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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 394, de 19/10/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 394
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN
Sesión núm. 27
celebrada el miércoles, 19 de octubre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
-
Del señor Vañó Ferre (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre valoración del II Plan de empleo convenido entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité español de representantes de personas con discapacidad (Cermi)
2002-2004. (Número de expediente 181/000979.) ...
(Página 2)
-Del mismo señor diputado, sobre el desarrollo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa
tributaria con esta finalidad. (Número de expediente 181/000980.) ... (Página 4)
-Del mismo señor diputado, sobre calendario y recursos previstos para poner en marcha la ley de dependencia. (Número de expediente 181/000981.) ... (Página 5)
-Del mismo señor diputado, sobre calendario y desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (Número de expediente 181/000982.)
... (Página 6)
-Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre contenido del convenio sobre accesibilidad autorizado por el Consejo de Ministros el 9 de julio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del
Imserso y la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos de España. (Número de expediente 181/000518.) ...
(Página 8)
-Del mismo señor diputado, sobre los objetivos del Gobierno al impulsar el Centro español de subtitulado. (Número de expediente 181/000520.) ...
(Página 9)
-Del mismo señor diputado, sobre el contenido del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Federación Española de Municipios y Provincias en relación a la implantanción de transportes urbanos accesibles en
las líneas regulares de autobuses urbanos. (Número de expediente 181/000553.) ... (Página 11)
-Del mismo señor diputado, sobre el número de personas mayores residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se van a poder beneficiar del programa de termalismo social durante el año 2005. (Número de expediente 181/000754.)
... (Página 12)
Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad (Valcarce García) para informar sobre:
-El Plan estatal del voluntariado, aprobado recientemente por resolución del Consejo de Ministros. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000704.) ... (Página 13)
-El tercer Plan de acción para la inclusión social, aprobado recientemente por resolución del Consejo de Ministros. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000705.) ...
Se abre la sesión a las once y veinte minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
-DEL SEÑOR VAÑÓ FERRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN DEL II PLAN DE EMPLEO CONVENIDO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y EL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI)
2002-2004. (Número de expediente 181/000979.)
La señora PRESIDENTA: Damos la bienvenida una vez más a la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, doña Amparo Valcarce García, que va a realizar dos comparecencias, una relativa al Plan estatal del voluntariado
y otra relativa al III Plan de acción para la inclusión social, ambos aprobados recientemente en Consejo de Ministros, y que contestará asimismo a una serie de preguntas formuladas por los grupos, a petición de uno de los cuales tendrá lugar dicho
trámite, en primer lugar, y en concreto de cuatro preguntas del Grupo Popular, del diputado Vañó Ferre. Para dar coherencia a la sesión, haríamos a continuación el resto de las preguntas y luego tendría lugar la celebración de las dos
comparecencias con las intervenciones normales.
Señora secretaria de Estado, vamos a iniciar la sesión de la Comisión con la pregunta que formula el señor Vañó: valoración del II Plan de empleo convenido entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Bienvenida, señora secretaria de Estado. Como usted sabe, en legislaturas anteriores se pusieron en marcha dos planes especiales de empleo para personas con discapacidad y en el segundo
de ellos, el plan 2002-2004, hubo una serie de modificaciones: bonificaciones en la contratación y para fomentar el empleo de la mujer, y una serie de mejoras: la regulación de los enclaves laborales...
Consideramos que se adelantó
considerablemente en el empleo de las personas con discapacidad, pero a este segundo plan, que terminaba en diciembre de 2004, le quedaron pendientes dos compromisos que no se han llevado a cabo, por lo que quiero afear al Gobierno, la regulación
del empleo con apoyo y la modernización de los ajustes de personal en centros especiales de empleo. Ya que era un compromiso asumido por el Gobierno, quiero preguntarle para cuándo va a poner en marcha estas medidas de regulación de empleo y
modernización de ajustes de personal. Quiero también recordarle un compromiso que ustedes llevaban en su programa electoral, el de elaborar un tercer plan específico de empleo. Ustedes se comprometieron a poner en marcha un plan 2004-2008 y hasta
la fecha no tenemos noticias sobre el mismo.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): El segundo acuerdo sobre medidas para mejorar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad fue firmado en diciembre de 2002 por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Dicho acuerdo es una continuación del firmado en octubre de 1997 y tiene como objetivos mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo
y, sobre todo, favorecer los ingresos de las familias con personas con discapacidad, trabajar con instituciones y aumentar los ingresos de las personas con discapacidad a través del trabajo. En desarrollo de dicho acuerdo se han elaborado
modificaciones legislativas y desarrollos reglamentarios en aspectos muy importantes referidos a intermediación laboral, ampliación de bonificaciones previstas para la contratación temporal de mujeres con discapacidad, fomento del autoempleo,
enclaves laborales, modernización de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, que como usted ha señalado es un objetivo muy importante y que en este momento tenemos en trámite muy avanzado, y regulación de las
medidas de carácter excepcional para el cumplimiento de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad. Por tanto, si exceptuamos la modernización de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo,
el resto de los objetivos se han cumplido y este está en trámite. La valoración del acuerdo de referencia -usted me pide la valoración del Gobierno- es que ha sido eficaz y valioso. Tenemos que tener en cuenta su incidencia, que ha sido muy
importante, en la puesta en marcha de distintas medidas recogidas en los diferentes planes de acción, el II Plan de acción para personas con discapacidad, el Plan de acción para el Reino de España del año 2004 y el II Plan nacional de inclusión
social.
La señora PRESIDENTA: ¿Señor Vañó?
El señor VAÑÓ FERRE: Me gustaría volver a preguntar sobre el III Plan específico de empleo para discapacitados, una de las preguntas que le había hecho. No he entendido bien si va a haber un tercer plan y cuándo.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): En este momento estamos preparando el Plan de empleo de mujer y discapacidad y el Plan de empleo para las personas con discapacidad. En lo que
se refiere al Plan de empleo específico para mujeres con discapacidad, está en trámite y muy avanzado.
El Plan de empleo específico para personas con discapacidad está siendo objeto de acuerdo, está siendo preparado y trabajado en la mesa de
diálogo social. Como usted sabe, señor Vañó, el 8 de julio de 2004 hemos firmado un conjunto de medidas que están sujetas a diálogo social. Por tanto, nuestra voluntad es poner en marcha ese plan de empleo, pero hacerlo con el acuerdo de los
agentes sociales, es decir, de sindicatos y empresarios. Hasta que no se aborde este asunto y haya un acuerdo en la mesa del diálogo social, no estaremos en condiciones de presentarlo. Pero quiero dejar bien sentado el compromiso del Gobierno de
cumplir con la puesta en marcha del plan específico de empleo para personas con discapacidad. Quiero recordarle, señor Vañó, que, independientemente del acuerdo al que lleguemos en la mesa de diálogo social, el Gobierno ha hecho de este objetivo
una de sus prioridades. Razón por la que este año 2005 hemos dedicado 507 millones de euros a la financiación de las bonificaciones para el empleo de personas con discapacidad, incluido también el tratamiento específico de los centros especiales de
empleo.
Estos 507 millones de euros dedicados a la bonificación del empleo para personas con discapacidad han dado sus frutos. Han dado frutos, porque, tal como he tenido ocasión de informar a usted y a la Cámara, el crecimiento del empleo de las
personas con discapacidad ha sido del 15 por ciento. Por tanto, cinco veces más que el resto de la población española. Un crecimiento del empleo cinco veces superior al del empleo general. Esto es sin duda una muy buena noticia para las personas
con discapacidad y qué duda cabe que es lo que nos permite hacer -como ya le he señalado- una valoración muy positiva -como un instrumento valioso- del II Plan de empleo convenido entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Cermi en el
año 2002.
-DEL SEÑOR VAÑÓ FERRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EL DESARROLLO DE LA LEY 41/2003, DE 18 DE NOVIEMBRE, DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL, DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA CON ESTA FINALIDAD. (Número de expediente 181/000980.)
La señora PRESIDENTA: La segunda pregunta que formula el señor Vañó es la relativa al desarrollo de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad.
Tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Señora secretaria de Estado, sabe usted que la disposición adicional segunda de esta ley declara que el Gobierno aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta ley en el plazo de seis
meses desde su entrada en vigor. Le recuerdo que el plazo venció en mayo de 2004. Ha pasado un año y cuatro meses y el Gobierno todavía no ha mostrado interés, por lo menos no ha dado a conocer ningún interés, en la elaboración de dicho
reglamento.
Hay una serie de preguntas que quiero que usted me conteste. En primer lugar, si piensa el Gobierno regular y para cuándo el registro de los patrimonios protegidos. Como usted sabe, hasta la fecha la única información que tenemos es
oficiosa y para saber cuántos se han creado nos hemos enterado a través de los notarios. En segundo lugar, si tiene previsto -como nos consta que pide el sector- una revisión del bloque fiscal que afecta a las personas con discapacidad. En tercer
lugar, esto es algo muy importante, ¿piensa el Gobierno llevar a cabo la modificación de la Ley de Registro Civil y, si es así, para cuándo? Me gustaría que me contestase a estas preguntas.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Efectivamente la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, regula la protección patrimonial de las personas con discapacidad. Se ha aprobado el Real
Decreto 2270/2004, de 3 de diciembre, que modifica el Real Decreto 177/2004, de 30 de enero, por el que se determina la composición, el funcionamiento y las funciones de la comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Por
tanto, ya hemos ido un paso muy importante, sobre todo -tengo que decirlo- por el extraordinario buen funcionamiento de esta comisión de protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tengo que decir que el Real Patronato sobre
Discapacidad, por acuerdo de esta comisión, ya está ultimando dos convenios de colaboración para poder dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 41/2003: uno, con el Colegio de Notarios de España, y otro, con el Colegio de Registradores de la
Propiedad. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento de la aplicación de la ley durante los años 2004 y 2005 y, por tanto, tener realmente el registro de patrimonios protegidos que hayan podido constituirse al amparo de la Ley 41/2003. Además se ha
constituido un grupo de trabajo interministerial con el objeto de desarrollar esta ley, en el que se encuentran representados, además del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Hacienda,
puesto que las competencias que regula esta ley afectan a los tres departamentos. Estos tres departamentos tienen como objeto, en este grupo de trabajo, abordar las posibles modificaciones del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la
normativa tributaria, siempre al amparo de la Ley 41/2003.
La señora PRESIDENTA: Señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Señora Valcarce, como le he dicho, ya llevamos un retraso de un año y cuatro meses y me gustaría que me precisara las fechas. Querría saber para cuándo vamos a tener estas mejoras, si puede acotar unas fechas; se lo
agradecería.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señor Vañó, insisto en ello, todos los derechos patrimoniales de las personas con discapacidad están protegidos.
