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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 350, de 21/09/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 350
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la modificación de las bases de las convocatorias de becas posdoctorales MEC/Fulbraight y ayudas de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva a favor de los candidatos que acrediten un grado de minusvalía superior al 65
por ciento. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001212.) ... (Página 2)
- Para el establecimiento de medidas que potencien la dimensión europea en la educación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001018.) ... (Página 5)
- Relativa el establecimiento de la especialidad de dirección de banda en el grado superior de las enseñanzas de música. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000741.) ...
- Sobre promoción del despliegue del procedimiento de acceso a la Universidad para los mayores de 45 años. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000830.) ...
- Relativa a la necesidad de homologar con la Unión Europea determinadas profesiones. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001216.) ... (Página 14)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LAS CONVOCATORIAS DE BECAS POSDOCTORALES MEC/FULBRIGHT Y AYUDAS DE LOS PROGRAMAS RAMÓN Y CAJAL Y JUAN DE LA CIERVA A FAVOR DE LOS CANDIDATOS QUE ACREDITEN UN GRADO DE MINUSVALÍA SUPERIOR AL 65 POR
CIENTO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001212.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a empezar la sesión de hoy de la Comisión de Educación y Ciencia. Antes de empezar, bienvenidos todos a esta nueva etapa, que va a ser -imagino- de trabajos intensos en esta Comisión. La sesión de hoy tiene un
orden del día de debate y votación de proposiciones no de ley. He hablado con los portavoces de los grupos parlamentarios para introducir un cambio, de tal manera que vamos a empezar con el debate de la que figura en cuarto lugar en el orden del
día que tienen ustedes, y el resto de las proposiciones no de ley mantendrán el mismo orden. Empezamos por la proposición no de ley relativa a la modificación de las bases de las convocatorias de becas posdoctorales MEC/Fulbright y ayudas a los
programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva a favor de los candidatos que acrediten un grado de minusvalía superior al 65 por ciento. Esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, va a ser defendida por la diputada
Eva Sáenz. Tiene la palabra.
La señora SÁENZ ROYO: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender esta proposición no de ley relativa a la modificación de las bases de las convocatorias de las becas posdoctorales y de las ayudas de los programas
Ramón y Cajal y Juan de la Cierva a favor de los candidatos que acrediten un grado de minusvalía superior al 65 por ciento. Las becas posdoctorales, incluidas las becas MEC y Fulbright, persiguen fundamentalmente que los jóvenes doctores, una vez
concluida su etapa formativa de tercer ciclo, tengan la oportunidad de acceder a un periodo de perfeccionamiento y ampliación de conocimientos adquiridos durante la etapa predoctoral. Por otra parte, con las ayudas de los programas Ramón y Cajal y
Juan de la Cierva se pretende promover la incorporación de doctores al sistema nacional de investigación y desarrollo. Tiene por objeto esta proposición no de ley eliminar una barrera no arquitectónica, pero no por ello menos real, que tienen
aquellas personas que presentan un alto grado de minusvalía y que, habiendo adquirido el grado de doctor en su carrera investigadora, quieran concurrir a este tipo de ayudas que, como ya he dicho, les permiten un perfeccionamiento de los
conocimientos o les facilitan la inserción profesional en el sistema nacional de investigación y desarrollo. Barrera que consiste en la exigencia de movilidad geográfica y académica para optar a estas ayudas, y que supone un obstáculo a veces
insalvable para las personas que tienen un alto grado de minusvalía. Y me gustaría aquí detenerme en las razones que justificarían la eliminación de esta exigencia para personas que presentan estas características, que tienen una minusvalía
superior al 65 por ciento.
A una persona con un alto grado de minusvalía le resulta extremadamente difícil cambiar de residencia, por varias razones. En primer lugar, la persona suele tener la vivienda adaptada. Moverse por la ciudad con comodidad es una habilidad
que se adquiere con el paso del tiempo, y además de esto, simplemente el hecho de viajar le resulta tremendamente complicado. La vivienda suele estar adaptada a las necesidades de la persona. Por ejemplo, una persona con silla de ruedas necesita
tener las puertas más anchas, aparatos especiales, sobre todo en el dormitorio y en el baño, una bañera especial, cama eléctrica, grúas, mesas y sillas de tamaños especiales y
muy precisos, de forma que todos los objetos -teléfonos, interruptores, libros- estén al alcance. Todo esto cuesta mucho dinero, pero sobre todo cuesta mucho tiempo de adaptación. Resulta por tanto sumamente complicado mudar toda esta
infraestructura a una vivienda nueva. Además, moverse por la ciudad con comodidad es una habilidad que se adquiere con el paso del tiempo. Una persona sin ningún tipo de minusvalía llega a una ciudad nueva, coge el mapa y se dirige por el camino
más corto a su lugar de trabajo, o bien coge un autobús o un taxi. Una persona con alto grado de minusvalía, ni puede coger cualquier autobús, ni puede coger cualquier taxi, y tampoco puede ir por cualquier sitio; necesita unos taxis especiales,
que son caros y escasos, necesita unos autobuses adaptados, que no suelen estar disponibles a cualquier hora, y si deciden ir directamente al trabajo tiene que estar cerca de la vivienda, tiene que tener aceras accesibles y la climatología es
también importante.
Aunque pueda parecer de menor entidad la dificultad de moverse en la ciudad que la necesidad de adaptación de la vivienda, hay que tener en cuenta que este factor limita enormemente las posibilidades de elección del investigador, puesto que
el lugar de destino tendrá que limitarse a ciudades de países ricos, que estén suficientemente adaptadas, y además, preferiblemente cálidos. Además, viajar de por sí les resulta ya complicado, y es que los medios de transportes de masas no están
suficientemente adaptados a las personas de estas características. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas tiene que levantarse, con la incomodidad que supone, e implica también la necesidad de tener a otra persona por lo menos en el viaje de
ida y de vuelta. Por si fueran pocas todas estas dificultades, según como sea de seria la discapacidad , puede pasar que dependa para sus tareas cotidianas de una o varias personas.
Evidentemente, lo que puede hacer es contratar a una persona en
el lugar de destino, teniendo en cuenta que va a necesitar un periodo de aprendizaje esa persona y de mutua adaptación, pero como demuestran las encuestas, estas labores generalmente las hacen los miembros de la familia, la madre o la hija. Si este
es el caso, la dificultad de cambiar de residencia es todavía mayor. En primer lugar, porque los gastos se duplican, vivienda para dos, comida para dos, pasajes para dos, pero además es que el miembro de la familia del que se depende no puede
trabajar o tiene que tener un trabajo que le permita por lo menos tres años de vacaciones, lo cual es bastante improbable. Y, aunque parezca un factor menor, al miembro de la familia del que se depende también le tiene que apetecer, porque el
investigador puede querer ir a París porque hay un laboratorio muy bueno, pero qué hace la madre del investigador en París si ni siquiera sabe francés.
Por todos estos obstáculos detallados, de tiempo de adaptación y de dependencia física y familiar al entorno, parece necesario y razonable eliminar la obligatoriedad de movilidad para estas personas en posteriores resoluciones de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación que convoquen becas posdoctorales y ayudas de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Se trata, por una parte, de reconocer un derecho, pero también de aprovechar nuestros propios
recursos. Se trata de reconocer el derecho de los discapacitados a una plena integración social y a la igualdad de oportunidades, pero también de aprovechar nuestros propios recursos y facilitar a personas que tienen un alto grado de cualificación
su perfeccionamiento de conocimientos y favorecer su inserción profesional en el sistema nacional de investigación y desarrollo. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista formule esta proposición no de ley, para cuyo texto concreto me remito al
presentado ante la Comisión, y adelanto aquí ya nuestra oposición a la enmienda presentada por el Partido Popular. Entendemos que un complemento económico puede ayudar, pero no resuelve el problema de dependencia del entorno físico y familiar.
Además, nuestra propuesta consiste en eliminar la obligatoriedad, pero no impedir que personas en estas circunstancias puedan, si así lo desean, optar por el cambio de residencia. Y por mi parte nada más.
La señora PRESIDENTA: Efectivamente, hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla el señor Oreiro.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Señorías, hay algunos planteamientos con respecto al mundo de la minusvalía que si pretendemos idealizarlos podemos caer en una cierta ingenuidad. Como decía la portavoz del Grupo Socialista, moverse por la
ciudad con facilidad es una habilidad que se adquiere con el paso del tiempo; es una ingenuidad, por no calificarla de otra manera. Yo podría decirles que en mi caso, y no soy de los más discapacitados en cuanto a problemas de movilidad, la
comodidad, la facilidad de desenvolvimiento por la ciudad no se da ni siquiera con el paso del tiempo; todo lo contrario, conforme los años se van incrementando y los kilos van haciendo mella, esa facilidad se reduce.
Nosotros valoramos positivamente la intencionalidad de esta iniciativa. La valoramos positivamente porque su objetivo de suprimir obstáculos para facilitar el acceso a las becas de investigación nos parece loable, pero realmente creemos que
se queda corto. Estimamos, señorías, que lo que se plantea con una intención positiva puede tener efectos perversos, limitando el acceso de los afectados a centros de investigación de su entorno. Y no es que la iniciativa limite realmente ese
acceso; la iniciativa lo que hace es suprimir la obligatoriedad de la movilidad. Una de las finalidades de estas becas es fomentar la movilidad y que los doctores, los estudiantes que hayan concluido su doctorado, puedan realmente acceder a
centros de investigación de excelencia, y que ellos puedan elegir; es decir, que no se queden limitados a un centro de su entorno, de su ámbito, en donde haya estudiado. Imaginemos que yo hago medicina en Santiago de Compostela
y quiero investigar en coronarias, pongo por caso, y tengo la posibilidad de acceder a Harvard. Si con las limitaciones físicas y con el complemento adicional de gasto que supone todas esas adaptaciones y, en casos, personas que tengan que
ayudar al doctor que vaya a investigar, no se le proporcionan unos medios económicos se está limitando su posibilidad de competir, digamos, en igualdad de condiciones con los doctores que no tengan estas limitaciones físicas. Por tanto, eximir de
la obligatoriedad de movilidad geográfica y académica sin más, sin poner medios que posibiliten la normalización, contradice el derecho de accesibilidad universal que ya el ministro de Trabajo proclamaba en su comparecencia del 18 de mayo de 2004,
en donde decía: Señorías, nuestro objetivo, y creo que el objetivo de la sociedad española, consiste en eliminar el déficit de ciudadanía de los ciudadanos que presentan alguna limitación física, psíquica o sensorial a través de políticas sociales
que promuevan las condiciones de igualdad en el acceso a los bienes y servicios públicos, con medios como el desarrollo de la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
adoptando medidas que garanticen a las personas que sufren algún tipo de discapacidad su derecho universal de accesibilidad. Decía muy bien la portavoz del Grupo Socialista que la accesibilidad, es decir, la superación de barreras, no tiene que ser
necesariamente física. Añadía el ministro, creo que con buen sentido, que hay que pensar que estas inversiones no son gastos. Yo coincido en esta apreciación con el señor ministro de Trabajo. Debemos ser más ambiciosos y no pararnos en la
supresión de la condición de movilidad. Debemos poner los medios para que ese acceso a becas de investigación, y lo que es la finalidad última, a la investigación, pueda darse en igualdad de condiciones.
