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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 386, de 04/10/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 386
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 21
celebrada el martes, 4 de octubre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Justicia (López Guerra) para informar sobre la creación de una fiscalía antimafia en la provincia de Cádiz. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
212/000639.) ... (Página 2)
Preguntas:
-De la señora Sánchez García (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre la situación actual del proyecto para la construcción de un nuevo edificio que albergue la dispersión de los diferentes juzgados de Palencia. (Número de
expediente 181/000904.) ... (Página 8)
-Del señor Villarrubia Mediavilla (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre actuaciones para concentrar los juzgados en la ciudad de Palencia desde el año 1996. (Número de expediente 181/001261.) ...
-De la señora Sánchez Pacheco (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre leyes procesales a las que afectará la modificación de los procesos que se producirán para modernizar la oficina judicial, así como detalle de dicha
modificación. (Número de expediente 181/001052.) ... (Página 11)
-De la misma señora diputada, sobre soportes informáticos que se van a desarrollar en el marco de la reforma de la oficina judicial, así como funcionamiento de los mismos. (Número de expediente 181/001053.) ...
-Del señor Hernando Fraile (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre política de concesión de indultos llevada a cabo por el Consejo de Ministros. (Número de expediente 181/001057.) ... (Página 13)
Se abre la sesión a las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (LÓPEZ GUERRA) PARA INFORMAR SOBRE LA CREACIÓN DE UNA FISCALÍA ANTIMAFIA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
212/000639.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia agradeciendo, en primer lugar, la presencia del secretario de Estado de Justicia, así como de todos los servicios de la Cámara, los medios de comunicación y, por
supuesto, todas las señorías presentes en esta Comisión.
El primer punto del orden del día que vamos a abordar es la celebración de la comparecencia del secretario de Estado de Justicia para informar sobre la creación de una Fiscalía Antimafia en la provincia de Cádiz, a solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de la misma, le damos la palabra al secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Ciertamente no es solo una obligación sino una satisfacción comparecer en esta Comisión, dentro de la política de transparencia que queremos llevar a cabo en el Ministerio de
Justicia. Por lo que se refiere al tema concreto de la comparecencia, permítanme ustedes que lo sitúe dentro de un contexto general. Como saben ustedes, dentro de la política de división de trabajo y de mayor eficacia de las fiscalías se ha
llevado a cabo en los últimos años la creación de fiscalías especiales destinadas a la represión de conductas delictivas que por su importancia, cualitativa o cuantitativa, exigen un mayor esfuerzo. Una de estas fiscalías especiales fue en su
momento, el año 1988, la Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas, regulada en estos momentos en el artículo 18 bis del Estatuto orgánico del ministerio fiscal y, más relacionada con el objeto de esta
comparecencia, la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción. Esta Fiscalía especial se creó por Ley 10/1995, de 24 de marzo y vino a reformar también el Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Valga recordar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 ter del estatuto, esta Fiscalía especial llevaba a cabo una serie de atribuciones, básicamente la de practicar diligencias de investigación e intervenir directamente en
procesos penales de especial trascendencia referidos a materias como delitos contra la Hacienda pública, contrabando, prevaricación, abuso o uso indebido de información privilegiada, malversación de caudales públicos y una serie de materias
similares. También vale la pena recordar que, en virtud del Real Decreto 1545/2004, de 25 de julio, se estableció una plantilla en esta Fiscalía especial, consistente en un fiscal jefe, un teniente fiscal y nueve fiscales. Valga esto como contexto
al referirme a la llamada Fiscalía Antimafia. Como ustedes saben, se trata de un concepto no técnico, sino popularizado a través de los medios de comunicación y supone la puesta en marcha de una iniciativa -desde luego compartida por el Gobierno-
por parte del actual fiscal general del Estado. Esta iniciativa tiene dos dimensiones, por una parte -dimensión ésta que está en estudio y en comunicación entre la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia- la de reconsiderar y ampliar las
competencias de la Fiscalía Anticorrupción, esto es, la dedicada, como dije antes, a delitos económicos, de forma que esta Fiscalía Anticorrupción pudiera también asumir competencias en materia de delincuencia organizada. Naturalmente, llevar a
cabo esta ampliación necesitaría de una reforma legislativa, puesto que las competencias que tiene en estos momentos la Fiscalía Anticorrupción están específicamente dictadas en el artículo 18 ter del Estatuto orgánico del ministerio fiscal,
de forma que si quisiera incluirse también dentro de la competencia de esta Fiscalía lo referente a delincuencia organizada, sería necesaria una reforma legislativa. En tanto esta se lleva a cabo -y es una cuestión sometida a estudio-, como
paso previo se han aplicado un conjunto de medidas basadas en las disposiciones de los artículos 22, 25 y 26 del actual Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que permiten la posibilidad de que el fiscal general del Estado, oído el Consejo Fiscal,
pueda llevar a cabo la designación, en distintas fiscalías de tribunales superiores de Justicia o de audiencias provinciales, de fiscales delegados de la Fiscalía Especial. Anticorrupción. A esta designación de los fiscales delegados se ha venido
a unir, en virtud del artículo 26 del estatuto, la posibilidad de una atribución de conocimiento de aquellos asuntos que sean competencia de la Fiscalía territorial y que, por la especial complejidad, por la naturaleza de los delitos y por las
características del hecho, requieran una dedicación especializada y puedan ser calificados como casos de delincuencia organizada; esto es, los famosos fiscales antimafia en realidad serían fiscales delegados de la Fiscalía Especial Anticorrupción,
a los que además se les habrían conferido funciones referidas a la delincuencia organizada pero, ya digo, mediante una designación específica, caso por caso, por parte del fiscal general del Estado.
En una primera etapa y de acuerdo con el criterio de necesidad, se han implantado estos fiscales delegados con competencias también en materia de delincuencia organizada en Baleares, Málaga y Alicante y, en una segunda fase, se han nombrado
delegados de este tipo en las fiscalías de los tribunales superiores de Justicia de Cataluña y de Canarias, así como en la Audiencia Provincial de Tenerife, todo ello en enero del presente año. De forma que en estos momentos la situación es de
evaluación y valoración del resultado; es decir, en principio se contempla en su caso y, si esta evaluación es positiva, incluso previamente a una reforma legal a la que me referí, se prevé la posibilidad de implantar esta figura de fiscal delegado
en todos aquellos territorios en que se den las razones que justifiquen su implantación pero, ya digo, a la vista de la evaluación de los resultados. Debe tenerse en cuenta que el nombramiento de este fiscal delegado y la atribución en exclusiva de
estas materias, apartando del conocimiento de otras, supone una redistribución de trabajo en las distintas fiscalías, que puede afectar a la efectividad general del ministerio fiscal, de forma que todas estas materias hay que tratarlas con cierta
precaución para que no incidan en el buen funcionamiento del ministerio fiscal.
Por lo que se refiere concretamente al caso de Cádiz, ha de tenerse en cuenta que el nombramiento de esta Fiscalía se ha hecho a la vista de las necesidades que aparecían y que justificarían la especialización y dedicación exclusiva de un
solo fiscal como fiscal delegado antimafia, por usar el concepto popularizado. Pero en el caso concreto de Cádiz no se verificó que existiese la carga de casos que podría justificar esta reordenación del trabajo dentro de la Fiscalía. Así todo,
nada impide que, a la vista de los resultados en los lugares en los que se ha implantado la figura, a la vista de las necesidades que puedan encontrarse en Cádiz, pudiera en su caso extenderse el modelo de fiscal antimafia también a este contexto y,
desde luego, nada impide que en virtud de los mandatos del artículo 26 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, el fiscal general pudiera encomendar al fiscal delegado de Málaga que asumiera, en el marco de las facultades que se le atribuyen al
fiscal general, el conocimiento de asuntos determinados que lo requirieran en otras provincias cercanas, como la de Cádiz. Es decir, en estos momentos, bien no se ha percibido la necesidad de que se lleve a cabo esta designación en Cádiz, bien se
considera que en el supuesto procedente pudiera encargarse de actuaciones concretas el fiscal delegado o el fiscal antimafia de la Fiscalía de Málaga. En todo caso, cabe insistir en que el estudio de los requisitos y necesidades de cada territorio,
y la evaluación definitiva del funcionamiento de estas delegaciones constituyen, a fecha de hoy, un modelo abierto y en fase de implantación, por lo cual, evidentemente, no hay razones para excluir, si ese es el sentido de la cuestión formulada en
sede parlamentaria, una eventual designación en el futuro de un fiscal delegado en la Fiscalía de Cádiz con los condicionamientos a que ya he hecho referencia.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Señor secretario de Estado, muchas gracias por su comparecencia y por su explicación. Perdone lo de la popularización del nombre, pero llamarle fiscal especial para la represión de los delitos económicos
relacionados con la corrupción y que además actúa por delegación del fiscal general del Estado parecía muy rimbombante, cuando todo el mundo lo conocemos por fiscal antimafia o sabemos qué figura es la que representa.
Yo tenía y sigo teniendo mucha esperanza en esta comparecencia, aunque no haya un compromiso firme de qué se va a hacer, porque eso ya lo sabíamos, incluso hay una pregunta parlamentaria, formulada en el Parlamento de Andalucía, en la que ya
se decía que por ahora no se contemplaba esta posibilidad; no se descarta, pero no se contempla. Quería aprovechar su comparecencia y su estancia en sede parlamentaria para hacerle ver la situación real que se está viviendo en Cádiz y además no
voy a hacer ningún tipo de crítica al Gobierno, porque la situación que hay es la misma que había con el Gobierno anterior, aquí no es cuestión de tirarnos los trastos a la cabeza, sino de tratar de ver la manera de solucionarlo, porque hay una
cuestión que juega en contra nuestra y es el tiempo; el tiempo va pasando y cada vez es más complicado atajar el fenómeno de las mafias organizadas y su implantación.
Permítame que le haga una somera explicación de la situación de Cádiz.
