almacena, que yo sepa. La energía no se almacena. La única energía que no contamina es la que no se consume. Si lo que estamos haciendo es modernizar las instalaciones para que, al producir la energía que
consumimos -porque la que no consumimos, repito, no contamina-, contaminen menos, usted no puede decir que estemos yendo en la dirección incorrecta; eso es evidente. Si los procesos por los cuales se genera la electricidad -que no se almacena,
repito, porque la energía nos sobra, solo se consume la que se genera- contaminan menos, son más modernos y son alternativos, usted no me puede decir que vamos en la dirección incorrecta.
Técnicamente no lo puede mantener.
Su proposición, dejando aparte posicionamientos políticos y declaraciones más o menos generales sobre el medio ambiente o el respeto al medio ambiente, pretende algo muy concreto: revocar una declaración de impacto medioambiental y
paralizar otro expediente que está ya iniciado. ¿Qué quiere que le diga? Yo tengo la sensación de que lo que usted nos está pidiendo es que hagamos una prevaricación; usted está pidiendo que prevariquemos. Por un posicionamiento político,
revoquemos un expediente administrativo. Yo he oído muy atentamente las explicaciones de la diputada Casaus sobre el procedimiento administrativo en una proposición no de ley anterior y reproduzco lo que ella ha dicho; tiene que haber unas vías.
Ustedes tendrán que probar, tendrán que recurrir, tendrán que apelar y tendrán que buscar en ese expediente las equivocaciones, los fallos, los problemas, las ilegalidades, para poder realizar esa revocación. Eso es lo que toca. Sin perjuicio de
que ustedes no compartan los criterios de esa declaración, que no crean que es lo más apropiado, tendrán que probar ante la Administración y en su caso ante los jueces si, por el hecho de esa aprobación, se están produciendo una serie de
ilegalidades o de incumplimientos, más allá de los incumplimientos que ustedes entiendan, de algunos compromisos que son futuros y no actuales.
Me extraña, además, que, viniendo de un grupo que, como ideario político, pretende constituir o crear una entidad política independiente, que no entienda que uno de los parámetros es la suficiencia energética. Y, como le he dicho, Navarra
no es autosuficiente, no lo es, y probablemente se pueda autoabastecer en función de la implantación de esas ampliaciones.
Su actitud es contradictoria. Los argumentos que dan no están suficientemente acreditados para que nosotros podamos
apoyarlos. A menor dependencia, más independencia. Ahora que está tan de moda hacer procesos de memoria histórica, lo cierto es que cada vez que en Navarra hay alguna iniciativa importante, ustedes siempre se manifiestan en contra. Si hubiéramos
seguido los consejos que ustedes y su grupo nos dan en estas materias, y en otras, que han supuesto progreso para Navarra, hoy, señora Barkos, seríamos mucho más pobres; ustedes se oponen a todo aquello que represente un progreso para Navarra, son
incorregibles. Me llama la atención que uno de los argumentos para intentar buscar nuestro apoyo a esa revocación sea decir que es el cumplimiento -me va a permitir que le diga que esto es delicioso- de las medidas recogidas en un documento que se
llama Estrategia española contra el cambio climático. Reconocerá que, viniendo de donde viene, no deja de tener una cierta gracia. También le diré que el Parlamento de Navarra, el Parlamento Foral, como usted bien sabe, el jueves pasado se
posicionó sobre este mismo tema y reproducimos lo que allí se dijo. Yo quiero exigir una cierta congruencia a aquellos que hace escasos días, cuando se iniciaba el trámite del proyecto de la reforma del Estatuto de Cataluña, decían que, en la
medida en que se había obtenido un consenso en Cataluña, debíamos ser respetuosos con lo que allí se había dicho. A esos grupos que en su día utilizaron ese argumento para que otros votaran en contra, a aquellos que entonces pedían ese respeto,
ahora, en la medida en que en el Parlamento Foral, hace menos de una semana, se votó y se aprobó por abrumadora mayoría rechazar una moción similar, les digo que nosotros nos mostramos igual de congruentes en las entidades locales, en el Gobierno
foral, y pedimos que se haga menos demagogia y que ese sentido común del que usted hablaba nos lo podamos aplicar todos.
Nuestro voto será, por estas razones, en contra y esperamos que ésta y otras iniciativa permitan en el fondo y a futuro que Navarra siga siendo pionera en materia de energías renovables, de energías limpias.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, la señora Castillejo tiene la palabra.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Señorías, como decía el portavoz del Grupo Popular nos encontramos con una iniciativa similar a la presentada por el Grupo Aralar y debatida este pasado jueves, día 24 de
noviembre, en el Pleno del Parlamento de Navarra. Como no puede ser de otra manera, mi grupo mantendrá la misma postura que tuvimos en la Cámara foral.
Como rasgo general, quiero manifestar que desde el Grupo Socialista creemos que la construcción de centrales térmicas de ciclo combinado presenta clarísimas ventajas con respecto a las centrales de fuel y de carbón, dado que las emisiones a
la atmósfera por unidad de energía producida son muy inferiores. Entre otras ventajas ambientales, las emisiones de partículas y dióxido de azufre son prácticamente inexistentes y las emisiones de óxido de nitrógeno y de óxido de carbono son muy
inferiores. Consideramos que la construcción de este tipo de centrales va a contribuir a desplazar a las que emplean fuel y carbón y por tanto a reducir, en el ámbito nacional, las emisiones de partículas de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno,
ayudando así al cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kioto con el que el Gobierno de España, el Gobierno socialista, tiene un claro compromiso. Hago mías las palabras que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento de
Navarra, uno de los partidos integrantes de Nafarroa Bai, pronunciaba en el debate que tuvo lugar la pasada semana, cuando manifestó que estas centrales son mucho menos agresivas con el medio ambiente. Está muy claro que actualmente las centrales
de ciclo combinado disminuyen el índice de emisiones que se produce en el Estado, y, además, el sistema de imputación de emisiones está basado en la solidaridad internacional, y todos estamos de acuerdo.
Quiero recordar, dado el marco legal del que nos hemos dotado, que la instalación y la ubicación de centrales térmicas está liberalizada y que la planificación de centrales no es vinculante, según la normativa que regula el sector eléctrico.
El otorgamiento de autorización administrativa para la construcción, explotación o, como en este caso, modificación de instalaciones tiene carácter reglado y se rige por los principios de transparencia, objetividad y no discriminación, y los
solicitantes deben acreditar una serie de condiciones entre las que se encuentran las condiciones de eficiencia energética, condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y adecuado cumplimiento de condiciones de protección del medio
ambiente y minimización de los impactos ambientales. Si el Ministerio de Medio Ambiente considera que es ambientalmente viable, no existen razones objetivas para denegar la autorización administrativa con la actual legislación. Ese es nuestro
criterio político sobre la instalación de centrales de ciclo combinado y ese el marco actual legal que afecta a esta iniciativa.
