CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 404

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA

Sesión núm. 21

celebrada el miércoles, 19 de octubre de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


-Sobre la Agenda de desarrollo de Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000888.) ... (Página 2)


-De reforma del régimen de responsabilidad en el desarrollo de la actividad auditora. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000871.) ... (Página 5)


-Sobre el establecimiento de los requisitos exigibles para que los municipios puedan aplicar el recargo del 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto sobre bienes inmuebles en aquellos de uso residencial que se encuentren desocupados
con carácter permanente.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
(Número de expediente 161/000515.) ... (Página 9)

Página 2


-Relativa a ceder el antiguo edificio del Banco de España en Huelva al Ayuntamiento. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000505.) ... (Página 13)


-Relativa a la cesión del edificio del Banco de España en Santiago de Compostela (A Coruña) para la creación de un museo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000877.) ... href='#(Página15)'>(Página 15)


-Relativa a la cesión del edifcio del Banco de España al Ayuntamiento de Granada para uso cultural. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000737.) ... (Página 16)


Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Señorías, si les parece empezamos la reunión, aunque con un poco de retraso, pues parece que por mucho que esperemos no van a venir más. En un cálculo que hemos hecho aquí de la posible duración de los debates,
estimamos que se podría fijar la hora de votación hacia las doce y media; si hubiera que retrasar siempre estamos a tiempo. Advierto también de que al término de la reunión de la Comisión tenemos una reunión de la Mesa y Portavoces para seguir
planificando sucesivas reuniones.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


-SOBRE LA AGENDA DE DESARROLLO DE BARCELONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000888.)


El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el debate y votación de las proposiciones no de ley incluidas en el orden del día. La primera, sobre la Agenda de desarrollo de Barcelona, ha sido promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, para su
exposición y defensa tiene la palabra el señor Moscoso.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señorías, hace ya un año, en el Forum de Barcelona, un conjunto de prestigiosos economistas de países desarrollados y también de países en vías de desarrollo plantearon una serie de propuestas y medidas
con el fin de fomentar el crecimiento y el desarrollo en el mundo. Esas propuestas, de las que se hace eco esta proposición no de ley y que queremos recordar e incentivar, abarcan ámbitos muy distintos, fundamentalmente macroeconómicos,
financieros, comerciales y también en el campo de otras políticas como la migratoria, con el fin de facilitar la integración de los países en vías de desarrollo en el sistema económico mundial. Este documento esta suscrito por varios economistas
muy prestigiosos, por citar alguno, Jeffrey Frankel, Paul Krugman, Stiglitz o los españoles Miguel Sebastián, Narcis Serra o Xavier Vives. Desde entonces, la cuestión del desarrollo y de cómo articular políticas económicas, comerciales y
financieras a escala global para promover el desarrollo ha cobrado más importancia si cabe.
Recordemos, por ejemplo, que se ha celebrado el pasado mes de septiembre una Asamblea General de Naciones Unidas en la que se han evidenciado los problemas
que en materia de desarrollo presenta la consecución de los objetivos del Milenio en materia de financiación y desarrollo. También se ha celebrado en nuestro país hace escasos días la XV cumbre Iberoamericana de Salamanca, en la cual se ha puesto
de nuevo de manifiesto la necesidad de poner en marcha políticas económicas que maximicen el crecimiento y la lucha contra la pobreza en América Latina y en el resto del mundo. Cada día presenciamos los tremendos efectos que la falta de desarrollo,
la pobreza y la miseria generan en el mundo: las presiones migratorias, los problemas en fronteras e incluso las dramáticas consecuencias de las catástrofes naturales en aquellos países menos desarrollados, porque son muy distintas a lo que ocurre
en los países desarrollados. Recordemos también que dentro de unas semanas se va a celebrar la reunión final de la ronda comercial de Doha, en Hong Kong, en la cual se debe llegar a un acuerdo de esta ronda de comercio que nació con el sobrenombre
de ronda de desarrollo, en la cual la Unión Europea está haciendo un esfuerzo muy grande -como estos días se está poniendo de manifiesto-, en materia agraria y en materia textil, para alcanzar un acuerdo satisfactorio. De manera que procede, por
tanto, desde el Congreso de los Diputados -así lo entiende mi grupo- poner de nuevo en valor los puntos que aparecen en la Agenda de Desarrollo de Barcelona para orientar, recordar y marcar los objetivos de política económica. Objetivos que
-también hay que recordarlo y hacer autocrítica- en ocasiones son coincidentes, son reincidentes y abundan en la retórica muchas veces. Los economistas hicieron en Barcelona un diagnóstico de la situación económica en el mundo que no es
excesivamente


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negativo. Verificaron una serie de cuestiones positivas, por ejemplo, que se han producido avances en materia de derechos humanos y democracia en los países en desarrollo y que el imperio de la ley, aunque deja mucho que desear, ha
avanzado; que algunos países han conseguido aumentar su crecimiento, con lo cual hay políticas económicas que pueden ser exportables y que pueden ser un modelo - tenemos el caso de India o China, que han sacado de la pobreza a miles o a millones de
personas- y parece también evidente que en el mundo en desarrollo existe una convicción acerca de lo positivo y de la necesidad de atender a recetas de estabilidad macroeconómica, estabilidad presupuestaria y, en definitiva, a modelos
macroeconómicos saneados y equilibrados. Al mismo tiempo existen factores negativos, que ellos ponen en valor, como son la recurrencia y severidad de las crisis financieras internacionales, los mediocres resultados de las reformas en muchos países,
también de manera recurrente y también con frecuencia el empeoramiento de la distribución de la renta en los países más pobres y de las personas que viven en países en vías de desarrollo. De modo que entre las recetas que esta agenda plantea, que
están claramente detalladas en la exposición de motivos de esta proposición, por un lado se pone en valor la necesidad de atender a cuestiones como la calidad institucional en los países en desarrollo, el necesario equilibrio entre mercado y Estado
y la prioritaria atención que merece la distribución de la renta como bases de estrategias de desarrollo de éxito. Al mismo tiempo se recalca que el endeudamiento elevado, la existencia de sistemas bancarios escasamente regulados o estables y las
políticas monetarias laxas son serios obstáculos al desarrollo. De modo que los criterios macroeconómicos deben tener en cuenta estos factores desde una perspectiva rigurosa pero también flexible. No existen, al mismo tiempo, dicen estos
economistas, políticas generales que puedan ser exportadas o imitadas, de modo que es preciso olvidar cánones o patrones estándar -lo que se hizo en los buenos tiempos de lo que se conoce como proceso de Washington-, atendiendo más a las prioridades
de cada país en cuestiones concretas como regulaciones, exportaciones, promoción industrial, renovación tecnológica, educación, etcétera. Hay un punto adicional sobre los objetivos que en materia de desarrollo deben perseguir las relaciones
multilaterales en materia de comercio, otro adicional relativo a los acuerdos financieros internacionales que excluyen a los países en vías de desarrollo y a los de renta media de los flujos de circulación de capitales y, finalmente, hay un epígrafe
que hace referencia a los movimientos de mano de obra, de trabajo, frente al capital. Se ha prestado una atención muy importante en los últimos años a los movimientos de capital, pero se ha olvidado y se ha dejado a un lado la importancia que
presentan los movimientos de trabajo. El factor trabajo es fundamental para el desarrollo de los países ricos, también para el desarrollo de los países en vías de desarrollo por diferentes vías. En este país lo conocemos bien y tenemos claros
ejemplos. De modo que es necesario también hacer el esfuerzo de arbitrar reglas e instituciones internacionales que guíen el movimiento transfronterizo de las poblaciones. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, también se consagra un
epígrafe a subrayar la necesidad de poner en marcha medidas de desarrollo sostenible.



¿Qué es lo que hace la proposición no de ley? Instar a considerar las propuestas de la Agenda de desarrollo de Barcelona, incluir esos planteamientos en las acciones futuras de nuestro Gobierno, tanto en materia de cooperación como en
materia de actuación en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito de otros organismos e instituciones multilaterales; llamar la atención sobre la necesidad de realizar estas cuestiones precisamente ahora, ante la inminente celebración de la
reunión de Hong Kong de la ronda de Doha, y hacer un llamamiento para no olvidar otros problemas que lastran el desarrollo, como son cuestiones educativas, sanitarias, demográficas, de igualdad entre sexos y también relativas a la necesidad de
conseguir los objetivos del Milenio en materia de volumen financiero, entro ellos el famoso objetivo del 0,7.
Estoy convencido de que todos los grupos van a aceptar el espíritu de esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: No para llamar la atención a nadie, sino simplemente como advertencia -a mí no se me ocurre llamar la atención a nadie-, les advierto de que en esta sala, aparte de estos impertinentes aparatos, reverbera mucho más el
rumor, y supongo que es más incómodo todavía para quienes tienen que intervenir que se escuche ese rumor de fondo. Lo digo para que lo tengan en cuenta para que el cotilleo y la conversación habitual baje el diapasón y que no pueda interferir con
el interviniente.



Hay una enmienda presentada por Convergència i Unió que va a defender el señor Sánchez i Llibre. Tiene la palabra.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro Grupo Parlamentario (Convergència i Unió) comparte los criterios expuestos en esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por el señor Moscoso, pero hemos creído
oportuno y necesario presentar unas enmiendas de adición respetando el texto que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y que van en la dirección de considerar otros aspectos, como podría ser el aumento de la presencia de los países en vías
de desarrollo en las instituciones financieras y multilaterales. También planteamos que se pueda adoptar en el seno de la Unión Europea una política común de integración laboral como fuente de riqueza mutua y al mismo tiempo proponemos impulsar la
creación del banco del Mediterráneo o adoptar las medidas necesarias que incrementen la Ayuda Oficial al Desarrollo. Estos son los cinco o seis aspectos que creemos que complementan y dan más potencia a esta iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista sobre la Agenda de desarrollo de Barcelona.



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El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora el turno de intervenciones a Esquerra Republicana y en su nombre al señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Muy brevemente anuncio que vamos a apoyar la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista. Vemos también en sentido positivo las enmiendas que plantea el Grupo de Convergència i Unió, por lo que
daríamos apoyo igualmente a estas enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Intervendrá ahora por el Grupo Popular el señor Utrera.



El señor UTRERA MORA: Hemos escuchado con interés la proposición no de ley así como la presentación de la enmienda que realiza Convergència i Unió.
Voy a anticipar que nuestro voto será de abstención porque consideramos inoportuna la
presentación de esta proposición no de ley por su contenido.