Cádiz, como usted bien sabe, es una
provincia próxima a África, con unas costas, con una expansión inmobiliaria, con nula especialización tanto policial como judicial en estos temas de crimen organizado. Por ejemplo, en Málaga, que está muy próxima, vecina, se ha incrementado
el número de policías, se ha puesto en marcha el Grupo de respuesta especial contra el crimen organizado, de la Policía, el grupo Greco; se ha puesto en marcha esta Fiscalía Especial Antimafia, es decir, se han puesto los medios para luchar contra
esta situación. Y, ¿qué ocurre? Pues que si en Cádiz no se han puesto y en Málaga les están poniéndose pegas y se están poniendo los medios, estas mafias se están desplazando hacia Cádiz, donde no encuentran esas dificultades. Tengo aquí una nota
de prensa de hace dos días, donde el presidente de la Audiencia de Málaga dice en titulares: La presión policial desplaza a Cádiz las mafias de Málaga.
La situación de Cádiz la avala el Ministerio del Interior que incluye a Cádiz entre las provincias con más crimen organizado. La Dirección de la Guardia Civil nos considera la novena zona del país con mayor número de bandas de delincuentes.
La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía menciona para Cádiz el aumento de las incautaciones en cocaína y éxtasis y, por el contrario, valora muy negativamente el descenso de las causas incoadas a pesar del incremento de las
incautaciones; es decir, se incauta más droga, pero se condena menos que antes. El ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad, tanto en el Congreso como en el Senado, manifestaron que se estaba estudiando implantar el grupo Greco
en Cádiz; también sabemos que desde el Grupo Socialista se ha solicitado la implantación de este fiscal en Cádiz y que el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz también reclama un fiscal, en este caso antidroga. Pero le voy a leer,
entrecomillado, sus palabras porque son parte del fundamento de lo que quiero que tome usted conciencia aquí, que se aclare y a ver qué se puede hacer. Dice el presidente de la Audiencia de Cádiz que quiere este fiscal especial antidroga para
unificar criterios y así eliminar problemas de interpretación jurisprudencial que se derivan de la falta de coordinación en la investigación entre las fuerzas policiales y los jueces de instrucción. Ahora le aclararé qué quiere decir esto.
Todo el mundo, como usted ve, está de acuerdo en el diagnóstico, también en las soluciones para hacer frente a estas mafias, pero falta lo más importante, que es materializarlo. Para más abundamiento, le diré que, según datos del Ministerio
del Interior, en Cádiz la cocaína intervenida se ha incrementado en un 350 por ciento, con 6.119 kilos; el hachís se ha incrementado en un 33 por ciento. El 97 por ciento de lo que se incauta en Andalucía es en la provincia de Cádiz, así ocurre
también con el hachís. De cada 10 kilos que se incautan en España, dos kilos son incautados en Cádiz; cantidades además, por cierto, muy superiores a las de Málaga, con la que nos queremos equiparar en medios, con solo 76 kilos de cocaína, frente
a seis mil y pico en Cádiz y 126.000 kilos de hachís frente a 185.000 en Cádiz. También según el estudio de la Junta de Andalucía, Cádiz es la primera provincia andaluza en consumo de heroína y cannabis y la cuarta en cocaína, 96.000 los gaditanos
consumen hachís, marihuana y derivados, 24.000 son consumidores de cocaína y 10.000 de heroína.
Ante este panorama, señor secretario de Estado, mi grupo ha solicitado en sede parlamentaria que se pusieran en marcha unos planes específicos y permanentes para la lucha contra el narcotráfico, que habían sido anunciados por el subdelegado
del Gobierno y ratificados por diputados socialistas, también la creación del grupo Greco, y, por cierto, ni los planes especiales ni el Grupo Greco al final se han consolidado. También, como decía antes el señor De la Encina, diputado socialista,
se anunció que visitaría al fiscal general del Estado para plantearle la creación de la figura del fiscal antimafia y, entrecomillo la justificación, así se sumaba así a los numerosos colectivos y personalidades que lo han solicitado debido al grave
problema que sufre Cádiz en el tráfico de drogas y personas. Todo eso, lógicamente, lo sabíamos, estamos todos en ese mismo barco; esto está asumido, no se descarta pero al parecer no se va a crear esta figura. ¿Qué puede hacer usted hoy en esta
Comisión para impedir que se repita eso?
Le voy a relatar también otra situación. Hace unos años llegó a la provincia de Cádiz un juez con ganas de trabajar, de forma similar a lo que hacía el de Galicia, que recibió el apoyo de la Fiscalía Provincial.
En Cádiz no fue así, hizo
tres operaciones antidroga para detener camellos, porque hay que decir que en Cádiz nos estamos acostumbrando a detener a camellos y no seguir el hilo conductor hasta la trama organizada y, ¿qué significa eso? Que el camello se repone en un segundo
y nunca se descabezan estas mafias. Este juez hizo tres operaciones y en total, para ser breve, hubo 350 detenidos: 160 en una, 150 en otra y 40 en otra; 24.000 kilos de hachís, 39 de cocaína, 46.000 pastillas, dos kilos de heroína, 2.500
millones de pesetas y 60 coches de lujo. Todas estas operaciones iban muy bien, también la instrucción hasta que se implicó a unos policías de una determinada comisaría. En ese momento todo cambia y lo que antes era colaboración de la Fiscalía con
el juez, a partir de ese momento al fiscal jefe de Cádiz toma la decisión de cambiar el fiscal que estaba instruyendo con el juez. Llega uno nuevo y ese dice que lo actuado anteriormente es nulo o no es de recibo o no sirve.
Después empiezan a
cuestionar la territorialidad del juez, es decir, que el juez que coge un alijo en su demarcación no puede salir fuera a seguir el hilo conductor, cosa que es absurda porque sabemos que las mafias ya no son ni siquiera locales ni provinciales, sino
internacionales, y además hay suficientes pronunciamientos del Supremo en el sentido de permitir esa actuación. Después hubo una guerra mediática enorme de descalificaciones, que no es el tema; el tema es que la situación ha llegado a tal punto
que es muy difícil que en la provincia de Cádiz se dé autorización para una escucha telefónica. ¿Por qué?
Porque dicen que nunca están suficientemente documentadas o de la interpretación subjetiva y del juez que las solicite o que las haga. Eso no puede ser, si no permitimos que la policía, que tiene todos los medios -y las mafias muchos más-,
los utilice, desde luego nunca podremos llegar a la cabeza de estas mafias. No solamente eso, sino que ya los jueces no quieren autorizarlo por el temor a hacer el ridículo, porque en prensa han salido descalificaciones hacia jueces por temas de
escuchas telefónicas.
Ante esta situación, ¿qué hacemos? Aquí es donde creo yo que entra el secretario de Estado de Justicia y me atrevo a pedirle, no ya que me aclare el tema objeto de la pregunta, porque ya me responde que en principio no lo está, pero sí por
favor que se fije con claridad cuándo un juez puede actuar fuera de su demarcación territorial para seguir pistas a narcotraficantes; es una cosa de Perogrullo pero que no se lleva a cabo en Cádiz. También que se den normas más claras y precisas
para evitar que la motivación de las escuchas telefónicas esté sujeta a subjetivas interpretaciones y su aceptación dependa arbitrariamente de quién sea el juez que las dicta u otras circunstancias ajenas a la instrucción.
Por último, señor secretario de Estado, cualquier otra iniciativa que técnicamente sea posible -respetando, lógicamente, las garantías procesales-, que permitan investigar, instruir, juzgar y condenar al narcotraficante y a las mafias que lo
coordinan sin las trabas que actualmente están facilitando su puesta en libertad e impidiendo su condena, aunque hayan sido detenidas con grandes cantidades de droga, como le he manifestado anteriormente. Se está dando una sensación de impunidad, y
eso también es un efecto llamada que favorece ese desplazamiento de las mafias desde Málaga hasta Cádiz. Para nosotros el hecho de que desde Málaga esta Fiscalía o el grupo Greco pueda extender su actuación no va a servir de nada porque si
actualmente están cumpliendo un gran papel en Málaga, en el momento en el que se le amplíe ese campo de actuación, no va a cubrir ni Málaga ni Cádiz. Por eso nosotros, aunque esperamos que Cádiz tenga este tratamiento, mientras tanto le ruego que
tome en cuenta estas tres peticiones que le he hecho, que son competencia de su departamento. En Cádiz, todos, Gobierno, oposición y todos los sectores que estamos implicados en ello, se lo vamos a agradecer.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista damos la palabra a la señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señor secretario de Estado, en primer lugar, quisiera agradecer su comparecencia. Nos ha dado una visión general de las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, nos ha aclarado un poco más el papel de los
fiscales delegados y su implantación allí donde sea conveniente, en esa primera fase que estamos llevando a cabo de valoración de objetivos. En segundo lugar, también quiero agradecer al Grupo Popular y, concretamente, al señor Sánchez el tono que
ha empleado, porque sabemos que esto es una lucha común de todos los diputados de la provincia de Cádiz y sé la implicación del señor Sánchez en estos temas.
Pero -y no es con usted, es con su partido- la verdad es que en ocho años el Partido
Popular no potenció mucho la Fiscalía Anticorrupción y no solo eso, sino que en temas donde podía haber sido importante su presencia, la verdad es que no la avaló, no le dio importancia que estuviera y tampoco se dotó de medios suficientes a esta
Fiscalía. Pero esos son temas generales y queríamos centrarnos en Cádiz. Por esa preocupación que tenemos los gaditanos es por lo que preguntamos por la Fiscalía Antimafia, porque es cierto que ha habido preguntas parlamentarias y mociones del
Parlamento andaluz en este sentido. Como bien ha aclarado el secretario de Estado, respecto a esta Fiscalía, que la vamos a seguir llamando Antimafia, ya que es el nombre por el que popularmente se la conoce, se ha presentado una iniciativa por el
actual fiscal general del Estado, con el objetivo de reconsiderar, de ampliar, las competencias de la Fiscalía Anticorrupción, de manera que asuma también funciones de investigación en materia de delincuencia organizada. Pero, lo ha dicho el
secretario de Estado, la ampliación de estas competencias de la Fiscalía Anticorrupción necesita la modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Lo importante es que, aunque no se haya producido esa modificación, se estén buscando
soluciones, métodos y formas para poder actuar; de ahí que esta primera fase de evaluación se esté haciendo sobre los datos reales, sobre la valoración de los resultados, es por lo que se ha designado la figura del fiscal delegado de Fiscalía
Especial Anticorrupción.