No puedo obviar algunas de las consideraciones que ha hecho el portavoz del Grupo Popular, incurriendo en determinados localismos que me hacen pensar, personalmente, que a algunos navarros les conviene viajar un poquito más y mirarse menos
el ombligo. Se habla de que Navarra es una comunidad puntera en materia de energías renovables. Sin querer incurrir en este tipo de localismos, quiero hablar, por ejemplo, de la venta de EHN; efectivamente, buque insignia de la apuesta por la
energía eólica en Navarra. Fue una apuesta que se hizo en la época de gobiernos socialistas, que el Gobierno actual, el Gobierno de UPN, lo ha vendido para invertir el patrimonio de los navarros en la Bolsa. Este es el tipo de actuaciones que, en
materia de energía renovables, practica el Gobierno de Navarra.
Centrándome en la iniciativa que nos ocupa, esta afecta, como se ha dicho, a dos proyectos relativos a la localidad navarra de Castejón. Por una lado, la ampliación de la central promovida por Eléctrica de la Ribera del Ebro y, por otro, la
ampliación de la central promovida por Iberdrola. En el primero de los casos, Eléctrica de la Ribera del Ebro, S.A., el Ministerio de Medio Ambiente nos informa de que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ha empleado los métodos de
evaluación adecuados a la problemática de instalación, contemplando todos los impactos que pudiera producir la instalación. El resultado fue que la ampliación proyectada es ambientalmente viable. Con las condiciones establecidas en la citada
declaración de impacto ambiental se garantiza que la instalación cumplirá con lo exigido en la legislación vigente sobre evaluación del impacto ambiental de protección del medio ambiente atmosférico, del dominio público hidráulico y de residuos.
Nosotros consideramos que no hay motivo, como se solicita en la iniciativa de Nafarroa Bai, para revocar la declaración de impacto ambiental de este proyecto de ampliación. En el segundo de los casos, la ampliación de Iberdrola, el procedimiento se
está ejecutando de conformidad con la legislación vigente, insisto, estando, como se ha dicho, pendiente de que se formule la correspondiente declaración de impacto ambiental, que determinará su viabilidad ambiental y establecerá las condiciones
para minimizar los impactos medioambientales. Por eso tampoco entendemos que haya motivos para paralizar el procedimiento de impacto ambiental.
En resumen, por todos estos motivos, políticos, medioambientales, legales y técnicos, votaremos en contra de esta iniciativa. (La señora Barkos Berruezo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Por alusiones, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto y medio, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Se ha dicho en esta sala que la iniciativa pretendía casi casi una prevaricación de la Comisión y quiero responder.
Me encuentro con que no es la primera ocasión en que, en lugar de responder a los argumentos que
se están dando, los argumentos, los datos objetivos, en este caso en esta proposición no de ley, se responde con afirmaciones de esta gravedad, que yo creo que más pretenden asustar y que sobre todo buscan no responder a los datos objetivos
y ciertos de esta proposición no de ley, que, por cierto, se presenta aquí, que es donde se debe presentar, respetando las formulaciones del Parlamento de Navarra, dirigida al Ministerio de Medio Ambiente.
Termino, señor presidente, diciendo que no es prevaricar, ni mucho menos, pero sí es faltar a la verdad no recordar e informar a la sociedad o en cualquier caso a quienes aquí estamos, que Navarra perderá su posición de buque de proa,
efectivamente, su posición de buque en las energías renovables, en el momento en que se construyan esas dos centrales térmicas. Díganlo así a la hora de reconocer la potencia de energías renovables en Navarra.
-RELATIVA A LA VULNERACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, CON LA APROBACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 11/2005, DE 22 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE INCENDIOS
FORESTALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC). (Número de expediente 161/001306.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la número 8 del orden del día.
Tiene la palabra la señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Señorías, ustedes recordarán muy bien que a principios del verano pasado hubo un gran incendio en Guadalajara que, además de cobrarse vidas humanas, supuso una gran catástrofe económico-medioambiental. Se vieron
afectadas, no solo Guadalajara, sino también otras comunidades autónomas. Había unas condiciones climáticas muy adversas, veníamos de una larga sequía y era previsible que el verano iba a ser muy duro. Había también una gran crispación
medioambiental, un catastrofismo en la prensa alimentado por algunos grupos. Era evidente que era necesario promulgar unas normas, ya que algunas comunidades autónomas no se habían preparado para evitar la propagación de incendios de este tipo. En
ese momento, el Gobierno promulgó un real decreto, este real decreto incluía unas normas que invadían las competencias de algunas comunidades, entre ellas las de Cataluña. Esquerra Republicana, como ustedes saben, somos un grupo independentista,
celosos de las pocas competencias que tiene la Generalitat de Cataluña, pero en este caso hizo un ejercicio de responsabilidad y, para no añadir más conflictividad a la que ya había, votamos a favor de este real decreto con la condición de que
tuviera una vigencia limitada en el tiempo, hasta noviembre, y que al día siguiente otro real decreto anularía algunas de las invasiones más flagrantes. Así se hizo. A pesar de esto, en octubre, consideramos que era necesario asegurarnos de que
este real decreto no iba a seguir vigente en el tiempo y quisimos establecer como norma que, cuando la Administración del Estado deseara regular en algún tema que, invadiera competencias, no fuera a base de reales decretos, sino de una normativa
básica. Este es el motivo de esta proposición no de ley.
Hay tres puntos en esta proposición no de ley. En el primero decimos que en cualquier normativa que apruebe la Administración del Estado se respete escrupulosamente el reparto competencial entre la Administración y los estatutos de
autonomía de las comunidades. En cuanto al segundo punto, que pedía no prorrogar más allá del día 1 de noviembre, voy a hacer ahora una autoenmienda in voce para decir que está anulado, porque realmente este real decreto ha sido anulado. El tercer
punto pide que cuando se quiera promulgar normativas desde el Estado se haga con una ley básica, no con reales decretos, ya que las comunidades autónomas que tienen competencias de esta manera no pueden tampoco desarrollar su normativa básica. Si
vamos cambiando aspectos a base de reales decretos cada 6 ó 7 meses, según la conflictividad que haya en aquel momento en el Estado, se crea inestabilidad para las normativas autonómicas. Vamos a someter a votación solo el punto 1 y el punto 3.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Señor Guinart. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guinart. Así avanzamos más rápidamente.
Para posicionarse sobre esta proposición no de ley tiene la palabra por el Grupo del Partido Popular, la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Nuestro grupo votará favorablemente la proposición no de ley de Esquerra Republicana de Catalunya a la que no obstante desearía hacer alguna matización. En primer lugar querría que, cuando se inicia la proposición
no de ley, se dijera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, y quitar el resto del párrafo. Lo pedimos para que esta proposición no de ley tenga un carácter más general, que no se ciña solamente a Cataluña, que se pueda ampliar a todo el
Estado. La propuesta que ha hecho la señora Bonàs de que no se invadan competencias autonómicas queremos que sea aplicable -lo queremos, deseamos y lo apoyamos- a todo el Estado. En segundo lugar, yo iba a hacerle una sugerencia, pero creo que hay
una enmienda de Convergència i Unió que recoge la corrección del punto primero y aclara que tiene que ser la Administración General del Estado.
