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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 334, de 22/06/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 334
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAN PUIGCERCÓS I BOIXASSA
Sesión núm. 18
celebrada el miércoles, 22 de junio de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre el oso pardo en los Pirineos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000988.) ... (Página 2)
- Relativa a la elaboración de un plan de acción nacional contra la sequía. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/000637.) ... (Página 4)
- Relativa a la financiación de las infraestructuras de desalación.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000706.) ... (Página 8)
- Relativa a la regulación del río Arlanza en la provincia de Burgos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000874.) ... (Página 11)
- Por la que se insta al Gobierno a que ratifique y desarrolle el convenio europeo del paisaje y posibilite la implantación de la energía eólica bajo los criterios que emanan del mismo. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000990.) ... (Página 14)
- Sobre la Red Natura 2000. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 161/000856) y Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (Número de expediente 161/000759.) ... (Página 17)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL OSO PARDO EN LOS PIRINEOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000988.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras diputadas, señores diputados.
Vamos a iniciar esta Comisión de Medio Ambiente.
Hay siete proposiciones no de ley. Empezaríamos por la primera, del Grupo Socialista, sobre el oso pardo en los Pirineos. Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Moscoso.
Antes de dar la palabra al señor Moscoso, anuncio que no se votará antes de las once y media. A partir de las once y media, intentaríamos ya materializar las votaciones.
Señor Moscoso, tiene la palabra.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Esta proposición no de ley se enmarca en una realidad, que es la de una población de osos pardos en el Pirineo que se encuentra en una situación de peligro de extinción real, lo que exige medidas de
actuación inmediatas.
La situación de los osos pardos en los Pirineos es la siguiente. Existen dos núcleos separados, un núcleo oriental y un núcleo occidental. La población oriental no tiene problemas de subsistencia y es una población que se ha desarrollado
en los diez últimos años a partir de repoblaciones que, con cargo al Programa LIFE y con fondos comunitarios, se ha realizado, sobre todo en la vertiente francesa. Donde existe un problema real de extinción y donde hay que poner en marcha medidas
urgentes es en la población occidental. La población occidental habita entre las comunidades autónomas de Navarra, Aragón y la región francesa del Bearn.
En esta zona existen en la actualidad exclusivamente cuatro osos y los cuatros son machos.
Dos son autóctonos -eso quiere decir que son osos pirenaicos originales, con la diversidad y la variedad genética original de los Pirineos--, el otro es un oso esloveno desplazado desde la zona oriental hasta allí y el cuarto es un osezno híbrido,
hijo de este oso de origen esloveno y de la última osa autóctona que fue abatida por unos cazadores en el Valle de Aspe, en noviembre.
Desde entonces, desde que ocurrió esto en noviembre, y también en virtud del discurso que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha en el ámbito de la conservación de las especies en vías de extinción y de la protección de la
biodiversidad, se han producido una serie de encuentros entre los gobiernos de Francia, España, Andorra, así como entre todas las comunidades autónomas afectadas -Cataluña, Aragón y Navarra-, con el fin de poner en marcha una serie de actuaciones.
Esas actuaciones se han materializado ya en la presentación de un memorando de entendimiento para la cooperación sobre la conservación del oso pardo en los Pirineos y otras especies amenazadas de interés común, memorando que va a ser firmado en las
próximas semanas. Al mismo tiempo, este memorando incluye un calendario en el cual se pondrá en marcha un plan de acción andorrano, español y francés para la conservación del oso pardo en los Pirineos.
Estas medidas se están poniendo en marcha de
manera consensuada. Quiero recordar que el Parlamento de Navarra aprobó una resolución en una línea parecida a la que presentamos aquí hoy por unanimidad que todos los grupos la apoyaron. En ella se hacía especial énfasis en todas aquellas
cuestiones que preocupan a algunos sectores de la población del Pirineo y que, sin duda, deben ser tenidas en cuenta y vigiladas con mucha atención. Por ejemplo, la puesta en marcha de programas activos de desarrollo socioeconómico sostenible de
las comarcas en las que habitan los osos pardos; un apoyo activo a las actividades tradicionales, especialmente al sector agrario y al desarrollo de nuevos recursos para sus habitantes; el desarrollo de campañas de promoción y de defensa de la
utilización del oso pardo como emblema cultural y patrimonial relacionado con la conservación de la naturaleza, con la calidad de las actividades ganaderas, forestales y turísticas sostenibles de la zona;
como emblema también del desarrollo sostenible y, en definitiva, como valor añadido de los Pirineos y de sus comunidades locales.
¿Qué proponemos? La proposición incluye una serie de puntos que son, en definitiva, los que articulan el memorando que los ministerios español y francés, así como las comunidades autónomas implicadas y el Gobierno de Andorra, van a firmar,
creemos que la semana que viene o la primera semana de julio. En primer lugar, se insta a que dicho memorando asegure el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de conservación de la naturaleza, que es su objetivo último. Se
propone una atención especial al cuidado de la población occidental, la que vive entre Navarra, Aragón y Francia. Recordar, como he dicho antes, que esta población son sólo cuatro osos, de los cuales dos son originarios y uno es híbrido. Esa
población, tan sólo hace quince años, era una población de diez, doce osos, y que la población que aseguraría su supervivencia se encontraría en torno a esa cantidad. De modo que estamos hablando de algo que existía hace quince años y que en ningún
momento generaba ningún tipo de problema a las comunidades implicadas. Se propone también desarrollar programas económicos, sociales y culturales sostenibles y campañas de sensibilización. Se propone establecer -y esto aparece así en la propuesta
del ministerio- una partida presupuestaria adicional y de entidad suficiente para asegurar el éxito de los programas técnicos, científicos de introducción de los osos. En este sentido, me parece perfectamente aceptable la enmienda de adición que ha
presentado el Grupo Popular, en la que se establecería también una partida destinada a sufragar los costes privados de indemnizaciones y otro tipo de repercusiones derivadas de la existencia de los osos y de su convivencia con sectores como el de la
ganadería.
En definitiva, se propone que estas instituciones colaboren de manera eficiente, con el fin de asegurar el salvamento del patrimonio genético autóctono del oso pardo de los Pirineos que, efectivamente, es una parte fundamental del patrimonio
natural, cultural y de la biodiversidad de los Pirineos y de todos nosotros, y que merece su salvación, y todas aquellas medidas que sean necesarias. Y, finalmente, en el ámbito del memorando se propone también prestar atención al cuidado de los
hábitats naturales y de todas las especies amenazadas en los Pirineos, porque no solamente es el oso el que está en una situación delicada que exige la cooperación de todas estas instancias, sino que existen también especies como el quebrantahuesos,
el urogallo y el propio hábitat natural.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Popular, el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Tenemos una enmienda a esta proposición, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario, estando de acuerdo con esta proposición no de ley, que lo que pretende es crear un marco de garantías en relación a lo que se ha denominado reintroducción del oso pardo en el Pirineo, tiene que hacer varias
salvedades. Una de ellas está recogida en la enmienda que presentamos. Y otra, creo que no menor, por lo menos desde el punto de vista de los aspectos formales, es la situación en que han quedado tanto el Gobierno navarro como el Gobierno catalán,
y el Gobierno aragonés especialmente, en relación con la medida unilateral presentada por el Gobierno francés a la hora de anunciar la suelta de estos osos, con el fin de llegar a la repoblación. Sabemos por noticias de medios de comunicación que
los consejeros de estos gobiernos se van a dirigir a lo largo de hoy o mañana, en el ámbito de la Conferencia Sectorial, a la ministra de Medio Ambiente, Narbona, para preguntarle si ella conoce los extremos de este plan francés, si hay
conversaciones entre España y Francia en este sentido, y para recordarle que en las medidas coordinadoras y en las medidas que afecten a las indemnizaciones tendrán que ser corresponsales tanto las administraciones centrales -francesa y española-
como los gobiernos de Navarra, Aragón y Cataluña.
Esa sorpresa y malestar no tiene por qué cercenar un proyecto que, a nuestro juicio, trata de un asunto que creemos que es patrimonio de lo que ha sido la historia de nuestro Pirineo, pero que al final también entendemos, una vez leída la
proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, que deja un aspecto que no por ser dado por hecho, es menor. No es menor y me remito a las posiciones de los pobladores que, en definitiva, son los beneficiarios afectados directos de este
plan de reintroducción del oso en los valles pirenaicos. Y que, en definitiva, si hay que contar con las comunidades autónomas, yo creo que también hay que contar con los agentes locales, a la hora de la derivación de ese aspecto.
Solamente les voy a poner, señorías, un ejemplo. Un ejemplo que sale del Gobierno de Navarra, y es que la presencia durante una época determinada de la hoy muerta osa Canelle, le costaba al Gobierno de Navarra 90.000 euros. La pregunta que
se hace el Gobierno navarro y que se hará el Gobierno aragonés o catalán, en función de la distribución y de la zona que habiten estos animales, es si habrá que multiplicar por cinco, por diez, por quince o por veinte, en la medida en que se vayan
repoblando estos animales -como todos esperamos-, el hecho de estas indemnizaciones.
Y nuestra enmienda va en esta dirección. No sé si algún día, en la Comisión de Medio Ambiente, habrá que traer una iniciativa de protección del hombre del Pirineo, porque, en definitiva, cuando hablamos muchas veces de medidas de
protección, bien sea como en este caso de los osos, bien de otra serie de hábitats, nos olvidamos del elemento principal desde el punto de vista de la conservación y desde el punto de vista del mantenimiento del territorio, que es el hombre que
habita en
estos valles, que ha vivido siempre ligado a las actividades, hoy, actividades más novedosas, como puede ser toda la participación en el tema turístico y en el tema paisajístico. En definitiva, los osos, en este caso, han convivido a lo
largo de la historia con los ganados, con los pastores y con la gente de estos valles, aunque habido, lógicamente, ataques por parte de los osos. Quizá en años anteriores no había ningún tipo de indemnizaciones, pero al Grupo Popular le parece que
hay que reflejar claramente en esta proposición no de ley -que no enmendamos absolutamente ninguna letra, sino que simplemente ponemos un punto de adición a su punto cuarto- el hecho de que haya partida presupuestaria adicional para asegurar los
costes de restricciones, así como las indemnizaciones, daños y perjuicios que padecerán los habitantes del Pirineo.
En este sentido cabe decir que la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista no es solamente una declaración de buenas intenciones, sino que es un trabajo bien hecho, en profundidad, un trabajo técnico. Más que una
proposición no de ley política es técnica, aunque lógicamente también tiene sus apartados desde el punto de vista político. Desde el Partido Popular entendemos que tenemos que ser capaces de armonizar los intereses de los medios de vida de los
habitantes del Pirineo con la reintroducción del oso, porque si no esto no va a funcionar, ya que, al final, lo que va a haber es una incompatibilidad entre los habitantes y la reintroducción del oso.
Se podía decir, quizá de una forma demagógica, que podemos elegir entre dos opciones: una de ellas es declarar una reserva natural en una zona determinada y suprimir hasta el paso del hombre -cuando hablo del hombre, hablo de las
actividades del hombre en esa zona, que pueden ser de tipo forestal, de tipo ganadero o de tipo turístico- y dejar allí un espacio determinado para el oso, cosa que sabemos también es altamente complicada, porque al oso no hay quien le marque el
territorio donde tiene que habitar. Desde el Partido Popular entendemos que es posible compatibilizar y que el Gobierno de la Nación, de acuerdo con los gobiernos de las comunidades autónomas, tiene la responsabilidad y los instrumentos para hacer
atractivo este plan, no solamente para las personas que puedan vivir en Madrid, que puedan vivir en Zaragoza, que estén en las universidades y que estudien este asunto desde la lejanía y que les parezca extraordinario, sino sobre todo, para los que
-como he dicho al principio de mi intervención- son moradores del Pirineo, que tienen que convivir con un asunto que lógicamente les beneficia desde el punto de vista de la atracción y desde el punto de vista de lo que supone un patrimonio
histórico-natural, pero que al mismo tiempo tienen que coger las habichuelas todos los días y, en definitiva, hay que facilitarles su actividad, y tiene restricciones por la presencia de los osos, ha de tener las indemnizaciones correspondientes en
ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Se puede definir sobre la enmienda, señor Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Ya lo he dicho en mi intervención inicial. Estamos de acuerdo con la propuesta que ha planteado el Grupo Popular.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN NACIONAL CONTRA LA SEQUÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000637.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día.
Proposición no de ley del Grupo Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan de acción nacional contra la sequía.
Tiene la palabra el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Entramos en el segundo punto del orden del día sobre este plan nacional de lucha contra la sequía, que como sus señorías podrán comprobar, es una iniciativa que yo creo que tiene dos aspectos básicos.
