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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 348, de 21/09/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 348
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 20
celebrada el miércoles, 21 de septiembre de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de dos administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la Seu d'Urgell y en Tàrrega. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/000972.) ... (Página 2)
- Sobre extensión de la aplicación de la orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1635/2005, de 2 de junio, al cultivo de los cítricos en la provincia de Castellón. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número
de expediente 161/001111.) ... (Página 5)
- Sobre medidas para paliar las periódicas escaladas de gasóleo agrícola.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
(Número de expediente 161/000325.) ... (Página 7)
- Sobre tributación de los trabajadores de nacionalidad española residentes en el Principado de Andorra. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/001128.) ... (Página
12)
Comparecencia del señor presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Conthe Gutiérrez) para dar cuenta del informe anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados de valores, de conformidad con
lo previsto en el artículo 13 de la ley 24/1998, del mercado de valores. Por acuerdo de la Comisión. (Número de expediente 212/000698.) ... (Página 15)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: En esta primera parte de la sesión tenemos que debatir y, en su caso, votar cuatro proposiciones no de ley, por lo que podemos estimar la hora de votación hacia las doce menos cuarto. A las doce continuará la sesión
con la comparecencia del presidente de la CNMV.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A IMPULSAR LA CREACIÓN DE DOS ADMINISTRACIONES DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN LA SEU D'URGELL Y EN TÀRREGA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/000972.)
El señor PRESIDENTE: En el orden del día tenemos, en primer lugar, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de dos administraciones
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la Seu d'Urgell y en Tàrrega.
Tiene la palabra, señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: La proposición no de ley que presenta nuestro grupo es un nuevo recordatorio al Gobierno y es la reiteración de una petición que el 6 de febrero de 2002 hizo el propio Grupo Socialista, en la que intervinieron las
señoras Cunillera y Fernández de la Vega, que solicitaba la creación de estas administraciones tributarias en las provincias de Lleida y de Segovia; hoy reitero la solicitud de nuestro grupo para la provincia de Lleida. La provincia de Lleida
ocupa el 33 por ciento de la superficie de Cataluña y tiene muy poca población, lo que supone que sus habitantes tengan que recorrer grandes distancias para poder obtener los servicios de la Administración. En casos similares como la provincia de
Orense, que tiene 340.000 habitantes y 7.200 kilómetros cuadrados; Palencia, que tiene 173.990 habitantes y 8.052 kilómetros cuadrados; Zamora, que tiene 198.524 habitantes y 10.561 kilómetros cuadrados, sí tienen administraciones tributarias,
frente a la provincia de Lleida que, con más de 360.000 habitantes y 12.028 kilómetros cuadrados, no tiene ninguna administración tributaria fuera de la capital de la provincia.
Nuestra proposición se basa en la existencia de dos zonas diferenciadas en la provincia, la plana y la montaña, y tiene como objetivo configurar unas zonas administrativas en un polo extremo hacia la provincia de Barcelona, como la ciudad de
Tàrrega, y un polo en la montaña, en un punto neurálgico donde se produce también una situación muy especial, y me refiero específicamente a la Seu d'Urgell. Tàrrega tiene influencia sobre unos 75.000 habitantes, tiene incidencia sobre 5.000
licencias afectadas, y en el año 2002 la respuesta que tuvieron los solicitantes giró alrededor de la necesidad de implantación de gestión electrónica, de pagos por internet y de un plan de reestructuración. Pero hoy, cuando esto ya está implantado
y los sistemas funcionan, de hecho el ciudadano no ha visto nada nuevo. Posiblemente, en el día de hoy aparecerán en la prensa de la provincia de Lleida unas declaraciones del alcalde de Lleida en las que afirma que ha recibido una comunicación
telefónica por la que la Administración de Hacienda le comunica la voluntad de abrir una agencia tributaria en Tàrrega. De ahí, la inoportunidad o la oportunidad, como se quiera, de esta proposición no de ley.
En segundo lugar, en la Seu d'Urgell, donde residen 30.000 ciudadanos españoles que trabajan en Andorra y tienen que cumplir con sus obligaciones tributarias en España, sería muy bien recibida la apertura de una agencia tributaria. Según
informes oficiosos, la voluntad del Gobierno es abrir un centro de la Administración del Estado en la Seu d'Urgell en el que se incluya policía, aduanas y también esta agencia tributaria para resolver los problemas de unos ciudadanos que se
encuentran a más de 140 kilómetros, con una carretera
frecuentemente colapsada por los turistas que van a esquiar en invierno.
La necesidad de estas dos agencias tributarias es vital y nos congratulamos de que haya esta sensibilidad. Por ello, agradeceríamos a los diferentes grupos que apoyaran esta proposición no de ley con el fin de acelerar en lo posible la
realización de una vieja demanda, que en el caso de los ciudadanos de la Seu d'Urgell es muy acuciante y en el caso de Tàrrega supondría plasmar en la realidad una situación existente, puesto que la Cámara de Comercio de Tàrrega hace años que viene
cediendo a la Administración Tributaria oficinas para poder prestar los servicios de información en las declaraciones del IRPF, y el ayuntamiento hace tiempo que ha ofrecido los terrenos para ubicar estas oficinas. Además, nos consta que por parte
del Ministerio de Hacienda existen todos los condicionantes positivos para la apertura de estas dos administraciones tributarias. Por tanto, reitero nuestra proposición no de ley y espero que esta intervención de hoy sirva para que se haga realidad
la implantación de estas oficinas y este servicio a los ciudadanos, que de alguna forma es una aproximación del servicio y, como se ha reiterado en las diferentes conversaciones que se han mantenido con el Ministerio de Hacienda, no supone aumentar
la inspección ni el control de los ciudadanos, sino aumentar la voluntad de servicio. En esto estamos y espero que SS.SS. lo valoren.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Como bien comentaba el señor Grau, ponente de esta proposición no de ley, estamos frente a una demanda ya antigua, una demanda que hicieron conjuntamente la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Tàrrega en una carta
dirigida a Hacienda en septiembre de 2001, si no recuerdo mal, en la que se pedía la implantación de una agencia tributaria en la ciudad de Tàrrega, así como también ha sido una reivindicación histórica del Ayuntamiento de la Seu d'Urgell. En
Tàrrega, como también comentaba el señor Grau, ha habido una disponibilidad por parte de la cámara de comercio, que ofreció sus instalaciones de manera temporal para poder ubicar esta agencia tributaria, así como por parte del antiguo equipo de
gobierno del ayuntamiento, que ofreció los terrenos para poder construir un edificio nuevo para la agencia tributaria.
El nuevo equipo de gobierno ha mantenido conversaciones directas con la Delegación de Hacienda en Lleida. Siempre se nos ha comentado que los informes que se han presentado al ministerio han sido positivos y que desde la delegación de
Hacienda también se veía indispensable que se pudieran crear esas dos nuevas agencias tributarias, porque es una delegación que abarca una extensión kilométrica muy amplia, como especifica la exposición de motivos de la proposición no de ley, con un
número de ciudadanos muy importante, por lo que a nivel operativo se hacía necesaria la creación de estas nuevas agencias tributarias.
Desde el Ayuntamiento de Tàrrega, del cual este diputado es teniente de alcalde, vemos imprescindible que se acelere la apertura de una agencia tributaria en Tàrrega, pero también le quiero comentar al señor Grau que esta es una proposición
no de ley que tiene el éxito asegurado. Aunque no se aprobara hoy esta proposición no de ley, con los informes positivos que se han presentado en la delegación de Lleida y con el beneplácito del ministerio, que estaba pendiente de un estudio para
decidir cuáles son las nuevas agencias tributarias o subdelegaciones que se tenían que presentar, repito, esta proposición no ley tiene el éxito asegurado.
Nuestro grupo va a votar favorablemente -cómo no- porque creemos que eso tiene que ser así. No obstante, el señor Grau comentaba que esta mañana ha salido en la prensa que el alcalde de Tàrrega había recibido ya una confirmación no oficial,
pero sí oficiosa, de que el ministerio va a implantar esta subdelegación de la Agencia Tributaria en la ciudad de Tàrrega. Esperemos que esta decisión sirva también para la ciudad de la Seu. Comentaba también el señor Grau la importancia
estratégica que tiene la Seu al tener una posición transfonteriza con el Principado de Andorra y por eso tiene que tener en breve esa subdelegación de la Agencia Tributaria.
Señor presidente, como he comentado, nuestro grupo votará afirmativamente.
En Esquerra Republicana y en el Ayuntamiento de Tàrrega nos congratulamos de que esa subdelegación de la Agencia Tributaria sea una realidad en breve y que podamos
tener mejor servicio para todos los ciudadanos de Tàrrega y de toda la comarca.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Para fijar la posición del Grupo Popular sobre esta iniciativa es necesario, a nuestro juicio, analizar datos objetivos que nos lleven a adoptar una postura que permita conjugar uno de los objetivos fundamentales de
la Agencia Tributaria, cual es facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con los necesarios principios de eficiencia y eficacia que deben presidir todas las actuaciones de la Administración pública. Del análisis
de los datos de población y superficie de otras provincias españolas, parece desprenderse que existen numerosos ejemplos donde con un número de habitantes y una superficie similar a la de Lleida la Agencia Tributaria posee un mayor número de
administraciones tributarias. Así, se pueden citar varios ejemplos, entre ellos Salamanca, Burgos, Palencia, Lugo, Orense, Albacete o Cuenca, donde además de la delegación existen varias oficinas de la Agencia Tributaria situadas en el territorio
de sus provincias.
Por otro lado, si analizamos datos referentes a la recaudación tributaria distribuida por provincias, según los datos publicados por la propia Agencia Tributaria, que pueden ser indicativos del volumen de trabajo y de
expedientes que pueden tener en estas oficinas, del último informe anual de recaudación parece desprenderse que por el volumen de ingresos que se gestionan en las diferentes provincias tampoco se justifica que no existan oficinas de la
Agencia Tributaria distribuidas en otros lugares geográficos de Lleida distintos de su capital. Lleida recauda, según este informe, casi 600 millones de euros anuales, mientras que algunas de las provincias citadas anteriormente como Lugo u Orense
obtienen una recaudación de alrededor de 300 millones de euros. Burgos, por ejemplo, 550 millones de euros, o Albacete, 370 millones de euros. Citamos solo algunos de los ejemplos en que se posee más de una administración de la Agencia Tributaria
con una recaudación menor y un volumen de trabajo menor, en principio. Aunque la recaudación obtenida no tiene una relación directa con el número de expedientes y con el volumen de trabajo que se gestiona en estas oficinas, porque no siempre una
mayor recaudación implica una mayor carga de trabajo, sin embargo, sí existe por lo general una relación que en este caso parece poner de manifiesto la necesidad de una mayor descentralización de las oficinas de la Agencia Tributaria en el
territorio de Lleida.
Señorías, uno de los principales objetivos de la Agencia Tributaria desde su creación es su compromiso de servicio al ciudadano, para facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y canalizar así el esfuerzo de todos
hacia un mayor progreso y bienestar social. Los ciudadanos deben contar con unos buenos servicios de atención e información que faciliten su obligación constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. La Agencia Tributaria ha
puesto gran parte de sus esfuerzos en esta tarea de asistencia al contribuyente, destacando la labor que se ha impulsado desde el Gobierno del Partido Popular en los años en que ha tenido la oportunidad de gobernar, en que se ha impulsado
sobremanera la implantación del programa Padre, habiéndose efectuado más de siete millones de declaraciones a través de este programa. Destacan también servicios que se pusieron en marcha y se impulsaron por los gobiernos del Partido Popular, como
el envío de datos fiscales a los contribuyentes, el envío del borrador de la declaración, así como la tramitación telemática de las declaraciones y el pago por internet. Es indudable que el esfuerzo de la Agencia Tributaria por la incorporación de
las nuevas tecnologías en la tramitación y presentación de la declaración ha contribuido enormemente a ayudar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, pero también es cierto que muchos ciudadanos, menos familiarizados con las
nuevas tecnologías, necesitan tener una atención personalizada y unas oficinas donde poder obtener una información tributaria, un asesoramiento, solicitar certificados tributarios, una ayuda para confeccionar su declaración de la renta o simplemente
la forma de presentar un recurso o reclamación. Todas estas labores necesitan una atención personalizada que muchas veces, aunque se pueda realizar a través de internet, no siempre están al alcance de todos los ciudadanos. Por ello, consideramos
importante la implantación territorial de las oficinas de la agencia a lo largo de todo el territorio y, por ello, nuestro grupo comprende y apoya esta iniciativa. Por otro lado, debemos recordar aquí que la reorganización de la Administración
territorial de la Hacienda pública fue regulada por un real decreto del año 1979, como consecuencia de la reforma tributaria que se llevó a cabo en el año 1978 con las Leyes del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades. El nuevo
sistema tributario se formuló sobre la base de los impuestos personales en el ámbito de la imposición directa y de los impuestos sobre el consumo en el ámbito de los indirectos. A esas nuevas necesidades respondió la nueva organización territorial,
que tuvo como líneas fundamentales el acercamiento de la Administración al contribuyente para lograr un mejor conocimiento de la realidad y estimular una mayor colaboración de éstos y la determinación de la competencia territorial sobre la base de
la localización de los sujetos pasivos que se determina por su domicilio fiscal. Se sentaron así las bases de la actual organización territorial de la Agencia Tributaria, que está establecida a través de delegaciones especiales de Hacienda,
delegaciones de Hacienda y administraciones de Hacienda, estas últimas administraciones con un ámbito territorial más reducido, inferior a la provincia, para responder a la necesidad de acercamiento de la Administración tributaria a los
contribuyentes, reforzando la operatividad de las delegaciones de Hacienda en la aplicación de los tributos.
La necesidad de adaptar la estructura territorial a las nuevas necesidades, ha llevado recientemente a la publicación de la resolución de 21 de septiembre de 2004 de la presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde
quedan reguladas estas administraciones de la agencia. Quiero manifestar en esta Comisión mi sorpresa de que el nuevo Gobierno haya prometido la apertura de estas administraciones, particularmente en el caso de Tàrrega y con dudas en la Seu
d'Urgell, cuando esta resolución se ha publicado hace un año, estando en el Gobierno ya el Partido Socialista, y en ella se establecen todas las administraciones de la Agencia Tributaria distribuidas en el territorio español y no aparecen en esa
relación. O sea, si prosperara hoy esta iniciativa, como así esperamos que sea, sería necesario que modificaran dicha normativa.
Señorías, de todo lo expuesto se deduce que nuestro grupo nunca se opondrá a iniciativas que, como esta que plantea Convergència i Unió hoy, impulsen la creación de nuevas administraciones que por el volumen de expedientes gestionados o por
la proximidad geográfica aconsejen su creación para una mayor eficacia y un mejor servicio al contribuyente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Farrera.
La señora FARRERA GRANJA: Como muy bien viene reflejado en la proposición no de ley que presenta
hoy Convergència i Unió, diversas son las asociaciones económicas, sociales y políticas que han venido reclamando la necesidad de que la provincia de Lleida disponga de varias delegaciones descentralizadas de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria. Hago esta introducción porque el Grupo Parlamentario Socialista, el 21 de noviembre de 2000, presentó una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Economía con el mismo objetivo, proposición no de ley que
fue rechazada por 12 votos a favor y 20 en contra. Por tanto, el Grupo Socialista viene reiterando esta petición desde hace tiempo. El Gobierno socialista siempre ha tenido como prioridad acercar los servicios a los ciudadanos, descentralizando
los mismos cuando determinadas circunstancias lo requieran y cuando además se conoce la necesidad y la demanda de los ciudadanos afectados. La Agencia Estatal de Administración Tributaria es uno de los órganos de la Administración General del
Estado, a través de la cual se exige al ciudadano el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, siendo por tanto un órgano al que los ciudadanos deben dirigirse con frecuencia. Debe responder, pues, a la necesidad de un mayor control, de más
transparencia y una mayor garantía de las actuaciones de la Administración hacia los ciudadanos. Con el nuevo modelo de regionalización de competencias abierto este año se completará el proceso de reorganización de los servicios territoriales de la
agencia, con lo cual se dará respuesta a los problemas de los ciudadanos, sirviendo con objetividad a los intereses generales.
La provincia de Lleida tiene unos 380.000 habitantes, una extensión de unos 12.000 kilómetros cuadrados y una particularidad, la distancia que hay entre la capital de provincia, las capitales de comarca y los distintos pueblos que configuran
dichas comarcas, que presentan serias dificultades de desplazamiento y con medios de transporte públicos muchas veces insuficientes para poder realizar los desplazamientos necesarios que se requieren para recibir la prestación de un servicio público
necesario. Con la creación de dos administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una en Tàrrega y otra en la Seu d'Urgell, se contribuiría, por una parte, a la descentralización del territorio, facilitando que todo ese sector
económico pueda tener unas relaciones eficaces y fluidas con la Hacienda pública y, por otra, cumplir la obligación contraída por el Gobierno de prestar más y mejores servicios a los ciudadanos y ciudadanas teniendo en cuenta las características de
población, las características geográficas, climatológicas y económicas de una provincia en la que es necesario asentar su población para evitar la desertización que se está produciendo.
La provincia de Lleida fue la que vio más mermada la inversión pública de la Administración Central, tanto en infraestructuras como en los sectores productivos, económicos y sociales, durante el mandato del Partido Popular. Por tanto, es
evidente que, si se produjera esa descentralización, los ciudadanos que viven en la provincia de Lleida no se sentirían discriminados respecto a otras provincias que sí disfrutan de esa política de descentralización y se les atendería con la
eficacia que requiere la prestación de un servicio público tan esencial. Además hay que tener en cuenta que la Seu d'Urgell es el centro neurálgico de una comarca montañosa, donde las comunicaciones no son fáciles y a veces se ven agravadas por la
climatología. Mención especial hay que hacer a los 140 kilómetros que hay de distancia entre ésta y Lleida, lo que representa perder casi un día entero para hacer cualquier gestión en la única Agencia Estatal de Administración Tributaria que tiene
actualmente la provincia. La Seu d'Urgell tiene una actividad económica relevante en el sector turístico, agrario y de servicios, se trata además de una comarca que cuenta con más de 30.000 habitantes, además de un importante número de ciudadanos
españoles que residen en el Principado de Andorra, que se encuentra a 10 kilómetros de la Seu d'Urgell, y que también podrían beneficiarse de esta nueva descentralización de la agencia.
Como puede ver, señor Grau, esta no es la Administración del Gobierno con el que ustedes iban de la mano, al que usted y su grupo apoyaban, un Gobierno insensible a las necesidades de muchos ciudadanos. Este es un Gobierno receptivo, un
Gobierno que hace suyos los problemas y las necesidades de toda la ciudadanía. Nuestro voto va a ser afirmativo, en primer lugar porque esta era y sigue siendo una reivindicación del Grupo Socialista que espero ahora sí salga adelante, y en segundo
lugar porque no queremos hacer a los ciudadanos de esta provincia ciudadanos de segunda o de tercera categoría respecto de otros que ya disponen de delegaciones de la agencia.
- SOBRE EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 1635/2005, DE 2 DE JUNIO, AL CULTIVO DE LOS CÍTRICOS EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número
de expediente 161/001111.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para promover la extensión de la aplicación de la orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1635/2005, de 2 de junio, al
cultivo de los cítricos en la provincia de Castellón. Tiene la palabra el señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: El pasado 4 de junio de este año 2005 el Boletín Oficial del Estado publicó una orden del Ministerio de Economía y Hacienda que reducía para el período impositivo del pasado año 2004 los índices de rendimiento neto en
estimación objetiva general, lo que normalmente conocemos como módulos,
en el impuesto sobre la renta de las personas físicas para actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, según decía su título, y entre estas circunstancias excepcionales, según explicaba la
exposición de motivos, se encontraban las fuertes heladas que habían acaecido en el mes de marzo, entre otras, en la Comunidad Valenciana y que habían afectado al cultivo de cítricos en la provincia de Valencia y también inundaciones acaecidas en
septiembre en diversas zonas. Luego la orden en sus anexos determinaba qué tipo de cultivos y en qué municipios de cada una de las provincias afectadas serían aplicables estos módulos.
En principio sorprende que, hablándose de las heladas acaecidas en marzo y que afectan al cultivo de cítricos en la provincia de Valencia, quedara excluida la provincia de Castellón, que sufrió temperaturas análogas a las de Valencia y que
además -estamos hablando del mes de marzo-, por tener una temporada de cosecha de la naranja más tardía que la de la provincia de Valencia, se encontraba con muchos más puntos pendientes de recolección y, por tanto, afectados en mayor cantidad. Por
otra parte, en cuanto a las inundaciones acaecidas en septiembre, en la Plana Baja, en la comarca de Castellón, fueron muy notables. De hecho, un municipio tan significativo como el de Nules, que es cabeza de partido judicial, sufrió inundaciones
importantísimas; incluso El País, el día 12 de septiembre de 2004, daba una nota extensa sobre estas inundaciones. Por tanto, sorprendía que la provincia de Castellón quedase excluida. Cierto es que no queda excluida totalmente, porque sí se
contempla la inclusión en esta rebaja de índices para los productos hortícolas prácticamente en todos los municipios de la Plana Baja, pero lo que sorprende es que en estos municipios el cultivo hortícola es mínimo; el cultivo fundamental, en
alguno de ellos prácticamente único, como en mi municipio, Burriana, es la naranja, y lo cierto es que tanto las heladas del mes de marzo como las inundaciones del mes de septiembre los afectaron.
Nosotros no entendemos muy bien por qué este olvido de la provincia de Castellón en esta orden ministerial, pero también estamos empezando a acostumbrarnos a que este Gobierno nos tenga un poco en el olvido o un poco castigados. Todo empezó
con la derogación tantas veces repetida, pero que no nos vamos a cansar de denunciar, del trasvase del río Ebro, y hoy mismo la prensa de Castellón recoge cómo el Gobierno se niega al desdoblamiento de la Nacional 340 diciendo que la haga la
comunidad autónoma. Estos días ha sido actualidad cómo, por el inmenso tráfico de esta carretera durante los meses de verano y en una zona de importancia turística, los ayuntamientos de Oropesa, Benicasim y Castellón asumieron el pago del peaje,
junto con la Diputación Provincial, de los vehículos pesados por la AP-7, cuestión de la que se desentiende el Gobierno. Estos días estamos en polémicas con la paralización que parece que pretende el Gobierno de las obras del aeropuerto de
Castellón, que es una infraestructura reivindicada por toda nuestra sociedad... En fin, de todas estas cosas podemos hablar en otras comisiones o en el Pleno de este Congreso. Volvamos a lo que nos ocupa.
No solo entendemos que hay un descontento en la provincia de Castellón por este olvido, sino también entre los agricultores en general, y hoy mismo es noticia de prensa cómo los agricultores no se sienten atendidos, están convocando
movilizaciones en Salamanca, coincidiendo con la Cumbre Iberoamericana, y en Madrid para finales de año, se quejan del encarecimiento del gasóleo agrícola, entre otras cosas. Lo curioso de todo esto es que por parte de los agricultores de Castellón
se trató de reaccionar ante esta orden ministerial. La Asociación Fepac-Asaja, a través de su presidente en Castellón, se dirigió al secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos en una carta de 6 de junio de 2005 y al subdelegado del Gobierno en
una carta del día siguiente, 7 de junio de 2005, a la que adjuntaba la que le había dirigido al secretario de Estado, y denunciaba precisamente este olvido al que me vengo refiriendo y la necesidad de que a la provincia de Castellón se aplicase
también esta orden ministerial.
Se nos acaba de decir por la portavoz socialista que el Gobierno es receptivo. Pues que lo sea también en esta cuestión y los castellonenses empezaremos a pensar que no estamos perseguidos por este Gobierno, sino que en algunos casos se nos
da la razón. Por tanto, esperamos el voto positivo para esta iniciativa que ahora hemos presentado y que ese voto sea una expresión de la receptividad del Gobierno. Es cierto que el plazo de la declaración del impuesto sobre la renta terminó hace
unos meses, pero también es cierto que, con buena voluntad por parte de la Administración tributaria, se podría ayudar a los contribuyentes que resultaran afectados a que revisaran sus declaraciones de renta, a que hicieran las correspondientes
complementarias y a que se produjesen las liquidaciones que resultarían de la aplicación de esta orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Socialista la señora García Valls.
