CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 327

FOMENTO Y VIVIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAVIER TORRES VELA

Sesión núm. 18

celebrada el miércoles, 22 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de la Vivienda (Trujillo Rincón) para informar sobre:


- Los ejes estratégicos del próximo plan de vivienda. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000230.) ... (Página 3)


- Las prioridades de su ministerio en cuanto a las zonas en dónde deben priorizarse las actuaciones oficiales de construcción de nuevas viviendas protegidas. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de
expediente 214/000239.) ... (Página 3)


- La política de vivienda y suelo del Departamento. A petición propia.
(Número de expediente 214/000066.) ... (Página 3)

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Preguntas:


- De la señora Villalobos Talero (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre reparto de la carga de trabajo entre los talleres de Valladolid y Málaga en virtud del acuerdo alcanzado entre Siemens y la compañía ferroviaria Renfe para
la fabricación de trenes AVE (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/016108.) (Número de expediente 181/001011.) ... (Página 30)


- De la misma señora diputada, sobre el número de trenes que en virtud del acuerdo entre Siemens y Renfe se fabricarán en el taller de Renfe en Los Prados (Málaga) (procedente de la pregunta con respuesta escrita número de expediente
184/016104). (Número de expediente 181/001012.) ...
(Página 31)


- Del señor Ayala Sánchez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre previsiones acerca de la construcción y explotación de infraestructuras ferroviarias a través de capital privado, en concesión administrativa (procedente de la
pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/027356). (Número de expediente 181/001083.) ... (Página 32)


- Del mismo señor diputado, sobre posición del ministerio de Fomento sobre la propuesta de la CEOE de realizar un eje ferroviario para mercancías Algeciras--Perpignan, a construir y explotar por la iniciativa privada mediante el régimen de
concesión administrativa y con aplicación de fondos comunitarios (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/027257.) (Número de expediente 181/001084.) ... (Página 34)


- Del mismo señor diputado, sobre actuaciones para la incorporación como proyectos prioritarios de la Unión Europea de los corredores de Burgos-Irún-Bayona-Burdeos, carretera y ferrocarril, Pamplona-Rotes, carretera y ferrocarril,
Zaragoza-Somport-Pau, carretera y ferrocarril, Lleida-Vielha-Toulouse, carretera y ferrocarril, Barcelona-Perpignan-Marsella, carretera y ferrocarril, y Zaragoza-Canfranc-Pau, ferrocarril (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita
número de expediente 184/027354) (Número de expediente 181/001090.) ... (Página 36)


- Del mismo señor diputado, sobre posición de España en relación con la necesidad de modificar la normativa sobre la asignación de franjas horarias en los aeropuertos europeos (Directiva 95/1993) (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/027361) (Número de expediente 181/001085.) ... (Página 37)


- Del mismo señor diputado, sobre previsiones acerca del desarrollo reglamentario de lo establecido en la disposición adicional novena de la ley de ordenación de los transportes terrestres (LOTT) (procedente de la pregunta al Gobierno con
respuesta escrita número de expediente 184/026946) (Número de expediente 181/001086.) ... (Página 39)


- Del mismo señor diputado, sobre actuaciones y medidas para que en el entorno de la Unión Europea exista reciprocidad en lo concerniente a la convocatoria en todos los Estados de similares concursos para la prestación de los servicios
públicos regulares permanentes de uso general de transporte de viajeros por carretera (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/026948) (Número de expediente 181/001087.) ... (Página
41)


- Del mismo señor diputado, sobre medidas y proyectos para la creación y desarrollo de las 'autopistas del mar' (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/026950) (Número de expediente 181/001088.)
... (Página 43)


- Del mismo señor diputado, sobre medidas y proyectos para el fomento del transporte marítimo de corta distancia (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/026951) (Número de expediente 181/001089.)
... (Página 43)


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Se abre la sesión a las nueve de la mañana.



COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE VIVIENDA (TRUJILLO RINCÓN) PARA INFORMAR SOBRE:


- LOS EJES ESTRATÉGICOS DEL PRÓXIMO PLAN DE VIVIENDA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000230.)


- LAS PRIORIDADES DE SU MINISTERIO EN CUANTO A LAS ZONAS EN DONDE DEBEN PRIORIZARSE LAS ACTUACIONES OFICIALES DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS PROTEGIDAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de
expediente 213/000239.)


- LA POLÍTICA DE VIVIENDA Y SUELO DEL DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente 214/000066.)


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Fomento y Vivienda, cuyo primer punto del orden del día es la comparecencia de la ministra de Vivienda para sustanciar diversas solicitudes de comparecencia formuladas por los
distintos grupos parlamentarios. En concreto, por el Grupo Parlamentario Popular para exponer los ejes estratégicos del próximo plan de vivienda. Del mismo Grupo Parlamentario Popular, para definir el espacio donde realiza su actividad como
ministra. De la propia ministra para exponer la política de vivienda y suelo de su departamento. Por último, del Grupo Parlamentario Catalán para informar de las prioridades de su ministerio en cuanto a las zonas en donde deben priorizarse las
actuaciones oficiales de construcción de nuevas viviendas protegidas.



Al entender que el conjunto de las comparecencias versan sobre las líneas y objetivos de la política actual de vivienda y el próximo plan de vivienda, acordamos agrupar las iniciativas.



Señor Matos.



El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, en principio no van a versar sobre lo mismo, incluso de las dos solicitudes solicitadas por el Grupo Popular, una es sobre los ejes fundamentales de la política del Gobierno, que voy a llevar yo,
que coincide con la de a petición propia de la ministra de Vivienda o del Gobierno, y otra completamente diferente es la de los criterios y en la que va a intervenir mi compañera Alicia Castro.
Por lo tanto, nosotros solicitamos que se traten la
del plan de vivienda y los ejes fundamentales de la política de vivienda, y que la otra se debata aparte.



El señor PRESIDENTE: Señor Matos, acordamos en la Junta de Portavoces que sería un debate agrupado de las comparecencias. Justamente dijimos que incluiríamos el conjunto de comparecencias que versaran sobre aspectos que tienen que ver con
el plan de vivienda y la política de vivienda porque, si no, yo no hubiese incluido esta comparecencia en este momento.
Si no, no la hubiésemos incluido, porque justamente teníamos tasada una cuestión. Al menos así lo entendió el presidente.



El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, estamos los dos portavoces del Grupo Popular de esta Comisión y no lo hemos entendido así ninguno de los dos.



El señor PRESIDENTE: No me gustaría entrar en un debate así con ustedes ahora aquí. Dijimos que se celebraría la comparecencia de la ministra de Vivienda para versar sobre la política en general de vivienda, y que agruparíamos así el
conjunto de las comparecencias solicitadas por distintos grupos parlamentarios. Ese es el acuerdo de la Junta de Portavoces y ese es el orden del día, porque si no fuese así, señor Matos, seguramente, y además yo consulté al propio letrado, no se
hubiese incluido esa comparecencia en esta sesión, se hubiese incluido en otra siguiente o posterior.



Sí, señor Ayala.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Vamos a ver, señor presidente, el timing de la inclusión de asuntos en el orden del día fue el siguiente. Nosotros hablamos en la reunión de Mesa y Junta de Portavoces, que se incluiría la comparecencia de la
ministra para hablar de asuntos de vivienda.
Posteriormente se nos llamó por parte de secretaría y se nos preguntó que si nos parecía bien incluir también otras comparecencias, que evidentemente tienen su tratamiento específico porque el objeto es
específico, no tiene nada que ver con el plan de vivienda. Se nos consultó si queríamos incorporarlas y comentamos que sí; de la misma manera que se nos dijo que Convergència i Unió también incorporaba otras comparecencias, de modo que el orden
del día se conformaba con esas comparecencias, de tal suerte que evidentemente las comparecencias versarían sobre los asuntos que habíamos comentado más el específico, y por lo tanto con un tratamiento diferenciado y con una defensa diferenciada y
con un debate diferenciado...



El señor PRESIDENTE: Lamento interrumpirle, señor Ayala. Si lee usted el orden del día verá que lo que usted está diciendo no es lo que responde y fija en el mismo.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Perdone, lo que estoy diciendo es lo que corresponde al timing que hemos llevado para conformar el orden del día que se hizo,


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como le digo, fuera de Mesa y Portavoces, y concretamente con llamadas telefónicas.



El señor PRESIDENTE: Conozco su posición.



Señor Contreras.



El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor presidente, el señor Ayala lo ha dicho claramente. Hubo un acuerdo de la Junta de Portavoces, que es el que usted ha relatado, y en torno a eso se pregunta si se está de acuerdo en que entren algunas
comparecencias en el marco del acuerdo de la Junta de Portavoces. Si evidentemente lo que se va a incluir, y por eso se les pide permiso, rompe el acuerdo, pues no ha lugar. Luego, si se acepta que se incluyan esos puntos del orden del día, es
porque se va a seguir el acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces de que todas las comparecencias se sustanciasen en una única intervención. Ese fue el planteamiento.



El señor PRESIDENTE: Señorías, en conclusión, una parte de lo que ha dicho el señor Ayala en su intervención es completamente cierta, pero justamente la verdad del asunto es que el acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces fue incluir la
comparecencia de la señora ministra de Vivienda para hablar de la política general de vivienda, en concreto del plan de vivienda 2005-2008, y que la secretaría llamó para hablar con los grupos parlamentarios y saben cuántas comparecencias de las
solicitadas estaban dispuestos a agrupar en ese debate general. Esa es la llamada de la secretaría para solicitarlo y tal. En cualquier caso, no vamos a prolongar esta discusión. Si el Grupo Parlamentario Popular quiere mantener como separada esa
comparecencia, saldrá de esta convocatoria, dado que esta convocatoria tiene un fin específico de acuerdo de Mesa y Junta de Portavoces, como solución para no lesionar los intereses de ningún Grupo.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor presidente, yo quiero aclarar que la interpretación que quiere dar el señor Contreras e incluso la Presidencia, es absolutamente tortuosa, porque en absoluto...



El señor PRESIDENTE: Yo no califico la suya, señor Ayala, yo no la califico.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Perdone, la mía ha sido literal, no he opinado, he contemplado el timing, no he emitido ninguna opinión, señor presidente.
Ese no era ni el espíritu ni la base tanto de la Mesa y Junta de Portavoces como luego de
las llamadas posteriores. Evidentemente, nosotros no queremos renunciar a esa comparecencia y, en cualquier caso, sáquese del orden del día, e insistiremos en que se celebre con celeridad en otro momento.



El señor PRESIDENTE: Así se hará, señor Ayala. Señora ministra, por lo tanto no tiene por qué contestar a los aspectos contemplados en la solicitud de comparecencia número 3, relativa al espacio donde realiza su actividad como ministra,
que será objeto de una comparecencia aparte.



Sustanciada esta cuestión incidental, pasamos a ver el objeto de la comparecencia. Tiene la palabra la señora ministra de Vivienda.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Señoras y señores diputados, es para mí una satisfacción comparecer a petición propia ante esta Comisión para exponer la política de vivienda y suelo de mi departamento, así como a petición
de otros grupos parlamentarios para responder a otras cuestiones para las que también se solicitó mi comparecencia.



Desde la creación del Ministerio de Vivienda, el Gobierno ha considerado prioritario otorgar a las políticas de vivienda y suelo, como SS.SS.
conocen, el carácter de políticas de Estado, dado que el acceso a la vivienda de una gran mayoría
de la población, principalmente los jóvenes, se ha convertido en los últimos años en un objetivo difícilmente alcanzable.



Esta política, como SS.SS. conocen, está basada en la concertación y la colaboración entre todas las administraciones y, cómo no, también con los sectores implicados, con todos los sectores implicados, y no puede ser considerada sino como
una acción de Gobierno, es decir, una acción que anteriormente cuando menos no estaba perfilada y que ahora se impulsa con tanta decisión como respeto por las competencias autonómicas y locales.
Las medidas adoptadas por anteriores gobiernos,
basadas en la no intervención y la liberalización del mercado del suelo, no han conseguido facilitar el acceso a la vivienda de nuestros ciudadanos, como decía antes. Recordarán que en mi comparecencia ante esta Cámara, el mes de mayo del año
pasado, expuse las directrices que iban a guiar las líneas de actuación del Ministerio de Vivienda. En líneas generales, repito que como ya expuse en su día, estas directrices se condensan y se han hecho efectivas en los siguientes puntos, en los
siguientes ejes. Primero, cumplir el mandato constitucional de facilitar el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos, bien en propiedad o bien en alquiler.
Segundo, combatir la especulación del suelo, prevista en la Constitución como la
única prohibición. Tercero, poner en juego la bolsa de suelo público en poder de las administraciones, y en particular de la Administración General del Estado. Cuarto, llevar a cambio los cambios normativos necesarios, respetando las diferentes
realidades de las comunidades autónomas. Finalmente, concertar con todos los sectores implicados en el ámbito de la vivienda y el urbanismo.



El primer trabajo del ministerio, por tanto, se centró en la elaboración de un plan que ha servido para poner en marcha iniciativas que han roto la tendencia anterior de inactividad en el ámbito público de la vivienda.
Además se han
aprobado otras iniciativas, de las que voy a mencionar varias. En primer lugar, se ha modificado el plan de vivienda 2002-2005 con la aprobación del


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Real Decreto 1721/2004, de 23 de julio. En ese sentido, señorías, era necesario mejorar y reconducir los objetivos del plan anterior, tanto desde el punto de vista cuantitativo, con un incremento, como SS.SS.
conocen, del 65 por ciento de
los objetivos, hasta alcanzar 180.000 viviendas en 2004, como cualitativo, para incrementar y reconducir el plan hacia el alquiler, prácticamente inexistente hasta ese momento. Con el denominado Plan de medidas urgentes en materia de vivienda y
suelo, el Plan de choque, el real decreto, se multiplican por nueve las viviendas en alquiler, pasando a representar el alquiler desde un 5,30 por ciento del total de los objetivos del 2004, hasta un 26 por ciento en los objetivos ampliados.



Como decía antes el Ministerio de Vivienda incrementó el número de viviendas en un 65 por ciento y los recursos económicos en un 32 por ciento, esto es, 1.030 millones de euros autorizados el 22 de octubre de 2004 por el Consejo de Ministros
para financiar el Plan de choque.
Finalmente, el 15 de noviembre del pasado año se firmaron con todas las comunidades autónomas los respectivos convenios para distribuir las nuevas viviendas, hasta 180.000, previa celebración de una conferencia
sectorial. Es decir, el Plan de choque ha sido pactado y consensuado con todas las comunidades autónomas en beneficio de la ciudadanía.



El plan ha supuesto estimular la promoción de nuevas viviendas protegidas y la compra protegida de vivienda usada, y también crear nuevas figuras para fomentar el alquiler. Primero, establecer una línea de subvenciones a los inquilinos como
una ayuda económica, por primera vez en España.
También se ha ampliado la posibilidad de comprar vivienda usada para cederla en arrendamiento en las condiciones del plan de vivienda, y también se ha establecido ex novo la posibilidad de que
propietarios de viviendas libres perciban una subvención para la rehabilitación o adecuación de la vivienda y los gastos de seguro si alquilan sus viviendas, con objeto de movilizar el alquiler de viviendas desocupadas e improductivas a menor coste.
En conclusión, el Plan de choque ha sido la primera medida efectiva que ha consensuado el Gobierno.



Además se ha seguido ejecutando el plan de vivienda en el programa 2004. A fecha 20 de junio de 2005, se han financiado más de 175.000 viviendas.
Las actuaciones financiadas en el programa 2004 suponen casi un 48 por ciento más que lo
financiado por el Partido Popular en el programa 2003, último año de gestión del anterior Gobierno. Sin este incremento del número de ayudas a la vivienda, más de 70.000 familias se hubieran quedado sin poder obtener ayudas para su acceso, en
comparación con los recursos que el anterior Gobierno había previsto. Especialmente significativos son los incrementos en otros ejes estratégicos. Se ha incrementado en un 44 por ciento la vivienda protegida de nueva construcción en venta, en un
60,5 por ciento la adquisición de vivienda usada y en un 32 por ciento la rehabilitación. Me van a permitir, señorías, que me fije especialmente en el dato del incremento de las viviendas protegidas de nueva construcción en alquiler, cifra que ha
crecido a esta fecha un 153 por ciento respecto del año pasado. Hemos vuelto de esta manera a recuperar las cantidades de viviendas financiadas con cargo al Plan nacional de los primeros años de la década de los noventa.



En cuanto a la elaboración del nuevo plan de vivienda 2005-2008, y teniendo por tanto en cuenta la necesidad de cambiar el rumbo del plan de vivienda, conocen SS.SS. que iniciamos a principios de este año la elaboración del nuevo plan, cuyo
objeto es garantizar el acceso de más ciudadanos a la vivienda. Este plan cuenta con el sello de la participación ciudadana. El nuevo plan ha sido eminentemente participativo desde su inicio, con la colaboración, como decía, de los ciudadanos a
través de entidades y de plataformas sociales, las más representativas, a través de las comunidades autónomas y también de todos los agentes del sector. Un total de 59 organizaciones, tanto del sector como de los diversos colectivos sociales, han
colaborado en la elaboración del plan: inmigrantes, jóvenes, personas con discapacidad, comunidad gitana, asociaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales que trabajan en vivienda, asociaciones de mayores, entidades que trabajan temas de
perspectiva de género, de mujer, sindicatos, asociaciones de consumidores y usuarios, etcétera, pasando por distintas administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, y muchos más entes que han colaborado en confeccionar este nuevo
plan. Por fin los ciudadanos han podido participar en el diseño de las políticas públicas de una forma activa, y estas son transparentes para todos ellos.



Este es un plan pensado para los ciudadanos y que aporta soluciones específicas para colectivos con diferentes necesidades. El plan sitúa a los ciudadanos en el centro de la política de vivienda, se dirige además especialmente a los
colectivos con más dificultades de acceso a la misma.
El plan de vivienda contempla por primera vez con detalle a todos esos colectivos que por sus particulares circunstancias se verán especialmente beneficiados por él, se trata sobre todo de
jóvenes, de personas mayores, de víctimas de la violencia de género, de víctimas del terrorismo, de las personas con discapacidad y sus familias, de las familias numerosas, también de las familias con menores recursos, etcétera. En definitiva, se
trata de un plan pensado por y para los ciudadanos.



Los jóvenes son un grupo de muy especial atención en el nuevo plan de vivienda. Los jóvenes, el colectivo que más problema tiene a la hora de acceder a la vivienda, en un porcentaje aproximadamente del 80 por ciento de los demandantes
actuales de vivienda, están situados en el centro del plan como un colectivo preferente, previendo una serie de medidas encaminadas a este colectivo. Se crea un programa específico para ellos que se articula en uno de los capítulos del propio plan.
El criterio primordial es favorecer la posibilidad de que los jóvenes accedan a la vivienda protegida, dando


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mayores opciones además para elegir una vivienda que se adapte a sus necesidades, una vivienda que podrá ser en alquiler, teniendo en cuenta las necesidades de cambio de los jóvenes, la movilidad laboral o, si lo prefieren, una vivienda en
propiedad. De este modo, quedan configuradas en el plan una serie de ayudas y actuaciones que suponen, por ejemplo, cambiar de vivienda protegida, desde una más pequeña o otra más grande cuando cambien las circunstancias personales, sin tener que
devolver las ayudas recibidas, favoreciendo así una mejor adaptación a sus necesidades vitales.



En concepto de ayudas para los inquilinos pueden obtener, con carácter de colectivo preferente, una subvención de hasta 2.880 euros anuales, además recibir una ayuda a la entrada de 10.000 euros si sus ingresos no exceden de 2,5 veces el
Iprem o de 7.000 si están entre 2,5 y 3,5, tanto en el caso de vivienda nueva protegida como de vivienda usada. A eso hay que añadir una subsidiación (ayuda para la cuota del préstamo) a una media de 600 euros anuales para un piso medio de 90.000
euros durante 5 ó 10 años de acuerdo con sus ingresos.



