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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 432, de 29/11/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 432
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 19
celebrada el martes, 29 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora diputada de la Asamblea de Madrid y ex ministra de Trabajo y Asuntos Sociales (Fernández Sanz), en relación con el libro blanco sobre atención a las personas en situación de dependencia en España. (Número de
expediente 212/000948.) ... (Página 2)
Proposiciones no de ley:
-Para garantizar el cumplimiento de la reserva de empleo del 2 por ciento a discapacitados por parte de las empresas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000683.) ...
-Relativa a la extensión al ámbito de la discapacidad de las disposiciones sobre informes de impacto. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000792.) ... (Página
14)
-Relativa a la sordoceguera como discapacidad que afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para poder llevar una vida mínimamente autónoma. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000800.)
... (Página 16)
-Para impulsar la formación profesional en las personas con inteligencia límite. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/001024.) ... (Página 18)
-Relativa a los contratos de fomento del empleo para personas con discapacidad en régimen de centro especial de trabajo. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001077.) ...
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DE MADRID Y EX MINISTRA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (FERNÁNDEZ SANZ), EN RELACIÓN CON EL LIBRO BLANCO SOBRE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA. (Número de
expediente 212/000948.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión. Hoy tenemos previsto cerrar las comparecencias que habían sido establecidas en torno al debate sobre el libro blanco de la situación de
dependencia en España. Comparece doña Matilde Fernández Sanz, diputada de la Asamblea de Madrid y ex ministra de Trabajo y Asuntos Sociales. Ha estado en esta casa, ella nos conoce a todos y le doy la bienvenida con la seguridad de que sus
aportaciones a este debate serán de gran utilidad para los trabajos que viene desarrollando esta Comisión. Bienvenida a tu casa, Matilde, tienes la palabra.
La señora DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DE MADRID Y EX MINISTRA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Fernández Sanz): Gracias, señor presidente y compañero, Cipriá Císcar.
Diputados y diputadas, letrada, taquígrafas, quiero que mis primeras palabras sean de saludo a todos ustedes y de agradecimiento por esta invitación. He visto por el 'Diario de Sesiones' que han pasado por aquí expertos que han trabajado en
el libro blanco, personas que saben mucho de lo que les contaron y portavoces que representan las necesidades de cada uno de los colectivos afectados. Yo tan solo soy una política que toda su vida ha estado comprometida con el Estado del bienestar
y por azares del destino y responsabilidades que he tenido que asumir, tengo una opinión configurada en torno a lo que puede ser el desarrollo de este libro blanco mediante una proposición de ley sobre la dependencia o con el título que se le ponga.
El libro blanco, señoras y señores diputados, es un documento excelente para trabajar, por los análisis que efectúa, por las investigaciones que ha realizado, por los estudios comparados que contiene, por la radiografía de cómo estamos
trabajando en el conjunto de las comunidades autónomas, por el análisis de los recursos que dedicamos y por los datos que ahí se presentan. Con este trabajo se puede hacer el debate de un texto legal con mucho rigor. El proyecto de ley de
dependencia es posiblemente -voy a hacer un comentario subjetivo- el texto legal más importante que los representantes de este pueblo van a debatir en esa Cámara en esta legislatura. Es un texto que convertido en ley será la ley más útil para las
familias españolas en la España de hoy, desde luego para las mujeres que como ya les han dicho aquí somos las cuidadoras de las familias e incluso lo es ya una generación por encima de los 50 años, sobre todo hijas, que son las grandes cuidadoras de
las personas dependientes, madres o hijas, hijas en el caso de abuelos y abuelas, madres en el caso de hijos con discapacidad. Esta es la dinámica de la sociedad que hemos creado con la incorporación de hombres y mujeres al mundo del trabajo, de
procesos educativos mucho más continuados, etcétera. Una figura que existía en los estudios, las nietas, están desapareciendo como cuidadoras de la sociedad dependiente. Por tanto, lo será útil para el conjunto de la familia, lo es para las
mujeres, lo es para el modelo de sociedad que hemos creado, una sociedad urbana donde hombres y mujeres estudian durante más años, se incorporan al proceso productivo y tienen un proceso de autonomía personal importante y considerable. Lo es por la
creación de empleo. El estudio de Comisiones Obreras sobre los 350.000 puestos de trabajo es sometido a crítica
por algunos expertos, pero no he conocido a ningún experto que no haya hablado de que nunca serán menos de 275.000 ó 300.000 puestos de trabajo.
Por tanto, estamos hablando de una política keynesiana rigurosa y aunque los economistas
tienden a decir que en el mundo globalizado las teorías keynesianas ya han perdido su fuerza, seguimos teniendo un mercado, en este caso una política nacional que perfectamente puede y va a desarrollar esta dinámica keynesiana. Sería una
herramienta más para acercarnos a Europa en el gasto social y para estar en unos niveles más cercanos a la media. En definitiva, sería una posibilidad de desarrollo del Estado del bienestar. Dicho solo de forma descriptiva, son los grandes
objetivos de una ley de la dependencia, en opinión de esta diputada, que les transmito como valor.
Sé que están hablando en torno al nombre y se está hablando de si se tiene que llamar ley de la dependencia o ley de la autonomía personal. Voy a decirles algo para que lo tiren a la papelera o lo usen en sus debates: no deberían poner un
nombre que no fuera claro. Cuando oigo el término autonomía personal y oigo hablar a los colectivos de que están cansados de que todo lo que tenga que ver con la dependencia y la discapacidad va con nombres negativos tienen razón. Hemos de buscar
un nombre positivo, pero autonomía personal ¿puede conducir a pensar que esta es una ley para una persona discapacitada con un grado 33 de discapacidad o para una persona mayor que sólo ha cumplido 70 años pero tiene bastante autonomía? Dejo esa
pregunta en el aire y les planteo que la ley tiene que tener un nombre que diga con rotundidad y sin crear falsas expectativas para qué es, para qué sirve. Por eso les estoy diciendo que dependencia es un término acuñado en toda Europa, me parece
claro y no es un nombre negativo, aunque son ustedes los que tienen la capacidad de pensar cómo debe de llamarse.
En primer lugar, les expresaba por qué es importante la ley que se va a debatir aquí y en segundo lugar, les manifestaba mi opinión sobre el nombre que adoptará tras el debate de la Cámara. Voy a ser un poco heterodoxa porque he pensado que
es la forma de ser más útil a esta Comisión. Todos saben que soy una mujer socialista y puedo conocer por dónde van las tendencias del debate de esta ley. Como no estoy en esta Cámara, me voy a permitir plantearles algunas preguntas e, incluso,
algunos nuevos retos con relación a lo que yo creo que pueden ser los textos y el debate de la ley. Esta ley puede salir de esta Cámara de tres formas distintas que tienen que ver con los tres grandes modelos del Estado del bienestar de Europa.
Ante unas competencias ya transferidas en servicios sociales a las comunidades autónomas, lo mejor sería hacerla como se hizo el plan gerontológico en la época en que yo era responsable del departamento de Asuntos Sociales, como se hizo la red
básica de servicios sociales con Convergència i Unió, planteando al Gobierno la transferencia aunque no hubiera recursos y recibiendo la transferencia de servicios sociales las comunidades. Entonces lo que se planteó fue que el Estado pusiera
recursos a cambio de que pusieran la misma cantidad las comunidades autónomas e incluso que estas se dirigieran a los ayuntamientos para solicitar una parte similar. Fue aquello de los tres tercios: una peseta el Estado, una peseta la comunidad,
una peseta los ayuntamiento, -ahora sería un euro-. En opinión de una persona que ha hecho esas políticas en algún momento de la historia de este país, eso sería un error, porque sería trabajar para que al final tuviéramos 17 leyes, 17 normas y 17
regulaciones diferentes. Lo descarto, ya que es lo más cercano al modelo de desarrollo de un nuevo derecho asistencial del Estado del bienestar que no es el español. Creo que este es un derecho y una prestación que hay que universalizar de forma
clara en todo el territorio. Quiero referirme a un dato para que ustedes lo recuerden.
Desde 1990, cuando se pusieron en marcha las pensiones no contributivas, en este país no hemos universalizado ningún derecho nuevo. Por supuesto, todos los
gobiernos han dedicado recursos a ampliar prestaciones y políticas, a mejorar los sistemas, pero no se ha creado un nuevo derecho subjetivo para los ciudadanos. Fíjense que nos tenemos que remontar a 1990, cuando se universalizó el sistema de
pensiones con el desarrollo de las no contributivas. Por tanto, tendremos que pensar en un sistema de protección universal por una de las dos vías: por la vía de Seguridad Social, desarrollada desde el Estado, o por la vía de presupuestos, a
transferir a las comunidades autónomas. Sé que en este momento en todos los foros de debate se está pensando que lo más sensato, lo más pragmático, lo que crea menos problemas es recurrir a la vía de financiación impositiva y, por tanto, una vez
hecha la norma, transferencia de la gestión a las comunidades autónomas y pacto de las comunidades autónomas con las corporaciones locales. Aquí es donde voy a ser heterodoxa. En un primer momento yo pensaba que lo ideal sería que el desarrollo de
la ley estuviera en el marco de la Seguridad Social, gestionado y desarrollado por el Estado, y que cuando estuviera maduro, como el sistema sanitario, fuera transferido a las comunidades autónomas.
Posiblemente esta es una imagen idealista porque
en política uno tiene que partir de diferentes realidades. Las comunidades autónomas, estén gobernadas por quien estén gobernadas, tienen siempre las mismas reivindicaciones al Estado: transfiéreme más. Creo que se podría estudiar que una parte
de los recursos y de las prestaciones estuvieran canalizadas por la Seguridad Social, maduradas y desarrolladas, y que una vez completadas las infraestructuras necesarias, fueran transferidas a las comunidades autónomas -insisto, como la sanidad
española-; la otra parte de las prestaciones podría ir por la vía impositiva, transferidas a las comunidades desde un principio.
¿Cómo vería esto si yo tuviera alguna capacidad de actuación en este campo? Dejaría dentro de la Seguridad Social el desarrollo de las residencias de mayores, de asistidos, el desarrollo de los centros de atención residencial de
minusválidos físicos y psíquicos,
el desarrollo de los alojamientos alternativos de un tipo u otro, e incluso estudiaría, al amparo de las prestaciones de incapacidad, de diferentes prestaciones de pensiones en el sistema de Seguridad Social, la forma de encajar ahí las
prestaciones económicas que ustedes acaben de plasmar en la ley y que vengan en el proyecto del Gobierno. Esto lo dejaría centralizado en el Gobierno de la nación, desarrollando el mapa de las necesidades para poder convertir en un derecho
subjetivo las prestaciones de dependencia. Desde un primer momento plantearía para las comunidades autónomas, por tanto por vía presupuestaria, la red de centros de día y de noche, lo que los profesionales llaman infraestructuras intermedias, los
centros ocupacionales, los centros de respiro familiar y los centros base que ya están transferidos, que serían los evaluadores de las diferentes capacidades. Esos centros intermedios los plasmaría vía impositiva y automáticamente serían
responsabilidad de las comunidades autónomas. También buscaría el pacto y la lealtad entre actores, aunque sé que es una asignatura pendiente, pero después de haber estado diez años en esta casa, con un poco de distancia, me voy a permitir decir en
esta Comisión cómo veo el desarrollo de las políticas sociales. Buscaría el pacto entre comunidades y corporaciones locales para, desde los ayuntamientos, gestionar aquello que es básico y primario que, a veces, si se hace de forma centralizada,
cuesta mucho más y no necesariamente se hace mejor. Les estoy hablando de la teleasistencia, del conjunto de las ayudas técnicas, de la ayuda a domicilio, de los centros sociales que ya existen en los hogares de ancianos, de los centros
polivalentes en los municipios más pequeños, más rurales, de gestión municipal de las ayudas para adaptación y accesibilidad a viviendas y a centros. Esto lo depositaría en responsabilidad local y municipal. Por su importancia de ser una ley tan
transformadora, creadora de empleo y de desarrollo del Estado del bienestar que nos acerca a niveles centroeuropeos y noreuropeos, una ley tan importante para el bienestar y la calidad de vida de las familias, reclamaría de esta Cámara un pacto leal
entre actores y un compromiso de delegación de responsabilidades de las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos, sin citar ciudades porque no estoy aquí para esas polémicas.
Me sigue pareciendo profundamente extraño que con el nivel de desarrollo que tenemos en este país, no estemos potenciando economía social, por ejemplo, para teleasistencias y ayuda a domicilio, y que ayuntamientos gobernados por uno u otro
partido político acaben sacando las teleasistencias y las ayudas a domicilio a concurso público que terminan ganando grandes empresas que igual están regando jardines, recogiendo basura, haciendo rehabilitación de viviendas o ayuda a domicilio.
Sinceramente eso es un error en el desarrollo de una economía mucho más rica, mucho más artesana, mucho más social, mucho más vertebrada. Si algunas de estas micropolíticas, como algunos las llaman, estuvieran depositadas en el ámbito de los
ayuntamientos, posiblemente estaríamos vertebrando una musculatura económica y social mucho más rica. Cuando les hablo de que el Estado tenga unos años para desarrollar estos derechos ante la dependencia, que son los servicios sociales específicos,
es porque aspiro a que el Estado español sea lo más homogéneo posible en el desarrollo de sus políticas.
Algunas personas hablan de que el desarrollo de esta ley sea lento o rápido. Voy a ponerles un ejemplo que estoy segura que se lo han oído a alguno de los expertos que han venido aquí. Si los alemanes han dedicado ocho años para
desarrollar la ley de la dependencia, nosotros no tenemos por qué ser menos. No tenemos que aspirar a que, en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, haya una disposición final que diga que en el plazo de un mes esta ley estará en
marcha. Los políticos que votásemos eso con toda naturalidad seríamos unos irresponsables. Esta ley necesita tiempo para su desarrollo. No es barato crear 300.000 puestos de trabajo por medio de una nueva prestación. Comparto los estudios
económicos del rector de la Universidad de Alcalá de Henares, que creo que ha venido aquí o a otra comisión, comparto todos los estudios económicos que se han hecho. Cuando la ley de la dependencia esté totalmente aplicada no costará menos de un
0,7 del PIB. Es una cantidad significativa y hay que hacerlo con cuidado, con mimo y con un trabajo riguroso para aprovechar adecuadamente los recursos y la riqueza de este país. Por lo tanto, no me imagino una ley de la dependencia en nuestro
país que no necesite de seis a ocho años para su total desarrollo.