Efectivamente, nosotros
estamos cumpliendo todos los plazos marcados por la Liondau en el desarrollo de esta ley. Tenga usted la absoluta seguridad. Por otra parte, a fin de garantizar el cumplimiento de esta ley, porque tal como usted y yo hemos tenido la oportunidad de
comentar muchas veces, estas leyes no pueden ser meramente declarativas de derechos, sino que tienen que ser garantistas. Para ello estamos poniendo en marcha, como le señalaba, no solo la comisión de protección patrimonial, que ya lleva un año de
funcionamiento, sino además los convenios específicos con los colegios de notarios y con los colegios de registradores que la garanticen, para hacerla de verdad eficaz. En cuanto al tratamiento fiscal de las personas con discapacidad, como usted
sabe, está siendo estudiado y es nuestro objetivo enmarcarlo en la reforma fiscal que abordará el Gobierno. En cualquier caso, el objetivo de la especial protección de las personas con discapacidad está siendo estudiado, tanto por el Ministerio de
Justicia, como por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como por el Ministerio de Economía y Hacienda. Tenga usted la seguridad de que todos los plazos se van a cumplir,
puesto que estamos obligados por la ley, pero sobre todo -insisto- porque estas leyes no pueden ser meramente declarativas, sino garantistas.
-DEL SEÑOR VAÑÓ FERRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EL CALENDARIO Y RECURSOS PREVISTOS PARA PONER EN MARCHA LA LEY DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 181/000981.)
La señora PRESIDENTA: Para formular la siguiente pregunta, relativa al calendario y recursos previstos para poner en marcha la ley de dependencia, tiene nuevamente la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Quiero recordar que el señor Rodríguez Zapatero en el discurso de investidura dijo en esta Cámara que antes de junio de 2005 iba a ponerse en marcha la ley de dependencia, que iba a traerse a esta Cámara. Después se
habló de que el momento adecuado sería pasadas las vacaciones de verano y la última información que tengo es que el señor Solbes, en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, declaró que hasta el primer semestre del 2006 no se
aprobará y, por supuesto, no empezará a desplegar sus efectos hasta el segundo semestre de 2006. Como he oído muchas veces -lo hemos oído todos-, por parte de los miembros del Gobierno, que el año 2005 iba a ser el año de la dependencia, me he
planteado si a lo mejor me he equivocado y lo he entendido mal e iba a ser el año de la independencia, porque estamos acabando el año 2005 y vemos que todavía no hay unos compromisos plasmados y, sobre todo, cumplidos. Hay otra promesa electoral
-que siento afeársela, señora secretaria de Estado- en la que ustedes se comprometieron a dotar económicamente de mil millones de euros para establecer el sistema nacional de dependencia. Esos mil millones de euros se quedaron en 50 millones en los
presupuestos de este año, y ahora anuncian 100 millones para el año 2006. A este ritmo se calcula que para que se doten los mil millones tardaremos 11 años y para los 8.000 millones, que está previsto que puede costar este desarrollo, nos
tendríamos que ir muy lejos.
De verdad creo que ha habido una falta de cumplimiento de sus compromisos, pero nadie les ha obligado que se comprometieran a ello. Se supone que cuando uno se compromete debe cumplir. Por tanto, a mí me gustaría saber para cuándo esa ley
de dependencia y si se va a dotar económicamente con relación a las necesidades y no con unas cantidades que no las cubren, ni por asomo.
La señora PRESIDENTA: Señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Tenemos un consenso básico en el que coincidimos, tanto agentes sociales, comunidades autónomas, como los grupos de esta Cámara. Espero que no
rompa usted ese consenso sobre la denominación de la ley. Hemos quedado todos de acuerdo en que se llamaría ley de promoción de la autonomía personal y para la atención a las personas dependientes. Por tanto, no puedo aceptar que usted ahora me
proponga la ley de independencia. Vamos a seguir llamándola lo que hemos acordado entre todos y unánimemente. Esto no es una cuestión de nominalismo. Sabe usted muy bien que detrás de la denominación que hemos acordado entre todos, hay una
conceptualización muy importante. Por tanto, se llamará ley de promoción de la autonomía personal y para la atención a las personas dependientes.
Este es un proyecto de país en el que usted y yo hemos coincidido. Este es un proyecto para desarrollar el cuarto pilar del Estado de bienestar en España, en lo que usted y yo también hemos coincidido. Ello supone un gran esfuerzo de
financiación pero, qué duda cabe, si vamos a construir entre todos el cuarto pilar del Estado de bienestar y desarrollar un sistema de dependencia al mismo nivel que el sistema educativo, que el sistema nacional de salud, o el sistema de pensiones,
aspectos en los que usted y yo, todos aquí estamos de acuerdo, indudablemente se necesita diálogo para acordar. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno, el Gobierno, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Jesús Caldera y el
vicepresidente Económico del Gobierno, señor Solbes. El 8 de julio del año 2004 se firmó la declaración para el diálogo social y nosotros hemos reiterado nuestro compromiso. El Gobierno reitera su compromiso de que 2005 es el año para la atención
de las personas dependientes y promoción de la autonomía personal. Nosotros queremos que el anteproyecto que apruebe el Gobierno y que entre en esta Cámara sea fruto de un amplio diálogo y consenso. En primer lugar, queremos un acuerdo en la mesa
de diálogo social con los agentes sociales. Estamos trabajando intensamente con ellos para alcanzar ese acuerdo. Pero también queremos un acuerdo con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, con los cuales
estamos trabajando intensamente para alcanzar esos acuerdos. Como usted sabe muy bien están constituidos los diferentes grupos de trabajo. Con las comunidades autónomas el diálogo es intenso, cordial y fructífero y ha tenido un momento muy intenso
de acuerdo, como ha sido el seminario de Segovia, promovido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Estamos continuando ese diálogo también con la Federación Española de Municipios y Provincias, a
través de la comisión de bienestar social que preside el presidente de la Diputación de Zamora. Por tanto, estamos siguiendo nuestro compromiso de diálogo. Hemos informado a la Cámara en diversas ocasiones sobre nuestro objetivo de que en este año
2005 el Gobierno apruebe el anteproyecto de
ley. Por tanto, nosotros mantenemos nuestro calendario, pero le recuerdo que, si buscamos acuerdos, consensos, no podemos imponer ningún calendario a nuestros interlocutores, porque queremos acordar con los agentes sociales, con las
comunidades autónomas, con la Federación Española de Municipios y Provincias. Nosotros queremos que las personas beneficiarias del sistema, personas mayores, personas con discapacidad, sean escuchadas y alcanzar con ellas también un acuerdo.
Tenemos ya los grupos de trabajo constituidos, tanto con el Cermi, como con los representantes de mayores y llevaremos los acuerdos al Consejo Nacional de la Discapacidad y al Consejo Estatal de Personas Mayores.
Efectivamente, señor Vañó, este objetivo necesita un gran impulso económico. El compromiso electoral del Partido Socialista Obrero Español es el de impulsar un sistema nacional de dependencia a desarrollar en dos legislatura, con una
financiación de mil millones de euros. Tenga la seguridad, señor Vañó, que el Gobierno cumple todos sus compromisos electorales. Antes de que haya ley ya hemos empezado a cumplir ese compromiso, porque en el año 2005 ha habido una financiación
nueva de 50 millones de euros y en el año 2006 en el proyecto de presupuestos se recogen 100 millones de euros. Por tanto, el proyecto de ley vendrá a la Cámara, no solo con memoria económica, como es obligatorio, sino con un compromiso de
financiación muy importante con cargo a lo que es la Administración General del Estado.
La señora PRESIDENTA: Señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Empezamos llamándole todo el mundo ley de dependencia. No es que se me ha olvidado. Estoy de acuerdo. Conozco bien el término, lo peyorativo que puede tener y lo asumo perfectamente. Me alegro que se haya cambiado
por autonomía personal. Estamos hablando de nomenclatura. No nos quedemos en el árbol para que nos impida ver el bosque.
Usted está hablando de consenso. Si ha habido demostración de voluntad de consenso la tiene nuestro grupo político que, incluso, sugirió un pacto de Estado para establecer esta ley y este sistema de dependencia. No hay duda de que la
voluntad de mi grupo política está más que demostrada.
Para nosotros es una prioridad la dependencia o la autonomía personal de las personas. Yo entiendo que usted no quiera dar calendarios. Lo entiendo. Hay que pasar por unos procesos previos
inevitables. El problema es que cuando uno quiere quedar bien, anunciando más cosas de las que va a hacer, comprometiendo más fechas y más dineros de los que puede dar, eso puede resultar frustrante. Yo no se lo exigiría si ustedes no se hubiesen
comprometido. Lo de los mil millones ha sido algo que ustedes llevan en su propio programa electoral. Simplemente se lo afeo porque esto puede ser muy frustrante a la hora de crear expectativas, sobre todo en grupos de colectivos, en sectores
sociales como estos que están necesitados de muchas mejoras. Entiendo que un calendario puede llevar un proceso, pero lo mejor para ello es no fijar fechas. No se pueden fijar fechas y posponerlas porque, repito, eso defrauda.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Quiero reafirmar el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación de que el proyecto de ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes es una prioridad para el Gobierno, que la voluntad del Gobierno es que sea aprobado este mismo año y queremos hacerlo desde el diálogo y el acuerdo. Estamos seguros de poder
alcanzar el mejor de los acuerdos en la mesa de diálogo social y también con el resto de interlocutores como son comunidades, ayuntamientos y representantes de las personas mayores y personas con discapacidad.
Una vez más recojo la voluntad del primer grupo de la oposición de colaborar a que este objetivo de país sea una realidad porque, si en ello todos aportamos aquello que debemos aportar para que salga con éxito, será precisamente en beneficio
de las personas que más lo necesitan y contribuirá a evitar frustración o temores por parte de aquellas personas que están esperando, como usted muy bien dice, que el sistema nacional de dependencia sea una realidad para que puedan recibir las
prestaciones y ayudas que necesitan las personas dependientes y sus familias.
-DEL SEÑOR VAÑÓ FERRE (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE CALENDARIO Y DESARROLLO DE LA LEY 51/2003, DE 2 DE DICIEMBRE, DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. (Número de expediente 181/000982.)
La señora PRESIDENTA: Última pregunta del señor Vañó, relativa a calendario y desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Señora secretaria de Estado, en el desarrollo de la Ley 51, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal no tengo empacho en reconocer cuando las cosas se cumplen en el plazo. El Consejo de
Ministros del 16 de septiembre aprobó el anteproyecto de ley para el régimen de infracciones y sanciones y la que se conoce como ley de lenguas de signos. Por cierto, queda año y medio solo para el desarrollo. Han cumplido unas fechas que no
tengo inconveniente en reconocer cuando las cosas se hacen correctamente.
Sin embargo, hay cinco reales decretos de accesibilidad que no están presentados y un real decreto sobre el sistema arbitral, que tampoco.
Insisto en que les queda mes y medio y dudo que al paso que vamos vayan a cumplirlo, aunque me
gustaría que lo cumplieran. Tampoco tengo inconveniente cuando se cumple decir que se ha cumplido, pero le recuerdo que quedan todavía, aparte de los plazos que están marcados para llevar a cabo el desarrollo de esta ley, algunas cosas que lamento
que no las hayan concluído. Siento remitirme a su programa electoral y poner de manifiesto situaciones que en principio ustedes prometieron y que luego no han cumplido. Es nuestra obligación como grupo de la oposición.
Se comprometieron a crear un fondo de accesibilidad y no conocemos ese fondo, no sabemos dónde está, si se ha creado, y si se va a crear, me gustaría que nos dijese cuándo. En los primeros dos años de desarrollo de la Ley 51, de igualdad de
oportunidades, había que adaptar una serie de situaciones y cumplirlas antes de los dos primeros años, cuya fecha acaba en diciembre de este año. Ustedes lo vendieron muy bien, pero luego no lo han cumplido. Por ejemplo, el plan Moncloa, cinco por
ciento, me consta que no se ha cubierto. No hay un cinco por ciento en las dependencias de Moncloa de personas con discapacidad ocupando puestos de trabajo. Como símbolo, ya que lo han vendido, es el primer sitio donde se debiera haber acudido.
