CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 439

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 26

celebrada el martes, 29 de noviembre de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Sobre reforma normativa de la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001240.) ... (Página 2)


-Relativa a la obtención de permisos temporales de matriculación de permisos adquiridos por ciudadanos comunitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001096.) ... href='#(Página7)'>(Página 7)


-Sobre las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001244.) ... (Página 10)

Página 2


-Relativa a la excedencia para el cuidado de hijos en la Policía Nacional.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000864.) ... (Página 12)


-Relativa a los datos de criminalidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001205.) ... (Página 14)


-Sobre la construcción de una casa-cuartel para la Guardia Civil en el municipio de Encinasola (Huelva). Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
(Número de expediente
161/000777.) ... (Página 17)


Se abre la sesión a las diez horas y treinta y cinco minutos.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-SOBRE REFORMA NORMATIVA DE LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001240.)


La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a esta reunión de la Comisión de Interior para sustanciar seis proposiciones no de ley de los distintos grupos parlamentarios.



Me piden un cambio en el orden del día para que el punto 5 pase a ser el punto 2. Mientras sustanciamos la primera proposición no de ley, espero tener la confirmación.



Empezamos por el punto primero, que es la proposición no de ley sobre reforma normativa de la Guardia Civil, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz, el señor Martínez Sanjuán.



Anuncio que, como son seis proposiciones no de ley, la votación se producirá sobre las doce y media.



Tiene la palabra su señoría.



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Voy a defender la proposición no de ley que ha presentado mi grupo parlamentario en relación con la necesidad de producir reformas normativas en el ámbito de la Guardia Civil.
Lógicamente, sigo los debates
parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado, y mi grupo parlamentario, al presentar y defender esta iniciativa esta mañana, no quiere ni mucho menos entrar en una puja, en una subasta, en una política de halagos para los oídos de la
Guardia Civil, que se producen con habitualidad, tanto en el Congreso pero quizá más en el Senado, sobre la base de iniciativas, propuestas, alternativas y medidas, no pocas veces con cierto carácter demagógico, o bien a través de enmiendas a los
presupuestos, algunas de las cuales yo caracterizaría de enmiendas fashion -hoy en día se lleva mucho- porque en este Parlamento, como está todo publicado y todo es transparente, cada uno sabe dónde está, de dónde viene, qué ha hecho, y de lo que se
trata es de analizar la realidad y las circunstancias de la mejor forma posible.



En la Guardia Civil, en los últimos años, se publicaron, se promulgaron una serie de normas, de leyes, que daban cuerpo a su contenido formal, material, de funcionamiento. Unas tienen que ver con el régimen disciplinario, y vienen del año
1991, hace ya muchos años; sin embargo, tenemos otras más cercanas, como la de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, del año 1999, que marcan y regulan el código de funcionamiento básico de un colectivo tan importante, de una fuerza
de seguridad como es la Guardia Civil. Pero hoy estamos en el año 2005, y es necesario afrontar esta nueva realidad social del funcionamiento de la Guardia Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quizá con valentía, asumiendo
problemas existentes, pero también dando soluciones nuevas a problemas nuevos. La Guardia Civil ha cambiado, como lo ha hecho la sociedad, y hoy en día estamos plenamente inmersos en lo que se llama la sociedad de la información. Se ha roto el
silencio y el aislacionismo, incluso en un Cuerpo tan cerrado por su propia historia como es el de la Guardia Civil. Hoy todo está en los medios o en la red: los comunicados, las reivindicaciones, las denuncias, los casos de abuso de poder, los
errores tanto de algunas personas del Cuerpo de la Guardia Civil como de otros sectores, en los faxes que recibimos los grupos parlamentarios, en las demandas lógicas de las asociaciones profesionales, etc. Hoy se conoce todo, se conoce incluso
hasta la demagogia que existe en las web y en los blogs, que tan al uso están hoy en día, para reivindicar, a veces desde colectivos con falta de representatividad asociada manifiesta. Por eso creo que es necesario asumir con valentía los cambios
que deben producirse en el ámbito legislativo y en el práctico en la Guardia Civil.



Mi grupo parlamentario apoya al Gobierno, pero a veces uno tiene la sensación de que este no siempre es


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apoyado en los cambios que quiere realizar, quizás por resistencias históricas a cambiar, bien por las superestructuras, bien por cuestiones estructurales de la propia historia, y es bueno que incluso un Gobierno que cuenta con el apoyo de
un grupo parlamentario sienta también el apoyo, si esta proposición no de ley es aprobada, para empeñarse y realizar los cambios necesarios en este colectivo.



Por eso les decía que es bueno que el Parlamento excite democráticamente al Gobierno en el cumplimento de su propio programa electoral, aunque quizá a algunos les suene a un acto baladí y extemporáneo, pero los que conocemos el cuerpo del
que estamos tratando sabemos de qué hablamos y, en ocasiones, los anuncios tanto del ministro de Interior como de su cúpula no encuentran encaje práctico con la celeridad que todos desearíamos.



La voluntad de producir cambios, que los hay, la multitud de reuniones, que las ha habido, los textos entregados a las diferentes asociaciones, que nos consta, las posturas positivas y algunas más maximalistas, que las conocemos, dan ya un
cuerpo a los necesarios cambios de normas que el Cuerpo de la Guardia Civil necesita en los próximos meses; porque la necesidad de producir cambios es necesaria para la Guardia Civil y para la sociedad.



Por eso mi grupo parlamentario, respetando, conociendo y aceptando el criterio del programa electoral y el programa de investidura del Gobierno, entiende que es necesario un cambio que regule el entramado policial español de la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que data del año 1986, y que estoy convencido que se producirá. Pero también, dicho esto, es necesario presentar iniciativas que aborden, en primer lugar, el régimen de derechos y obligaciones de la
Guardia Civil y, consecuentemente, su régimen asociativo, así como, consecuentemente con los cambios que estamos analizando, dar cuerpo y dar luz a un nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil, textos necesarios que superen el actual marco
legislativo, que ha cumplido, quizá con eficacia, pero con una función que ya ha superado la propia realidad del marco de lo que hoy es la Guardia Civil, en un contexto y en una sociedad nuevos y distintos.



En definitiva, creemos que se trata de regular y definir democrática y consensuadamente un marco nuevo de estatuto orgánico de la Guardia Civil, entendido este como un marco regulador y de desarrollo de derechos, deberes y libertades
reconocidos en la Constitución Española. Para nosotros es perfectamente asumible y necesario desde la percepción de que la Guardia Civil es básica y primordialmente un Cuerpo de Seguridad del Estado, que, accesoriamente, en virtud de su papel,
cumple también otras funciones encargadas por el Gobierno vinculadas con la defensa nacional o con las misiones internacionales bajo el amparo de las Naciones Unidas o de otros organismos multilaterales. Nuestra demanda de regulación del nuevo
estatuto marco se enmarca precisamente, valga la redundancia, en mejorar un objetivo básico de la seguridad, como es el de la calidad y eficacia en la prestación del servicio público y básico de la seguridad, como demandan también las diferentes
asociaciones profesionales existentes en el Cuerpo.



Hoy, en pleno siglo XXI, algunas pautas, sistemas organizativos, normas de relación jefe-subordinado, etc., están ya periclitadas. Por ello, este estatuto marco debe recoger derechos, deberes y libertades básicos como la igualdad, la
libertad ideológica o religiosa, el derecho a la seguridad, el de la libertad de desplazamiento y circulación, el de la intimidad personal y familiar, el secreto de las comunicaciones, el derecho de expresión y de información, sin más límite que las
derivadas de la información, de guardar, evidentemente, el secreto profesional y mantener los principios de neutralidad política e imparcialidad. Hay que regular también el derecho de reunión, de voto y asociación, derechos hoy de ciudadanía que no
siempre tienen su traslado en el colectivo del que estamos hablando.



Es necesario, señora presidenta, superar el actual marco en este campo de la ley de asociaciones del año 2002 y dar carta de naturaleza al asociacionismo en el sector, favoreciéndolo a nivel nacional como vía para conseguir su
representatividad; porque no es lo mismo una asociación nacional que otra de ámbito territorial o de comunidad autónoma, o una en la que existan solo guardias civiles en número de miles, trabajando, actuando por la seguridad de todos, que otras
asociaciones que, quizá con nombres rimbombantes, carezcan de representatividad en el sector, porque incluso están formadas por gente que son como una especie de club de amigos de la Guardia Civil. No es lo mismo a la hora de suscribir un
manifiesto dirigido concretamente al Gobierno o a la asociación. Creo que es bueno que hoy día cada uno represente lo que es, y que no tengamos una representatividad trufada y camuflada detrás de nombres y posturas rimbombantes. Por eso creemos
que estos cambios son necesarios en la Guardia Civil, porque es preciso, como decía, buscar representatividad y lugares para hacerlo, para abordar y discutir también sobre los derechos profesionales de los guardias, como el de la carrera
administrativa, el de la protección en el ejercicio de sus funciones, en la determinación de la jornada laboral, vacaciones, etcétera, como los que tienen otros cuerpos policiales del Estado y de las comunidades autónomas.



En ello se está ahora, lo sabemos, tras el esfuerzo hecho por el Gobierno por extender a la Guardia Civil mejoras salariales que se habían establecido ya en el ámbito de la Policía Nacional. Sin embargo, nos consta que todavía persisten
flecos que hay que mejorar, como el de la mejora en el pago de las productividades. Esto hay que discutirlo con los colectivos correspondientes, hay que alcanzar acuerdos y equilibrios deseables entre las necesidades de los servicios y las demandas
lógicas de los guardias civiles para ajustar calendarios de trabajo,


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permisos y vacaciones, como lo hacen otros. Es hora ya de ir afrontando incluso la histórica problemática de las casas cuarteles frente a los cuarteles como lugares de trabajo, cuestiones sensibles y que quizá incluso otras Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, incluso más recientes, no tengan planteadas.



En fin, creemos que es necesario que el Gobierno escuche también al Parlamento, que sepa que estamos por la necesidad de un nuevo marco, por un nuevo estatuto profesional de la Guardia Civil que recoja ese conjunto de derechos y obligaciones
de la Guardia Civil y de los guardias civiles y el nuevo marco del asociacionismo. Pero junto a ello, también creemos que es necesario superar el actual marco disciplinario de 1991 desde la actual concepción que tenemos de una Guardia Civil como
integrante básica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hoy es un anacronismo, desde nuestro punto de vista, el marco sancionador de la Guardia Civil, en el que sanciones puramente administrativas, y como tales sancionadas en otros
marcos policiales en la Benemérita, se enmarcan en la jurisdicción militar, y el arresto, demasiadas veces, es una de las sanciones habituales. Es hora de superar la doble moral y el empleo de subterfugios legales o políticos para que, en la mayor
parte de los casos -y a veces no siempre se consigue- no se lleguen a materializar muchas de las sanciones. Es hora de ofertar y de plantear un nuevo régimen disciplinario inequívocamente civil en el ejercicio de las funciones policiales de la
Guardia Civil comparable al nuevo y necesario, que también debe producirse, del Cuerpo de Policía Nacional y no muy distinto del que se tiene que establecer para los funcionarios públicos de la Administración General del Estado y que se está
redactando en el nuevo Estatuto Básico de la Función Pública. Una misma falta no puede ser tratada de diferente forma se vaya de verde, de azul, con pajarita o con vaqueros.



Esto es lo que pedimos en el proyecto de ley, que el Parlamento, que la Comisión de Interior, recogiendo el sentir de la Guardia Civil, pero también de la propia lógica, mandate al Gobierno, aunque me consta que está trabajando en ello, para
que presente cuanto antes un nuevo marco normativo; que el Ministerio de Interior, si es necesario, se encuentre, como decía al principio, apoyado por la comisión que lo tutela, que lo examina y que también en nuestro caso, lo apoya.



