CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 409

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO

Sesión núm. 21

celebrada el miércoles, 2 de noviembre de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Sobre protección de olivos milenarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001019.) ... (Página 2)


-Sobre biocombustibles. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001021.) ... (Página 3)


-Relativa a las medidas a tomar como consecuencia de la persistencia de la enfermedad de la lengua azul que afecta a un gran número de explotaciones ganaderas españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/001281.) . ... (Página 4)

Página 2


-Relativa a la reforma de la Organización Común de Mercado del azúcar.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/001269.) ... href='#(Página7)'>(Página 7)


-Relativa a las medidas para paliar el incremento del precio del combustible utilizando fondos del Instrumento financiero de orientación a la pesca (IFOP). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/001283.) ... (Página 9)


-Sobre explotaciones porcinas extensivas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001296.) ... (Página 11)


-Por la que se insta al Gobierno a defender en las negociaciones sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea 2007-2013 la no inclusión de la financiación de la Red Natura 2000 en los nuevos Fondos europeos para la agricultura y el
desarrollo rural (FEADER). Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001015.) ... (Página 13)


-Relativa al cierre del caladero en el área de regulación de la NAFO, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001210.) ... (Página 15)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-SOBRE PROTECCIÓN DE OLIVOS MILENARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001019.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación indicando, desde el punto de vista de la intendencia, dos cuestiones. En primer lugar, el señor Grau, portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, por problemas con el viaje, nos ha pedido que la proposición no de ley que figura en el orden del día como punto 1 sea debatida posteriormente. En consecuencia, si no hay ninguna dificultad por parte de
los grupos parlamentarios, podríamos pasarla al final y continuar con el orden del día tal como está establecido. En segundo lugar, como tenemos ocho proposiciones no de ley, calculamos aproximadamente las doce como la hora de votación.



Si no hay ninguna salvedad, comenzamos el orden con la proposición de ley número 2, sobre protección de olivos milenarios, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa la señora Armengol Criado tiene la palabra.



La señora ARMENGOL CRIADO: No es la primera vez, sin éxito hasta la fecha, que este tema se debate en esta Comisión. Pero cada vez que es noticia que las fronteras de España vuelven a ser otra vez testigo del tráfico de olivos milenarios
de enormes y nudosas ramas que han crecido en nuestro suelo durante 1.500 hasta 2.500 años, que son árboles que han visto desde su milenaria ubicación todas las culturas, desde las legiones romanas hasta ahora, que son ejemplares que pueden llegar a
medir 9 metros de un extremo a otro de la copa y tener troncos de más de 6 metros de diámetros, lógicamente nos indignamos al ver perder de esta forma parte de nuestro patrimonio natural. Muchos de estos olivos acaban en jardines privados, en
hoteles y en parques públicos de la Costa Azul, del resto de Francia, de Italia, de Bélgica, de Suiza y de Mónaco. Curiosamente estos mismos países ya tienen leyes que prohíben arrancar de su territorio este tipo de árboles milenarios. Las
denuncias por estos hechos son múltiples por parte de los ecologistas, por parte de los colectivos de ciudadanos locales y de las organizaciones para la defensa de los árboles o de paisajes singulares, y ello no solo por razones ecológicas y
etnológicas, sino por considerar que dichos olivos forman parte de un patrimonio común no enajenable, como en el caso de aquellos bienes culturales cuya especificidad defiende España para sustraerlos de las normativas y acuerdos del libre comercio
internacional aplicables a las mercancías ordinarias. Todo ello se puede hacer en nuestro país porque hay un vacío legal y porque hoy es un negocio muy lucrativo que amenaza con expoliar nuestro patrimonio natural. Este comercio se produce
abiertamente, tal como se desprende de la oferta de internet y de las publicaciones especializadas, los intermediarios adquieren estos olivos por un precio que puede alcanzar los 12.000 euros, multiplicando por 15 su valor en la venta final. Hay
que tener en cuenta que estos árboles son de propiedad privada por encontrarse en fincas privadas, pero son patrimonio de la historia y la historia es de todos. Pensamos que estos


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árboles deben permanecer intactos donde nacieron hace centenares de años y no someterles a ningún riesgo, como son los trasplantes, siempre que sea posible, porque una cosa es arrancar estos árboles por una obra pública, por ejemplo, y luego
volverlos a plantar y otra cosa es el comercio de estos ejemplares. Hay que evitar que sigan siendo motivo de especulación entre compradores, vendedores e intermediarios que actúan sin ningún tipo de escrúpulos sobre la historia y la belleza que
constituyen estos monumentos de arte milenarios.



Este expolio se realiza por dos motivos. En primer lugar, gracias al vacío legal, como he dicho anteriormente, y en segundo lugar, porque esto está directamente relacionado con las rentas agrarias. En efecto, estos árboles son poco
productivos y hay que buscar soluciones para evitar este comercio, porque no solo son más rentables los árboles jóvenes sino que es muy difícil resistirse a ofertas sustanciosas. Hay que buscar soluciones y poner remedio de forma inmediata, y estas
soluciones pasan por la cooperación entre comunidades autónomas y el Gobierno del Estado para que cada uno en sus competencias tome las medidas adecuadas. Ciertas comunidades ya han tomado medidas, que deben de complementarse con medidas en el
ámbito estatal; otras comunidades aún no lo han hecho, pero seguramente lo harán. Pensamos que una decisión a escala nacional sería ejemplarizante y ayudaría a la toma de conciencia de este problema. Hay medidas que se pueden tomar. Por ejemplo,
en España no existe una catalogación de los ejemplares más valiosos ni un mapa con su ubicación exacta, solo existe un inventario del olivar español para cobrar las ayudas del aceite de oliva. Por ello, de acuerdo con las comunidades autónomas
afectadas, proponemos que se realice un inventario y un catálogo de todos los olivos milenarios existentes y de otros olivos que por su especial belleza, dimensiones o cualquier otra característica deban de ser preservados. También hay que pensar
que las razones del arranque de estos ejemplares vienen condicionadas no solo por la demanda de las residencias segundarias, hoteles o campos de golf, sino también por la mayor rentabilidad potencial de los árboles jóvenes que sustituyan a los
arrancados o trasplantados y/o por el cambio de uso de la tierra a usos residenciales o de otra naturaleza. En este sentido, tanto por razones ecológicas, etnológicas y económicas hay que establecer medidas compensatorias por el lucro cesante de
los agricultores y para que continúen manteniendo adecuadamente dichos ejemplares inventariados y protegidos. Ello resulta perfectamente compatible con su doble misión, la de producción de alimentos y de materias primas y la de la conservación de
espacios y especies, incluyendo los ejemplares más notables de dichas especies.



Quiero dejar bien claro que en ningún momento se pretende invadir competencias que no son propias del Estado. Sabemos que muchas de las medidas de protección de estos árboles son competencia de las comunidades autónomas, pero el Gobierno
del Estado no puede estar ajeno a este grave problema de expolio de nuestro patrimonio natural sino que debe tomar cartas en el asunto, dentro de sus estrictas competencias. Por todo ello, presentamos esta proposición no de ley para que sea tomada
en consideración en esta Comisión y esperamos que tenga más suerte de la que ha tenido normalmente.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. En consecuencia, corresponde el turno de fijación de posiciones al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Madero.



El señor MADERO JARABO: No tengo nada que añadir a lo dicho, señor presidente.



-SOBRE BIOCOMBUSTIBLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001021.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que aparece con el número 3 en el orden del día, sobre biocombustibles, y cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. El señor Alonso tiene la palabra.



El señor ALONSO NÚÑEZ: El Grupo Socialista presenta una proposición no de ley que tiene que ver con la producción de energía en nuestro país y tiene sentido en el marco de la posibilidad de utilizar nuestro sector agrario para cubrir el
déficit energético que tenemos. Se sabe que la demanda de energía en la Unión Europea -y España no es una excepción- está creciendo a un ritmo del uno al 2 por ciento anual desde el año 1986 y que este incremento de demanda está siendo cubierto
sobre la base de una dependencia energética exterior, que nos lleva en este momento a ser deficitarios en un 75 por ciento de la energía primaria que consume nuestro país. Dentro de los principales consumidores de energía se encuentra el sector del
transporte, que también ha registrado un espectacular incremento en los últimos años, llevando a España a ser uno de los países europeos con mayores intensidades energéticas como consecuencia de la mayor utilización del transporte por carretera que
por ferrocarril y de la realización de un recorrido superior al de nuestros vecinos comunitarios. Esta tasa de crecimiento en el uso de la energía en el transporte puede tener, y de hecho está teniendo, repercusiones importantes sobre el medio
ambiente, y va a tenerlas a futuro en el cambio climático, ya que es responsable del 60 por ciento de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Si queremos resolver esta problemática medioambiental derivada de la utilización de estos
combustibles por el transporte, hay que avanzar, por una parte, en la investigación de la industria automovilística para mejorar las tecnologías de combustión


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aunque por aquí parece que hay poco camino que recorrer- y, por otra parte -y ahí se enmarca nuestra proposición no de ley-, en el desarrollo de combustibles alternativos a los derivados del petróleo. Aquí es donde el sector agrario puede
jugar un papel esencial, y en esta línea se enmarca nuestra proposición no de ley, concretamente en la producción de biocombustibles que utilicen como sustento producciones de origen agrícola.



Presentamos esta proposición no de ley en unos momentos en los que la agricultura española y la europea pasan por una seria encrucijada derivada de la reforma de la PAC, de las previsiones presupuestarias y de los efectos de la
mundialización. Aunque sea paradójico, la producción de biocombustibles podría ser en este momento una alternativa importante a la producción agrícola española, podría colaborar sensiblemente a reducir nuestro déficit energético y podría mejorar el
medio ambiente. Las ventajas ambientales y la seguridad del suministro de la producción de biocombustibles producidos en España son evidentes y pueden ser una fuente de nueva actividad para la agricultura y una oportunidad para utilizar tierras no
necesarias o no rentables para la producción de alimentos en este momento. Además, de ella derivarían efectos positivos muy importantes para el mantenimiento de la población en el medio rural, objetivo fundamental de la política agraria de este
Gobierno y del partido al que pertenezco. El Parlamento Europeo aprobó recientemente una directiva para fomentar el uso de biocarburantes en el sector del transporte, de manera que su utilización alcance el 2 por ciento del consumo de energía en
este sector en el año 2005 y se sitúe en el 5,75 en el año 2010.