Uno de ellos es su presentación en el tiempo, presentada a mitad de febrero aproximadamente, en la que el Partido Popular, en aquel entonces, ya veía con preocupación los síntomas en base a los distintos indicadores que a nuestro juicio
alertaban de la posibilidad de estar en un periodo inicial de una sequía grave, como al final se ha demostrado al cabo de los meses. Y una iniciativa que pretende, dentro del propio debate político y ante un asunto de la gravedad como el que este
año estamos padeciendo, superar un poco el debate político y ver si somos capaces, dentro de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, de elaborar, de trabajar, de ir hacia una programación que se base principalmente en el
principio de prevención. Durante estas últimas semanas, estos últimos meses -y tendremos seguro ocasión, si Dios no lo remedia y sigue el tiempo con esta sequía tan grave- de hablar, de contrastar, de criticar si es necesario, las distintas medidas
que el Gobierno del Partido Socialista, que es el que tiene la responsabilidad en la actualidad, ha puesto en marcha, y si esas medidas realmente han servido para paliar los efectos de la sequía. Yo, lógicamente, haré una parte de una crítica muy
concreta sobre algunas de las medidas que se han tomado hasta la fecha, pero mi disertación, como he dicho anteriormente, pretende superar lo que es el debate político del día a día en lo que es la materia de la sequía. Para eso me referiré, en
primer lugar, a los instrumentos de que nos dota el Plan Hidrológico Nacional artículo 27, aprobado por el Partido Popular sobre la sequía. Artículo 27, que establece una serie de programas, de medidas, que vayan evaluando, que vayan trabajando y
que, en definitiva,
vayan previendo todos los elementos que determinan, con suficiente anterioridad para poder tomar medidas, lo que es el problema de la sequía.
Y quiero recordar en esta Comisión, que después de que el Ministerio de Medio Ambiente dijera que el Partido Popular, después de aprobar el Plan Hidrológico Nacional, no había tomado ninguna medida en este sentido, el propio secretario
general, don Antonio Serrano, en la última comparecencia reconoció públicamente, tras una rectificación que yo personalmente le agradezco, el hecho que los indicadores para la sequía estaban elaborados con las confederaciones hidrográficas de las
distintas cuencas españolas; que estaban los pliegos de condiciones -en algunos casos ya contratados y en otros pendientes de contratación- para que se pudieran poner en marcha todas las medidas en relación con el tema previsto en ese artículo.
Medidas que van en los indicadores, desde el punto de vista de las aportaciones de los ríos en periodos determinados; del umbral de existencia de nieve; de la situación de los acuíferos. Es decir, una serie de parámetros, de indicadores, que lo
que vienen a hacer es determinar con suficiente anterioridad lo que son los periodos de sequía y, en definitiva, la posibilidad de poder actuar y de poder poner en marcha programas en ese sentido.
Estamos en un año grave de sequía. Todos somos conscientes de la preocupación de este fenómeno, que es un fenómeno cíclico; un fenómeno que -también tengo que decir como crítica al Gobierno actual- ha cambiado -según lo que estamos oyendo
durante estos últimos meses- la concepción desde el punto de vista hidráulico. Porque al Partido Popular se nos acusaba -mientras tuvimos responsabilidades de gobierno- de que actuábamos sólo y exclusivamente desde el punto de la oferta. Ustedes
han cambiado el criterio hacia el tema de la demanda. Y lo que esta proposición no de ley viene a decir es que hay que tener en cuenta todos los criterios, tanto los de la demanda como los de la oferta.
La sequía tan grave que estamos padeciendo este año afecta a muchísimos sectores, afecta al medio ambiente desde el punto de vista de la erosión; afecta a los abastecimientos de poblaciones; afecta a la ganadería; afecta a los regadíos;
a la agricultura; afecta al aspecto forestal -como los incendios que estamos empezando a padecer-; afecta a los aspectos faunísticos, dentro también de los aspectos medioambientales. Es decir, podemos comprobar que hay un amplísimo abanico de
afecciones que, en definitiva, vienen a afectar a toda la ciudadanía, tanto en aspectos económicos como en aspectos sanitarios como en aspectos de carácter medioambiental.
Estoy convencido de que el Gobierno y de que todos los españoles confiamos en que llueva pronto y abundantemente. Pero también nos hubiera gustado que, desde que el Partido Popular empezó a hablar de sequía, el Gobierno se hubiera puesto
las pilas, hubiera empezado a tomar medidas desde ese primer momento y, sobre todo, hubiera empezado a informar a la población sobre la situación real, la situación actual en relación con lo que son los problemas de la sequía y la afección que
deberían tener.
También queremos decir que no conocemos en profundidad un decreto de sequía aprobado en el último Consejo de Ministros, porque tuvimos solamente la posibilidad de acceder a un borrador del mismo. No es momento ni ocasión en esta Comisión de
hablar de él para conocerlo en profundidad y supongo que se presentará al Congreso de los Diputados para su derogación o para su aprobación definitiva, pero quiero decir cómo en el pasado, en el año 1994 -les quiero poner un ejemplo-, en un decreto
de sequía, se aprobó el recrecimiento del embalse de Nuévalos, en la provincia de Zaragoza, en realidad más que un recrecimiento fue una presa de cola con fines turísticos. Yo creo que son aspectos del pasado que hay que tratar de soslayar y
apartar definitivamente, para dedicarnos realmente a la problemática que tiene directamente el tema de la sequía.
Como decía anteriormente, la política actual se ha basado en tres proyecciones: infraestructuras necesarias para el uso racional y disponibilidad del agua. Se hicieron las aprobaciones de los planes de cuencas, donde se recogía todo un
abanico de iniciativas y de infraestructuras, no solamente para el tema de la sequía, sino para el tema de dotar suficientemente de agua a los usuarios y a través del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado se ha ido dotando a las
distintas infraestructuras. Y luego está la planificación de coordinación con ese instrumento que es el Plan Hidrológico Nacional. Es decir, normas para paliar los efectos de la sequía: medidas de apoyo a las explotaciones, especialmente a la
ganadería y a la agricultura, ese decreto que aprobó el Consejo de Ministros la pasada de semana, y la política de seguros. Política de seguros que nos parece que es otra de las herramientas fundamentales, y en la que como tuve ocasión de decir en
la Comisión de Agricultura, en España somos pioneros. En este sentido también quisiera hacer un llamamiento -aunque no sea la Comisión la responsable directa de este aspecto- para que sigamos profundizando y trabajando en cómo dotar de mayores
garantías, en cómo hacer más atractivos los seguros agrarios y ganaderos para que, en definitiva, tengamos cubiertos, con mayor cantidad o con mayores posibilidades, los riesgos derivados de ello. Todo ello sigue siendo muy necesario. Pero,
lógicamente hay aspectos, como el tema de la prevención que decía al empezar mi intervención, que consideramos totalmente básicos y en los que hay profundizar y trabajar. Entendemos que la prevención será la mejor herramienta para mitigar en lo
posible los efectos de la sequía. En nuestra iniciativa proponemos una acción conjunta, pública y privada, de responsabilidad compartida entre la Administración General del Estado, las autonomías, los municipios, la universidad, los centros de
investigación y también los usuarios. Un programa que abarque absolutamente a toda la ciudadanía, a todos los sectores que tengan que ver directamente con el tema del agua, para
implicarles y que sean celosos garantes en cuanto a la detección de los indicadores y en cuanto a la puesta en marcha de las medidas.
Creo, señores del Partido Socialista, que tendrían que reflexionar sobre lo que nos han planteado durante estos últimos meses porque muchas veces hablamos y olvidamos matices muy importantes. El Partido Popular está totalmente de acuerdo
con la responsabilidad, con la formación -que también en esta iniciativa- de la ciudadanía desde el punto de vista de las medidas de ahorro y de uso del agua responsable tanto los regadíos como para los usos domésticos municipales en verano como las
piscinas, pero sabiendo que, lógicamente, quien más agua consume son los regadíos.
Ahora bien, hay un elemento que ustedes han introducido que me parece preocupante cuando menos. Y es que están tratando por todos los medios de derivar la
responsabilidad al usuario final. Las administraciones tendremos alguna responsabilidad a la hora de determinar y a la hora de afrontar un problema como es la sequía. Porque quiero recordar -y se ha hablado en esta Comisión-, que en Huesca ciudad
estamos con una reserva de agua mínima y se han cerrado las piscinas. Es una medida impopular, pero mientras tanto se están marchando todas las noches millones y millones de litros de agua porque el sistema de transporte de agua a la ciudad de
Huesca no reúne las condiciones y se pierde ese agua. A lo mejor habría que haber atacado directísimamente esto ya en el mes de febrero, no con esta iniciativa, sino con otras iniciativas de compañeros nuestros que pusieron esto en marcha en la
ciudad de Huesca.
¿Qué es lo que ha pasado -y sigo hablando de esa zona del Pirineo- con los convenios del Pirineo? Les voy a hacer una reflexión: yo no tengo ahora los datos encima de la mesa, pero quiero recordar que los últimos precios que hablaban del
metro cúbico de agua en Barcelona estaba sobre las 280 pesetas. Ustedes me corregirán. Sepan ustedes que hoy en el Pirineo hay ciudadanos que están pagando el agua a 3.300 pesetas metro cúbico. Y dirán ¿cómo es esto posible? Esto es posible
porque se tiene que suministrar el agua con cubas; el transporte, a veces por pistas de montañas, es tremendo, y los costes distribuidos al metro cúbico se disparan. Que al principio del siglo XXI haya ciudadanos de Barcelona que paguen el agua
muy cara, a 280 o a 300 pesetas el metro cúbico, y haya ciudadanos en el medio rural, en la montaña del Pirineo, que estén pagando a 3.300 pesetas el metro cúbico, nos parece que nos debe hacer reflexionar y llegar a la conclusión de que las grandes
obras podrán tener mayor o menor polémica, mayores o menores dificultades, pero en las obras de abastecimiento a poblaciones pequeñas, como pueden ser las que tenemos en el Pirineo, me parece que es una incongruencia y yo, la verdad, no quiero poner
ningún tipo de adjetivos, pero sí que les animo a que reflexionen por lo menos y que vean si es de justicia lo que pasa en estas zonas. Y ustedes lo saben perfectamente. Anteriormente hablaba con una persona que ha visitado esa zona, que la ha
conocido en profundidad y creo que lo que tenemos que hacer desde la Comisión de Medio Ambiente del Congreso es ayudar y animar para que ese tipo de problemas se puedan solucionar directamente.
Vuelvo a la iniciativa. Herramientas precisas, necesarias, para trabajar en conjunto; coordinación de los instrumentos; aportación a través de convenios; delimitación de competencias; aportación de recursos económicos por parte de todas
las administraciones; y participación de la propia iniciativa privada en el control. En definitiva, unir esfuerzos y abordar el problema desde la prevención -creo que es la cuarta vez que lo comento- porque me parece que es una de las funciones
claves que tenemos.
En estos momentos la prevención no nos sirve porque el problema lo tenemos ya encima de la mesa o encima del tejado y hay que sacar medidas de carácter urgente para solucionar y para tratar de dar una solución definitiva en este
sentido.
Criterios para realizar el Plan. Termino inmediatamente, señor presidente.
Solamente desde el punto de la vista de la oferta, de la demanda y de la reducción de los impactos. En definitiva, señorías, una estrategia que necesita de la
organización y de la coordinación.
Y lo que pretendemos -y con esto termino, señor presidente- es aunar esfuerzos desde lo público y lo privado; establecer un programa específico permanente; trabajar desde la prevención; hacer de este asunto una cuestión de Estado, en la
que todos podamos trabajar en la misma dirección -Administración central y comunidades autónomas-; y citar a todos los grupos para trabajar en profundidad y para cooperar desde la Comisión en estos planes. Y decir que otros países que han tenido
este grave problema con mayor frecuencia que la que hemos podido padecer en nuestro territorio, han llegado a estas conclusiones en cuanto a trabajar desde el punto de vista de la prevención y que lo que yo creo que tenemos que hacer es tomar nota,
aunar esfuerzos y trabajar todos en esta dirección. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Hay enmiendas presentadas. Por parte del Grupo Socialista, señor Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Quería hacer una matización. No sé por qué error administrativo hay dos enmiendas del Partido Socialista, pero la que de verdad es, es la tercera, la que pone número tres. Por lo tanto, si es culpa nuestra,
retiramos la primera y mantenemos la tercera.
El señor PRESIDENTE: Queda retirada la primera y es válida la tercera, que es la que usted va a defender a continuación.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: De acuerdo. Muchas gracias.
Es verdad, como dice el portavoz del Grupo Popular, que habrá que superar alguna vez el debate político. Tampoco es el sitio más propicio para decirlo, el Congreso
de los Diputados, donde venimos a hacer política. Y también es verdad lo que decía el portavoz del Grupo Popular. Hay unas responsabilidades a la hora de analizar cualquier situación como la que estamos viviendo, este año, es cierto,
estamos viviendo una sequía porque desde septiembre del año pasado ha llovido una media del 60 por ciento menos de lo que llovía otros años. Esto es cierto. Pero también es cierto que hay unos responsables de esta situación. No me vale, como
decía el portavoz, de que había que cumplir el Plan Hidrológico Nacional en su artículo 27.
¿Quién lo debía haber cumplido? Tenía que haberlo cumplido el Gobierno de turno, que era un Gobierno del Partido Popular, que estaba obligado en julio de
2003 no solo a tener los pliegos de condiciones, o los indicadores, sino a tener los planes especiales. Y no están hechos.