Por eso creemos que esta proposición no de ley en relación con la modificación normativa en el ámbito de la Guardia Civil es necesaria, oportuna y pertinente, y pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios.



La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señor Martínez Sanjuán, no sé si hoy tiene usted un buen día, pero la verdad es que, dada la exposición que ha hecho de esta iniciativa, no lo parece. Ha empezado su intervención diciendo que no quería que
esto se convirtiera en una puja para ver quién da más. Señor Martínez Sanjuán, en el Grupo Parlamentario Popular lo que siempre vamos a hacer es trabajar al servicio de los ciudadanos, y si nuestra actuación constituye mayores beneficios al
servicio de la Guardia Civil, no dude usted de que en esa puja estaremos. En la que no estaremos, señor Martínez Sanjuán, es en la de la demagogia, en la demagogia, además, de los actos lamentables como el que usted acaba de realizar hoy aquí. Le
voy a decir por qué. Porque respetando, como no puede ser de otra manera, la capacidad y la iniciativa de cualquier grupo parlamentario a presentar iniciativas en esta cámara, nosotros entendemos, señor Martínez Sanjuán, que le ha tocado hacer el
papel de la triste figura, realmente. Porque el que usted venga aquí a explicarnos que debe solicitarle y pedirle al Ministerio del Interior aquellas reformas que debe hacer la comisión que lo tutela, lo apoya y que le da soporte, que es la
Comisión de Interior, me parece verdaderamente ridículo, señor parlamentario. ¿Realmente el Ministerio del Interior no actúa y no tiene iniciativa propia si el señor Martínez Sanjuán o esta comisión no le solicitan lo que tiene que hacer? ¿Es lo
que usted ha querido venir a decir hoy aquí? Porque le repito que es lamentable que después de un año y medio, casi ocho meses más, el Gobierno no haya puesto en marcha estas reformas normativas que la Guardia Civil esperaba, y aún más después de
las expectativas generadas por su Gobierno, por su programa electoral y por ustedes mismos, que dijeron que todo iba a cambiar cuando estuvieran en el poder.



¿Qué ha ocurrido? Que ustedes no lo han hecho, que la única reforma que el Ministerio del Interior ha llevado a cabo en el marco normativo de la Guardia Civil ha sido la relativa a la prevención de riesgos laborales, como usted sabe muy
bien. Además, como es tan buen lector y tan asiduo de los blogs y de todas estas cuestiones que ha puesto en nuestro conocimiento respecto a la sociedad globalizada y la sociedad de la información de estos días y de estos tiempos, sabrá que
nosotros ya hemos pedido, ya hemos expuesto todas estas cuestiones en la Cámara Alta, en el Senado. Pero es que lo que más nos sorprende, señor Martínez Sanjuán, es que esa norma de prevención de riesgos laborales ya la había dejado preparada el
anterior Gobierno. Ustedes lo único que han hecho ha sido sacarla, y la promesa de las dos grandes reformas, que es la de la ley orgánica de derechos y deberes de los guardias civiles y la ley orgánica de modificación del régimen disciplinario, que
es lo que están esperando los guardias civiles, aún la tienen que cumplir. Usted, claro, se cura en salud, y dice: Tenemos que hacerlo desde el Gobierno con el apoyo de todos grupos parlamentarios. Pues señor Martínez Sanjuán, el Grupo
Parlamentario Popular, en función de la responsabilidad que hemos tenido y de la preocupación de que ésta es una de las políticas de Estado y para la garantía de la seguridad


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ciudadana, porque es uno de los pilares fundamentales para la sociedad actual, le ofrecimos ese consenso, ese pacto de Estado, al ministro del Interior, al propio ministro. El compromiso de este sería poner en conocimiento de este grupo
parlamentario, que representa a 10 millones de personas, el conocimiento de esos dos proyectos normativos para que pudieran ser pactados con esta cámara y con este grupo. Le reitero esa disposición. Pero lo que nos parece una absoluta tomadura de
pelo es que ustedes vengan aquí ahora, al cabo de todo este tiempo, en el que ustedes han estado incumpliendo el desarrollo normativo de esas dos normas fundamentales, a decirnos que es que el Congreso de los Diputados, que esta Comisión de Interior
tiene que pedir al señor ministro del Interior que actúe.



Señor Martínez Sanjuán, como todo queda escrito, el 24 de mayo de 2004 el propio ministro del Interior dijo que se harían esas dos modificaciones normativas lo antes posible, porque era su objetivo fundamental en este ministerio. Estamos
casi a mitad de esta legislatura, luego debe de ser que el objetivo fundamental del ministro del Interior ha quedado en el olvido, porque tiene que ser el propio Partido Socialista Obrero Español el que le recuerde al ministro en esta cámara que
tienen que llevarse a cabo esas reformas normativas.



Señor Martínez Sanjuán, lo otro que usted ha hecho en su intervención es curarse en salud respecto a las actuaciones de los propios guardias civiles. Ha hablado usted de asociaciones con carencia de representatividad, de algunas de ellas
que están en determinados blogs y que no se representan ni a sí mismas. Pues le voy a nombrar a alguna asociación que debe de conocer. Usted tenía conocimiento de ella, y nosotros también lo sabíamos. Se trata de la Asociación Unificada de la
Guardia Civil. Creo que con ustedes han mantenido bastantes reuniones; creo que ustedes desconvocaron una manifestación o una convocatoria de guardias civiles en diciembre del año pasado, después de una reunión a la que usted mismo asistió, para
poder llegar a acuerdos con respecto a esta asociación. Son 24.500 guardias civiles. ¿Sabe usted lo que están diciendo esos guardias civiles? ¿Ha visto usted estas notas? El cambio no se ha notado, estamos peor de lo que estábamos, porque,
además, ustedes generaron unas expectativas que no han cumplido. Esta carta la va a enviar la Asociación Unificada de la Guardia Civil a todas las subdelegaciones del Gobierno, en una estrategia de actuación que están llevando a cabo y que va a
finalizar el 31 de diciembre de este año.
¿Saben por qué? Porque dicen que esa mesa de diálogo que ustedes iniciaron con ellos se ha convertido en una mesa de monólogo en la que solo hablan ellos, en la que solo aportan documentación ellos y en la
que ustedes, el Gobierno del talante, el Gobierno de la transparencia y el Gobierno del diálogo, deben de haberse convertido en el Gobierno autista, porque solo hablan para ustedes mismos, no recogen las propuestas que les hacen los guardias civiles
y estos les han dicho basta.



Pero no solo esta asociación, sino la segunda más mayoritaria, la Asigc, la Asociación Independiente de la Guardia Civil, también les va a realizar a ustedes una movilización el día 6 de diciembre, en el Pilar, guardias civiles y familiares
de guardias civiles. Nunca había ocurrido esto. En un año y medio, la insatisfacción, la desmoralización, la parálisis en la que se encuentra la Guardia Civil es increíble, y después de que un Gobierno haya querido venir aquí diciendo que el
Partido Popular lo hizo todo pésimamente mal en su etapa anterior, después de que un Gobierno socialista haya generado dudas sobre la naturaleza de la Guardia Civil, al decir unos miembros del partido que se tenía que acabar su naturaleza militar,
diciendo otros que no, pero viendo los propios guardias civiles, desde el primer suboficial hasta el oficial de rango superior, cómo ustedes no hacen nada a favor de la Guardia Civil. No solo eso, sino que hemos visto episodios lamentables durante
todo este periodo en los que ustedes han estado trabajando para desprestigiar a la Guardia Civil, sobre todo cuando el ministro no ha estado en el sitio que le tocaba estar, como es el caso que nosotros denunciamos, el lamentable episodio ocurrido
en Roquetas de Mar.



Entonces, señor Martínez Sanjuán, ¿que usted quiere que esta cámara y esta comisión tengan capacidad legislativa? Muy bien, ¿que usted, dados su ímpetu y su iniciativa legislativa, quiere recordarle al señor ministro del Interior sus
propias obligaciones y compromisos para con los ciudadanos y para con los guardias civiles? Pues este Grupo Parlamentario Popular le vuelve a presentar lo mismo que le presentó en el Senado, y, además, le vuelve a decir y a hacer constar que ante
la inactividad, ante la parálisis y el engaño que ustedes han estado realizando durante todo este tiempo, generando expectativas, diciéndoles a los guardias civiles que ustedes iban a hacer de todo más y después no haciendo nada al respecto, le
plantea una enmienda de sustitución, a la que usted no ha hecho ninguna referencia, porque, evidentemente, ustedes utilizarán el: ustedes vienen a plantearlo cuando no lo hicieron; ustedes vienen a aportar cuando no lo hicieron. Pues le voy a
recordar lo mismo que le recordamos en el Senado: ojalá nos hubiéramos encontrado nosotros una Guardia Civil como la que se han encontrado ustedes en el año 2004 y no la que nos encontramos en el año 1996, que no teníamos ni para pagar, con todo el
presupuesto de la Guardia Civil, las nóminas de los guardias civiles, y le recuerdo la situación en la que estaba algún que otro director general de la Guardia Civil y, sobre todo, la situación pésima y la desmoralización en la que se encontraban
los guardias civiles.



Por eso, señor Martínez Sanjuán, hasta esta enmienda la hemos trabajado también con las asociaciones mayoritarias, que están absolutamente de acuerdo. Ojalá se aceptara, porque lo que ellas piden, además, son bastantes cosas menores de las
reformas legislativas de alto calado que nosotros estamos dispuestos a pactar con ustedes, pero en esta legislatura, porque a lo mejor


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ustedes lo tienen previsto para otra, que ya veremos si pueden llegar ustedes a tenerla.



Les hablan los guardias civiles del complemento de productividad del año 2005, del complemento de la productividad del año 2006, de la normativa relativa a las órdenes y al adelanto de servicio, de la normativa relativa a los turnos de
vacaciones, que nosotros también pedimos en el Senado. Ni eso han hecho ustedes, señor Martínez Sanjuán. Han abandonado a la Guardia Civil, y están generando unas expectativas que no han cumplido y que no van a cumplir. A mí me gustaría saber
algo sobre ese anteproyecto que usted ha mencionado y en el que tanto ha insistido no solo en esta sala sino en otras donde hemos podido debatir conjuntamente usted y yo. Ha hecho referencia a esos diferentes anteproyectos, pero ¿existen esos
anteproyectos, señor Martínez Sanjuán? Porque usted quiere que impulsemos esos proyectos normativos dirigidos a modificar el régimen estatutario de la Guardia Civil, pero le pregunto a este grupo parlamentario: después de un año y ocho meses,
¿ustedes tienen algún anteproyecto relativo a la modificación del régimen de derechos y deberes de la Guardia Civil o relativo a la modificación del régimen disciplinario de la Guardia Civil? Realmente creemos que ustedes solo venden humo. Si
ahora usted tiene que presentarnos esto aquí al cabo de dos años, señor Martínez Sanjuán, es que el ministro no tiene ese anteproyecto y es que en esas reuniones, en esos debates de trabajo -repito-, ustedes practican los debates del monólogo y no
los del diálogo.



Por ello, señora presidenta y señores diputados, nuestro grupo parlamentario no va a entrar en una puja a favor de quién está más o menos a favor de la Guardia Civil, ni en algunas críticas o alusiones como el Grupo Parlamentario Socialista
y el propio ministro han hecho en ocasiones diciendo que nosotros queremos asumir el protagonismo y que parece que la Guardia Civil sea nuestra. No, la Guardia Civil es de todos los ciudadanos, gracias a Dios, y está al servicio de todos los
ciudadanos españoles. La Guardia Civil es un cuerpo extraordinariamente sacrificado, con el que compartimos, además, que se tenga que modificar su régimen disciplinario, como, por ejemplo, la supresión para actuaciones de naturaleza civil de
aquellos arrestos que tienen carácter militar, que así lo recogimos en la reforma que ya dejamos hecha con respecto al régimen disciplinario de la Guardia Civil, que debe estar en algún cajón, durmiendo el sueño de los muertos en el Ministerio del
Interior, porque ustedes tampoco la han utilizado, ni tan solo ese anteproyecto que ustedes ya tenían y que ya dejamos hecho.