Dentro de la amplia gama de biocarburantes que pueden producirse en España, la producción de biodiesel y bioetanol tiene un enorme potencial.
El biodiesel puede sustituir al gasóleo de automoción o puede mezclarse con él en determinadas
proporciones, mientras que el bioetanol puede sustituir a la gasolina de automoción o mezclarse con ella. En este momento, la producción y la utilización de estos productos están condicionadas por los altos costes industriales de producción y
también por que las materias primas utilizadas -el cereal, la remolacha, la colza, el girasol, la caña de azúcar, etcétera- están seleccionadas y los agricultores toman sus decisiones de siembra en función de un objetivo alimentario y no de la
producción energética. Desde nuestro punto de vista -ese es también uno de los puntos de nuestra proposición no de ley-, es preciso investigar e incentivar la producción de variedades más productivas para este objetivo y a disminuir los costes de
producción.
Sabemos, porque lo dicen distintos departamentos de investigación, que se pueden obtener bioaceites de las semillas y frutos de más de 300 especies vegetales, y por ello la investigación y la experimentación agraria se hacen
fundamentales en este momento. Estamos convencidos de que España tiene condiciones para incrementar notablemente la producción de biocombustibles, pero en este momento estamos muy lejos de acercarnos a los objetivos comunitarios señalados
anteriormente y que fueron fijados en esa resolución del Parlamento Europeo, que fija ese horizonte del 5,75 por ciento en el año 2010. Para alcanzar ese objetivo es preciso cuadruplicar los objetivos del Plan de energía renovables que aprobó el
Partido Popular en el año 1999. Desde nuestro punto de vista fue un plan raquítico y es preciso modificarlo para cuadruplicar los objetivos y ponernos en los niveles que marca la directiva del Parlamento Europeo. El mercado por sí solo no va a
poder resolver este problema, es evidente que en este momento producir bioalcohol o biodiesel es más caro que generar gasolina o gasóleo. Por tanto, es preciso establecer medidas incentivadoras para potenciar la producción y el uso de estos
biocombustibles, todos ellos menos agresivos para el medioambiente.
También hemos podido constatar, después de conversaciones con distintos sectores interesados en la producción de biocombustibles, que con adecuados sistemas de investigación y
experimentación, los costes de producción podrían reducirse hasta un 30 por ciento con un adecuado marco normativo que lo apoyara. Por tanto, hemos presentado esta proposición no de ley que literalmente plantea lo siguiente: En primer lugar, que
el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a actualizar los objetivos en materia de biocombustibles del Plan de fomento de energías renovables, dado que hasta la fecha no han tenido un desarrollo significativo. Los objetivos que marcaba ese
Plan de energías renovables del año 1999 eran escasos y además no se han cumplido. En segundo lugar, proponemos estudiar la introducción de un porcentaje de mezcla obligatoria de biocombustible para su utilización por el transporte. De esta
manera, tendríamos conseguido un porcentaje importante de la producción de mezcla obligatoria para su utilización por el transporte y, por tanto, una salida asegurada a la producción de biocombustibles en las distintas plantas. En tercer lugar,
instamos al Gobierno a fomentar el uso de biocombustibles en el transporte y particularmente en las flotas de vehículos públicos. Y, en cuarto lugar, planteamos que el Gobierno diseñe, en el marco de la política agrícola, un plan de mejora de
rendimientos de los productos destinados a los biocombustibles en la línea que he señalado anteriormente de intentar mejorar los rendimientos y disminuir los costes de producción para hacer más competitiva esta producción de biocombustibles.



Esta es nuestra proposición no de ley, que esperamos pueda tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley tampoco se han presentado enmiendas. Por tanto, procedería el turno de fijación de posición de los grupos parlamentarios. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)


RELATIVA A LAS MEDIDAS A TOMAR COMO CONSECUENCIA DE LA PERSISTENCIA DE LA ENFERMEDAD DE LA LENGUA


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AZUL QUE AFECTA A UN GRAN NÚMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS ESPAÑOLAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001281.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley.



Tengo que indicarles que ahora mismo he recibido un escrito de la señora Fernández Davila, autora de esta proposición no de ley, donde nos dice que por problemas de viaje no puede estar presente y solicita acumularla también al final de la
sesión. Por mi parte no hay ningún inconveniente y es lo que se suele hacer habitualmente. Por tanto, la dejamos para el final junto con la primera.



Ahora correspondería el debate de la proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 5, de Izquierda Unida, cuyo portavoz no se encuentra en la sala. La verdad es que estamos en una baja que calificaríamos de temeraria.



Pasamos a la proposición no de ley número 6, toda vez que a la autora sí la tenemos, afortunadamente, aquí presente. Proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 6, en este caso del Grupo Parlamentario Popular,
relativa a las medidas a tomar como consecuencia de la persistencia de la enfermedad de la lengua azul que afecta a gran número de explotaciones ganaderas españolas. Para su defensa tiene la palabra la señora Naharro de Mora.



La señora NAHARRO DE MORA: Hemos presentado una proposición no de ley que propone establecer medidas de coordinación para que al final se pueda erradicar en nuestro país esta enfermedad, que tantos desastres económicos está produciendo. En
octubre de 2003 reapareció la enfermedad de la lengua azul en España y desde entonces el número de focos aparecidos ha ido en aumento, de manera que buena parte de la geografía española se está viendo afectada no ya por la aparición de un foco
directo en su zona, sino por las graves repercusiones que esto ha supuesto en términos sanitarios y socioeconómicos debido a la prevención y control, lo cual ha ocasionado graves pérdidas a los ganaderos. Junto al fracaso de las medidas adoptadas
hasta el momento y, a la vista de los resultados, comprobamos cómo la extensión geográfica afectada en vez de disminuir, aumenta. Se observa una verdadera falta de coordinación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
imponer unos criterios sanitarios y de traslado de animales en todo el territorio nacional. Al objeto de lograr una adecuada eficacia de la lucha contra la enfermedad y su más pronta erradicación, desde nuestro punto de vista y desde el punto de
vista del sector, sería conveniente que se estableciera una comisión de expertos veterinarios pertenecientes tanto a la Administración General del Estado como a comunidades autónomas, organizaciones profesionales del sector ganadero y colegios
veterinarios, así como la creación de un coordinador nacional que, puesto en contacto con las diferentes administraciones autonómicas, el MAPA y el sector, pudiera servir de enlace para facilitar a los ganaderos los requisitos necesarios para el
transporte y unificar criterios dentro de lo posible.



Por otro lado, y atendiendo a las quejas de las organizaciones profesionales así como a las de las organizaciones agrarias, nuestro grupo presenta esta proposición no de ley. Entre otras cosas hemos observado que existen problemas de
actualización de datos a tiempo real en la página web del ministerio correspondiente a la realidad sanitaria y veterinaria. La verdad es que desde el sector en numerosas ocasiones se ha solicitado coordinación y, como digo, no solo por parte de las
asociaciones, sino también por parte de las organizaciones agrarias. En este sentido desde UPA hace unos días se decía que el MAPA debía coordinar la lucha contra la enfermedad de la lengua azul. En definitiva, se ha podido observar una falta de
organización, de control, de información transparente y accesible a los operadores en relación con las zonas afectadas, así como muchas dificultades burocráticas para poder aprovisionarse de ganado para sacrificio procedente de las zonas sometidas a
restricción y destinadas tanto a zonas libres como restringidas. Asimismo se ha producido una ruptura del mercado de ganado para sacrificio de las especies afectadas con importantes diferencias de cotización entre unas zonas y otras, y se han
establecido competencias económicas en el sector cárnico totalmente injustas al estar basadas en los diferenciales de precios en origen generados por estas tramas burocráticas. Por tanto, apelamos también a que esa unidad de mercado se restablezca.



Conocemos la publicación por parte del MAPA de una orden el día 29 de octubre. Nuestra proposición no de ley está presentada el día 13 de octubre de 2005, por tanto, nos alegramos de que en esta orden se registren algunas de nuestras
solicitudes, como la de crear una comisión de coordinación, pero todavía vemos que el ministerio no atiende a la creación de la figura de un coordinador nacional ni aparece recogida la necesidad de actualización permanente de la red de alerta de la
página web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por esa razón y porque creemos que desde octubre de 2003 ha pasado demasiado tiempo para poder coordinar este tema, instamos al Gobierno a que de manera urgente proceda a constituir
esta comisión, a la creación de la figura de un coordinador nacional y a que la información de esta red de alerta esté actualizada.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.



Para su defensa, el señor Oria tiene la palabra.



El señor ORIA GALLOSO: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Popular, pero su portavoz no ha


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hecho ninguna referencia a ella y tampoco ha dicho si están dispuestos a aceptarla o no.



El señor PRESIDENTE: Señor Oria, esto no es un debate entre las partes. En segundo lugar, al Grupo Parlamentario Popular, como autor de la iniciativa, le corresponde posicionarse sobre la enmienda al final del debate. Por tanto, usted
diga lo que tenga que decir y ella se posicionará en el momento oportuno.



El señor ORIA GALLOSO: En primer lugar, quisiera recordar lo que se ha venido haciendo durante los últimos meses por parte del ministerio y de las distintas comunidades autónomas donde esta enfermedad ha tenido una mayor incidencia. El 13
de octubre de 2004, el Programa de vigilancia de la lengua azul, fundamentalmente aplicado por Andalucía, puso de manifiesto la circulación del virus de la lengua azul en la provincia de Cádiz; además, por parte de la Unión Europea ya se había
tomado la decisión de 14 de octubre, relativa a medidas de protección contra la fiebre catarral ovina o lengua azul en España, prohibiendo el movimiento de animales desde algunas comarcas de Andalucía, porque la enfermedad de la lengua azul figura
en la lista A de la Oficina internacional de epizoopatías y su propagación supone un grave peligro y puede tener consecuencias negativas para los intercambios comerciales en el ámbito internacional. Asimismo, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
Sanidad Animal, establece las medidas generales de prevención, control y erradicación de las enfermedades de los animales y las medidas específicas de lucha y erradicación de la fiebre catarral ovina, que ya estaban reguladas por un real decreto de
2001. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación también ha regulado recientemente el movimiento de las especies sensibles entre las distintas comunidades autónomas. Teniendo en cuenta la serie de circunstancias que se estaban dando en
distintas comunidades autónomas, como pueden ser la de Andalucía o la de las Islas Baleares, el ministerio publicó la orden de 19 de marzo de 2004, por la que se establecen los baremos de indemnización por los animales afectados por la lengua azul o
sospechosos de sufrirla. Por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía también se dictaron una serie de disposiciones encaminadas a la erradicación y de esta enfermedad y, sobre todo, a establecer ayudas a los ganaderos cuyas cabañas han sufrido
las consecuencias de la lengua azul. Se trata de una orden de 13 de noviembre de 2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la lengua azul y se regula el movimiento pecuario de las especies sensibles de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y su artículo 3.5 ha permitido movimientos de forma puntual y debidamente justificados en algunas comarcas afectadas. Hay una resolución de 3 de mayo de 2005, de la Dirección General de Producción Agraria, por la que se fijan las ayudas
para las asociaciones de afectados por la lengua azul y una orden del 1 de junio de 2005, de ayudas para el traslado de explotaciones ganaderas fuera del casco urbano. En definitiva, a lo largo de todo este tiempo se han venido marcando una serie
de medidas encaminadas fundamentalmente al control y a la erradicación y a las ayudas al sector.