Con esta modificación, votaremos favorablemente esta proposición no de ley. Lo haremos porque creo que es de una lógica aplastante, pide simplemente que se respete el reparto competencial que tienen las comunidades
autónomas. Nosotros estamos de acuerdo y creemos que debe extenderse a todos los ámbitos. Supongo que se mantendrá este deseo de respetar la competencia de las comunidades autónomas, en el próximo debate que vamos a mantener sobre la Ley
de Montes, con la estrella de la ministra de Medio Ambiente de establecer un plazo de 30 años para el cambio de uso forestal por razón de incendio, que es ni más ni menos que una competencia autonómica. Creemos que la señora Bonàs mantendrá la
postura que tiene en este momento.
Esperamos que la aprobación de esta propuesta evite próximos reales decretos precipitados, inoperantes y demagógicos, como el del 22 de julio, que, debido al estado de conmoción que había por el incendio de Guadalajara, donde se quemaron
13.000 hectáreas y hubo once víctimas mortales, se hizo de una manera apresurada. Ocho días más tarde, el 29 de julio, tuvieron que corregirse numerosos aspectos del mismo. Creemos que estos decretos son demagógicos, son una forma de engañar a la
población con unas medidas que luego no pueden ponerse en práctica, porque no son competencia del Gobierno. Fíjense, señorías, que en el real decreto de 29 de julio se indica que se ha reunido la Conferencia sectorial de Medio Ambiente el 26 de
julio -cuando ya estaba aprobado el primer real decreto- y que se ha considerado que había que precisar el alcance de las previsiones que se habían hecho; y este alcance luego se corrigió. Por consiguiente estamos totalmente con el fondo y con la
forma de la propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Decía la señora Bonàs que, pese a las condiciones climatológicas de este año, algunas comunidades autónomas no se habían preparado suficientemente y los incendios forestales tuvieron más influencia en ellas. Tal vez eso sea cierto, pero
también es verdad que tampoco el Gobierno se había preparado de manera correcta. Prueba de ello es que en el incendio de Guadalajara, 8 de las aeronaves del Ministerio de Medio Ambiente tuvieron que volver a sus bases porque estaban averiadas. La
señora Bonàs también ha dicho que ellos mostraron su responsabilidad votando a favor del real decreto de 22 de julio porque el ambiente exigía tomar una serie de medidas. Le diré que hasta en esto coincidimos, porque el Grupo Parlamentario Popular,
pese a que criticó el real decreto y manifestó su inconsistencia y la invasión de competencias, también votó a favor, porque había aspectos positivos en el mismo, como eran por ejemplo las ayudas a las víctimas, que consideramos que había que
tenerlas en cuenta.
Finalmente, habrá que ver cuál es y cuál ha sido el cumplimiento de todas las medidas establecidas en este real decreto, porque, según los datos que posee nuestro grupo parlamentario ha sido muy escaso. También querríamos saber, y hemos
hecho varias preguntas parlamentarias, las infracciones que se han cometido con respecto a las prohibiciones que estableció el real decreto. Para que conste en el 'Diario de Sesiones' es el momento de decir que una infracción la cometió el Partido
Socialista cuando el 2 de septiembre, en la inauguración del curso político, hizo una fiesta, con barbacoas, en Rodiezmo. Así, el propio Partido Socialista, que había elaborado el real decreto que trajo al Congreso para que lo votáramos, no lo
respetó y cometió una infracción grave.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, la señora Colldeforns tiene la palabra.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Estos decretos no son ni precipitados, ni inoperantes, ni intentan engañar a la población. Hace una semana, la ministra de Medio Ambiente, y si ustedes, señorías del Grupo Popular, hubieran estado allí se
hubieran enterado y no sería necesario repetirlo, informó de que algo habrá hecho este decreto ley para quebrar la tendencia que ha habido durante el verano. Antes de la publicación del decreto ley -estoy citando a la ministra-, el número de
incendios que se había dado era un 69,5 por ciento superior a la media de los últimos 10 años y, después del 22 de julio, el cómputo general significa una reducción del 12,7 por ciento respecto a la media de los últimos 10 años.
Es verdad que nadie
sabe ni nadie podrá saber nunca qué hubiera pasado si no se hubiera aprobado este decreto, pero el dato está ahí. ¿Engañar? ¿Engañar, señorías? ¿Por qué piden, pues, que se cumpla y con celeridad, y lo vamos a probar en esta Comisión, espero, las
ayudas de incendios a Ourense y a todas las provincias y todas las comunidades autónomas que han tenido problemas de este tipo este verano?
Coincido con Esquerra Republicana en un único punto, que es el de la apreciación de la necesidad de este decreto ley que ha hecho al principio, y déjenme explicar las razones de por qué nos vamos a oponer.
Muy rápidamente, el desarrollo de
los hechos es -algunos elementos ustedes ya los han mencionado-: el Ministerio de Medio Ambiente reúne la conferencia sectorial y les explica el real decreto; algunos consejeros y consejeras, entre ellos el de la Generalitat de Cataluña, indican
que hay un punto que podría ser inconstitucional; la propia vicepresidenta, en el debate que hubo en el Senado -ustedes se acordarán-, ya dijo que se iba a rectificar. Así se hizo, porque en el real decreto que se publicó al día siguiente el
artículo 11 está rectificado. Por tanto, yo diría que la reacción fue instantánea, la más rápida que se ha visto nunca en España con relación a estos temas.
Continúo con la historia para que sus señorías la conozcan y para que quede constancia en
el 'Diario de Sesiones' Convergència i Unió se preocupa por la posible inconstitucionalidad del tema y pide un dictamen del Conseil Consulteu de la Generalitat de Cataluña; este dictamen, por unanimidad, dice que concurren situaciones de urgencia,
luego el Gobierno Central está facultado para tomar medidas, y que en una de estas medidas, en una sola, parcial, del artículo 13, podría haber inconstitucionalidad.
Estaremos de acuerdo en que
el Consejo Consultivo es un consejo, no el tribunal, por tanto, no puede decir si es inconstitucional o no. Dice que hay indicios. Con este dictamen en la mano, Convergència i Unió pide un Pleno extraordinario del Parlamento de Cataluña,
para que se acuerde instar al Gobierno de la Generalitat a que presente un recurso de inconstitucionalidad. Se celebra el día 20 de octubre y me gustaría que quedara constancia de que los tres grupos que forman el Gobierno tripartito rechazan esta
proposición por dos razones muy claras: uno, porque ya está rectificado y, dos, porque la fecha del Pleno, que era el 20 de octubre, deja muy claro que cuando se hubiera presentado el recurso, no habría ningún elemento material sobre el cual
mantenerlo, puesto que hubiera desaparecido el objeto de la posible inconstitucionalidad ya porque el 1 de noviembre se terminaban las medidas.