Lo mejor de esta proposición es ciertamente la exposición de motivos, que se corresponde estrictamente con la declaración de las reuniones celebradas a finales de septiembre, justo antes de la clausura del Forum de Barcelona, por 26
economistas que elaboraron unos documentos con unas conclusiones que incluso, a la vista de algunos autores posteriormente, se trata de presentar como una revisión del consenso de Washington de los años noventa del pasado siglo. Lo cierto es que
esa declaración es mucho más ecléctica que aquella otra del consenso de Washington. Básicamente, el punto central de anclaje -desde nuestro punto de vista- de esta declaración es que cada país tiene que aplicar aquellas políticas económicas que
resulten más adecuadas tanto al entramado institucional de ese país como a sus circunstancias de desarrollo, sociales, etcétera.
Consecuentemente, no hay una propuesta única o, para definir mejor el fenómeno, no hay una propuesta unívoca que pueda
trasladarse al debate político y convertirlo en una proposición en este caso no de ley, con unos puntos sobre los que instaríamos, en su caso, al Gobierno a considerar en relación con la propuesta de Barcelona. Si nos centramos en esta proposición
no de ley, es decir, en los puntos que someteríamos a votación, se verá la levedad, en el sentido de escaso peso, que tienen en relación con las conclusiones de la reunión de economistas de Barcelona.
Porque se enumeran sin describir acciones que
pueden ser positivas, qué duda cabe, como que se concluya la ronda de la Organización Mundial de Comercio, la actual ronda de negociaciones comerciales; que se mejore la educación, la sanidad, la demografía, etcétera; que se cumplan los objetivos
de desarrollo del Milenio y que se incluyan los planteamientos de esta agenda en la cooperación. Son todas cuestiones en las que podríamos estar de acuerdo pero que no aportan nada nuevo al debate, a cómo orientar las políticas y las acciones
públicas. Por esa razón entendemos que esta proposición es redundante y es un intento de trasladar lo que en el ámbito académico resulta conveniente, como es el debate sobre las nuevas orientaciones de política económica, una vez superado en su
caso el consenso de Washington -en su caso, que habría mucho que hablar sobre ello-, que podrían informar los diseños nacionales de políticas para desarrollar en estos comienzos del siglo XXI. Pero ese esfuerzo académico intelectual no se
corresponde, como digo, con una declaración ni mucho menos basada en los puntos que incluye esta proposición no de ley porque no aporta absolutamente nada. Es más -y en aras de la brevedad lo voy a referir muy sucintamente-, sugiere justo lo
contrario de lo que se pretende, porque si ponemos en relación los puntos sometidos a votación en esta proposición no de ley con la Declaración de Barcelona, veríamos que en esta declaración se insta a la liberalización casi plena de movimientos no
solamente de capital sino también de personas, cuando aquí no se menciona esa cuestión en los puntos que se van a votar, pero sí se incluye en el punto 2 cómo incorporar los planteamientos de esta agenda. ¿Quiere eso decir que desde el Grupo
Parlamentario Socialista se insta a que la política de inmigración en España en el futuro esté basada en la regularización permanentes de cuantos cientos de miles de inmigrantes ilegales tengan el deseo de venir a España, o quiere decir otra cosa?
Porque este texto podría llevar a esa conclusión. ¿Quiere decir que en la Organización Mundial de Comercio hemos de proceder a la desaparición, en la reunión de Hong Kong, para, en su caso, concluir la ronda abierta en Doha? ¿Quiero eso acaso
decir que tenemos que desmontar todos los sistemas de protección agraria o, por el contrario, hemos de conducirnos por la política mucho más posibilista que está desarrollando la Unión Europea y que, por cierto, como usted sabrá, ya Francia, incluso
parece ser que secundada por España, por la ministra de Cultura de España, considera excesivamente arriesgada? Porque lo que usted nos dice aquí, puesto en relación con la Declaración de Barcelona, de la que usted transcribe los antecedentes, es la
liberalización plena de bienes agrícolas en el comercio internacional, lo que no entra en correspondencia con lo que la ministra que usted sustenta en el Gobierno está diciendo en materia de protección sobre determinadas protecciones de la banana,
del plátano canario, de otros productos agrícolas y de la necesidad de proceder a una muy gradual reducción de los sistemas de protección actualmente existentes sobre la agricultura. Qué decir, por ejemplo, de los organismos multilaterales. Se
toca muy tangencialmente en la declaración lo que sería la buena arquitectura financiera internacional y no se hace mención de en qué forma hay que reformarla. En definitiva, nosotros consideramos esta proposición no de ley como un esfuerzo bien
intencionado pero una forma de someter a votación en un órgano político algo que no corresponde al ámbito político sino al puro ámbito académico, que es donde entendemos que debe quedar la Declaración de Barcelona.



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Por esa razón entendemos que el debate de esta cuestión aquí es espurio y nos abstendremos. No estamos en contra de los puntos, pero entendemos que ni siquiera el grupo proponente esta a favor de lo que dice en esta proposición no de ley
por cuanto el Gobierno esta haciendo una cosa contraria a lo que aquí parece sugerirse que debería hacerse. En definitiva, es todo demasiado genérico, y si algo se aprende con los años en política, es que hay que dar instrucciones muy precisas,
porque en caso contrario se insta al Gobierno a la nada, que es lo que estamos haciendo con esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Para que el grupo proponente nos confirme con qué está de acuerdo y con qué no de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Moscoso.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Estamos de acuerdo con la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



-DE REFORMA DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AUDITORA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000871.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de reforma del régimen de responsabilidad en el desarrollo de la actividad auditora. Tiene la palabra
el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta proposición no de ley de reforma del régimen de responsabilidad en el desarrollo de la actividad auditora por varias
consideraciones que a nuestro entender son relevantes. Ya en su momento, cuando hace aproximadamente 8 o 9 meses discutimos el proyecto de ley de conglomerados financieros, intentamos en el Senado consensuar con los diferentes grupos políticos la
aplicación de la reforma del régimen de responsabilidad en el desarrollo de la actividad auditora, porque entendíamos que esta era una cuestión en la que en breve habría una trasposición de una directiva de la Unión Europea por la que el Gobierno
español se vería obligado a modificar la actual legislación. También entendemos que es necesario el consenso de todas las agrupaciones políticas porque entendemos desde nuestro grupo parlamentario que la auditoría de cuentas constituye un elemento
de vital importancia para garantizar la credibilidad y fiabilidad de los estados financieros de las compañías, básicamente en beneficio de la confianza de los inversores y de los agentes económicos en general. Es cierto que ya en la Ley 44/2002,
cuando se entabló la discusión de la reforma del sistema financiero, también se procedió, aprovechando la aprobación de esta ley, a hacer una serie de incorporaciones legislativas que modificaban la Ley de 1988, de Auditoría de Cuentas. En aquellos
momentos ya modificamos el régimen sancionador y se introdujeron al mismo tiempo nuevas incompatibilidades para los auditores de cuentas y medidas para su rotación, no siempre con el consenso de los profesionales del sector. Lo que sí es cierto es
que existen unas directivas comunitarias en las cuales se está optando en las diferentes tramitaciones por incluir la previsión de limitación de responsabilidad de los auditores en el desarrollo de su actividad a través de diferentes opciones, ya
sea por la vía contractual, por el límite económico o por la implantación de un régimen de proporcionalidad, dejando a cada Estado miembro la elección del sistema en función de su marco jurídico nacional.



Por los motivo expuestos, aprovechando esta coyuntura legislativa que se está debatiendo en el seno de la Unión Europea y que con toda probabilidad se tendrá que trasponer a legislación española, nuestro Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), recogiendo las diferentes sensibilidades del sector profesional de la auditoría, ha presentado esta iniciativa parlamentaria, planteándose en la misma tres o cuatro aspectos que para nosotros son muy importantes y que
entendemos que, por existir una serie de argumentos incuestionables, tendrían que suscitar el consenso de todas las formaciones políticas presentes en la Comisión. En primer lugar entendemos que la responsabilidad ilimitada no mejora la calidad de
la auditoría. Entendemos al mismo tiempo que no modificando esta responsabilidad se fuerza a los auditores a reducir riesgos. También consideramos un argumento importante el hecho de que en estos momentos los auditores no tienen la cobertura de
seguros limitada ni tampoco disponen de un capital limitado para poder ejercer su profesión con objetividad. Otro argumento importante es que los auditores asegurarían, de acuerdo con los datos que nos han facilitado diferentes colegios
profesionales, mercados con capitalización bursátil que exceden de 15 billones de euros. Entendemos también que la existencia de auditoría estatutaria es totalmente incompatible con la responsabilidad limitada: rechazo de clientes de auditoría por
riesgo no asumible.
También hemos presentado esta iniciativa porque entendemos que la responsabilidad proporcional que planteamos funcionaría como incentivo para las firmas más pequeñas y reduciría el riesgo de colapso por responsabilidad. Por
estas consideraciones, importantes a nuestro entender, es por lo que hemos presentado esta proposición no de ley con cuatro puntos importantes que van en la dirección siguiente. En primer lugar, incrementar el límite máximo de la fianza que las
personas físicas o jurídicas que figuren inscritas para realizar la actividad de auditoría y de cuentas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, deban prestar


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en garantía de las responsabilidades en que pudieran incurrir en el ejercicio de su actividad de acuerdo con la legislación actual.
Entendemos que dicha cuantía, en el caso de las sociedades de auditores, se tendría que multiplicar por cada
uno de los socios de la misma, sean o no auditores. En el segundo punto de esta proposición no de ley instamos al Gobierno a modificar el régimen de responsabilidad civil exigible a las sociedades o auditores de cuentas y administradores de
sociedades cotizadas, a fin de introducir elementos de proporcionalidad en relación con sus responsabilidades directas en los daños y perjuicios financieros que puedan causar en el ejercicio de su actividad. En tercer lugar planteamos la
posibilidad de que se puedan incluir en los contratos de las sociedades o auditoras de cuentas de servicios de auditorías cláusulas de limitación de responsabilidad civil en la que pudiera incluir el auditor de cuentas en el ejercicio de su
actividad. También planteamos que las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieran exigirse a las sociedades o auditores de cuentas deberán determinarse de forma proporcional -tal y como hemos planteado en el número 2- a la responsabilidad
directa que se hubiera ejercido en las actuaciones de sus actividades profesionales. Por último, planteamos que se puedan establecer, una vez aprobada esta proposición no de ley -como es la intención de nuestro grupo parlamentario-, en el
desarrollo reglamentario todos aquellos instrumentos necesarios para la implantación de un seguro profesional obligatorio de responsabilidad civil a los administradores de las sociedades cuyas acciones estén admitidas a negociaciones en un mercado
oficial de valores, a fin y efecto de poder garantizar las oportunas responsabilidades que se pudieran deducir de la gestión de las sociedades auditadas. Estos son los objetivos fundamentales de nuestra proposición no de ley.



A esta proposición no de ley se le han presentado dos enmiendas; una de Esquerra Republicana de Cataluña y otra del Grupo Parlamentario Socialista. La de Esquerra Republicana de Cataluña va en la misma dirección que ha planteado nuestra
proposición no de ley. Concretamente, en nuestro punto número 2 ellos incorporan un texto que va en la misma dirección que el nuestro e introducen todos aquellos aspectos que no abarcan únicamente a las sociedades que cotizan en Bolsa, sino que los
hacen extensivo a todo grupo de empresas. Nosotros plantearemos una enmienda transaccional que va en la misma dirección para que quede bien claro cuál es el objetivo, en este caso, de los dos grupos parlamentarios. También han planteado una
enmienda a nuestro punto 4, que hace mención a todas aquellas cuestiones que hacen referencia a las sociedades cotizadas en Bolsa y que hacen extensible a todas aquellas sociedades que son auditadas y que no están en Bolsa. También plantearíamos en
esta misma dirección una transacción formal que no desnaturaliza la enmienda presentada por Esquerra Republicana ni muchísimo menos, sino que lo que pretende es que queden bien claros los aspectos, a nuestro entender, relevantes. También el Grupo
Parlamentario Socialista, con la idea de poder llegar a un consenso, ha presentado una enmienda de carácter global, pero que no entra al detalle de la misma. Lo que nosotros quisiéramos es que el Grupo Parlamentario Socialista se sumara a nuestra
proposición y a la enmienda de Esquerra Republicana, al efecto de poder materializar y determinar exactamente cuáles son los objetivos y no ir a un aspecto global, que creemos que es muy indeterminado y que tampoco sería bueno para el sector ni para
los colegios profesionales.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez i Llibre, porque adelantando su posición respecto a las enmiendas nos ahorra tal vez su turno final.
No obstante, nosotros tenemos aquí no dos sino tres enmiendas: dos de Esquerra Republicana y
una del Grupo Socialista. En todo caso, acérquennos, por favor, la enmienda transaccional. Tiene la palabra para la defensa de sus enmiendas el señor Puig, de Esquerra Republicana.