La señora GARCÍA VALLS: En primer lugar, no sé si manifestar mi sorpresa o mi extrañeza ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión de Economía. Parece que nunca haya tenido
responsabilidades de Gobierno o que sufra algún tipo de amnesia en relación con los procedimientos para adoptar decisiones o en lo que supone la estructura territorial de nuestro Estado, el Estado de las autonomías, en el que las relaciones
interadministrativas e interinstitucionales deben ser fluidas en beneficio de la ciudadanía; puede ser también que lo que pretendan es poner en evidencia a alguien o a alguna institución en la Comunidad Autónoma Valenciana.
Nos encontramos ante una orden dictada por el Ministerio de Economía y Hacienda que, en virtud del artículo 35. 4.1 del reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas, establece que, cuando el desarrollo
de actividades económicas, a las que fuere de aplicación el método de estimación objetiva, se viera alterado por incendios inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o zona determinada, se podrán autorizar
con carácter excepcional la reducción de los signos, índices o módulos. Efectivamente la orden 1635/2005, de 2 de junio, reduce los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
Como SS.SS. bien conocen, el Ministerio de Economía y Hacienda elabora las órdenes basándose en los informes emitidos al respecto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es el que, a través de estos, determina los
ámbitos territoriales, cultivos e índices de rendimiento neto reducido. Justo en este caso, en el informe elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, no se incluían para el período impositivo 2004 los frutos cítricos en la
provincia de Castellón, a diferencia, como señalan en la proposición no de ley, de su inclusión para la provincia de Valencia. Hay que señalar que esto se elabora siguiendo el procedimiento habitual que ustedes deberían recordar, pues hace tan sólo
año y medio todavía tenían responsabilidades de Gobierno.
Antes de tomar estas medidas se abre un procedimiento mediante el cual organizaciones agrarias, ayuntamientos, delegaciones de Gobierno y comunidades autónomas remiten al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación información sobre cuestiones climatológicas o de otras adversidades que afectan a producciones en determinados ámbitos territoriales, y con esta información el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación elabora
los informes que remite al Ministerio de Economía y Hacienda. En el caso concreto de Castellón se aplicó para todos los municipios de la provincia una reducción del índice en las actividades de almendro y colmenas e igualmente en el caso de los
productos hortícolas en determinados municipios, sobre todo en la comarca de La Plana. Sin embargo, y este es el objeto de la proposición no de ley, en esta actividad no se propuso reducción alguna para la actividad de los cítricos. Queda claro
que esta determinación de territorios, de sectores y de reducción de índices, no es producto de una brillante elucubración por parte del secretario de Estado o de algún director general del ministerio; es producto de la información de que dispone
el Ministerio de Agricultura, aportada básicamente por la propia comunidad autónoma.
De acuerdo con esta información no se habían producido daños de consideración que justificasen una reducción de carácter extraordinario en los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del IRPF para los cítricos en la
provincia de Castellón y sí que los había, como hemos comentado, para reducir los índices en el cultivo del almendro. Es decir que las decisiones están fundamentadas en informes que van desde la comunidad autónoma hasta el Ministerio de Economía y
Hacienda, pasando por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En este caso concreto, el informe de la Comunidad Autónoma Valenciana no incluyó en sus datos daños en cítricos en el ámbito de la provincia de Castellón. Por tanto, desde
el mismo Gobierno de la Generalitat valenciana se consideró la no inclusión de los cítricos en la provincia de Castellón y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo único que hizo es atender este informe y no incluyó los cítricos en la
provincia de Castellón.
Concluyendo, como dije al principio, ante la presentación de esta proposición no de ley lo mínimo que podemos manifestar es nuestra sorpresa, puesto que parece que en el Partido Popular en Madrid no se enteran de cómo se trabaja en el
Partido Popular de la Comunidad Valenciana o que hay una falta evidente de comunicación entre ellos.
Recordaremos que es precisamente el Partido Popular el que gobierna aquella comunidad y el que elaboró el informe que propicio la no inclusión de
los cítricos en la provincia de Castellón, supongo que después de haber trabajado con seriedad, de haber analizado todas las cuestiones y de haberse cerciorado de una manera objetiva y clara que estos no habían sufrido daños que justificaran la
reducción, vuelvo a repetir, siguiendo los procedimientos legales y normales para ello. No podemos aceptar una proposición no de ley que pretende que se adopten decisiones obviando o contraviniendo los datos y los informes de las comunidades
autónomas y pasando por encima de los procedimientos y que se cambie el criterio que se ha adoptado respetando en todo caso los cauces normales lógicos y legales para ello, que, como SS.SS. saben, ha sido el proceder el Ministerio de Economía y
Hacienda.
Quiero también señalar al portavoz del Grupo Popular, en relación con las manifestaciones que hace sobre la Nacional 340, que, después de ocho años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y de gobierno de la nación, fue en
los primeros presupuestos, los anteriores, elaborados por el Gobierno socialista, cuando se incluyeron enmmiendas para desdoblar variantes problemáticas de la misma a su paso por la provincia de Castellón y que el Partido Popular rechazó en el año
2001 una proposición no de ley que iba encaminada en ese sentido. Ahora parece ser que pretenden, como en el caso del aeropuerto de Castellón, que nos saltemos los procedimientos para hacer no sé qué tipo de política o de demagogia.
- SOBRE MEDIDAS PARA PALIAR LAS PERIÓDICAS ESCALADAS DE PRECIOS DEL GASÓLEO AGRÍCOLA. PPRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000325.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera proposición no de ley, promovida por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su defensa tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Presentamos hoy desde Esquerra Republicana una proposición no de ley que se refiere a lo que tendría que ser un gasoil profesional agrario. La verdad es que este año no ha sido, como ya viene siendo habitual, un buen
año para los agricultores y ganaderos del Estado. Han sufrido con la climatología en exceso, empezando por las graves heladas de principio de año que padecieron los agricultores y se ha agravado la situación con la terrible sequía que está
sufriendo el Estado, que seguramente es la más importante de los últimos sesenta años.
Si a eso sumamos el aumento de los costes de producción que están sufriendo todas las explotaciones agrarias, nos encontramos con que la actividad agraria cada
vez es más insostenible y va resultando imposible casi que agricultores jóvenes puedan continuar las explotaciones; parece que vamos hacia una desmembración de esta actividad económica. La verdad es que en estos aumentos, de los costes de
producción, si hay un tema importante es el del gasoil. Estamos en una situación similar a la crisis que tuvo en el año 2000, donde el aumento desmesurado del precio del gasoil hizo peligrar la viabilidad de muchas de las explotaciones del Estado.
Esta situación puede volver a producirse si no se adoptan enseguida medidas eficaces que pongan fin a estas periódicas escaladas de los precios que experimentan los carburantes y, cómo no, el carburante agrícola. Se han contemplado ayudas y algunas
medidas para intentar que el agricultor pueda subsanar este aumento del precio, pero a nosotros nos parece que sería necesaria la creación de este gasóleo agrícola, porque las cifras de los últimos cinco años retratan perfectamente la delicada
situación en la que se encuentra el sector agrario. En los últimos cinco años, como les decía, el precio del gasoil agrícola se ha incrementado en un 34 por ciento y estos valores serán mucho mayores este año, si consideramos la tendencia alcista
del precio del barril del petróleo, que puede repercutir en el aumento del precio del gasoil agrícola y puede llevarnos a una situación prácticamente insostenible. Esto nos parece excesivamente grave, porque al agricultor le resulta prácticamente
imposible repercutir estos incrementos en sus producciones.
La distribución y la rigidez de los precios oficiales de intervención hacen imposible que el agricultor pueda repercutir ese aumento en el precio de sus producciones. Es importante decir que el agricultor, que sólo participa del beneficio
de su producción en un 26 por ciento de lo que paga el consumidor, tiene una pequeña posibilidad de trasladarlo al precio, porque con el 26 por ciento de beneficio le es imposible equilibrar su renta. La repercusión de estas cifras sobre la renta
del agricultor es bastante clara, ya que los gastos de energía y lubricante, donde se contempla el gasto del gasoil, suponen ya un 8,1 por ciento de los costes totales de producción. Si tenemos en cuenta que la renta agraria, en términos reales, ha
permanecido estancada durante los últimos cinco años, se puede afirmar que las producciones agrarias ya no son rentables y que para el agricultor y el ganadero, por la elevación de los costes de producción, cada vez lo van a ser menos. Los costes
de producción que se pueden añadir al gasóleo son los de los fertilizantes, los gastos sanitarios, el gasto de semillas, etcétera. Con la subida de un 17 por ciento de los costes de producción en los últimos cinco años, estos ya suponen el 60 por
ciento de la renta bruta de los profesionales agrarios. Comprenderán ustedes que, con estos números, la dificultad de la viabilidad de las explotaciones agrarias va a ser cada vez mayor.
Actualmente, en el Estado español, el gasoil está gravado
con el impuesto sobre hidrocarburos, con el impuesto sobre determinados hidrocarburos y con el impuesto sobre el valor añadido, el conocido IVA. Todos estos impuestos suponen el 32 por ciento del total del precio final y a mayor precio del gasoil,
el Estado tiene más ingresos. Si lo que queremos es ayudar a los agricultores para que puedan hacer viables sus explotaciones, el Estado podría intentar ingresar menos y no tener ese afán recaudatorio, en un sector que está gravemente tocado a
nivel de viabilidad económica. Les decía que a mayor precio del gasoil, el Estado ingresa más; sin embargo, el sector agrario atraviesa una grave crisis de reconversión que le obliga a padecer un gasto insoportable, con la consiguiente caída de
las rentas.
Por todo lo expuesto esta mañana y por esa necesidad de que el Estado no recaude tanto pero que podamos ayudar a las explotaciones y a los profesionales agrarios en cuanto a los costes de producción, que suponen un grave porcentaje de su
renta, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley, que insta al Gobierno a que presente, en un plazo no superior a tres meses, las medidas legales oportunas para que se exima del gasóleo profesional el impuesto especial de
hidrocarburos. Nosotros creemos que las actividades agrarias deben quedar exentas de este impuesto y el primer punto de nuestra proposición no de ley va en ese sentido. En el segundo punto pedimos al Gobierno que, en un plazo no superior a tres
meses, tome las medidas necesarias para que se suprima el impuesto sobre las ventas minoritarias de hidrocarburos para el gasóleo profesional destinado a las actividades agrarias. En el tercer punto consideramos que el Estado podría reducir el IVA
al siete por ciento en todo lo relacionado con el gasóleo profesional agrario. Y en el último punto de nuestra proposición no de ley instamos al Gobierno a que establezca un precio social para el gasóleo profesional agrario que evite las
oscilaciones al alza del precio de los costes y que posibilite la rentabilidad de las producciones agrarias. Sería una buena solución para de una vez por todas intentar que estas escaladas del precio del gasoil no agraven más el coste de producción
de toda la actividad agraria. Si creáramos este gasóleo profesional agrario, considerando la necesidad que tiene el Gobierno de incrementar sus ingresos, podría incrementar después el impuesto que se grava en el gasóleo actual B. Así no nos
encontraríamos con que de las reducciones del
gasóleo B se estén aprovechando grandes empresas constructoras, equiparadas al mismo nivel de reducción de impuestos que las actividades agrarias. Comprenderán ustedes que al sector de la construcción o a algún otro sector que se beneficia
de este gasóleo B se les podría gravar un poco más, y todo lo que no graváramos en las explotaciones agrarias lo podríamos compensar por este lado. Entendemos que es un sector que necesita urgentemente todas las medidas necesarias para ser lo más
rentable posible, para que la gente joven que quiera continuar las explotaciones agrarias familiares tenga una mejor posición a nivel económico. Este sector agrario ya padece demasiado, y más en años como este que ha sufrido heladas, sequías y los
altos costes de producción, y debe recibir ayuda suficiente. Esta proposición no de ley sería una buena medida para ello y espero que los demás grupos nos apoyen.
Se han presentado algunas enmiendas y voy a hacer referencia a la que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Efectivamente, existen otros sectores que también padecen estos costes de producción. Nuestro grupo
parlamentario ya ha presentado iniciativas para impulsar medidas de ayuda al sector pesquero, que también padece el aumento del coste del gasóleo. Pero esta proposición no de ley se refiere al sector agrario, ya que es una demanda que hacen las
organizaciones profesionales agrarias. Nos parece bien tal como está redactada, porque consideramos que el gasóleo profesional agrario tiene que impulsarse. El sector pesquero ya se beneficia de una reducción de impuestos, incluido el IVA, que es
menor que el de los profesionales agrarios. Existen demandas del sector pesquero que nuestro grupo también quiere atender mediante otra proposición no de ley que ya hemos presentado en la Cámara.
Repito que espero el voto afirmativo de los otros
grupos para que esta proposición no de ley pueda salir adelante en beneficio de todos los profesionales que se dedican a la agricultura y a la ganadería que, como saben, están atravesando un mal momento.
El señor PRESIDENTE: Vamos muy bien de tiempo y además el señor Ramón ya ha adelantado su posición respecto a las enmiendas.
Se han presentado dos enmiendas a esta proposición no de ley; una es del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Armas.
El señor ARMAS DÁRIAS: Efectivamente, es una preocupación de todos los grupos de esta Cámara, ante la subida de los precios de los combustibles, derivados a su vez del precio del petróleo, que se adopten medidas tendentes a disminuir el
impacto que esa subida de precios tiene sobre distintos sectores a los que afecta, transporte, pesca y el sector agrario, al que se refiere esta proposición no de ley. De hecho, todos los grupos parlamentarios, desde el Grupo Popular hasta
Convèrgencia i Unió, han presentado iniciativas al respecto e incluso se han aprobado algunas. Concretamente, algunas enmiendas presentadas por el Grupo Popular en la Ley de impulso a la productividad, tendentes, por ejemplo, a favorecer que las
cooperativas agrarias puedan vender otros productos del petróleo. También en esta misma línea iban otras proposiciones no de ley de Convergència i Unió y de otros grupos, como Izquierda Verde-Izquierda Unida, y algunas de ellas serán incluso objeto
de debate en las distintas comisiones; de memoria recuerdo hasta cuatro, además de un sinfín de preguntas, tanto escritas como orales, que ya han sido contestadas.
Es indudable que todos los grupos compartimos el mismo objetivo: lograr medidas de apoyo y de ayuda al sector agrario en este caso para disminuir ese impacto al que he hecho referencia. Ahora bien, ahí es donde tenemos discrepancias. Nos
preguntamos si estas medidas que propone Esquerra Republicana en esta proposición no de ley de verdad son eficaces para lograr este objetivo de que las rentas de las organizaciones agrarias no se vean mermadas y consecuentemente también se vean
mermadas las rentas directas de los agricultores. El impacto de esas medidas creo que no está debidamente estudiado solamente con la reducción de ese tipo impositivo que nos proponen, porque además no dimana una presentación en tiempo mucho más
lejana, tres meses para presentar medidas legislativas que corrijan esto, mientras que precisamente el Gobierno, sensible a esas peticiones de todos los grupos y a las peticiones del sector, ya se ha reunido con el propio sector, con las
organizaciones agrarias, y se están tomando una serie de medidas para resolver este tipo de problemas. Entre esas medidas, por ejemplo, caben destacar las de tipo fiscal. Se ha firmado con representantes del sector, según acuerdo del Consejo de
Ministros de 22 de octubre, que ordena a los ministerios correspondientes que se adopten esa serie de medidas, la concesión de una ayuda directa a los agricultores, pudiéndose beneficiar de ella precisamente los inscritos en el régimen especial
agrario de la Seguridad Social. Eso afecta más o menos a unos 350.000 agricultores en todo el país. Se incluyen una serie de medidas tendentes a facilitarles la adquisición de vehículos que sean mucho más eficientes, que sean respetuosos con el
medio ambiente en el uso de ese combustible, más modernos, en sustitución de los más obsoletos, lo que podríamos llamar un plan Renove agrícola.
Hay además otra medida fiscal importante y es que la amortización de esa maquinaria se puede reducir a dos años, con lo que la parte impositiva de deducción de esa amortización mucho mayor beneficia fiscalmente a la reducción de esos
impuestos. También con respecto a la parte fiscal, en el régimen de estimación objetiva por módulos se mantendrá una desgravación nada menos que del 25 por ciento de la factura del consumo de los combustibles y la posibilidad de desgravar hasta el
15 por ciento de la factura de fertilizantes. Insisto, son medidas mucho más concretas, mucho más efectivas, a la hora de que no se disminuya la renta de las organizaciones agrarias
y de los agricultores. Hay asimismo una rebaja general del rendimiento neto del 2 por ciento. Esta medida sirve para compensar a los agricultores en el régimen de módulos por el aumento de los precios, no solo del combustible, sino de
otros aspectos que tiene la propia actividad. En el régimen de estimación directa simplificada se permite una reducción del 10 por ciento en gastos de difícil justificación. Otra medida que contienen los acuerdos es el establecimiento de una serie
de mesas para lograr una reducción de medidas fiscales respecto del IVA, que es muy importante, en las actuaciones que realizan las organizaciones de productores en relación con los fondos operativos que persiguen.
Todas estas medidas que se están estudiando, unas ayudas directas ya en marcha, contribuyen de manera directa a esta disminución del impacto que sobre las organizaciones agrarias y sobre el sector agrícola está produciendo el encarecimiento
de los precios, como he dicho en mi exposición, y no van en contra del ordenamiento jurídico comunitario. Sin embargo, algunas de las que propone la proposición no de ley pueden ir e incluso van en contra de las recomendaciones que la Comunidad
Europea realiza a sus Estados miembros, en el sentido de que no realicen una serie de disminuciones impositivas en razón del aumento de los precios del petróleo, porque eso puede tender a todo lo contrario. Ya lo expliqué en aquella Ley de impulso
a la productividad, cuando se rechazaron algunas enmiendas que iban en la misma dirección en razón del precio del combustible del transporte, porque podía ir en sentido contrario del que se proponía. Es una recomendación que realiza la Comunidad
Europea.
Además, hay que recordar que precisamente España es uno de los países que tiene en estos momentos el impuesto más bajo en todo este tipo impositivo y que tiene la obligación de ir acercándolo a los mínimos europeos que se fijan en dos
años. No se puede hacer ahora la reducción que se pide para dentro de un año para lograr esos mínimos europeos a los que nos obliga la Comunidad.
Por todo lo anterior, he presentado la enmienda correspondiente. Espero que con esta exposición que he hecho sobre las propuestas que ya se están realizando y otras que el Gobierno tiene en marcha y que están firmadas con las organizaciones
agrarias, en el plazo más breve posible y en cumplimiento del acuerdo de ese Consejo de Ministros, se intente mejorar todas estas medidas, tanto de orden fiscal como tendentes a favorecer la amortización de esas maquinarias. Dado que SS.SS. tienen
el texto de la enmienda, porque se la he pasado por escrito, ahorro su lectura.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la segunda enmienda, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, del Grupo de Convergència i Unió.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergéncia i Unió ha presentado una enmienda que va en la misma dirección de la presentada por Esquerra Republicana; intenta extender dichas
bonificaciones impositivas no solamente al sector agrario, sino también al sector pesquero, ganadero, transporte de viajeros y mercancías y a todos aquellos colectivos profesionales, como son las autoescuelas, Queremos que puedan beneficiarse,
teniendo encuenta la subida tan espectacular de los carburantes. Esquerra Republicana ha dicho que prefería no aceptar nuestra enmienda y centrarse única y exclusivamente en el sector agrario, cosa que entendemos y compartimos, porque lo importante
es que el Gobierno tome medidas. Queríamos al mismo tiempo denunciar ante esta Cámara y ante esta Comisión que Convergència i Unió ya presentó una proposición no de ley que iba básicamente en esta misma dirección, que se aprobó hace aproximadamente
un año, concretamente el 19 de octubre del año 2004. Todas las formaciones o todas las fuerzas políticas, excepto el Grupo Socialista, estábamos de acuerdo en que el Gobierno debería adoptar con urgencia un conjunto de medidas que fueran
encaminadas a la puesta en marcha del gasóleo profesional para todos aquellos sectores en los que estaban repercutiendo las alzas de los impuestos del petróleo; eran los sectores agrario, pesquero, del transporte. También se incluían una serie de
bonificaciones fiscales y la rebaja de los módulos de la estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas y unas reducciones de las cuotas mínimas correspondientes al régimen simplificado del IVA en las actividades del
transporte urbano y colectivo, autotaxi y servicios de mudanzas. Esto se aprobó mayoritariamente en esta Comisión y el resultado después de un año es que el Gobierno no ha hecho absolutamente nada.
Señores del Gobierno, creo que esto no es serio, porque si en un momento en el que determinados sectores se están viendo afectados por la subida de los carburantes, sectores de la sociedad con unas rentas que en muchísimas ocasiones son
mínimas -como es el sector agrario, el pesquero, el sector del transporte profesional- y que inciden negativamente en los comportamientos de la inflación, el Gobierno, después de la aprobación de unas medidas de este calibre, es totalmente
insensible y no hace absolutamente nada, nos preguntamos de qué sirve ahora pedir medidas que van más allá de lo que ya se aprobó en su momento, como es la iniciativa que presenta Esquerra Republicana y que nosotros hemos enmendado por sensibilidad
hacia el sector. Me refiero a la exención del impuesto especial sobre hidrocarburos y sabemos que esta es una cuestión difícil y que viene bastante marcada por las directivas de la Unión Europea.
Aún sabiendo que existen bastantes dificultades para que el Gobierno pueda aprobar una moción de estas características, porque están limitadas por la Unión Europea, nosotros, repito, por sensibilidad, hemos presentado una enmienda, pero
vamos a ser contundentes y anunciamos que vamos a presentar una moción de reprobación al Gobierno en este sentido, para que pueda
cumplir lo que aprobamos el 19 de octubre de 2004, que se refería a una serie de medidas que iban a beneficiar a estos sectores perjudicados, como son el ganadero, el pesquero y el de la agricultura.
No entendemos sinceramente como, ante cuestiones de tal importancia y que afectan tan negativamente a sus economías, el Gobierno es totalmente insensible y no hace absolutamente nada para poner en marcha dichas medidas. Tampoco entendemos
el comportamiento, en este caso, de Esquerra Republicana, que es su socio y que está apoyándole continuamente ante propuestas importantes que le dan gobernabilidad y en un tema que ellos dicen defender tan profundamente como es esta moción, el
sector agrícola; están insensibles pero continúan apoyándole. Hace un año aprobamos una moción que iba en esta dirección y ustedes, señores de Esquerra Republicana, no han hecho absolutamente nada para que el Gobierno pusiera en marcha esas
medidas.
Nosotros mantenemos la enmienda, por solidaridad con estos sectores afectados, sabemos que el Gobierno tiene dificultades porque está limitado por la legislación europea, pero al mismo tiempo reclamamos al Gobierno más sensibilidad, para que
pueda poner en marcha todas aquellas medidas que aprobamos conjuntamente, aunque ustedes no estaban inmersos en esa votación. Lo han hecho países de la Unión Europea, por ejemplo Francia o Bélgica, con otras medidas pero que van en la línea de
implementar el uso del gasóleo profesional en aquellos sectores. Desde Convergència i Unió vamos a ver cuál es el mecanismo jurídico-parlamentario para reprobar en este sentido al Gobierno, solamente en esta moción, y que realmente podamos dar
soluciones efectivas a sectores como el agrario, el pesquero, el ganadero y al del transporte.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Quiero fijar en nombre del Grupo Parlamentario Popular nuestra posición en esta iniciativa que nos trae a la Comisión el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya. Nuestra posición es de escepticismo,
porque el grupo proponente pide lo imposible de todo punto. Señor Ramón, lo que pide es absolutamente imposible de cumplir por parte de este Gobierno y de cualquier Gobierno. Hay una armonización fiscal en la Unión Europea, hay una normativa en la
Unión Europea, superior a la que tenemos en cualquiera de los Estados miembros, que no puede este Gobierno ni ningún otro de cualquier Estado miembro saltarse a la torera. Por tanto, es de imposible cumplimiento lo que aquí se pide, en líneas
generales, por lo menos la parte más importante de la proposición. El señor Sánchez i Llibre decía de manera un poco subrepticia que ve ciertas dificultades. No son ciertas deficultades, en una total y absoluta dificultad para que esto se pueda
cumplir. Digo que somos escépticos porque, frente a una petición de imposible cumplimiento, existe por parte del Grupo Parlamentario Socialista una enmienda que no ofrece nada, que refleja perfectamente lo que hace el Gobierno de la nación a favor
de la agricultura, nada. No dice nada la enmienda que presenta a la iniciativa.