Se crea un programa de vivienda joven en arrendamiento, destinado especialmente para jóvenes, con unas rentas muy inferiores a las del mercado. Los promotores también podrán obtener ayudas especiales tanto para la promoción como para la
urbanización y adquisición del suelo. Los jóvenes también serán un colectivo preferente en las políticas de rehabilitación de los centros de las ciudades. Los promotores recibirán una ayuda a la urbanización y adquisición de suelo cuando las
viviendas sean adaptadas a las necesidades de los jóvenes. Además, se propician convenios específicos con administraciones públicas y otras instituciones para promover vivienda para jóvenes en arrendamiento allí donde exista una demanda mayor de
vivienda para estos.



El plan también incrementa la oferta de viviendas en alquiler como una opción para acceder a la vivienda. El plan sitúa el alquiler en su eje central, incidiendo tanto en la oferta como en la demanda. Desde la oferta, se crean nuevas
ayudas para la construcción de vivienda en alquiler y se mejoran las ayudas para la promoción. Se incrementan además las líneas creadas para movilizar las viviendas vacías y se cofinancia la vivienda de promoción pública en alquiler. Con ello los
ciudadanos podrán acceder a viviendas en alquiler con unas rentas reducidas, mucho menores que las del mercado libre.



Desde el punto de vista de la demanda, se mejoran las ayudas para los inquilinos, incrementando los colectivos preferentes, como las víctimas de la violencia de género o las víctimas del terrorismo, como decía antes. El objetivo es
equilibrar la vivienda en compra y en alquiler.
Para ello, se movilizará el parque, se está movilizando ya con otras medidas del ministerio, el parque de viviendas vacías, subvencionando con 6.000 euros a los propietarios que pongan su vivienda en
alquiler y se incrementarán las ayudas para la adquisición de viviendas usadas que se vayan a alquilar.



El plan es una apuesta decidida, como no podía ser de otra forma, por la vivienda protegida. Se incrementa el parque de vivienda protegida no solo para favorecer el acceso a los ciudadanos con menores ingresos, sino también para
complementar a medio y largo plazo el mercado de la vivienda libre al servir como referencia. Habrá ayudas para más ciudadanos, porque el criterio primordial es incrementar el número de viviendas protegidas a precio reducido que los ciudadanos van
a poder adquirir o alquilar. Los recursos económicos del plan se incrementarán de forma importantes. Los ciudadanos que deseen comprar una vivienda tendrán una ayuda en la entrada según sus ingresos y sus circunstancias personales. Por ello,
además de fomentar la eficacia de las reservas de suelo para vivienda protegida y la utilización del suelo público disponible para la construcción de vivienda protegida, el nuevo plan supondrá un incremento importante tanto en el número como en las
categorías y tipologías de viviendas, para facilitar el acceso de las rentas bajas y medias.



La incorporación al plan de una nueva figura de precio concertado, de precio tasado, de precio limitado, dirigida al sector de la población de rentas medias que no pudiendo acceder a la vivienda protegida tampoco pueden hacerlo con facilidad
a la vivienda libre, es otro de los ejes del nuevo plan de vivienda, de forma que un mayor número de ciudadanos puedan acceder a ella a precios razonables.



Para garantizar la permanencia del parque de viviendas protegidas y evitar situaciones de especulación de las mismas, así como control de fraude, se extiende el periodo de calificación de la vivienda protegida durante toda su vida útil,
permitiendo al mismo tiempo la transmisión de las viviendas protegidas en un plazo más breve que el actualmente previsto -10 años-, a un precio más adecuado al mercado actual y sin devolver las ayudas percibidas. El objetivo de esta medida es
conformar un parque público de vivienda protegida y que los adjudicatarios estén incluidos en un registro, o herramienta análoga, como instrumento de control y prevención del fraude. Este, por ejemplo, es un mandato de esta Cámara, es un mandato
del Congreso de los Diputados aprobado el 17 de mayo de este año como propuesta de resolución consecuencia del debate sobre el estado de la Nación.



El nuevo plan también supone un impulso decidido a las rehabilitación integral de edificios y de centros históricos. El plan prevé además mayores ayudas para las viviendas, especialmente para aquellas situadas en los centros históricos y en
los barrios degradados, y las que incorporen mejoras en la accesibilidad, en el ahorro de energía y en la seguridad estructural. La actuación de rehabilitación sobre los edificios de interés arquitectónico en nuestros pueblos y ciudades, tiene como
objetivo reforzar el equipamiento y la dotación de servicios a sus residentes, como medida para la revitalización efectiva de los tejidos residenciales urbanos. Por otro lado, la rehabilitación y la reutilización de zonas ya construidas


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facilitará la recuperación del entorno y se evitará el consumo excesivo de suelo en la acción para facilitar el acceso a la vivienda. Como figura de rehabilitación aislada se contemplan especialmente actuaciones dirigidas a mejorar la
accesibilidad para las personas con discapacidad y las personas mayores que necesitan adecuar su vivienda, además de los edificios y viviendas que mejoren su demanda energética consumiendo menos energía y aquellos que tengan problemas de seguridad
estructural y de filtraciones por la humedad.



También es un plan que se preocupa de la calidad, de la innovación y de la sostenibilidad. Se favorecen actuaciones dirigidas a la mejora de la calidad de las viviendas y que contribuyan a favorecer el grado de sostenibilidad de la
edificación residencial. Se trata de conseguir que los ciudadanos accedan a viviendas que además de adecuadas sean de calidad y contribuyan a hacer ciudades más sostenibles. El nuevo plan apoyará viviendas que recojan las innovaciones tecnológicas
en cuanto a materiales de construcción, eficiencia energética, tratamiento de residuos, nuevos diseños y procedimientos de construcción, y que a la vez faciliten el desarrollo integral y sostenible de las ciudades. Este es un plan que apostará por
un modelo de ciudad sostenible, con viviendas de calidad y accesibles. Nuestro compromiso con los ciudadanos no es hacer cualquier tipo de vivienda, sino hacer, como decía antes, señorías, una vivienda de calidad y sostenibles, y no solo hacerla,
sino también conseguir que las existentes, donde vivimos los ciudadanos y ciudadanas, tengan los parámetros de calidad, sostenibilidad y accesibilidad universal propios de nuestro tiempo. Por ello, se incrementan de forma decidida las ayudas a la
urbanización del suelo y a la adquisición de suelo para vivienda protegida, impulsando especialmente los patrimonios públicos de suelo. El objetivo es conseguir ciudades cohesionadas socialmente, competitivas económicamente y respetuosas
medioambientalmente.



Es un plan también que apuesta por la colaboración entre administraciones.
Como decía al principio, señorías, es un plan que desde su inicio se ha elaborado contando con la participación de los ciudadanos, de las administraciones públicas y
de todos los agentes del sector. Se ha escuchado a las comunidades autónomas y han sido tenidas muy en cuenta sus aportaciones, dando como resultado un mayor margen de las comunidades para adaptar determinadas circunstancias a las especiales
características de sus territorios, y se seguirá en esa línea de participación de las comunidades y de los demás agentes implicados tanto en el desarrollo del plan como en la evaluación y seguimiento del mismo, para lo cual el plan prevé la creación
de la comisión nacional del plan de vivienda y suelo, recuperada de muchos años de no existir, y asimismo se crearán comisiones bilaterales para el seguimiento y la negociación de acuerdos de ejecución del plan. Se creará una comisión multilateral
con todas las comunidades autónomas y se promoverá la creación de ventanillas únicas de vivienda para favorecer el acceso de los ciudadanos a la administración gestora de estas políticas. Es decir, el nuevo plan será seguido y evaluado por todos
los agentes que han participado en su diseño desde el inicio.
Señorías, estarán de acuerdo conmigo en que si hay un término que pueda definir la nueva política de vivienda y suelo es, sin ningún género de dudas, el de la concertación. Esta
concertación es la que ha permitido recoger más de 150 alegaciones presentadas al plan, es el plan de vivienda más consensuado de toda la reciente historia democrática española.



Por mencionar, señorías, otro eje estratégico de la acción del Gobierno en relación con la política de suelo, se ha establecido también por primera vez una actuación coordinada en el marco de las políticas del Gobierno, de las estrategias
del Gobierno; digo que por primera vez se ha establecido una actuación coordinada en la gestión patrimonial de los suelos de los distintos departamentos ministeriales. Las principales reformas estructurales puestas en marcha están centradas
fundamentalmente, en materia de suelo público del Estado, en tres pilares. Primero, movilización de los patrimonios públicos de suelo de acuerdo con nuestro compromiso electoral. Saben SS.SS. que los socialistas teníamos un compromiso:
establecer un acuerdo entre las tres administraciones, de forma que los suelos de propiedad pública que se desafecten de su uso preexistente, incluyendo los estatales -Renfe, Ministerio de Defensa, Ministerio de Hacienda, etcétera- se destinarán a
viviendas de protección oficial, a equipamiento social o de interés colectivo. Pues bien, en cumplimiento de ese compromiso electoral el Gobierno ha establecido por primera vez, como acabo de señalar, una línea de actuación coordinada en la gestión
patrimonial de los distintos departamentos, que ha consagrado ya la necesidad de orientar los suelos públicos de manera especial hacia la vivienda protegida. El artículo 8.2 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003 dispone
que en todo caso la gestión de los bienes patrimoniales deberá coadyuvar al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor, y en particular de la política de vivienda, en coordinación con las administraciones competentes. El
Ministerio de Vivienda estudia e identifica, en coordinación con otros departamentos ministeriales, los posibles suelos objeto de desafectación de los distintos departamentos y de los entes públicos de ellos dependientes, para establecer cuáles de
estos suelos son idóneos para el uso de vivienda protegida y la viabilidad de la actuación, colaborando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, como es por ejemplo el caso de la operación Campamento.



Dos grandes líneas de trabajo han sido puestas en marcha para conseguir este objetivo. La primera, implantar mecanismos efectivos de coordinación y de colaboración, como decía antes, con los departamentos ministeriales afectados y con otras
administraciones, que han permitido el impulso de acuerdos o convenios firmados por gobiernos anteriores, digo impulso porque estaban paralizados, que se encontraban por tanto en


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situación de paralización o bloqueo; el replanteamiento de otros acuerdos para orientarlos más claramente hacia el interés general y también la firma de nuevos acuerdos de movilización de importantes bolsas de suelo del Estado. La segunda
línea de trabajo se refiere al impulso de la gestión urbanizadora de Sepes, operador público dimensionado y experimentado en la actividad urbanizadora que tiene adscrito el Ministerio de Vivienda. La empresa pública de suelo estatal está
incrementando sensiblemente su actividad residencial para vivienda protegida, sin abandonar la empresarial, la económica, porque su objetivo es asegurar la disponibilidad del suelo efectivamente urbanizado necesario para atender en todo momento a
las demandas económicas y sociales. Los resultados obtenidos en este último año, presididos en todas las actuaciones por la voluntad de concertación y de colaboración, no pueden sino considerarse como favorables y nos permiten afirmar que en este
momento la Administración General del Estado tiene comprometidos más de 5,5 millones de metros cuadrados para actuaciones que permitirán construir más de 28.000 viviendas protegidas.



Desde un punto de vista cualitativo, todas las actuaciones merecen el calificativo de importantes, pero por acotaciones de tiempo me voy a referir a dos actuaciones que desde una perspectiva cuantitativa también merecen el calificativo de
especialmente relevantes y que están siendo posibles gracias a nuestra colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos correspondientes. Me refiero a la operación Campamento y a la operación del Fuerte de San Francisco.



La operación Campamento. Después de relanzar esta operación, acaso la más importante de esta legislatura, mediante un informe conjunto de Vivienda y de Defensa elevado al Consejo de Ministros, hemos firmado, primero el 25 de enero de 2005
con el alcalde de Madrid, un protocolo por el cual el ayuntamiento de la capital se compromete a impulsar con celeridad los trámites necesarios para la aprobación del nuevo plan parcial de reforma interior de su primera fase, con el objeto de que se
edifiquen 10.700 viviendas, de las que al menos 7.000 serán viviendas protegidas, es decir, más del 65 por ciento de esta primera fase de la operación Campamento.



En relación con la segunda operación, el Fuerte de San Francisco, que son 250.000 metros cuadrados en el núcleo urbano de Guadalajara, el Consejo de Ministros de 20 de septiembre de 2004 autorizó la enajenación a la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para la promoción de más de mil viviendas, 1.004 viviendas, todas ellas de protección pública. Ello ha permitido firmar por los Ministerios de Defensa y de Vivienda, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento
de Guadalajara el convenio relativo a este desarrollo urbanístico el 3 de noviembre de 2004 en Guadalajara.



No obstante, señorías, podría explicarles otras operaciones de suelo llevadas a cabo en toda España. Por ejemplo, Aspe, en la Comunidad Autónoma Valenciana; Manzanares, Valdepeñas y Guadalajara, como decía antes, en la Comunidad de
Castilla-La Mancha; Valdesparteras en la Comunidad Autónoma de Aragón; Burgos, en Castilla y León; Mieres, en el Principado de Asturias, y por mencionar una más, Son Busquets , en las Islas Baleares. Como ven SS.SS., prácticamente al día de hoy
en todas las comunidades autónomas se ha movilizado suelo público del Estado para las políticas de vivienda protegida. El Ministerio de Vivienda ha reconocido desde el primer momento la necesidad de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas y
ayuntamientos, pero es evidente que para alcanzar acuerdos hace falta que concurra la voluntad de todas y cada una de las partes para alcanzarlos y para llevarlos a la práctica con la mayor lealtad y celeridad. Quede además claro, señorías, que
concertación no puede significar dejación cuando hablamos de un patrimonio que por ser del Estado es de todos los españoles.



En segundo lugar el acuerdo por las políticas de suelo y las ciudades. Es el segundo pilar que quiero mencionar en relación con las políticas de suelo del Ministerio de Vivienda, y se refiere concretamente al acuerdo por las políticas de
suelo y las ciudades que el pasado 7 de abril se presentó a las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en una reunión con todas ellas. Se trata de un acuerdo básico propuesto antes de concluir el primer año de esta
legislatura de Gobierno y antes de cerrar los trabajos para la reforma de la legislación del suelo, porque estarán de acuerdo conmigo, señorías, en que lo primero es pactar las directrices políticas y lo segundo es adoptar las medidas precisas para
su cumplimiento, y no al revés.



No me voy a detener en la necesidad de este gran acuerdo, el acuerdo por las políticas de suelo y las ciudades, no solo porque es una demanda clamorosa de la ciudadanía y del sector, sino porque además todos los grupos parlamentarios del
Senado, en la moción aprobada el 16 de noviembre de 2004, se han referido a la necesidad de concertar las líneas maestras de las políticas de suelo en un acuerdo a nivel estatal. Pues bien, la propuesta de acuerdo que hemos planteado está elaborada
con espíritu abierto, realizada, como decía antes, al término del primer año de Gobierno, redactada buscando lo que nos une, no lo que nos separa, y planteada por la legitimidad que nos dan los resultados ya obtenidos en la movilización del suelo
del Estado, a los que me he referido anteriormente. Además es una propuesta de contenidos muy claros e incluye una metodología de seguimiento y evaluación anual de resultados, aspecto este al que nunca se había comprometido hasta ahora el Gobierno.



Las directrices comunes en las políticas de suelo y urbanismo incluidas en esta propuesta, de acuerdo con las políticas de suelo y ciudades, son: en primer lugar, un urbanismo sostenible que garantice la cohesión social y la calidad del
medio urbano y rural; en segundo lugar, la agilización de los procedimientos de transformación


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del suelo; en tercer lugar, los criterios de valoración del suelo basados en la realidad, no en expectativas, para evitar la inclusión de factores especulativos; en cuarto lugar, la movilización de los suelos patrimoniales de las
administraciones públicas al servicio del interés general; en quinto lugar, la implantación y transferencia de buenas prácticas; en sexto lugar, la creación de un sistema de información urbana como herramienta para la mejor gestión pública e
instrumento de transparencia del sector; y en último lugar, el seguimiento y evaluación periódicas de resultados a que me refería más atrás. Muchas son las pruebas de que el texto remitido, el acuerdo por las políticas de suelo y ciudades, se
redactó buscando el consenso más generalizado y que en ello seguimos empeñados, para lo que hemos ofrecido a las comunidades un plazo para que remitan las propuestas que consideren más convenientes para conseguir un texto que refleje los objetivos
perseguidos: dinamizar la gestión pública y privada del suelo, dotar de mayor transparencia al sector y combatir la especulación. Las propuestas de las comunidades autónomas nos han sido remitidas, están siendo analizadas para, en aras del
consenso y de la colaboración, asumir las que están inspiradas por ese mismo ánimo de consenso, buscando el acuerdo de todos, y no la afirmación de cada uno. Por el Gobierno no va a quedar, si se alcanza el consenso será un éxito de todos y, si no,
será un fracaso de quien los frustre.



En relación con el suelo, la tercera actuación se refiere a la reforma de la Ley sobre el régimen del suelo y valoraciones. Voy a mencionar que en el ministerio estamos trabajando en un borrador de reforma de la legislación del suelo que
esperamos poder presentar a las Cortes Generales antes de que concluya este año. Estos trabajos de reforma de suelo y valoraciones se están desarrollando sobre los siguientes ejes. En primer lugar, se trata de una reforma dirigida a garantizar
ante todo las condiciones básicas de igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, lo que no puede seguir identificándose sólo con el derecho de propiedad del suelo, sino que
requiere la conciliación con otros derechos constitucionales igualmente afectados por la actividad urbanística, como son la libertad de empresa y, sobre todo, el derecho a una vivienda digna y adecuada y el derecho al disfrute de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona.



Asimismo, es una reforma dirigida a cumplir el mandato constitucional de impedir la especulación con el suelo, para lo que, además de otras medidas básicas, propondremos un nuevo régimen de valoraciones del suelo que tase con justicia la
realidad, pero no las meras expectativas generadas exclusivamente por la acción de los poderes públicos. Es, en fin, una reforma abordada con ambición, pero también con la prudencia a que nos obliga saber que actualmente quince comunidades
autónomas ya se han dotado de una legislación completa en la materia, que incluye en algunos casos medidas e iniciativas de gran interés que el legislador estatal no puede instaurar. La reforma no puede imponer adaptaciones masivas de las
legislaciones autonómicas, que tendrían además una incidencia negativa en el mercado de vivienda, cuando el objetivo pretendido es el contrario, por lo que estamos trabajando en un texto legal que evite en lo posible utilizar y condicionar las
categorías estrictamente urbanísticas, lo que sin duda redundará en una más fácil articulación de las relaciones entre la ley estatal y las leyes autonómicas en la materia.



Para finalizar, señorías, aunque hay otros muchos ejes estratégicos de este ministerio, querría hacer referencia, como digo, a la Sociedad Pública de Alquiler, una entidad que está constituida y oportunamente registrada, con personalidad
jurídica propia desde hace tiempo. La primera línea de actuación de la Sociedad Pública de Alquiler se ha centrado en la coordinación con las comunidades autónomas, con todas y cada una de las comunidades autónomas, manteniendo reuniones de trabajo
con los respectivos consejeros y presidentes autonómicos y directores generales, al objeto de establecer las líneas generales de cooperación y colaboración. También se han entablado relaciones con el sector privado, con los profesionales de la
intermediación inmobiliaria, agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas, asociaciones que aglutinan a las grandes empresas del sector, estableciéndose grupos de trabajo ad hoc. También se ha iniciado la labor de captación de
pisos, de titularidad estatal en un principio, con el fin de establecer una red en todo el territorio nacional, de lo que en breves días tendrán SS.SS.
debida información.