La Comisión de Política Social y Empleo emitió un informe el 16 de diciembre de 2003 en el que decía que el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que el alumno con discapacidad pueda alcanzar los mismos objetivos que el
resto de los alumnos. Y ahí viene el sentido de nuestra enmienda. Nosotros proponemos simplemente que se añada un nuevo apartado con el fin de incrementar las ayudas recibidas en el caso de que el beneficiario sea una persona con discapacidad y
movilidad reducida. Esto se podría perfectamente resolver con un estudio individualizado de cada candidato. Tengamos en cuenta que, desgraciadamente, los discapacitados que realizan un doctorado y pueden acceder a becas de investigación se cuentan
con los dedos de una mano. No supondría absolutamente ningún gasto significativo para el Gobierno que esto se pudiera complementar económicamente. Yo puedo decirles que a lo largo de los años (hace ya mucho tiempo, que yo trabajé en el Seren, y
posteriormente en el Imserso), se hacían estudios individualizados de rehabilitación, en donde un equipo multiprofesional examinaba las condiciones de cada candidato y se adecuaban las ayudas a las características de cada uno. Esto se podía hacer
perfectamente con ese estudio individualizado por parte del Imserso, que es un organismo que está precisamente para eso. Tiene equipos multiprofesionales que podrían hacerlo perfectamente bien, y podrían incrementarse o complementar esas becas de
las que estamos hablando para aplicarlas a estos individuos que tienen características especiales, dándoles la oportunidad de que, si es su voluntad, puedan acceder a universidades, a centros de investigación fuera de su ámbito de residencia. Hay
que pensar que estas inversiones, como decía el señor ministro de Trabajo, no son ningún gasto. Esto podría tener una contrapartida y habría que velar porque ello no fuera así, que no sirva este incremento de menoscabo, y que el criterio que
prevalezca a la hora de otorgar las becas sea la capacidad académica del aspirante, y no que tenga o no un complemento económico mayor.
Señorías, creo que nuestra posición está perfectamente clara. Vamos a votar favorablemente la iniciativa del Grupo Socialista porque nos parece una mejora, pero creo que es poco ambiciosa y que lesiona ese derecho a la accesibilidad
universal que nosotros proponemos y que el ministro expuso en su comparecencia, que creo que es al que todos debemos aspirar.
La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Labordeta. (Pausa.) Por el Grupo de Convergència i Unió, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muy brevemente, para exponer la posición de mi grupo que será, como no podía ser de otra manera, la de apoyar esta iniciativa. Una iniciativa que nos parece acertada, por cuanto implica que el grupo proponente ha
adoptado, en esta materia que nos ocupa, la perspectiva de la discapacidad; es decir, que las normas que vamos adoptando realmente sean posibles para todos y no solamente para un determinado tipo de personas que en un momento dado de su vida,
porque esto también cambia, no adolecen de ningún tipo de discapacidad. Además nos parece que la iniciativa socialista es el exponente de una sana práctica; es decir, las dos normativas que vamos a modificar, una es de 17 de septiembre del año
2004, la otra es de 23 de febrero del año 2005, están dictadas por el Gobierno socialista. La rectificación para adaptar esta normativa justamente a esta perspectiva de discapacidad nos parece que es una sana práctica, que debe abundar en otro tipo
de normativas.
Desde Convergència i Unió todos ustedes saben que para nosotros la discapacidad es un tema muy presente, es una prioridad en nuestra agenda política, nosotros hemos sido los impulsores de que haya en este Congreso una comisión
permanente del tema de la discapacidad, y por lo tanto votar afirmativamente para nosotros es nada más y nada menos que votar en algo que va a abundar en la igualdad de oportunidades, en este caso, en la igualdad de oportunidades de acceso a las
becas.
Nos ha parecido interesante la intervención del portavoz del Grupo Popular, porque lleva razón cuando dice que estamos eximiendo de movilidad unas becas que en su objetivo principal tienen la movilidad, y así prima facie puede parecer un
contrasentido. Creo también que en determinados supuestos -sólo en determinados supuestos- el hecho de una mayor dotación económica podría de alguna manera paliar lo que estamos tratando, permitiendo la movilidad, o sea, el objetivo de la beca, y
coadyuvando a que esta movilidad fuera posible. En todo caso, se nos ha anunciado ya que no se va a aceptar la enmienda, y nosotros vamos a mantener el voto favorable porque pensamos que lo que está en la iniciativa socialista, si bien a lo mejor
no aborda el universo de problemática que se puede dar, sí nos parece un paso adelante por las razones que he explicado.
- PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS QUE POTENCIEN LA DIMENSIÓN EUROPEA EN LA EDUCACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO (Número de expediente 161/001018.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la segunda proposición no de ley, la que figura en primer lugar en el orden del día: Para el establecimiento de medidas que potencien la dimensión europea en la educación, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para defenderla el señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: El uso de la expresión dimensión europea en la educación tiene ya una andadura considerable, arranca de una resolución de un Consejo de Ministros de Educación europeo hace ya casi 30 años, aunque no fue hasta la firma
del Acta Única cuando esta idea se materializó en diferentes programas que dieron un nuevo tratamiento a la educación en Europa. Dimos un gran paso en 1992 tras la aprobación del Tratado de Maastricht, precisamente cuando se proporcionaron al
Parlamento y al Consejo las bases para la creación de dos grandes programas europeos de educación, Sócrates y Leonardo. Sócrates ha sido y es en la actualidad el programa de acción por excelencia para la cooperación en el ámbito de la educación.
Nació con la finalidad de desarrollar la dimensión europea en materia de educación a todos los niveles, para consolidar el espíritu de ciudadanía europea. Entre sus objetivos, algunos de enorme trascendencia, está el fortalecimiento de la
comprensión y la solidaridad entre los pueblos a través del conocimiento de las lenguas y el fomento de la igualdad de oportunidades, la cooperación, la movilidad y la innovación en el desarrollo de las prácticas y los materiales educativos.
En nuestro caso, y junto al desarrollo de los programas mencionados, la modernización de nuestro sistema educativo ha pasado también por la necesaria equiparación a los sistemas de los países de nuestro entorno.
Europa ha sido, es y seguirá
siendo la referencia de los desarrollos normativos de nuestro vigente sistema; así, los currículos de educación primaria y secundaria han incluido, y es justo reconocerlo, objetivos y contenidos relacionados con el conocimiento de la Unión Europea
en sus diferentes aspectos. A pesar de los logros alcanzados, fruto de la aplicación de la política educativa europea, se aprecia cada vez más con mayor amplitud la necesidad de formar a la ciudadanía europea y española como sujetos activos del
proceso de construcción de ese proyecto común llamado Europa; fortalecer en los jóvenes el sentido de la identidad plural de Europa y la comprensión de valores con sello de identidad propio, como la justicia social o el respeto de los derechos
humanos, son objetivos que demandan a día de hoy una mayor atención a la dimensión europea en educación.
Señorías, desarrollar la dimensión europea supone incrementar las redes de contactos y cooperación a distintos niveles en los sistemas de educación y formación. La cooperación a nivel comunitario, iniciada en los comienzos de nuestra
democracia, debe ser potenciada para dar paso a una nueva fase de desarrollo sobre las bases de la Constitución europea y sus objetivos: desarrollar la dimensión europea en la educación para fomentar los valores democráticos compartidos por los
Estados miembros, para mejorar el entendimiento de las características multiculturales de la Unión, para preparar a los jóvenes a ser ciudadanos europeos sin negar su pertenencia nacional, regional o local. Y todo ello con un horizonte común, el de
la mejora de la calidad de la educación, objetivo este que se ha convertido ya en el eje central de las políticas educativas de los gobiernos de España.
Nos encontramos en un momento crucial. A lo largo de este proceso asistimos en este momento a una ocasión y oportunidad muy interesante. El Gobierno nos propone una nueva ley, que ha tenido entrada en esta Cámara, donde se establece un
modelo de educación que combina la calidad con la equidad, exigencia e igualdad de oportunidades para todos los alumnos. Un proyecto de educación que debe dar respuesta a los retos de la construcción de la nueva Unión Europea y a la creciente
competitividad a escala internacional. En consecuencia, el sistema educativo que se derive de la nueva ley deberá propiciar actuaciones en convergencia con el resto de los países miembros para la consecución de los objetivos europeos 2010 y la
declaración de Bolonia. Actuaciones que favorezcan y amplíen, eso sí, la movilidad internacional de los docentes, el intercambio de profesores, puesto a puesto, y los periodos de formación del profesorado en otros países; actuaciones que
profundicen igualmente en un sistema compartido de educación y la armonización de las políticas educativas de los países de la Unión en la formación inicial y continua del profesorado. Actuaciones que mejoren, a través del aprendizaje de las
lenguas y de los programas europeos de movilidad estudiantil, la comprensión y la solidaridad entre los
pueblos, el sentido de identidad europeo y el conocimiento de otras culturas. El objetivo es que la potenciación de la dimensión europea en esta nueva fase promueva la generación de más y mejores proyectos escolares, la elaboración de más y
mejores recursos didácticos y la implicación del profesorado y los equipos directivos en el proyecto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a considerar la dimensión europea en los nuevos desarrollos curriculares de la LOE, respetando la distribución competencial entre las administraciones educativas, y a
procurar la coordinación con las comunidades autónomas para dar coherencia a los objetivos de la incorporación de la dimensión europea con los aspectos relacionados con la formación del profesorado y la dinamización de los centros educativos.