El señor PUIG CORDÓN: En aras de ahorrar tiempo y en vista de las palabras del señor Sánchez i Llibre, que se ha adelantado casi a mi explicación, voy a poder ahorrar parte de mi tiempo. Nosotros apoyamos la proposición no de ley de
Convergència i Unió, con la que estamos de acuerdo, y hemos presentado dos enmiendas de matices para generalizar un poco más el tema de la responsabilidad y no circunscribirla solamente a las empresas que cotizan en Bolsa. Por lo tanto, es una
matización al planteamiento, estamos de acuerdo con la proposición no de ley y, vista ya la disposición y la voluntad de Convergència i Unió de transaccionar para poder llegar a un acuerdo, nos remitimos al acuerdo que pasaremos a la Mesa y, por
tanto, votaremos a favor de la proposición no de ley de Convergència i Unió.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: El régimen de responsabilidad de los auditores viene siendo debatido en los últimos años y además con preocupación en el sector pero también con preocupación en la Administración para conseguir una confluencia
entre los intereses generales y los de la profesión. Es un tema bastante complejo, y por lo tanto el sentido de la enmienda que hemos presentado viene a decir que es necesario ahondar en los estudios y hacer una reforma de acuerdo con la normativa
vigente en los países de nuestro entorno, porque no es pacífica la reforma. Voy a poner como ejemplo algo que se ha dicho aquí sobre que estaba reglamentándose en el Parlamento Europeo, los representantes estaban de acuerdo en introducir una
limitación en la responsabilidad, y sin embargo esta pretensión ha contado con la oposición del Consejo Europeo. No introducir el referido artículo deriva de la disparidad de regímenes jurídicos de los distintos Estados miembros


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y de la profundidad de la reforma pretendida, que trasciende a la materia auditora porque afecta al régimen general de la responsabilidad civil.
Esas razones son las que han llevado a aparcarla en esta tramitación en el Consejo y en la
Comisión y ha habido un compromiso de introducir en el proyecto de directiva la previsión de que la Comisión realizará un estudio sobre el régimen de responsabilidad civil de los auditores exclusivamente. El proyecto de directiva puede
considerarse, por lo tanto, definitivo, pendiente solo de su publicación tras su paso por el Parlamento Europeo y el Consejo, y ha quedado en los términos que acabo de señalar. Estamos hablando de un régimen complejo que no digo que no podamos
resolver en esta sesión, pero como mínimo estos antecedentes nos deberían hacer tener extremo cuidado en lo que pretendemos regular en estos momentos. Sabemos cuál es la regulación de la responsabilidad civil de los auditores y de su fianza, está
en la Ley de Auditorías de Cuentas del año 1988; después en su reglamento de 12 de julio del mismo año, y ambas normas desarrollan el régimen de responsabilidad civil incluido en el Código Civil. A este respecto quiero señalar que no sé si en la
transaccional van a desaparecer las cláusulas referentes a la responsabilidad civil contractual, pero yo tengo que referirme a lo que en estos momentos conozco, que es la posición de CIU, y si sale del texto transado, nada, pero si no sale, dado que
las cláusulas limitativas de responsabilidad, de ser admitidas al tener naturaleza contractual, sabemos que afectarían no solo a las partes del contrato, es decir, entidad auditada y auditor, sino también a los terceros eventualmente perjudicados,
en ese sentido, resultarían inoponibles cualesquiera de estos contratos y supondría una vulneración del 1.257 del Código Civil, que todos sabemos que dice que los contratos solo producen efectos entre las partes que los otorgan y sus herederos. Por
lo tanto, no podrían evitarse los derechos de resarcimiento de terceros ajenos a dichas cláusulas y no sería posible, a nuestro entender, fijar esta limitación contractual, que yo espero que salga de la propuesta en la transacción que se nos
proponga.



Respecto a la fianza, que también se ha mencionado, en estos momentos la propuesta habla de incrementar la fianza y entendemos que no sería necesario porque la Ley de Auditoría de Cuentas ya autoriza al Ministro de Economía y Hacienda a
fijar la cuantía y la forma de la fianza. Si bien está establecida en el reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, bastaría una modificación del real decreto para modificar las cuantías, siendo por tanto una propuesta a nuestro juicio
innecesaria. Donde está el meollo del asunto y de donde, por tanto, deriva nuestra enmienda es en si esta profesión tiene o no una responsabilidad agravada respecto a las otras profesiones; parece que sobrevolamos este asunto, pero es donde está
el verdadero núcleo. Al parecer, las asociaciones y los colegios profesionales entienden que sí porque cuando un auditor estampa su firma en unos estados financieros, responde ilimitadamente de cualquier perjuicio que se produzca por la falta de
imagen fiel de los estados financieros; responde también el administrador, pero se responde de una manera limitada y solidaria. Aquí se producen situaciones duras para los auditores, porque tienen que responder no solamente del daño directo
causado por ellos sino además solidariamente por todos los perjuicios que se hayan producido por la falta de fidelidad de las cuentas. Este es el punto que no hemos debatido en profundidad y que, además, podría chocar con el régimen de
responsabilidad civil regulado en nuestro Código Civil.
Por eso yo intentaba apelar al criterio de los grupos políticos de que con esta enmienda en la que el Grupo Socialista se compromete a hacer los estudios y adecuar a la normativa vigente de
nuestro entorno lo pudiésemos debatir con una cierta profundidad, porque aquí los criterios técnicos y jurídicos son muy importantes ya que estamos hablando de una cuestión muy delicada. Es voluntad del Grupo Socialista que la profesión de auditor
tenga exactamente la misma consideración y no tenga ningún agravamiento respecto a otros profesionales, pero, dado como se ha planteado esta propuesta, nosotros no podemos -independientemente de que sí nos gustaría acercarnos a esta proposición que
tanto Esquerra como CIU han planteado- apoyar esta propuesta porque entendemos que se está instando una reforma sin el sosiego necesario y con riesgo de invadir alguna de las zonas delicadas de la responsabilidad civil general. Ese es nuestro
motivo y queremos dejar constancia de que no nos oponemos a estudiar y reformar en un futuro el régimen de responsabilidad porque no estamos tranquilos tampoco con esta responsabilidad agravada, insisto, no solo la causada por el daño directo del
auditor sino también solidariamente y sin límite por el daño causado por otros, ya que es ciertamente una dureza importante la que se produce, y nos gustaría que los grupos tomaran la reflexión que este portavoz les ha hecho para emplazarnos a una
reforma más a fondo en un momento posterior. En caso contrario, no tendríamos posibilidad de apoyar la propuesta del grupo CIU, por las razones aludidas.



El señor PRESIDENTE: Es ahora el turno del Grupo Popular y tiene la palabra el señor Mantilla.



El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Actualmente existen en España registrados en el ROAC, Registro Oficial de Auditores de Cuentas, más de 20.000 auditores. La responsabilidad de los auditores está establecida por la Ley 19/1988, de 12 de julio,
de Auditoría de Cuentas, en sus artículos 11 y 12, que fija la responsabilidad como ilimitada. Pero el reglamento, que es el Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre, en su artículo 42 va más allá y dice que la responsabilidad es directa,
solidaria e ilimitada.
¿Qué significa esto? Significa, ni más ni menos, que entre los más de 20.000 auditores que existen en el ROAC en estos momentos, hay pequeños, medianos y, lógicamente están las grandes empresas auditoras; posiblemente 12 ó
15 son grandes auditores, pero hay mucho pequeño y mediano auditor.



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¿Qué es lo que ocurre con los pequeños y medianos auditores? Que auditan fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, cuyo coste de auditoría está en torno al millón de las antiguas pesetas, cuando no menos, si a eso le excluimos los
impuestos directos, etcétera, estamos viendo que la profesión de auditoría no es la panacea. Sin embargo, el auditor en España está soportando una responsabilidad mayor que cualquier profesión que se establezca en España, de forma que ese auditor
que ha cobrado un millón de pesetas brutas se puede encontrar a lo largo de su trayectoria profesional, cuando lleve 10 ó 15 años y tenga conseguidos unos ahorrillos, con que por cualquier circunstancia, pudo haberse equivocado en una auditoría
porque no se le facilitó la documentación pertinente.
Todos sabemos que para poder auditar, el administrador tiene que firmar una carta de manifiestos, en la cual reconoce y firma que ha facilitado toda la documentación necesaria a la auditoría,
pero puede ocurrir que se le oculte y entonces firma diciendo que las cuentas anuales reflejan una imagen fiel y a lo mejor no es así. O dicho de otra manera, porque el portavoz del Grupo Socialista se refiere a la imagen fiel, la imagen fiel es
una panacea, puede haber dos balances de dos empresas idénticas y que sean distintos y que ambos reflejen la imagen fiel. Hay una serie de factores, como la no distribución de resultados, la amortización acelerada de los bienes del inmovilizado,
etcétera, que lógicamente pueden incidir en las cuentas que las empresas presenten, que ambas reflejen la realidad y que sin embargo sean distintas y sea una imagen fiel. Por tanto, como estamos diciendo, muchas veces la imagen fiel da lugar a que
tengamos serias dificultades en la profesión de los auditores.



Estamos hablando de que este profesional se puede encontrar con que a lo largo de su carrera, con motivo de una auditoría -que ya digo que voluntariamente, malo, pero que involuntariamente puede ocurrir-, le demanden, es muy típico. Como
saben, existe el famoso seguro, que ahora en la propuesta se pide que se aumente, la fianza famosa, que está en 300.000 euros, es decir, 50 millones de pesetas. Como sabe todo el mundo que hay una fianza o un seguro de ese tipo dicen: como tú no
pierdes nada, a demandarte. Está ocurriendo que la prima del seguro que están pagando los auditores aumenta cada año, con la dificultad añadida de que las compañías aseguradoras no quieren hacer este tipo de seguros porque se pueden encontrar con
una demanda muy alta, que se limita a los 50 millones. La proposición no de ley de CiU dice que eso hay que ampliarlo.
A mí me parece razonable que se amplíe pero primero debemos tener en cuenta si hay compañías aseguradoras que puedan asegurar
valores muy por encima, porque yo estoy seguro de que si cualquier auditor pequeño va a una compañía aseguradora para que le asegure en cientos de millones de pesetas, pongamos por caso, seguro que no solo la prima sería cuantiosísima, sino que
además el problema es que no le va a asegurar la compañía pertinente; eso es lo que esta ocurriendo. Por tanto, señorías, señor presidente, eso hace que los auditores en España sean los profesionales más maltratados desde el punto de vista de la
responsabilidad; no hay ninguna otra profesión en España que responda solidaria, directa, ilimitada y universalmente con todos sus bienes. Es decir, al final de tu vida, con 50 años, cuando a lo mejor tienes unos ahorritos, te viene mal dada una
auditoría y puede acabar con todo tu patrimonio, profesional o particular. Eso es una barbaridad, eso hay que corregirlo. A mí me parece muy atinada la propuesta de Convergència i Unió en el sentido de que esto hay que arreglarlo. Está claro que
la responsabilidad tiene que existir, pero tiene que ser proporcional no solamente al daño que cause, sino también a otros aspectos como pueden ser honorarios, importancia de la empresa, etcétera. Señorías, de los 25 países que conforman en estos
momentos la Unión Europea, 10 de ellos ya tienen de alguna manera resuelto el problema, aparte de que la propia Unión Europea está en estos momentos intentando modificar su famosa Directiva no solamente de auditoría, sino también de consolidación de
cuentas, que lógicamente se va a imponer a España. Esto ocurre no por culpa del Gobierno o del ICAC, puede que ocurra porque la Ley de Auditoría no ha sido consensuada con las tres agrupaciones auditoras.
Habría que forzar a los tres organismos
auditores y además al ICAC, que es su órgano director, a llegar a un entendimiento para actualizar la Ley de Auditoría a la realidad. Estamos hablando de la Ley de Auditoría de 1988 y desde 1988 hasta ahora ha habido demasiados temas en el mercado
y en la economía para intentar que haya que modificar la Ley de Auditoría de acuerdo con el mercado. Por tanto, el Grupo Popular va a apoyar la proposición no de ley.