¿Se pueden hacer cosas? Claro que se pueden hacer y muchas. Recuerdo que hasta hace dos años -desde hace dos años está cayendo en picado- se incrementó continuamente el gasto fiscal en España en relación con la agricultura y aquí hay
personas que saben muy bien lo que estoy diciendo.
Sabemos cómo se incrementaba el gasto fiscal, cómo se incrementaba la solidaridad de todos los sectores de la sociedad española con la agricultura, ante las dificultades crecientes de un sector
cada vez más empobrecido, cada vez más necesitado y cada vez más despoblado como es el campo. Un Gobierno, que era sensible, aplicaba una serie de medidas que implicaban mayor gasto fiscal. Esa es la vía y hay varias. Sin ir más lejos, aquí hay
otra persona que interpeló hace un año al señor vicepresidente del Gobierno en la materia. Y se quedó en hacer algunas cosas. En esto estamos de acuerdo con el señor Sánchez i Llibre; se quedó en realizar una serie de actuaciones,
fundamentalmente de tipo fiscal, que se han quedado en bastante poco. Si repasamos de manera muy sucinta los hechos que nos traen como consecuencia esta iniciativa, vemos que la agricultura es un sector que no tiene posibilidad de repercutir sus
costes en los precios percibidos. Es un sector absolutamente intervenido y tampoco puede ajustar su consumo.
En estos momentos el consumo agrícola está en torno a los 3.500 millones de litros y es imposible rebajarlo, porque en todas las labores agrícolas hay que emplear una determinada cantidad de combustible. Quizás en algunos cultivos se puede
reducir algo, pero en otros se dispara el gasto de combustible. Además, si hacemos un análisis de la situación actual con la de hace cuatro años, vemos que el petróleo estaba a 28 dólares el barril y el gasóleo agrícola a 25 céntimos de euro;
actualmente, el barril está a 66-68 dólares y con un gasóleo que sobrepasa ya los 60 céntimos. Por cierto, hace un año, cuando se habló de este tema, la señora ministra de Agricultura dijo que no había que preocuparse, que era una subida efímera y
pasajera; desde luego, eso se llama ojo clínico. En ese momento, con un problema mucho menor, tanto en su cuantía como en los porcentajes en los que se incrementaba para el agricultor, el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados criticó
muy duramente al entonces Gobierno de la nación, incluso con términos que a este portavoz le parecieron insultantes -ahí está el 'Diario de Sesiones'-, y además votó negativamente las soluciones propuestas. Fueron medidas que deberían tomarse ahora
a favor tanto de particulares como de las cooperativas de producción y comercialización que el señor portavoz del Grupo Socialista ha citado. Tampoco es cuestión de entrar en ello, puesto que está en los diarios de la Cámara y en el Boletín Oficial
del Estado. Hubo una modificación específica del régimen especial
del IVA, por ejemplo, elevando la compensación que reciben los agricultores. Esa es una medida importante y de esa no se habla en ninguna de las iniciativas que se pretenden tomar. Por cada punto más que recibe el agricultor son
aproximadamente 250 millones de euros que percibe el campo y el sector, aparte de que también entonces se tuvieron bonificaciones importantes en el régimen de la Seguridad Social. Hace un año, con un problema no tan grave como el que hay en la
actualidad, el Gobierno socialista aprobó unas medidas que, tras una actuación rocambolesca de la señora ministra de Agricultura en el Consejo de Luxemburgo, en octubre de 2004, hay que reconocer, y coincido con el señor Sánchez i Llibre, que se ha
hecho muy poco. Esas medidas que hemos escuchado que se tomaron, ahora corregidas y ampliadas, suponen muy poco.
En cuantía vienen a ser más o menos la vigésima parte de lo que supondrían las ayudas que otorgó el Gobierno en el año 2000, y no
deflactamos cifras; simplemente es muy poco lo que se ha aportado. Por decirlo de una forma un poco gráfica, actualmente, de ese Consejo de Ministros de hace un año, de las ayudas al gasóleo se beneficia aproximadamente un 30 por ciento de los
agricultores, solamente un 30 por ciento, y la medida de la ayuda percibida en valor es igual que el carburante que gasta un tractor de tipo medio en un día. Es decir, una ayuda birriosa. Entonces, seguimos en el escepticismo, no tenemos confianza
en que este Gobierno vaya a hacer nada porque -repito-- ha demostrado que ha sido y sigue siendo absolutamente insensible a los problemas de la agricultura. A pesar de todo, ofrecemos al Gobierno un acuerdo nacional sobre los carburantes para el
gasóleo agrícola, el gasóleo pesquero y el gasóleo de los transportes. Hay que intervenir, y hay que intervenir con unos costes a la baja porque el sector no aguanta más. El escenario actual es bastante malo. No es echar la llorada por llorar,
sino que la realidad es que las cosechas han sido muy cortas, los precios percibidos son muy bajos porque unas importaciones bestiales han tirado el precio de los productos nacionales, la sequía ha afectado y sigue afectando, gravísimamente, no se
ha terminado y su repercusión se verá en próximas campañas agrícolas, y además tenemos la amenaza de un Gobierno que cada vez que negocia una OCM en Bruselas nos trae un fracaso; ya se ha cargado parte del olivar, el tabaco, el algodón y ahora nos
amenaza con el vino y la remolacha. Con este panorama hay que ir a un gasóleo profesional -ahí sí coincidimos con parte de lo que dice la iniciativa- y hay que insistir, repito, en el IVA repercutido al agricultor, pues cada punto supone más de 250
millones de euros. Habrá que profundizar en una serie de medidas fiscales y sociales y es posible hacerlo sin tocar para nada la normativa de la Unión Europea. Ese es el camino que proponemos: estas vías fiscales y sociales mediante un acuerdo
global con el Gobierno. Mientras tanto, creemos que ni con esta iniciativa ni con la posición del Grupo Parlamentario Socialista podrá arreglarse el problema.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramón para exponer su posición respecto a las enmiendas presentadas.
El señor RAMÓN TORRES: La verdad es que nuestro grupo presenta esta proposición no de ley porque entendemos que debe establecerse de una vez por todas el gasóleo profesional agrario y solucionar así este problema de los posibles aumentos
del precio del gasóleo.
Estoy de acuerdo con el señor Madero -y espero que eso no cree precedentes (Risas.)- en que esta enmienda que nos presenta el Grupo Socialista no dice casi nada, pero en aras de buscar un compromiso y que esta iniciativa nuestra sirva de
algo, me quedaría con el último punto de su enmienda referente a estudiar. La verdad es que al final este Gobierno se va a pasar el año estudiando, pues en todas las enmiendas que se nos presentan se habla de estudiar. Espero que estos estudios
digan lo que tengan que decir y que se aprueben medidas que busquen la reducción del IVA, porque entendemos que ese sería un buen comienzo para ayudar a los costes de producción.
Agradecemos el esfuerzo que ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en relación con su enmienda, que intentaba ampliar a otros sectores esta proposición no de ley, pero en aras de buscar algún compromiso, por mínimo que
sea -y es muy mínimo-, aceptaremos la enmienda del Grupo Socialista. Esperamos que este compromiso de estudiar medidas para reducir el IVA llegue a buen puerto y que, al menos en este aspecto, podamos ayudar a la solución de este problema en
relación con el gasóleo profesional. Y respecto a los dos puntos anteriores, claro que sí, que se tire adelante, pues puede servir de impulso a esta cuestión. Esperamos que esta iniciativa de hoy ayude a activar todos estos compromisos.
En definitiva, señor presidente, y disculpe la longitud de mi intervención, aceptamos la enmienda que nos presenta hoy el Partido Socialista para que, al menos, esta mañana se apruebe alguna cosa y se pueda empezar a trabajar en este
sentido.
- SOBRE TRIBUTACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA RESIDENTES EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/001128.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la tributación de los trabajadores de nacionalidad española residentes en el Principado de Andorra. Ha sido presentada por el Grupo Socialista y para su defensa tiene
la palabra la señora Farrera.
La señora FARRERA GRANJA: A lo largo de los últimos años son muchas las iniciativas legislativas presentadas
por el Grupo Socialista destinadas a reivindicar un trato justo para todos los trabajadores de nacionalidad española residentes en el Principado de Andorra. Como SS.SS. conocen perfectamente, la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, contempla en su artículo 9.3 lo siguiente: Mantendrán su condición de contribuyentes para el IRPF las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su residencia fiscal en un país o territorio que
esté calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Esta situación afecta a los españoles residentes en los llamados paraísos fiscales tanto en el período impositivo en el que realizan el cambio de residencia como en los cuatro períodos
impositivos siguientes. La medida prevista por la ley, que tiene la voluntad evidente de luchar contra el fraude fiscal, presenta el grave inconveniente de no diferenciar entre las personas que han establecido su residencia en alguno de dichos
paraísos fiscales por motivos estrictamente laborales, en tanto que trabajadores asalariados, y los que trasladan o fingen trasladar su domicilio con la finalidad de disminuir así su carga impositiva. En consecuencia, el problema radica en que la
ley no consigue delimitar la profunda diferencia entre la evasión fiscal y la recepción de rendimientos del trabajo por cuenta ajena. El caso paradigmático de esta situación lo encontramos en el Principado de Andorra, donde la población residente
de nacionalidad española, compuesta mayoritariamente por trabajadores asalariados, constituye una inmigración por motivos laborales. Debe tenerse en cuenta que Andorra, en proporción, es el Estado extranjero con mayor número de población española,
siendo el principal grupo demográfico y superando incluso a los nacionales andorranos. La obligación de efectuar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas por parte de los trabajadores asalariados españoles en Andorra
significa una injusta discriminación para nuestros ciudadanos allí establecidos, situándolos en una condición de inferioridad con respecto a otros trabajadores procedentes de la Unión Europea, como es el caso de los portugueses o de los franceses,
que no están obligados a declarar el impuesto.
En mi intervención quiero dejar claro, como no podía ser de otra manera, que mi grupo parlamentario no defiende en ningún caso la existencia de privilegios fiscales para ningún colectivo concreto. No criticamos la vigente ley. Únicamente
creemos que se ha pretendido establecer un tratamiento adecuado para los residentes en paraísos fiscales sin tener en cuenta la situación de los que han emigrado por circunstancias estrictamente laborales, como es el caso que nos ocupa. Debo
reiterar que la inmensa mayoría de los españoles que se han instalado o se instalan en Andorra lo hacen en busca de un trabajo que les permita ganarse un sustento digno. Con la aplicación de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, las personas originarias del Estado español que por motivos laborales se han visto forzadas a residir en el Principado de Andorra se ven obligadas a cotizar en las mismas condiciones y porcentajes que los que vivimos en territorio español,
pero sin poder disfrutar de gran parte de las prestaciones que el Estado y su Administración proporcionan a los ciudadanos: sanidad, carreteras, ayudas y becas al estudio, subsidio de desempleo, etcétera. Además, nos encontramos con el agravante
de que las condiciones de cobertura social existentes en Andorra son manifiestamente inferiores a las que disfrutamos en nuestro país o en cualquier otro de la Unión Europea. En Andorra, país muy cercano al nuestro, el despido es libre, sin
indemnización, y no existe seguro de desempleo. A los 25 días de quedarse sin trabajo, los trabajadores y sus familias pierden las prestaciones de la Seguridad Social. En resumen, no está garantizado el Estado del bienestar.
Señorías, estamos ante un trato discriminatorio, un trato que carece de fundamento. ¿Cómo se puede exigir a unos trabajadores asalariados tributar a la Hacienda pública española cuando el salario medio que se percibe en Andorra es inferior
al salario medio español y cuando carecen de cualquier tipo de protección social o laboral? Presentamos hoy esta proposición no de ley con un único objetivo: que se haga justicia con los españoles que residen en el Principado de Andorra y que se
subsane esa situación injusta y discriminatoria. Es evidente que se tiene que luchar contra el fraude y la evasión fiscal, pero nunca en perjuicio de los trabajadores asalariados cuyo único fin es ganarse la vida de una manera digna y cumpliendo
con sus obligaciones fiscales. Por todo lo expuesto anteriormente, pido el voto favorable de SS.SS, un voto favorable para terminar con la discriminación que sufren nuestros residentes en Andorra, un voto favorable para solucionar un problema de
nuestros residentes, que se suma al hecho de ser emigrantes, al hecho de no poder trabajar ni residir en su país de origen.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Puig.
El señor PUIG CORDÓN: Intervengo brevemente para manifestar que nuestro grupo va a votar favorablemente la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, pero también comentar que la propuesta que hace es un poco pobre en el
sentido de que podíamos haber ido mucho más allá y no dejarlo en la mera posibilidad a partir de los resultados del grupo de trabajo. Estamos de acuerdo en que hay que separar los paraísos fiscales de la situación de los que trabajan en Andorra y
que padecen esa discriminación. Nos gustaría que esta cuestión llegase a buen puerto lo antes posible para solucionar esta discriminación que sufren en estos momentos los que trabajan en Andorra. Por tanto, vamos a votar favorablemente la
proposición no de ley del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario también va a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por motivo de efectividad, ya que cuando se produjo la última reforma del
IRPF nuestro grupo ya presentó una enmienda que iba en la misma dirección de la que plantea hoy el Grupo Socialista en el sentido de modificar el régimen que estaba previsto en la ley corrigiendo la medida antiabuso cuando el cambio de residencia
responda a motivos laborales o profesionales debiendo ser probado por el contribuyente. Esta propuesta desgraciadamente no fue aprobada y por ello nosotros vamos a apoyar a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para que este estudio se
pueda acelerar al máximo y, antes de que finalice este período de sesiones o esta legislatura, si mucho me apuran, o antes de que entre el nuevo proyecto de ley de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas esté aprobado, sea una
cuestión que esté perfectamente definida, analizada y aprobada por el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: En esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se nos propone analizar la posibilidad de cambiar la tributación fiscal que existe en la actualidad respecto a los trabajadores que se desplazan a
Andorra por motivos laborales y no con el objeto de eludir la acción de la Hacienda pública española.
Todos en esta Comisión conocemos que el concepto de paraíso fiscal se aplica a aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a que someten a determinadas personas o entidades que en dichas jurisdicciones
encuentran su cobertura o amparo. Hoy en concreto tratamos de un tema que afecta a uno de esos paraísos fiscales, a Andorra, donde no existen impuestos directos que graven los ingresos de las personas físicas residentes ni los beneficios de las
empresas que allí radican. Es necesario citar en esta Comisión también que en el marco de la persecución y la lucha contra el fraude fiscal uno de los temas que preocupa a los países miembros de la Unión Europea es precisamente el de los paraísos
fiscales, ya que la existencia de estos sistemas puede distorsionar la inversión y el comercio internacional y puede llevar a la erosión de las bases fiscales de sus países miembros.
El proceso acelerado de globalización de la inversión y el comercio ha cambiado la relación entre los sistemas fiscales de los diferentes países. Esta mayor integración y la mayor movilidad de los capitales y del trabajo han traído consigo
algunos efectos nocivos cuando ofrecen posibilidades para que las compañías e individuos evadan el pago de sus impuestos locales y cuando algunos países desarrollan políticas específicas para traer esos capitales y activos móviles. En este
contexto, el Gobierno del Partido Popular modificó a través de la Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los criterios para la determinación de la residencia habitual del contribuyente y se estableció en el artículo 9.3 de
la citada ley, como ya se ha mencionado aquí, que aquellos contribuyentes, personas físicas, de nacionalidad española que trasladaran su domicilio fiscal a un territorio considerado como paraíso fiscal deberían seguir contribuyendo por el impuesto
sobre la renta de las personas físicas durante ese ejercicio y los cuatro períodos impositivos siguientes al traslado de residencia. Con esta modificación de la normativa se intentaba salvaguardar el interés de la Hacienda pública española, el
interés de todos los españoles. Se establecía así una cláusula antielusión fiscal o también llamada cuarentena fiscal para evitar los cambios de residencia a otros territorios con el ánimo de eludir y de evitar el pago de impuestos a la Hacienda
pública española y perseguir así el fraude fiscal. En su momento todos los grupos políticos se manifestaron a favor de esta regulación y de esta cláusula antielusión fiscal, que trata de garantizar los intereses de la Hacienda pública española
frente a aquellos cambios de residencia que se efectúan para evitar el pago de impuestos. Y aquí es donde centramos la cuestión que hoy debatimos al plantear el Grupo Socialista la toma en consideración en el seno del grupo de trabajo constituido
en la Agencia Tributaria para analizar la problemática de los paraísos fiscales y las particularidades que presenta la situación de los trabajadores españoles que residen en Andorra. Es cierto que no debemos olvidar que no en todos los casos en que
se produce un traslado de residencia a un paraíso fiscal se hace con el ánimo de eludir el pago de impuestos. En muchos casos el motivo del traslado es laboral y, por tanto, forzoso. Estamos hablando aquí de trabajadores que emigran buscando un
medio de vida para ellos y sus familias. En estos casos, no es menos cierto que esta cuarentena fiscal les perjudica porque deben seguir tributando por el impuesto sobre la renta durante el ejercicio en que trasladen su domicilio y en los cinco
ejercicios siguientes. Además, en el caso particular de Andorra estamos hablando de un territorio donde los españoles, como ya citó la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, representan aproximadamente un 43 por ciento de la población, un
porcentaje que es mayor que el de los nacionales andorranos.
Señorías, no debemos olvidar que la normativa actual tiene una voluntad evidente de lucha contra el fraude fiscal, y con esa intención se redactó por el Gobierno del Partido Popular a través de la reforma del impuesto sobre la renta del año
1998. Por ello debemos ser especialmente cautelosos a la hora de establecer excepciones a esta normativa, porque estamos protegiendo los intereses de todos los españoles y no los de un colectivo concreto. Por cierto, en esta línea he de mencionar
que observo con agrado el cambio de actitud del Grupo Parlamentario Socialista, que ya se ha planteado esta cuestión en otras legislaturas y que prácticamente reproduce lo que nos ha dicho su portavoz, lo que ya se cita en el 'Diario de
Sesiones' de alguna de estas reuniones en que se ha tratado el tema que hoy nos ocupa. Digo que aplaudimos el cambio de actitud en el sentido de que parece que ahora son más cautelosos -el Gobierno les ha dado mayores responsabilidades,
lógicamente- estableciendo con esta propuesta no un cambio de la legislación, como se proponía en otras iniciativas presentadas en pasadas legislaturas, sino el análisis de la situación para estudiar, a partir de esos resultados, la posibilidad de
cambiar la legislación única y exclusivamente para los trabajadores que se desplazan por motivos laborales. Dado que parece que el Partido Socialista ha actuado en este caso con más cautela que cuando nosotros estábamos en el Gobierno y solamente
se propone un estudio, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de esta iniciativa, porque nos parece razonable abordar el estudio de esta problemática para intentar corregir entre todos aquellas situaciones que puedan ser injustas, si es
que éstas se están produciendo, en el caso de trabajadores que se desplazan por motivos laborales y no para eludir el pago de impuestos. A la vista del resultado de esos estudios, mi grupo parlamentario se pronunciará en su momento, a través de la
oportuna tramitación, sobre la forma jurídica de regular estas situaciones, siempre intentando perseguir el objetivo fundamental de salvaguardar los intereses de la Hacienda pública española. Esperamos que este grupo de trabajo presente ante esta
Comisión las conclusiones de ese estudio y a partir de ahí, en las reformas legislativas que se nos presenten por parte del Gobierno, estaremos atentos para intentar redactarlo y regularlo de la mejor manera posible, siempre con el objetivo único y
fundamental de perseguir el fraude fiscal y salvaguardar, como ya he dicho, los intereses de la Hacienda pública.
El señor PRESIDENTE: Se suspende la reunión hasta las doce menos cuarto, hora que tenemos prevista para la votación. Sugiero a los portavoces y miembros de la Mesa que aprovechemos esta media hora para la reunión de Mesa y portavoces que
inicialmente teníamos prevista para cuando terminase la sesión de la Comisión.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones .
Proposición no de ley presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) por la que se insta al Gobierno a impulsar la creación de dos administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en la Seu d'Urgell y en Tàrrega.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la extensión de la aplicación de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 1635/2005, de 2 de junio, al cultivo de los cítricos en la provincia de Castellón.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 16; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre medidas para paliar las periódicas escaladas de precios del gasóleo agrícola. Se votará en los términos de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que ha
sido aceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso sobre tributación de los trabajadores de nacionalidad española residentes en el Principado de Andorra.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CONTHE GUTIÉRREZ) PARA DAR CUENTA DEL INFORME ANUAL SOBRE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MERCADOS DE VALORES, DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 24/1988, DEL MERCADO DE VALORES. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 212/000698.)
El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día. Comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, don Manuel Conthe, para presentarnos el informe anual de las actividades de esta entidad. Le damos la
bienvenida y la palabra al señor Conthe.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Conthe Gutiérrez): Antes de nada querría agradecer la rapidez en convocarme a esta Comisión para dar cuenta del informe anual. Desgraciadamente este año lo presentamos
nosotros a principios de julio, bastante tarde, lo que ha hecho que esta presentación se haga ya pasado el verano. De ahí que quiera comenzar con un compromiso expreso de que el año que viene presentaremos el informe anual a más tardar a
finales de mayo, de suerte que si la Comisión lo tiene a bien pueda producirse esta comparecencia mucho antes, previsiblemente en el mes de junio.
Si me permiten haré una panorámica, no solo de los puntos esenciales que contiene ese informe anual, sino también de algunos acontecimientos posteriores al cierre de la memoria que pueden tener interés práctico. De esa forma pretendo
enmendar ese retraso en la publicación de la memoria para que así ustedes tengan información fresca sobre lo acaecido ya en el año 2005.
En lo que atañe a bolsas y a la renta variable, en lo que se considera el corazón de los mercados de valores, querría recordar cómo en la memoria anual decimos que el mercado español, las cuatro bolsas españolas tienen un tamaño agregado muy
significativo. Esa capitalización bursátil del conjunto de empresas que cotizan en las bolsas españolas a finales del año pasado rondaba el 70 por ciento del PIB y en la actualidad está próxima a una cifra tan voluminosa como 570.000 millones de
euros, lo que hace que las bolsas españolas integradas en ese grupo que ahora se llama Bolsas y Mercados Españoles sea uno de los grandes mercados europeos.
Debemos reconocer, no obstante, como se hace en la memoria, que ese tamaño grande del
mercado agregado se conjuga con un número de sociedades cotizadas no excesivamente grande, porque si excluimos a las sociedades de capital variable, estamos en la actualidad con 191 empresas cotizadas, que es un número muy inferior al de las grandes
bolsas europeas, como puede ser la Bolsa de Londres o esa bolsa paneuropea que se llama Euronext.
En este año 2005, con posterioridad a los hechos acaecidos y narrados en el informe anual, también se han producido una serie de operaciones de opas de exclusión que, en general, se han centrado en empresas de tamaña medio y con un
accionista dominante, con un capital relativamente concentrado que facilitaba esa compra y su posterior salida. Hemos tenido los casos de Aldeasa, Recoletos, Cortefiel, Amadeus, y lo que les prometo es que en el informe anual del año que viene,
relativo a estos acontecimientos, haremos una exposición pormenorizada de cuáles han sido las circunstancias y a qué motivos económicos responden esos fenómenos en los que fondos que se dedican a invertir en sociedades no cotizadas compran
sociedades cotizadas, las sacan y luego a menudo las vuelven a meter una vez que han sido estructuradas. Al mismo tiempo, hay que reconocer que frente a esas bajas y esas exclusiones ha habido algunas salidas a bolsa. Hubo ya la de Corporación
Dermoestética. No se ha producido, pero está anunciada para este año, la de una empresa que se llama Codere. Para el próximo año se prevé que el grupo Bolsas y Mercados Españoles anuncie su deseo de sacar parte de su capital a bolsa.