Cuando llegó este Gobierno no estaban hechos los planes, es decir, ya había incumplido la ley el Gobierno del Partido
Popular, y esos planes hoy serían esenciales, si estuvieran hechos, para afrontar la sequía, porque nos estarían diciendo cómo deberíamos actuar en cada cuenca, qué deberíamos estar haciendo. Y nos encontramos en estos momentos con que los está
empezado a hacer este Gobierno, con dos años y pico de retraso.
Tiene usted razón. Hay unos responsables de no afrontar en su momento lo que se debía haber afrontado.
Ha hablado usted mucho de la prevención -hasta cuatro veces, me parece, que ha dicho usted que la mencionaba-. Pues claro, ¡hay que prevenir las cosas, no cuando llegan, sino antes de que lleguen! Y para prevenir, primero hay que cumplir la
ley. Hay que cumplir lo que estamos obligados a hacer. En segundo lugar, hay que preocuparse por las infraestructuras.
Hay que mantener infraestructuras que en otras ocasiones de sequía ya se habían hecho. Le recuerdo a usted que no es la
primera vez en este país que hay sequía y que en el año 1995 el Gobierno Socialista hizo un montón de infraestructuras, de pozos, para superar una sequía, que no se mantuvieron a lo largo de los ocho años de Gobierno Popular y que ahora hay que
estar recuperando otra vez.
Pero no sólo eso. Hay que afrontar ya el problema y no hay planes especiales. El Gobierno se encuentra hoy con que tiene que actuar urgentemente y tiene que descubrir lo que se había ignorado en anteriores gobiernos del Partido Popular:
que en nuestro país se pierden cada año 500 hectómetros cúbicos de agua en las infraestructuras de almacenamiento y conducción. Ahora usted lo descubre; pero a lo largo de ocho años no hicieron nada para evitar esas pérdidas. Ignoraron que de los
3,3 millones de hectáreas de regadío que existen en el país, la tercera parte -algo más de un millón de hectáreas- cuentan con sistemas de riego obsoleto y que en muchos casos ya superan los cien años. Tampoco se hizo absolutamente nada para
evitarlo. Como se ignoró que sólo el 26 por ciento del regadío cuenta con unas infraestructuras adecuadas, y a lo largo de los últimos ocho años, no se hizo desde el Gobierno absolutamente nada para arreglar los regadíos y evitar encontrarnos en la
situación en que estamos hoy. Como se ignoró que existían poblaciones -es cierto lo que usted decía- que pierden, como en Ceuta -no sólo en Huesca-, el 40 por ciento del agua que va por sus conducciones.
Todo esto y un largo etcétera -en lo que no quiero entrar- es lo que se ha encontrado este Gobierno y además en una situación en la que no llueve.
¿Y qué está haciendo? Pues afrontarlo. En sitios como en Huesca, con inversiones -y no
quiero entrar en las inversiones que está haciendo el Gobierno desde que ha tomado posesión- de casi dos millones de euros para el abastecimiento de la ciudad de Huesca. Haciendo inversiones que se deberían haber hecho con tiempo, para evitar las
situaciones actuales.
Pero no sólo ahí. Usted dice que presenta esta proposición porque es interesante por el momento en que vivimos, pero es la tercera vez que discutimos este tema. No han variado ustedes un ápice, y no es solo que no reconozcan
errores, sino que no aportan ideas para solucionar los problemas.
¿Qué hay que hacer? No hay que hacer planes nacionales de sequía, porque ya hay los planes de sequía que nos marca la ley. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el Gobierno? Pues redactar los protocolos de actuación que suplan
transitoriamente a dichos planes. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Ha puesto en marcha los catálogos de actuaciones de emergencia. Con lo cual está realizando esas obras de rehabilitación que hemos comentado que son necesarias para aquellas
infraestructuras que el Gobierno del Partido Popular abandonó, para aquellas infraestructuras sobre las que se está demostrando que era necesario actuar y que son las que en estos momentos están demandando los ciudadanos. ¿Qué más está haciendo el
Gobierno? Pues está realizando informes de seguimiento de la sequía para que en cada momento se puedan adoptar las medidas oportuna. Está realizando las obras y actuaciones de emergencia en todos los casos necesarios, que superan en estos momentos
los 371 millones de euros.
El Gobierno firma convenios. Está firmando convenios con ayuntamientos, con comunidades de regantes. ¿Para qué? Para ofrecer soluciones a esos problemas que usted dice. Hasta ha colgado en Internet un informe completo integrado en el que
existe una serie de indicadores con las predicciones meteorológicas, los datos de los embalses, el aprovechamiento, la periodicidad, etcétera. Igualmente, el Gobierno ha llegado a acuerdos, por ejemplo, con la Fundación Entorno y con otras, para
futuras campañas de concienciación. Y ha iniciado una campaña que todo el mundo está viendo en los medios de comunicación para intentar concienciar a los ciudadanos. ¿Qué es tarde? Pues probablemente sea tarde, pero, ¿por qué no lo hicieron
ustedes en los últimos ochos años, empezando a concienciar a los ciudadanos? Además, a estas actuaciones hay que añadir otras que son significativas. Por ejemplo, la acordada por el Consejo de Ministros para la selección
del pago por tarifas y cánones de riego, por un importe de 51,7 millones de euros, de los que más del 56 por ciento benefician a los regantes de la cuenca del Segura, que es una de las que más está sufriendo la sequía.
En definitiva, en estos momentos el Gobierno está llevando adelante actuaciones dirigidas a la optimización y mejora de la gestión del agua; a la generación de nuevos recursos; a la depuración y reutilización del agua; y a tomar medidas
urgentes contra la sequía en regadíos, abastecimientos, mejoras de redes, salinizadoras, canales, sondeos y un largo etcétera. Por eso mi grupo, que quiere de verdad solucionar este problema, no quiere oponerse sin más a la proposición que ustedes
presentan y les proponemos una enmienda, para que conjuntamente con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, con todas las administraciones, seamos capaces de solucionar una situación que todos esperábamos que viniese y que alguien no tomó
decisiones para evitarla.
El señor PRESIDENTE: Hay otra enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Señor Guinart, tiene la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Simplemente para defender esta enmienda.
No voy a redundar en el tema de la sequía ni en la perentoriedad de la necesidad actual ni en el lamento de no tener ya un plan de sequía elaborado, según preveía la normativa anteriormente. Simplemente voy a defender esta enmienda de
adición a la propuesta del Grupo Popular. Lo que pretendemos en el punto uno es que ese plan estatal contra la sequía que ya debería existir, pero que a pesar de todo no está de más recordar su necesidad e instar al Gobierno a su elaboración
urgente, se haga en colaboración con las autonomías. En el Estado integral en el que todos nos desarrollamos de forma constante -y no debería ser así, pero hay que recordarlo siempre-, hay que contar con la colaboración de las autonomías, en temas
medioambientales sobre todo porque tienen competencias importantes, y sin su colaboración no sería posible llevar adelante los proyectos o contenidos del plan de sequía.
El señor PRESIDENTE: Para decidir sobre las enmiendas, el señor Pintado tiene la palabra.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señor presidente, en el caso de la enmienda presentada por Convergència i Unió, decir que estamos totalmente de acuerdo y que la aceptamos.
En el caso de la enmienda presentada por el Partido Socialista tengo que decir que justificación no pedida, culpa manifiesta. Es decir, que ha sido todo una justificación de lo que han hecho y no vamos a aceptar esa enmienda porque creo que
el Partido Socialista no ha entendido ni el espíritu ni la letra ni sobre todo las palabras que yo he pretendido decir en esta Comisión.
- RELATIVA A LA FINANCIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE DESALACIÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000706.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la tercera de las proposiciones no de ley de hoy, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la financiación de las infraestructuras de desalación.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Martín.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Intervengo en nombre y representación del Grupo Parlamentario Popular para defender la presente proposición no de ley.
Señorías, el Plan Hidrológico Nacional, recientemente derogado por el actual equipo de Gobierno, contemplaba dentro de sus anexos una serie de inversiones de desalación que eran totalmente imprescindibles para el conjunto de las Islas
Baleares. En concreto, incluía la construcción de nuevas plantas de desalación: dos en la isla de Mallorca, una en la isla de Menorca y una en la isla de Ibiza. Excuso decirles que el aporte hídrico que conseguiríamos con estas desaladoras
realmente garantizaría tanto el consumo humano de la población de las Islas Baleares como el mantenimiento y la continuidad en el tiempo de nuestra principal industria que, como bien saben SS. SS., es la industria turística.
Baleares es una región con una pluviometría muy irregular, y como estamos viendo a lo largo de esta mañana, en una situación como la actual de sequía a nivel de todo el territorio español, realmente las necesidades hídricas por generación de
desalación vienen a suplir esos déficits pluviométricos anuales. Pues bien, señorías, el convenio firmado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de las Islas Baleares da respuesta a esta necesidad de construcción de
las desaladoras, si bien es cierto que se plantean una serie de problemas fijados por los propios plazos de cumplimiento y de solicitudes de financiación europea de parte de la construcción de estas nuevas plantas de desalación. Pero, señorías, se
produce una situación un poco paradójica. La situación paradójica de que las infraestructuras, en general, que se están construyendo en Baleares pueden no ser acordes con la financiación que otras partes del territorio nacional tienen. En
concreto, decirles que en el caso de las cuatro plantas desaladoras la historia ha sido compleja a lo largo de los últimos tiempos, pues de una inversión cercana a los 100 millones de euros hemos pasado a hablar de cofinanciación a un 45 por ciento.
Al final, lo que se ha plasmado en el convenio es que si llegamos a tiempo para hacer la solicitud de los fondos de cohesión, el importe que se recibirá de financiación externa, no con cargo a tarifas, será de 37 millones de euros. Y se incluye
también una cláusula, donde si no se cumplieran los plazos previstos para hacer la solicitud de financiación
con cargo a fondos de cohesión, la aportación por parte del Ministerio de Medio Ambiente sería únicamente de 20 millones de euros. Como comprenderán, señorías, y dado que no se puede producir un incremento del precio del metro cúbico de
agua suministrada, esto conduciría a una situación paradójica, donde los plazos de concesión de la empresa que realizara esa inversión harían que se prolongaran en el tiempo bastante más que otras instalaciones de desalación en otras partes del
territorio nacional.
También quiero informarles de que los fondos de cohesión tienen un plazo de solicitud hasta el mes de junio. Estamos a día 22 de junio. El Gobierno balear ha cumplido, elevando al Ministerio los informes de impacto ambiental necesarios
para continuar con la tramitación y hacer la solicitud de financiación con cargo a fondos de cohesión. La verdad, es que me parece que los plazos van muy estrechos y que realmente podemos tener problemas, y problemas en Baleares significa una
diferencia de 17 millones de euros en cuanto a la financiación de esas plantas de desalación.
Por lo tanto, señorías, sin insistirles más en la necesidad de estas infraestructuras, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado la proposición no de ley que ahora mismo estamos debatiendo con el ánimo, sobre todo, de garantizar que el
principio de equidad y el principio de no discriminación interterritorial se cumpla a pies juntillas. Es decir, que ningún ciudadano pueda sentirse discriminado por el hecho de vivir en uno u otro territorio. Tengo que hacer mención a que la parte
de aportación con financiación, bien estatal, bien con fondos de cohesión o fondos FEDER, tendría que ser similar en cualquier otro tipo de instalación.
Y con relación a una enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular no puede, en modo alguno, aceptar que se mantenga una situación que entendemos sería discriminatoria para con los ciudadanos de
las Islas Baleares. El texto de la enmienda dice que se garanticen las aportaciones de recursos económicos provenientes de ambas administraciones, como los de procedencia comunitaria, teniendo siempre en cuenta el principio de recuperación de
costes. Señorías, el principio de recuperación de costes implica, o bien incremento del precio del metro cúbico -cosa que el propio convenio impide-, o bien alargamiento de los plazos de concesión de esas infraestructuras, con lo cual estaríamos
creando una situación de injusticia para con el territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Por lo tanto, señorías, mi grupo parlamentario mantiene el texto inicial, encaminado a que este Congreso de los Diputados y esta Comisión de
Medio Ambiente garanticen que realmente el principio constitucional de equidad y de no discriminación interterritorial se mantenga y se cumpla en todos los territorios del Estado. Nada más.
El señor PRESIDENTE: En ésta proposición no de ley también hay una enmienda del Grupo Socialista. Tiene la palabra para su defensa el señor Antich.