Para finalizar, señorías, estamos convencidos de que el Ministerio de Vivienda, con la puesta en marcha de sus políticas activas, que están dando sus frutos, está ofreciendo resultados: más vivienda protegida para ciudadanos con menores
recursos, más vivienda protegida jóvenes, más vivienda en alquiler, más presupuesto, más consenso.



El señor PRESIDENTE: Señorías, tal y como acordamos en Junta de Portavoces, intervendrán en primer lugar los grupos que han solicitado la comparecencia, en concreto comenzará el debate por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
seguirá el Grupo Catalán (Convergència i Unió), y después, de menor a mayor, el resto de los grupos parlamentarios. También habrá dos turnos de intervención, es decir, habrá un primer turno en esta ronda que contestará la señora ministra, y habrá
un segundo turno de los portavoces que cerrará la señora ministra.



Señor Matos, tiene S.S. la palabra.



El señor MATOS MASCAREÑO: En primer lugar quería que constara en el 'Diario de Sesiones' la protesta del Grupo Popular por cómo se han distribuido las comparecencias en esta Comisión de Fomento, porque no eran muchas, se trataba de hacer
dos separadas, tal como se había hablado, y además aprovechando que la


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ministra de Fomento está en esta Comisión, ya que no es la ministra que más viene a las Cortes Generales, a las comisiones. Si no recuerdo mal, que la última vez que estuvo fue a finales del año 2004, no sé si en el año 2005 ha venido la
ministra, pero creo que comparecieron su secretario general y su director general.



En segundo lugar, y por ello mismo, le agradecezco que haya venido a exponernos el contenido y las líneas generales del plan de vivienda 2005-2008. Le quiero decir que la información que nos ha proporcionado sobre el borrador del plan la
hemos venido esperando con muchísima expectación, y digo expectación por dos motivos. El primero, porque llevamos esperando este plan muchos meses, usted manifestó en junio del año pasado, en el 2004, en esta Comisión, que su ministerio estaba
elaborando un nuevo plan de vivienda que entraría en vigor a principios del 2005. Antes de finalizar el año indicó que el nuevo plan entraría en vigor en el 2006, y en abril de este año no le quedó más remedio que prorrogar el actual plan vigente
2002-2005. No nos ha extrañado que haya tardado tanto en presentar el plan, porque en este año se ha puesto en evidencia que ustedes accedieron al Gobierno sin saber qué hacer en materia de vivienda, y solo le voy a hacer referencia a que han sido
numerosísimas, y no se las voy a detallar porque ya lo hemos visto en las sesiones de control del Gobierno, las contradicciones en las que ha estado cayendo el Gobierno durante este año, desde las deducciones fiscales hasta los minipisos, pasando
por el famoso Plan de Choque, en el cual ustedes nunca creyeron. Fíjense, tan poco creían en él que ni siquiera pusieron en marcha nueve de las once medidas que ustedes plantearon en julio del año pasado, solo llevaron a cabo dos de ellas, y se lo
he recordado constantemente: las ayudas a los inquilinos y a los propietarios que ceden en arrendamiento y quitar o suprimir los recursos de inconstitucionalidad de las leyes del suelo de Castilla-La Mancha y de Extremadura. Y como no creían en
él, el resultado del plan ha sido un auténtico fracaso que ya es conocido, y se lo vuelvo a preguntar porque usted ha hecho una especie de balance primero de sus actuaciones y ha hablado, sigue hablando de que para el ministerio la vivienda es una
política de Estado, de porcentajes, de ampliación de objetivos. Me gustaría, aprovechando que usted está aquí y no sé cuándo va a volver, que me responda a las preguntas que no me ha respondido en las sesiones de control con respecto a ese balance
que usted ha hecho. ¿Es cierto o no que en esta Comisión usted manifestó que se iban a hacer en el 2004, de las 180.000 viviendas, 90.000 viviendas protegidas nuevas? ¿Es cierto, porque lo cuelgan en su página web, que en el año 2004 se iniciaron
en España menos viviendas protegidas que en el año 2003? Y si me dice que no es cierto, quítelo de las notas de prensa que figuran en su página web, porque he sacado este dato de allí, y por lo tanto sabe la ministra que es cierto. ¿Es cierto que
a 31 de marzo, porque el ministerio no nos ha dado los datos a 31 de diciembre, de las 16.000 ayudas prometidas a los inquilinos solo se concedieron 3.217? Y si es cierto que las 15.000 ayudas a propietarios, a 31 de marzo solo se habían dado 277
ayudas.



El balance positivo que ha hecho usted de este año de gestión no correspondía, ha sobrado; lo que le correspondía hoy era presentar el plan de vivienda, porque los resultados ya los conocen los ciudadanos y hacen la valoración, tal como
recoge el CIS en sus encuestas. El precio de la vivienda ha subido lo mismo que el año anterior. Usted cambió los criterios y con esos criterios le daba 2 puntos menos, pero sus directores generales dijeron que si esos mismos criterios se hubieran
aplicado en el 2003 hubiera dado también 2 puntos menos. Por lo tanto, el precio de la vivienda subió. Por lo tanto, los resultados, de verdad, señora ministra, hubieran sobrado.



El segundo motivo por el cual esperábamos este plan con muchísima expectación se deriva de las críticas constantes que usted venía haciendo a nuestra política de vivienda, plasmada en el Plan vigente 2002-2005, durante todo este último año.
Le voy a recordar algunas de sus manifestaciones sobre nuestra política de vivienda y sobre el vigente plan de vivienda. Nos decía: No han hecho nada en ocho años. Tienen ustedes una insensibilidad desmesurada hacia la vivienda protegida.

Resulta que en el 2003 hicimos más viviendas protegidas que en el 2004.
Carecen de política de vivienda, sus propuestas son frágiles, poco creíbles, oportunistas e inconsistentes, esto lo dijo usted el 27 de mayo del 2004 en esta Comisión. En una
pregunta oral ustedes nos decían que para usted, es decir, para mí, para su partido y para su grupo, la vivienda ha sido una mercancía. En otra sesión de control, el 20 de abril del 2005, nos decía: Ustedes se han dedicado más a perjudicar a los
ciudadanos y a los jóvenes que no pueden acceder a una vivienda, que a proteger a los mismos, y se han dedicado a los intereses particulares y no a los generales. Nos dijo también en una interpelación, también en esa fecha, que habíamos perjudicado
a los ciudadanos impidiéndoles acceder a una vivienda. Es decir, nuestra política de vivienda, nuestro plan de vivienda para usted no era nada, evidenciaba insensibilidad desmesurada hacia la vivienda protegida, contenía propuestas frágiles, poco
creíbles y oportunistas e inconsistentes, y tenía como fin nuestra política de vivienda y el vigente plan de vivienda perjudicar a los ciudadanos, en particular a los jóvenes, y estaba dirigido más a los intereses particulares que los generales.



Con este diagnóstico que usted había hecho de nuestro plan de vivienda, de nuestra política de vivienda, nos esperábamos un plan completamente distinto al que usted ha presentado, completamente distinto al anterior, al vigente Plan del 2005.
Nos esperábamos un plan casi revolucionario, inspirado a lo mejor en el Chile de Allende que usted citó en su primera comparecencia en esta Cámara. Cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos comprobado que el nuevo plan tiene prácticamente


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la misma estructura que el plan anterior, que el plan que usted ha venido criticando durante un año; pero, eso sí, con menos ayudas, es menos flexible e invade competencias de las comunidades autónomas. Tiene, señora ministra, las mismas
actuaciones protegibles: la promoción de viviendas de nueva construcción para venta, arrendamiento y uso propio; la promoción de viviendas protegidas calificada de promoción pública; la adquisición de viviendas existentes; la rehabilitación de
áreas urbanas degradadas y la urbanización de suelos. Exactamente estas actuaciones protegidas son las mismas que las del plan vigente. Tiene dos diferencias: las ayudas al alquiler introducidas en el Decreto 1721, la posibilidad excepcional de
destinar ayudas a la compra de suelo junto con las ayudas a la urbanización y la ventanilla única. Las diferencias son esas. Es más, tiene el mismo tipo de ayudas: los préstamos cualificados, que usted le ha cambiado el nombre y ahora los llama
préstamos convenidos; las subvenciones a la promoción de las viviendas protegidas, tanto en venta como en alquiler; las ayudas estatales directas a la entrada, establecidas en el plan anterior las mantiene usted también.
Tiene también la
subsidiación de las cuotas de amortización. El plan incluso contempla las mismas tipologías, contempla la vivienda protegida en régimen especial y la vivienda protegida de precio general. Solo introduce la tipología nueva la tipología de vivienda
concertada, que fue aprobada por esta Comisión de Fomento a instancias de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, señora ministra, su plan es prácticamente el vigente aprobado por el Partido Popular, pero recortando
las ayudas en la mayoría de los programas, haciéndolo menos flexible e invadiendo competencias de las comunidades autónomas. En resumen, como ya ha oído alguna vez, su plan tiene propuestas buenas y propuestas originales, pero lamento decirle que
las buenas no coinciden con las originales, es decir, las propuestas buenas no son suyas y las propuestas que son suyas no son buenas. Se lo voy a explicar.



En relación a las ayudas, tanto al promotor como a los adquirentes, me refiero a las subvenciones, subsidiaciones y ayudas estatales a la entrada, usted cambia el sistema actual del plan, basado en porcentajes de esas ayudas sobre los
precios de venta o de alquiler. Usted los cambia estableciendo unos importes fijos que no alcanzan en muchos de los casos los niveles de ayudas del actual plan. Le voy a citar algunos ejemplos calculados para la comunidad de Madrid. Ayudas al
promotor en régimen de alquiler: con préstamo a diez años, el plan nuevo, 11.000 euros por vivienda; en el plan vigente, 13.252 euros; con préstamos a veinticinco años, el plan nuevo, 15.000 euros por vivienda, en el plan vigente, 17.000 euros
por vivienda. Por lo tanto menos ayudas. Ayudas al adquirente, le voy a poner el ejemplo de viviendas para familias de menos de 2,5 veces el Iprem, con 90 metros cuadrados, garaje y trastero, que es el modelo que más se construye. Ayudas al
adquirente, en el plan nuevo, 11.000 euros, me refiero con los precios de la Comunidad de Madrid; en el plan vigente, en el del Partido Popular, 16.185 euros, que corresponden al 10 por ciento que establece el plan. Y usted dirá: Esos cálculos
los ha hecho usted, el Partido Popular, la oposición, y no nos sirven.



El señor PRESIDENTE: Señor Matos, le ruego a S.S. que vaya terminando.



El señor MATOS MASCAREÑO: Señor presidente, le voy a pedir generosidad por justicia, no por una...



El señor PRESIDENTE: Le voy a dar generosidad, pero le digo a S.S. que ha excedido ya en cinco minutos el tiempo que le otorga el Reglamento.



El señor MATOS MASCAREÑO: De acuerdo, señor presidente. Esto no solo lo decimos nosotros, señora ministra, le voy a leer una noticia que salió en los medios de comunicación de una declaración de la Asociación de Promotores Públicos de
Vivienda y Suelo, de la AVS, no me refiero a empresarios particulares, son los promotores públicos, las empresas públicas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos de toda España. Denunciaron que el proyecto deja fuera importantes tramos
de población con ingresos menores, recordando que el 70 por ciento de los que están en esos tramos son jóvenes. Además, subrayan que las cantidades que el Ejecutivo central destina como ayuda a la compra de vivienda han quedado establecidas como
fijas, por lo que se ignoran posibles subidas de los tipos de interés. Esto no lo dice el Partido Popular, sino la Asociación Nacional de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, que debe ser una de las que usted ha concertado.



En relación con las ayudas a los arrendatarios, seguimos sin entender por qué usted mantiene dos años la protección a los inquilinos, porque si persiste esa situación económica a los dos años de usted darle la ayuda y haber contratado, ¿qué
va a hacer ese inquilino?, ¿se va a la calle porque no puede pagar esa vivienda? Le proponemos que copie el modelo que lleva a cabo Galicia y lo extienda mientras dure la situación económica o al menos cinco años.



Respecto a la política del alquiler y de la Sociedad Pública de Alquiler le voy a decir dos cosas. Primero, ¿qué valor da usted a las resoluciones de las Cortes Generales y a la posición de diez de las diecisiete comunidades autónomas, que
le han pedido la paralización? Segundo, vuélvanos a explicar, si puede, qué sentido tiene crear una agencia pública de alquiler para realizar las mismas funciones que realizan las agencias y organismos de carácter autonómico.



Señora ministra, antes le dije que su plan era menos flexible. En la época de Felipe González, que sacó el primer decreto en materia de vivienda, en ese momento todas las comunidades autónomas se adaptaron al decreto y al Plan Nacional de
Vivienda. Desde entonces, cada comunidad autónoma ha ido estableciendo sus propios programas de vivienda, con lo cual cada plan


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que ha sacado el Gobierno, socialista y del Partido Popular, durante los últimos veinte años, ha sido más flexible que el anterior. Por eso le voy a pedir en esta Comisión, pues ya se lo han planteado en las comunidades autónomas, que el
plan, aunque intente financiar, por lo menos no impida realizar los programas que han tenido éxito en todas las comunidades autónomas, como son los programas de arrendamiento con opción de compra, porque el plan, tal como está redactado, lo impide.



Le dije que invadía competencias de la comunidad autónoma, y también le voy a explicar por qué. Los artículos 58 y siguientes del borrador del decreto recogen un complejo y confuso proceso de delimitación de las áreas de rehabilitación
integral con la estatal, autonómica y local, que vulnera competencias de las comunidades autónomas. Yo le voy a pedir aquí que respete la posibilidad de delimitación y aprobación de las comunidades autónomas. En segundo lugar, el borrador del plan
debe conceder el mismo protagonismo dentro del plan de vivienda a las empresas públicas de las comunidades autónomas que a la empresa estatal Sepes. En tercer lugar, señora ministra, usted sabe que en materia de vivienda tiene pocas competencias
sobre las que legislar, y lo que hace el plan es vincular que usted da ayudas a viviendas siempre que cumplan dos requisitos con respecto a la extensión de la calificación protegida a toda la vida útil de la vivienda y a la creación del registro de
demandantes. Es decir, si cumplen un algo que yo pido y sobre lo que no puedo legislar, le doy financiación y, si no, no. Esto se parece bastante a un chantaje, un chantaje político a las comunidades autónomas, y estoy convencido de que si se
mantiene así el decreto podría ser incluso impugnado ante el Tribunal Constitucional.



Señora ministra, la mayoría de las comunidades autónomas tienen su calificación como mínimo hasta los treinta años, pudiendo descalificarse antes y devolviendo todas las ayudas a partir de los quince. En esto debe llegar usted a acuerdos
con las comunidades autónomas, invadir las competencias de esa manera no lo justifica cuando usted habla de especulación. ¿De verdad considera la ministra que un matrimonio que compre una vivienda a 30, 35 ó 40 años, y la venda después de 30 años,
o la vendan sus hijos en el mercado libre, porque hayan fallecido, especula con una vivienda protegida? Nosotros creemos que no y, de verdad, le pedimos que usted llegue a acuerdos con las comunidades autónomas.



Sabemos que puede existir fraude en el sector de la vivienda protegida y usted plantea el registro de demandantes, que podría ser un instrumento más en la lucha contra el fraude, pero no es el único, y es además uno de los instrumentos más
complejos. ¿Cuántas personas se pueden inscribir en un registro de demandantes de vivienda en una ciudad como Madrid? ¿A quién se le vende, al primero de la lista; y si no le viene bien la zona, al segundo; y así hasta cuándo? De verdad, es un
proceso muy complejo.
¿No considera conveniente incrementar las dotaciones a la inspección del fraude en materia de vivienda protegida o posibilitar la utilización de medidas e instrumentos mucho más poderosos, como es el derecho de tanteo y
retracto? ¿De verdad no considera más conveniente llegar a acuerdos con las comunidades autónomas en relación con la utilización de unos u otros instrumentos?


El señor PRESIDENTE: Señor Matos, ya tiene que terminar su señoría. La generosidad de la Presidencia ha llegado al cien por cien ya.



El señor MATOS MASCAREÑO: Déjeme llegar al 102 por ciento en un momentito.



Señora ministra, usted se ha definido cuando habla de lo que es su proceso de concertación cuando dice: He planteado un plan y si no lo aceptan, si se frustra, es responsabilidad del que no está de acuerdo. Eso es lo que usted ha dicho hoy
aquí, eso es un manera de consensuar que es muy propia de usted nada más, de ningún ciudadano más. Eso no se le ocurre decirlo a nadie en España, cuando está hablando de consenso, a nadie. Por lo tanto, modere usted cuando hace esas afirmaciones,
porque ese es el consenso al que usted va a llegar.



Le voy a hablar después de las políticas de suelo y de los suelos que usted ha dicho que ha desbloqueado, los 5.000.000 de metros cuadrados, aunque ya se lo dije en la última comparecencia en el Pleno.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Maldonado.



El señor MALDONADO I GILI: Quiero empezar, cómo no, señora ministra, como corresponde, agradeciéndole su comparecencia. Creo que es bueno comparecer en esta casa, cuantas más veces, mejor, y sobre todo en temas como el que usted hoy ha
venido a exponer, la vivienda y el suelo.



Yo diría que el mío será un discurso intermedio, procuraré en diez minutos, que es el tiempo reglamentario, plantear un poco todo nuestro pensamiento sobre su exposición. Realmente diez minutos para un tema tan importante como es este para
una sociedad es muy poco, pero vamos a ver por dónde lo enfocamos. Decía que sería un discurso intermedio. No será tan celestial como el suyo, porque realmente a usted le corresponde exponer lo sublime, no viene usted aquí para exponer aspectos
negativos, todo lo contrario, sino para definir su programa, defenderlo y ensalzarlo. La verdad sea dicha, después de la polvareda que levantaron sus declaraciones sobre los mini microhuecos de treinta metros, hoy debería hacer un discurso
compensatorio que fuera más en positivo, dada la preocupación y angustia que generaron en parte de la sociedad española sus declaraciones sobre aquellos pisos que yo defino mini microhuecos.
Tampoco será tan tremebusdista como el de mi antecesor,
porque también a la oposición corresponde destacar lo


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negativo. El nuestro es un papel que no es ni de partido del Gobierno ni de partido de la oposición, Convergència i Unió es y ha sido siempre un grupo que está aquí para aportar el seny, el sentido común; por tanto aplaudiremos los
aspectos que nos han gustado, criticaremos con corrección y democráticamente aquello que no nos ha gustado y le propondremos aquellos aspectos que a nosotros nos gustarían, para que usted tome nota y haga lo que crea oportuno.



¿Cómo definiría yo su discurso? Un discurso excelente, bien leído, extenso, optimista, lógicamente con aspectos positivos y que hacen o hacían falta, esto desde el punto de vista positivo. Desde el punto de vista negativo, cogiéndolo por
el otro lado, nos ha parecido difuso y poco concreto. Señora ministra, cuando se comparece en el Congreso hay que hacer dos cosas: explicar líneas de actuación, trazar un camino y después concretar cómo se andará. Usted hoy ha hecho medias
tintas, ha trazado el camino y no nos ha dicho cómo lo vaya a llevar a cabo, ha concretado poco. El papel todo lo aguanta, y por tanto nos hubiera gustado una concreción más amplia de un tema tan importante como es un plan para la habitabilidad.
¿Qué es lo que nos ha gustado? Nos ha gustado lógicamente la voluntad del más; usted ha dicho más presupuesto, más aportación económica, más vivienda en último término. Este es un aspecto que hemos de valorar, al venir a decirnos que en esta
línea progresista de su Gobierno la vivienda forma parte de los objetivos de presente y de futuro. Desde el punto de vista puntual nos ha parecido bien que usted hable de viviendas de calidad, porque no siempre en este país las viviendas protegidas
han ido de la mano de la calidad, en este caso de la calidad de vida. Por tanto, cuando usted dice más viviendas, más presupuestos y viviendas de calidad, nos parece que este tercer aspecto también era importante oírlo de sus palabras, porque la
vivienda protegida va dirigida a sectores sociales cuyo nivel de calidad de vida no es fácil o no está a la altura de otros ciudadanos que podamos tener.
Déjeme que haga una mención también favorable. Le agradezco que haya mencionado que se tendrá
muy en cuenta a las personas con disminución física y a las personas mayores, muchas de ellas con dificultades de movilidad. Esta también es una señal de respeto social y de progreso, por qué no, un país que respeta a sus capas sociales con
dificultades físicas, psíquicas, del tipo que sean, es un país que quiere ser justo.
Por tanto, le damos el aplauso y valoramos esta aportación en su discurso de viviendas de calidad, calidad también con respeto a las capas con disminución de
cualquier tipo.