En cuanto a las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana -que aunque son dos enmiendas se pueden tratar como una-, en el primer punto se restringe un poco la responsabilidad porque la limita a las sociedades cotizadas y no a los
administradores, aunque es un tema secundario. En cuanto al segundo punto, la proposición no de ley de CiU solamente contempla las sociedades cotizadas en Bolsa, pero Esquerra Republicana pretende eliminar que sean cotizadas, o sea, lo quiere hacer
extensivo a todas las empresas cotizadas o no cotizadas y a sus administradores.
Contemplar tanto las pequeñas como las grandes y las medianas, cotizadas o no cotizadas, sería ir demasiado lejos, con los costes correspondientes, con la dificultad
de encontrar compañías aseguradoras, etcétera. Por ello hemos pactado de momento una transaccional entre todos los grupos. Termino, señor presidente, diciendo que es una proposición no de ley muy oportuna y lógicamente desde el ICAC y desde el
Gobierno tienen que ser conscientes de la situación tan discriminatoria que tiene la profesión de la auditoría en España.



El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra de nuevo el señor Sánchez i Llibre.



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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Recogiendo la sensibilidad de la aportación planteada por el diputado del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de acotar y que figuren en la transaccional que hemos recogido con Esquerra Republicana todas
las compañías que estén cotizadas y todas aquellas que estén en situación legal de hacer auditoría, hemos entregado a la Mesa una transaccional en la que queda perfectamente explicitado, que recoge las enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña y
la aportación del Grupo Parlamentario Popular. Pediríamos al Grupo Parlamentario Socialista que se sumara a esta iniciativa, que es un clamor por parte de todos los sectores profesionales, para poderla modificar, a fin y efecto de poder llegar en
un aspecto tan importante como este a un consenso de todas las fuerzas de la Comisión de Economía.



El señor PRESIDENTE: ¿Aceptaría el Grupo Socialista la transaccional? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: Estaba acabando de leerla. El Grupo Socialista no puede aceptar la transaccional, porque en línea con el argumento que he expuesto, nosotros tenemos dificultad en precisar qué significa responsabilidad directa en
la siguiente frase: responsabilidad exigible a entidades auditoras de cuentas al objeto de que sea proporcional a su responsabilidad directa en los daños y perjuicios. Como he señalado en mi introducción, a este portavoz este elemento le genera
notables dudas jurídicas que, de acuerdo a los informes que tiene, no puede aceptar como tal. Quiero señalar que me parece que es el buen camino el que se ha señalado por parte de los portavoces y en ese sentido no quisiera que pasara por alto la
preocupación del Grupo Socialista de adaptar, de acuerdo a la enmienda que ha presentado, la responsabilidad civil a todos los países de nuestro entorno. Pero como tal, y ante la situación de falta de criterio exacto -que insisto es un tema muy
delicado que afecta al régimen de responsabilidad civil general-, no podemos aceptar la transaccional.



-SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA QUE LOS MUNICIPIOS PUEDAN APLICAR EL RECARGO DEL 50 POR CIENTO DE LA CUOTA LÍQUIDA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES EN AQUELLOS DE USO RESIDENCIAL QUE SE ENCUENTREN DESOCUPADOS
CON CARÁCTER PERMANENTE.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC).
(Número de expediente 161/000515.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a la siguiente proposición no de ley, promovida por el Grupo Parlamentario de Ezquerra Republicana, sobre el establecimiento de los requisitos exigibles para que los municipios puedan aplicar el recargo
del 50 por ciento de la cuota líquida del IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, en aquellos de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Para su exposición y defensa, tiene la palabra el señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Como ustedes saben, señorías, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aprobaba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que en su artículo 72, apartado 4, establecía que los
inmuebles de uso residencial que se encontraban desocupados con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo del 50 por ciento de la cuota del impuesto sobre bienes
urbanos.
Entendemos que esta propuesta, que en su día representó una especie de balón de oxígeno para la financiación de los ayuntamientos, ha quedado inservible al no haberse desarrollado un reglamento que establezca qué son viviendas desocupadas.
Entendemos que es necesario y da sentido a la voluntad que se expresaba en la modificación que se produjo en la anterior legislatura. Aquello que muchos ayuntamientos estaban dispuestos a hacer, primero por un efecto de recaptación, pero sobre todo
para poner en el mercado aquellas viviendas que están desocupadas, ya sean en alquiler o para facilitar el acceso a la vivienda a las personas con esa necesidad, se ha convertido en una propuesta inservible. En este sentido, la proposición no de
ley que ha presentado nuestro grupo habla de establecer reglamentariamente, en un plazo de tres meses, los requisitos exigibles para determinar qué es una vivienda desocupada. Es una demanda importante, sobre todo por el efecto que tendrá en el
sector de la vivienda, de facilitar el acceso a vivienda, de incrementar las viviendas en alquiler, etcétera. Por eso no podemos tardar mucho más en que se produzca el desarrollo reglamentario que establezca este concepto. En su momento, muchos
ayuntamientos, muchos grupos políticos estaban de acuerdo en esta necesidad, pero ha pasado el tiempo y sigue sin estar desarrollada. Sería importante poder llegar a un consenso entre los diferentes grupos para intentar dar respuesta a las demandas
de diferentes sectores, sobre todo a las demandas de las administraciones locales y de los ayuntamientos que encuentran inaplicable la normativa que establece la Ley Reguladora de Haciendas Locales. La propuesta es muy concreta, fija un plazo de
tres meses, pero también estamos de acuerdo en encontrar una fórmula que dé una salida definitiva a la necesidad de establecer qué son viviendas desocupadas. A lo mejor sería más rentable eliminar ese concepto si al final no hay voluntad política
de desarrollar el concepto de vivienda desocupada en el ámbito de las administraciones locales.



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El señor PRESIDENTE: Para la fijación de posiciones, el turno corresponde ahora a Convergència i Unió, señor don José Sánchez.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo siempre ha tenido como prioridad todos aquellos aspectos o todos aquellos mecanismos que favorezcan el acceso a la vivienda; siempre hemos planteado en diferentes comisiones propuestas que van en la
dirección de incentivar el alquiler de viviendas y de incrementar la oferta de viviendas de alquiler, así como también de reducir los impuestos que graven el acceso a la misma. También es cierto, y en esto coincidimos con la última intervención del
señor Puig, de Esquerra Republicana, que existe una falta de desarrollo normativo en la previsión contenida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que esta llevando a la imposibilidad de aplicar el recargo en aquellas poblaciones en que los
ayuntamientos han manifestado su interés de introducirlo en sus ordenanzas fiscales. Si la legislación es obsoleta y hay imposibilidad, no es de aplicación, quizá lo razonable sería retirarla, porque la inaplicación de esta legislación actual hace
que sea inoperante.



Desde esta perspectiva, y alegando la inaplicabilidad de esta legislación, la única operación estadística sobre viviendas vacías del Instituto Nacional de Estadística es el censo de viviendas, que se realiza cada diez años. Los datos que
tenemos del censo de 2001 reflejan que en España existen alrededor de 3.600.000 viviendas vacías. Difícilmente podríamos calibrar la magnitud del problema con datos de aproximadamente cuatro años. Al mismo tiempo tampoco podemos desconocer las
dificultades que entraña la definición de inmuebles desocupados. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales no nos ofrece ninguna aclaración respecto de esta posibilidad. Desde nuestra perspectiva, las dificultades son varias: tanto los
procedimientos como los consumos mínimos de agua, luz o gas son fácilmente sorteables y pueden dar lugar a un sinfín de conflictos legales; las viviendas pendientes de ser ocupadas, vendidas o alquiladas también nos hacen difícil cuantificar cuáles
son las que están realmente desocupadas; también nos es difícil cuantificar las viviendas que necesitan una reforma y los propietarios no pueden afrontar su coste; y también algunos sectores han apuntado posibles obstáculos constitucionales ante
la definición de vivienda desocupada. Por lo tanto, ante la dificultad de poder materializar la definición de vivienda desocupada a fin y efecto de poderla gravar con estos incrementos municipales y ante unas estadísticas que distan mucho de ser
reales, ya que nos tenemos que remontar a datos de hace 4 años, nosotros, entendiendo la voluntad clarificadora de la iniciativa de Esquerra Republicana, nos vamos a abstener en la votación de la misma.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.



La señora MADRAZO DÍAZ: La iniciativa que hoy nos presenta Esquerra Republicana afecta a dos cuestiones fundamentales para los ciudadanos, cuales son el derecho constitucional de acceso a la vivienda y la financiación de las haciendas
locales, que es la Administración que, como todos sabemos, está más próxima al ciudadano y, por lo tanto, la que le presta la mayor parte de los servicios públicos. En ambos casos, vivienda y financiación local, los poderes públicos, y en concreto
el Gobierno, están obligados a impulsar medidas que remuevan los obstáculos que impidan que todos los españoles tengan acceso a una vivienda digna y están también obligados a procurar a los ayuntamientos unos recursos tributarios y financieros
suficientes que les permitan garantizar la cobertura de los servicios que dentro de sus competencias municipales se prestan a los ciudadanos. De ambas cosas señorías, se ocupó el Gobierno del Partido Popular cuando tuvo la responsabilidad de
gobernar.
Conscientes como éramos del problema de acceso a la vivienda, se impulsaron diversas medidas incentivadoras del alquiler, entre ellas la que hoy estamos aquí debatiendo de permitir a los ayuntamientos establecer un recargo del 50 por
ciento de la cuota líquida del impuesto sobre bienes inmuebles para aquellos inmuebles de uso residencial que se encuentran desocupados con carácter permanente.



El Gobierno del Partido Popular también se preocupó de dar respuesta a los problemas de financiación de los ayuntamientos culminando este proceso con la aprobación de la Ley 51/2002, Reguladora de las Haciendas Locales.
A través de la
aprobación de esta ley se introdujeron importantes modificaciones en el marco de la financiación local, tanto desde el punto de vista estrictamente tributario como por lo que afecta al ámbito financiero. Por lo que se refiere a la regulación de los
tributos, esta ley modificó el articulado de todos los tributos locales y con respecto al IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, se intentó con la reforma citada proporcionar a los ayuntamientos un amplio abanico de herramientas que les permitiese
conjugar su potencial recaudatorio con las posibilidades que el tributo ofrece como instrumento al servicio de la política tributaria municipal. El recargo del 50 por ciento para inmuebles desocupados y el nuevo régimen de bonificaciones que se
estableció en esta reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por el Gobierno del Partido Popular fueron buenos ejemplos de ello. La otra gran reforma impulsada por el Gobierno del Partido Popular en el ámbito de la tributación local
fue, como todos sabemos, la supresión del impuesto de actividades económicas, en su línea de reducción de impuestos para las personas físicas y para las pequeñas y medianas empresas, que siempre nos ha caracterizado.



Con este conjunto de reformas se dotaba a los ayuntamientos de herramientas con alto poder recaudatorio, pero al mismo tiempo de instrumentos para poder aplicar una auténtica política fiscal municipal que contribuyera también a los objetivos
de la política económica general.



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Se reforzó también la materialización del principio de suficiencia financiera de las entidades locales establecido en el artículo 142 de la Constitución, siendo modificado el modelo de participación en los tributos del Estado. En
definitiva, el conjunto de modificaciones, tanto las de índole tributario como las financieras, tenían como finalidad esencial fortalecer el principio de suficiencia financiera de las entidades locales proclamado en la Constitución y, por otra
parte, incrementar la autonomía municipal en el ámbito de los tributos locales, de manera que los ayuntamientos dispongan de un mayor margen de decisión.
Nosotros, el Gobierno del Partido Popular, impulsamos todas esas reformas cuando teníamos la
responsabilidad de gobernar y fuimos coherentes con nuestro modelo de política económica; ahora les toca a otros ejercer su propia coherencia y su propia responsabilidad. El mismo grupo parlamentario que hoy impulsa esta iniciativa, que se basa en
la regulación que hizo el Partido Popular, del recargo del 50 por ciento en el impuesto de bienes inmuebles para las viviendas desocupadas, presentó en su momento una enmienda a la totalidad de esta reforma de las haciendas locales, en cuya defensa
alegaba, en su momento, que era una reforma con fines electoralistas. Ahora parece que ese instrumento que estableció en su momento el Partido Popular, le sirve al grupo proponente de Esquerra Republicana para aumentar la financiación de los
ayuntamientos. Creo que le falta coherencia al grupo proponente.
Incoherente nos parece por tanto que habiendo rechazado en su momento esa propuesta, ahora pretendan su desarrollo reglamentario, desarrollo que ya estaba establecido en la propia
ley que reformó la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.