Es obvio que un consejo de juristas no puede dejar de mencionar que un decreto no puede nunca corregir una ley. Es verdad que la forma, solamente la forma, no el fondo, ni la actitud, ni la realidad, era en principio posiblemente
inconstitucional. Siguiendo este razonamiento que se hizo en el Parlamento de Cataluña nosotros vamos a votar en contra, porque, señorías, no puede pedirse reparación de un supuesto incumplimiento que no existe o no se ha hecho. Puede parecer una
contradicción, pero, en principio, podríamos estar de acuerdo con los tres puntos y, si yo tuviera reacción parlamentaria, podría decir: puesto que voy a perder, porque el PP va a votar a favor, me voy a pasar y voy a votar que sí. Pero no, por
coherencia lógica y argumental, que es uno de los elementos básicos del razonamiento y del parlamentarismo, vamos a votar que no. Déjeme empezar por el último punto, como si fuera un periódico que se lee al revés. El último punto, que lo
mantienen, dice que de acuerdo con las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, en las materias donde el Estado tenga competencias para establecer la normativa básica, ésta se establezca con rango de ley. Evidentemente, estamos de
acuerdo. No sé si es en la Comisión de Medio Ambiente donde se deben recordar estas cosas, pero estamos de acuerdo. El segundo punto lo han retirado, y el primero dice que se asuma el punto noveno del acuerdo de la conferencia sectorial.
Señorías, se asumió. Y hay otra cosa, que han corregido, porque se han dado cuenta de que estaba mal transcrito: el punto 1 dice que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno -¿qué Gobierno, el de la Generalitat de Cataluña o el Gobierno de
la nación? Me imagino que debe ser el Gobierno de la nación, porque estamos en el Congreso de los Diputados- a que traslade, en el marco de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la Generalitat de
Cataluña, la necesidad de que el propio Estado apruebe y respete escrupulosamente el reparto competencial. Incluso, por cuestiones formales, no podríamos aprobarlo tal como está. Si se corrigiera, es obvio que entonces ya tendría sentido y espero
que cuando lo aprueben lo hagan con esta corrección, porque, si no, nadie entendería lo que hacemos en este Congreso de los Diputados. Precisamente porque no tiene nada que ver con Medio Ambiente, porque no tiene ningún fundamento, ya que el objeto
de su observación o de su proposición no de ley desapareció, no duró ni un día, ni 24 horas, y para ser consecuente con lo que hicimos en el Parlamento de Cataluña, donde nos opusimos a la presentación de este recurso, con ustedes y con Iniciativa
nosotros vamos a votar que no.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si lo he entendido bien. Aquí hay una enmienda viva del Grupo de Convergència i Unió y una enmienda in voce del Grupo Popular, que no tenía una base para sustentarse y que necesitaría unanimidad de la
Comisión para aceptarla, básicamente a la exposición de motivos, si lo entiendo bien.
La señora DE LARA CARBÓ: No, al primer párrafo.
El señor PRESIDENTE: Al primer párrafo del texto. Bien. Ahora, señora Bonàs, tiene que definirse sobre la enmienda de Convergència i Unió y sobre la enmienda in voce, siempre y cuando ésta última sea aceptada por unanimidad por la
Comisión. Señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: De la enmienda de Convergència i Unió aceptamos el punto 1, que modifica y aclara el texto. Vamos a redactar una transaccional para que sea la Administración del Estado. Vamos a redactar una transaccional y se la
pasaré al señor letrado. El punto 2 no ha lugar, porque se ha anulado. También aceptamos la enmienda in voce si nadie se opone, del Grupo Popular, que clarifica el texto.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien se opone a esta transaccional? (Pausa.) De acuerdo. Cuando tenga el texto, señora Bonàs, páselo por favor a la Mesa.
-RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN BOLETÍN DIARIO DE INFORMACIÓN DE LOS NIVELES DE RADIACIONES ULTRAVIOLETAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001310.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que figura con el número 9 en el orden del día.
Para su defensa tiene la palabra el señor Garrido.
El señor GARRIDO PEÑA: Señorías, cuando en 1974 la comunidad científica dio la alerta sobre el gravísimo problema en el deterioro de la capa de ozono estratosférico, se encendieron todas las alarmas y empezó a haber un debate importantísimo
en la comunidad científica, pero también en los agentes económicos
y en los agentes políticos, sobre cuál era el cambio necesario y qué modificaciones había que realizar para evitar este deterioro.
Posteriormente se han tomado un conjunto de medidas, de acuerdos internacionales, desde la Convención de
Viena hasta la Convención de Montreal; se han ido adhiriendo una serie de países, ha habido también una normativa comunitaria relativamente extensa y podemos decir que, en líneas generales, los objetivos de reducción, básicamente de los
clorofluorocarbonados, que eran los agentes que deterioraban la capa de ozono, han tenido un éxito importante. Eso no significa que el daño realizado en la capa de ozono haya sido reparado y, además, se han producido efectos perversos vinculados a
una sinergia negativa con el cambio climático que no estaban previstos cuando Molina y Rowland establecieron el primer análisis sobre el deterioro en la densidad de la capa de ozono estratosférica. Por lo tanto, el problema, aunque tiene una
agencia de solución relativamente bien encaminada, e insisto, es un ejemplo de éxito en el multilateralismo en la lucha contra problemas ambientales, tiene todavía una repercusión importantísima en los efectos negativos que puede tener,
especialmente, como mencionaremos a continuación, sobre la salud humana.
La propuesta que tienen sobre la mesa, la proposición no de ley, pretende básicamente un objetivo, que es divulgar el estado de la capa de ozono sobre la península Ibérica, sobre el Estado español, para potenciar una serie de objetivos de
prevención, de información y de control, que creo que son básicos ahora mismo. En primer lugar, pretendemos con nuestra propuesta aumentar la difusión de la información que ya está disponible en la página web del Ministerio de Medio Ambiente, a
través de los servicios de las 20 estaciones que tiene el Instituto Nacional de Meteorología, sobre las radiaciones ultravioleta B, que, de los tres tipos de bandas espectrales en que se dividen las radiaciones ultravioletas, son aquellas que tienen
la mayor carga energética y que que causan un mayor daño sobre la salud humana. Se trata de conocer el estado de la capa de ozono y, por tanto, el índice de radiación ultravioleta en cada momento, con previsiones incluso de al menos 72 horas. Esto
permitiría, en primer lugar, poder tomar medidas de prevención, especialmente en determinados periodos del año, en que se incrementan las radiaciones de manera radical, y en algunos lugares más, para que se pudieran evitar los daños sobre la salud,
que son daños importantes. No hay que olvidar que, por ejemplo, el cáncer de piel, que está vinculado directamente con estas radiaciones, es el que ha sufrido en los últimos 15 años un mayor incremento de la mortalidad; ha habido un incremento de
más del 450 por ciento de mortalidad por cáncer de piel en los últimos 15 años en España. También hay otras afecciones vinculadas con la piel y con daños oculares muy importantes, cataratas y otros daños nada irrelevantes. Es un problema
fundamental, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que poder contar con una información, que del mismo modo que se da la información meteorológica o los boletines de alerta sobre alergia, se les pueda prevenir y puedan tomar las medidas necesarias.