Lo mismo que la página web de la Moncloa que todavía no es accesible para algunos tipos de discapacidad. Ya sé que tenemos de fecha hasta diciembre de 2005. Pero siendo un sitio tan emblemático es por donde se podía haber empezado. Por último, me
gustaría saber por qué un año después de aprobada la norma reglamentaria reguladora de la oficina permanente especializada del Consejo Nacional de Discapacidad, no se ha procedido el nombramiento del director ejecutivo, figura imprescindible para
que esta oficina funcione.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Quiero indicarle que el fondo de accesibilidad sí se ha creado por acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de julio de 2004. Se ha hecho en
desarrollo del acuerdo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Imserso, con una dotación del Fondo Social Europeo y la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos de España. El plan Moncloa, cinco por ciento, se está
cumpliendo en todos sus términos, y la página de Moncloa sí es accesible y lo será todavía más en las sucesivas mejoras que se están incorporando.
La oficina permanente de la discapacidad está creada y en funcionamiento y su director tiene nombramiento. Como seguramente no se le escapa a S.S., el nombramiento con carácter definitivo saldrá en su momento cuando la Cecir saque la RPT
correspondiente a ese puesto de trabajo. Por lo tanto, la oficina permanente está funcionando, tiene director y se está trabajando en ella cumpliendo con todas las responsabilidades que la norma regula en su favor.
Respecto a la pregunta del calendario y desarrollo de la ley 51/2003, se han producido ya diferentes desarrollos normativos. Me he referido con anterioridad al del patrimonio protegido de las personas con discapacidad. Su señoría conoce
también el Real Decreto 1865/2004, por el que se crea el Consejo Nacional de la Discapacidad. Su señoría ha hecho ya mención a los anteproyectos de ley relativos a la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral y anteproyecto de ley
del régimen de infracciones y sanciones. Les recuerdo que los plazos previstos por la Liondau son a contar desde el 4 de diciembre de 2003, que es su entrada en vigor, y supone, en el caso de la accesibilidad y no discriminación en las relaciones
con las administraciones públicas, un plazo de dos años; los estudios integrales, dos años; la aplicación en el capítulo de bienes y servicios nuevos, de tres a cinco años, y en bienes y servicios existentes, de quince a diecisiete años.
Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, regulación, dos años; estudios integrales, dos años, en los bienes y servicios nuevos, de cinco a siete en titularidad pública; de
siete a nueve, en titularidad privada concertada con las administraciones públicas, y de 15 a 17, en el resto de la titularidad privada. En los bienes y servicios existentes, estos plazos se incrementan hasta 12 a 14 años en titularidad pública,
doce a catorce en titularidad privada concertada con las administraciones públicas y 15 a 17 en el resto de bienes de titularidad privada. En accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y los medios de comunicación, respectivamente, dos años, dos años, de cuatro a seis años y de ocho a diez años. Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de
transporte, dos años, dos años, de cinco a siete años, de quince a diecisiete años. Accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, dos años, dos años, cinco a siete años, de
quince a diecisiete años.
Respecto a cuáles son los que ya hemos realizado, la modificación y transformación del Consejo Estatal de Personas con discapacidad, que el plazo era de seis meses, ya está. La modificación de los estatutos del Real Patronato sobre
Discapacidad que era un plazo de seis meses y está cumplido. La aprobación del primer Plan nacional de accesibilidad 2004-2012, tiene un plazo de seis meses y ha sido cumplido. Estamos en fase de desarrollo: el currículo formativo sobre
accesibilidad universal y formación de profesionales y el establecimiento del sistema arbitral.
Nuestros objetivos son cumplir con
los plazos previstos en la ley. Hasta ahora hemos hecho lo que ya he señalado, pero todos los estudios integrales previstos están ya cumplidos.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Para añadir que conocíamos los plazos. Incluso le he reconocido lo que se ha hecho dentro de plazo, pero le han afeado compromisos que no se han cumplido y que han vencido a lo largo de lo que llevamos de legislatura.
Quiero insistir que estamos tratando con un sector de la sociedad española que, aunque ha avanzado mucho en los últimos años, tiene todavía muchas carencias. Promesas incumplidas o que no se lleven a cabo en su momento pueden frustrar más. Es
preferible fijar plazos más largos, y si es posible acortarlos luego, que no crear falsas expectativas. En cualquier caso, sabe que nuestra posición, tanto aquí como en la comisión de discapacidad, es de colaboración. Pero eso no quita para que
afeemos la actuación cuando hay una falta de cumplimientos como he detectado esta mañana.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García) Quiero recordar al señor Vañó que los plazos no han concluído. Puedo compartir con usted que son plazos muy ajustados, pero le recuerdo que la
Liondau, que es una ley aprobada en el año 2003, lo fue también con el acuerdo unánime de la Cámara. Por lo tanto, son plazos muy cortos, plazos que nos comprometen a todos, Gobierno y oposición, puesto que es una ley muy pactada, muy consensuada y
votada por unanimidad.
Quiero insistir en una cuestión, y es que ustedes tienen que tener en cuenta que cuando hemos asumido la responsabilidad de Gobierno no se había desarrollado ningún aspecto referido a la Liondau y, sin embargo, nosotros en el tiempo de
nuestra responsabilidad estamos cumpliendo todos los plazos. El desarrollo reglamentario que falta tenemos la voluntad también de cumplirlo. Como decía, hemos cumplido toda la fase de estudios. Usted y yo hemos recalcado qué parte de desarrollo
reglamentario, reales decretos y proyectos de ley están ya cumplidos y los que nos faltan, que son los de accesibilidad. Están realizados todos los estudios integrales. Se llevará a la comisión permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad
con carácter inmediato y nuestra voluntad es cumplir los plazos. Pero le recuerdo que nuestra voluntad es cumplir los plazos de regulación. No debe tener nadie la menor duda de que los plazos de aplicación todos serán cumplidos. Como digo, los
plazos de aplicación todos y también los plazos de regulación, incluso compartiendo con usted que son plazos muy ajustados, pero que no hemos impuesto nosotros.
-DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE CONTENIDO DEL CONVENIO SOBRE ACCESIBILIDAD AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS EL 9 DE JULIO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, A TRAVÉS DEL
IMSERSO Y LA FUNDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA. (Número de expediente 181/000518.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas formuladas por el Grupo Socialista. La primera pregunta la formula el señor Heredia, relativa al contenido del convenio sobre accesibilidad autorizado por el Consejo de Ministros el 9 de julio entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Imserso y la Fundación de la Organización Nacional de Ciegos de España.
Tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señora secretaria de Estado, uno de los problemas de mayor envergadura con el que tienen que enfrentarse a diario la mayoría de las personas con disminuciones que afectan gravemente a su movilidad es el de la
existencia de barreras arquitectónicas y, relacionado con esta cuestión, la insuficiente dotación de transporte accesible que favorezca su integración comunitaria. Este problema se hace más acuciante en el caso de personas que necesitan en su
desplazamiento la utilización permanente de silla de ruedas, dado que además requieren un transporte específico adecuado a sus necesidades.
También se hacen necesarias medidas que permitan garantizar una sociedad de la información accesible, en línea con las directrices establecidas, con el fin de garantizar la oferta de información y servicios útiles en la red para personas con
discapacidad. En este sentido, a los socialistas nos parece esencial potenciar proyectos que contribuyan a la mejora de la calidad del transporte público para personas con movilidad reducida, considerando un objetivo de interés prioritario las
actuaciones tendentes a conseguir niveles necesarios de accesibilidad global, edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones, como medios insustituibles para posibilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad.
Tenemos que recordar que el 16 de junio de 1998 el anterior Gobierno del Partido Popular firmó un convenio en esta materia, con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2000. El problema es que el 33 por ciento de las obras que allí se consignaban
no llegaron a realizarlas. Son datos reconocidos por los anteriores responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Ahora, desde la oposición, el Partido Popular, los portavoces están bastante reivindicativos, pero cabría
preguntarle ¿por qué firmaron un convenio en su día que luego no tenían voluntad de llevar a cabo?
Posteriormente, el 24 de julio de 2001, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fundación ONCE firmaron otro convenio cuyo nombre era más largo que las inversiones que contemplaba. Fíjense ustedes, el nombre del convenio era:
Convenio para la cooperación e integración social de personas con minusvalías para desarrollar un problema de accesibilidad global arquitectónica, urbanística en la comunicación sensorial, en el transporte, así como en la sociedad de la información
y las nuevas tecnologías. En definitiva, mucho ruido y bastante pocas nueces; tan pocas nueces que la inversión brilló por su ausencia. De hecho, los entonces responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en plena campaña electoral
visitaron numerosas ciudades prometiendo inversiones que nunca llegaron a ejecutar. Le pondré un ejemplo, el caso de mi ciudad. En la ciudad de Málaga, en campaña electoral prometieron una lluvia de millones de euros refiriéndose a un convenio que
no se firmó hasta la llegada del señor Rodríguez Zapatero al Gobierno. Ese convenio fue el que se firmó el 9 de julio de 2004 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ya con Gobierno socialista, y la Fundación ONCE, con el objetivo de
profundizar en la colaboración en actuaciones conjuntas relacionadas con la accesibilidad arquitectónica y urbanística.
Señora secretaria de Estado, nos gustaría que nos hablase del contenido y de los fines de este convenio firmado con la ONCE en
2004 y, sobre todo también, del incremento que ha supuesto en lo que a inversiones se refiere.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Efectivamente, el 9 de julio del año 2004 el Consejo de Ministros autorizó el convenio de colaboración con la Fundación ONCE para desarrollar
un programa de accesibilidad de ámbito estatal en los siguientes sectores: urbanismo, arquitectura y comunicación sensorial, transporte, fundamentalmente para implantar el servicio de autotaxi accesible y, en tercer lugar, la sociedad de la
información a través de la utilización de nuevas tecnologías y diseño para todos. Tiene una vigencia de tres anualidades desde la fecha de su suscripción hasta el 31 de diciembre del año 2006. El convenio contempla una financiación por parte del
Ministerio de Trabajo y de la Fundación ONCE por un total de 53,9 millones de euros, un 8 por ciento más que en el ejercicio anterior. Se significa que se ha obtenido una financiación Feder por un total de 28,6 millones de euros. Esta cantidad es
anticipada a las entidades adheridas al convenio. La aportación financiera del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es de 41,2 millones de euros para los tres años. Este convenio ha sido ya publicado en el BOE y hemos hecho una amplia
información del mismo a todas las entidades locales para que puedan concurrir a él, solicitarlo y obtener la financiación correspondiente. Además, hemos firmado un convenio de colaboración con la FEMP para que informe a todos los miembros de la
Federación Española de Municipios y Provincias de la vigencia de este convenio.
En el año 2004 formalizamos 122 convenios de colaboración singulares y hasta el día de la fecha del año 2005 hay 159. Señorías, para mayor claridad e información a la Cámara, entrego a la señora presidenta los convenios, con el convenio de
la anualidad 2005 que se ha formalizado con todas las entidades, donde viene toda la financiación y todos los ayuntamientos ordenados no solo en los tres apartados de urbanismo, transporte y sociedad de la información, sino también por comunidades
autónomas. Por tanto, aquí pueden ustedes obtener toda la información de los ayuntamientos que han obtenido financiación por esta vía en todas las comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Todos los portavoces de los grupos tendrán de esto copia oportunamente.
-DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO AL IMPULSAR EL CENTRO ESPAÑOL DE SUBTITULADO. (Número de expediente 181/000520.)
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es la que formula la diputada Pérez Domínguez, sobre los objetivos del Gobierno al impulsar el centro español de subtitulado.
Tiene la palabra.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Bienvenida de nuevo, señora secretaria de Estado, a esta Cámara. Es un placer para nosotros siempre contar con su presencia. Hoy de nuevo iniciamos esta sesión con un tema y con unos destinatarios importantes,
con un colectivo que está teniendo la atención por parte del Gobierno que sin duda se merece. Como bien se dijo en la moción que se aprobó por unanimidad recientemente en el Pleno, quiero felicitar al Gobierno por la tarea que está desarrollando
con este colectivo y en particular a la secretaria de Estado. Vamos a seguir hablando de él, porque mi pregunta también está en relación con el mismo.
Los planes de accesibilidad se están cumpliendo, el plan Moncloa se está cumpliendo. De hecho,
la primera actuación que se hace por parte del presidente Rodríguez Zapatero cuando llega a Moncloa no es cambiar cortinas, como hacían otros, sino poner rampas de acceso, además de eliminar los problemas de accesibilidad virtual.
Desde la primera ocasión en que compareció usted en esta Cámara, en junio de 2004, hizo referencia a la intención del Ministerio de Trabajo y de su secretaría, en concreto, de impulsar la creación de un centro español
de subtitulado; un paso más en el desarrollo de ese plan nacional de accesibilidad que, en este caso, pretende allanar el camino hacia la eliminación de barreras para la comunicación de un amplio sector de personas sordas y con discapacidad
auditiva. No es que ustedes estén cumpliendo los plazos; es que van por delante de los plazos y criterios que marca la Liondau. Al hablar de personas sordas, no hablamos ya de la realización de un decreto, sino de un anteproyecto de ley que ha
elaborado el Gobierno. Solo dos meses después de aquel anuncio, el 23 de septiembre de 2004, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Jesús Caldera, los representantes de las personas sordas y con discapacidad auditiva -doña María Luisa Sanz,
presidenta de Fiapas, y don Luis Cañón, presidente de la Confederación Estatal de Personas Sordas- y las principales empresas audiovisuales de este país firmaban el protocolo para la ejecución del proyecto de este centro español del subtitulado. En
su día tuve ocasión de preguntar a la señora Caffarel cómo iba a trabajar la radiotelevisión pública en este sector. Su respuesta fue que se estaban cumpliendo los plazos y se estaban adelantando. Solo un año después de eso ya tenemos un
anteproyecto de ley.
Me voy a remitir al subtitulado. Según la presidenta de Fiapas, doña María Luz Sanz, el subtitulado es imprescindible para el 90 por ciento de la población con discapacidad auditiva, cuyo vehículo de comunicación es la lengua oral,
facilitando la literalidad de la información en la expresión de la propia lengua, ya que no se puede olvidar que el 95 por ciento de los sordos nacen en familias oyentes y, por tanto, es su lengua materna.
Todos los grupos manifestamos en su
momento -y usted también, señora Valcarce, cuando era portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Radiotelevisión Española- que la subtitulación es muy importante porque no solo va a facilitar el acceso a la información, a la cultura y al ocio,
sino que además, en el caso de los niños -y yo sé que es otra de sus preocupaciones- tiene un valor didáctico añadido, y es que contribuye al aprendizaje del vocabulario, fomenta el hábito de la lectura y actúa como refuerzo de la propia competencia
lingüística en la lengua oral de su entorno. Por eso nos parece tan importante este centro.
No hace ni un año de aquello y ya hemos conocido el anteproyecto de ley de la lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ha enviado al Consejo de Ministros y por el que tuve ocasión de
felicitarles personalmente. Este anteproyecto de ley, pionero en España, recoge una novedad respecto a este centro de subtitulado: la ley no solo reconocerá la lengua de signos española como lengua de las personas sordas, sino que establecerá y
garantizará los medios de apoyo a la comunicación de este colectivo. Destaca la presencia en el anteproyecto de ley de la creación del centro español del subtitulado, y algo más: de la audiodescripción. Quisiera que usted nos ampliara la
información al respecto y nos dijera cuáles son los objetivos y el alcance del mismo.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Efectivamente, con la creación del centro español del subtitulado y audiodescripción hemos querido no solo atender a las personas sordas, sino
también a las sordociegas. Por lo tanto, que el centro español del subtitulado amplíe sus competencias a la audiodescripción tiene ese objetivo: desarrollar medios y productos a favor de las personas sordociegas. Como usted ha recordado, señora
Domínguez, el 15 de junio de 2004, el consejo del Real Patronato de la Discapacidad toma el acuerdo de poner en marcha los estudios necesarios para la creación de este centro. El 23 de septiembre del año 2004 el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales firma un protocolo de intenciones para el desarrollo de un centro español del subtitulado con todos los agentes del sector audiovisual, tanto televisivos como de otros medios y productos audiovisuales. Usted también ha señalado el
anteproyecto de ley que da cobertura legal a este centro.
Los pasos que hemos dado en cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Real Patronato de la Discapacidad son dos muy importantes. En primer lugar, no solo se ha hecho ya el estudio (el Real Patronato de la Discapacidad dispone ya del
estudio o memoria de objetivos acerca de qué debe ser y cómo debe ser el centro español del subtitulado y audiodescripción), sino que también se ha adjudicado el contrato para la realización del proyecto. Este contrato ha sido ganado por la
Universidad Carlos III, que es la adjudicataria del proyecto para el desarrollo del centro español del subtitulado y audiodescripción. Dentro del convenio para la puesta en marcha del mismo, estará no solo la Universidad Carlos III sino también el
Cermi, la Confederación nacional de sordos de España, Fiapas y la ONCE, puesto que, además del organismo al cual se ha adjudicado el contrato de proyecto, tiene que haber un representante de las personas con discapacidad y también representantes de
las dos grandes organizaciones que representan a las personas sordas y a las personas sordociegas.
Nosotros ya hemos hecho este convenio en el mes de septiembre y desde el mes de noviembre comenzará su funcionamiento virtual. En el consejo del centro español del subtitulado y audiodescripción estarán también representantes de los
ministerios de la Presidencia, de Cultura, de Educación y Ciencia, Industria y Trabajo y Asuntos Sociales. Además, en este consejo habrá dos representantes del sector audiovisual, dos representantes de las empresas de subtitulado, un representante
del Cermi, uno del Consejo Nacional de Personas Sordas, uno de Fiapas y otro de la ONCE; un vocal del consejo del Real Patronato de la Discapacidad, la directora del Ceapat y la directora del Real Patronato de la Discapacidad. (La señora Domínguez
Pérez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Agotó su tiempo, señora Domínguez, pero puede intervenir.
La señora DOMÍNGUEZ PÉREZ: No me podía sustraer de decirle que la dignificación de la vida política exige que los compromisos adquiridos con la sociedad se cumplan y que estoy absolutamente orgullosa de cómo los está cumpliendo mi Gobierno
y usted.
-DEL SEÑOR HEREDÍA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE EL CONTENIDO DEL ACUERDO ALCANZADO ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CON LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN RELACIÓN A LA
IMPLANTACIÓN DE TRANSPORTES URBANOS ACCESIBLES EN LAS LÍNEAS REGULARES DE AUTOBUSES URBANOS. (Número de expediente 181/000553.)
La señora PRESIDENTA: Para formular la pregunta quinta del orden del día tiene la palabra el señor Heredia, sobre el contenido del acuerdo alcanzando entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con la Federación Española de Municipios
y Provincias, en relación con la implantación de transportes urbanos accesibles en las líneas regulares de autobuses urbanos.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señora secretaria de Estado, en primer lugar, quiero felicitarla por el trabajo realizado en el sentido de que en solo 13 meses se han firmado 159 convenios de accesibilidad. Estamos convencidos de que en la historia
de nuestro país ningún Gobierno ha firmado más convenios en menos tiempo que este Gobierno y, en este caso concreto, usted como secretaria de Estado de Discapacidad.
Ha hablado de que se firmó un convenio con la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias, para informar a los municipios de lo que se estaba haciendo y sobre eso versa esta cuestión, sobre el transporte público para personas con
discapacidad. A los socialistas nos parece esencial impulsar la accesibilidad de los autobuses urbanos en las ciudades españolas. Hay que volver a recordar que el Partido Popular también hizo bastante poco en esta materia. Tuvieron oportunidad de
hacerlo, coincidiendo con el Año europeo de la discapacidad 2003, pero se limitaron a presentar un documento a finales de la pasada legislatura, cuando aprobaron el Plan nacional de accesibilidad 2004-2012, en el que volvían a anunciar una lluvia de
millones de euros. Porque hacer, no hacían nada, pero vender lluvia de millones de euros, lo anunciaban en los medios de comunicación prácticamente un día sí y otro también.
Además, hablaban de cofinanciar 1.664 nuevos autobuses urbanos
accesibles, 1.243 autobuses interurbanos y 352 taxis accesibles, e impulsar 115 actuaciones en estaciones de Renfe. A mí me cabe hacerme la siguiente pregunta: ¿por qué no lo hicieron durante los ocho años que estuvieron gobernando? ¿O es que ya
sabían que iban a perder las próximas elecciones y trataron de poner encima de la mesa ese compromiso? Porque estamos hablando de actuaciones de Renfe. Quiero recordar que en el año 2000 se firmó un convenio por parte de Renfe para adaptar las
estaciones a personas con discapacidad y en la provincia de Málaga y en el resto del país no se hizo absolutamente nada en esta materia. Tuvieron oportunidad de llevarlo a cabo, no lo hicieron y se limitaron a presentar este documento.
Nos consta, señora secretaria de Estado, que el pasado mes de julio usted firmó otro convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para impulsar la accesibilidad de los autobuses urbanos en nuestras ciudades. En este
sentido sería importante conocer cuál será la inversión prevista para este convenio en la ciudad en la que está pensada su implantación y, en definitiva, conocer el contenido del convenio firmado con la Federación Española de Municipios y
Provincias.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Efectivamente, he tenido la oportunidad de firmar ese convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, hacerlo además en Segovia
y teniendo como anfitrión a uno de los alcaldes de los municipios que tiene a gala que su transporte sea accesible. Me estoy refiriendo a que nuestro anfitrión fue el alcalde de Segovia.
El pasado 27 de julio de 2004 hemos suscrito ese acuerdo entre la FEMP y el Imserso. Nuestra aportación va a ser de 3.290.176 euros y lo vamos a desarrollar en una importante acción, que es la incorporación de autobuses accesibles.
Nosotros vamos a abonar hasta el 75 por ciento del coste y, por lo tanto, va a tener un tope máximo de 12.020,24 euros por cada autobús. Además, vamos a financiar los servicios de información y también estamos en este momento preparando, porque así
lo contempla el convenio, un seminario de formación para los responsables del área de circulación y transportes de las entidades locales y los gerentes de las empresas municipales de transportes.