Finalmente les diré, y es algo posterior a la memoria, que a propuesta de este grupo, Bolsas y Mercados Españoles, el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores elevó al Gobierno recientemente una propuesta para que autorice un
llamado mercado alternativo bursátil, donde estarían empresas sin que esa cotización tuviera carácter oficial.
Estaría pensado para empresas medianas que no quieran cotizar en el mercado oficial, que exige mayores requisitos y exigencias, y sería
un mecanismo para dar liquidez a las Sicav, a las sociedades de inversión de capital variable, que quieran abandonar la cotización oficial, pero que, a la vez, quieran mantenerse en este mercado no oficial que sería, si el Gobierno lo aprueba, el
mercado alternativo bursátil. Las casi 200 sociedades cotizadas que tenemos en España se han venido adaptando durante el año 2004 y los meses de 2005 a las exigencias de transparencia que introdujo en su día la Ley de Transparencia de 2003, que
constituyó un hito en las obligaciones de información pública de las sociedades cotizadas y que ha sido motivo de elogio fuera de nuestras fronteras. A esa ley le siguieron una serie de normas de rango inferior que desarrollaron las informaciones
que tienen que dar las empresas sobre operaciones vinculadas y la circular de la CNMV, que reguló el contenido de ese informe anual del gobierno corporativo. Luego ha tenido que haber ese proceso de adaptación, a lo largo de este año 2005, a la
implantación de las normas internacionales de contabilidad y a las normas internacionales de información financiera.
Si me permiten, haré un brevisimo comentario sobre alguno de estos puntos.
En lo que atañe a las normas internacionales de información financiera, a lo largo de este tiempo transcurrido del año 2005 la CNMV y, en particular, la Dirección
General de Mercados y una nueva dirección de información financiera, han hecho un esfuerzo que yo calificaría de titánico y elogiable, ofreciendo a todas las empresas cotizadas la oportunidad de tener reuniones bilaterales para conocer mejor sus
dudas y sus planes de implantación de las nuevas normas de contabilidad. Ha habido reuniones con 107 compañías cotizadas y eso da la medida del esfuerzo tan gigantesco que se ha hecho por parte de esa dirección general. Al mismo tiempo, ha seguido
funcionando un grupo de expertos contables en el que, por un lado, participa la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por otro, empresas auditoras y sociedades cotizadas, así como los reguladores financieros y contables interesados en el
patrimonio de ese grupo, tratando de unificar criterios y evitar que los márgenes de discrecionalidad que las normas internacionales de contabilidad otorgan a las sociedades a la hora de aplicar esas normas, no condujeran a una divergencia y a una
falta de homogeneidad de los estados financieros publicados por unos y otros. En la memoria del año que viene hablaremos con más detalle sobre esta materia, pero sí me atrevería a adelantar algunos resultados muy preliminares de estas
conversaciones que hemos tenido con estas 107 empresas sobre la aplicación ya este año de unas normas internacionales de contabilidad que, como ustedes saben, difieren de las tradicionales del Plan General de Contabilidad español y que se
aplican a todos los grupos consolidables que cotizan en bolsa. La buena noticia es que la gran mayoría de las empresas habían planificado con bastante antelación esta migración contable a las normas internacionales de contabilidad y que los
directores financieros y los comités de auditoría habían tenido una buena información y un papel muy activo en esa transición a las nuevas normas.
En líneas generales, porque esa proposición no admite excepciones, hemos constatado que las empresas
han tendido a usar, dentro de las opciones que le permiten las normas internacionales de contabilidad, criterios contables prudentes. Así, por ejemplo, en la valoración de activos y materiales intangibles, casi todas han preferido la valoración a
precio del coste histórico a la valoración a precios de mercado. La jerga se llama valor razonable y es valor de mercado. Ha habido excepciones, pero en general hemos constatado que ha habido prudencia.
Una característica general que hemos podido observar en quien conoce bien los mercados, como resultado de este cambio de los criterios del Plan General de Contabilidad a las normas internacionales de contabilidad, es que a muchas empresas,
por no decir a la gran mayoría, se les ha producido una disminución contable en la cifra de patrimonio neto, por varias razones. Una de ellas, porque valores que, antiguamente, con el Plan General de Contabilidad se podían computar como recursos
propios, cuasi capital, las normas internacionales de contabilidad son más estrictas y obligan a que se computen como deuda. Ahora lo han tenido que pasar a computar como deuda y han tenido que rebajar la cifra de patrimonio neto.
Por otro lado, las normas internacionales de contabilidad no permiten a las concesionarias de autopistas, por ejemplo, capitalizar gastos financieros una vez iniciada la explotación de la autovía, con lo cual han tenido que dar de baja esas
partidas capitalizadas contra recursos propios. También han tenido que aplicar un régimen de amortización lineal de los activos afectos a la concesión, en vez de hacer como permitía hasta ahora el Plan General de Contabilidad, que se amortizaban
los activos con un perfil similar al de los ingresos. Ha habido una serie de ajustes técnicos que para un número muy significativo de empresas, desde el punto de vista contable, aparezca ahora en término de normas internacionales de contabilidad
con menos patrimonio neto y más deuda, sin que la situación patrimonial sustantiva o subyacente haya cambiado un ápice. Finalmente, también hemos visto, y eso es bueno, que las normas internacionales de contabilidad han llevado a algunas empresas a
incorporar, al perímetro de consolidación contable, esas figuras a entidades de propósito especial, para dar una imagen fiel de la totalidad del grupo.
Con independencia de esta labor esforzada y abnegada de muchísimos funcionarios que han tenido que trabajar muchas horas en esta materia, la CNMV también ha estado colaborando, en otra cuestión contable distinta a ésta, en el esfuerzo que
está desarrollando el ICAB para hacer que las normas contables españolas, las contenidas en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Plan General de Contabilidad, se aproximen lo más posible y converjan, sin perder su propia fisonomía y autonomía,
hacia las normas internacionales de contabilidad. Ha habido funcionarios de la CNMV asesorando al ICAB sobre determinadas cuestiones, especialmente sobre materias de instrumentos financieros.
Otro apunte en lo que atañe a ese otro capítulo al que me he referido, el gobierno corporativo. Como decimos en la memoria, ya en el año 2004 todas las sociedades cotizadas han tenido que presentar sus informes anuales de gobierno
corporativo en un formato estandarizado susceptible de explotación informática. Lo que haremos en la comisión el último trimestre de este año es hacer público un informe panorámico que resuma las grandes tendencias observadas en esos informes
anuales de gobierno corporativo presentados por las entidades. Cuestión distinta es el tema de las normas o recomendaciones de buen gobierno. Simplemente mencionaré que el pasado mes de junio el Gobierno instó a la creación de un grupo de trabajo
para actualizar las recomendaciones sobre gobierno corporativo.
El Gobierno con buen criterio pidió a este grupo de trabajo, cuya presencia nos encomendó a la CNMV, que no partieran de cero y que no hiciéramos tábula rasa, sino que partiéramos del
valiosísimo trabajo ya hecho por las comisiones Olivencia y Aldama y que incorporemos las experiencias posteriores. De acuerdo con el calendario que nos hemos trazado en este grupo de trabajo, tenemos intención de preparar una propuesta de código
de recomendaciones de buen gobierno, actualizada a finales de diciembre, para someterlo a consulta pública. Desde luego estaría encantado de comparecer de nuevo ante esta Comisión de Economía si considerara que esa es una materia que le interesa y
quisiera que expusiera en detalle todos los debates que habrán estado latentes y que habrán inspirado esas recomendaciones para que se incorporaran en el código de recomendaciones, que está previsto que se apruebe por el grupo de trabajo en la
primavera del año que viene, en el 2006, insisto, con carácter de recomendaciones y excluyendo de tal código todo lo que sean exigencias legales.
En cuanto al mercado de renta fija, como se señala en la memoria anual, en el año 2004 continuó una tendencia ya constatable en períodos anteriores de explosión, por así decirlo, en el volumen de emisiones de renta fija.
Históricamente, si
nos remitimos al mercado español diez años atrás, el mercado español de valores era una bolsa más o menos pujante, un gran mercado de la deuda pública y luego una cosa diminuta, que era el mercado de valores de renta fija privada, un mercado
dominado por los pagarés, algunas emisiones, pero que no tenían
un gran tamaño. En los últimos años hemos visto -en el año 2004 y lo transcurrido del 2005 son ejemplos de ello- que ha habido una apelación masiva por emisores privados, especialmente entidades financieras, al mercado de renta fija, tanto
por valores de deuda de esos emisores como a través de fondos de titulización e instrumentos de titulización. Yo creo que el informe hace justicia a toda esa actividad. El mercado de renta fija ha sido otro de los mercados al que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores le ha prestado especial atención. Hace tiempo que colaboramos con las iniciativas que estaba tomando el Gobierno en materia de competitividad del mercado de renta fija y creamos un grupo de trabajo que ha tenido la
Presidencia del vicepresidente de la comisión, Carlos Arenillas, aquí presente, que a sus capacidades une su especial y profunda experiencia en todo lo que son mercados de renta fija. Entre esas medidas, que complementaron las que se contuvieron en
el decreto-ley de esta primavera trasponiendo la directiva de folletos, se contempló una reducción de costes de las emisiones de renta fija, por un lado minorando las tasas de la CNMV que gravan sobre esas operaciones, así como dando carácter
potestativo a la formalización en escritura pública de las emisiones de obligaciones de renta fija.
También hemos trabajado en la estandarización del texto de las notas de valores, por así decirlo folleto, de las emisiones más típicas para agilizar el proceso de registro de esas emisiones. Próximamente, en este año desde luego, pondremos
en marcha la posibilidad de que los emisores presenten esos folletos de emisión de forma electrónica ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de nuevo con un ahorro de costes y de tiempo. Como digo, la directiva de folletos, que es la que
regula estas emisiones, está traspuesta casi por completo gracias al decreto-ley que las cámaras convalidaron en esta primavera. Hace falta tan solo un desarrollo reglamentario, que está muy avanzado, y quizá, al margen de esto, alguna
actualización del marco normativo que rige la titulización.
Esa titulización se rige todavía por una norma con rango de ley que se aprobó en el año 1992, cuando yo era director del Tesoro, fíjense ustedes si es ya antigua. El mercado ha
evolucionado mucho desde entonces y convendría efectuar algún pequeño retoque, incluso técnico, para que ponga la legislación española a la altura de los mercados más desarrollados.
Una cuestión adicional que constatamos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores es que todos los mercados, pero muy especialmente el mercado de renta fija, han experimentado un proceso de internacionalización creciente. Los inversores
no residentes son extremadamente activos no solo en el mercado de valores, de acciones, en las bolsas, sino también en el mercado de renta fija. Quizá ahí es donde vemos un cierto decalaje entre las concepciones de las que parten algunas normas
fiscales, que parten de la presunción -que era cierta en el pasado pero que ya no lo es- de que los adquirentes típicos de valores de renta fija son residentes en España, a la realidad actual, que es que los mercados son internacionales y el grueso
de las emisiones se colocan entre inversores no residentes, sin perjuicio de que algunas de ellas también se adquieran por los residentes. En materia de retenciones, por poner un ejemplo, quizá es donde el régimen de retenciones actuales responde a
un esquema de distribución de los valores que no se compadece bien con las tendencias estatales. No les aburriré con el debate internacional que existe en estos últimos meses sobre las posibles ventajas para el mercado de renta fija de que haya una
mayor transparencia en los precios aplicados por los creadores de mercado, los intermediarios financieros que intervienen en esos mercados que no funcionan en régimen de concentración sino en régimen de precios, y también las exigencias adicionales
de información que habría que exigir a aquellas sociedades y entidades que no emitan acciones pero que sí emitan valores de renta fija. Es una reflexión que se hace especialmente tras el célebre escándalo Parmalat en Italia, que en Estados Unidos
ha hecho que muchos reguladores vuelvan su atención a esta materia.
En cuestión de instituciones de inversión colectiva es conocido el crecimiento que han seguido teniendo los fondos de inversión españoles en sus múltiples modalidades. Solo los fondos de inversión mobiliarios suponen unos 240.000 millones
de euros, que además representan -lo decimos en el informe- alrededor del 12 por ciento de las colocaciones de ahorro de las familias españolas. Es cierto que las rentabilidades de muchos de esos fondos han sido moderadas, pero hasta cierto punto
ése ha sido el resultado inevitable, ya que en la medida en que invierten en activos en renta fija y los tipos de interés en el euro han estado bajos era inevitable que la rentabilidad ante esas carteras de renta fija no pudiera ser muy boyante.
Las actuaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en esa materia han sido reforzar, como siempre, la transparencia de la información que se proporciona a los inversores y a los partícipes. Quiero señalar que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en esta materia -lo señalo sin ningún pudor, porque es una actuación muy anterior a que yo llegara a ella- desde al menos el año 1997, cuando se aprobó la Circular 3/1997, ha sido pionera, incluso pionera internacionalmente, en la
regulación de esos gastos que gravitan sobre los fondos. De forma que además de las comisiones de gestión y de depositaría, hay esos otros gastos ordinarios, gastos de auditorías y algunos otros gastos, que legalmente se pueden cargar al fondo y
que disminuyen la rentabilidad. Como digo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha sido pionera en que las sociedades gestoras desvelen esos gastos ordinarios y se conozca en España ese concepto que en el mundo anglosajón se llama total
expense ratio, que incluye no solo las comisiones de gestión y depositaría, sino aquellos gastos que se imputan al fondo. En aras de una mayor transparencia y facilitar la comparación a los partícipes de fondos estamos estudiando la posibilidad de
dotar a los usuarios de la página web de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de las herramientas necesarias para que cuando acudan a ella puedan comparar, según diversas variables que consideren pertinentes, los distintos fondos registrados en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Sin abandonar el ámbito de las instituciones de inversión colectiva, la Ley de instituciones de inversión colectiva del año 2003 introdujo, como ustedes saben, como cambio significativo, en primer lugar obligar a todas las sociedades de
inversión mobiliaria a transformarse en sociedades de inversión de capital variable, en Sicav, y así ha ido ocurriendo con muchas de las antiguas SIM. A finales del año pasado teníamos un patrimonio en Sicav que era bastante significativo y que
rondaba los 23.000 millones de euros. En materia de instituciones de inversión colectiva quizá el punto más destacable es la inminente aprobación por el Gobierno del reglamento que desarrolla esa ley. Siempre destaco que la CNMV no es un
regulador, sino que es un ente supervisor que se limita a asesorar a aquellos que tienen las facultades regulatorias básicas que son: el Congreso, el Gobierno y luego el Ministerio de Economía y Hacienda, a quienes les competen todos los
desarrollos reglamentarios. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera Tiene una magnífica presentación de este reglamento en su página web que aquí yo no les voy a repetir, pero hay cosas que vamos a tener que desarrollar en la Comisión
del Mercado de Valores porque hay infinidad de novedades, como es la autorización de fondos por compartimentos y con distintos tipos de participaciones; la creación de los fondos de inversión cotizados, el establecimiento en España de la figura de
los gest funds, que se podrán adquirir libremente por quien pueda invertir de forma directa 50.000 euros como mínimo o de forma indirecta a quien pueda invertir un euro en algún fondo de fondos de los que aglutinen una cartera de gest funds. En la
CNMV hemos creado un grupo de trabajo en colaboración con expertos contables para ver cuál debe ser la regulación por la CNMV de esos nuevos productos, y en particular de los gest funds que contempla el nuevo reglamento. Se introducen una serie de
mejoras adicionales con las que no les voy a aburrir, y entre ellas se dan medios a las sociedades gestoras de fondos de inversión españolas para que los comercialicen fuera de España. Es una pretensión a la que todos debemos aspirar, porque con
independencia de que haya fondos extranjeros que se comercialicen en España también debe haber fondos gestionados desde España que se vendan a inversores de fuera de España. En materia de instituciones de inversión colectiva hemos tenido una
relación muy estrecha con la Dirección General de Seguros para intercambiar experiencias e información sobre la supervisión de los fondos de inversión en nuestro caso y de los planes y fondos de pensiones por la Dirección General de Seguros. Ha
habido ahí una colaboración muy fructífera y útil y les anticipo que el próximo informe anual tratará de ser mucho más amplio en lo que atañe a instituciones de inversión colectiva.
Pasando a entidades financieras que prestan servicios de inversión, lo primero que hay que mencionar son las sociedades y agencias de valores y sociedades gestoras. Es lo que nuestra legislación todavía llama, con una terminología un poco
anticuada, empresas de servicios de inversión olvidando que los intermediarios financieros que más servicios de inversión prestan en España son las entidades de crédito. El número de sociedades y agencias de valores en España se mantuvo
relativamente estable pero creció la presencia en España de empresas de servicios de inversión domiciliadas en otros países de la Unión Europea. La situación de las sociedades y agencias de valores en términos económicos y patrimoniales ha sido muy
favorable. Como ustedes saben, vivieron una época crítica después de la crisis bursátil de la primavera de 2000; los años 2001 a 2003 fueron difíciles, pero se han ido recuperando y hoy la situación es mucho más saneada en términos de ingresos, de
resultados y de márgenes excedentarios de solvencia. Al mismo tiempo, esa mejora en sus cuentas ha ido acompañada de una pérdida de cuota de mercado dentro de la negociación, porque los bancos han atraído hacia sí muchas operaciones que hasta
entonces eran ejecutadas por sociedades y agencias de valores. Una tendencia adicional que hemos visto, y que es constatable tanto en el caso de bancos españoles como de bancos extranjeros, es que muchos bancos han decidido absorber a sus antiguas
filiales, sociedades de valores, integrándolas en sí por razones de economía de coste. Al mismo tiempo, y es un fenómeno y una tendencia que desde la Comisión del Mercado de Valores vemos con agrado, se han producido bajas voluntarias por agencias
de valores que han constatado que no tenían medios suficientes para cumplir con las exigencias derivadas de la normativa.
El fondo de garantía de inversiones ha visto aumentar ligeramente su patrimonio que está en 19 millones de euros, cifra modesta pero creciente porque ya están pagadas las indemnizaciones de los siniestros que se produjeron en su día,
especialmente los casos Gescartera y Ava, que son afortunadamente historia. Lo que sí hemos visto es que la sociedad gestora de ese fondo de garantía de inversiones, en la medida que integra en el consejo a todas las sociedades y agencias de
valores y sociedades gestoras de cartera, está siendo un foro de interlocución y de asesoramiento muy útil a la propia Comisión del Mercado de Valores, porque se da la paradoja de que en el comité consultivo de la CNMV hoy por hoy no existe -que yo
sepa- ningún representante de sociedades y agencias de valores; hay de otros estamentos porque ese comité consultivo se concibió en otro momento. Por lo tanto, este consejo de administración de la sociedad gestora del fondo es un interlocutor muy
válido. Las entidades de crédito son las que en España siguen prestando el grueso de los servicios financieros relacionados con el mercado de valores. Aquí la labor de la Comisión del Mercado de Valores ha sido alertarles de las exigencias
adicionales en lo que atañe a normas de conducta que se derivarán de la entrada en vigor de
una directiva -a la que enseguida haré alusión- que es la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros, la directiva MFI, que obliga a las entidades financieras a ser muy cuidadosas al gestionar conflictos de intereses. Un conflicto de
interés típico de una entidad de crédito es el que pesa sobre ella cuando comercializa un valor emitido por ella misma.
Hasta ahora las entidades de crédito tendían a considerar los pasivos bancarios como un todo y no eran suficientemente
conscientes de que lo que tenga la calificación de valores lleva un régimen jurídico, que es el de la Ley de mercado de valores, que es muy distinto y mucho más exigente que el de aquellos productos que sean depósitos bancarios típicos, de toda la
vida, que estarán sujetos exclusivamente a la supervisión y tutela del Banco de España. La Comisión del Mercado de Valores ha iniciado algo que ya se anunciaba en la memoria anual, que es el plan de supervisión de cómo aplican las normas de
conducta las entidades de crédito cuando prestan servicios de inversión. Como es lógico estamos haciendo abundante uso de las previsiones de ese convenio de colaboración que se ha suscrito entre la CNMV y el Banco de España para el ejercicio
armónico de aquellas competencias que tenemos y que se solapan.
Finalmente, en entidades de capital riesgo vemos que se está produciendo un desarrollo creciente del instrumento y que el proyecto de ley que está en avanzada tramitación en el
Congreso ha suscitado grandes expectativas.
En materia de regulación financiera, que es un capítulo de enorme trascendencia para la CNMV aunque nosotros no seamos los autores de esa regulación, ha seguido dominando la puesta en práctica del plan de acción de servicios financieros
dirigido a crear un mercado financiero integrado en la Unión Europea. Por un lado, tenemos la directiva de abuso de mercado, que afortunadamente fue traspuesta en gran medida rápidamente por los artículos 83 bis y 83 c) de la Ley del Mercado de
Valores sin perjuicio de lo cual falta algún desarrollo comunitario mediante un real decreto, que la Dirección General del Tesoro tiene expuesto a consulta pública, y que entrañará obligaciones adicionales como la de comunicar obligaciones
sospechosas a los intermediarios financieros que perciban alguna; exigirá que los directivos tengan que informar, como ya vienen haciéndolo los consejeros, de aquellas transacciones que hagan sobre valores de su empresa y reforzará las exigencias
de transparencia e imparcialidad en las recomendaciones y en las informaciones que tanto los analistas financieros como los periodistas viertan al mercado.
La Directiva de transparencia es otra de las esenciales que habrá que trasponer antes de enero de 2007, pero afortunadamente en España estamos muy adelantados en esta materia porque ha habido una exigencia muy rigurosa de transparencia desde
hace años. De la Directiva sobre folletos no hablaré porque ya lo he hecho. Quizá el verdadero plato fuerte es la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros, una directiva que tendrá carácter trascendental. Deberá ser traspuesta a los
ordenamientos jurídicos antes de octubre del año que viene y tendrá que entrar en vigor en cada uno de los países -si se aprueba la propuesta de la Comisión Europea- antes de junio del año 2007. Esta es una directiva de bastante calado porque, por
un lado, completa la Directiva sobre servicios de inversión del año 1993, y junto a eso introduce un régimen de competencia total entre mercados financieros y modalidades de contratación, de forma que en España habrá que modificar ese precepto legal
de la Ley del Mercado de Valores, que dice que solo se pueden contratar acciones en bolsas de valores, porque va en contra de ese principio de competencia absoluta entre todos los foros, medios de contratación y negociación que puede establecer
libremente el mercado. Esta directiva también exigirá un denodado esfuerzo de agregar información sobre transacciones, que hasta ahora están muy centralizadas en los mercados bursátiles gracias al régimen de concentración que prima en la
contratación bursátil. Aquí la CNMV también ha hecho un tremendo esfuerzo por exponer las novedades que se vienen encima como resultado de esta directiva. Así, hemos estado en todas las plazas bursátiles españolas exponiendo en detalle las
implicaciones de la nueva directiva e incluso haciendo presentaciones en asociaciones de entidades financieras.