Déjeme que vaya al aspecto negativo, para que sea un discurso centrado. He dicho que no sería ni tan positivo como el suyo ni tan negativo como el de la oposición. ¿Qué es lo que nos ha preocupado a Convergència i Unió? De salida, que
usted no nos vaya a hacer una loapilla de la vivienda, porque de loapas ya vivimos en su época; y si volvemos por nuestros fueros, una loapilla de la vivienda sería tremendo. Hombre, sorprende que el Grupo Popular haya hecho esta defensa tan
potente de las comunidades autónomas. ¡Vivir para ver!, ¡El Grupo Popular defensor de las autonomías! Bueno, más vale tarde que nunca. Como partido nacionalista, de todo corazón le quiero decir, señora ministra, cuidado, cuidado; cuidadín,
cuidadín, que se dice; cuidado con las actuaciones en vivienda desde el punto de vista de invasión de competencias. Usted sabe que hay comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en muchos aspectos. Por tanto, me preocupa mucho lo de
la ventanilla única. Usted ha dicho que se ha hecho una política de consenso y de coordinación con las comunidades autónomas. Hombre, lo dudo; me gustaría que me dijera en su respuesta si, por ejemplo, el Gobierno de Cataluña ha estado informado
de esta ventanilla única. Yo creo que el tripartito no debe estar informado, porque si lo está y no ha dicho nada me quedaría preocupado; es más, tengo dudas de que eso en Cataluña se sepa. Le ruego que usted tenga muy presente que este ha de ser
un plan respetuoso con la sociedad, pero también con las instituciones, y en esta España plural las comunidades autónomas tienen un papel importante. No sé qué significa esta comisión del Plan de vivienda en la cual las comunidades se incorporarán,
habla de otra comisión conjunta... Yo le decía antes que era difuso y poco concreto; me gustaría que ampliara, que fuera más concreta, sobre cuál es el papel que jugará el Gobierno central en las autonomías en este aspecto, donde tienen que ser
preponderantes las autonomías y no el Gobierno central.



Se ha hablado durante la mañana de la famosa operación Campamento, que aplaudimos, pero hubo un miembro del Gobierno que dijo: Se hará primero en Madrid porque es donde más falta hacía. Hombre, me gustaría que este miembro del Gobierno
fuera a Cataluña y le dijera esto a los jóvenes de Cataluña que hoy no tienen acceso a la vivienda. Sin duda, necesidades en Madrid hay, pero en Cataluña también. Mi pregunta es por qué no se ha hecho un programa, una operación conjunta en todo el
Estado, en vez de decir que hacía más falta en Madrid, como ha dicho un miembro del Gobierno compañero suyo. Solo hay que ir a barrios catalanes donde los jóvenes tienen graves dificultades; aquí hay compañeros y compañeras de diferentes partidos
que son catalanes y saben que la dificultad del acceso a la vivienda en Cataluña también es importante. Usted sabe que en países donde hay un cierto nivel de vida es más difícil para aquellas capas sociales que no llegan a ese nivel acceder a la
vivienda. Nuestra preocupación se debe a que la operación Campamento haya sido primero en Madrid, basada en que hacía más falta en Madrid que en otros sitios; no estamos de acuerdo y queremos que quede constancia de que es una actuación que nos
parece poco solidaria y poco respetuosa. Tampoco nos gustaría que la próxima operación Campamento, o como la llamen, en Cataluña no tuviera el nivel y el porcentaje de vivienda protegida más alto posible, en beneficio de la vivienda privada, en
este caso a la


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especulación inmobiliaria que puede ir detrás de una operación de este tipo. Lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular, (yo lo tenía apuntado antes, no es que me suba al tren de la crítica por haberlo oído, señora ministra): consenso,
éxito de todos; fracaso, culpa de quien lo frustre.
Viene a decir: ¡ay de aquel que frustre! A mí tampoco me ha gustado, no creo que una ministra tenga que venir aquí, en un Estado democrático, a decir: Quien frustre, culpable; si hay consenso,
cantaremos Cumbayá. Esto no es un debate parlamentario que debamos tener aquí, porque del consenso nuestro grupo es partidario, lo hemos sido siempre, le daremos todo el apoyo. Si alguien lo frustra y lo frustra, como decimos en catalán por
mancanças, por déficits, no es culpa de nadie, quizá del que provoca los déficits. Por tanto, si no hay consenso no será culpa de la oposición ni del Gobierno; quizá sea repartida o quizá sea más de aquí, más de allí.
Los consensos son actos de
generosidad. El no consenso será un fracaso de todos, no de aquel que lo frustre. Por esto quiero entender que sus palabras, señora ministra, no eran el tono y la forma que usted quería emplear. Quisiera entender que habrá querido decir mejor
consenso, pero aquello de fracaso y culpa de quien lo frustre no es un tono democrático y tampoco lo compartimos desde Convergència i Unió. Nos parece bien que el Gobierno quiera dar este plan de apoyo, a la juventud, a la gente con necesidades de
ocupación de vivienda. Hablaremos en el segundo turno de la reducción de impuestos que gravan el acceso a la vivienda, porque no sé cómo voy de tiempo y el presidente me puede llamar al orden. Dejo para el segundo turno el tema de la reducción de
los impuestos que gravan el acceso a la vivienda.



El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora intervenir a los distintos grupos parlamentarios que no han solicitado la comparecencia. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, señor Beloki, ya que no veo a nadie del Grupo
Mixto, ni del Grupo Canario, ni del Grupo de Izquierda Unida.



El señor BELOKI GUERRA: Me sumo también a darle la bienvenida a la ministra a la Comisión.



Me gustaría que usted me informara prácticamente de un solo punto.
Quisiera focalizar la atención en un aspecto, en el que usted también ha insistido, concertación básicamente. Me preocupa no porque no nos interesen las distintas medidas
que usted ha propuesto en su política de vivienda, etcétera, donde básicamente está todo inventado. Tampoco uno puede esperar grandes novedades ni de una ministra socialista ni de un ministro del Grupo Popular, porque entre otras cosas estamos ante
actitudes, actividades y propuestas que en el Estado se venían desarrollando en distintos ámbitos desde hace muchos años. Es difícil llegar a un terreno e inventar una cosa absolutamente única que otros no estén experimentando. Desde ese punto de
vista se puede discutir de cada una de las medidas, pero mucho más importante es saber cómo se van a ejecutar esta vez. Mi grupo, como usted sabe, saludó positivamente el hecho de que este Gobierno decidiera crear un ministerio; eso constituía un
hecho político de interés, que algo debía querer decir, que debía querer decir algo diferente de la situación anterior, en la que no había ministerio, porque crear un ministerio para seguir haciendo más o menos lo mismo sería poco comprensible.



Desde nuestra primera intervención mostramos una cierta preocupación por sus expresiones, que las he visto repetidas hoy por cierto. En sus primeras palabras ha dicho: Ahora hay una política de Estado que no había antes por lo mismo. Esto
quiere decir que las comunidades autónomas en sus políticas de vivienda no estaban haciendo una política de Estado; no sé cómo es, pero no era una política de Estado. Es una política a la que se suma el Gobierno central, que me parece muy bien,
con una actuación más fuerte; pero entiendo que no corresponde exactamente esa definición de política de Estado ahora y no antes cuando se entra en un campo en el que el Estado ha decidido descentralizarse, y ya se estaba actuando a nivel de Estado
de una determinada forma y podían sumarse más. Usted ha insistido en esa dirección, cuando usted decía que había políticas de no intervención y de liberalización anteriormente, por ejemplo en Euskadi no, por hablar de lo que yo conozco; había
políticas de intervención y de no liberalización. Luego, lo que estaba pasando antes de que usted llegara al ministerio no es eso exactamente. Otra cosa es que usted quiera comparar el Gobierno del Partido Popular con el Gobierno del PSOE; ahí ni
voy a entrar, ni tengo por qué defender lo anterior, ni por qué despotricar de lo presente, ni al revés; me parece que es un dato que sí es comparable. La política de la vivienda, como he dicho en más de una ocasión, no debiéramos someterla en
exceso a esta pugna partidaria de vuelo corto, que puede ser entre lo que el actual Gobierno del Partido Socialista pueda hacer, que yo saludo positivamente, o lo que pudo hacer o dejar de hacer el anterior Gobierno del Partido Popular, entre otras
cosas porque el alcance del problema es mucho mayor que el que todos a veces damos a entender. Usted sabe que algunas revistas prestigiosas, como The Economist, han arrancado en recientes fechas informes sobre este tema diciendo que nunca jamás los
precios de las casas habían crecido tan rápido, durante tanto tiempo y en tantos países, y entre esos países sabe usted que estamos citados, y no precisamente entre los que estuviéramos en mejor situación. En cualquier caso, estamos ante un
problema que el propio The Economist lo venía a equiparar con lo que pasó con las burbujas digitales, y que podía explotar. Luego estamos ante un problema en el que, entiendo yo, cuanta menos política de vuelo corto mejor. ¿Cómo se hace frente a
eso? Mediante la concertación. Usted ha dicho que efectivamente se trata de un plan de vivienda concertado, Ha citado (así lo he cogido) 59 asociaciones, pero cuando se ha puesto a nombrar colectivos ha pasado de los 59; me parece muy bien que
usted haya consultado con


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todos. Ahora, ¿qué significa concertación?, ¿Qué usted haya hablado con sesenta asociaciones? En el Estado no hay sesenta, hay miles, miles y miles. Usted ha hablado con sesenta y yo la alabo, ¿pero eso es concertación?


Voy concluyendo. Me gustaría saber en Euskadi, por poner un caso práctico, cómo se va a desarrollar su política de vivienda, digamelo con detalles a poder ser para entender la concertación, sea cual haya sido, de la que usted ha hablado.
¿Cómo se va a desarrollar la política de vivienda donde estaba habiendo una política, donde va a seguir habiendo una política de vivienda de la comunidad autónoma, y no es mi partido el que lo lleva. No estoy hablándole por interés, no. ¿Cómo se
va a desarrollar? Nuestro grupo tuvo una iniciativa intentando impulsar esa concertación en un campo. Usted ha insistido también en que los suelos públicos que el Estado, por los motivos que sea, entienda que no son en este momento de utilidad
para aquello para lo que en su día fueron destinados y puedan dedicarse a la vivienda de protección oficial. Usted sabe que, por ejemplo, en San Sebastián su partido, el mío y todos habían decidido un día que había dos ámbitos posibles, la cárcel
de Martutene y los cuarteles de Loyola. Usted sabe que incluso vino el alcalde ante el señor Bono en una relación que a mí no me parece bien. ¿Cuál era nuestra propuesta? Como ustedes tienen un sistema de coordinación interna, que usted hablara
con Bono y nos diera una respuesta desde la política de vivienda, o sea que efectivamente exista una concertación real y que no se nos responda, por ejemplo en este caso desde el ministerio del señor Bono, diciendo que en Euskadi esto es imposible,
pero no por motivos reales, que son los de que esos cuarteles estén absolutamente activos y necesitados, no, no, sino por otros motivos. Regular, normalizar la situación debe significar establecer sistemas de concertación en ese campo por ejemplo,
pero no solo en ese campo. Yo le pregunto si usted va a hacer viviendas de protección oficial en Euskadi o si tiene ya establecido algún mecanismo de concertación con el Gobierno vasco para saber cómo allá van a seguir desarrollándose las
viviendas, y en cada uno de los temas. ¿cómo va a funcionar la Agencia Pública de Alquiler en Euskadi? Me gustaría saberlo, para darle contenido a esa palabra concertación, a la que nos apuntamos todos, pero es un tema terriblemente difícil,
también se lo reconozco, no es fácil; lo que sí hace falta es establecer mecanismos de concertación. Yo no sé si va a haber o no un acuerdo entre su ministerio y el Gobierno vasco, y estoy centrando el tema en Euskadi como un ejemplo practico,
porque quizá entenderíamos todos más sabiendo cuáles van a ser en concreto sus actuaciones y de qué forma se van a desarrollar cada una de sus actuaciones en los distintos campos de una comunidad autónoma; así quizá todos entenderíamos. Yo le
aseguro que lo que intento es entender, porque no quiero prejuzgar ni en una ni en otra dirección, pero sobre todo quiero entender porque este es un tema absolutamente clave para el éxito de una política en la que todos nos jugamos mucho. Usted
seguro que está de acuerdo conmigo en que esto así, de un día para otro, no se soluciona, con habilidades individuales no se soluciona; solo la concertación real ordenada de la gente y el compromiso de todo en una dirección básicamente concertada
es lo que hará que nos podamos salvar de ese enorme problema, que no es solo nuestro, pero que en nuestro caso es ciertamente enorme. De forma que yo le agradecería, si es posible, que me explicara de forma que pudiera entenderlo un caso práctico,
y quizá pudiera ser de interés para el resto de los grupos. Así se podría decir: Ahora sabemos cómo el ministerio entiende lo de la concertación en un caso práctico con una determinada comunidad autónoma, salvo que (espero que no), la comunidad
autónoma de Euskadi sea un caso absolutamente particular, y en tal caso dígamelo, para la próxima vez no preguntárselo.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Contreras.



El señor CONTRERAS PÉREZ: En primer lugar, desde el Grupo Socialista queremos agradecer la presencia de la ministra, su tercera comparecencia en esta Comisión de Fomento y Vivienda, que, aunque se ha dicho que es poco y siempre a la
Comisión le gusta la comparecencia de una ministra, hay que reconocer, y sería bueno que todos lo reconociésemos que en un año la ministra ha comparecido tres veces, así como el director general y el secretario general del ministerio, mientras que
en cuatro años, que yo recuerde, de la anterior legislatura 2000-2004, ni una sola vez hubo una comparecencia ni del ministro, por supuesto, ni de ningún otro alto cargo del Ministerio de Fomento para hablar de la vivienda, aunque se hablaba
bastante de ella en los medios de comunicación. Hoy, sin embargo, el Grupo Popular prefiere hablar aquí, en la Comisión, de lo que se decía o de lo que se dice en los periódicos, en vez de en el 'Diario de Sesiones'. El debate está hecho en el
Parlamento, y para eso están los 'Diarios de Sesiones', por lo que sería conveniente leerlos. El señor Matos habla de contradicciones de la ministra en el tema de la política, cuando ha expuesto la política de vivienda. Si se leen los 'Diarios de
Sesiones' del 27 de mayo de 2004, que fue la primera comparecencia de la ministra, y del 6 de octubre de 2004, no aparecen esas contradicciones por ningún lado. Es más, se ha dicho que cuando el Gobierno socialista empieza su mandato no había una
política clara de vivienda, no se sabía qué es lo que se tenía que hacer, y por eso supuestamente se ha retrasado tanto este decreto, pero no es así. La ministra, cuando habló de ese de plan de vivienda o de esas líneas estratégicas a seguir para
ese plan 2005-2008, habló de las 180.000 actuaciones de vivienda, que también me gustaría dejar claro, y otras habló de actuaciones, de soluciones habitacionales. Qué casualidad que ustedes le achacan permanentemente a la ministra decir lo de
soluciones habitacionales, cuando ese término lo


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acuñó precisamente el Partido Popular; a ver si dejamos estos debates de menor enjundia para otros temas de menos calado social que este.



El Real Decreto 1042/2003, de 1 de agosto, por tanto un real decreto del Ministerio de Fomento con un Gobierno del Partido Popular, dice: en los que precisamente resulta más apremiante la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales a
aquellas personas y familias con niveles de ingresos medios y bajos. Sería conveniente dejar este tipo de debates. Al hablar de contradicciones el Grupo Popular nos menciona los minipisos. Si ni en el decreto del Gobierno del Partido Popular ni
en la reforma que hizo el Gobierno Socialista con el Decreto 1721, ni en la propuesta, ni en el borrador que hay ahora del próximo real decreto se establece ningún mínimo de vivienda; quienes establecen los mínimos de vivienda son las comunidades
autónomas: islas Baleares 26 metros cuadrados, Comunidad Valenciana 24 metros cuadrados, Galicia 25 metros cuadrados más cuarto de baño... No digan cosas que no son y no confundan el debate en un tema que tanto interés tiene para los ciudadanos,
porque con esos botes de humo que ustedes permanentemente lanzan lo único que pretenden, aunque no sé si lo pretenden, lo único que tratan es de equivocar a los ciudadanos.
Hay un Gobierno actualmente, como hoy lo ha demostrado la señora ministra,
que se ha tomado con seriedad, con voluntad, el resolver este problema, y eso no quiere decir (ha habido alguna interpretación por ahí), en modo alguno que las comunidades autónomas no estuviesen trabajando en el tema de la vivienda, pero hoy
afortunadamente hay un mayor apoyo del Gobierno socialista a esas comunidades autónomas que quieren resolver el asunto; hay un mayor apoyo, como muestran los datos, aunque al señor Matos no le gustan los datos.



Esta ministra hizo una comparecencia el día 24, donde fijó las líneas estratégicas, y ya en ese momento hablaba de las 180.000 actuaciones en vivienda. Habló de impulsar verdaderamente el mercado de alquiler, que es una línea fundamental de
este ministerio, con todas las consecuencias que eso conlleva. Ahora no se puede decir que queremos impulsar el mercado de alquiler, porque lo dice toda la sociedad y entonces también el Grupo Popular, y cuando se adoptan medidas concretas, decir:
No, no estas ya no nos gustan. Díganos ustedes cuáles son las que les gustan, porque ustedes plantearon una que nos pareció razonable, y es verdad, la de la vivienda a precio tasado. Era una iniciativa de ustedes a la que se llegó mediante una
enmienda del Grupo Socialista, hubo una transacción que se incluyó en ese real decreto. ¿No hay más cosas, en este real decreto que ayudan a la vivienda de alquiler? ¿No hay otro tipo de actuaciones? Si no son propuestas por el Grupo Popular son
malas, pero ustedes en las de alquiler no se han comprometido absolutamente, o no quieren comprometerse a ninguna, y se lo voy a demostrar.



