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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 442, de 22/11/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 442
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 22 de noviembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Para la mejora de las verificaciones a efectuar sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio como garantía en las transacciones comerciales y para los consumidores. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000761.) ... (Página 2)
-Sobre las normas reguladoras de los vendedores profesionales de prensa.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000949.) ... (Página 3)
-Relativa a la construcción del Palacio de Congresos, Convenciones y Auditorium de Santa Eulària (Ibiza). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000844.) ... (Página
6)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-PARA LA MEJORA DE LAS VERIFICACIONES A EFECTUAR SOBRE LOS INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO EN SERVICIO COMO GARANTÍA EN LAS TRANSACCIONES COMERCIALES Y PARA LOS CONSUMIDORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000761.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión número 25 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, con el debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley. La primera, para la mejora de las verificaciones a
efectuar sobre los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio como garantía en las transacciones comerciales y para los consumidores, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. La segunda, sobre las normas
reguladoras de los vendedores profesionales de prensa, del Grupo Parlamentario Popular. Y la tercera, relativa a la construcción del Palacio de Congresos, Convenciones y Auditórium de Santa Eulària, en Ibiza, también del Grupo Parlamentario Popular
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, para la defensa de la primera proposición de ley.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley orientada a la mejora de las verificaciones a efectuar en los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio como garantía
en las transacciones comerciales y para los consumidores, iniciativa muy técnica que afecta a un sector muy determinado. Antes de entrar en la defensa de esta proposición no de ley, quiero realizar unas afirmaciones interesantes. En primer lugar,
las balanzas comerciales son un elemento importante en la venta directa de diferentes productos, ya sean del sector alimentario o de otro. En segundo lugar, las normas de metrología se instrumentan en defensa de los intereses de los consumidores,
económicos y de los usuarios en las operaciones en las que interviene una balanza de pesaje y, correlativamente, para determinar los precios.
La asociación española de coordinación de la industria del pesaje ha reclamado históricamente, apelando al derecho de amparo, que los fabricantes y los reparadores debidamente autorizados por estos puedan efectuar el control de verificación
después de la reparación o modificación, así como la verificación periódica de los instrumentos objeto de su fabricación en un caso, o reparados bajo la autorización del fabricante en otro. En ambos casos, fabricantes y reparadores deberían estar
acreditados por un sistema de control de calidad. La actual normativa genera situaciones de incoherencia como, por ejemplo, que los fabricantes de instrumentos de pesaje acreditados con sistemas de calidad ISO y acreditado por un organismo
notificado, pueda efectuar las pruebas de marcaje CE de metrología, mucho más exigentes y, en cambio, no puedan dar valor legal de las verificaciones que se realizan después de la reparación. Esta situación está superada en otros sectores con
problemáticas parecidas, por lo que existe un agravio comparativo. Así, los instaladores de gas o electricidad, sectores con mucho más riesgo en el pesaje, pueden efectuar la correspondiente instalación y a continuación firmar los boletines de
idoneidad de las instalaciones que ellos mismos han instalado, situación que no se permite en el sector del control metrológico. Por este motivo, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley que pretende garantizar la
defensa de los consumidores y usuarios, mejorar los procedimientos de control de los elementos de pesaje, reducir los trámites de control sin pérdida de calidad, evitar el incremento de costes y, finalmente, garantizar la efectiva adecuación de los
instrumentos de pesaje a la normativa vigente.
Estas son básicamente las consideraciones y los objetivos que persigue nuestra proposición no de ley que están previamente relacionados en los dos puntos que constan en nuestra iniciativa.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista que adelantamos vamos a aceptar, aunque no entra en la segunda consideración de nuestra proposición no de ley. Esta iniciativa supone un avance para que el sector
pueda seguir negociando con el ministerio y alcanzar los objetivos que hemos defendido ante esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra don Luis Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: La proposición no de ley del Grupo Catalán (Convergència i Unió) se basa en un informe del Consejo Español de Metrología. En primer lugar no conocemos ese organismo, creemos que el grupo proponente se refiere al
Centro Español de Metrología, que es el organismo responsable de la obtención, conservación, desarrollo y difusión de los patrones nacionales de las unidades de medidas, que representa a España en los foros de metrología europeos e internacionales.