En segundo lugar, cumple una labor de información básica sobre los daños medioambientales que ocasiona. Al fin y al cabo, los daños sobre el crecimiento acelerado de la vegetación, los desequilibrios que se producen en los ecosistemas, las
alteraciones en general del sistema inmunológico en la fauna también están directamente vinculados con el incremento del índice de radiaciones ultravioleta. Por último, significa también un elemento básico para poder comprobar las políticas de
lucha contra el cambio climático, porque hay una interacción perversa, un auténtico círculo diabólico entre el deterioro de la capa de ozono y cambio climático. El cambio climático ocasionado por la concentración de gases de efecto invernadero en
la troposfera provoca un enfriamiento en la estratosfera que a su vez produce un daño en la capa de ozono, que a su vez causa un recalentamiento posterior en la misma troposfera, de tal manera que hay un efecto, una sinergia negativa, entre
calentamiento, cambio climático y daño en la capa de ozono. Las políticas de cambio climático están directamente vinculadas también y el control sobre ellas es fundamental.
En definitiva, con esta proposición tratamos de divulgar, de informar y de mejorar la calidad de la información ambiental y de la información sanitaria para que, por un lado, podamos tomas las medidas preventivas necesarias y, por otro,
podamos incentivar y controlar el ejercicio efectivo de las políticas de lucha contra el cambio climático y de las políticas de seguimiento de lucha contra el deterioro en la densidad de la capa de ozono estratosférica.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Señor Guinart, para su defensa, tiene la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Voy a intervenir muy brevemente para comentar la disposición de Convergència i Unió para votar favorablemente esta proposición no de ley.
Nuestras enmiendas van en la línea de reconocer las competencias actuales, y seguramente futuras, en este ámbito de las comunidades autónomas. En el caso de Cataluña está en trámite, en ponencia ya, la transferencia del servicio
meteorológico del Estado en Cataluña a la comunidad autónoma, con lo cual nos parece necesario que en los dos puntos de esta proposición no de ley se contemple la presencia de las comunidades autónomas en la elaboración diaria de este boletín de
información de niveles de radiaciones ultravioletas, que se haga en colaboración con las comunidades autónomas. También entendemos los razonamientos del ponente del Grupo Socialista en el sentido de que modifiquemos en parte nuestra redacción sobre
quién debe elaborar esos informes, en tanto en cuanto parecería entenderse que es una imposición de este Parlamento a la autonomía de las comunidades si se dejara la redacción actual.
Aceptaríamos una transaccional que entendiera el espíritu de nuestra enmienda y que contemplara este respeto a las competencias autonómicas presentes o futuras, pero al mismo tiempo matizando ese aspecto de que no se considera una imposición
por parte del texto de la enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay grupos que quieran posicionarse? Por el Grupo Popular la señora Ramón-Llin tiene la palabra.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: La proposición no de ley del Grupo Socialista que debatimos, que solicita la elaboración diaria de un boletín de información de los niveles de radiación ultravioleta por parte del Instituto Nacional de
Meteorología resulta, podríamos decir, accidentalmente de actualidad, por cuanto, como se ha comentado también, se está celebrando estos días en Montreal la cumbre del Clima, que abordará durante dos semanas las actuaciones necesarias para hacer
frente al cambio climático, tanto en los próximos 5 años como en el escenarios post Kioto, es decir, después del año 2012. Decimos accidentalmente porque no estaba previsto así en la intención del Grupo Socialista, ya que hace referencia en su
exposición de motivos a que sería importante que dicho boletín se publicara para este mismo verano de 2005 y, eso ya no va a ser así.
Desde el Grupo Popular no vamos a oponernos a ninguna iniciativa que esté destinada a luchar frente al cambio climático. De hecho, fue el Gobierno del Partido Popular quien dejó preparada la estrategia nacional de lucha frente al cambio
climático, que obtuvo un respaldo unánime en el Consejo Nacional del Clima y que ahora reclamamos a este Gobierno que la ponga en marcha. Pero también debemos señalar que esta iniciativa no tiene ninguna trascendencia especial ni aborda cuestiones
de fondo o medidas para paliar los efectos nocivos del cambio climático y de la destrucción de la capa de ozono. Al mismo tiempo queremos señalar que la información a que hace alusión la iniciativa y de la que dispone el Instituto Nacional de
Meteorología es una información que se distribuye a las comunidades autónomas que son las responsables de la vigilancia y alerta a la opinión pública de los niveles de ozono troposférico, de las radiaciones ultravioleta y de los demás parámetros de
calidad ambiental. Por tanto, no estará de más, como se indica en la propuesta que la información esté disponible en la página web del ministerio, ni que dispongan de ella de manera ágil los medios de comunicación, siempre y cuando se mantenga ese
nivel de comunicación, valga la redundancia, e información entre el Instituto Nacional de Meteorología y las comunidades autónomas. Es cierto que la información de este tipo, como ha dicho el diputado socialista, es realmente una actuación, entre
otras muchas, de prevención para la salud.
Lógicamente, esto tendrá que ir unido a algo que no es fruto de esta iniciativa y es que habrá que contribuir de alguna forma a la concienciación social. Es decir, de alguna forma estamos dando una
información preventiva e importante para la salud y habrá que acostumbrar a los ciudadanos a hacer caso de estas informaciones y a valorarlas en la medida e importancia que tienen.
En alusión de nuevo a los datos que se están haciendo públicos en el contexto de la reunión de Montreal, quiero destacar también un informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que pone de manifiesto, y eso es preocupante, que España es
el país de la Unión Europea que más se aleja del objetivo de reducir las emisiones de precursores del ozono. Sería muy deseable que, conjuntamente con esto, el Gobierno pusiera en marcha planes serios, fundamentalmente en el sector del transporte,
que fueran más allá de la mera información y publicidad.
No obstante, votaremos a favor, reiterando lo que ya hemos comentado, que no es una iniciativa que tenga una trascendencia especial, que de alguna forma, y siendo importante, parece en algunos aspectos un nuevo ejercicio propagandístico del
PSOE. Sí quisiera señalar, y en eso estaríamos de acuerdo con la filosofía de la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, que las comunidades autónomas tienen una competencia importante en esta materia. Por tanto, entendemos que hay que dejarlo
más claro, respecto a como está en estos momentos, porque además las comunidades autónomas ya disponen de esa información y son los responsables, como ya he dicho, de la vigilancia y alerta a la opinión pública de todas estas cuestiones. En esa
línea ya digo que vamos a votar a favor. Creemos que es importante la aportación que se hace y esperemos que con la enmienda transaccional quede clara esta cuestión de las competencias autonómicas, que el PSOE últimamente olvida en demasía.
El señor PRESIDENTE: Señor Garrido, para posicionarse sobre la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra.
El señor GARRIDO PEÑA: Ya lo hemos comentado, lo ha comentado el portavoz.