El Ministerio de Agricultura y Pesca, ya termino con esto, también pone en marcha la composición de un comité consultivo de sanidad animal en materia de lengua azul, cuya función sería el análisis de la situación y asesoramiento al gabinete
de crisis hasta que se consiga un control eficaz de esta enfermedad. Este comité está representado por las distintas organizaciones de productores agrarios, del sector del producto cárnico, del sector transformador, del sector zootécnico; hay
también cuatro representantes de las comunidades autónomas, de las cuales dos de ellas serían de la zona restringida de Extremadura y Castilla-La Mancha y otros dos representantes de comunidades autónomas en zona libre como son Valencia y Aragón.
La presidencia la ostentaría la directora general de Ganadería que iría acompañada por los asesores necesarios y de la secretaría se encargaría uno de los representantes del sector. Las funciones de este comité serían: el asesoramiento al comité
nacional en materia de lengua azul; presentar propuestas de medidas al comité nacional antes de que este adopte acuerdos en materia de actuaciones sobre lengua azul y realizar el posterior informe sobre las adoptadas; ser informado de las
propuestas y acuerdos adoptados al respecto en el seno de la Unión Europea y, por último, elevar propuestas de las administraciones públicas sobre esta materia. El pasado día 20 de octubre se constituyó este comité consultivo en el que se aprobaron
las normas de funcionamiento del comité consultivo de sanidad animal en materia de lengua azul y se estudió la evolución de la situación epidemiológica, así como las nuevas propuestas de modificación de la legislación respecto a esta enfermedad. En
esta última se flexibilizan los movimientos de animales, dentro de las zonas de restricción, y se establecen condiciones sanitarias más estrictas para el movimiento hacia el área libre. En esa línea, también se ha creado la figura de un coordinador
nacional de ese comité, al que le correspondería la coordinación en materia de sanidad animal y la ejecución y coordinación con los órganos competentes de las comunidades autónomas. Asimismo, se aprueba que la información de la red de alerta
sanitaria y veterinaria de la página web del MAPA esté actualizada a tiempo para facilitar su consulta a los interesados.



Por todo lo que acabo de comentar, por todo lo que se ha venido realizando a lo largo de los dos últimos años respecto a la lengua azul y considerando que en estos momentos la enfermedad está suficientemente controlada y que los casos son
menos numerosos que en años anteriores, proponemos a los representantes del Grupo Popular la siguiente enmienda: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desarrolle una estrategia integral de lucha contra la lengua azul basada en la
vacunación masiva de especies susceptibles dentro del área de distribución del mosquito transmisor, coordinando


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una actuación similar al otro lado de la frontera con las autoridades portuguesas.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir en el turno de fijación de posiciones?


En su caso, para la aceptación o no de la enmienda la señora Naharro de Mora, autora de esta iniciativa, tiene la palabra.



La señora NAHARRO DE MORA: La verdad es que al llegar pregunté quién iba a llevar este tema para hablar sobre la enmienda antes de comenzar el debate, pero como ha sido tan rápido no ha sido posible. Esta enmienda no tiene nada que ver con
la proposición no de ley que nosotros presentamos, puesto que lo que pedimos es instar al Gobierno a que se cree un comité de coordinación y también sobre los otros dos puntos que ya conocen, que sería una de las medidas sobre las que tendría que
decidir ese comité.
Sin embargo, a pesar de que técnicamente estoy de acuerdo en que se debe practicar esa vacunación masiva considero que esta enmienda no tiene nada que ver con lo que nosotros decíamos en nuestra proposición no de ley.
Por
tanto, no la acepto.



-RELATIVA A LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO DEL AZÚCAR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/001269.)


El señor PRESIDENTE: Podemos retomar el punto quinto, ya que el portavoz de Izquierda Unida está presente en la sala en estos momentos.



Es la proposición no de ley relativa a la reforma de la Organización Común de Mercado del azúcar. El señor Pérez Martínez, como autor de la misma, tiene la palabra.



El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Lamento la posible perturbación en el desarrollo de esta Comisión por mi ausencia anterior, ya que estaba en otra reunión, como nos suele suceder. En cualquier caso intentaré compensar tratando de agilizar lo más
posible el desarrollo de esta sesión, puesto que se trata de una cuestión con un texto suficientemente claro y explícito, que además genera un consenso generalizado de fuerzas políticas, organizaciones agrarias, comunidades autónomas y Gobierno. Es
decir, es una cuestión que no necesita de mayores presentaciones, conociendo además la enmienda que propone el Grupo Socialista, que creemos que camina en el mismo sentido, si bien es cierto que endulza la proposición no de ley que presenta nuestro
grupo, no precisamente con azúcar, porque más bien es un edulcoramiento a base de sacarina suavizando excesivamente los términos de la proposición no de ley. Para nosotros una cuestión central de nuestra propuesta sería la constitución de esa mesa
nacional del azúcar, que vamos a seguir planteando. Por lo demás doy por presentada la proposición no de ley deseando que sea posible el acuerdo en torno a esta cuestión que plantea.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa el señor Amuedo tiene la palabra.



El señor AMUEDO MORAL: A estas alturas sería una obviedad tener que decir que la Unión Europea es el líder mundial en la producción de la remolacha con 2,3 millones de hectáreas y una producción total de azúcar superior a 20 millones de
toneladas, concentrando el 50 por ciento de dicha producción tan solo en dos países de la Unión Europea, Francia y Alemania, con un consumo inferior a lo que producen. España, teniendo una cuota cercana a un millón de toneladas de azúcar, concentra
el 6 por ciento de la producción bajo cuota de la Unión Europea, siendo España deficitaria en azúcar. El cultivo es una alternativa rentable y competitiva en nuestro país, que se distribuye en tres zonas productoras: el norte, principalmente
Castilla y León, con el 60 por ciento de la producción, en donde las parcelas de remolacha en regadío son imprescindibles para el equilibrio económico de las explotaciones, que suelen combinarlas con cultivos de secano; el centro, con el 7 por
ciento de la producción, y el sur, con el 33 por ciento de la producción, principalmente en Andalucía, con una característica especial de la siembra, que es siembra en otoño.



La actual OCM ha establecido un conjunto de mecanismos que ha permitido mantener el equilibrio del mercado europeo, a pesar de contar con una producción europea superior al consumo. Esto ha sido debido a un régimen de cuotas de producción
por país, con un total para la Unión Europea de 17,4 millones de toneladas de azúcar, con garantías de comercialización y precios mínimos, existiendo asimismo 3,5 millones de toneladas de azúcar del tipo C, sin garantía de comercialización ni de
precio, que se concentra en los países excedentes. Un régimen de precios que conlleva a la intervención del azúcar, precios mínimos de la remolacha y sistema de precios derivados; asimismo un sistema de aranceles y restitución a la exportación,
así como un régimen de importación preferencial de 1,9 toneladas de azúcar a, por un lado, grupos de países ACP (Africa, Caribe, Pacífico e India), y, por otro, a los países menos avanzados; un sistema de cotización por el que los productores
contribuyen a la financiación de la explotación de los excedentes. Este sistema de financiación ha permitido mantener estable el presupuesto destinado al sector del azúcar en la Unión Europea.



La propuesta de reforma de la OCM de azúcar que el Colegio de Comisarios presentó al Consejo el pasado 22 de junio, justificado principalmente por la necesidad de reducir las subvenciones, según ellos a la exportación,


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de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, tiene como consecuencia romper el equilibrio existente, en perjuicio tanto de los productores comunitarios de las regiones menos prósperas, como de los suministradores de los países menos
desarrollados. De llevarse a cabo la reforma en los términos que se ha planteado tendría un impacto social muy negativo para los productores españoles, dado que los mecanismos fundamentales que utilizan para dicha reforma son: reducción de precio
del 42 por ciento para los productores de remolacha con posibles reducciones adicionales, sin considerar los precios derivados. Un pago desacoplado para los productores que solo compensa el 60 por ciento de la reducción de precios anteriormente
mencionada. Un programa de reestructuración para la industria que fomenta el abandono en los primeros años. Una posible reducción obligatoria de cuotas si no se cumplen los objetivos de la comisión de abonados. La propia Comisión en su informe de
impacto no oculta el efecto que va a tener la reforma en determinados sectores y la intención de mantener el sector en las zonas más competitivas. Este informe, entre otras cosas, indica que se reducirá la producción bajo cuota en cinco millones de
toneladas de azúcar, además de los tres millones de toneladas de azúcar del tipo C. Las zonas que primero abandonarán el cultivo son las que cuentan con mayores costes de producción, evitando de esta forma efectos perjudiciales en las zonas más
competitivas. Los países donde la reducción de la producción será más importante serán: Grecia, Italia, Irlanda y Portugal. En España la Comisión espera un abandono significativo, dependiendo de las zonas productoras. Finalmente, la Comisión
considera que esta reforma es mejor, según ellos, que el statu quo, que conllevaría un importante volumen de importación y, en consecuencia, una mayor reducción de la producción de la Unión Europea. Todo esto indica que esta reforma, a nuestro
entender, es deficiente en su forma, dado que se pretende adoptar de manera precipitada antes de final de año, a pesar del rechazo manifiesto por diez países productores y el grupo de países ACP. No está ajustada a los principios de la PAC,
recogidos en el Tratado de Roma que implica el mantenimiento de un nivel de renta a todos los productores. En esta reforma solo se protege a los productores más competitivos. Faltas de coherencia en las políticas de cohesión y equilibrio
territorial, dado que no tiene en cuenta el papel del cultivo en la dinamización de la economía rural, sobre todo en las regiones de convergencia. No tiene en cuenta tampoco la singularidad regional al no considerar, por ejemplo, la siembra otoñal
en Andalucía, y de realizarse esta propuesta no sabrían los agricultores si existiría abandono por parte de la industria de dicha región, sin alternativas eficaces para las zonas productoras que abandonen y sin tener en cuenta la concurrencia de
este cultivo en algunas zonas fundamentalmente de Andalucía con otros cultivos perjudicados por la reciente reforma de la PAC, como es el algodón, siendo catastrófico para dichas zonas. No tiene en cuenta el grave problema social que genera, que no
es solo agrícola, puesto que hay más de 120.000 personas dependientes de este cultivo y como siempre a quien más perjudicaría sería a los más débiles desde el punto de vista económico. Genera grandes desequilibrios, dado que prima a los países más
favorecidos en lugar de a los menos favorecidos, y genera grandes desequilibrios en las zonas productivas. No genera ninguna línea de I+D que apoye la vía energética de la remolacha para poder contar con otras alternativas. Es desproporcionada e
injusta y deja solo en manos de la industria del sector la decisión de continuar con la actividad cuando éste ha sido un sector en el que productores e industrias han contribuido conjuntamente a su equilibrio.