Señorías, en muchas ocasiones tanto ustedes como yo hemos tenido la oportunidad de coincidir en una cuestión. Muchas veces tenemos que remover barreras que no son ni de transporte ni urbanísticas ni tampoco barreras en las ciudades, sino
que son las barreras de la información, y para ello tenemos que formar e informar a los ayuntamientos y también a las personas que trabajan en los ayuntamientos, de ahí la importancia que le damos a este seminario de formación. Con la Federación
Española de Municipios y Provincias hemos hecho toda la información a todos los municipios españoles y hemos
puesto a su disposición el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que es el Ceapat.
Hemos recibido hasta el momento 40 solicitudes de convenio en materia de accesibilidad en los transportes. Hemos aprobado, además, en la comisión por unanimidad subvencionar a las 40 entidades locales que lo han solicitado y lo vamos a
hacer para adquirir 373 vehículos accesibles, lo cual es la mayor inversión que haya hecho ningún ayuntamiento de España en materia de vehículos accesibles, y esto nos va a suponer una inversión por parte de nuestro ministerio de 3.279.508 euros.
El detalle de las 40 entidades locales lo he facilitado a la señora presidenta de esta Comisión para que lo haga llegar a portavoces y diputados de la misma.
-DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE EL NÚMERO DE PERSONAS MAYORES RESIDENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN QUE SE VAN A PODER BENEFICIAR DEL PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL DURANTE EL AÑO
2005. (Número de expediente 181/000754.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta que formula la señora Arnáiz, relativa al número de personas mayores residentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León que se van a poder beneficiar del programa de termalismo
social durante el año 2005.
Tiene la palabra, señora Arnáiz.
La señora ARNÁIZ GARCÍA: Buenos días, señora secretaria de Estado, y bienvenida de nuevo a esta Comisión.
El programa de termalismo social organizado y financiado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de Emigraciones y Servicios Sociales, es un programa que se ha ido consolidando en nuestro país desde que en
1989 lo pusiera en marcha un gobierno socialista. Con este programa se proporciona a las personas mayores de 60 años tratamientos en balnearios que mejoran sus dolencias y promueven condiciones de vida saludables que contribuyen a aumentar su
calidad de vida y, por tanto, su autonomía personal.
Nuestros mayores valoran muy satisfactoriamente las prestaciones que reciben, que abarcan tanto el aspecto meramente sanitario como cuestiones de ocio que cubren en parte sus demandas de socialización, pero además hay que añadir los
beneficios generados en empleo y en crecimiento económico, lo que corrobora que las políticas sociales deben ser consideradas en sí mismas no como un gasto, sino como una inversión por los retornos a la sociedad. Así, el presupuesto del año 2005
destacó por ser el primero en destinar más de la mitad del gasto a política social.
En este año el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales convocó 126.000 plazas para participar en el programa de temalismo social, un seis por ciento más que en el año anterior. Recientemente, el pasado 10 de octubre, tuve la ocasión de
escucharle en su comparecencia ante esta Comisión para informar sobre el proyecto de ley de los presupuestos para el año 2006. Según nos aseguró, el año próximo se atenderán a 160.000 beneficiarios, lo que supondrá un incremento de casi un 27 por
ciento.
También nos comentó que para el conjunto del programa que hace referencia a vacaciones y a termalismo se beneficiarán 1.003.000 personas mayores y discapacitados, lo que significa un 23 por ciento más que en el presente ejercicio. Estamos,
pues, ante el mayor incremento anual del programa de vacaciones de la última década. También es conocido el techo al que se quiere llegar en el año 2008, donde la oferta alcanzará hasta 1.500.000 plazas.
Queda demostrada la prioridad de la secretaría de Estado por mejorar la atención de los mayores promoviendo el envejecimiento activo, ya que estamos asistiendo en nuestro país a un proceso de envejecimiento de la población. Las personas
mayores de 65 años representan ya el 17 por ciento y en una comunidad como la que compartimos, Castilla y León, el 22,9 por ciento. Por ello le pregunto por el número de mayores residentes en esta comunidad que se van a poder beneficiar del
programa de termalismo social, así como balnearios de esta comunidad que participan en el programa.
Finalmente, quiero manifestar que comparto plenamente la apuesta que supone el incremento, concretamente en un 15,5 por ciento, de las partidas de servicios sociales en los presupuestos para el año 2006.
Aprovechando la buena situación
económica, se mejora el presente de las personas y se afianza el futuro del país, haciendo compatible la eficacia económica con la social.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señora Arnáiz, comparto absolutamente su reflexión.
Respondiendo a la pregunta que usted me ha formulado, quería significar que el programa de termalismo social es un objetivo muy importante dentro de los objetivos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El programa de termalismo
social va dedicado a las personas mayores y a las personas con discapacidad. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en este año 2005, pero en el año 2006, como usted muy bien ha señalado, el incremento de plazas será del 27 por ciento y nosotros
tenemos el objetivo de que podamos llegar a las 250.000 plazas en el año 2008. Este objetivo exige un gran esfuerzo presupuestario, pero también un gran esfuerzo organizativo. Qué duda cabe que el Gobierno ha puesto
en marcha tanto la parte financiera como organizativa para hacerlo posible, pero no sería posible sin la cooperación del sector de balnearios de España.
Tengo el placer de poder comunicarle que el pasado viernes hemos firmado el protocolo con la Asociación española de balnearios, precisamente para hacer posible este enorme esfuerzo por parte de los balnearios de España de poner plazas a
disposición del Imserso para que puedan ser cofinanciadas en beneficio de nuestras personas mayores y de nuestras personas con discapacidad. Por lo tanto, este esfuerzo del Gobierno se ve, además, coronado con el acuerdo con el sector. Una vez más
el diálogo y el acuerdo presiden nuestra actuación con una financiación y una organización que permitan llegar a personas mayores y a personas con discapacidad.
Señoría, para este año 2005 en Castilla y León se van a beneficiar 10.431 personas mayores y con discapacidad y un 27 por ciento más en el año 2006. Además, en el año 2005, y respondiendo a su pregunta, receptores de toda España se
beneficiarán de un tratamiento termal en Burgos, en los balnearios de Corconte y Valdelateja; en León, en el balneario de Caldas de Luna; en Salamanca, los de Retortillo y Ledesma, y en Valladolid, el Palacio de las Salinas. Como decía, a estos
balnearios se van a sumar otros nuevos, un 27 por ciento más de plazas, gracias al acuerdo que hemos firmado el pasado viernes. Señoría, tal como he hecho con el resto de los datos, estoy en condiciones de poder entregarle estos. Por la
complejidad de los números y de los destinos, voy a hacer entrega de ello a la señora presidenta para que se lo haga llegar a S.S., a los portavoces y a los miembros de la Comisión.
Señorías, quiero llamar también su atención sobre la importancia que tienen los tratamientos termales, pues con ellos estamos garantizando la salud de las personas mayores, una reducción en el consumo de medicamentos, como demuestran los
estudios realizados por el Imserso. Las personas que reciben tratamiento termal y curas de salud en balnerarios reducen un 30 por ciento el consumo de medicamentos, mejoran su estado general de salud y se benefician de actividades de ocio y tiempo
libre.
El 99,7 por ciento de las personas que han recibido un tratamiento termal y que han sido encuestadas han manifestado un altísimo grado de satisfacción con el mismo, pero también quiero señalar que, si el objetivo es sobre todo social, la
ubicación de estos balnearios en zonas de interior, en zonas generalmente rurales, está contribuyendo de forma decisiva al desarrollo económico. Se generan nuevos yacimientos de actividad económica y se crea empleo o se ayuda al mantenimiento del
mismo en estas zonas. Por lo tanto, el objetivo que persigue el Gobierno con el incremento del presupuesto para el termalismo social ante todo es un objetivo social, pero también es importante poner negro sobre blanco y manifestar que estamos
cumpliendo objetivos de eficacia económica y sobre todo de creación y mantenimiento del empleo.
La señora PRESIDENTA: Señora secretaria de Estado, haremos llegar todo esto a los grupos y desde luego nos quedamos con sus recomendaciones, si me permiten SS.SS. la distensión. Las leeremos con detenimiento porque posiblemente ayuden a
resolver nuestro estrés.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señora presidenta, por el momento para acceder a los beneficios del sistema hay que ser mayor de 60 años, pensionista o bien tener una
discapacidad.
La señora PRESIDENTA: La aclaración es importante. De todos modos, le felicitamos por este tema.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (VALCARCE GARCÍA) PARA INFORMAR SOBRE:
-EL PLAN ESTATAL DEL VOLUNTARIADO, APROBADO RECIENTEMENTE POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000704.)
-EL TERCER PLAN DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, APROBADO RECIENTEMENTE POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000705.)
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la comparecencia de la señora secretaria de Estado, con los temas fijados que he anunciado al principio de la sesión, relativos al Plan estatal del voluntariado y al III Plan de acción para la inclusión
social. Primero intervendrá la señora secretaria de Estado para hacer su exposición y a continuación lo hará el grupo proponente y el resto de los grupos que deseen hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra la señora secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Señora presidenta, permítame que aproveche esta comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales para presentar el Plan nacional de
acción para la inclusión social para informar que me acompaña el director general de Inclusión Social, puesto que hemos modificado la estructura de nuestra Secretaría de Estado para reforzar las competencias del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales y el área de Inclusión Social. Por tanto, la estructura de la Secretaría de Estado quedará integrada por la Dirección General del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales, por la Dirección General de Inclusión Social, por la Dirección General de Políticas Sectoriales de Discapacidad y por la Dirección General de Infancia y las Familias.
Señorías, comparezco ante ustedes a petición del Grupo Socialista para presentarles los aspectos más significativos del Plan nacional para la inclusión social 2005-2006 y del Plan estatal del voluntariado 2005-2009, ambos aprobados en
Consejo de Ministros en su reunión del pasado 8 de septiembre. (El señor vicepresidente, Burgos Gallego, ocupa la Presidencia.) El Plan nacional de acción para la inclusión social viene determinado por la estrategia europea para la inclusión
social, construida a partir del año 2000 sobre los sucesivos acuerdos de las cumbres de Lisboa, Niza, Barcelona y Copenhague. Dicha estrategia propició la elaboración de planes nacionales en todos los Estados miembros de la Unión y la ejecución de
dichos planes tiene carácter bianual. El objetivo de este tercer plan, que fue enviado a la Unión Europea el pasado 12 de septiembre, consiste en actualizar y cubrir el periodo 2005-2006 para acompasar el ritmo de trabajo de los países de reciente
adhesión a la Unión Europea. El plan, por lo tanto, tendrá vigencia solo en 2005 y única y exclusivamente por esta razón, por lo cual todos los países tenemos una formulación homogénea siguiendo las indicaciones de la Comisión Europea.