Por eso a nosotros nos parece una actitud verdaderamente lamentable que el Grupo Socialista tenga que venir ahora en ayuda de un ministro del Interior que no cumple sus propias obligaciones, que no cumple con la Guardia Civil y que la tiene
manifestándose delante de las subdelegaciones del Gobierno y con previsiones de manifestaciones en la Basílica del Pilar. Eso es lo que ha conseguido el Gobierno del cambio, el Gobierno que en un año y ocho meses ha logrado tener a toda la Guardia
Civil desmoralizada. Y le repito, señor Martínez Sanjuán, que estos no son los que se representan a sí mismos, sino que son las asociaciones que representan a la mayoría de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, entre otras cosas para que nos diga si se va a aceptar o no la enmienda.



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Había pedido la palabra por la razón expuesta por la presidenta, porque las palabras de cada uno dejan a cada uno en su sitio. La pena es que el 'Diario de Sesiones', aunque existen actas de vídeo, a veces no
recoge el tono y el talante de las intervenciones de algún grupo parlamentario. En política hay que tener un poco más de clase, aunque cada uno tiene la que tiene, claro, pero yo no calificaría nunca una iniciativa parlamentaria con los términos de
ridículo, lamentable, tener un buen día, tomadura de pelo, etc., a los que ya estamos acostumbrados por parte de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No sé a quién quiere convencer con esa estrategia pseudo-agresiva, porque detrás de todo
lo demás queda la incapacidad de una representante de un Gobierno que, en ocho años, consiguió incluso que la propia Guardia Civil tuviera miedo a decir la verdad, tuviera miedo a opinar, tuviera miedo a expresar lo que sentía y a manifestar
públicamente sus justas reivindicaciones, y hoy en día puede hacerlo. De eso, señora presidenta, conozco bastante, porque uno no solo se reúne con las asociaciones y representantes de estos colectivos cuando está como partido de gobierno, sino
también cuando ha estado como partido de la oposición, y uno sabía con qué libertad se mueven algunos representantes y con qué libertad se movían antes. Hoy se puede hablar de ciertas cosas que antes ni se planteaban, porque en algunas este
Gobierno ya ha dado los pasos suficientes para que sean, como en los concursos, prueba conseguida. Como las reivindicaciones son de hace años, históricas, porque estamos hablando de libertades, de democracia, de diálogo, de nuevas formas
organizativas, de tantas cosas, esto, como comprenderán ustedes y cualquiera que pueda seguir este debate, no puede ser tan solo cosa de dieciocho meses de gobierno. Quiero decir, señora presidenta, que algunas invocaciones y frases que he oído
esta mañana, posiblemente dentro de muy poco tiempo habrá que ponerlas en el espejo cuando esa sensación de duda sobre si puede haber textos, que tienen las asociaciones y que la señora portavoz sabe que la tienen, que tienen iniciativas y
cuestiones que van a presentar y tienen que cristalizar en normas favorables y positivas para la Guardia Civil, espero que pasen al olvido cuando las sometamos al análisis del pasado de sospechar o trasladar a sospecha que este Gobierno no


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ha hecho absolutamente nada en los temas que nos ocupan.



Lo que este grupo parlamentario pretende fundamentalmente es apoyar a un Gobierno para que, en los cambios que a veces tiene que realizar, la propia historia, el propio pasado, la propia tradición, las propias rémoras de cuerpos centenarios,
no produzcan un efecto de involución en relación con las necesidades históricas. Alguien que ha tenido responsabilidades de gobierno debiera saber que en este campo hay que ir como hay que ir, despacio pero sin pausas, como creemos que está
haciendo el Gobierno; pero presentar una iniciativa alternativa a la proposición no de ley en los términos en que ya fue presentada en el Senado, señora presidenta, no lo vemos necesario, porque para mejorar los acuartelamientos, para mejorar las
ofertas de empleo, no hace falta que la señora Sánchez Camacho nos dé lecciones, porque ya están en los Presupuestos Generales del Estado y en la voluntad política del Gobierno.



La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, le concedo un breve turno.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Cada uno, con sus propias palabras, demuestra la falta de argumentos. Solamente quería hacer una precisión.
El señor Martínez Sanjuán ha hecho referencia a que esta portavoz tiene los textos del
anteproyecto de cualquiera de esas leyes, yo así se lo he oído. Quiero hacer constar que nosotros no tenemos esos anteproyectos.
(El señor Martínez Sanjuán: Yo no he dicho eso.) Es que lo he oído perfectamente.



La señora PRESIDENTA: No vamos a entrar en un debate. Todo lo que hablamos aquí queda recogido en el 'Diario de Sesiones', y se podrá constatar lo que se ha dicho. Hemos concluido, por lo tanto, el debate de este punto.



Quiero que los grupos me digan si están de acuerdo en que cambiemos el punto 5 por el punto 2. ¿Están los portavoces que tienen que defender la correspondiente proposición no de ley? (Pausa.) Posponemos el punto número 2.



-RELATIVA A LA OBTENCIÓN DE PERMISOS TEMPORALES DE MATRICULACIÓN DE TURISMOS ADQUIRIDOS POR CIUDADANOS COMUNITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001096.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley relativa a la obtención de permisos temporales de matriculación de turismos adquiridos por ciudadanos comunitarios. Tiene la palabra, para su defensa, el señor Guinart.



El señor GUINART SOLÁ: La verdad es que me siento un poco cohibido al presentar esta proposición no de ley después del intenso e interesante debate entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, que sin duda es un tema de interés general.



La propuesta que hace nuestro grupo en esta proposición no de ley es de ámbito menor que la anterior, más modesta, para eliminar trabas burocráticas y, en definitiva, hacer más flexible el mercado interior de la Unión Europea en un asunto
que afecta al Ministerio del Interior en lo que se refiere a las transacciones de vehículos.



Recientemente, la Dirección General de Tráfico ha incluido, para la obtención de los permisos temporales por particulares extranjeros para la obtención de vehículos, las conocidas como placas verdes, la exigencia de un documento llamado NIE,
número de identidad de extranjero, o bien un certificado de la Policía que diga que este certificado no se puede expedir. Este documento es necesario para comprar un vehículo en el territorio español y luego para trasladarlo a otra provincia o al
extranjero, donde debe ser ineludiblemente matriculado de forma definitiva, porque esto solo puede hacerse en el territorio de residencia de la persona comunitaria. Además, esa presentación de ese documento ha sido exigida de forma desigual en las
diferentes provincias. En el caso de Cataluña, desde enero en la provincia de Lérida; desde marzo, en Gerona; y más tarde todavía, en Barcelona. La exigencia de este documento hace referencia a la necesidad de que este documento se expida a las
personas que tengan intereses económicos, profesionales y sociales en España y se relacionen con ella, y que deben poseer ese número.



Cuando se trata simplemente de adquirir un coche en una zona fronteriza española y trasladarlo al cabo de pocos días al país vecino, en este caso a Francia o Portugal, parece difícil de explicar o de fundamentar ese interés económico en
España por el simple hecho de ir a comprar un vehículo que, probablemente, se compre en un territorio distinto, en este caso en Francia en relación a España, o en Portugal en relación a España, por una cuestión de un mejor servicio o probablemente
de un mejor precio.
Lo que se hace, en definitiva, es propiciar una mejor competitividad entre los distribuidores de vehículos o los que los reparan si son de segunda mano. Con ello hacemos más dinámico el mercado interior y beneficiamos a los
consumidores, que pueden obtener un mejor servicio, aunque después tengan que trasladar este coche, para la matrícula definitiva, a su lugar de residencia. Pues bien, este NIE obligatorio, que tiene un trámite para su expedición, nos parece una
exigencia exagerada, desproporcionada para el efecto que debe producir, y nuestro grupo propone simplemente su eliminación. Por un lado, en cuanto a su naturaleza, nos parece que transgrede la voluntad del legislador cuando habla de que se debe
emitir para la persona que tenga intereses en España, cuando aquí la compra de un vehículo -podría referirme también a otros bienes de consumo- no es el concepto de intereses económicos, ya no digamos


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sociales. Parece que no es más que una traba burocrática que lo que hace es entorpecer, ralentizar y encarecer la compra de vehículos.



Como es lógico, esta petición viene fundamentada en el conocimiento directo del mercado, y son precisamente los distribuidores de vehículos en una provincia fronteriza, como es Gerona, o también en Barcelona o en Lérida, los que nos han
explicado la necesidad de eliminar esta traba porque parece que sobra y que, además, no garantiza ningún tipo de interés general. Simplemente es una traba burocrática más y un retraso en la tramitación de la compra de vehículos, lo que hace menos
eficaz este mercado.



Hemos visto que el Partido Socialista ha presentado una enmienda transaccional a nuestra propuesta, que de entrada no nos gusta. Nos parecería mucho más valiente y definitivo, aunque sea obligatoria la exigencia del NIE, eliminar esta
exigencia, esta obligatoriedad y obviar este trámite para lograr ese objetivo de agilizar los trámites. Pero entendiendo que tal vez no fructifique nuestra propuesta si mantenemos los términos originales de la proposición vamos a aceptar esta
enmienda que cambia eliminar el número de identificación de extranjeros, el NIE, por agilizar su expedición, con el compromiso de que realmente esta agilización en su expedición se perciba, se note en el mercado, y en el bien entendido de que si en
un tiempo prudencial, que pueden ser unos cuantos meses, vemos que esta agilización, esta mejora a la que ahora podríamos aspirar no se consolida o no se consuma, volveríamos a insistir en la eliminación de este requisito para mejorar este mercado y
facilitar la competencia en este sentido.



La señora PRESIDENTA: No tenga duda que todas las intervenciones, incluida esta suya, son igual de importantes en la Comisión, independientemente de los debates que en ella nos corresponda realizar.



Hay una enmienda presentada a su proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Jiménez.



El señor JIMÉNEZ PÉREZ: No es por una cuestión de valentía, como decía el señor Guinart, por lo que el Grupo Socialista ha presentado esta enmienda. Se trata de una exigencia y de una seguridad que emana del propio Reglamento de
Extranjería. No obstante, para demostrar estas afirmaciones quiero hacer una serie de consideraciones con respecto a la eliminación del requisito del Número de Identificación de Extranjero.



En primer lugar, la aportación del NIE en todos los trámites de vehículos no es una exigencia reciente. Ahora bien, es verdad que, como decía el representante de Convergència i Unió, ante la no exigencia por parte de alguna jefatura
provincial, la Dirección General de Tráfico entendió que era necesario aclararlo, por lo cual dictó la instrucción del propio director general sobre la exigencia del NIE tras la entrada en vigor del Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre
entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados para el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor el 3 de marzo del año 2003. En relación con la cuestión planteada, es
preciso poner de manifiesto dos cuestiones. Por una parte, que dicho decreto prevé en su artículo 6.1 una serie de supuestos en los cuales no resulta obligatoria la obtención y la correspondiente expedición de la tarjeta de residencia por parte de
las autoridades españolas, siendo no obstante potestativa su solicitud por el colectivo anteriormente citado, es decir, nacionales, comunitarios y también Estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.



En segundo lugar, la disposición final segunda del citado real decreto dispone: 'Las normas de carácter general contenidas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, reformada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, y las normas reglamentarias vigentes sobre la materia, serán aplicables en los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto con carácter supletorio y en
la medida en la que no se opongan a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, así como el derecho derivado de los mismos'. He leído textualmente. Del contenido de esta disposición se deduce que el reglamento de
ejecución de la Ley Orgánica 4/2000 es aplicable a las personas sujetas al Real Decreto 178/2003, máxime cuando en este no existe referencia alguna a él.