Dicho eso, nos gustaría apuntar sobre el contenido de la proposición no de ley los siguientes aspectos.
Querríamos dejar constancia de que el sector de instrumentos al que se alude en esta proposición sí ha sido sometido al control metrológico del Estado prácticamente desde que se aprueba la Ley de Metrología 3/1985, regulado sucesivamente en
aspectos más específicos por directivas de ámbito comunitario. Posteriormente, en el
año 1995, la Orden de 4 de julio de 1995 estableció el control metrológico de los instrumentos en servicio. Podemos asegurar que en los últimos 20 años este sector ha estado plenamente regulado para garantizar el sometimiento de los
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en los primeros 10 años en los controles previos a su puesta en servicio y en los siguientes 10 años en su totalidad, es decir, hay un pleno control metrológico del Estado en consonancia con la
Ley de Metrología anteriormente citada.
En cuanto a la posible existencia de un bajo nivel de control al que se alude en la proposición no de ley, no debe imputarse a la falta o no de aplicación de las citadas normativas. Por el contrario, hay que buscar las causas en otro
ámbito. Para ser exactos, deberían buscarse, en la disponibilidad o no de datos censales sobre los instrumentos en servicio, en la insuficiente capacidad de las administraciones públicas competentes para el ejercicio de los preceptivos controles, y
también, por qué no, en la inadecuada legislación específica, no adaptada en estos momentos a las nuevas tendencias de la Unión Europea encaminadas a potenciar la libre circulación de las mercancías en el mercado interior. Esta situación se va a
resolver en gran parte con la próxima trasposición de la Directiva 2004/22, directiva que deberá incorporar nuevas fórmulas, para la determinación de los requisitos nacionales, que deben cumplir los instrumentos para ser puestos en servicio en la
Unión, los cuales, y en una primera aproximación, serían equivalentes a las fórmulas que apunta la proposición no de ley.
El Grupo Parlamentario socialista está de acuerdo con la intención de la proposición no de ley, pero ha decidido enmendarla en el sentido de garantizar la supervisión y eficacia en la ejecución de los controles por parte de las
administraciones públicas competentes con el fin de garantizar la independencia de los intervinientes en los controles y el adecuado nivel de supervisión por las administraciones que los autoricen.
Nuestro grupo quiere impulsar con esta enmienda
una mayor coordinación en la vigilancia e inspección del mercado en desarrollo de lo que establece la Ley de Metrología y ampliar el actual registro de control metrológico, (aspecto que no está recogido en la proposición no de ley de CiU),
incorporando el establecimiento de un censo de instrumentos para facilitar la actuación de las administraciones competentes. Entendemos que con nuestra enmienda se mejora sustancialmente la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo, aunque no haya presentado enmienda, quiere intervenir? Por el Grupo Popular tiene la palabra don Cándido Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Intervengo para fijar la posición del Grupo Popular en esta iniciativa de Convergència i Unió.
Esta iniciativa consta de dos partes; con la primera estamos de acuerdo, pero con la segunda tenemos pegas porque no se puede ser juez y parte. Si se venden, fabrican o reparan instrumentos de pesaje, con la misma estructura no se puede
verificar. Esa es la filosofía por la que no nos satisface la redacción del segundo punto.
La Orden ministerial de 27 de abril de 1999, citada en la proposición no de ley, indicaba la obligatoriedad de pasar controles cada 2 años, que la responsabilidad es de los propietarios, y que su vigilancia corresponde a las comunidades
autónomas, que son las competentes en la metrología. Los instrumentos pasan por cinco fases de control: dos para la aprobación del modelo y la verificación primitiva, que son consecuencia de la directiva de la Unión Europea, y luego hay tres
controles para la verificación periódica, para reparar y la vigilancia e inspección, que corresponden a la Administración central pero en las que las comunidades autónomas tienen competencia.