Por todo lo expuesto la enmienda de sustitución que traemos no es que sea mejor, porque en lo básico estamos absolutamente de acuerdo, pero sí pensamos que hay que trabajar en el marco del Consejo de Ministros de la Unión Europea en defensa
de una reforma equilibrada del sector azucarero de forma que mantenga el tejido económico y social en las zonas rurales productoras, se trata de defender la modificación de las propuestas atendiendo a los siguientes principios: promover una
interpretación de las reglas del comercio internacional más coherente con el mantenimiento de la producción comunitaria, condicionando los parámetros de la reforma a las negociaciones de la OCM (Organización Mundial del Comercio) y una aplicación
menos restrictiva del panel del azúcar; reparto equilibrado de los esfuerzos de reducción de cuotas que pueden resultar cargándolo especialmente en la producción excedentaria; mantenimiento de la diferenciación de las cuotas a) y b); promover que
las medidas de reestructuración tengan en cuenta todos los intereses implicados (industria, productores, trabajadores), manteniendo en todo caso la capacidad de decisión del Estado miembro en su aplicación; reducción de precios menor para la
propuesta por la Comisión y más espaciado en el tiempo; mejora de la compensación de renta a los productores mediante una ayuda acoplada; reconocimiento de la singularidad del actual mecanismo de precios aplicados en España, que implica una mayor
reducción y, por tanto, debe ir acompañada de una mayor compensación de renta; continuar coordinando con los representantes del sector y las comunidades autónomas una línea de acción conjunta que facilite la defensa unitaria de una reforma más
equilibrada y permita mantener las actividades en todas las zonas; y continuar impulsando una acción común con los Estados miembros que defienden una posición próxima a la española.



La enmienda que presentamos no queremos que parezca, no me acuerdo exactamente las palabras que usaba el portavoz de Izquierda Unida un edulcorante...



El señor PRESIDENTE: En cualquier caso debe de ir terminando, señor Amuedo.



El señor AMUEDO MORAL: Voy terminando, señor presidente.



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De todas maneras estamos dispuestos, como es lógico, a ver durante la presente sesión un texto alternativo al suyo y al nuestro y quedar de acuerdo, porque lo importante para nosotros es rechazar la propuesta de la OCM del azúcar.



El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno de fijación de posición de los grupos parlamentarios.



Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Madero.



El señor MADERO JARABO: Quiero felicitar al enmendante por la crítica acertadísima que ha hecho a la propuesta de la Comisión sobre la OCM del azúcar y, al hilo de esta cuestión, expreso nuestro profundo deseo, al tiempo que escasa
esperanza, de que el Gobierno en las fechas próximas vaya a lograr nada positivo en el tema que nos ocupa, a pesar de que el señor presidente del Gobierno declaró este tema asunto de Estado.



El señor PRESIDENTE: Corresponde el turno al autor de la propuesta, señor Pérez, en cuanto a aceptación o no de la enmienda.



El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Si es posible intentar ponernos de acuerdo en el tiempo que queda hasta la votación, estaríamos en disposición.



El señor PRESIDENTE: Es necesario que antes de que se proceda a la votación hagan llegar a la mesa el sentido del acuerdo, si lo hubiere, o la aceptación o no en su caso.



-RELATIVA A LAS MEDIDAS PARA PALIAR EL INCREMENTO DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE UTILIZANDO FONDOS DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DE ORIENTACIÓN A LA PESCA (IFOP). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/001283.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Punto séptimo, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a las medidas para paliar el incremento del precio del combustible utilizando fondos del instrumento
financiero de orientación a la pesca (IFOP).



Para su defensa, acumulada con la propia enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, autor de la propuesta, tiene la palabra el señor García Díez, su portavoz.



El señor GARCÍA DÍEZ: Como acaba de decir del señor presidente, esta enmienda es una autoenmienda a nuestra proposición no de ley justificada exclusivamente en dos aspectos. Por un lado, el hecho de que en fechas muy recientes se han
producido acontecimientos que han derivado en una serie de acuerdos alcanzados entre una parte del sector y la Administración, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y, por otra, que hace pocas fechas, concretamente el 18 del
pasado mes de octubre, adoptábamos unánimemente un acuerdo plenario al debatirse una moción, consecuencia de interpelación urgente al Gobierno.
En dicha moción se instaba al Gobierno a adoptar una serie de medidas que condujesen a paliar los
efectos de la subida del gasóleo en las cuentas de resultados del sector pesquero. Por ello, hemos considerado muy oportuno que el texto original de la proposición no de ley se viera matizado y ampliado en los términos que acabo de decir. Por otro
lado, lo que pretende nuestro grupo con esta proposición no de ley es aprovechar una vía más para facilitar la labor que tiene que desarrollar el Gobierno buscando soluciones, para paliar los efectos negativos que se han visto reflejados en los
acontecimientos que el sector pesquero ponía de manifiesto de forma más que evidente durante las pasadas semanas. Esa vía más no es habitual encontrarla porque todos conocemos y debemos respetar y reflejar en nuestras propuestas las reglas del
juego, en este caso las normas comunitarias. Es precisamente dentro de lo que es la normativa comunitaria cuando se abre una vía, y quien la abre es nada menos que el comisario de Pesca, que es quien invita a los Estados miembros a buscar
soluciones por la vía que recoge el texto de esta proposición no de ley.
Lo que en definitiva estamos proponiendo es que se establezca un balance sobre las certificaciones que emiten las intervenciones de los organismos gestores, que en este caso
son las comunidades autónomas y la Administración central, en lo que afecta a los fondos de los que dispone el Instrumento Financiero de Orientación Pesquera, conocido por IFOP, y, sobre todo, para su período de vigencia, 2000-2005. Entendemos que
hay una serie de fondos que no han sido utilizados a día de hoy y cuyos excedentes deben ser utilizados, porque, si no, correríamos el riesgo de tener que devolverlos, lo cual sería todavía mucho más grave. Decía que no es habitual encontrar una
vía como la que el comisario propone, porque de alguna forma está abriendo una vía excepcional en la utilización de estos fondos para financiar, en este caso, los efectos negativos que produce el incremento excesivo de los precios del gasóleo. Lo
que dice la normativa comunitaria es que se pueden financiar con estos fondos paradas biológicas hasta un límite, que es el 4 por ciento, y lo que nos ha dicho aquí el comisario europeo hace pocas semanas es que para paliar los efectos del gasóleo
se puede superar este límite. Por eso nosotros pensamos que se deben evaluar y certificar cuáles son las cantidades disponibles a día de hoy y a partir de ahí hacer una propuesta en este sentido. Este es el primer punto de la proposición no de
ley.



Lo que pedimos después es que se apliquen urgentemente una serie de medidas económico-fiscales, que sean viables evidentemente, de cara a paliar estos graves daños causados en la economía del sector pesquero, y proponemos algunas de ellas.
En la enmienda a la que


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he hecho referencia se concretan de forma que el texto dice que esos puntos sean prioritariamente cuatro: bonificaciones extraordinarias temporales en las cotizaciones de la Seguridad Social y aplazamiento de las cuotas, rebaja de los
módulos del régimen de estimación objetiva en el IRPF, una reducción del impuesto sobre sociedades proporcional al consumo del combustible que realice cada unidad y una reducción de las tasas portuarias proporcional a la elevación del precio del
combustible, indicando como referencia los 30 céntimos por litro de gasóleo, que es lo que el sector más o menos ha venido demandando. Quiero recordar que cualquiera de estos cuatro puntos recogidos en nuestra enmienda se corresponden con la moción
que se aprobó el día 18 de octubre, como dije al principio de mi intervención, de forma unánime por todos los grupos de la Cámara. En este sentido, no podemos entender la enmienda que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista por dos razones
fundamentales.
Primero, las medidas que se proponen no son para paliar los efectos negativos del gasóleo, sino para sufragar paradas biológicas, y por eso he dicho hace un momento que no tendría ningún sentido aceptar esta propuesta dado que
pretendemos que se utilice, si se acepta esta proposición y el Gobierno la aplica, una vía excepcional que nos permite la Unión Europea a través del comisario de pesca. Si es simplemente para financiar paradas biológicas no tendríamos por qué
acudir a estas medidas excepcionales, y bienvenido sea todo lo que suponga la recuperación del caladero nacional, pero no es el caso y, por tanto, se está cambiando el sentido de la propuesta que hace nuestro grupo. La otra razón por la que no se
puede aceptar esta enmienda presentada por el Grupo Socialista es que en dos de sus puntos se dice que se sustituya la redacción que nosotros damos por un párrafo que casi prefiero leerlo literalmente: Se cumplan por las partes los acuerdos
adoptados el 27 de octubre entre la Federación de cofradías y el Ministerio de Agricultura. ¿Cómo vamos a aprobar una enmienda para que se cumplan unos acuerdos? Entendemos que si se han alcanzado unos acuerdos entre el Ministerio de Agricultura y
la Federación de cofradías se tienen que cumplir se apruebe o no esta enmienda y se apruebe o no esta proposición no de ley. Por ello entendemos que los términos en los que está redactada deberían ser los aceptados por el conjunto de los miembros
de esta Comisión, dado que -insisto- son consecuencia de las vías que abre la Unión Europea, el dinero que existe y que está en riesgo de tener que devolverse si no se utiliza adecuadamente y, por último, sobre la base de ese espíritu que se plasmó
de forma unánime en el Pleno de esta Cámara del Congreso de los Diputados al que no añade ni quita nada estas medidas ni las contradice; en cambio, las enmiendas que nos plantea el Grupo Socialista, de ser aceptadas, desvirtuarían totalmente el
contenido de esta proposición no de ley y no permitirían cumplir los objetivos para los cuales ha sido pensada.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista. Para su defensa el señor Díaz tiene la palabra.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, pediría al grupo proponente la retirada de su propuesta -en estos momentos retiramos nuestra enmienda-, entre otras cosas, porque de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular el único punto que
tenía una cierta oportunidad era el primero, que trataba de realizar un balance sobre las certificaciones emitidas para ver cómo estaban los fondos IFOP. Pero yo tengo en mi poder un informe que dice que ya se ha realizado la reprogramación en
función de lo estudiado por las comunidades autónomas y el nivel de compromisos en paradas temporales asciende al 99 por ciento, por lo que se está procediendo ya a una segunda reprogramación para el año 2006. En consecuencia no hay excedentes, y
para modificar la finalidad de estos excedentes tendríamos que tener una autorización de la Comisión Europea.
Por eso, si el punto primero no tiene sentido, los demás tienen menos.