Sé que también se está pensando a la hora de redactar los textos, y supongo que por ustedes también, si esta ley es solo social o debería ser una ley sociosanitaria. Es otro tema que en nuestro país tenemos que empezar a asimilar entre
todos. Tendría que superarse con esta ley esa tendencia a que yo pertenezco al sistema sanitario, al sistema educativo o al sistema de servicios sociales y no quiero que haya contaminación ni puentes que relacionen un sistema y unos profesionales
con otros. Esta ley debería ser fundamentalmente social, como lo es en toda Europa, servicios sociales específicos para atender a los mayores y a los discapacitados, pero también debería dar la oportunidad para desarrollar la red sociosanitaria,
que a nivel de comisiones en sanidad está totalmente pactada con las comunidades autónomas, y en lo que yo sé hay cuatro comunidades que han llegado a un acuerdo total. Si no recuerdo mal, son Extremadura, Canarias, Cataluña y Castilla y León,
cuatro comunidades con gobiernos diferentes que han llegado a la conclusión de que lo sociosanitario significa atender a los siguientes colectivos: a enfermos mentales crónicos, a enfermos geriátricos, a enfermos de alzheimer y otras demencias, a
los grandes discapacitados, a enfermos terminales, a enfermos crónicos con dependencia funcional y a las personas en precariedad social con problema sanitarios. Si el Gobierno de la nación y las comunidades autónomas ya han llegado a un acuerdo de
que estos son colectivos fronterizos que tienen necesidad de servicios desde lo social y desde lo sanitario y que para eso hay que desarrollar una red sociosanitaria -casi todas las comunidades autónomas tienen la atención a enfermos
mentales y la atención a terminales, vía planes paliativos, muy ultimada, pero reconocen que el conjunto de las atenciones sociosanitarias tienen algunas deficiencias-, a mí me parece que en esta ley se debería reflexionar sobre la necesidad de
abrir la comunicación de los servicios sociosanitarios. Voy a darles un argumento.
En un estudio que se hizo en los años noventa desde Sanidad y que comentamos diferentes ministerios, se lanzaba un mensaje: el 18 por ciento de las camas
hospitalarias estaban utilizadas por personas que deberían de estar en otro sistema sanitario o social más útil para ellos y desde luego con muchísimo menos coste para los servicios públicos. Hoy los estudios siguen diciendo lo mismo, que entre el
15 y el 20 por ciento de los pacientes hospitalarios deberían de estar bajo otro tipo de atención, ya que el coste de casi todas estas camas es una cuarta parte de lo que cuesta la cama hospitalaria. Solo ante esta realidad de hacer un buen
trasvase y un gasto eficaz de nuestros recursos merece la pena incorporar lo sociosanitario en la ley de la dependencia. Sería la oportunidad para que el sistema de servicios sociales tuviera un instituto como tiene Sanidad, como tiene Educación o
como tiene Administraciones Públicas, un órgano de formación del conjunto de los profesionales sociales, que podría estar fuera de la ley. En el debate de la ley deberíamos discutir cómo regular los mínimos de las condiciones de trabajo del
conjunto de los profesionales. Hay una serie de profesionales, los básicos, los más importantes, cuyas condiciones están perfectamente reguladas, pero en el conjunto de los servicios sociales y de bienestar hay también un gran número de
profesiones, desde animadores socioculturales a diferentes tipos de rehabilitadores, un sinfín de profesiones que están poco reguladas y que ya están reivindicando que se haga una especie de estatuto o de convenio marco para mejorar sus condiciones.
Desde este Parlamento se deberían dejar mensajes claros a la ciudadanía, porque hay colectivos que empiezan a preguntar si esta es una nueva ley con derechos subjetivos que como la de educación o la de sanidad va a ser totalmente gratuita.
Eso lo es en muy pocos países del mundo. Es imposible. Incluso los servicios y las prestaciones personales como la ayuda a domicilio tienen unos costes elevadísimos, porque al final eres un ciudadano, un trabajador, y cuando eres una persona
activa cubres esas necesidades con tu renta, pero cuando lo que percibes es una pensión, que es tu renta, tienes que cubrir también una parte de las prestaciones. Yo creo que la gratuidad que contempla esta ley solo es entendible en aquellos
centros intermedios cuyo coste fundamental es una inversión; puede ser gratuito un centro de día, un centro de noche, un centro de rehabilitación, etcétera.
En definitiva, lo que yo podía aportarles, insisto, no como experta ni como representante de ninguno de los colectivos que ha venido aquí, sino como una política que se ha dedicado siempre a las políticas de bienestar, es decirles que para
el conjunto del Estado del bienestar, desde mi subjetiva percepción -como mujer les diría que la ley de igualdad cuando la debatan-, la ley de la dependencia es la que da la posibilidad de que en España vuelva a haber un derecho individual nuevo
para la ciudadanía, después del año 1990 con la universalización de las pensiones, y es la oportunidad para recortar distancias. Ustedes tienen que tener en cuenta que en este momento en España dedicamos un punto de producto interior bruto menos
que los otros catorce países de la Unión Europea y no debemos olvidar que a pesar del crecimiento económico y de la creación de empleo, hemos reducido el porcentaje desde el año 1993, cuando el Eurostat dijo que España dedicaba el 24 por ciento de
su riqueza al Estado del bienestar, al año 2003, fecha del último informe del Eurostat ya consolidado, en el que se dice que dedicamos el 19 por ciento. Reducir cinco puntos de producto interior bruto en la redistribución de la riqueza es haber
frenado el desarrollo de lo que ya teníamos universalizado, no haberlo mejorado cualitativamente y, desde luego, haber frenado el desarrollo de nuevos derechos. Esta es la oportunidad de seguir acortando distancias. Como les decía, comparto los
estudios que me ha detallado alguno de los expertos, que demuestran que la ley de la dependencia puede crear en este país 300.000 empleos, pero tendrá un coste no menor del 0,7 por ciento del producto interior bruto de nuestro país. Termino
diciendo que esta ley necesita de un gran pacto entre las tres administraciones, de un gran pacto con el mercado y con la economía social. En otros tiempos, cuando en la transición española discutíamos cómo empezábamos a desarrollar las políticas
sociales en nuestro país, decíamos que aspirábamos a que el 60 por ciento de las prestaciones sociales fueran públicas, de responsabilidad pública, siempre mayoría, siempre liderando, y que en torno a un 40 por ciento pudieran quedar en el marco, a)
del mercado, b) de la economía social, incluso del voluntariado, de las organizaciones sociales de cooperación.
Ese es un esquema muy sencillito que me sigue pareciendo bastante correcto, porque además es el que desarrolla la mayor parte de los
países de nuestro entorno, de forma especial aquellos que tienen un desarrollo cualitativo del Estado del bienestar. Por eso digo que sería muy importante el pacto entre las tres administraciones, el pacto con el mercado y el pacto con las
organizaciones de solidaridad; y un pacto escrito o no escrito -siempre se ha dicho que los no escritos al final se acaban cumpliendo mucho mejor- que haga que luego no nos hagamos trampas en la medida en que se produzcan transferencias. Si esto
no se hace con rigor nos podemos encontrar con lo que hoy pasa en este país, que a veces se recibe una transferencia para desarrollar la red de servicios sociales, mejor o peor económicamente hablando, y por parte de las comunidades acaba
no poniéndose la misma cifra y transfiriendo una parte de esos recursos para otras prioridades; y por supuesto que cada estructura administrativa tiene la libertad para establecer prioridades, pero también hay unas prioridades que son del
conjunto del Estado español y que debemos respetar y cumplir entre todos.
Esta es la aportación que yo puedo hacer a su debate.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: En primer lugar, en nombre de este grupo me gustaría dar la bienvenida a doña Matilde Fernández y agradecer su presencia, fundamentalmente por su acreditada experiencia en este ámbito, que es indudable. Coincidimos
con usted en que evidentemente esta ley, llámese como se llame -ya veremos qué nombre tiene-, es uno de los textos más importantes de esta legislatura y naturalmente este grupo está muy interesado en que de esta Cámara salga la mejor ley posible,
pero hay un problema, que es el de la financiación, y me gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Cómo se va a financiar? Porque nos encontramos ante un principio de acuerdo en el que las administraciones, tanto la Administración General del
Estado como las comunidades autónomas, la financiarían, juntamente con el usuario, cuya aportación variaría en función de su renta y de su patrimonio. El presupuesto del Ministerio de Trabajo para 2004 contemplaba una partida de 1.000 millones de
euros para la dependencia; en el presupuesto para 2005 la partida se redujo a 50 millones de euros y este año en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado estamos hablando solamente de 100 millones de euros. Usted sabrá que hay un informe
del actual director general del Imserso, Ángel Rodríguez, en el que se plantea que para que exista una atención adecuada y garantizada a la dependencia deberíamos hablar de 3.700 millones de euros de mantenimiento anual. Quiero saber cuál es su
opinión al respecto.
En segundo lugar, quisiera saber cuáles cree que deben ser los criterios de reparto para esos fondos públicos. Tengo compañeros en la Comunidad Autónoma de Madrid que están muy descontentos y creo que con razón, puesto que en la asignación
de esos 50 millones de euros del año pasado la partida que se atribuye a la Comunidad Autónoma de Madrid es de 4,7 millones de euros, mientras que a Cataluña se le asignan 18 millones de euros. Resulta curioso y me gustaría conocer su opinión.
Este grupo también considera que la irresponsable regularización de inmigrantes a que nos ha conducido el actual ministro de Trabajo, con el consiguiente reagrupamiento familiar implícito, para familiares de primer grado, puede acarrear una
saturación del sistema, máxime teniendo en cuenta que ese reagrupamiento traerá consigo que vengan a España personas con problemáticas diferentes de las que actualmente existen aquí. Me gustaría conocer su opinión.
En este grupo tenemos claro que debe existir un principio de acuerdo y de cooperación entre las administraciones públicas, como ha dicho usted antes, pero el 25 de noviembre el ministro de Trabajo dijo lo siguiente en un medio de
comunicación -a ver qué le parece a usted esto-: Me parecería mezquino que una comunidad autónoma, por el color político, rechazara participar en un plan nacional de atención a la dependencia que necesitan los ciudadanos. Parece que intentara
obligar a las comunidades autónomas a aceptar aquello que les viene impuesto. Da la impresión de que no es un gesto de colaboración. Todo esto se añade a lo que dije anteriormente de que no sabemos cuáles son los criterios de reparto, lo que lo
hace complicado. Me gustaría conocer su opinión respecto a lo anterior y también acerca de qué papel deben jugar las administraciones locales, los ayuntamientos, porque creo que usted en su día ocupó un cargo en un ayuntamiento.
También hay otra cuestión. Si el 90 por ciento del catálogo de servicios sociales que actualmente existen están en manos de las comunidades autónomas, evidentemente no se parte de cero -he creído entender eso de su anterior exposición-. Ya
existen residencias, centros de día, etcétera. ¿Cuál va a ser el papel que va a tener la Administración General del Estado con este nuevo sistema? ¿Acaso va a consistir en la reordenación del sistema público de servicios sociales?
Tenía aquí apuntado preguntarle qué opinaba usted sobre la colaboración con los sectores privados, pero ya me ha respondido. Estamos totalmente de acuerdo con usted en que debe existir un principio de atención equitativa y homogénea al
dependiente. Nosotros también creemos que debería existir un catálogo de prestaciones y una cartera de servicios homogénea en toda la nación, entendida la nación en un sentido diferente al que lo entiende el señor Rodríguez, muy parecido quizás al
término nación que utilizaba usted cuando estaba en el Gobierno del señor González.
Por último, me gustaría plantear que soy diputado por la provincia de Las Palmas y tengo dos inquietudes personales. En primer lugar, creo que se debería incluir el turismo dentro del posible catálogo de prestaciones, puesto que los
dependientes naturalmente también tienen derecho al ocio y puede constituir un mercado nuevo para una industria tan maltrecha en los últimos años. En segundo lugar, en Canarias tenemos una problemática específica, que es la de la aviación civil y
los problemas con los que se encuentran las personas con movilidad reducida para acceder al transporte y para ejercer el derecho a desplazarse con total normalidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Bienvenida, Matilde Fernández, querida amiga, en nombre del Grupo Socialista. Felicidades por la brillantez de su exposición. Tengo que confesarle que había grandes expectativas en relación con su comparecencia, ya
que la precede una gran fama de experta en política social y en Estado del bienestar. Es inolvidable y permanecerá siempre en nuestra memoria su gestión como ministra de Asuntos Sociales y sus aportaciones, la coherencia de su discurso e incluso
ese toque, como dice usted, de heterodoxia. La suya ha sido un magnífico cierre a esta primera etapa de comparecencias sobre el libro blanco.
Compartimos las reflexiones que nos ha hecho, sus criterios y sus planteamientos en torno a esta futura y deseada ley. Coincidimos en que este será el mayor avance en política social desde que en 1990 se universalizó la prestación de
pensiones con las no contributivas. Hemos escuchado a representantes de muchos colectivos y a muchos expertos y conocemos las dificultades que la dependencia supone para muchas familias españolas y cómo los proyectos de vida de muchas mujeres
quedan condenados por la atención que prestan a sus familiares. Sabemos que ellos esperan nuestra respuesta, que tienen puestas en nosotros sus esperanzas y no queremos decepcionarlos. Queremos una ley ambiciosa, una ley de carácter público, una
ley de derecho subjetivo, una ley con prestaciones universales que garantice la igualdad de acceso; queremos una ley de gestión descentralizada y una ley de calidad.