Lo que se pretende en el punto segundo de la proposición no de ley es modificar la legislación nacional que obliga a las comunidades autónomas, pero nosotros entendemos, que no es lo mismo revisar instalaciones eléctricas o de gas que de
pesaje o metrología. Me decía antes un compañero que es como si a los talleres de reparación de automóviles les permitimos emitir los certificados de la ITV. Coincidimos con la enmienda presentada por el Partido Socialista y la vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: El proponente ya ha dicho que aceptaba la enmienda del Grupo Socialista. Efectuaremos las votaciones al final de los debates. Calculo que no se producirán, antes de las once cuarenta y cinco.
-SOBRE LAS NORMAS REGULADORAS DE LOS VENDEDORES PROFESIONALES DE PRENSA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000949.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto, del orden del día: proposición no de ley sobre las normas reguladoras de los vendedores profesionales de prensa. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, don Javier Gómez
Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que derogue la Orden ministerial de 22 de abril de 1972, por la que se
aprueban las normas reguladoras de los vendedores profesionales de prensa, y aborde en 6 meses una nueva normativa para el sector dentro del respeto a las reglas de mercado y a los principios de libre competencia.
Voy a intervenir con toda brevedad porque los grupos parlamentarios saben exactamente de qué estamos hablando. Todos los grupos estaremos de acuerdo en que esta orden ministerial está obsoleta.
Como señalamos en la exposición de motivos, hay tres razones fundamentales por las que hay que modificar esta orden ministerial. En primer lugar, debe ser considerada derogada en todo cuanto se oponga a la Constitución y, en especial, en lo
relativo al funcionamiento y competencia de las comisiones nacionales y provinciales. En segundo lugar, la Dirección General de Trabajo, organismo al que la orden ministerial remite para su aplicación, emitió un informe en 1978, por el que la
consideraba derogada. En tercer lugar, el Tribunal de Defensa de la Competencia también considera dicha orden ministerial derogada e inoperante. SS. SS.
convendrán conmigo en que esta orden ministerial es, cuando menos, de dudosa vigencia legal.
Sin embargo, y como saben muy bien SS. SS, se sigue utilizando como referencia para el sector, lo que es fuente permanente de problemas y motivo de tensión y litigios. Yo tengo aquí un informe, de COVE Press. (Confederación Española de Vendedores
de Prensa), en el que se puede ver la cantidad de litigios que hay de posición de dominio, de situación de dependencia, de inexistencia de contrato escrito, de obligatoriedad de recepción de mercancía, sobre las fianzas, el contrato de suministro,
suscripciones, apertura de punto de venta, etcétera.
El Grupo Parlamentario Popular no va a insistir, en las razones del conflicto porque son suficientemente conocidas por ustedes. Este tema ya fue debatido con anterioridad y todos los grupos, coincidimos a la hora de explicar las
circunstancias del sector, como queda recogido fielmente en el 'Diario de sesiones'. Señorías, no creo que sea necesario reproducir aquel debate. Mi grupo no incidirá en los aspectos negativos del sector, porque todos los grupos coincidimos en el
diagnóstico, y de lo que se trata ahora es de alcanzar una solución. No obstante me van a permitir que me detenga un minuto en recordar lo que aprobamos en aquel debate, que a mi juicio y a juicio de mi grupo estuvo lleno de sentido común y de
ganas de arreglar el tema que hoy nos ocupa. Lo que aprobamos entonces, fue una transacción que ofreció el Grupo Popular que asumía dos enmiendas muy razonables del Grupo Parlamentario Socialista y de Convergència i Unió. Entre todos alcanzamos un
texto con una mayoría parlamentaria suficiente, se pudo comprobar en la votación correspondiente, donde no solamente hubo una mayoría cualificada sino la unanimidad. Pues bien, la transaccional que concitó la unanimidad de los grupos fue la
siguiente, (me van a permitir que la lea porque tiene mucho interés): 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la realización de un estudio sobre las relaciones comerciales entre los distribuidores y los vendedores de prensa y revistas que
clarifique la situación normativa actual y adaptarla, si procede, al régimen constitucional vigente teniendo en cuenta tanto las especiales circunstancias del sector como las competencias que en ese ámbito tengan las comunidades autónomas'.