Se habló también, como se ha hecho hoy, del desarrollo sostenible de las ciudades promoviendo la rehabilitación y la utilización de las viviendas vacías, que es un tema de extraordinaria importancia. Sobre la calificación de viviendas
protegidas ya se dijo en aquel momento (estoy hablando de mayo del 2004), que iba a ser para toda la vida; ustedes, que tan dados han sido a ir planteando iniciativas parlamentarias para eliminar las propuestas del Gobierno socialista, no han
propuesto ninguna en este sentido. Cuando se habló de la sociedad pública de alquiler, presentaron automáticamente diciendo: No, no, que no se apruebe la Sociedad Pública de Alquiler. En este caso de la vida útil no han planteado nada.
Suponíamos que estaban de acuerdo ustedes en que si se quiere tener un parque estable de viviendas en alquiler es imprescindible que la calificación sea durante toda la vida; si tenemos viviendas calificadas durante toda la vida también parece
lógico que exista un registro de demandantes, porque no se puede hacer una cosa sin la otra, ya que cuando hay una promoción de viviendas, cuando haya venta de vivienda protegida, si no hay un registro de demandantes, cómo resolvemos el problema de
esas familias que no llegan a tener una vivienda en ese momento, en esa promoción. Cuando haya otra promoción, ¿sería razonable, sería lógico que quienes accedan fuesen otras personas distintas de esas que quedaron en lista de espera fuera del
concurso. Parece razonable que exista un registro de demandantes para la adquisición de una vivienda protegida, es razonable si queremos un parque estable de viviendas en alquiler, que la calificación sea durante toda la vida. Ya le digo, que eso
se dijo en mayo del 2004, y a mí me alegra ver que ahora el decreto... Otra cosa es que hoy tenemos que reconocer que la participación ha sido como nunca. Yo en la anterior legislatura, en la que era también diputado, me enteré del decreto o de
qué iba el plan de vivienda cuando lo vi publicado el real decreto de 2002, antes no sabía de qué iba. En la conferencia sectorial se enteraron muy poco antes de que se aprobase ese real decreto, de que no existía ningún documento (El señor Ayala
Sánchez: Hay que estudiar más.) Eso es lo que yo le digo al Grupo Popular, que hay que estudiar más y leer menos los periódicos, ya se lo he dicho.



El señor PRESIDENTE: Señorías no entren en diálogo, por favor, señor Contreras, continúe S.S. con su intervención.



El señor CONTRERAS PÉREZ: Después de esa comparecencia se aprueba el plan de choque, en el cual se establece un incremento del 65 por ciento de actuaciones, pasando de 114.000 a 180.000, con un incremento presupuestario de 1.030 millones de
euros; por tanto también es difícil comprender lo que nos dice el Grupo Popular. Siendo mayor el coste del plan de vivienda 2002-2005 como consecuencia de este incremento de 1.031 millones, siendo mayor el presupuesto para el año 2005, que pasa de
660 millones a 887 millones de euros, presupuesto del 2005, y sin embargo, paradójicamente dice el Grupo Popular que las ayudas


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bajan. Estamos dedicando más dinero a vivienda, porque así lo dicen los presupuestos, sin embargo las ayudas bajan; curiosidad, paradoja que ya nos explicará en su momento el señor Matos recurriendo a algún medio de comunicación, a algún
titular de prensa. En cuanto a la gestión del plan de vivienda, lo califica de fracaso. (La señora vicepresidenta, Puig Gasol, ocupa la Presidencia.) ¿Cómo puede calificar de fracaso el que se hiciesen a fecha de abril, creo recordar, cuando había
transcurrido un año de gestión de Gobierno socialista, 154.000 actuaciones, cuando el Grupo Popular en el 2002 realizó 119.000, en el 2003 116.000 y el Ministerio de Vivienda 154.000? ¿Cómo puede ser eso un fracaso? ¿Qué es lo que ustedes
hicieron? Evidentemente ya lo sabemos. Se ha movilizado suelo público para construir 28.000 viviendas. Se ha presentado un acuerdo por las políticas de suelo y ciudades el 17 de abril a las comunidades autónomas, como dijo la señora ministra. A
todo esto el Partido Popular, que no compareció, que no dijo nada, lo más que llegó a decir el señor Álvarez Cascos durante cuatro años fue que si el precio de las viviendas subía es porque se podía pagar; eso es todo lo que se llegó a decir por un
cargo público del Gobierno del Partido Popular en aquel momento. Se ha aprobado recientemente la Sociedad Pública de Alquiler, que da muy buen resultado en las comunidades autónomas y que, si embargo, a nivel del ministerio, el Grupo Popular
considera que algo que es bueno no se debe de hacer. ¿Cuál es el interés del Partido Popular en que no se haga esa Sociedad Pública de Alquiler a nivel nacional, cuando está funcionando estupendamente en aquellas comunidades donde existe?


En la Comisión General del Senado sobre Comunidades Autónomas hubo comunidades autónomas que querían que esa Sociedad Pública de Alquiler las apoyase porque no la tienen. Al no haber una no parece razonable que si el Gobierno en este
momento lo que está es por apoyar, por coordinar, por cooperar a la solución de un problema que afecta a muchos millones de ciudadanos, cuando el Tribunal de Cuentas ya en su momento dijo que era imprescindible ese gran pacto de Estado porque la
sociedad lo demanda, la mejor medida sea que no haya ministerio propio, que es el empecinamiento que tiene el Grupo Popular, ni haya Sociedad Pública de Alquiler, o sea, que el Gobierno de la nación no se preocupe, como no se preocupó el Partido
Popular, por el tema de la vivienda. Eso no va a ocurrir; el Ministerio de Vivienda, el Gobierno socialista, como ha dicho en innumerables ocasiones la ministra y el propio presidente del Gobierno, se va a preocupar por la vivienda, porque es algo
que está en el sentir, en la preocupación de muchos millones de ciudadanos.



Entraré brevemente en el plan de vivienda 2005-2008. Señora ministra, desde el Grupo Socialista queremos con total convencimiento felicitarla por el estupendo trabajo que se ha hecho en el ministerio para llegar a este borrador de plan de
vivienda 2005-2008, y ello por varias razones.
Evidentemente ha habido una amplísima participación de comunidades autónomas, del sector y de ciudadanos; es más, en la página, yo que soy asiduo a la consulta de las páginas de los distintos
ministerios, igual que el señor Matos, ese real decreto está colgado ya desde hace bastantes semanas, en la página web del ministerio, de forma que todos los ciudadanos pueden consultarla e incluso pueden mandar las sugerencias oportunas. Esa
figura que se ha hecho de la vivienda a precio tasado, y que fue un consenso que conseguimos con el Grupo Popular, y nos hubiese gustado que hubiese habido mucho más consensos, y de todas formas no renunciamos a que se produzca en el futuro, es
buena.



También es positiva y valiente la decisión que se ha tomado desde el ministerio de calificar durante toda la vida útil las viviendas protegidas, y la apuesta que se hace por el alquiler. Es muy importante la apuesta que se hace en el
alquiler; ya se hizo en el plan de choque...



La señora VICEPRESIDENTA (Puig Gasol): Señor Contreras...



El señor CONTRERAS PÉREZ: Sí, voy terminando. Ya se hizo en el plan de choque, en el Real Decreto 1721, con las ayudas a inquilinos y a propietarios de viviendas vacías, y esa línea es importante para crear un mercado estable y potente en
alquiler. No me ha dado tiempo a entrar más a fondo en la política fiscal, que también ha preocupado, y yo creo que con razón, al Grupo Popular. Hubo una comparecencia explícita y expresa de la ministra para hablar de ese tema; hablaremos de la
reforma fiscal y de qué fiscalidad debe llevar la vivienda en el momento que procesalmente corresponda. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Todos sabemos que a partir de este año se va a iniciar una reforma fiscal, y en ese conjunto habrá
propuestas del ministerio de Vivienda, un debate y veremos qué nueva fiscalidad es la que se debe poner para promover la vivienda protegida y la vivienda en alquiler. Termino reiterándole finalmente nuestra felicitación, señora ministra, por ese
decreto y también por la coherencia entre lo que dijo en su comparecencia del día 27 de mayo de 2004 y lo que hoy nos ha contado nuevamente en esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: Señora ministra, tiene S.S. la palabra.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): En primer lugar y muy brevemente agradezco la felicitación y el aliento que para el desarrollo de las políticas de suelo y vivienda han tenido a bien pronunciar portavoces de distintos
grupos parlamentarios. También agradezco las reflexiones y sugerencias que se han hecho a lo largo de las intervenciones de los distintos portavoces, aunque algunas de ellas, y muy concretamente las del señor Matos, me hubiera gustado que hubieran
sido fruto de muchos meses en que se hubiera ganado autoridad y credibilidad, por sus opiniones sobre


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las políticas de vivienda. Si bien es cierto que su intervención es más de lo mismo desde el primer día en que se constituyó este Gobierno y se inició esta legislatura, observo que está entrando más en materia y que ya tiene algunas ideas
relativas a las políticas de vivienda que pueden ser útiles y pueden servir como instrumentos de crítica para el desarrollo y la ejecución de las políticas. Esto ha sucedido a la inversa de como tiene que suceder habitualmente en el trámite
parlamentario y en el control del Gobierno.



Yo he comparecido en esta Comisión siempre que se me ha solicitado, y a veces a petición propia. Es más, los altos cargos del Ministerio de Vivienda han comparecido siempre a petición propia en distintas ocasiones en esta Cámara. Como bien
decía el portavoz del grupo parlamentario, el señor Álvarez Cascos nunca compareció para hablar de política de vivienda, porque la mejor política de vivienda era aquella política de la que no se hablaba. Pasando ya de este asunto mencionaré
solamente alguna intervención del señor Álvarez Cascos, (a pesar de ser uno de los tres problemas principales que a juicio de los españoles existían en la pasada legislatura y siguen existiendo, no aparecía como uno de los asuntos o de las
intervenciones más importantes del anterior ministro de Fomento) que consta en el 'Diario de Sesiones' para que sirva como botón de muestra (tampoco hay ninguna intervención más). En la Comisión de Infraestructuras del Congreso el 15 de junio de
2000 solamente dedicó veinticinco líneas de su intervención a la política de vivienda, y cinco de ellas fueron del código técnico de la edificación, o sea solo veinte líneas; es decir, nunca dedicaba una línea a hablar de las políticas de vivienda,
porque la línea a la hora de hablar de vivienda era hacerlo cuanto menos mejor, y usted de eso sabe bastante.



Ha iniciado su intervención, como le decía antes, con más de lo mismo: contradicciones, incumplimientos de plazo, etcétera. Me hubiera gustado que eso lo hubiera dicho no desde el principio, sino que hubiera oportunidad de decirlo porque
hubiera motivos. Este Gobierno ha cumplido siempre con sus compromisos en tiempo y forma en políticas de vivienda y suelo. Por mencionarle solamente dos casos concretos, el Plan de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo no tiene nueve
medidas, sino once, y pretendía elaborar a corto, medio y largo plazo ciertas medidas urgentes pero aún así casi todas están cumplidas: la modificación del Real Decreto 1/2002 del plan de vivienda (se lo he dicho ya en numerosas iniciativas
parlamentarias que S.S. ha tenido a bien plantearlo); la ampliación de los objetivos a 180.000; la creación de la agencia pública de alquiler; la comisión de expertos del mercado inmobiliario; la comisión interministerial de suelo trabajando de
forma coordinada con los distintos ministerios para poner en el suelo más de 5,5 millones de metros cuadrados para más de 28.000 viviendas protegidas; enajenación de los suelos patrimoniales públicos, enajenados por concurso a las comunidades
autónomas o mediante convenio; la reforma de la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, en fase de borrador, presentada antes de que finalice; desistimiento de los recursos de inconstitucionalidad; potenciación de las actividades de SEPES. Es
decir, de las once medidas a corto, medio y largo plazo casi todas ellas están cumplidas al día de hoy en un porcentaje superior al 80 por ciento. En esto yo no voy a entrar más, porque en múltiples ocasiones he manifestado que este Gobierno no
solamente ha adquirido compromisos, no solo tiene ejes estratégicos para desarrollar sus políticas de Estado, sino que además cumple en tiempo y forma con todos y cada uno de ellos.



Ha mencionado la ejecución del Plan 2004. Yo podía decirle, señorías, qué comunidades autónomas no ejecutan el plan de vivienda 2002-2005 del Partido Popular; cómo justifica un Gobierno del Partido Popular, como es el de Murcia, que hasta
ahora solo haya ejecutado el 55,21 por ciento del plan de vivienda 2002-2005; o le podría preguntar cómo es que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears al día de hoy solamente ha ejecutado el 89,50 por ciento. Eso ha afectado negativamente a
miles y miles de ciudadanos de las comunidades autónomas de Murcia y de las islas Baleares. Le podría preguntar por qué la Comunidad Autónoma de Madrid no ha dado ni una ayuda al inquilino. ¿Es que en Madrid no existen 4.000 inquilinos que se
puedan beneficiar de las ayudas del Gobierno? ¿Es que en Madrid no existen casi 4.000 arrendadores que se puedan beneficiar de las ayudas del Gobierno? Estoy hablando de sus comunidades autónomas. ¿Es que en Castilla y León no existen inquilinos
que se puedan beneficiar de las ayudas del Gobierno? ¿Es que en Castilla y León no existen arrendadores que se puedan beneficiar de hasta 6.000 euros? ¿Es que en Valencia no existen arrendadores que puedan adecuar sus casas para ponerlas en el
mercado del alquiler? ¿Por qué Madrid, Castilla y León y Valencia no ejecutan las ayudas al inquilino que el Gobierno de España financia? ¿Por qué se está perjudicando a miles y miles de inquilinos en estas comunidades autónomas?


Ahora bien, en su comunidad autónoma, donde usted no gobierna, le puedo decir que las ayudas al inquilino y las ayudas al arrendador están ejecutándose muy bien, por tanto si hablamos de ejecución del plan de vivienda algo tendrán que decir
otros. He adelantado en la intervención anterior, señoría, que el incremento presupuestario de un 32 por ciento respecto a 2003, es decir 1.030, ó 1.031 millones de euros para ser más exactos, se ha ejecutado para el plan de vivienda 2002-2005 a
través del plan de choque. Más de 172.000 familias se han visto beneficiadas por las ayudas del ministerio de Vivienda, es decir, en el programa actual respecto a 2003, se ha ejecutado un 44 por ciento más y ha habido un grado de cumplimiento sobre
los objetivos convenidos del 145 por ciento.
En definitiva, se están dando sobradas muestras y se están ofreciendo resultados no solo del Plan de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, no solo del Plan de choque, sino además de la
ejecución del


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programa 2004 del Plan 2002-2005. En todo caso, a algunas comunidades autónomas gobernadas por su partido es a las que hay que preguntar por qué no han querido tramitar las ayudas al inquilino, por qué han perjudicado a miles y miles de
inquilinos, por qué han perjudicado a miles y miles de madrileños, por qué han perjudicado a miles y miles de murcianos, por qué han perjudicado a miles y miles de castellanoleoneses, solamente por mencionar algunas comunidades autónomas. Desde el
Gobierno se tiene mucho que decir y ustedes tienen poco que criticar.



El Plan 2002-2005 está ejecutado a un 95,27 por ciento. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio, por favor.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Esto significa que más de 172.000 familias se han beneficiado, y se han beneficiado tanto en alquiler como en propiedad, como en venta protegida de vivienda usada, en rehabilitación en sus
múltiples formas (ordinaria, en centros históricos, en centros urbanos), concretamente en algunas comunidades autónomas como la suya a través de los patronatos en miles de actuaciones de rehabilitación y de recuperación de barrios degradados fruto
del desarrollismo de otras décadas pasadas.



En relación con el plan de vivienda 2005-2008 dice usted que es el mismo que el del Partido Popular, por eso precisamente se opone tanto y lo critica tanto. El plan de vivienda 2005-2008 no tiene nada que ver con el plan de vivienda del
Partido Popular. En políticas de vivienda, como S.S.
conoce, hay que mantener unas acciones continuadas; no se puede ser rupturista, pero se puede ser innovador. Lo que el Gobierno ha pretendido hacer es satisfacer las necesidades de todos esos
ciudadanos expulsados por su no política durante los gobiernos anteriores, y ha marcado distintos ejes estratégicos en sus políticas de vivienda, que yo he mencionado anteriormente, pero que se los puedo reiterar, siempre bajo el prisma de más
consenso para elaborar un plan de vivienda: más dinero, más vivienda y más ciudadanos beneficiados. Indudablemente, esto no se puede refutar; es irrefutable. Los ejes estratégicos del plan de vivienda no tienen nada que ver (solo se los voy a
mencionar, no voy a explicar en esta primera intervención en qué consiste cada uno de ellos) con las políticas de vivienda anteriores, teniendo en cuenta que en las políticas de vivienda no se puede romper, no se puede ser rupturista, sino que hay
que hacer políticas continuadas, pero hay que trabajar para introducir nuevos elementos que puedan satisfacer las necesidades de los ciudadanos y garantizar el cumplimiento de varios artículos constitucionales, no solo del artículo 47, sino de otros
muchos.



La concertación y la coordinación entre administraciones, entre agentes del sector y todos los colectivos sociales, ha sido el eje básico y la metodología de trabajo que el ministerio de Vivienda ha tenido desde su creación. Eso ustedes
nunca jamás lo han hecho. Las comunidades autónomas se enteraban de las normas que pretendían aprobar cuando iban a una conferencia sectorial y los diputados y senadores cuando estaban publicadas en un real decreto, tras pasar por una comisión, por
un Consejo de Ministros. ¿Cómo si no se entendería que quienes primero utilizaron el término de soluciones habitacionales, el 1 de agosto de 2003, sentados en la mesa oval del Consejo de Ministros, fueron el señor Rajoy, el señor Aznar, el señor
Acebes, el señor Zaplana, ministros todos ellos a la sazón de un Gobierno del Partido Popular y aprobaron este decreto que se publicó después, y del que los diputados no se enteraron hasta que apareció el BOE, así como las comunidades, de milagro,
en la Conferencia sectorial? se publicó este decreto donde se decía que el Partido Popular, el Gobierno de Aznar iba a facilitar soluciones habitacionales a quienes menos recursos tuvieran. Ustedes han sido los que han plasmado una terminología
acuñada tradicionalmente en el derecho común, incluso en el derecho romano, en el real decreto el 1 de agosto de 2003, cuando ustedes gobernaban. Esa es su patente, señor Matos.



Le estaba diciendo que ese era uno de los primeros ejes, pero hay otros más, por ejemplo equilibrar la venta y alquiler y movilizar las viviendas vacías. Esto no tiene nada que ver con los dos planes del Partido Popular, del Gobierno de
Aznar, anteriores, equilibrar venta y alquiler.
El alquiler nunca ha aparecido, señor Matos, en las políticas de vivienda del Partido Popular. ¿Cuándo hemos visto reflejados calidad y accesibilidad de la edificación y respeto por el medio ambiente
ni en el Plan de 1998-2001 ni en el de 2002-2005? Para esto hay que tener una agenda internacional y seguir las políticas urbanas del siglo xxi, marcadas no solo por la Unión Europea, sino por otros países, incluso de Iberoamérica, de América
Latina, que están más avanzados en las políticas urbanas que las que el Partido Popular ha desarrollado en los últimos ocho años. Por tanto, calidad y accesibilidad de la edificación y respeto por el medio ambiente no se veía en ningún precepto del
plan anterior. La ocupación y desarrollo sostenible del suelo, promoviendo la conservación del parque existente y recuperando los barrios y cascos históricos, aparecía como una rehabilitación aislada, que es muy importante y que tiene que ser
competencia única y exclusivamente de las comunidades autónomas; ocupación y desarrollo sostenible del suelo no aparecía. Se habla de un parque suficiente y estable, con nuevos tipos de vivienda protegida adecuados a los ciudadanos, que es un eje
estratégico. ¿Cómo esto iba a estar plasmado en los planes de vivienda anteriores si las viviendas protegidas disminuyeron en un porcentaje que haría temblar a cualquier ciudadano? En 1996, 80.000 viviendas protegidas; en 2003, 40.000 viviendas
protegidas. ¿Cómo va a existir un parque suficiente y estable con nuevos tipos de


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vivienda protegida cuando ustedes dejaron caer totalmente la vivienda protegida en un foso desde 1996? El otro día tuve oportunidad, contestando a una pregunta de S.S., de enseñarle el gráfico de las viviendas protegidas, mostrándole en qué
foso las han hundido ustedes durante los ocho años de Gobierno del Partido Popular. Eso no es un parque suficiente y estable de vivienda protegida, eso es aniquilar la vivienda protegida: de 80.000 a 40.000 viviendas protegidas. Como decía el
señor ministro de Fomento (después si quiere se lo reproduzco literalmente), la vivienda protegida estaba rodeada de muchos fantasmas: era pequeña, de mala calidad, aislada y en guetos, por tanto cuantas menos mejor. Eso lo decía sin pensar en los
miles y miles de ciudadanos que han quedado excluidos de la vivienda protegida por sus políticas.