Señora Fernández, no es fácil hacerle preguntas porque con su exposición ha cumplido todas nuestras expectativas. Simplemente nos gustaría -como también ha señalado el diputado del Grupo Popular- que profundizara algo más en su opinión
sobre la financiación, que nos ha parecido muy interesante, y en la cooperación entre administraciones, en ese pacto que señalaba. También me han parecido muy interesantes los aspectos de concertación. Queremos que esta ley sea de responsabilidad
pública. Nos hablaba de un pacto entre el tercer sector, la iniciativa social, y la iniciativa privada. Tampoco podemos olvidar que el norte de la ley está en la prevención y en la atención global e integral. Han sido muy interesantes sus
aportaciones sobre la atención sociosanitaria. Queremos que esta ley contemple atenciones y servicios de la máxima calidad y por ello su opinión sobre la necesidad de profundizar en los aspectos formativos nos parece muy adecuada. Para terminar,
señora Fernández, quisiera saber dónde pondría usted un acento especial en esta ley.
Le reitero nuestro agradecimiento. Esta mañana nos hemos sentido muy orgullosos de usted.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora Fernández.
La señora DIPUTADA DE LA ASAMBLEA DE MADRID Y EX MINISTRA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Fernández Sanz): Sé que no he hecho una intervención cuidada en cuanto a la forma sino un guión de temas que sé que están ustedes discutiendo y sobre
los que quería aportar mi granito de arena e incluso pedirles que no dejen de ampliar el angular y el punto de vista para que la ley nazca de la manera más completa posible.
Señor Mariscal, usted ha querido hacer política hasta en una comisión de estudio. En relación con los 100 millones de euros como punto de partida, todos debemos analizar esa cantidad como una forma de desarrollar un proyecto; es decir,
antes de que la ley esté aprobada hay unos proyectos piloto. Eso lo hemos hecho todos y se ha hecho en todas las políticas, en las autonómicas y en las locales. Mientras vemos nacer una norma definitivamente se pone a trabajar a los servidores
públicos y al conjunto de las administraciones para que desarrollen proyectos piloto.
En cuanto a cómo se deben distribuir estos recursos, le diré que cuando yo estaba en esta Cámara los grandes juristas nos decían que el país cambiaba tan deprisa
que las leyes que discutíamos con todo calor y cariño en ocho o diez años se quedarían obsoletas, y veíamos que era así, que discutíamos una ley del menor y que en ocho años había que modificarla, y así una ley detrás de otra, porque, por suerte
para todos nosotros, el país ha evolucionado y se ha modernizado a una velocidad maravillosa. Por eso hay que trabajar más en los parlamentos. Yo tengo una receta que me parece responsable. ¿Cómo se distribuyen unos recursos nuevos? Como ya se
distribuían los viejos, porque para eso se había producido un pacto. Si hay capacidad para cambiar el pacto, cámbiese; si no hay capacidad para cambiarlo, manténgase el que se produjo en el momento anterior. Si para el plan gerontológico, si para
el plan de acción de la discapacidad o para cualquier otro programa que ustedes quieran aplicar ya se ha logrado un pacto en comisión interterritorial que todas las comunidades han firmado, me parece bien que cualquier comunidad diga que está
teniendo un nuevo dato sociológico o demográfico y que quiere un cambio. Si se consigue introducir nuevos baremos y hay consenso, hágase -esa es la gran riqueza de la democracia-; si no, evitemos meter ruido en el sistema del diálogo político y
válganos aquello que ya funcionó y que supuso un pacto en otro momento. Por tanto, señor Mariscal, ¿cómo se deben distribuir esos 100 millones de euros? Como ya lo habían pactado, salvo que ustedes, las 17 comunidades y el ministerio sean capaces
de pactar un nuevo procedimiento o unos nuevos indicadores.
Sobre cuál es el coste anual, sé que esto se lo han dicho expertos. Yo no he estado trabajando con los escenarios macroeconómicos, aunque he visto algunos cuadros. Tienen ustedes a funcionarios públicos que lo han hecho y tienen a expertos
y a universidades que también han desarrollado este trabajo para la Administración. Utilicen esa cifra. En política es muy fácil decirles el 0,7 por ciento del producto interior bruto, porque está editado, pero si yo les hablara de esos 4.000 ó
5.000
millones sería, desde mi puesto actual, una irresponsabilidad. Yo creo que no debo de dar esas cifras porque no estoy manejándolas en este momento, pero les tengo que decir que la ley de la dependencia en toda Europa no ha sido barata. Por
eso un país como Alemania, insisto, ha dibujado su desarrollo en ocho años, y es un país que tiene el doble de población que nosotros (acabo de ver la información estadística de que ya estamos en 44 millones de ciudadanos y ellos tienen el doble) y
un producto interior bruto por encima del nuestro. Por lo tanto, tengamos en cuenta que se necesitan años para el desarrollo de esta ley.
Me pregunta el señor Mariscal si creo que los inmigrantes van a provocar una saturación de demanda de estos servicios. Creo que no, señor Mariscal, y permítame decirle -no vengo a hacer dialéctica política con usted- que la regularización
de los inmigrantes de este país es algo que yo denomino como desarrollo de los derechos humanos. A partir de ahí tenemos cotizantes y trabajadores regulares sobre los que no se va a abusar por parte de quien sea, de mafias o de los pocos
empleadores y empresarios sin escrúpulos. Entonces me parece que regularizar lo que está, hacer visible la realidad de unos inmigrantes que ya estaban este país ha sido una realización francamente buena de nuestro Gobierno. ¿Que van a saturar con
la demanda? Sinceramente no. Son mayoritariamente jóvenes y no necesitan de los servicios de la dependencia, más bien serán trabajadores para el servicio de la dependencia, como lo han sido en toda Europa. Usted, señor Mariscal, es joven, pero la
reagrupación familiar fue una decisión muy debatida en la sociedad española, y voy a decirle una cosa que no se suele decir mucho pero que es así, no tenemos que negar la realidad: en esta Cámara, los partidos políticos mayoritariamente no veíamos
fácil la reagrupación familiar porque sabíamos que era multiplicar por tres o por cuatro la llegada de personas -el inmigrante y la inmigrante trabajadora y su familia-, nos daba un poco de miedo, fue el discurso de los políticos en esta Cámara,
pero los movimientos cristianos comprometidos fueron los primeros que nos dijeron que no, además de que eran recomendaciones de Naciones Unidas. Pactamos aquí con las grandes organizaciones sociales que trabajaban con los inmigrantes. Insisto, la
voz de Cáritas, la voz de ASTI, la voz de las grandes organizaciones cristianas dijeron: los inmigrantes se integran, normalizan su vida y consiguen una mayor integración en la sociedad española en la medida en que lo hacen con su clan, en la
medida en que lo hacen con su gente, en la medida en que tienen el equilibrio porque está aquí su familia, y los partidos políticos -ustedes, nosotros- dijimos: demos la razón a estas organizaciones, además de las recomendaciones de las Naciones
Unidas. Por eso este país dijo que avanzaba, en su obligación con los inmigrantes a través de la vía de la integración de su clan, de su familia, de la integración de su red social. Entonces no cuestionemos lo que hemos decidido que era bueno y
que está sociológicamente demostrado: una persona sola trabajando en un país es más conflictiva, si me permiten decirlo coloquialmente, que una persona con toda su familia y con un proyecto de integración más claro de afectos resueltos, etcétera.
Por tanto, no van a saturar, van a ser los trabajadores que sacarán adelante buena parte de las prestaciones de la ley de la dependencia.
Criterios de reparto. Me valdría la anterior respuesta que le he dado con respecto a la experiencia piloto, pero fíjese que he metido una dificultad en el engranaje, porque, por lo menos entre seres racionales, si queremos sacar adelante
las mejores leyes posibles, tenemos que tener la capacidad de poner patas arriba lo que vamos desarrollando. Yo he introducido un elemento que sé que es conflictivo, pero me he permitido esa libertad. Me gustaría que esta parte central en la que
están siempre los nacionalistas me hubiera escuchado y lo hubieran discutido conmigo.
Está claro que, en cuanto se apruebe la ley, cualquier comunidad autónoma podrá reivindicar la transferencia de los recursos y la capacidad total de gestionar
esta ley. Lo que estoy diciendo es: ¿se podría hacer el planteamiento de que parte de las prestaciones, para su desarrollo, sí se hicieran por la vía de recursos presupuestarios y, por tanto, transferencia automática, pacto entre comunidades y
ayuntamientos, y otra parte quedara en la capacidad de gestión de la Seguridad Social, competencia del Estado y desarrollada desde el Estado hasta que tuviera el grado de madurez y perfección como el sistema sanitario y después hacer la
transferencia? Por tanto, en lo que respecta a los criterios de reparto, le estoy hablando de recurrir a dos sistemas y en el caso de los recursos a transferir a las comunidades autónomas, las transferencias de todos los ministerios tienen unos
indicadores que están profundamente consensuados. Insisto, copiemos una vez más el pacto realizado ya entre el Gobierno, el Estado y las comunidades autónomas.
¿Papel de las corporaciones locales? Ser la Administración más cercana a los ciudadanos y, como tal, con mayor capacidad de eficacia en el desarrollo de una prestación y también en el control del gasto de la prestación. Lo último que he
leído, que también es novedoso y está hecho por personas conocedoras del sistema, es si esta ley podrá ser capaz de mirar hacia atrás y resolver el problema de transferir los servicios sociales sin una ley marco, porque no lo hicimos bien; no sé si
serán ustedes capaces de hacerlo, sería estupendo. Me acuerdo de haberme sentado con el señor Roca, que reclamaba al Ministerio de Administraciones Públicas, del que estaba al frente Joaquín Almunia, y al mío, al Ministerio de Asuntos Sociales la
transferencia de los servicios sociales. Mi discusión con el señor Roca fue: Pero, Roca, por favor, con lo que serio que tú eres, deja que haya una ley de servicios sociales antes de hacer la transferencia, como la hay de educación, como la hay de
sanidad. Bueno, la historia y la política tiene sus tiempos, y fue el tiempo de hacer las primeras transferencias a las comunidades autónomas y fue el tiempo de transferir los servicios sociales sin tener una ley marco. Tenemos 17
leyes que son muy parecidas, e incluso cuando una comunidad la revisa, cada año coge lo mejor de las otras 16 leyes y al año siguiente hay otra comunidad autónoma que quiere copiar lo mejor del último texto legal.
Sinceramente, no sé si es
la mejor manera de caminar, desde luego es una forma, pero las últimas personas que están escribiendo sobre este tema están reflexionando sobre si la ley de la dependencia pudiera tener un capítulo dedicado a la arquitectura básica de una ley
estatal de servicios sociales. Entonces ahí podría dibujarse el papel de la red básica de servicios sociales, sobre todo en los municipios pequeños.
Ustedes, de los rostros que conozco, son personas comprometidas posiblemente con el mundo
municipal de una forma rotunda. Claro que en las grandes ciudades la ley de la dependencia puede tener hasta su propia estructura específica y autónoma, como ya lo hemos desarrollado con las políticas de igualdad que a veces tienen su propia
estructura, pero también este es un país con comarcas y municipios más pequeños, donde la columna vertebral de todas las prestaciones sociales es la red básica de los servicios sociales municipalistas. A lo mejor se podría encontrar una fórmula
para dedicar un título a incorporar la función de los ayuntamientos, a las políticas que tienen que desarrollarse desde los ayuntamientos, y terminar de consolidar la estructura en una ley nacional de los servicios sociales. Si se pudiera hacer
sería estupendo.
Señor Mariscal, me he explicado mal o me he comunicado mal con usted si ha deducido de mis palabras que estaba hablando de partir de cero. No, incluso el libro blanco, como bien conoce usted, delimita perfectamente los recursos que ya
dedica cada comunidad. Esto me parece muy serio, porque si se hace una foto fija de lo que ya se dedica no se podrán desviar los nuevos recursos para otras políticas, sino para seguir implementando los servicios de bienestar. Claro que no partimos
de cero.
Los municipios y las comunidades autónomas de este país y el Gobierno de la nación, antes del año 1988, antes de que existiera el Ministerio de Asuntos Sociales, desde el Ministerio de Trabajo ya dedicaban recursos a los servicios sociales
e insisto que de forma especial en la última década los han dedicado los ayuntamientos y las comunidades. No deduzca de mis palabras, por supuesto defensoras de lo público, que quiero arrinconar al sector privado. No comparto la posición actual de
la CEOE que dice que esto se resuelve perfectamente con el sector empresarial de seguros. Eso sería un horror -esto ha sido un lapsus-, quería decir un error y un horror (Risas.). Sinceramente esto nos llevaría al modelo japonés. Si ustedes han
leído las contribuciones y los trabajos comparados sobre el desarrollo de la ley de la dependencia en diferentes países, del decano de la Universidad de Económicas de Alcalá de Henares, nosotros tendríamos que mirar tan solo a Japón para que la
dependencia estuviera desarrollada por el sector privado y, sobre todo, por las compañías de seguros. Si algún diputado de esta Cámara piensa que culturalmente tenemos algo que nos asemeje a la cultura social japonesa para acercar nuestra
legislación a ese país, que lo defienda, pero me parece que no va a encontrar demasiados argumentos. Nosotros formamos parte del entorno europeo e incluso, siendo del Mediterráneo, hemos querido desarrollar -lo hemos hecho cuando teníamos menos
recursos y con los índices de paro mayores de este país- el gran pacto de la clase política de este país que fue el pacto para establecer un Estado del bienestar ambicioso, que no fuera residual como el americano o como el que se esperaba que, por
llegar más tarde por dictaduras o por paréntesis democráticos en el sur de Europa, íbamos a tener que elegir entre modelos asistenciales y residuales del Estado del bienestar. La clase política española en la transición y en los primeros años de la
democracia, por unanimidad, decidimos que queríamos un Estado del bienestar ambicioso, con más políticas sociales o con menos, en la medida en que pudiéramos ir desarrollándolas, pero desde luego ambicioso. Nosotros tenemos que mirar al centro o al
norte de Europa para seguir desarrollando las nuevas políticas. Por tanto, sí al sector privado, cómo no, cómo vamos a negar que hay residencias privadas en este país, cómo vamos a negar que hay ayuntamientos que sacan a concurso dichas residencias
y tenemos grandes empresas constructoras que realizan ayuda a domicilio. Me choca un poco, pero están ahí prestando un servicio, creando empleo y no hay que negarlo. Lo único que digo es que cualquier política del Estado del bienestar tiene que
ser mayoritariamente pública. Desde luego comparto las reflexiones de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud y de la OCDE, con cuyo discurso se sienta usted posiblemente más cercano, dirigidas a la educación y a la sanidad, que
dicen que cuando hay un sistema público y un país decide hacerlo compatible con un sistema privado, el resultado en educación y en sanidad, que ha sido perfectamente investigado en el mundo, es que las dos redes cuestan mucho más y al final la que
sufre es la pública y la que acaba llevándose los recursos es la privada. Esto está perfectamente investigado por la OCDE y por la OMS en cuanto a educación y sanidad. En servicios sociales es distinto, porque desde su origen los servicios
sociales son mixtos en todos los países, entran el mercado, las organizaciones del voluntariado social, la economía social y los poderes públicos; ya es mixta desde su nacimiento. Por eso digo que el resultado para que avance por buen camino es un
gran pacto entre todos los actores, sean administraciones públicas, sea mercado o sean organizaciones sin fin de lucro, porque hay espacio para todos, aunque espero que desde el liderazgo de las administraciones públicas.