El Partido Popular ha presentado una enmienda en la mañana de hoy a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de ampliar y concretar algunos de los aspectos contenidos en nuestra proposición. Ante ello, el
Grupo Parlamentario Socialista considera que hay una identificación de intenciones, en líneas generales, en la enmienda que presenta el Grupo Popular y la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. En concreto, el cuarto apartado de
la enmienda del Grupo Popular es prácticamente el mismo que figura en nuestra proposición no de ley como punto número dos. Respecto a las restantes indicaciones de esta enmienda, tenemos que señalar que la primera, que habla de impulsar medidas que
favorezcan una presencia más intensa en el conjunto del sistema educativo, es aceptable y se puede transaccionar con nuestro primer punto de nuestra proposición no de ley, quedando redactado de la siguiente manera: Considerar la dimensión europea
en los nuevos desarrollos curriculares de la LOE, respetando la distribución competencial entre las administraciones educativas, e impulsando medidas que favorezcan una presencia más intensa en el conjunto del sistema educativo.
En relación a los puntos 2 y 3 de la enmienda del Grupo Popular, tenemos que indicar en primer lugar que el punto 2, que habla de potenciar el estudio de dos lenguas europeas, que deberán ser de oferta obligada en los centros, no creemos
conveniente la inclusión de esta mención, dado que rebasaríamos el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Por tanto, nos parece procedente que sean las comunidades autónomas en sus desarrollos respectivos de la ley las que establezcan
los criterios y las medidas más oportunas. Y en relación con la tercera medida del Grupo Popular, de promover el intercambio de profesores y alumnos en el ámbito de la Unión Europea, entendemos que ya es una actuación que se sobreentiende englobada
en el primer punto cuando hablamos de considerar la dimensión europea en los nuevos desarrollos curriculares de la LOE, impulsando medidas que favorezcan una presencia más intensa en el conjunto del sistema educativo. Entendemos que esa redacción
engloba esta actuación, que además ya se está haciendo por los diferentes gobiernos de España en la democracia desde la aprobación del programa Sócrates y su desarrollo a partir de 1995, en las dos fases de Sócrates -la última acaba en 2006- y por
lo tanto nos parece más justo hablar de intensificar las medidas que favorezcan la dimensión europea en el conjunto del sistema educativo, antes que hacer una mención específica de algo que ya se viene realizando con carácter generalizado, repito,
desde la extensión del programa Sócrates desde 1995.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Para mí es una satisfacción intervenir hoy en este tema de impulsar la Unión Europea en nuestros centros, en nuestros estudiantes, etcétera. Tanto nuestro portavoz, que no está, como yo fuimos cofundadores de la
Asociación Española de Cooperación Europea, que no era fácil en su momento y en el sistema anterior, por lo que hablan a un grupo absolutamente convencido respecto al tema de la Unión Europea y respecto a la importancia de la educación para
conocimiento en los estudiantes de los principios de democracia y justicia social de la Unión Europea.
Efectivamente, como dice el preámbulo de la exposición, a partir de 1992 en el tratado Maastricht se da un impulso y se indica a los países que forman la Unión Europea respecto a la educación y educar. He echado de menos, y por eso lo
quiero decir, algo muy positivo, que en algunos países de la Unión Europea son los inicios de institutos pilotos que estudian el llamado bachillerato europeo. Siento que en nuestra enmienda no hayamos hecho alguna indicación al respecto, pero en un
futuro hablaremos de este tema en España y de la necesidad de impulsar -valga la redundancia- estos institutos con el bachillerato europeo. Estos bachilleratos pueden ser algo importante en lo que creo que las comunidades autónomas estarán
absolutamente interesadas.
Dicho todo esto y que, por lo tanto, con el fondo de la proposición no de ley que hoy debatimos, y sobre todo con la exposición de motivos, estamos totalmente de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo, o creemos que se debería ampliar y
concretar más, es respecto al petitum, las peticiones.
Aquí hay un tema de técnica jurídica, es decir, pide el grupo proponente considerar la dimensión europea de los nuevos desarrollos curriculares de la LOE cuando, como bien se ha dicho, la LOE
hoy jurídicamente no existe, es decir, es un proyecto que se ha presentado en la Cámara, que está sujeto -suponemos- a enmiendas en las que, en la línea de acuerdo que propugnan el Partido Socialista y el señor Rodríguez Zapatero, suponemos que
había tales acuerdos, y por lo tanto hablar de la LOE en técnica jurídica no es conveniente. Por eso nosotros decimos en general que se impulsen todas las medidas que favorezcan una presencia más intensiva de la dimensión europea en el
conjunto del sistema educativo, porque hoy es la LOE, mañana o dentro de cuatro años puede ser otra, y esta sería una fórmula para cualquiera que fuera la ley de educación vigente, no solamente por cambio de Gobierno, sino porque las leyes
de educación al cabo de diez o doce años, o equis tiempo, tienen que ser renovadas ya que las circunstancias son diferentes. Y esta es la manera para que, ya digo, desde un punto de vista de técnica jurídica y desde otro punto de vista para que sea
más general, se diga que favorezca una presencia más intensiva de la dimensión europea en el conjunto del sistema educativo, sin concretar lo relativo a la LOE, que hoy por hoy no existe y por lo tanto jurídicamente me parece que es una técnica
errada.
Respecto al punto segundo, que se refiere a potenciar el estudio de las lenguas europeas que deberán ser de oferta obligada en los centros, me dice el señor proponente del Grupo Socialista que esto es entrar en las competencias de las
comunidades autónomas. Yo creo que no, porque además hoy en día en la legislación vigente se contempla ya el estudio de dos lenguas, una fija y otras optativa; es decir, en estos momentos la mayoría de nuestros alumnos estudian inglés y luego,
optativamente, alemán, francés, etcétera. Pero es que además en el Consejo de Europa, no el Consejo Europeo sino el Consejo de Europa, que es más amplio, como sabe S.S., que los 25 países que forman la Unión Europea, ya se adoptaron con unanimidad
de los grupos Socialista, Popular y yo creo que prácticamente todos que se estudiara una lengua del Estado vecino y otra a elegir por los alumnos. Por lo tanto, hay que concretar, porque si no, nos quedamos en una pura declaración en la que estamos
de acuerdo pero que no se concreta.
El tercer punto se refiere a promover el intercambio de profesores y alumnos en el ámbito de la Unión Europea, que es lo que dice el señor proponente. Nosotros indicamos mediante un impulso de las becas y ayudas, y dice el señor ponente que
esto ya está. Sí, efectivamente, con los programas Séneca y con el programa Erasmus. España es uno de los países de la Unión Europea que tiene más estudiantes, bien con el programa Erasmus o bien con el Sócrates. Pero nosotros decimos que se
impulse porque si no, nos quedamos en nada. Si decimos que ya está, como en estos momentos, que estamos de acuerdo y que los diferentes gobiernos y el último Gobierno popular, han dado tanto al programa Sócrates como al programa Erasmus un fuerte
impulso, yo creo que se debe decir algo más, porque si no, nos quedamos en lo que estamos, y queremos algo más. Por lo tanto, decimos: mediante un impulso de las becas y ayudas al estudio orientadas a esta finalidad, y esto no roza para nada las
competencias de las comunidades autónomas. Por eso nosotros, en el cuarto punto -no crean ustedes que nos olvidamos de las comunidades autónomas, que tienen las competencias en materia de educación-, decimos: procurar la coordinación con las
comunidades autónomas para la consecución de estos objetivos.
Esto está también recogido en la de ustedes, y por lo tanto pediríamos al grupo proponente que se hiciera una redacción conjunta de nuestras propuestas, que son concretas, y repito que
en técnica jurídica no se puede hablar de una ley cuyo proyecto ha tenido entrada pero que todavía no existe en el mundo jurídico. Si el Grupo Socialista, como ha anunciado, nos dice que las ve bien, pero lo vuelve a redactar tal como venía en su
propuesta, entonces es lo mismo que rechazarlas. Nosotros lo sentiríamos mucho y consideramos que una vez más el proyecto de diálogo, de concordia y de acuerdos realmente no existe. Ustedes tienen la palabra, nosotros únicamente les decimos que,
en todo caso, no votaremos en contra, porque iría en contra de nuestros principios pro Unión Europea, especialmente para la juventud y los estudiantes, y nos tendríamos que abstener, y sentiríamos que no saliera por unanimidad una proposición no de
ley como la que hoy debatimos.
La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posiciones, y dada la ausencia de grupos, señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: En primer lugar ratifico que desde Convergència i Unió compartimos los objetivos de esta iniciativa puesto que, como ya he dicho en otras ocasiones y quiero decir una vez más, nosotros somos una federación
absolutamente europeísta, y por lo tanto todo lo que vaya en el sentido de fortalecer y vincular a Europa nos parece que es la dirección correcta. Además creemos que el contenido de este tipo de iniciativas va a servir para potenciar no solo el
acercamiento, sino también algo muy importante que quizá las personas de nuestra generación, incluso las mayores, no hemos podido tener, que es el sentido de pertenencia a la realidad europea. Yo creo que esto es una oportunidad que nuestros
jóvenes han de tener, porque Europa va a estar cada vez más presente en nuestras vidas, y sobre todo en las suyas, y potenciar esta dimensión y este sentido de pertenencia es algo no solo bueno, sino que yo diría que es imprescindible. Por lo
tanto, en primer lugar compartimos objetivos.