Señores diputados, estamos aquí para discutir en torno a una idea genial de un comisario europeo. En un momento dado, un comisario europeo nos dice que el problema de la subida del combustible podemos combatirlo financiando a los pescadores
para que hagan paradas y que, en consecuencia, no consuman combustible. Esta es una idea genial de un comisario europeo, no una norma de la Unión Europea; para que sea norma tiene que ser aprobada por la Comisión y por el Consejo de Ministro de la
Unión Europea. Como digo, no es una norma, es una intuición genial de un comisario; intuición genial que el Grupo Popular comparte y nosotros no.
Nosotros no compartimos que la mejor solución para combatir el alza del combustible sea parar la
flota porque así gastamos menos. Nosotros pensamos que se para la flota pero no el consumo, con lo cual lo que hacemos es parar nuestra producción y conseguir que nuestro mercado sea abastecido por otras flotas. Esto significa que perderemos
mercado a corto plazo y será difícil recuperarlo en el futuro, y hay otras experiencias que avalan esta consideración. En consecuencia, nosotros no estamos a favor de hacer paradas para ayudar a resolver el problema del precio del combustible.
Estamos a favor de hacer paradas biológicas para ayudar a recuperar nuestros caladeros, algunos de ellos realmente esquilmados, de manera que se permita que la producción de los mismos sea superior. Todo lo que se invierta en paradas biológicas con
la finalidad de recuperar nuestros caladeros nos parece bien, pero las paradas biológicas para abaratar costes nos parece mal.



El Parlamento cumplió con su función cuando unánimemente aprobó una serie de recomendaciones sobre unas negociaciones entre Gobierno y sector. Esas negociaciones ya tuvieron lugar y en ellas hubo un acuerdo importante después de una huelga
o paro técnico o paro


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patronal, como se quiera decir, bastante prolongado, que tuvo repercusiones de tipo económico y social para todos, para los trabajadores y para otros sectores. Si ya existen mesas para continuar esas negociaciones ahora no se debe
interferir desde el Parlamento con nuevas recomendaciones. La intervención del Parlamento en su día fue oportuna, fue positiva -de hecho sobre esas propuestas del Parlamento se discutió en la mesa de negociación-, pero no es el momento de que
volvamos a incidir proporcionando nuevos elementos de debate a una mesa que se cerró en parte pero que sigue abierta a nivel sectorial; no debemos decir al sector lo que tiene que hacer, máxime después de las amplias negociaciones que hubo entre el
sector y el Gobierno. Por eso retiramos nuestra enmienda. No tiene sentido adoptar como norma la idea de un comisario que no es norma. En todo caso, lo que hay que hacer es instar a las partes, en primer lugar, a que cumplan lo antes posible lo
pactado y, en segundo lugar, a que continúen con las negociaciones sectoriales hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos.



El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir para fijar su posición? (Pausa.)


-SOBRE EXPLOTACIONES PORCINAS EXTENSIVAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001296.)


El señor PRESIDENTE: Retirada la enmienda del Grupo Socialista pasamos al siguiente punto del orden del día que figura con el número 8: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre explotaciones porcinas extensivas. Para
su defensa tiene la palabra la señora Holgado Flores.



La señora HOLGADO FLORES: Señoras y señores diputados, la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Socialista ante esta Comisión, relativa a las explotaciones porcinas extensivas, aborda uno de los sectores ganaderos de mayor
implantación e importancia en España, especialmente en comunidades autónomas como la mía, Extremadura, para la que el desarrollo del mencionado sector y la producción y comercialización de sus productos constituyen sin lugar a dudas una fuente de
riqueza económica, en la misma medida que para regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y en menor medida para otras zonas de España. Han quedado atrás viejos tiempos en los que la existencia del cerdo se encontraba íntimamente
ligada a la economía familiar o a la producción en pequeña escala. Los ritos de la matanza del cerdo en épocas invernales, especialmente en torno a diciembre y enero, como acontecimiento que reunía a familias y vecinos que preparaban de esta forma
sus productos como base de la alimentación anual de las mismas, es cada vez en mayor medida una estampa que se aborda básicamente como elemento típico de nuestra realidad pretérita, por lo que la matanza se ha convertido de esta forma en un
acontecimiento antropológico que integra nuestras fiestas populares con la pretensión de que dicha práctica perdure en el recuerdo de las nuevas generaciones. Hoy en día las explotaciones del cerdo ibérico han sobrepasado las barreras familiares y
se han convertido en un elemento generador de riqueza, básico para la economía de determinados territorios. De ahí que los socialistas, conscientes de la enorme importancia que ha adquirido este sector, hayamos visto la necesidad de traer ante la
Cámara esta iniciativa con el fin de proceder a su regulación y a un racional aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa como ecosistema íntimamente unido a la explotación de dicho animal. La dehesa es el escenario donde el ganado
porcino y el toro de lidia encuentran un hábitat propicio para su desarrollo. De ahí que entendamos que la explotación del cerdo ibérico ha de estar íntimamente ligada a la misma y que nos preocupe encontrar las fórmulas adecuadas para que se
mantenga el necesario equilibrio entre este ecosistema y sus habitantes.



En la exposición de motivos de nuestra proposición no de ley queda patente nuestra preocupación por lo que acabo de exponer, así como el reconocimiento del sector porcino como uno de los más importantes dentro de la producción final agraria
española y de los más destacados en la realidad productiva de la Unión Europea. Actualmente, nos encontramos ante una nueva situación derivada de la última reforma de la política agraria común que contempla el régimen de pago único y la
desvinculación de las ayudas respecto a producciones determinadas, lo que ha propiciado el interés creciente de otras comunidades autónomas para explotar otras razas distintas al cerdo ibérico más allá del ámbito geográfico reservado a la dehesa y
fomentar de esta forma el sistema de producción en extensivo adaptado a sus distintas particularidades.



Señorías, con el fin de que pueda entenderse en sus justos términos la proposición no de ley que hoy presentamos, así como el interés que el Grupo Parlamentario Socialista y supongo que todos los que están representados ante esta Cámara
manifestamos para contar con una nueva normativa que regularice el sector porcino, conviene pararnos a reflexionar sobre la legislación actualmente existente, así como sobre los nuevos retos de futuro que se nos plantean. La profunda evolución del
sector porcino hizo necesario en su momento encauzar el crecimiento del mismo, configurándose por ello un marco normativo en materia de ordenación de las explotaciones porcinas en sistema de producción intensivo mediante la publicación del Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se pretendía adaptar la normativa vigente a la nueva realidad del sector. En aquel momento fueron exceptuadas de su aplicación las explotaciones porcinas en sistemas de producción extensiva, que seguían
rigiéndose por el Real Decreto 1132/1981, de 24 de abril, sobre ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones porcinas


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extensivas, en el que se intentaba defender dicho modelo de explotación en perfecta simbiosis con la dehesa arbolada del sudeste peninsular, creándose para ello las condiciones necesarias que pudieran garantizar el correcto desarrollo de
este particular proceso productivo. Los nuevos conceptos de desarrollo rural, seguridad alimentaria, bienestar animal, protección agroambiental y condicionalidad y sanidad pecuaria han ido dibujando un escenario bastante más complejo en el que la
producción pecuaria debe encontrar asiento, incluida la producción porcina en sistema extensivo. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario que de forma análoga a la ordenación establecida para las explotaciones en sistema de producción
intensiva se configure un nuevo marco legal para un sistema de producción extensivo que no esté basado exclusivamente en la explotación de una determinada raza ni circunscrito únicamente a la dehesa arbolada y a la raza de tronco ibérico. De ahí
que resulte necesario establecer la ordenación de la producción porcina extensiva integrada en el medio físico que la sustenta y basada en el aprovechamiento de los recursos y en el respeto a las exigencias derivadas de la normativa comunitaria
sobre bienestar animal y sanidad pecuaria.



Volviendo de nuevo al cerdo ibérico, resulta igualmente necesario preservar los recursos de la dehesa arbolada que está íntimamente unida a la producción del mismo, como ya hemos apuntado, regulando su aprovechamiento para adecuarlo a la
nueva realidad de esta producción. El ya citado Real Decreto 1132/1981 pretendía potenciar una producción entonces en declive y con riesgo de desaparición, pero actualmente nos encontramos con una realidad bien distinta ya que el cerdo ibérico
constituye un sector en continua expansión que exige más que nunca preservar la dehesa, puesto que se trata de un ecosistema particularmente frágil. En relación con el tema sanitario conviene destacar que, si bien la peste porcina africana ha sido
erradicada, han aparecido nuevas patologías que adquieren especial relevancia. Esta nueva doble realidad, tanto respecto de la producción como del aspecto sanitario, impone la necesidad de regular un racional aprovechamiento de los recursos
naturales que supone la dehesa, estableciendo la adecuada carga ganadera, la extensión de las explotaciones, el aforamiento de las montaneras, etcétera, así como el establecimiento de los adecuados programas sanitarios y los códigos de buenas
prácticas ganaderas. La denominación de los productos derivados de las nuevas explotaciones porcinas extensivas, a las que nos estamos refiriendo, deberá ser en su caso objeto de la correspondiente normativa de calidad. De manera que así como la
Orden APA/213/2003, de 10 de febrero, de desarrollo normativo del Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre, regula la norma de calidad para el jamón ibérico, la paleta ibérica y la caña de lomo ibérico elaborados en España, debería promulgarse la
necesaria normativa para otras posibles denominaciones voluntarias de calidad.



