CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 415

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 25

celebrada el martes, 8 de noviembre de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora directora general de Instituciones Penitenciarias (Gallizo Llamas), para informar sobre:


-El resultado de la investigación abierta por la Dirección de Instituciones Penitenciarias para determinar las circunstancias de la muerte de un recluso de la cárcel de Nanclares de la Oca (Alava) el día 6 de julio de 2005. A solicitud del
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000662.) ... (Página 2)


-Las actuaciones realizadas en el centro penitenciario de Nanclares de Oca, ubicado en el territorio histórico de Álava, ante la gravedad de los acontecimientos producidos en el último año, gravedad que se manifiesta en la circunstancia de
haber muerto en dicho centro penitenciario seis reclusos. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000683.) ... (Página 2)

Página 2


-El resultado de la investigación abierta por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias al objeto de determinar las circunstancias en las que se ha producido la muerte de un recluso de la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava), el
día 2 de septiembre de 2005, el sexto fallecimiento que tiene lugar en este centro penitenciario en los últimos meses. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000684.) ... (Página 2)


-Los motivos por los que se ha incumplido el régimen de aislamiento con presos terroristas etarras e islamistas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000672.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


-La decisión de modificar el régimen penitenciario de Rafael Vera. A solicitud del Grupo Palamentario Mixto. (Número de expediente 212/000682.) ... (Página 2)


Preguntas:


-De la señora Sánchez-Camacho Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre explicación por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de las medidas que se han puesto en marcha para evitar el suicidio de los internos
en las prisiones españolas. (Número de expediente 181/001183.) ... (Página 2)


-De la misma señora diputada, sobre circunstancias que han rodeado la muerte de un interno en la prisión de Soria el día 16 de junio de 2005, a causa de un infarto cerebral. (Número de expediente 181/001185.) ...
href='#(Página2)'>(Página 2)


-De la señora Castro Masaveu (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre fallecimiento de un joven ahogado en su celda de la prisión de Villabona (Asturias) el día 2 de abril de 2005 (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/028398).
(Número de expediente 181/001255.) ... (Página 2)


-De la señora Sánchez-Camacho Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre motivos profesionales por los que se han producido los ceses de directores de centros penitenciarios. (Número de expediente 181/000363.) ... href='#(Página2)'>(Página 2)


-De la misma señora diputada, sobre nombramiento del director del centro penitenciario de Lugo-Bonxe. (Número de expediente 181/000364.) ...
(Página 2)


-De la misma señora diputada, sobre explicación por la directora general de Instituciones Penitenciarias de la publicidad dada a los nombres de los nuevos funcionarios de Instituciones Penitenciarias a través de la web del Ministerio de
Interior. (Número de expediente 181/001181.) ...
(Página 2)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías.



Vamos a iniciar la sesión para tramitar diversas solicitudes de comparecencia de la directora general de Instituciones Penitenciarias, así como también preguntas que incidentalmente pueden ser sustanciadas por la misma, según el acuerdo que
tomó la Mesa y portavoces en la reunión del pasado día 3 de noviembre. A efectos de ordenación del debate, si SS.SS. están conformes, agruparemos las iniciativas para su tramitación conjunta. Por supuesto, tendré en cuenta el número de
iniciativas planteadas por cada grupo a la hora de establecer el tiempo, partiendo de la base de que cada iniciativa aproximadamente son unos diez minutos por grupo.



Sin más preámbulos, tiene la palabra la señora directora general de Instituciones Penitenciarias, doña Mercedes Gallizo.



La señora DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Voy a hacer una intervención inicial en la que intentaré dar explicaciones y respuestas de las comparecencias y las preguntas que están incluidas en el orden del
día, y en el turno posterior aclararemos cuantas cosas no queden suficientemente claras. Me excuso por anticipado por si en esta primera parte soy un poco extensa porque se trata nada menos que de once puntos. Aunque voy a intentar contestarlos de
la manera más sucinta posible, no querría que faltasen las explicaciones.



Los puntos 1, 2 y 3 hacen referencia al centro penitenciario en Nanclares de la Oca; el 1 y el 3 hacen referencia


Página 3


a diferentes fallecimientos y el punto número 2 a las medidas que se han tomado. En primer lugar, hablaré de los fallecimientos. En los diez primeros meses de 2005 han fallecido seis personas internas en el centro penitenciario en
Nanclares de la Oca. De estos seis fallecimientos, dos ocurrieron por muerte natural en internos con importantes patologías, objeto de tratamiento en la red sanitaria pública de la comunidad vasca.
Mientras que en uno no se incoaron diligencias
judiciales, en el otro sí, habiendo recaído auto de sobreseimiento libre y archivo definitivo. Un tercero falleció por presunto consumo intensivo de drogas el pasado 2 de septiembre. Se encuentra pendiente de resolución la información reservada
140/2005, instruida al efecto y ordenada por la Dirección General de Instituciones Penitenciaras, a la espera del informe final de la autopsia practicada en el marco de las diligencias previas instruidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de
Vitoria. En el informe provisional de la autopsia se recogen las siguientes conclusiones: naturaleza de la muerte más probable, violenta de origen tóxico, etiología presumiblemente accidental; causa inmediata de la muerte, ha sido presumiblemente
depresión respiratoria aguda de origen central; causa fundamental de la muerte, pendiente de estudio data de la muerte, se estima sobre las 21:15 horas. Las circunstancias de este fallecimiento fueron las siguientes: al efectuar el recuento
ordinario a las 21:30 horas, los funcionarios del módulo 4 encontraron en la celda número 24 al interno que la ocupaba caído en la cama y con síntomas identificados de la siguiente forma: tenía los ojos entreabiertos y la boca entreabierta, su
color de piel era pálido y los músculos rígidos y fríos. Ante estos síntomas y sin respuesta a estímulos básicos, se pone en conocimiento del jefe de servicios y el médico, realizando maniobras de reanimación sin éxito. La celda estaba ordenada y
presentaba las evidencias de haber ingerido algún tipo de droga. Este interno había regresado de un permiso ordinario a las 14:15 horas del mismo día, y durante la tarde se le observó un comportamiento normal. La actuación del personal del centro
en este supuesto ha de considerarse correcta a resultas de las conclusiones de la instrucción y las diligencias incoadas.



Del total de fallecimientos, los tres restantes se encuentran clasificados como muerte violenta de etiología médico legal suicida, habiéndose instruido las informaciones reservadas 87/2005, que se encuentran en trámite, pendientes de la
resolución de las diligencias previas 1957/2005 del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria y 19/2005 cerrada con el archivo de las actuaciones, no detectándose razones particulares que impliquen responsabilidad. En relación con el fallecimiento
ocurrido el 6 de julio, no se ha concluido la información reservada, pendiente del informe definitivo de la autopsia y de la conclusión de las diligencias previas instruidas por el juzgado de Vitoria. El interno fallecido en la mencionada fecha
cumplía una condena por varias causas acumuladas, de 4 años y 6 meses de privación de libertad como cómputo global, por delitos de robos con violencia, lesiones, agresión y malos tratos. Había disfrutado de un permiso de salida en febrero de 2004
concedido por vía recurso por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y del que había hecho mal uso. Hacía 16 meses que no disfrutaba de permisos. En el momento del óbito tenía impuesta una sanción por falta muy grave por agresión a otro interno.
Las tres cuartas partes de la condena las cumplía el 10 de julio de 2005 y las cuatro cuartas partes el 24 de agosto de 2006.



Como ustedes saben, la asistencia especializada en nuestros centros penitenciaros se realiza por parte de los facultativos de la red pública en la comunidad autónoma. A sugerencia del psiquiatra de la comunidad autónoma, el interno causó
baja en el programa de prevención de suicidios en septiembre de 2004, habiendo estado en el mismo ocho meses, acompañado en su celda de otro interno. No obstante, este interno ha presentado patología ansioso-depresiva. Asimismo, este interno tenía
orden judicial de alejamiento de su madre, se supone que por agresiones en el ámbito familiar. En su historial penitenciario se refleja que tenía muy mala relación familiar, motivada por el carácter extremadamente violento del fallecido. De su
comportamiento inmediato y de las cartas que le fueron encontradas no se dedujeron indicios de comportamiento suicida. Desde el alta del interno en el programa de prevención de suicidios fue atendido por los servicios médicos del centro en ocho
ocasiones, y por los de psiquiatría de la red pública en otras tres, además de acciones rutinarias de salud y acciones reparadoras de diversas contusiones y heridas por agresiones con otros internos en al menos dos ocasiones. El 8 de septiembre de
2004, por el psiquiatra de la red pública se confirmó el test de la orden de acompañamiento por otro interno; el 10 de febrero de 2005, una visita psiquiátrica sin novedad; el 16 de marzo de 2005, nueva visita psiquiátrica, manteniéndose el
tratamiento previsto en las visitas previas. Me falta una hoja con la explicación de los otros dos fallecimientos. Lo dejamos para más adelante a ver si es posible que encontremos la hoja que me falta. Acabamos con este tema.



Pasamos al siguiente punto, sobre las actuaciones realizadas en Nanclares.
Aunque me falta la explicación de los otros dos suicidios, las actuaciones realizadas no sólo tienen que ver con ese tema, sino con otros. A la vista de la alarma
social creada en torno a los sucesos acaecidos en el centro penitenciario y en relación con la gestión del mismo (independientemente de lo dicho anteriormente sobre los fallecimientos en él producidos que en nuestra opinión están perfectamente
explicados y tramitados vía informaciones reservadas, además de algunas observaciones preliminares de la inspección semestral ordinaria en centros que se desarrolló en Nanclades en el mes de junio), la Dirección General dispuso en julio el
desplazamiento al centro penitenciario de un grupo de expertos de los servicios centrales para la realización de reuniones de trabajo con trabajadores, directivos,


Página 4


organizaciones no gubernamentales y entidades colaboradoras. Como conclusión de las reuniones mantenidas, se pudo determinar un deficiente clima de seguridad y control internos en el centro, que afectaba a la estabilidad y ordenada
convivencia en el mismo, a la que no resultaba ajena la sobreocupación que en ese momento tenía el citado centro. Como consecuencia, no se desarrollaba de una forma óptima la relación personal de los profesionales con los internos.



Al mismo tiempo, se constató la escasez de personal especialista en psicología y ciertos déficits en cuanto a empleo retribuido, actividades deportivas y culturales. Para acometer esta situación se tomaron una serie de medidas. Se han
trasladado más de 50 internos a otros centros penitenciarios, lo que ha rebajado la tensión, y se ha acelerado la incorporación urgente de tres psicólogos adicionales en el mes de agosto, lo que permitió intensificar la intervención y el impulso de
nuevas actividades. Se han acometido también una serie de obras para la remodelación de las duchas de los módulos, la sustitución de luminarias de todo el centro, la sustitución de la cerrajería de las ventanas de las celdas y la sustitución y
reparación de las cubiertas de los módulos.
Para el próximo año está prevista e incluida en presupuesto la adecuación del rastrillo de acceso y la reforma de las líneas de baja tensión.
Además de estas obras, el equipo de mantenimiento del centro
está realizando pequeñas obras y actuaciones de pintura en todo el recinto penitenciario. Para acometer la mejora de la limpieza en todo el establecimiento, se han incrementado los puestos de trabajo productivos en 5 auxiliares de limpieza general
y 3 de pintura. Como ustedes saben y es público, se aceptó la renuncia del subdirector de seguridad del centro penitenciario. Con todo lo expuesto, el centro en Nanclares de la Oca presenta en la actualidad un nuevo clima de seguridad y
convivencia de internos, según manifiesta el equipo directivo, profesionales, entidades colaboradoras e internos.



A falta de que completemos la información sobre los dos casos de suicidio que se han producido en este centro penitenciario, además de lo que ya les he relatado, tengo que concluir diciendo que nuestros centros penitenciarios
(particularmente los centros cuyas instalaciones son viejas, tienen una cierta antigüedad y sobre las que se ha hecho una muy mala conservación) a veces no reúnen las condiciones más favorables para que pueda desarrollarse con normalidad la vida
dentro de ellos; concretamente, este centro presentaba una situación de dejadez en algunas de sus dependencias, situación que corregimos de inmediato y para la que pusimos en marcha un plan de choque que desde luego creo que ha dado buenos
resultados en muy poco tiempo. De la misma manera que hemos procedido a tomar algunas decisiones para incrementar las actividades que se desarrollan en el centro, bien las que organizamos directamente desde nuestra institución, o las que se
organizan desde el exterior, se han incrementado también nuestras gestiones para tratar de que haya una mayor oferta de trabajo productivo dentro del centro. La inactividad dentro de los centros penitenciarios, señorías, es una de las causas
coadyuvantes a que se produzcan situaciones de tensión en algunas ocasiones, y en otras ocasiones también de la propia falta de estímulo de los internos que están en ellos. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en este tiempo, pero
estamos todavía lejos de poder tener un trabajo productivo a disposición de todos los internos y actividades que permitan que todas las personas que están en nuestros centros estén durante todas las horas del día ocupados, que es lo que debemos de
perseguir. Estamos trabajando en esa dirección, hemos incrementado de una manera sustancial, desde un punto de vista cuantitativo, tanto la oferta de actividades como la de empleo, pero todavía estamos lejos de que todas las personas que están en
esta institución tengan las posibilidades de participar en esta oferta, entre otras razones, porque como ustedes saben, tenemos una sobreocupación importante de nuestro sistema.



A falta, como les decía, de complementar los datos que supongo que me facilitarán ahora, paso al punto número 4, que dice: para que explique los motivos por los que se ha incumplido el régimen de aislamiento con presos terroristas, etarras
e islamistas. El grupo que solicita la comparecencia pide explicaciones sobre un cambio y las razones que han llevado al mismo, sin indicar ningún síntoma o hecho material que les haya llevado a la conclusión de que, efectivamente, algo que existía
o que ocurría de una determinada manera, no se realiza ahora del mismo modo. Así yo me encuentro en la necesidad, por lo menos formal, de explicar lo que no ocurre o de defenderme de lo que no se ha hecho; aun así, lo voy a hacer muy gustosamente,
porque como ustedes saben, en materia de control y seguimiento de los reclusos condenados por terrorismo no queremos que falte ningún tipo de explicaciones. Se nos pregunta por qué se ha incumplido el régimen de aislamiento con presos terroristas,
etarras e islamistas. Esta formulación contiene como ciertas tres afirmaciones y una conclusión que no se ajustan a la realidad. Se afirma que existe un régimen de aislamiento en el sistema penitenciario español, que éste se aplicaba
indistintamente a todas las personas incursas en delitos de terrorismo, sean etarras o islamistas, puesto que en caso contrario resultaría imposible incumplirlo en ambos casos, y además se dice que este se ha incumplido.



En relación con la primera afirmación de la pregunta, que existe un régimen de aislamiento en nuestro sistema penitenciario, quiero recordar que el ordenamiento penitenciario español no contempla esta figura legal y, en consecuencia, ni se
aplica si se ha aplicado nunca. El aislamiento sólo se contempla en la Ley General Penitenciaria en sus artículos 42 y 43 como sanción disciplinaria, con una limitación máxima de 14 días y de conformidad con el 42.4 sólo se aplican situaciones de
evidente violencia o agresividad del interno o de alteración reiterada y grave por este de la normal convivencia del centro. En consecuencia, el aislamiento es una


Página 5


medida excepcional y no disponible para la administración penitenciaria como estrategia de internamiento ordinario, salvo en las circunstancias y condiciones antes mencionadas.



Quizá en la pregunta pueden haberse querido referir al régimen cerrado, que no de aislamiento. El régimen cerrado se dirige a las personas internas clasificadas en primer grado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
General Penitenciaria, y del 89 al 95 del reglamento penitenciario. Este régimen en las dos modalidades previstas en el artículo 94 del reglamento penitenciario, centros o módulos de régimen cerrado y departamentos especiales, forma parte de la
estrategia penitenciaria general y con las personas incursas en delitos de terrorismo como un recurso más en el marco del ordenamiento penitenciario. Estas dos modalidades de régimen cerrado se encuentran reguladas en el apartado 1.b), normas de
régimen cerrado de control y prevención de incidentes, de la instrucción 21/1996, de 16 de diciembre, de refundición de circulares e instrucciones en materia de régimen y seguridad. Éstas se caracterizan por, entre comillas, una limitación de las
actividades en común y por la exigencia e intensidad de medidas de seguridad, orden y disciplina. Estas normas abarcan desde la regulación del horario y formas de salida al patio de los internos, incluidos cacheos de la persona y de la celda, hasta
otras como la utilización de economato, peluquería, cafetería, limpieza de celda y zonas anejas, número de revistas y publicaciones susceptibles de posesión en la celda, distribución de comidas y otras, todas ellas sin que supongan merma en las
actividades tratamentales.



La estrategia penitenciaria frente a las personas incursas en delitos de terrorismo se completa con las actuaciones derivadas de la inclusión de aquéllas en el fichero de internos de especial seguimiento, grupo 3, bandas armadas. Sobre
estas bases, y en ejecución de la política de dispersión, puedo asegurarles que en la presente legislatura la estrategia penitenciaria con personas incursas en delitos de terrorismo etarra no ha sufrido cambio alguno. Concretamente, no se ha
modificado la aplicación de las condiciones de régimen cerrado cuando éste se aplica.
En la pregunta se contiene una segunda afirmación: que se aplicaba indistintamente el mismo régimen y con las mismas características a todas las personas
incursas en delitos de terrorismo, sea éste etarra o islamista. Así como les he dicho que en el caso etarra no se ha modificado en absoluto ningún elemento de la estrategia penitenciaria, en el caso islamista, sí. Con posterioridad a marzo de
2004, por razones evidentes, que creo que SS.SS. comparten, se ha dispuesto un repertorio de medidas específicas, no adoptadas con anterioridad, para la ejecución de una estrategia penitenciaria adecuada con las personas integradas en grupos
islamistas violentos. La mayoría de ellas se recogieron como recomendaciones por la Comisión Parlamentaria del 11-M. Esta nueva estrategia incluye los elementos y el repertorio de medidas que con buen resultado viene aplicando la administración
penitenciaria para las personas incursas en delitos de terrorismo etarra, con algún elemento específico adicional; entre otros, por ejemplo, se destaca la dotación a los centros penitenciarios de personal especializado en la traducción
árabe-español, mejorando el control de las comunicaciones y un más activo control preventivo de las relaciones personales de los islamistas con el resto de internos de práctica religiosa o procedencia sociocultural análoga, tanto en el supuesto de
personas incursas en delitos de terrorismo como de aquellas que puedan ejercer liderazgo de opinión a favor de prácticas religiosas violentas, esto último con la finalidad de prevenir el adoctrinamiento religioso de carácter violento y la formación
en nuestros centros penitenciarios de grupos operativos para la acción terrorista.



Como consecuencia de la acción policial, penal y penitenciaria del Estado, la población interna vinculada al terrorismo islamista se ha incrementado en más de un 300 por ciento en el último año y medio. De este grupo, el grupo de
terroristas islamistas, el 20 por ciento realizaban su cumplimiento en régimen cerrado y el 80 por ciento en régimen abierto. En la actualidad, el 88,8 por ciento se encuentra en régimen cerrado. Las medidas de seguridad y control preventivo
acordadas por la Comisión parlamentaria para la investigación del 11-M se han extendido y generalizado. Por otra parte, también les informo que la población penitenciaria internada por delitos de terrorismo etarra se ha mantenido prácticamente
estable en su cuantía, sin cambios en la estrategia y práctica penitenciaria con este colectivo. Con respecto a las condiciones materiales de cumplimiento del régimen cerrado con las personas incluidas en el mismo, la administración penitenciaria
no ha girado instrucción alguna que pueda representar un cambio ni para las incursas en delitos de terrorismo ni para ninguna otra. En consecuencia, la tercera afirmación contenida en la pregunta, que se ha incumplido algún elemento del régimen
penitenciario aplicado a las personas internas por delitos de terrorismo, es falsa. Salvo que S.S. aporte elementos de información, que hasta la fecha no ha compartido con esta dirección general, podemos concluir que las tres afirmaciones
contenidas en la pregunta no se ajustan a la realidad; en consecuencia, la pregunta formulada carece de fundamento.



Pasamos a la comparecencia número 5, solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la decisión de modificar el régimen penitenciario de Rafael Vera. Don Rafael Vera, como ustedes saben, ingresó en el centro penitenciario de Segovia de
manera voluntaria el 16 de febrero de 2005 con mandamiento de la Audiencia Provincial de Madrid. El 7 de abril la junta de tratamiento del centro, por unanimidad, acordó proponer al centro directivo la clasificación de esta persona en segundo
grado. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a la vista de la propuesta, acordó el 20 de abril su clasificación inicial en el grado propuesto. El interesado recurrió contra esta decisión ante el Juzgado de


Página 6


Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León -Valladolid- que ratificó la clasificación inicial, desestimando la pretensión de aquél.
El auto fundamenta esa desestimación en el suficiente transcurso de tiempo para consolidar la
positiva evolución del interno, aunque reconoce factores muy positivos en esa dirección. El mismo auto contiene un voto particular del presidente de la Audiencia que, sin discrepar de la juridicidad de lo acordado, entiende que en ese caso
concurren circunstancias que en el ámbito legal penitenciario deberían conducir a una decisión de signo contrario concediendo el tercer grado solicitado.
En cualquier caso, como les digo, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
ratificó la propuesta de la junta del centro de clasificación en segundo grado de este interno. El señor Vera en la actualidad, y como consecuencia de su clasificación iniciada al ingreso, se encuentra en segundo grado, y mantiene esta situación
penitenciaria -no ha cambiado su grado de clasificación-, habiendo disfrutado hasta agosto de 2005 de tres permisos extraordinarios con escolta por enfermedad de su esposa; con escolta, no porque esa sea la norma de los centros penitenciarios, sino
porque como ustedes saben, por razones de seguridad, el señor Vera tiene asignada esa escolta policial.



El régimen de segundo grado aplicado al señor Vera se ha convertido con su conformidad en especialmente severo. Entre la fecha de ingreso y el mes de agosto, el señor Vera ha ocupado un ala del departamento especial de régimen cerrado del
centro penitenciario de Segovia, aislado del resto de los demás reclusos, por razones de seguridad, y en razón de los puestos de responsabilidad pública desempeñados durante algo más de 11 años, entre 1982 y 1994 -puestos de responsabilidad en la
seguridad del Estado- que hacen aconsejable que permanezca en esta situación, como les decía, por razones de seguridad. Con fechas 22 de junio y 29 de julio se emiten informes del interno por los servicios médicos del centro. El 20 de junio por la
psicóloga del mismo y el 4 de julio y 1 de agosto por la psiquiatra. En todos ellos se destaca la existencia, según informe de la junta de tratamiento del centro, de 4 de agosto, de, entre comillas, una situación vivencial muy complicada provocada
por el estado de soledad en que debe cumplir su condena.