No obstante, mi grupo parlamentario -como no podría se de otro modo y siendo coherente con nuestros planteamientos y con la reforma que planteamos en su momento porque, como ya he dicho, esta iniciativa y este recargo del 50 por ciento fue
establecido por el Gobierno del Partido Popular- va a apoyar y va a votar a favor de esta iniciativa o de otra alternativas que se puedan presentar y que sean consensuadas por los diferentes grupos. En todo caso, me gustaría dejar constancia de la
dificultad que tiene -como ha dicho ya el representante de CiU- definir reglamentariamente lo que se considera vivienda desocupada con carácter permanente. Deberá ser una cuestión muy consensuada con los propios ayuntamientos y definida con mucho
sosiego y rigor, porque de ello depende la efectividad de su posterior aplicación y, sobre todo, la posibilidad de que los ayuntamientos lo puedan gestionar con eficacia.
Todos sabemos que una vivienda puede estar vacía durante un año o más tiempo
por diferentes motivos, que nada tienen que ver con la especulación: desde parejas jóvenes que compran el piso con bastante antelación a su boda o padres que adquieren una vivienda en previsión del futuro traslado de un hijo por motivo de estudios
o hijos que aún no han decidido qué hacer o cómo repartir el piso de los padres fallecidos. Por tanto, creemos que hay que ser especialmente cuidadosos con esa definición para que, finalmente, este recargo del 50 por ciento del impuesto sobre
bienes inmuebles sirva a los objetivos por los que inicialmente el Partido Popular lo estableció, que fue fomentar el mercado del alquiler de viviendas, especialmente deficitario en España, como todos sabemos, en relación a otros países europeos y
procurar un instrumento a los ayuntamientos para mejorar su financiación. Ahora mi grupo parlamentario espera que el Gobierno Socialista asuma la responsabilidad de impulsar esa reforma de las haciendas locales que permita dotar a los ayuntamientos
de los recursos suficientes para asumir aquellas competencias que les son propias y aquellas otras que están asumiendo y que en realidad no son propias de los ayuntamientos, las llamadas competencias impropias, que se calcula que en la actualidad
llegan a absorber un tercio de los recursos de los ayuntamientos.



El Grupo Parlamentario Popular estará por ello especialmente vigilante en la tramitación de la futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que el Gobierno socialista ha colocado entre sus prioridades para la presente legislatura y que
ha dado lugar a la elaboración del famoso libro blanco. Desde el Partido Popular veremos en el futuro cuáles son sus propuestas y cuánto da de sí esta reforma. El objetivo del Grupo Parlamentario Popular es y será dotar a los ayuntamientos de las
herramientas suficientes para prestar a los ciudadanos unos servicios públicos de calidad, a la altura del siglo XXI y, por ello, para avanzar un poco más en su consecución, aun siendo conscientes de la complejidad que supone la elaboración de este
reglamento, votaremos a favor de esta iniciativa.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Contreras.



El señor CONTRERAS PÉREZ: El tema que hoy nos ocupa despierta un indudable interés entre los distintos grupos parlamentarios, posiblemente, como ya ha dicho algún otro portavoz, por el doble objetivo que tiene este recargo del 50 por
ciento. Este recargo, como ya se ha dicho, tiene una doble finalidad, incrementar la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos, y también incentivar, mediante lo que en el debate del día 27 de septiembre se llamaba la política del palo y la
zanahoria, que a partir de esta penalización, viviendas que están desocupadas puedan pasar al mercado de alquiler. Esta doble condición indiscutiblemente hace que el debate también sea más complejo. ¿Qué pretendemos fundamentalmente, incentivar el
mercado del alquiler o incrementar la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos? Creo que hay que separar ambos debates y para hacerlo nosotros creemos que es imprescindible que la opinión pública sepa que desde el Gobierno socialista, a través
del Ministerio de la Vivienda, se han tomado ya y se están tomando medidas para incentivar ese alquiler. Se habla de que en España existen más de 3 millones de viviendas desocupadas, pero las estadísticas siempre


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pueden engañar y a lo mejor esos 3 millones de viviendas desocupadas no pueden pasar realmente al mercado de alquiler, unas porque no están en las condiciones adecuadas, y otras porque están en sitios donde la demanda no las pueda acoger.
Por tanto, creemos que ese análisis hay que hacerlo de una forma mucho más pormenorizada.



Desde el Gobierno socialista ya se han puesto en marcha medidas importantes, medidas de incentivación positiva para los propietarios que quieran poner una vivienda en el mercado de alquiler. Esos incentivos van desde las ayudas que llegan a
los 2.900 euros para los inquilinos, a ayudas a promotores y a propietarios de viviendas desocupadas, así como un incremento en las garantías jurídicas de esos propietarios. Para ello se puso en marcha el día 13 de abril, en un acuerdo de Consejo
de Ministros, la aprobación de la Sociedad Pública de Alquiler, que ya en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 tenía una consignación de 6 millones de euros. En los presupuestos para el año 2006 la consignación para esa Sociedad
Pública de Alquiler es de 14 millones de euros. Insisto, el objetivo de esta Sociedad Pública de Alquiler es garantizar la seguridad jurídica, tanto de los propietarios como de los inquilinos. Creemos que la clave para incrementar el número de
viviendas en alquiler está en los incentivos positivos más que en las penalizaciones que se puedan hacer sobre las viviendas desocupadas. No obstante, somos conscientes de la importancia que en un determinado momento puede tener la propuesta que
hoy nos trae a esta Comisión el Grupo de Esquerra Republicana. Por esa razón, nosotros creemos que es necesario articular una respuesta a ese recargo del 50 por ciento, siendo conscientes desde el Grupo Socialista, como ya se ha manifestado aquí
por parte de distintos portavoces, de la dificultad que entraña definir qué significa vivienda desocupada con carácter permanente, pero obviamente esa dificultad no nos puede impedir abordar el problema. Al Grupo Socialista nos parece que esa
inmediatez que pretende el Grupo de Esquerra Republicana -da un plazo de tres meses- es muy perentoria y queremos presentar una transacción a esa propuesta en el sentido de que esa definición se haga en el marco de la reforma de la Ley de Haciendas
Locales. Por eso, leo la propuesta que nosotros haríamos, una enmienda de sustitución que diría: Establecer, en el marco de la modificación de la Ley de Haciendas Locales, los requisitos adecuados para hacer efectivo el recargo del 50 por ciento,
o el que se determine en la modificación, de la cuota líquida del impuesto sobre bienes inmuebles en aquellos de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Es decir, remitimos esa definición de vivienda desocupada con
carácter permanente a la modificación de la Ley de Haciendas Locales.



Para ir concluyendo, señorías, quisiera decir que en esa política activa, positiva, de promoción del alquiler, el Gobierno del Partido Socialista, dentro del plan de dinamización de la economía e impulso a la productividad, ha tomado también
medidas de extraordinaria importancia, no solamente la creación de la Sociedad Pública de Alquiler, la ayuda directa a inquilinos y propietarios, sino también medidas para profesionalizar el alquiler, que creemos que es realmente la solución.

España es el país de la Unión Europea que menos viviendas tiene en alquiler, estamos por debajo del 10 por ciento y la media europea está en torno al 40 por ciento. Hay que ir a una profesionalización del alquiler y para eso se establece un nuevo
tipo de instituciones de inversión colectiva de carácter inmobiliario que tendrá una bonificación del 85 por ciento en el impuesto de sociedades para todas aquellas viviendas que tengan menos de 135 metros cuadrados y sean alquiladas por un mínimo
de siete años. Estas empresas no tendrán obligación de incorporar la opción de compra; anteriormente se les obligaba a que un tercio de esas viviendas tuviesen la opción de compra. Creemos, por tanto, que estas medidas que se han tomado dentro
del plan de dinamización van a contribuir a mejorar el mercado de alquiler, el mercado profesional que tendrá un complemento importante, sin lugar a dudas, en esos pequeños propietarios que tienen una o dos viviendas y que podrían ponerlas en el
mercado de alquiler. En ese contexto, eso puede ser un complemento, pero no desde luego la solución, igual que no creemos que sea la solución el recargo del 50 por ciento a la financiación de las haciendas locales.



El señor PRESIDENTE: Dado que acaba de presentarse esta enmienda in voce de sustitución, le damos la palabra al señor Puig.



El señor PUIG CORDÓN: Nuestro grupo entiende la complejidad en la definición de vivienda desocupada. Me parece que el Grupo Popular tiene el ánimo de buscar el mayor consenso y, por tanto, acepto las críticas, pero en su momento en una
enmienda a la totalidad me parece que ese punto tampoco quedó desarrollado, en tiempos de Gobierno del Partido Popular.
En un tema tan importante como es el acceso a la vivienda y facilitar el aumento del mercado de alquiler es deseable llegar a un
acuerdo, al compromiso de establecer el desarrollo de la vivienda desocupada. Por tanto, la enmienda transaccional de sustitución que nos ofrece el Grupo Socialista con ese compromiso de desarrollar el marco, me parece que es un paso adelante y en
virtud de buscar el consenso del mayor número de grupos parlamentarios, me parece que es una aportación avanzar en un tema que interesa y con el que muchos ayuntamientos y grupos parlamentarios están de acuerdo, y cuyo proceso inició el Partido
Popular. Intentemos terminarlo para que las administraciones locales tengan una respuesta adecuada. Por tanto, aceptaremos la enmienda de sustitución que ha propuesto el Grupo Socialista y espero que también sea aceptada por la mayoría de los
grupos de esta Comisión.



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El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo.



La señora MADRAZO DÍAZ: Simplemente para pronunciarme a favor de la enmienda transaccional, en aras de ese consenso que queremos todos los grupos en esta materia tan importante como las viviendas desocupadas.
Además, nos parece que da un
plazo más razonable para poder desarrollar con sosiego, como decía antes, la complejidad que tiene establecer cuáles son las viviendas desocupadas.



-RELATIVA A CEDER EL ANTIGUO EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA EN HUELVA AL AYUNTAMIENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000505.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley que figuran en el cuarto punto en el orden del día, relativa a ceder el antiguo edificio del Banco de España en Huelva al ayuntamiento. El proponente es el Grupo Popular y
la defenderá la señora Báñez.



La señora BÁÑEZ GARCÍA: Esta mañana queremos defender esta proposición no de ley. Como bien se recoge en su exposición de motivos, tras el cierre definitivo de las oficinas del Banco de España en Huelva, que ocupaban además un edificio
singular en el centro de la capital, el Grupo Parlamentario Popular, mediante esta proposición no de ley pide al Gobierno que se inicien los trámites necesarios para que el edificio se pueda ceder al Ayuntamiento de Huelva y que se facilite el uso
para actividades culturales de los ciudadanos, evitando además el deterioro de un edificio tan emblemático que, como ya he dicho, está en el centro histórico de la capital, y además así contribuimos a la preservación del patrimonio arquitectónico de
la ciudad de Huelva.