Recursos suficientes y uso eficiente de los mismos y control del fraude.
¿Este eje estratégico, que se plasma desde el primero al último artículo del que será el real decreto que regule el nuevo plan de vivienda, aparecía en el plan de
vivienda del anterior Gobierno? En ninguno de los dos planes anteriores. ¿Recursos suficientes? Si reprogramaban las cantidades, si la ayuda estatal directa a la entrada no llegaban a ejecutarla en su totalidad. Uso eficiente de los recursos,
control del fraude, ahora sí que esto es una línea estratégica en la que, en colaboración con las comunidades autónomas y teniendo en cuenta los procedimientos de control que tengan o que puedan tener, se va a hacer una prevención de todos estos
inconvenientes que presenta el mercado de la vivienda, no solo de la protegida, sino de toda la vivienda. En un plan de vivienda vamos a hablar de vivienda protegida, porque desde el Ministerio de Vivienda, señor Matos, no solamente se mira por la
vivienda protegida, sino también por todas las viviendas; se mira por la edificación, porque este es el Ministerio de Vivienda en sentido amplio.
Si hablamos en términos de sostenibilidad y de medio ambiente, de cohesión social y competitividad
económica, también es el ministerio de las ciudades, no de las ciudades como municipios, sino de las ciudades como barrios, haciendo ciudad dentro de la ciudad, con todos los desarrollo urbanísticos que con los suelos públicos estamos llevando a
cabo. Era un plan de vivienda sin recursos suficientes, donde no se ejecutaba y donde se reprogramaba.



En fin, estos son los ejes estratégicos del nuevo plan de vivienda, que no se parecen en nada a los planes de vivienda del Gobierno anterior. No tiene usted motivo para criticar el nuevo plan de vivienda, porque el plan de vivienda
contempla ejes estratégicos que están en la dirección de las políticas urbanas del siglo xxi y garantiza a los ciudadanos un derecho reconocido en nuestra Constitución española y un principio rector de nuestra política social y económica.



En relación con la Sociedad Pública de Alquiler le voy a hacer un iter parlamentario de cuál ha sido la postura del Grupo Parlamentario Popular.
El alquiler es uno de los ejes básicos de las políticas de vivienda y suelo, no solo en el plan
de vivienda, sino también en cuanto a la fiscalidad: propuesta de reforma fiscal, bonificaciones en el impuesto de sociedades, modificación del IVA y futuras modificaciones que se puedan plantear dentro de una reforma fiscal; lo digo única y
exclusivamente respecto a la Sociedad Pública de Alquiler, que ha tenido su reflejo inmediato en la creación de sociedades y agencias públicas de alquiler en el ámbito local y en el autonómico, no tras su creación, sino tras el anuncio hace más de
un año de la creación de la Agencia Pública de Alquiler. Así que en las comunidades autónomas se están impulsando las políticas de alquiler por el efecto dinamizador de las políticas de alquiler del Gobierno de España, no por la creación de una
Sociedad Pública de Alquiler; se crean después, y además hay sociedades públicas de alquiler que no tienen nada que ver con los parámetros y filosofía de actuación de la Sociedad Pública de Alquiler estatal. Como decía, le voy a explicar la
postura de su grupo parlamentario a lo largo de toda esta legislatura en relación con la creación de la Sociedad Pública de Alquiler. Su grupo parlamentario primero criticó en esta Cámara (en la otra también, pero sobre todo en esta Cámara, en el
Congreso de los Diputados) al Gobierno por un supuesto retraso en el cumplimiento de alguno de los objetivos de su política de vivienda; la creación de la Sociedad Pública de Alquiler aparecía como una de las medidas del Plan de medidas urgentes en
materia de vivienda y suelo, del plan de choque.
Primero criticaron que había un retraso en el cumplimiento de algunos de los objetivos de la política de vivienda, como poner en marcha la Sociedad Pública de Alquiler. Más tarde, en concreto el
pasado 20 de abril, presentaron una proposición no de ley, que fue aprobada por la Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso de los Diputados (usted se queda aquí, pero yo le voy a seguir con el iter parlamentario), solicitando la suspensión de la
creación de la Sociedad Pública de Alquiler, que sin embargo ya estaba creada, porque así lo había previsto la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, y además así lo había autorizado el Consejo de Ministros. No
obstante, una semana más tarde, el 26 de abril, esa propuesta fue elevada al Pleno del Congreso por el propio Grupo Popular, siendo rechazada por todos los grupos parlamentarios; una vez más el Grupo Parlamentario Popular se quedó solo en el
Congreso de los Diputados. Hace solo unos días, me parece que el 7 de junio, ustedes tampoco han logrado que prosperase en el Pleno del Senado otra moción en materia de vivienda que habían presentado, entre otras cosas con el propósito inverosímil
de hacer cumplir la resolución rechazada relativa a la Sociedad Pública de Alquiler y, debe suponerse, derogar por esta vía la Ley de presupuestos.
Este es el iter parlamentario.



¿Pueden tenerse más confusas las ideas en relación con la Sociedad Pública de Alquiler? ¿O es que realmente está latiendo otra cosa detrás de todas sus iniciativas parlamentarias? Porque yo entendería que tras un año de Gobierno usted
tuviera una posición y se ganara


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esa autoridad y esa credibilidad que para el buen funcionamiento de las instituciones es necesaria, pero sus críticas han aparecido desde el principio, por eso pregunto si se pueden tener más confusas las ideas. La Sociedad Pública de
Alquiler no viene a duplicar las funciones de otras agencias territoriales de alquiler, no va a competir con ellas, no lo está haciendo, como ustedes han pretendido hacer creer a la opinión pública, porque el objetivo de la Sociedad Pública de
Alquiler es dinamizar el mercado de alquiler, y los principios en los que se inspira la Sociedad Pública de Alquiler son los de complementariedad, es decir sumar (sumar esfuerzos, unir voluntades) aparte de en los principios de colaboración y de
concertación, con otras administraciones territoriales, comunidades y ayuntamientos. La organización territorial del Estado, como usted, señoría bien sabe, está organizada en municipios, provincias y comunidades autónomas. El objetivo de la
sociedad pública de alquiler es alcanzar el número de 25.000 viviendas intermediadas en cuatro años. Con un parque de viviendas estimado por el INE de tres millones de viviendas vacías, el número de 25.000 es un objetivo que algunos han criticado
como muy humilde, pero yo diría que es muy prudente porque nuestro objetivo como sociedad pública de alquiler es complementar y no suplantar a la iniciativa privada sino dinamizar el mercado de alquiler. Ese objetivo ya se está consiguiendo con la
creación de sociedades públicas de alquiler en el ámbito autonómico y local pero también en muchos otros ámbitos. Por tanto, con ese objetivo de 25.000 viviendas intermediadas en cuatro años, de las cuales las primeras 1.000 se van a tener
inmediatamente, las cifras del conjunto de las sociedades mayoristas de alquiler en España se van a doblar y suponen el 0,5 ó el 0,6 por ciento. La sociedad pública de alquiler con 25.000 viviendas va a suponer el 1,5 por ciento de las sociedades
mayoristas de alquiler; va a suponer además un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante, mucho más importante si lo comparamos con la ausencia de política dinamizadora del mercado de alquiler de viviendas de los últimos años.



La flexibilidad y el reconocimiento de la diversidad territorial aparece en todas y cada una de las iniciativas que se están aprobando y que se aprobarán en el futuro por el Gobierno de España. Desde el ministerio se está garantizando que
en el borrador del nuevo plan de viviendas se pueda trabajar de forma coordinada con las comunidades autónomas y que en ningún precepto aparezca el más mínimo atisbo de invasión competencial, ni en la rehabilitación ni en el reconocimiento de
figuras propias de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen sus planes de vivienda y pueden recoger todas las figuras que estimen oportunas, y así lo están haciendo. En la Comunidad de Madrid hay una o dos figuras, no muchas (en
la mayoría de los casos comunidades autónomas reflejan el plan de financiación del Gobierno de España), hay algunas figuras propias porque se ha considerado que para satisfacer o garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda en
múltiples formas las tienen que recoger, pero son figuras propias que pueden ser convenientes y adecuadas en alguna comunidad autónoma pero no en las otras 16. Por tanto, el plan de vivienda en el ámbito de las competencias del Estado, en cuanto a
regulación y marco normativo básico de las políticas de vivienda, recoge lo que es común para toda España, no solo desde el punto de vista social, que puede ser diverso, sino desde el punto de vista económico, porque estamos hablando de una materia
que tiene implicaciones socioeconómicas muy importantes.



Ha mencionado algunas de las cuestiones que se recogen en el nuevo plan de vivienda, algunas de ellas están subsanadas como consecuencia de alegaciones que han efectuado comunidades autónomas y agentes del sector, con los que nos hemos
sentado y reflexionado. Mencionaba la preferencia de Sepes y que la rehabilitación vulnera competencias. Pues no vulnera competencias porque la rehabilitación está hecha con los criterios de calidad y sostenibilidad para todas las comunidades
autónomas. Es más, está ahora más estructurada, más sistematizada, con más ayudas y con una política más clara que no solo afecta a la calidad de la vivienda, a la seguridad de la misma, sino también a la sostenibilidad medioambiental en cuanto se
quieren recuperar suelos antes que desarrollarlos.



La calificación de las viviendas durante toda su vida útil, ahora 30 años, en el plan de vivienda está regulada en un real decreto-ley estatal de 1978. No tenemos mucho más que decir. La descalificación voluntaria es la que se mueve en el
ámbito de las comunidades autónomas. El registro es un instrumento análogo que las comunidades autónomas pueden plantear y que así será aceptado en el convenio que se firme con cada comunidad autónoma, y habrá algunos casos concretos. No sé por
qué su señoría critica la existencia de un registro cuando lo que pretende el Gobierno es crear un parque público de vivienda en alquiler no prohibiendo su transmisión, porque -como decía en mi intervención- la vivienda se va a poder transmitir
antes con el nuevo plan de vivienda, a partir de los 10 años, y a un precio mucho mejor. Se ha mejorado en la transmisión de las viviendas protegidas, pero se quiere garantizar que exista un parque público de vivienda protegida. Por tanto, la
pretensión es que la vivienda protegida se transmita antes y a un precio mejor, pero a quienes estén inscritos en un registro porque tiene efectos de futuro. Es un real decreto que no afecta a lo que hay; es un real decreto que pretende mejorar el
futuro, y lo pretende mejorar atendiendo a la demanda de los colectivos de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda o acceden en condiciones no adecuadas. ¿Y sabe su señoría cuál es ese colectivo de demandantes de vivienda protegida? El 80
por ciento son jóvenes. ¿Y sabe qué quieren esos jóvenes? Quieren saber cuándo les va a tocar una vivienda protegida y que se podrá transmitir en mejores condiciones que actualmente, sin devolver las ayudas estatales; quieren saber


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cuándo les va a tocar y no esperar doce años, como lo están haciendo en muchos desarrollos urbanísticos de muchas ciudades de España. Ese es el objetivo de crear un parque público de vivienda protegida permanente y estable y que además
permita que un ciudadano haga mejoras, que viva cómodamente, que la pueda transmitir antes, a un precio mejor y sin devolver las ayudas, y la pueda transmitir a quien esté inscrito en un registro porque aunque el precio sea mejor será un precio
protegido. La vivienda es protegida porque tiene un precio, un precio básico cuando es general, cuando es concertada y cuando se transmite. Por tanto, ese es el objetivo. ¿Es que alguien tiene miedo de crear un registro y que se conozcan los
miles y miles de ciudadanos que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda protegida y no pueden acceder? ¿Es que da miedo la creación de un registro? Pues bien, yo entiendo que pueden existir razones operativas para la creación ipso
facto, ipso iure, de un registro. Para eso estamos hablando con las comunidades autónomas y no se preocupe su señoría que estableceremos con quien lo necesite un periodo transitorio para crear el registro en esa comunidad autónoma y mientras tanto
aplicar procedimientos análogos de control. Le quiero poner un ejemplo. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene un registro permanente y estable de ámbito territorial, que hasta la fecha puede tener aproximadamente 20.000 ciudadanos demandantes de
vivienda protegida y el Gobierno de Aragón se compromete, con todo el esfuerzo en desarrollo de suelo que ha hecho a lo largo de estas legislaturas, a garantizar una vivienda a los ciudadanos inscritos en un registro. A pesar de eso, señorías, es
un tema que estamos hablando con algunas comunidades autónomas que tienen algunos problemas para poner en marcha un registro inmediatamente. Daremos la posibilidad de que sea de forma transitoria, consensuada e incluso de que estos principios de
transparencia, de seguridad y de prevención del fraude queden recogidos si no en un registro en un instrumento análogo, y así se fijará en los convenios que se firmen con las comunidades autónomas.



Este es un plan que ha sido muy trabajado concertadamente y colaborando desde el principio no con las miles y miles de asociaciones que existen en toda España; pueden existir miles y miles y solo tener voz en materia de vivienda unas
cuantas. Este es un plan consensuado con todos aquellos que tienen que decir algo en materia de vivienda y ha sido puesto a disposición de todos los ciudadanos desde el principio. Y cuando digo que el acuerdo de las políticas de suelo -el señor
Maldonado también lo ha mencionado- será un éxito si lo apoyamos todos y será un fracaso de quien lo frustre, estoy hablando con el convencimiento y el conocimiento de lo que ha sucedido en anteriores pactos de suelo. Este acuerdo por las políticas
de suelo y ciudades marca directrices que afectan a la sostenibilidad, a la tramitación urbanística de todos los desarrollos en el ámbito municipal, a que las valoraciones se fijen con criterios de valor real y no de expectativas de futuro. En
definitiva, son directrices básicas con un consenso en mi opinión muy fácil de conseguir, además de una iniciativa planteada en el primer año de Gobierno socialista, cuando el frustrado pacto del suelo se planteó más de tres años después de
iniciarse la legislatura. Por tanto, está basado en unas directrices generales, en línea con las políticas urbanas, que afectan no solo a criterios de valoración del suelo, no solo a criterios de calidad y sostenibilidad, de búsqueda del modelo de
ciudad compacta pero no densa.
Creo que al día de hoy ni expertos ni políticos pueden dudar de lo que se pretende con el consenso en unas directrices que posteriormente se van a ver plasmadas desde el punto de vista normativo en una reforma de la
Ley del suelo y valoraciones, puede ser que en otras, no lo sé, pero ya se están viendo plasmadas actualmente con la movilización del suelo público para las políticas de vivienda.



En sus reflexiones el señor Maldonado ha utilizado determinadas expresiones. Las referentes a la armonización del proceso autonómico y a los pisos de menos superficie no las había oído nunca y supongo que para la filología de vivienda son
dos expresiones más que se podrían utilizar.
Como ha mencionado los pisos de 30 metros, le podría enseñar la normativa de diseño y habitabilidad de todas las comunidades autónomas de España.
Si quieren algún caso concreto se lo puedo enseñar, pero
solo voy a mencionar la normativa de diseño y habitabilidad de la Comunidad Autónoma catalana, por cierto aprobada el 21 de octubre de 2003, fecha en que gobernaba su grupo parlamentario, Convergència i Unió. La normativa establece el estándar de
superficie mínimo de 30 metros cuadrados pero permite, por ejemplo, que se puedan rehabilitar las viviendas anteriores a 1983 que tengan 15 metros cuadrados; además, aplicable a la vivienda libre y a la vivienda protegida. El artículo 7 determina
que la superficie mínima para dos personas es de 21 metros cuadrados en el certificado de habitabilidad para nueva creación y reconversión de antigua edificación, y excepcionalmente 15 metros cuadrados para las que estuvieran construidas antes de
1983. En fin, este es un real decreto aprobado el 21 de octubre de 2003 por el señor Pujol, cuando gobernaba, y prácticamente es extensivo a todas las comunidades autónomas 28, 26, 32, 30, 24, 25, 28, 40, 30, 31, 30, 50, es decir, esta es la
normativa de las 17 comunidades autónomas en relación con la superficie mínima de cada vivienda. La normativa sobre diseño y habitabilidad estaba regulada en una orden de 1969 y posteriormente, cuando se transfirió la competencia a las comunidades
autónomas, éstas empezaron con su propia normativa, pero es normativa casi toda muy reciente, salvo algunas comunidades de la década de los noventa, otras comunidades autónomas han regulado la superficie mínima de la vivienda libre y protegida,
aunque en la protegida existe un real decreto ley estatal de 1978 que establece todos esos parámetros, y todas las comunidades autónomas lo han respetado. El Ministerio de Vivienda en todas sus iniciativas está pretendiendo consensuar con


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las comunidades autónomas, reconocer las peculiaridades y diversidades de todas las zonas de nuestro territorio español y no dar pie a que pueda ser planteado un recurso de inconstitucionalidad cuando se apruebe alguna ley en el ámbito de
competencias de mi ministerio, ni tampoco un conflicto de competencias cuando se apruebe un real decreto de los cuales vamos a aprobar próximamente el que regula el plan de vivienda y posteriormente el que aprueba el código técnico de la
edificación. Vamos a intentar al máximo que no exista invasión competencial porque creemos en el Estado de las autonomías y en la diversidad y pluralidad del territorio español. Consecuentemente tenemos un marco normativo básico para regular las
políticas de vivienda, que es el que reflejamos en nuestras actuaciones, pero damos margen y flexibilidad a las comunidades autónomas; es más, reconocemos sus peculiaridades en este decreto.



Respecto a algunos instrumentos que optimizan la gestión de las políticas de vivienda y suelo, la ventanilla única, por ejemplo, no es obligatoria para las comunidades autónomas pero es un instrumento de gestión y de administración única
para optimizar, como digo, las políticas de vivienda. Concretamente la Generalitat catalana y el Ayuntamiento en algún momento determinado se han pronunciado por la viabilidad de esta iniciativa a través de la cual se podrá llevar a cabo de una
forma más óptima la rehabilitación de muchas zonas de Barcelona y de Cataluña en las que está trabajando el ministerio y financiándolas con la comunidad catalana. Con base en la potestad autoorganizativa que corresponde a cualquiera Administración,
artículo 149.1 de la Constitución española, el Gobierno de España en su real decreto prevé una comisión nacional del plan de vivienda, y sobre la creación de comisiones de un tipo o de otro, asesoras o consultivas, que lo único que pueden es hacer
una aportación a la toma de decisiones y a la gestión y ejecución de las políticas de vivienda, creo que no hay nada criticable. Y Cataluña en las políticas de suelo público está junto a las otras comunidades autónomas para sacar adelante suelo
público para vivienda protegida. Como decía antes, utilizamos para ello dos instrumentos, el que corresponde a la acción del Gobierno movilizando suelos públicos de forma coordinada entre todos los ministerios y en todas las comunidades autónomas
y, por otro lado, trabajando con los ayuntamientos a través de la entidad pública empresarial Sepes -que no ha conveniado todavía, en el futuro sí, con la Comunidad Autónoma de Cataluña- para movilizar suelos públicos para la vivienda protegida,
pues también son suelos públicos de una entidad pública empresarial, siempre que nos lo pida algún ayuntamiento y la comunidad autónoma esté de acuerdo. La operación Campamento es simbólica por muchas circunstancias. Es una operación iniciada
desde hace muchos años y paralizada que este Gobierno ha sacado adelante coordinando los departamentos ministeriales, como es habitual cuando se moviliza suelo público en cualquier lugar de España, y con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de
Madrid. Esto nunca se había hecho antes. El ministro de Defensa y yo hemos firmado con dos administraciones, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, la ejecución de una operación muy importante cuantitativa y cualitativamente porque son en total
nueve millones de metros cuadrados, en la primera fase dos millones, 10.000 viviendas y de ellas 7.000 protegidas para los ciudadanos madrileños. La operación Campamento tendrá un efecto que es el que se pretende con la Constitución, que se pueda
tener acceso a una vivienda protegida. La movilización de los suelos públicos es un proceso dinámico. El último ha sido en las islas Baleares, anteriormente en Castilla y León. Los suelos públicos, como decía antes, se están estudiando, se están
analizando, se está viendo cuál de ellos no puede tener interés para la defensa nacional, suponiendo que sean de Defensa, o para el interés general, suponiendo que sean de otros ministerios, y se desafectan, si así procede, preferentemente para
vivienda protegida pero también para otras políticas, como establece nuestra normativa. Como digo, es un proceso dinámico en el cual, cada día, fruto de ese estudio, de ese análisis y de esa desafectación, se está aumentando el número, de
comunidades creo que no, porque la que no tenga ahora suelo público está para entrar en escena. Y no ha sido Madrid la primera comunidad autónoma. Al día de hoy se ha movilizado en casi todas las comunidades autónomas suelo público, bien por la
acción del Gobierno, es decir, la actuación coordinada de los distintos departamentos ministeriales, bien por Sepes. Se han movilizado suelos para más de 28.000 viviendas protegidas, más de cinco millones y medio de metros cuadrados, y como es un
proceso dinámico se van a seguir movilizando.