En segundo lugar, quisiera hacer un breve comentario acerca de la lectura de la exposición de motivos, de la motivación. En el final de su apartado segundo se dice que en el tratado por el que se instituye una Constitución para Europa -este
tratado todavía no plenamente nacido-, en su artículo 3282, se cita textualmente que la acción de la Unión tendrá por objetivo desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, y en particular mediante el aprendizaje y la difusión de las lenguas de
los Estados miembros. Quiero recordar aquí una vez más que nuestro Estado no tiene una sola lengua, que tiene cuatro lenguas, catalán, castellano, gallego y vasco, y que por lo tanto en esta dimensión me gustaría que la presencia de las lenguas del
Estado se potenciara en toda su amplitud y no de una manera restrictiva. También, y aprovechando que tengo el uso de la palabra, y aunque no sea algo directo, quisiera dejar constancia para que
quedara en el 'Diario de Sesiones' de que desde Convergència i Unió nos congratulamos de que algo tan importante para la difusión de nuestra cultura como es la red finalmente haya prosperado la posibilidad de tener un dominio que sea el
.cat. Esto ha sido algo que inició ya el Gobierno de Convergència i Unió, que ha sido un logro del Gobierno actual, y que como las cosas que están bien están bien, aunque en este momento mi formación política no está en el Gobierno, creo que es de
justicia reconocerlo y así quiero hacerlo para que, como digo, conste en el 'Diario de Sesiones'.
Respecto al texto de la iniciativa -y vuelvo a la parte dispositiva-, quizá voy a complicar un poco el tema, pero había comentado ya con algunos de ustedes que mi grupo quería formular una enmienda in voce, que era que en el segundo punto,
cuando tanto en la iniciativa del grupo proponente como en la enmienda del Grupo Popular se habla de la coordinación de las comunidades autónomas, surge una pregunta que no es nueva, por lo que ustedes ya la conocerán: ¿quién coordina? A nosotros,
que tenemos competencias exclusivas en muchas de estas materias, nos parece más acertada la palabra colaboración. La colaboración implica una relación que no es de coordinación, y por lo tanto yo propongo sustituir la palabra coordinación por la
palabra colaboración. Si no fuera así, yo pido ya para entonces votación separada para poder votar de distinta manera los dos puntos.
Por lo que respecta a la intervención del Grupo Popular, yo comparto las argumentaciones jurídicas que se han dado. Quizá el texto que estamos viendo se debe a la fecha de la iniciativa: el 2 de junio de 2005 la LOE era un anteproyecto, y
por lo tanto se podía instar al Gobierno a que incluyera determinados contenidos. Evidentemente, el transcurso del tiempo ha hecho que no podamos instar al Gobierno a que ponga nada en una ley que ya no es del Gobierno sino que está en esta Cámara,
y por lo tanto, como me ha parecido entender que podía haber un acercamiento y una enmienda transaccional en la redacción de este punto, me parecería acertado que se hiciera una referencia más general y no una concreta remisión a la LOE.
La señora PRESIDENTA: El grupo proponente, para la enmienda in voce.
El señor TOMÁS GARCÍA: Nos parece muy acertada la indicación de la portavoz de Convergència i Unió en relación con el matiz de la palabra colaboración. No tenemos ningún inconveniente en incorporarlo a la redacción del punto número 2 de la
proposición no de ley, y también hay que valorar la reflexión que acaba de hacer y que hizo también el Grupo Popular en relación con la oportunidad de la presentación de esta proposición no de ley en la fecha en que se hizo y en el momento en que
estamos, en que el proyecto de ley ya es del Parlamento. Efectivamente, desde el punto de vista jurídico lleva razón, y por lo tanto desde el Grupo Parlamentario Socialista se propone en la redacción del punto primero de la proposición no de ley la
eliminación específica de la referencia a la LOE, quedando la redacción del modo que sigue: Considerar la dimensión europea en los nuevos desarrollos curriculares, respetando la distribución competencial entre las administraciones educativas, e
impulsar medidas que favorezcan una presencia más intensa en el conjunto del sistema educativo, tal como pedía el Grupo Popular. Entendemos que con estos dos puntos, y sobre todo con el primero, queda englobada, insisto, la intención que
manifestaba el Grupo Popular en su punto número 3, de incluir la promoción del intercambio de profesores y alumnos como una actuación más dentro del conjunto de medidas que se pretende impulsar, y por esta razón esta es la fijación de nuestra
posición en este momento.
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Hemos oído con satisfacción tanto la intervención de la representante de Convergència i Unió como la del representante del Grupo Socialista y estamos de acuerdo en que se cambie el punto número 1 y se añada 'en
el conjunto del sistema educativo' sin hacer referencia a la LOE. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo con la última redacción. Lo que no comprendemos es por qué en el punto tercero no se acepta 'mediante un impulso de las becas y ayudas al estudio
orientadas a esta finalidad', porque ya he dicho yo que efectivamente existen las Séneca, las Erasmus, y que se les ha dado un impulso tanto con el Gobierno socialista como con el Gobierno popular. Nosotros decimos que eso está ahí, pero que se
impulsen las becas y las ayudas. Además, yo creo que impulsar las becas es un afán por lo menos de los tres grupos que estamos aquí representados. Si eso fuera así, nos alegraríamos y votaríamos favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Sin duda, señoría, lleva razón. Podríamos incluir esa medida, esa actuación, pero podríamos incluir también otras muchas que componen el paquete de actuaciones para impulsar la dimensión europea en el sistema
educativo. Creemos que no es el lugar esta proposición no de ley, en la parte propositiva al Gobierno, hacer una relación de todas las medidas que debe impulsar o ampliar, cuando ya muchas están puestas en práctica y otras es verdad que necesitan
de un desarrollo y un impulso mayores. En ese sentido, nosotros creemos más acertada la redacción que proponemos, que engloba, repito, la intención de todos los grupos que aquí se han manifestado en la mañana de hoy.
La señora PRESIDENTA: Damos por concluido el debate de esta proposición no de ley. Se me ha olvidado decir antes que calculo que votaremos hacia las 12,15.
Me han pedido que fuera a esa hora porque hay miembros de la Comisión que estaban en otras.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LA ESPECIALIDAD DE DIRECCIÓN DE BANDA EN EL GRADO SUPERIOR DE LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000741.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la discusión de la proposición no de ley que figuraba en el número 2 del orden del día, relativa al establecimiento de la especialidad de dirección de banda en el grado superior de las enseñanzas de música,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla el señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: Efectivamente, nuestro grupo ha presentado una proposición no de ley solicitando que se introduzca en el grado superior de las enseñanzas de música la especialidad de dirección de banda. Sobre la importancia de las
bandas quizás uno de los mayores elogios que haya yo escuchado lo pronunció Adolfo Suárez siendo presidente del Gobierno en una entrevista de televisión, en la que recuerdo que cuando planteaba como un ideal de su política el de favorecer la
igualdad de oportunidades, partía de la discriminación del acceso a la cultura y decía que mientras niños y jóvenes de grandes ciudades podían acudir a bibliotecas, salas de exposiciones, museos, salas de conciertos, teatros y cines, los niños de su
pueblo y en su generación el único contacto con una manifestación cultural que tenían era escuchar a la banda de música.
Y esa función, aunque hoy los medios audiovisuales han divulgado mucho más la creación artística y por lo tanto han facilitado
el acceso a ella de más público, la siguen desarrollando, y estas instituciones además son muy numerosas en España. Según unos datos que me facilitó la Confederación Española de Sociedades Musicales hace unos meses, ellos tenían censadas 1.174
bandas de música -estamos hablando de agrupaciones de aficionados y además existen en muchas ciudades las profesionales también- en las que actuaban como músicos intérpretes 73.782 músicos.
Estas bandas no solo siguen realizando esa labor social
tan importante de divulgar entre sus vecinos, o entre la gente que tienen más cerca, un determinado repertorio y acercarlos a la creación musical, sino que también cumplen una misión tan trascendente como que mucha gente, especialmente los jóvenes,
participen de la interpretación artística, que toquen, que es una experiencia artística y estética probablemente inigualable. Cumplen la función de enseñar música, en gran medida estas sociedades suplen a la Administración educativa, especialmente
en lo que son enseñanzas no regladas, pero muchas de ellas también sostienen centros autorizados, normalmente subvencionados por administraciones públicas, pero ciertamente descargan a la Administración de una parte importante de la docencia
musical. Cumplen otra función muy importante que quizá no se valora, como es el préstamo de instrumentos musicales. En estas épocas del año nos acordamos de los libros de texto, si deben estar o no pagados, pensemos en el instrumento musical como
material escolar que necesita un alumno que ha de estudiar, y pensemos en el esfuerzo que para una familia puede ser la adquisición de un instrumento de viento o madera -y lo digo yo, como padre de un oboísta- cuando un niño adquiere un determinado
nivel, pues si quiere estudiar en condiciones supone miles de euros. Ese es un esfuerzo importante para una familia que en gran parte suplen las sociedades musicales con el préstamo de instrumentos, evitando el riesgo de que una familia tenga que
asumir la compra de ese instrumento y a lo mejor luego el hijo de la familia que lo practica desiste y han hecho un gasto que, lógicamente, hubieran podido evitar.
Por lo tanto, esta función debe ser destacada. Y para el desarrollo de esa función
el director es una persona fundamental, no solo por lo que supone, en la parte artística, de elección del repertorio, de dirigir la interpretación, de inculcar a los músicos las virtudes necesarias para que la interpretación tenga un nivel aceptable
sino porque además en muchos casos, precisamente porque las bandas asumen la docencia musical, es un maestro. Muchas de las bandas no pueden contratar especialistas para todas las docencias, el director ha de trabajar con todos los instrumentos, y
eso requiere una buena formación teórica, y a esa formación teórica podría ayudar esta proposición no de ley.
Es cierto que en los últimos años ya ha habido un cambio importante.
Muchas sociedades musicales se permiten, si pueden, contratar directores profesionales, directores con una titulación musical, y no ocurre aquello que ocurría hace años,
cuando un músico del pueblo con una cierta habilidad para un instrumento tenía que tenerla casi para todos y enseñarlos todos. Pero en muchos casos sigue siendo el director de la banda el maestro no solo del lenguaje musical sino de todos los
instrumentos, y eso, como digo, exige una buena formación. En nuestro país, el decreto 617 de 1995, que establece las especialidades de grado superior en las enseñanzas de música, establece dos especialidades de dirección, la de Dirección de Coro y
la de Dirección de Orquesta. En eso nos separamos de otros países, que establecen una única especialidad de dirección, que, lógicamente, es una fórmula adecuada. Pero ya que en España hemos optado por esa doble especialidad, quiero insistir en la
reflexión que hacía sobre la importancia del especialista en la dirección de banda. El director de coro no solo estudia, lógicamente, las formas musicales, la interpretación, la técnica del gesto, sino que estudia lógicamente también, el
instrumento con el que trabaja, que es la voz, para sacar el máximo rendimiento de los cantores. El director de orquesta, también de una manera bastante general, ha
de tener un conocimiento teórico al menos aceptable de todos los instrumentos, pero resulta que en las bandas de música tienen presencia determinados instrumentos, y además una presencia importante, que no figuran en las orquestas, y los
currículos actuales tampoco dan esa formación. Por lo tanto, una solución sería establecer esta especialidad de dirección de bandas, que, como digo, llegaría a todos los rincones de España prácticamente por el número de estas sociedades que hay.