Me gustaría hacer una breve exposición de cómo se han sucedido los hechos respecto a esta petición que hoy hace el Grupo Popular en esta Cámara. El Pleno del Ayuntamiento de Huelva, el 24 de junio del año pasado, aprobó por mayoría de todos
sus miembros la recuperación del citado edificio para la ciudad de Huelva. A partir de ese momento, el propio alcalde de la capital inició los trámites necesarios con las distintas administraciones para que fuese una realidad la cesión de este
edificio a la ciudad. Con posterioridad, el Grupo Popular, el 2 de diciembre, presentó en el registro de esta Cámara la iniciativa que hoy defendemos.
Al Grupo Popular nos gustaría también recordar que el Partido Socialista en Huelva en distintas
ocasiones se ha mostrado partidario de ceder el edificio a la ciudad de Huelva, al Ayuntamiento de Huelva, para que sea disfrutado por los ciudadanos de Huelva como lugar cultural. En este sentido, me gustaría destacar que en las pasadas elecciones
municipales fueron el propio candidato del Partido Socialista, el señor Díaz Trillo, acompañado del secretario general del Partido Socialista de Huelva, el señor Barrero, hoy diputado de esta Cámara, los que se hicieron una foto delante del Banco de
España pidiendo públicamente en esas elecciones municipales la cesión por parte del Gobierno y del Banco de España del edificio que hoy solicitamos. Nos ha sorprendido que con posterioridad a esa fecha y después de los hechos ocurridos, ese mismo
Partido Socialista, esta vez en otra institución, la Diputación de Huelva, haya cambiado su criterio y pidiese la cesión de este edificio singular, pero esta vez para uso cultural por parte de la Junta de Andalucía. Se le niega al Ayuntamiento de
Huelva, por ser del Partido Popular, y se pide en dicha diputación provincial el uso cultural para la Junta de Andalucía. Nos sorprende mucho, porque esta petición y el debate se han producido en octubre del año en curso. No entendemos este cambio
de criterio, solo lo entendemos desde la política de confrontación que el Partido Socialista, desde la Junta de Andalucía, está teniendo con los ayuntamientos populares en Andalucía. No nos parece razonable, sobre todo cuando en el debate en la
Diputación de Huelva se pide por parte del Partido Popular la explicación del porqué de ese cambio de criterio, y se dice que sigue siendo para uso cultural y que lo van a disfrutar los ciudadanos. Preguntamos entonces qué proyecto tenía la Junta
de Andalucía, que no conocíamos, y que hace que cambie el criterio de cesión del edificio del Ayuntamiento de Huelva a la Junta de Andalucía. Se contesta en dicha ocasión con generalidades, no se da una respuesta concreta, se dice que se puede
dedicar para museo, pero no hay un proyecto concreto conocido por los ciudadanos de Huelva y presentado públicamente.



Sin embargo, tenemos que recordar que el Ayuntamiento de Huelva ha apoyado desde el primer momento un proyecto de la Universidad de Huelva, que consiste en hacer en ese edificio una biblioteca central y pública de la universidad. Nos parece
razonable que el edificio se ceda finalmente por parte de la Administración al Ayuntamiento de Huelva, que es el que lo ha pedido primero, con la mayoría de grupos parlamentarios; es el que ha apoyado el proyecto de creación de una biblioteca
central en la ciudad de Huelva para disfrute de los universitarios en Huelva y de todos los ciudadanos. Por eso nos gustaría en esta sesión de la Comisión de Economía pedir al Grupo Socialista un poco de sensatez, pedir que se rectifiquen las
posiciones de los últimos días sobre el cambio de cesión del edificio del ayuntamiento a la Junta de Andalucía, porque deberíamos poner los intereses de los ciudadanos de Huelva por delante, deberíamos tener un poco de sentido común y olvidarnos de
la confrontación política, sobre todo cuando este edificio puede ser disfrutado por todos los ciudadanos de Huelva desde el punto de vista cultural y existe un proyecto en vigor que el Ayuntamiento de Huelva quiere apoyar. Por tanto, sensatez y ese
apoyo al Grupo Parlamentario Socialista, porque estamos seguros de que los ciudadanos entenderán


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que el criterio es el del principio, el de la cesión del edificio al Ayuntamiento de Huelva.



El señor PRESIDENTE: No habiendo otro grupo representado en la sala en estos momentos, corresponde el turno al Grupo Socialista. Intervendrá el señor Oria.



El señor ORIA GALLOSO: El 18 de noviembre de 2002 el Ministerio de Hacienda y el Banco de España suscriben un protocolo por el cual se permitirá a la Dirección General del Patrimonio adquirir los 30 edificios que el Banco de España va a
desocupar próximamente. Estamos hablando de en torno a 112.000 metros cuadrados en los centros de las ciudades, fundamentalmente en las capitales de provincia, de los cuales 82.400 metros cuadrados son sobre rasante. Eso da una idea del patrimonio
que en estos momentos se estaba transfiriendo desde el Banco de España al Ministerio de Hacienda y, por lo tanto, al Patrimonio Nacional. En el preámbulo del protocolo se expresa la filosofía del destino de esos inmuebles se dice: Primero, que los
inmuebles donde se asientan las sedes del Banco de España afectadas por el plan tienen un alto nivel representativo en las localidades donde están ubicadas y en muchos casos incorporan valores arquitectónicos e históricos significativos. Segundo
que, por tanto, la vocación general de estos inmuebles es incorporarse al patrimonio del Estado para su utilización, conservando los valores esenciales de los edificios. Y, tercero, que el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, está desarrollando actuaciones en colaboración con otros departamentos para conseguir que el despliegue territorial de la Administración General del Estado se desarrolle en inmuebles que reúnan características adecuadas de
representatividad y dignidad. En román paladino, los inmuebles serán utilizados por los servicios periféricos del Estado.



No nos consta en Huelva ni en el Partido Socialista que en aquellos momentos el Partido Popular de Huelva levantase la voz y expresase su voluntad de destinar el edificio del Banco de España en Huelva para ningún otro destino. Se callaron,
a pesar de que esa filosofía impregnaba el protocolo que es aplicable al edificio de Huelva; es decir, el destino del Banco de España de Huelva era convertirlo en una instalación para tareas administrativas. Esto es lo que consta y no tenemos
constancia en Huelva de que en aquel momento el Partido Socialista dijese otra cosa sobre ese edificio. Fue a partir del año 2003, ya prácticamente en la campaña electoral de 2004, cuando se inicia el desalojo o la desocupación de los edificios y
se vende a Segipsa a precio de mercado, cuando el Partido Socialista expresa su voluntad de transferir ese edificio -y lo pone en su programa electoral- a la Junta de Andalucía para su rehabilitación y su adecuación para actividades culturales,
fundamentalmente museísticas; lo pone, como he dicho antes, en su programa electoral y así consta. Efectivamente, a partir de 2004, el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía y el central inician negociaciones para la adquisición de esos edificios
en Andalucía. Llegan a un acuerdo con el de Granada, que se permuta por la Casa de las Conchas que, dicho sea de paso, ya ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta para remitir la proposición de ley al Parlamento de Andalucía.
En
estos momentos se está en conversaciones, se está negociando entre la Junta y el Ministerio de Economía la adquisición del edificio de Huelva.
La diputación provincial ya ha expresado su voluntad de que sea la Junta de Andalucía la adquirente y lo
ha hecho a través de un acuerdo plenario.
La Mesa del Parlamento de Andalucía ha admitido a trámite una proposición no de ley del Partido Socialista solicitando la transferencia de ese edificio para incorporarlo al patrimonio de Andalucía.



Por lo tanto, parece razonable que sea la Junta quien adquiera, rehabilite y adapte el edificio para actividades culturales dentro de la política general de Andalucía. No parece razonable que un ayuntamiento con más de 300 millones de
deuda, con problemas incluso de pago a proveedores, que no ha cursado, que se sepa, ninguna petición al Ministerio de Economía, solicite una cesión cuando deben saber los responsables del Partido Popular que eso no se puede hacer, habida cuenta que
la propiedad de ese edificio en estos momentos es de Segipsa, que pagó en su día al Ministerio de Hacienda a precio de mercado. Si realmente el ayuntamiento quiere tener un edificio simbólico para actividades culturales, ahora tiene una magnífica
oportunidad para rehabilitar y adecuar para actividades culturales un edificio que ha recuperado hace poco más de tres meses, como es la antigua sede de la Policía Nacional, en pleno centro de Huelva, en una zona tan choquera, tan onubense como la
plaza del Chocolate, el paseo de Santa Fe, que justo al lado tiene otra plaza y otra iglesia, muy simbólica también, como es la iglesia de San Pedro y, desde luego, tiene bastantes más metros que el Banco de España. Pero no es eso lo que busca el
Partido Popular. El Partido Popular está en otra bola, están instalados en crear confusión, no solamente en la provincia de Huelva sino en toda Andalucía; están instalados en convertir mentiras en verdades absolutas, o están bloqueados y no saben
cómo salir y por eso siempre han llegado tarde a todas las iniciativas importantes para la provincia de Huelva: llámese Banco de España, aeropuerto, N-435 y otras muchas. Se enganchan al carro del cinismo político y exigen lo que el día antes
habían negado.



Termino, señor presidente. Por eso, el edificio de la antigua sucursal del Banco de España en Huelva, que representa una de las obras importantes del patrimonio arquitectónico de la ciudad y de la provincia de Huelva, ejemplo de la
arquitectura neoclásica, con elementos ornamentales del barroco andaluz, que fue construido entre 1935 y 1938, bajo la dirección del arquitecto José Yarnoz Larrosa, que es un edificio emblemático, forma parte del centro neurálgico de la vida social
y económica de Huelva en plena plaza de las Monjas, ese edificio tiene que seguir prestando un servicio a los ciudadanos


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de Huelva, habilitándose como lugar para albergar actividades de carácter cultural, como un centro de referencia en la provincia y en la propia ciudad, rehabilitando y recuperando un edificio catalogado para el uso cultural, para los
ciudadanos y para Huelva. Por todo ello, vamos a decir que no -lo habrán adivinado- a la PNL del Grupo Popular.



-RELATIVA A LA CESIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) PARA LA CREACIÓN DE UN MUSEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000877.)


El señor PRESIDENTE: Por acuerdo de los grupos parlamentarios se ha producido un cambio en el orden del debate de estas proposiciones no de ley, pasando a continuación a debatir la que aparecía en el número 6 del orden del día, relativa a
la cesión del edificio del Banco de España en Santiago de Compostela, promovida por el Grupo Popular y para cuya defensa tiene la palabra la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: Efectivamente, en los últimos años se han venido produciendo variaciones en la estructura y organización del Banco de España para adaptarse a las nuevas normativas europeas, cediendo parte de sus competencias.
Lógicamente esto ha provocado que finalmente se hayan cerrado algunas sedes del Banco de España en numerosos lugares. Hemos asistido además al debate de una proposición no de ley que tenía este mismo objeto, lo tiene claro ya esta Comisión, y ahora
yo me voy a referir al caso de la sede ubicada en Santiago de Compostela. Pues bien, este edificio, para los que no conozcan Santiago de Compostela, tiene una gran representatividad, tiene un alto valor arquitectónico y se encuentra emplazado en un
lugar privilegiado, en la plaza de las Platerías, en el corazón del casco histórico compostelano, al lado de la catedral, con eso queda dicho todo. Por este lugar pasan miles de turistas a lo largo de todo el año, sin olvidar, desde luego, que es
un lugar muy transitado por los compostelanos, es uno de nuestros lugares favoritos para el paseo diario. Por ello, resulta idóneo para el establecimiento de un museo en la capital gallega, con lo que se estaría uniendo al rico patrimonio cultural
que, como saben, tiene Santiago de Compostela, se reforzaría la oferta existente y se contribuiría además a preservar el patrimonio histórico de la ciudad, dado que estamos hablando, repito, de un edificio muy singular y con el uso que para él
demandamos, se contribuiría claramente a rehabilitarlo y a ponerlo en valor.



Pues bien, según el protocolo suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de España en noviembre de 2002, corresponde a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio la adquisición de las antiguas sucursales del Banco de
España que tienen el cierre previsto y dicha adquisición se formalizó el pasado 22 de junio. Las instalaciones sabemos que ya han sido desalojadas de personal y de enseres y se está a la espera de darle una nueva finalidad, un nuevo uso. Creemos
que ha transcurrido cerca de un año desde la clausura de dicha sede y es preciso aclarar ya el futuro del edificio. Según la información que nos ha dado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria, en la actualidad se estaban estudiando
distintas posibilidades para emplear el inmueble de Santiago. El Grupo Popular, a través de esta iniciativa que se presentó prácticamente hace seis meses, solicitaba con esta proposición no de ley que se cediese al ayuntamiento, y tengo que decir
que en el caso de Santiago de Compostela no sé si ustedes saben que existe un consorcio de la ciudad y que sería igual que se cediese al consorcio porque en él están representadas todas las administraciones y además es el encargado de ir realizando
las obras más singulares de todo lo que afecta al casco histórico. Por lo tanto, a nuestro grupo -sé que al ayuntamiento le daría igual o incluso mejor-, en todo caso, le daría igual porque sería lo mismo, que la titularidad pasase al consorcio de
la ciudad. Pedimos, en definitiva, que se ceda la titularidad de ese edificio que alberga la sucursal del Banco de España en Santiago de Compostela, con la finalidad de crear un museo en la capital de Galicia.