Se han tomado las correspondientes medidas de vigilancia y control por parte del personal de servicio en el departamento con el fin de evitar situaciones de riesgo. Con el mencionado informe de 4 de agosto, la junta de tratamiento del
centro penitenciario de Segovia, nuevamente por unanimidad, acuerda, al amparo del artículo 10.2 del reglamento penitenciario, establecer un modelo flexible de ejecución de la pena para el interno, configurando un programa de tratamiento específico
dirigido a detener el progresivo deterioro físico y psíquico mediante el sometimiento a un tratamiento terapéutico especializado. La adopción de este acuerdo de la junta de tratamiento, así como las condiciones de ejecución acordadas, fueron objeto
de ulterior aprobación por el juez de Vigilancia Penitenciaria del Juzgado número 1 de Castilla y León, en Valladolid, con fecha 13 de septiembre de 2005. Las condiciones especiales de cumplimiento se ajustaban según el acuerdo a salidas diarias,
según el artículo 86.1 del reglamento penitenciario, en horario diurno a determinar, que permitan la asistencia al tratamiento terapéutico especializado y el apoyo de asistencia que debe aportar en la enfermedad de su esposa. El acuerdo establece
igualmente que estando garantizado el seguimiento y control del interno por la escolta policial que tiene asignada, debido a las circunstancias a las que antes hacía referencia, el mismo será revisado cada dos meses. En el resto de elementos de
cumplimiento de su condena, el interno se ajustará al régimen ordinario de segundo grado en las condiciones que se venía desarrollando. Antes de que SS.SS. me lo pregunten, les diré que la aplicación del modelo de ejecución flexible previsto en el
artículo 100.2 del reglamento penitenciario, se aplica a bastantes más personas. De hecho, ayer pedí los datos mensuales de la aplicación de esta flexibilización de cumplimiento y los mismos dicen que se está aplicando de media mensual a una
población penitenciaria del entorno de 75 personas.



Pasamos a las preguntas. En primer lugar, sobre las medidas que se han puesto en marcha para evitar el suicidio en las cárceles españolas. Los primeros diez meses del presente ejercicio arrojan unos datos similares, en lo que se refiere a
suicidios, a los del ejercicio anterior. Frente a los 30 suicidios en centros penitenciarios de los diez primeros meses de 2004, los correspondientes a 2005 han sido 31. Hay un incremento del 3 por ciento, que es equivalente prácticamente al
incremento de la población reclusa. Desde la administración penitenciaria estamos haciendo todo lo que humanamente podemos y sabemos hacer. Causa, señorías, una gran frustración entre los profesionales que comparten este esfuerzo, que cuidan de la
salud mental y de la estabilidad emocional de los internos y que evitan muchos suicidios, algunos en grado de tentativa y otros sólo como ideación, que ante cada muerte en prisión se haga un proceso público. Estos días se han publicado en los
medios de comunicación los suicidios consumados en centros penitenciarios en 2004 y 2005, pero yo quiero darles otro dato, que también recabé ayer. En 2004, evitamos 38 suicidios en grado de tentativa y seguramente muchos más en grado de ideación.
En 2005, hasta el día de hoy se han evitado también 38 suicidios en grado de tentativa.



Señorías, el suicidio en prisión es una realidad terrible. Hemos explicado ya en otras ocasiones la importancia que desde esta dirección general damos a la política de prevención de suicidios. Hemos hablado en otras ocasiones de este tema,
ya les he dicho que estamos revisando todas las actuaciones que hasta ahora se han venido desarrollando, los protocolos de prevención de suicidios, los perfiles de las personas que se suicidan, que recurren al suicidio, y hemos observado que se han
producido algunas variaciones en el perfil de estas personas. Hemos visto que en los últimos años predominaban


Página 7


los internos en calidad de penados respecto de los preventivos, cosa que no sucedía anteriormente. Otro dato a tener en cuenta es que se produjo un mayor número de casos de internos fallecidos, que delictivamente eran reincidentes, frente a
los definidos como primarios. Hasta el momento en que hicimos ese análisis y sacamos esa conclusión, el perfil que se destacaba como potencialmente favorable o con potencial riesgo de suicidio era precisamente el de la primariedad delictiva. Sin
embargo, hemos visto que mayoritariamente se trata de personas que no sólo no son primarias, sino que son multirreincidentes en muchos casos. También concluimos que un 40 por ciento, aproximadamente, de los internos fallecidos por esta causa se
encontraban en prisión por delitos contra las personas, homicidio, parricidio, asesinato o contra la libertad sexual y/o violencia de género.



Otro dato de especial interés es el que se refiere a la incidencia de antecedentes psiquiátricos presentados por los internos fallecidos, como variable a tener en cuenta que favorece las conductas suicidas. Se ha podido constatar que al
menos un 40 por ciento de las disfunciones producidas por suicidio presentaba algún tipo de antecedente psiquiátrico. De todos ellos, más de la mitad correspondía a trastornos antisociales o disociales de la personalidad, trastornos límite de la
personalidad o trastornos adaptativos. El 42 por ciento presentaba historial de politoxicomanía, de los cuales 12 se hallaban en programa de mantenimiento con metadona; esto respecto a los suicidios que hemos estudiado con más detenimiento, que
son los del 2004. Un 57 por ciento se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico, dándose la circunstancia de que un indeterminado número se podría considerar dependiente a psicofármacos.



Como ustedes saben, se ha producido un notable incremento de la población penitenciaria en los últimos años. De una población penitenciaria media de 39 169 internos en el año 2000 (estoy refiriéndome siempre a las cifras de internos bajo la
custodia de la Administración central del Estado, sin contar los que dependen de la administración catalana) se pasó en el 2004 a una población media de 50.747 reclusos, con casi un 30 por ciento de aumento. Pero todavía se sigue incrementando más.
La última cifra que tenemos de la semana pasada es de 52.932 internos. Como les decía, el incremento de suicidios que se ha producido en esta institución en los últimos años es paralelo al incremento de la población reclusa; es un poco más alto
que el porcentaje de la población reclusa, pero en ningún caso es un consuelo, es un problema muy inquietante y en el que volcamos todos nuestros esfuerzos. Como ustedes saben, en la actualidad se está poniendo en marcha el nuevo programa
penitenciario de prevención de suicidios, un programa que estamos iniciando ahora, un programa nuevo, pendiente de revisión definitiva cuando esté contrastado con la realidad.
Se realizó durante el mes de octubre un primer curso de formación de
profesionales en el conocimiento y manejo de las técnicas y sistemas de intervención previstos. El nuevo programa incorpora las propuestas, programas y protocolos de la Organización Mundial de la Salud sobre prevención de suicidios, así como las
indicaciones y recomendaciones de la misma dirigidas al personal penitenciario. El programa, que es una instrucción enviada a todos los centros, incorpora un detallado perfil de las personas proclives, perfil que, como les decía anteriormente,
hemos ajustado después del análisis de todas las personas que se habían suicidado en el año 2004, así como de las situaciones de riesgo, incluidas las derivadas del ámbito penitenciario, definiendo protocolos de detección y actuación preventiva.



Nuestra población reclusa, como ya esta directora general ha dicho en repetidas ocasiones, presenta muchas patologías psiquiátricas. Hay un índice altísimo de personas que siguen tratamiento médico por depresión.
Yo dije en mi discurso del
día de la Merced que el sistema penitenciario no puede resolver los fracasos de la sociedad y que hay personas que son enfermos y que este no es el sitio en que puedan resolver sus problemas de manera adecuada. Eso, señorías, es una realidad que
late detrás de todos los problemas con los que nos encontramos, pero dicho esto, yo no puedo tomar ningún tipo de medida drástica que me sirva para resolver este problema. No podemos poner en la calle por enfermedad a 10.000 personas y no podemos
hacerlo, además de porque sería un evidente riesgo, sobre todo porque la mayoría de ellos son personas que tienen un alto riesgo de reincidencia en su actividad delictiva, independientemente de que sean personas que tienen alguna patología de mayor
o menor importancia. Aplicamos la medida de regímenes especiales de cumplimiento a algunas personas que tienen patologías importantes, siempre que sea una propuesta del equipo de tratamiento del centro y que no presente riesgo de reincidencia ni
peligrosidad, pero esto no es aplicable a la inmensa mayoría de las personas que tienen estas patologías.



Como les decía, tenemos un porcentaje importante de población reclusa que sigue habitualmente tratamientos antidepresivos. Forma parte seguramente de la condición humana que cuando uno está privado de libertad tenga el ánimo alterado.
Además de eso en muchos casos, las características del delito cometido o sus consecuencias generan en la persona un rechazo insoportable del mismo. Las personas en prisión son especialmente vulnerables a todo: a lo que le dijo un familiar en una
visita, a un permiso que no se le dio, a una discusión con un compañero. Hemos dicho, además, que hay otras razones asociadas a las características del delito: a la duración de la condena, a la falta de expectativas. El suicidio en prisión es un
tema que nos inquieta extraordinariamente, pero no es cierto, señorías, como se ha dicho, que estemos a la cabeza de Europa en suicidios en prisión. Yo también he intentado recabar los datos de los países de nuestro entorno. No he tenido la
oportunidad de disponer más que de los datos de Reino Unido y de Francia y son extraordinariamente más importantes que los de


Página 8


nuestro país. En el año 2003, que son unos datos que yo he obtenido, en el Reino Unido se produjeron 94 suicidios en prisión frente a 47 en España, y en Francia, que tiene una población reclusa similar a la española, 120 suicidios. No creo
que nos tengamos que consolar ni muchísimo menos, pero tampoco creo que sea justo que se diga que nuestro país tiene un porcentaje de suicidios tan alto en relación con los de su entorno. Como les decía, es un tema que nos inquieta mucho y también
quiero apuntar una cosa en este ámbito porque me parece que es una reflexión importante. La tentativa de suicidios, señorías, en la cárcel como en la calle, es también una manera de llamar la atención, y nos preocupa que se pueda crear un efecto
llamada hablando insistentemente de un problema que no es nuevo. Es un problema endémico en esta institución, que estamos abordando con toda la seriedad posible y trabajando con total dedicación para minimizarlo. Yo he traído, y pongo a su
disposición, un ejemplar de la nueva instrucción, el programa marco de prevención de suicidios, para que vean ustedes con qué rigor y con qué interés estamos abordando este tema.



La siguiente pregunta hace referencia a las circunstancias del fallecimiento de un interno en la prisión de Soria, a causa de un derrame cerebral, el día 16 de junio de 2005. Como propuesta de conclusiones de la información reservada número
2005/0101 ordenada el 18 de julio de 2005 por la directora general de Instituciones Penitenciarias, el instructor de la misma, en 20 de septiembre de 2005, establecía, en relación con el fallecimiento del interno J. C. G., ocurrido el 16 de julio en
el centro penitenciario de Soria, los siguientes hechos. El 16 de julio, sábado, sobre las 10:40 horas, el interno es atendido por los servicios sanitarios en la enfermería del centro penitenciario de Soria por presentar mareo y dolor costal
izquierdo. El paciente se encontraba consciente y orientado, con una tensión arterial de 120-60. Por este motivo, se indicó la salida urgente al hospital de Soria. Sobre las 10:50 horas, el jefe de servicios lo comunicó al mando de incidencias
para realizar los trámites oportunos, llamando por teléfono a la comisaría de policía para que realizaran el traslado del interno al servicio de urgencias del hospital. El interno regresó a su galería y se sentó en el primer escalón de la escalera
esperando a ser sacado al hospital, manifestando al funcionario de la galería que llevaba un rato algo mareado, le dolía un poco el pecho y que le iban a sacar al hospital urgentemente. A las 11 horas, y en presencia del funcionario, el interno se
cayó desplomado al suelo. En la enfermería del centro tratan de reanimarlo inmediatamente. Tres minutos más tarde, es decir, a las 11:03, acudió al centro penitenciario el servicio de emergencias 112 que atendió en el rastrillo al interno ya
inconsciente, no logrando reanimarlo y estableciendo el juicio clínico de exitus por parada cardiorrespiratoria sobre las 11:30 horas, infarto masivo según el médico oficial del centro.



Al analizar el historial médico del interno con fecha 1 de julio de 2005, se aprecia que sobre las 5:30 horas fue atendido de urgencia por dolor axilar izquierdo, con sensación de adormecimiento del brazo que duró más de 20 minutos. La
exploración médica realizada resultó normal por lo que no se decretó ningún tipo de vigilancia de evolución. A las 13:30 horas y personada la comisión judicial y el forense se ordenó el levantamiento del cadáver y su conducción al depósito del
hospital de Mirón. De acuerdo con lo establecido en el informe de propuesta de conclusión de la información reservada, la atención al interno y actuación del personal funcionario fue rápida y ajustada a los procedimientos establecidos, no
detectándose irregularidades ni omisión de obligaciones en los mismos.
Por estas consideraciones, el instructor propuso el archivo de las actuaciones realizadas en la referida información reservada.



La pregunta siguiente hace referencia al fallecimiento de un joven abogado, ahorcado en su celda en la prisión de Villabona, Asturias, el 20 de abril de 2005. Con fecha 20 de abril, por la dirección del centro penitenciario de Villabona se
participa en la inspección de guardia, novedad, cuyo contenido es el siguiente: sobre las 18:30 horas, al proceder los funcionarios a la apertura de celdas para efectuar el recuento y cena, encontraron al interno J. R. I. colgado de la ventana con
un cinturón. Avisados el jefe de servicios y los servicios médicos confirman su fallecimiento. El citado interno se encontraba solo en la celda y había salido a diligencias relacionadas con presunto delito de violencia doméstica el día 18 de abril
de 2005 al Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo. Además, remiten partes e informes relativos al fallecido. Entre ellos están las primeras indagaciones, como es la toma de declaración a los internos que ocupaban las celdas próximas, sin que de
ellas se detecte indicio alguno al que se pudiera prever el incidente ocurrido. Se trata de un interno de 29 años de edad que había ingresado en el centro penitenciario procedente de libertad el pasado 15 de enero de 2005. Se hallaba en prisión
preventiva por quebrantamiento de condena por maltrato en el ámbito familiar. No estaba incluido en el protocolo de prevención de suicidios ni constaban antecedentes ni ideas autolíticas, según informe médico.



Sobre las 20 horas del día 20 de abril de 2005, por parte de la coordinadora de trabajo social se procedió a realizar las pesquisas necesarias para localizar a la familia del fallecido. Una vez localizado el teléfono de la madre del
interno, se procedió por parte de la citada coordinadora de trabajo social, sobre las 20:30 horas, a comunicar su fallecimiento. Asimismo, se solicitó el teléfono de su esposa, no constando en su expediente social. La madre proporcionó un número
de teléfono, realizándose varias llamadas al mismo sin obtener respuesta.
Esta funcionaria, la coordinadora de trabajo social, mantuvo una conversación de unos 45 minutos de duración con la madre del interno.
Sobre las 20 horas se recibe una
llamada del cuñado del interno en el despacho del subdirector de seguridad, interesándose por el


Página 9


lugar donde se encontraba el cuerpo del fallecido, manifestándole el subdirector de seguridad que momentos antes había sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Oviedo, tras haberse efectuado el levantamiento del cadáver por la
autoridad judicial competente, que a su vez ordenó su traslado. También se interesó por las pertenencias del interno, quedando la familia en presentarse en el centro para recogerlas.
El 21 de abril de 2005 la ya mencionada funcionaria, la
coordinadora de trabajo social, durante la mañana se pone en contacto con una de las hermanas del interno, poniéndose a su disposición para solucionar cualquier duda o problema que pudiera surgir, ofreciéndole el apoyo institucional como es habitual
en estos casos. Esa misma mañana, se reiteran las llamadas telefónicas a su esposa, sin obtener resultados en el número de teléfono facilitado por la madre del interno. Una vez realizado el traslado del cadáver ordenado por la autoridad judicial
competente al Instituto Anatómico Forense, se desconoce cualquier suceso que ocurriera con posterioridad. Ni el centro penitenciario ni esta dirección general tienen conocimiento de los hechos ocurridos durante su permanencia en el Instituto
Anatómico Forense, a los que en la pregunta escrita que formulaba la diputada se hacía referencia.



La pregunta siguiente es sobre los motivos profesionales por los que se han producido los ceses de los directores de los centros penitenciarios.
Esta es una pregunta que parece un poco antigua pero supongo que está acumulada, no sé bien su
momento, y por eso se presenta hoy. Aunque creo que ya hemos dado explicaciones en sede parlamentaria sobre este asunto, no tengo ningún inconveniente en volver a reiterar a SS.SS. cualquier información al respecto. Como ustedes saben, los
puestos de trabajo director de centro penitenciario se cubren por el sistema de libre designación mediante el procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley 30/1984 de medidas para reforma de la Función Pública y en el 51 y siguientes del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, del reglamento general de provisión de puestos de trabajo. La directora general, en uso de sus atribuciones, cesa, nombra o confirma a los directores de centro que considere oportuno, teniendo en cuenta para
su nombramiento la trayectoria y capacidad profesional de los candidatos. El cese de un director, como el de cualquier otro cargo de libre designación de la Administración, no tiene motivos profesionales. Aunque en alguna ocasión los ceses puedan
tener que ver con una gestión no satisfactoria, lo cierto es que en la mayoría de los casos se trata de relevos propios de la renovación del sistema.



El 6 de octubre de 2004 se produjo el nombramiento de 32 directores de centros penitenciarios, aunque algunos de ellos no eran nuevos nombramientos, sino que se trataba de cambios de la dirección de un centro a la dirección de otro; de los
32, 22 de ellos eran nuevos directores. En este caso tengo que indicar, por ejemplo, que un tercio de las personas nombradas fueron mujeres, directoras, con lo cual se normalizaba la presencia de las mujeres en los puestos directivos de los centros
penitenciarios, que hasta ese momento era ínfima y que es un elemento importante desde la óptica de esta dirección general. Los cambios tienen que ver, como sucede siempre, con la necesidad de que en los puestos de libre designación estén personas
que compartan las prioridades, la orientación, con que la Administración quiere trabajar en los ámbitos de su competencia; por eso precisamente existen puestos de libre designación. Cuando alguien es nombrado en un puesto de estas características,
sabe que se trata de un nombramiento temporal y que, como vulgarmente se dice, es un nombramiento que se hace a dedo y que, por lo tanto, no genera ningún tipo de derechos ni de expectativas de continuidad, y así tiene que entenderlo toda persona
que es nombrada por un procedimiento de libre designación. Además de esto, es bastante saludable para todos los sistemas que se produzca de vez en cuando una oxigenación de los mismos, una renovación. Creo que esa es una dinámica que se aplica
incluso en esta casa también, en la que los diputados no se perpetúan durante demasiado tiempo, sino que hay procesos de renovación permanentes. En este caso, además, la nueva Administración quería producir una variación en la política que se venía
aplicando, dando un peso mucho mayor a la orientación tratamental del sistema. Para esto también ha servido la renovación, señorías, para que ese cambio lo lideren personas con nuevas energías y algunas de ellas con un perfil profesional más
cualificado.



Ya que hacemos esta comparecencia un poco tarde porque nos preguntan sobre algo que se hizo hace algo más de un año, tengo que decirles que, con la perspectiva que nos da el tiempo, los nombramientos que se hicieron en ese momento han
resultado totalmente acertados. Señorías, en el nombramiento de los directores de centros penitenciarios no hay ningún ajuste de cuentas ni con el pasado ni mucho menos con las personas. En esta casa respetamos enormemente a cualquiera que haya
tenido cargos de responsabilidad en la institución penitenciaria, una institución bastante difícil, por lo tanto que hemos procurado que todo el que ha pasado por estos cargos de responsabilidad encuentre el mejor acomodo para la continuación de su
vida profesional.



La pregunta número 10 hace referencia al nombramiento del director del centro penitenciario Lugo-Bonxe. Respecto al nombramiento de este director nada tengo que decir, puesto que la persona que dirige dicho centro lo viene haciendo desde el
año 1986.



Por último, pasamos a la pregunta número 11 que dice: Explicación por la directora general de Instituciones Penitenciarias de la publicidad dada a los nombres de los nuevos funcionarios de instituciones penitenciarias a través de la web del
Ministerio del Interior. Pues bien, señorías, conforme establece el artículo 20 del reglamento general de ingreso del personal de servicio a la Administración General del Estado, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las listas de admitidos


Página 10


y excluidos de los opositores serán públicas en los lugares determinados, que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. En todo caso, las citadas listas deberán ponerse de manifiesto en la Dirección General de la Función Pública, en
el centro de información administrativa del MAP y en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Así mismo, es práctica consolidada en los últimos años el remitir toda la información generada por los tribunales de los procesos selectivos a la
subdirección general de atención al ciudadano del Ministerio del Interior, que en la página web oficial del Ministerio tiene información al público de carácter general. Por lo que respecta a listados de opositores y calificaciones de los mismos, se
utiliza un sistema de información circunscrito bien a la información telefónica y/o la consulta electrónica a través de la página de información de procesos selectivos del Ministerio del Interior. Esta circunstancia viene recogida así mismo en la
Orden 423/2005, de 22 de febrero, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos en la Administración General del Estado, así como en las distintas convocatorias de las respectivas oposiciones a los cuerpos
penitenciarios. En concreto en la oposición del cuerpo de ayudantes, en el Boletín Oficial del Estado de 3 de junio de 2005, en la base 6, se recoge la dirección de la página de internet de información de su proceso selectivo.



Por último, señalar que los acuerdos de opacidad de los nombres de los funcionarios penitenciarios en su publicación en el BOE se deben interpretar desde la adquisición de la condición de funcionario. En los procesos selectivos se participa
en calidad de opositor aspirante a la incorporación a la Función pública en ese sector, por lo que se debe en todo momento respetar los principios generales de publicidad que caracterizan los procesos selectivos de la Función pública. Creo que
queda contestada la pregunta, pero por si SS.SS. tienen alguna duda, me he permitido fotocopiar los boletines oficiales del Estado de varios años, en los que aparece igualmente la lista de admitidos y excluidos en esta oposición, como no podía ser
de otra manera. Creo que ya hemos finalizado el turno de las preguntas.