Lo que está claro es que bandas, incluso profesionales, hay más que orquestas profesionales en nuestro país, y por supuesto como agrupaciones de aficionados, que son las 1.174 a las que me he referido que tiene censadas la Confederación Española de
Sociedades Musicales, hay muchas más que orquestas profesionales o de aficionados, quizá tantas -no tengo datos sobre eso- como coros. Por lo tanto, parece que esta especialidad, que no solicita nuestro grupo sino que en cierto modo se siente
portavoz de una demanda de estas sociedades, al menos a mí, y creo que a otros grupos también se lo ha hecho llegar la Confederación Española de Sociedades Musicales, está justificada, y espero de los grupos de la Cámara que la apoyen.
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: La música es un elemento cultural de primera magnitud que forma parte de nuestra realidad cotidiana y que responde a la cosmovisión de cada sociedad, de cada momento histórico y de cada período artístico. La visión
de los artistas como creadores de lenguajes con diversas voces, de emoción, sentimiento o rebeldía, plasmados a través de las técnicas musicales, ha logrado establecer unos determinados cánones estéticos que la sociedad conoce, valora, siente como
parte de su esfera de conocimiento y transmite. Las bandas de música son en este engranaje un especial instrumento de popularización de la cultura musical, tanto por su implantación en la mayoría de nuestros pueblos y ciudades como por su carácter
formativo que facilita el contacto entre los jóvenes y las grandes corrientes estéticas de la historia de la música, así como en la consecución de niveles de dominio en el manejo de los diversos instrumentos musicales. Asimismo hay que contemplar
el papel de difusión de nuestra cultura musical a través de su programación anual en relación directa y de fácil acceso con la sociedad donde está instalada. Compartimos, por lo tanto, en ese sentido, las valoraciones que S.S. hizo sobre el papel
que juegan las bandas de música. También tenemos que manifestar que el Partido Popular tuvo la oportunidad, en sus ocho años de gobierno, de mejorar el estado de situación de estas enseñanzas, pero no lo hizo, y hoy es el Partido Socialista el que
apuesta decidida y claramente por potenciar las enseñanzas artísticas.
Desde el Partido Socialista somos conscientes de la importancia de la música y de las enseñanzas artísticas como generadoras de cultura, y apostamos por una clara puesta en valor de sus estudios y de su ordenación propia, que las equiparará
con la estructura universitaria, y sus contenidos se establecerán en la misma forma, atendiendo a la autonomía que rige en la ordenación universitaria en relación con la elaboración de sus propios planes de estudio. Ya en su momento la Logse
representó un avance significativo al consolidar la presencia de estas enseñanzas en el sistema educativo, superando una situación marginal y desestructurada. La LOCE frenó estas expectativas, y ahora pretendemos dar satisfacción a un colectivo y a
unos estudios que precisan una organización pedagógica y administrativa, así como una mayor autonomía curricular acorde con las características específicas de su formación.
Tanto es así, que la LOE, como saben SS.SS., regula por primera vez los
estudios de posgrado en los centros de enseñanzas artísticas superiores, estudios que serán equivalentes a los títulos de posgrado que expiden las universidades. La sección tercera del capítulo VI de la LOE está dedicado a las enseñanzas artísticas
superiores y en ella se recoge que su titulación será la de licenciado o grado equivalente. Además, y también por primera vez, en el artículo 45, en su apartado 3, señala la creación del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas como órgano
consultivo y de participación en relación con estas enseñanzas. Como SS.SS. conocen perfectamente, las enseñanzas conducentes a la obtención del título superior de música deberán proporcionar una formación artística, tanto de carácter práctico
como teórico y metodológico, a través de la profundización en las diversas asignaturas que conforman la especialidad, para garantizar una formación global coherente al mismo tiempo que el grado de cualificación que exige el ejercicio profesional en
los ámbitos relativos a la creación, la interpretación y la docencia. Asimismo, pensamos que la propuesta que formulan tiene cubierto su espacio en la dirección de orquesta, establecida en la actual normativa que la regula en el grado superior de
música, habida cuenta la formación básica establecida para la obtención del título correspondiente. Consideramos que los contenidos de la misma abarcan los aspectos fundamentales y suficientes de la técnica de dirección para abordar cualquier tipo
de agrupación, así como los conocimientos científicos del análisis, la armonía, la composición, la concertación, el contrapunto, la historia de la música, la improvisación y el acompañamiento, así como la instrumentación y la orquestación, aspectos
todos ellos que cualifican al titulado superior en la especialidad sin restringir ningún instrumento y, consecuentemente, ninguna agrupación. Por lo tanto, y sin dudar de la bondad de su propuesta, señorías, no sabemos bien dónde tiene cabida.
¿Quieren acortar las competencias y formación de la titulación de dirección de orquesta? Si quieren hacer iguales la dirección de orquesta y la de banda para potenciarlas, ¿qué sentido tiene, si ya existe una titulación? ¿No se merecen
nuestras bandas, acaso, innumerables a lo largo y ancho de nuestra geografía, los profesionales mejor formados? Entendemos que desde estos conocimientos adquiridos el director de orquesta puede abordar cualquier repertorio de literatura
escrita para cualquier agrupación instrumental, ya se trate de orquesta o de banda, por lo que no creemos procedente acometer la creación de la especialidad de dirección de banda que SS.SS.
proponen, por lo que nuestro voto será, en consecuencia
con lo expuesto en la argumentación, negativo.
- SOBRE PROMOCIÓN DEL DESPLIEGUE DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA LOS MAYORES DE 45 AÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000830.)
La señora PRESIDENTA: No habiendo más grupos que quieran intervenir, pasamos a la proposición no de ley que figura en el número 3 del orden del día, sobre promoción del despliegue del procedimiento de acceso a la universidad para los
mayores de 45 años, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tiene la palabra para defenderla la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Voy a defender esta iniciativa de Convergència i Unió que tiene como objetivo el instar Gobierno a que se cumpla lo dispuesto en el Real Decreto 1742 del año 2004, de 19 de diciembre, y por lo tanto instándolo a
que promueva la regulación del proceso de admisión a la universidad para los mayores de 45 años. Todos ustedes recordarán que antes de esta disposición el sistema, digamos, consolidado de acceso a la universidad se podía dar con el título de
bachillerato más una prueba de acceso para mayores de 25 años; aunque no tuvieran el título de bachiller o equivalente, con una prueba de acceso podían entrar también en la universidad, y evidentemente podían acceder a la universidad los ya
titulados universitarios, bien diplomados o bien licenciados. Este Real Decreto introduce una novedad que no fue aplaudida unánimemente, que tuvo su controversia en el momento en que se aprobó, pero realmente es una posibilidad nueva, que es el
acceso a la universidad de los mayores de 45 años sin prueba de acceso, pero siempre y cuando se den unos determinados requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que se contemplan en este Real Decreto? Primero, que para la admisión se deban valorar
los estudios académicos realizados, y en especial la experiencia laboral o profesional que acrediten. En segundo lugar, que las comunidades autónomas deberían, o deberán, comunicar anualmente al Consejo de Coordinación Universitaria la relación de
las enseñanzas de carácter oficial y el número de plazas previsto para cada una de ellas. Y en tercer lugar, estos mayores de 45 años, que no tienen para poder acceder la necesidad de estar en posesión del título de bachiller o equivalente, tienen
que acceder a la universidad no por la prueba clásica, sino por un procedimiento específico de admisión que tenía que establecer el Gobierno previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria; por lo tanto, una modalidad de prueba de acceso
diferente. Este tercer requisito no se ha desplegado, todavía no se ha acordado, y por lo tanto es una norma que estaba previsto que se pudiera aplicar a partir del año 2006-2007 -luego volveré a hacer referencia a ello-, pero todavía, en el año y
medio que ha transcurrido desde que ha entrado en vigor, este requisito de esta nueva prueba de acceso no se ha desplegado.
Desde Convergència i Unió valoramos muy positivamente esta posibilidad, que, como digo, no estuvo exenta de una cierta polémica porque la opinión acerca de la viabilidad o de la bondad de este sistema no era pacífica de todos los que
intervinieron en el proceso de elaboración. Pero a nosotros nos parece importante e interesante, en primer lugar, porque se da la oportunidad a una generación que no ha podido tener un nivel de estudios que le permitieran la entrada en la
universidad por las vías ya establecidas, se les da la oportunidad de profundizar en los conocimientos que han ido adquiriendo por largos años de trabajo en una profesión o en el trabajo que hayan desempeñado, y además es también una manera de
prevenir y abordar el reto de que las personas de esta edad sin una formación cualificada o específica universitaria que puedan verse expulsadas del mercado de trabajo por distintas vicisitudes -y quiero referirme específicamente por ejemplo al
colectivo de las mujeres, incluso por cuidar a personas mayores o discapacitadas, o lo que sea- no queden expulsadas indefinidamente de ese mercado de trabajo, puesto que poder acceder a la universidad les ha de permitir tener mejores posibilidades
para continuar en él. Nos parece también importante porque atiende a un objetivo que de manera global como finalidad desde Convergència i Unió compartimos, que es la necesidad de la formación permanente y continua a lo largo de la vida. Nos parece
que la complejidad del mundo actual requiere que haya una pasarela con una circulación fluida entre el mundo laboral y el mundo del conocimiento, y por lo tanto nos parece que esta es una manera de establecer esta pasarela y que la gente que ha
adquirido conocimientos por la práctica pueda acceder a la universidad. Un argumento de carácter más práctico o más estadístico es el de incrementar el número de titulados universitarios mayores de 45 años, cuyo número en España es inferior al de
la media de la Unión Europea. Nos parecen razones todas ellas suficientes. Pero además hay razones prácticas, concretas, con nombres y apellidos, y es que no se les escapará que esta posibilidad de regulación ha creado expectativas en determinados
colectivos, ha creado expectativas en la sociedad, y especialmente en la población que podía acceder a los estudios universitarios por esta vía. Estas expectativas han llegado a través de peticiones a nuestro
grupo parlamentario, y esta es la razón por la que nosotros hemos formulado esta iniciativa.