El señor ANTICH OLIVER: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de sustitución, que después detallaré, a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular. La proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular se fundamenta en una situación particular, que es la de las Islas Baleares, que se refiere a la construcción de cuatro desaladoras en Baleares, para llegar a una conclusión de tipo general que va dirigida a todo el territorio
español, el sentido de que todas las desaladoras que el Ministerio de Medio Ambiente financie o ejecute en todo el territorio español mantengan la misma proporción entre financiación estatal o de fondos de cohesión y las aportaciones de las
comunidades autónomas. En cuanto a la situación particular, las desaladoras citadas se licitaron por el procedimiento de concesión de elaboración de proyecto, la construcción y explotación durante 15 años, en marzo de 2003. En marzo de 2004 no se
había hecho ni la adjudicación, ni los estudios de impacto ambiental, ni existía firmado ningún convenio que asegurase un responsable de la gestión del agua. Ésta es la situación o parte de la situación que se encontró el actual Ministerio de Medio
Ambiente. Digo parte, porque a principios de esta legislatura, el Ministerio actual informó a todas las comunidades autónomas que las previsiones y compromisos de los fondos de cohesión eran muy superiores a las disponibilidades reales que existían
de estos fondos. En una palabra: había menos dinero que el que realmente se había prometido.
En este sentido, en el año 2004 el Ministerio mantuvo varias reuniones, al menos tres, con el Gobierno de las Illes Balears, comunicándole los fondos de cohesión disponibles. En julio de 2004 se comunicó a las Illes Balears que disponían de
unos 37 millones de euros y se le ofertó al Govern que decidiese cuántas desaladoras quería hacer con los citados fondos. De hecho, se le ofrecieron las siguientes opciones: construir dos desaladoras con ayudas europeas del Fondo de Cohesión por
un importe total de 30 millones y otras dos, si se querían iniciar este año 2005, en régimen de concesión, ya que no existían fondos suficientes para mayores ayudas del Fondo de Cohesión. Ello implicaba, para mantener la tarifa del agua, ampliar el
periodo de concesión. La segunda opción era distribuir la ayuda disponible del Fondo de Cohesión entre las cuatro desaladoras, ampliando al máximo posible de 37 millones de euros, lo que suponía una tasa de financiación más baja. La tercera era
iniciar la construcción de forma inmediata, en el 2005, de dos desaladoras, con ayudas del Fondo de Cohesión, una tercera en el año 2007 y la cuarta en el año 2008. Estas dos últimas, se propuso que se financiasen en régimen de concesión, combinado
con créditos presupuestarios del Ministerio
de Medio Ambiente. Estas ofertas se hicieron en julio de 2004. Y hasta hace poco, en el año 2005, no ha habido una decisión del Govern de las Illes Balears. Retraso que hacía temer, efectivamente, como muy bien ha manifestado el diputado
del Partido Popular, por la pérdida de los fondos de cohesión. Pero no por culpa del Ministerio que desde el mes de julio está pidiendo al Gobierno de las Islas Baleares que se decida en relación a esta materia, sino por la falta de decisión del
Gobierno de las Islas Baleares y por el retraso extraordinario en lo que era la adjudicación, ya que en todo un año, desde que se hizo la licitación, el Gobierno anterior no fue capaz de adjudicar y de hacer los estudios de impacto ambiental y, por
lo tanto, de elevar a término todo el proceso que se tenía que elevar en relación a este tema.
Hay que decir que en estos momentos el Govern ha escogido financiar con los 37 millones de euros las cuatro desaladoras y, en este sentido, se ha firmado el convenio de mutuo acuerdo por ambas partes. Además, en estos momentos parece que se
está negociando otro convenio por otras instalaciones, también en materia hidráulica, en el que la participación podría ser cercana a un 50 por ciento. En todo caso, si las desaladoras tienen menos financiación, no es achacable al Ministerio actual
sino al anterior, por haber ofertado más fondos de los que realmente tenía. De hecho, creo que es muy esclarecedor que el Ministerio en todo un año no adjudicase estas desaladoras. Suponemos que era porque no tenía claro cuáles eran los fondos de
cohesión. Por otra parte, fue el Govern de las Illes Balears quien escogió hacer las cuatro desaladoras en el 2005 con menos financiación. Ésta es la situación concreta. Una situación concreta que parte de una dificultad inicial, efectivamente:
había menos dinero disponible del que realmente se había prometido. Una situación concreta que se ha pactado desde la postura abierta y predispuesta del Ministerio de realizar las actuaciones que ha decidido la comunidad autónoma. Ya nos hubiera
gustado en otros momentos que, desde el Ministerio, se hubiera tenido esta actitud abierta con arreglo a las actuaciones que se preveían por la comunidad autónoma. Una situación concreta que hará que en poco tiempo se hayan firmado dos convenios en
materia de aguas, lo cual tampoco fue posible en otras épocas, a pesar de que otros gobiernos exigían ayudas en este tema.
En cuanto a la conclusión general, el proponente la basa en los principios de equidad y no discriminación. Para ello propone dar a todos lo mismo, haciendo una interpretación con la que no podemos estar de acuerdo. Desde nuestro punto de
vista, la equidad, la igualdad de oportunidades, implica solidaridad. Por lo tanto, no se trata de dar a todos lo mismo sino lo necesario, para que todos estén en un plano de verdadera igualdad. De hecho, la política comunitaria, tanto de fondos
estructurales como de fondos de cohesión, la política regional, lo que persigue es la cohesión económica y social. Para ello, fija zonas de Objetivo 1, de Objetivo 2, teniendo en cuenta las zonas menos desarrolladas o con problemas estructurales
graves; fija iniciativas prioritarias; incluso tiene en cuenta la cantidad de actuaciones que se han realizado. En el caso de las desaladoras, en todo el territorio español se dan muchos supuestos diferentes que, sin duda, son muy difíciles de
unificar.
Por lo tanto, dicha propuesta iría en contra de la política comunitaria que aplica el principio de solidaridad y el de concentración, en el sentido de que normalmente ofrece mayor volumen de ayudas y mayor porcentaje de cofinanciación a las
regiones más desfavorecidas. En definitiva, para poder ser iguales, a menudo se necesita actuar desigualmente para igualar a los que menos pueden y están en un plano de desigualdad de partida. De hecho en Baleares, esto lo conocemos. Por ejemplo,
sabemos que la insularidad marca una diferencia, una desigualdad de estos ciudadanos con el resto de los ciudadanos y ciudadanas del resto de España en muchas materias, como transporte, y por eso tenemos ayudas específicas en los transportes
marítimos y terrestre diferentes de las actuaciones que se llevan a término en el resto del territorio. Incluso en el tema del agua también prevé la Ley de Régimen Especial de las Illes Balears una especial colaboración del Estado, lo que por
cierto, no sé si se ha tenido en cuenta por parte del Gobierno de las Islas Baleares en la negociación con el Estado. En cualquier caso, ello sería también una diferencia a tener en cuenta respecto de otros territorios. En definitiva, la esencia
de la política regional se basa también en el principio constitucional de la solidaridad. Por otra parte, tratándose de infraestructuras que generan ingresos, como ocurre con las plantas desaladoras, en la que los consumidores de agua pagan un
canon o tarifa, los topes de cofinanciación comunitaria se reducen a unos máximos.
Por otra parte, la proposición no de ley del Partido Popular, no tiene en cuenta el principio de recuperación de costes que está claramente establecido en la Directiva marco 60/2000 del agua, que se incorporó al ordenamiento jurídico en el
año 2003. En aras a que realmente exista una colaboración con las distintas comunidades autónomas, nosotros hemos presentado una enmienda en la que establecemos esta actitud de cofinanciación con las administraciones, de aportación y de
facilitación de los fondos de cohesión, pero siempre teniendo en cuenta que de forma progresiva tenemos la obligación de ir recuperando los costes incorporados en nuestra legislación de aguas.
Por lo tanto, ésta es la postura del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda. El Grupo Popular ¿quiere definirse sobre la enmienda?, Señor Martín.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Señor presidente, no podemos aceptar la enmienda porque con cargo a tarifas se recuperan los costes.
- RELATIVA A LA REGULACIÓN DEL RÍO ARLANZA EN LA PROVINCIA DE BURGOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000874.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta proposición no de ley, que lleva el mismo título que la quinta, que es del Grupo Mixto-Xunta Aragonesista.
El señor Labordeta, que está en la Comisión del 11-M, nos ha pedido si podíamos pasar las
dos al final. La diputada del Grupo Popular, señora Vázquez, que tiene que defender también la número cuatro ¿está de acuerdo? (Asentimiento)
Con lo cual pasaríamos, si no hay ningún problema a la número seis, que es del Grupo Popular, relativa a la regulación del río Arlanza en la provincia de Burgos. Para su defensa tiene la palabra el señor César Rico.
El señor RICO RUIZ: Señorías, después de escuchar a algún portavoz socialista, tengo la impresión de que vamos a poder sacar adelante esta proposición, al amparo de la coherencia y de la responsabilidad en diversos momentos en oposición y
en Gobierno.
La proposición no de ley tiene como objeto la regulación del río Arlanza, que nace en la provincia de Burgos y que se caracteriza por tener unos periodos de fuerte estiaje, seguido de importantes fases de crecida, lo que da lugar a
frecuentes inundaciones que provocan daños en las poblaciones ribereñas. La regulación del río Arlanza no es un problema nuevo; no está vinculado -se lo digo para aclaración de SS.SS.- al Plan Hidrológico Nacional, aunque venía como anexo; y en
estos momentos está recogido en los Presupuestos Generales del Estado. Digo esto porque el problema ya nace en el año 1934, cuando se plantean ya las primeras posibles soluciones a los problemas que genera este río. Después de muchos años, en el
año 1991 -y voy a sintetizar- el Ministerio, entonces, de Obras Públicas y Urbanismo, del Gobierno del Partido Socialista, aprueba lo que se entiende que es la solución para la regulación del río Arlanza, que no es otra que la construcción de la
presa denominada de Castrovido. En este proyecto socialista, precisamente, se establecía una cota sobre el nivel del mar de la presa de 1.053 metros, con una capacidad de 110 hectómetros cúbicos, que se supone que garantizaba la solución de estos
problemas y el cumplimiento de los objetivos que luego señalaré.
Desde el año 1991 no se mueve absolutamente nada y es en el año 1999 cuando se aprueba la declaración de impacto ambiental. Y desde ese momento se produce el hecho de que se rebaja en el proyecto la cota de altura de la presa, pasando de
los 1.053 señalados a 1.045.
Evidentemente, también se rebaja la capacidad de embalse de la presa, de los 110 hectómetros cúbicos a 86, con una altura del muro de 77 metros.
Los objetivos de esta presa de Castrovido han sido y son los mismos en la actualidad, cuatro fundamentalmente. El primero de ellos es el abastecimiento de agua potable para una población estimada de 30.000 personas. El segundo, garantizar
el caudal ecológico del río, lo que es muy oportuno, porque en esta sesión se debate un Plan de sequía, si se ve hoy la realidad de lo que es el río Arlanza a su paso por la provincia de Burgos y de Palencia. En tercer lugar, garantizar el regadío
de 6.000 hectáreas con concesión de riego consolidadas ya. Y en cuarto lugar, la regulación de las avenidas que han causado, como se ha dicho, graves perjuicios a la poblaciones ribereñas. Con estos objetivos se adjudica la obra en 75,9 millones
de euros y comienzan las obras el 23 de febrero de 2004.
La rebaja de la cuota de 1.053 metros a 1.045, que fue consensuada por todas las partes -asociaciones agrarias, colectivos, ayuntamientos, etcétera- no estuvo exenta en su momento de críticas, fundamentalmente de los dirigentes del Partido
Socialista. Creo recordarlo simplemente como ejemplo.
El 5 de diciembre de 1999, el entonces diputado, y hoy diputado nacional, decía -con foto inclusive- que el PSOE apoyará a sus alcaldes en la cuenca baja, en defensa de una mayor cota. Lo decía muy claramente: el bajar la cota en un punto
y medio ya suponía no cumplir con los objetivos de regular el Arlanza y el regadío que se pretendía. Por lo tanto, yo aquí sí que voy a pedir coherencia. Luego, si quieren, les paso el recorte.
El también hoy secretario de Estado de la Seguridad Social, el socialista Octavio Granado, afirmaba que la rebaja de la cota de altura del pantano no garantiza el control de las avenidas y prácticamente excluía los regadíos. Y a mayor
abundamiento -yo creo que una autoridad en esta materia-, el ex ministro de Agricultura del Partido Socialista, el burgalés Atienza, decía en Lerma, una de las localidades afectadas por las inundaciones: criticó ayer en Lerma las características de
la futura presa de Castrovido, que en su opinión no cumplirá las funciones previstas, después de haber sufrido una sustancial rebaja de la cota. Eso decía en el año 1999 y en el año 2000, ante la decisión del Partido Popular de comenzar las obras
de la presa.
Cambiamos de Gobierno, y la señora ministra Narbona, en una decisión totalmente unilateral, sin consenso, sin talante, decide -se supone, porque todavía no conozco el acto administrativo de paralizar la obra, porque prácticamente está
parada- rebajar la cota unilateralmente. Es decir, rebajar la cota de esos 1.045 a 1.034, lo que supone rebajar la mitad de la capacidad del embalse. No hay ninguna razón técnica. Es más, la señora ministra se ha ocupado de cesar a todos aquellos
técnicos que estaban a favor del mantenimiento de la cota 1.045. Y su director general de Aguas fue automáticamente cesado; dos ingenieros de la obra fueron automáticamente cesados por estar en contra del criterio de rebajar la cota de la presa de
Castrovido. No hay razones presupuestarias, porque consta en el Presupuesto del año 2005. Por lo tanto, no hay ninguna
explicación, ni de la Confederación, ni de la señora ministra, de las razones por las cuales unilateralmente se rebaja la cota del pantano.