A lo largo de mis dos intervenciones he hecho referencia a que este Gobierno cree en el Estado de las autonomías, cree en la descentralización territorial, en la pluralidad y en la diversidad del Estado español. Agradezco las reflexiones
del señor Beloki sobre las políticas de vivienda y la concertación, pero la acción de Gobierno no está reñida con la descentralización. Es más, acción de Gobierno y reconocimiento de pluralidad y diversidad tienen que ir juntos para sumar esfuerzos
y para apoyar este Gobierno las políticas territoriales allí donde puedan ser consideradas prioritarias actualmente. Creo que todas las comunidades autónomas presentan los mismos síntomas en relación con las políticas de vivienda. La política de
vivienda no es partidaria para este Gobierno, es una política prioritaria. No creo que usted piense que de la vivienda mejor no se habla, como pensaban los del Partido Popular; creo que en esa dirección no estamos ni su grupo parlamentario ni el
Gobierno de España. De la política de vivienda, de la vivienda y del suelo hay que hablar. Por tanto, no es una pugna partidaria sino que hay que hablar y reflexionar, y en esa dirección trabajamos para recoger las reflexiones y las sugerencias
solo de los grupos parlamentarios y los partidos sino también del resto de las administraciones


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y sectores de la vivienda. Hay que hablar, pero hay que hablar con quien proceda, como decía antes, no con miles y miles de asociaciones, con todas las asociaciones que quieran hablar, con todos los que tengan algo que decir en política de
vivienda, y eso hemos hecho desde el principio; existiendo miles y miles, 56 son las más representativas, pero si tienen que ser 57 ó 58 seguiremos hablando sobre las políticas de vivienda. Con Euskadi seguimos hablando y ha dado un buen ejemplo
en las políticas de vivienda porque, funcionando su financiación con un sistema distinto al resto de España, reconocido constitucionalmente, Euskadi y Navarra se han presentado en las conferencias sectoriales de vivienda pudiendo no hacerlo. En
fin, Euskadi ha hecho un esfuerzo para estar presente en las conferencias sectoriales en las que antes no estaba. Por tanto, las políticas de vivienda las estamos haciendo con todas las comunidades autónomas y nos sirven, como decía antes, las
reflexiones de aquellas comunidades autónomas como la del País Vasco.



Concertación, colaboración, suma de esfuerzos para tener un parque de viviendas protegidas con más dinero, con más viviendas y con más ciudadanos beneficiados son los objetivos de este ministerio.



El señor PRESIDENTE: Como había anunciado al principio habrá un segundo turno con las intervenciones en el mismo orden del primero. Dice el Reglamento que el presidente fijará el tiempo, que será de cinco minutos con la posibilidad de
prórroga por el mismo tiempo. Lo que quiero decir es que no aceptaré más allá de los 10 minutos por intervención. El señor Matos tiene la palabra.



El señor MATOS MASCAREÑO: Le garantizo que voy a ser mucho más breve, señor presidente.



Señora ministra, creo que le vendrían muy bien unas vacaciones porque por la reacción que ha tenido a mi intervención veo que está usted bastante cansada y tensa. Sobre el Plan 2002/2005 ha dicho: insensibilidad desmesurada hacia la
vivienda protegida, no era nada, oportunista, inconsistente, poco creíble y tenía como fin perjudicar al ciudadano. Esa es la calificación que hace del Plan 2002/2005. Y yo en esta Comisión le digo que de su nuevo decreto estamos de acuerdo con
las actuaciones protegibles que plantea porque son las mismas que las del Plan 2002/2005; que estamos de acuerdo con el mismo tipo de ayudas porque son las mismas que las del 2002/ 2005. No se lo criticamos, decimos que estamos de acuerdo y que lo
conserve, que estamos de acuerdo con las tipologías de vivienda que contempla porque son las mismas que las del 2005 y con la vivienda concertada. Por tanto, le decimos que estamos completamente de acuerdo con una gran parte del plan de vivienda y
usted reacciona como lo ha hecho, así que de verdad le recomiendo unas vacaciones.



Luego le he dicho que hay unos puntos que no nos gustan. Y usted dice: Pues si a usted no le gustan, yo le he ofrecido el consenso y por tanto usted es responsable de frustrarlo. Ya le han comentado otros grupos políticos, no yo solo, que
esa manifestación pasará a los anales de los tratados de talante y consenso. Y usted reacciona diciendo: Señor Matos, usted está como siempre, desde el principio, tiene que ir ganando credibilidad. ¿Cómo me puede decir a mí esto? ¿Sabe la
valoración que hacen los ciudadanos de usted? ¿Usted se lee las encuestas del CIS? La peor ministra de todo el Gobierno. Por tanto, no me venga a decir que yo, portavoz de la oposición, me tengo que ganar la credibilidad cuando usted tiene los
resultados que obtiene en esa encuesta.



Dice usted que en los planes de vivienda del Partido Popular el alquiler nunca ha aparecido. Tengo aquí el Real Decreto 1/2002 del Gobierno del Partido Popular y de don José María Aznar y de don Francisco Álvarez-Cascos, y lo leo:
Actuaciones protegidas: la promoción para cesión en arrendamiento, venta o uso propio de viviendas de nueva construcción, la promoción bajo cualquier modalidad de las viviendas calificadas de promoción pública, la adquisición de otras viviendas
existentes en las condiciones establecidas en el real decreto, sea para uso propio o para cesión en régimen de arrendamiento. Por tanto, en todos los programas de nueva construcción y de adquisición de vivienda existentes están las políticas de
arrendamiento y la única de más que está en el plan suyo, igual que en el Real Decreto 1721, es dar la ayuda a los inquilinos, por cierto -y se lo dije-, en peores condiciones que se dan en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular,
como la de Galicia. Así que usted no puede decir a la Comisión públicamente que no hay ni una sola política de alquiler en el plan de vivienda porque están en el decreto. Usted puede decir que le parecen insuficientes, pero que diga públicamente
delante de un micrófono que no hay política de vivienda nos parece una auténtica tomadura de pelo.



Le agradezco que haya dado las cifras de alquiler de viviendas y le ruego que tome nota. ¿Me podría decir las cifras de subvenciones por alquiler al inquilino a 31 de diciembre de 2004? Le ruego que tome nota porque se va a olvidar y no me
va a contestar. (El señor Campos Arteseros: ¡No seas maleducado!) No soy maleducado y, además, quién lo dice. ¿Me podría decir 31 de diciembre el dato de ayudas al inquilino de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y Cataluña? Le ruego que
no se olvide de contestarme, pues tengo dudas de que lo recuerde.



Ha dicho también que nosotros hemos aniquilado la vivienda protegida. ¿Me podría dar los datos de viviendas protegidas iniciadas en 2004 y en 2003? He leído que en la página web del ministerio ha sacado los datos y que en 2004 se han
iniciado menos viviendas protegidas que en 2003; lo pone en su página web, un 4 por ciento menos. No tengo el dato aquí pero creo que 69.000 en 2004 y 71.000 en 2003, a menos de que los datos de su página web sean erróneos. Le ruego que me dé
esos datos. Por tanto, no puede decirme delante de un micrófono


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que hemos aniquilado la vivienda protegida cuando en 2004, bajo su gobierno, se inician menos viviendas protegidas que en 2003. Puede decir que le parecen insuficientes, pero eso no lo puede decir.



Respecto al pacto del suelo nos planteó -y yo se lo agradezco muchísimo- una declaración de intenciones que no dice absolutamente nada. Hay un punto de movilización de los suelos públicos que dice: Las administraciones se comprometen a
ejercitar con eficacia las competencias que tienen atribuidas. Y yo le dije: Pues claro, si firmamos un pacto en que todos nos comprometemos a hacerlo mejor en materia de vivienda. Pero eso no es un pacto. En un pacto hay que desarrollar qué
artículos de la legislación se van a modificar. Y ya le he dicho que nos podemos poner de acuerdo en la modificación de la Ley del suelo. Ahora bien, si usted se pone de acuerdo antes con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana, que son de
izquierdas, nosotros desconfiamos de ese resultado y dudamos de poder coincidir sobre una ley del suelo con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana, y estoy seguro de que los de Esquerra Republicana y los de Izquierda Unida tienen serias dudas de
tener la misma visión del suelo que la que tenemos los del Partido Popular. Por tanto, no puede decir que vamos a modificar la Ley del suelo para mejorarla sin decir en qué. Lo único que le hemos pedido es que nos diga en qué la quiere modificar y
a ver si podemos llegar a un consenso. Ahora bien, creo que es muy difícil debido a quienes son sus socios parlamentarios.



Por último, señora ministra, creo que el plan de vivienda merece tener una aprobación pacífica. Le hemos dicho todas las cuestiones en las que estamos de acuerdo, y le decimos también que como queremos ese pacto pacífico reflexione y
profundice más en la negociación con las comunidades autónomas sobre una serie de puntos que le vuelvo a repetir.
Comprométase a mantener el mismo nivel de ayudas para los adquirientes y para los promotores que el vigente Plan 2002/2005, no menos.
Y no le vamos a pedir más ayudas, las mismas. Comprométase a eso. Extienda la protección a los inquilinos no solo dos años sino toda la duración del contrato o mientras persista su situación económica precaria. De verdad, tenga cuidado con la
agencia pública de alquiler, si la quiere poner en funcionamiento que no sea competencia ni control de las ya existentes, sino simplemente traslade el dinero para que den las subvenciones porque ya están ejercitando esas competencias. Flexibilice
los requisitos exigidos para las ayudas de rehabilitación de edificios y viviendas aisladas, que están muy reducidos a varios supuestos y que se deberían ampliar porque son buenos para poner más viviendas en el mercado.
Incorpore al decreto la
posibilidad de llevar a cabo programas como el arrendamiento con opción de compra y llegue a acuerdos con las comunidades autónomas respecto a las competencias para la delimitación de las áreas de rehabilitación integral, para el protagonismo de las
sociedades públicas de vivienda y suelo en relación con la ejecución del plan, con respecto a la extensión de la calificación provisional, que nosotros creemos que estaba bien con 30 años. En cuanto al registro de demandantes, estamos de acuerdo en
todas las medidas para evitar el fraude y prevenirlo; no tenemos una oposición radical, porque registros de demandantes públicos de viviendas en estos momentos hay en las comunidades autónomas. El proceso de que si un propietario de vivienda
protegida la quiere poner en venta tenga que acudir a un registro de demandantes de ese tipo de vivienda para que se haga un sorteo o se dé al primero de la lista, y si no le gusta la zona donde está situada buscar al segundo, es muy complejo. Los
registros de demandantes existen en todas las comunidades autónomas del Partido Popular y de Esquerra Republicana. Por tanto, nosotros no nos oponemos; nos oponemos a que esa tramitación que usted propone vaya a complicar más. Y le decimos
también que potencie más la inspección y el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto. En este último punto le he dicho exactamente cuáles son nuestras propuestas para llegar al consenso y al acuerdo. Del resto, lo dicho: hay muchas partes
del plan que agradecemos que haya cogido la estructura del vigente plan de vivienda que hemos llevado a cabo durante los últimos cuatro años.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matos, por su disciplina en este turno ajustándose a lo convenido.



El señor Maldonado tiene la palabra.



El señor MALDONADO I GILI: Señora ministra, ¿quiere que le diga la verdad? Estoy sorprendido por el tono, la forma y el fondo de su segunda intervención. No entiendo el debate; no lo entiendo. Si el señor presidente de la Comisión
hubiera tenido tiempo de minutar su intervención para segmentar a quién ha contestado, se daría cuenta de que ha dedicado el 95 por ciento de su intervención a hablar de la actuación nefasta del Partido Popular en el pasado. ¿Y a nosotros qué, si
el Partido Popular no gobierna? Con una acritud total se ha pasado diciendo: Ustedes han hecho esto y lo otro. Y los demás grupos que no son del Partido Popular y del PSOE estamos aquí mirando con ojos abiertos y diciendo: ¿Y qué, a mí qué me
importa lo que haya hecho la Comunidad Autónoma de Murcia en el pasado o la de Baleares? Es igual. Si lo han hecho mal, sus ciudadanos democráticamente ya les castigarán. ¿Sabe cuál es su discurso, señora ministra? El de la oposición. Aquí hay
un totum revolutum. El Partido Popular aún no tiene claro que está en la oposición y habla con un discurso de Gobierno y el PSOE está hablando desde el punto de vista de la oposición. Usted ha hecho un discurso durísimo de oposición. Nos ha
venido a reñir. ¿Cómo nos puede reñir, señora ministra? ¿Cómo puede reñir a Convergència i Unió por que haya criticado sin dureza, sin acritud -algunas cosas he aplaudido y otras no-, y ha sacado


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a relucir el Gobierno del señor Pujol, supongo que se refería al presidente de la Generalitat de Catalunya? ¿Sabe qué pasa? Que las verdades a medias no son verdades. Vale. Me ha dicho que el Gobierno anterior tenía una normativa que
hablaba de pisos de 20 metros, etcétera.
Hablaba en realidad de un mínimo de 20/30 metros. Vaya a Cataluña y mire cuántos pisos hemos hecho en estos últimos años de 20 y 30 metros. Usted me ha hablado también de 15 metros. ¿Pero sabe qué dice
esta normativa? Para restaurar los pisos antiguos que puedan tener 15 metros. ¿Qué hay que hacer? ¿Volarlos? Ya los hará usted de 30 metros, esto que decía de mini-microhuecos.



Señora ministra, no soy nadie para darle consejos, en absoluto. El Partido Popular lógicamente ha bajado a la arena y usted ha entrado al trapo, y no entiendo por qué. Hemos venido a oír un discurso de Gobierno y usted tiene esta
enfermedad que se llama tortícolis, de la que hay mucha en esta casa, y se pasan el día mirando hacia atrás, mirando lo que han hecho otros. No entiendo esta referencia a Convergència i Unió pues de siete elecciones democráticas ha ganado las
siete, ha gobernado 23 años, las últimas las ha ganado también y ahora hay un Gobierno tripartito que respetamos. Mi discurso iba en la línea de decir no nos haga una loapilla de la vivienda porque el Gobierno de la Generalitat actual merece tener
las competencias que tiene y usted no puede rebajar ese nivel competencial. ¿Pero por qué me habla del pasado si en este momento estamos hablando del plan de futuro, del plan que usted tiene que llevar adelante? Por eso digo que quizás usted aún
no ha asumido que está en el Gobierno y ha venido aquí a reñirnos. Es triste porque, a más a más, el discurso del portavoz que le habla ha sido en diferentes tonos, aplaudiendo, criticando, etcétera. Si le sabe mal que critiquemos es mejor que
venga menos, y si nos tiene que reñir permanentemente pediremos pocas comparecencias para evitar la bronca de la señora ministra riñéndonos por nuestro pasado, del que -repito- estamos muy orgullosos.
En Cataluña encontrará pocos pisos de 30
metros. En Cataluña hay una entidad que se llama GISA que ha hecho pisos de protección oficial por un tubo en todas partes. Vaya y tome ejemplo. A más a más, la normativa actual es la misma que había hace un año y medio. Tan mala no debe ser
porque no ha dicho que es la que hay ahora. Le tengo que decir una cosa.
Tengo que irme porque en esta casa se convocan comisiones a la misma hora y yo tengo que estar en tres. No me voy a marchar por falta de respeto porque usted se merece que
me quede, no me voy a marchar por falta de interés porque el tema me interesa, pero hay momentos que dan ganas de marcharse porque no es bonito que una ministra venga a hablarnos en el tono en que usted lo ha hecho; al menos yo así lo pienso. Me
hubiera gustado que usted hubiera dado una explicación. Nosotros le hemos criticado una parte y hemos aplaudido otra. Seguimos aplaudiendo una parte y criticando otra, no cambia nuestra oposición. Votaremos todo aquello en que podamos ayudarla,
llegaremos a un consenso en aquello que se merezca, pero no nos riña más porque menores de edad no somos y, por tanto, aquí hemos de venir a debatir y no a mirar atrás y a buscar fallos de los otros para defender lo que uno hace.



En esta línea ¿sabe lo que nos gustaría? Potenciar la promoción en régimen de cooperativas de viviendas. Nos gustaría, por ejemplo, que se pudieran considerar gastos deducibles del IRPF las cantidades destinadas a la rehabilitación total o
parcial de viviendas destinadas a alquiler.
También nos gustaría flexibilizar el régimen fiscal específico existente en el impuesto de sociedades para aquellas empresas que construyan viviendas destinadas preferentemente a alquiler, para
posibilitar que un mayor número de empresas pongan en el mercado inmuebles destinados a alquiler. Ha hablado de esto pero nos gustaría que concretara más. Sería bueno establecer créditos avalados por administraciones, fundaciones, entidades
bancarias a bajo coste para los jóvenes que quieran rehabilitar y acondicionar una vivienda antigua. Antes he dicho que hablaría de reducción de los impuestos que gravan el acceso a la vivienda. Es un tema muy importante. Hay que aplicar un tipo
superreducido del IVA del 4 por ciento a todas las viviendas y de manera especial a las de protección oficial para que podamos potenciar la vivienda a la que algunos sectores no pueden llegar. Reducir del 16 al 7 por ciento el IVA que grava la
adquisición de las plazas de garaje habitual cuando el acto de adquisición no coincide con el acto de adquisición del piso. Usted sabe que una plaza de garaje no es un lujo ni una compra porque sí, es un instrumento laboral. Creemos que habría que
favorecer las ayudas de padres a hijos para adquisición de vivienda habitual. En este sentido sería bueno eximir de tributación por impuesto sobre donación las transmisiones de una vivienda, o las donaciones por la compra de una vivienda practicada
de padres a hijos cuando se deba convertir en la vivienda habitual de los hijos. Hemos dicho antes que los jóvenes tienen dificultades en el acceso. Tener un instrumento en el que las ayudas vayan también en la línea de favorecer la adquisición de
viviendas de padres a hijos sería un buen elemento.