La disposición final cuarta, que prevé de qué manera se va a aplicar este decreto, hace referencia a algo que ya no existe, que es no solo que estamos en tiempo, año 2006-2007, tiempo justo ya, pero dice que esto se aplicará una vez
implantada con carácter general la prueba general (es una redundancia del propio texto) del bachillerato, en virtud de lo previsto en el artículo 6d) del Real Decreto 827/2003, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo establecida por la LOCE. Por lo tanto, remite a unas normas que están en proceso de modificación, y quizá exigir el despliegue de esta norma en su literalidad podría comportar alguna dificultad, porque remite a algo
que no está desplegado tampoco, y sobre todo hay una dificultad de carácter práctico, que es que estamos a dos meses del inicio del año 2006 y estamos en plena tramitación de una ley educativa, pero se nos ha anunciado ya que va a haber una reforma
de la LOU. Por lo tanto, en el tiempo en el que estamos, yo comprendo perfectamente la enmienda que se me hace desde el Grupo Socialista en el sentido de decir que comparte conmigo, puesto que respeta la literalidad del texto que propongo, pero que
esto se va a desplegar y se va a normatizar en el transcurso del procedimiento de reforma de la LOU. Por lo tanto, anuncio ya que voy a admitirle la enmienda, que agradezco, porque creo que circunscribe el tema de una manera práctica y que, por lo
tanto, ratifica que esto se va a hacer, lo cual me congratula, y con esta matización termino ya mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de esa enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Señorías, el acceso a la universidad ha sido sin duda uno de los temas recurrentes de nuestra legislación universitaria, y parece lógico que sea así puesto que se trata en el fondo de la escenificación normativa,
aplicada al ámbito concreto de la universidad, de un derecho fundamental recogido en la Constitución. La preocupación por este tema tuvo su momento culminante, creemos, a mediados de los años noventa, con varias iniciativas, tanto parlamentarias
como extraparlamentarias, que intentaban poner al día esas pruebas que se regularon inicialmente en la ley de 1974 y que tras 20 años necesitaban acomodarse a la realidad normativa. La realidad normativa, recuerden, tenía que ver con la
promulgación de la Logse en el año 1990, pero también a la realidad social, dado el importante incremento exponencial de la población estudiantil universitaria, que en este periodo se triplica prácticamente, hasta llegar al millón y medio de
estudiantes a mediados de los noventa. Así, a modo simplemente de ejemplo, déjenme que repase tres momentos cronológicos: el primero de ellos sería la moción presentada por el Grupo Socialista en el Senado en octubre de 1995, fruto a su vez de los
trabajos previos de una comisión especial sobre juventud en la Cámara Alta, y que obtuvo el respaldo generalizado de los grupos; los trabajos también en el seno del Consejo de Universidades, entre septiembre de 1995 y noviembre de 1996 y
subsiguientemente la ponencia que a propuesta también del Grupo Socialista se constituyó en ese mismo mes, noviembre de 1996, en el seno de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, y cuyo informe final se aprobó definitivamente en septiembre
de 1997. En estos últimos diez años nuestra sociedad ha seguido cambiando, y con ella la universidad, de modo que junto al descenso de estudiantes en el colectivo tradicional entre los 18 y los 25 años, causado por una caída demográfica, cada vez
ha sido mayor la demanda de estudios universitarios en el segmento que rebasa dicha edad. Por esta razón, a la prueba específica para mayores de 25 años a la que hacía referencia la portavoz de Convergència i Unió, prueba que tenía una larga
tradición en nuestra universidad, se añade desde 2003 la posibilidad de acceso para los mayores de 45 años, posibilidad que por falta de desarrollo normativo genera la proposición que hoy ha defendido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Nuestro grupo presenta una enmienda de sustitución, como bien ha reconocido la portavoz, señora Pigem, no porque estemos en desacuerdo con su contenido, esto es, con que se regule el proceso de admisión de los mayores de 45 años, sino con la
oportunidad de hacerlo en este momento, a las puertas de una reforma de la vigente Ley Orgánica de Universidades.
Estamos de acuerdo, por tanto, con el espíritu de la iniciativa, pero disentimos cordialmente con el tiempo en que se pone en
práctica. Desde nuestro punto de vista, el contenido de la disposición adicional segunda del real decreto antes citado de diciembre de 2003, por el que los mayores de 45 años que carezcan de titulación pueden acceder a la universidad, incorpora dos
requisitos para su efectividad de gran trascendencia y en los que a nuestro grupo le gustaría insistir. Uno es la edad mínima de acceso, los 45 años, y el otro, la necesidad de que al fijar el procedimiento el Gobierno valore especialmente la
experiencia laboral o profesional. En el primer caso no estamos hablando solo de formación de adultos, que también, sino de un principio superior cada vez más asumido en nuestra sociedad y que subsume al otro. Estamos hablando, efectivamente, de
la formación a lo largo de la vida, una idea muy poderosa que va más allá de la distinción entre educación básica y educación permanente y que encaja en una noción que se va abriendo paso cada vez con más fuerza en este principio de siglo, la de la
sociedad educativa, en la que todo puede ser ocasión para aprender y desarrollar las capacidades del individuo. La formación a lo largo de la vida forma ya parte de la cultura educativa de unos países europeos que están saliendo de la sociedad de
la información para entrar en la sociedad del aprendizaje. En este escenario, nuestro grupo opina que la universidad debe jugar un papel de primer orden, no haciendo dejación de su responsabilidad frente a la sociedad, sino encabezando el
movimiento.
Otros países ya lo han hecho así, y en el Reino Unido o en Suecia casi la mitad de su población universitaria pertenece a lo que podríamos llamar el colectivo adulto. Es indiferente la razón que los empuja, mejora profesional, satisfacción
de conocimientos o simple perfeccionamiento social, lo importante es, como señalaba Delors en su conocido informe a la Unesco sobre la educación para el siglo XXI, que cada Estado asegure la formación superior para sus ciudadanos, y luego sean estos
los que elijan el momento: antes, durante o después de su vida profesional.
En el segundo caso, la necesidad de valorar la experiencia profesional incorpora un elemento de extrema novedad en nuestro sistema universitario, pues por primera vez la valoración no se realiza únicamente sobre un vector puramente
académico, sino sobre un componente referido a capacidades y a competencias acumuladas por una persona a lo largo de su vida. Tiene que ver, por tanto, con unos haberes adquiridos, y no necesariamente cuantificados en forma de titulación. En
nuestro país lo que se conoce como validación de competencias profesionales se va abriendo hueco en el campo de la formación profesional, es conocido, pero estamos muy lejos todavía de su aceptación en el terreno universitario.
De nuevo el
referente europeo puede ser significativo. En Gran Bretaña, universidades como la City University de Londres o la Glasgow Caledonian, llevan tiempo ya desarrollando programas de validación de competencias profesionales en contacto con socios
industriales de primera fila, con empresas, por ejemplo, como la de producción musical EMI. En Francia, donde la Convención, como conocen SS.SS., abolió la universidad en 1793 por considerarla obra del Antiguo Régimen, se permitieron centros
superiores de prestigio que impartían enseñanzas no conducentes a la obtención de un título profesional, se puede recordar el Collège de France o le Jardin du Roi, pero a la vez se facilitó el contacto entre el mundo académico y el mundo
profesional, de modo que en la actualidad un decreto de 1993 permite a las universidades francesas certificar los aprendizajes adquiridos previamente en vía laboral y conferirles los mismos derechos académicos que el haber superado con éxito una
titulación oficial. La Universidad de Lille-I lidera en el país vecino la validación de competencias profesionales, con más de un millar de trabajadores adultos que cada año completan o reciben la titulación oficial correspondiente a su nivel de
experiencias validadas. No existen en nuestro país experiencias similares, salvo, desde el punto de vista teórico, el proyecto de eurovalidación de competencias profesionales financiado por la Dirección General XXII a finales de los años 90, en el
que la Universidad de Valladolid participaba junto a otros socios europeos. Sin embargo, estamos persuadidos, a pesar de ello, de que el acceso al mundo universitario a los mayores de 45 años de acuerdo con su experiencia laboral va a abrir un
camino que el Grupo Socialista estará dispuesto a andar en un futuro. Con estos razonamientos hemos querido reforzar desde el Grupo Socialista los argumentos expuestos por la ponente de Convergència sobre el fondo de la cuestión, con la que
-insisto- coincidimos, como ha quedado de manifiesto, aunque sobre el procedimiento, además de estar condicionados por la disposición final cuarta del citado decreto de acceso, que pospone la aplicación del mismo hasta el curso 2006-2007, en nuestra
opinión hay suficientes razones de oportunidad que aconsejan regular este tipo de acceso en el ámbito de la futura reforma de la LOU. Agradecemos, evidentemente, a la ponente que haya aceptado nuestra enmienda, porque creo que vamos andando en el
mismo camino.
La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor González.
El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señores diputados, bienvenida sea esta proposición no de ley propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con respecto al acceso a los estudios universitarios de carácter
oficial de aquellos ciudadanos mayores de 45 años, contemplado en el Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por cierto, es 2003, no 2004, como aparece en la proposición no de ley, en el texto que nos han mandado, aprobado en el Consejo de
Ministros de 19 de diciembre de 2003. Sea bienvenida por dos razones, evidentemente ya incluidas en muchas de las que ha dado tanto la portavoz de Convergència i Unió como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. La primera, porque estamos
en septiembre de 2005, han pasado ya muchos meses y no se ha desarrollado lo estipulado en el citado real decreto por parte del actual Gobierno, o al menos nosotros desconocemos, y parece que lo desconocemos bien, como grupo parlamentario
proponente, cualquier acción concreta en este aspecto, lo que sin duda desde la oposición estamos obligados a denunciar. La segunda porque gracias a ella volvemos a ilusionar a todas aquellas personas que se encuentran en esta situación y pueden
resolver su trayectoria académica, como también se ha expuesto exhaustivamente tanto por la portavoz de Convergència i Unió como por el portavoz del Grupo Socialista.