Señor Mariscal, como canario, aporta algo interesante que es si las personas que vienen como turistas un tiempo a nuestro país pueden ser perceptoras de estas prestaciones. Esto implica una negociación a otro nivel, superior al del país,
pero ¿por qué no? Si existen convenios con la Unión Europea y con otros países para realizar las prestaciones de la Seguridad Social, para la atención
sanitaria y existen organismos en los que se hacen unas transferencias de recursos entre países, nosotros podríamos perfectamente realizar un planteamiento de este tipo. Un argumento más, señor Mariscal, para que no se aleje la Seguridad
Social del nacimiento de la ley de la dependencia, porque en Seguridad Social esto está perfectamente resuelto a través de los acuerdos bilaterales con todos los países de la Unión Europea y del intercambio anual de facturas para incorporar los
costes que hayan supuesto para nuestro país. He contestado a todas sus preguntas, señor Mariscal, le haya gustado o no lo que he dicho.
Señora Corral, sobre la reflexión de financiación que se me pedía, lo que he contestado al señor Mariscal puede servir. No deseo dar cifras en relación con el coste anual, porque no me corresponde a mí. En relación con el acento, como
estoy en la Cámara en la que se desarrolla el diálogo, la democracia y el pacto, pondría el acento en un gran pacto del Congreso de los Diputados y del Senado, de toda la clase política, para establecer una ley en la que se asuma la
corresponsabilidad entre todas las administraciones y que dicho pacto se lleve a la práctica sabiendo que tiene una importancia fundamental para cubrir las necesidades y para avanzar en el Estado del bienestar de nuestro país. Esta ley será mejor
en la medida en que la clase política pacte, que las administraciones públicas gobernadas por diferentes partidos políticos en las 17 comunidades autónomas pacten y que no se haga invisible a la Federación Española de Municipios y Provincias y, por
tanto, al conjunto de las corporaciones locales. Mi acento estaría aquí. Nada importante y, desde luego, un punto de PIB de gasto, más o menos, 300.000 empleos desde las decisiones públicas y la cobertura de la atención más necesaria a la familia
española y, específicamente, a la mujer española, que supone la atención de los servicios a la dependencia, es esencial. No soy una política que haya defendido el pacto, aunque he defendido los pactos en todo en la transición. Según madurábamos en
la democracia, considero que hay que pactar la política internacional, pero no demasiadas cosas, para que exista la pluralidad política, porque esto es parte de la viveza de la democracia. Sin embargo, para poner en marcha una ley de la dependencia
que es tan importante, sinceramente se necesita un pacto leal entre todos los actores. Este es mi acento.
El señor PRESIDENTE: Señorías, permítanme que, al igual que han hecho los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido, reitere la bienvenida a doña Matilde Fernández a esta Comisión. Quiero agradecerle su presencia y la
aportación que ha realizado. Con ella cerramos las comparecencias de este año en torno al debate abierto sobre el Libro Blanco de la Dependencia en España. En general, hemos recibido -si me permiten decirlo- aportaciones importantes, pero hoy, en
particular, hemos recibido una aportación hecha desde la experiencia, desde el compromiso y desde las vivencias, que ha sido expuesta con toda claridad y que nos va a ser de gran utilidad para los trabajos que venimos realizando.
Suspendemos la sesión durante cinco minutos. Reanudaremos con el debate y votación de las proposiciones no de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA DE EMPLEO DEL 2 POR CIENTO A DISCAPACITADOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000683.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos el debate de las proposiciones no de ley previstas para hoy y cuyas votaciones no se efectuarán antes de las 13:30 horas.
La primera de las proposiciones no de ley planteadas es para garantizar el cumplimiento de la reserva de empleo del 2 por ciento a discapacitados por parte de las empresas. Esta proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular y, a su vez, ha sido enmendada por el propio grupo.
Para la exposición tanto de esta proposición no de ley como de la enmienda planteada por el propio grupo, tiene la palabra el señor Bertrand.
El señor BERTRAND DE LA RIERA: En política de empleo, la Lismi establece como objetivo principal el acceso de los minusválidos a la formación profesional y al sistema de empleo convencional, es decir, al trabajo en el mercado abierto o,
cuando no es posible, al trabajo protegido bien en centros especiales de empleo o bien en centros ocupacionales. El trabajo en el mercado abierto es un tipo de trabajo que se rige por dos obligaciones legales: una, por reserva de empleos o lo que
llamamos cuotas, y otra, por protección contra el despido. España ha reforzado la legislación antidiscriminatoria de una forma espectacular. La Lismi nos dice que las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores
vendrán obligadas a que de entre ellos al menos el 2 por ciento sean trabajadores minusválidos. Asimismo, el Plan de formación y empleo 2004-2008 dice así: En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5 por ciento de las
vacantes para ser cubiertos entre personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea mayor o igual al 33 por ciento, de modo que progresivamente se alcance el 2 por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado. Es importante
recalcar que determinadas entidades ligadas a la discapacidad, algunas muy conocidas, en sus informes anuales interpretan que la empresa pública debe tener el cupo del 5 por ciento de trabajadores minusválidos y no el 2 por
ciento, sin darse cuenta de que ese 5 por ciento se refiere a un cupo de vacantes para ser cubiertas hasta que se alcance el 2 por ciento de los efectivos totales. Además, un nuevo real decreto del Gobierno actual dice que si este cupo no
se cumple dicho cupo no pasará al turno general, sino que se acumulará para la próxima convocatoria. Hay supuestos de excepcionalidad que, como todos sabemos, son: inexistencia de personas con discapacidad demandantes de empleo, cuando a la
persona con discapacidad no le interesan las condiciones de trabajo ofrecidas y por cuestiones de carácter productivo y organizativo que motivan especiales dificultades para incorporar trabajadores discapacitados.
Pasemos a continuación a los datos de empleo. La Fundación Empresa y Sociedad que estuvo con nosotros el martes pasado aquí en el Congreso nos dice que España cuenta con un censo total de 3.500.000 discapacitados; que el 38 por ciento de
ellos, es decir, 1.300.000, tiene edad de trabajar, de los cuales un 68 por ciento, es decir, 911.000, se encuentran inactivos, y un 32 por ciento, es decir, 429.000, se encuentran en activo. Asimismo, de estos, el 74 por ciento están ocupados y el
resto se encuentran desempleados, por tanto, de un colectivo de 3.500.000 únicamente están ocupadas 317.000 personas. Continuando con los datos de la Fundación Empresa y Sociedad diremos que tanto el sector público como el privado se encuentran en
el entorno de la cuota de reserva del 2 por ciento, términos agregados a través de empleo directo, pero insisten en que no hay información disponible sobre el número de entidades con una cuota directa superior o inferior al 2 por ciento. Por tanto,
estadísticamente estamos ante el 2 por ciento aun en empresas con menos de 50 trabajadores, según datos de 1999, pero lo cierto es que empresas como la ONCE, con más de un 60 por ciento de discapacitados en sus plantillas, distorsionan los
resultados. Por ello, como bien dijo el director de Iberia el martes pasado, en esa reunión de trabajo con la citada fundación, en la actualidad no conocemos los datos sobre la realidad que estamos estudiando; unos dicen que cumplimos con el 2 por
ciento y otros que estamos muy lejos de alcanzarlo. Nos encontramos, pues, ante una carencia de datos y por ello ante unas contradicciones importantes. En palabras de la secretaria de Servicios Sociales, Juventud y Discapacidad: En 20 años no se
ha conseguido que el 2 por ciento de los empleos públicos sea para discapacitados. Recordemos que España está aún muy lejos del 1 por ciento. 26 de junio de 2004 en Concefe. Del mismo modo, los resultados de la reciente Plan de empleo 2004-2008
no son nada alentadores. Setenta empresas presentaron a finales de 2003 información sobre su capítulo de empleo y contaban con 5.000 personas con discapacidad en sus plantillas, lo cual representa el 1,04 por ciento.
Para rematar, nos informan de
que la tasa empleo con discapacidad en España ocupa el puesto 24 de los 25 países que conforman la Unión Europea. 8 de junio de 2004, es decir, nos encontramos en el penúltimo lugar.
Algunos estudiosos de estos temas dicen que la principal razón de este incumplimiento de las cuotas viene dado por el alto índice de desempleo que tiene el país. En este sentido, un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Cermi dio más eficacia al sistema, pues tenemos que, por un lado, la cuota se aplica sobre la plantilla total de la empresa cualquiera que sea el número de centros de trabajo y la forma de contratación que tenga, y, por otro, se abre la
posibilidad de cumplir con esta obligación a través de medidas alternativas o sustitutorias.
Estas medidas alternativas o sustitutorias son tres: realización por parte de la empresa de donaciones o de acciones de patrocinio a una fundación o
entidad pública para el desarrollo de actividades de inserción laboral; mediación de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o un trabajador autónomo con discapacidad para el suministro de materias primas o de cualquier tipo
de bienes y realización de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad para prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa. Esto último se denomina
empleo semiprotegido y contribuye a sensibilizar a los empresarios acerca de las responsabilidades de trabajo de las personas con discapacidad. En este contexto, el pasado mes de abril también el Gobierno actual añade a las tres medidas
alternativas una cuarta que llama enclave laboral consistente en el traslado temporal de un equipo de trabajadores con discapacidad de un centro especial de empleo a las instalaciones de una empresa de mercado ordinario de trabajo, llamada empresa
colaboradora, para el desarrollo de una actividad productiva mediante un contrato de arrendamiento de servicios en el centro de empresa. Para concluir con más fuerza esta antigua obligación legal de la reserva de puestos de trabajo, durante la
campaña electoral el partido que sustenta al Gobierno lanzó las siguientes ideas: Proyecto Moncloa, 5 por ciento; proyecto Parlamento, 5 por ciento, y contrato de inclusión, 9 por ciento, aunque no entraremos a comentar este extremo.
El presidente de la ONCE decía en la revista Expansión en el año 2004: Ser socialmente responsable ya no es un gasto ni un dilema para los empresarios, sino una inversión rentable a medio plazo. Además, la integración laboral de las
personas con discapacidades es una de las políticas sociales más valoradas por la opinión pública y el coste para las empresas en muchos casos es cero. El consejero delegado de DKV Seguros nos decía: A veces tantas subvenciones para las personas
con discapacidad les restan motivación para trabajar. Esta idea también se manifestó durante la mañana de trabajo del martes pasado. Es pues muy necesario que los empresarios se den cuenta de que empleando a discapacitados no solamente hacen una
gran labor social, quizá es la política social más valorada por la opinión pública, sino que también hace una inversión rentable a medio plazo.
Los empresarios además cuentan con unas importantes ayudas económicas muchas veces desconocidas
por ellos que son, abreviando: Las empresas reciben por cada contrato indefinido firmado con trabajadores discapacitados una ayuda económica, existen reducciones de las cargas sociales, existen beneficios sociales y existen ayudas para la
adaptación de puestos de trabajo y ayudas para el transporte. Recordamos que la ley prohibe todo tipo de discriminación en el trabajo por reducción de la capacidad laboral y su infracción constituye un delito sancionable. Sin embargo, las empresas
no cumplen o no pueden cumplir con las cuotas obligatorias y debido a este incumplimiento se fue creando, a lo largo de los últimos veinte años, lo que se conoce como centros especiales de empleo. Estos centros constituyen la única forma de trabajo
protegido en España, son los talleres protegidos, que acogen a trabajadores afectados de una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. No así los centros ocupacionales que funcionan como centros de vocación terapéutica y no puede considerarse
que formen parte del sistema de integración profesional. Estos centros especiales de empleo fue la única salida que encontraron los colectivos de discapacitados y tuvieron que crear sus propias empresas al no cumplirse estas cuotas. Con todo ello,
los responsables de estas asociaciones coinciden en que la integración social viene dada por la inserción laboral en empresas ordinarias y no en los centros especiales de empleo.