Si efectivamente así se acordase, sería, repito, el propio ayuntamiento o el consorcio, al final económicamente ya les adelanto que sería el consorcio, el responsable de la gestión del mismo y, por lo tanto, de asumir también el coste de
ello. Además, se da la singularidad de que allí están representadas todas las administraciones y es, por lo tanto, una fórmula muy válida, que ha dado muy buenos resultados, que ha realizado muchas actuaciones a lo largo de bastantes años. Yo he
formado parte de ese consorcio como portavoz que era del Grupo Popular del Ayuntamiento de Santiago. Para que esta aspiración llegue a buen fin es necesario que se produzca una cesión gratuita del inmueble. Creo, como señalamos, que la
singularidad de ese inmueble debe llevar a utilizar la antigua sede de este banco para una finalidad pública que permita el disfrute de ese edificio de todos los ciudadanos, sean o no compostelanos porque, repito, Santiago de Compostela es una
ciudad muy visitada. Desde el Ayuntamiento de Santiago se aseguraba tener la confianza de que finalmente se ceda este inmueble para ubicar un museo que se uniría a los 16 ya existentes incrementando una oferta cultural de una ciudad que no es
cualquiera, es una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una de las posibilidades que se están barajando desde distintos estamentos es que sea la sede del museo de la ciudad que, desde hace tiempo, lo hemos venido demandando algunos porque lo
consideramos de gran interés y vendría a ser además un complemento muy importante del actual Museo de las Peregrinaciones ubicado en un bello edificio del siglo XV y que además está relativamente cerca.



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Consideramos, señor presidente, señorías, que Santiago es una ciudad en la que el turismo, como les decía, tiene una gran importancia, que es primordial proteger su conjunto arquitectónico. Hay que reconocer que se han ido realizando
actuaciones muy singulares en ese sentido y el consorcio ha jugado un papel básico y fundamental en la rehabilitación de nuestro casco histórico, pero es necesario también mejorar las opciones culturales de la ciudad, de una ciudad que acoge a miles
de peregrinos cada año. En este sentido -y con ello termino-, las características del edifico al que nos referimos, así como su estratégica ubicación, lo hacen idóneo para la función de mejorar la oferta histórico cultural de Santiago de
Compostela, que es el objetivo último de esta proposición no de ley que he tenido el honor de defender en nombre de mi grupo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Coincidimos con la señora Sainz García en que el edificio del antiguo Banco de España en Santiago debe estar destinado a museo. Esto es algo que en Santiago de Compostela todo el mundo entiende como positivo y como algo
que debemos alcanzar. El problema es que hay un protocolo, de noviembre de 2002, que impide que el tema sea tan lineal como está presentado, entre otras cosas porque el inmueble, en función de aquel protocolo, es propiedad hoy de una sociedad
mercantil, no pertenece al Patrimonio del Estado, por lo que no es aplicable el supuesto de cesión gratuita que está contemplado en los artículos 145 y 146 de la Ley del Patrimonio de la Administración Pública que permite esta cesión. Como esta
cesión no es posible y como la Administración contempla en principio estudiar que este edificio pueda ser sede de la Administración periférica del Estado, es positivo que el Estado ubique en Compostela, capital de Galicia, nuevas sedes
administrativas. Sin embargo, pensamos que es un lujo que estas sedes se ubiquen en el edificio del antiguo Banco de España que, como decía la señora Sainz, está situado en un lugar emblemático de la ciudad, en plena plaza de Platerías. Por ello
nosotros pensamos -y la corporación municipal, el alcalde, está trabajando en esa línea- que hay que tratar de llegar a un acuerdo entre la Administración municipal, la autonómica, dispuesta a colaborar en estos momentos, y Segipsa, para que este
edificio pueda ser permutado y pase a ser gestionado por el ayuntamiento a cambio de que la corporación municipal y la Xunta de Galicia compensen a Segipsa con otro tipo de instalaciones que permitan la ubicación en ellas de sedes de la
Administración periférica del Estado que en Compostela se están demandando.



El acuerdo es posible, hay que seguir negociando y esa es la vía para que Santiago de Compostela disponga en la plaza de Platerías, que es el lugar idóneo, de un museo de la ciudad que realmente se necesita. La Administración periférica del
Estado puede desenvolverse en Santiago de Compostela en otros lugares si ambas administraciones, Segipsa y el Ayuntamiento de Compostela, encuentran una solución idónea que sea positiva para la ciudad, que creo que es lo que queremos todos los que
somos de Santiago de Compostela y las diferentes administraciones, entre ellas la Administración del Estado que tiene voluntad de que Segipsa, en este caso sociedad mercantil, llegue a un acuerdo que en este caso no puede ser un acuerdo graciable
sino que tiene que ser un acuerdo de intercambio de patrimonio que intentaremos que sea lo menos gravoso posible para la ciudad. En todo caso, la solución tiene que ser pactada entre administraciones. Por ello, compartiendo la propuesta de la
señora Sainz García en lo referente a la finalidad última del inmueble, pensamos que el camino no es el que nos dicta esta proposición no de ley sino la negociación entre administraciones. Por ello nos vamos a pronunciar en contra de esta propuesta
en su formulación actual y defender que al final se consiga este objetivo siguiendo el camino que nos marca la legalidad vigente.



-RELATIVA A LA CESIÓN DEL EDIFICIO DEL BANCO DE ESPAÑA AL AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA USO CULTURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000737.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley relativa a la cesión del edificio del Banco de España al Ayuntamiento de Granada para uso cultural.



Tiene la palabra para su defensa el señor Del Ojo, por el Grupo Popular.



El señor DEL OJO TORRES: Después de haber escuchado las dos proposiciones no de ley anteriores, referidas a tres edificios emblemáticos en tres ciudades de España que se intenta destinar prácticamente al mismo uso, acabamos de ver cómo para
el mismo problema, desde el partido que sustenta al Gobierno se nos están ofertando soluciones distintas. Es verdad que a lo mejor desde que esta proposición no de ley tuvo entrada en la Cámara, allá por el mes de marzo, han ocurrido muchas cosas,
concretamente en Granada, a las que me voy a referir.



A diferencia de las otras dos proposiciones no de ley debatidas anteriormente, ésta además cuenta con dos acuerdos plenarios curiosamente en dos etapas distintas del proceso municipal en Granada; una con un alcalde del Partido Socialista y
con un acuerdo plenario por unanimidad y otra con un alcalde del Partido Popular que es el que actualmente rige los destinos de la ciudad. Volvemos a hablar de un edificio de unas características singulares, situado en el centro de la ciudad y
reclamamos, como dice el texto de la proposición no de ley, que tenga ese uso cultural. Si observamos lo que ha


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ocurrido con la PNL de Huelva y lo que creo o intuyo que va a ocurrir con la PNL que hace referencia al Banco de España en Granada, siempre hay un factor distorsionante, que en este caso es la Junta de Andalucía. Todo iba bien, incluidos
los acuerdos plenarios del Ayuntamiento de Granada, hasta que -al final me explicaré algo mejor- la Junta de Andalucía introduce que quiere el edificio para una escuela de fiscales y así llevamos los meses que llevamos o los dos años y pico que
llevamos.



Entiendo que existe y va a seguir existiendo una falta de voluntad política y esa falta de voluntad política, ¿de quién? Sinceramente por el factor distorsionante que he dicho hace un momento en referencia a la Junta de Andalucía. En el
caso del Ayuntamiento de Granada, incluso el propio alcalde se ha remitido en varias ocasiones al vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, al Banco de España y a la sociedad Segipsa, indicándoles que independientemente de que no se
pudiera hacer ese uso estaba dispuesto a negociar. La ciudad de Granada está dispuesta a comprar ese inmueble por las características pactadas en su momento. Ni siquiera así. Se le ha hecho llegar por carta y además le vamos a hacer llegar a la
Delegación y a la Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía más de 10.000 firmas recogidas de ciudadanos de la ciudad de Granada reclamando el uso cultural de ese edificio. Salta la última sorpresa hace poco tiempo y es que, en un alarde
de habilidad y de ingeniería política, aparece el edificio de la Casa de las Conchas, propiedad de la Junta de Andalucía, sobre la que se intenta llegar a un acuerdo -ya veremos- entre Junta y Estado, incluso con declaraciones de la propia delegada
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. Todo esto había hecho que hoy fuéramos a retirar la proposición no de ley. La intención del Grupo Popular en el caso de Granada era haberla retirado porque, si se llegaba a ese acuerdo entre la
Junta de Andalucía y el Gobierno para transferir la titularidad de un edificio a otro, no queríamos interferir, pero no lo tenemos claro.



Me voy a remitir concretamente a una carta que el 25 de junio del año 2004 envía la directora de Gabinete del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, doña Soledad Abad, al alcalde de Granada en la que le dice
que el citado edificio fue adquirido por la sociedad estatal Segipsa por lo que no cabe la cesión gratuita de un bien integrante de los activos de dicha sociedad, y añade que Segipsa satisfará 5,1 millones de euros al Banco de España cuando tome
efectiva posesión del citado edificio. Como digo, esa carta se envía el día 25 de junio de 2004. Curiosamente el día 15 de marzo de 2005, es decir, casi un año después, a una pregunta parlamentaria de un compañero mío de grupo, de Juan Santaella,
el Gobierno actual contesta que está previsto que sea adquirido por la sociedad estatal Segipsa y habla del primer semestre del año 2005. ¿Cómo es posible que casi un año después se le conteste por este Gobierno algo distinto a lo que contestó la
jefa de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda? Alguien no cuenta la verdad. Eso ha sido lo que nos ha llevado en este momento a replantearnos la retirada de esta proposición no de ley. Nuestras dudas surgen porque no sabemos si el edificio
del Banco de España es o no es de Segipsa -me remito a las dos pruebas que he puesto encima de la mesa-, si se ha vendido o no en 5,1 millones de euros y si el edificio es o no es de la Junta de Andalucía.
Lo último que nos ha faltado escuchar en
la ciudad de Granada y ver escrito en los medios de comunicación en los últimos días es que la Junta de Andalucía tampoco piensa dedicar ese edificio a la escuela de fiscales y lo han dicho así. Hoy escucho aquí, en el debate de las dos
proposiciones no de ley anteriores, que la intención global del Gobierno es instalar en esos edificios los servicios periféricos de la Administración del Estado. ¿No se ponen de acuerdo? No, yo creo que esto responde sencillamente, en el caso
concreto de Granada, cuando había consenso de todos los grupos políticos, a un acto de pillería política, llamémoslo así, para que no salga adelante el edificio cultural.



Nosotros, señor presidente -y con esto termino- vamos a seguir insistiendo en la reivindicación de ese edificio para su uso cultural en Granada y a los hechos nos remitiremos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene ahora la palabra la señora doña María Escudero.



La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: La verdad, señor Del Ojo, es que habría hecho muy bien retirando la PNL. De todas formas me alegro de que no la haya retirado porque eso me va a dar la ocasión de explicarle algunas cosas que desde luego están
en el ámbito público, información a la que usted podía acceder, y que por lo visto no lo ha hecho.