El número de identificación de extranjero, NIE, es un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial, que en modo alguno acredita la situación de permanencia legal en España, y tiene distinta consideración, naturaleza y efectos
que la tarjeta de residencia, a la que sí se refiere expresamente el Real Decreto 178/2003, estableciendo, como decía anteriormente, en su artículo 6.1, una serie de supuestos en los que no es necesaria su expedición. Así pues, la exclusión de
proveerse de la tarjeta de residencia que contempla el citado precepto no afecta a la obligatoriedad de la asignación del NIE, que deberá seguir siendo solicitado por todos aquellos extranjeros que se relacionen con España por razón de sus intereses
sociales, económicos y profesionales, con independencia de que sean o no residentes en este país.



A mayor abundamiento, la exigencia del NIE en los trámites administrativos solicitados por los ciudadanos extranjeros se corresponde -esto es importante- estrictamente con la exigencia del Documento Nacional de Identidad a los ciudadanos con
nacionalidad española. Por ello, a juicio de la Dirección General de Tráfico, la exigencia en ningún caso desvirtúa lo dispuesto en el artículo 6.3 del Real Decreto 178/2003, que establece que para la realización de actividades económicas por
cuenta propia o por cuenta ajena, para la prestación de servicios o para estudios, los interesados estarán sometidos a la normativa específica vigente en igualdad de


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condiciones que los ciudadanos españoles. Por ello, para la realización de trámites en las dependencias de Tráfico se exige que hayan de constar en los distintos registros a los que se refiere el artículo 5.h) de la Ley de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, a solicitud o en los que resulten interesados extranjeros, ha de facilitarse por estos, necesariamente, el NIE, que en el caso de los comunitarios no estará acompañado normalmente por la tarjeta de
extranjero o de residencia, al no ser obligatoria su obtención por estos, tal como se ha señalado.



Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula una enmienda que respeta exactamente el texto presentado por el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Solamente suprimimos la palabra 'eliminando' y la sustituimos por
'agilizando', pues me consta que en estos momentos estos extranjeros comunitarios no tienen practicamente ningún problema en la obtención del NIE.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular y para posicionarse en esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Cabrera.



El señor CABRERA MATOS: Coincido con el portavoz de Convergència i Unió en que se trata de una propuesta sencilla, pero hemos de reconocer que se trata de una propuesta muy práctica en tanto en cuanto intenta disminuir trámites
administrativos que, desde nuestro punto de vista, son innecesarios para los ciudadanos, en este caso ciudadanos comunitarios.



Entendemos que haya aceptado la enmienda, porque quizás no saldría aprobada esta proposición no de ley, pero lamentamos que la haya porque, al fin y al cabo, la proposición no de ley deja ya de tener sentido, queda completamente
desnaturalizada. En eso también coincidimos un poco, porque realmente decirle a las distintas jefaturas provinciales, a las jefaturas locales de Tráfico, a la propia Dirección General de Tráfico, que hay que agilizar estos trámites cuando todos
vemos que están completamente colapsados, no sirve para nada. Por tanto, nosotros votamos a favor de esta agilización porque no nos queda más remedio, pero preferimos el término de que hay que eliminar esta exigencia.



La Dirección General de Tráfico lo que ha hecho es autorregularse. A raíz de la situación en la que se encontraban algunas jefaturas provinciales, lo que ha hecho la Dirección General es una interpretación, que no una aplicación estricta
desde ninguna ley ni desde ningún reglamento; una interpretación de varias leyes, de varios reglamentos, como ha expuesto el portavoz del Grupo Socialista, pero en ningún caso se establece, en ninguna de esas normativas, nada referido a la
exigencia del NIE para estos trámites que ciudadanos europeos, ciudadanos comunitarios pueden realizar.



En definitiva, lo que se está haciendo es burocratizar aún más. Hay una prolija documentación que se necesita presentar para estos permisos temporales de matriculación de turismos que adquieren ciudadanos europeos, y se ha añadido
recientemente, a raíz de esta indicación que ha hecho la propia Dirección General de Tráfico, la exigencia del número de identificación de extranjeros.



Entendemos que esta exigencia o el correspondiente certificado policial, en el caso de que no se demuestre que es imposible expedir dicho documento, sobra, porque hasta ahora ha sobrado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué normativa legal,
reglamentaria ha cambiado? Lo único que ha cambiado es el criterio de la Dirección General de Tráfico.



Además, se toma esta decisión como mínimo con tres años de tardanza. Si el argumento era que existe, entre otras normativas, el Reglamento de extranjería, lo podían haber resuelto en el sentido que ha propuesto el Grupo Socialista hace ya
bastante tiempo. Coincidimos también con la exposición de la proposición no de ley en la referencia que se hace a la unión política, a la unión monetaria, económica y de mercado único. Nos parece que es importante distinguir de una vez por todas
en este tipo de trámite la existencia de extranjeros comunitarios, y hay que diferenciar también en ese mercado en el que se busca la unión de todos los Estados miembros que se reconozcan ciertas ventajas, ventajas mínimas, en este caso de un
pequeño requisito y con una cuantía económica realmente escasa, a los ciudadanos comunitarios. Además, desde el punto de vista jurídico creo que se ha cometido un auténtico disparate en cuanto a la fórmula que hasta ahora se estaba llevando y la
que se pretende mantener, porque dependiendo de la jefatura provincial local a la que acuda el ciudadano a gestionar los correspondientes papeles para estos permisos resulta que en algunos casos se le solicitaba y en otros casos no.
Evidentemente
es una irregularidad jurídica que incluso indirectamente -no digo que fuera a conciencia- provoca que determinados negocios pequeños de este tipo se desvíen no por el natural caminar del mercado, sino porque las exigencias en uno y otro sitio son
distintas y eso invita, como es lógico, a los ciudadanos a acudir a aquellos lugares donde la tramitación es mucho más sencilla que en otros.



Por último, queremos hacer constar que los ciudadanos europeos también se encuentran con esta misma cortapisa, con esta misma exigencia, en transacciones mercantiles semejantes donde también interviene en el trámite la Dirección General de
Tráfico. Creemos que se debe revisar si este trámite, el número de identificación para extranjeros, es necesario no solo para esta propuesta que ha hecho Convergència i Unió sino también para otras actividades, negocios mercantiles, transacciones
en este caso de vehículos, que se producen en nuestro territorio. Pudiera ser interesante no quedarnos en la propuesta que hace el Grupo Socialista de agilizar, sino eliminar y examinar esos requisitos para otros trámites que creemos que van en
beneficio de una menor burocracia, de menos papeles, de menos colapso en las jefaturas y una rapidez en cuanto a la gestión de negocios de escaso calado económico como el que hoy estamos


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analizando. Por tanto, a pesar de esta enmienda, nosotros mantenemos el voto favorable a esta iniciativa.



La señora PRESIDENTA: ¿En relación con esta enmienda tiene algo que decir?


El señor GUINART SOLÁ: No, señora presidenta.



-SOBRE LAS PRUEBAS DE ACCESO AL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001244.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día, la proposición no de ley sobre las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el
señor Corcuera.



El señor CORCUERA PLAZA: Como saben, señorías, el Reglamento de procesos selectivos y de formación de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, aprobado por el Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, establece como uno de los requisitos
para el ingreso tanto en la escala básica como en la ejecutiva tener una estatura mínima de 1,70 metros para los hombres y 1,65 metros para las mujeres. La proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Socialista tiene por objeto instar a los
cambios necesarios para adecuar este requisito de estatura mínima para el ingreso en el Cuerpo Nacional de la Policía a la realidad del nuevo modelo policial y a los estándares europeos exigidos en la materia, dando respuesta así a las demandas de
un importante colectivo que ha visto frustrada su vocación por no llegar a una determinada altura. La redefinición del modelo policial iniciada al objeto de aumentar la eficacia operativa, la eficiencia en la gestión y la mejora de la calidad en la
prestación de los servicios ha puesto en evidencia la necesidad de potenciar y perfeccionar actividades como la investigación y la permanente adaptación a las nuevas realidades delictivas, y ha evidenciado la necesidad de un incremento de los
recursos materiales y humanos pero también un desarrollo de la especialización. En ese sentido, no se trata tan solo de tener más policías, sino ante todo de tener una buena policía; el cambio de un modelo de policía basado en la fuerza por un
modelo en que prime la inteligencia de sus integrantes, puesto que las funciones de la policía cada vez están más incardinadas en la tecnología y menos en la fuerza física. Basta una visita a una comisaría para constatar que son muchas las
actividades donde las condiciones físicas son secundarias y, por el contrario, es necesario un alto grado de especialización. Son actividades en las que no se requiere dar una talla mínima sino tan solo talla intelectual. En la mente de todos
estarán sin duda especialidades como la Policía científica, administrativa, de delitos informáticos, de delitos financieros, delitos contra el patrimonio cultural o delitos de género, entre otras. Además, el Cuerpo Nacional de Policía se encuentra
inmerso en el proceso más amplio de ingreso conocido desde su nacimiento, con ofertas de empleo público de 5.500 plazas anuales, al objeto de paliar la pérdida de personal que se produce a causa del cumplimiento de la edad reglamentaria de pase a
segunda actividad y jubilación, que supone entre 2.000 y 3.000 efectivos por año, así como también para compensar la falta de efectivos que se detecta en la actualidad como consecuencia de un abandono de las plantillas en los últimos años. Aun
cuando son muchas las solicitudes de participación que se reciben en cada convocatoria, a lo largo del proceso de selección quedan reducidas considerablemente, bien sea por la no presentación al examen, por la carencia de algunos de los requisitos
exigibles o por la no superación de las fuerzas físicas, del reconocimiento médico o de las pruebas de aptitud, siendo uno de los requisitos que impide la posibilidad de ingresar al Cuerpo Nacional de Policía de muchos ciudadanos la estatura mínima
exigida. En algunos países de la Unión Europea se solicitan estaturas inferiores a la requerida en España para ingresar en sus cuerpos de seguridad, a pesar de que la estatura media de los ciudadanos es superior a la nuestra. Por ejemplo, en
Francia, para el ingreso en la Policía Nacional la estatura mínima exigida es de 1,68 metros para los varones y 1,60 para las mujeres; la Gendarmería Nacional exige 1,54 para los hombres y 1,50 para las mujeres. En Italia, la Polizia di Stato, la
Guardia di Finanza y la Policía penitenciaria sitúan la estatura mínima en 1,65 y 1,61 respectivamente. En Alemania, la estatura solicitada en sus dos cuerpos es en el BKA 1,66 y 1,62 y en el BGS 1,65 y 1,63. En la policía de la Gendarmería
austríaca las medias están en 1,68 y 1,63 y, por último, en la policía belga se requiere la misma estatura tanto para hombres como para mujeres, que se sitúa en 1,52 centímetros. Por su parte, países como Reino Unido o Portugal no exigen estatura
mínima para el ingreso en los cuerpos de la policía, criterio que en España tampoco es unánime. En el País Vasco y Valencia se han equiparado a Europa y han puesto una talla mínima de 1,65 para hombres y 1,60 para mujeres.