Desde luego, aunque estamos todos de acuerdo y estamos todos informados de lo que estamos hablando en el día de hoy en esta proposición no de ley, debería hacer algunas brevísimas referencias a las mismas, aunque también se han comentado
anteriormente, porque desde mi grupo parlamentario requieren una brevísima información. La universidad española necesita integrarse de forma mucho más directa en la sociedad de la que se nutre, se financia y en definitiva se debe. De ahí que, al
margen del acceso a la universidad a través del bachillerato, como se ha expuesto anteriormente, se encuentre otra modalidad ya consolidada en el mundo universitario, como es la del acceso a las diferentes carreras universitarias de los mayores de
25 años, que cumple con un objetivo social y académico aceptado por todos, y cuyas
últimas mejoras en las mismas pruebas de acceso han asegurado un mejor control y rigor de aquellas personas que las superan cada año. Siguiendo con este criterio de acercar lo académico y universitario a la sociedad, surgió el anteriormente
comentado real decreto, pues se consideró muy oportuno y razonable que hombres y mujeres, especialistas y expertos de diversos campos profesionales, pudieran obtener la opción de matricularse en licenciaturas y diplomaturas, según la terminología
actual en vigor, vinculadas con su actividad profesional, y lograr de esta manera un reconocimiento académico. Sin duda alguna, ello permitiría mitigar errores del pasado y corregir deficiencias estructurales, dado que según los estudios referidos
a esta temática, como se ha dicho también anteriormente, en el corte generacional de 45 y más años, la presencia de titulados universitarios es en España inferior a la de en otros países europeos. Por tanto, y como dijo el anterior secretario de
Estado de Universidades en esta misma Comisión, don Julio Iglesias de Ussel, cualquier medida que se destine a facilitar racional y equilibradamente y con las pruebas necesarias ese destino será una decisión correcta -insisto, y con las pruebas
necesarias-, dado que el Partido Socialista Obrero Español cuando se planteó toda esta temática en la legislatura anterior argumentaba que no existían esas pruebas, lo cual obviamente no es correcto. Por todo ello, señorías, la disposición segunda
del Real Decreto 1742/2003 establece que los mayores de 45 años que deseen cursar estudios universitarios de carácter oficial podrán acceder a la universidad, y esto voy a leerlo otra vez aunque ya se ha dicho, porque lo consideramos muy importante,
de acuerdo con el procedimiento específico de admisión que establezca el Gobierno, valorando especialmente la experiencia laboral o profesional del candidato o candidata, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, y obligando a las
comunidades autónomas -repito, obligando a las comunidades autónomas- a enviar anualmente al Consejo de Coordinación Universitaria la relación de las enseñanzas de carácter oficial y el número de las plazas previstas para cada una de ellas.
Hasta aquí, aceptando las lógicas diferencias entre las opiniones que puedan tener los distintos grupos políticos sobre esta opción, que permite subsanar, como ya he dicho, deficiencias estructurales, por lo que supongo obviamente que todos
estaremos de acuerdo con sus bondades, mis argumentos sobre la realidad de la situación llevada a cabo por el actual Gobierno y el grupo político socialista que la apoya no pueden ser más que frustrantes y negativos. Desde luego, con el optimismo
antropológico solo no se puede gobernar ni gestionar, y menos en los aspectos educativos, donde cada vez las críticas desde dentro y desde fuera de este país son más tristes y pesimistas antropológica y académicamente hablando. No se ha hecho nada
en todo este periodo legislativo con respecto al acceso de los mayores de 45 años, las universidades desconocen cualquier normativa a este respecto, no debiéndose confundir lo regulado con este real decreto ni con las aulas de formación permanente
desarrolladas, por ejemplo, por la Universidad Carlos III para mayores de 45 años, específicamente para mayores de 45 años, pues forman parte de las enseñanzas no regladas de esta universidad, ni con las aulas de mayores o de las experiencias, según
las denominaciones de cada universidad, ya que tampoco son enseñanzas oficiales, aunque sí tienen una importantísima acción social y académica.
Desconocemos asimismo si las comunidades autónomas han enviado los títulos y las plazas concedidas para
este fin, a requerimiento del Gobierno como quedó estipulado en el Real Decreto. No sabemos, en fin, después del tiempo transcurrido, como dice la proposición no de ley, si el Gobierno tiene previsto proceder al desarrollo del mencionado
procedimiento para regular el acceso a la universidad para los mayores de 45 años, o, simple e irresponsablemente, eliminarlo.
En definitiva, nos encontramos con un claro incumplimiento por parte del actual Gobierno de lo establecido en el Real Decreto 1742/2003, impidiendo que un colectivo de personas pueda acceder a la universidad después de años de trabajo
profesional, al no elaborar algo tan básico como es el procedimiento específico de admisión para todas las personas mayores de 45 años que cumplan los requisitos que se estipulen y aprueben las pruebas que con todo rigor se diseñen. Por ello, pues,
el Grupo Popular apoya la proposición no de ley planteada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), y no vemos inconveniente en la elaboración del procedimiento específico, siempre que se tenga voluntad política para desarrollarlo, y por eso
insisto en el procedimiento específico. De ahí que ante la propuesta de la enmienda del Grupo Socialista el Grupo Popular no tenga más remedio que abstenerse, lo cual consideramos que es una mala noticia, sobre todo para todas aquellas personas que
están ilusionadas con la propuesta que ponía en vigor el Real Decreto 1742/2003. Considero, y esto se lo digo al portavoz del Grupo Socialista, que estamos también en el mismo camino, tal vez vamos por sendas distintas, pero en el mismo camino,
como es que esta formación continua que tiene que desarrollar cualquier ciudadano y ciudadana del Reino de España pueda tener cabida en esta opción que proponía este real decreto para los mayores de 45 años. Estoy convencido de que el camino nos va
a llevar al mismo fin, al mismo objetivo, aunque las piedras que se pongan o las bonanzas que haya en el camino puedan ser distintas para unos y para otros.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE HOMOLOGAR CON LA UNIÓN EUROPEA DETERMINADAS PROFESIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001216.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la
necesidad de homologar con la Unión Europea determinadas profesiones.
Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra para defenderla la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: El ingreso de España en la Unión Europea ha sido importantísimo para nuestro país desde casi todos, por no decir todos, los ámbitos. El económico, puesto que nos ha permitido acelerar nuestro crecimiento, y con él
mejorar las importantes infraestructuras que tenemos y que son evidentes; también en el ámbito sociolaboral, pues todos conocemos la movilidad y los flujos económicos que se producen entre los diferentes países. En este sentido, sabemos que la
Unión Europea presenta infinidad de oportunidades, tanto desde el punto de vista global como si descendemos a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Así percibimos que la movilidad que se viene produciendo dentro de los diferentes países que forman
la Unión Europea hace más que incrementarse.
Muchos europeos deciden tomar este camino y aprovechar las oportunidades que se ofrecen fuera de sus fronteras, tanto para un mayor desarrollo personal como profesional. Esta experiencia, que muchos
deciden afrontar, tiene cada vez una mayor demanda en los entornos profesionales, dado que la economía se desenvuelve cada vez más en un entorno internacional, y consecuentemente los empleadores solicitan para los puestos de trabajo experiencias lo
más amplias posibles. Por otra parte, existen grandes bolsas de trabajo en algunos países de nuestro entorno que suponen buenas y muchas oportunidades también para profesionales españoles y que dinamizan de esta manera los mercados de trabajo,
siendo en muchos casos de gran interés profesional para muchos españoles. Sin embargo, para poder ejercer un trabajo fuera de nuestras fronteras, dependiendo de las profesiones de que se trata, puede ser necesario el reconocimiento a efectos
laborales de la titulación correspondiente, sin la cual no es posible trabajar fuera de España.
Nos referimos, como SS.SS. saben, a sectores específicos, puestos, muchos de gran responsabilidad, donde los conocimientos requeridos han de quedar, como es lógico, respaldados por determinados títulos. Este es el caso de las titulaciones
sanitarias, que requieren esta exigencia para poder ejercer en otros lugares, y que señalamos en nuestra proposición no de ley. ¿Por qué los títulos españoles a los que nos referimos no tienen el reconocimiento correspondiente para ejercer la
profesión fuera de nuestro país? La respuesta, señorías, yo estoy segura de que todos la conocen, y es evidente, las titulaciones similares en la mayoría de los países de la Unión Europea exigen tres o más años de formación, requisito que no se
cumple en nuestro caso. Por ello, y este es el objeto también de nuestra proposición no de ley, para alcanzar la equiparación es necesario ampliar en primer lugar los periodos formativos existentes en las mismas, y adaptarlos también a los
requerimientos europeos. Ello conllevaría, entre otras cosas, una formación completa en ciencias básicas y aplicadas, lo que permitiría a los profesionales asumir los cambios constantes que se van generando en la tecnología sanitaria, y aumentar
así también sus capacidades profesionales.
Existen, como adelantábamos, varias titulaciones dentro de este sector con una importante demanda fuera de España, que en la actualidad no están homologadas para trabajar en los países de la Unión Europea. Son, entre otras, posiblemente
incluso hay algunas más, las titulaciones de técnico superior de anatomía patológica y citología, técnico superior en imagen para el diagnóstico, técnico superior en laboratorio y diagnóstico clínico y técnico superior en radioterapia, entre otras.
A estos profesionales les es imposible desplazarse hoy día a trabajar fuera de nuestras fronteras, incluso a Portugal, donde sabemos que más de 200 profesionales, entre ellos muchos gallegos que se han dirigido a la diputada que les habla, han
perdido la oportunidad de desempeñar un puesto de trabajo. La incorporación laboral no se logra porque no están adecuados a las directivas también europeas 1989/48, 1992/51, y como consecuencia existen importantes diferencias con los títulos
europeos. El Grupo Popular considera que ha llegado el momento de realizar las reformas necesarias en las titulaciones arriba señaladas de la familia profesional sanitaria y que tienen este problema. Todos sabemos perfectamente, lo conocemos muy
bien en esta Comisión de Educación, el momento de reformas educativas en el que estamos claramente inmersos en nuestro país; por lo tanto es, y todos lo entenderán así, una buena oportunidad para solventar esta cuestión.