Por último me referiré brevísimamente a otra directiva que no es tan trascendente como la MFI, pero que también tiene importancia, la Directiva sobre ofertas públicas de adquisición, sobre las OPA, que España tendrá que trasponer antes de
mayo de 2006. Aquí una cuestión clave que tendrá que dilucidar el Gobierno a la hora de trasponerla es qué porcentaje de voto en una compañía se presume que otorga el control de esa compañía y, en consecuencia, obliga a lanzar una OPA por el cien
por cien del capital cuando se alcanza ese porcentaje de voto. También el Gobierno tendrá que pronunciarse sobre una opción que contempla el artículo 11 de la directiva, que deja libertad a los Estados miembros para decidir de acuerdo con su
ordenamiento jurídico nacional si quedan o no en suspenso durante la presentación de una OPA las medidas de blindaje estatutario que una sociedad haya podido incorporar a sus estatutos para poner dificultades a la toma de control por un nuevo
inversor; el ejemplo típico es que una sociedad en sus estatutos limite el derecho a voto al 10 por ciento. Esa es una limitación, un blindaje estatutario. La directiva que regula esa materia, que denomina las break throu rules, las reglas sobre
penetración de empresas, en principio da libertad a los Estados para decir que esos blindajes estatutarios queden en suspenso mientras se dilucida la suerte de una OPA. En todo caso, lo que sí hace la directiva es confirmar el deber de pasividad
que incumbe a los administradores de una empresa que ha sido objeto de una OPA no solicitada, salvo actuaciones orientadas a facilitar la presentación de ofertas competidoras. El derecho comunitario, igual que el derecho español, parte de la
convicción de que cuando a una empresa le presentan una oferta
pública de adquisición que no tiene el visto bueno de los administradores, a estos se les plantea un conflicto de interés. La oferta no está dirigida a los administradores, sino a los accionistas, y al ser una oferta nunca puede ser hostil
para los accionistas. Una oferta nunca es hostil porque se puede rechazar o aceptar, pero esa oferta, en la medida en que no ha sido pactada con los administradores, puede ser considerada por ellos como hostil por dos razones: primero, porque el
opante, en la medida en que ofrece un precio más alto por la acción, hasta cierto punto, de forma implícita, está censurando la gestión de los administradores y, segundo, porque es habitual en las OPA de esa naturaleza que, si triunfan, produzcan un
cambio en los administradores.
Esas dos circunstancias que la OPA entraña, una censura implícita de la gestión de los administradores existentes más la posibilidad de que si triunfa suponga la remoción de sus cargos de los administradores, hacen
que esos administradores entren en un conflicto de interés y como es típico en el mercado de valores de ello deriva un deber de abstención, que en el marco de la normativa de OPA se llama deber de pasividad; es, como digo, una manifestación
concreta de la lógica prudencia y del deber de abstención que gravita sobre cualquier persona que está sometida a un conflicto de interés.
Hay - ya no entraré en este tema salvo que me hagan preguntas- un debate sobre la eventual necesidad de una directiva adicional, que no está en vigor y que ni siquiera ha sido propuesta por la Comisión, la directiva sobre registro,
compensación y liquidación de valores; esas funciones que, para entendernos, son las que ahora en España hace Iberclear y que antes hacía el Servicio de Compensación y Liquidación de Bolsas en el caso del mercado bursátil y la central de
anotaciones del Banco de España en el caso de la deuda pública, como digo, antes de que esas dos entidades se integraran en Iberclear. Este es un tema complejo en relación con el cual hay varios grupos de trabajo. La Comisión Europea ha dicho que
a principios del año 2006 decidirá si propone o no una directiva sobre la materia. El temor que subyace en algunos es que en aquellos mercados donde hay una integración vertical en términos de lo que los anglosajones llaman silo, donde las
transacciones negociadas en un mercado se liquidan y compensan en una empresa filial de ese mercado, como ocurre en Alemania, Italia y España, hasta qué punto esa íntima vinculación entre el sistema de contratación y el sistema de liquidación no
supone una traba que va en contra de los principios de libre competencia en el ámbito de la negociación y de los servicios financieros que estableció como principio general la directiva MFI. Es un asunto de calado en el que las entidades españolas
están participando activamente y que merecería no menos de otra comparecencia si fuera un asunto de su interés.
También ha habido una intensa actividad en el ámbito europeo del comité en el que nos reunimos las comisiones de valores de los 25 países miembros de la Unión Europea, el llamado comité CESR. Como saben, este comité funciona en un régimen
de cooperación intergubernamental, de forma que el programa de servicios financieros no contempló la creación de nuevas instituciones comunitarias, como ocurrió en el ámbito de la unión monetaria, donde al crearse la unión monetaria se creó el Banco
Central Europeo y el sistema de bancos centrales europeos. En el ámbito del mercado de valores hay legislación comunitaria, hay todas esas directivas y reglamentos a los que me he referido, pero los que los aplicamos día a día somos supervisores
nacionales, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que estamos integrados en una red y cooperamos entre nosotros. Ha habido un informe, el célebre informe Himalaya, que analiza esa experiencia, habla de sus pros y sus contras y apunta a
si en el futuro no habría que contemplar que algunas funciones eventualmente pudieran desarrollarse de modo paneuropeo en vez de que las haga cada una de las comisiones de mercado de valores de los 25 países miembros.
Concluyendo esta sección, en España el plan de acción de servicios financieros nos plantea dos grandes retos: por un lado, la necesidad de un gran esfuerzo legislativo a corto plazo que entrañará una reforma significativa de la Ley del
Mercado de Valores y, por otro lado -este segundo reto ya no es normativo, sino económico-, facilitar la competencia entre mercados financieros y romper ese principio de concentración y de negociación obligatoria de acciones en las bolsas que está
consagrado en nuestra Ley del Mercado de Valores.
Si pasamos ahora al ámbito de las actividades de supervisión sobre intermediarios financieros y mercados, en el ámbito de las entidades la Comisión del Mercado de Valores supervisa todo, incluyendo la solvencia, normas prudenciales y también
normas de conducta en el caso de las sociedades y agencias de valores, sociedades gestoras de cartera, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, etcétera, y además supervisa las normas de conducta en el caso de las entidades de
crédito, cuya solvencia y demás, como es lógico, son objeto de supervisión por el supervisor bancario, el Banco de España. Reitero que ese convenio de colaboración que tenemos con el Banco de España y con la Dirección General de Seguros está
funcionando con eficacia. Estamos ya poniendo en marcha la supervisión de las normas de conducta de las entidades de crédito en el mercado de valores y también estamos colaborando estrechamente con el servicio ejecutivo de la comisión para la lucha
contra el blanqueo de capitales, que se sirve de los tres supervisores financieros -Banco de España, Seguros y Comisión Nacional de Mercado de Valores- para difundir esas normas contra el blanqueo en el ámbito de los mercados. La supervisión de los
mercados es muy amplia, pero tiene su ejemplo más significativo en la investigación de prácticas abusivas, uso de información privilegiada y manipulación de precios. Como hemos señalado en la memoria, hemos introducido una mejora en el sistema de
alertas informáticas que disparan
los programas de la comisión y que nos ponen sobre la pista de situaciones dignas de investigación, y hay una enorme actividad de la unidad de vigilancia de mercados que se integra en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es mucho
mayor que la que luego aflora en expedientes sancionadores porque, afortunadamente, muchas de las alarmas e investigaciones que llevamos a cabo acaban siendo falsas porque las conductas son plenamente acordes con el derecho.
Entre las técnicas que puede usar un supervisor de los mercados para lograr un cumplimiento general de las normas, sobre todo voluntario, estamos haciendo un uso creciente con carácter preventivo y con carácter admonitorio de cartas a
asociaciones profesionales, como Inverco, la Asociación de Banca Privada o la Confederación de Cajas de Ahorro, y también a operadores de mercado recordándoles sus obligaciones y las normas de conducta aplicables a operaciones típicas. Un ejemplo
que querría señalar es el envío a la patronal de las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y a otras más estableciendo cuáles son las normas vigentes en materia de asignación a clientes concretos de operaciones canalizadas de
forma global al mercado. Un último ejemplo de esa labor tutelar y preventiva es el de las tres cartas que la semana pasada mandamos desde la CNMV a las tres empresas relacionadas directa e indirectamente con la OPA de Gas Natural sobre Endesa y que
pretendían recordarles las obligaciones que les incumbían de forma especial a la vista de la presentación de esa OPA. Finalmente, estamos en estrecha colaboración con las tres administraciones autonómicas que tienen competencia en materia de
valores para desempeñar las competencias de la CNMV en perfecta armonía con las suyas.
Paso al capítulo de protección de los inversores. Aquí la comisión ha hecho un especial esfuerzo por dar a este objetivo la prioridad que merece. La primera es la designación en el seno del comité ejecutivo de un consejero, auxiliado por
un suplente o un segundo consejero, que es el responsable del impulso y la coordinación de las actividades de protección del inversor que lleva a cabo la CNMV. Ese consejero, Juan Junquera, está aquí presente, y en la medida que él es el autor e
impulsor, con la colaboración de Luis Pérez Agua, de las iniciativas que les voy a desgranar, las voy a enunciar con desparpajo y sin ningún pudor porque creo que son elogiables. Se ha iniciado la publicación de un informe trimestral sobre
reclamaciones y consultas -lleva ya dos números, si no recuerdo mal; el último es el correspondiente al segundo trimestre- en el que se menciona en detalle el tenor de las reclamaciones y las consultas más típicas y la doctrina y las mejores
prácticas que la CNMV recomienda o entiende que son exigidas por la legislación vigente.
También se ha creado en el seno de la CNMV una oficina de atención al inversor que ha integrado funciones que hasta entonces estaban dispersas en las áreas de
consultas, reclamaciones y de protección al inversor. Se ha hecho un deliberado esfuerzo por mejorar la claridad de los folletos que se registran en la CNMV en proyectos de naturaleza compleja, como son las participaciones preferentes, la deuda
subordinada, los contratos de compraventa de opciones o los fondos de inversión garantizados. Se ha impulsado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores la celebración próximamente en Valencia de una conferencia de ámbito europeo patrocinada
por el Comité CESR sobre protección de los inversores, y se está impulsando el establecimiento de una red informal de diálogo y de colaboración entre los distintos servicios de atención al cliente que tienen establecidos por imperativo legal las
distintas entidades financieras. Es un amplio elenco de actuaciones que ha liderado Juan Junquera, y sinceramente creo que estamos haciendo con gran eficacia lo que la ley originalmente previó que hiciera alguien ajeno a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, como era el comisionado para la Defensa del Inversor.
En materia de actuaciones disciplinarias y sancionadoras, habrán visto ustedes que se colgó en la página web de la CNMV el registro público de sanciones. Se colgó en la red cuando solo tenía una sanción y ahora ya tiene cinco. Tiene un
número limitado de sanciones porque se aplican criterios garantistas, lógicos en un Estado de derecho. Las infracciones que figuran allí tienen que ser graves o muy graves, se excluyen las leves; las sanciones tienen que ser firmes en vía
administrativa y además los hechos sancionados tienen que haber acaecido con posterioridad a la entrada en vigor de la ley que creó el registro. La CNMV, como ustedes saben, no da publicidad nunca a apertura de procedimientos sancionadores
individuales, aunque habrán visto ustedes en la memoria el desglose por categorías de los distintos tipos de infracción que estamos persiguiendo.
Como ya he dicho anteriormente, con independencia de esos expedientes sancionadores hay, con carácter
previo, una abundante actuación investigadora por parte de una unidad especializada, que es la de vigilancia de los mercados, que afortunadamente muchas veces no da pie a sanciones porque se demuestra que lo que está investigando son falsas alarmas
y que la conducta era conforme a derecho. La composición de esos expedientes sancionadores a los que me he referido varía de año en año.
Ustedes habrán visto en la memoria que en el año 2004 los expedientes por no comunicación o comunicación
tardía de participaciones significativas en sociedades cotizadas fueron muy numerosos, y cuando lean el informe correspondiente a este año 2005 verán que, por razones de aleatoriedad estadística, la composición será muy distinta porque en este año,
en lo que lleva transcurrido de los diez expedientes sancionadores que hemos iniciado, seis han sido por abuso de mercado, información privilegiada o manipulación de precios. Dicho sea de paso, hay una estrecha colaboración de la CNMV, a través de
un comité del CESR que se llama CESR-Pol, con todos los responsables de esa función que los anglosajones llaman enforcement, que es equiparable a nuestra inspección y supervisión en otros Estados miembros, y lógicamente la comisión mantiene sus
perennes actuaciones
admonitorias y sancionadoras contra empresas que sin estar autorizadas prestan servicios de inversión y a las que de una forma coloquial se les suelen llamar chiringuitos. Hemos constatado que estas empresas no autorizadas siguen existiendo
a pesar de nuestros esfuerzos, pero su actividad con inversores españoles es cada vez más restringida.
Finalmente -estoy a punto de acabar-, en lo que atañe a organización y gestión de la CNMV, creo que es resaltable la creación y puesta en funcionamiento de dos nuevas direcciones generales: una de ellas -ya la mencioné- es la dirección de
informes financieros, sobre la que está recayendo el enorme peso del control de la aplicación por las empresas de las normas internacionales de información financiera y de sus obligaciones de informe, incluyendo los informes anuales de gobierno
corporativo; y la otra es la dirección de control interno, que se creó el año pasado. Se han aprobado en su práctica totalidad todos los procedimientos internos establecidos en el reglamento de régimen interior. Hemos aumentado la plantilla, como
anunciábamos en la memoria anual, y está previsto que al acabar el ejercicio hayamos pasado a una plantilla de 375 empleados frente a los 318 de los que partíamos a 1 de enero; esperamos que este aumento refuerce el magnífico plantel de
profesionales que ya tenemos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si me permiten un inciso, en lo que atañe a diversidad de género, la ejecutoria de la CNMV es buena en cuanto a niveles técnicos, hasta el punto de que en los niveles
técnicos hay 121 mujeres frente a 118 hombres, pero lo que sí es cierto es que en los niveles directivos, que son menos, hay seis mujeres con nivel directivo frente a 15 hombres con el mismo nivel. No estamos en la perfección, pero la situación
-como ocurre en general, dicho sea de paso, en la Administración pública- es bastante favorable en comparación con el mundo de la empresa privada.
Hemos contratado una auditoría de seguridad y hemos adoptado de inmediato medidas de refuerzo de la seguridad tras el grave error en los servicios de seguridad que tuvimos en el mes de julio, cuando dos personas no autorizadas entraron en
los locales de Serrano 47. Estamos aprovechando, dicho sea de paso, la rehabilitación integral que vamos a hacer de la sede central de la CNMV, en Castellana 19, y la ampliación de locales en la torre de Serrano 47 para poner en funcionamiento los
sistemas de seguridad más avanzados que ofrece el mercado. También hemos ampliado la oficina de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en Barcelona, hace ya muchos meses, en marzo de 2005, celebramos allí por primera vez un consejo de la CNMV
y está previsto que a lo largo del año que viene celebremos consejos de la CNMV en las restantes plazas bursátiles españolas.
En materia de tasas, como dije, propusimos muy temprano, a comienzos de año, al Gobierno una reducción inmediata de dos tasas que afectaban sobre todo a las operaciones de renta fija. Desgraciadamente, esas reducciones no se aprobaron por
decreto-ley, sino que por purismo jurídico se incorporaron al proyecto de ley de reformas en materia tributaria y se aprobarán previsiblemente este año, pero dejarán sentir su impacto financiero en el año 2006. En todo caso, parece necesario hacer
una revisión y actualización, en virtud de una norma con rango de ley, de la estructura de tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la vista de que se han producido muchos cambios normativos y los hechos imponibles se han modificado y
hay que actualizarlos. De forma que en su momento propondremos al Gobierno que someta a este Congreso una propuesta que regule con rango de ley las tasas de la CNMV.
Finalmente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha mantenido el liderazgo que históricamente tuvo en materia de administración electrónica, quizá por los trabajos pioneros que la dirección de sistemas de la CNMV lleva haciendo desde
muy larga data, y quizá ha tenido especial protagonismo en la difusión del llamado estándar XBRL para la presentación de estados financieros.
En conclusión, para el año que viene la CNMV tiene ante sí varios desafíos. Uno de ellos es asesorar y colaborar con el Gobierno, con el Ministerio de Economía y Hacienda, en la preparación del intenso programa de reformas normativas que
son exigibles y urgentes. Además tenemos que contribuir con una sabia mezcla de rigor y de agilidad para lograr la competitividad y pujanza de los mercados de valores españoles, que van a estar sujetos a una mayor competencia internacional como
consecuencia de la directiva de mercados e instrumentos financieros y además una competencia internacional que derivará del proceso de reestructuración transnacional de mercados de valores que se está produciendo en todos los mercados
internacionales, especialmente europeos, con posterioridad a la desmutualización de las grandes Bolsas. Tenemos como asignatura pendiente facilitar que en los mercados españoles coticen no solo las grandes empresas sino también las empresas
medianas; el desarrollo práctico del reglamento de instituciones de inversión colectiva es un gran desafío, y debemos seguir persiguiendo con eficacia el abuso de información privilegiada y la manipulación de precios.
Creo que, por fortuna, en esta materia de transparencia en la información el mercado español está ya a una distancia sideral de la que describió a mitad del siglo XIX un ilustre escritor, don Modesto Lafuente, cuando, refiriéndose al
mercado, decía que aquí en la Bolsa no hay noticia que no se invente, patraña que no se forje, novedad que no se urda, embuste que no se trame o embrollo que no se teja. Al comienzo de esta intervención me comprometí a que el informe anual del año
que viene se presente antes de finales de mayo; y ojalá pueda comprometerme en el futuro a presentar un informe anual escrito en un español tan vibrante y tan bien ritmado y castizo como el de don Modesto.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la primera ronda de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, empezando por el Grupo Popular, en cuyo nombre tomará la palabra el señor Arias Cañete por un tiempo de 15 minutos.
El señor ARIAS CAÑETE: Quiero agradecer al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores su prolija intervención y, sobre todo, su compromiso de que en el próximo ejercicio dispondremos de la memoria en un tiempo más razonable
que el de este año.
En circunstancias normales, en esta comparecencia nuestro grupo habría aprovechado esta ocasión para pedir explicaciones adicionales sobre las consecuencias que el notable incremento de las emisiones de renta fija privada pueden producir en
el mercado; por el incremento de las importaciones de capital; por el hecho de que por primera vez los hogares sean demandantes netos de fondos; por el fortísimo porcentaje de deuda pública no segregada en manos de extranjeros; por las
verdaderas razones de la reducción del número de empresas cotizadas; por la situación del proceso de adaptación de la normativa española a la nueva legislación comunitaria con vistas a la plena integración en el mercado financiero europeo o por los
mecanismos de coordinación y colaboración que la CNMV tenga previsto poner en marcha junto con los supervisores de otros países. Pero hoy no estamos ante una situación normal, señor presidente de la CNMV: sus actuaciones en la OPA de Gas Natural
sobre Endesa, su peculiar interpretación del deber de pasividad, que desborda ampliamente el artículo 14 del Real Decreto de OPA, al menos en alguna de las cartas a las que usted ha aludido en su presentación, pero sobre todo sus declaraciones a los
medios de comunicación el pasado 16 de septiembre, son acontecimientos de tal gravedad que sin duda exigen su fiscalización por esta Comisión.
Usted mismo, en su comparecencia ante esta Comisión el pasado 1 de diciembre, en la primera ocasión en la que usted acudió a esta Cámara -tengo aquí el 'Diario de Sesiones'-, manifestó que en estas comparecencias ante la Comisión de Economía
no solo debían informar sino que además -añadió- esperaban ser fiscalizados. Y en la misma comparecencia afirmó que la Comisión Nacional del Mercado de Valores era un ente supervisor que tenía que cumplir y hacer cumplir la legislación vigente y
que creía que a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y desde luego a su presidente, no le compete emitir juicios de valor, opiniones o pronunciamientos sobre temas opinables. Eso lo dijo usted ante esta Comisión. Señor Conthe, qué poco le
han durado sus buenos propósitos. En sus declaraciones a los medios de comunicación, usted, señor presidente, valoró positivamente los aspectos regulatorios de la OPA, que según su opinión era viable y carecía de flancos incompletos, y desde luego
sus observaciones, manifestadas antes de que los organismos reguladores emitan sus autorizaciones e informes, son, a juicio de mi grupo, totalmente desafortunadas, absolutamente impropias de un regulador que tiene que mantener una exquisita
imparcialidad, ponen de manifiesto la interferencia del Gobierno socialista en esta operación, pero sobre todo y lo que es más grave, le hacen perder a usted toda credibilidad como presidente de un organismo supervisor y le inhabilitan, a juicio de
nuestro grupo, para actuar en lo sucesivo tanto en esta operación como para seguir presidiendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Señor Conthe, sus declaraciones -y usted tendría que reconocerlo públicamente- chocan frontalmente con las funciones que la Ley del Mercado de Valores atribuye tanto a la comisión como a su presidente; atentan desde luego gravemente contra
el deber de neutralidad que debe regir el comportamiento del organismo; confunden a los mercados y no contribuyen a la transparencia de los mismos ni a la protección de los inversores; son totalmente temerarias, puesto que califican positivamente
una operación que en principio podría ser contraria, a la vista de todos los precedentes conocidos en fusiones energéticas, en muchos aspectos a la doctrina de los órganos reguladores de la competencia, y además era una operación sobre la que en la
fecha de sus declaraciones no se había proporcionado información suficiente, tal como ha señalado la Comisión Nacional de la Energía. ¿Es que usted, señor Conthe, ya conocía de antemano cuál va a ser el pronunciamiento de los órganos reguladores de
la competencia, o es que tiene además información privilegiada? Es insólito en la historia de la CNMV un proceder de esta naturaleza y carece, desde la perspectiva de nuestro grupo, de todo precedente. Nunca un regulador de mercados o un
supervisor de los mismos se había permitido en manifestaciones públicas un alarde de parcialidad, de la envergadura del realizado por usted el pasado viernes. Pero sus extralimitaciones no se acaban aquí, porque usted, señor Conthe, ha calificado
además de sensata la iniciativa de Gas Natural de acordar con Iberdrola una venta de activos del grupo tras una futura absorción. De nuevo da la impresión de que conoce usted a fondo los contenidos de un acuerdo que en sus extremos más detallados,
en la fecha de sus afirmaciones, no era conocido por la Comisión Nacional de la Energía, que estaba reclamando información adicional, ni tampoco estaba publicitado en la página web de la CNMV.
Aquí, de nuevo, señor Conthe, se ha extralimitado usted
en sus funciones, invadiendo competencias de otros organismos reguladores. Porque establecer si esos pactos entre Iberdrola y Gas Natural son sensatos, como usted afirma, o si son pactos que pueden tener problemas con la legislación sobre
competencia es algo que tendrán que decir, en su día, tras deliberación sosegada y tramitación de los expedientes oportunos, tanto la Comisión Nacional de la Energía como el servicio del Tribunal de Defensa de la Competencia, pero desde luego no la
Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que tiene funciones bien distintas.
Señor Conthe, usted debe tener una gran experiencia jurídica y ha calificado como propia de una república bananera la interposición de un recurso contencioso-administrativo formulado al amparo de la Ley de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la Ley de 26 de noviembre de 1992, que además ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional. Pero yo le pediría que hiciera un ejercicio de humildad, si le cabe, y que
vuelva a leer sus afirmaciones del pasado viernes. ¿No consideraría usted, desde la tranquilidad y el sosiego de una lectura posterior, que realmente es más propio de una república bananera que el presidente de un organismo supervisor y regulador
invada las competencias de otros organismos reguladores y sancione favorablemente operaciones que todavía no han sido estudiadas por los mismos, ni por la CNMV que usted dirige, ni por la Comisión Nacional de la Energía, ni por el servicio del
Tribunal de la Competencia? Usted califica al legítimo derecho de recurso ante un acto administrativo de bananero. ¿Qué calificativo aplicaría usted a sus afirmaciones? Desde luego, no podría usar el de imparciales, ni el de sensatas, ni el de
responsables. No sé lo que diría don Modesto Lafuente, al que usted ha citado en su presentación. Pero lo malo es que las afirmaciones que comentamos las ha pronunciado nada más y nada menos que la persona que preside el organismo que tiene
encomendada la supervisión e inspección de los mercados de valores y de cuantos en ellos intervienen. Y si estas instituciones pierden toda credibilidad por la parcialidad de quienes las presiden, sin duda, señor Conthe, ello afecta a la
credibilidad de nuestro país, a la confianza en los mercados inversores, incluso al magnífico rating que hoy tenemos, que si se reiteran actuaciones tan desafortunadas como la suya se pueden deteriorar por la pérdida de confianza en los organismos
que tienen asignado procurar seguridad jurídica a los inversores.