El secretario de Estado ha comentado que las razones que justifican por qué en estos lugares de España sí y por qué en otras provincias no, han sido fundamentalmente las razones de volumen. No sé si estoy en lo correcto, pero me gustaría
que me corroborase que ni el fiscal jefe Anticorrupción ni el fiscal jefe de Cádiz han solicitado que en esta provincia tenga que crearse con inmediatez este fiscal delegado en la provincia de Cádiz. Aunque usted ha dejado bien claro que, como la
ubicación territorial de estos delegados permite aproximar la atención especializada de los asuntos más allá del límite geográfico en el que se encuentren, esos delegados podrían actuar en otras circunscripciones, es decir, el fiscal delegado de
Málaga, en los casos que fuese necesario, podría actuar en la provincia de Cádiz. También me gustaría, si es posible, que abundara un poquito más en el sentido de saber en qué materia sería posible este hecho de que el fiscal delegado de Málaga
pueda tener competencias en la provincia de Cádiz. Consideramos muy importante el estudio que se está realizando sobre la necesidad de cada territorio, haciendo una valoración de cómo están trabajando estas delegaciones; al menos para Cádiz sería
importante que usted dejara claro que pudiera entrar un delegado de provincia cercana. No sé
si dispone el señor secretario de Estado de muchos más datos para poder hacer una primera valoración sobre el resultado de la creación de esta figura del fiscal delegado, y no solo de esa figura sino también de la política que está haciendo
el Gobierno socialista en cuanto al blanqueo de la delincuencia organizada. Por los datos que mi grupo parlamentario conoce, no tenemos más que felicitar al Ejecutivo porque su política de medios y de grupos especializados está dando resultados. A
mí me gusta decir y repetir esto, pero no solo lo digo yo y lo dice mi grupo parlamentario, sino que, como el señor Sánchez y yo parece que leemos la misma prensa, puede leer las declaraciones en el día de ayer del presidente de la Audiencia
Provincial de Málaga. El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, el señor Arroyo, ha denunciado la tolerancia mostrada por el Ejecutivo del Partido Popular por no haber dotado ni a la Policía ni a la Guardia Civil ni a la Fiscalía de
medios suficientes para luchar contra las actividades ilícitas en el litoral malagueño. El señor Arroyo aclara que ahora mismo no se está delinquiendo más en la provincia de Málaga, pero es cierto que como se está investigando, se están
descubriendo más casos y, por tanto, se están desarticulando bandas organizadas y otras dedicadas a la violencia. Pero, ¿por qué se está produciendo ahora un mayor número de desarticulaciones en esta provincia? Porque hay medios, porque hay más
especialistas, como el fiscal Anticorrupción o el grupo Greco. Todo ello, gracias a la importancia que el Gobierno socialista le está dando a estos casos. En Málaga, como digo, tenemos el ejemplo de lo que ha sucedido en este año y medio.
Quiero que tenga en cuenta el secretario de Estado que el hecho de que las mafias se sientan vulneradas en la provincia de Málaga está haciendo que busquen otro refugio, y ese refugio -ahí coincidimos mucha gente, también el presidente de la
Audiencia Provincial de Málaga- es la provincia de Cádiz. Cádiz es una provincia muy especial en muchas cosas, pero también posee un litoral muy amplio por donde entra mucha cantidad de droga y es un sitio donde se asientan las mafias. Por eso, mi
grupo parlamentario le solicita que, con el objetivo de que vayamos erradicando estas mafias, presten la atención debida a este hecho para que antes de que se sigan escondiendo en la provincia de Cádiz se pongan los medios para que se les pueda
detener y si es necesaria también en Cádiz la figura de fiscal delegado para erradicar estas mafias, nos gustaría que fuese una de las próximas provincias a tener en cuenta. Estoy segura de que así va a ser y de que vamos a tener los buenos
resultados que la política del Gobierno socialista está teniendo en esta materia en la provincia de Málaga, por lo que vuelvo a felicitarle, así como a todos los profesionales que con su esfuerzo y con los medios suficientes que se les está dando
cada día hacen más segura la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. El ejemplo de Málaga nos da la esperanza a los ciudadanos de Cádiz de que si necesitamos figuras o equipos especiales como estos, también los podamos tener.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Guerra, secretario de Estado de Justicia.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): He escuchado con toda atención las intervenciones de SS.SS., de las que he tomado buena nota.
Como ustedes saben, el enfrentamiento, que a todos nos interesa y en el que estamos todos involucrados, con la criminalidad organizada tiene muchas dimensiones que afectan a muchas instancias con distintas responsabilidades. Afectan, desde
luego, a la actuación de las fuerzas policiales y al Ministerio del Interior y órganos autonómicos; afecta, desde luego, también a los tribunales, a cada uno de ellos, que son independientes en la adopción de sus decisiones; afecta al Consejo
General del Poder Judicial en cuanto a los controles e inspecciones que debe llevar a cabo y, ciertamente, afecta también al Ministerio de Justicia. Creo que puedo afirmar que tanto en lo que se refiere al Ministerio de Justicia como en lo que se
refiere a la actividad concreta del ministerio fiscal, la posición del Gobierno en esta legislatura no ha sido ciertamente de placidez. Es decir, las iniciativas referentes a la Fiscalía han sido múltiples, desde el cumplimiento que estamos
llevando a cabo en forma consciente y metódica del compromiso de creación de 600 nuevas plazas de fiscales, hasta la creación de nuevos tipos dentro de la Fiscalía, como pueden ser el fiscal delegado para la violencia de género o el fiscal delegado
de medio ambiente y, en lo que se refiere a esta iniciativa de la Fiscalía General del Estado, los fiscales antimafia, vienen a mostrar que efectivamente existe por parte del Ministerio de Justicia la determinación de cumplir con sus
responsabilidades en este ámbito. En la fase en que nos encontramos, esto es, de análisis de cuáles eran los resultados de la creación de estos fiscales antimafia -creemos conveniente usar este término por su brevedad-, en estos momentos estamos
pendientes de la evaluación de los resultados para llevar a cabo su eventual extensión. Quisiera hacer una observación e insistir en lo que dije al principio. Fíjense ustedes en que estamos actuando, obviamente y como en todo, dentro de medios
limitados, que la especialización y el carácter de exclusivo de un fiscal dentro de una Fiscalía en materia antimafia, en materia anticorrupción, supone una redistribución de trabajo que supone una alteración de las condiciones de funcionamiento de
la Fiscalía y que, por lo tanto, debe estudiarse cuidadosamente. Por otra parte y para la maximización, desde el punto de vista económico, de los recursos humanos, parece también conveniente que cuando se especialice a un fiscal en esta matera sea
porque exista una cantidad suficiente de casos que justifiquen su dedicación en exclusiva y su apartamiento de otras cuestiones. Por ello insisto en que llevar a cabo una decisión de este tipo supone una evaluación que estamos realizando. Como
señalé al principio, los últimos nombramientos de fiscales delegados se llevaron a cabo en enero de este año, es decir que nos hemos
encontrado con un semestre en el cual debe llevarse a cabo esta evaluación, pero desde luego puedo garantizarles que por parte del Ministerio de Justicia tendremos muy en cuenta tanto estos resultados como los datos que ustedes nos indican.
Quisiera señalar, por lo que se refiere a la coordinación entre las diversas instancias que las fuerzas policiales tienen capacidad de actuar fuera y de coordinarse englobando una cantidad notable de partidos judiciales en todo el territorio
nacional y también existen medios técnicos para conseguir que el conocimiento de casos relativos a bandas organizadas corresponda a órganos que extiendan su jurisdicción a más de un partido judicial, tenemos el caso de la Audiencia Nacional como
ejemplo paradigmático.
Teniendo esto en cuenta, tomo nota de sus sugerencias pues nos encontramos en estos momentos en una fase de estudio de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite innovaciones en materias como las medidas
cautelares, las escuchas telefónicas, cuestiones que tienen incidencia en esta lucha contra la criminalidad organizada. No hemos recibido solicitud expresa alguna respecto a la creación de esta delegación. Por otra parte, tampoco necesitamos que
se lleve a cabo. Es decir, en relación con los medios, la Fiscalía general y el Ministerio de Justicia mantenemos una continua atención a las necesidades de cada momento.
Para terminar, debo decir que esta creación de delegaciones mediante la operatividad del artículo 26 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal le permite al fiscal general del Estado encomendar a un fiscal delegado, aunque esté en una
fiscalía distinta, que lleve a cabo investigaciones referentes a bandas criminales organizadas, aprovechando la división de trabajo y su mayor especialización y, si no se considera oportuno, por las razones a las que ya me referí, la creación de
estas delegaciones en la fiscalía afectada. El Estatuto del ministerio fiscal permite esto.
Como también señalé, si la evaluación de estas delegaciones resulta efectiva, iríamos a una reforma del estatuto orgánico, de forma que fuese la fiscalía
especial la encargada de llevar a cabo la coordinación y, en último término, todas las actividades referentes también a bandas armadas.
El señor PRESIDENTE: Muy brevemente, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Brevemente, señor presidente.
Quiero agradecer el tono y la predisposición que veo en el secretario de Estado. Dije que renunciaba a toda crítica política porque iba al meollo de la cuestión, que era lo que me importaba. Parece que mi buena amiga y compañera diputada
por Cádiz no es capaz de renunciar a la crítica política. Dice que el Partido Popular no hizo nada, pero quiero recordarle la reforma del Pacto de Estado por la justicia, un plan especial contra la delincuencia, la creación de 21.750 plazas de
policías nacionales, 17.000 de guardias civiles y el incremento de todo tipo de medios. No era esto lo que venía a decir aquí porque no hace falta, ni tampoco he venido a criticar que, por ejemplo, los sindicatos judiciales denunciaban hasta hace
muy poco tiempo que no tenía mesa, ordenador ni teléfono no tenía, es un dispendio tener una figura de esta categoría sin medios. Señor secretario de Estado, de los 350 detenidos que he comentado antes, se ha condenado a seis o siete y en una misma
operación, con las mismas escuchas telefónicas, una sala de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a seis o siete y otra sala los ha absuelto por igual motivo y con las mismas implicaciones. Eso no puede ser, es lo que los ciudadanos
entienden como alarma social, que las administraciones no están cumpliendo con sus objetivos y el desánimo de la policía porque de nada les sirve el riesgo, y el trabajo que realizan cuando esos señores están en la calle inmediatamente. ¿Por qué?