Hoy, en sede parlamentaria, tenemos la oportunidad de que se nos diga cuáles son esas razones, más allá de una justificación que se está buscando, a ver si se encuentra, a la cual brevemente luego voy a hacer referencia. Por lo tanto, hoy,
en sede parlamentaria, que nos digan qué razones -y así nos entendemos todos- motivan que se rebaje la cota. Y si no, apelo a la coherencia y a la responsabilidad del Partido Socialista entre lo que decía entonces y lo que dice ahora y, por tanto,
que se mantengan esos niveles de capacidad. Incluso la decisión de la señora Narbona produce reacciones realmente patéticas, kafkianas y, cuando menos, rocambolescas, por parte de diversos colectivos. El primero de ellos y significativo es la
Sociedad Española de Presas y Embalses, que en virtud de un informe de 1 de octubre de 2004, señala que rebajar la cota de Castrovido no va a cumplir los objetivos por los cuales se creó.
Pero además, evidentemente, la situación en que la señora
Narbona deja al Partido Socialista en la región de Castilla y León, y en particular en la provincia de Burgos, es cuando menos patética. El secretario regional del Partido Socialista, Ángel Villalba, y el secretario provincial del PSOE en Burgos,
intervienen en foros como el Pleno de la Diputación Provincial. Y esto lo hace en octubre de 2004. Dice literalmente: El PSOE de Burgos está en contra de la propuesta de la ministra de Medio Ambiente porque no me creo, decía, que bajando la cota
11 metros cumplan los objetivos. El PSOE no se cree las cifras que barajó la ministra.
Por lo tanto, si todos estamos de acuerdo -el PSOE regional, el PSOE de Burgos, el Partido Popular, asociaciones agrarias, ayuntamientos del PSOE y del Partido Popular- en que la solución es mantener la cota en 1045, verdaderamente, no se
entiende que se cercene una de las posibilidades de crecimiento de dos comarcas, en Burgos y en Palencia, a través de la presa de Castrovido.
Por lo tanto, se está buscando una pretendida justificación. Fíjense ustedes, señorías, que he dado cuatro objetivos de la presa. Se está intentando laminar uno de ellos, que son las concesiones de riego de 6.000 hectáreas.
Sorprendentemente, después de 40 años sin revisar los derechos de concesión, ahora, cuando hay sequía y lo responsable es no regar, la Confederación está remitiendo a todos los agricultores con derecho de riego un escrito para que acrediten dicho
derecho y para que junten una serie de documentación que ya se ha declarado imposible de conjugar en ese plazo de tiempo, bajo la amenaza de quitarles los derechos de riego. ¿Para qué? ¿Para justificar que no hay 6.000 hectáreas de regadío? ¿Para
justificar que sólo son 4.800? Pues aunque simplemente sea por una operación matemática muy sencilla, si se rebaja la mitad de la capacidad de la presa no se regarán ni siquiera 4.800 hectáreas. Por consiguiente, yo no sé si es una práctica
circunstancial, pero sí bastante sospechosa, que ahora la Confederación, después de 40 años, quiera revisar los derechos concesionales. Y aunque así fuere, los tres objetivos restantes, como la sequía y prevenir las avenidas, tampoco se cumplirían
con la rebaja de la cota.
Señor presidente -y voy terminando-, el objeto de la proposición, políticamente es que mantenga la coherencia del antes y del después; que se mantenga la coherencia en la ejecución de la presa de Castrovido y en la vuelta de la ejecución de
la presa Castrovido, prácticamente parada, con el único proyecto aprobado. Se dice que se va a presentar en corto plazo de tiempo un modificado. Pero es que no se quiere. Todas las personas y asociaciones implicadas no quieren una modificación
del proyecto; quieren que se haga el proyecto que está hoy aprobado, que es el único aprobado y es el que determina una cota de 1.045 metros para garantizar el abastecimiento de agua potable a una población de 30.000 habitantes, consolidar las
6.000 hectáreas de regadío, prevenir las avenidas de la cuenca media y baja del Arlanza. Además, en la proposición se incluye una propuesta de colaboración entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno y el Ministerio de Medio Ambiente, a través
de un Plan integral de desarrollo de esas dos comarcas, a través de la ejecución de obras de infraestructuras, que también son necesarias para la mejora del nivel de vida y la calidad de vida de esos habitantes que, por cierto, en la proposición se
incluyen alguno de ellos y habría también que poner al Ayuntamiento de Hacinas, que es uno de los propietarios de lo que se denomina comunidad de Ledanías, que es propietaria de la mayor parte de los terrenos sobre los cuales se pretende construir
la presa.
Por consiguiente, simplemente apelo a la responsabilidad, a la coherencia y a que se vuelva al único criterio que era común: el mantenimiento de la cota 1.045 metros cúbicos de la Presa de Castrovido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra ahora para la enmienda del Grupo Socialista, el señor Simón de la Torre.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Como el señor Rico ha hecho historia, yo no puedo estar más que de acuerdo con bastante de la historia que él ha comentado. No estoy de acuerdo con la interpretación de dicha historia. Y poco a poco se lo iré
matizando.
Estoy de acuerdo en que desde el primer momento se han buscado cuatro objetivo con la presa, que son los que usted ha dicho: un adecuado nivel de caudal ecológico todo el año; el abastecimiento para una población de 30.000 personas,
¡ojalá!, proporcionar la dotación adecuada para unos regadíos que afectarán a unas 6.000 hectáreas; y establecer las medidas adecuadas de seguridad contra las avenidas en un conjunto de poblaciones que llegan desde Castrovido a Peral de Arlanza.
En los objetivos estamos de acuerdo.
En el análisis histórico que usted ha hecho, estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que ha dicho, pero
no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se esté intentando en estos momentos laminar las concesiones de riegos. Hemos hablado antes de la sequía. Parecerá normal que la Confederación Hidrográfica sepa quién riega, quién no riega, qué
concesiones existen, quién no las utilice y tal. No empiece a hacer usted interpretaciones muy sectarias y muy parciales, como viene haciendo a lo largo de toda esta historia.
Existe una contradicción en algo que usted dice. Dice que se rebajó la cota de 1.053 a 1.045, de acuerdo entre todo el mundo. Y acto seguido, lee unas declaraciones del actual secretario de Estado de la Seguridad Social; declaraciones de
un ex ministro de Agricultura; y declaraciones, entre otras -y perdone la pedantería- mías en las que nos oponíamos a eso. No estaríamos todo el mundo de acuerdo. O estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. El talante es para todos. O todo el
mundo decía que se bajase la cota a 1.045 o había gente que se oponía a la cota de 1.045.
Y nosotros nos oponíamos. Como no les creíamos a ustedes cuando decían -y aquí lo dijo el secretario de Estado, incluido el presidente actual de la Junta de
Castilla y León- que la presa estaba en el año 2004. Y eso también era algo general que todo el mundo decía y que ustedes están a lo largo de estos últimos meses diciendo y movilizando a la gente.
Pero yo también quiero hacer un poco de historia con la presa. ¿La cota de 1.045 metros resolvía los cuatro problemas que usted ha mencionado tres veces y yo una, y probablemente lo mencionaré más a lo largo de mi exposición? Pues le digo
yo que no. ¿Resolvía el adecuado caudal ecológico? Sí. ¿Abastecimiento para la población? Sí. ¿Dotación para regar 6.000 hectáreas? Sí. ¿Garantizaba las medidas adecuadas de seguridad contra las avenidas en un conjunto de poblaciones que
llegan desde Castrovido a Peral de Arlanza? Ni aunque construyésemos la presa de Asuán en la cabecera del río, se daría. Porque resulta que mete más caudal en distintos ríos presas abajo que lo que puede hacer la propia presa. Y usted lo sabe
perfectamente, como yo, que el río Pedroso y algunos otros ríos son los que generan las inundaciones. Y eso, la presa no lo contempla en ningún momento.
Por lo tanto, lo que este Gobierno observa y lo que el Partido Socialista descubrimos, es que en todo lo que hemos defendido había una cosa que fallaba, y era que garantizábamos las inundaciones aguas abajo de la presa. Y eso, ¡dígame usted
si no es cierto! Los ríos que de verdad llevan agua al Arlanza, están aguas abajo de la presa, que son los que producen las inundaciones. Y parece normal, adecuado y sensato que cualquier Gobierno y cualquier administración que descubre esto se
ponga a trabajar para intentar evitarlo. Y las conclusiones a las que llega cuando empieza a hacer ese análisis, es que hay que actuar aguas abajo y que ya no tiene tanta importancia determinado nivel de cota. A partir de determinado nivel de cota
no importa, porque las garantías de los cuatro puntos que estamos hablando, si se actúa aguas abajo, se garantizan. Y eso es lo que ha hecho este Gobierno. Y no me importa reconocer que, como en un determinado momento nosotros no habíamos pensado
en las aguas que aportaban los ríos que están debajo de la presa, defendíamos un nivel de cota. Y las declaraciones que usted leía hace un momento de mi secretario general regional y de mi secretario provincial eran, ante sus afirmaciones y las de
su partido y sus movilizaciones, garantizar que la presa se hacía.
¿Y cómo estamos en este momento? Mire señor Rico, usted que se ha opuesto ha hecho unas declaraciones -yo no las he traído, porque pensaba que esto no iba de publicidad, sino de hablar de política; pero yo las recuerdo perfectamente y
usted, que las ha dicho, las recordará también; y aquí hay otros compañeros que también son de la provincia y las recordamos todos- en las que dice que haciendo el modificado, lo que hacía el Partido Socialista y el Gobierno Socialista era negar la
presa y que no se iba a hacer porque, entre otras cosas, ese modificado necesitaba un estudio de impacto medioambiental, etcétera. ¿Lo recuerda? Sí, sí. Usted lo dijo. Yo le mandaré los recortes de prensa, que también los tengo guardados, no se
preocupe. Y si cree que debo ponerme como usted y hacerlo a través de la Comisión, los traigo; se los mando al presidente para que él los reparta y todos tengamos esa información y veamos quién dice la verdad y quién no.
Usted decía eso. Pues bien, el modificado se hace y no necesita ningún estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, no estábamos retrasando la presa; por lo tanto, no estábamos intentando no hacer dicha presa.
Pero algo más. Fíjese sí se hace, que ayer estuvo el director general de Aguas en Valladolid hablando de esta presa, y en muy pocos días lo veremos. Yo le invito a que volvamos hablar a aquí de la presa. Entre esos modificados vienen unas
medidas complementarias que son de dos tipos. Una, actuaciones inmediatas, que son 20 medidas en 14 localidades, por un importe de más de cinco millones de euros: acondicionamiento de cauces, limpieza de puentes, arreglos de puentes, etcétera. Y
unas segundas actuaciones inmediatas, que las denominan actuaciones prioritarias, que se subdividen a su vez en 13 medidas que requieren un proyecto, entre las que existe un plan específico para la localidad de Lerma. Y yo le invitaría aquí a que
le digamos, entre usted y yo, o entre los dos partidos, al alcalde de Lerma que no permita construir en las riberas. Porque cuando se producen las inundaciones los ciudadanos afectados son aquellos a quienes se les ha autorizado construir ahí. Y
ahora quiere construir algo muy importante en la ribera. Si quiere,-ya que habla usted de talante-, ponemos buen talante los dos y vamos a pedirle al alcalde que guarde las medidas de seguridad, por si acaso una eventual riada se vuelve a llevar
las construcciones. Continúo. Hay otras seis medidas que van en función de las 13 anteriores. En conclusión, en este momento el Gobierno ha redactado un proyecto mucho mejor que el que existía, porque garantiza las tres cosas
que garantizaba la anterior presa, más la cuarta que estamos usted y yo demandando, como todos los ciudadanos de la comarca: el evitar las actuales avenidas para garantizar la seguridad a la población.
Además, este proyecto que ha hecho el Ministerio tiene un impacto mucho menor aguas arriba de presa y aguas abajo, e influye mucho menos en la economía de la gente de aguas arriba de la presa y de aguas abajo de la presa. Y además, en la
idea de lo que usted estaba solicitando en su proposición, lleva algo muy interesante: más inversión para desarrollar la zona, porque hemos pasado de los 75 millones de euros de los que usted habla, a los 104 de los que habla el proyecto -y a ver
cómo nos acercamos a los 120 millones de euros-. Luego, todo lo que están ocurriendo son ventajas. Entonces, ¿por qué estamos en esta situación provocada por ustedes, por el Partido Popular, de enfrentar a ciudadanos de la cuenca baja con
ciudadanos de la cuenca alta? Yo entiendo que saquen a la calle a la gente que puedan sacar -cada vez menos, no hay más que ver la última manifestación- contra el Gobierno de la Nación -es una parte de la política que cada partido hace-, pero me
pregunto ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué intentamos enfrentar a poblaciones de la cuenca alta y de la cuenca baja? La respuesta es muy clara: después de tantos años, de tantas afirmaciones por parte de ustedes, de hasta el presidente
de la Junta de Castilla y León diciendo que en el 2004 estaba la presa -ya no quiero hablar del Gobierno de la Nación y todo eso-, se van a encontrar con que encima, después de ocho años, la presa se va hacer, pero la va a hacer un Gobierno
Socialista. Y va a garantizar lo que hemos dicho a lo largo de todos estos años. Y eso, ustedes no lo pueden aceptar, no les gusta. Pero yo le digo que la realidad es que va a haber presa, que va a garantizar los cuatro puntos que se decían, que
la están demandando los ciudadanos y lo hará un Gobierno Socialista.