Señorías, el estudio que elaboró el Gobierno establecía con claridad que todos los grupos parlamentarios teníamos razón en nuestros planteamientos y que los problemas que habíamos señalado eran ciertos. Puso de manifiesto la existencia de
un conflicto en el sector y el desorden normativo existente. Una vez constatado este hecho, deberíamos habernos movido y haber dado un paso adelante. Todos tenemos responsabilidad, unos más y otros menos, pero todos la tenemos, porque el texto
tenía una segunda parte que hablaba de adaptar la normativa, si procede, al régimen constitucional vigente. Efectivamente, procedía esa adaptación, que es, lo que estamos pidiendo a través de esta proposición no de ley. Pero no somos los únicos.
Quiero resaltar aquí una proposición no de ley presentada por todos --y digo todos-- los grupos parlamentarios del Principado de Asturias instando al Gobierno de la nación a que retome el desarrollo de una nueva normativa del sector que nos ocupa,
lo cual es una nueva demostración del acuerdo que existe ante este problema.
Por todas estas razones, quiero concluir solicitando el voto afirmativo para esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular con la esperanza de zanjar definitivamente este problema.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra doña Eva Sáenz.
La señora SÁENZ ROYO: La materia sobre la que versa la proposición no de ley que presenta hoy el Partido Popular, como ha dicho su portavoz, no es desconocida, en esta Cámara. Plantea la necesidad de una regulación actualizada y adaptada a
los principios constitucionales que permita solucionar la conflictividad hoy existente, sobre todo entre los editores y distribuidores con los vendedores de prensa y revistas. Voy a describir muy brevemente la problemática que, como digo, ha sido
tratada detalladamente en esta Cámara y no es necesario detenerse en ella.
La evolución histórica de la prensa escrita y su conversión en medio de comunicación de masas ha supuesto el nacimiento de relaciones comerciales entre los diferentes agentes afectados: editores, distribuidores y vendedores. Estas
relaciones fueron reguladas en nuestro país por la Orden ministerial de 22 de abril de 1972. Con la aprobación de la Constitución española, la orden ha de considerarse derogada en todo cuanto se opone a la Constitución, y de modo inequívoco, en lo
relativo al funcionamiento y competencia de las comisiones nacional y provinciales propias de la organización sindical del régimen franquista. En esta consideración, de norma derogada se ha pronunciado, como ya ha mencionado el portavoz del Partido
Popular, la Dirección General de Trabajo, en su informe de 20 de junio de 1978 y el Tribunal de Defensa de la Competencia en sus distintas resoluciones. A pesar de todo ello, la ausencia de una regulación alternativa hace que la orden ministerial
en cuestión siga utilizándose como referencia por los agentes del mercado para regular sus relaciones comerciales,
relaciones marcadas por la posición de dominio de las empresas distribuidoras. Y es que desaparecidas por inconstitucionales las comisiones nacional y provinciales, en la práctica es el distribuidor el encargado de la organización del
abastecimiento de ejemplares a los vendedores. Es la empresa distribuidora la encargada de la organización del suministro de cantidades, las rutas de reparto, devolución de invendidos, etcétera. Además, el distribuidor goza de exclusividad en su
zona geográfica al carecer de competidor alguno, obligando así al vendedor de prensa a acudir irremediablemente a él para abastecerse de su fondo editorial. Esta posición de dominio de las distribuidoras ha generado en no pocas ocasiones prácticas
abusivas, en la retribución de los vendedores a través de comisiones que varían en función del número de habitantes de la población, en el cobro de portes a los vendedores, en el cambio sin previo aviso de condiciones contractuales, en la imposición
de fianzas y un largo etcétera. Esta sería brevemente la problemática de la proposición no de ley.