Porque esas escuchas de la policía que ha autorizado un juez, viene otro o un fiscal y dicen que eso no sirve. Eso no lo entiende el ciudadano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dice que se está incautando mucha más droga en Cádiz
-señal de que está entrando y de que los medios policiales son efectivos-, pero no se está condenando. Algo fallará ahí, algo habrá que hacer. Por eso yo hablaba de la territorialidad y que no se pongan trabas como se han puesto en la Audiencia
Provincial, las escuchas y cualquier otro instrumento que permita instruir libremente, con todas las garantías procesales, que nadie lo duda. Igual que en la Audiencia se hacen actuaciones de ese tipo, si las adopta un juez de Galicia o de
Barcelona, ¿por qué no lo va a hacer el de Cádiz? Ahora mismo la situación que hay es que los jueces tienen miedo a autorizar escuchas telefónicas porque se les ha puesto en ridículo en los medios de comunicación. Lo último que debe suceder es que
por rencillas o rivalidades personales haya un rifirrafe en los medios de comunicación y que en la propia fiscalía se hayan dado cartas a abogados defensores advirtiendo de la posible nulidad del proceso porque parece que estaban actuando como se
les criticó, y en vez de actuar como ministerio fiscal parece que actuaban como abogados defensores de los narcotraficantes. Sin mayores críticas, señor secretario de Estado, quiero que tome conciencia de esta situación y que cada vez que oiga
hablar de Cádiz se acuerde de ella y ponga todos los medios posibles.
El señor PRESIDENTE: Señor López Guerra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Muchas gracias por sus observaciones. El ministerio fiscal actúa con sujeción a un principio de jerarquía sin que le corresponda al Gobierno darle órdenes o instrucciones sino, en
todo caso, interesar actuaciones. Estamos absolutamente decididos a que existan todos los medios posibles, tanto de carácter normativo como humano y material, para que el ministerio fiscal pueda llevar a cabo su actuación. Con eso quisiera
tranquilizarle.
Insisto en que es voluntad del Gobierno
potenciar al máximo los medios y la actuación del ministerio fiscal en todos los aspectos desde la perspectiva de su intervención en el procedimiento, del perfeccionamiento de las normas que rigen su actuación y también en lo que se refiere
a la capacidad de las fiscalías especiales. Desde esta perspectiva forzosamente limitada del Gobierno en cuanto a la actuación, puesto que la responsabilidad interna la tiene el fiscal general del Estado, quisiera tranquilizarle y darle la
seguridad de que el Gobierno tendrá muy en cuenta lo que se ha dicho en esta sesión.
PREGUNTAS:
-DE LA SEÑORA SÁNCHEZ GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO QUE ALBERGUE LA DISPERSIÓN DE LOS DIFERENTES JUZGADOS EN PALENCIA. (Número de
expediente 181/000904.)
-DEL SEÑOR VILLARRUBIA MEDIAVILLA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PARA CONCENTRAR LOS JUZGADOS EN LA CIUDAD DE PALENCIA DESDE EL AÑO 1996. (Número de expediente 181/001261.)
El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en el siguiente punto del orden del día, que se refiere a preguntas. Empezamos por Palencia y vamos a acumular las dos preguntas que aluden a la misma problemática, las formuladas por el Grupo
Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, para interesarse por la situación actual del proyecto para la construcción de un nuevo edificio que albergue la dispersión de los diferentes juzgados en Palencia, de la que es autora la señora María Jesús Celinda Sánchez
García del Grupo Parlamentario Popular, le damos la palabra al diputado, al señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor secretario de Estado, bienvenido una vez más a esta Comisión. Quisiera decir que le ha sido imposible por un acto político importante estar en esta Comisión a mi compañera, la diputada Celinda Sánchez y
esa es la razón por la que la formulo yo.
Conoce el señor secretario de Estado la situación en la que están los juzgados en Palencia capital; están dispersos, se están pagando unas cantidades de alquiler importantes para la capital que es. Hay una dispersión y desde hace bastante
tiempo se sigue insistiendo cerca del Ministerio de Justicia. El alcalde de Palencia estaba dispuesto a ceder un terreno del actual Ministerio de Fomento, unas naves en pleno centro que se utilizan como garajes de maquinaria, para construir un
edificio que albergara los 7.000 metros que se necesitan. En octubre de 2003, en el presupuesto del 2004, hubo alguna enmienda presentada por el diputado socialista preguntando cómo no figuraba en el 2003 cantidad alguna para el nuevo edificio. En
2004 nosotros no presentamos ninguna enmienda pues esperamos a ver si era el presupuesto del anterior Gobierno. Tampoco lo hicimos en el 2005 y en el de este año sí porque aunque no está fijado el sitio, es indudable que si en el trascurso del
próximo año existe ya un lugar tendrá que haber dotación para el proyecto. Creíamos que esto iba a ir mucho más deprisa. El diputado socialista por Palencia, en unas declaraciones en mayo de 2004, decía: Voy a luchar para unificar los juzgados en
un solo edificio. Pensábamos que siendo portavoz en esta Comisión este tema iba a ir más rápido, pero la verdad es que está parado. No tenemos noticias salvo lo que respondían a la diputada señora Sánchez en octubre de 2004: Es conocida y
preocupante -firmado por el secretario de Estado de relaciones con las Cortes, su compañero- la situación de dispersión de los juzgados de Palencia y desde hace tiempo se están haciendo gestiones para la búsqueda de un emplazamiento definitivo,
manteniendo el uso del actual palacio de justicia para la Audiencia Provincial y Fiscalía de la Audiencia principalmente. Ha habido una noticia entre comillas en algún medio de comunicación en la que se decía que se iba a ceder el actual edificio
del Banco de España, pero es insuficiente. En el mejor de los casos en el edificio del Banco de España podrían caber 4.500 ó 4.700 metros cuadrados, pero lo que se necesita son 7.000 metros cuadrados. Tanto el decano del Colegio de Abogados como
el presidente de la Audiencia indican que son necesarios al menos 7.000 metros cuadrados. Esta es la situación y nosotros desearíamos saber cuál es en estos momentos la posición de la Secretaría de Estado, del Ministerio de Justicia. Se ha hecho
un nuevo Juzgado en Carrión de los Condes y respecto al Juzgado de Cervera, me gustaría que el secretario de Estado o el director general, fueran a inaugurarlo porque lleva ya algún tiempo terminado un edificio pero no se inaugura y se está
dificultando la situación en el edificio actual.
Termino, señor secretario de Estado, pidiéndole una mayor información.
Supongo que el alcalde de Palencia se habrá puesto en contacto con usted y habrán llegado a un acuerdo. No querría pensar que se está esperando a transferir las
competencias de Justicia en este tema para endosarle este problema a la Comunidad de Castilla y León.Quiero pensar más bien que ello se debe a que el ayuntamiento no termina de fijar el suelo donde pueden ir las actuales cocheras que tiene el
Ministerio de Fomento que, reitero, es un sitio excepcional (ahora se ha inaugurado un parking al lado) para construir un edificio para todos los juzgados. Aunque no está en la pregunta, le agradecería también que me indicara cuándo se va a
inaugurar el edificio de los dos juzgados de Cervera.
El señor PRESIDENTE: Para expresarse sobre las actuaciones para concentrar los juzgados en la ciudad de Palencia desde el año 1996, pregunta de la que es autor el diputado Don Julio Villarrubia Mediavilla, tiene la palabra S.S. en nombre
del Grupo Socialista.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señor secretario de Estado por su presencia, que le agradezco en nombre de mi grupo parlamentario. Estoy muy satisfecho de poder hacerle algunas preguntas -no es lo habitual, creo que es la primera
vez que sucede en esta Comisión- relacionadas con un tema de mi provincia. Lamento la intervención del portavoz del Partido Popular, que dice que no tiene noticia. Para no tener noticia, los titulares de prensa, las descalificaciones y los
insultos que dedicaron al Gobierno y a este propio portavoz, me parece que fueron excesivos. Yo tenía una pregunta oral desde el mes de abril ante la preocupación que tenía por estas imputaciones del Partido Popular y porque quería saber si de
verdad había solución al problema de Palencia y la retiré porque es público y notorio que el problema estaba resuelto. A la vista de la tozudez del Partido Popular de mantener la pregunta, he querido introducir una nueva diciendo: explíquese la
solución actual y explíquese también qué se ha hecho desde 1996 hasta el 2004.
Señor secretario de Estado, quisiera concretar algunas preguntas. Primero, en la intervención del portavoz del Partido Popular se mezcla -y se puede entender fácilmente por qué- al alcalde de Palencia con algo que no es de su competencia,
que ceda 7.000 metros para no sé qué. No está pedida ninguna cesión. Segunda cuestión, para evidenciar el manifiesto error, porque no quiero pensar que sea mala fe del Partido Popular, ¿es verdad que el propio Gobierno del Partido Popular, en
octubre de 2003, en un informe descartó la posibilidad de que el edificio de los juzgados se ubicara en las antiguas cocheras del MOPU, Ministerio de Fomento? Esas son mis noticias. Dígame si es así o no, porque si es así, todo lo demás que se
está haciendo son fuegos de artificio.
Tercera cuestión, que es lo que nos importa. Señor secretario de Estado, ¿se va a hacer el edificio que albergue al conjunto de los juzgados en la ciudad de Palencia? Eso es lo que queremos saber. ¿Es verdad, porque parece ser que es
público y notorio, que ese edificio se va a hacer en el Banco de España? ¿Es verdad, le pregunto, que el Ministerio de Hacienda ha cedido al Ministerio de Justicia ese edificio para que se ubiquen estos juzgados? Diga si es verdad porque la verdad
se suele abrir camino.