Voy terminando, señor presidente. En la propuesta que ustedes hacen nos exigen que competencias que son de la Junta de Castilla y León las haga la Administración central. Porque, vamos a ver, ¿de quién es competencia la carretera Castillo
de la Reina o carretera de Moncalvillo o la de Palacios de la Sierra? Porque la del Estado, que es la de Salas de los Infantes, se está haciendo con una fuerte inversión. No, no haga ese gesto. Noto que no viaja mucho por la provincia, si no se
daría cuenta de que están hasta cambiando el puente. O sea, la del Estado se está haciendo. ¿De quién es la inversión en las otras carreteras que usted demanda en la proposición no de ley? De la Junta de Castilla y León. ¿Y por qué no las hace
la Junta de Castilla y León? ¿Quién le prohíbe que actúe?
Igualmente dice: queremos servicios sanitarios. ¿De quién es la competencia de la sanidad en Castilla y León? De la Junta. Y las de educación, ¿de quién depende? De ellos. Por lo tanto, háganlo. Estamos de acuerdo, y por eso
presentamos esta enmienda. Si la Junta es incapaz de hacer sus competencias, nosotros colaboraremos en ayudar a desarrollar esa zona. Estoy totalmente de acuerdo.
Y ya, para terminar, una sola cuestión. Se va a regar; y se van a regar las 6.000 hectáreas. Pero es necesario que la Junta haga su papel y haga lo que debe hacer. Por ejemplo, sería muy interesante que la Junta hiciera la concentración
parcelaria e hiciera las canalizaciones del riego. En definitiva, vamos a hacer entre todos, si quieren ustedes, y si no quieren lo haremos nosotros solos, una buena presa que dignifique la vida de los ciudadanos de la comarca. Y sobre todo,
aquello que ustedes no quieren hacer, aunque es su obligación, por ser incompetentes en la Junta de Castilla y León, nosotros le ofrecemos en la enmienda poder hacerlo en común.
El señor PRESIDENTE: Para definirse sobre la enmienda, el señor Rico tiene la palabra.
El señor RICO RUIZ: La enmienda no se puede aceptar, entre otras cosas, porque no se tiene ni siquiera la valentía de establecer en ningún punto la propuesta de la señora ministra respecto a los métodos de la cota, que es el núcleo de la
proposición. Nosotros, el Partido Popular, siempre hemos apostado por un pantano y no por una balsa.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SE RATIFIQUE Y DESARROLLE EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE Y POSIBILITE LA IMPLANTACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA BAJO LOS CRITERIOS QUE EMANAN DEL MISMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000990.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la séptima proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, por la que se insta al Gobierno a que ratifique y desarrolle el Convenio Europeo del Paisaje y posibilite la implantación de
la energía eólica bajo los criterios que emanan del mismo.
Tiene la palabra para su defensa la señora Bonás.
La señora BONÁS PAHISA: Esquerra Republicana, insta con esta proposición al Gobierno a que ratifique el Convenio Europeo del Paisaje y que desarrolle normativamente los contenidos del citado convenio, sin perjuicio de los desarrollos
normativos que las comunidades autónomas con competencias en la materia ya están desarrollando.
El paisaje es un bien, es un valor cultural que juega un papel clave en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas; un recurso económico, especialmente para las regiones que en este momento están sufriendo una
depresión económica. Por los datos de la agricultura, hay regiones que están sufriendo ya un declive. El paisaje puede jugar en el futuro porque es clave para su relanzamiento económico, para un turismo de calidad.
Pero el desarrollo
agrícola, industrial, el desarrollo necesario de infraestructuras, positivos y necesarios, pueden poner en peligro la conservación de determinados paisajes. Por tanto, se hace necesario regular el despliegue de infraestructuras, de forma que sea
compatible con la conservación del paisaje.
El Convenio Europeo del Paisaje debe permitir a los ciudadanos que puedan disponer de paisajes de gran calidad. El Convenio establece compromisos como el reconocimiento jurídico de los paisajes o la aplicación de políticas para la
protección del paisaje, y establece procedimientos que faciliten la participación ciudadana. De los 29 firmantes, 17 países ya lo han ratificado. Cataluña ya lo ha ratificado. Pero es necesario que el Estado también lo ratifique, para cumplir los
compromisos que han contraído diferentes comunidades autónomas. La vigente actualidad, como el despliegue de parques eólicos, como el despliegue del tren de Alta Velocidad en Gerona, y un alto etcétera, están produciendo y sembrando inquietud entre
la ciudadanía, porque creen que pueden poner en peligro sus paisajes, sus valores históricos. Por lo tanto, creemos que sería importante ese instrumento para armonizar el necesario desarrollo y la conservación del paisaje. En este momento en
Cataluña, como se menciona en el punto 3 se prevé un importante despliegue de parques eólicos. Uno de ellos en la zona central del Delta, que es competencia aún del Estado, en la zona marítima. En este momento hay una gran inquietud entre la
ciudadanía por los posibles impactos en el Delta, que está reconocido como un espacio de gran valor paisajístico. Por eso creemos que la ratificación de ese convenio por el Estado puede proporcionar un instrumento de armonización, de diálogo con la
ciudadanía y permitir un desarrollo armónico de esos parques eólicos necesarios para el enriquecimiento industrial y energético, pero también sin perjudicar un bien para siempre como es el paisaje.
Por lo tanto, creemos que es importante y urgente que el Estado ratifique este convenio para evitar conflictos y sobre todo para preservar nuestro paisaje.
El señor PRESIDENTE:. El señor Antich tiene la palabra para defender la enmienda del Grupo Socialista.
El señor ANTICH OLIVER: En relación a la presente proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el Convenio Europeo del Paisaje, nuestro grupo va a apoyar, tal y como vienen redactados, los dos
primeros puntos, y vamos a proponer una pequeña modificación en relación al tercero.
Creemos que, efectivamente, se debe ratificar el Convenio Europeo del Paisaje que se firmó en el año 2000. Sin duda se trata de un instrumento importante para el avance hacia un desarrollo más sostenible en pro de una mayor armonía y
equilibrio entre las necesidades sociales, la economía y el medio ambiente. El paisaje, tal y como señala el mencionado Convenio, desempeña un papel importantísimo de interés general en los campos cultural, ecológico, medioambiental y social. Y
también es un valor a nivel económico, sobre todo en un país como España donde el turismo es tan relevante. Sin duda, caminar hacia un turismo de calidad implica conservar, limpiar y desarrollar el paisaje, paisaje natural, pero también el urbano;
el paisaje más valioso, pero también las zonas que han sufrido la degradación; el paisaje terrestre, pero también el marítimo. Calidad en este sentido, es saber apreciar la diversidad y no sucumbir ante falsas modernidades que a menudo conducen a
una estandarización que, a la larga, supone deterioro económico, social y medioambiental. El Convenio Europeo, en este sentido, mantiene un ámbito amplio de aplicación y unos objetivos muy claros, que no se reducen al mero conservacionismo, sino
que van más allá, y además de la protección apuestan por su gestión, ordenación y desarrollo. Esta gestión y este desarrollo pueden ser también fuente de creación de nuevos empleos, además de influir, sin duda, en la calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas.
El reto es, tal y como dice el Convenio, reconocer jurídicamente a los paisajes como elementos fundamentales del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio común, cultural y natural, y como fundamento de su identidad. Para
ello es necesario integrar el paisaje en cualesquiera políticas, ordenación territorial, urbanísticas, económicas, sociales, etcétera, que puedan tener un impacto directo e indirecto sobre él. Por otra parte, es de capital importancia la
sensibilización y participación pública, con el fin de que algo considerado como fundamental en lo cultural, en lo natural, en la identidad, en lo económico y social, tenga la participación de todos a la hora de establecer su conservación, gestión y
ordenación. En definitiva, el Convenio pone en valor un bien que demasiado a menudo no ha sido considerado y que los crecimientos económicos, las infraestructuras, el transporte, muchas veces lo han dilapidado, sin que se hayan hecho los esfuerzos
para buscar las necesarias compatibilidades y equilibrios.
En este sentido es importante, tal y como apunta el apartado segundo, que además de ratificarse se realizara el desarrollo normativo. Un desarrollo que, a nivel del Gobierno de España, significará crear un marco, unos criterios, que hagan
de puente entre la política europea y las competencias de las comunidades autónomas. Es un tema transversal que implica desde directrices de ordenación de los recursos naturales a actuaciones en las zonas litorales y marinas, a los parques eólicos,
a la calidad urbana o a su relación con la evaluación de impactos
ambientales; actuaciones en relación a la biodiversidad, al desarrollo territorial, al patrimonio natural y cultural. Sin duda, en todo ello van a jugar también un papel importantísimo las comunidades autónomas, pues muchísimas de las
políticas que tienen que ver con el paisaje, son ellas las que las aplican en sus territorios, así como también los ayuntamientos, que son los encargados de marcar los crecimientos en pueblos y ciudades. En este sentido, es de agradecer que en
Canarias y en Cataluña ya se hayan celebrado encuentros en este sentido, con el fin de diseñar estrategias, de acuerdo con el Convenio Europeo, apoyando su ratificación las comunidades autónomas y el ministerio, con la participación también de otros
organismos como la Federación Española de Municipios.
Hemos presentado una enmienda al apartado tercero, pero después de hablar con la ponente de la proposición de Esquerra Republicana, reconocemos que el tema es mucho más transversal y, por lo tanto, estamos hablando con Esquerra Republicana
para hacer una transacción y modificar nuestra enmienda en el sentido de que la transaccional sea la siguiente: Después de 'se priorice', añadiríamos 'entre otras, por las administraciones públicas competentes', y después seguiría exactamente igual
la redacción que existe en este momento. Añadimos 'entre otras' porque creemos que el tema de la energía eólica es prioritario, pero en esta cuestión hay muchos temas prioritarios: es prioritario el poner orden en el tema de la construcción, en
los desarrollos industriales, turísticos, en las infraestructuras, en los temas del paisaje. Y añadimos 'por las administraciones públicas competentes' porque es un tema transversal y que afecta a distintas Administraciones Públicas. Ésta es la
enmienda que hemos presentado.
El señor PRESIDENTE: En fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Esteve por el Grupo Popular.
El señor ESTEVE FERRER: En primer lugar, tengo que felicitar a Esquerra Republicana de Cataluña por la presentación de esta iniciativa. Desde el Partido Popular entendemos que es una buena iniciativa.
El Convenio Europeo del Paisaje se firmó el 20 de octubre de 2000, pero entró en vigor en marzo de 2004 y, salvo un tercio de los países que lo firmaron y que lo ratificaron antes de su entrada en vigor, todos los demás lo están ratificando
ahora. O sea, que estamos todavía a tiempo.
España ha participado en todas las conferencias internacionales y en todos los trabajos preparatorios para la redacción definitiva del Convenio. Incluso hay algunas iniciativas, como el Atlas de los
paisajes de España que se hizo en el 2003 por un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Autónoma de Madrid, que es un paso a la hora de identificar y caracterizar todo el paisaje en España.
Mencionaba la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña la ratificación por Cataluña del tratado. Yo lo que conozco es una adhesión por parte del Parlamento de Cataluña a este convenio y conozco también el rechazo del Parlamento de
Cataluña a una proposición de ley del Partido Socialista de Cataluña, presentada en su día. Decía en aquel entonces el diputado del Partido Socialista de Cataluña, Oriol Nel.lo i Colom, que se seguiría intentando desarrollar legislativamente el
Convenio Europeo del Paisaje; que era una pena que no se le hubiese dado apoyo en el Parlamento de Cataluña, pero que el Partido Socialista Catalán ya estaba preparado.
Invito al Partido Socialista Obrero Español, sin intención de polemizar -como
decía en 1934 Nicolau María Rubioi Tudurí- en estos temas tan finos y sensibles, no hay que polemizar. Simplemente lo digo por la cara que ha puesto la portavoz socialista, que ya tiene un trabajo muy avanzado para poder seguir trabajando sobre el
tema.