Señorías, la situación económica de España desde 2003 se caracteriza por un mayor crecimiento económico que la media de la Unión Europea y también por un mayor crecimiento del empleo. Según los indicadores de Eurostat, el crecimiento
económico de España en 2004 y en lo que va de 2005 se ha situado en el 3,1 y en el 2,7 por ciento, cifras superiores a los datos de la Unión a Veinticinco. Mientras España crece el 3,1 por ciento, la Unión lo hizo el 2,3 por ciento; mientras
España crece el 2,7 por ciento, la Unión lo hizo el 2 por ciento. Por su parte, el índice de crecimiento del empleo en España en el año 2004 fue del 2,1 por ciento frente al 0,5 por ciento de la media de la Unión Europea. Les recuerdo que los
datos de crecimiento de empleo referidos al mes de septiembre son datos que rompen la barrera histórica. A pesar del crecimiento económico, el 19 por ciento de la población española todavía está por debajo del umbral que se considera como riesgo de
pobreza, considerada por la Unión como el 60 por ciento de la renta per cápita mediana. Sin embargo, a pesar de esta situación, España sigue teniendo niveles bajos de gasto social si lo comparamos en porcentaje del PIB. En nuestro país, el 20,21
por ciento en comparación con el 28 por ciento de la Unión Europea a Quince y el 27,9 por ciento de la zona euro en el año 2002.
Los contenidos del actual plan tienen cuatro objetivos comunes: Fomentar la participación en el empleo y el acceso a los recursos para las personas en riesgo de exclusión, prevenir los riesgos de exclusión, actuar a favor de los grupos
específicos de personas más vulnerables y movilizar a todos los agentes que están involucrados en la lucha contra la exclusión social. El planteamiento estratégico establecido en el plan nacional es combinar crecimiento económico con bienestar
social de los ciudadanos. Queremos corregir los desequilibrios territoriales y prevenir la exclusión social. Un elemento clave es el aumento tanto del salario mínimo como de las pensiones más bajas para mejorar las condiciones de vida de los que
tienen menores rentas. El aumento del salario mínimo puede representar una reducción significativa de la pobreza, sobre todo en el ámbito que más nos preocupa, el de las familias y las mujeres. Por otra parte, ahora se incluyen objetivos clave
como educación, vivienda y lucha contra la pobreza infantil.
Las líneas estratégicas del plan son 12. Primera, mejorar las condiciones de vida de quienes disponen de menos recursos. ¿Qué hemos hecho para ello? Elevar el salario mínimo interprofesional y las pensiones más bajas, así como las ayudas
económicas de emergencia social. Segunda, impulsar un sistema nacional de atención a las personas dependientes para evitar que mayores y personas con discapacidad dependientes puedan constituir grupo de riesgo. Tercera, asegurar la igualdad de
oportunidades y luchar contra la discriminación, por lo tanto acciones en beneficio de las mujeres. Cuarta, crear más y mejores empleos para las personas con más dificultades, y ello lo estamos afrontando en el acuerdo con los agentes sociales
sobre competitividad, empleo estable y cohesión social. Quinta, estamos asegurando, dentro del Sistema Nacional de Salud, atención a las necesidades específicas de los grupos de población más vulnerables. Sexta, proporcionar educación de calidad a
todos, logrando una igualdad efectiva de oportunidades, evitando el fracaso escolar y la falta de formación profesional. Séptima, facilitar el acceso a una vivienda en condiciones razonables, a través del fomento de la vivienda protegida, fomento
del alquiler y la atención prioritaria a los ciudadanos que presentan mayores dificultades como son jóvenes, mayores, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, familias numerosas y familias con escasez de recursos. Octava,
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo, condiciones de trabajo, distribución de las cargas familiares, todo ello con una actuación decidida contra la violencia de género. Novena, sensibilizar y movilizar a todos los agentes que
tienen que ver en la lucha contra la exclusión -administraciones públicas, empresas, a través de la responsabilidad social corporativa, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de afectados-. Las siguientes líneas de actuación se refieren a
la articulación de políticas que favorezcan la reducción de la pobreza infantil y al acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para que sean una oportunidad y no una barrera, es decir, que no se constituyan en la llamada
brecha digital.
El tercer plan supone un avance significativo en relación con los planes anteriores, sobre todo por tres razones. Primera novedad, incorpora una formulación estratégica del Gobierno, que es reforzar el Estado del
bienestar y lo hace con dos ejes estratégicos, promoción de la cohesión social -invirtiendo más de la mitad de los Presupuestos Generales del Estado en gasto social- y lucha contra la pobreza y la exclusión. Segunda novedad, este plan es
preciso con más medidas específicas, más ambicioso y que tiene una estimación presupuestaria real y por primera vez con indicadores cuantificados. Tercera novedad, recoge medidas que incorporan la participación social y buenas prácticas en las ONG
que van a tener en los órganos colegiados de carácter consultivo un papel decisivo en la lucha contra la pobreza. En el plan se recogen 149 actuaciones repartidas entre acceso al empleo, recursos y servicios, prevención de riesgos de exclusión,
atención a grupos vulnerables y movilización de todos los agentes.
Quiero destacar que la actualización del plan 2005-2006 contiene medidas relativas a inmigración, vivienda, salud y educación que, si me permiten, voy a desgranar. Las medidas que se incluyen son, en primer lugar, el aumento del salario
mínimo interprofesional hasta 513 euros mensuales, con un incremento que se va a mantener para que haya una convergencia con el valor medio del salario mínimo interprofesional que existe en los Estados miembros de la Unión Europea. En segundo
lugar, la mejora de un grupo de beneficios para mayores y discapacitados que en el año 2005 supondrá 50 millones de euros para financiar 76 programas y que en el año 2006 se duplicará llegando a los 100 millones de euros. En tercer lugar, un
aumento de las pensiones mínimas entre el 4,5 por ciento y el 8 por ciento. En cuarto lugar, un nuevo plan nacional de vivienda y la creación de la sociedad pública de alquiler. En quinto lugar, una nueva ley que hace compatibles las pensiones de
invalidez no contributivas con el empleo. En sexto lugar, vamos a elevar un 5 por ciento la cuantía real de todas las becas, incrementando el número de beneficiarios de ayuda compensatoria y para la adquisición de libros, material didáctico y
comedor. Otra medida importante es la regularización de inmigrantes que permite a los empleadores legalizar el empleo sumergido, reduciendo por lo tanto la cantidad de trabajo no declarado y aumentando la protección social de este grupo que es de
riesgo. Las víctimas de violencia de género -que son un grupo que está en riesgo evidente de exclusión social- disponen ya de la nueva Ley integral de violencia doméstica que proporciona protección y defensa legal para las víctimas, así como una
gama de medidas de protección social para aquellas mujeres que dependen económicamente de su pareja. El esfuerzo presupuestario total para el plan 2005-2006 será de 21.253.606.604 euros, que supone un incremento del 8,6 por ciento respecto al año
2004. En esta financiación están incluidas las estimaciones de gasto de todas las administraciones públicas, puesto que, como ustedes saben, este es el plan de España, un esfuerzo compartido y común de todas las administraciones públicas.
Por lo que se refiere al III Plan estatal del voluntariado 2005-2009 hay que señalar que el desarrollo de los dos anteriores planes a lo largo de estos últimos ocho años ha puesto de manifiesto su eficacia como instrumento operativo de la
Ley del voluntariado del año 1996. El avance que ha experimentado España en materia de participación ciudadana es muy notable, hoy podemos estar hablando de 4,5 millones de voluntarios, teniendo en cuenta todos los diversos sectores de
voluntariado. De ellos un millón pertenecen al voluntariado de acción social. El diagnóstico de la situación del voluntariado en nuestro país supone una evaluación de la que hemos partido para elaborar el nuevo plan estatal y que nos sirve de base
para determinar sus contenidos. El plan contempla y promueve la actuación voluntaria en ámbitos como el cultural, educativo, sanitario, medioambiental o deportivo, incluso se preocupa por las nuevas modalidades de voluntariado que son las que, al
amparo de las nuevas tecnologías, vienen a denominarse voluntariado virtual. El Plan estatal de voluntariado 2005-2009 mantiene tres grandes áreas: sensibilización, apoyo y coordinación, que se venían arrastrando de los planes anteriores.
Pero
creo que hay que señalar que el fortalecimiento del voluntariado y de las organizaciones sociales tiene como objetivo una implicación ética y solidaria de toda la sociedad. Este plan prevé -esto es una novedad, señorías- la creación del
observatorio del voluntariado, que nos permitirá conocer y hacer un seguimiento continuado de la realidad del movimiento voluntario en España. Esta medida se complementa con la previsión de realizar encuestas, estudios e investigaciones sobre la
motivación de los voluntarios, la aportación del voluntariado a la sociedad, el coste que su gestión supone para las entidades sociales y, sobre todo, sobre los conceptos de responsabilidad social corporativa y de acción social en el ámbito de las
empresas. El plan incorpora entre sus objetivos consolidar una nueva concepción de empresa que asuma valores éticos y una dimensión social y la extensión de nuevos compromisos que van más allá del patrocinio y del mecenazgo. Quiero destacar que
este plan concede gran importancia a la transversalidad en los valores y contenidos éticos, en la enseñanza reglada, en el fomento de nuevas formas de voluntariado, en la utilización de las nuevas tecnologías, así como promocionar el voluntariado a
favor de personas mayores y personas con discapacidad. Pueden tener la seguridad que el Plan estatal del voluntariado 2005-2009 no es un mero enunciado de buena voluntad. Les aseguro que tiene el aval de todas las administraciones públicas y una
financiación pública suficiente. En esta financiación pública sobresale la que proviene del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyo montante para los cinco años supera los 69 millones de euros, destinados a transferencias a comunidades
autónomas para el desarrollo de nuestro plan estatal y a subvencionar proyectos de ONG dirigidos a promoción del voluntariado. Otra fuente de financiación pública es la proveniente de otros departamentos ministeriales, como Medio Ambiente, Cultura,
Interior y Exteriores, que van a dedicar 8,6 millones de euros. Igualmente, las
comunidades autónomas van a aportar 19 millones de euros, por tanto, señorías, la suma de los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, de otros departamentos de la Administración general del Estado y de las comunidades autónomas suma 97 millones
de euros.
Quiero destacar que el diálogo y el consenso han presidido todo el proceso de elaboración, tanto del III Plan nacional de acción para la inclusión social como del Plan estatal del voluntariado, diálogo y consenso con organizaciones sociales
y con las administraciones públicas. Los dos planes han sido refrendados por el Consejo Estatal de ONG en su reunión de 20 de julio de 2005 y por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada el 27 de julio de 2005. Esta colaboración no
solo es a la hora de refrendar, sino que se ha articulado a través de encuestas y de reuniones de trabajo con todos los agentes. Tengo que resaltar la especialísima colaboración recibida por el Consejo Estatal de ONG de Acción Social, en cuyo seno
se creó un grupo de trabajo específico que ha intervenido directamente en la elaboración de los contenidos del Plan estatal del voluntariado, así como en la propia redacción. Una vez más, quiero agradecer a todas las comunidades autónomas su
colaboración, que ha sido absolutamente imprescindible.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Para contestar a la intervención de la Secretaria de Estado, y siendo ambas comparecencias a petición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Esperanza Esteve Ortega.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señora Valcarce, igual que mis compañeros que me han precedido, le doy las gracias por estar hoy aquí y por su explicación, que me ha parecido exhaustiva, interesante y que suscita muchas reflexiones. También
quiero, ya que usted lo ha citado, saludar al director general de Inclusión Social, don Manuel Porras, que está con nosotros, buen amigo y gran experto en materia de bienestar social; bienvenido también.