En estos momentos, y según la información recabada de la Dirección General de la Policía por este diputado, hay en estudio la posible modificación de diversos aspectos del ya mencionado real decreto que regula el ingreso en el Cuerpo
Nacional de Policía, entre ellos el referido a la estatura.
Así, en fecha 1 de junio de 2005, ante las reiteradas quejas y solicitudes de ciudadanos, se remite informe de la Subdirección General del Gabinete Técnico a la División de Formación y
Perfeccionamiento en el que se emitía el parecer favorable para efectuar la modificación a la baja de la estatura mínima exigida para las mujeres, en atención a la estatura media de las mujeres españolas que, según el INE, se sitúa en 161
centímetros, a diferencia -se decía- de la de los hombres, que se sitúa por encima de los 170 centímetros


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requeridos para el ingreso. No obstante, también señalaba dicho informe que el interés general que supone la prestación del servicio público de seguridad, por el que la Administración debe velar, obliga a que el requisito de estatura no
pueda ser considerado aisladamente ni visto solo para el ingreso, sino también desde el punto de vista de las necesidades que la Dirección General de la Policía requiere para dar respuesta a una serie de servicios. El 8 de julio de 2005 contesta
dicha división entendiendo que objetivamente no existen razones para mantener la exigencia de 165 centímetros para las mujeres que puedan acceder al Cuerpo Nacional de Policía y que, con las referencias indicadas, la estatura mínima exigible de las
mismas debería situarse en los 160 centímetros.



Señorías, como pueden imaginarse, son muchos los ciudadanos que han visto imposibilitada su vocación por el simple hecho de no haber crecido lo suficiente. Este es el caso, como muchos hay tanto en hombres como en mujeres, de una joven
aspirante que frustrada se dirigía a las instituciones. Déjenme que les lea textualmente la demanda de esta ciudadana porque creo que es muy ejemplarizadora y deja muy a las claras hasta dónde llega este absurdo requisito. Nos decía esta
ciudadana: Soy una recién licenciada en biología y desde hace tres años tengo en mente hacer las oposiciones a la Policía Nacional para posteriormente acceder a la Policía científica porque creo que los conocimientos que he adquirido en biología
son útiles para la policía. Pues bien, mido 1,64 centímetros y medio y para entrar en la policía me piden 1,65 centímetros. Eso quiere decir que por medio centímetro no voy a poder dedicarme a la profesión que durante tres años he tenido en mente.
¿Realmente creen que ese medio centímetro me supondría alguna ventaja para ejercer de policía científica? ¿Voy a ser peor policía por medir 1,64 centímetros en lugar de medir los reglamentarios 1,65 centímetros? La estatura media en España para
las mujeres es de aproximadamente 1,60, lo que quiere decir que una gran mayoría de las mujeres no pueden pertenecer a la policía porque son bajitas, según alguien sin mucho conocimiento que escribió los estatutos de acceso al Cuerpo Nacional de
Policía. Pues bien, señorías, está claro que por medir unos centímetros menos un miembro de la policía no va a ser peor profesional. La seguridad pública exige ser servida por profesionales reconocidos con alto nivel de capacitación y motivación.

Desde el Grupo Socialista entendemos que es una reivindicación justa que debe ser adecuada a la realidad actual del Cuerpo Nacional de Policía y por eso pedimos el voto favorable de los grupos de esta Comisión.



Antes de acabar, quisiera hacer referencia a la enmienda presentada por el Grupo Popular en la que nos solicitan añadir un inciso a nuestra proposición no de ley. Consideramos que el texto que quieren añadir está ya reflejado tanto en el
argumentario como en la proposición no de ley y que, además, podría limitar la posibilidad de bajar este requisito de altura mínima para el caso de los hombres, con lo cual creemos no conveniente incluirlo y no aceptamos la enmienda.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Salvador.



El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra postura y defender la enmienda que hemos presentado a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. En todo caso,
anuncio que vamos a votar favorablemente el texto que resulte y vamos a intentar justificar y defender la enmienda que hemos presentado porque, al contrario de lo que dice el portavoz socialista, nosotros creemos que sí que aporta. Votaremos en
todo caso que sí al texto porque creemos que responde a una necesidad. Obviamente es un texto muy etéreo porque el campo que permite al Gobierno es amplísimo, sin perjuicio de que se le pida que en el tiempo más breve posible formule los cambios
procedentes para que la estatura mínima se ajuste a una serie de estándares europeos y a la realidad. No deja de ser cierto que, si tenemos que adecuarlos a unos estándares europeos, la conclusión es que la adecuación puede ser cualquiera porque en
Europa no existe un estándar, no hay un modelo unificado de criterio sobre acceso a la función policial, y en la justificación de la proposición se establecen al menos doce o trece ejemplos y ninguno de ellos coincide; es más, para algunos países
es relevante la estatura tanto en hombres como en mujeres y para otros ni siquiera lo es. Si en este caso lo que se pide al Gobierno es que interprete en función de esos estándares, la verdad es que puede hacer lo que quiera. (La señora
vicepresidenta, Rivero Alcover, ocupa la Presidencia.) Puede decidir que no haya ningún límite de edad y tendrá apoyo en la normativa de algún país europeo, puede decidir reducirlo y también tendrá ese mismo apoyo. Realmente lo que se hace con el
argumentario, que es un poco contradictorio, es vestir un poco la necesidad real y la problemática de fondo, que yo creo que también la ha dicho de alguna manera en su exposición el portavoz del Partido Socialista y no es otra que en las
convocatorias, que son muchas, en los procesos de selección no se cubren muchas veces todas las plazas que se ofertan. En ese sentido y con objeto de ampliar la base, el espectro de posibles personas que puedan acceder a esa selección, es el ánimo
que creemos es el positivo. Justificar que por el hecho de tener más o menos centímetros pueda derivarse una modificación o algún cambio en la calidad del servicio o que venga definido por un nuevo concepto del modelo policial o lo que fuera,
probablemente haya que vestir esta proposición, pero no deja de ser una argumentación dialéctica que no tiene que ver exactamente con la preocupación que tienen los agentes y las personas que operan en el mundo policial. Así que votaremos a favor.
Y no creemos que deba ser una carta en blanco sino que se sea riguroso en esa adecuación.
Más allá de los comentarios o de la percepción del Partido Socialista


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sobre nuestra apostilla, sobre la enmienda que añadimos al texto que proponen en la que pedimos que esos cambios se produzcan una vez realizados, entre comillas, los estudios pertinentes sobre la estatura media del ciudadano español
ateniéndonos a nuestra idiosincracia, la justificación por un lado no es otra que la que decía, que aunque lo ponga en la proposición no hay estándares europeos en los que basarse, y, por otro lado, que no creemos de ninguna manera que el sentido de
nuestra aportación limite en ningún caso cuál sea al final la decisión que pueda adoptar el Gobierno en función de los estudios que tenga. Nos parece lógico que el Gobierno cuente con esos estudios y que los mismos -no quisiéramos que el Grupo
Socialista así lo vea- no limitan en absoluto la capacidad que luego tiene en función obviamente de los objetivos que se pretenden, que no son otros sino que haya una mayor demanda y que se puedan cubrir unas expectativas y unos intereses que por
parte de los operadores se han puesto de manifiesto y que se reflejan en la proposición. Hubiéramos deseado que nos hubieran aceptado la enmienda; la vamos a seguir manteniendo porque creemos que aporta, no limita, y en todo caso reiteramos
nuestro voto favorable a la proposición.



La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): ¿Algún grupo no


enmendante quiere intervenir? (Denegaciones.)


-RELATIVA A LA EXCEDENCIA PARA EL CUIDADO DE HIJOS EN LA POLICÍA NACIONAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/00864.)


La señora VICEPRESIDENTA (Rivero Alcover): Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la número 3, relativa a la excedencia para el cuidado de los hijos en la Policía Nacional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para cuya
defensa tiene la palabra la señora Camarero.



La señora CAMARERO BENÍTEZ: Señorías, en 1999 se aprobó la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar que supuso un primer instrumento normativo eficaz para facilitar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Esta ley
introdujo cambios legislativos en el ámbito laboral para que los trabajadores puedan participar en la vida laboral dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La incorporación de la mujer al trabajo ha
motivado, sin duda, uno de los cambios sociales más profundos de este siglo, y hace necesario configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modelo de cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que
permita un reparto equilibrado de las responsabilidades en la vida profesional y en la vida privada. Fomentar la conciliación, es más, la corresponsabilidad, debe ser una prioridad y por ello es responsabilidad de los que nos dedicamos a la
actividad pública promover todas las iniciativas tendentes a mejorarla. El Grupo Popular pretende a través de esta proposición no de ley que el Gobierno reforme el Reglamento de provisión de destinos del personal de la Policía Nacional para que los
agentes que soliciten una excedencia para el cuidado de los hijos tengan una reserva temporal de destino. Pretendemos a través de esta proposición no de ley que los funcionarios de policía tengan las mismas posibilidades que los funcionarios
civiles, de tal forma que los agentes que pidan una excedencia voluntaria para atender al cuidado de los hijos o para encargarse del cuidado de un familiar directo tengan una reserva temporal del destino. En relación con la policía, la
reglamentación de las excedencias de este cuerpo debe asimilarse a las existentes en otras fuerzas de seguridad, como es el caso de la Guardia Civil, donde se reserva de forma temporal el destino para los guardias civiles que soliciten una
excedencia voluntaria para atender al cuidado de sus hijos u otros familiares. Hace unos meses el Consejo de Ministros aprobó una reforma del Reglamento de provisión de destinos del personal de la Guardia Civil para establecer una reserva temporal
del destino para los guardias civiles que pasen a la excedencia voluntaria para atender al cuidado de sus hijos u otros familiares, posibilitando de esta forma su mayor participación en la vida familiar y avanzando en el camino de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. Esta reforma trasladó a la Guardia Civil el régimen previsto para los funcionarios civiles en el artículo 29.4 de la Ley de medidas para la reforma de la Función pública de 1984, modificada por la disposición
adicional primera punto 4 de la Ley de protección a las familias numerosas de 2003. Y esta medida es la que queremos que se extienda con la aprobación de esta proposición no de ley a los funcionarios de la Policía Nacional, porque cuando hablamos
de la participación de la mujer en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado vemos que es similar en ambos cuerpos, contando la Guardia Civil con 2.716 mujeres y la Policía Nacional con 3.388. Podemos observar al estudiar las cifras cómo
todavía son una minoría los agentes masculinos de la policía que solicitan permisos de paternidad, por lo que creemos que medidas como esta pueden contribuir a animar a más funcionarios a solicitar las bajas. Los datos nos dicen que durante 2004
las bajas por maternidad fueron 172; si sumamos los últimos cinco años observamos que se elevan a 762, mientras las bajas por paternidad se limitan a 23 durante 2004 y 100 en los últimos años. Y si hablamos de excedencias, durante el 2004 se
concedieron un total de 28.922 para el cuidado de hijos de las cuales 27.639 se concedieron a las madres y 1.283 a los padres, tendencia que ha continuado durante 2005. Los datos del primer trimestre nos dicen que de las 9.275 excedencias para el
cuidado de hijos solicitadas 8.850 se conceden a las madres y solo 425 a los padres. Y la única norma que encontramos en la Dirección General


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de Policía es la Resolución de 2 de marzo de 2001 por la que se dictan normas provisionales de protección a la maternidad y establece normas sobre el tratamiento específico y protección de los estados de gestación y maternidad para las
mujeres policías. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) En cuanto a la excedencia en el Cuerpo Nacional de Policía, está regulada la solicitud de excedencia para el cuidado de hijos, que puede ser solicitada en cualquier momento posterior a
la fecha de nacimiento o de adopción, teniendo una duración no superior a tres años a contar desde la fecha del nacimiento o de la resolución de adopción. Si la excedencia se solicita para el cuidado de otros familiares su duración no supera el
año. Sin embargo, señorías, no existe una norma concreta, una resolución específica, como tiene la Guardia Civil, que regule la reserva de puesto de trabajo para el funcionario de policía que solicite esta excedencia. Por ello se pueden crear
disfunciones que perjudiquen a los funcionarios.



Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos razonable asimilar la situación de los funcionarios de la Policía a la que tiene la Guardia Civil, y dotarles de una resolución específica para el cuerpo que impedirá que en la práctica se
puedan generar dudas o disfunciones a la hora de aplicar la legislación general de los funcionarios. Por todo ello, desde el Grupo Popular hemos querido con esta iniciativa facilitar a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía la conciliación
de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad de ambos padres, al tratarse de una medida que beneficia no solo a las madres sino a ambos progenitores.



La señora PRESIDENTA: Esta proposición no de ley no tiene ninguna enmienda. ¿Alguna intervención por los grupos no enmendantes? Tiene la palabra la señora Niño.



La señora NIÑO RICO: El Grupo Parlamentario Socialista no puede más que estar de acuerdo con el espíritu, la intención que hoy trae la proposición no de ley del Grupo Popular de mejorar en la medida de lo posible siempre las condiciones
laborales de los españoles y las españolas con el objetivo final de hacer más fácil la conciliación de la vida familiar y laboral. Es reseñable este interés inusitado del Grupo Parlamentario Popular por favorecer a todos los colectivos posibles con
propuestas al Gobierno para mejorar sus condiciones laborales después de haber tenido la responsabilidad y la posibilidad de haber tomado estas medidas durante ocho años de gestión sin que obviamente se llevaran a cabo en ese momento. Insistimos en
estar de acuerdo con la necesidad de realizar todos los esfuerzos precisos para que la igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres sea una realidad, pero entendemos que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy a esta
Comisión de Interior parte de una premisa errónea y es que no se recoge actualmente una reserva temporal de destino en caso de solicitud de excedencia voluntaria para atender al cuidado de los hijos o para encargarse del cuidado directo de un
familiar para el personal de la policía porque esta reserva temporal está actualmente, de hecho, asegurada. Me explico. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prevé para los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía la aplicación supletoria de la legislación referida a los funcionarios de la Administración civil del Estado en aquella parte del régimen estatutario que no regule dicha ley y las disposiciones que posteriormente la desarrollan,
artículo 16.2. En ese sentido, y aunque la excedencia para el cuidado de familiares no está prevista ni regulada específicamente en la reglamentación del Cuerpo Nacional de Policía, de acuerdo con el citado precepto de la ley orgánica ya se les
viene aplicando la normativa general de los funcionarios, en particular el artículo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función pública, y el Reglamento de situaciones administrativas de los funcionarios de la
Administración civil del Estado aprobado por Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, en el que se regula el reingreso al servicio activo desde dicha situación, de conformidad con el derecho de reserva recogido en dicha normativa. Es cierto que ha
sido preciso adaptar la regulación correspondiente a la Guardia Civil, como bien comentaba la portavoz del Grupo Popular, porque la Ley 2/1986 no contenía para esta institución un precepto similar al 16.2, solo aplicable a la policía, sino que la
normativa supletoria en este caso para la Guardia Civil era la de carácter militar, artículo 13.2. Así, en fechas recientes se han informado sendos proyectos de reales decretos por los que se modifica el Reglamento de provisión de destino del
personal del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 1250/2001, y el Reglamento del personal militar profesional por Real Decreto 431/2002, en los que precisamente se pretendió modificar determinados artículos en los que se disponía
el cese en el destino por pase a la situación administrativa de excedencia voluntaria, sin establecer ninguna excepción para quienes pasaran a ella por atender el cuidado de hijos o para encargarse del cuidado directo de un familiar. Con esta
modificación se pretende incorporar al régimen de destinos del personal de la Guardia Civil y del personal militar profesional las reservas establecidas para la generalidad de los funcionarios civiles y para el personal de las Fuerzas Armadas, es
decir, la reserva del puesto de trabajo durante el primer año de la excedencia para el cuidado de hijos o de familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y
no desempeñe una actividad retribuida, así como la ampliación de esta reserva hasta un máximo de 15 ó 18 meses cuando se trate de unidades de categoría general o especial respectivamente. Asimismo se prevé la concesión de un derecho preferente para
ocupar vacantes en la misma provincia en la que estuviese la unidad, centro u organismo cuando


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no se haya podido reincorporar a su anterior destino por haber agotado el plazo de reserva anterior.



En consecuencia, señorías, se entiende que la finalidad perseguida con la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Popular es una realidad para el Cuerpo Nacional de Policía por aplicación del artículo, que ya hemos comentado, 29.4 de
la Ley 30/1984 en la redacción efectuada por la Ley 39/1999. Por tanto, insistimos en que la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito de la policía ya se respeta en los mismos términos que para los funcionarios de la Administración
General del Estado y la proposición no de ley, aunque estimable, resulta en conclusión totalmente innecesaria y por ello vamos a votar en contra de la misma.



La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo no enmendante quiere hacer uso de la palabra? ¿El grupo proponente quiere añadir algo? (Denegaciones.)


-RELATIVA A LOS DATOS DE CRIMINALIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001205.)


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de la siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a datos de criminalidad. Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las cuestiones que más preocupa a los ciudadanos españoles, y es
conocer el grado de inseguridad ciudadana que se puede vivir en las calles de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, en todo el territorio español. Nosotros así lo exponemos en la exposición de motivos de esta proposición no de ley y decimos que
la Administración, para ser más próxima al ciudadano, debe tender cada vez más a un mayor grado de transparencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de los servicios públicos; es decir, el ciudadano reclama cada vez más información clara y
de forma pública de todos los asuntos que afectan a su vida cotidiana. En la exposición de motivos dejamos constancia de que en otros ámbitos de la vida política y de la vida civil se publicitan los datos, por ejemplo, en relación con el INEM, los
datos de la población activa, los datos de desempleo, todos aquellos datos referidos al índice de precios al consumo, inflación, número de accidentes de trabajo, etcétera. Entendemos que también se debería dar una publicidad del número y del grado
de inseguridad ciudadana que puedan estar sufriendo nuestras ciudades y municipios. Querríamos saber con una cierta periodicidad la información pública de aquel número de delitos, aquel número de faltas que se producen en territorio español. Es
decir, queremos conocer con una precisión y explicitación concreta el número de delitos en relación con las personas, en relación con el patrimonio, el número de faltas también en relación con todos estos ámbitos, en resumen, señorías, queremos
conocer los datos en materia de seguridad ciudadana. Para ello debería facilitarse a los ciudadanos una información puntual, con carácter trimestral, sobre la delincuencia, como instrumento de recopilación de datos de la información que solo posee
el Ministerio del Interior y en este caso la Secretaría de Estado de Seguridad. Por eso, señoras y señores diputados, lamentamos y creemos que no era necesaria la Instrucción 2005 sobre difusión de datos estadísticos sobre la evolución de la
criminalidad. Esta instrucción que se remite el 9 de junio de 2005 firmada por el don Antonio Camacho Vizcaíno, secretario de Estado de Seguridad, dice que no se faciliten datos y que solo se difundirán datos estadísticos y análisis de evolución de
la criminalidad cuando sean autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad.



Señoras y señores diputados, el resultado es que no conocemos a fecha de hoy de manera oficial los datos sobre criminalidad. Y lamentamos profundamente que tengamos que enterarnos por los medios de comunicación, como a su vez también
creemos que no puede ser solo un medio de comunicación el que tenga que facilitar los datos que se le atribuyen a un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad cuando el resto de los medios de comunicación y el resto de los ciudadanos ni
conocemos ese informe ni conocemos los datos contenidos en relación con el incremento de la delincuencia. Con fecha 24 del noviembre de 2005, El País publicaba los datos de criminalidad y decía que la delincuencia se incrementaba en un 3,1 por
ciento en los primeros nueve meses del año. Ustedes comprenderán que son datos que preocupan, son datos que generan preocupación a los ciudadanos españoles, y en este caso los responsables públicos tenemos una preocupación añadida y es la de que,
después de estar reiterando de forma continua esos datos sobre el índice de criminalidad y el grado de inseguridad que tenemos los ciudadanos españoles en el año 2005, no se nos han facilitado de manera oficial, con lo cual creemos que sería un
instrumento extraordinariamente positivo, extraordinariamente válido que este Congreso y esta Comisión aprobaran el texto dispositivo de esta proposición no de ley en la que requerimos que el Ministerio del Interior dé esa información con carácter
trimestral, con carácter público y con total transparencia. Como sabemos que este Gobierno es el del diálogo y la transparencia, a buen seguro que aceptará esta proposición no de ley de mucho agrado, teniendo en cuenta que su lema fundamental y
prioritario ha sido el de la mayor publicidad, la mayor transparencia y el mayor diálogo. Por eso seguro que coincidiremos con el Grupo Parlamentario Socialista en que se pueda dar publicidad con carácter trimestral a todos estos datos que,
volvemos a decir, son de extraordinaria preocupación y de extraordinario interés para los ciudadanos y que además estamos viendo que están subiendo en este año 2005 sin que


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tengamos una información oficial, una información exhaustiva y precisa por el Ministerio del Interior.



La señora PRESIDENTA: Esta proposición no de ley tiene una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor diputado.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Lo cierto es que se podría afirmar que el discurso del Partido Popular en esta materia y la intervención de la señora Sánchez-Camacho hace unos instantes en esta materia es formalmente correcta, porque es lógico y
deseable -creo que todos los grupos compartimos el objetivo- que haya información, que los ciudadanos tengamos información sobre la evolución no solo de los indicadores a los que usted hacía alusión sino también sobre la evolución del número de
delitos, y es también lógico y deseable que esa información esté dirigida a los ciudadanos y ciudadanas y también, como se dice en su proposición no de ley, a los responsables de las políticas de seguridad para que en base a la misma puedan mejoras
las estrategias y las tácticas dirigidas a aumentar la seguridad ciudadana.



Desde un punto de vista general, difundir indicadores, evaluar la calidad de las políticas públicas es un objetivo loable y, por tanto, es lógicamente deseable. Si a esto se le añade un plus de transparencia, es decir, impulsar medidas que
hagan más transparente la dinámica de la información entre la Administración y sus destinatarios, los ciudadanos, lo cierto es que hace que ese objetivo sea en mayor medida más loable y deseable. Hecha esta reflexión general, no obstante, señora
Sánchez-Camacho, a nuestro grupo le cuesta admitir un discurso tan exigente, un planteamiento del Grupo Parlamentario Popular tan exigente cuando quien lo formula ha tenido mucho tiempo, ocho largos años, y muchas oportunidades de llevarlo a la
práctica. Dicho de otro modo, llama poderosamente la atención que hoy este sea un asunto urgente y que, siendo hoy urgente, no lo haya sido en los ocho años en los que el señor Rajoy y el señor Acebes fueron ministros del Interior y tuvieron la
oportunidad de impulsar esas medidas e incluso perfeccionarlas. Porque no puede olvidar, señora Sánchez-Camacho, que está haciendo esta propuesta en esta Comisión solo un año y pico después de haber abandonado el Gobierno, por tanto, solo un año y
pico después de haber permanecido durante dos legislaturas con la responsabilidad de haber introducido todos esos cambios hacia la mejora de la transparencia, hacia la mejora de la información. Permítame que le diga muy respetuosamente, señora
Sánchez-Camacho, que cualquier observador avezado podría llegar a la conclusión de que el interés por la transparencia del Partido Popular en cuanto a estas cifras de las que estamos hablando es una inquietud que le llega cuando está en la
oposición, pero que no la tiene cuando está en el Gobierno. Por tanto, son consideraciones que no pueden ser ajenas a este debate. Objetivamente, al margen de estas consideraciones a las que hacía referencia, el asunto que está planteando no fue
una prioridad para el Gobierno del Partido Popular. Es una realidad objetiva constatable y que, por tanto, está ahí y es inatacable. Y eso resta credibilidad a su posición, a su planteamiento, a su propuesta hoy aquí, y la debilita
considerablemente; pero -y permítame que lo diga- resta más credibilidad y debilita más aún su posición, la posición de su partido que hoy usted defiende aquí, el hecho de que esta proposición no de ley, sus objetivos y finalidades, su contenido,
en definitiva, no sea nuevo en esta Cámara.
Es decir, no solo le resta credibilidad el hecho de que han tenido la oportunidad de hacerlo durante ocho años, mucho tiempo, sino el hecho de que la finalidad, los objetivos y el contenido de lo que hoy
estamos discutiendo aquí no sea nuevo en esta Cámara, lo que desde luego debilita aún más la posición de su partido que está usted defendiendo.