Un artículo titulado Un trabajo verde, del periodista Manuel Irusta, autor de un viaje por 80 centros verdes de la Península dice: He podido visitar la finca de El Río, una de las mejores iniciativas para favorecer este empleo. Al sur de
Badajoz la ONCE gestiona una propiedad de 5.000 hectáreas. Sobrecoge admirar en qué la han convertido. Es una empresa multisectorial. El director del centro es un veterinario que gestiona una granja escuela, rebaños de ovejas, cerdos de auténtica
bellota y un hotel de tres estrellas. Todo ello es trabajado por personas discapacitadas. El terreno es tan inmenso que dedica unas 1.000 hectáreas a coto de caza de donde obtienen también beneficios económicos. Se trata de unos de los centros
especiales de empleo más potentes de nuestro país. Con tan escasa sensibilización como hemos visto en el empleo de discapacitados, ya que el trabajo es según la Declaración de los derechos del minusválido la única vía de potenciar la autoestima, la
estima social de los discapacitados, aunque debemos animar y proteger a los centros especiales de empleo que dan salida profesional, autoestima y ganas de vivir a cientos y cientos de muchachos, debemos recordar que muchos de los centros que
trabajan por y para los minusválidos no creen en estos centros especiales de empleo, sino en el trabajo de mercado abierto como único lugar para potenciar la autoestima y la estima social de este colectivo de más de 3.500.000 de españoles.
Por todo lo anterior, nuestra PNL insta al Gobierno a que establezca las siguientes medidas con el objeto de favorecer el cumplimiento efectivo de la cuota de empleo del 2 por ciento a favor de las personas discapacitados. Insta a la
Inspección de Trabajo para que realice el seguimiento de la reserva del 2 por ciento para personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores, tanto públicas como privadas o, en todo caso, al cumplimiento de las medidas alternativas
previstas aplicando las sanciones oportunas en caso de incumplimiento. Valgan como recordatorio los temas siguientes: Realizar un censo de empresas que cumplan con la cuota del 2 por ciento; evitar que las administraciones públicas contraten
bienes y servicios de empresas que incumplan la cuota del 2 por ciento; establecer incentivos para aquellas empresas que superen la cuota del 2 por ciento y las administraciones no podrán entregar ninguna deducción o subvenciones a empresas que lo
pidan y no acrediten que cumplen con la normativa sobre la contratación de personas con discapacidad. Estos últimos puntos ya fueron acordados en diferentes reuniones y, por tanto, los expongo simplemente como recordatorio y por la importancia que
tiene el empleo libre para los 3.500.000 de minusválidos en España.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta proposición no de ley del Grupo Popular pretende reforzar nuestras políticas públicas en el ámbito de la creación de empleo para personas con discapacidad. El portavoz del Grupo Popular al final de su
intervención nos recordaba que algunos de los aspectos que conforman esta proposición no de ley fueron objeto de acuerdo en la Cámara, hace escasas semanas, como resultado de una moción consecuencia de interpelación que Convergència i Unió planteó
sobre estas mismas cuestiones, desde la convicción de que a pesar de los avances conseguidos en estos últimos años y valorando la importancia, la trascendencia y el valor que en su día tuvo la Lismi al establecer esa cuota de reserva, el balance que
podemos hacer en materia de generación de empleo de las personas con discapacidad no puede ser triunfalista. Por tanto, estamos necesitados de más medidas, de nuevas medidas, de mayor compromiso del sector público y del sector privado para
garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. Por las conversaciones informales que se han tenido en los últimos minutos entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista, intuyo que se va a plantear algún tipo de salida a esta
proposición no de ley, en el sentido de acotar aquello que votemos, seguramente a cuestiones que necesitan un refuerzo por parte de esta Comisión respecto a aquel acuerdo que se alcanzó en el Pleno hace pocas semanas. Por tanto, a la espera de que
se anuncie ese acuerdo, mostramos nuestra simpatía sobre el texto del Grupo Popular y esperamos poder votar favorablemente a la transacción que se va a efectuar dentro de un rato.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señoría, con todo mi respeto, la persona que hizo esta iniciativa parlamentaria no tenía mucha idea de lo que estaba hablando porque desconocía lo que hizo el anterior Gobierno del Partido Popular en materia de empleo
y discapacidad, lo que está haciendo el actual Gobierno y también desconocía la moción en Pleno que se votó a propuesta de Convergència i Unió, en la que llegamos a un acuerdo por unanimidad todos los partidos políticos. Quiero recordar, en este
sentido me parece importante que el portavoz del Grupo Popular sea consciente de ello, que hace poco más de un mes, el 13 de septiembre, el Grupo Popular apoyó en esta Cámara esa moción en la que en el punto 12 se decía que se valora positivamente y
se reconoce la gestión que este Gobierno socialista está llevando a cabo en materia de empleo y discapacidad. Eso es algo que hay que destacar como punto de partida, ese reconocimiento a las numerosas medidas que el Gobierno socialista está
llevando a cabo en materia de discapacidad. Sin embargo, me gustaría plantear esta cuestión con tres elementos. Primero, ver de dónde se partía, segundo, ver qué se está haciendo y tercero, analizar la propuesta que hace el Grupo Popular, porque
en la moción hacía unas propuestas y esta mañana nos hemos encontrado con que ha presentado una enmienda que no tiene nada que ver con lo que se presentó inicialmente en el contenido de la iniciativa.
Vamos a ir por partes: ¿Qué hizo el anterior Gobierno del Partido Popular? En cuanto a administraciones públicas, el 14 de marzo, el número de personas con discapacidad en las administraciones públicas era solo del 0,7 por ciento, no
llegaba al 1 por ciento. Esa es la situación de la que se partía. Con este Gobierno, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004 se han incorporado 94 personas con discapacidad a las administraciones públicas, tantas como en los
últimos cinco años. Además, en la oferta pública de empleo del presente año, de las 4.005 plazas que se han convocado 250 son para las personas discapacitadas, un 6,2 por ciento del total. A ello hay que añadir que se ha aprobado el Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se reserva el 5 por ciento de las plazas a las personas discapacitadas y en caso de no cubrirse se acumularían a la convocatoria siguiente. Por tanto, en materia de empleo en las administraciones públicas el
Gobierno socialista ha puesto en marcha numerosas medidas y los resultados comienzan a verse.
Con relación a la iniciativa que nos trae hoy aquí, en su texto se decía que este Gobierno no había llevado ni una sola medida para conseguir el
cumplimiento del porcentaje del 2 por ciento en la empresa privada en los diez primeros meses. Eso lo firman el 24 de febrero de 2005. Sin embargo, menos de un mes después se aprobó el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, de cumplimiento
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad, por tanto, inmediatamente se adoptó un real decreto en ese sentido.
No han sido esas las únicas medidas que ha adoptado este Gobierno en materia de empleo para las personas con discapacidad. Podemos citar algunas de ellas: En 2005, la partida presupuestaria destinada a subvencionar la contratación y ayuda
a los centros especiales de empleo se ha incrementado un 3 por ciento, las subvenciones y las bonificaciones en 2005 se han incrementado un 10 por ciento con respecto al año anterior. En los Presupuestos Generales del Estado del presente año se han
destinado 507 millones de euros a fomentar y a impulsar las políticas de empleo de las personas con discapacidad. Se ha aprobado una ley, la 8/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con
el trabajo remunerado. Se ha concluido la elaboración del primer Plan de acción para las mujeres con discapacidad, con especial hincapié en materia de empleo. Por tanto, ningún gobierno en la historia de este país ha adoptado tantas medidas en
materia de empleo para personas con discapacidad como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los resultados comienzan a verse. Comienzan a verse porque, mientras que en 2003 con el Partido Popular no se ha incrementado el número de contratos
para personas con discapacidad, en 2004, ya con gobiernos socialista, se ha incrementado un 15 por ciento y en lo que llevamos de 2005 se ha incrementado más de un 7 por ciento. Esa es la situación. Se están haciendo muchas cosas y los resultados
comienzan a verse. Eso no significa que tengamos que seguir avanzando y buscando acuerdos, porque lo que pretende esta Comisión es tratar de conseguir acuerdos unánimes siempre que sea posible.
Con relación a la iniciativa original que planteó el Grupo Popular hay que decir que el punto 1 con la aprobación del Real Decreto 364/2005 ya se cumplía. La segunda cuestión me ha llamado bastante la atención porque en el Real Decreto
2/2002, de 16 de junio, con el Gobierno del Partido Popular, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, en su artículo 20.d) se señala: Se impide celebrar contratos a quienes hayan sido
sancionados con carácter firme por infracción grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración laboral de minusválidos, o muy grave en materia social, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 8/1998, de 7 de
abril. Por tanto, sin que sirva de precedente, ya lo hicieron ustedes. Están planteando ahora en una moción que se haga una cosa que teóricamente, por real decreto, ustedes ya habían reconocido.
También quiero hacer alusión a una serie de cuestiones que presentan en su enmienda y que habían sido aprobadas en esa moción que presentó CIU en su día y sobre la que al final se llegó a un acuerdo por unanimidad.
Plantean en la iniciativa
que traen ustedes hoy aquí algunas cuestiones como, por ejemplo, que se haga un censo de empresa para que cumplan la cuota. Hay un
compromiso por el que el Gobierno impulsará el seguimiento y el control del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo, así como de las denominadas medidas alternativas contempladas en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social
de minusválidos, mediante la aprobación de un plan específico de seguimiento y la presentación de un informe anual ante la Comisión no permanente sobre políticas integrales de la discapacidad sobre su nivel de desarrollo, así como la inclusión de
este objetivo entre las prioridades anuales de la Inspección de Trabajo y Asuntos Sociales; es decir, eso ya está incluido y ya lo hemos aprobado por unanimidad. También se aprobó por unanimidad que el Gobierno impulse la modificación de la Ley de
contratos del Estado en aplicación de la directiva que España debe trasponer, antes de abril de 2006, para garantizar que cualquier empresa que contrata con la Administración pública deba cumplir con la cuota de reserva o las medidas alternativas de
reserva de cuota contemplada en la Lismi. Además, también se aprobó en aquella moción que el Gobierno reconocerá a las empresas que van más allá del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo a favor de las personas con discapacidad, mediante
las correspondientes iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas, estudiando la posibilidad de establecer nuevas bonificaciones. Por tanto, la iniciativa que trae hoy aquí el Partido Popular, se refiere a cuestiones que ya
aprobó en su día el Partido Popular o a cuestiones que ha aprobado el Congreso por unanimidad de los partidos políticos en el Pleno. No obstante, por tratar de buscar un acuerdo y para que sirva de algo esta iniciativa del Grupo Popular, desde el
Grupo Socialista planteamos una transaccional, siempre y cuando el proponente lo vea razonable. Aceptaríamos el punto 1 que dice: Instar a la Inspección de Trabajo para que realice el seguimiento de la reserva del 2 por ciento para personas con
discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores, tanto públicas como privadas o, en todo caso, cumplimiento de las medidas alternativas previstas aplicando sanciones oportunas en caso de incumplimiento. Como segundo punto propondríamos que se
continúen impulsando medidas para conseguir el cumplimiento del porcentaje del 2 por ciento a favor de las personas discapacitadas en las empresas de 50 ó más trabajadores. Me parece que es razonable con los dos puntos. El resto como ya estaba
incluido en una moción anterior tiene poco sentido volverlo a plantear en esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Bertrand de la Riera.
El señor BERTRAND DE LA RIERA: Admitimos esa transaccional que propone instar al Gobierno. Lo otro era recordatorio. Era algo más para reforzar lo que ya se había hablado. La propuesta de elaborar un censo de empresas no está recogido en
ningún lado; está recogido que nos comunicaran periódicamente sobre las empresas que cumplen el 2 por ciento. Eso no es un censo de empresas que sería muy importante, como nos estuvieron insistiendo la mañana del martes pasado. Si nos informan
periódicamente, una a una de las empresas que cumplen o no cumplen sería un censo de empresas. De todas formas aceptamos la enmienda transaccional.
-RELATIVA A LA EXTENSIÓN AL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD DE LAS DISPOSICIONES SOBRE INFORMES DE IMPACTO. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000792.)
El señor PRESIDENTE: Punto siguiente: Proposición no de ley relativa a la extensión al ámbito de la discapacidad de las disposiciones sobre informes de impacto. El autor es el Grupo Socialista. Tiene la palabra para su presentación la
señora Cortajarena.
La señora CORTAJERANA ITURRIOZ: En primer lugar, indicaré que la Mesa tiene una enmienda de subsanación porque había un defecto en el texto de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente es así.
Puede continuar.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Quería decir a todos los miembros de la Comisión que donde pone procesos políticos debe decir procesos administrativos. Ha sido un error de transcripción y por eso solicitamos ya que lo subsanen en todo el
trámite.
Con relación a la iniciativa presentada, tenemos que hacer un breve repaso vinculado al desarrollo de las políticas sociales dirigidas al colectivo de los minusválidos. Siempre hemos reivindicado que la Ley 13/1982 marcó un hito y es un
antes y un después; que fuimos pioneros en el ámbito de la integración educativa de los discapacitados, se homologaron los baremos y se reconoció el derecho de cualquier persona con discapacidad que no tuviera acceso al empleo a poder acometer una
solicitud y una prestación económica que sirviera para suplir las carencias que tenían.
Siguiendo en este trabajo y en esta idea vemos que en el título VII y en todo lo que se refiere a la integración laboral de las personas con discapacidad es
donde tenemos un mayor número de temas todavía están encima de la mesa, y se repiten constantemente cuáles son los mecanismos que podemos acomodar para poder hacer efectivo el derecho de los discapacitados al acceso al empleo. Por una parte,
siempre se ha reivindicado que los recursos económicos son fundamentales y en los Presupuestos Generales del Estado propuestos para el año 2006 los incrementos son importantísimos y con un monto económico que supera los 260 millones de euros para
esta actividad. Sin
embargo, no nos podemos quedar aquí. Sabemos que hay graves dificultades para un acceso normalizado, que los centros especiales de empleo, que son los que tienen que dar el salto hacia el empleo normalizado y hacia la inserción e
integración laboral, están cumpliendo con este objetivo, y, sin embargo, ahora se ha comentado aquí por los que me han precedido en el uso de la palabra, el 2 por ciento de ocupación en las empresas ordinarias no se cumple o se cumple con mucha
dificultad hasta en la propia Administración. Creo que hay muchos tipos de barreras. No solamente están las barreras formativas, sino también un mundo de valores, el rechazo que se tiene, la sobreprotección hacia la discapacidad, etcétera.