Como decía al principio de mi intervención, esta problemática no es desconocida en el Congreso de los Diputados. De hecho, en el Pleno del Congreso de los Diputados, de 6 de octubre de 1998, época del Gobierno del Partido Popular, se aprobó
por unanimidad una proposición no de ley que instaba al Gobierno: a realizar un estudio sobre las relaciones comerciales entre los distribuidores y vendedores de prensa y revistas que clarificara la situación normativa, y adaptar esta situación, si
procede, al régimen constitucional vigente. El Gobierno del Partido Popular hizo el estudio, pero no consideró procedente la adaptación normativa del sector ni el inicio de las negociaciones con las partes, así se deduce no solo de su falta de
actuación en este ámbito, sino también de las respuestas escritas a sendas preguntas realizadas en 2000 y 2001, respectivamente, por dos diputados, Rodríguez Sánchez y Labordeta Subías. En sendas respuestas del Gobierno, publicadas en el 'Diario de
Sesiones' de 14 de septiembre de 2000 y 27 de abril de 2001, el Gobierno del Partido Popular entiende cumplida su obligación con la realización de un estudio y remite los casos de prácticas abusivas por parte de las distribuidoras a su
correspondiente denuncia ante el Servicio de Defensa de la Competencia. Hoy, el Partido Popular insta al Gobierno socialista a que haga lo que fue incapaz de realizar su Gobierno durante legislaturas, le insta a derogar la Orden ministerial de 1972
y a aprobar otra normativa en un plazo de 6 meses. O reconocen la incompetencia del Gobierno del Partido Popular para resolver un problema en 6 meses, o admiten que el asunto es más complejo como para que sea resuelto como se contempla en su
proposición no de ley. Como lo importante es solucionar este problema y no aprobar una proposición no de ley de imposible cumplimiento por parte del Gobierno, tanto por la brevedad del plazo como porque el Gobierno no puede intervenir en este
mercado de manera unilateral, presentamos una enmienda de sustitución que insta al Gobierno a impulsar el diálogo entre los intereses contrapuestos y a buscar un marco jurídico acorde con las reglas de mercado y la libre competencia.
El señor PRESIDENTE: Para aceptar o no la enmienda tiene la palabra el señor Darmendrail, por el Grupo Popular.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: En mi intervención anterior ya he dicho que asumía la responsabilidad que pudiésemos tener, pero todos debemos de asumirla.
En aquél debate, el Grupo Socialista dijo lo que dijo, y hoy se ha repetido el debate de 1998, pero tengan en cuenta lo que se aprobó y lo que se dijo al final. Convergència i Unió fue más lejos todavía, y habló de buscar un marco de
relaciones entre los intereses contrapuestos de los sectores para encontrar soluciones a los problemas. El Bloque estableció la finalidad de la...
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez Darmendrail, es un turno para decir si acepta o no la enmienda, no reabra S.S. el debate.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, se han dicho muchas cosas sobre el tema y yo debo añadir alguna.
Ya he dicho que asumimos la responsabilidad, pero queremos arreglar el problema. Señores del Grupo Socialista, yo tengo aquí -y con esto termino, señor presidente- un dossier que me ha dado la Confederación Española de...