Usted señalaba en su intervención, señora Valcarce, algo que es imprescindible para poder hablar de inclusión social, que es que el crecimiento económico y creación de empleo, que son fundamentales para mejorar los niveles de bienestar de
los ciudadanos de un país, no son suficientes por sí mismos para regular y superar las situaciones de exclusión social. Esto no es garantía absoluta porque los niveles de exclusión en nuestra sociedad se producen en individuos, en grupos y se
manifiestan de manera clara en nuestros territorios, en nuestras ciudades. Estamos ante situaciones complejas, como usted señalaba. Las formas tradicionales de pobreza han cambiado radicalmente y no se manifiestan como hace unos años. El mundo de
los años setenta y ochenta, por citar décadas recientes, ya no existe y la exclusión se manifiesta cada vez más por el grado de vulnerabilidad de personas y grupos que podemos, y lo digo en plural, de la normalidad, es decir de la inclusión, a la
exclusión por cuestiones varias, que a menudo son independientes de la voluntad del propio individuo o del propio grupo y que tienen que ver con los condicionantes del contexto. Por tanto, la línea es muy fina y subir cuesta mucho, pero bajar es
relativamente fácil, de manera que, efectivamente, solo la inversión en políticas sociales de manera generalizada, como opción política, como es la opción de nuestro Gobierno, resulta imprescindible para disminuir, para aminorar, para apostar por la
inclusión social, pero, a la vez, hay que hacer intervenciones específicas en grupos, en territorios, en personas, para corregir los desequilibrios. Hay que incorporar la prevención, el trabajo anticipativo para que esta línea fina que separa a
unos y otros se convierta en una línea férrea que permita, con la anticipación, que muchos estén donde debemos estar todos, que es incluidos. El Gobierno -al cual me honra apoyar- da a la lucha contra la pobreza -usted lo decía- este enfoque
estratégico, que es esencial para la cohesión social, para el conjunto de la ciudadanía.
Quiero destacar otra cosa que me parece tremendamente interesante. Yo siempre contemplo los planes como algo consecutivo, como algo sucesivo; seguramente el siguiente es mejor que el anterior porque sabemos más, porque tenemos un valor
añadido acumulado que nos hace más sabios, pero, a la vez, en este plan es una opción estratégica clara la apuesta por la participación, que veo que va mucho más allá de la mera consulta. Con este planteamiento lo que hacemos es incorporar
claramente las capacidades de la ciudadanía a través de esos grupos e incorporar también las potencialidades de cada uno de los afectados. Esto es una opción estratégica, esto es una opción política; va mucho más allá de la forma, impone fondo,
impone una voluntad clara, y si a esto le añadimos el crecimiento presupuestario al que usted aludía, está claro que estamos en la línea adecuada. Crecemos mas que la media europea, pero nuestro desfase en bienestar todavía es manifiesto y, por
tanto, trabajar en las dos líneas continúa siendo estratégico; hay que trabajar con políticas sociales generales y con acciones específicas en personas, grupos y territorios.
Vemos que el plan incrementa, con relación al anterior, un 8,6 por ciento, por tanto sale con una mayor dotación. También quiero alabar el grado de consenso previo y el papel del Consejo Estatal de ONG, que ha participado directamente;
alabar, en fin, esta búsqueda por parte del Gobierno, de su Secretaría de Estado, de la implicación de los diferentes sectores.
Seguiría reflexionando, pero no quiero alargarme ni cansar y sí ser rigurosa con el tiempo, por lo que paso a formularle algunas preguntas que seguro que usted podrá aclarar. Observo con agrado que este plan menciona reiteradamente un
objetivo prioritario -antes lo ha mencionado usted en las preguntas que se le han formulado-, el de la atención a la dependencia. Esta es una variable distinta en relación con los otros planes que no incorporaban ese concepto; en este se hace
referencia a
él de manera reiterada y, además, lo contempla como un eje básico para luchar contra la exclusión. ¿Podría señalarnos -y esta es la pregunta- si han calculado, en términos de impacto, cómo podría actuar la nueva ley de autonomía personal y
de abordaje a las situaciones de dependencia en la minoración de situaciones de exclusión social? Dicho en positivo, ¿cómo puede contribuir a la inclusión?
El plan señala las diferentes actuaciones en los grupos vulnerables en los cuales es necesario intervenir, señala prevenir los riesgos de exclusión, el fomento del empleo, actuaciones a favor de grupos específicos, movilización de todos los
agentes, pero esto requiere un gran esfuerzo; hay que hacer un gran esfuerzo para dar respuestas a todos los niveles.
Señalaba claramente, y se desprende del plan, que las respuestas tienen dos líneas: de carácter sectorial, en cada uno de los
ministerios -por supuesto, en el suyo propio, en su Secretaría General- y de carácter transversal, pero la transversalidad, que es una necesidad, es a la vez una complejidad. ¿Qué dispositivos están previstos para hacer efectiva esta
transversalidad?
Finalmente, en cuanto a inclusión, uno de los problemas que tiene cualquier administración, y más la del Estado -cuanto más grande, objetivos más generales- es el de disponer de datos fiables que den sentido a las políticas públicas. Cuesta
mantener los sistemas de información y de evaluación -el plan lo menciona-, pero a la vez son imprescindibles para la toma de decisiones y para generar más marcos de referencia para los distintos niveles de las administraciones. Quiero preguntarle,
porque usted ha hablado de indicadores, ¿qué sistema de indicadores se ha contemplado?, ¿con cuáles se piensa contar en este plan de inclusión que sean generalizables, que sean comparables y manejables por los distintos niveles de las
administraciones? En cuanto al plan, sabemos que se ha presentado en la Unión Europea y que ha sido analizado y evaluado. ¿Podría adelantarnos, si le es posible, qué acogida ha tenido y qué impresión ha causado el análisis previo que hayan podido
realizar?
En cuanto al Plan del voluntariado, usted ha hecho una exposición que apenas deja espacio para la duda ni, en todo caso, para la pregunta.
Quiero destacar algo que me parece interesantísimo, porque hablar hoy de responsabilidad social de
las empresas y de ética de las empresas significa generar cultura, una cultura de país y una cultura de Estado, en la que cada uno se compromete en lo suyo, lo que ya llamamos responsabilidad de todos y cada uno de los territorios. Tengo que
valorar esto, el observatorio del voluntariado, la complicidad de los medios de comunicación, imprescindible, las nuevas formas de voluntariado, hay que ser imaginativos, son nuevos tiempos y nuevas formas de poder participar y, de nuevo, tiene que
conseguirse una gran participación. En cuanto al observatorio del voluntariado, que quisiera destacar que para mí es una novedad, ¿para cuándo está prevista su creación y quiénes formarán parte del mismo?
Quiero acabar diciendo que considero que aquel Gobierno que apuesta por incorporar capacidades, que apuesta por unos espacios compartidos, no por desplazar responsabilidades sino por compartirlas, para que cada uno desde su lugar pueda
aportar el máximo y lo mejor, está contribuyendo a fortalecer el conjunto de la sociedad y en eso estamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Muchísimas gracias, señora Esteve, sobre todo por su exquisita acomodación al tiempo previsto.
De los grupos que no han solicitado la comparecencia, el único presente es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para efectuar su intervención el señor Barrachina Ros.
El señor BARRACHINA ROS: Gracias, señora secretaria de Estado, por su presencia. He seguido atentamente su intervención y en el primero de los dos planes, el Plan nacional de acción para la inclusión social, he de decir que la he seguido
con comodidad por el texto del plan anterior, porque son exactamente las mismas medidas, aunque en menor número; en una gran parte es una copia literal, hasta tal punto que incluso en la presentación del texto -tengo los dos textos y anoche hice la
comparación párrafo a párrafo-, es decir, en el preámbulo en el que se resumen las actuaciones, que está firmado por la vicepresidenta primera, doña María Teresa Fernández de la Vega, y por don Jesús Caldera, no hay un solo párrafo nuevo. Son los
mismos que había anteriormente aunque concentrados, solo que la vez anterior estaban firmados por don Mariano Rajoy, como vicepresidente del Gobierno, y por don Eduardo Zaplana, como ministro, pero no hay ninguna diferencia en los mismos. Por
tanto, si usted está feliz, honestamente yo estoy asombrado. Usted dice que hay más medidas y más ambiciosas y me gustaría saber alguna en concreto, porque de hecho para el colectivo gitano las propuestas se reducen de 14 a 4; para la infancia, de
10 medidas a 4, es fácil comprobarlo porque sigue el mismo orden, las mismas propuestas y los mismos ejes; para el de inmigrantes se reducen de 11 a 5 medidas; para el de personas sin hogar, de 10 a 5 propuestas; para el de inmigrantes, de 5 a 3
propuestas; para el de mujeres, de 15 a 4 propuestas, se suprime por ejemplo la referencia a mujeres rurales; en la página 21 se suprimen -esto sí que lo echo mucho de menos, aunque es consistente con su política presupuestaria- las bonificaciones
que nacieron en 1997 y que se llevan aplicando con gran éxito desde 1998, concretamente en el año 2003, el último año de Gobierno del presidente Aznar, crecieron un 21 por ciento, el año pasado se congelaron y este año 2005 crecen tan solo un 4 por
ciento. Esto sí que lo echo de menos.
Yo hubiera sido un poco más riguroso en alguna parte de la exposición, aunque el texto no está mal, lo que
denota que gran parte de los buenos técnicos de los que se disfrutó en las últimas legislaturas siguen trabajando en el ministerio. De hecho es lo mismo, pero condensado, concentrado y con las medidas reducidas, tal como se las he
explicado. He hecho una descripción objetiva, porque las he contado y las he leído párrafo a párrafo y simplemente es un cortar y pegar de lo anterior. Siendo una cosa que no es para consumo interno, es decir, siendo una obligación internacional,
hubiera sido más cauto. Por ejemplo, cuando se habla del crecimiento en pensiones de hasta un 8 por ciento, esto no ha ocurrido en España. No he encontrado ninguna pensión que haya crecido en España un 8 por ciento con ustedes. De hecho me
gustaría que me dijese alguna de las pensiones que haya crecido un 8 por ciento. Intuyo que para ese cálculo habrán recogido el 1,5 por ciento de revisión obligatoria de las pensiones de 2004 y habrán hecho algún esfuerzo más para alcanzar el 8 por
ciento, pero desde luego el 8 por ciento, incluso en términos nominales, no existe. Hoy más de 5 millones de jubilados y pensionistas españoles están perdiendo poder adquisitivo.
Se les subieron las pensiones un 2 por ciento y están perdiendo
poder adquisitivo todos los meses desde que ustedes llegaron al Gobierno, y en virtud de una ley de 1997 recuperarán el poder adquisitivo perdido en enero del próximo año. Esto es así, es la tabla del propio ministerio. Si ese 8 por ciento fuese
para consumo interno ya ha causado su efecto y la gente lo ha dado por bueno aunque no sea así, pero teniéndolo que leer fuera de España, yo hubiese sido un poco más preciso. Es decir, una cosa es la revalorización, a que uno está obligado por ley,
la actualización de la pérdida de poder adquisitivo, que no es acumulativa, y otra es lo que crece la pensión de cada jubilado y pensionista español cada año, algo bien distinto.