Paso a las informaciones reservadas de los dos casos de suicidio que no tenía aquí de forma mas detallada; como son bastante extensas, las pongo a disposición de SS.SS. para que puedan tenerlas. Sí voy a resumir que estos dos suicidios,
de los que tenemos aquí la información reservada, corresponden a personas que estaban en prisión por delitos de violencia de género con resultado de muerte de la cónyuge y/o descendientes, situación descrita entre las más proclives al comportamiento
suicida. No obstante, en uno de estos supuestos, un informe psiquiátrico determinó la salida del interno del programa de prevención de suicidios por no apreciar psicopatología aguda ni ideas autolíticas estructuradas; en el otro no se consideró
necesaria su integración en el programa. Como les digo, los expedientes de estos dos casos están también a su disposición.
Como ustedes ven porque hoy hemos tenido la oportunidad de referirnos a algunos casos concretos, de estos 31 suicidios que
se han producido hasta finales del mes de octubre en nuestra institución -creo que a día de hoy hay alguno más- como les decía, los casos concretos de los que hemos tenido la oportunidad de hacer una información más detallada responden bastante a la
tipología que he descrito anteriormente y que vemos que está teniendo una incidencia cada vez más relevante dentro de nuestra institución.



Con esto doy por finalizada mi intervención y quedo a disposición de sus preguntas.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Directora General.



Vamos a iniciar la intervención de los grupos parlamentarios que han presentado iniciativas. Para ello, voy a dar la palabra al Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, que tiene las iniciativas número 662, 684 y 682, por lo tanto,
tiene la palabra. Yo trataré de ser lo más flexible posible en cuanto al tiempo.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias. Muchas gracias por la información a la señora directora general de Instituciones Penitenciarias. Lamentamos volver a vernos en circunstancias tan poco amables y tan dramáticas como es
hablar sobre el fallecimiento de personas sobre las cuales la Administración tiene una especial responsabilidad por la relación jurídica que tienen con ellas y la especial diligencia que deben mantener en cuanto a su habitabilidad, a su condición de
vida, a su dignidad humana.



En todo caso, quiero tratar dos cuestiones previas, la primera, que ciertamente hablar de instituciones penitenciarias, de centros penitenciarios es un tema que nunca debe dar lugar a utilizar la demagogia porque es ciertamente complicado en
todos los lugares, pero que tampoco debe llevar a tenerlo como olvidado por no hablar de él. Quiero decir que es un tema con suficiente calado y, sobre todo, una sensibilidad tremenda en relación a múltiples situaciones de la vida social, de la
vida política y de la vida jurídica, por tanto, lo tenemos que afrontar. En segundo lugar, desgraciadamente veo que se han acumulado varias iniciativas sobre el mismo tema; es culpa de todos y culpa de ninguno el que vayamos con tanta tardanza en
la Comisión, pero desgraciadamente han tenido que acumularse fallecimientos de personas en el mismo centro penitenciario, sobre el que yo había pedido explicaciones, en Nanclares de la Oca. Es un problema que no se solventa sólo con planes de
choque para prevención de suicidios es evidente que es necesario; tiene muchísimas circunstancias diversas de las cuales llevamos hablando muchísimo tiempo. Esta no es una cuestión que afecte sólo al Gobierno actual, ni mucho menos a la directora
general actual, sino que lleva muchísimos años. Me centro ya en Nanclares de Oca, pero podría hacerlo extensivo a lo que yo conozco más, Martutene, Basauri, y también por supuesto a otros centros del Estado español. No es un tema de hoy y quizá


Página 11


por la dejadez -usted misma ha empleado esa expresión- hacia estos centros penitenciarios, hemos llegado a la realidad actual dramática de seis fallecimientos, la mayoría de ellos al día de hoy por suicidio, en Nanclares de Oca. Tengo aquí
una relación, usted la ha leído y yo no voy a extenderme, con los datos que hemos podido sacar, tanto datos informativos de medios de comunicación, datos de ONG, datos documentales que tenemos de otra serie de personas que se nos han acercado, sobre
a cada uno de estos fallecimientos. Ciertamente todos tienen unos elementos comunes, más allá de las circunstancias personales, de la condena o de las circunstancias de cada uno de los reclusos, son circunstancias que afectan de forma general a una
serie de cuestiones que nosotros hemos ido planteando a lo largo del tiempo.



En primer lugar, la dificultad que tiene el sistema penitenciario para hacer un análisis y prestar atención individualizada a las personas que están en los centros penitenciarios. Este elemento, curiosamente no sucede -es la excepción que
confirma la regla- en el caso del señor Vera pues efectivamente ahí hay un análisis pormenorizado e individualizado de esa persona, como de otras personas por razones bien diferentes. En general, lo que nos encontramos es que la Administración
penitenciaria no puede hacer un análisis pormenorizado e individualizado de las circunstancias de cada persona porque hay una saturación tremenda en los centros penitenciarios. Esta es la primera conclusión, y por tanto, es difícil saber qué está
ocurriendo con la población reclusa en determinados lugares, o en la mayoría de ellos, porque realmente hay sobresaturación; en segundo lugar, porque nos encontramos con que la administración, los trabajadores de estos centros penitenciarios no son
suficientes y están desmotivados; además de estar desmotivados y no ser suficientes, no tienen los recursos materiales suficientes para poder hacer un análisis individualizado.



¿Por qué hay una sobresaturación? Evidentemente porque ha habido unas reformas penales, -esto tampoco viene de ahora-, con las cuales la formación política a la que represento no ha estado en absoluto de acuerdo, en las que todo se ha
centrado en la pena de prisión. Es decir, todo se centra en las reformas de ejecución en prisión, no hay otras penas o hay escasas penas diferentes a la de prisión. Esto hace que los centros, además de estar sobresaturados per se (los datos que
usted ha señalado de aumento del 2000 a 2004 son bien significativos) lo están por las reformas penales, es decir, que esto ya viene de antes. Cuando hablamos de por qué nos oponemos a determinadas leyes penales porque no solamente no nos gusta el
sistema de centralidad de la pena, sino porque además van a tener unas consecuencias en las personas que van a tener que cumplir esa pena; una de ellas es una situación que da lugar a una preocupación por el fallecimiento de reclusos.



Además añadimos otra serie de cuestiones, entre ellas la relativa a cuál es la situación y qué tipo de centros penitenciarios queremos. En el caso de Nanclares de Oca, podría citarle -no he traído el recorte- las palabras del que ha sido
hasta hace poco director de Nanclares de Oca que, curiosamente, cuando ha dejado de serlo, ha hecho declaraciones públicas tremendas que no había hecho cuando era director. Sus palabras no harían necesario ningún tipo de declaración de esta
diputada. Lo que nos sorprende es que lo que ha dicho ahora, cuando que ha dejado de ser director de Nanclares de Oca, no lo hubiera hecho público antes. Ha señalado que el centro, efectivamente, es obsoleto, que sus instalaciones son inadecuadas,
que son inespecíficas, que está masificado, que tiene problemas tremendos, desde cuestiones tan básicas como la limpieza, que usted también ha señalado, la pintura, la limpieza, la desratización, que es necesaria, etcétera. Todo esto no es algo que
nosotros digamos en 2005, es algo que Eusko Alkartasuna lleva diciendo desde hace como poco siete años. Estamos en trámite presupuestario. Nosotros hemos presentado enmiendas a presupuestos para cosas tan insignificantes en los centros
penitenciarios vascos como la limpieza, la desratización, el aseo, las unidades de asistencia psiquiátrica, las unidades de madre, la atención especializada a mujeres reclusas, cosas que eran realmente mínimas en lo que se refiere a cuantificación
presupuestaria, pero que nunca se han hecho. Es evidente que cuando una persona está recluida, que como decía la directora, tiene una situación emocional difícil por la situación personal, por la situación legal. Si a eso añade que está en una
circunstancia de masificación, que no tiene atención individualizada, en unas circunstancias en las que la dignidad en la habitabilidad ni siquiera es mínima, es evidente que todo eso afecta al nivel de alteración emocional y al grado de depresión
mucho más profundo.



Usted ha citado como elementos de plan de choque algo que a mí me parece absolutamente normal, pero que a cualquier desconocedor de la materia le sorprendería, habla de plan de choque y habla de limpieza de la cárcel.
Cualquier persona se
preguntaría que por qué habla de limpieza de la cárcel. Veníamos denunciando que un plan de choque no solamente es poner en este caso tres psicólogos más, es incluso limpiar las instalaciones, algo tremendo a lo que hemos llegado por la dejadez
tremebunda de años y años. Por tanto, cuando hemos hablado de todos estos temas, hemos hablado porque conocíamos lo que se estaba produciendo y ahora todas las alarmas han saltado cuando en septiembre nos encontramos con que ya ha habido seis
personas fallecidas, la mayor parte de ellos a través del suicidio, es decir, de ellos mismos quitarse la vida, y algún otro a través de las toxicomanías o enfermedades a consecuencia de ellas. Vuelvo a decir que todo esto es algo a lo que hay que
hacer frente. Este es un problema que no se resuelve en un minuto, hay que tocar reformas de justicia, por tanto otro tipo de medidas de ejecución de pena que no sea la prisión. Yo creo que esto lo dice también usted, los técnicos y los
funcionarios, pero curiosamente, cuando los planteamos al ministro de Justicia como responsable de analizar las


Página 12


reformas legales necesarias en materia de penas, dice que no hay que cambiar nada. Hay una dificultad tremenda, es decir, parece que Instituciones Penitenciarias y Justicia no tienen un análisis conjunto porque uno de los puntos es la
centralidad de la pena en prisión constante, el aumento de la población reclusa y la incapacidad del sistema de hacer frente a ello. Siempre hemos dicho que quizá Instituciones Penitenciarias debiera estar con Justicia y no con Interior; nosotros
siempre hemos sido muy sensibles a que la reforma de las leyes penales tiene consecuencias futuras, y esta es una de ellas.



También debemos hacer frente al tema de las mujeres, porque evidentemente, todo lo que nosotros conocemos, en Nanclares, en Martutene y en Basauri, las condiciones para las mujeres recluidas son peores; son peores en la vida en general y en
los centros penitenciarios también son peores. Por tanto, creemos que hay que hacer especial incapié en este tema.



Por último, un tema del que hemos hablado mucho y del que seguiremos hablando. Hablamos de competencias, y yo aquí quiero volver a traer la cuestión de la transferencia de competencias. Independientemente de que sólo fuere por cumplimiento
de una ley orgánica, el Estatuto de 1979, es evidente que tendría que haber sido realizada ya la transferencia de la competencia sin hablar más, sin valoraciones de ningún tipo, le guste más o menos al Gobierno central, a unas personas, a un
gobierno o a otro, simplemente aparece en la Ley orgánica del Estatuto de Gernika y sería necesario cumplirlo porque así lo dice la ley, punto y final. No está al albur de la voluntad política de cada gobierno. Esto es así y no puede haber ninguna
justificación sobre determinado tipo de análisis político o sobre determinado tipo de dilación en el tiempo o necesidad de no se sabe qué otra cuestión. Si observamos, por ejemplo, cuál pudiera ser y cómo pudiera afectar la transferencia de la
competencia a este tema, yo creo que le afectaría de manera claramente positiva. ¿Por qué? Porque no podemos en este momento estar pensando en qué tipo de centros penitenciarios se van a construir en el futuro cuando no sabemos cuál es el mejor
diseño de los centros penitenciarios. Es decir, ¿se puede en este momento estar planteando la construcción de macrocentros penitenciarios al mismo estilo de los que hoy tenemos cuando se está demostrando que no es el mejor diseño y que toda la
política en la Unión Europea está tendiendo a centros penitenciarios de diseño menor? Este es un estudio que ha hecho la comunidad autónoma vasca, y creo que han intercambiado ya opiniones y posiciones al respecto con los responsables.
Cuando se
está hablando de centros de diseño menor, de no tanta masificación, no de 800, 600 ó 500 plazas, sino de un máximo de 350 plazas, ¿podemos estar haciendo ahora convenios para hacer macrocentros penitenciarios cuando la competencia no le
correspondería en este caso al Gobierno del Estado sino a las comunidades autónomas? ¿No sería razonable pensar en que hagan unos diseños, un dibujo de todo el panorama, al menos en lo que yo conozco en Euskadi, a quien tenga que tener en el futuro
la competencia? Es verdad que ahora tenemos la urgencia del momento, pero también es verdad que no queremos que pase que lo que hoy no arreglemos mañana traiga una consecuencia nefasta, como ha ocurrido hasta ahora. Por tanto, yo le pediría que
primero, se hiciera la transferencia de la competencia y que se hiciera un diseño para el futuro que fuere el más adecuado a lo que debe ser la política penitenciaria a nivel europeo, que desde luego no son macrocentros.



Voy a terminar y me quiero disculpar con la directora general si no puedo oírle la réplica porque estoy pluriempleada, también estoy en presupuestos. Haré una referencia mínima a la situación penitenciaria del señor Vera. Es curioso,
porque el modo flexible de cumplimiento de la pena que tiene el señor Vera viene derivado -está en segundo grado, ciertamente, no se le ha concedido el tercer grado-, de un análisis individualizado de las circunstancias personales del señor Vera.
Estoy convencida de que la voluntad de usted será hacer un análisis individualizado de todos los presos, pero desgraciadamente no lo pueden hacer. Ahí empezamos ya con un desequilibrio y una desigualdad entre unas y otras personas privadas de
libertad por cumplimiento de una pena. El modo flexible de ejecución de la pena por evitar el fallecimiento de una persona nos parece razonable, pero no solo para una persona, nos parecería razonable para todos. Por tanto, yo no me estoy quejando
de que hagamos prevención para evitar el fallecimiento de una persona, de lo que me quejo es de que por qué para una persona hay capacidad de hacer un análisis exhaustivo, detallado, individualizado sobre cómo puede afectar la soledad a su dignidad,
a su condición de vida como ser humano, a su futuro y a su relación personal con su familia, y en cambio, no hay capacidad para hacer el mismo análisis a tantas y tantas personas que hemos visto hoy y otros días. De esto es de lo que nosotros nos
quejamos, y nos quejamos profundamente, porque realmente, hasta que se han puesto ese plan de choque, ha habido al menos cinco fallecimientos. Es verdad que el plan de choque fue en julio y el último fallecimiento, el sexto, se produjo en Nanclares
de Oca. Hasta que ha habido ese plan de choque, hasta que se han puesto tres psicólogos más, ha habido cinco fallecimientos en Nanclares de Oca. Esta es una realidad objetiva, yo no me invento las fechas, hasta que no se ha hecho la limpieza en
Nanclares de Oca, ha habido cinco fallecimientos, y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, este año y el anterior, -tengo todas las comparecencias celebradas-, y al anterior- gobierno también se lo dijimos. ¿Donde está el mismo trato, dónde
está la atención individualizada que se merece todo el mundo?


Por último, citaré de manera general que también nos parece harto curioso que todas las personas condenadas por una misma 'trama', llámese GAL, están fuera de prisión, por una razón o por otra, todas ellas muy bien justificadas legalmente,
todas ellas con toda suerte de artilugios, que estoy segura de que tendrán


Página 13


los parabienes de la argumentación jurídica, pero qué casualidad que todas ellas están fuera, con condenas gravísimas. Esta es la realidad; luego, cada cual opinará lo que quiera, pero la realidad objetiva es esta. A partir de ahí el
principio de igualdad ante la ley a veces -no es que lo queramos decir nosotros, es que simplemente la realidad objetiva nos lo dice- que no se cumple. Muchas gracias.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.



Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Olabarría, con un tiempo de diez minutos, para defender su iniciativa 683.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias por su información, señora directora general de Instituciones Penitenciarias. La verdad es que comparto su opinión, estas comparecencias tienen un cierto perfil macabro, estamos hablando de temas
desmoralizantes; sus respuestas, perdone la expresión, se lo hago desde la perspectiva del respeto más absoluto, tienen un cierto tono, no de autocomplacencia, pero sí carecen de cierta autocrítica que hubiese sido pertinente exponer más
explícitamente, en opinión de mi grupo. Cuando hablamos de suicidios, de personas internadas en centros penitenciarios, usted, por lo menos yo he tenido subjetivamente esta impresión, ha aludido a una especie de suicidios fatalmente inevitables,
una especie de situación que afectaba a todos y cada uno de ellos, unos vinculados a ciertas patologías de naturaleza psiquiátrica, otros afectos por problemas de adicción a sustancias estupefacientes que prácticamente hacían inevitable esa
conclusión fatal.
Esa es la impresión que he podido sonsacar, una interpretación, yo creo que literal y exacta de sus palabras. Luego ha hecho una serie de reflexiones en cuanto a la situación porcentual o cuantitativa en materia de suicidios de
países de nuestro entorno, por lo menos de dos de ellos, donde parece acreditarse que la situación del Estado español no es peor, por lo menos, sino que es incluso mejor que la de estos países. Ahí se ha percibido no una cierta autocomplacencia,
pues cuando estamos hablando de muertes de personas nadie puede hacer una reflexión autocomplaciente, pero quizá haya faltado el elemento autocrítico indicando qué posibles circunstancias, incluso atinentes a sus responsabilidades políticas o
administrativas, han podido fracasar o han podido ser objeto de cierta dislocación, cierta mala aplicación o mal uso, para que este número, que no es irrelevante, de suicidios en las cárceles españolas se esté y se siga produciendo. Tenemos los dos
recientes presos suicidados en el centro penitenciario de Soria sobre lo cual en próximas comparecencias también tendremos la oportunidad de reflexionar colectivamente.



Usted sabe que hay un precepto importante en la Ley General Penitenciaria, que es el artículo 3, número 4, que establece una obligación objetiva a las autoridades penitenciarias, cual es la de velar por la vida y la integridad de los
reclusos. El concepto de custodia es un concepto jurisprudencialmente definido como un concepto amplio, no es sólo una custodia para evitar la fuga de los sujetos con pena de privación de libertad, sino que es una custodia de su propia indemnidad
también, es una obligación de tutela de su propia salud, integridad e indemnidad física. Estos suicidas ponen de relieve que no en plenitud de condiciones se está cumpliendo con este específico requerimiento de la legislación penitenciaria expuesto
en un precepto sistemáticamente con una ubicación sistemática privilegiada, como es el artículo 3.4. Además, me voy a referir a las declaraciones del señor Moreno, a las que se refería también anteriormente la señora Lasagabaster, que en este
momento ya no es el director de la prisión del centro de Nanclares de Oca, y ahora sí que ha hablado sobre la situación de este centro penitenciario. La primera pregunta sería qué ha sucedido con el señor Moreno. No sé si ha dimitido, ha sido
cesado o ha sido ascendido mediante esa expresión que, eufemísticamente y utilizando un lenguaje verbal, ha sido excluido de sus responsabilidades mediante el acceso a un cargo per saltum, hacia arriba, solo para que no esté donde estaba o
realizando las funciones que antes realizaba. Me gustaría que me explique qué ha sucedido con el señor Moreno y cuáles son las responsabilidades que en este momento desarrolla en su propia dirección general, en su propio Ministerio. También me
gustaría saber las razones que han provocado lo que eufemísticamente usted ha calificado como la aceptación del cese del subdirector de este centro penitenciario, que no sé si es la aceptación de una dimisión o es un cese impuesto. En definitiva,
estas son cuestiones que convendría explicitar.



El señor Moreno ha explicitado muy bien cuál es la situación del centro penitenciario de Nanclares de la Oca y ha utilizado una expresión que yo comparto en sus propios términos. Nos encontramos un centro que constituye el paradigma, la
miscelánea de todas las patologías que nuestras instituciones penitenciarias poseen en la actualidad. No son imputables obviamente a su responsabilidad porque este es un problema que llevamos arrastrando desde hace muchos años, ningún gobierno se
ha tomado esta cuestión realmente en serio, no ha constituido la prioridad política ni, como hemos visto incluso en los presupuestos que ahora se están debatiendo, la prioridad presupuestaria de ningún gobierno, ni los gobiernos del partido
socialista ni los gobiernos de los demás partidos que desde la transición política han gobernado en el Estado español. Por eso nos encontramos con una situación en este momento que tiene su concreción más paradigmática en este centro penitenciario
en Nanclares.
Problemas de hacinamiento de reclusos, en primer lugar.



Usted ha comentado que para evitar este problema, para atenuarlo, ha procedido al traslado de 50 reclusos a otros centros penitenciarios. La medida nos parece manifiestamente insuficiente. En este momento, este centro penitenciario ha
duplicado la población reclusa


Página 14


para la que está capacitada. En este centro penitenciario, que está previsto para albergar en su seno a unos 300 presos, mediante una aplicación de los requerimientos de la propia legislación penitenciaria, en este momento hay más de 650,
estamos prácticamente en una situación que duplica las capacidades del centro. El hacinamiento, qué duda cabe, es uno de los problemas que están subyaciendo en una situación ambiental que no los provoca, pero desde luego no ayuda a evitar que
personas frágiles, o personas que padecen ciertas patologías, o personas con problemas de comportamientos, con problemas de conducta, con problemas psiquiátricos, o con problemas de adicción a sustancias estupefacientes, puedan acabar su vida de
esta manera. El hacinamiento es un problema con el que hay que acabar, pero hay que hacerlo con contundencia, y es manifiestamente insuficiente el traslado de 50 reclusos a otros centros penitenciarios, sobre todo si quiere cumplir también la
legislación penitenciaria, el régimen penitenciario, el artículo 19, que no necesito reproducírselo. El artículo 19 establece un derecho subjetivo para todos los condenados a penas de privación de libertad que es que tienen derecho, salvo
circunstancias excepcionales que el propio precepto contempla, a una celda individual; es una utopía hablar de celdas individuales en la situación de las prisiones del Estado español con el incremento exponencial de la población penitenciaria que
usted ha explicado. Es un problema muy difícil de lidiar, es muy difícil cumplir un derecho que sin embargo se contempla como derecho subjetivo de todo recluso, de todo penado en el artículo 19 de la Ley General Penitenciaria. Habría que intentar
aproximarse a esa ratio, a un recluso por celda, o por lo menos establecer los mecanismos de ubicación cuando ya se colectiviza en celdas a distintos reclusos, mecanismos de identidad, de homogeneidad, de complementariedad que se prevén para que los
que están conviviendo en una situación de cierto hacinamiento puedan convivir razonablemente bien. También la legislación prevé medidas para homogeneizar a estas personas que tienen que compartir celdas, muchas veces son muchas personas las que
comparten celdas, y yo no sé hasta qué punto se están aplicando debidamente.