Se mencionaba la condición de mentiroso de este portavoz por informar de que ese edificio se iba a hacer en el Banco de España. Diga si es verdad o no que se va a hacer. ¿Cuándo se va a hacer, si es que efectivamente se va
a hacer? Una pregunta más y voy concluyendo: ¿Por qué no se recoge consignación presupuestaria en el año 2006 si es que se va a hacer?
Es público y notorio también -y el debate se ha producido cuando el portavoz del Partido Popular dice que no sabe nada, que es lamentable no saber nada de la realidad porque es un problema importante para la ciudad de Palencia- que tiene
cinco sedes con juzgados dispersos y algunos en malas condiciones. Es verdad eso y también lo es que a este portavoz y a todos nos gustaría que hubiera un único edificio, como dice el Colegio de Abogados, en el centro de la ciudad. Pero no lo hay
y la única solución que hemos podido encontrar, parece ser -el señor secretario de Estado lo confirmará-, es ese edificio que, junto con la sede de la actual Audiencia Provincial que está a escasos 100 metros, es decir, casi se comunican
físicamente, resolverían si no de forma ideal sí de forma muy positiva y posible el problema de la dispersión de los juzgados de Palencia. Vamos a olvidar -y concluyo- el pasado, solo quiero que el señor secretario de Estado nos diga si de verdad
hubo alguna solución real en la legislatura anterior y en las dos anteriores y si, que es lo que nos importa, el problema se va a resolver ahora por fin para que quede claro de una vez y para que esas tremendas dudas y desconocimiento que manifiesta
el portavoz del Partido Popular queden despejadas para bien de los ciudadanos de Palencia por la mejora del servicio público de la Administración de Justicia en esta ciudad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Guerra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): La situación de dispersión de los órganos judiciales en Palencia resulta preocupante.
Como saben ustedes ya, en el Palacio de Justicia está radicada la sección única de la Audiencia
Provincial, los juzgados mixtos 2, 3, 4 y 5 y el Juzgado 2º de lo Social, en un inmueble de la INSS el mixto número 1, el Social número 1 y el Decanato; en un edificio propiedad del Estado el mixto número 6; en precario, los juzgados de lo Penal y
en locales arrendados los juzgados de Contencioso administrativo y Menores. En la pasada legislatura la situación de dispersión se vio agravada por la creación de los juzgados de lo Contencioso administrativo y Menores. Las labores o funciones que
se llevaron a cabo de reforma no se centraron en este aspecto. Hubo un plan de reparación preferente que se refería a la construcción de celdas en el sótano de la Audiencia Provincial, la transformación de dependencias judiciales, de espacio
ocupado por el Colegio de Abogados y otras referentes a reformas de aseos y similares que, obviamente, no fueron capaces de evitar esta dispersión.
A la pregunta que me formulaba el diputado señor Villarrubia, le diré que en su momento se propuso que se utilizaran, acondicionándolas, unas naves del Ministerio de Fomento para la construcción de un nuevo Palacio de Justicia, pero debo
señalar también que un informe de la Subdirección General de Obras y Patrimonio, fechado en octubre de 2003, vino unilateralmente
a señalar las dificultades técnicas de utilización de estas naves, así como la oposición del Colegio de Abogados a esta ubicación. Esta subdirección general pretendió que se cediera un solar adecuado. Así estaban las cosas, es decir, no se
había llevado a cabo ninguna decisión, hasta la entrada en funcionamiento del actual equipo del Ministerio de Justicia. Debo comunicarles que se celebró una reunión en la Secretaría de Estado a la que asistieron funcionarios de la subsecretaría, el
subdelegado del Gobierno en Palencia, el presidente de la Audiencia Provincial, el señor alcalde presidente de la corporación municipal para analizar la situación y tomar medidas que de una vez resolviesen el problema de la ubicación de los
juzgados. Consecuencia de esta reunión fue plantear a la Dirección General del Patrimonio del Estado la afectación al Ministerio de la sede del Banco de España en Palencia para su reconversión en edificio de juzgados. Efectivamente, se acordó el
destino de este edificio para este uso, por decisión de 30 de junio del presente año, con informe favorable del Ministerio de Administraciones Públicas, a efectos de destinar el edificio de esta antigua sucursal del Banco de España para satisfacer
las necesidades de espacio de los servicios del Ministerio de Justicia en Palencia. ¿Cómo se lleva a cabo esta decisión? Dentro de los mecanismos administrativos al respecto, les informo de que hay un protocolo entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y el Banco de España por el cual las actividades necesarias para el nuevo destino de estos inmuebles procedentes del Banco de España corresponden a una sociedad estatal de gestión inmobiliaria del patrimonio, Segipsa, que se define como una
entidad instrumental de apoyo a la gestión patrimonial inmobiliaria de la Administración General del Estado, que se encarga de la adquisición y el acondicionamiento de dichos inmuebles a las nuevas necesidades que se determinan. En virtud de esta
decisión, le corresponde a esta sociedad estatal, Segipsa, llevar a cabo las obras de acondicionamiento para transformar este edificio en la sede de los juzgados. Esto supone -y con eso contesto a alguna de las preguntas que me han hecho- dos fases
en cuanto a esta transformación.
Primera, la elaboración de los estudios y análisis de las características y evaluación de las necesidades teniendo en cuenta, entre otros factores, el proyecto de extensión del nuevo modelo de oficina judicial. En
estos momentos se está llevando a cabo esta actividad, y si no hoy será en estos días, se está llevando a cabo la consulta a la presidencia de la Audiencia provincial para que comunique las urgencias respecto a las obras que se van a realizar, el
orden de prioridades en cuanto a juzgados y servicios y aquellos que puedan mantenerse o ubicarse en el actual Palacio de Justicia. Con esto entro en el segundo punto.
Sin duda hubiera sido deseable que todos los órganos judiciales en la ciudad de Palencia estuviesen ubicados en el mismo edificio. Debemos considerar que vaciar el edificio actual del Palacio de Justicia, aun siendo suficiente para la
sección de la Audiencia provincial, de otras utilizaciones supondría un desaprovechamiento considerable de espacio disponible. Parece lógico mantener algunos de los juzgados a efectos de maximizar la utilización del inmueble. Por otro lado, se da
el caso -como se ha señalado también- de la cercanía de la ubicaciones del edificio del Banco de España junto con el Palacio de Justicia, de forma que la existencia de juzgados en ambas localizaciones no supone ningún problema, sobre todo si tenemos
en cuenta que el nuevo diseño de oficina judicial supone una alteración del diseño de la organización de justicia y que no sea necesario que las entidades administrativas de cada juzgado estén ubicadas en el mismo edificio en que puedan estarlo las
unidades de apoyo procesal directo al juez. En otras palabras, la organización de la nueva oficina judicial basada en servicios comunes puede verse propiciada y facilitada por el hecho de que esté situada en localizaciones distintas.
Aunque pueda
aparecer como un desiderátum el que estuviesen ubicadas en una sola localización, tampoco es un problema de mucha consideración que estén en sedes poco distantes una de otra.
Finalizo la pregunta respecto a cómo es posible que no esté previsto en los presupuestos esta nueva localización y los costes que supone. La respuesta es relativamente simple. Debido al sistema administrativo al que me referí, la
propiedad, adquisición y obras no corresponderán al Ministerio de Justicia, sino a esta sociedad estatal que, a su vez procederá en fórmula de arrendamiento a cederla al Ministerio de Justicia, recuperando con este arrendamiento los costes que hayan
podido producirse. Esto no supone, por tanto, ningún coste de inversión para el Ministerio de Justicia ni tiene que figurar dentro de los presupuestos; la propiedad sigue en manos de Segipsa, los órganos judiciales están en régimen de
arrendamiento y entrará en funcionamiento -con eso quiero señalar la absoluta voluntad del Ministerio de Justicia- tan pronto como finalice esta primera fase de estudio y, como consecuencia, la fase de reacomodación. La voluntad del Ministerio de
Justicia es que entren inmediatamente en funcionamiento estos juzgados en su nueva ubicación, sin necesidad de esperar a que se lleve a cabo la transferencia efectiva de competencias a la comunidad autónoma. Sería muy deseable que esta
transferencia se llevara a cabo cuanto antes para lo que el ministerio acelerará los procedimientos necesarios. A la vista de que hoy por hoy no es visible el momento en que se llevará a cabo este hecho, no tiene ningún sentido dilatar a las
transferencias la entrada en funcionamiento de esos servicios. De esta manera, la contestación sería que el funcionamiento se llevará a cabo tan pronto como sea posible y no más tarde; cuando acabe la fase de estudio y la de reestructuración.
Finalmente, respecto a los juzgados de Cervera -ustedes saben que siempre surgen dificultades en los procedimientos administrativos-, estoy en condiciones de señalar que entre el 17 y el 20 de octubre se celebrará la inauguración, en la que,
bien por mi parte o por la del director general, haremos lo posible para estar presentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, sobre todo por la última información a la que no estaba obligado porque no constaba en el orden del día. Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Creo que ha habido un lapsus lingue porque dice S.S. que el ayuntamiento no necesita 7.000 metros cuadrados. No; de lo que hablamos es de que el edificio necesita 7.000 metros cuadrados. En lo que respecta al
ayuntamiento, en una carta que nos proporcionó a los diputados el 1.º de octubre, decía: El ayuntamiento de la ciudad muestra su total conformidad y absoluta disponibilidad para ceder al Ministerio de Justicia el suelo que necesite para que se
construya en él la nave que sustituirá a la actual de las cocheras del MOPU ubicadas en la avenida de Castilla.
Para hacer realidad esta cesión gratuita se necesita que por parte del Ministerio de Justicia se indique lo que precisa con el ánimo de iniciar la tramitación. El ayuntamiento daría todo tipo de facilidades para que en las actuales cocheras
del MOPU se levante el edificio destinado a la sede de los juzgados con el apoyo técnico y urbanístico necesario para agilizarlo. En cuanto al edificio actual, el 29 de septiembre el señor secretario de Estado, que está haciendo gestiones para la
búsqueda de un emplazamiento, me contesta diciendo: Manteniendo el uso del actual palacio de justicia para Audiencia provincial y Fiscalía de la audiencia principalmente. Me parece correcto.