El señor PRESIDENTE: Señor Darmendrail, le voy a tener que dar la palabra a la portavoz del Grupo Socialista porque está reabriendo el debate. Este turno es para aceptar o no la enmienda. Si S.S. lo convierte en un turno de réplica,
lógicamente el Grupo Socialista tendrá réplica, y entonces abrimos el debate. Hay una solución que S.S. diga si acepta o no la enmienda, y terminamos aquí la discusión.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, a mí no me importa reabrir el turno. Si usted lo quiere, lo abrimos. Lo que quiero decir es que tenemos toda la responsabilidad que se le ha querido imputar al Partido Popular, pero en la
Confederación Española de Vendedores de Prensa hay una proposición no de ley del Partido Socialista, del año 2001, que no se sabe por qué no se tramitó, que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar en su
totalidad la proposición no de ley aprobada el 6 de octubre de 1998 sobre las relaciones comerciales entre distribuidores y vendedores de prensa y revistas, y le insta a que en el menor tiempo posible y en un plazo no superior a 6 meses adapte la
normativa actual al régimen constitucional vigente teniendo en cuenta tanto las especiales circunstancias del sector como las competencias que en
este ámbito tengan las comunidades autónomas. Que nadie achaque al Partido Popular nada porque todos tenemos mucho que decir en esta materia. El Grupo Socialista tampoco hizo nada y no se le puede imputar nada al Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Socialista va a tener la palabra porque reiteradamente se ha incumplido lo que esta presidencia ha recomendado. ¿Se acepta o no la enmienda propuesta?
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: No la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: La señora Sáenz tiene la palabra en un breve turno de un minuto por las alusiones últimas.
La señora SÁENZ ROYO: El portavoz del Partido Popular ha dicho que la responsabilidad es de todos. Yo entiendo que la proposición no de ley es un instrumento del Parlamento que insta al Gobierno, y en caso de incumplimiento la
responsabilidad de éste y quien entonces estaba en el Gobierno, era el Partido Popular.
-RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y AUDITORIUM DE SANTA EULÀRIA (IBIZA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000844.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto, proposición no de ley relativa a la construcción del Palacio de Congresos, Convenciones y Auditorium de Santa Eulària, en Ibiza.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Enrique Fajarnés.
El señor FAJARNÉS RIBAS: El Grupo Parlamentario Popular presenta hoy a debate y aprobación una proposición no de ley que solicita que el Gobierno colabore económicamente en la construcción del auditorio e instalaciones anexas que se va a
construir en la isla de Ibiza, concretamente, en el municipio de Santa Eulària. Como estoy seguro sabrán SS. SS, las Islas Pitiusas, es decir, Ibiza y Formentera, basan su economía exclusivamente en la industria turística, por lo que se hace
imprescindible que dispongan de buenas infraestructuras no solamente viarias, portuarias o aeroportuarias, sino también de un auditórium como el que se pretende construir y del que en estos momentos carecen. Así lo ha creído el Ayuntamiento de
Santa Eulària, que ha promovido la construcción de un auditórium multiusos, con diversas salas, con una principal con capacidad para 1.250 personas, que ha recibido hasta hoy la ayuda del Consell Insular de Ibiza y Formentera y del Govern de les
Illes Balears.
Como dice la exposición de motivos de la proposición no de ley, la temporada de turismo sufre año tras año un recorte, apenas en estos momentos superando los tres meses, y hace necesario que se adopten políticas para el objetivo de la
desestacionalización, objetivo prioritario del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Por este motivo, se ha redactado por parte del Consell Insular de Ibiza y Formentera un plan de marketing que apuesta, entre otras cuestiones, por la
celebración de congresos y convenciones y que el Consell Insular de Ibiza y Formentera... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego un poco de silencio, porque no se oye al interviniente.
El señor FAJARNÉS RIBAS: Como decia el Consell Insular de Ibiza y Formentera, junto con el Govern de les Illes Balears lo ha presentado en la última World Travel Market de Londres, en ese intento de complementar al turismo de sol y playa
con otras ofertas de interés y de calidad.
Estas instalaciones vendrán a cubrir las necesidades de la isla tanto en lo que se refiere a la contribución a la desestacionalización, de la temporada turística como la posibilidad de abrir al mercado una
oferta nueva y muy atractiva como es la celebración de grandes conciertos, congresos y otros eventos culturales que ahora no pueden celebrarse en la isla por falta de un lugar que reúna las condiciones suficientes.