No sólo existe, como sabe la señora directora general de Instituciones Penitenciarias, un plan para la prevención de los suicidios, sino que hay otro mandato, de derecho positivo también previsto en el artículo 15 de la Ley General
Penitenciaria, que es la elaboración para cada penado de un protocolo de personalidad. No sé si esta práctica se está realizando correctamente y a cada penado se le configura un protocolo de personalidad. Esta es una medida preventiva que puede
resultar eficiente si se hace bien; si estos protocolos de la personalidad realmente se están haciendo bien pueden permitir un seguimiento de los avatares de la vida dentro del centro de reclusión que pueden preventivamente evitar estas cifras de
suicidios. Hemos oído al señor Moreno y a otras personas, que lo han hecho de forma más discreta dado su ámbito o su situación de dependencia orgánicamente jerárquica en la Administración, que con estos protocolos es más o menos previsible intuir,
en virtud de los avatares que van aconteciendo dentro del centro penitenciario, qué puede llegar a ocurrir, o en qué situación puede acabar, en una situación extrema, en una situación que puede ser fútil o accidental, como usted misma ha comentado,
un conflicto con otro preso, la vuelta de un permiso ordinario, qué puede ocurrir. Esto es previsible perfectamente, según comentan, pero que sea previsible no evita que se esté produciendo un número de suicidios significativamente elevado en
nuestros centros penitenciarios, señora Directora General. Yo, desde esta perspectiva, le preguntaría, si estos protocolos se están haciendo y esto superpuesto al plan de prevención de suicidios, por qué no mejora o no produce mejores prestaciones
o resulta más eficaz para la prevención de esta verdadera patología penitenciaria que constituyen los suicidios dentro de los centros penitenciarios.



Qué no decir de lo que ha dicho el señor Moreno en relación a Nanclares del carácter obsoleto de estas infraestructuras penitenciarias. En este momento usted conoce que este es un problema gravísimo. Las obras de mejora son obras de menor
cuantía, son obras las que usted ha diseñado que pueden mejorar ambientalmente o coyunturalmente la situación de limpieza, la pintura, la situación de ciertas infraestructuras que realmente estaban muy deterioradas, pero estamos hablando de una
prisión cuyas infraestructuras son manifiestamente obsoletas. Usted lo sabe porque además se comprometió a hacer obras, seguramente mucho más importantes que las que usted ha comentado esta mañana, en la anterior comparecencia ya realizada por
otros suicidios anteriores en el mismo centro penitenciario, antes del verano. Nosotros esperábamos más, estas obras parecen obras de remoción, parecen pequeñas obras de naturaleza cuasi estética ornamental que no evitan situaciones que son
conocidas y han sido denunciadas por asociaciones que trabajan sobre el terreno, desde el centro penitenciario, y que están denunciando situaciones tan aberrantes, sobre todo en las celdas donde están ubicadas las presas, como que en determinados
lugares estén apareciendo ratas. Nos parece verdaderamente aberrante que estemos en una situación de falta de salubridad y de falta de higiene, que produce situaciones verdaderamente tercermundistas y que debieran ser erradicadas mediante obras de
infraestructura seguramente más completas, más profundas y más importantes que estas que usted nos ha expuesto que nos parecen seguramente inevitables, pero no dejan de ser un pequeño parche para una situación que se está cayendo materialmente a
pedazos, como todo el mundo sabe, para una situación verdaderamente de precariedad en materia infraestructural.



La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo inmediatamente, señora presidenta. Ya ha sido comentado que


Página 15


seguramente no es algo ajeno sino proclive a que un preso se suicide la situación de alejamiento que afecta a de determinados colectivos de presos, pero en general a toda la población reclusa, alejamiento de su entorno, de su domicilio y de
su familia. Hay requerimientos, también propios de la Ley General Penitenciaria y de su reglamento, como el artículo 59, que cuando se refiere al ámbito del tratamiento sobre los reclusos habla del valor relevante de la presencia de la familia como
elemento resocializador, como elemento de tratamiento del recluso; el artículo 63, también habla de la proximidad al entorno como elemento de rehabilitación, de resocialización, de tratamiento, y qué no decir del propio preámbulo del reglamento que
desarrolla la Ley General Penitenciaria, que usted conoce perfectamente, que son las conclusiones de las Naciones Unidas de Tokyo, del mes de diciembre del año 1999, donde se consigna expresamente que la proximidad de un recluso al lugar de su
domicilio, de su entorno familiar y físico es en sí mismo una medida de resocialización. Vuelvo a apelar otra vez a que el alejamiento es una medida penitenciaria mala, que contradice la legislación penitenciaria, y es una medida penitenciaria que
en absoluto crea un ambiente favorable para estas perversiones como los suicidios y otras que mantienen en un estado de postración psicológica profunda a numerosos reclusos.



Por último, y con esto acabo, señora presidenta, ya ha sido comentado por la persona que me ha precedido en el uso de la palabra que aquí hay una cuestión sempiternamente pendiente que es la de la transferencia. Cuando nosotros les
reclamamos el cumplimiento de los dos títulos competenciales que en el Estatuto de Gernika prevén la transferencia de las prisiones al Gobierno Vasco a la Administración Autonómica Vasca (son el artículo 10.14 en cuanto a infraestructuras y el
artículo 12 en cuanto a la ejecución de la legislación penitenciaria), ustedes comentan que no lo consideran pertinente o conveniente. Es una respuesta arbitraria, metajurídica y ni usted ni nadie en este Parlamento, en el ámbito institucional
puesto que es un requerimiento del bloque constitucional, puede disponer de esta materia, y desde luego no puede disponer desde perspectivas de pura conveniencia coyuntural o de pura conveniencia política. Nosotros volvemos a reiterarle que esta
transferencia está pendiente, que yo no sé si las prestaciones del diseño de la política penitenciaria de esa comunidad autónoma son mejores o peores que la de su dirección; en todo caso, nosotros reclamamos para Euskadi esta competencia porque
estamos convencidos de que podemos articular una mejor política penitenciaria, y no voy a decir que erradicar estas patologías, pero sí mejorar las condiciones ambientales para que estas patologías no se produzcan. Sin más, esperaremos el siguiente
turno para complementar lo aquí dicho.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Olabarría. Sabe S.S. que he sido muy flexible con su tiempo, como con los demás.



Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Sánchez-Camacho para la iniciativa 672, así como para las preguntas que se han sustanciado en esta comparecencia. Por lo tanto, también tiene el tiempo que necesite.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta, por su flexibilidad, y en este caso porque este grupo parlamentario acumula no sólo una comparecencia sino también un número considerable de preguntas.
Quiero darle
también la bienvenida a la directora general de Instituciones Penitenciarias a esta casa, que también ha sido la suya durante mucho tiempo, y en su caso sí se ha cumplido aquello que usted decía de la oxigenación de los funcionarios, en algunos
otros no, en otros sí, pero sin duda alguna deben mantenerse unos y otros, porque todos tenemos un servicio y un deber público.



Permítame señora directora general, con todo el respeto personal que le tengo, que le diga que su comparecencia de hoy ha sido en principio atropellada porque no ha tenido quizá la coordinación que ha tenido en otras ocasiones; son errores
humanos que a veces ocurren y no pasa absolutamente nada. Desde este grupo parlamentario la calificamos no sólo de autocomplaciente sino también en algunos aspectos de verdaderamente deficiente y lamentable. Le voy a decir por qué y le voy a
justificar mis palabras, que son unas palabras duras, son unas críticas duras, porque entendemos que estamos hablando, señora directora, y usted convendrá con nosotros, de cuestiones altamente preocupantes para la sociedad española, que sabemos que
a usted a su vez le preocupan y que constituyen prioridad de su trabajo y de su cometido diario, pero que no se reflejan resultados visibles satisfactorios al respecto. Estamos hablando en primer lugar de la seguridad en las cárceles, del
cumplimiento de los regímenes cerrados, como muy bien usted ha explicado, y estamos hablando de temas como los suicidios. Usted comprenderá que son para nosotros temas absolutamente prioritarios, temas de singular importancia y trascendencia, y
entendemos que sus respuestas han sido carentes del rigor necesario, y en algunos casos, de la crítica, como le decía también el responsable del PNV con cuya valoración nosotros coincidimos absolutamente.



Vamos a iniciar en primer lugar nuestra intervención refiriéndonos al punto cuarto, que parecía que usted no había entendido con precisión.
Este grupo parlamentario quiere que nos explique los motivos por los que se ha incumplido el régimen
de aislamiento, su definición del régimen cerrado es correcta, pero también usted convendrá con nosotros en que ese término, el régimen de aislamiento, su utiliza con muchísima cotidianeidad, se utiliza en los medios de comunicación como una
expresión muy cotidiana que no responde al rigor jurídico del régimen cerrado, que es al que este grupo se refería, y que usted ha precisado muy bien. Me sorprende que usted no sepa a lo que este grupo parlamentario se


Página 16


refiere porque sin duda alguna, la información precisa, rigurosa, y de todos los casos específicos en los que se cumpla o no se cumpla la tiene usted, puesto que es usted la directora general de Instituciones Penitenciarias y es usted a
quien accede de primera mano a esa información. Este grupo parlamentario y los ciudadanos españoles hemos tenido acceso a dos casos en concreto, dos casos en los que se ha vulnerado ese régimen cerrado en presos FIES, en presos islamistas, con
ambos presos tenía que haberse producido rigor y seriedad en el cumplimiento del régimen cerrado; estamos hablando del preso Abu Dahdah y de lo que ocurrió en la cárcel de Albolote. No creía que fuera necesario que esta portavoz tuviera que
precisarle esos dos supuestos, puesto que sobre un uno de ellos, el de Abu Dahadah, usted misma dice que Interior abre un expediente informativo y que hay un expediente de investigación para ver por qué ese preso se encontraba en régimen abierto y
no en régimen cerrado y por qué se produjo una pelea en esa cárcel de Castellón.



Señora Directora General, nosotros nos enteramos de lo que aparece en los medios de comunicación, no sabemos si hay más casos, pero desde luego estos son extraordinariamente significativos y graves, y usted no ha dado ninguna respuesta hoy
en esta comparecencia. Usted sabe perfectamente que el preso al que nos estamos refiriendo estaba imputado y procesado, no estaba aún sentenciado. Además si oyó, las declaraciones del propio presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional en la que estaba siendo juzgado, este preso se encontraba en situación de régimen cerrado, es un preso que debía estar sometido al régimen de aislamiento, y que no sabemos por qué razón es enviado de la cárcel de Madrid II a la cárcel de
Castellón, la cual tiene un módulo de aislamiento no mecanizado, como pueden tener Zuera u otras cárceles como Aranjuez, y tiene acceso a un patio en el que es golpeado y en el que es agredido por otros reclusos, es decir, está en contacto abierto
con otros reclusos.
Usted dice que no sabe lo que ha ocurrido, que se produce un error administrativo, pero se está incumpliendo el régimen cerrado; se incumple porque esta persona es agredida. Si hubiera estado en un módulo cerrado y aislado,
seguro que nadie lo habría agredido, a no ser que se produjera una autolesión. Las respuestas no las dio usted en su momento, esa investigación interna nosotros no la conocemos y, sin duda alguna, nosotros entendemos que son casos graves y que
desde Instituciones Penitenciarias, ustedes no aplican el rigor necesario al cumplimiento de los regímenes cerrados.



Permítame también que me refiera aunque ya mi compañero aquí presente también lo hizo y se lo hizo al propio ministro del Interior, la pregunta en concreto sobre lo que ocurrió y sobre la actividad programada que ocurrió en la cárcel de
Albolote, con respecto a 14 presos etarras.
Señora directora general, nosotros entendemos que se está dando un trato de favor a los presos etarras y no entendemos por qué lo está haciendo este Gobierno. No sabemos si responde a alguna concesión o
si responde a algún beneficio, tampoco entendemos sus expresiones de ahora mismo, porque los hechos son los hechos, señora directora. Los hechos son los hechos y el propio director del centro dice que se produce otro error administrativo y él mismo
se sorprende, le causa sorpresa lo que se ha producido, por qué van esas 14 personas, esos 14 presos etarras de ese módulo de aislamiento y no van los 17 presos comunes que están también en ese módulo de aislamiento. Esto se achaca a que se produce
una tachadura por parte de un educador; nadie sabe quién los selecciona o no. Además, es la primera vez, según denuncian los sindicatos, que se produce una actividad programada conjunta para hombres y mujeres y de gran magnitud, con un número de
personas superior a cinco miembros, actividad programada en esa piscina del centro penitenciario. Incluso dice el director, Naúm Álvarez, que él lo está investigando, pero que no llega a más, no sabe lo que ha ocurrido, que habrá habido algún error
administrativo, pero que él no sabe qué es lo que está ocurriendo. Mire, señora directora, al margen de las explicaciones que usted pueda darnos, yo creo que tanto los ciudadanos, los medios de comunicación como nuestro grupo parlamentario, están
viendo lo que está ocurriendo, están viendo que lamentablemente se están produciendo beneficios a los presos etarras en las cárceles españolas y estamos viendo también cómo informes de la propia Policía y la propia Guardia Civil nos muestran, esos
beneficios en algunos casos que también denunciamos, como fueron los estudios de la universidad pública vasca, estamos viendo que usted es la que insiste en que eso se siga produciendo. Cuando nosotros gobernamos dejamos de hacerlo para que no se
produjeran esas redenciones, y usted dijo aquí que quería volver a recuperar esa situación.



En segundo lugar, señora directora, referente a los suicidios. Usted ha dicho hoy algo que nos ha alarmado y sorprendido, dice que fuéramos extraordinariamente cautelosos con las noticias, con las informaciones o con la solicitud de
información que pudiéramos dar sobre los suicidios en prisiones porque podría producir un efecto llamada. Eso nos ha parecido, nos ha dicho que actuáramos con una mayor precaución y con un mayor rigor porque esto podría producir un efecto llamada.
Mire usted, señora directora general, no es este grupo parlamentario (que ya desde mayo en sede parlamentaria pidió su comparecencia a raíz de una respuesta en la que usted misma facilitó los datos de las muertes y de los fallecimientos en los
centros penitenciarios y a su vez de los suicidios), sino que es un periódico que no se caracteriza por ser muy próximo a este grupo parlamentario: El País, fecha 21 de octubre, título Peligro de muerte en prisión. Nosotros se lo llevamos diciendo
desde mayo, señora directora general, a usted y al ministro, y nos vienen diciendo ambos que están realizando todas las actuaciones posibles. Aquellas personas, como muy bien ha explicado el señor Olabarría, están bajo custodia de la Administración
central del Estado,


Página 17


es decir, es su responsabilidad la integridad y la vida de esas personas, la responsabilidad de este Gobierno y de esta directora general. El año pasado -conoce usted muy bien los datos- se produjeron 180 muertes en las cárceles españolas,
una cada 37 horas, y en lo que llevamos de estos 10 meses, 171 muertes, es decir, una cada 2 días, señora Directora General, y sólo 60 en este año están causadas por muertes naturales; otras tienen otra causa pero sobre todo suicidios llevamos unos
31. Usted justifica, como siempre, como ya nos lo hizo en la anterior comparecencia, que se produce un aumento exponencial de la población penitenciaria. Hoy no ha dicho cuál era ese incremento exponencial de la población penitenciaria, pero sí lo
hizo en su anterior comparecencia de junio, se refirió de forma expresa -se lo recuerdo hoy porque no me ha parecido oírlo-, a los años 2000, 2001, 2002, 2003, y criticó las reformas legislativas realizadas por el anterior Gobierno. Yo le tuve que
dar los datos y se los tengo que volver a repetir, y lamento que no esté la señora Lasagabaster, porque no son esas las razones. Mire usted, en los años 2000 y 2001, los suicidios fueron 21 y 21; en 2002, los suicidios fueron 25 y en 2003, los
suicidios fueron 28. Es sólo en 2004 cuando, en términos absolutos, se produce un incremento de suicidios de 40, es decir, 12 más que en todos esos años, cuyos incrementos fueron entre 2 y 3 en términos absolutos. No venga usted a explicarnos,
señora directora general, que se produce en función del incremento exponencial de la población penitenciaria porque se demuestra con los números absolutos de suicidios contestados por usted que no es así, lo que usted dice, no los números y
resultados que está dando esta portavoz del Grupo Parlamentario Popular.



Usted hablaba de la situación en Nanclares de la Oca, una situación obsoleta. Nosotros coincidimos con esa afirmación, pero no vemos que haya habido en estos Presupuestos Generales del Estado, especialmente en SIEPSA, y así lo denunciamos,
aportaciones presupuestarias ni reflejos presupuestarios para inversiones en el País Vasco, como tampoco lo hemos visto para Canarias, como tampoco lo hemos visto para otros centros en los que usted, cuando realizaba esas visitas periódicas, sí
estaba prometiendo, pero no estaban justificados en ese presupuesto, aunque ayer se intentó por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista explicar que, evidentemente, cuando se realice esa programación, esa planificación, ese plan de
centros, tan esperado y nunca llegado, lo tendremos. Mire usted, si además de que va creciendo la población penitenciaria porque se cumple la ley -no olvidemos que porque se cumple la ley y porque las personas delinquen-, este Ministerio, y en este
caso esta dirección general, no cumpla con sus obligaciones, es decir, con realizar y trasladar los equipamientos necesarios y las infraestructuras necesarias ni tan sólo la planificación y la programación de la amortización de centros, cuando ya
estamos en el ecuador de la legislatura, evidentemente, señora directora general, el artículo 19 cada vez será una utopía mucho mayor, aunque usted a los inicios de la toma en consideración de su cargo dijo que sería lo más pronto posible una
realidad; no sólo usted no se acerca sino que se aleja con sus propias políticas penitenciarias. Quiero hacer una especial mención a Nanclares.
El propio ministro contesta en mayo a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, contesta en junio
también a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular y contesta en septiembre a varias preguntas del Grupo Parlamentario Mixto, creo recordar, en el Senado. En todas las respuestas dice que ya se ha aprobado un plan de prevención de suicidios,
que sin duda es una preocupación para el ministerio -este grupo cree sinceramente que lo es para usted y que lo es para el ministerio, aunque usted no encuentre las soluciones al respecto-, y le dice que con ese plan y el envío de los psicólogos, la
situación va a verse mejorada en la cárcel de Nanclares de Oca. No sólo no es así, como le ha dicho la señora Lasagabaster y el señor Olabarría, sino que se producen más muertes y se produce un último suicidio en septiembre en la cárcel de
Nanclares de la Oca, más las declaraciones y los ceses de los directores y de los subdirectores, que no hace falta que le repitamos. Le quiero preguntar sobre otra cuestión precisa sobre una de las preguntas del fallecimiento de un abogado en la
celda de prisión de Villabona. No me voy a extender respecto de la misma, señora directora general, puesto que nosotros la habíamos trasladado a pregunta oral en Comisión, dado que la formulamos el 28 de abril de 2005 y no nos habían contestado
hasta el 4 de octubre; ahora sí, ya tenemos la respuesta escrita y por eso damos por contestado ese aspecto específico, pero entenderá que cuando fue trasladada como pregunta oral no teníamos la respuesta, había habido más de cuatro meses de
tardanza en la respuesta del Gobierno, pero la damos por contestada.
No así la que se refiere al fallecimiento de un interno por infarto cerebral, un derrame cerebral, en Soria. Usted ha dicho, señora directora general, que fue atendido por los
facultativos sanitarios y que consta un certificado médico del infarto que se produjo y de la atención a ese interno. ¿Tenía el centro de Soria ese día un médico; tenía un médico ese día? Creo, señora directora general, que ese día no había
médico en la cárcel de Soria. Usted no lo ha contestado, que parece ser que debemos tener información externa a la que usted nos da porque yo he escuchado su respuesta y he visto que usted precisaba muy bien facultativos sanitarios; pero no que le
atendiera un médico, y a una persona que sufre un infarto, evidentemente, no lo va a atender un asistente o un enfermero, sino que lo debería atender un médico, que es lo que corresponde. En esos momentos en Soria no había médico, es lo que
nosotros creemos, y no lo pudo atender nadie, no se produjo la sustitución de ese médico, no lo pudo atender ningún médico, señora directora general, ningún médico, a no ser que usted nos demuestre que lo atendió ese médico, nos aporte el libro de
servicio y nos aporte el certificado médico conforme fue atendida esa persona, porque nosotros entenderíamos como grave, señora


Página 18


directora general, que las cárceles españolas no tengan médico y no puedan cubrirse con la rapidez debida las ausencias temporales, por vacaciones o por lo que fuera, de los facultativos médicos para atender con seguridad a las personas que
están bajo la custodia de la Administración General del Estado.



Ya me quedan sólo dos puntos, y la señora presidenta tendrá flexibilidad de esta intervención, dos últimas cuestiones para finalizar. Nosotros no habíamos solicitado la comparecencia para que usted explicara la situación en la que se
encuentra el recluso, el señor Vera, esa flexibilidad del artículo 100.2 y, sobre todo, lo que entendemos que es un peligroso antecedente para que personas que están en segundo grado puedan gozar de situaciones flexibles, casi similares a un tercer
grado, en este caso son actuaciones y salidas temporales durante la semana. Nos parecen altamente preocupantes, como afirmaciones que ha hecho usted, cuando se refería a los suicidios, diciendo que usted había dicho en el discurso de la Merced que
la sociedad no puede obligar a los responsables de Instituciones Penitenciarias a tener todo aquello que la sociedad no quiere; nos ha parecido como una justificación. Cuando usted es responsable de un grupo parlamentario sí que exige
responsabilidad a la Administración, como era su deber cuando usted ejercía este cargo, y ahora parece que cuando usted tiene la responsabilidad de luchar contra esos suicidios, usted se justifica diciendo que no puede hacer más de lo que hace y que
los resultados son francamente insuficientes porque no se puede hacer más de lo que se hace. Usted afirma que a esas 10.000 personas que están en situación de enfermedad no las puede poner en la calle, parece una afirmación extremadamente frívola y
superficial para una responsable de la administración, en este caso de Instituciones Penitenciarias. Esas personas, aunque se encuentren en situación médica, aunque estén enfermos, aunque tengan determinadas patologías, drogadicciones, han cometido
actos delictivos y, en un Estado de derecho, se tiene que cumplir la ley, en un Estado de derecho esas personas están bajo la custodia de la Administración del Estado y su obligación es garantizar su seguridad y garantizar también que estén
cumpliendo las penas como preceptúan los juzgados.