Tenemos que ir quemando una serie de etapas para lograr acomodar estas políticas sociales vinculadas a la discapacidad con los objetivos de la inserción y la normalización laboral.
Al hilo de esta introducción es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha considerado importante seguir abundando en una materia que nos parece que es incipiente, sobre la que no existe mucha experiencia ni en nuestro país ni en países
de nuestro entorno, y es que las políticas hacia la discapacidad tienen que vincularse cada vez más con los derechos y libertades, porque constituyen uno de los ejes esenciales en las actuaciones sobre la discapacidad. Los poderes públicos tienen
que ser pioneros en esta materia y asegurar a las personas que padecen una discapacidad que puedan disfrutar de un conjunto de derechos civiles, sociales, económicos y culturales. Creemos que en el ámbito internacional existe además una gran
sensibilidad en torno a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. La ONU, el Consejo de Europa y la Unión Europea, entre otras organizaciones internacionales, trabajan en estos
momentos en la preparación de documentos programáticos o jurídicos sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad. La Unión Europea y el Consejo de Europa reconocen el derecho de todas las personas a la igualdad ante la ley y
a la protección contra la discriminación, tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, como en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos. Tenemos documentos que son conocidos por todos los miembros de esta Comisión,
como es la Resolución de Naciones Unidas del año 1998, la Carta Social Europea del año 1996, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea en su artículo 13 y la Directiva 2043 del Consejo de Europa, que nos van dando una serie de pinceladas y una
serie de caminos para poder ahormar y seguir trabajando en esta línea.
Creemos que las leyes pueden conseguir grandes avances, pero el elemento clave es el cambio de actitudes, de valores, de comportamientos que pueden ir garantizando que la no discriminación, el acceso para todos sea una constante, no solo en
los procesos de gestión y de tramitación legislativa, sino también en todos los procesos públicos de la vida de nuestras sociedades. En esa línea de llamar la atención, de reforzar usos y comportamientos es en la que hemos presentado esta
proposición no de ley. Instamos al Gobierno a que para favorecer una estrategia de integración de las personas con discapacidad, deba tenerse en cuenta la perspectiva de las discapacidades en todas las etapas de los procesos administrativos, desde
la concepción y la aplicación hasta el control y la evaluación, con vistas a promover una igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, debiéndose centrar los esfuerzos en la accesibilidad conforme al principio de diseño para todos.
Creemos que esta es una herramienta que nos puede permitir avanzar en la línea de conseguir en un futuro una serie de evaluaciones sobre el impacto de la discapacidad en las materias jurídicas que, a nuestro entender, tienen que ver con todos los
derechos que reconocen las normas, tanto de nuestro ordenamiento jurídico como las normas de todos los tratados internacionales que versan sobre esta materia. Por lo tanto, siguiendo en esta capacidad de consenso y de coordinación de todos nuestros
trabajos, me parecería interesante que se aprobara. Tengo delante la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley.
Plantean una iniciativa legislativa que modifique dos leyes, la Ley 30/2003 y la Ley
50/1997, con la finalidad de redactar un informe sobre los efectos en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Todavía tenemos que trabajar en esta línea y seguir avanzando. Nos parece prematuro
plantear esta modificación legislativa porque todavía no conocemos los efectos que está generando en otros ámbitos para los cuales fue concebida. En la línea de seguir reforzando nuestro trabajo y nuestra vinculación con el colectivo de la
discapacidad, sería importante aprobar esta proposición, sin olvidar que en un futuro, esperemos que no muy lejano, podamos seguir con esta línea de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Además de la enmienda de subsanación del Grupo Parlamentario Socialista, expuesta por la señora Cortajarena, existe una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Par su defensa tiene la
palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ LÓPEZ: El Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular a lo largo del tiempo han venido manifestando su implicación respecto a las personas con discapacidad, tanto durante el período de gobierno creando una serie de
leyes y normativas en defensa de este colectivo, como en esta Comisión tratando de respaldar, apoyar y llevar adelante cualquier iniciativa que parta de cualquier grupo, siempre y cuando sea beneficiosa para el colectivo de las personas con
discapacidad y para avanzar en este campo de la normalización en la sociedad de dichas personas. Como no puede ser de otra manera, estamos absolutamente de acuerdo con la filosofía de la parte expositiva del preámbulo de la proposición no
de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Además, este preámbulo está en sintonía con la Liondau, con este interés en conseguir la no discriminación, en conseguir la accesibilidad universal para este colectivo. La exposición
de motivos o el preámbulo de la proposición no de ley, así como la exposición de la señora Cortajarena en defensa de la misma, con cuya filosofía estamos de acuerdo, paradójicamente no se corresponden con el texto de la proposición no de ley. La
parte dispositiva de mandato al Gobierno la vemos vacua y evanescente. Se queda en cuestiones intermedias sin concretar nada que signifique un paso hacia delante en la legislación a llevar a cabo respecto a las personas con discapacidad, como
parece decir en el preámbulo cuando se refiere a la Ley 30/2003, de 3 de octubre, o cuando se refiere a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. Además, habla de favorecer la estrategia de integración, que nos parece muy bien, Pero sabemos que la
integración no es más que una medida intermedia para conseguir la normalización. Por otra parte, habla de todas las etapas de procesos -decía políticos y ahora administrativos-. El inicio, la primera parte, lo esencial, el núcleo para conseguir
esta estrategia es actuar sobre los artículos 1 y 2 de la Ley 30, antes referida, o sobre los artículos 22 y 24 de la Ley 50, que son los que modifican la Ley 30. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si realmente existe una voluntad por parte del
Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista de hacer algo respecto a toda normativa y toda ley que salga de este y de posteriores gobiernos respecto a las personas con discapacidad, lo que se debía hacer era tratar al colectivo de personas con
discapacidad de la misma manera que en el caso de la discriminación por razón de género e incluir en los artículos 1 y 2 de la Ley 30 lo que venimos a decir en nuestra enmienda. Añadiríamos la siguiente frase: Y un informe sobre sus efectos en
materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Es decir, que cada vez que se haga una ley o la modificación de un reglamento se tenga en cuenta y se evalúe la repercusión o el impacto que puedan tener los
artículos que puedan surgir a partir de la modificación de esta ley sobre las personas con discapacidad. En nuestra enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista hacemos hincapié en que se produzca la modificación en estos artículos, si
es que realmente queremos dar un paso hacia delante para evitar la discriminación que pueda existir en las personas con discapacidad y conseguir su normalización en la sociedad, en vez de centrar los esfuerzos en la accesibilidad conforme al
principio de diseño para todos que aparece en la proposición no de ley del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta iniciativa que ha defendido la señora Cortajarena, relativa a la extensión al ámbito de la discapacidad de las disposiciones sobre informes de impacto, nos parece innovadora, inteligente e imaginativa.
Innovadora, porque es capaz de trasladar al ámbito de la discapacidad todo el trabajo que se ha venido realizando en estos últimos años en el ámbito del género. Inteligente, porque partiendo de los planteamientos de la Liondau es capaz de concretar
una línea que en algún momento deberá desembocar en una obligación de carácter jurídico que permita que efectivamente todo proceso administrativo y legislativo que se efectúa desde las administraciones públicas valore los impactos que desde la
perspectiva de la discapacidad tienen esas medidas, esas leyes o esas normativas.
La iniciativa que se nos presenta nos parece interesante y necesaria para construir unas políticas públicas en materia de discapacidad adaptadas a la nueva filosofía que expresa la Liondau, adaptada a las previsiones de las demandas que en
el seno de la comunidad internacional se nos planteen en los próximos años; además responde a las demandas de fondo de las personas con discapacidad y de los movimientos que las representan, que van en la línea de buscar enfoques integrados de
verdad en el conjunto de nuestras políticas públicas.
Mi grupo coincide con la cuestión de fondo que nos plantea la iniciativa socialista y por ello va a contar con nuestro apoyo. Si además se aceptase la enmienda que plantea el Grupo Popular, que va más allá, puesto que propone una
modificación específica de la legislación vigente -en este sentido creo que dicha enmienda es impecable-, mi grupo tampoco tendría ningún problema en votarla, puesto que se entiende que concretaríamos aún más el planteamiento del Grupo Socialista.
En todo caso, nos parece que estamos ante un enfoque innovador y, por tanto, cuenta con nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda planteada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: El Grupo Parlamentario Socialista no acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular. Por tanto, vamos a seguir en la defensa de nuestra iniciativa, tal y como ha quedado redactada, con la enmienda de
subsanación que usted mismo ha comentado, señor presidente.
-RELATIVA A LA SORDOCEGUERA COMO DISCAPACIDAD QUE AFECTA GRAVEMENTE LAS HABILIDADES DIARIAS NECESARIAS PARA PODER LLEVAR UNA VIDA MÍNIMAMENTE AUTÓNOMA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente
161/000800.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la
sordoceguera como discapacidad que afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para poder llevar una vida mínimamente autónoma, del Grupo Socialista.
Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Saenz.
La señora SÁENZ ROYO: Señor presidente, señorías, muchas veces es necesario tener el problema cerca para ser consciente del mismo, lo cual es el primer paso para tratar de darle solución. La sordoceguera es todavía hoy una discapacidad muy
desconocida y quizá por ello carente de medios específicos de ayuda. Sirva esta proposición no de ley para tener una mayor concienciación del problema de la sordoceguera y para tratar de prestarle una ayuda adecuada.
La proposición no de ley que hoy defendemos pretende reconocer la sordoceguera como una discapacidad específica siguiendo las recomendaciones que en este sentido formuló el Parlamento Europeo en abril de 2004 y también el ejemplo de otros
países que así lo han hecho en sus ordenamientos, recientemente Rumania y Perú, y que han desarrollado programas específicos de ayuda al sector de los sordociegos.
Se trata de reconocer que la sordoceguera no significa ceguera con la discapacidad
adicional de la sordera ni tampoco sordera con el agregado de la deficiencia que implica la ceguera. Es una discapacidad diferente que exige servicios especializados que le ayuden a superar sus dificultades.
La sordoceguera es una discapacidad consistente en un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta el acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Como digo, presentan dificultades en su comunicación, al igual que
los sordos, pero los sordos, a diferencia de los sordociegos, pueden utilizar sistemas de comunicación basados en la percepción e información visual, por ejemplo, el alfabeto dactilológico, el lenguaje oral basado en la lectura labial, etcétera.
Los sordociegos, como los ciegos, también tienen problemas en su movilidad; sin embargo los ciegos, a diferencia de los sordociegos, basan su orientación y movilidad en la utilización del sentido auditivo y así pueden localizar, identificar,
reconocer sonidos, etcétera, capacidad que les permite ser autónomos en sus desplazamientos. Por tanto, por su dualidad esta discapacidad no permite apoyarse en la utilización del otro sentido, vista u oído, sino que la vía para obtener la
información va a ser preferentemente a través de la utilización del sentido del tacto, junto con el olfato y el gusto. Si consideramos que más del 80 por ciento de la información la recibimos a través de los sentidos del oído y de la vista, podemos
hacernos una idea del efecto de incomunicación y desconexión con el mundo que produce la combinación de las dos deficiencias. La persona sordociega tiene graves dificultades para acceder a la información, a la educación, a la capacitación
profesional, al trabajo, a la vida social y a las actividades culturales.
De todo ello se deduce que la sordoceguera es una discapacidad con entidad propia y que las personas sordociegas requieren servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación para
hacer frente a las actividades de la vida diaria. La especificidad de esta discapacidad y la necesidad de apoyos especiales a la misma no se recoge actualmente en la legislación española, a pesar de que me consta que han sido muchos los esfuerzos
dirigidos a este objetivo. No puedo dejar de mencionar aquí a las personas y entidades gracias a cuyo esfuerzo e interés puedo defender esta proposición no de ley. La Asociación de Sordociegos de Aragón, Apascide-Aragón, me puso al corriente de la
problemática y me aportó abundante información al respecto. A ellos todo mi agradecimiento por su colaboración e interés.
También, sin duda, tengo que agradecer el trabajo previo realizado por la compañera y diputada socialista por Barcelona
Esperança Esteve, que en colaboración con los foros de sordociegos ha allanado el camino para que hoy podamos presentar aquí esta proposición.
Esperemos que con el apoyo de todos los grupos parlamentarios aquí presentes podamos sacar adelante esta proposición y conseguir así dotar a las personas sordociegas de servicios especializados, de personal específicamente formado para su
atención y de métodos especiales de comunicación para hacer frente a las actividades de la vida diaria.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora González Gutiérrez.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Señor presidente, señorías, de todos es sabido que la sordoceguera es una discapacidad que produce incomunicación y desconexión con el mundo, que la persona sordociega tiene graves dificultades para acceder,
como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, a la información, a la educación, a la capacitación profesional, al trabajo, a la vida social y a las actividades culturales.
En el caso de las personas sordociegas de nacimiento o de las personas que
adquieren la sordoceguera a temprana edad la situación se complica por el hecho de que pueden darse problemas adicionales que afecten a su personalidad o conducta. Tales complicaciones reducen aún más sus posibilidades de aprovechar cualquier resto
visual o auditivo. De todo ello se deduce que la sordoceguera es una discapacidad, como muy bien ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, repito, con entidad propia y que las personas sordociegas pertenecen a un grupo heterogéneo y
complejo. Hay personas con sordoceguera congénita; personas sordociegas con deficiencia auditiva congénita y una pérdida de audición adquirida durante el transcurso de la vida; personas sordociegas con deficiencia visual congénita y una pérdida
de audición adquirida durante el transcurso de la vida y, por último, personas nacidas sin deficiencias visuales ni auditivas que sufren una pérdida
de audición y de visión durante el transcurso de la vida.