Vamos por partes. Esta proposición no de ley, desde el punto de vista parlamentario, es absolutamente correcta, lo que pasa es que desde el punto de vista político a mí me parece un despropósito, cuando no una chapuza. ¿Cómo pueden venir
ustedes aquí ahora a pedir el uso cultural del Banco de España cuando mientras ustedes gobernaban nos lo negaban sistemáticamente? Mi grupo -no tengo ningún empacho en reconocerlo-, en acuerdo plenario, como usted acaba de recordar, cuando el señor
Moratalla era el alcalde y también en un debate de una proposición no de ley en el Senado en la Comisión de Hacienda, pidió el uso cultural del edificio al anterior Gobierno y lo pidió para un fin concreto, que era la Fundación Lorca -lo puede usted
leer porque está en el 'Diario de Sesiones'-; lo pidió para hacer el Centro Lorca que se ha hecho y se está empezando a construir y que ahora mismo está en periodo de excavación en la plaza de la Romanilla, como usted y yo sabemos perfectamente.
Lo que pasa es que esto ha sido un cúmulo absoluto de despropósitos que solamente tiene justificación para cualquier persona en el oportunismo


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político y en el uso de supuestas razones más relacionadas con la conveniencia que con la verdad.



Por cierto, hablando de chapuzas, en el texto de la formulación de la PNL -supongo que eso no habrá sido culpa de usted-, en pos de defender el patrimonio de mi ciudad y de la suya, se hace referencia al autor del proyecto y a la fecha del
edificio y se han equivocado ustedes exactamente en 60 años. El edificio es un proyecto del año 1933 y es de Secundino Suazo. Le ruego, por favor, que lo corrijan.



Vamos por partes. Le voy a explicar cuál es la situación actual, nítida, del edificio del Banco de España. Es una situación que se inicia, como el traspaso de los demás edificios, en el año 2002, cuando ustedes gobernaban. Este inmueble
-y también se lo quiero aclarar- en estos momentos es propiedad de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria del Patrimonio, de Segipsa, en virtud de ese protocolo, ya tan citado a lo largo del debate de estas proposiciones no de ley, que se firma
el 18 de noviembre de 2002. Además corresponde a Segipsa la adquisición de las antiguas sucursales del Banco de España. Bien, la formalización de ese protocolo se produce el día 31 de diciembre de 2004 que es cuando se formaliza la adquisición,
pero el edificio forma parte del patrimonio de Segipsa concretamente con fecha 22 de junio del año 2005. Por otra parte, el 18 de julio de 2005 se firma un protocolo de colaboración patrimonial entre la Administración General del Estado y la Junta
de Andalucía. La Administración General del Estado se compromete a adquirir el citado inmueble a Segipsa con el fin de permutarlo por el inmueble sito en Salamanca propiedad de la Junta de Andalucía, conocido como la Casa de las Conchas. No creo,
de verdad, que nadie pueda entender lo del factor distorsionante que acaba de decir de la Junta de Andalucía; antes al contrario, la Junta de Andalucía refuerza el patrimonio de Granada cediendo un edificio que es suyo al uso de la ciudad y ahora
intentaré explicarle lo del uso.



Hay que hacer una cronología de esto, aunque muy breve. En primer lugar, el día 21 de noviembre de 2002 se solicita un informe por el Patrimonio del Estado a la Subdelegación del Gobierno -no tengo que recordar que en el año 2002 el
subdelegado del Gobierno era del Gobierno del Partido Popular-, pidiendo un informe sobre qué se podía hacer con el edificio una vez que fuera desafectado como sede del Banco de España. El subdelegado del Gobierno, efectivamente, manda un informe
en el que argumenta la necesidad de proceder a la reagrupación de los servicios periféricos en dicha provincia y liberar un espacio en el edificio de la Subdelegación del Gobierno que estaba absolutamente sobrecargado, y leo textualmente. Por otra
parte, el día 28 de enero ha habido manifestaciones expresas en medios de difusión; ya lo dice el subdelegado del Gobierno en una carta y muestra su alarma diciendo que en los medios de comunicación ya se le está dando utilidad como sede
provincial, local o incluso de la Fundación García Lorca. Además dice que está muy alarmado porque no cree que tenga que tener un uso cultural el edificio sino administrativo. El día 29 de enero de 2003, hay una carta de la directora general del
Patrimonio del Estado a la subsecretaria del Ministerio del Interior, haciendo alusión a la finalidad de la incorporación de estos inmuebles a Patrimonio del Estado diciendo que era robustecer la imagen institucional de la Administración del Estado
en las capitales de provincia. El 6 de febrero de 2003, hay un informe del subdelegado del Gobierno, insisto, sobre la necesidad de ocupación por parte de esa Subdelegación del Gobierno para uso administrativo. El día 9 de octubre de 2003 -me
gustaría que prestaran atención a esto-, el Senado rechaza la cesión del edificio del Banco de España al Ayuntamiento. La Comisión de Hacienda del Senado rechazó, con los votos del Partido Popular, la cesión gratuita del Banco de España a Granada,
según la propuesta del Partido Socialista, que fijaba su destino para uso cultural y, en concreto, para albergar la Fundación García Lorca, como ya le he dicho. Me remito al 'Diario de Sesiones' del Senado de 8 de octubre de 2003. Después de esto,
ha habido algunos acontecimientos. El día 12 de octubre, la Fundación Lorca vincula el Banco de España a su traslado; la familia Lorca dice que el edificio le parece absolutamente adecuado, pero un día antes el alcalde ya había empezado a negociar
el uso del edificio del Banco de España -al menos así salió en los medios de comunicación- con el señor Aznar, con el señor Montoro y con Pilar del Castillo. Hay que pensar que estamos ya en un momento diferente y que empieza a haber cambios en las
posiciones del Partido Popular.



Voy a remitirme ya a cuando hay un cambio de Gobierno y el ministro Solbes deniega la cesión del edificio del Banco de España a Granada. Lo deniega, entre otras cosas, porque no era del Ministerio, porque pertenece a la Sociedad de Gestión
Inmobiliaria, como antes recordaba el señor Del Ojo.
También resulta que el alcalde, cuando recibe la comunicación del señor ministro de Economía y Hacienda, critica una decisión que ya tomaron ellos. En el fondo, el señor Solbes lo único que hace
es abundar en esa decisión de que es de la empresa estatal, que tiene un valor económico y lo que ha hecho la Junta de Andalucía, señor Del Ojo, ha sido resolver poniendo parte de su patrimonio, la Casa de las Conchas de Salamanca que recibe en pago
de unos impuestos, al servicio del patrimonio de la ciudad de Granada. Quiero insistir en esto porque creo que usted no acaba de entender qué está pasando aquí.



Vamos a hablar ahora de unos acontecimientos que han ocurrido más recientemente y con esto voy a acabar. El Gobierno andaluz, en la sesión de la Comisión de Gobierno de la semana pasada, en concreto el día 11 de octubre de 2005, aprobó para
su remisión al Parlamento andaluz el proyecto de ley que hará posible esta operación, la operación de la permuta acordada por ambas administraciones en un protocolo suscrito el pasado mes de julio al que he hecho referencia anteriormente. En fin,
la Casa de las Conchas es un edificio


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de 1929 que sirve de sede a la biblioteca pública de Salamanca y que desde el año 1997 formaba parte del patrimonio de la Junta. La autorización de esta permuta mediante ley es necesaria -y también lo quiero aclarar- por tratarse de un
inmueble declarado bien de interés cultural.



Respecto al uso -y con esto concluyo, de verdad-, es verdad que la Junta de Andalucía está valorando en este momento la necesidad de que este edificio, emblemático desde el punto de vista patrimonial, tenga un uso relacionado con la
capitalidad judicial de Andalucía, que es Granada. La Real Chancillería ha sido sede de la Administración de justicia desde hace 500 años y es verdad que el crecimiento de todos los juzgados y los dispositivos judiciales ha hecho que vaya creciendo
mucho, que la Chancillería se haya quedado pequeña y que haya necesidad de nuevos edificios. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía está ubicada en la Chancillería y viene reclamando desde hace ya mucho tiempo un edificio nuevo,
pero tengo que decir otra cosa y es que el edificio del Banco de España no sería solo la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sino que también sería la sede del Centro de Estudios Fiscales Europeos, que es un proyecto
interesantísimo e importante que tiene que ver con el refuerzo del papel de Granada como capital judicial de Andalucía.



En fin, me gustaría de verdad que el Partido Popular dejara de decir mentiras o medias verdades para argumentar que la Junta de Andalucía o el Gobierno de la nación no tienen verdadera vocación de poner a disposición de la ciudad el
patrimonio para aquellas cosas que parecen más importantes o necesarias. El Partido Popular que, por otra parte, está enajenando bienes públicos municipales -usted sabe a lo que me estoy refiriendo, a la casa del Rey Soler, al edificio de Santa
Inés, al hotel Kenia- viene pidiendo lo que no es suyo a otras administraciones para dar cabida o servicios a otro tipo de planteamientos. Le digo, de verdad, señor Del Ojo que lo mejor es que los ciudadanos entendieran que unos y otros, el Partido
Popular y nosotros o el Partido Socialista y el Partido Popular, se pusieran de acuerdo para resolver problemas que la ciudad tiene planteados. Esa es la obligación que tenemos como políticos, pero no cambiando de opinión ni utilizando de manera
incluso chabacana, diría, determinados razonamientos que no son verdad y que lo único que hacen es intoxicar. He leído en los medios de comunicación -lo cito como ejemplo y acabo en este momento- que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Granada se dijo que votamos por unanimidad en la Comisión del Senado el uso cultural del edificio. Por favor, mándele una copia del 'Diario de Sesiones' del Senado del día 8 de octubre de 2003 para que sepa que todos los senadores del Grupo Popular
votaron en contra y que por eso perdimos la PNL.



El señor PRESIDENTE: Para la aclaración de un supuesto error que ha sido aludido y estrictamente para eso, no para reabrir debate alguno, tiene la palabra por un minuto, menos si es posible, el señor Del Ojo.



El señor DEL OJO TORRES: Previsiblemente ni un minuto siquiera. Como se me ha aludido directamente diciendo que me leyera bien las cosas porque se atentaba de alguna manera contra lo que se decía en la proposición no de ley, le voy a decir
a la señor Escudero que en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de fecha 18 de abril de 2005, en la página 11, está corregido eso a lo que usted se ha referido, haciendo acusaciones muy graves. Dice textualmente:
Donde dice 1993, debe decir 1933. Está perfectamente corregido. Señora Escudero, si su intervención ha sido del mismo rigor que la acusación que me ha hecho, apaga y vámonos.



La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: De todas maneras, señor presidente, el nombre del arquitecto sigue estando mal y yo tengo la copia; lo siento pero no es ese el arquitecto. Tengo el 'Diario de Sesiones' del 4 de abril y el del 18 de abril no
había llegado a mis manos. Admito el error.



El señor PRESIDENTE: Gracias a ambos, a la señora Escudero y al señor Del Ojo.



Como estaba previsto, vamos a proceder a las votaciones.



Votaremos en primer lugar la proposición no de ley sobre la Agenda de Desarrollo de Barcelona que presentó el Grupo Socialista. Lo haremos en los términos de la enmienda del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que ha sido aceptada.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Pasamos a la siguiente, sobre la reforma del régimen de responsabilidad en el desarrollo de la actividad auditora. Se votará en los términos de la transaccional que ha sido anunciada durante el debate.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Pasamos a la proposición no de ley sobre el establecimiento de los requisitos exigibles para que los municipios puedan aplicar el recargo del 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto sobre bienes inmuebles en aquellos de uso
residencial que se encuentren desocupados permanentemente.



Para una aclaración respecto de esta PNL, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Dado el consenso establecido a través de una transaccional entre el Partido Popular, Esquerra Republicana y el Partido Socialista, nosotros vamos a cambiar el voto anunciado y en lugar de abstenernos vamos a votar
favorablemente. El consenso es el consenso.



El señor PRESIDENTE: Vamos a votarla


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos ahora a la PNL relativa a ceder el antiguo edificio del Banco de España en Huelva a su ayuntamiento.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra 18; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Proposición no de ley relativa a la cesión del edificio del Banco de España al Ayuntamiento de Granada para uso cultural.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Por último, la relativa a la cesión del edificio del Banco de España a Santiago de Compostela para la creación de un museo.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.