Con respecto al régimen del señor Vera, señora directora, usted misma se ha anticipado, que ya se ha anticipado al decir que hay otras situaciones y que hay una media mensual de 75 personas a las que se está aplicando ese tratamiento
individualizado y personalizado. Yo tengo una relación de los CIS, tanto de Salamanca como de Zamora, dependientes del centro penitenciario de Topas, de un total de unas 25 personas, aproximadamente, a las que les concede esa situación de
flexibilidad del artículo 100.2, y parece ser que todas estas personas, algunas de ellas, son responsables importantísimos de narcotráfico, narcotraficantes gallegos, personas que han cometido homicidios y asesinatos y que están en esta situación de
flexibilidad del artículo 100.2. Esta es la resolución, señora directora general, y nosotros no creemos que se esté realizando tratamiento individualizado y personalizado de cada una de ellas; le pedimos que nos aporte el tratamiento
individualizado y personalizado como preceptúa el artículo 100.2, porque estamos viendo que no hay medios suficientes para hacerlo y además tenemos información respecto a que no se esté realizando ese tratamiento individualizado y personalizado, y
usted está poniendo en la calle con estas medidas, a través de este artículo 100.2, a personas que realmente tienen una gran peligrosidad. En este caso recogería lo que ustedes interpretan como no peligrosidad, nosotros sí entendemos que son
personas de extraordinaria peligrosidad. Le hago referencia a lo que su director del centro de Albolote decía, que les habían dejado realizar ese baño de dos horas en la piscina porque eran personas que no tenían peligrosidad, eran presos que no
tenían ningún tipo de peligrosidad. Si el señor Troitiño con 794 años de condena tiene menos peligrosidad que un preso común, a lo mejor usted interpreta que también estos señores a los que se les ha aplicado el artículo 100.2 son personas que no
tienen peligrosidad ni peligro de reincidencia. Nosotros sí lo creemos y le exigimos una respuesta sobre esto. Y como le decimos a su vez que el precedente que ha generado con el señor Vera de permitir que porque se encuentre en soledad y con
depresión se valore y aprecie su situación nos parece realmente que no es el rigor jurídico aplicable. Además, nos da mucho que pensar que todas las personas que estaban incursas en procedimientos referidos a los GAL, como bien ha dicho la señora
Lasagabaster, estén fuera de prisión, y en el caso del señor Vera con muchísima rapidez y con un procedimiento que genera precedentes muy peligrosos para el resto de presos que están en situación de grado uno.



Respecto a los ceses de los directores, en particular el de Lugo-Bonxe, y en cuanto al último apartado, el de la publicidad de los datos que usted daba, verdaderamente parece que en su dirección general no aprenden. No voy a volver a hablar
del cese de los directores porque ya lo comentamos, usted como directora tiene la capacidad de determinar su cese o nombramiento, pero nosotros preguntamos por los criterios de profesionalidad enlazándolo con la segunda solicitud de información, la
del director del centro de Lugo-Bonxe. Quisiera saber, señora directora general, si es cierto que cuando el director del centro de Lugo-Bonxe venía a una reunión convocado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias fue cesado
telefónicamente y no llegó a esa reunión.
Querríamos saber cuáles eran los motivos profesionales, los motivos de mérito y capacidad o los motivos que usted tenía para cesar a esa persona y por qué al día siguiente se le llama y se le dice que está
incorporada otra vez en su cargo; si es que es así esa información, señora directora, pues a lo mejor usted tiene información más precisa y rigurosa sobre esa situación pero así es como a nosotros nos la ha trasladado directamente el director del
centro que estamos ahora mencionando: que al día siguiente se le comunica


Página 19


que se le sigue manteniendo en su cargo. No solo se produjo una purga sino un error gravísimo como éste. No sé por qué a una persona que se está acercando a una reunión se le cesa cuando llevaba muchos años en el cargo, usted lo ha dicho,
desde 1986, y al día siguiente se le reincorpora de forma automática. Además, señora directora, hace un año realizamos una crítica sobre la publicidad de los directores que eran nombrados, cesados o cambiados de centro penitenciario. Recuerdo que
se encontraba el ministro en París y ustedes contestaron que el tema de la publicidad era secundario, que no se había incumplido la ley ni las resoluciones de los años 1996 y 1997. Tuvieron que sacar una nota suya diciendo que eran puestos de libre
designación y que las resoluciones de la Dirección General de Administraciones Públicas de 14 de marzo de 1996 y de 13 de julio de 1997, que dicen que se debe dar publicidad a los nombramientos de todos los funcionarios, sin embargo, en cuanto a los
funcionarios de Instituciones Penitenciarias, debido a la situación específica que sufren puesto que están con personas que han delinquido, que han cometido delitos, y que necesitan una especial seguridad y la no publicidad de sus datos personales,
familiares ni de localización, se dice en estas dos resoluciones que en estos casos no se dé publicidad de sus nombres y que se adjunte un número identificativo o una resolución que conste en el tablón de anuncios. Ustedes justifican que se había
dado ya publicidad en el Boletín Oficial del Estado de esos directores de centros porque habían sido nombrados por el procedimiento de libre designación, y porque además son personas que de sus funciones es fácilmente deducible que sean muy
conocidas en los centros y en las provincias en las que van a realizar su trabajo porque tienen representación y relaciones con autoridades, organismos, entidades y medios de comunicación. Vamos a estar de acuerdo con usted, aunque las resoluciones
establecen la no publicidad en los supuestos de libre designación y de procesos selectivos por concurso. Pero ahora tenemos una oposición a ayudantes de Instituciones Penitenciarias en la que ustedes -no lo decimos nosotros- dan publicidad de esos
nombres. Y no solo eso, señora directora, sino que como ustedes son tan eficientes y tan eficaces publican las respuestas de una oposición de prisiones en internet antes de que se hayan hecho los procesos selectivos. (Denegaciones de la señora
directora general de Instituciones Penitenciarias.) Yo le digo que ha podido aprobar un gran número de personas porque tenían acceso a esas informaciones, con lo cual se traslada aquí la eficiencia y la eficacia que les caracteriza Pero no solo eso
sino que el sindicato CSI-CSIF denuncia y revela que publican la identidad de esos opositores. Pues fíjese lo que nos contestan ustedes: Esta resolución -es decir que van a cumplir las resoluciones de 1996 y 1997 y no van a dar publicidad de esos
nombres- será siempre respetada por esta Dirección General de Instituciones Penitenciarias, porque poco tiene que ver con el conocimiento general de la identidad de los directores de los centros penitenciarios ya que estos son cargos de libre
designación; no será así cuando se trate de funcionarios por oposición. O sea que ustedes incumplen hasta sus propios comunicados, señora directora. ¿Están colgados en el tablón? Usted explicará lo que quiera pero esos nombres están en la web
del ministerio. No lo digo yo. El representante del CSI-CSIF de la sección de organización de Córdoba, señor Fernando Rebollo, dice que están publicados en esa web y que sus actuaciones son una temeridad ya que se pone a los trabajadores en el
punto de mira y tenemos a una directora general que obvia la seguridad de los funcionarios. No se lo dice solo este grupo parlamentario; uno de los sindicatos mayoritarios dice que obvia usted la seguridad de estos funcionarios.



Señora directora general, nosotros ciertamente lamentamos tener que haberle dicho que ustedes no aprenden ni mejoran. Estamos como estábamos o peor. Y verdaderamente no sabemos si usted es buena compañera de viaje del señor presidente del
Gobierno porque lo que vemos en los casos de los presos como Abu Dahdah, que ustedes están siempre investigando y en los que se producen siempre errores administrativos, en los casos de los suicidios, que se incrementan y a los que ustedes no dan
respuesta y no pueden solucionar el problema, en los casos de la aplicación del artículo 100, que no sabemos por qué se aplica a determinadas personas y a otras no y cómo se realizan los seguimientos, y en los casos de la publicidad de los
funcionarios, en los que usted pone en riesgo la seguridad de los mismos, este grupo parlamentario entiende que usted no está cumpliendo con sus obligaciones debidamente y como en otras ocasiones le hemos pedido la dimisión en ésta no lo vamos a
hacer porque, aunque sea lamentablemente nuestra responsabilidad actuar en servicio y defensa de los derechos de los ciudadanos, que usted siga actuando y trabajando con errores de estas características ciertamente le decimos que para nosotros usted
es cada vez más una compañera de viaje muy buena para el señor presidente del Gobierno.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por los grupos que no han presentado iniciativa la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Escudero.



La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Ya veo que el Grupo Popular no cambia el tono ni una sola vez, cuando como dicen en mi pueblo tendría por qué callar porque en una parte de la situación de los centros penitenciarios y de todo el sistema
penitenciario tiene mucho que ver la política del Partido Popular, como todos sabemos, pero voy a empezar mi intervención tal como tenía previsto.



Bienvenida, señora directora general. Nos convoca de nuevo la situación de los centros penitenciarios del País Vasco, como ha ocurrido en numerosas ocasiones en esta legislatura dada la difícil situación en que se encuentran los centros de
Martutene, Basauri y Nanclares de la Oca, y muy especialmente nos convoca esta última en la que


Página 20


se ha producido una desgraciada serie de muertes de reclusos. La situación de las cárceles ubicadas en el País Vasco ha sido motivo de preocupación de todas las instituciones implicadas, el Gobierno y el Parlamento vasco, el Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Vasco en las Cortes Generales y sobre todo el Gobierno, que tiene la responsabilidad de ocuparse en la mejora de todos los extremos que, como siempre en lo referido al sistema penitenciario, es una situación difícil y
compleja que abarca asuntos de infraestructuras, condiciones de habitabilidad, atención a la salud de los reclusos, programas de tratamiento, etcétera. Señora directora general, quien más ha actuado para resolver los graves problemas que aquejan a
las cárceles vascas es la dirección general, claro que todos sabemos que es su obligación y su responsabilidad; pero mi grupo considera de justicia reconocer el gran esfuerzo realizado desde que usted asumió la dirección general hasta ahora, lo que
ha supuesto una mejora significativa de la situación heredada. La mejor prueba de lo que estoy diciendo puede verse en el proyecto de presupuestos del Ministerio del Interior y especialmente en los de la dirección general, con un incremento de casi
el 14 por ciento, y también en el presupuesto de Siepsa.



Respecto de la situación específica de Nanclares de la Oca, conocemos las actuaciones puestas en marcha por su departamento, que han supuesto que el Gobierno vasco reconozca que ya ha comenzado a resolverse la situación mediante la
implementación de una serie de medidas entre las que destaca la limpieza general de la prisión y el plan de prevención de suicidios.
Ha comentado usted también en su intervención que se ha reducido el número de reclusos de la prisión alavesa, de
760 a finales del mes de septiembre a los 680 a finales de octubre, y que en breve se iniciarán mejoras en las infraestructuras que, como se sabe, son imprescindibles; usted ya ha anunciado algunas obras menores y otras están pendientes del
presupuesto de 2006. Igualmente ayer tuvimos conocimiento de que hoy mismo mantendrá una reunión con el Ararteko para tratar el problema de las cárceles vascas y para establecer mecanismos de coordinación con el fin de que esa colaboración entre
las diferentes instituciones implicadas redunden en la mejora de los centros penitenciarios vascos.



Respecto de los suicidios empezaré diciendo, como también se ha comentado por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, que la legislación impone a los centros penitenciarios la obligación de velar por la vida, la integridad y la salud de
las personas privadas de libertad; viene recogido en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 y también en el artículo 4.2 del Reglamento penitenciario de 1996. Para cumplir con esta responsabilidad, el Ministerio del Interior
tiene muchísimas dificultades relacionadas con problemas estructurales del sistema penitenciario, que los hay, como son el deterioro de las instalaciones, el ritmo de aumento de la población reclusa, un 3,2 por ciento en lo que va de año, lo que
produce una sobreocupación de todos conocida de las celdas, gravísimos problemas sanitarios de la población reclusa y también dificultades para aplicar una correcta política de reinserción derivada de todos esos problemas anteriormente expuestos.

Respecto de los suicidios en los centros penitenciarios sus señorías saben, porque el ministro del Interior y usted misma lo han expuesto en diferentes comparecencias en sede parlamentaria, que el Gobierno ha puesto en marcha un programa específico
-también comentado hoy- para acometer esta problemática, que por cierto ha comenzado a aplicarse como experiencia piloto en Nanclares. Al Gobierno le preocupan de forma muy especial los 40 suicidios del año 2004 y los 30 que desgraciadamente se han
producido en lo que va de año. A la situación estructural a la que antes me he referido hay que añadir otras variables internas y externas al sistema: un gran número de reclusos -no tengo el dato exacto porque hay variación, depende de las
fuentes- tiene patologías mentales ya sea por trastornos psiquiátricos o asociados al consumo de droga; el alargamiento de las penas y la necesidad de mejorar la atención psiquiátrica de la población reclusa de forma especializada y coordinada con
los servicios de salud de las comunidades autónomas, etcétera. Desde 1998, con la Orden 16/1998 se venía desarrollando una estrategia en los centros penitenciarios españoles para reducir y evitar los suicidios. Lo que ha hecho la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias en este momento ha sido impulsar un nuevo programa marco de prevención de suicidios. Tal como se recoge en el programa marco, el suicidio se considera una trastorno multidimensional en el que interactúan factores
biológicos, genéticos, psicológicos y ambientales. Es un problema grave de la institución penitenciaria que no solo afecta a nuestro país sino a todos los países europeos, y la directora general nos ha dado datos del número de suicidios el año
pasado en diferentes países de nuestro entorno. Por ello, tal como expuso el señor ministro del Interior en el Pleno del día 14 de septiembre en contestación a la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto, se ha activado un programa marco
de prevención de suicidios en los centros penitenciarios. Por más planes que se pongan en marcha para evitar los suicidios no creo que directamente la institución penitenciaria pueda evitarlos en su totalidad, pero sí podemos -y eso sí que es
responsabilidad del Gobierno- mejorar la vida en los centros penitenciarios aumentando los programas individualizados de tratamiento, especialmente los relacionados con la inserción laboral y también con la construcción de nuevos centros previstos
en el nuevo plan de infraestructuras, del que le pregunto cuándo va a ir al Consejo de Ministros, porque sabemos que está prácticamente ultimado -hemos tenido noticia por los medios de comunicación- y no solo este grupo sino todos los grupos
parlamentarios, la sociedad española en su conjunto, y sobre todo quienes estamos más directamente relacionados con la política penitenciaria estamos interesadísimos en que ese plan vaya cuanto antes al Consejo


Página 21


de Ministros. Usted ya refirió en su comparecencia sobre los presupuestos en esta misma Comisión que se había previsto en ese nuevo plan de infraestructuras respecto del País Vasco un nuevo centro penitenciario en San Sebastián -según tengo
entendido ya están los terrenos cedidos por el ayuntamiento- y tres nuevos centros de inserción social en Euskadi que a mi modo de ver van a mejorar considerablemente -y así lo esperamos todos- la situación de los centros penitenciarios y la
política penitenciaria en el País Vasco.



Me voy a referir por último al punto 4 del orden del día porque me parece que es un tema no siempre sujeto solo al rigor sino a intereses de otra índole. Es conocido de todos que el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, los ministros
de Justicia e Interior y usted misma, en sede parlamentaria y en los medios de comunicación, han reiterado que no hay cambios en la estrategia penitenciaria respecto a la organización terrorista ETA. También es verdad que incidentes como el
ocurrido en Albolote (al que me voy a referir muy por encima porque es el centro penitenciario de mi provincia y he tenido conocimiento de primera mano por el director que fue un incidente contado exageradamente y que obedece a la más absoluta
normalidad del funcionamiento interno de los centros), ha sido exagerado, aumentado y desde luego utilizado de manera interesada para intentar explicar lo que no es verdad. Se usa para decir que hay una política de favor hacia los presos etarras,
lo cual me parece una falta de responsabilidad absoluta porque de eso no hay absolutamente nada.
Usted ha reiterado en su comparecencia de hoy que hay un cambio respecto de la política penitenciaria con los terroristas islamistas que obedece,
básicamente, a cumplir de manera muy escrupulosa las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión del 11-M respecto de la política penitenciaria. Todos recordamos la comparecencia del señor ministro para explicar las conclusiones, cómo se
estaban desarrollando las conclusiones de la Comisión del 11-M, y hay una proposición no de ley al respecto. Por tanto, el gran esfuerzo que se está haciendo en la contratación de los traductores de lengua árabe y el control exhaustivo que se está
llevando en este sentido me parecen clarificadores de que se está cumpliendo con las obligaciones y las recomendaciones que esa Comisión dictó respecto de los inculpados por delitos de terrorismo islamista.



Por último, señora Sánchez-Camacho, se ha convertido ya en una tradición que esta portavoz le recuerde que la política penitenciaria es una política de Estado y que siempre le haga una llamada a la responsabilidad. Es verdad que detrás de
su manera de exponerlo, cuando se indaga un poco en los planteamientos y en lo que dice no hay nada, pero hay una manera muy exagerada y alarmista y en un momento hasta una falta de respeto a la directora general, a la que hoy incluso ha llegado a
llamar frívola. Le ruego que se calme un poco, que recuerde que estamos ante una política de Estado y que sea usted responsable porque estamos tratando temas muy delicados que generan en la sociedad española una necesidad enorme de consenso por
parte de quienes tenemos responsabilidades políticas.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para responder la directora general.



La señora DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Por el orden de las intervenciones, aunque no está la señora Lasagabaster quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' mi respuesta a algunas de las cosas que ha
dicho. No tengo ningún comentario que hacer a la afirmación de que la Administración tiene una responsabilidad evidente sobre las personas que están bajo su custodia. No solo comparto esta idea sino que además creo que tenemos que hacer el máximo
esfuerzo para garantizar el derecho no solo a la vida sino también a la salud y para mejorar, si es posible, la situación de las personas que están bajo nuestra custodia. Creo sinceramente que lo estamos haciendo y estamos consiguiendo resultados
muy positivos en todos los ámbitos. Pero es verdad que todavía faltan muchas cosas por hacer y que mientras haya un único fallecimiento en prisión consideraremos que no estamos haciendo todo lo necesario para tratar de evitarlo. Es verdad también
que no se solventan estas situaciones con planes de choque y yo he tratado de explicarlo. Tenemos una realidad muy compleja en la que influyen muchos elementos y es difícil saber cuáles de ellos son los determinantes para que se produzca una u otra
situación personal. Es muy difícil entrar en la mente de cada persona y saber lo que le mueve en un momento determinado a tomar una decisión tan terrible como quitarse la vida.
Sinceramente creo que la dejadez en el mantenimiento, la limpieza y el
orden de un centro tienen poco que ver con los suicidios; tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con las condiciones de habitabilidad de ese centro, con la higiene y con determinadas prácticas. También quiero hacer una precisión porque no
me gustaría que se sacase una idea distorsionada. Cuando decimos que un centro no tiene la limpieza y el orden adecuados no nos estamos refiriendo a que no se produzca una limpieza diaria, sino a que no se hace una limpieza a fondo y a que los
centros viejos, sobre todo si han estado dejados durante muchos años, requieren intervenciones mucho más potentes; igual que en una casa cuando lo único que se ha hecho durante muchos años ha sido barrer, pues el día que hay que hacer una limpieza
a fondo hay que hacer bastantes más cosas.
Respecto a que si hubiese más actividades en un centro se evitarían ideas negativas por parte de algunas personas, probablemente sí. Yo no lo sé, no puedo estar segura de eso, pero como sí creo que estar
ocupado durante la mayor parte del día es un elemento que contribuye por lo menos a no vivir de manera tan obsesiva la realidad en la que uno está, estamos esforzándonos también por abrir ese ámbito de actuaciones y por incrementar todo lo posible
las actuaciones en ese terreno.



Página 22


Decía la señora Lasagabaster que la Administración penitenciaria no puede hacer un análisis pormenorizado de cada una de las personas por la saturación del sistema. Quiero decirle que no es justo decir eso, y no es justo porque es un
principio en nuestra institución y un principio que yo estoy muy empeñada en que se mantenga el del tratamiento individualizado de cada una de las personas que están en esta institución. Los profesionales de esta casa son muy conscientes de que
deben hacerlo y están haciendo un sobreesfuerzo para que sea así. Yo lo quiero reconocer, y quiero que no exista la impresión de que porque hay más personas en el sistema de las que debería haber los profesionales no las atienden debidamente.



No es razonable que demos una visión tan catastrofista del sistema. No tengo ningún interés en ocultar sus deficiencias, soy la primera que cuando voy a los centros y veo algo que no funciona bien lo digo y pongo las medidas a mi alcance
para que se resuelva, pero sinceramente no tenemos una situación tan catastrófica como la que se dibuja.
Próximamente esta Comisión va a visitar un centro penitenciario nuevo, pero les voy a proponer que inmediatamente después hagamos una visita a
un centro penitenciario de los viejos, y que lo elijamos metiendo las bolas en un bombo para que salga el que sea, y a partir de ahí hagamos el ejercicio de comprobar cuántas de las obras de los últimos 10 años se han hecho en los dos últimos y
cuántas en los ocho años anteriores, del centro que elijamos, para contrastar los datos con la realidad, porque lo demás es literatura o demagogia.



Estoy de acuerdo con la reflexión que hacía sobre la condición de las mujeres recluidas. Es una preocupación también de esta directora general porque el hecho de que sean una minoría en nuestro sistema -saben que apenas el ocho por ciento
de la población reclusa son mujeres- a veces esa situación de minoría les lleva a no poder participar en la misma medida que los hombres de algunas actividades. Creo que eso no debe ser así. Estamos desarrollando por primera vez en esta
institución políticas de género para que las mujeres tengan iguales oportunidades, para que en ocasiones se hagan actividades conjuntas dentro de los centros o para actividades específicas dirigidas a las mujeres.