Quiero terminar, señor secretario de Estado, agradeciéndole que vaya a Cervera, donde coincidiremos López Guerra y Guerra Zunzunegui, pero quiero decirle que tanto la opinión del decano del Colegio de Abogados, incluso del presidente de la
Audiencia, etcétera, es que en el actual edificio del Banco de España no se va a caber. Se necesitan 7.000 metros y como máximo en el Banco de España puede haber entre 4.500 y 5.000. Creo que de una vez hay que abordar este tema, no vayamos con
parches y dejamos unos juzgados en la Audiencia con 4.500 metros. Creo que la solución es ir definitivamente. Me gustaría que los arquitectos del Ministerio de Justicia vieran el edificio que en estos momentos se destina a cocheras, que está en el
centro y se pueden edificar los 7.000 metros cuadrados, máxime teniendo en cuenta las facilidades a las que se ha comprometido o las que quiere dar el alcalde.
Por último, yo no he llamado mentiroso a nadie, señor presidente, no es mi estilo parlamentario y, por tanto, creo que se referiría a otra cosa pero no parlamentariamente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En un minuto quiero agradecer al señor secretario de Estado la explicación, y más que la explicación la efectiva solución a este problema histórico de la ciudad de Palencia que es la dispersión de los
juzgados, y un par de anotaciones nada más porque, como va a quedar en el 'Diario de Sesiones', señor Guerra Zunzunegui, el tema personal está olvidado, pertenece al pasado, en titulares de prensa en los que no suelo entrar -insisto- la verdad se
abre camino, lo importante es que aquella afirmación tan cierta era que se acaba de ratificar y que las obras se van a iniciar en cuanto los proyectos estén listos, si no he entendido mal. Pero, señor secretario de Estado, en contra de lo que dice
el señor Guerra Zunzunegui, esta solución es bienvenida por el Colegio de Abogados y públicamente así se ha manifestado. A lo que sí manifestaban su oposición pública y por escrito -y lo tiene usted- es a que fuera en esas dependencias del MOPU
precisamente. El presidente de la Audiencia también avala esta solución, y tan es así que en la reunión celebrada con usted en la Secretaría de Estado le proponía dos posibles soluciones, la del MOPU y la del Banco de España. Está por escrito. Y
la solución del MOPU fue descartada mediante informe del Gobierno del Partido Popular en octubre de 2003, conforme bien ha leído el propio secretario de Estado.
Lo demás son conjeturas. Antes no se había hecho nada, lamentablemente, ahora por fin
se ha hecho y vamos a resolver el problema, que es lo positivo, y si también va a la inauguración de los juzgados de Cervera sea bienvenido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Guerra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Quisiera simplemente señalar la voluntad del Ministerio de Justicia para solucionar este problema, voluntad en la que se ha visto acompañado por el apoyo de autoridades locales y -es
de justicia reconocerlo aquí- por el impulso del señor diputado don Julio Villarrubia. Esperamos que las dos fases tengan la menor duración posible. Insisto en que en cuanto a la inauguración de los juzgados de Cervera tendré mucho gusto en
asistir, si es posible. Tenemos prevista hacia el día 17 o el 20 la recepción y su puesta en funcionamiento. La inauguración formal se puede hacer de forma que tenga la posibilidad de ir. Puede tener la seguridad de que haré todo lo posible para
estar presente.
-DE LA SEÑORA FUENTES PACHECO (DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LEYES PROCESALES A LAS QUE AFECTARÁ LA MODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS QUE SE PRODUCIRÁN PARA MODERNIZAR LA OFICINA JUDICIAL, ASÍ COMO DETALLE DE DICHA
MODIFICACIÓN. (Número de expediente 181/001052.)
DE LA SEÑORA FUENTES PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SOPORTES INFORMÁTICOS QUE SE VAN A DESARROLLAR EN EL MARCO DE LA REFORMA DE
LA OFICINA JUDICIAL, ASÍ COMO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS. (Número de expediente 181/001053.)
El señor PRESIDENTE: Señor López Guerra, recomendándole la tierra palentina, que es especialmente hermosa y merece siempre una visita y una deferencia, vamos a hablar ahora de la oficina judicial. Hay dos preguntas que acumulamos, la
primera referida a las leyes procesales a las que afectará la modificación de los procesos que se producirán para modernizar la oficina judicial, así como detalle de dicha modificación, y la segunda referida a soportes informáticos que se van a
desarrollar en el marco de la reforma de la oficina judicial, así como funcionamiento de los mismos, ambas formuladas por la diputada doña Ana María Fuentes Pacheco, quien tiene la palabra.
La señora FUENTES PACHECO: Señor secretario de Estado de Justicia, es evidente que la justicia que demos a los ciudadanos dependerá en gran medida de como estén configurados nuestros juzgados, de la agilidad con que estemos dando
sentencias, de la agilidad en definitiva con que se produzcan los juicios. Para ello ha apostado este Gobierno por una modificación importante en la oficina judicial, una modificación que pasará por modificar las leyes procesales, la organización a
que usted antes hacía referencia del organigrama y la oficina judicial y, por ende, de los medios y de los soportes con que habitualmente se trabaja en los juzgados. Por ello le pregunto qué modificaciones procesales se van a realizar y también qué
modificaciones en los medios informáticos que actualmente se están utilizando en los juzgados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Guerra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Por lo que se refiere a la implantación de la oficina judicial, quisiera hacer una precisión inicial que puede ser útil para esta pregunta y para la referente a los medios
informáticos. La reforma de la oficina judicial, siguiendo los mandatos de la Ley Orgánica 19 de 2003, se centra sobre todo en dos elementos. Por una parte, la separación de unas unidades reducidas de apoyo procesal directo al juez y, por otra
parte, la creación de unos servicios comunes que puedan prestar su apoyo a unidades jurisdiccionales distintas y que los mismos se encuentren dirigidos por los secretarios judiciales. Esto supone una transformación muy notable de todo el sistema
procesal en el sentido de que implica un reforzamiento de las competencias del secretario judicial. En virtud de esta línea y de las previsiones legales, se ha llevado a cabo por el Ministerio de Justicia la elaboración de una serie de planes
concretos para practicar esta reforma que supone, entre otras cosas, la alteración de un conjunto de leyes procesales, concretamente 21, cuyo texto ha sido sometido ya al Consejo de Ministros y está siendo en estos momentos informado por el Consejo
General del Poder Judicial. Si no ha recibido el informe estamos a punto de recibirlo. Quisiera señalar que el objetivo de estas leyes es básicamente reforzar el papel de los secretarios judiciales en cuanto van a ser los directores de estos
servicios comunes y, sobre todo, del proyectado servicio común de ordenación del procedimiento, las siglas SCOP. En la jerga de personal judicial se habla de unidades procesales de apoyo directo, las UPAD, y los servicios comunes de ordenación
procesal, los SCOP. Lo digo porque si se me escapan estas siglas sepan a qué me estoy refiriendo.
El papel de los secretarios como directores de los servicios comunes ha tenido su reflejo en estas reformas procesales propuestas que intentaré resumir puesto que son 21 leyes. El papel del secretario se ve reforzado tanto en la iniciación
del procedimiento como en su desarrollo e incluso en su finalización y ejecución. En cuanto a su iniciación, se concede al secretario, aun cuando obviamente la admisión en último término le corresponde al juez porque el derecho a la tutela judicial
y el acceso tienen una garantía judicial, la verificación de la existencia de defectos formales en las demandas presentadas y, en su caso, requerir la subsanación para que pueda continuar el procedimiento. Es decir que tiene en este aspecto un
papel importante. En lo que se refiere a la tramitación del procedimiento, corresponde entre otras competencias a los secretarios llevar a cabo en su caso la suspensión, la habilitación de días y fechas para vistas y, lo que quizá tenga más
importancia, llevar a cabo los señalamientos para vistas. Es decir, en estos momentos esta facultad que corresponde al juez se ve transferida al secretario, que debe elaborar dentro del servicio común unas agendas coordinadas de señalamiento desde
luego en coordinación con las unidades procesales y los jueces, pero teniendo la iniciativa y la programación el secretario, lo cual es un elemento dinámico, como puede verse, de evidente importancia. En cuanto a la finalización, también se prevé
que el secretario tenga la posibilidad de la declaración de una terminación anticipada del procedimiento, bien por desestimiento de las partes, satisfacción extraprocesal, actividades de conciliación, etcétera.
Incluso en esta fase final le
corresponde al secretario la ejecución, lo que ha supuesto una reforma también a fondo del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Se trata de reformas que no se refieren a la estructura de servicios y unidades sino al papel del secretario en cualquier tipo de actividades.
Estas reformas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil se han reiterado en un conjunto de
leyes sectoriales en las cuales se reproducen todas estas previsiones. Por una parte, y en lo que pueda tener vigencia, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que se modifica -y voy listando-, la Ley Concursal, la Ley Hipotecaria, la Ley sobre
hipoteca mobiliaria y prendas en desplazamiento, la Ley de patentes, de arbitraje, cambiaria y del cheque, condiciones
generales de contratación, conflictos jurisdiccionales, reguladora del derecho de rectificación, asistencia jurídica gratuita, jurisdicción contenciosa-administrativa, régimen electoral general, Ley de Procedimiento Laboral, Ley de
Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos, Ley Procesal Militar, Ley de Extradición Pasiva, Ley Orgánica del Poder Judicial. Como ven, una lista larga de 21 leyes a
las cuales debe añadirse también, aprovechando que se lleva a cabo esta reforma básicamente con respecto al papel de los secretarios, la introducción de lo que podíamos llamar buenas prácticas dentro del proceso. Se facilita así la acumulación y
muy señaladamente en el ámbito contencioso-administrativo, permitiendo que se creen los que podemos llamar casos testigo; es decir que cuando exista una pluralidad de casos muy similares la posibilidad de que uno de ellos sirva como punto de
referencia para la resolución de todos los demás. También se prevé, generalizándose, la grabación de vistas en las diversas jurisdicciones y también se potencia el papel de los procuradores en diversos aspectos a efectos sobre todo de
notificaciones y de depósitos, de manera que se agilice el procedimiento judicial. Se trata de una reforma muy amplia que posiblemente, si todo va dentro de lo previsto, se apruebe a lo largo de los próximos meses y que va a facilitar notablemente
la implantación de la oficina judicial, aunque cuando tiene que ir acompañada de otras medidas de índole material, organizativa, económica, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fuentes.