Señor Conthe, nuestro grupo respeta plenamente la actuación de los organismos reguladores, cree en su independencia y entiende que tienen que actuar con exquisita imparcialidad. Pero vistas sus manifestaciones públicas, nuestro grupo
parlamentario reprueba su actuación y esperamos que sepa usted asumir su responsabilidad y dimitir de su cargo de presidente de la CNMV para que se pueda recuperar la independencia e imparcialidad de este organismo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con las intervenciones. Corresponde ahora al señor Sánchez i Llibre, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar damos la bienvenida a esta Comisión de Economía y Hacienda al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y al mismo tiempo le
agradecemos su exposición en cuanto a los detalles más significativos y más relevantes de la memoria que recientemente hemos recibido en el Congreso.
Mi intervención irá dirigida al fondo de su comparecencia, porque hay aspectos que nosotros consideramos muy importantes que nos preocupan, y yo diría que en función de las manifestaciones que acabamos de escuchar nos preocupan cada día más.
A pesar de que en su intervención usted ha dicho que ya está constituido el grupo de trabajo para analizar todas aquellas cuestiones que puedan afectar al nuevo código del buen gobierno de las sociedades cotizadas, me referiré a alguno de estos
aspectos que a nuestro entender son significativos para que, si es posible, en su turno de respuesta a nuestras intervenciones nos adelante algún hecho significativo relevante en esta dirección.
Señor Conthe, en su primera intervención como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores usted manifestó su interés en realizar ciertas modificaciones de algunos aspectos en los que había coincidencia con la mayoría de
grupos parlamentarios de esta Cámara.
Habló de intentar redefinir todos aquellos conceptos que podían significar los hechos relevantes, y quisiéramos saber si en este aspecto, en el que existe coincidencia, va a haber variaciones significativas
respecto a la normativa actual. Hay otro aspecto, que quizá sea el nuclear, que se refiere a futuras modificaciones y que cada día cobra más relevancia. A nuestra coalición de Convergència i Unió le preocupa muchísimo este aspecto y le
agradeceríamos que nos informara. Quisiéramos saber si en este grupo de trabajo que ya está en funcionamiento hay sensibilidad respecto a la posible eliminación del blindaje anti opas.
Usted sabe que la actual normativa española prevé la
posibilidad de limitar los derechos políticos al 10 por ciento en las sociedades cotizadas en el mercado de valores. Pensamos que este es un aspecto relevante, muy significativo, y nosotros estaríamos de acuerdo en que esta limitación del 10 por
ciento pudiera desaparecer -en la mayoría de países de la Unión Europea no existe- y que si uno tiene del 30 al 70 por ciento de participación, también tenga los derechos políticos que le corresponden en los respectivos consejos de administración.
Piensen que este es uno de los aspectos fundamentales a los que este grupo de trabajo habrá de dar solución y me gustaría saber su opinión al respecto. La posible eliminación del blindaje antiOPA, va íntimamente relacionada con otro aspecto que
está planteado en este grupo de trabajo, como sería la posibilidad de regular las cuotas participativas de las cajas de ahorro.
Ya en la anterior legislatura nos opusimos reiteradamente a los diferentes intentos por parte del Gobierno popular, y en
algunos casos llegamos a denunciar que se quería redefinir o cambiar la legislación con nocturnidad y alevosía en el Senado para limitar la participación de las cajas de ahorros. De la misma forma que hace una legislatura estábamos atentos para que
no se limitara esta normativa que afecta a las diferentes
participaciones que pudieran tener las cajas de ahorros en diferentes sectores industriales, y como sabemos que este es un tema de debate, nos gustaría saber si esta cuestión, que ahora, tal y como podemos observar cada día en los diferentes
medios de comunicación, es un tema relevante y noticiable ha sido tratada en este grupo de trabajo y si nos puede avanzar algunos aspectos respecto a ella. Hay otras cuestiones que también nos interesan, como saber hasta qué punto se ha
profundizado en la normativa del gobierno corporativo de las empresas cotizadas y la regulación de las acciones preferentes, que está en consonancia con lo que le acabo de plantear, así como cuál va a ser la posición de este grupo de trabajo en la
determinación de los fondos garantizados.
Hay otro aspecto sobre el que nos interesaría saber su opinión, si es posible. En todo caso, en el supuesto de que usted no nos lo pudiera aclarar ahora abiertamente en el turno de réplica, si nos lo contestara por escrito no pondríamos
ninguna objeción. Se trata de las normas autorreguladoras. Sabemos que en su momento Inverco solicitó al Ministerio de Economía y Hacienda la inclusión de las normas autorreguladoras voluntarias que las gestoras de fondos han venido aplicando en
el reglamento de fondos a fin de que se pudieran convertir en un momento determinado en normas obligatorias. En algunos países de la Unión Europea estas normas autorreguladoras se han podido convertir en obligatorias y quisiéramos saber cuál es su
parecer sobre la oportunidad de convertir las normas de autocontrol en normas obligatorias. Estas son las dos cuestiones básicas sobre las que nos gustaría que usted nos pudiera contestar en su intervención.
Respecto a lo que es realmente noticiable en todos los medios de comunicación, aunque no es motivo de su comparecencia hoy en esta Comisión, nos gustaría plantear lo que ya dijimos en la reciente comparecencia del ministro Montilla respecto
a la OPA de Gas Natural sobre Endesa, en el sentido de que consideramos que es una cuestión que ha de dilucidar el mercado. Han de plantearse las posiciones de los organismos reguladores cuando llegue el momento oportuno, son cuestiones que afectan
a dos compañías del ámbito privado y no queremos que se politicen, corresponden a estrategias y a voluntades autónomas de dos consejos de administración que son independientes y que no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones políticas, pero
también nos gustaría que los presidentes de los organismos reguladores o de los organismos supervisores actuaran con la máxima discreción, lo que pienso que sería muy bueno de cara a las futuras resoluciones que se puedan tomar a medio y corto
plazo, que actuaran con rigor y con objetividad, a fin de no afectar a las sensibilidades que puedan traslucirse en las diferentes resoluciones que puedan adoptar estas compañías privadas.
Desde Convergència i Unió siempre hemos dicho que los
presidentes de los organismos reguladores tendrían que ser presidentes invisibles, que no se los notara. Podríamos hacer el símil de lo que pasa en los partidos de fútbol: planteamos que estos presidentes sean árbitros invisibles porque cuando no
son invisibles ocurre lo que a veces pasa en los partidos de fútbol, que cuando el árbitro es el protagonista quiere decir que algo no funciona. Por tanto, reiteramos por descontado la confianza en su persona al frente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, pero le pedimos, al mismo tiempo que se lo vamos a pedir a los diferentes presidentes de los organismos reguladores, que sea discreto, que actúe con rigor y con objetividad, que finalmente ustedes sean unos verdaderos árbitros
invisibles y ya veremos las resoluciones que ustedes puedan tomar y las comentaremos en el momento oportuno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Sean mis primeras palabras de bienvenida al señor Conthe como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de agradecimiento por la amplia información que nos ha dado hoy en esta Comisión. Nos
encontramos ante el documento de la memoria, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley del año 1998, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para dar cuenta de él, y a eso me voy a limitar con los datos que usted ha expuesto y que están
consignados detalladamente en la memoria. Me sumo a cualquier petición para que recibamos la información con tiempo suficiente en próximas anualidades con vistas a su comparecencia para poder disponer de mejores criterios de análisis, estudio y
objetividad, porque no me gustaría improvisar ni frivolizar en determinados juicios de valores o análisis que se hagan.
Por tanto, quiero expresar mi reconocimiento por haber remitido esta información de la actuación de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en el pasado ejercicio 2004 y voy a centrar mi intervención en dos cuestiones que me preocupan.
Usted ha dicho casi al final de su intervención que una de las líneas de trabajo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en combinación con el Gobierno, fundamentalmente con el Ministerio de Economía y Hacienda, es una normativa
urgente. Me gustaría saber qué prioridades tendría esa normativa urgente y le añado mi preocupación. ¿Considera usted que es llegado el momento de hacer determinadas modificaciones, las que por el uso y la aplicación de las leyes competentes ha
habido? Me refiero en primer lugar a la ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero, si se entiende que debe haber alguna modificación o actualización en lo que compete al organismo regulador de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores; en segundo lugar, a la ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva, en lo que creo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendría que hacer bastante, y a una ley que a veces estamos olvidando en esta dinámica legislativa,
que es la ley 1/1999, sobre las entidades de capital riesgo. Hoy día estamos viendo que en la globalización
del proceso económico se están haciendo, cada vez con mayor presencia en los medios informativos y en la realidad, operaciones de compraventa de empresas. Estamos viendo en el mercado español una cosa que parecía un fenómeno que ocurría
solamente en latitudes sajonas, norteamericanas o alemanas, y es la adquisición por entidades de capital riesgo de empresas o sociedades anónimas, y esto se está haciendo en España con una frecuencia cada vez mayor. Por tanto hay que ver las
garantías de la salida de esas empresas que están participadas de esa manera, entendiendo que posiblemente con arreglo a la Ley 1/1999, sobre entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras, merecerán la atención de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para ver lo que ocurre allí dentro.
La segunda cuestión que le quiero plantear está relacionada con las actuaciones disciplinarias. Comienzo recordándole, señor Conthe, que hace cuatro años, en septiembre de 2001, teníamos aquí dentro del Parlamento y en la opinión pública
española un escándalo financiero, el caso Gescartera. En esta fecha se producía la dimisión de la entonces presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, doña Pilar Valiente y la creación en este Parlamento de una comisión de
investigación que emitió una serie de conclusiones a este respecto.
Muchas de las cosas recogidas en aquellas conclusiones que afectaban a la Comisión Nacional del Mercado de Valores se fueron corrigiendo legislativamente. No sé si el señor Conthe
piensa todavía que, a resultas de aquello y de que ni siquiera se ha celebrado el juicio oral para determinar las responsabilidades del dueño, gerente o presidente, señor Camacho, de Gescartera -el juzgado correspondiente no ha emitido la sanción
definitiva-, se tendría que abordar determinadas líneas de actuación para que siga aumentando el carácter garantista del organismo que usted preside en este momento.
En el capítulo 14, de actuaciones disciplinarias, que ustedes señalan, seguimos, por supuesto, en la línea de la prudencia y discreción con que la Comisión Nacional del Mercado de Valores debe o no debe publicitar por imperativo de las leyes
que obligan a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de aquellas sanciones consideradas muy graves, que siempre se siguen manteniendo dentro de una especie de anonimato, de que se anuncia la sanción y no la identificación nominativa del
sancionado.
Por supuesto que nosotros hemos apoyado siempre el principio de culpabilidad que maneja la Comisión Nacional del Mercado de Valores como valor fundamental de las garantías y como criterio de interés respecto a abrir un expediente. Pero
dado que en cuanto al principio de culpabilidad la Comisión Nacional del Mercado de Valores por imperativo legal y de su funcionamiento interno tiene una doble exigencia, que esta culpabilidad sea dolosa o por negligencia en la actuación del sujeto,
lo que le pediría es que, si fuera posible, en futuras memorias, cuando se hace la agrupación, como tienen en el cuadro 14.3, de tipos de infracciones en expedientes, que se califican en muy graves, graves y leves, en esta clasificación, aparte de
ponerlas como muy graves, graves o leves, me parece que sería interesante, y lo juzgo como un criterio para pedírselo, que se dijera qué expedientes han sido cerrados por dolo o por negligencia, porque en la doctrina que ustedes manejan vienen a
decir que el hecho de que la comisión califique como infracción muy grave el incumplimiento del deber de información de participaciones significativas en una sociedad cotizada lleva a considerar, etcétera... Creo que sería conveniente saber esta
distinción de los expedientes, sin perjuicio de que apliquen la misma condena de muy grave al que viene por vía de dolo que al que viene por vía de negligencia, porque después, cuando ante las jurisdicciones correspondientes las empresas hayan
podido ser sancionadas por negligencia, siempre se ha escuchado el criterio de que sus abogados defensores ante las instancias superiores, para devolver su buen nombre, tienen mejores vías garantistas en las jurisdicciones civiles o mercantiles.
Esta era una sugerencia que le hacía para que en lo sucesivo la CNMU pudiera darnos, dentro del anonimato, en la misma línea que se mantiene, qué expedientes son por concurrencia de dolo o por negligencia.
En todo lo demás consideramos muy positiva la información expuesta en su memoria y mi grupo quiere ofertar las mejores disponibilidades de apoyo a que la Comisión Nacional del Mercado de Valores siga cumpliendo su cometido con plena garantía
de consumidores, de usuarios, de organismos inspeccionados y del propio organismo que como entidad administrativa se somete a la Comisión de control parlamentaria correspondiente. Por tanto, nuestro apoyo, reconocimiento y felicitación por este
trabajo realizado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cuevas, por el Grupo Socialista.
El señor CUEVAS DELGADO: Estamos hoy aquí para debatir el informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Su presidente ha expuesto lo que considera que han sido las líneas generales de ese informe y nosotros le agradecemos
esa comparecencia y también la exactitud con la que nos ha informado de lo acaecido en ese año 2004. Quiero resaltar lo del período del informe porque es eso lo que tendríamos que analizar hoy aquí y no otro tipo de cuestiones para cuyo análisis la
Cámara tiene diversos mecanismos: se puede pedir su comparecencia, se pueden hacer muchas actuaciones desde el punto de vista parlamentario y para respetar no solo el Reglamento de esta Cámara sino también el derecho de los ciudadanos, porque usted
tiene la obligación de venir aquí a dar cuenta de ese año de gestión, pero los inversores, los ciudadanos y también este Parlamento tienen también el derecho a que los grupos parlamentarios estemos hablando de eso en su momento, que es este. El
grupo mayoritario de esta Cámara ha renunciado a hablar de eso. Le interesa bastante
poco lo que ha pasado en ese 2004, que han pasado muchas cosas: si su gestión ha sido buena o mala... Lo ha despachado diciendo que lo importante ahora es lo referente a una OPA sobre una empresa que fue pública y se privatizó, donde están
en juego, parece ser, los intereses de los gestores de esa empresa, que curiosamente no han cambiado porque son prácticamente los mismos que cuando se privatizó la empresa, como ocurre en otras muchas. Luego hablaremos de esto porque creo que esa
alusión y esa intervención larguísima sobre esta cuestión habilita a este grupo a hablar también de esa cuestión. Pero yo no quiero, como le decía al principio, dejar de cumplir con mi obligación y decir la opinión del Grupo Parlamentario
Socialista sobre lo que ha sido este año y la gestión en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Globalmente nosotros la valoramos muy positivamente. Creemos que ha sido un cambio cuantitativo y cualitativo de lo que venía siendo tradicional en los últimos años de los gobiernos del Partido Popular. Se podrá estar de acuerdo con usted
en unas decisiones sí y en otras no, pero obviamente ustedes intentan hacerlo por lo menos desde la independencia y el cumplimiento de la ley. En ese sentido creo que la transparencia ha aumentado, este informe es un ejemplo de ello. Creo que la
dedicación a los temas que son inherentes al mercado de valores también, ustedes se están ocupando fundamentalmente de ello. No le voy a criticar aquí que haya habido una reducción del número de empresas cotizadas porque obviamente no depende de
usted. Quizá, si analizamos eso a fondo, a lo mejor tiene que ver con que los mecanismos de control, transparencia y supervisión tienen mayor fiabilidad, y no todo el mundo está en condiciones o quiere someterse a esos controles y prefiere estar
fuera de las empresas cotizadas.
Centrándome en algunas cosas que me parecen importantes, como es la labor fundamental de supervisión, me parece bien la labor que han hecho. Creo que para futuras ocasiones, en el informe deberán de reflejar con mayor precisión este tipo de
actuaciones. Por ejemplo, en todo lo que se refiere a la supervisión, haría falta que se supiera con mayor exactitud en este informe cuáles son los expedientes, la naturaleza de lo que se ha hecho y no que se despachara simplemente como por ejemplo
en el capítulo de la colaboración de la prevención del blanqueo de capitales, donde dicen que han hecho determinadas cosas y que, como consecuencia de la actuación supervisora, se han puesto en conocimiento de la Comisión correspondiente
determinadas actuaciones, pero no sabemos ni cuántas ni de qué naturaleza y creo que sería bueno que figurara para incrementar esa transparencia.
Me parece que tienen que seguir profundizando en la información que están enviando a los accionistas y al público en general. Creo que es un acierto lo de la CNMV en línea. Hay que seguir intentando que se incremente la información
financiera que hay ahí. En otro aspecto importante, que es el análisis de las páginas web de las sociedades cotizadas, que, como sabe, es consecuencia de una ley sobre transparencia de sociedades anónimas cotizadas, sería conveniente no solo que se
analizara si se cumple el 35 o el 40, sino que se hiciera algo más para que se cumpliera la ley y de una vez esto fuera un elemento de referencia de cómo está la situación de las empresas que cotizan en bolsa. Sobre la actividad internacional, me
parece bien, hay que seguir profundizando. En cuanto a la prevención del blanqueo de capitales y la armonización de la legislación, creo que es una labor importantísima que hay que hacer paralela a la que están haciendo ustedes en cuanto al código
de gobierno corporativo. Le pediría que paralelamente a los trabajos que se están haciendo, se nos remitiera a la Comisión información sobre algún avance, algún trabajo de campo, algo interesante para que este Parlamento pueda seguir lo que ese
equipo que usted dirige está haciendo en el tema del gobierno corporativo.
Lamento no poder extenderme más sobre esta valoración, porque tenemos la obligación de salir al paso de lo que aquí se nos ha presentado. Usted quizá lo ve por primera vez y puede pensar que es insólito, pero en este Parlamento lo vemos con
mucha frecuencia. Hoy hemos asistido, una vez más, a un espectáculo de sobreactuación de forma casi esperpéntica, porque parece que la historia no existe. No se puede decir que usted ha cometido la mayor tropelía como presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sin analizar. Estamos hablando de que se puede estar a favor o en contra de que usted haga una circular o de que haga una carta, que además es pública, pero aquí hemos tenido, y lo ha recordado el portavoz de
Coalición Canaria, un gran escándalo que ha afectado al mercado de valores y al conjunto de la actividad financiera, por el que tuvo que dimitir una presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, obviamente, dimitió sin dar ninguna
explicación. Por eso, en la pasada intervención le pregunté si había mirado las conclusiones de Gescartera. También le hablé del caso AVA. Me dijo que no había tenido tiempo pero que lo iba a mirar. Como ha señalado también el representante de
Coalición Canaria, debería de mirárselo, porque si bien es cierto que se está avanzando muchísimo y que ustedes están trabajando en eso, hay cuestiones en esas conclusiones en las que tenemos que seguir profundizando, no ya para que no se vuelvan a
producir, sino para que no haya condiciones para que se vuelvan a producir. El mercado de valores es un mecanismo muy sensible donde la información tiene mucho valor y donde trabajan personas. Hay que proteger la información, pero a su vez, hay
que dar información de lo que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores en cada momento. Usted ha hecho referencia a un asalto o a una mala gestión de la seguridad este verano, pero no sabemos el alcance que ha tenido. Sabemos lo que ha
aparecido en la prensa. Por tanto, debemos ser rigurosos en las dos vertientes. Ustedes deben esforzarse en dar mucha información de lo que hacen, preservando esa información, que, obviamente, la tienen ustedes en depósito y no pueden darla
porque daría ventaja a unos u otros agentes del mercado. A partir de ahí, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una OPA que puede tener una carga mediática en función de los medios que se ocupan de ella, en función del volumen
de contratación de esta empresa y en función de la importancia que tiene esta empresa, donde puede haber elementos discutibles y actuaciones que tengan que tomar los organismos reguladores, tanto la Comisión Nacional de la Energía, como el Servicio
de Defensa de la Competencia, como la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, velando por la pulcritud de esa OPA, pero que en sí misma no es nada más. ¿Por qué esta sobreactuación? ¿Por qué esta defensa numantina? ¿A quién están
defendiendo con el discurso del Grupo Parlamentario Popular? ¿A los accionistas de Endesa? No. Se está defendiendo a los gestores de esa entidad, que son los que pusieron ellos cuando estaban en el Gobierno. Me parece escandaloso que esto se
esté haciendo en este Congreso, a plena luz del día, sin ningún tipo de pudor.
Me parece de escándalo, pero no me escandaliza porque ya lo vi antes. Lo vi cuando las empresas públicas fueron privatizadas y se quedaron en manos de los amigos del
Partido Popular. Por cierto, muchos de ellos eran agentes de cambio y bolsa, como el señor Pizarro, el señor don Francisco González, el señor Alierta, etcétera. Pasó como una nebulosa de que se estaba haciendo un favor a este país y todavía están.
Recuerdo al señor Martín Villa diciendo que se habría normalizado la situación cuando él se fuera y los accionistas nombraran un presidente de Endesa. Se fue y no lo han nombrado los accionistas. No hay más que mirar la composición accionarial del
consejo de administración de Endesa y de cualquiera otra de las empresas que tienen actuaciones en la bolsa y que acuden al mercado y que miremos la de los competidores. Creo que hay gran diferencia porque ahí se pone de manifiesto quién nombra a
los accionistas y quién no. Y luego se hace un mundo de que es una caja de ahorros. El señor Rajoy dice ahora que hay que modificar la legislación que ellos mismos hicieron cuando él estaba en el Gobierno. ¿Quién es ahora mismo el mayor
accionista de Endesa? ¡Si es una caja de ahorros! Esto sí es insólito, señor Cañete, esto sí lo puede usted calificar de insólito. Es insólito que anteayer el señor Rajoy dijera que la Caixa se ha convertido hoy en una de las primeras
instituciones financieras de España gracias a su dinamismo, a su independencia, al apoyo social que ha recibido allí donde ha abierto sus puertas y, sobre todo, al inteligente y tenaz trabajo de cuantos colaboran en ella. ¿Dónde está el problema?
Es una operación, una OPA entre unas empresas y otras. Usted, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tendrán que velar por que eso se haga en los términos de transparencia, de igualdad, etcétera.
En cuanto a las críticas que se le hacen, usted no ha escrito una carta, que yo sepa, ha escrito tres cartas, dirigidas a todos los actores que estaban en la operación. He tenido la precaución de leer las tres, porque, además, están en la
página web de la CNMV. Las ha hecho públicas.
Son cartas abiertas, son cartas ante lo que se estaba formando, que, obviamente, no es normal, pero se estaba formando porque se estaba calentando la información: sale el señor Pizarro con la
Constitución en la mano. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿La OPA de una empresa es motivo para que salga el presidente de esa empresa con la Constitución en la mano? Aquí la Constitución da para mucho, para muchísimo, ¿eh?, y algunos ni la
votaron. Usted ha escrito tres cartas y lo que hace en ellas es determinar, hacer hincapié y resaltar los términos que tienen que tenerse en cuenta en esa operación a la hora de cumplir la ley. A mí no me parece ni anecdótico ni relevante. Se
puede estar de acuerdo en que usted lo haga en forma de carta o en forma de circular. El señor Calzada y la señora Valiente hacían muchas circulares y nadie dijo nunca nada. Pero cuando no se tiene pudor en decir públicamente que: El Gobierno
anterior, del que yo formaba parte -y vuelvo a las palabras del señor Rajoy- puso condiciones a la proyectada fusión de Endesa e Iberdrola que aconsejó a sus respectivos órganos rectores renunciar a la misma. Serían los órganos, no el Gobierno.
Hablaba de la legitimidad que les otorgaba también haber paralizado la unión de Hidrocantábrico y Fenosa (o sea, que intervenían) y la legitimidad que les daba que la Comisión Nacional de la Energía prohibiera la unión de Gas Natural con Iberdrola.
Y luego habla de otra legitimidad y es que frustraron la operación o el intento de Repsol por hacerse con Gas Natural e Iberdrola. Aquí no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de un primer paso, de que ha habido una OPA y que hay una
comisión que, ante lo que ha aparecido en la prensa y ante los gestores de la compañía diciendo que era poco menos que un asalto ilegal y que se conculcaban no sé cuantos derechos, se ha limitado a decir que las condiciones para una OPA son estas.