Querría decirle a la señora Lasagabaster, aunque ya lo hemos manifestado en otras ocasiones, sin entrar en cuestiones más políticas en este terreno como lo que se refiere a la transferencia, querría decirle que no necesariamente la patente
sobre el mejor diseño de los centros penitenciarios en el País Vasco o en ningún otro sitio lo tiene la comunidad autónoma. Me permitirán sus señorías que presuma de que quienes hemos estado gestionando este sistema durante tanto tiempo algún
criterio tenemos para saber cuál es la mejor manera de resolver los problemas que el sistema tiene y para dimensionar los centros de una manera acorde a las necesidades de cada comunidad autónoma o cada provincia. Ya he dicho en más de una ocasión
-no me importa repetirlo- que hemos variado también esa filosofía que tendía a hacer grandes centros en lugares donde no había población penada. Nosotros somos partidarios de hacer los centros allí donde existe una mayor necesidad y, por tanto, una
mayor cantidad de población penada, y de hacerlos de una manera ajustada a las necesidades del territorio. No estamos pensando en la reedición de un plan en que todo es monolítico y todos son grandes centros. En algunas zonas necesitamos grandes
centros, que tienen algunos inconvenientes pero también algunas ventajas, y en otras no. Aprovecho para decir a la señora Escudero, que me preguntaba cuándo va a ir al Consejo de Ministros el nuevo plan de centros, que no le puedo dar la fecha
exacta porque yo no hago los órdenes del día del Consejo de Ministros, pero sí puedo decirle que la tramitación está terminada y pendiente solo de incluir en el orden del día. Yo creo que con toda seguridad en las próximas semanas será aprobado y
que ese nuevo plan de centros diversifica las opciones.



Contesto también sobre don Rafael Vera, comparecencia solicitada por el grupo Mixto que decía que el modo flexible viene derivado de un análisis individualizado que no se hace con todas las personas. Pues yo quiero decirle que no es cierto,
que a todas las personas se les hace un análisis individualizado de su circunstancia y que todas las juntas de tratamiento, a la hora de determinar el grado de clasificación y las condiciones en las que se debe dar ese cumplimiento, lo hacen de
manera individualizada a pesar de que el sistema esté masificado. También he dicho que se aplica un régimen flexible a otras personas, que no es un caso excepcional; que hay muchas personas que tienen ese régimen flexible. Hacía un recuento de
que en el último mes había habido 75 personas en esa circunstancia; pero ello no quiere decir -y lo repito porque quizá no se entiende bien- que todas las personas con problemas sean susceptibles de disfrutar de condiciones flexibles. Las juntas
de tratamiento valoran la seguridad y el riesgo de reincidencia que tiene cada una de las personas sobre las que se aplican estas condiciones y, obviamente, si no se reúnen determinados requisitos es muy difícil. Pero quiero tranquilizar a sus
señorías si tienen la duda de que no se trate en esta casa individualizadamente a la gente. Creo que algunas de sus señorías, quizá no de las presentes pero desde luego sí de los diputados de esta casa, saben que desde la dirección general se
atienden de manera individual todas las sugerencias y las demandas que cualquier interno presenta. Otra cosa es que podamos dar solución satisfactoria a todo lo que se nos pide, y sobre todo cuando se trata de traslados es bastante complicado
porque tenemos algunos centros muy saturados. En la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, desde que yo llegué, hay una línea caliente de atención a todas las personas reclusas. Recibimos cientos de cartas dirigidas a la directora
general que no solo se contestan sino que se tramitan. Todo aquello que cada persona solicita se tramita y se busca la manera de


Página 23


atender individualmente los problemas que nos trasladan.



Estoy de acuerdo también en que no hay plan de choque que sea capaz de acabar con los suicidios. Ojalá fuese así de fácil, decir que vamos a hacer un plan y con este plan conseguiremos este objetivo, pero lamentablemente nos enfrentamos a
un problema mucho más difícil, como es obvio constatar. El señor Olabarría decía que mi intervención ha sido poco autocrítica y que parece que pienso que los suicidios son inevitables fatalmente. Yo no pienso eso. Lo que yo pienso -y podemos
hacer el día que quieran una sesión monográfica sobre el tema- es que para intervenir con más eficacia sobre lo que está en la base de este problema debemos pensar en una intervención más diversificada y no solo desde el ámbito penitenciario. Esta
es una reflexión que he hecho en muchas ocasiones y por tanto no voy a repetirla aquí. No quiero decir que una persona que tenga una determinada patología tenga que estar en libertad. Por mucho que explico las cosas a veces siguen sin entenderse.

Yo no digo eso, yo digo que tienen que tener un tratamiento adecuado. Y no siempre el tratamiento adecuado es estar en un centro penitenciario.
Tiene mucho que ver que no haya centros psiquiátricos de internamiento en muchas comunidades autónomas
o que sea muy insuficiente el número de plazas de internamiento psiquiátrico con que haya personas que cometen delitos porque en la base de esa actividad tienen una patología psiquiátrica. Y mientras no queramos ver esa realidad y no actuemos sobre
ella, va a ser muy difícil que consigamos grandes éxitos. Hay problemas importantes en esta institución que reflejan problemas importantes que tiene la sociedad, problemas difíciles, y los problemas difíciles no tienen soluciones fáciles.



Señor Olabarría, mi manera de hacer autocrítica es revisar nuestra actuación y eso es lo que en esta materia hemos hecho desde el primer día. Hemos revisado lo que se venía haciendo, hemos hecho un análisis pormenorizado de todos los
suicidios que se habían producido en el 2004, fruto de ese análisis hemos hecho un nuevo protocolo, porque hemos visto que no estaba desarrollado con precisión el perfil de riesgo que tienen algunas personas de las que están en el sistema, y a
partir de eso, hemos hecho no solo un nuevo protocolo de intervención definiendo los perfiles, sino definiendo muchas cosas más, en un programa de seguimiento y de formación del personal y también, como novedad que hemos incluido dentro del nuevo
programa, de los internos de apoyo. Ustedes saben que el programa de prevención de suicidios tiene un elemento muy importante, que son los internos que apoyan a personas que están en situaciones de riesgo. Nosotros hemos introducido ahora un
elemento nuevo, que es proporcionar formación a estas personas, que hasta ahora solo tenían buena voluntad y que creemos que tienen que tener mejores recursos para poder abordar esa tarea. Esa es nuestra manera de hacer autocrítica, decir vamos a
ver qué es lo que podemos hacer para resolver esa cuestión.
Velar por la vida y la integridad de los reclusos no solo es un precepto legal al que tenemos que responder sino también un imperativo moral y humanitario y desde luego es una
responsabilidad que asumimos totalmente, señor Olabarría. Me ha preguntado también por el director de Nanclares, el que ya no es director de Nanclares. Esta persona ocupa ahora otra tarea en la dirección general. Yo quiero decirles que no es
fácil ser director de un centro penitenciario en el País Vasco, como ustedes se pueden imaginar. Nosotros tenemos excelentes funcionarios, que trabajan con una entrega extraordinaria a esa tarea. La persona que ha estado dirigiendo este centro
penitenciario ha dejado los mejores años de su vida en esa tarea y yo no tengo ningún reproche que hacerle. Ahora va a ocupar otro puesto de responsabilidad, porque es lo mejor para él, para la institución y para ese centro, y sin más, porque forma
parte del desarrollo del trabajo que tenemos que hacer. Yo también creo, como usted, que con el hacinamiento hay que acabar, y hay que acabar con contundencia, ha dicho usted, pero es muy difícil hacer eso en poco tiempo. Hemos trabajado por hacer
un plan de infraestructuras que nos ayude a abordar mejor esa tarea. Yo, que soy muy confiada, confío en que la población reclusa no se vaya incrementando, pero hasta ahora no tengo mucha suerte en mis predicciones, porque, aunque el incremento es
algo menor, la verdad es que no solo se ha producido en este tiempo un incremento cuantitativo -este año en torno a un 3 por ciento- sino también un incremento cualitativo de personas que presentan una complejidad específica o que necesitan una
situación penitenciaria específica. Eso ha complicado mucho más nuestro sistema, porque si tenemos que tener más módulos de régimen cerrado, eso hace que haya determinadas zonas de un centro penitenciario que no sean utilizables en su totalidad y
que el resto de las zonas tengan que estar más ocupadas.



Le voy a dar un dato; les ha dado la cifra última, que es ya muy cercana a 53.000 personas en este momento en nuestro sistema penitenciario dependientes de la Administración Central del Estado, pero hace unas semanas yo pregunté cuántas
personas habían pasado en el año 2004 por nuestro sistema penitenciario. El número de 53.000 es una foto fija, pero es una foto que solo sirve para un día, al día siguiente a lo mejor hay las mismas personas pero pueden no ser las mismas,
seguramente, porque cada día entran unos y salen otros. La cifra es 87.000 personas; en el año 2004 pasaron 87.000 personas por nuestro sistema penitenciario. Es muy complicado, señorías, ustedes lo saben, trabajar de una manera tranquila y de
una manera intensa y con toda la dedicación posible cuando nos encontramos con unas cifras que adquieren esta magnitud. Esa es una reflexión que nos tenemos que hacer todos; no sirve de nada que me la haga solo yo si no se la hacen ustedes también
y si no sacamos alguna conclusión de esa reflexión.



Hay que mejorar las infraestructuras, también por supuesto de los centros del País Vasco. Hay que mejorarlas, pero también nos tenemos que preguntar si lo que


Página 24


tenemos que hacer es reformar las viejas infraestructuras o renovarlas. En el caso de Martutene, por ejemplo, hemos tomado esa decisión, que hay que renovar ese centro, que no vale hacer grandes obras, porque tiene unas condiciones muy
negativas. Yo no descarto tampoco que haya que renovar Nanclares, no lo descarto. En el plan de centros que vamos a presentar no es quizás la prioridad mayor en este momento, pero yo no descarto esa posibilidad, porque hay veces que es muy difícil
reconvertir las infraestructuras en algo que responda a las necesidades que tenemos en este momento y sobre todo a los criterios que tenemos.



¿Influye negativamente la situación de alejamiento de su entorno de algunos presos? Ya ve usted que no obvio ninguno de los comentarios que me ha hecho. Seguro que sí, seguro que uno está mejor si tiene a su familia cerca, sobre todo si
tiene una familia que le apoye, que no siempre sucede, no siempre se tiene la familia cerca, pero a veces se tiene la familia cerca y eso no constituye un apoyo. No siempre es posible estar cerca de casa. Por diversas razones, en algunas ocasiones
porque no hay suficientes plazas allí donde uno vive. Aquí tenemos el problema sangrante, que yo vuelvo a decir una vez más que es la prioridad que tiene esta dirección general en esa materia, que es el tema de Canarias. Tenemos más de 1.000
personas con residencia y arraigo en esa comunidad autónoma repartidas por centros penitenciarios de la península y es muy complicado que mantengan unas relaciones familiares estables y continuadas. En otras ocasiones no es posible, porque hay una
política de dispersión de personas que forman parte de bandas organizadas. La política de dispersión, señor Olarbarría, se lo digo una vez más, no es sinónimo de alejamiento. Yo no lo entiendo así ni querría que fuera así.
Lo que pasa es que la
dispersión requiere que las personas estén repartidas en diferentes centros y los centros están ubicados en distintos sitios. La política de dispersión es política antiterrorista y es una política que, mientras existan bandas armadas que
desarrollan una actividad delictiva, nosotros tenemos la responsabilidad de mantener.



Paso a contestar a la señora Sánchez-Camacho, que la verdad es que hace unas intervenciones, y en particular la de hoy, con tantas exageraciones, tantas distorsiones y tanta demagogia, que yo creo que no puede ser fruto de la ignorancia; yo
le voy a demostrar qué poco tienen que ver con la realidad. varias de las cosas que me ha dicho. Esa exageración es tan absurda como impropia, se lo digo sinceramente. Yo he sido portavoz de mi grupo en esta materia y le recomendaría que se
leyese usted las comparecencias que yo tuve con dos ministros del Interior, con el señor Acebes y con el señor Rajoy, sobre el tema de suicidios. Solo le digo que se las lea y que se vea usted en mi espejo. Seguro que hay cosas que no hacemos
bien, pero seguro que no todas las cosas las hacemos mal. No por decir mil veces que una cosa no es verdad, esa cosa se convierte en verdad, aunque sí que es posible que se consiga confundir a alguien. Y obviamente eso es lo que parece que se
persigue.



Sobre el tema de seguridad en las cárceles, que es de lo que usted ha empezado a hablar es asombroso que usted nos reproche que no hayamos tomado medidas suficientes, cuando es público y conocido por todo el mundo cómo se han incrementado
las medidas de seguridad. Lo hemos explicado detalladamente en el entorno de la comisión del 11-M y en otras comparecencias a las que me remito. En todo caso, no se me ha interpelado sobre esto, porque le hubiese podido inundar a usted de detalles
y de datos. Se me ha interpelado sobre una cuestión concreta, que es el incumplimiento del régimen de aislamiento de reclusos etarras e islamistas, y yo he contestado creo que adecuadamente. No se ha incumplido ningún régimen ni se ha vulnerado el
régimen cerrado, ni en el caso de Abu Dahadah ni en el caso de Albolote. Y no he respondido porque no me ha preguntado usted por eso. Voy a empezar por Albolote. En Albolote hay una piscina, la piscina la utiliza la población reclusa por turnos,
y en el centro establecen los turnos como les parece conveniente.
Creo que tienen derecho a utilizarla en los meses de verano, por el reparto que se hace, dos horas cada 15 días. Es una práctica deportiva; no es una práctica de ir a la piscina y
vamos a pasar la mañana allí, sino que se hace con ese carácter deportivo, como la utilización de otras instalaciones deportivas. La manera en que se conforman los grupos depende de cuál sea el jefe de servicio y el criterio que aplique. Este caso
se ha extrapolado diciendo que tenían unos privilegios, como si utilizar la piscina fuese un privilegio. No lo es; la utilizan todas las personas que están en el centro penitenciario, incluidas las que están en régimen cerrado. Las personas que
estaban en un módulo y no salieron ese día, salieron al siguiente, no dejaron de utilizar la piscina, lo hicieron en otro momento.



Voy a decirle otra cosa, para que vea usted hasta qué punto llega la demagogia que usan. Yo he pedido que me informaran, de alguna fecha anterior, en este mismo centro penitenciario de cómo se cursaban las órdenes de dirección. Y tengo
aquí un ejemplo de 13 de noviembre de 2002 de cómo se cursa, por parte de la jefatura de servicio la salida de los internos en primer grado de tratamiento al polideportivo; y está también el listado de los internos de un módulo y de otro módulo, un
módulo diferente, el señor Lasa Michelena, que se incorporaba al módulo, todos pertenecientes a la banda armada ETA, sin ninguna otra compañía, que salían a hacer su práctica deportiva en el polideportivo a partir de las 4 de la tarde, porque
determinaron que era lo más oportuno, como en este caso habrán determinado que es lo más oportuno hacerlo así. Señora Sánchez-Camacho, yo estoy segura de que si estos señores hubiesen ido a la piscina con islamistas que estuviesen en ese módulo,
que seguramente los habrá, nos habrían puesto ustedes verdes porque los etarras y los islamistas se bañaban juntos; o si hubiesen estado con narcotraficantes, hubiesen ustedes


Página 25


dicho exactamente lo mismo. Da igual, la razón da igual. No se ha hecho ninguna cosa diferente de lo que se venía haciendo. ¿De dónde viene el escándalo? ¿De dónde viene el privilegio?, ¿Cuál es el privilegio? ¿Que puedan utilizar una
instalación lo mismo que la utilizan el resto de las personas y en el mismo horario? ¿Por el hecho de que vayan juntos? Esa es una práctica que se viene desarrollando porque al centro le parecerá que, por razones de seguridad, eso es lo mejor.
¿Tenemos que entrar en ver cómo se tienen que formar los grupos que van a la piscina en cada uno de los centros penitenciarios?


Paso al caso de Abu Dahadah. Dice: se ha vulnerado el régimen de aislamiento. Es que el señor Abu Dahadah no estaba en régimen de aislamiento, yo se lo he explicado antes pero usted no lo ha entendido.
Dice: se ha vulnerado el régimen
de aislamiento porque salió al patio. El señor Abu Dahadah no estaba en régimen de aislamiento, estaba en régimen cerrado, y las personas cuando están en régimen cerrado salen al patio, porque si no estarían en aislamiento. Y en aislamiento no se
puede estar mucho tiempo, señora Sánchez-Camacho, porque eso afecta a la estabilidad psíquica de cualquier persona y por lo tanto no se puede estar permanentemente en aislamiento. El centro penitenciario de Castellón, donde estaba esta persona, aun
sin disponer de un módulo específico de régimen cerrado -leo el informe que me hacen de la inspección- ha sido utilizado como destino de personas incursas en delitos de terrorismo desde el comienzo del programa de dispersión de internos de ETA. No
se acaba de utilizar ahora como un centro o en el que están personas incursas en delitos y en causas de terrorismo, sino que se ha venido utilizando siempre. Con el anterior Gobierno, con el anterior, con el anterior y con este. En todo este
tiempo no se ha producido ningún incidente significativo. El régimen cerrado aplicado en el centro de Castellón a los internos en primer grado es idéntico al del resto de centros penitenciarios, en cuanto a horas de patio y limitación de
actividades en común, permaneciendo en su celda el tiempo no dedicado a las actividades autorizadas y estando sometidos a control y seguimiento especial. Este señor, el señor Abu Dahadah fue destinado a este centro porque en este centro no estaba
destinado ningún interno implicado en el mismo proceso ni de relevancia en células terroristas islamistas.



La señora PRESIDENTA: Vamos a interrumpir la sesión unos breves minutos.
(Pausa.)


Reanudamos la sesión. Estaba en el uso de la palabra la señora directora general.



La señora DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Por acabar con esta explicación, la razón de que se destinase a este centro al señor Abu Dahadah es que en la política de dispersión, como es natural, hay que
utilizar todos nuestros centros y en este centro tradicionalmente siempre ha habido personas en régimen cerrado, nunca ha habido ningún problema y nada hacía prever que fuera a haberlo.
Efectivamente, hubo una agresión, este interno ya estaba en el
centro previamente, no había tenido ningún problema, estaba desde febrero de 2005 y, una vez que finalizó el juicio, reingresó el 11 de julio, y sufrió, como ustedes saben, una agresión, fruto de una acción programada por un grupo de internos
durante las horas de patio. Y esa agresión tuvo su razón en las noticias aparecidas en televisión como motivo del juicio, en las cuales la imagen de esta persona había salido profusamente. Y quizá sí que hubo en este caso una imprevisión de los
responsables del centro no de pensar que una persona que sale durante tanto tiempo en una pantalla pueda generar alguna reacción negativa. En todo caso, no había habido en el centro precedentes de comportamientos antiárabes o antislamistas. Fue un
hecho que se produjo puntualmente en ese momento: consistió en atraerle al vestíbulo del módulo, donde le rodearon un grupo de internos, que dificultaron e impidieron la intervención inmediata del personal funcionario; a pesar de eso, el personal
funcionario creo que actuó con toda diligencia. Se abrió una información reservada sobre el asunto, que fue provisionalmente archivada, remitiendo las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, en el que se instruyen diligencias
previas por los hechos relacionados.



Los estudios en la universidad del País Vasco. No sé por qué lo ha mencionado usted y ha mencionado irregularidades que en otra época al parecer se dieron, digo al parecer porque tampoco, independientemente de que estén en determinados
informes, supongo que si se acreditan que son así darán lugar a las correspondientes acciones penales o del tipo que sea y yo hasta el momento no tengo noticias de que eso se haya producido, aunque sí conozco los informes que dicen que existieron
esas irregularidades, todas ellas, como le he dicho antes, mientras usted intervenía, anteriores al momento en el que este Gobierno tiene la responsabilidad en Instituciones Penitenciarias. En este momento usted sabe que no se cursan estudios a
través de la universidad del País Vasco.
Nosotros sí hemos planteado que los internos pudiesen cursar los estudios que no se hacen en la UNED, hemos planteado siempre que tendría que ser con un protocolo de colaboración con la Conferencia de
rectores de universidades españolas y respetando una serie de requisitos que hasta ahora no se tenían en cuenta y una serie de normativas que hasta ahora no existían, para garantizar que la prestación de este servicio se hiciese con todos los
requisitos de legalidad. Y no hemos avanzado nada en ese terreno porque, como usted sabe, por parte de la conferencia de rectores no se ha dado respuesta al planteamiento que les hicimos, ignoro si porque no les pareció adecuado o porque no han
tenido más interés, pero por nuestra parte eso es lo único que hemos hecho. No existe a este respecto en este momento ningún tipo de irregularidad, de ninguna característica, que tengamos constatado. No sé a qué venía esta cuestión.



Página 26


Dice que incumplimos nuestros compromisos. Yo creo que no incumplimos ningún compromiso, no estamos en el ecuador de la legislatura como me ha dicho usted, nos falta todavía medio año para llegar a él, y hemos hecho ya bastantes cosas, pero
en el ecuador de la legislatura yo le digo, señora Sánchez-Camacho, que yo solicitaré una comparecencia, a petición propia, para dar cuenta de los cambios que se han producido en esta institución en los dos años en los que hemos estado gobernando en
esta legislatura. En el ecuador de la legislatura le daré a usted la oportunidad de que, con los datos encima de la mesa, hagamos un balance de la actividad que hemos venido desarrollando.



En cuanto al tema de Soria, me pregunta si estaba el médico. No estaba ese día porque era un sábado, y el centro penitenciario de Soria, como los centros pequeños, no tiene guardias médicas presenciales de 24 horas, sino guardias médicas;
cuando no están los médicos presentes en el centro, porque es su tiempo de descanso, están en situación de localización. En este caso, creo que lo he explicado pero no tengo inconveniente en precisarlo de nuevo, se llamó a urgencias y acudió antes,
lo he dicho, acudió muy inmediatamente de que se produjese la circunstancia, el servicio de emergencias del 112. Acudió a las 11:03, cuando había sido llamado a las 10:50. Hubo una atención de urgencia como hay en cualquier sitio, sea un pueblo,
un barrio, cualquier localidad, cualquier centro asistencial o de internamiento en el que no hay una guardia presencial de 24 horas; hay un servicio de emergencias y de urgencias que funciona y que además en este caso funcionó extraordinariamente
bien. También se llamó al médico del centro, que acudió un poco más tarde, porque fue el que hizo el informe después; a las 11:30, dicen exactamente los datos. Pero la asistencia estuvo garantizada, porque había un servicio de urgencias, que es
lo que debe funcionar. Esto no lo he inventado yo tampoco, que en los centros pequeños no haya guardias médicas de 24 horas; es un criterio que parece razonable, que en un centro pequeño no se tenga una plantilla sanitaria igual, equivalente, a la
de un centro grande y sí que pueda haber una situación de localización. Esta dimensión es la que se le había dado tradicionalmente a este centro, y lo que sucedió es que lamentablemente este hecho sucedió en sábado y en sábado no está el médico en
el centro.