Finalmente, quiero solicitar a todos los grupos parlamentarios de esta Comisión la aprobación de una proposición relativa a la construcción de un auditórium necesario para la isla de Ibiza.
El señor PRESIDENTE: No hay enmiendas a esta proposición. Grupos que desean intervenir. (Pausa.) Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Isabel Oliver.
La señora OLIVER SAGRERAS: Esta iniciativa que presenta el Grupo Popular es la constatación del fracaso de la política turística del Gobierno del Partido Popular en Baleares. En la exposición de motivos se mencionan algunos rasgos
característicos de la realidad socioeconómica de la isla de Ibiza: poca inversión pública en infraestructuras y centros culturales y deportivos, alto índice de estacionalidad del turismo (3 meses que se van acortando, con lo que ello implica),
falta de infraestructuras adecuadas para la celebración de conciertos y otros eventos culturales y deportivos; esto es lo que está ocurriendo hoy mismo en una sociedad avanzada, pionera en turismo, con un alto índice de renta per cápita y, sin
embargo, pobre en inversiones y con baja calidad de vida. Estos detalles que nos describe la iniciativa corroboran el fracaso que comentaba al principio de la política turística que se está desarrollando actualmente en las Islas Baleares.
El problema que tenemos en Baleares es que la política turística en las islas es inexistente. Ya nos gustaría poder aplicarle algún calificativo, aunque fuera mala
política, pero es peor que esto: no hay. El presupuesto de la Consejería de Turismo disminuye año tras año. Para 2006 supone un 1,82 por ciento del total del presupuesto de la comunidad, cuando en el año 2003 alcanzaba el 3,6 por ciento.
Dicho de otro modo, el peso del presupuesto del turismo en el conjunto de los presupuestos de la omunidad será en el año 2006 la mitad de lo que representó en el año 2003, en unas islas donde la industria turística, como comentaba el señor Fajarnés,
es la más importante, si no la única. Cómo explicar que la consejería que gestiona la principal y casi única industria de las Islas Baleares tenga una asignación presupuestaria tan baja. Porque hace poca inversión pública en turismo, y no adopta
ninguna iniciativa para actuar contra la estacionalización, ni alcanza el dinero para financiar el Palacio de Congresos de Santa Eulària, iniciado de forma imprevisora por su ayuntamiento, también del Partido Popular.
Quiero destacar que en materia turística siempre ha habido acuerdo, tanto en la anterior legislatura en las Islas Baleares como en la presente, sobre la necesidad imperiosa de llevar a cabo mejoras en infraestructuras turísticas, en el medio
ambiente, en la recuperación del patrimonio, en crear nuevo producto turístico; en definitiva, en invertir en nuestra fuente principal de riqueza que es el turismo.
La Comunidad de las Islas Baleares en la anterior legislatura tenía asegurados los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas demandas y a la nueva situación que hoy tenemos planteada: cambios en los hábitos de nuestros visitantes,
demandas de nuevas infraestructuras, aplicación de nuevas tecnologías a la gestión turística y a la comercialización y, por supuesto, poner en valor nuestro patrimonio histórico y preservar el medio ambiente, la auténtica materia prima de la
industria turística. Contábamos nada menos que con 53 millones de euros cada año para mejorar infraestructuras, crear producto turístico, y poner en valor nuestro patrimonio. Uno de los proyectos que se iban a llevar a cabo con estos recursos era
el Palacio de Congresos en San José. Se eligió este lugar por motivos objetivos como la planta hotelera de las zonas de San Antonio, de San José y de Ibiza ciudad, así como la proximidad con el aeropuerto. Al dotar con esta infraestructura a la
zona de Portmany, toda la planta hotelera podía reorientar su razón de ser. De ofrecer exclusivamente sol y playa y diversión, se pasaba a r ofrecer un producto nuevo, muy necesario ya que tanto entonces como en la actualidad la oferta turística en
esta zona está dominada mayoritariamente por la oferta de discotecas. El proyecto del Palacio de Congresos de San José contaba con la financiación necesaria para llevarlo a cabo en su totalidad. Por motivos exclusivamente electoralistas se
renunció a obtener 53 millones de euros cada año. Ahora, el Gobierno de las Islas Baleares reclama financiación al Gobierno del Estado. El Gobierno de las Islas Baleares surgido de las elecciones autonómicas del año 2003, en un acto totalmente
legítimo, derogó la ecotasa, renunciando así a una fuente de recursos. Fue un acto, a mi entender, de alta irresponsabilidad política que nos ha conducido a seguir siendo económicamente dependientes. Después de la derogación de la ecotasa hemos
asistido a la creación de un sucedáneo que no solo no ha servido para recabar fondos, sino que ha supuesto un gasto inaceptable para las arcas de la comunidad.