Aceptamos una transaccional, que remitiremos a la Mesa, que va en la línea de insistir en la necesidad de que esta información y la recuperación de datos se haga en
colaboración con las comunidades autónomas, tanto en la divulgación del boletín como en el reglamento de alerta.
-POR LA QUE SE INSTA A PROMOVER LA APROBACIÓN DE UNA NORMA QUE PROHÍBA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FABRICADOS CON PIELES DE ANIMALES DOMÉSTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 161/000591.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a la última proposición no de ley, que, como recordarán, es la
número 2 del orden del día, según dijimos en su momento.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Maldonado, tiene la palabra.
El señor MALDONADO I GILI: Esta iniciativa podría parecer obvia y sorprender a quien en su momento la lea. Quizás, cuando se consulten las hemerotecas, de aquí a unos cuantos años, se dirá que cómo podía ser que en pleno siglo XXI, en
2005, aún se estuviera debatiendo un tema tan básico. Pero no por obvio, deja de ser importante.
Esta es una iniciativa reiterativa, que ya se presentó en enero de 2003 por Convergència i Unió. Incluso, aunque enmendada, como la de hoy, fue aprobada con un texto en el cual se pedía y se instaba al Gobierno a apoyar una posición común
en el seno de la Unión Europea, para que estudiaran, en el ámbito comunitario, la posibilidad de regular la comercialización de productos elaborados con pieles de perro y gato, etcétera. Pasó un poco lo que está pasando ahora: se presentó una
proposición muy definida y, en aras de conseguir el consenso y la aprobación, se llegó a una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a iniciar tal camino hacia la prohibición en el seno de la Unión Europea. Quizás porque era el final
de la legislatura, o por lo que fuere, se instó al Gobierno, pero no se hizo nada. Ante esta inactividad legislativa, política, etcétera, nuestro grupo, Convergència i Unió, vuelve a presentar una nueva iniciativa, una iniciativa que es calcada, no
en sus antecedentes, en los que hemos añadido algún aspecto nuevo, pero sí en gran parte de su argumentación. A lo que decíamos ya en 2003 hemos añadido un aspecto importante: el 22 de septiembre de 2003, el Parlamento europeo, a través de su
Declaración 17/2003, solicitaba a la Comisión la elaboración de un reglamento en el marco del mercado interior con el fin de prohibir la importación y exportación, venta y fabricación de productos elaborados con pieles de perros y gatos. También se
planteó la cuestión en el Consejo de Agricultura de 17 de noviembre de 2003. A pesar de ello, la Comisión se encuentra todavía evaluando la posibilidad de adoptar alguna iniciativa y es evidente que no hay una posición única en el conjunto de la
Unión. Nuestra exposición de motivos va en esta línea, en la misma que exponíamos y a más a más dejamos claro que la Unión Europea sigue sin definirse a pesar de que hay un acuerdo en el seno de la UE.
¿Qué es lo que Convergència i Unió vuelve a pedir? Convergència i Unió pide instar al Gobierno a prohibir la comercialización e importación de productos fabricados con pieles de gatos y perros domésticos y a promover y apoyar tal
prohibición en el ámbito de la Unión Europea. Yo decía antes que de aquí a unos años, espero que no muchos, cuando se consulte en las hemerotecas y demás, sorprenderá que en 2005 aún estuviéramos debatiendo la posibilidad de elaborar iniciativas
parlamentarias y de hacer normas que prohibieran esta comercialización e importación de productos fabricados con pieles de perros y gatos. Digo que sorprenderá porque se ha avanzado en este aspecto, se ha avanzado desde el punto de vista de que
tanto los gobiernos, todos los gobiernos anteriores, como las comunidades autónomas tienen normativas de protección de los derechos de los animales. Por ejemplo, Cataluña ha sido pionera en aspectos como instalar chips a perros, etcétera, que
permitieran su seguimiento y control. Curiosamente, en una sociedad como la nuestra, que hace grandes campañas diciendo: No lo abandones; no lo dejes solo; él no lo haría, etcétera, nos encontramos con que están llegando productos
comercializados e importados de países como China, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, etcétera, que han sido denunciados reiteradamente por grupos de protección de los derechos de los animales, grupos proteccionistas, y, a pesar de las campañas
para sensibilizar a la sociedad, aún no hemos encontrado ninguna norma que prohíba esto.
Curiosa y desgraciadamente hace muy pocos días veíamos en los medios de comunicación, en las televisiones, unas imágenes dramáticas de cómo se maltrataban a perros y gatos en China; eran puestos en calderas con agua hirviente donde morían
de una forma brutal. Era espeluznante ver el trato que se daba a estos animales. Es curioso que esas imágenes aparezcan al unísono con esta iniciativa de Convergència i Unió, pero nos puede ayudar a sensibilizar un poco a la sociedad de que esta
es una iniciativa necesaria e importante. También es importante porque estos productos muchas veces sirven para estafar a los consumidores con etiquetas falsificadas, induciendo a los compradores al consumo de estos productos de bajo precio, con
apariencia de animales de otro tipo. Es un fraude en el comercio y en el consumo.
A nosotros nos hubiera gustado que se hubiera aprobado la proposición no de ley, que dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prohibir la comercialización e importación de productos fabricados con pieles de perros y gatos
domésticos y a promover y apoyar tal prohibición en el ámbito de la Unión Europea. Aunque España pueda hacer sus propias normas y legislar, desde CiU animamos al Gobierno para que vayan respetando las competencias de las autonomías y vaya haciendo
normas que prohíban esta comercialización e importación, si esto no tiene un ámbito europeo será muy difícil el control de esta comercialización e importación. Creemos que debe ser en el ámbito de la Unión Europea donde España debe hacer llegar su
presión política para que la Declaración 17/2003 que solicitaba la Comisión, se lleve a cabo. Mientras tanto podemos seguir haciendo camino en España con alguna normativa que nos permita acotar el terreno.
En aras del consenso y de la aprobación -porque Convergència i Unió no presenta proposiciones no de ley solo con el ánimo de que se conozcan y si no se aprueban no pasa nada, sino que nos interesa que se
aprueben-, estamos dispuestos a aceptar enmiendas de los dos grupos mayoritarios que nos llevarán a una transacción que aceptamos. Todos los portavoces tienen su texto, lo haremos llegar a la Mesa, y viene a decir que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a promover en la Unión Europea la aprobación de una norma que prohíba la comercialización de productos elaborados con pieles de perros y gatos y que esa norma se incorpore a un borrador de proyecto de ley de protección de
los animales que, con carácter de básica, respete las competencias de las comunidades autónomas en ese ámbito. Esperamos que este texto, que consensuaremos, que nos dará una unanimidad política, permita al Gobierno instar a la Unión Europea a
cumplir el acuerdo de 22 de septiembre de 2003 y que esta vergüenza social, que nos lleva a que se estén comercializando e importando productos fabricados con pieles de estos animales domésticos, se acabe. A la sociedad nos tiene que ruborizar que,
en un momento de mucha sensibilidad humana y desde el punto de vista de protección de los animales, no hayamos sido capaces hasta el día de hoy de ponernos de acuerdo en Europa y en España en esta proposición que intenta prohibir esta
comercialización vergonzosa.