La señora FUENTES PACHECO: Agradezco al secretario de Estado su información y, dada la amplitud con que nos ha expuesto todos los temas, no hay más preguntas que hacer.
El señor PRESIDENTE: Como la pregunta hacía mención al tema informático, me indica con gentileza el secretario de Estado que también está en condiciones de responder a ello.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Brevemente, porque ha sido una confusión y es una pregunta distinta que creo que es importante porque hace referencia a otras reformas materiales.
La reforma de la oficina judicial, en cuanto supone la creación de servicios comunes y unidades de apoyo directo, plantea un notable peligro, el peligro de que se produzca un tráfico incesante de papel entre las diversas unidades. La
fórmula para evitar esto es potenciar notablemente los elementos telemáticos, todo el sistema informático, y ello se consigue básicamente mediante la reforma del actual programa informático de los tribunales, el llamado Minerva-Libra, que ya está
implantado en todo el territorio ámbito del ministerio prácticamente al cien por cien, y su mejora mediante el llamado sistema o aplicación Minerva NOJ, nueva oficina judicial, que supone la posibilidad de sustituir el tráfico de papel por la
comunicación informática, sobre todo en la fase de tramitación, entre los servicios comunes y las unidades procesales de apoyo directo. Junto a esta transformación del programa Minerva no quiero dejar de hacer referencia a la introducción de un
nuevo programa que es una auténtica innovación, el llamado módulo de intercambio genérico, que permitirá que entren en contacto también por vía telemática no solo juzgados entre sí sino también los juzgados con las oficinas del ministerio fiscal y
con los registros civiles. La referencia a estos dos puntos es importante puesto que muy posiblemente puede ser objeto de discusión y exposición en los próximos meses, cuando se lleve a cabo la implantación de la oficina.
-DEL SEÑOR HERNANDO FRAILE, (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE POLÍTICA DE CONCESIÓN DE INDULTOS LLEVADA A CABO POR EL CONSEJO DE MINISTROS. (Número de expediente 181/001057.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el tema de indultos, la última pregunta de la sesión de hoy, política de concesión de indultos llevada a cabo por el Consejo de Ministros, de la que es autor el señor Hernando Fraile, a quien en nombre del
Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: La pregunta es muy sencilla, si el secretario de Estado puede determinarnos y aclararnos cuáles son los criterios que utiliza el Consejo de Ministros y el propio Ministro de Justicia cuando informa a dicho consejo
sobre la política de concesión de indultos de este Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Guerra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Por la misma naturaleza de la institución, toda la formulación de la política de indultos y de criterios debe llevarse a cabo forzosamente de manera aproximativa y genérica. Si
fuera posible establecer criterios generales y de excepción consolidados, estos criterios deberían incorporarse a la regulación general, pero la naturaleza del indulto supone una atención al caso concreto en razón de principios de justicia material,
de utilidad pública y de búsqueda de una más adecuada consecución de los fines perseguidos por el ordenamiento. Así y todo, dentro de esta línea aproximativa es posible señalar algunos criterios que han inspirado la política en esta materia del
Ministerio de Justicia. Ciertamente la Constitución confiere el derecho de
gracia al Rey con arreglo al artículo 62 i), pero no es menos cierto que la ejecución concreta de esta materia corresponde al Gobierno y dentro del mismo la iniciativa le corresponde al Ministerio de Justicia, de forma que puede hablarse de
una política de indultos por parte del Ministerio de Justicia por lo menos en esta fase de iniciativa. En primer lugar, la regulación legal con la que nos encontramos es una ley -podemos llamarla- venerable o vetusta y, desde luego, debo señalar
que el Ministerio de Justicia ha creado un grupo de trabajo con vistas a su eventual reforma. Dentro de esta perspectiva, el ministro de Justicia, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, llevó a cabo una
exposición inicial de las diversas directrices y quisiera resumir algunas de ellas, aunque esta materia podría dar lugar a una exposición muchísimo más amplia.
El primer criterio del Gobierno ha sido la agilización de la respuesta tanto del ministerio como del Gobierno a las numerosas peticiones que se reciben. Como es sabido, en la tramitación de todo indulto podríamos distinguir tres fases: en
primer lugar la recepción de solicitudes, en segundo lugar su envío para informe por órganos judiciales y no judiciales, y en tercer lugar recibir esos informes para su estudio por el ministerio y su contestación en sentido negativo o afirmativo.
Para agilizar esta tramitación, y en virtud de este principio de celeridad, se aprobó el 2 de noviembre de 2004 un plan de actuaciones urgentes y el resultado -lo señalo en cifras- para el año 2004 fue el siguiente. Se recibieron a lo largo de ese
año 7.937 solicitudes iniciales. Gracias a este plan de urgencia fue posible que el 31 diciembre estuvieran todas ellas por tramitar; en otras palabras, de todas las solicitudes recibidas durante el año se había enviado informe. En cuanto al
segundo punto, aquellos expedientes recibidos ya con el informe completo por los diversos organismos, se recibieron 10.130 y se resolvieron por este plan de urgencia 8.530; en otras palabras, a fin de año están pendientes 1.550. Debo resaltar que
eso supone un cambio notable pues cuando el ministerio entró en funciones había 5.089 pendientes. Mil quinientas cincuenta es una cifra manejable teniendo en cuenta el ritmo con que actúa el Consejo de Ministros, y supone que en un par de meses es
posible resolver los expediente que han llegado, dando tiempo así a su estudio y a su resolución. De cualquiera forma, cuando acabó el año, los expediente que estaban situados en la fase de tramitación ante diversos órganos eran 11.450, una masa
flotante que estaba a la espera del dictamen de los órganos judiciales, las fiscalías, etcétera. En el presente año, la situación en estos tres aspectos es la que sigue: solicitudes recibidas pendientes de enviar son 1.057, en trámite de informe
ante distintos órganos 8.936 y ya recibidos y pendientes de Consejo de Ministros hay 1.902. Es decir que por suerte nos movemos en cifras manejables en el plazo de pocas semanas. Con esto estamos consiguiendo eliminar las dilaciones en la
tramitación de estos procedimientos. En cuanto al número de expedientes resueltos a lo largo de 2005 -le doy las cifras de septiembre, las otras eran de julio- son 5.186. Esto en lo que se refiere a la pretensión que llevamos obtenida de agilidad.
El segundo criterio es el de excepcionalidad. Un indulto debe considerarse excepcional y vinculado a estrictas razones de justicia, equidad y utilidad pública. Esto excluye -y es un criterio del Gobierno- la concesión masiva de indultos
por motivos externos a cada uno de los casos, como pudieran ser celebraciones, aniversarios, fechas señaladas, etcétera. Y como consecuencia de este principio de excepcionalidad y atención al caso concreto, el ritmo de consideración de solicitudes
de informadas, es decir, las que ya vienen con informe, viene a ser en cada Consejo de Ministros en este periodo unas 160, teniendo en cuenta que de ellas entre 10 y 12 son concedidas, lo cual supone una mayor atención individualizada. Este número
de 10 ó 12 concesiones supone un factor obviamente reducido, en virtud del principio de excepcionalidad, dentro de la política general de la justicia, si tenemos en cuenta que los tribunales penales dictan al año unas 650.000 sentencias, que hay en
término medio 60.000 ó 61.000 internos en el sistema penitenciario y que el número de solicitudes recibidas oscila entre 8.000 y 10.000. Desde esta perspectiva, el hecho de que se hayan concedido en el año pasado 307 indultos y en lo que va de año
303 indultos parciales, y se han rechazado 4.876, muestra que está dimensión de excepcionalidad se traduce a la reducción cuantitativa como criterio de actuación del Gobierno. También esta excepcionalidad se traduce en la necesidad, desde el punto
de vista cualitativo, de ser extremadamente restrictivos por razones de interés general y mantenimiento de la seguridad jurídica en la concesión de indultos en aquellos supuestos que lleven aparejado un alto perjuicio y alarma social. El ministro
de Justicia hizo referencia en su comparecencia a algunos de estos supuestos en que la ponderación de todos los factores presentes ha de partir de la perspectiva restrictiva.
Estamos hablando en términos aproximativos y siempre considerando que
tenemos que tomar en primer lugar como punto de referencia la justicia material y la utilidad social. El ministro subrayó como ejemplo destacado los casos de violencia de género, en que esta restricción podría llegar al máximo nivel. De hecho, en
los últimos seis meses, salvo error u omisión, cerca de la mitad, un 40 y pico por ciento de los casos en que se concedió indulto eran penas inferiores a tres años y son muy pocos, según mis cálculos, no más de cuatro penas superiores a los ocho
años. Es decir que esto también se traduce. En forma complementaria, así como hay supuestos en los que parece que debe restringirse el indulto, también se han apreciado supuestos en los que la posición debe ser más favorable por evidentes razones
de justicia. Pensemos, por ejemplo, en los casos de condenas dictadas sin culpa del imputado, con notables dilaciones, y que se han producido cuando ya es evidente que ha habido una reinserción del condenado o un
supuesto algo más frecuente, el que deriva de un cambio jurisprudencial que reduce la cuantía de la pena a imponer por unos determinados hechos, reduciéndola en comparación con la impuesta por los mismos hechos en casos anteriores. En estos
supuestos se han concedido varios indultos desde esta perspectiva favorable.
El tercer criterio es la aplicación estricta de la legalidad vigente en el sentido de que los informes que se piden del tribunal sentenciador, del ministerio fiscal, de los directores del establecimiento penitenciario en que se encuentre
internado el penado, del subdelegado o delegado del Gobierno, deben versar sobre un conjunto de aspectos referentes a la actividad del penado, a la existencia de signos de arrepentimiento o a si el indulto perjudica o no a derecho de terceros.
Estos informe que en principio se configuran como preceptivos pero no vinculantes, sin embargo, son tenidos muy en cuenta, en forma que podíamos decir cuasi determinante, y siempre salvando estas decisiones con respecto en justicia al caso por parte
del Consejo de Ministros.