Dicho todo lo anterior el Grupo Socialista entiende que esta nueva regulación deberá venir precedida de un debate entre los sectores implicados y los distintos departamentos ministeriales y administraciones con competencia en la materia, con
el fin de consensuar un texto final de real decreto en el que podrían introducirse, entre otros, los siguientes puntos: La definición de la explotación extensiva como un sistema de producción vinculado al aprovechamiento de recursos naturales con
una determinada carga ganadera y no vinculado a una raza ni a un ecosistema determinado; la consideración de que una parte del proceso productivo de las explotaciones porcinas extensivas se realiza en instalaciones permanentes; la clasificación
zootécnica y la clasificación sanitaria de las mismas; la determinación de las razas autorizadas y los requisitos que deben reunir dichas explotaciones en cuanto a identificación y registro, infraestructura, manejo, bienestar animal, condiciones
medioambientales, etcétera. Por todo lo referido anteriormente el Grupo Socialista en el Congreso presenta la siguiente proposición no de ley, que esperamos pueda ser apoyada por todos los grupos parlamentarios presentes en la Comisión: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en colaboración con los representantes sectoriales, una nueva normativa de ordenación zootécnica y sanitaria de las explotaciones de ganado porcino en sistema de producción extensivo, con el
fin de actualizar y adaptar a los nuevos tiempos la actual legislación de ordenación sanitaria y zootécnica de las explotaciones porcinas extensivas de 1981, Real Decreto 1132, estableciendo la ordenación de las explotaciones porcinas que utilizan
un sistema de producción basado en el principio de integración de la producción porcina extensiva con el medio físico que la sustenta y basada fundamentalmente en el aprovechamiento de los recursos agroforestales con respeto a las exigencias
derivadas de la normativa comunitaria sobre bienestar animal y sanidad pecuaria; propiciar un desarrollo ordenado de este sistema de producción del ganado porcino que asegure la obtención de productos de calidad inigualables que responden como
ninguna otra producción a las actuales demandas del consumidor europeo, calidad gastronómica y carácter natural de la producción, respetuosa con el medio ambiente y con el bienestar animal; encauzar el desarrollo del sector porcino extensivo para
evitar los riesgos de deterioro del medio ambiente y del ecosistema en la dehesa, ligados a un desarrollo no ordenado de esta producción; y, por último, garantizar el futuro de esta producción regulando la producción porcina extensiva de acuerdo al
más elevado estándar de calidad tanto en los productos como en la fuente de la materia prima: el cerdo ibérico.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. ¿Algún grupo parlamentario en turno de fijación de posiciones desea intervenir? (Pausa.)


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-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEFENDER EN LAS NEGOCIACIONES SOBRE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS DE LA UNIÓN EUROPEA 2007-2013 LA NO INCLUSIÓN DE LA FINANCIACIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN LOS NUEVOS FONDOS EUROPEOS PARA LA AGRICULTURA Y EL
DESARROLLO RURAL (FEADER). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001015.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley que aparecía en primer lugar en el orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a defender en las negociaciones
sobre las perspectivas financieras de la Unión Europea 2007-2013 la no inclusión de la financiación de la Red Natura 2000 en los nuevos fondos europeos para la agricultura y el desarrollo rural (Feader).



El señor Grau, autor de esta iniciativa, tiene la palabra.



El señor GRAU I BULDÚ: Señor presidente, ante todo quiero agradecer su benevolencia por permitirme defender esta proposición de mi grupo, correspondiente al primer punto del orden del día, ya que no me ha sido posible llegar en ese momento.



El objetivo inicial de esta proposición de nuestro grupo, que se presentó en el mes de junio, se basaba en preservar los Feader porque han sido un gran instrumento para permitir la inversión en el medio rural y la diversificación de los
rendimientos que tiene el sector agrario. Por ello nuestro grupo intentaba mantener esta finalidad del desarrollo rural y las mejoras de inversión y protección del medio ambiente absolutamente diferenciadas. No estábamos de acuerdo en que las
mejoras de explotaciones agrarias estuvieran ligadas a la sostenibilidad, sino en que las medidas de protección ambiental tuvieran su propia línea, como la protección de bosques, porque las entendemos más ligadas a la producción que a la inversión
en sí. Lógicamente, cualquier inversión tiene que ser sostenible. Ya en el punto anterior, cuando hablábamos del cerdo ibérico, intentamos preservar la protección del medio ambiente y la sostenibilidad. La inversión tiene que tener su carácter,
pero las medidas compensatorias y las medidas de protección del medio ambiente exigen una actuación diferenciada, es decir, no propia del ministerio de Agricultura sino también del Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, incluir las medidas de
medio ambiente dentro de los Feader supondría mermar la capacidad de esta nueva vía que estamos ofreciendo a los agricultores como alternativa productiva, una vía que en el futuro no estará sujeta a una fijación de precios. Es más posible defender
un incremento del IPC en el precio de los apartamentos de turismo rural, es más posible aceptar la actualización de precios de los servicios que puede ofrecer cualquier agricultor que la de los propios productos agrícolas. Este es un problema
endémico del sector, y la posibilidad de asegurar una renta precisa que las ayudas a la inversión se mantengan dentro de un nivel de progresión establecido a medio y largo plazo. Si con el nuevo reglamento, al pasar los fondos de la Red Natura 2000
a los Feader, se produce una reducción, toda la dinámica que veníamos impulsando hasta ahora quedará frenada. Al aprobarse el reglamento en el mes de septiembre, nuestro grupo ha presentado una enmienda de sustitución que corrige la propuesta que
hicimos en el mes de junio para que, al menos temporalmente, no se frene esta acción y el Gobierno mantenga la progresión que han tenido las inversiones Feader en el sector agrario.



La enmienda que nos propone el Grupo Socialista está en la misma línea que nosotros defendemos, está en una línea de Gobierno, en una línea que acepta el funcionamiento de la Comisión Europea y, por esta razón, la asumimos plenamente. Sin
embargo, proponemos al Grupo Socialista una modificación que es agregar, corrigiendo nuestra propia enmienda de sustitución, que la Administración General del Estado proceda transitoriamente, mientras no se dictaminen por la Comisión Europea los
valores reales de cobertura de las inversiones Feader y Natura 2000, mediante un fondo de financiación compensatoria a estos Feader que ahora están establecidos. De esta forma no frenaremos la acción del Gobierno ni el nivel de unas ayudas que se
han demostrado muy eficaces y que abren las posibilidades de actuación del sector agrario. Por ello, aceptando plenamente la enmienda que nos presenta el Grupo Socialista, proponemos esta transacción, agregando una recomposición de nuestro grupo,
sin ánimo de frenar la acción del Gobierno. Nuestra voluntad es que el sector no sienta que la financiación de la Red Natura 2000 puede frenar o retrasar los proyectos que ya se han empezado. Probablemente con esto sustituyamos temporalmente las
acciones de la Comisión Europea. Sabemos que este es un acuerdo de la Unión Europea que tiene que ser respetado, pero entendemos que esta acción puede tener cabida temporalmente en beneficio del grupo.
Por ello solicitamos la aceptación de nuestra
transacción y mostramos nuestra mejor disposición para asegurar la tranquilidad al sector, sobre todo en los proyectos que van más allá de la simple subvención y se dirigen a la creación de nuevas formas de riqueza y nuevas formas de actividad.



El señor PRESIDENTE: Efectivamente a esta proposición no de ley se ha presentado, además de la enmienda del propio grupo autor de la propuesta, otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora
Farrera.



La señora FARRERA GRANJA: La futura política de desarrollo rural se articulará, como muy bien viene expuesto en la proposición no de ley que nos trae hoy a


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debate, en tres ejes o pilares, cada uno de los cuales deberá estar dotado con una cantidad mínima del total del presupuesto de desarrollo rural asignado a cada país. Estos tres pilares son: mejora de la agricultura y la silvicultura,
medio ambiente y gestión del suelo y mejora de la calidad de vida y diversificación de la economía rural. En la reforma del reglamento de desarrollo rural el segundo eje o pilar se simplifica aglutinando y reorganizando las diferentes medidas de
desarrollo rural.
Estas pasarán a ser financiadas a través de un único fondo de nueva creación al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Feader, sustituyendo la doble vía de financiación que existía hasta ahora a través de la PAC y de los
fondos estructurales. De todos es sabido que las zonas rurales, además de albergar a una cuarta parte de la población europea y constituir el 80 por ciento de su territorio, están caracterizadas por una estructura cultural, económica y social rica
y diferenciada que constituye una auténtica reserva de diversidad, albergando una gran variedad de actividades y paisajes de gran interés, por lo cual representan un activo real para la Unión Europea, teniendo a su alcance la posibilidad de poder
jugar un papel muy importante en los diferentes aspectos de la sociedad actual. Por tanto, la agricultura es y debe seguir siendo un punto de encuentro privilegiado entre el hombre y el medio ambiente. En Europa gran parte del entorno rural más
valioso se debe a la agricultura. Los sistemas agrarios adecuados permiten preservar el paisaje y los hábitats, tanto en zonas húmedas como en praderas secas y pastos de montaña. Con objeto de proteger y mejorar los recursos naturales y los
paisajes de las zonas rurales, se han asignado recursos al segundo eje o pilar, que debe contribuir entre otras cosas a la realización de la red agraria y forestal de Natura 2000. El mantenimiento de la Red Natura 2000 implica una importante
financiación comunitaria y nacional, que en el caso de España supera ampliamente la de los demás Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, el Gobierno defiende la necesidad de conservación de la biodiversidad en el ámbito de la Unión
Europea, a través de la selección e inclusión en la Red Natural de espacios naturales de interés comunitario. Igualmente, ha solicitado sea tenida en cuenta la importancia excepcional en número, riqueza y singularidad de los espacios españoles
designados e integrados en la Red Natura, que exigen una cofinanciación comunitaria proporcionada y suficiente, tanto para la compensación de rentas cesantes de los agricultores, ganaderos y forestales implicados como del coste de las medidas
activas de conservación, mejora, educación y difusión derivadas de su pertenencia a la red.



El debate se sitúa en cuáles deben ser los instrumentos más adecuados, las cantidades presupuestadas consideradas como suficientes, los criterios de asignación y los porcentajes de cofinanciación deseables. En esta discusión comunitaria el
Gobierno viene defendiendo y seguirá manteniendo que una biodiversidad tan rica en todos los sentidos, como es la nuestra, necesita la creación de un instrumento financiero específico. No puede recaer la financiación de la Red Natura 2000 en los
presupuestos de un sector específico como es el sector agrícola. Esta financiación no debe significar una pérdida de rentas de forma directa para los agricultores o ganaderos afectados por las limitaciones en sus actividades derivadas de las
medidas de protección o por el coste de estas; tampoco deben ser soportadas en solitario por el conjunto de los agricultores en el caso de que los recursos disponibles para la protección de la biodiversidad se retraigan o procedan de una bolsa
común con el resto de las medidas del desarrollo rural. La deseable integración de las políticas de protección de especies y espacios con las actividades agrícolas relacionadas con la producción de alimentos y otras materias primas socialmente
necesarias no debe hacer olvidar que las obligaciones contraidas por la Unión Europea y los Estados miembros, así como los beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad, desbordan absolutamente el ámbito de cada agricultor individual e
incluso el de cada territorio o Estado implicado en su conservación. En la sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea celebrada el martes 27 de septiembre de 2005 ya se debatió y aprobó una proposición no de ley en este mismo sentido, es
decir la financiación de la Red Natura 2000 en el marco de las perspectivas financieras de la Unión Europea 2007-2013. Esta proposición no de ley se aprobó con una enmienda de sustitución del Grupo Socialista; una enmienda que presentamos hoy de
nuevo y en los mismos términos, dado que es una prioridad del Gobierno defender que exista una financiación suficiente para atender las necesidades de la Red Natura 2000 y que sea independiente de la asignación del nuevo Feader y de los fondos
estructurales. Tengo que decirle también al señor Grau que no se ha producido ninguna reducción como él ha dicho en su intervención; se han establecido unas partidas para cofinanciar medidas de los tres ejes o pilares, partidas que en ningún caso
son inamovibles, sino que cada comunidad autónoma podrá disponer de ellas según las necesidades de su territorio.