El señor PRESIDENTE: Hay enmiendas a esta proposición no de ley del Grupo Socialista y del Grupo Popular.
Para defender la enmienda del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Mas.
El señor MAS I ESTELA: Me parece que después de la intervención del señor Maldonado, por economía del procedimiento, podríamos acabar la exposición, porque él ha explicado su propuesta, la historia de la propuesta, la transaccional y el
punto donde vamos a llegar. Por tanto, yo seré muy breve.
Hace 2 años el Grupo de Convergència i Unió presentó una proposición no de ley en ese sentido, que fue objeto de un debate en la Comisión de Economía y Hacienda. Es curioso, se trataba de comercialización y por tanto era de Economía y
Hacienda. Se llegó a una transaccional de instar al Gobierno a apoyar una posición común en el seno de la Unión Europea. A pesar de todos los trabajos que ha habido en la Comisión Europea, eso no ha sido posible; ha habido muchos intentos, pero
no se ha concretado nada y, lógicamente el Grupo de Convergència i Unió vuelve a la carga con el tema. Desde el Grupo Socialista pensamos que lo mejor ya no es solo instar al Gobierno a que tome una posición común en el seno de la Unión, sino que
el Gobierno promueva la aprobación de una norma en el seno de la Unión Europea. El señor Maldonado también se ha referido, y no voy a reiterarlo, a que es más interesante que se apruebe en el seno de la Unión Europea y no solamente en España. El
Grupo Popular ha hecho también una enmienda, que nosotros aceptamos, incorporando parte de lo que se aceptó hace dos años. Creo que estamos todos de acuerdo en una transaccional que diga que se insta al Gobierno a promover una norma en la Unión
Europea que prohíba la comercialización de estos productos y que esta norma se incorpore como borrador un proyecto de ley de protección de los animales de carácter básico que respete las competencias de las comunidades autónomas. Insisto en que
todos estamos de acuerdo y esperamos poder avanzar con mayor fortuna que la que tuvimos hace dos años.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Popular, el señor Murcia tiene la palabra.
El señor MURCIA BARCELÓ: Intervengo para fijar la postura y argumentar cuál es nuestro posicionamiento con la enmienda que hemos presentado.
Adelanto que, para conseguir el consenso y para acabar con una lacra que una sociedad avanzada no
puede permitir, como es este caso de maltrato de los animales, como hemos venido manifestando en muchas iniciativas anteriores, tanto Convergència i Unió, como otros grupos, el mío propio, en otras legislaturas, hemos hecho una auténtica
aproximación para conseguir sacar esta medida adelante. Estamos en la segunda parte de un guión que ya se escribió, con unos autores diferentes y cuya pretensión es la misma: erradicar la comercialización de pieles procedentes de perros y de
gatos.
Voy a ser muy conciso, porque en el 'Diario de Sesiones' de anteriores reuniones ya figura todo el debate, las aportaciones que cada grupo hizo, tanto el Grupo Popular como Convergència i Unió, que demostraron claramente ya en su momento,
que tenían auténtico interés por resolver el problema, tal y como lo estamos haciendo hoy. Como esto se produjo el 10 de diciembre de 2003, muy próximo a la convocatoria de elecciones, entiendo que no se pudo llevar adelante esta proposición no de
ley, pero creo que en este momento no cabe excusa alguna para que sea una realidad en breve plazo. Hoy no existe una posición única en el seno de la Unión y a nosotros nos parece que, aparte de unificar criterios, hay que determinar una norma que
permita claramente que todos los países de la Unión Europea puedan aplicar esa norma con el fin de erradicar este problema. ¿Por qué? Porque, aunque nosotros hiciéramos una norma interior, sería muy difícil poder controlar todo el tráfico de
fronteras en el seno de la Unión. Por otro lado, no basta con crear una normativa para erradicar esta lacra de utilización de pieles de perros y gatos.
Sería mucha más ambiciosa la posibilidad de hacer una ley de protección de los animales en el
ámbito nacional, que fuera el complemento de una ley europea común para toda la Unión.
Como he dicho, hemos llegado a un acuerdo con Convergència i Unió y con el Grupo Socialista con el fin de solucionar este problema. Entendemos que en España existe legislación sobre protección de animales utilizados en experimentación y en
otros fines científicos y sobre bienestar de animales de peletería, pero esta legislación no incluye la práctica brutal de utilizar animales domésticos
para confeccionar pieles y la comercialización de las mismas. El Grupo Popular considera que es necesario establecer una ley, y así lo vamos a hacer, instando al Gobierno mediante esta proposición no de ley a hacer una ley marco, como ha
dicho el representante de Convergència i Unió, de protección de los animales, que establezca las bases de lo que debe ser una política general de protección de los animales a desarrollar por las comunidades autónomas, ya que tienen las competencias,
y que sirva de orientación para defender una posición común en el seno de la Unión Europea.
Termino, señorías, felicitándome y felicitando a los compañeros que han hecho posible que acabemos o por lo menos que intentemos acabar con una lacra como es atentar contra los derechos de los animales, que impide que una sociedad pueda
avanzar y que entiendo que sería una sociedad enferma.
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara?
La señora DE LARA CARBÓ: Antes de proceder a la votación pediría un receso de cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a esperar un par de minutos, pero no más. Hemos dicho a las doce y media, e incluso, vamos ya con 35 minutos de retraso.
(La señora Colldeforns i Sol pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Colldeforns,
no tenga ninguna duda de que voy a cronometrar con exactitud suiza.
Voy a hacer un repaso a las transaccionales presentadas y que son las siguientes. En el punto número 1 del orden del día no hay transaccional; no se acepta la enmienda del Grupo Socialista. En el punto número 2 sí ha habido una
transaccional entre las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Popular, era la propuesta de Convergència i Unió. En la proposición no de ley número 3, del Grupo Popular, ha habido una transaccional, que ya tenemos en nuestro poder, entre el
Grupo Socialista y el Grupo Popular. En la número 4, del Grupo de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre las centrales térmicas, no hay transaccional.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Sí, señor presidente. En primer lugar, sustituyo a Joan Herrera y, en segundo lugar, el grupo de Izquierda Verde, en este punto, pediríamos votación separada. Es decir, votación de los puntos 1 y 2 juntos, y el 3
y el 4 separados. En el punto 4 aceptaríamos la enmienda número 1 de adición de Esquerra Republicana y, por tanto, también pediríamos votación separada de este punto 4.
El señor PRESIDENTE: Repito para que quede claro. De la propuesta del Grupo de Izquierda Verde votaríamos los puntos 1 y 2 juntos. El punto 3 por sí solo, y luego la enmienda de adición del Grupo de Esquerra Republicana, que sería un
nuevo punto.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Perdón. ¿Podría leer en voz alta el punto 4 nuevo? ¿Cuál sería?