Posiblemente esta iniciativa que usted plantea tuviera mucho más crédito si no fuera porque ya se abordó en la legislatura pasada. Déjeme que le diga -no sé si su señoría lo sabe- que se presentó una iniciativa con la misma finalidad, con
el mismo objeto, pero en lugar de por el Grupo Parlamentario Popular fue presentada -fíjese usted- por el Grupo Parlamentario Socialista, concretamente el 31 de octubre de 2001. Como se puede imaginar, señora Sánchez-Camacho, esta iniciativa fue
discutida el día 18 de noviembre de 2001 y fue votada y rechazada por los votos del Grupo Parlamentario Popular. No solo fue rechazada sino que -si me permite que le dé unas pinceladas sobre el contenido del debate, que no sé si recuerda y conoce-
fue despachada con la vehemencia que todo sabemos caracteriza a quien en aquel momento era portavoz del Partido Popular en esa Comisión, y esa iniciativa del Grupo Socialista en la oposición de impulsar estas medidas que usted está planteando fue
tachada de contradicción y de ignorancia intencionada. A quienes eran miembros del Grupo Parlamentario Popular en aquel momento, en 2001 en el Gobierno, les llevó a despachar la cuestión, a zanjar la cuestión diciendo algo así como: Nosotros no
creemos que sea procedente la creación de esta agencia.
Esa era la posición del Grupo Parlamentario Popular hace muy poco tiempo respecto de esta cuestión. Por eso decía anteriormente, señora Sánchez-Camacho, que su posición está muy debilitada
por dos razones poderosas, por dos razones importantes, porque no lo hicieron y pudieron hacerlo, y porque además de no haberlo hecho en ocho años lo rechazaron expresamente con estos argumentos. Por tanto, saludamos el cambio, saludamos que ahora
lo que decía el señor Gil Lázaro hace cuatro años ustedes digan que era un error, pues tácitamente están diciendo que estaban ustedes en una posición errónea y vienen a la posición que mantenía el Partido Socialista que es la de avanzar en
transparencia, avanzar en información a los ciudadanos en un asunto tan importante. Por tanto, le digo sincera y amablemente, señora Sánchez-Camacho, que saludamos ese cambio de posición que ha tenido el Partido Popular. La oposición sienta


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bien muchas veces, hace reflexionar y hace que los grupos políticos se den cuenta de que tenían posiciones encasquilladas, posiciones erróneas. Está bien cambiar, está bien ir a mejor y lo saludamos, pero seguimos pensando lo mismo.
Pensábamos lo mismo en 2001. Una compañera en la Comisión de Interior pensaba que era necesario avanzar en esas posiciones y ahora seguimos pensando exactamente lo mismo; si quiere con el transcurso del tiempo hemos mejorado un poco la posición,
si quiere hemos intentado pulirla y hemos intentado avanzar en transparencia. Ese es el sentido, esa es la finalidad y ese es el objetivo que contiene la enmienda que hemos presentado a su proposición no de ley; una enmienda que estoy seguro de
que no van a tener ninguna dificultad y ningún inconveniente en aceptar, ya que no solo contiene lo que ustedes plantean sino que lo mejora. Además, es una enmienda que tiene su base precisamente en una proposición no de ley presentada por mi buen
amigo y compañero el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hace unos meses en relación con este asunto y que dejaba absolutamente clara cuál es la posición al respecto del Grupo Parlamentario Socialista. Como el Grupo Parlamentario Socialista
sigue creyendo en la necesidad de que haya instrumentos que evalúen la calidad de la política pública de seguridad y que informen a los ciudadanos, y no solo eso sino que además queremos que haya un compromiso de este Gobierno y de los que hubiera
en el futuro para que vengan al Parlamento y den a conocer a los grupos parlamentarios de esta Cámara y a los ciudadanos la evolución de los indicadores de criminalidad; como queremos que eso sea así y como el Grupo Parlamentario Popular estará en
este cambio que está experimentando como consecuencia de ocupar el banco de la oposición, seguro que estará de acuerdo en aceptar la enmienda que planteamos que viene a decir, y lo resumo muy brevemente: poner en marcha un centro de estudios de
seguridad e interior, un centro que recopile información, que analice la información, que dé información a quienes tienen la responsabilidad de dirigir las políticas de seguridad y, al mismo tiempo, la obligación de dar cuenta el Gobierno en el
Parlamento de una memoria de los datos anuales sobre delincuencia.



Creo que el planteamiento no le será ajeno porque ya se ha referido usted a la Instrucción de 2005 sobre difusión de datos sobre criminalidad y el secretario de Estado en su comparecencia en relación con los presupuestos, el día 13 de
octubre de 2005, le contestó que no había ninguna prohibición, que el Gobierno no estaba impidiendo en ningún caso que se ofreciera información a los ciudadanos sobre la evolución de los datos. La prueba es que usted lo sabe, acaba de decirlo, por
tanto no puede estar prohibido. Consta en el 'Diario de Sesiones' de fecha 13 de octubre de 2005 -no creo que quiera que se lo lea literalmente- que el señor secretario de Estado de Seguridad le dejó absolutamente claras dos cosas: primera, que la
Secretaría de Estado y por tanto el Ministerio del Interior está por la transparencia, que se está trabajando en un complejo programa estadístico de seguridad en el que se van a invertir 500.000 euros precisamente para ofrecer buenos datos a los
ciudadanos; y segunda, que no había ningún tipo de prohibición para que se dieran datos a los ciudadanos sobre la evolución de los indicadores de criminalidad. En ese sentido vuelvo al objeto central de mi intervención para acabar y reitero que,
compartiendo como comparten ahora los objetivos en pro de la transparencia también en esta materia, estoy seguro de que no tendrá su grupo ningún inconveniente en aceptar esta enmienda que viene a plantear técnicamente, de una forma mejor acabada,
el mismo objetivo que ustedes plantean.



La señora PRESIDENTA: ¿Hay grupos no enmendantes que quieran intervenir en este momento? El Grupo Parlamentario Popular tiene que decir algo sobre la enmienda.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Diré algo sobre la enmienda y sobre alguna que otra cuestión que ha sido aludida por el portavoz del Grupo Socialista. Le diré en primer lugar que estamos absolutamente de acuerdo con usted en la
transparencia y en la necesidad de que los gobiernos democráticos, como dice nuestra proposición no de ley, expresen esa transparencia en la publicidad y la información de los indicadores en materia de seguridad ciudadana, y como creo que su grupo
también está de acuerdo espero que voten esta proposición no de ley. Pero, señoría, le quiero hacer dos precisiones.



Al margen de su extenso discurso, yo voy a ser mucho más breve pero mucho más clara. La proposición a la que hace referencia en la legislatura anterior se refería a la creación de una agencia. Nosotros no estamos pidiendo eso en el texto
dispositivo. Estamos pidiendo la información trimestral y no la creación de ninguna agencia, porque vista la rapidez con la que ustedes hacen las propuestas legislativas y sobre todo las promesas electorales -me remito a la iniciativa anterior-,
igual esa agencia no está creada en esta legislatura sino ya veremos cuándo. Otra precisión mayor es que cuando gobernábamos los datos se publicitaban cada seis meses. Ustedes tenían esa información y por eso hicieron la campaña contra el Partido
Popular en materia de seguridad ciudadana. Nosotros no lo filtrábamos a ningún periódico. Nuestra política de transparencia no era escuchar al secretario de Estado de Seguridad decir que se iban a dar los datos y los indicadores ante esta Cámara,
al grupo parlamentario que está ocupando ahora mismo la palabra, y después encontrárnoslos el 24 de noviembre de 2005 en un periódico, en un solo periódico al que ustedes han enviado ese informe de la Secretaría de Estado de Seguridad. El Partido
Popular los publicitaba cada seis meses, señoría. Por eso dijimos en su momento que no necesitábamos esa agencia y por eso, manteniendo la misma coherencia, ahora no necesitamos esa agencia. Nosotros dábamos los datos y ustedes que


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hablan muchos de transparencia y diálogo los prohíben, no los dan, y parece ser que no están a favor de votar esta iniciativa. Cómo van a explicar a los ciudadanos que su Gobierno, el del diálogo y la transparencia, no va a dar los datos
trimestralmente. No se preocupen ustedes en crear tantas agencias, nosotros seguimos manteniendo la misma coherencia. No estamos por la creación de esa agencia, estamos simplemente por que el secretario de Estado de Seguridad dé los datos de
inseguridad de este país y no nos tengamos que enterar por un periódico que precisamente es El País. Ningún otro medio de comunicación tiene acceso a esos indicadores, solo al que ustedes se lo quieren dar. Así que mantenemos la misma coherencia y
le decimos que no aceptamos esa enmienda, como tampoco lo aceptamos en su momento, y le reiteramos que no son las mismas situaciones ahora que las de aquel momento. Reitero también que, diga lo que diga el secretario de Estado de Seguridad, en la
Instrucción del 2005 se dice a los distintos servicios de prensa de todos los centros directivos, así como a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, que no sean remitidos datos de los que no se dé autorización por la Secretaría de Estado de
Seguridad. Si eso para usted no es prohibición, perdone pero mi grupo así lo entiende. En ningún momento el Partido Popular envió instrucción alguna de estas características para prohibir a los centros directivos ni a las subdelegaciones de
Gobierno que se diera esa información. Por eso, señora presidenta, este grupo no va a aceptar esa enmienda. (El señor González Serna pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Con esta intervención se termina el debate de este punto. No voy a dar réplica porque usted ha dispuesto de tiempo. Por un error técnico mío no he contabilizado el tiempo de su exposición, pero me parece que ha
sobrepasado con creces el tiempo de todos los diputados.
(Risas.) Le doy la palabra por un minuto.



El señor GONZÁLEZ SERNA: Señora Sánchez-Camacho, puede intentar utilizar todos los recursos retóricos que desee y que le vengan en gana, se lo digo respetuosamente, pero si usted no acepta nuestra enmienda está poniendo el listón de la
transparencia donde realmente lo ha tenido siempre el Partido Popular: muy bajito, muy bajito, muy bajito. Déjeme que le diga una cosa. Dice usted que su grupo no quiere nada de agencias ni de organismos. No sé hasta qué punto ha leído usted
esta proposición no de ley, que le tengo que decir que técnicamente es muy defectuosa y manifiestamente muy mejorable; no sé si será usted la autora pero le voy a leer el inicio del cuarto párrafo: Este organismo dependería del Ministerio del
Interior. Ha dicho usted en su intervención anterior que no se trata de crear ningún organismo, entonces por qué dicen que este organismo dependería del Ministerio del Interior. Repase usted, señora Sánchez-Camacho, el contenido de su proposición
no de ley, repase las contradicciones que laten en su planteamiento.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señora presidenta, pido la palabra por alusiones y porque se le ha dado más tiempo y se ha excedido...



La señora PRESIDENTA: Le voy a dar un minuto.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Brevemente, creo que el señor diputado se ha excedido en sus competencias. Usted sabe que lo que tiene que votar es el texto dispositivo, y usted sabe lo que pone el texto dispositivo. Y la transparencia
muy bajita es la suya, sí, la transparencia muy bajita es la suya porque ustedes no van a querer facilitar cada tres meses la información a los ciudadanos españoles. De eso van a votar en contra y esa explicación la tendrán que dar a los
ciudadanos, no la nuestra.



-SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA CUARTEL PARA LA GUARDIA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE ENCINASOLA (HUELVA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(Número de expediente
161/000777.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y tiene la palabra para su defensa la señora
Navarro.



La señora NAVARRO CASILLAS: La petición que se hace en la proposición no de ley viene avalada por una votación por unanimidad en el Ayuntamiento en pleno de Encinasola en la que todos los grupos, Izquierda Unida, PSOE y Partido Popular,
acuerdan pedir al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil la construcción de una casa cuartel en este municipio y la cesión de los terrenos necesarios para su construcción. La situación que se vive actualmente en este
municipio es que los agentes de la Guardia Civil desarrollan sus funciones en unas condiciones absolutamente precarias debido al estado de deterioro de sus instalaciones en dicha localidad, problema que ha sido denunciado en innumerables ocasiones
poniendo de manifiesto la necesidad de construir una casa cuartel digna que permita una mejor calidad de vida de los agentes, así como el adecuado desempeño de sus labores en este municipio.
Por este motivo se aprobó por unanimidad en el pleno y
por eso nos encontramos hoy aquí. Dado que hoy no es una realidad ni tenemos conocimiento de que se esté llevando a cabo ninguna acción al respecto, estamos pidiendo esta construcción en el menor plazo de tiempo posible porque urge, señorías, y no
puede ser sometida a estudio en un futuro incierto,


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sin plazos, sin una consignación presupuestaria suficiente. Es una necesidad urgente que debe abordarse en el menor plazo de tiempo posible en este municipio y con los terrenos cedidos por el ayuntamiento a tal efecto, y si no son adecuados
los terrenos que se inicien conversaciones para que sean otros los que se utilicen, pero desde luego la predisposición del ayuntamiento es absoluta para que se lleve a cabo y se aborde una solución a este grave problema que se vive en este
municipio.



La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada una enmienda. Para su defensa tiene la palabra el señor diputado.



El señor ORIA GALLOSO: En mayo de este año, la Subdelegación del Gobierno en Huelva remite a los servicios centrales del Ministerio del Interior un listado con las prioridades de nuevos cuarteles de la Guardia Civil a construir en la
provincia de Huelva. En ese informe de la subdelegación se hace constar que de los acuartelamientos existentes, que son 58, 33 son propiedad del Estado mientras 18 pertenecen a otros tantos ayuntamientos y 7 son de propiedad particular. Existen
cuatro casos, concretamente en las localidades de Gibraleón con más de 11.000 habitantes, San Bartolomé de la Torre en torno a 3.000, San Juan del Puerto con más de 6.500 y Trigueros con más de 7.200, en los que las dependencias de las casas
cuarteles se encuentran alojadas en inmuebles particulares y en régimen de alquiler, siendo las que están en peores condiciones las de Gibraleón y Trigueros. Son pueblos del entorno de la capital y con un alto crecimiento poblacional, bien por la
propia sinergia de la capital o, como es el caso de San Bartolomé, por su pujanza agrícola en fresa y cítricos. (Rumores.) De las 12 propuestas enviadas por Huelva se han incluido siete, que son Bollullos, en el condado, Minas de Río Tinto, en la
cuenca minera, Nerva en la cuenca minera, Cortegana en la sierra de Huelva, Trigueros, Mazagón y Gibraleón, en el plan decenal de actuación de la Guardia Civil a desarrollar por la gerencia de infraestructuras, con una dotación inicial de unos 13
millones de euros.



La señora PRESIDENTA: Señores diputados, un poco de calma porque no oímos nada.



El señor ORIA GALLOSO: Además, se incorporan a este plan Huelva capital con más de 140.000 habitantes, Aracena con más de 7.000 habitantes y Ayamonte con más de 20.000 habitantes, que venían de compromisos de años anteriores y en el caso de
Ayamonte sin ningún tipo de consignación presupuestaria.



El puesto de Encinasola, que está en la sierra de Huelva, con 1.600 habitantes, ocupa tres inmuebles en régimen de alquiler y efectivamente el pleno del ayuntamiento, con fecha 24 de noviembre de 2003, solicita la construcción de un nuevo
cuartel de la Guardia Civil ofreciendo los terrenos para ello. El ministerio no acepta el ofrecimiento habida cuenta de que no existe en la actualidad dotación presupuestaria suficiente para ello, al no estar incluida en las prioridades de
construcción de nuevos acuartelamientos a corto y medio plazo, salvo que varíen sustancialmente las condiciones presupuestarias o la financiación de la obra signifique coste cero para el Ministerio del Interior. Hasta aquí el relato de los hechos.



Durante los últimos años, concretamente durante los últimos 8 años del gobierno del Partido Popular, no se había invertido en acuartelamientos en la provincia de Huelva prácticamente nada y en ciudades como Ayamonte, Arazena, Bollullos o
cualquiera de las antes mencionadas, con crecimientos importantes de población, no habían tenido respuesta eficaz a los planteamientos de construcción de nuevas instalaciones para la Guardia Civil. Prácticamente no se había hecho ninguna inversión,
a pesar del discurso del Partido Popular, que vienen a ser como los paladines de la seguridad en este país. Por tanto, estamos de acuerdo con esta programación, que consideramos razonable y coherente para los objetivos de dignificar, hacer eficaces
y cómodos los centros de trabajo, porque se han elegido las prioridades con objetividad, con profesionalidad y sobre todo escuchando a los que utilizan y usan estas dependencias, que no son ni más ni menos que los miembros de la Guardia Civil, y a
los ciudadanos como usuarios de estas dependencias. No obstante, las disponibilidades presupuestarias cambian, y nosotros vamos a seguir trabajando para conseguir incluir en el plan decenal la solicitud del Ayuntamiento de Encinasola y de otro
pueblo también importante de la Sierra de Huelva como es Santa Olaya, que sí estaban los dos en las prioridades que en su día remitió la Subdelegación del Gobierno al ministerio, por lo que vamos a intentar que esos dos pueblos también estén dentro
del plan decenal.
Cualquier otra solución sería pasar por delante de otros proyectos en municipios que tienen un mayor número de habitantes y tienen una situación en materia de seguridad mucho más complicada, por lo que esas inversiones resultan
más necesarias. Como queremos seguir trabajando sobre estos temas, hemos presentado la enmienda que la presidenta tiene.



La señora PRESIDENTA: Grupos parlamentarios no enmendantes. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Torres, tiene la palabra para fijar su posición.



El señor TORRES GÓMEZ: Ya he visto que el diputado del Grupo Socialista, en vez de dirigirse a proponentes de la presente proposición no de ley, habla del discurso que hace el Partido Popular, y aquí el Partido Popular está más callado que
en misa. El Grupo Popular todavía no había intervenido, y lo que yo voy a hacer es defender solamente una proposición, porque me parece justa y porque así lo he hecho en muchas ocasiones, que hace la diputada de Izquierda Unida. Por cierto, mi


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grupo, en función de lo que he dicho, desea que esta proposición no de ley, y así lo va a ratificar con sus votos, si es que el Grupo de Izquierda Unida acepta la enmienda, no corra la misma suerte que ha corrido en tantos años como se viene
presentando el tema de los cuarteles, ya que al menos los que hemos tenido responsabilidades municipales sabemos de la importancia que tiene el hecho de que se establezca un puesto de la Guardia Civil. También es verdad que tiene que haber dotación
presupuestaria, que algunas veces cuesta trabajo conseguir, pero la verdad es que cuando en un municipio se corre la voz de que se va a establecer un cuartel o que, por el contrario, se lo van a llevar, desde el alcalde hasta el último vecino
protestan si se lo llevan o hacen todo lo posible para que se ponga, porque eso es una consecuencia que está derivada del establecimiento de la Guardia Civil y de todos los beneficios que comporta en ese pueblo, y más en un pueblo como Encinasola,
que está en la sierra y se encuentra absolutamente desasistido de fuerza pública, que está, según ha dicho la portavoz, en una casa alquilada y lo más seguro es que no pernocte, quedando la población por la noche sin protección.



Decía al principio que yo esperaba que esta presente proposición no corriera la suerte que tantas otras, pero ya veo, por la enmienda que presenta el Grupo Socialista, que será así, que esto no llevará a ningún lado porque la concepción de
esta enmienda es remitirla sine die a cuando haya planes, etcétera. Me parece que eso es no decir nada y enmendar por enmendar. Por tanto, mi grupo, en las condiciones que salga, la va a apoyar porque, como dicen por mi tierra, menos da una
piedra. Lo que sí quisiera llevar a la mente del proponente de la enmienda -y él lo sabe- es que es la Guardia Civil se ha modernizado mucho en cuanto a comunicaciones, transportes, etcétera, pero si ustedes se dan una vuelta por los cuarteles
antiguos veían que la Guardia Civil vive todavía en unas condiciones lamentables. Ellos fueron los que crearon el antecedente de las soluciones habitacionales que propugna ahora el Partido Socialista en materia de vivienda, y yo soy testigo y he
visto pabellones de cuarteles de la Guardia Civil en los que viven en 40 y 60 metros familias de guardias civiles con dos hijos. Me parece que cualquier propuesta que se haga se debería tomar con más cariño y no remitirla a una solución sine die.



En consecuencia, mucho me temo que, a tenor de esta enmienda que ha presentado, señora proponente, a pesar de la buena voluntad y del sacrificio al ceder unos terrenos un ayuntamiento de 1.600 habitantes, que no es ninguna cosa baladí porque
les cuesta mucho trabajo, a pesar de todo eso, a la Guardia Civil de Encinasola le toque todavía vivir mucho tiempo en las condiciones actuales. De todas maneras repito que mi grupo no lo desea y por ello aprobaremos como quede la presente
proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Navarro para decir cuál es su posición ante la enmienda.



La señora NAVARRO CASILLAS: No admitimos la enmienda porque viene condicionada por lo que se ha manifestado por el Poder Ejecutivo, pero este es el Poder Legislativo y aquí tenemos que apoyar una reivindicación que se ha aprobado por el
ayuntamiento en pleno del municipio de Encinasola. Las objeciones que pueda tener el Ejecutivo en cuanto a cuestiones presupuestarias son propias de otro poder, que no es este. Si los grupos políticos están de acuerdo con que hay necesidad de que
se lleve a cabo, pido que se vote a favor tal y como está presentada esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Con esta intervención hemos terminado este punto y el debate. En unos minutos empezaremos a votar. Aprovecho estos minutos de pausa para recordar a los miembros de la Mesa y a los portavoces, pero también a los demás
diputados de la Comisión que tengan interés, que mañana a las diez saldremos de aquí para visitar a las once una institución penitenciaria en Aranjuez. Lo digo por si alguien más de los que ya sabemos que van a venir tiene interés que lo diga a la
letrada o a mí misma.



Podemos iniciar las votaciones. Vamos a hacerlo por el orden del día preestablecido, aunque haya habido un cambio.



Votamos el primer punto, la proposición no de ley sobre reforma normativa de la Guardia Civil. No se aceptó la enmienda que se había presentado.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 20; en contra 15.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Votamos la proposición no de ley 1244, referida a pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco se aceptó la enmienda.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos la proposición no de ley 864, referida a la excedencia para el cuidado de hijos de la Policía Nacional, que no tiene enmiendas.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 15; en contra 20.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos la proposición no de ley 1205, relativa a los datos de criminalidad, cuya enmienda no se ha aceptado.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 15; en contra 18; abstenciones dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos la proposición no de ley 1096, relativa a la obtención de permisos temporales de matriculación de turismos adquiridos por ciudadanos comunitarios, con la enmienda incorporada presentada por el Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Por último, la proposición no de ley 777, relativa a la construcción de una casa cuartel para la Guardia Civil en el municipio de Encinasola.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 17; en contra 18.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Sin más, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su asistencia.



Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.