Hablaba usted de mi discurso de la Merced, al que yo he hecho referencia antes también. Obviamente no puedo poner en la calle a personas enfermas porque dice que han cometido delitos y tienen que estar en prisión. Yo, perdóneme, pero no
estoy exactamente de acuerdo con esto. Toda persona que ha cometido delitos no tiene necesariamente que estar en prisión si necesita un tratamiento especializado que en prisión no se le puede dar, y eso no quiere decir que esté en la calle ni que
esté en libertad, sino que tiene que estar en un centro especializado en el que se le dé la atención que se le tiene que dar, sea atención psiquiátrica, sea para seguir un programa de deshabituación de consumo de drogas o sea para lo que sea. No
hay que identificar no estar en un centro penitenciario con estar en libertad. Hay otras formas de cumplimiento de la pena que pueden ser más acordes a la situación, a las necesidades y a las carencias que tiene una persona. Eso es lo que explico
repetidamente.



Ha hecho usted referencia al CIS de Salamanca y de Zamora. Lo primero que tengo que decirle es que no fui yo quien decidió priorizar la construcción de infraestructuras de centros de inserción social en Salamanca y en Zamora, que son unos
sitios en los que hay muy poca población reclusa y, por lo tanto, hay poca población en régimen de tercer grado. Cuando llegué a la dirección general, el único centro de inserción social, de los que en teoría se tenían que haber hecho y haber
puesto en marcha por parte del anterior Gobierno, que estaba abierto era el de Zamora y creo que había dos personas. Sinceramente, en una situación en la que nuestro sistema está tan colapsado, me parece increíble que tengamos un centro nuevo, una
infraestructura estupenda, con todas las medidas de seguridad, que cumple todos los requisitos y en la que hemos invertido una millonada y que esté con dos personas. Cuando la junta de tratamiento de un centro penitenciario aplica un artículo de
flexibilización, el artículo 100.2 y considera que alguien, aun estando en segundo grado, puede estar en un régimen menos cerrado -no es estar en la calle; es estar en un régimen menos cerrado que el de un centro penitenciario- insisto, cuando una
junta de tratamiento decide esto, creo que lo decide razonablemente, porque usted, perdóneme, está acusando a la junta de tratamiento del centro de Topas de prevaricación, es decir, de actuar mal a sabiendas, de aplicar un criterio de
flexibilización que no debería de aplicar, y eso es muy serio, señoría. Usted pide individualización y al mismo tiempo habla de personas que no conoce, de situaciones que no conoce, no sabe, si una persona ha cometido un delito, si lo cometió hace
mucho tiempo o poco, si está al final de su condena o no, si está o no arrepentido, si está siguiendo un programa de tratamiento, si tiene algún tipo de patología, no conoce cuál es la situación. Yo tampoco, pero la junta de tratamiento sí, y ella
es la que ha establecido ese régimen de cumplimiento; por lo tanto, yo respeto lo que dice la junta de tratamiento, porque si creyese que actúa con esa irresponsabilidad y con esas frases gruesas que usted ha adjudicado cuando ha valorado el hecho
de que personas que tenían determinados delitos -que yo desconozco, porque ya le digo que no soy yo quien decide los destinos- estuviesen alegremente puestas en esa situación, estaría atribuyendo a la junta de tratamiento de ese centro una
responsabilidad que me parece gravísima, y tengo que reprocharle que usted lo haga.



En cuanto al director del centro de Lugo-Bouxe, no fue cesado telefónicamente ni se le reincorporó en su cargo. Yo le voy a explicar, señoría, qué es lo que pasó porque efectivamente algo pasó. Pasó algo tan sencillo como que en Lugo hay
dos centros penitenciarios, Monterroso y Bouxe, y cuando se hizo la relación de los


Página 27


nuevos nombramientos, alguien, al transcribir la lista de los centros, los cruzó y puso el nombre de uno en lugar de otro. Tardamos en darnos cuenta del error aproximadamente dos horas. Nadie estaba de viaje y a nadie se le cesa ni se le
confirma telefónicamente. En este caso ni se le cesó ni se le confirmó. Hubo un error material de que al haber dos centros en una provincia, uno iba a cambiar de director y otro no y quien pasó la relación, confundió el nombre de los dos centros.
No pasó nada más. El otro centro fue el que cambiaba de director y este centro no, es así de sencillo.



El tema de la publicidad de los nombres yo se lo he explicado pero usted no me quiere escuchar y se queda con su interpretación. En la página web del Ministerio del Interior salen los datos de las personas excluidas y admitidas en los
diferentes ejercicios, porque tenemos obligación legal de hacerlo y de dar publicidad a eso, porque si no estaríamos actuando con opacidad y la gente no sabría cuándo uno aprueba y otro suspende y por qué razón. Le he explicado en cuántos sitios se
publican las listas de admitidos y de excluidos. Cuando uno pasa a ser funcionario de carrera, esa es la lista que no se publica. Mientras se vienen desarrollando los exámenes, porque tenemos obligación legal de hacerlo, se publican las listas de
admitidos y de excluidos en los diferentes ejercicios, y como sabía que me haría esa pregunta, me he tomado también la molestia de fotocopiar boletines oficiales del Estado del año 2000, de 2001, de 2003 con las listas de admitidos y excluidos,
porque es, señora Sánchez-Camacho, lo que se ha hecho siempre y lo que se debe de hacer, que es sacar las listas de admitidos y de excluidos. Otra cosa es, insisto, sacar las listas de los que finalmente aprueban la oposición; como funcionarios
que van a tomar posesión, no se publica la relación formal porque tenemos esta restricción por razones de seguridad. Se sigue manteniendo así, lo dije en una respuesta escrita y se lo he vuelto a explicar hoy, pero quizá no lo he dicho con
claridad. Las listas que se han publicado son las de admitidos y excluidos de las diferentes fases del examen y lo que no se publica es quiénes acceden al puesto de funcionario, y es exactamente lo mismo que se ha venido haciendo, y también me he
traído la fotocopia de la misma manera que me he traído la fotocopia, de cómo se organizaba el uso de las zonas deportivas en Albolote, para que usted vea que no se hace nada diferente de lo que se hacía. Cuando una cosa se quiere sacar de contexto
y ponerle un titular y decir que se está haciendo algo extraño, si se dice muchas veces, al final habrá alguien que creerá que se está haciendo algo extraño, porque a mí también me han preguntado con este asunto de Albolote que por qué se bañaban
los etarras en la piscina y no se bañaba el resto de la gente, porque al final se hace una distorsión de la noticia. Si se lee la letra pequeña, la noticia no decía eso; decía que si habían ido solos y el porqué de ir solos, pero al final uno con
lo que se queda es con que hay discriminación o un trato de favor. Usted misma ha vuelto a utilizar esa expresión. Trato de favor; trato de favor es cuando uno hace algo que otro no puede hacer. En este caso no hay nada que otro no pueda hacer.
En los turnos de piscina participa todo el mundo, organizados por módulos, y cada uno, como le decía, con una duración de dos horas cada quince días.
La forma de hacer los grupos la decide el jefe de servicio y en este caso decidió de esa forma,
que no es diferente de la forma que se decidía antes. Tengo el papel oficial del centro, y se lo dejaré ver, pero hay nombres de internos y me parece inapropiado sacar sus nombres por ahí, pero, en fin, no tengo el menor inconveniente en que usted
vea esta orden de dirección, que es exactamente igual y quizá hasta sean las mismas personas, porque en este caso, como suelen ser condenas de larga duración, las personas permanecen durante bastante tiempo en un centro.
Yo creo que con esto quedan
contestadas todas las cuestiones.



Quiero agradecer a la representante del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Escudero, como siempre, que reconozca el esfuerzo que se hace desde esta dirección general. Como he dicho antes, no tenemos la patente de hacer las cosas
bien, pero desde luego sí tenemos alguna patente de esforzarnos por hacerlo lo mejor que sabemos. Yo creo también que reconocer las cosas que se hacen bien y criticar las que se hacen mal no debería de ser privilegio de los grupos que apoyan al
Gobierno, y estar en la oposición no debería anular la capacidad de valorar de manera razonable las cosas, pero estamos acostumbrados a que en la vida política esto no siempre es así.



Le agradezco también que se haya leído el programa de prevención de suicidios. He dicho antes que he traído una o dos copias, por si alguien tiene interés, porque la verdad es que hemos dedicado muchos esfuerzos y mucho tiempo a desarrollar
ese programa. Tenemos mucha confianza en que nos va a ayudar, pero sinceramente pienso que crearíamos una expectativa equivocada si pensásemos que se van a acabar los suicidios en el medio penitenciario; ni aunque consiguiéramos poner un ángel de
la guarda detrás de cada uno de los internos las 24 horas del día conseguiríamos acabar con el deseo de algunas personas de quitarse la vida, porque para acabar con el deseo de quitarse la vida hay que hacer cosas bastante mas complicadas y algunas
hasta imposibles. Eso quiere decir que tenemos que esforzarnos por prevenir lo más que podamos y por hacer toda la política de prevención que seamos capaces de desarrollar, pero sabiendo que hay una parte que no podremos evitar nunca, porque se
trata de la decisión personal de cada uno, de todos los factores que influyen en una persona en una situación de este tipo.



Me ha preguntado cuándo va a ir el plan de infraestructuras al Consejo de Ministros y ya le he contestado antes que está tramitado y a punto de incluirse en el orden del día, pero quiero decirle también que aunque no está aprobado todavía,
estamos ya trabajando y estamos adelantando la ubicación de terrenos donde puedan levantarse después los centros penitenciarios, obviamente una vez que se apruebe el plan, pero no


Página 28


estamos a la expectativa solamente del hecho de que el plan esté aprobado.



Le agradezco que reconozca el trabajo que hemos hecho en favor de la seguridad, y la verdad es que hay que ser muy poco razonables y muy poco objetivos como para no reconocer que en este año y medio esta institución, no solo la dirección
general y la directora general, sino toda esta institución ha hecho un esfuerzo extraordinario por que la seguridad del Estado esté mejor garantizada y mejor protegida, teniendo una política penitenciaria más rigurosa respecto a determinados
colectivos de internos. Pero así es la vida. Tampoco venimos aquí a que nadie nos reconozca nada, sino a dar cuentas, que es la obligación de los gobiernos cuando vienen al Parlamento.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora directora.



Si algún grupo parlamentario quiere hacer uso de este turno de réplica, puede hacerlo brevemente. (Pausa.). Tiene la palabra el señor Olabarría por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Gallizo, espero que se haya repuesto de su leve indisposición y que esta no haya sido producida por nuestras preguntas, que en el caso de mi grupo no han sido particularmente inquisitivas, por otra parte.



Si tenemos que recurrir a los ángeles de la guarda para evitar los suicidios, por cierto, expresión muy poco laica, la verdad es que las perspectivas se nos antojan inciertas y azarosas. Yo creo que es mejor recurrir a los procedimientos
instrumentales que usted tiene la obligación de utilizar y uno de ellos -era una pregunta específica que yo le hice en mi primera intervención-, me parece de particular importancia, y no me ha contestado a esta cuestión. Es si se están elaborando o
configurando con suficiente eficacia los protocolos personalizados a los que insta a la Administración penitenciaria el artículo 15 de la Ley General Penitenciaria, porque esto sí puede dar pistas, añadido o superpuesto al plan de prevención de
suicidios, sobre personalidades potencialmente suicidas. Yo no sé si médicamente o dentro de la psicología clínica esta expresión es correcta, pero se puede hacer seguramente un seguimiento de personas sobre las que, puesto que usted da tanto
énfasis a patologías o adicción a sustancias tóxicas o estupefacientes en el ámbito de los suicidas, un seguimiento pormenorizado e individualizado, lo cual sí constituye una obligación de la Administración penitenciaria, podría contribuir a rebajar
o a atenuar un poco esta cifra macabra con la que estamos conviviendo.



Ha hablado de una cosa muy importante en el ámbito ya de los problemas atinentes a Nanclares que yo voy a interpretar como una promesa, señora directora general. En este momento, en cuanto a las obras de infraestructuras de unas
instalaciones absolutamente obsoletas como las de Nanclares, y aquí no tengo que especificar que es evidente que son obsoletas, usted ha dicho que va a reflexionar sobre la pertinencia no de remozar o de parchear infraestructuralmente esta prisión,
sino de renovarla. Yo se lo tomo como una promesa o, si no, se lo pido por favor.
Esta es una cárcel que requiere una renovación infraestructural profunda, es una cárcel que se está cayendo materialmente a pedazos, es una cárcel donde en los
retretes y en determinados elementos de la prisión hay plagas de ratas que no terminan de ser erradicadas a pesar de estas actuaciones de limpieza a las que usted hace referencia, y obras de pintura, relativas a los cables de baja intensidad de la
electricidad u obras de limpieza son obras casi de ornato o de estética en una prisión que materialmente se está cayendo. Esto lo que requiere es una profunda renovación o la sustitución de esta cárcel por un instrumento penitenciario mucho más
moderno y esta es una de las causas que crean un ambiente poco favorable, no digo para evitar esta patología que estamos comentando en el día de hoy.



Hay un problema complementario. Yo comprendo que es muy difícil ser director en Euskadi de una institución penitenciaria, y me parece que el director de Nanclares ha sido una persona que ha ejercido sus funciones con probidad y con
eficiencia. Yo tengo una muy buena opinión del señor Moreno como director de esta institución, no de otros funcionarios. El señor Moreno además tiene la sinceridad de poner de relieve algunos de los problemas que afectaban a este centro
penitenciario sobre los que no se ha hablado nunca públicamente: problemas de hacinamiento, que no se resuelven, usted lo sabe perfectamente, trasladando solo a 50 reclusos, cuando esta cárcel ya tiene duplicada su capacidad de residencia de
reclusos, para que estos sean objeto de un tratamiento adecuado desde esa perspectiva. Pero, sobre todo, el señor Moreno ha denunciado dos patologías que usted tiene que intentar corregir, yo se lo pido por favor además. La primera es la
siguiente: hay una disociación insuperable en este momento entre la población reclusa y los funcionarios que están en Nanclares ejerciendo su función. Hay una fractura social entre el cuerpo funcionarial que ejerce allí sus funciones y los presos
que en este momento no hay ningún viso de que pueda ser objeto de superación, y usted sabe cómo la legislación penitenciaria establece una suerte de cooperación cooperativa entre funcionarios y presos para que los presos sean objeto de aquello que
la Constitución prevé en relación a las personas privadas de libertad, que es sobre todo establecer medidas de resocialización, de reinserción en la sociedad. Cuando se produce una disociación, una fractura entre el cuerpo de funcionarios que
custodian a estos reclusos y los propios reclusos cualquier política resocializadora resulta estéril, resulta baldía y hay que hacer algún tipo de esfuerzo, yo no sé de qué naturaleza, si con la nueva dirección o no sé por qué procedimientos, para
evitar esta fractura. En Nanclares ocurre otra cosa que usted no ha reconocido pero sabe que es cierta, no creo que esté en condiciones de refutar esta afirmación. Como Osakidetza, el Servicio Vasco de


Página 29


Salud, presta asistencia médico-psiquiátrica 24 horas al día los 365 días del año, ahí se está produciendo una concentración de reclusos con problemas de conducta violenta, con problemas de adicción a sustancias tóxicas, con problemas de
padecimiento de patologías psiquiátricas y de otra naturaleza, que hacen que esa población reclusa sea potencialmente muy difícil de gestionar, pero también potencialmente muy susceptible de que puedan producirse patologías como la que aquí estamos
debatiendo.
Seguramente no es ajeno a esta circunstancia que en los primeros seis meses del año se haya producido ya número de suicidios en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca. Luego tampoco nos prevalgamos, señora directora, de un
servicio de asistencia médica correcto y que se ha acometido por la Administración vasca -por cierto, sin competencias en la materia penitenciaria, competencias que yo le vuelvo a requerir de nuevo; usted no me ha contestado cuando le he hablado de
que las competencias están debidas, de que están incumplidos requerimientos del bloque de constitucionalidad en relación a Euskadi sobre la competencia de instituciones penitenciarias- para que se pueda producir paradójicamente una situación
patológica, que es que ahí se concentran la mayoría o un bueno número de los reclusos con problemas de conductas, con problemas de peligrosidad, con problemas de violencia en sus relaciones con los demás reclusos, con problemas de adicción a
sustancias tóxicas, con problemas patológicos de todo tipo.



Por último, aquí se ha hablado mucho, señora directora general, de la individualización y de la igualdad en materia de tratamientos penitenciarios. Yo en su día sabe que interpelé al ministro sobre la situación del señor Galindo y su
peculiar excarcelación recurriendo al procedimiento previsto en el artículo 92 del Código Penal, sin haberle concedido la Dirección de Instituciones Penitenciarias que usted dirige el tercer grado penitenciario, tal como exige la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. No se puede, estando en el segundo grado, acudir al sistema de excarcelación previsto en el artículo 92 del Código Penal sin haber obtenido antes el tercer grado penitenciario. Esto se corrigió ex post, tras su
excarcelación. La verdad es que nosotros percibimos una cierta desigualdad de trato. El principio de igualdad ante la ley se resiente cuando vemos también conductas como la del señor Vera, que en este momento, habiendo obtenido el segundo grado
penitenciario, sin embargo, está recibiendo tratamientos penitenciarios -serían una forma de tratamiento penitenciario estos permisos o estas excarcelaciones tan prolongadas- que no se aplican a otros presos que ostentan incluso el tercer grado
penitenciario, que han obtenido ya la calificación de tercer grado penitenciario, y esto nos lleva a una reflexión de naturaleza general en cuanto a los responsables de la trama del GAL, que en este momento están todos excarcelados por unos u otros
procedimientos, situación que cuando interpelé al ministro, califiqué como de una verdadera atrofia democrática. Usted ha dado una explicación con relación a la situación del señor Vera que puede ser jurídicamente razonable, pero materialmente, y
analizándose en conjunto la situación de los procesados y condenados a graves penas del GAL y considerando la situación de que en este momento ninguno se encuentra ingresado en prisión, yo no sé si el principio de igualdad ante la ley, la
individualización en la aplicación de las medidas penitenciarias, el trato igualitario al que insta a la Administración la propia Ley General Penitenciaria es objeto de una rigurosa y escrupulosa aplicación por parte de la administración. Aquí uno
nunca sabe qué tipo de tributos o qué tipo de eventuales situaciones políticas pueden estar coayudando a que situaciones penitenciarias de esta naturaleza se estén produciendo cuando son ostensiblemente privilegiadas o generan verdaderos o
auténticos privilegios penitenciarios. No es el momento seguramente de debatir sobre esta cuestión, ya tendremos oportunidades de seguir hablando sobre ella, pero, desde luego, los reclusos deben ser objeto de un tratamiento absolutamente
igualitario porque es un requerimiento de legalidad, es un requerimiento de justicia material y, sobre todo, porque cuando se organizan desde el Estado tramas de criminalidad de la gravedad de las que constituyeron lo que se denominó trama del GAL,
con 28 asesinatos a sus espaldas, ahí la administración debe ser particularmente rigurosa y pulcra en la aplicación de esos principios que le he comentado. Dicho esto, señora presidenta, doy por concluida esta segunda intervención.



La señora PRESIDENTA: No me gusta pedirles que se atengan a los tiempos, pero esta segunda intervención es para cuestiones puntuales que no hayan sido respondidas con anterioridad y no para llevar a cabo otra intervención en todo su
contenido; por eso, rogaría al resto de portavoces que se ciñeran a lo que es la práctica habitual en este trámite.



Señora Sánchez-Camacho, tiene la palabra.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Voy a intentar hacerlo en esta ocasión y voy a intentar incluso ser más breve que mi compañero del Partido Nacionalista Vasco. En primer lugar, refiriéndome a las palabras de la portavoz del Grupo
Socialista, sin duda alguna siempre hemos considerado que esta es una política de Estado. Los que parece que no lo consideran son ustedes cuando solo al empezar su intervención reconocen y recuerdan al Partido Popular que tenemos mucho que callar.
El Partido Popular no va a callar, porque forma parte de la libertad de expresión y porque además ostenta el mandato de 10 millones de personas, sino que va a seguir diciendo lo que cree que tiene que decir, y en este caso lo que le recordaría,
señora Escudero, es que el Partido Popular creó más de 13.000 plazas en los centros penitenciarios, con lo cual esa es una cuestión que usted también, apelando a esa política de Estado, debería haber recordado y debería haber sido más rigurosa.
Apelando a esa tranquilidad que usted decía, yo le apelaría al rigor,


Página 30


a la seriedad y, sobre todo, a no decir unas cosas y después predicar otras totalmente diferentes.



Señora directora general, en primer lugar, espero que se encuentre usted mejor y lamento que se haya producido esta situación tan intempestiva y quizás esta comparecencia tan atropellada, como ya le decía desde el principio. Voy a ser mucho
más concreta en alguna de las precisiones.
Señora directora, usted decía en su intervención respecto a mi solicitud de comparecencia en cuanto al incumplimiento de los regímenes cerrados que no sabía a qué se refería este grupo parlamentario cuando
se lo hemos solicitado y hemos hecho precisión sobre los dos puntos concretos y excepcionales que entendíamos que, de una forma directa e indirecta, podían producir el incumplimiento del régimen cerrado de determinados presos, en este caso presos
etarras o presos islamistas. Parecía que usted llevaba al menos la documentación preparada, porque nos ha reconocido que incluso traía la respuesta respecto de Albolote, con lo cual esa apelación que usted hacía a la demagogia y a la exageración
parece que no es así. Parece que usted esperaba perfectamente lo que se iba a decir porque sabía usted perfectamente que se habían producido esas excepcionalidades y sabía además que se habían denunciado y que habían generado alarma en la opinión
pública, y por eso es nuestra obligación como representación del grupo mayoritario pedirle explicaciones y, sobre todo, extender esa denuncia. Respecto a lo de Albolote, la piscina, evidentemente, está para utilizarla, faltaría más. Nosotros no
hemos dicho en modo alguno que sea un trato privilegiado o excesivo el uso de la piscina. No hemos dicho eso. Hemos dicho, señora directora, que se produce un trato de favor o al menos eso entendemos respecto a otros presos que sí están en ese
mismo módulo y que fueron tachados por un educador sin que nadie concrete ni explicite por qué esos presos comunes no van en ese mismo momento con el resto de los presos etarras a realizar esa actividad programada, y no es que, señora directora
general, lo diga este grupo parlamentario, sino que lo dice el propio director del centro.
El propio director del centro dice que le causó sorpresa ver que los presos comunes no iban con los presos etarras. No se lo está diciendo el Partido
Popular; se lo dice su propio director del centro. Evidentemente hay actividades programadas que se han hecho con anterioridad y han ido presos etarras a polideportivos. Nosotros no pretendemos, cada vez que le decimos algo, que usted tenga la
necesidad de buscar en el pasado a ver si ha habido antecedentes o no. Nosotros no le decíamos que no se hicieran actividades programadas. Le decimos que por qué se produce ese trato de favor con los presos etarras y por qué no van con los presos
comunes, si evidentemente esa era la actividad programada, entonces respóndame, señora directora, por qué el director del centro dice que le causa sorpresa y que él no lo sabe. Ante esa información, si escuchamos las respuestas del propio director
del centro, entendemos que no se ha producido una actividad conjunta; además, señora directora, yo le querría preguntar si se producían con anterioridad, en este centro penitenciario o en otros, actividades conjuntas de presos de diferentes sexos.
Quisiera que usted me lo contestara. Lo que nosotros aquí sí explicitamos, señora directora, es el trato específico a los presos etarras y por qué no se da ninguna explicación de cuál es la causa que motiva al educador a separar a unos presos
comunes de otros. Si es la peligrosidad, le vuelvo a recordar lo que hemos dicho con anterioridad, que el señor Troitiño tiene una pena de 794 años y que entendemos que esa es una gran peligrosidad y sin duda alguna agravada.