Señorías, el Grupo Popular está convencido de que la sordoceguera no es la suma de la sordera y la ceguera, o a la inversa, sino que constituye una categoría única y diferente que precisa ser considerada como una discapacidad específica.
Estas personas necesitan conseguir el desarrollo máximo de todo su potencial intelectual, humano y social. Por ello hay que poner en marcha todas las oportunidades que necesiten para reajustar sus vidas. Son muchas las necesidades de las personas
sordociegas.
Necesitan un censo, campañas de detección precoz, programas específicos para enfermedades raras que son o pueden ser causa de la sordoceguera, ayudas auditivas o implantes cocleares, ayudas ópticas, programas educativos específicos y
un largo etcétera, que son justas demandas de las asociaciones, familiares y personas sordociegas. Por ello, señorías, el Grupo Popular apoyará esta proposición y además nos gustaría expresar que además de conseguir el fin de la proposición no de
ley desearíamos haber conseguido iniciar con todas SS.SS. una serie de proposiciones que proporcionen a las personas sordociegas sus derechos constitucionales, sociales, educativos, etcétera. Por todo ello, les pido a SS.SS. -sobre todo al Grupo
Socialista que ya ha expresado su gran sensibilidad hacia nuestra enmienda como autor de esta proposición- que acepten la enmienda presentada por el Grupo Popular al entender que la legislación española no necesita el último párrafo de la
proposición no de ley, que coincide textualmente con el reconocimiento de la sordoceguera en el Parlamento Europeo, que la expresa para todos los países miembros. Afortunadamente el Real Decreto 1971/99 no reconoce discapacidades in genere, sino
que reconoce los efectos que una concreta discapacidad despliega en la persona en cuanto a sus posibilidades y capacidades. Esta consideración que hago en nombre del Grupo Popular se desprende también de las manifestaciones de Cermi y, por
supuesto, del propio Gobierno, que pone claramente de manifiesto en respuesta parlamentaria 184/10171. Con esta enmienda solo pretendemos no llevar a la confusión. Termino agradeciendo la sensibilidad expresada por el Grupo Socialista y la
atención prestada por todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta iniciativa del Grupo Socialista que responde a una vieja reivindicación de los colectivos de personas afectadas por la sordoceguera y que plantea una cuestión de fondo que, desde el sentido común, poco o
mucho todos reconocemos, choca también con algunas consideraciones que expresa la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular. El boletín del Congreso de los Diputados publicaba el 10 de febrero de este año una respuesta a una pregunta por
escrito que yo mismo planteaba al Gobierno en la que me interesaba por las previsiones acerca de promover el reconocimiento oficial de la sordoceguera e incluirla en la clasificación de deficiencias, diagnósticos y etiologías. En enero el Gobierno
nos respondía que la sordoceguera ya está reconocida en la normativa vigente, conforme al Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, estando codificada con
los ítems ceguera y sordera, respectivamente, en una sola persona. El grado de minusvalía de estas personas supera el 75 por ciento, así como el baremo específico de necesidad de ayuda de tercera persona. Como he dicho, en enero el Gobierno nos
decía que la sordoceguera está reconocida en la normativa vigente. Por tanto, se me escapa exactamente el sentido de la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, a no ser que entienda que en esa normativa no está reconocido este tipo
de situaciones. En este sentido, la enmienda del Grupo Popular es más ajustada a lo que debemos realizar, que es el reconocimiento de la sordoceguera como discapacidad específica. Espero que el Grupo Socialista acepte la enmienda del Grupo
Popular, que, insisto, es más ajustada a la interpretación que hasta enero el propio Gobierno venía haciendo en este ámbito.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda planteada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Sáenz.
La señora SÁENZ ROYO: La enmienda que presenta el Grupo Popular básicamente elimina la referencia relativa a los baremos. La aceptaremos porque entendemos que está perfectamente justificada, como también ha dicho el portavoz del Grupo
Catalán de Convergència i Unió. La proposición no de ley no es tanto una cuestión de modificación de los baremos como de reconocimiento de que la discapacidad de la sordoceguera es una discapacidad con entidad propia y, con ello, conseguir que se
creen programas específicos de ayuda a la misma, que es lo que no existe.
Ese es el sentido de nuestra proposición no de ley, por lo que aceptaremos la enmienda del Grupo Popular.
-PARA IMPULSAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LAS PERSONAS CON INTELIGENCIA LIMITADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/001024.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, para impulsar la formación profesional en las personas con inteligencia limitada. Es autor el Grupo Parlamentario Popular y para su exposición y defensa tiene la palabra el
señor Oreiro.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Desde mi experiencia como docente, hace ya bastante años que vengo sufriendo una cierta sensación de impotencia ante la situación de un colectivo de alumnos que, no por numeroso, sino por las características que
reúne, se encuentra bastante desplazado en el ámbito educativo normalizado. Su apariencia de normalidad solapa de alguna forma la deficiencia que padecen. Estamos hablando de alumnos no reconocidos minusválidos, puesto que su deficiencia es
ligera, pero cuya capacidad intelectual está disminuida. Desde las primeras etapas del aprendizaje, desde la educación básica, estos chicos empiezan a mostrar serias dificultades para seguir el ritmo normal de los demás alumnos.
Llegada la
enseñanza secundaria, el esfuerzo de estos alumnos no se corresponde con su rendimiento. En muchos casos su voluntariedad es fuerte, pero el rendimiento no se corresponde con ella. A partir de los primeros cursos de la secundaria estos chicos van
quedándose desplazados y ya en su adolescencia entra en juego la frustración. Los que pueden y dan el nivel establecido se incorporan a la formación profesional reglada. Aquí se encuentran con la dificultad añadida de que los planteamientos
actuales de la formación profesional son excesivamente teóricos para estos chicos y tienen que renunciar, y en muchos casos la frustración les lleva a tener una función social no deseable.
Los programas de garantía social establecidos en los centros de secundaria adolecen de una escasa oferta, por ello consideramos que no son muy operativos. Hablamos, señorías, de un colectivo que resulta hasta difícil cuantificar al no estar
reconocidos como minusválidos, sin embargo es suficientemente significativo como para prestarles la atención que merecen. Es más, me parece que se hablaba en la primera proposición no de ley de la inmigración; no, en la comparecencia de la ex
ministra se hablaba de la inmigración como elemento que pudiera incrementar el índice de discapacitados. La ex ministra mencionaba que realmente los inmigrantes son jóvenes, la mayor parte de ellos, y efectivamente es así, pero muchos de ellos
incorporan a chicos, con la integración de sus familias, que probablemente no por deficiencia intelectual, sino por deficiencias psicosociales o sociofamiliares, pueden incrementar el número de las personas de las que estamos hablando con grandes
dificultades de acceso o de seguimiento de una formación normalizada. Lo que es más importante, para intentar normalizar a estas personas y buscar su mayor rentabilidad social y, lo que no es menos importante, su autoestima, habría que hacer el
enfoque de un tratamiento educativo distinto, digamos una formación profesional más práctica, impulsando la complementariedad de la formación en el aula con la formación en el puesto de trabajo.
La idea de presentar esta proposición no de ley es sencillamente esa, intentar buscar alguna medida que haga posible la incorporación de estos chicos y chicas, que pudieran ser realmente funcionales en la sociedad en la que estamos,
realizando trabajos que no necesitarían una cualificación específica profunda. Yo les podría poner algún ejemplo, el caso de dos personas con las que yo he convivido, que estaban en un centro público y que las dos tenían función de celador. Una
compañera que es asistente social y yo hemos enseñado a leer y a escribir a una de ellas porque tenía muchas dificultades; la otra persona era un licenciado en Historia.
Tengo que decir sinceramente que aquél realizaba su función con mucho más
interés, con mucha más ilusión porque su aspiración máxima era realizarla bien; para el compañero licenciado era una cierta frustración realizar aquella función. Quiero decir que las personas con limitación intelectual perfectamente pueden
realizar trabajos, pueden ser socialmente rentables y pueden incorporarse a determinados tipos de función sin detrimento de su rendimiento. Para ello necesitamos mejorar la formación profesional, mejor dicho, más que mejorar la formación
profesional, adaptar la formación profesional a estas personas; tendríamos de esta manera la posibilidad de promocionar su integración. Sería interesante adecuar las necesidades en el ámbito local, y sería una de las cosas más importantes porque
lo que no podemos hacer es generalizar dado que las características son muy distintas y también la demanda de puestos de trabajo en cada una de las zonas; sería interesante el desarrollo profesional y la sensibilización del profesorado, el apoyo a
los centros ordinarios y también el apoyo especial a los padres de estos alumnos. En este caso tengo que hacer una mención especial a la Fundación Nabiu, que probablemente conozca el compañero de CiU, que está interesadísima y trabajando muy
intensamente a favor de estas personas. También sería interesante el apoyo para modificar algunas de las posibilidades de acceso al mercado laboral. Me parece que esta proposición no de ley pretende mejorar las condiciones de acceso al puesto de
trabajo, que en definitiva es la mejor manera de normalizar la vida de las personas con alguna característica limitativa. Estas personas, insisto, señorías, podrían dar un perfecto rendimiento social con una mínima tutela.
Aceptamos ya, en
principio, la enmienda del Grupo Socialista que está planteada en un mismo sentido y mejora de alguna forma nuestra idea incluyendo a este colectivo de personas con inteligencia límite como prioritario en la selección de cursos para personas con
discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Existe, como acaba de manifestar el señor Oreiro, una enmienda presentada por el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señorías, el portavoz del Grupo Popular ha hecho una magnífica exposición en el sentido de situar la problemática que plantea este tipo de personas con esta discapacidad. Además decía que era confuso si daban o no
el grado de discapacidad suficiente para tener la condición legal de minusválido, que a veces asociado a otro tipo de problemática, como pueden ser baremos de tipo social y demás, pueden llegar al porcentaje del 33 por ciento. Es verdad que son
personas,
por decirlo de alguna forma, que se encuentran en terreno de nadie tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista laboral, igual que desde el punto de vista social. Es una situación bastante compleja en la que las
familias siempre tienen una preocupación especial, sobre todo en lo que tiene que ver con sus relaciones sociales y con su futuro familiar. Tener una especial atención a este colectivo es acertado.
Esta proposición que insta al Gobierno a fomentar la formación profesional entre las personas con capacidad intelectual límite se puede articular tanto a través del ámbito educativo como del ámbito laboral, de la formación
ocupacional-laboral. En esta línea han ido nuestras propuestas.
Sería muy importante en el futuro plantearse una definición clara de lo que se entiende por capacidad intelectual límite. Esto quizá esté en la base de muchos de los problemas que
plantean este tipo de personas. Hasta tal punto que hay veces que coloquialmente se les llama borderline, lo que para nada tiene que ver con la capacidad intelectual límite, puesto que estas otras personas, tal como las define la Organización
Mundial de la Salud, sufren trastornos límites de la personalidad; es decir, no tiene nada que ver, sin embargo hay una confusión en la utilización de la terminología en esta materia y detrás de esa confusión también se produce otra en cómo se
atiende y cómo se definen todas las características de la atención a estas personas. La capacidad intelectual límite se deriva del retraso mental y está definida por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad intelectual que es inferior
al promedio y que se acompaña con limitaciones en la capacidad adaptativa referida a la vida diaria, a cómo afrontan los sujetos la vida diaria y a cómo cumplen las normas de autonomía personal y de inserción social y laboral. No solo se refleja en
el cociente intelectual entre 70 y 80, sino que también altera las habilidades de autonomía personal y social, el proceso educativo y el proceso ocupacional laboral. Por tanto, todas las medidas que se adopten en el ámbito educativo y en el
ocupacional laboral serán muy interesantes. Nosotros hemos hecho constar en la enmienda que cabría establecer en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que establece un sistema nacional de
cualificaciones y formación profesional, específicamente en el título II, artículo 12, sobre las ofertas formativas a grupos con especiales dificultades de integración social, que si bien los jóvenes con inteligencia límite no formarían parte del
colectivo legalmente establecido como personas con discapacidad desde el punto de vista del grado de minusvalías sí forman parte del colectivo de alumnos con necesidades educativas especiales. Respecto de sus oportunidades de empleo, requieren de
medidas que faciliten la integración social y su inclusión en el mercado de trabajo. Ya está previsto en la ley, concretamente en el artículo 12, del título II, que tanto las administraciones públicas como la Administración local deberán adaptar
las ofertas formativas a las necesidades específicas de los jóvenes con riesgo de exclusión social o laboral. Estas ofertas deberán adaptarse a la adquisición de capacidades en el proceso de formación a lo largo de la vida, incluyendo además
módulos formativos asociados al catálogo nacional de cualificaciones profesionales. En ese sentido, un primer apartado de nuestra enmienda iría en la línea de que en el marco de la Conferencia sectorial de Educación se adaptara la oferta formativa
a las necesidades educativas especiales que presentan las personas con capacidad intelectual límite de acuerdo con lo establecido en este artículo 12, así como el fomento de la formación profesional para dicho colectivo. En el ámbito de la
formación ocupacional-laboral, el Real Decreto 631/1993, que regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, establece que los colectivos que tienen preferencia para participar en acciones del citado plan, en concreto el apartado d),
se refiere a los empleados con dificultades especiales para su inserción y reinserción laboral, en especial mujeres que quieran integrarse a la vida activa, minusválidos, personas con discapacidad, inmigrantes, etcétera. Esta parte de nuestra
enmienda iría en el sentido que en el marco de la Conferencia sectorial para Asuntos Laborales se adaptara la formación ocupacional a las necesidades especiales de estas personas con capacidad intelectual límite.