La cuarta directriz es la preferencia clara, también desde la perspectiva de la excepcionalidad, por la fórmula de la conmutación parcial de penas con preferencia al indulto total, de forma que el indultado viendo reducida su pena puede
acogerse a medidas de concesión de libertad en los términos de la legislación penal y penitenciaria ya existente.
Finalmente, como último criterio, el condicionamiento del indulto. Al pretender el indulto atender a consideraciones de justicia material, su pervivencia y persistencia debe estar condicionada por estas consideraciones de justicia material
y de utilidad pública. Por ello, es política del ministerio exigir en sus propuestas para la concesión y mantenimiento del indulto que, por una parte, sean satisfechas las responsabilidades civiles derivadas de delito, por otra, que la concesión de
indulto no suponga la interrupción de los tratamientos de desintoxicación o similares a que estuviera sujeto el destinatario de la medida de gracia. Finalmente, es una cláusula de estilo de los reales decretos de concesión del indulto la condición
de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. Se trata de una suposición, si quiere sucinta, de esas líneas generales de directrices de actuación del Gobierno en una materia que, insisto, por su
propia naturaleza reúne unas características de discrecionalidad, no de arbitrariedad, y de atención al caso concreto que en cualquier caso debe matizar la exposición que le he hecho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor secretario de Estado, quiero agradecerle su información y decirle que coincidimos en los principios teóricos de la política de concesión de indultos de este Gobierno, similares a las del Gobierno anterior,
que eran similares también a las del anterior, y que me siento satisfecho de su información. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra es la práctica, señor secretario de Estado. Le voy a contar unos casos recientes que estoy seguro de que si el
ministro de Justicia hubiera estado aquí los recordaría puesto que hace muy pocos meses que ha tenido que informar de ellos al Consejo de Ministros. Se trata de los casos de don Bartolomé Soler, alcalde de un pueblecito de Almería, Antas, y de don
Arturo Grima, alcalde de Turre, otro pueblecito de Almería. El señor Soler fue condenado el 22 de abril de 2000 en el Juzgado número 1 de lo Penal de Almería a ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por
prevaricación en hechos cometidos en 1997. El señor Grima fue condenado el 21 de mayo de 2001 por la Audiencia provincial de Almería después de haber sido absuelto por el Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción el 2 de mayo de 2000 a
una pena de seis años y un día de inhabilitación para cargos públicos de ámbito local por prevaricación en hechos cometidos en 1999. En ambos casos se trata de dos alcaldes elegidos por mayoría absoluta que dimitieron tras ser firme la sentencia;
en ambos casos se trata de personas para las que los ciudadanos de sus municipios solicitaron el indulto; en ambos casos la valoración de sus vecinos era elevada. Ambos fueron condenados por prevaricación, ambos no pudieron presentarse a las
elecciones locales de 2003, sí a las de 1999 don Bartolomé Soler, alcalde de Antas, porque la sentencia fue posterior. Ambos alcaldes lo fueron de dos municipios muy próximos de la provincia de Almería y ambos alcaldes pidieron el indulto. El
primero, el de Antas, tuvo una mayor pena y su conducta fue sancionada mayormente por la Audiencia provincial y se le inhabilitó durante ocho años para todo tipo de cargo público; el segundo, seis años para cargo local. Don Arturo Grima había sido
absuelto en primera instancia, por lo que podía ser discutible la sentencia, que fue firme -y evidentemente asumimos-, de la Audiencia provincial. Hay una diferencia entre ambos alcaldes, el primero obtuvo el indulto el 18 de mayo, concedido por
este Gobierno, al otro alcalde, don Arturo Grima, el pasado 15 de abril se le denegó el indulto. A un alcalde con mayor condena se le concede el indulto y a otro con menor condena, de la misma provincia, mismas circunstancias y una condena similar
no se le concede.
La diferencia es que el primero, señor secretario de Estado, pertenece al Partido Socialista y el segundo pertenece al Partido Popular.
Usted me habla de principios que me parecen muy dignos, lógicos y razonables, pero en la práctica, ustedes hacen cosas diferentes. Hubo grandes pensadores -Ortega y Gasset y Costa- que, a principios del siglo pasado, establecieron que había
algo que determinaba uno de los cánceres de la política española, aquello que se denominaba caciquismo, que consistía en que al amigo el favor y al que no lo es la aplicación rigurosa de la ley. Eso es lo que ustedes han hecho. Es evidente que los
indultos se rigen por principios de justicia material, pero hay un
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Quisiera insistir en un dato, que el porcentaje de indultos que se concede es muy pequeño con respecto a aquellos que se piden, señalaban antes que, en lo que se lleva de año se han
concedido poco más de 300 y rechazado cerca de 5.000. ¿Por qué? Porque se lleva un análisis caso por caso, quiero incidir en que el principio de este Gobierno ha sido renunciar a las concesiones masivas de indultos que no sean derivadas del
estudio de cada caso, no queriendo repetir -lo pongo como anti modelo- la concesión de un indulto a 1.443 personas -que se puede comprobar en la sección III del Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre de 2000-, en la que se aducían razones que
no tenían que ver con la justificación de cada uno de los casos que se indultaban, hablándose de cuestiones externas como puede ser el cambio de milenio o el jubileo de aquel año, etcétera. Este Gobierno intenta llevar a cabo la resolución caso por
caso, viendo las circunstancias de cada uno de ellos, a sabiendas de que cada uno de ellos es muy complejo. Ciertamente, uno de los aspectos puede ser la pertenencia o no a un partido político. Yo le pregunto, ¿está usted en condiciones de
señalarme que en la concesión general de indultos, no refiriéndonos a un caso concreto, la pertenencia a un partido político es determinante? ¿Hay un porcentaje que se ve claramente, entre el conjunto de los casos, evidente a favor de un partido y
no de otro? Usted ha mencionado dos casos concretos en los que se da una multiplicidad de características, una es la pertenencia a un partido, pero usted no me ha dicho por qué considera que es determinante este supuesto, porque desconocemos -y
este no es lugar para verlo- cuáles son las características de cada uno de estos casos. De forma que me reafirmo en estos criterios y creo que el aducir situaciones singulares que no se vienen a analizar en profundidad, no me resulta convincente ni
supone, en forma alguna, señalar que se contradicen estos principios generales.
Debo recalcar, para su información, algo que señalé al principio, es muy importante para este Gobierno la existencia de informes favorables por parte de aquellos órganos a los que corresponde llevar a cabo este análisis y creo que la
pertenencia a un partido no resulta definitoria de la actividad del Gobierno. Si usted tiene datos que supongan un análisis del conjunto de indultos concedidos, serán convincentes, pero si me hace referencia a un caso y a una característica
determinada, comprenderá que, desde una perspectiva de crítica razonable, no resulta convincente en absoluto.
El señor PRESIDENTE: Llegados a este punto y agradeciendo a los servicios de la Cámara, a los medios de comunicación, a SS.SS y, por supuesto, al secretario de Estado, su presencia, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
principio básico que debe determinar las resoluciones de un Consejo de Ministro y los informes que un ministro eleva a ese Consejo, es el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sean del Partido Popular o del Partido
Socialista. Hace pocos días, en un debate en la Cámara, había un miembro del Partido Socialista que, en contestación a una interpelación y una moción, decía que para él tenía más valor la palabra de un ministro que la de dos ciudadanos; mire
usted, no, la palabra de todos los ciudadanos es igual, se sea ministro o no. Lo que debe de mover la actuación de un gobierno son esos principios básicos que han investido constitucionalmente nuestra democracia, y el principio de igualdad ante la
ley es uno fundamental. Ustedes no han actuado con igualdad ante la ley, han utilizado criterios partidistas para dar un indulto a una persona con condena más grave, del pueblo vecino, y sin embargo, denegárselo a otro con condena más leve. El
primero podrá presentarse a las próximas elecciones locales, si así lo desea, pero el segundo no podrá hacerlo por un mes, a pesar de tener una condena menor.
En este caso son ustedes los que han determinado que un Consejo de Ministros cometa
semejante arbitrariedad y semejante cacicada.
Solo puedo pedirles que rectifiquen y que todos estos criterios teóricos puedan ser aplicados a través de principios generales de la ley, siendo uno de ellos el de equidad e igualdad ante la ley. Le pido, por lo tanto, que reabran este
expediente de oficio, concedan el indulto y reparen lo que han convertido en una auténtica injusticia perpetrada por el propio Consejo de Ministros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Guerra, secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA (López Guerra): Quisiera insistir en un dato, que el porcentaje de indultos que se concede es muy pequeño con respecto a aquellos que se piden, señalaban antes que, en lo que se lleva de año se han
concedido poco más de 300 y rechazado cerca de 5.000. ¿Por qué? Porque se lleva un análisis caso por caso, quiero incidir en que el principio de este Gobierno ha sido renunciar a las concesiones masivas de indultos que no sean derivadas del
estudio de cada caso, no queriendo repetir -lo pongo como anti modelo- la concesión de un indulto a 1.443 personas -que se puede comprobar en la sección III del Boletín Oficial del Estado de 1 de diciembre de 2000-, en la que se aducían razones que
no tenían que ver con la justificación de cada uno de los casos que se indultaban, hablándose de cuestiones externas como puede ser el cambio de milenio o el jubileo de aquel año, etcétera. Este Gobierno intenta llevar a cabo la resolución caso por
caso, viendo las circunstancias de cada uno de ellos, a sabiendas de que cada uno de ellos es muy complejo. Ciertamente, uno de los aspectos puede ser la pertenencia o no a un partido político. Yo le pregunto, ¿está usted en condiciones de
señalarme que en la concesión general de indultos, no refiriéndonos a un caso concreto, la pertenencia a un partido político es determinante? ¿Hay un porcentaje que se ve claramente, entre el conjunto de los casos, evidente a favor de un partido y
no de otro? Usted ha mencionado dos casos concretos en los que se da una multiplicidad de características, una es la pertenencia a un partido, pero usted no me ha dicho por qué considera que es determinante este supuesto, porque desconocemos -y
este no es lugar para verlo- cuáles son las características de cada uno de estos casos. De forma que me reafirmo en estos criterios y creo que el aducir situaciones singulares que no se vienen a analizar en profundidad, no me resulta convincente ni
supone, en forma alguna, señalar que se contradicen estos principios generales.