Me permiten que les diga que, no obstante lo señalado, también es ampliamente reconocido a nivel internacional la profesionalidad y la buena preparación de los profesionales españoles. Así ha quedado y queda reflejado en múltiples congresos
europeos, en donde se reconoce la capacidad de esta gente, la profesionalidad, pero solo -esa es una realidad- si se produce la modificación de las titulaciones se alcanzará esa igualdad de oportunidades para que estos profesionales españoles puedan
trabajar y estén en igualdad frente a sus colegas europeos. No podemos olvidar tampoco, y me gustaría recordarlo aquí, que el hecho de lograr un mayor grado de homologación de nuestras titulaciones también supondrá atraer a estudiantes extranjeros
a nuestros centros de formación, con los efectos positivos que a la larga eso supone. España es uno de los destinos, yo creo que de ello nos debemos de congratular, preferidos para muchos estudiantes europeos. Si a este hecho le unimos la
posibilidad también de homologar esas titulaciones impartidas en nuestro territorio en su país, serán más los que se decidan por España para realizar su formación. No podemos, por último, olvidar que la orientación impartida por la Unión Europea en
materia educativa es promocionar la movilidad de los ciudadanos, desarrollar la capacidad de los mismos para la obtención de empleo y un afán de continuar, en definitiva, con esa integración
y con ese fortalecimiento de la Unión. Dentro de esta línea de trabajo debemos englobar por lo tanto nuestra iniciativa, que pretende buscar ese reconocimiento al que hacemos referencia y que sirve para dar cumplimiento a los objetivos
mencionados.
Por último, señora presidenta, siendo la sanidad la principal fuente de gasto de nuestro país, y este tema está, como saben, de plena actualidad, donde la inversión en equipos es alta, parece lógico que se requiera de los profesionales
sanitarios la más alta cualificación posible, que con esta reforma también se alcanzaría, y que, por otra parte, señorías, hay que decirlo, es una demanda de estos profesionales. Estos profesionales han hablado con el Grupo Popular, los hemos
escuchado, y hemos visto cuál es su empeño, y al fin y al cabo yo creo que nuestro grupo considera que es justa su reclamación y que además redundará en beneficio de toda la sociedad española, que estoy segura es el objetivo que nos mueve a todos
los grupos que estamos en esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Casaus.
La señora CASAUS RODRÍGUEZ: El Grupo Parlamentario Socialista considera la homologación de los títulos de la formación profesional dentro de un marco de ordenación del sistema integral de la formación profesional, tanto de las
cualificaciones como de las acreditaciones, y debe dar además una respuesta adecuada a todas aquellas demandas que en materia de recursos humanos se plantean hoy dentro del mercado laboral. La formación profesional hemos de entenderla, por un lado,
como una etapa que dé respuesta a la consecución de los objetivos que vienen marcados por las políticas activas de empleo. Por otro lado, la formación profesional debe fomentar y facilitar la movilidad de los trabajadores y las trabajadoras.
Además, debe contribuir a la extensión de la formación continua a lo largo de la vida, y facilitar a todos los ciudadanos información y orientación sobre las oportunidades de aprendizaje y formación para el empleo. Esta manera de entender la
formación profesional es la que nos va a permitir dar respuesta a la sociedad en que vivimos, una sociedad en continuo proceso de innovación y de cambio. Dentro de ese cambio al que nos debemos de adecuar, estamos ahora inmersos en un proceso de
reforma de titulaciones en el marco del espacio europeo de educación superior.
Así pues, en virtud de la supresión entre los Estados miembros pertenecientes a la Unión Europea de posibles obstáculos a la libre circulación, se adoptó el pasado 6 de
junio de 2005 un acuerdo que da lugar a la nueva directiva sobre el reconocimiento de cualificaciones profesionales, cuyo objetivo es establecer las normas por las cuales se garantiza a las personas que han adquirido sus cualificaciones en un Estado
miembro, poder acceder y ejercer la profesión en cualquier Estado miembro con los mismos derechos y deberes. Hay que tener en cuenta, además, que las titulaciones de la formación profesional, y en concreto la oferta de la Administración educativa,
deben estar orientadas, programadas y desarrolladas en el marco del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional, y de acuerdo con el Catálogo nacional de cualificaciones, según lo que establece la Ley 5/2002, de las cualificaciones y
la formación profesional. ¿Y cómo se adecua a la nueva situación de la enseñanza superior europea? El Gobierno está trabajando ya en dos vías. Por un lado, la homologación de titulaciones de la formación profesional a través de los reales
decretos que el propio Consejo de Ministros aprueba, como ya ha hecho el pasado 16 de septiembre, y por otro, en el ámbito universitario, con los nuevos grados que posibilitan a los profesionales acceder a cualquier Estado de la Unión Europea en
igualdad de condiciones y con un título que les permita la movilidad académica y profesional, y ejercer su profesionalidad en cualquier Estado miembro. Trabajando en esta primera línea, el Consejo de Ministros, ya el pasado 16 de septiembre aprobó
un real decreto en el que se añaden 65 nuevas cualificaciones profesionales al Catálogo nacional de cualificaciones profesionales que ya existía, catálogo cuya función es la de ordenar y definir la oferta de formación profesional. El Gobierno así,
a través del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, amplía el catálogo actual, que consiste en 97 cualificaciones, con el objetivo de dar una respuesta adecuada a las demandas que en materia de
cualificación de recursos humanos plantea la dinámica del mercado laboral actual. Dentro de ese real decreto de 16 de septiembre se recogen ya algunas de las cualificaciones que aquí hoy se plantean. Así pues, como ya he indicado a lo largo de
toda mi exposición, el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales sirve para posibilitar la integración de las ofertas de formación profesional, adaptarlas a colectivos con necesidades específicas y promover la formación a lo largo de la
vida, con el fin de que los recursos humanos del país se adecuen a la demanda del sistema productivo. Además, el catálogo sirve para facilitar la movilidad de los trabajadores y la unidad del mercado de trabajo de la Unión Europea. El contenido
del real decreto aprobado por el Gobierno, del que ya he hecho mención, así como los anexos incluidos, han sido elaborados por el Instituto Nacional de las Cualificaciones mediante la metodología aprobada en el propio seno del Consejo General de la
Formación Profesional, seno integrado paritariamente por las organizaciones empresariales, sindicales y por la propia Administración, junto con la participación de las comunidades autónomas, las administraciones públicas competentes, los agentes
sociales, económicos y productivos. Por tanto, consideramos que no es este el lugar de debatir esta proposición no de ley que se plantea hoy aquí.
En respuesta a la pregunta planteada de la portavoz del Grupo Popular de por qué no se cumple o por qué no cuentan con los requisitos necesarios estas titulaciones hoy, cabría hacer la reflexión de que en los últimos ocho años la formación
profesional no ha tenido el impulso que pudo tener, que ahora sí se está trabajando
en esta línea y está en el lugar donde debe estar, en el seno participativo y dinámico del Consejo General de la Formación Profesional, consejo que además se tiene que ir adaptando a las nuevas situaciones europeas. No es un proceso
cerrado, sino que es un proceso abierto y dinámico. Por tanto, hemos presentado la siguiente enmienda a esta proposición no de ley, cuya redacción hemos cambiado de acuerdo con la portavoz del Grupo Popular, y quedaría de la siguiente manera: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, previa consulta a las comunidades autónomas, el diseño de los aspectos básicos y los títulos de los estudios de especialidades de la familia de sanidad de la actual formación profesional, tanto
en el ámbito de las cualificaciones profesionales como en el de la nueva regulación de los títulos universitarios, para elaborar un currículo de estas enseñanzas homologable en los países europeos.
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Únicamente para manifestar que desde Convergència i Unió vamos a apoyar esta iniciativa, ya que nos parece fundamental abordar estas reformas que permitan la homologación de las titulaciones españolas a un
colectivo de cuyos servicios realmente hay una demanda importante en Europa y que tenía esta dificultad. Con esta iniciativa se va a dar respuesta satisfactoria a las peticiones que han llegado a todos los grupos, lógicamente también al nuestro, de
estos colectivos que, como se ha señalado también aquí, están bien preparados y hacen un buen trabajo reconocido como tal allá donde lo ejercen. Por lo tanto, nos congratulamos además de que se haya podido llegar a una solución satisfactoria y que
se haya llegado a un texto que todos podamos votar.
La señora PRESIDENTA: Señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señora presidenta, aunque efectivamente es cierto lo que ha dicho la portavoz socialista, me gustaría que me diera un minuto para decir que acepto.
La señora PRESIDENTA: Por supuesto.
La señora SAINZ GARCÍA: Efectivamente, nuestro grupo acepta esta enmienda que ha presentado con esa transaccional a la que hemos llegado, que en el fondo recoge lo mismo que nosotros decimos. Me alegro de que el Grupo Socialista también en
ese empeño esté y coincidamos todos en ese objetivo que seguro, lo decía al final de mi intervención, compartíamos todos los grupos, como ha quedado de manifiesto.
La señora PRESIDENTA: Terminado el debate de las proposiciones no de ley, convocamos votación a las doce y cuarto, como habíamos quedado. Por favor, ruego a los portavoces de grupo presentes que se acerquen un momentito para consultar una
convocatoria. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Va a comenzar la votación de las proposiciones no de ley aparecen en el orden del día distribuido.
En primer lugar la proposición no de ley para el establecimiento de medidas que potencien la dimensión europea en la educación, que se somete a votación en los términos resultantes del debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos en segundo lugar la proposición no de ley para el establecimiento de la especialidad de dirección de banda en el grado superior de las enseñanzas de música, que se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 20; abstenciones dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos en tercer lugar la proposición no de ley sobre promoción del despliegue de procedimientos de acceso a la universidad para los mayores de 45 años, que se somete a votación en los términos de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos en cuarto lugar la proposición no de ley de la modificación de las bases de las convocatorias de becas posdoctorales Mec/Fulbright, y ayudas de programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, que se somete a votación en sus propios
términos.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos por último la proposición no de ley sobre necesidad de homologar con la Unión Europea determinadas profesiones, que se somete a votación en los términos de la aceptación de la enmienda socialista con la corrección introducida en el
debate.
Efectuada la votación, dijo.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.