Desde el Partido Popular sí que nos preocupa que se vea el paisaje desde los distintos modos de ver el paisaje. Es decir, no sería desde una cuestión física, ver los componentes físicos del lugar, que es lo que suelen hacer geógrafos,
geólogos o ecologistas, pero hay una visión estética, que es lo que suelen hacer los arquitectos, paisajistas, y ésta es la que más nos preocupa, teniendo en cuenta que el trasfondo de la proposición no de ley va en relación con las energías
eólicas. Y lo dice un diputado por Albacete en donde según los últimos datos, la potencia eléctrica que producen sólo sus parques eólicos podrían dar suministro eléctrico al 90 ó 95 por ciento de la población. Y lo digo para que SS.SS. se hagan
una idea de cuántos parques hay dentro de la provincia de Albacete. Y lo que más nos preocupa es cuántos van a venir si el Gobierno Socialista quiere suministrar energía eólica a las desaladoras de la costa, porque a lo mejor La Mancha y la
provincia de Albacete es terreno propicio.Y nos preocupa porque ese impacto visual es el que puede transformar totalmente la fisonomía de los paisajes. Y no es tarea fácil el regular, el establecer objetivos, el establecer prioridades, tal y como
decía el portavoz del Grupo Socialista, en un tema donde la competencia es tan transversal. Es decir, ¿qué se puede hacer desde el Estado? ¿Establecer objetivos, prioridades? Poco más. El Convenio Europeo del Paisaje hablaba de directrices y
estrategias. Yo incluso dudo que desde el Estado se puedan establecer directrices y estrategias en algo que fundamentalmente es competencia autonómica. Y que además no va a servir de nada si luego en el último escalón, los poderes locales, no son
exigentes en este instrumento jurídico.
Por eso veo bien que el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, con una transaccional, no ha dado pie a que se apruebe una proposición como la que se presentaba. Porque no sólo son los recursos naturales, sino que estamos hablando de
algo más. Puede ser transversal en cuanto a las competencias, pero también en cuanto a los contenidos porque hablando, por ejemplo, de energía eólica, estamos hablando de un uso industrial puro y duro y, por lo tanto, sólo desde la ordenación, no
de los recursos naturales, sino de la
ordenación del territorio y la ordenación urbanística que establece los usos del suelo, se podría hacer. (La señora vicepresidenta, García-Hierro Caraballo, ocupa la Presidencia.)
A mí me parece bien la enmienda transaccional a la que al final se ha llegado y ya he dicho que el Grupo Popular iba a apoyar la proposición no de ley y también, por supuesto, si al final el grupo proponente admite la enmienda transaccional,
estaremos también con la mayoría de esta Comisión. Pero en la poca parcela que le queda al Estado, sí queremos hacer constar en el 'Diario de Sesiones' algo que preocupa a este grupo.
Es cierto que el Convenio Europeo del Paisaje lo que pretendía
era darle mucha participación a la ciudadanía. Pero aquí nos encontramos con una situación muy curiosa que por lo menos yo, en primera persona, he podido vivir y es que algunos agricultores hablan ya de que el cultivo más rentable son las molinetas
-como se dicen por allí-. Y claro, si al final, a quien preguntamos es al que se beneficia de la instalación, no sé hasta qué punto va a poner en su escala de valores el valor del paisaje, que todos queremos proteger, frente a la repercusión
económica; algunos dicen que es poco lo que los promotores de energía eólica consiguen. Como decía la portavoz de Esquerra Republicana, allí donde se van dejando tierras y menos gente se va dedicando a la agricultura florece este nuevo negocio o
este nuevo boom, y si no cuidamos el tema del paisaje, se van a desnaturalizar provincias y comarcas enteras.
Por eso, participación a los ciudadanos, sí; pero establezcamos muy claros los objetivos, los criterios; exijamos que haya planes de ordenación previos a la instalación de los parques, planes de ordenación territorial, como hemos dicho
antes, o incluso planes eólicos coherentes y ajustados a las comarcas concretas donde se vayan a aplicar con carácter previo. Porque así y sólo así se establecerán las bases, como muy bien decía en la exposición de motivos la proposición no de ley,
para que cuando se vayan a hacer los estudios de impacto medioambiental, se le pueda exigir a quien los redacte que cumpla los objetivos que previamente se han establecido. Porque -y eso lo compartimos desde el Grupo Popular totalmente- es cierto
que la mayoría de estos estudios de impacto ambiental son poco rigurosos, y como tampoco tienen una ley detrás que les exija, quedan en mera retórica, y las posibles correcciones que en materia medioambiental se establecen, en ocasiones no se
respetan.
Termino ya señora presidenta.
Lo que sí es cierto -y creo que en esto debemos echarnos todos la culpa- es que hay legislación española que habla desde hace mucho tiempo, desde 1985, desde 1994, de paisajes, pero nunca hemos desarrollado ese aspecto.
No ha habido
desarrollo legislativo de las leyes que hoy en día ya hablan del paisaje. Espero que la aprobación de esta proposición no de ley no sea una mera declaración de intenciones y nos ofrecemos desde ya, en la medida en que podamos colaborar, a ayudar, a
buscar o a definir eso tan complicado como es ordenar y gestionar el paisaje.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): ¿Se acepta la enmienda?
La señora BONÁS PAHISA: Sí está aceptada.
- SOBRE LA RED NATURA 2000. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000856.)
- SOBRE LA RED NATURA 2000. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 161/000759.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): A continuación, se acumulan la 4.ª y la 5.ª proposición no de ley. Se nos ha pedido por el portavoz del Partido Popular, que lo hagamos a la inversa. Puesto que se van a debatir
acumuladamente, que intervenga primero el señor Labordeta, para que se pueda incorporar el representante del Grupo Popular. (Se incorpora a la Comisión la señora Vázquez.) De todas formas, si les parece, seguimos con la intervención que en
principio estaba prevista.
Señor Labordeta, tiene la palabra.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Se establecieron por parte de Europa, hace más de diez años, determinadas obligaciones para asegurar el futuro de la biodiversidad en armonía con las poblaciones humanas y el futuro de la biodiversidad en Europa.
En la actualidad, Red Natura está prácticamente finalizada en los diez países de la Unión Europea y se está acortando la lista con la entrada de esos diez nuevos Estados. España, en este caso, es el país de la Unión Europea que mayor superficie
aporta a Red Natura 2000. Aporta una superficie en kilómetros cuadrados del 23,8 por ciento de la superficie total. Los lugares de importancia comunitaria se consideran en función de lo que son regiones biogeográficas. Los costes van a recaer
sobre los Estados miembros y, evidentemente, en los que tienen la biodiversidad más variada, como puede ser el caso de Aragón, va a ser urgente determinar cómo se van a financiar esos costes de gestión, teniendo en cuenta ese nuevo escenario con la
entrada de los nuevos Estados y también la reforma de los fondos estructurales.
Las opciones que han existido en este periodo presupuestario 2000-2006 para financiar Red Natura 2000 eran, sobre todo, los fondos utilizados por el Programa LIFE Naturaleza y el Reglamento de Desarrollo Rural de la PAC, a través de medidas
agroambientales. Este tipo de medidas no contemplan explícitamente ningún objetivo en materia de conservación de la naturaleza, por lo que, salvo algunas excepciones, evidentemente, no resultan suficientes para financiar la Red Natura. El
único fondo que se puede decir que responde a ciertos criterios ambientales es el LIFE Naturaleza, que sólo sirve, en este caso, para proyectos experimentales o proyectos demostrativos, pero que no financian programas, y tampoco sirve para
generalizar lo que puede ser la conservación de la Red. Por lo tanto, en este momento en Europa no existe ningún fondo específico donde se sustente la política ambiental de la Unión Europea y cuya distribución se haga única y exclusivamente con
criterios ambientales.
¿Qué va a pasar en este nuevo periodo presupuestario 2007-2013? Parece que la Comisión Europea expone en este momento que va a ser el Reglamento de Desarrollo Rural en el que recaiga la mayor parte de financiación de Red Natura. El
Reglamento de Desarrollo Rural viene siendo el 10 por ciento del presupuesto total de la PAC, de la Política Agraria Común, lo que está muy lejos de financiar Natura 2000, que en este caso y según cálculos de la propia Comisión representa un gasto
de 6.100 millones de euros al año. Esta cifra, se dice, está claro que está infravalorada. Por lo tanto, habrá que hacer cálculos reales de los costes de la Red.
Desde Xunta Aragonesista pensamos que hay que garantizar una financiación adecuada y los fondos estructurales no pueden ser la única fuente de financiación, sino que esa financiación tiene que estar coordinada con un fondo de desarrollo
rural y con un nuevo fondo específico que obedezca a criterios ambientales y que estén controlados por las autoridades ambientales.
Por tanto, pedimos el apoyo para esta propuesta nuestra.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Hierro Caraballo): Tiene la palabra la señora diputada del Grupo Parlamentario Popular.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Ya explicó el portavoz del Grupo Mixto con detalle lo que significa la Red Natura 2000 para España. Simplemente añadir que esta Red Natura 2000 se crea mediante la Directiva 9243 para la conservación de los
hábitats naturales de la fauna y la flora silvestres, en cumplimiento de la Directiva Hábitat. España tiene el 24 por ciento del territorio nacional integrado en esta Red Natura 2000, lo que corresponde a casi un 30 por ciento de la superficie
total de la Red Natura. Son casi 13 millones de hectáreas en España y la Red Natura constituye una iniciativa fundamental para la conservación de la biodiversidad. La financiación de dichos espacios se aborda en el artículo 8 de la Directiva
Hábitat, pero existe una importante indefinición en el seno mismo de la Comisión Europea con respecto a la financiación futura de la Red. Cuestión que ha sido estudiada por un grupo de expertos que emitió un informe final, a principios del año
2003, y que como conclusiones establecían y ponían de manifiesto la necesidad de incrementar la cofinanciación europea para adaptarse a los requisitos de la Directiva Hábitat. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Entre esas propuestas se
hablaba de la modificación de los fondos estructurales para adaptarlos a las necesidades de la Red Natura 2000, la ampliación de los Fondos LIFE Naturaleza y la creación de un nuevo instrumento financiero dedicado exclusivamente a la Red Natura
2000.
A mayores, tengo que reconocer, efectivamente, que el Gobierno es consciente -y así lo manifestó en algún momento el propio ministerio- de que para España el enfoque de financiación de la Red Natura 2000 sugerido por la Comisión Europea deja
desatendidas muchas necesidades prioritarias de conservación de hábitats. Además, la propuesta de la Comisión perjudica a los Estados miembros con esos porcentajes de terreno designado, como es el caso de España, que quedaríamos en desventaja desde
el punto de vista competitivo. Y según los criterios actuales de la Comisión Europea, muchas de las actuaciones para la gestión y conservación de la Red Natura 2000 que se han venido financiando en los últimos años a través del Programa LIFE
Naturaleza, no contarían con apoyo económico.
Creo que todos los que estamos aquí tenemos en nuestras provincias, en nuestras comunidades autónomas, espacios protegidos bajo la Red Natura 2000. Yo, por ejemplo, estoy en un parque natural como es el Parque del Sures y al lado tenemos el
Parque Invernadoiro, y tenemos el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Creo que a todos se nos pasan por la cabeza muchas zonas protegidas bajo la Red Natura. Por eso consideramos y somos conscientes del problema. Creo que el ministerio, en
algún informe y en alguna respuesta a preguntas parlamentarias, también es consciente de este problema, y le pedimos al Gobierno que actúe y que garantice el funcionamiento de la Red, y que mantenga el esfuerzo inversor y la prioridad política que
ya, en su momento, otros gobiernos dieron a la biodiversidad y a la Red Natura 2000. Por eso solicitamos que se promueva en el seno de la Unión Europea una propuesta que contemple una adecuada financiación y después garantizar, en colaboración con
las comunidades autónomas, la financiación de la Red Natura 2000, de manera que se puedan alcanzar los objetivos establecidos en la estrategia nacional de Biodiversidad. Para ello, pido el apoyo a esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Hay enmiendas a las dos proposiciones no de ley, del Grupo Catalán de Convergència y del Grupo Socialista. Les pediría a ver si las pueden acumular.
Señor Guinart, de Convergència i Unió, tiene la palabra.
El señor GUINART SOLÁ: Efectivamente, nuestro grupo ha presentado la misma enmienda, doble enmienda, a las dos proposiciones no de ley, siguiendo la misma línea de los contenidos de las propuestas. Nos parece que la valoración que hacen
todos los grupos de la pertenencia
a la Red Natura 2000 y de la aportación importante que hace el Estado español a su conjunto, en ese 24 por ciento del territorio del Estado que forma parte del mismo, es muy significativa. La preocupación de todos, y en eso coincidimos, es
precisamente la financiación de esta Red que tiene, sin duda, un carácter supraestatal, europeo, con lo cual todos coincidimos en que es necesario acudir a Europa para garantizar la financiación, el mantenimiento y la gestión de este instrumento de
conservación y protección de la biodiversidad.