En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el mismo que ha presentado la proposición no de ley que estamos debatiendo, tengo que manifestar que a la Administración General del Estado le es muy
difícil crear un fondo para la financiación compensatoria de las políticas agrícolas y de desarrollo rural por dos motivos: en primer lugar, porque la Administración General del Estado tiene que cofinanciar -no financiar, que es distinto- unos
fondos destinados al mantenimiento de la biodiversidad y de las obligaciones contraídas con la Unión Europea; y, en segundo lugar, porque la Administración General del Estado no puede asumir por sí sola competencias, o más bien en este caso crear
un fondo específico para compensar la reducción de los recursos para la financiación de la Red Natura 2000; una financiación que tiene que ser compartida, y, como muy bien reza nuestra enmienda, una financiación que a nivel comunitario tiene que
ser específica para dicha Red Natura 2000.



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El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir para fijar posición? (Pausa.) Corresponde, por tanto, al autor de la iniciativa fijar la posición sobre la enmienda del Grupo Socialista.



El señor GRAU I BULDÚ: Realmente nuestra intención era aceptar la propuesta del Grupo Socialista porque compartimos los puntos 1 y 2 de su proposición. En cualquier caso, hablamos de esta transitoriedad en tanto en cuanto la portavoz del
Grupo Socialista ya ha indicado que la Red Natura 2000 pasa por delante del propio fondo Feder. Si de hecho el reglamento establece una cuota de máximos, lógicamente -es una suma de dos sumandos- la posible reducción del Feder es automática; por
esta razón, como he dicho en mi anterior intervención, preservando esta situación y corrigiendo nuestra propia enmienda, establecíamos el punto 3 de transitoriedad y cofinanciación para no mermar al menos los proyectos Feader establecidos y en curso
en estos momentos, así como las expectativas existentes. Me consta la existencia de freno de proyectos por falta de disponibilidad, por esta razón y mientras no se defina la participación de la Red Natura 2000 o su montante dentro del fondo total
de ayuda es necesaria esta compensación. Por similitud le diría que en ningún departamento o en materia industrial existe relación alguna que se refiera a incluir temas medioambientales en las ayudas propiamente dichas, por tanto entiendo que esta
ayuda temporal sería posible. Por ello, en caso de que el grupo proponente no acepte la enmienda ni la transacción que le proponemos, lamentablemente nosotros tendríamos que remitirnos a nuestra posición inicial.



El señor PRESIDENTE: Al final, señor Grau, ya he entendido lo que usted quería decir respecto de la enmienda, que era el tema que nos ocupaba.
Les ruego que en cualquier caso y antes de la votación nos comuniquen cómo quedan las posiciones
al objeto de tener claro en qué términos se va a proceder a la misma.



-RELATIVA AL CIERRE DEL CALADERO EN EL ÁREA DE REGULACIÓN DE LA NAFO, PRESENTADA POR EL GRUPO MIXTO. (Número de expediente 161/001210.)


El señor PRESIDENTE: Agotamos el orden del día con el punto número 4, relativo al cierre del caladero en el área de regulación de la NAFO. El Grupo Parlamentario Mixto es el autor de esta iniciativa, por lo que la señora Fernández Davila,
su portavoz, tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señor presidente, en primer lugar, quiero agradecer que, como fue solicitado por esta diputada, se permitiera el traslado del punto 4 del orden del día para darme tiempo a defenderlo. Mi ausencia se ha debido a
los retrasos de los aviones, no solamente en la salida sino también en la llegada; hemos estado media hora planeando sobre Madrid.



Esta proposición no le ley la presentamos el 15 de octubre, después de que el 31 de septiembre se cerrara el caladero de la NAFO a la pesquería del fletán negro; y lo hicimos en esa fecha porque días después se iba a celebrar la reunión
anual de la NAFO, donde el Estado español tendría que mantener una postura determinada para defender los intereses de la flota pesquera y congeladora españolas para que fuera posible faenar en esas aguas en la pesquería concreta del fletán. Después
de la reunión de la NAFO a la que me he referido en este Parlamento se ha debatido esta cuestión en comparecencias del secretario general de Pesca, en las que se informó que no había habido modificación de ningún tipo en cuanto a los criterios
establecidos para la reducción de capturas del fletán negro, por tanto era imposible aumentar ningún tipo de TAC que fuera drásticamente reducido en un 50 por ciento para 2003-2004; por otro lado se nos dijo que otras negociaciones sí habían sido
fructíferas para poder reubicar la flota de la pesquería del fletán que faenaba en el caladero de la NAFO en otras pesquerías, como podía ser la de la gallineta, con toneladas cedidas por Alemania y Lituania. Evidentemente, la posibilidad de
desviar la flota de la pesquería del fletán negro a la pesquería de la gallineta palia de una forma muy limitada el problema de la flota congeladora, pero nosotros entendemos que en esa negociación anual de la NAFO no ha habido alternativas que
podamos considerar positivas para resolver el problema.



Después del cierre del caladero -el ministerio ha anunciado que se abrirá a partir del mes de enero- se plantea un problema inevitable, la repercusión social y los aspectos relacionados con los trabajadores de los barcos afectados, puesto
que en muchos casos los trabajadores tardan hasta dos meses en cobrar las ayudas. Es necesario acelerar la tramitación de los expedientes de regulación de plantilla (sabemos que son parte de lo que está provocando el retraso en el pago de las
ayudas destinadas a estos trabajadores) porque, mientras no esté abierto el caladero y cuando se trata de marineros que no están reubicados en otras pesquerías, ya se están produciendo despidos de trabajadores de algunas embarcaciones.
Concretamente, a día de hoy, los trabajadores de dos de estas embarcaciones de la ría de Vigo -no creo necesario dar el nombre de los barcos ni de la empresa armadora- ya han recibido la notificación del despido. Por lo tanto, si en un momento
determinado se consideraba necesario paliar el problema de las ayudas a los trabajadores, hay que acelerar los expedientes de regulación para que los trabajadores puedan cobrar estas ayudas lo antes posible, pero también para evitar los expedientes
de despido que se están produciendo en este momento. Por eso, actualizamos nuestra proposición no de ley con la enmienda de adición que presentamos y los dos puntos que SS. SS. tienen en su poder y que conocen.



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La proposición inicial está vigente. A pesar de que la reunión de NAFO fue en septiembre y de que el 20 de octubre se reunieron la Secretaría General del ministerio y las organizaciones que representan a los armadores y a los sindicatos
para comenzar el diálogo al respecto de lo que puede ser la planificación de la pesquería de NAFO para el 2006, la proposición no de ley está vigente dado que no hay ningún acuerdo específico. Por tanto, lo que planteamos sigue siendo una
posibilidad de que se lleve a la práctica en esas negociaciones abiertas entre el ministerio y las organizaciones de armadores y sindicatos que representan al sector. Deberían tenerse en cuenta los principios de precaución que se recomiendan en la
FAO para cualquier tema relacionado con las dificultades de las pesquerías, en cuanto a su supervivencia y en consecuencia a los estudios biológicos que se necesitan, en tanto que no esté debidamente claro por la controversia que existe entre la
comunidad científica, que ya hemos expresado en otras ocasiones, sobre si toda la reducción de esta pesquería de fletán negro que recomienda la NAFO es una necesidad de la realidad concreta que tiene la pesquería en estos momentos y consecuentemente
se observen los criterios que decía antes de la FAO, que son los aspectos biológicos, sociales y económicos. Ya hemos expresado en alguna otra ocasión que en esa controversia científica también existe una evaluación económica, a la que hecho
referencia en alguna ocasión, de la Universidad de Vigo en la que se habla de que un eventual cierre de caladeros representaría una pérdida de más de 6.000 puestos de trabajo en Galicia y unas pérdidas económicas inestimables. No nos referimos al
cierre de septiembre cuando hablamos de la pérdida eventual, y digo que en el debate con el secretario general pudo quedar alguna duda a este respecto, sino al cierre definitivo de la pesquería.
Somos conscientes de que en el cierre de septiembre
-así lo expuso el secretario general pero también las investigaciones que pudimos hacer en el sector lo corroboraban- los topes del TAC que estaban previstos para el 2005 por algunas armadoras estaban siendo superados. De ahí la solicitud por parte
del Estado español del cierre, con el objetivo, según explicó el ministerio, de abrir esta pesquería en el mes de enero. Sería gravísimo para la economía de Galicia -me refiero a Galicia porque más del 80 por ciento de la flota que faena en NAFO en
la pesquería de fletán negro es gallega-, sería dramático cerrar esta pesquería o seguir reduciendo el TAC que está disponible en este momento. Incluso no superar la situación actual en cuanto a incrementar las capturas, seguiría creando una
situación de crisis en el sector que inevitablemente va a afectar a la economía y a los puestos de trabajo que el sector está generando. Por tanto, seguimos defendiendo la proposición no de ley tal como está planteada junto con las dos enmiendas,
que nos parece fundamental a día de hoy que sean aprobadas porque están relacionadas con la situación muy grave de los trabajadores del sector, que llevan dos meses sin cobrar, y si no se les aceleran los pagos se creará una situación dramática,
cuando son unos salarios que por otro lado tampoco son tan grandes.



El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley, además de la propia autoenmienda de la autora de la iniciativa, se han presentado dos enmiendas. Para la defensa de la primera, en el orden de su presentación, tiene la palabra el señor
García Díez, por el Grupo Parlamentario Popular.



El señor GARCÍA DÍEZ: Le tengo que hacer una pequeña corrección a la señora Fernández porque, probablemente debido a ese tiempo que ha pasado dando vueltas en el avión ha medido mal los tiempos, se ha referido reiteradamente a un cierre
anticipado el 31 de septiembre, pero fue al 31 de agosto cuando se adelantó el cierre. Es una pequeña corrección a los efectos de que quede constancia de que estamos hablando de un cierre anticipado un mes sobre la fecha prevista, que se produjo el
31 de agosto por decisión del Gobierno.