Por otra parte, lo hemos comentado antes con el portavoz del Grupo Popular y por eso se ha referido a ese acuerdo, para matizar más y ser más inclusivo con este tipo de personas con capacidad intelectual límite sería conveniente especificar
la posibilidad de dar una nueva redacción al apartado 5 de la Orden de 14 de octubre de 1998, por la que se modifica la de 13 de abril de 1994, que incluye como colectivo prioritario en la selección de los cursos a las personas con capacidad
intelectual límite. Esto lo concretaría más y podría dar más respuesta a las expectativas que tiene el colectivo de personas con discapacidad intelectual límite tanto en materia de inserción laboral, de formación como en materia educativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo quiere felicitar tanto al grupo proponente como al grupo enmendante. Nos parece que el Grupo Parlamentario Popular ha acertado en incorporar a los trabajos de esta Comisión toda la problemática que
afecta a las personas con inteligencia límite; ese colectivo de personas que se sitúa en esa frontera de situación de discapacidad, que está olvidado la mayoría de las veces por las políticas públicas y que la mayoría de las veces solo encuentra el
apoyo de sus propios padres y madres o de personas que en las administraciones o en la sociedad optan por acercarse a las necesidades de estas personas. En Cataluña, como se recordaba anteriormente, Nabiu, liderada por el señor González, viene
realizando desde hace muchos
años un trabajo de inserción en la Administración pública de la Generalitat de personas con inteligencia límite y además viene batallando en todo el Estado para intentar conseguir incorporar específicamente esta problemática a los gestores
de la cosa pública. También es bueno recordar el trabajo que se viene realizando por la entidad Acidh, liderada por la señora Baró, en Barcelona, en el terreno de la integración laboral de las personas con inteligencia límite, así como la sociedad
civil comprometida con esta materia, los padres y las madres y los profesionales que intentan dar salida en el campo del empleo a las personas con inteligencia límite. Además la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular centra su atención en los
aspectos de formación.
El señor Bertrand, en su defensa de la proposición no de ley al inicio de esta Comisión, nos recordaba la reunión que tuvimos la semana pasada con la Fundación Empresa y Sociedad, que fue presidida también por el presidente de nuestra
Comisión, en la que dos de las empresas que intervinieron pusieron de manifiesto que justamente las empresas demandan mayores niveles de formación de las personas con discapacidad y también de las personas con inteligencia límite para poder
garantizar su efectiva incorporación al empleo. Por tanto, una proposición no de ley que centra su atención respecto a las oportunidades de formación de este colectivo nos parece absolutamente adecuada.
La enmienda que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista concreta de manera muy específica y acertada los tres ámbitos en los que efectivamente hay que procurar esos avances: en el marco de la Conferencia sectorial de Educación, porque
es bueno recordar que las competencias en educación están en mano de las comunidades autónomas, que se tomen las medidas necesarias para adaptar la oferta formativa a las necesidades efectivas de estas personas; en el marco de la Conferencia
sectorial para Asuntos Laborales, provocando la adaptación del conjunto de los instrumentos de la formación ocupacional; y, finalmente, permitir con esa modificación la incorporación como colectivo prioritario de las políticas activas de empleo a
las personas con capacidad intelectual límite.
Se trata de una concreción del planteamiento que nos hace el Grupo Popular en tres ámbitos necesarios. Por tanto mi grupo, absolutamente satisfecho del texto que vamos a votar, manifiesta su apoyo al mismo.
El señor PRESIDENTE: Aunque la Mesa entiende por las manifestaciones del señor Oreiro que la enmienda planteada por el Grupo Socialista está aceptada, si el señor diputado desea indicar algo al respecto, tiene la palabra.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Como no puede ser de otra manera, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista, porque queda claro que cualifica nuestra proposición no de ley. Asimismo, nos felicitamos por la sensibilidad de todos los grupos y
hacemos votos para que esta problemática se vaya subsanando poco a poco.
-RELATIVA A LOS CONTRATOS DE FOMENTO DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RÉGIMEN DE CENTRO ESPECIAL DE TRABAJO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ. (Número de expediente 161/001077.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a los contratos de fomento del empleo para personas con discapacidad en régimen de centro especial de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Para su exposición y defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Convergència i Unió presenta una proposición no de ley que pretende clarificar el marco legal de los centros especiales de empleo en relación con el conjunto de modalidades contractuales que pueden utilizar
estas entidades de iniciativa social.
En este sentido, es bueno recordar, porque ahí se justifica esta proposición no de ley, que a principios de 1999 se impulsó una modificación del Real Decreto 1368/1985, que regulaba la relación laboral de
carácter especial de los minusválidos que trabajasen en los centros especiales de empleo; una modificación que pretendió introducir mayor flexibilidad y dar mayor capacidad a estas entidades para generar empleo para personas con discapacidad. Así,
se introdujo el trabajo a domicilio, se flexibilizó el tiempo de trabajo en estos centros y se facilitó una mejor solución a los supuestos de extensión del contrato de trabajo por razones objetivas. Mi grupo entendió en términos generales que estas
medidas eran positivas; sin embargo, en la modificación que se produjo hubo un cambio que quizás nos pasó desapercibido, pero que en la práctica supuso la supresión de la posibilidad de que los centros especiales de empleo pudiesen contratar con
todas las modalidades previstas, no tan solo en el Estatuto de los Trabajadores, sino también en sus normas de desarrollo. La referencia que figuraba en la normativa del año 1985, que extendía la posibilidad de contratar para lo previsto en el
Estatuto de los Trabajadores, pero también en sus normas de desarrollo, desapareció.
Esta situación ha provocado en la práctica que los centros especiales de empleo no puedan utilizar los contratos de fomento de empleo para las personas con
discapacidad. Esto implica una discriminación respecto al conjunto de empresas y una pérdida de oportunidad en términos de generación de empleo.
Por otra parte, esta cuestión no ha sido pacífica en los tribunales.
Lógicamente, ante esta situación de discriminación, los centros especiales de empleo que pretendían contratar bajo esa modalidad contractual han planteado controversias y
pleitos en diversos territorios del Estado, encontrándose hoy con una mayoría de sentencias judiciales que afirman que los centros especiales de empleo no pueden contratar bajo esa modalidad, amparándose en
una lectura estricta de la normativa aprobada en 1999; sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha venido a reconocer últimamente que, amparándose en la filosofía y en los planteamientos que expresaba la
Liondau, los centros especiales de empleo podían utilizar esa fórmula contractual. Con esta iniciativa, mi grupo pretende instar al Gobierno a promover las modificaciones necesarias en la normativa que regula la relación laboral de carácter
especial de empleo de los que trabajen en los centros especiales para permitir que los contratos que conciernen a dichos centros puedan ajustarse también a las modalidades previstas en las normas de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores. Esto
sería coherente con la filosofía que expresa la Liondau y muy especialmente con ese elemento que toda la mañana ha formado parte de nuestros debates, que es la necesidad de que nuestras leyes, nuestras políticas públicas y nuestras actitudes en este
campo den un mayor impulso a la capacidad de generar empleo para personas con discapacidad. Mi grupo está seguro de que esta mañana también en esta proposición no de ley alcanzaremos un acuerdo que nos permita terminar con ese agravio comparativo
que sufren los centros especiales de empleo.
Para terminar, señor presidente, hemos de recordar que mi grupo plantea esta iniciativa debido a una demanda muy específica que nos ha trasladado desde Cataluña la Coordinadora de tallers per a persones amb disminució psíquica, la entidad
seguramente más veterana en el empleo para personas con discapacidad psíquica de Cataluña.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Murcia.
El señor MURCIA BARCELÓ: Seré muy breve, por cuanto de la exposición del señor Campuzano y del estudio de la proposición no de ley presentada se deduce que es una iniciativa muy interesante en cuanto al tiempo, la forma y la finalidad que
pretende. Es cierto que cuando se redactó el real decreto ley no se observó que podría acaecer algo que sucede habitualmente, y es que los desarrollos normativos posteriores hacen que alguna de las normas existentes en la norma primera puedan
producir una situación de dificultad a la hora de ser aplicadas. Efectivamente, al decir que también podrán aplicarse modalidades de contrato de trabajo previstas en el Estatuto de los Trabajadores, sin añadir: y sus normas de desarrollo, se crea
una laguna que puede ser sobrevenida en el momento en que ese desarrollo normativo se lleve a efecto. Por tanto estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento de Convergència i Unió. Es más, ese desarrollo normativo, concretamente en cuanto se
refiere al contrato de trabajo para el fomento de la contratación indefinida que se regulaba en la Ley 2001, de 9 de julio, limita las posibilidades del real decreto. Ello no quiere decir que el real decreto haya sido inservible.
El real decreto
ha permitido un buen desarrollo en algunas materias; solo tenemos que ver algunas cifras, como el número de centros especiales de empleo, que ha pasado de 300, con 15.000 trabajadores, en 1996, a más de 1.300 en 2003. Debemos alegrarnos porque ha
sido una norma, como deben ser todas aquellas que se deben generar con cierta flexibilidad y agilidad administrativa, que ha ido mejorando una realidad reconocida por todos, que es la injusticia que ha venido existiendo respecto a las personas
dependientes y su inserción en el mundo laboral. Sin embargo, pese a que la vocación que tienen las normas es de temporalidad, no debemos olvidar que el final que se pretende -en este caso, es positivo- es el que prima.
Simplemente quiero decir al señor Campuzano que mi grupo votará a favor de su proposición no de ley, porque creemos que es muy apropiada y que beneficiará al conjunto de la discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió nos trae una proposición no de ley que plantea que los centros especiales de empleo puedan acceder a las mismas modalidades de contratación que cualquier empresa
normal, es decir a la misma contratación que se regula en el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores. Los centros especiales de empleo pueden formalizar todo tipo de contratos. Es verdad que queda excluida la modalidad de contratación a
domicilio para la contratación de personas con discapacidad psíquica, así como que dichos contratos puedan tener una duración máxima de cuatro años. Nosotros pensamos que este es un buen debate; no queremos que los centros especiales de empleo
tengan limitaciones a la hora de realizar cualquier tipo de contratación, pero al mismo tiempo estas modificaciones se deben efectuar con mucho cuidado de manera que queriendo hacer mejoras no empeoremos la situación, porque los centros especiales
de empleo tienen subvenciones distintas a la hora de contratar. Las empresas de mercado ordinario que contratan por tiempo indefinido y a jornada completa a un trabajador con discapacidad reciben, al amparo del Real Decreto 170/2005, por el que se
modificó el Real Decreto 1451/1983, una subvención de 3.907 euros; la subvención por un proyecto que genere un empleo ligado a la realización de una inversión de activos fijos de un centro de empleo se acerca a los 9.015 euros o a los 12.020, en
función del porcentaje de plantilla que tenga el centro especial de empleo. Por tanto, los centros especiales de empleo ya reciben bonificaciones especiales; asimismo, hay que tener en cuenta que en estos centros las bonificaciones de Seguridad
Social alcanzan incluso el cien por cien, lo que no sucede en otros sitios.
Como decía al principio, ya que nosotros pretendemos que no haya limitaciones en la contratación y que exista alguna modalidad como la que mencionaba anteriormente que pueda beneficiar a estos centros, estamos
dispuestos a intentar resolver el problema e incluso a modificar la ley para que esto se pueda hacer. Por ello, y dado que no hemos presentado enmiendas, presentamos una enmienda in voce que dice: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a estudiar las modificaciones en la normativa vigente para permitir que los contratos que conciernen a los centros especiales de empleo puedan ajustarse también a las modalidades en las normas de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores.
Con esto queda prácticamente recogida la propuesta que hacía Convergència i Unió y además permitimos que antes de llevar a cabo modificaciones se estudie cuáles son las que hay que hacer, así como cuáles son las beneficiosas, de manera que no se
pueda llevar a cabo alguna cuestión sin saber qué vamos a modificar. Por tanto, esta es la enmienda que presentamos y espero que Convergéncia i Unió la acepte para que todos juntos podamos dar un paso adelante y que estos centros de empleo mejoren
su contratación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano a los efectos de respuesta a la enmienda in voce que ha presentado la portavoz del Grupo Socialista, señora López i Chamosa.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, mi grupo aceptará esta enmienda, aunque, si me permite, a efectos del 'Diario de Sesiones' me gustaría remarcar que nuestra preocupación no es con relación al contrato a domicilio, sino al
contrato de fomento de empleo para las personas con discapacidad. En mi opinión justamente los centros especiales de empleo que trabajan con discapacidad psíquica nunca han tenido interés en poder participar de los contratos a domicilio por muchas
razones que ahora no viene al caso exponer. Por tanto, nuestra preocupación se centra en esa modalidad contemplada en la norma de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores, como es el contrato de fomento de empleo para las personas con
discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Siendo la hora prevista para la que se habían anunciado las votaciones después del debate de las proposiciones no de ley presentadas, procederemos a la votación dentro de cinco minutos, a los efectos de que puedan estar
presentes todas las señoras y señores diputados que lo deseen. (Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a las votaciones de las cinco proposiciones no de ley que han sido debatidas. Empezamos con la proposición no de ley para garantizar el cumplimiento de la reserva del empleo del 2 por ciento a discapacitados por
parte de las empresas; proposición del Grupo Popular que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista y aceptada por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la extensión al ámbito de la discapacidad de las disposiciones sobre informes de impacto, presentada por el Grupo Socialista con la corrección ofrecida por el grupo.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la sordoceguera como discapacidad que afecta gravemente a las habilidades diarias necesarias para poder llevar una vida mínimamente autónoma, presentada por el Grupo Socialista con la incorporación de la
enmienda aceptada del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley para impulsar la formación profesional en las personas con inteligencia límite, presentada por el Grupo Popular con la incorporación de la enmienda transaccional del Grupo Socialista que había sido aceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a los contratos de fomento del empleo para personas con discapacidad en régimen de centro especial de trabajo, presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió con la enmienda in voce introducida, y
aceptada, por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Antes de levantar la sesión, quiero expresar el deseo, que seguro que comparten todos los componentes de esta Comisión, de un pronto restablecimiento para el portavoz del Grupo Popular, señor Vañó.
Se levanta la sesión.
Eran la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.