La señora BONÀS PAHISA: El 1, que era de adición al punto 1, lo hemos separado en el punto 4. Entonces, en lugar de dicha evaluación, hemos puesto, para que quede claro, la evaluación y quedaría: La evaluación de la validez se llevará a
cabo mediante convenios con las comunidades autónomas con competencias en la materia.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Entiendo que es una transacción que no se nos había ofrecido y, por tanto, no hemos podido opinar sobre ello.
El señor PRESIDENTE: No es una transacción. El Grupo de Izquierda Verde ha aceptado una enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
La señora COLLDEFORNS I SOL: Nos lo anuncia ahora mismo; no nos lo ha anunciado antes.
La señora BONÀS PAHISA: El señor Herrera está en otra Comisión...
El señor PRESIDENTE: Un momento. Señora Colldeforns, el señor Herrera, cuando ha acabado de intervenir, ha dicho que estudiarían una transacción con el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Al final no ha sido una transacción, ha
sido la aceptación de las enmiendas de Esquerra Republicana.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Esto es lo que el señor Herrera me ha comunicado y, por tanto, yo daba por hecho que era posible que se introdujera este punto.
El señor PRESIDENTE: Está bien. Continuamos con el resumen. En la propuesta número 5 no hay enmiendas. En la número 6, hay una enmienda del Grupo Socialista, pero no ha sido aceptada. Estoy hablando de la proposición no de ley número 6;
es la relativa al ruido. No hay transacción aquí. En la 7, sí hay una transacción, ¿verdad, señora Vázquez? ¿Con el Grupo Mixto y Grupo Socialista hay transacción? Bien. En la 8, también del Grupo de Esquerra Republicana, hay una transacción,
señora Bonàs.
La señora BONÀS PAHISA: Sí, la he pasado a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Sí, la tenemos en nuestro poder. Y en la número 9, finalmente, también hay transacción con el Grupo de Convergència i Unió.
¿Estamos de acuerdo? El texto, si quieren se lo leo. En la 9, en el primer punto, se trata
básicamente de añadir: en colaboración con las comunidades autónomas; y en el punto 2, también, al final, donde pone ultravioletas, añadir en
colaboración con las comunidades autónomas. ¿De acuerdo?
Señora De Lara, han transcurrido los dos minutos con creces. Vamos a proceder a la votación. Vamos a votar, pues, el punto 1 del orden del día, proposición no de ley del Grupo Popular.
La señora DE LARA CARBÓ: Era para hacer una autoenmienda a nuestra proposición no de ley en el sentido de suprimir la frase: antes de final del presente año.
El señor PRESIDENTE: Evidentemente, supongo que es por cuestión temporal.
¿Hay algún inconveniente por parte de algún grupo en votarla en los términos que ha señalado la señora De Lara? Se trata de actualizarla para que tenga vigencia a
final de año.
Vamos a votar la proposición número 1, del Grupo Popular, relativa a la desafectación de las casas existentes junto al paseo marítimo de El Palo, en la ciudad de Málaga.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley número 2, por la que se insta a promover la aprobación de una norma que prohíba la comercialización de productos fabricados con pieles de animales domésticos, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con una transacción entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación del punto 3 del orden del día, relativo a la concesión de 20 hectómetros cúbicos más de agua del pantano del Negratín a la provincia de Almería, del Grupo Popular. Hay una transaccional con el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en contra, 3; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación del punto 4 del orden del día, sobre las declaraciones de impacto ambiental de las centrales térmicas, del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que vamos a votar
separadamente. En primer lugar, votaremos los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar el punto número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar el punto 4, que es la adicional de la enmienda aceptada del Grupo de Esquerra Republicana.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, yo entiendo que si es una enmienda que acepta el grupo proponente no se vota.
El señor PRESIDENTE: Pero aún así, la hemos separado y tenemos que votarla. Vamos a votar el nuevo punto 4, nueva adición de la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Hay empate en este punto. Hay que ver el voto ponderado. Son los grupos de Convergència i Unió, Grupo Mixto, Grupo Izquierda Unida, Grupo de Esquerra Republicana. Vamos a calcular el voto ponderado. Queda aprobado
el punto adicional de la enmienda por mayoría ponderada. Recapitulo, pues, han sido aprobados los puntos 1 y 2, no así el número 3, y sí el punto de nueva adición, a partir de la enmienda.
Pasamos al punto 5 del orden del día, proposición no de ley sobre los proyectos de ampliación de las centrales térmicas de ciclo combinado ubicadas en el término municipal de Castejón, en Navarra, promovidos por Eléctrica de la Ribera del
Ebro, S.A. e Iberdrola, del Grupo Mixto, Nafarroa Bai. No hay enmiendas ni transaccionales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la número 6, por la que se insta al Gobierno a establecer deducciones fiscales en el impuesto de
sociedades para las inversiones que se realicen en las empresas que reduzcan los índices sonoros, así como que apruebe el reglamento que desarrolle la Ley del Ruido, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la número 7, sobre la dotación de ayudas económicas a los municipios afectados por los incendios acaecidos durante el año 2005 en la provincia de Ourense, del Grupo Popular. Hay una transaccional, del Grupo Mixto y Grupo
Socialista, que paso a leer a continuación: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con la Xunta de Galicia, haga efectiva con la mayor celeridad posible la aplicación en Galicia de las medidas acordadas en el Real
Decreto 1123/2005, de 26 de septiembre, relativo a las medidas en materia de incendios forestales. Asimismo, y teniendo en cuenta las excepcionales características de los municipios gallegos afectados que están acaeciendo, haciendo imposible el
acogimiento de dichas medidas, el Gobierno estudie, de acuerdo con todas las administraciones implicadas, Xunta, diputaciones y ayuntamientos, los problemas financieros de otro tipo, así como las medidas compensatorias que pudieran aplicarse para
paliar los daños sufridos por los incendios forestales.
En estos términos vamos a votar la transacción.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la proposición no de ley número 8, relativa a la vulneración de las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de medio ambiente con la aprobación del Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de incendios forestales, del Grupo de Esquerra Republicana. Hay una transaccional a partir de la enmienda de Convergència i Unió, y también una in voce, del Grupo Popular. Quedaría en los siguientes términos: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1. En cualquier normativa que apruebe o haya aprobado la Administración General de Estado se respete el reparto competencial entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas establecido
en la Constitución y los estatutos de autonomía, y se asuma el punto noveno del acuerdo de la Conferencia Sectorial de consejeros y consejeras autonómicos de Medio Ambiente, del día 26 de julio de 2005 y, en especial, en la promulgación de normas
estatales con carácter de urgencia. El punto 2 y el punto 3 quedarían igual.
Pasamos a votar la transaccional en los términos que acabamos de relatar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la número 9, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración de un boletín diario de información de los niveles de radiaciones ultravioletas, con una transaccional con el grupo de Convergència i Unió. Pasamos a la
votación de esta proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Comunico a los portavoces que hay reunión de junta y mesa. Se levanta la sesión.
Era la una y veinte minutos de la tarde.