En aquella ocasión nuestro grupo y este portavoz hicimos los comentarios y las críticas oportunas hablando de una falta de peso en las decisiones que tiene que tomar el Gobierno en defensa de los intereses de esta importante flota, pero
también había sido el propio sector el que había dejado constancia de su malestar y de su enfado por esta decisión, que consideraban un desastre sin paliativos, en palabras literales del sector. A raíz de aquella decisión nuestro grupo presentó
diversas iniciativas: en la sesión de control al Gobierno se formuló una pregunta oral a la ministra, en la comparecencia solicitada al Gobierno a tal efecto no compareció la ministra, sino el secretario general, y dio una serie de explicaciones al
respecto, y finalmente nuestro grupo presentó una proposición no de ley para proponer una serie de medidas correctoras por esta decisión que nosotros en su momento criticamos y no compartimos.
En aquella respuesta en la sesión de control al
Gobierno y en la comparecencia del secretario general en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación se dijo que este adelanto de cierre no era definitivo, que era un cierre precautorio y provisional, y el secretario general de Pesca, señor
Martín Fragueiro, añadió que a lo largo del mes de diciembre se permitiría reabrir el caladero a aquellos barcos que pudieran demostrar que no habían completado todavía su total de capturas permitido para que lo completaran. Tengo que recordar que
en la proposición no de ley que presentaba nuestro grupo se proponía instar al Gobierno para que durante el año 2006 estas 600 toneladas, que es el TAC que estima el sector que queda por capturar correspondiente al año en curso, pudieran sumarse a
las cuotas que tienen asignadas durante el año 2006. Nos parece correcto, por tanto, que se recupere durante el mes de diciembre de este mismo año si se puede abordar la apertura de ese caladero. Por ello hemos presentado una enmienda que trata de
recoger estos dos aspectos: el primero es al que me acabo de referir, y en ese sentido lo que propone el Grupo Popular con esta


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enmienda es la reapertura de la actividad durante el presente año hasta alcanzar el máximo de las cuotas autorizadas y disponibles, y creo que si el Gobierno tiene voluntad de cumplir lo que adquirió como un compromiso en sede parlamentaria
no habrá inconveniente alguno en que se vote favorablemente como enmienda; y el segundo, algo en lo que creo que estamos de acuerdo todos los grupos, tanto el proponente como los grupos enmendantes, es que se elabore y se apruebe antes de enero del
próximo año un plan de pesca para todo el año 2006 en este caladero que evite los graves perjuicios que ocasionan las modificaciones que surgen a veces unilateralmente y que descolocan a esta flota. Aquí hay matices, otro grupo habla de este plan
pero con otra redacción que tampoco nos parece mal, y sin embargo creo que la diferencia fundamental está en este primer punto de la enmienda, que es la reapertura de la actividad durante el presente año, que yo espero que el grupo proponente de la
proposición, por la vía de la transacción, si así lo considera oportuno, pueda aceptar, y en todo caso nosotros estamos abiertos a la misma en el poco tiempo que queda en el transcurso de esta Comisión antes de la votación.



El señor PRESIDENTE: La tercera enmienda presentada a esta proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, en el año 2003 la Comunidad Económica Europea, apoyada por España, y consciente de que el enfoque de precaución recomendado por Naciones Unidas implica una pesca responsable, propuso un plan de recuperación a
largo plazo en la NAFO para reconstruir el stock de fletán negro. Se trataba de defender la pesca responsable como mecanismo para recuperar el caladero NAFO. Para ello se acordó una reducción de capturas, de acuerdo con la evaluación realizada por
el Consejo Científico de la NAFO, evaluación que fue continuada en junio del año 2005. La disminución de capturas implicó un plan a largo plazo de 15 años y un plan a corto plazo de tres años (2004, 2005, 2006), en el que se procedería a una
reducción muy importante de las cuotas asignadas a los diferentes Estados que faenaban en aquellas aguas. Este año, a 31 de agosto, como se recordó, el Gobierno del Estado, en colaboración con la Unión Europea, decidió el cierre de esta pesquería
para los barcos españoles por estimar que estaba totalmente consumida la cuota asignada.
El señor secretario general de pesca dijo en esta Comisión que, de no cumplirse esta previsión, se negociaría con la Unión Europea la vuelta de barcos
españoles al caladero NAFO, pero estudios recientes confirman -lo acaba de decir la señora Fernández Davila- que esta cuota está consumida.
Por ello, el Gobierno español acordó en su momento retirar nuestra flota de esa pesquería, pero esa
retirada, que en algunos casos pudo aparecer como traumática, fue acompañada para mitigar sus efectos por negociaciones con otros Estados para que una parte importante de la flota española que faenaba en caladero NAFO pudiera seguir haciéndolo.
Así, se consiguió de Lituania la cesión de 1.000 toneladas de gallineta para la flota pesquera española, 800 en la zona 1F y 200 en la zona 3M; y una segunda cuota adicional procedente de Alemania para pescar en las zonas 5 y 6 de Groenlandia por
un total de 1.300 toneladas también de gallineta.
Aclaro pues que el tema de la flota NAFO, que tiene una importante repercusión económica porque genera importante empleo y da trabajo a una importante industria de transformación, es un plan a largo
plazo que comenzó en el año 2003 y que contempla también medidas socioeconómicas y estudios científicos. Tenemos que decir que hay estudios científicos que se hacen anualmente sobre los stocks más problemáticos en ese caladero, entre ellos sobre el
fletán negro. Y, como novedad, en los últimos tiempos se ha conseguido que científicos españoles participen en barcos de investigación canadienses y que científicos canadienses se integren en barcos de investigación españoles para así homogeneizar
resultados y diagnósticos. Este año hubo una evaluación en junio en la que se constató que se estaban cumpliendo objetivos, por ello en la reunión de Tallin, que algunos preveían como un gran desastre, se acordó continuar con el esquema pactado en
el año 2003 y, en consecuencia, con el mantenimiento de las cuotas allí fijadas.



El plan acordado en el año 2003, como tiene en cuenta las consecuencias sociales y económicas, es un plan programado a quince años porque de esta manera se entiende que se pueden suavizar mejor los efectos económicos con las flotas
afectadas. Nosotros entendemos que es en 2006, año en que termina este primer mandato, cuando hay que hacer la revisión de stocks y cuotas, siempre en función de los resultados científicos. En este momento tenemos que decir, y ahí está el sentido
de nuestra enmienda, que conjuntamente con el sector el Gobierno está preparando un plan de gestión de la flota con el fin de adaptar su actividad a las posibilidades de pesca disponibles para el año 2006, un plan que debe ser remitido a Bruselas y
que contempla la actividad a lo largo de todo el año 2006.



El grupo proponente formula una autoenmienda que no nos parece oportunista, sino oportuna, porque contempla aspectos sociales que están ahí, problemas pendientes que están ahí y deben tener una solución.
Nosotros pensamos que, una vez
acordadas las indemnizaciones, deben ser abonadas con la mayor celeridad posible porque fundamentalmente estamos hablando de trabajadores y empresas que están muy pendientes de la coyuntura. Por otra parte, creemos que es importante acelerar las
conversaciones para decidir el futuro de la flota, dar seguridades y de esta manera evitar que se puedan producir despidos precipitados o innecesarios de trabajadores. Por ello, nosotros pediríamos al grupo proponente -nosotros aceptaríamos sus
enmiendas- que aceptara la que presentamos que fundamentalmente recoge su propuesta con alguna pequeña cautela. Pensamos


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que si los estudios científicos indicaran una recuperación del caladero es factible una renegociación, pero si no la indican plantearlo de entrada parece que es jugar a un futurible, inclusive adelantando intenciones en un terreno en el que
creemos que hasta ahora los resultados no están yendo mal, porque teniendo en cuenta otras experiencias parece que lo importante no es apostar a corto plazo, sino que el corto plazo debe de ser cubierto con medidas económicas y sociales, y el medio
y largo plazo debe de serlo con una recuperación del caladero, a la cual todos debemos contribuir.



El señor PRESIDENTE: Con objeto de clarificar la enmienda presentada por la señora Fernández Davila, autora de esta iniciativa, tiene la palabra para fijar su posición sobre la enmienda.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Aceptaríamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular porque resume nuestros dos puntos y el punto segundo de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Solicitamos al señor presidente un minuto para ver si
los tres grupos nos ponemos de acuerdo en una redacción alternativa al punto primero de la enmienda del Grupo Popular y podemos presentar una transacción.



El señor PRESIDENTE: Con objeto de organizar las votaciones y por el tiempo imprescindible para la viabilidad de la negociación, suspendemos la Comisión por un tiempo no superior a cinco minutos. (Pausa.)


Para ajustar la votación y como no hay tiempo para repartir el texto de la transaccional respecto del punto número 4, que es el último que se ha debatido, la portavoz puede dar lectura a la transacción a la que se ha llegado por acuerdo y
que será la que se votará en el momento oportuno.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: No hay necesidad de dar lectura. Quedan los tres primeros párrafos de la proposición no de ley presentada inicialmente; a continuación, la enmienda del Grupo Socialista; después, los párrafos de la enmienda
del Bloque Nacionalista Galego y, finalmente, se añade el punto número uno de la enmienda del Partido Popular con una modificación que tiene anotada el señor letrado al final del texto, que es: en caso de estar disponible.



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación no en el orden en que se han debatido las proposiciones no de ley, sino en el que figura en el propio orden del día.



Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, sobre la no inclusión de la financiación de la Red Natura 2000 en los nuevos Fondos Europeos para la Agricultura y el Desarrollo Rural (Feader). De esta proposición no de ley se vota la
transaccional derivada de la propia proposición, de la enmienda del grupo proponente, CIU, y de la enmienda del Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Siguiente proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre protección de olivos milenarios. Se vota en sus propios términos, toda vez que no ha tenido enmiendas.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



En tercer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre biocombustibles. Se vota en sus propios términos, ya que tampoco ha tenido enmiendas.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cierre del caladero en el área de regulación de la NAFO. Se vota la transaccional en los términos en que ha sido referenciada en esta Comisión.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Siguiente proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a la reforma de la organización común de mercado del azúcar. Se vota en los términos de la transaccional derivada de la propia proposición y de la
enmienda del Grupo Socialista.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las medidas a tomar como consecuencia de la persistencia de la enfermedad de la lengua azul que afecta a gran número de explotaciones ganaderas españolas. Se vota en los
términos de la propia proposición no de ley, toda vez que no se acepta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 19; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



La siguiente proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Popular, es la relativa a las medidas para paliar el incremento del precio del combustible utilizando


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fondos del Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca, IFOP. Se vota en los términos de la proposición no de ley más la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, toda vez que la enmienda del Grupo Socialista ha sido retirada.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18; abstenciones, cuatro.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Por último, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que aparece en octavo lugar en el orden del día, sobre explotaciones porcinas extensivas. Se vota en sus propios términos, toda vez que no ha tenido enmiendas.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Agradeciéndoles su asistencia y su trabajo, se levanta la sesión.



Eran las doce y veinte minutos del mediodía.