He escuchado hablar de la ética en las empresas y demás. Se suprime desgraciadamente la etiqueta de empresa familiarmente responsable que venía en el texto anterior. Agradezco que en este tercer Plan de acción para la inclusión social se
haga un buen diagnóstico del anterior y que se diga en la página 6 exactamente -lo digo porque esto es completamente contradictorio con lo que he escuchado en muchas otras ocasiones- que se ha reducido la desigualdad y la pobreza persistente hasta
2001. No están contabilizados, yo creo que esos datos ya existen, 2002, 2003 e incluso 2004, y probablemente la reducción en desigualdad y pobreza persistente, como se recoge en su texto, todavía sería mayor, pero no es del desagrado de este
diputado que se haga un buen balance de los planes anteriores, y reitero que lo que hace este es simplemente reeditar -lo digo con absoluta objetividad y sin ningún deseo de alarmar a nadie-, es copia literal de la inmensa mayoría de medidas,
reducidas algunas de ellas, refundidas, y otras directamente suprimidas; no hay en ninguno de los ejes, mujer, dependencia o discapacidad, inmigrantes, personas sin hogar, minorías étnicas como las personas gitanas, infancia, es decir, más medidas
que en los anteriores. Ya digo que esto tampoco es nefasto. Que lo que hagan dos años después sea reeditar, aunque con páginas distintas, gran parte del Plan nacional de acción para la inclusión está bien. Lo deseable sería que este plan no fuese
solo una imposición de la Unión Europea para cumplir con la estrategia europea y fundamentar las directrices que da el comité de protección social, sino que además se hubiese aprovechado para hacer alguna cosa más, aparte de para descafeinar un gran
número de las propuestas anteriores.
En la segunda parte de su intervención referida al Plan estatal del voluntariado ocurre lo mismo. El texto dice ya en los primeros párrafos que este nuevo y eficaz instrumento...Y este instrumento no es nuevo; eficaz se supone que sí
porque es el tercero, y por tanto no es nuevo, cotejando uno y otro se fundamenta el gran parecido entre ambos. También hay un juicio muy favorable de los anteriores, lo cual ya anuncia el continuismo que uno se encuentra en todos los textos. Hay
una cosa que yo también le agradezco a la secretaria de Estado o a quienes lo firman, a la vicepresidenta y al ministro, y es que diga respecto del plan anterior del Gobierno popular que con este segundo plan se han evidenciado grandes logros en el
terreno de la sensibilización solidaria. Es lo que dice el texto que ustedes presentan y firma el ministro y la vicepresidenta, y supone lo que usted dice, grandes logros del Plan anterior. Por tanto, este plan no es nuevo, es redundante en el
noventa y mucho por ciento de las medidas, y si usted encuentra algo nuevo, me lo dice. Yo no he encontrado ninguna medida nueva en el texto de este Plan estatal del voluntariado. Por cierto, cosas más bonitas dijo el señor Caldera del Plan de
juventud y hoy ya está suspendido. Los planes tienen la utilidad que tienen si finalmente se desarrollan bien. Por eso hay que ser cautos con los grandes presupuestos a la hora de exhibirlos. Donde sí hay una gran incoherencia, señora secretaria
de Estado, es en que este es el segundo año en el que el Plan estatal del voluntariado, que se supone que es lo que usted está presentando aquí, se congela. El presupuesto que está defendiendo este año, igual que el del año pasado, en 2005 y para
2006, congela la cantidad que presupuestó el Gobierno popular. Congelarlo quiere decir que al ritmo que va la inflación, a final de este año la cantidad real de dinero que haya para este Plan estatal del voluntariado tan participativo, tan
revolucionario, tan innovador, tan nuevo y eficaz será de un 8 por ciento menos. Con las mismas medidas y con un 8 por ciento menos en términos reales de capacidad adquisitiva, entenderá que la cosa no esté muy bien. A esa congelación de la
partida presupuestaria del Plan estatal del voluntariado 2005-2009 se añade lo que usted ya conoce y que no voy a reiterar por no herir sensibilidades, que el otro gran nutriente de las ONG, que es el 0,52 del IRPF, más que atender a organizaciones
no gubernamentales, en ocasiones se dedica a complacer proyectos de interés exclusivamente municipal, cosa que no es mala; si hubiese dinero para los otros 8.000 municipios españoles distintos de Béjar para
hacer lo mismo, me parecería formidable. No critico que se hagan residencias, ni en el municipio del ministro con el dinero de las ONG, ni en ninguna otra parte, pero hay que tener en cuenta que hay otros 8.000 ayuntamientos que no han
tenido la suerte de ver corretear por sus calles al actual ministro. Por tanto, habría que ser más cauteloso con este dinero que va a las organizaciones gubernamentales, que es el otro nutriente, y que hoy se dedica a residencias privadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Vaya terminando, por favor.
El señor BARRACHINA ROS: Concluyo, señor presidente. Es para no pedir después un segundo turno.
Me gustaría, si uno está congelado y del otro se hace un uso impropio o hasta ahora desconocido, que se atendiera bien. Las siete líneas que usted ha citado son iguales que las diez anteriores, algunas son idénticas y otras refunden dos de
las anteriores. Por eso, si hay algo nuevo, le agradecería que me lo dijera porque así iríamos al detalle.
El señor VICEPRESIDENTE (Burgos Gallego): Para contestar a los señores intervinientes tiene la palabra la secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES, FAMILIAS Y DISCAPACIDAD (Valcarce García): Gracias, señora Esteve, señor Barrachina por sus consideraciones. Tengo que señalar un dato común a los dos planes: son la suma de muchos
esfuerzos, son la suma de los esfuerzos de las administraciones públicas y de la sociedad civil organizada; son la suma de esfuerzos de las administraciones públicas, tanto del Gobierno de España como de los gobiernos de las diferentes comunidades
autónomas.
Esto, señorías, es un valor muy importante del Plan nacional de acción para la inclusión social, que es una suma de esfuerzos. Es, por tanto, la continuidad de muchos esfuerzos, pero, señor Barrachina, no se equivoque, no hay ningún
continuismo. Hay una suma de esfuerzos y una continuidad en los mismos, porque para erradicar la pobreza y prevenir la exclusión social hay que ser perseverantes y en ello estamos. Pero también este Gobierno ha tenido el apoyo de los gobiernos de
las comunidades autónomas en fijar una línea estratégica de lucha contra la pobreza y la exclusión social, algo que el presidente del Gobierno definió de una manera muy gráfica: La única guerra en la que voy a involucrar a España es la guerra
contra la pobreza. En eso estamos, señor Barrachina, y para ello necesitamos el concurso de todos, y aquí, en esa perseverancia en los esfuerzos, le recuerdo que el esfuerzo de todos es un 8,6 por ciento más de financiación de programas que van a
erradicar la pobreza y prevenir la exclusión social en España. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Hay dos cuestiones muy importantes: una línea estratégica fundamental es prevenir, y con la prevención queremos atajar allí donde puede estar la raíz de la exclusión, que es la educación. En educación este Gobierno invierte más y sobre
todo invierte más en este plan para prevenir el fracaso escolar y evitar la falta de formación profesional que puede conducir a la pobreza a muchos jóvenes, a muchas mujeres y a muchas personas mayores de 45 años. Esta, señor Barrachina, le aseguro
que es una línea estratégica en la cual hemos puesto más financiación y más esfuerzo y que hemos convertido en una prioridad. Yo le invito a comprobar si en los planes anteriores aparece la dependencia. Usted verá que no. ¿Por qué? Porque este
Gobierno ha convertido la atención a las personas dependientes en una prioridad, porque las personas dependientes no solo pueden encontrarse en situación de exclusión social, sino que las necesidades que tienen, el hecho de que las familias tengan
mayores gastos para afrontar esas necesidades, que las mujeres cuidadoras de las personas dependientes no puedan acceder al mercado de trabajo como demuestran todas las estadísticas hacen que convirtamos la dependencia no solo en un objetivo para
atender más y mejor a quienes lo necesitan, sino como ayuda prioritaria a las familias.
Señor Barrachina, la atención a las personas dependientes no solo es una novedad, sino que por primera vez no es una mera declaración, que es en lo que nos hemos comprometido todos, no es una mera declaración que ocupe páginas y páginas,
sino que esa declaración va acompañada de un compromiso de financiación. Por primera vez este año se financiarán 76 programas, por primera vez vamos a darles continuidad en el año que viene duplicando ese esfuerzo. Esto de poco nos serviría si
nuestro esfuerzo presupuestario no fuera acompañado con un presupuesto cierto de las comunidades autónomas. Para ello tenemos que ser capaces de fijar indicadores, como muy bien decía la señora Esteve, que nos permiten de ver qué es lo que queremos
hacer, cuándo lo queremos hacer, pero sobre todo que midan por igual el esfuerzo de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas con indicadores comunes para que podamos hacer un seguimiento de la eficiencia de nuestro
esfuerzo presupuestario. ¿A cuántas personas beneficia? ¿A cuántas saca de la pobreza? Tenemos que ser capaces de medir por igual los riesgos de exclusión social. Estos indicadores son una novedad en el Plan nacional de inclusión social, y desde
luego estas novedades que han sido acordadas con las comunidades autónomas y nos estamos comprometiendo todos a llevar a cabo no se basan solo en el presupuesto al que nos hemos comprometido, un 8,6 por ciento más, en reflejarlo con claridad en
nuestros presupuestos, en las partidas de cada una de las administraciones, sino que ya tenemos constituido el grupo de trabajo de indicadores donde, además de los responsables del Plan nacional de inclusión social, están también el Ministerio de
Economía de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística;
una misma estadística que sea equiparable a la que sigue la Unión Europea y comparable para todas las comunidades autónomas, con un objetivo: cumplir nuestros compromisos en cuanto a objetivos y en cuanto a financiación. Estas novedades
son lo suficientemente significativas como para que la Comisión Europea haya valorado muy positivamente este plan.
Señorías, lo hemos presentado ya a la Unión Europea, hemos pasado el examen de la comisión de expertos y tenemos la gran satisfacción
como país de haber merecido la felicitación de los expertos de la comisión, no solo por la calidad técnica del mismo, sino por el grado de compromiso de este país con la erradicación de la pobreza y la lucha contra la exclusión social.
Señora presidenta, quiero señalar además que en el Plan del voluntariado tenemos puestas grandes esperanzas no solo las administraciones públicas, sino que es absolutamente imprescindible para las organizaciones del tercer sector,
absolutamente imprescindible para las organizaciones no gubernamentales. Un país moderno, un país justo, un país solidario es aquel que tiene una sociedad civil organizada y que puede ser la vanguardia, ir por delante de los poderes públicos en
aquello que suponga lucha contra la exclusión y lucha por una mejor integración de todas las personas. En ello trabajan nuestros voluntarios. El Plan del voluntariado implica la creación de un observatorio para incorporar las mejores prácticas a
la formación de los voluntarios pero sobre todo para incorporar medidas de calidad en el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Los primeros pasos, señora Esteve, ya los hemos dado.
Es nuestra voluntad que quede configurado en la
primera reunión del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales, y que esta sea la primera medida, la creación del observatorio que comprometemos en este plan.
Señorías, saben que el próximo mes tendrá lugar el Congreso Nacional del Voluntariado en Granada, en el cual tendremos la oportunidad de presentar esas grandes líneas del observatorio del voluntariado en España, en cualquier lugar, estamos a
su disposición para completar toda la información contenida en los dos planes. Son planes de largo recorrido, planes con objetivos compartidos, con objetivos muy ambiciosos, en los cuales necesitamos la confluencia de todos. Estoy completamente
segura de que el Gobierno de España contará siempre con todos los miembros de esta Comisión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora secretaria de Estado, por su comparecencia y por sus explicaciones. Habiendo concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.