Por otra parte, quizás el señor Cañete tenga esa confusión porque él no fue el portavoz en la anterior comparecencia suya y no lo pudo escuchar. Usted dijo en aquella ocasión que lo más importante de nuevo para la Comisión Nacional del Mercado de
Valores es no favorecer ni tampoco impedir esas entradas hostiles. Exige la norma como principio general, decía usted, que la normativa comunitaria, muy en particular la Directiva de OPA y la legislación española, traten de abrir el mercado de
control, lo que se llama popularmente el mercado de control societario, y evitar que los gestores se blinden en las sociedades, pero una vez que ya han llegado a la sociedad, la blindan para que nadie pueda entrar. Creo que el principio que
persigue el legislador comunitario y el español es que el accionista es el que tiene que ser soberano. Esto lo dijo usted el 1 de diciembre y el señor Folgado, que entonces era secretario de Estado, dijo que estaba muy de acuerdo con lo que usted
decía y que esta era la legislación que había hecho el Partido Popular. ¿Ahora no les parece bien? ¿Por qué no lo analizan? Endesa está blindada y limita derechos de los accionistas. ¿Cuál es el problema?
Señor Conthe, usted no tiene que sentirse -creo, por lo que he oído de que intenta condicionar al supervisor- condicionado, primero porque esta Cámara le respalda, no el Grupo Parlamentario Socialista, sino la mayoría de esta Cámara; lo
único que usted tiene que hacer, desde mi punto de vista, es ocuparse de que se cumpla escrupulosamente la ley y nada más.
Lo demás no tiene relevancia, lo demás son intentos de poner esto en un plano y en una batalla distinta que no es ésta. Hoy
tenemos muy claro que el Partido Popular -que ya no se acuerda de los años que estuvo en el Gobierno- hoy está, sin pudor ninguno y sin tapujos, defendiendo aquí no los intereses de los accionistas ni de los ciudadanos, sino los intereses de unos
gestores de una empresa muy importante, eso sí, estratégicamente importante, seguramente muy importante para el Partido Popular, pero que no son los intereses de los españoles. Repito que yo no he analizado ni me he pronunciado sobre si la OPA es
buena o es mala; me da igual, ese no es el problema, este grupo parlamentario no tiene ese problema. Este grupo parlamentario lo que quiere es analizar lo que aquí se hace y se dice, analizar su gestión y al mismo tiempo estamos contestando, señor
presidente, a una intervención que -quiero dejarlo claro por parte de mi grupo- no se corresponde con el orden del día de esta Comisión.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra el señor Conthe.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Conthe Gutiérrez): Voy a ir respondiendo a las distintas intervenciones empezando por la del portavoz del Grupo Popular, señor Arias Cañete.
Comenzaré diciendo que toda su
intervención ha partido de una premisa falsa, con lo cual obviamente llego a la conclusión contraria, y como demostraré, espero que de forma fehaciente, en modo alguno rompí el deber de imparcialidad que es inherente a cualquier supervisor de
mercado de valores, y en modo alguno me manifesté a favor de la OPA ni tampoco en contra, como enseguida voy a demostrar.
Quizá lo mejor sea hacer una reconstrucción de los hechos y ver de dónde sale esa información falsa en la que usted se ha basado, que estoy viendo que es periodística, y que yo sepa los periódicos no dan fe en los juicios en España.
Haciendo una reconstrucción de los hechos, quería decir que lo primero que existió fueron tres cartas que se enviaron desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores el lunes de la semana pasada, después de que el jueves el comité ejecutivo
hubiera considerado aconsejable emitirlas. ¿Por qué consideraba aconsejable emitirlas ese jueves después de que el lunes se suspendiera la cotización de Gas Natural y de Endesa con motivo de la presentación de la OPA? En primer lugar, porque
tuvimos la sensación de que Iberdrola y Gas Natural estaban dando ya la operación como cerrada y precisamente como nuestra preocupación era que el mercado supiera que ahí había una serie de autorizaciones de distintos organismos que eran preceptivas
y que las entidades no debían prejuzgar, nos pareció especialmente oportuno porque además era relevante para el mercado. No era casual que la cotización de Iberdrola estuviera subiendo. Pensamos que la cotización de Iberdrola estaba subiendo
porque se estaban dando por hecho cosas que en realidad eran hipotéticas y porque Iberdrola estaba presentando o tenía intención de presentar los hechos de una forma mucho más terminante de lo que en realidad fueron.
Por otro lado, en lo que atañe a la compañía Endesa, en el comité ejecutivo percibimos que el mismo lunes -el mismo día de presentación de la OPA y de la suspensión de la cotización- por la noche ya hubo un primer pronunciamiento del consejo
de administración declarando que la oferta que había presentado Gas Natural era hostil y manifestando que adoptarían todos los medios a su alcance para impedirla; manifestación que hecha en primer lugar por el consejo de administración el mismo
lunes, luego fue continuada por un rosario de manifestaciones de distintos directivos, empezando por su presidente, que culminaron con declaraciones sobre que se opondrían con uñas y dientes a la operación.
Considero que el supervisor, en el
ejercicio de sus funciones, tuvo razones más que fundadas para recordar a todas las partes involucradas, Iberdrola, Gas Natural y Endesa, cuáles eran las reglas de juego que se iban a aplicar y lo hizo con carácter preventivo, antes de que hubiera
ninguna infracción. Igual que si un arbitro tiene el temor de que puede haber juego violento en un partido porque sea un derbi o un partido muy disputado, no creo que se exceda en sus funciones si antes de que se produzcan esos fenómenos cita a los
capitanes para transmitir un mensaje de prudencia y recordar a todas las partes cuáles son sus obligaciones.
Las obligaciones de las partes en una OPA no son las mismas; por eso las cartas son distintas. Me he permitido traer los originales de las tres cartas porque, aunque están a su disposición en la página web de la Comisión y sé que algunos
diputados las han consultado -sé que el señor Cuevas lo ha hecho-, no estoy seguro de que todos los señores diputados ni todos los medios de comunicación lo hayan hecho. Quiero empezar por la carta de Iberdrola. El asunto que menciona la carta es
una eventual adquisición por Iberdrola de activos procedentes de Endesa. En el primer párrafo se califica a Iberdrola de hipotético adquirente de activos de Gas Natural y Endesa. En esa carta se reitera, igual que se hace con Gas Natural, que para
que las informaciones que den al mercado no puedan reputarse de engañosas tienen que mencionar explícitamente que todas esas adquisiciones, incluso la propia OPA, están sometidas a una condición esencial, que es, primero, que las autorice la
Comisión Nacional de la Energía, y segundo, que no se oponga a ella el Gobierno en su doble calidad de autoridad de la competencia, a través del Servicio de Defensa de la Competencia y del Tribunal de Defensa de la Competencia,
y al amparo de las facultades que la Ley de participaciones industriales le otorga al Gobierno en razón de la llamada acción de oro. Precisamente porque nos parecía, por usar un lenguaje coloquial, que Iberdrola estaba vendiendo la piel de
un oso que no había cazado y cuyo destino final estaba condicionado por de una autorización que no dependía de la voluntad de Gas Natural ni de Iberdrola fue por lo que les hicimos rectificar una presentación que iban a hacer ante los medios -no sé
si el lunes o el martes- para que dejaran de manifiesto que esas adquisiciones de activos eran adquisiciones hipotéticas y eventuales. Me da la sensación de que en el sentido propio de los términos hipotético y eventual queda de manifiesto que está
sujeto a una condición que es la voluntad de unos órganos administrativos que no se habían pronunciado y que mencionamos expresamente en el párrafo tercero de las cartas a Iberdrola y a Gas Natural. Es más, en la carta a Gas Natural -que sería
bueno leer en su totalidad, aunque no lo voy a hacer para no consumir más tiempo del necesario- no solo hacemos las mismas consideraciones que en la carta a Iberdrola, sino que también hicimos una consideración adicional. En la medida en que a
favor de la OPA solo se habían manifestado dos de los socios de control de Gas Natural, que eran La Caixa y Repsol, pero no se sabía qué opinaban los socios minoritarios de Gas Natural, y además, como ocurre en estos casos, las acciones de Gas
Natural estaban cayendo, dijimos al consejo de administración de Gas Natural que tenía que velar por los intereses de todos sus accionistas, incluidos los minoritarios. Pudiera ocurrir que hubiera accionistas que pensaran que la forma de crear
valor para Gas Natural era no vender bilateralmente los activos a Iberdrola, sino que deberían estudiar posibles formas alternativas de enajenación, como se dice en la carta. De este modo deberían entrar y encontrar el precio de valoración de los
activos y la forma de enajenación, de manera que nada impidiese que, desde el punto de vista del buen gobierno corporativo, los defensores de los minoritarios de la sociedad adquirente -Gas Natural- exigieran que esos activos no se vendieran de
forma convenida bilateralmente, sino que se subastaran al mejor postor. Eso se lo dijimos expresamente en la carta a Gas Natural y les volvimos a reiterar que algunas de las condiciones de la OPA dependían de la voluntad de Gas Natural -alcanzar el
mínimo del 75 por ciento, la supresión de los blindajes estatutarios que tiene establecido Endesa en sus estatutos- pero que había otras que no dependían de su voluntad y que no debía prejuzgar cuál iba a ser el sentido de las autoridades de
competencia. Por lo tanto, si de algo puede tildarse estas cartas es de un exquisito deseo de imparcialidad y de evitar que por la vía de que el que genera la primera impresión es el que domina, se transmitiera al mercado la falsa impresión de que
esa venta de activos a Iberdrola era un hecho que ya había que tomar como un dato. Al contrario, insistimos en el carácter hipotético de la OPA y con más motivo de la venta de acciones a Iberdrola.
Pensamos que también había que recordar a Endesa sus obligaciones.
Lógicamente pensábamos que había que recordarles el artículo 14 del decreto de OPA porque sinceramente es un artículo que no es muy bien conocido en España. La prueba es
que en España erróneamente tendemos con facilidad a hablar de OPA hostiles, que es una expresión equivocada y que debe evitarse. Una oferta pública de adquisición se dirige siempre a los accionistas, mientras que una oferta nunca es hostil porque
si no te gusta la rechazas. La OPA, por el contrario, sí puede sentar mal a los administradores, en la medida que es un voto de censura sobre su gestión anterior y una eventual amenaza sobre su continuidad; pero precisamente porque cuando una OPA
no la han pactado esos administradores les ponen en un brete, les pone ante un conflicto de intereses, es por lo que la legislación española y la legislación comunitaria les recuerda que tienen un deber de prudencia, que deben conducir los asuntos
ordinarios de la compañía pero no embarcarse en defensas numantinas de nada porque eso no les compete a ellos debido a que la soberanía en una empresa reposa en sus accionistas y no en sus administradores. En situaciones de conflicto de intereses
los administradores tienen ese deber de prudencia y de abstención que en la terminología comunitaria al uso, que cualquier mercantilista conoce, se llama el deber de pasividad, la passivity rule.
A veces, quizá de forma inapropiada, hemos traducido
como deber de pasividad, pero no creo que sea un exceso traducir passivity rule por deber de pasividad. En esa carta recordábamos el tenor literal del artículo 14. Recordábamos además que una forma de intentar torpedear muy típica -no decíamos que
Endesa la estuviera usando- en otras latitudes y en otros ejemplos y de, en consecuencia, violar el artículo 14, es tratar de una forma concertada con otros que esos otros compren paquetes para crear un bloque hostil a la OPA. Les decíamos que esa
eventual adquisición de paquetes por el estímulo del consejo de administración era contraria al artículo 14. También les decíamos dos cosas adicionales.
Primero, el consejo de administración de una sociedad objeto de OPA, de acuerdo con la
legislación española que está bastante bien redactada -dicho sea de paso y en la que no he intervenido-, puede emitir un informe sobre la OPA, es decir, la legislación establece que un consejo de administración siempre va a tener la oportunidad de
dejar claro cuál es su opinión y decir si aconseja o desaconseja a sus accionistas comprar, vender o no vender. Esa es una facultad que le reconoce la normativa española y comunitaria al consejo de administración y, por tanto, no veíamos de
especial urgencia precipitarse a declarar hostil una OPA sobre la que se iban a poder pronunciar. Finalmente decíamos otra cosa todavía más importante y es que, por supuesto, el artículo 14 no impide en modo alguno a los administradores tratar de
buscar ofertas competidoras, porque, como bien dice de forma expresa la Directiva comunitaria de las OPA, eso es algo que favorece a los intereses de los accionistas ya que al haber más competidores, subirá el precio. Por tanto, en modo
alguno esta carta entraba en temas constitucionales, sino simplemente recordaba la legislación vigente, que decía qué implicaciones prácticas tenía en este caso -se lo decía a Endesa-, al igual que a las otras partes les recordaba cuáles
eran las obligaciones que sobre ellas pesaban. Se pregunta: ¿Hay antecedentes sobre este tipo de cartas? Efectivamente sí que hay antecedentes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha mandado cartas de esta naturaleza en otras ocasiones.
A mi juicio aquí introdujimos dos cambios. En otras ocasiones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores mandó cartas, pero en mi opinión demasiado tarde, es como el árbitro que empieza a sacar tarjetas amarillas y advertencias cuando ya ha
habido muchas patadas de por medio.
El buen árbitro se anticipa a los acontecimientos y advierte antes de que se produzcan las infracciones. El objetivo de cualquier supervisor no es sancionar, sino desarrollar una labor preventiva que haga
innecesarias las sanciones.
La segunda cuestión que me parece fue conveniente modificar es que las cartas debían ser públicas, porque no convenía dejar al arbitrio de las partes la transmisión o no transmisión a través de rumorología de la existencia de esas cartas.
Por tanto, el principio al que debe atenerse la Comisión Nacional del Mercado de Valores a mi juicio es transparencia, salvo que haya una causa justificada en contrario. Sinceramente, yo no veía en este caso ninguna causa justificada en contra de
la transparencia, sino todo lo contrario, por lo que invertiría la carga de la prueba y a quienes dicen que por qué ustedes hicieron públicas las cartas, les preguntaría: ¿qué motivos creen ustedes que habría para haber mantenido estas cartas
secretas y que uno se la filtrara a un medio de comunicación, otra a otro y al final nadie supiera lo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores había dicho? Yo creo que un deber de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es dar a conocer
sus puntos de vista con transparencia y en tiempo útil, es decir, antes de que las cosas se compliquen. Estas fueron las cartas que, después de la decisión del comité ejecutivo del jueves -el viernes fue festivo en Madrid, por eso no nos dio tiempo
a publicarlas el mismo jueves o viernes-, publicamos el lunes; estaban preparadas desde el lunes a muy primera hora, pero, como es habitual y como nosotros mismos aconsejamos a las sociedades cotizadas, las hicimos públicas una vez cerrados los
mercados; se hicieron públicas el lunes por la tarde, aunque realmente se redactaron el fin de semana; el lunes a primera hora estaban ya preparaditas y listas para su envío. Yo creo que afortunadamente, a mi juicio, eso pacificó y dejó la
situación muy clara. Ingenuo de mí pensé que la comisión había dado en la diana y que las aguas volvían a su cauce y, con motivo de esa primera reunión del grupo de trabajo de gobierno corporativo, al que luego me referí, por un prurito de
transparencia sobre los cometidos que va a desarrollar ese grupo de trabajo, para que no se nos acusara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de oscurantismo, de acuerdo con el Ministerio de Economía, convocamos una rueda de prensa para
explicar lo que iba a hacer ese grupo de gobierno corporativo. La convocamos a las 13:15 y cuando se iba a celebrar esa rueda de prensa, nos enteramos por diversos medios que había habido una rueda de prensa anterior, a las 12:00, donde desde
Endesa se blandió la Constitución y se anunció un recurso contencioso contra lo que al principio yo creía que era la carta que habíamos mandado el día 5, aunque luego fue un recurso que impugnaba otros actos sobre los que yo no tengo todavía todo el
detalle.
En esa rueda de prensa, como es lógico, hablé del gobierno corporativo y lógicamente también los periodistas, fieles a su inveterada tradición, me preguntaron de todo menos sobre lo que había hablado el grupo del gobierno corporativo. Como
hasta cierto punto además esta OPA en este caso no está tan alejada de los temas teóricos de gobierno corporativo sino que es una manifestación práctica, no me pareció inapropiado que dijera algunas cosas.
Dije una cosa claramente impropia, de la que me arrepiento, que lamento y me hubiera gustado retirar porque yo creo que es impropio de un presidente de la Comisión del Mercado de Valores decir que del recurso que ha presentado una empresa,
aunque sea contra una carta, se ríe cualquier jurista. Eso fue una ligereza, una torpeza mía de la que públicamente me arrepiento y por la que pido disculpas, porque eso sí que fue un error. A mi juicio, el único error que cometí.
Una segunda cuestión es que algún periodista no muy versado en derecho confundió el contencioso-administrativo con una querella y yo, en plan de broma, le dije: ¡Hombre, no!, esto no es una querella, sino un contencioso-administrativo;
querellas son las que se presentan en países emergentes y en países bananeros, donde es frecuente que los supervisados, que muchas veces tienen buenos resortes políticos, traten de amedrentar al supervisor con querellas y amenazas de cárcel. Esta
manifestación absolutamente inocente y de la que no me tengo que retractar en absoluto, quizá fue inoportuna conociendo a la prensa española, porque, como era previsible, y yo debiera haber advertido, algún listo podía decir que yo estaba acusando
de bananero a Endesa, como efectivamente ocurrió. Con lo cual, aquí, utilizando la terminología del señor Mardones, hubo una ligera negligencia mía al no descontar el error de traducción y de transmisión por los medios de comunicación de lo que yo
había dicho, que era otra cosa distinta. Sin embargo, en la medida en que es un hecho conocido que la fidelidad de los medios de comunicación al transmitir mensajes complejos es moderada, yo debería haberme abstenido de emplear esa expresión para
que no fuera utilizada de forma equivocada, como hicieron algunos.
Respecto a lo que dije a la pregunta de si Iberdrola había incumplido la legislación sobre las OPA y no debería Iberdrola haberse presentado como coopante u oferente, he analizado con mucho detenimiento las explicaciones que di
-explicaciones que están a disposición
de todos los señores diputados, que vamos a colgar en la página web si es necesario y de las que me he permitido traer una transcripción escrita- y son perfectamente exactas, las sigo suscribiendo al cien por cien y demuestran una
imparcialidad total y absoluta. Lo único que dije, tras reiterar ad nauseam -quien quiera leerlo que lo lea- que la decisión sobre si la OPA es autorizada o no y, sobre si la desinversión de activos de Gas Natural-Endesa era a favor de Iberdrola o
de otros y se hacía por subasta o no competía a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía, es que la inclusión de ese acuerdo bilateral Gas Natural-Iberdrola como parte de la documentación presentada por la OPA no me parecía reprochable, no
me parecía que ahí hubiera ninguna infracción administrativa ni que entrañara ningún incumplimiento ni deber de nada, sino que era una forma por la que el que presentaba la OPA, que era Gas Natural, demostraba a los supervisores -cuando se leyeran
el expediente- que todos los flancos de esa OPA estaban cubiertos. En ese contexto dije que me parecía sensato por parte de Gas Natural que incorporara a su oferta ese acuerdo de Iberdrola, para que no le acusaran de que había presentado un
proyecto de OPA en el que había flancos abiertos y que no se sabía cómo se iban a financiar cosas o a quién se iban a vender los activos que presumiblemente tendrían que desinvertir. Ese pronunciamiento en modo alguno, y lo digo con la mayor
rotundidad, supuso prejuzgar la decisión de la Comisión Nacional de Energía y del Gobierno en esa doble función de autoridad de competencia y poseedor de la acción de oro. Aquí, usando de nuevo la terminología del señor Mardones, hubo un error en
la transmisión por los medios de comunicación de lo que yo dije, una manifiesta distorsión, que yo creo que no fue negligente, sino en algunos casos dolosa, tratando de tildar a la Comisión del Mercado de Valores y a su presidente de parciales,
cuando realmente lo que dije, y a las pruebas me remito, era de una imparcialidad escrupulosa. Sinceramente, de lo único que me tengo que arrepentir, y ya lo he expuesto, es de haber dicho que cualquier jurista se ríe del recurso de Endesa; los
jueces decidirán y es impropio de un presidente hacerlo.
Respecto a lo otro, como digo, me ratifico al cien por cien, y al ratificarme al cien por cien cae por su propia base todo el castillo de naipes que ha construido el señor Arias Cañete y que le ha llevado a solicitar mi dimisión. En la
medida en que creo sinceramente que los titulares de los periódicos no dan fe en juicio y que hay que ir a las fuentes, y las fuentes las he puesto a disposición de la Comisión, le agradezco la crítica. El filósofo británico Berhman decía que las
críticas a los cargos públicos eran útiles incluso cuando eran injustas.
No quiero negar la utilidad de esa crítica, pero sinceramente me parece que es absolutamente inadecuada y no es ajustada a los hechos. Quizás una lección práctica para el
futuro sea que, ante estos acontecimientos, un supervisor tiene dos posibilidades: no hablar, ya que en boca cerrada no entran moscas, o hablar solo por cartas que se hacen públicas, que dicho sea de paso es lo que hicimos -en vez de hablar se
envían cartas y se hacen públicas-, y después, en las ruedas de prensa jamás contestar una pregunta. Una segunda alternativa, que creo que es más sensata y es la que vamos a intentar poner en marcha, es que siempre que haya una comparecencia
pública de cualquier cargo de la CNMV se pondrán en la página web, a disposición de quien quiera oírlas, las cintas en donde se pueda mostrar lo que literalmente dijo el alto cargo de la CNMV, para que así los señores diputados no tengan que basarse
en recortes de periódicos para solicitar la dimisión de ningún alto cargo.
Si me lo permiten, paso ahora a otros aspectos. El señor Sánchez i Llibre se ha referido a la conveniencia de que haya una mejor definición de los hechos relevantes. Ojalá se haga pronto en el marco de estas normas de desarrollo sobre
abuso de mercado. Por desgracia, hay cierta aglomeración de normas en tramitación. Nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Economía en la preparación de esas normas, pero hay ciertos cuellos de botella, y tenemos que ser conscientes de
que el ministerio tiene sus prioridades.
En cuanto al grupo de trabajo sobre gobierno corporativo, de momento no me atrevo a decir nada, porque hemos tenido una sesión inaugural el pasado viernes en la que los distintos expertos fijaron sus grandes prioridades, y el lunes que viene
tendremos la primera reunión de trabajo. Uno de los temas de los que sin duda se va a hablar es sobre qué aconsejan los expertos al Gobierno para cuando el Gobierno tenga que redactar el real decreto que desarrolla la Directiva comunitaria sobre
las OPA. Ahí se verá si se es partidario de una prohibición a ultranza de esas cláusulas estatutarias anti OPA o si es partidario de un régimen de reciprocidad, que también contempla la directiva, que permite que la legislación deje en suspenso
esas cláusulas anti OPA en una empresa opada, salvo cuando el opante tiene en sus estatutos cláusulas similares.
En lo relativo a otras cuestiones que abordará el grupo, en particular si es o no conveniente el límite del derecho de voto del 10 por ciento, con muchísimo gusto enviaré un escrito, si el presidente de la Comisión así me lo solicita, o
acudiré aquí cuando estén suficientemente avanzados los trabajos de ese grupo para dar a sus SS. SS. una visión panorámica de cuáles son las grandes cuestiones, ya que estos son temas que se encuentran dentro del ámbito de las recomendaciones,
pero que tienen significado e importancia para una Comisión de Economía.
Al señor Mardones he de decirle que las normas urgentes son varias, pero las normas de trasposición de la directiva sobre OPA y la reforma de la Ley del Mercado de Valores, que derivará de la entrada en vigor de la directiva de mercados e
instrumentos financieros, son prioritarias. Esa reforma tendrá que llevarse a cabo con profundidad, porque la Ley del Mercado de Valores del año 1998 está construida sobre unas premisas que están alejadas de la Directiva MFI, que permiten que las
operaciones
en acciones bursátiles puedan negociarse libremente no en Bolsa, sino en mercado organizados extrabursátiles o ser objeto de compraventa por intermediarios especializados, por los llamados creadores de mercado, que internalicen dentro de sus
libros esas transacciones. Afortunadamente, el Gobierno ha atendido parte de las preocupaciones que usted señalaba e inició hace tiempo la tramitación de ese proyecto de ley de entidades de capital-riesgo.