Me estoy refiriendo a la tarjeta verde. En principio, su objetivo es recaudar fondos
para invertir en medio ambiente, cuesta 10 euros y ofrece descuentos en llamadas telefónicas, entradas en museos y parques naturales y la venta de esta tarjeta se hace en hoteles. Ante la negativa de los turoperadores a comercializarla, después de
su presentación por todo lo alto en la Feria de Londres y Fitur, hoy se vende en los supermercados de una conocida cadena de ámbito estatal. Pero lo peor es que no tenemos ningún dato sobre cuántas se han vendido y cuál ha sido la recaudación que
se ha hecho. ¿Cuánto vamos a invertir en medio ambiente? Nos tememos que nada. Aunque haya sido mayor la inversión para poner en marcha esta iniciativa, nos tememos que no se ha conseguido nada. En este año se invirtieron 200 millones de
pesetas, en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se prevé un presupuesto para la fundación que gestiona esta tarjeta de 191 millones de pesetas. A través de la tarjeta verde nunca se van a poder invertir 53
millones de euros en turismo. Así las cosas, la última iniciativa que ha presentado el Gobierno de las Islas Baleares ha sido la autotasa. Se trata de un impuesto camuflado en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
para el año 2006. Al parecer, es un impuesto que va a afectar a un parque de unos...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, vaya concluyendo porque tiene un tiempo limitado.
La señora OLIVER SAGRERAS: Voy concluyendo. (El señor Fajarnés Ribas : ¡De leer!)
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, no tiene la palabra. El presidente dirige este debate.
La señora OLIVER SAGRERAS: Para acabar con la proposición no de ley, quiero comentar que el Gobierno de las Islas Baleares, el Consell Insular de Ibiza y Formentera y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Rius tienen todas las competencias
en materia de turismo y de ordenación del territorio para llevar a buen término la iniciativa de construir un palacio de congresos. Es más, les corresponde exclusivamente a ellos tomar la decisión de construirlo dónde y cómo, y, por supuesto,
también de asegurarse su financiación.
La presentación de una proposición no de ley en este Parlamento no es la forma de solicitar una financiación del Gobierno del Estado. Existen otros cauces para solicitar el apoyo financiero al Gobierno en cuestiones que son competencia
exclusiva de la Administración local, al
tiempo que es preciso gestionar los recursos de forma racional en la comunidad de donde procede la iniciativa.
Mi grupo votará en contra de la iniciativa, que no es más que un mal intento de disimular otro fracaso más de la política turística del Gobierno en las Islas Baleares.
El señor PRESIDENTE: Habíamos acordado con todos los grupos que la votación se realizara a las once cuarenta y cinco, pero es obvio que es muy temprano, por lo que vamos a suspender la sesión cinco minutos y vamos a esperar a que estén
presentes todos los grupos (Pausa.)
Votamos, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a la primera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar la proposición no de ley sobre las normas reguladoras de los vendedores profesionales de prensa, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, por último, la proposición no de ley relativa a la construcción del Palacio de Congresos, Convenciones y Auditórium de Santa Eulària en Ibiza, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Llegados a este punto, levantamos la sesión.
Eran las once y cuarenta minutos de la mañana.