Respecto a Abu Dahdah, y el régimen cerrado, usted dice: evidentemente los reclusos del régimen cerrado tienen acceso a espacios comunes y no pueden estar durante mucho tiempo en ese régimen de aislamiento, en ese régimen cerrado.
Evidentemente, pero el señor Abu Dahdah acababa de llegar, señora directora. En este caso no se le puede aplicar sus valoraciones.
Acababa de llegar la noche anterior, es decir, no podía tener mucha presión por encontrarse aislado porque justo
estaba desayunando o iba a desayunar, era al día siguiente de acabar de llegar al centro penitenciario. Fíjese, usted cuando se refiere a esas exageraciones y nos hace esas acusaciones, yo también le digo que usted utiliza esa demagogia, porque
usted misma ha tenido que reconocer que ha habido imprevisión de los responsables del centro, son palabras textuales suyas en la respuesta que ha dado a este grupo parlamentario, porque usted sabe que además el caso de ese preso, que es al que yo me
he referido, era de una especial sensibilidad social en tanto en cuanto era un proceso penal con una gran publicidad, que era el del 11-S. Usted conocía muy bien que era el principal imputado de ese proceso a resultas del cual se podían generar
sentimientos en contra de ese preso por parte del resto de la población penitenciaria. Ustedes debían haber tenido prevista la actuación, puesto que su responsabilidad es evitar que ocurran hechos como este. Yo creo que este preso en concreto
reunía una serie de características como para que tanto desde la subdirección general como desde el propio centro ustedes hubieran podido realizar esa prevención y no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Usted misma lo reconoce: imprevisión de los
responsables del centro, con lo cual podemos entender que ustedes no han actuado de una forma correcta.



Respecto a los suicidios, usted no nos ha dado respuestas sobre cómo van a solucionar esa problemática. Yo se lo dije y además seguro que comparto con usted que es una de sus prioridades, ya lo era en su etapa como portavoz parlamentaria y
lo debe seguir siendo ahora incluso de una forma prioritaria y de una forma agravada, pero yo no veo dónde plantea usted las soluciones, señora directora. El programa marco de prevención -verdaderamente lo hemos leído- realiza un estudio sobre
cuáles pueden ser los perfiles, una diagnosis de la situación, ¿pero usted cree que ese marco y ese protocolo marco va a posibilitar que se reduzcan los suicidios en


Página 31


España, con ese aumento significativo que hemos tenido? El dato de derecho comparado que usted nos ha dado de Francia y de Inglaterra no nos consuela, y usted lo decía muy bien. El problema es el que tenemos nosotros. Otros problemas
tiene, en este caso, Francia, además con otros añadidos, y ellos tendrán que solucionarlos, pero eso ni es excusa ni es consuelo. Ustedes vienen anunciando ese programa marco, que va a ser previsiblemente la solución, pero parece ser que no es así
porque seguimos teniendo esos suicidios.



Con respecto a lo de Soria, evidentemente no estaba ese médico y esa era la información que teníamos, por eso queríamos que usted la precisara. No la ha precisado en la primera respuesta -sí en la segunda-, con lo cual le decimos que
responde a las exigencias de este grupo parlamentario la información que nosotros queríamos. Usted ha dado puntualmente la información sobre el momento en el que se le atendió por parte de los servicios de emergencias y nos parece satisfactorio que
nos haya dado esos datos.



Una última precisión, señora directora, respecto a la publicidad de la lista de admitidos y excluidos. Ciertamente no son funcionarios de carrera y coincido con usted en que la aplicación de esas resoluciones de los años 1996 y 1997 se
refieren -vuelvo a insistir-, no sólo a los funcionarios de carrera y opositores, sino también a las personas designadas por el procedimiento de libre designación. Yo creo, y es la opinión personal de esta portavoz y además este grupo parlamentario
así lo sustenta, que el año pasado ustedes no publicitaron esa lista de admitidos y excluidos. Querría que usted me respondiera si el año pasado se realizó de la misma forma que se ha venido haciendo ahora, porque las denuncias que han llegado se
refieren a que ustedes han realizado ahora una actuación diferente al proceso selectivo de años anteriores. Por eso nosotros entendíamos que usted había modificado su actuación. Además, volvemos a reiterar que, aunque se hubiera hecho con
anterioridad, siempre hay cosas que se pueden mejorar, y no va a ser este grupo el que no diga que no se puede mejorar ni muchísimo menos. Entendemos que puede poner en peligro la seguridad de los funcionarios y que aunque se deba dar publicidad,
hay otras medidas y otros medios alternativos para dar conocimiento a los excluidos y admitidos. Nosotros pediríamos a esta dirección general que estudiara y valorara otros medios que no fueran los de dar la publicidad, en el caso de personas que
después pueden pasar a ser funcionarios de carrera de una institución, y en este caso de Instituciones Penitenciarias, que requiere una especial seguridad y una especial discreción por parte de los responsables de su seguridad. Con esto finalizo.



Respecto a la petición expresa que usted hacía de que me leyera sus intervenciones, debo decir que alguna me había leído, pero la verdad es que con sus intervenciones como directora general ya tengo suficiente


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista señora Escudero.



La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Señora Sánchez-Camacho, la cosa iba de refranes. Precisamente por eso, como quien calla otorga y no quiero otorgar, tendré que hablar un minuto. En primer lugar, no era mi intención mandarle callar. Era en
sentido figurado. Hasta ahí podíamos llegar. A propósito de que usted hace una llamada a la política de Estado, le diré por qué le indiqué que tenían ustedes por qué callar. Se lo dije porque de la última revisión que ustedes hicieron del Plan de
infraestructuras, por ejemplo, de los siete centros que estaban previsto sólo dejaron planificados tres, los otros cuatro no se sabía donde había que ubicarlos ni hicieron las gestiones, y esto es de dominio público.
Pero no sólo eso, es verdad que
ustedes crearon muchas plazas, pero también es verdad que dejaron sin hacer el trabajo previo para montar un centro penitenciario. En el caso concreto de los siete centros que supuestamente se iban a poner en marcha, por lo menos cuatro estaban sin
planificar. Me parece todavía muchísimo mas importante su política de abuso del Código Penal y las consecuencias que eso ha tenido. Es verdad que en su momento se apoyó por nuestro grupo, pero también es una realidad la absoluta rigidez con el
tema del cumplimiento íntegro de las penas y el escasísimo apoyo que su Gobierno tuvo con la política de reinserción de todos los presos. Lo único que les pido -se lo digo de buena fe- es que no exageren, que no creen alarma con este tema. Es
verdad que nuestro país tiene un problema gravísimo en el sistema penitenciario. La directora general lo dice continuamente, no lo digo yo; lo dice ella que es la responsable directa, lo dice el ministro. Por tanto, una vez más, sean
responsables.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar el debate la señora directora general.



La señora DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Brevísimamente.



Una manera poco rigurosa de expresarme ha sido hablar del Ángel de la Guardia, pero le aseguro, señor Olabarría, que yo que soy muy laica, casi todos los días echo de menos que eso no pueda ser así. Ya sé que no puede ser así, que es poco
científico y poco realista. Sí quiero que S.S. se quede tranquilo en el terreno de cómo elaboramos los protocolos de actuación. Le voy a dejar el programa que tenemos establecido porque lo dice de una manera muy precisa. Dice el programa que el
momento del ingreso en el establecimiento penitenciario resulta clave para detectar a los internos que por sus características sean susceptibles de serles aplicado este programa. La oficina de régimen proporcionará diariamente una relación
detallada de los internos que ingresan en el establecimiento y los delitos que motivan el


Página 32


ingreso. En el supuesto de ingreso procedente de otro establecimiento, bien por asignación de centro de destino o por diligencias judiciales o por tránsito, se procederá a examinar la documentación que acompaña al interno y en especial la
existencia previa. Por otra parte, los profesionales -dice más adelante- que, conforme al artículo 20 del reglamento, entrevisten al interno en el ingreso deberán valorar la existencia de especiales circunstancias de riesgo de suicidio, informando
inmediatamente al subdirector de tratamiento en caso de riesgo de este tipo de conductas. Sigue detallando muchas cosas más, pero se lo voy a dejar para que lo conozcan y por si tienen alguna sugerencia que les parece que puede ser interesante.



Señora Sánchez-Camacho, aunque la incluyo en la contestación al señor Olabarría, nosotros hacemos lo que podemos y lo que debemos, que es tratar de crear los mecanismos que eviten al máximo posible lo que podamos. Como he dicho, hay cosas
que son muy difíciles de evitar porque los factores que llevan a ellas son muy complejos, no todos tienen que ver con nuestra institución y no todos los podemos resolver. Por tanto, sería absurdo y pretencioso por mi parte pensar que, porque
mejoremos hasta el infinito el programa de prevención de suicidios, vamos a acabar con el suicidio en la institución penitenciaria. Por mucho que en la sociedad progresemos en esta materia no vamos a acabar tampoco con el problema de los suicidios,
y con el incremento también de suicidios que se está produciendo asociados a determinadas actitudes delictivas, no ya dentro de prisión, sino fuera. Muchos casos de crímenes de violencia de género, vienen acompañados de un suicidio, que no están en
la cárcel, sino que están fuera, pero a veces cuando están en el centro penitenciario lo hacen. Tenemos que hacer todo lo posible para que se prevenga, para que se esté en las mejores condiciones. Yo les invito a que se lean este manual de
actuación, que está perfectamente desarrollado y hecho con todo el rigor posible, pero estoy segura de que no vamos a evitar que siga habiendo suicidios en el medio penitenciario. Ya me gustaría que eso no fuera así, pero lo veo muy complicado.



Ya he hablado sobre la renovación de los centros penitenciarios y lo dejo en esos términos. Ese es un tema que tenemos que ver. Tenemos muchos centros en este momento en España que no deberían estar tan deteriorados porque no tienen tantos
años de vida. Centros que tienen 20 ó 22 años de vida y, sin embargo, están imposibles, y ponerlos en funcionamiento en condiciones óptimas requeriría una inversión que en muchas ocasiones puede que incluso supere a lo que nos costaría hacer un
centro nuevo. Es una reflexión que hay que hacer, pero también es verdad que no podemos hacer 40 centros penitenciarios, porque tenemos 40 centros viejos, eso también tenemos que ir viendo cómo lo afrontamos.



Me habla usted de que hay una profunda fractura entre los funcionarios y los reclusos en Nanclares. No tengo yo esa idea, señor Olabarría, y menos generalizadamente. No sé si se trata de algún caso concreto, pero no tengo esa noticias,
aunque tomo nota de su comentario. Tampoco tengo idea de que estemos concentrando en Nanclares a reclusos con patologías graves porque haya una buena atención sanitaria, que es un poco lo que usted viene a decir. Estoy satisfecha de la atención y
de la relación que tenemos con el Servicio Vasco de Salud, como estoy satisfecha de la relación que tenemos con otros servicios de otras comunidades autónomas, porque la asistencia especializada es una competencia de las comunidades autónomas y nos
la prestan a través de convenios con ellos. Nosotros no seguimos una política de concentrar a personas con determinadas patologías en un centro. Sí es verdad que hay centros que tienen la condición de tránsito y que eso complica mucho la actividad
dentro de ellos porque pasan muchas personas. Aunque la población fija, como les decía, en un momento dado es reducida, sin embargo, a lo largo del año pasan muchas personas por ahí y eso complica la situación de esos centros y da una imagen
distorsionada, porque a veces se producen más incidentes en centros pequeños y cuando uno no conoce esa casuística lo interpreta mal. Nos está pasando con algún otro centro que no tiene un porcentaje tan alto de incidentes en proporción con la
población que pasa durante el año por él, eso es muy difícil de explicar, y yo ya sé que ahí perdemos.
Francamente, no le admito que tengamos una desigualdad de trato con ninguna persona que está en el sistema penitenciario y que implique trato de
favor. ¿Que existe desigualdad de trato? Me refiero a los comentarios que usted ha hecho en relación con el señor Vera y con otras personas. Si usted interpreta desigualdad de trato el que cada persona tiene una circunstancia diferente, eso es
aplicable a estas personas y a otras. Eso no es un trato de favor. Es muy difícil, yo lo sé, explicar que cuando se hace un tratamiento o una medida individualizada a alguien, el que no recibe esa medida individualizada no piense que es injusto
que se lo hagan a él y no se lo hagan a otro, pero le aseguro que cuando una junta de tratamiento hace una propuesta está fundamentada. Si no fuera ese el caso también le aseguro que desde la dirección general no se apoya. En ningún caso han sido
propuestas que se modificasen desde la Dirección General.



Es cierto que hay personas que tienen una condición singular e irrepetible sobre otras porque han ocupado determinados cargos en la estructura del Estado, porque eso hace que su estancia en un centro sea más complicada, por determinadas
razones que algunas actúan en su favor y la mayoría en su contra, porque les impide hacer actividades que otras personas pueden hacer y eso crea determinadas condiciones. No les voy a contar yo a ustedes la situación en la que ha estado el señor
Roldán, durante todo este tiempo, en un centro de mujeres y en situación de aislamiento (lo digo coloquialmente, señora Sánchez-Camacho), pero a mí me ha parecido que era una situación que no se podía sostener. Es más, he dado


Página 33


orden, ahora que ya no está el señor Roldán allí, para que ese módulo ya no vuelva a albergar más a personas en esas condiciones porque a mí no me parece razonable en ningún caso. Si hay una persona que puede correr riesgos dentro del
centro, tenemos que buscar la manera de que esté sin que eso signifique una situación que no es deseable para nadie y que no tiene que pagar más allá de lo que tiene que pagar. Por lo tanto, yo sé que estas cosas siempre son difíciles de explicar,
pero creo que lo estamos haciendo adecuadamente.



Señora Sánchez-Camacho, esto es como un interrogatorio, parece que nos vamos cruzando aquí a ver por qué hizo la pregunta y por qué sabía yo la respuesta, por qué sabía yo la respuesta si no sabía cuál era la pregunta, es lo que me viene a
decir. Se lo voy a decir de manera muy precisa por qué había preparado lo de Abu Dahdah. Como me parecía tan extraño y la pregunta no sabía a qué venía, comprobé qué es lo que había sucedido en los días en los que usted había hecho esa pregunta
que pudiese tener alguna relación. Entré en el buscador y vi qué noticia podía haber relacionada con eso, y por eso pensé: a lo mejor lo dice por esto. Ese es el recorrido, fíjese si me lo puso usted difícil para pensar por qué razón me quería
hacer esta pregunta.



¿Por qué no van a la piscina los internos comunes en ese momento y no en otro? Porque quien tomó la decisión decidió que eso fuera así. Le vuelvo a decir que la decisión la toma el funcionario. Me dice usted que el director no sabía por
qué se hacía. Es que el director era nuevo, pero el funcionario no, era el que estaba antes. Es incierto lo que usted me reprocha de que hayamos tenido un cambio en la forma en que salen a la piscina o realizan las actividades deportivas las
personas que están en ese módulo del centro de Albolote. No ha habido ningún cambio, se ha hecho lo mismo que se venía haciendo. El director cuando alguien le pregunta por qué se ha hecho esto, dice que no lo sabe. No sabía si era la primera vez
que se hacía o la quinta. El funcionario, que es el que dice cómo se organizan los grupos, es el mismo que había antes, y le vuelvo a decir que es la práctica que siempre se ha hecho en ese centro.
¿Pero qué importancia tiene en qué grupos salen a
la piscina y si los otros que están en el módulo de aislamiento salen dos horas más tarde o dos horas antes? ¿Privilegios? Privilegio sería que los otros no hubieran salido, pero que salgan antes o después, ¿qué privilegio es que unas personas
conformen un grupo u otro? Vuelvo a decir que estoy absolutamente segura de que si el educador, que es el que indica cómo se hacen los grupos, hubiese determinado otra composición, habrían dicho ustedes otra cosa diferente. Si hubiesen salido a la
piscina los islamistas y los etarras, ¿qué me hubiese dicho usted aquí? Que entre los islamistas y los etarras ahí está la conexión del 11-M. Me parece ya todo tan absurdo que no sé ni cómo contestarle. Esto es como se ha hecho siempre. La gente
sale por grupos a las instalaciones deportivas y ya está, y los educadores determinan cómo se hacen los grupos.



¿Se hacen actividades conjuntas en los centros entre hombres y mujeres? Sí, en muchas materias se hacen actividades conjuntas; en otras, no.
Quizá eso sí que me parece un rasgo singular, se lo acepto; que en la piscina se vaya
conjuntamente, eso me parece un rasgo singular, pero tampoco le doy más trascendencia, sinceramente. Se hacen en los centros muchas actividades comunes. La mayor parte de las actividades se hacen de forma común. Normalmente, las actividades de
piscina no se hacen de forma común. Pero, ¿es algún privilegio eso, es alguna irregularidad, corremos algún riesgo? No sé, es que no sé cuál es el reproche. Que alguien decida hacer el grupo de una manera o de otra no quiere decir nada ni desde
el punto de vista de la seguridad ni de ninguna otra cuestión.



Sobre el asunto de Abu Dahdah, esta persona acababa de llegar al centro.
Como le he explicado, ya había estado en el centro y no había tenido ningún problema. Le conocían porque es un centro pequeño. No había ningún dato que permitiese
pensar que podía haber ninguna reacción, ya se sabía quién era esta persona dentro del centro. Personalmente creo que debía haber habido una cautela añadida en esa circunstancia, pero tampoco me parece que sea una dejación de funciones ni algo que
necesariamente tenga esa gravedad. En esta institución, señora Sánchez-Camacho, es muy difícil, se lo digo con toda sinceridad, evitar incidentes. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer todo lo posible por que no se produzcan; pero aunque
hagamos lo posible y lo imposible, cuando uno está privado de libertad en contra de su voluntad está mal y normalmente está enfadado.
Cuando se trata de personas que tienen problemas añadidos, es una fuente permanente de conflictos. Por lo tanto,
un cierto nivel de conflicto dentro de los centros penitenciarios no diré yo que es inevitable porque no me gusta decir eso -ojalá podamos evitarlo-, pero es muy difícil que podamos corregirlo al cien por cien. ¿Que hay que extremar las cautelas?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que lo hacemos de manera habitual y si en alguna ocasión es así hay que corregirlo sin darle tampoco una excesiva trascendencia. Si la directora general reconoce que hay cosas que se podrían hacer mejor, se le
reprocha; si no lo reconoce, se le reprocha también. No sabe una con qué carta quedarse, es bastante difícil acertar con usted. Si le digo que quizá en este caso habría que haber extremado la cautela, es una manera de reconocer que cuando se da
esa circunstancia, a lo mejor en el centro no se valora esa cuestión y se debería de valorar, pero tampoco creo que, por los datos que había del entorno del centro, había razones para pensar que hubiese tenido menos dificultades en uno centro que en
ese. No es el centro en concreto, sino que los días siguientes al juicio había que extremar la cautela, como con otras personas. Piense usted que tenemos en este momento algunos cientos de personas en programas de especial seguimiento con las que
hay que extremar las cautelas porque no sólo están condenadas por terrorismo islamista que generan una alarma social, sino que están también condenadas


Página 34


por un delito de agresión sexual, de violencia de género, de violencia en el ámbito familiar, y de un montón de casuísticas que aterrizan en esta institución y que hacen que el personal de esta casa tenga que estar permanentemente buscando
la manera de que se pueda organizar una convivencia razonable en el centro y sin conflictos, teniendo en cuenta que las diversidad que tenemos cada vez es mayor, que la complejidad cada vez es mayor, que las situaciones de riesgo cada vez son
mayores y que los centros no son como el chicle y no se estiran. Tenemos que administrarlos como podemos.



Sobre el tema de si hay que dar o no publicidad a los nombres de admitidos y excluidos en una oposición, la verdad no sé qué más argumentos dar.
Creo que es tan razonable conocer qué personas son las admitidas y excluidas que me parece que
sobra toda la explicación añadida. Otra cosa es que no publiquemos los nombres de los funcionarios que finalmente acceden al cargo, pero obviamente, hay que dar cuenta porque tenemos el deber de transparencia y el deber con los opositores de no
ocultar estos datos, de saber quiénes son las personas que aprueban o no aprueban un examen. Por lo tanto, creo que eso es, por otra parte, lo que se ha hecho siempre. Me dice usted que quizá el año pasado. Lo he mirado porque me he traído unas
fotocopias. He buscado fotocopias de años anteriores, de cuando estaban ustedes, para decirle que no me reproche lo que ustedes hacían, pero no tengo las del año pasado. No sé si el año pasado lo sacamos de otra manera, pero ¿qué importancia
tiene? Es una obligación legal dar a conocer el nombre de las personas admitidas y excluidas en una oposición. Es un derecho que tiene el opositor y, por lo tanto, no podemos hacer nada más que cumplir con esa obligación. Otra cosa es, insisto,
que cuando se adquiere la condición de funcionario de carrera se preserve el anonimato por razones de seguridad.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora directora general. Gracias a todos los portavoces. Levantamos la sesión.



Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.