En respuesta a sus preocupaciones y a las del señor Cuevas sobre Gescartera y AVA sobre si hay riesgo de que se repitan los mismos errores y si la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha aprendido las lecciones, yo sinceramente soy
optimista. Tenemos una dirección general de entidades de la CNMV que es extremadamente rigurosa y una dirección general de supervisión que es rigurosísima en sus labores de supervisión e inspección. Hay quien dice que a veces acogotamos demasiado
a las entidades pequeñas, y es cierto que algunas agencias de valores pequeñas se están dando de baja voluntariamente porque se dan cuenta que para cumplir con todos los requisitos que exigimos para tener una puntual y completa supervisión tendrían
que tener una vocación que no tienen y unos medios de los que carecen, con lo cual no hay que descartar futuros escándalos, pero yo creo que la CNMV está haciendo todo lo que está en su mano.
No sé si ha reparado el señor Mardones en que en la página 159 de la memoria hay una relación individualizada de todas y cada una de las sanciones impuestas. En algunos tipos de sanción ya queda implícito si la infracción fue dolosa o
culposa, pero estudiaremos con el apoyo del servicio jurídico si se pudiera, sin desvelar el nombre del infractor, decir si fue una infracción dolosa o culposa. Pero ese hecho ya se tiene en cuenta a la hora de calificar una infracción como leve,
grave o muy grave.
Para concluir con las observaciones del señor Cuevas, creo que no está en la mano de la Comisión Nacional del Mercado de Valores lograr que haya más empresas cotizadas. Lo que sí es cierto es que el número de empresas que cotizan en un
mercado organizado quizá es una buena medida de la madurez de los mercados de valores y de la estructura empresarial de un país. A mí me gusta más la estructura de los países anglosajones donde si uno ve el número de sociedades cotizadas en la
Bolsa de Londres son más de mil, por no hablar de los mercados estadounidenses. Aquí se pueden contar no con los dedos de la mano, afortunadamente -hacen falta muchas manos y muchos pies-, pero estamos por debajo de 200, si excluimos las Sicav.
Desgraciadamente, me temo que en lo que atañe a actuaciones inspectoras, no es posible que la Comisión Nacional del Mercado de Valores sea más explícita de lo que es porque nos lo veda específicamente la Ley del Mercado de Valores. Solo podemos
publicar las sanciones y solo determinadas sanciones -las graves y muy graves-. En cuanto a lo demás podemos dar información cualitativa, dar pistas y tipología de las conductas que perseguimos, pero no podemos afirmar cosas concretas. Una
cuestión que sí que estamos contemplando y que a veces hemos debatido en el seno del consejo de la CNMV, en la medida en que no sería una medida lesiva para los particulares sino al revés, es si convendría que, cuando hay una investigación sobre un
hecho que ha sido notorio, público, de general conocimiento, que ha aparecido en las portadas de muchos periódicos o de la prensa internacional y sobre la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha investigado y no ha hallado indicio de
infracción decidiendo archivar esas investigaciones, se hiciera público el acuerdo del comité ejecutivo por el que se decide archivar una investigación cuando no se han visto indicios de infracción. Eso no perjudicaría a nadie y al mismo tiempo
pondría de manifiesto a la Comisión de Economía y a quienes vigilan a la Comisión que nunca hacemos la vista gorda sino que siempre investigamos, lo que pasa que cuando investigamos y hay materias sancionables no lo podemos decir pero,
paradójicamente, cuando no hay materias sancionables sí lo podemos decir y yo creo que debemos explorar en el seno del consejo si debemos ir un poco más allá a favor de la transparencia y dar publicidad a las decisiones que sean de archivo de
actuaciones de investigación donde no se hayan encontrado indicios genuinos de infracción que, afortunadamente, son muchas porque, como digo, se hacen muchas investigaciones y en muchas de ellas se concluye que no hay materia sancionable. Como
decía, en el caso AVA hemos sacado las lecciones oportunas y espero que no se repita.
Hemos adoptado un programa de medidas de seguridad, tras haber sido asesorados por empresas especializadas en la materia, para evitar que un fallo de seguridad
tan clamoroso como el que tuvimos el pasado mes de julio sea impensable en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Abrimos una segunda ronda de intervenciones brevísima.
El señor ARIAS CAÑETE: ¿Tan breve como la del portavoz Socialista? ¿Tan breve como la del señor Cuevas?
El señor PRESIDENTE: La suya ha sido exactamente igual que la del señor Cuevas.
El señor ARIAS CAÑETE: No es así, porque tengo a mi cronometrador oficial a mi vera. Señor presidente, perdone que discrepe, pero anotamos exactamente los tiempos de cada uno. En cualquier caso, seré breve en aras de la hora.
En primer lugar, señor Conthe, somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Yo ejerzo la oposición con los medios a mi alcance.
Si hace usted declaraciones, veo los teletipos de agencia, oigo las cintas de la radio y
veo los medios de comunicación, no uno sino varios, económicos y generales, saco las palabras entrecomilladas. Y de las palabras entrecomilladas
dijo usted lo que dijo. De las interpretaciones del recurso y del bananeo -yo tengo un enorme respeto por los plátanos y quiero mucho a las islas Canarias de mi buen amigo y colega- usted dijo lo que dijo y eso no lo puede decir un
regulador. Yo no he hablado mucho del deber de pasividad y de la carta para no meter a la Comisión en un debate jurídico, pero podemos discutirlo porque ha entrado usted en profundidad en la carta. Yo sobre la carta he dicho que usted había hecho
una interpretación extensiva del artículo 14 del real decreto de OPA. Modestamente, por mi formación jurídica limitada, me gustan estos temas y me he dedicado a estudiarlos, pero creo que hablaremos de él a continuación.
Señor Cuevas, el grupo parlamentario al que represento en esta OPA solo tiene un interés: la defensa de los consumidores, la defensa de la competencia y que en los mercados haya libertad, no haya monopolios ni oligopolios nacionales ni
regionales, la ausencia de control político en las operaciones y la independencia de los organismos reguladores. Es el único interés que tenemos. Para nosotros todas las empresas son dignísimas, Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Repsol, La Caixa,
magníficas empresas todas ellas. Cuando don Mariano Rajoy dice que está bien gestionada, está muy bien gestionada. ¿Qué le da miedo? El artículo 110 del Estatuto de Cataluña que abre la vía a una politización de una caja que hoy no está
politizada. Y cuando hace la reflexión sobre las cajas de ámbito nacional que no trabajan en una sola comunidad sino en varias, que toman participaciones industriales masivas, está recogiendo también preocupaciones del Banco de España. Estamos
hablando de que hay que hacer una reflexión profunda para ver cómo actuamos en un contexto en el que ha cambiado radicalmente la dimensión, la filosofía y la actuación de las cajas en el sistema financiero. Aquí no se defiende a ninguna empresa, no
tenemos ningún interés ni en una ni en otra. Tenemos que defender a los consumidores, los mercados, la independencia y la competencia, por eso queremos que los organismos reguladores sean organismos reguladores independientes, que la Comisión
Nacional de la Energía haga su dictamen con tranquilidad, que la CNMV haga lo que tenga que hacer y que el servicio de la competencia funcione.
Le recuerdo que el que toma la última decisión es el Gobierno, por eso el señor Rajoy y yo mismo podemos decir que tenemos una trayectoria en el sector energético, que para evitar que se limitara la competencia ha habido muchas fusiones que
no ha autorizado el Consejo de Ministros, que es al que eleva el Tribunal de Defensa de la Competencia los argumentos.
El Consejo puede seguirlos o no seguirlos. Con el Partido Popular siempre seguimos al Tribunal. Vamos a ver qué pasa en esta
ocasión. Con el Partido Popular se siguió siempre al Tribunal, salvo que la Comisión Nacional de la Energía, en aplicación de la función 14, en un dictamen, pare directamente la operación, que lo puede hacer. Así es como funciona esto. Y lo que
queremos es que funcionen con independencia, con libertad.
Creemos que al señor Conthe, que es un hombre de una altísima formación intelectual y muy riguroso, en esta ocasión -como se suele decir- se le ha calentado la boca. Pero eso no lo puede hacer un regulador. Y lo que no pueden hacer es
matar al mensajero, porque, señor Conthe, no es un medio de comunicación, sino uno, dos y tres. Podemos discrepar de los editoriales, que cada cual opina lo que quiere, pero cuando se entrecomillan palabras, los que tenemos experiencia en hacer
declaraciones, unas veces afortunadas y otras veces desafortunadas, sabemos que las comillas nos matan. Yo he procurado saber lo que usted ha dicho, he hecho mi valoración y ahora puedo entrar en la carta. ¿Por qué lo hago en esta fase? Se lo
digo al señor Cuevas. ¿Cómo puede usted tener el descaro de criticar que yo utilice este trámite parlamentario diciendo que es indigno que lo que quieren los ciudadanos es que hablemos hoy de esta memoria que, por cierto, me la he leído, la tengo
subrayada entera y me la sé? Y me parece muy bien lo que ha hecho la CNMV, hasta que ha hablado su presidente. Me he molestado en leerla entera y en ella hay cosas que me preocupan; pero a los ciudadanos lo que más les preocupa es que los
organismos reguladores sean independientes. Y cada vez que yo he hecho aquí un intento de control parlamentario de un organismo regulador... Le voy a citar a usted tres ejemplos clarísimos. Cuando pasó lo del follón del tema Sacyr-BBVA-Merry
Linch-FG, pedí la comparecencia del señor Conthe el día 26 de enero, hasta hoy no ha venido porque el Grupo Socialista no ha autorizado que viniera; pedí la del señor Sebastián el 26 de enero para que me explicara cómo había dirigido la operación
BBVA, con qué astucia, tampoco vino; pedimos la comparecencia del señor vicepresidente el 26 de enero, tampoco ha venido; la pidió el Grupo Catalán, tampoco le dieron la posibilidad de que viniera. Cuando hay una cuestión de actualidad sitúan la
comparecencia año y medio más tarde para que quede en el paleolítico y solo tenga interés para los arqueólogos pero no para los políticos, y en política la inmediatez es un valor. Si el señor Conthe hizo unas declaraciones el día 16 y viene hoy,
día 21, qué político sería yo si no aprovechara la ocasión para hablar de lo que importa a los ciudadanos, que es la mayor fusión energética y la independencia de los organismos reguladores en esta fusión. Sería un indocumentado. No me critique
usted, porque aquí todos sabemos cómo se juega, y he hablado con respeto y con tranquilidad.
Quería decirles que el control parlamentario es muy complicado cuando el partido mayoritario masacra las iniciativas de la oposición. Yo quería traer aquí a gente muy importante para que me explicaran cómo fue aquella pantomima de un
redactor de la SER que sube, lo reciben inmediatamente, se inicia un expediente, etcétera, aquel jolgorio nacional, y no lo pude hacer. Ahora me encuentro con otro jolgorio y es que un presidente de un organismo regulador califica las operaciones
antes de que se produzcan los dictámenes, dice que son viables, que son sensatos, o lo que diga.
Califica
proyectos de adquisiciones de activos que son complejísimos, porque pueden ser asistencia financiera o no serlo; es un tema de enorme complejidad en el derecho de la competencia y están todos los despachos de Madrid trabajando en este tema.
Ya me gustaría a mí ahora mismo estar en el ejercicio libre de la profesión y disponible para participar en alguno de estos pingües dictámenes que están haciendo para unos y para otros. Pero estamos en esta función política y le pido
responsabilidad. Es decir, si no dimite usted por lo menos cállese en el futuro, se lo aconsejo, porque es mejor para todos. Sabemos que es usted un hombre de alta capacidad profesional, pero también que es un hombre impetuoso; modérese.
Usted ha mandado una carta que ha dicho que es maravillosa, y es muy legítimo; pero es que usted ha hecho dos cosas: le ha dado publicidad...
El señor PRESIDENTE: Señor Arias Cañete, quien debe moderarse en el tiempo es usted.
El señor ARIAS CAÑETE: Me modero en lo que usted quiera, señor presidente.
Termino en 30 segundos.
Usted manda una carta, y no hay ningún obstáculo normativo para que usted escriba, es más, la correspondencia epistolar es muy agradable en esta época en la que se está quedando en el ostracismo por culpa de los e-mails y otros medios
electrónicos; además, es una carta de estilo casi coloquial, una carta que tiene dinamita. Primero, usted la hace pública.
Si usted es un organismo regulador y encuentra una infracción, persígala, pero decirle eso de: oiga, como puede ser que
usted delinca, ya verá cómo le voy a dar, sea usted bueno. Esa no es la función de un organismo regulador. Además, le da una publicidad que da la impresión ante la opinión pública de que ustedes saben de alguna irregularidad que se está
cometiendo. Pues si la saben, adelante con los faroles, adelante con los expedientes. Pero es que luego, además -y comprendo que esta es una humilde opinión jurídica y entre juristas se puede discrepar; ya no es una opinión política, es una
opinión jurídica-, jurídicamente me da la impresión de que usted desborda el ámbito de aplicación del artículo 14 en la interpretación que hace en varios apartados. Podíamos estar toda la mañana hablando de esto porque es muy interesante, aunque
probablemente no le interese nada a esta Cámara. Pero creo que usted manda una carta en la que hace una interpretación claramente extensiva; se olvida del tenor literal del real decreto que habla de objeto principal de perturbación de la OPA, mete
a directivos y a administradores, sataniza la conducta de fomentar compra de acciones por inversores contrarios a la OPA, de lo cual hay mucho que hablar y se puede leer de todo, etcétera. Creo que hay que tener más cuidado con esas cartas. Pero
sobre todo la fe pública, a bombo y platillo. Da la impresión de que no se perseguía la finalidad de decirles: sean ustedes buenos y benéficos; da la impresión de que se quería sembrar una nube sobre la conducta acertada o no de los gestores de
una de las empresas o de las tres, no lo sé; yo conozco una, que es fundamentalmente la que he visto, pero si me dicen que en la web hay otras, puedo verlas todas. Yo me he centrado en analizar el artículo 14 -que lo tengo aquí a disposición del
que quiera-, en lo que dice en sus párrafos uno y dos y en lo que dice la carta.
Señor Conthe me parece que usted se ha extralimitado en sus funciones de regulador. En un caso ha perdido la independencia y en otro se ha extralimitado. Sabiendo que es usted una persona con la cabeza perfectamente amueblada, le pido que
saque conclusiones de esta experiencia y, si no dimite y le seguimos teniendo como supervisor de los mercados de valores, sea más prudente en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Respecto a la pregunta que le hemos formulado al presidente de la CNMV, me gustaría saber si nos puede adelantar algunos de los planteamientos del grupo de trabajo respecto a cuál sería la posición ante la
previsible eliminación del blindaje antiopas que posibilita la limitación de los derechos políticos al 10 por ciento.
Vamos a esperar, pero pienso que este es un aspecto fundamental y que va a ser de gran interés para todos los grupos de la Cámara.
En cualquier caso, usted ya nos ha avanzado algún aspecto relevante en la dirección de que en España también se pudiera llegar a eliminar esta limitación del 10 por ciento como ocurre en algunos países de la Unión Europea. Esto es lo que yo he
entendido en su intervención.
Hay otro aspecto que nosotros también consideramos significativo. En su intervención ha lamentado algunas de las declaraciones que se produjeron en la rueda de prensa que tuvo lugar con posterioridad a los envíos de las cartas, y de las
cuales ahora usted se ha retractado. Objetivamente hablando es interesante que usted haya reconocido que algunas de sus manifestaciones no fueron oportunas. Vuelvo a repetir que a nosotros nos gustaría que los presidentes de los organismos
reguladores y supervisores fueran árbitros invisibles, y en este sentido pienso que el mensaje que hemos lanzado en nuestra intervención ha sido recogido perfectamente.
Pedimos que en esta operación la actuación de todos los organismos reguladores
sea discreta, rigurosa y objetiva. Esto es lo que le pedimos y estamos convencidos de que va a ser así.
El señor PRESIDENTE: Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Quiero agradecerle al señor Conthe las contestaciones que ha dado a las cuestiones concretas sobre el motivo de su comparecencia hoy aquí. Me gustaría reafirmarme en el hecho de que considero de urgente
aprobación la transposición
de la directiva comunitaria sobre opas. Creemos que, dado el escenario que hay en este momento de debate abierto en España y en la propia Unión Europea, el derecho positivo español debe contar con la transposición de la directiva
comunitaria de opas y que sea aprobada en esta Cámara. Para nuestro grupo sería perfecto que en este interregno usted nos pudiera facilitar, como se ha ofrecido a esta Comisión, documentación sobre el grupo de trabajo o bien que en su día se
realizase una comparecencia de trabajo específica en esta Comisión.
He dicho que no venía aquí para debatir sobre la OPA, pero creo que el juego parlamentario supone flexibilidad y en este sentido el señor Arias Cañete acertadamente ha aprovechado una oportunidad. Esa es la riqueza de la agilidad
parlamentaria y en este caso le ha permitido expresar en nombre de los grupos las preocupaciones, dudas, críticas, etcétera, pero también ha servido para que usted haya sabido dar, fuera del orden del día, una explicación a su conducta respecto a
las cartas y los juicios de valor que ha emitido. Personalmente creo que le honra el hecho de que haya reconocido aquí eso que ha atribuido a mi sistema de análisis de los expedientes, lo cual no es doloso sino que puede ser culposo por
negligencia, torpeza o por lo que estos momentos se llama políticamente incorrecto. Me basta como prueba de su valor ético que usted haya dejado constancia del reconocimiento de esa actuación que usted mismo ha considerado como políticamente
incorrecta en el 'Diario de Sesiones' del Congreso de los Diputados, verdadera pieza de testimonio de cuanto se dice y enjuicia en esta Cámara, lo cual le honra a usted éticamente y a mí me permite hacer una valoración de la calidad humana de la
persona.
Por tanto, tanto unos como otros hemos aprovechado la oportunidad de juego político y esta espontaneidad ha permitido hoy aclarar y fijar unas posiciones, tanto por parte del señor Arias Cañete como por el suyo, de claridad en el proceso,
y lo interesante es que en garantía de los usuarios, los consumidores y todos los instrumentos del sistema financiero español la Comisión Nacional del Mercado de Valores responde a las exigencias que le hace el Legislativo democrático de esta
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Señor Presidente, yo no voy a consumir los diez minutos largos que ha utilizado el señor Cañete porque creo que lo fundamental ha quedado claro y no ha sido rebatido. El único intento, tímido, de rebatir mi
argumentación de que ustedes estaban defendiendo a los gestores de una empresa ha sido decir que defienden a todas las empresas, y eso, señor Cañete, se cae por su propio peso porque no defienden a todas. A unas les permitían fusionarse, hacer
opas, a otras no; en unas se reunían ustedes con sus gestores, en otras no. El señor Rajoy y el señor González abordaron personalmente la operación de Sacyr.
Intervenían, está claro, meridianamente claro.
Señor Cañete, yo lamento que usted, además, en su argumentación, haya caído en su propia trampa. Cuando yo le he dicho que no había hecho referencia al año 2004 y al pasado informe, se lo he dicho porque usted ha intervenido poco tiempo,
porque se ha ido rápidamente a hacer declaraciones a la prensa, que ya están aquí y que es lo que realmente le interesa, pero ha dejado de hablar del informe. Sin embargo, nos ha dicho que ha habido otras actuaciones en las que la Comisión y el
señor Conthe han actuado correctamente. O sea, señor Conthe, usted no se engañe. La solicitud de dimisión que le han pedido aquí, que parece que al final ha estado devaluada porque el propio señor Cañete ha comprendido que era muy fuerte, no tiene
nada que ver ni con su declaración, ni con su calificación de bananera, ni con que haya escrito las cartas. No, eso tiene que ver con que a juicio del Grupo Popular sea usted imparcial o no. Si sus decisiones están de acuerdo con lo que ellos
quieren, vendrán aquí y dirán que lo hace magníficamente; si no, le pedirán su dimisión.
El ejemplo que ha citado es perfectamente ilustrativo, el caso de Sacyr.
Pero es que después del caso de Sacyr hubo otra historia, que era la presunta
utilización o irregularidad en la venta de una empresa de algún directivo. Ahí también estuvieron de acuerdo y la CNMV hizo lo mismo que ahora: emitió un comunicado, con pelos y señales, que en alguna prensa fue criticado, en otra no. Igual que
pasa ahora, que hay una prensa que critica unas cosas y otras no. En realidad, a ustedes lo que les importa es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y su presidente tomen decisiones que beneficien a aquellos sectores empresariales en los
que ustedes tienen intereses, bien por haber puesto a sus gestores o bien por otros motivos que obviamente desconocemos. Pero nada más. No tiene nada que ver con la defensa de los intereses. A mí me parece perfectamente escrupuloso que, desde la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, ante una operación, se defienda los intereses de los accionistas, que son los que en realidad tienen que decidir y nadie se lo va a impedir, y la legislación les ampara para que decidan si quieren vender o
no. Lo que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ese procedimiento, es advertir al mercado de cuáles son los términos en los que tiene que hacerse esa operación de compra. Y nada más. Y eso no sería objeto de ninguna diatriba en
esta Cámara, si acaso estar o no a favor de hacer las cartas. Pero no, ustedes montan aquí un escándalo descomunal, hacen aquí una sobreactuación, como si esto fuera la mayor catástrofe del mercado de valores, y se olvidan de los años que han
utilizado, desde el Gobierno, no solamente la capacidad legal de intervenir en las empresas, sino de privatizarlas y colocar a sus amigos, que, curiosamente, le vuelvo a repetir, todos eran agentes de Bolsa o andaban por los alrededores. Señor
Cañete, usted era ministro en aquella época.
El señor PRESIDENTE: Señor Conthe, tiene la palabra para cerrar la reunión.
El señor PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (Conthe Gutiérrez): Quiero responder de nuevo al señor Arias Cañete, sobre todo, porque con sus palabras me deja en la más absoluta indefensión. Suscribo al cien por cien
lo que él ha dicho de que uno debe ser responsable de sus palabras. Por eso he traído aquí la transcripción literal de mis palabras, que la tiene usted disponible en audio o por escrito, y las suscribo al cien por cien. Usted ha esbozado una
teoría en función de la cual, cuando un periodista entrecomilla algo, eso es cierto. No sé su experiencia, señor Arias Cañete. En la mía, que ya es larga en estas lides, el desparpajo con el que los periodistas entrecomillan frases que son la
interpretación personal de lo que han oído me produce escalofríos.
Hay gente que pone en mi boca, entrecomilladas, cosas que jamás he dicho.
Es una práctica habitual en el periodismo español, aunque supongo que a los periodistas no les guste mucho
oírlo. Soy partidario de la transparencia y lo mejor, lo que da fe pública, es el hecho en sí. Por eso hay que publicar las cosas por escrito o decirlas en directo. Por eso creo que uno de los grandes aciertos de ese episodio fue hacer públicas
las tres cartas de marras, porque ¿qué habrían dicho los periódicos si no se llegan a hacer públicas? Si haciéndose públicas cada uno ha dicho lo que le interesaba decir, ¿cuanto más podrían haber dicho si las cartas no se hubieran hecho públicas?
En cuanto a que hay algo de atípico en que un supervisor haga publicidad de una advertencia con carácter previo al hecho y que espere mejor a que haya algo sancionable, aplicando esa doctrina supongo yo que la Dirección General de Tráfico no
podría emitir anuncios en vísperas de un puente o un fin de semana. Es decir, tendría que esperar a que hubiera muertos y, una vez que hubiera muertos, emitir el anuncio. En este caso, he cometido el error que dice de reírme de un recurso
administrativo. Ese fue mi error. En cuanto a lo demás, mi actuación y la de la CNMV han sido de una escrupulosa imparcialidad, total y completa. Por eso estoy seguro de que cuando se relea el tenor literal de lo que dije en la rueda de prensa el
viernes, incluso el Grupo Popular apoyará la gestión de la CNMV.
El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.