En nuestras enmiendas pedimos al Gobierno por un lado que defienda en la Unión Europea la creación de un instrumento jurídico identificable que garantice la financiación de los objetivos, de las pretensiones de la Red Natura 2000 -en nuestro
caso, hacemos además hincapié en que esta financiación no se haga en detrimento de los fondos destinados actualmente a la PAC y al Desarrollo Rural-, y por otro proponemos -en la línea, no obstante, de las iniciativas los otros grupos- que exista, a
nivel del Estado español, una línea, un plan o un proyecto de financiación, conjuntamente con las autonomías, para que se establezca cuál es el conjunto de instrumentos de financiación y también, recogiendo el planteamiento de la enmienda
socialista, los instrumentos de gestión para desarrollar estas redes.
Sabemos que el Partido Socialista ha presentado también una enmienda a cada una de las proposiciones no de ley del Grupo Mixto y del Grupo Popular, y en las conversaciones previas a esta intervención, parece que podemos llegar a una
transaccional, al menos partiendo de la base de la propuesta del Grupo Mixto. De ser así, votaríamos a favor de esa transaccional.
El señor PRESIDENTE: En defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señorías, debatimos hoy dos iniciativas sobre la Red Natura 2000, una presentada por el Grupo Parlamentario Popular y otra por el Grupo Mixto, propiciada por la Xunta Aragonesista. Ambas coincidentes en la necesidad
del establecimiento de los instrumentos y medidas financieras necesarias para la plena aplicación de la Red Natura 2000. Dada la coincidencia mostrada en estas dos proposiciones no de ley, que van en sintonía con los planteamientos del Grupo
Parlamentario Socialista de financiación de la Red Natura 2000 y del trabajo activo que está realizando en este sentido el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno Socialista, hemos presentado una enmienda de sustitución a ambas iniciativas
parlamentarias, con el objetivo de unificarlas y de definir claramente los planteamientos y las peticiones que se hacen al Gobierno.
Todos coincidiremos en la necesidad del establecimiento de un instrumento específico para la cofinanciación comunitaria de la Red. Pero coincidirán también conmigo en que es uno de los temas más difíciles y controvertidos de abordar, ya que
aunque la propia Directiva Hábitat recoge la posibilidad de la cofinanciación, hasta hace poco tiempo no se había valorado cuál podía ser el coste del desarrollo de la Red Natura en Europa. Estamos ante un momento crucial, en que la Comisión
Europea, con el apoyo de los Estados miembros, está trabajando en los aspectos financieros de la Directiva. Había una propuesta de la actual Presidencia de Luxemburgo, del Consejo de 21 de abril de 2005, para que se estableciera, dentro de la
categoría II de la preservación y gestión de los recursos naturales en el marco financiero para el periodo 2007-2013, un nuevo instrumento financiero para el medio ambiente destinado a la Red Natura 2000. Todos conocemos la suerte que ha corrido el
marco financiero para el periodo 2007-2013, y tampoco nos corresponde a nosotros, quizá, en este debate de la Red Natura, porque esta tarde también hay comparecencia del Gobierno sobre el marco financiero 2007-2013. Si estuviera aprobado el marco
financiero 2007-2103, la primera petición de ambas proposiciones no de ley quedaría fuera de lugar, porque se hubiera aprobado el instrumento financiero de la Red Natura 2000. Pero como esto no ha ocurrido, el Grupo Parlamentario Socialista les
propone en su enmienda que apoyemos el trabajo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en esta materia, con los siguientes planteamientos coincidentes con sus iniciativas, pero con una mayor definición.
El primer planteamiento es que todos coincidiremos en la necesidad de la cofinanciación comunitaria de la Red Natura, fundamental para los intereses de nuestro país, que aporta cerca del 30 por ciento del territorio Natura 2000. Se estima
que, una vez finalizado el proceso, la superficie española aportada a la Red Natura rondará los 13 millones de hectáreas, lo cual equivaldría a algo más del 25 por ciento del territorio nacional. Por lo que consideramos que el reparto entre Estados
miembros debe responder a criterios de proporcionalidad, en función del número, tamaño y riqueza de los espacios aportados en la Red Natura 2000.
Esto es lo que también está defendiendo el Ministerio de Medio Ambiente en el grupo de trabajo.
Asimismo coincidiremos en la necesidad de mantener la posibilidad de utilizar complementariamente los fondos europeos actuales y futuros, un futuro relacionado con el desarrollo rural. Eso no quiere decir que haya una merma de los fondos de
desarrollo rural, sino que simplemente algunas medidas que contemplan estos fondos se puedan acoger a espacios de la Red Natura 2000. Se trata, en definitiva, de seguir los criterios del grupo de expertos que están trabajando en esta materia, que
indican que algunos de los instrumentos financieros actuales, ya sean fondos estructurales o fondos de cohesión, no se adecuan perfectamente al objetivo de la Red Natura 2000. Pero tampoco se trata de cerrar las puertas a medidas que pueden ser
cofinanciadas a través de estos instrumentos, fundamentalmente los relacionados con el desarrollo rural, en la deseable integración de las políticas de protección de
especies y espacios con las actividades agrícolas que se realizan en muchas de estas zonas.
Asimismo entendemos que tenemos por delante una tarea fundamental, que es la de definir la gestión de los lugares de la Red Natura 2000 en nuestro país. La Directiva Hábitat exige a los Estados miembros de la Unión Europea velar por la
conservación de la Red Natura 2000. La situación de España viene bien definida por el Real Decreto 1997/1995, por la Ley 4/1989, de 27 de marzo, conforme a la modificación incorporada por la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que establece
que la gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000 le corresponde a las comunidades autónomas en cuyo ámbito territorial se encuentran ubicados, teniendo un amplio margen discrecional para establecer la modalidad adecuada. En todo caso,
las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar la adecuada conservación. Pero si todos estamos hablando de Red, la misma palabra Red de integración conlleva implícito la homogenización de la gestión que se debe realizar en esta
Red. Por eso, desde mi grupo parlamentario, consideramos que los planes de gestión serían el instrumento principal para la conservación de la Red Natura en España. La legislación nacional no fija una metodología común para su elaboración y unos
contenidos obligatorios, y se complica aún más por los diferentes regímenes jurídicos de los lugares que componen la Red, en la que coexisten espacios naturales protegidos y terrenos de titularidad pública y privada dedicados a actividades
productivas, por lo que es preciso homologar técnicamente su metodología de elaboración y los contenidos básicos de los planes de gestión.
En este sentido va la segunda parte de la enmienda que hemos presentado, para que se elabore, conjuntamente con las comunidades autónomas, un plan de medidas para reducir la pérdida de biodiversidad, recogiendo los instrumentos y el marco de
financiación necesarios para su desarrollo. En definitiva, que el Ministerio de Medio Ambiente consensúe con las comunidades autónomas el modelo de gestión de la Red Natura en nuestro país, estableciendo un marco común de medidas de gestión de los
lugares que componen Natura 2000 en nuestro país.
Creo sinceramente que en nuestra enmienda se recogen las peticiones de las dos proposiciones no de ley que estamos debatiendo en esta Comisión.
Incluso nosotros vamos más allá en nuestra perspectiva, porque hablamos de consensuar
instrumentos y medidas de gestión, cosa que no se recoge en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. También eliminamos la propuesta de financiación basado en un estudio de coste-beneficio del Grupo Mixto, ya que estudios de esa
índole económica no creemos que sean los más apropiados para la materia que estamos tratando. Más relevante sería un análisis de beneficios ambientales o de repercusiones sociales.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista considera que apoyando nuestras enmiendas se impulsaría la gestión futura de la Red Natura 2000, una de las principales tareas pendientes que tiene que afrontar el Ministerio de Medio Ambiente con
las comunidades autónomas. Y, a la vez, apoyamos al Gobierno en la defensa, a nivel comunitario, de la necesidad de la creación de un instrumento financiero específico para Natura 2000, que responda suficientemente a las necesidades de conservación
de la biodiversidad y de promoción de un modelo más sostenible de desarrollo.
Como parece que hemos llegado a un principio de entendimiento con el Grupo Mixto -ya que el Grupo Parlamentario Popular no ha querido ni siquiera aceptar la enmienda socialista- y también con CiU y Esquerra Republicana, para hacer una
enmienda transaccional que estaríamos todos dispuestos a apoyar y votar, simplemente decir que, en la medida en que se haga esta transacción, permite un consenso que será muy útil al ministerio, al Gobierno y a las comunidades autónomas en la labor
de la gestión de la Red Natura 2000.
El señor PRESIDENTE: Señora Bonás en fijación de posiciones.
La señora BONÁS PAHISA: Esquerra Republicana presentó una proposición en ese sentido, que la Mesa la calificó para la Comisión de la Unión Europea. Esta es una comisión que está en estado letárgico y no sabemos si se va a discutir en esta
legislatura. Por tanto, nos felicitamos de que haya llegado antes a Medio Ambiente.
En esta posición destacamos lo que se ha dicho aquí, que el Estado español, en la Europa de los 15, es la que aporta más terrenos para la Red Natura y se van a ver ampliados porque, como saben ustedes, hay recursos contra el Estado español.
En el Parlamento Europeo, el 10 de marzo hubo una resolución en la que se opina que una parte importante de los gastos de la Red Natura 2000 se incluyen en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, en los fondos estructurales, y pide la
creación de un fondo de la Unión Europea dedicado a la biodiversidad en el marco de la propuesta de la Unión Europea, en el que se prevea la financiación de los programas de gestión de Natura 2000, que no pueden financiarse con cargo a los fondos
estructurales o Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural . Considera que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural se puede utilizar para compensar los costes agrícolas adicionales de los sitios de la Red Natura 2000, siempre y cuando no
reduzca la financiación necesaria para otras medidas de desarrollo rural. Por tanto, la proposición no de ley del Grupo Popular se acerca más a la propuesta del Parlamento Europeo. También hay que recalcar la indefinición que existe en la Comisión
Europea con respecto a la financiación futura de la Red.
Nosotros estaremos de acuerdo, porque las posiciones no son muy diferentes. Pero creo que deberíamos consensuar las dos propuestas, sin apartarse demasiado,
para acercarnos más a la propuesta del Parlamento Europeo. Por lo tanto, creo que sería interesante un trabajo de aunar las dos propuestas para quedar en una sola.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere intervenir para definirse sobre las enmiendas?
La señora DE LARA CARBÓ: Simplemente decir que nosotros entendemos que el hecho de que haya dos propuestas no impide que se aprueben las dos. Hay precedentes del tema y nosotros seguimos manteniendo votar nuestra propuesta por separado. Y
si hay que ver una transaccional sobre la propuesta del Grupo Mixto, la veremos y esperamos votarla favorablemente, tal vez, cuando la veamos. Pero mantenemos nuestra propuesta.
El señor PRESIDENTE: Nos parece muy bien.
Creo que, si no he entendido mal, el señor Quirós, del Grupo Socialista, lo que planteaba era una transacción a la propuesta de Xunta Aragonesista, señor Labordeta, del Grupo Mixto.
Señor Labordeta, defínase usted.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Yo aceptaré las dos enmiendas planteadas por CiU y por el Grupo Socialista, siempre que hagan la transaccional y que estemos de acuerdo con la transacción. Ése es un poco el problema.
Aceptamos la enmienda
transaccional presentada por ellos dos.
El señor PRESIDENTE: Acepta, pues, la transaccional.
La transaccional tendría dos puntos. Primer punto. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que siga defendiendo, en el seno de la Unión Europea, el establecimiento de un instrumento específico para la cofinanciación comunitaria de
la Red Natura y mantener la posibilidad de utilizar complementariamente los fondos europeos actuales. Segundo punto.
A que elabore conjuntamente con las comunidades autónomas, un plan de medidas para alcanzar los objetivos en materia de protección
de la biodiversidad, recogiendo los instrumentos y el marco de financiación necesarios para su desarrollo.
¿Es así? (Asentimiento.) Gracias.
Iríamos ya a las votaciones.
Vamos a votar la proposición no de ley, número uno, sobre el oso pardo de los Pirineos, del Grupo Parlamentario Socialista, con una enmienda aceptada por parte del Grupo Popular y aceptada por parte del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Segunda proposición no de ley, relativa a la elaboración de un Plan de acción nacional contra la sequía, del Grupo Parlamentario Popular, que ha aceptado una enmienda del Grupo Catalán.
Efectuada la votación, dijo el siguiente resultado: votos a favor 16; votos en contra 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la tercera proposición no de ley relativa a la financiación de las infraestructuras de desalación, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo el siguiente resultado: votos a favor 15; votos en contra 21; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a votar ahora la número cuatro, sobre la Red Natura 2000, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo el siguiente resultado: votos a favor 16; 21 abstenciones.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a votar la número cinco, de Xunta Aragonesista, también sobre la Red Natura 2000, con una transaccional a partir de las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Catalán.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Vamos a votar la número seis, relativa a la regulación del río Arlanza en la provincia de Burgos, del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo el siguiente resultado: votos a favor 15; votos en contra 21; abstenciones una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, vamos a votar la número siete, por la que se insta al Gobierno a que ratifique y desarrolle el Convenio Europeo del Paisaje y posibilite la implantación de la energía eólica bajo criterios que emanan del mismo, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, con una transaccional del Grupo Socialista que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las once y treinta y cinco minutos de la mañana.