Hay muchos más temas, señora ministra, pero déjeme acabar en línea positiva. Hace falta un plan de vivienda, hace falta un plan de vivienda que potencie su adquisición por los sectores sociales que más dificultades tienen para ello. Desde
nuestro grupo le daremos el apoyo que le haga falta y que necesite desde el punto de vista parlamentario, como lo hemos dado cuando el Partido Popular gobernaba y cuando el PSOE gobernaba, y seguiremos en esa línea. Quiero reiterarle que su
presencia ha de ser para proponer un debate político. No creo que sea bueno esta situación en la cual se sustrae el debate político por el debate de partido, creo que no es bueno que PP y PSOE estén a la greña permanentemente y, por favor, no nos
meta en este berenjenal, que nosotros nunca lo hemos hecho, no lo haremos ni nos gusta ni lo deseamos.
Me gustaría acabar preguntándole qué piensa hacer en Cataluña desde el punto de vista del plan de la


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vivienda, concretamente cuál será la actuación de su ministerio en Cataluña, y recordarle una vez más que el Gobierno de la Generalitat es el que ha de pivotar, coordinar y dirigir esta actuación. Usted tiene la oportunidad de ayudar a
Cataluña en aquellos sectores sociales que tengan dificultades para acceder a la vivienda -es una obligación del Gobierno del Estado-, pero lo ha de hacer de la mano del Gobierno de Cataluña y sobre todo teniendo claro que quien marca las políticas
de vivienda en Cataluña es la Generalitat de Cataluña. Me leeré con mucho interés su respuesta y le ruego que no entienda mi ausencia como una falta de respeto sino como la obligación parlamentaria de asistir a otra Comisión.



El señor PRESIDENTE: Correspondía el turno al señor Beloki pero no está presente, por lo que tiene la palabra el señor Contreras.



El señor CONTRERAS PÉREZ: Con brevedad, después de este debate, en el Grupo Socialista hay bastantes coincidencias en cuanto que todos vemos necesario que exista un parque estable de viviendas en alquiler y un parque también estable de
viviendas protegidas. Desde el Grupo Socialista pensamos que la existencia de ese parque permanente de vivienda protegida implica la medida que introduce este real decreto de que la duración de la calificación sea durante la vida útil. En cuanto
al registro de demandantes, que por otro lado se ha reconocido que existe si no en todas las comunidades autónomas, sí en muchas, antes en el debate se hablaba de la complejidad del registro y se preguntaba que cuando falla el primero, si no es la
casa que quiere aunque es la que se ha quedado libre, cómo se hace la ocupación. Evidentemente hay que poner criterios y sin duda ello es complejo. En la era de las nuevas tecnologías, de la informatización de prácticamente todo, la complejidad no
nos debe impedir poner una medida en funcionamiento porque hoy, afortunadamente, existen los medios técnicos para que se pueda llevar a la práctica. Es cierta la complejidad, estamos totalmente de acuerdo, pero si la solución vemos que es ese
recurso, el registro de demandantes, la complejidad no debía ser obstáculo dado que los medios existen y yo he leído también que la sociedad pública de alquiler va a poner una potente página para este servicio del alquiler. Algo parecido se podría
hacer respecto a todos los registros que se refieran a la demanda de vivienda protegida. En ello no veo ningún problema y espero que entre todos seamos capaces de llegar a un consenso.



Me gustaría llevar a una reflexión sobre la figura del arrendamiento con opción de compra. Creo que aquí hay una contradicción. Respetando que cada comunidad autónoma puede poner las figuras que crea necesarias, pienso que desde el
ministerio no se puede ni se va a hacer, ni se está haciendo, ni se está proponiendo frustrar ninguna medida, pero el real decreto tiene que tener una coherencia interna. ¿Y qué quiere decir coherencia? Que no pueden ponerse en el mismo decreto
medidas contradictorias. Si decimos que vamos a fomentar el alquiler, lógicamente todas las medidas deben ser coherentes con ese planteamiento; y si decimos que vamos a poner viviendas en alquiler con opción de compra, en mi modesta opinión creo
que estamos rompiendo la lógica del decreto porque por un lado decimos que sí al alquiler pero por otro lado no podemos comprar y entonces alquilamos, pero si al final se puede comprar que se compre. Pienso que eso no sería bueno en el real decreto
aunque cada comunidad autónoma, si lo ve como una solución, puede hacerlo. Estoy de acuerdo con el principio de que el real decreto, dentro de lo posible y de que tiene que satisfacer, como se ha dicho aquí, tiene que ser flexible para responder a
las necesidades de todas las comunidades autónomas, pero también hay otro principio fundamental que es el de la coherencia interna. Manteniendo esos dos principios toda cabe en este real decreto, pero con flexibilidad y coherencia interna en las
medidas.



Antes me olvidé hacer alusión a otro dato que para el Grupo Socialista es muy valioso en esta política de vivienda que impulsa el Ministerio de Vivienda, y es la preocupación por la calidad de la edificación: la apuesta por el rendimiento,
por la eficacia energética, por el aislamiento acústico, la introducción de nuevos materiales. Hablamos de modernización en muchísimas cosas pero se nos olvida hablar también de modernización en las técnicas de edificación. Todo lo que sea apostar
desde el ministerio por una edificación más moderna, más eficaz energética y acústicamente, creo que es apostar por la modernidad y ello es positivo. Por tanto, también nuestro reconocimiento y apoyo a ese tipo de medidas del ministerio.



Por ir terminando, un tema de especial importancia es el acuerdo con las políticas de suelo y ciudades. Desde el punto de vista del Grupo Socialista lo que ha planteado el ministerio -no podría ser de otra forma- es un acuerdo genérico con
líneas maestras porque es más fácil ponerse de acuerdo sobre eso. En los temas puntuales y concretos puede haber luego discrepancias, pero en las políticas de suelo y ciudades lo que se plantea son medidas mucho más amplias que la Ley del suelo.
Por tanto, la concreción se podrá pedir en alguno de los puntos, pero hablar de sostenibilidad y cohesión social del desarrollo urbanístico es un punto en el que a la hora de concretar podremos estar de acuerdo o no, pero ese acuerdo se puede
producir en este punto y a lo mejor no se produce en las valoraciones del suelo, en la Ley sobre régimen del suelo y valoraciones. Delimitemos en qué estamos de acuerdo y en qué otras cosas no lo estamos. Por tanto, sostenibilidad y cohesión
social en el desarrollo urbanístico, agilización y seguridad jurídica en los procesos de transformación del suelo. El Partido Popular ha pedido muchas veces la agilización y dice que es imprescindible que los procesos administrativos de transformar
el suelo urbanizable en suelo urbano sean más ágiles.
Pongámonos de acuerdo en ese principio y luego ya veremos cómo lo concretamos desde una norma


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o unos principios. Puede que haya discrepancias en las valoraciones del suelo porque lo que ha estado haciendo el Partido Popular a lo largo de estos años no ha dado resultado. El Partido Popular permanentemente hablaba de liberar suelo
porque era lo que resolvía el problema. No ha resuelto el problema solo ese principio de liberalización del suelo, y las reformas que se han hecho sobre la Ley del suelo (no recuerdo si han sido seis, siete o cinco, es igual, se han hecho varias en
ocho años) no han resuelto el tema. Por tanto, aquí sí que hay un principio sobre el que es posible que se discrepe pero nos parece de absoluta lógica. En la valoración del suelo no se pueden incorporar las expectativas futuras porque una acción
pública no puede revertir en beneficio exclusivamente de una parte privada de la sociedad, y eso quiere decir -como también lo establece la Constitución- que las plusvalías deben revertir en el conjunto de la sociedad. Tenemos que hacer una
valoración del suelo que impida la especulación y ponernos de acuerdo en aquello que sea posible.
También se están haciendo actuaciones sobre los suelos patrimonio de las administraciones públicas. Me parece razonable y loable la propuesta del
ministerio a las comunidades autónomas. Pongámonos de acuerdo en las líneas generales y veamos cómo se pueden concretar.



Quiero terminar reiterando la felicitación del Grupo Socialista al Ministerio de Vivienda porque tuvo la valentía en un principio de decir cuáles iban a ser las líneas de actuación del ministerio a corto, a medio y a largo plazo, con el
compromiso que conlleva y con los flancos que abre a la crítica y a la lucha política, pero creo que se ha hecho con claridad, con transparencia y hoy empezamos a ver resultados. Se quiera reconocer o no, el plan de choque ha hecho posible que
70.000 familias más puedan acceder a una vivienda y que sin la financiación que había prevista en el Real Decreto 1/2002 no hubiesen tenido esa posibilidad.
¿Que se puede seguir mejorando? Evidentemente, pero sin la colaboración de todas las
administraciones será muy difícil resolver un problema tan complejo como este, tan complejo que muchas veces confundimos la parte con el todo, y cuando se da una medida que puede resolver una parte del problema nos alarmamos y decimos que no; eso
no va a resolver todo el problema porque es muy grande y muy complejo, pero puede resolver una parte del mismo. La solución al problema tendrá que venir por muchas medidas, por mucha coordinación entre administraciones públicas, que ya lo están
intentando y lo está procurando el Ministerio de Vivienda, y con el tiempo, porque la vivienda no es un producto que se pone en el mercado de la noche a la mañana: cuando se hace una vivienda en suelo urbano tarda dos años y en suelo urbanizable
tarda cuatro o cinco años. Por tanto, tenemos que darnos también un tiempo para ir viendo cuáles son los resultados que va obteniendo este plan de vivienda, igual que otras distintas medidas que se están implementando desde el Ministerio de
Vivienda.



El señor PRESIDENTE: Señora ministra, para finalizar la comparecencia tiene la palabra.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): En primer lugar, agradezco las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a la comprensión de las políticas de vivienda y suelo, entendiendo por comprensión no solo
entendimiento sino también convicción y el hecho de compartir estas políticas, pero sobre todo por haber clarificado algunas cuestiones que han quedado reseñadas de una forma u otra a lo largo de esta intervención en relación sobre todo con el
acuerdo por las políticas de suelo y ciudades, de las que posteriormente hablaré cuando conteste al señor Matos.



Lamento mucho que el señor Maldonado haya calificado como acritud lo que es un pequeño contratiempo por criticar lo que su Gobierno reguló y todavía está en vigor. Supongo que son gajes del oficio y que existe en todas las comunidades
autónomas. A más a más, lo que es es, y en Cataluña existe esa regulación y es la que ha sido criticada, pero existe y no hay que darle más vueltas. Su intervención ha sido contestada por mí antes.
En cuanto a las actuaciones prioritarias en
vivienda protegida en la comunidad autónoma de Cataluña, ya he manifestado que la movilización de suelos públicos, suponiendo que se refiera a eso por el sentido literal de la petición de comparecencia que no por su intervención, la actuación del
Gobierno de España en Cataluña, como decía, respecto a la movilización de suelos públicos es un proceso dinámico donde actualmente hay distintos desarrollos urbanísticos y análisis de patrimonio inmobiliario que se pueda desafectar para las
políticas de vivienda protegida a lo largo y ancho de dicha comunidad. Y en relación con el régimen fiscal, este Gobierno ha dado los primeros pasos no solo en su propuesta de reforma fiscal para bonificar en el impuesto de sociedades y en el IVA a
fondos de inversión y a instituciones de inversión colectiva, sino que el Gobierno sigue trabajando para poder llevar a cabo lo que proceda para las políticas de vivienda y suelo.



El señor Matos decía que está de acuerdo con parte de lo que recoge el plan. Me gustaría que no lanzara un mensaje que no es cierto porque considera que es bueno lo que reproduce este plan, pero es que el plan actual apareció por primera
vez en la década de los ochenta. Como decía al principio, las políticas de vivienda son continuadas, no pueden suponer una ruptura total y absoluta con las políticas anteriores y, ahora, después de un largo tiempo que queremos olvidar, estamos
recuperando las políticas de vivienda en una sociedad del siglo xxi que poco tiene que ver con la de hace varias décadas.



He mencionado antes cuáles son los ejes estratégicos del plan. No es que usted me diga que está de acuerdo con mi plan, es que el plan que presenta el Gobierno de España y que estoy convencida de que va a obtener el consenso de las
comunidades autónomas no tiene nada


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que ver con el anterior. Tiene ejes estratégicos que van desde la accesibilidad hasta la sostenibilidad, la calidad, al parque de viviendas estable y permanente, cuestiones que no estaban recogidas ni conseguidas con planes anteriores no
solo porque tenían menor presupuesto sino porque lo presupuestado no se ejecutaba, entre otras cosas las ayudas estatales directas a la entrada.



He hecho referencia a que los planes anteriores no recogían unas medidas de fomento del alquiler como las que recoge por primera vez este plan: las ayudas al inquilino y al arrendador. Es la primera vez que se recogen en un plan de
vivienda aprobado en la democracia española. Por tanto, no tenemos que cambiar el mensaje. Es la primera vez que las ayudas al inquilino y al arrendador se recogen en un plan de vivienda y antes lo estaban en el plan de choque que aprobó este
Gobierno. La promoción del alquiler está recogida en toda la historia de la democracia y de la dictadura española, no es una novedad de nadie pero sí es una política efectiva que en el actual plan de vivienda este Gobierno ha introducido más
modalidades, tanto en nueva construcción como en vivienda usada, de promoción y construcción de viviendas en alquiler.



Hemos introducido novedades que hasta ahora no existían. Promover viviendas en alquiler a diez y a veinticinco años estaba ya regulado, pero ahora hemos incluido novedades: alquiler de renta básica, de renta concertada, de diez años, de
veinticinco años, distintas calificaciones de la vivienda. Novedades. El alquiler estaba recogido desde el principio de los planes de vivienda. Ayudas al inquilino y ayudas al arrendador, nunca jamás; por primera vez en este plan de vivienda y
antes en el plan de choque.



He mencionado los datos de ejecución no solo del plan de choque, sino del plan de vivienda 2002-2005, en su programa de 2004, y le he mencionado todas y cada una de las comunidades autónomas, le he hablado de los incumplimientos de algunas
comunidades autónomas y además son los datos que usted dice manejar, porque aparecen en la página del ministerio, son datos públicos. Ni que decir tiene que hay datos de otras comunidades autónomas, pero no procedía hablar de ellas; están a
disposición de S.S., si los quiere. Ha mencionado un dato concreto en relación con las viviendas iniciadas y terminadas. Si S.S. quiere que yo le conteste de la misma forma, con una pregunta: ¿qué es más importante, que se inicie una vivienda y
tarde diez años en entregarse o que se termine una vivienda y se dé la llave a un ciudadano que la está esperando? en el año 2004 hay más viviendas terminadas que en el 2003, más viviendas terminadas y más viviendas que se pueden dar a los
ciudadanos que las están esperando.



En relación con las políticas de suelo y las políticas de ciudades, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y yo misma, en mi anterior intervención, ya he manifestado qué es lo que se pretende. Es un acuerdo en el que se pretende
pactar las directrices básicas de las políticas de vivienda y suelo, en cuanto a la cohesión social y a la sostenibilidad con un modelo de ciudad, que es el modelo de las políticas urbanas del siglo xxi. Se pretende también agilizar, como decía
antes, los procedimientos urbanísticos, la creación del sistema de información urbana, que aparece en el real decreto de creación del Ministerio de Vivienda como una competencia suya; los criterios para valorar el suelo en el futuro, criterios, a
los que yo creo que nadie se tiene que oponer, porque se dice que las valoraciones del suelo se tienen que hacer sin que exista especulación, como prohíbe la Constitución. Que no se pueda firmar y pactar eso,me parece impensable. Yo pienso que
todos estamos en condiciones de firmar un acuerdo de esas características:que las valoraciones van a impedir la especulación del suelo; que la propiedad tiene una función social y que las plusvalías tienen que revertir a la socied. Son principios
básicos recogidos en los distintos preceptos constitucionales. Otra cosa distinta es que usted me diga que políticamente le puede interesar más la ley del suelo que el acuerdo por las políticas del suelo y las ciudades. La ley del suelo será un
desarrollo de todos los principios, como le había mencionado anteriormente, lo mismo que otra normativa que se pueda aprobar en el futuro.



Estoy convencida de que al Grupo Parlamentario Popular no le interesa el pacto por las políticas del suelo y ciudades. Si no, estaría en disposición de poderlo apoyar, de poder adherirse a él, porque son directrices básicas de las políticas
de vivienda y suelo. Pinso que lo que quiere es tener un borrador sobre lo que pudiera ser la valoración y la calificación y clasificación del suelo en el futuro, pero estamos en el marco de las políticas de vivienda en tiempo y forma, con una
planificación determinada; primero son las directrices y después serán las normas que procedan de esas directrices.



El plan estatal se va a negociar, lo estamos haciendo y estamos en la recta final, con todas las comunidades autónomas. Y muchas de las cuestiones, o de las reflexiones, o de las sugerencias que S.S. ha hecho aquí para que se pudieran
recoger en el futuro plan de vivienda, probablemente ya estén recogidas en todas esas alegaciones que se han formulado. Por lo tanto, el éxito es fruto de la concertación del Ministerio de Vivienda con aquellos agentes y con aquellas
administraciones que han hecho que se puedan recoger de una u otra forma esas sugerencias, pero, como digo, algunas de ellas ya están recogidas porque son fruto del consenso, la concertación y el reconocimiento de esa pluralidad y diversidad del
territorio español, que yo apoyo y comparto.



Por mi parte, señor presidente, nada más. Señorías, señoras y señores diputados, muchas gracias a todos.



El señor PRESIDENTE: Con esta intervención finaliza la comparecencia de la señora ministra, que agradecemos. Vamos a despedirla y solicitamos la presencia de los miembros del Ministerio de Fomento que van a sustanciar las preguntas que
figuran en el orden del día. (Pausa.)


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Señorías, reanudamos la sesión de la Comisión con el trámite de la respuesta a las preguntas que eran escritas y que se han transformado en orales a solicitud de los señores diputados. Para conocimiento de todos, la que figura en el punto
número 14 se verá como punto número 9 y el resto de las preguntas seguirán en el orden que se había establecido. Las primeras preguntas, la 5, 6, 7, 8 y la antigua 14, que pasa a ser 9, las contestará doña Josefina Cruz, secretaria general de
Infraestructuras del Ministerio de Fomento, y la siguientes las contestará don Fernando Palao, secretario de Estado de Transportes. Como saben, el acuerdo de Junta de Portavoces establece que las preguntas tendrán una duración global de quince
minutos, repartidos en siete minutos y medio para el turno del diputado o diputada que formula la pregunta, y siete minutos y medio para el miembro del Gobierno, repartido en dos turnos.



PREGUNTAS:


- DE LA SEÑORA VILLALOBOS TALERO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE REPARTO DE LA CARGA DE TRABAJO ENTRE LOS TALLERES DE VALLADOLID Y MÁLAGA EN VIRTUD DEL ACUERDO ALCANZADO ENTRE SIEMENS Y LA COMPAÑÍA FERROVIARIA RENFE PARA
LA FABRICACIÓN DE TRENES AVE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/016108). (Número de expediente 181/001011.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta que figura en el orden del día con el número 5, relativa al reparto de la carga de trabajo entre los talleres de Valladolid y Málaga en virtud del acuerdo alcanzado entre Siemens y la compañía ferroviaria Renfe
para la fabricación de trenes AVE, procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita formulada por la señora Villalobos Talero. Señora Villalobos, tiene S.S. la palabra para formular la pregunta.



La señora VILLALOBOS TALERO: El 1 de diciembre se firmó un acuerdo entre Siemens y Renfe, por el cual se van a llevar a cabo una serie de realizaciones, de construcciones de trenes, etcétera. Se plantean en principio en Valladolid y parece
ser que también en Málaga. Yo hago una batería de preguntas entre noviembre y diciembre y no me han sido contestadas. Como tengo poco tiempo, lo que sí me gustaría, porque estamos en el mes de junio, es situarnos en la realidad en la que estamos.
Ese acuerdo mutuo de colaboración entre Siemens y Renfe hablaba de unos plazos. Las respuestas del Gobierno dicen que todos los datos, número de trenes, lugar donde se van a realizar, etcétera, se concretarían en el plan de negocios. El plan de
negocios tenía que haber estado terminado en este mes de junio y tenemos que ligar la situación del mismo, si es que se está llevando a cabo, con el reparto de trabajo entre las dos ciudades.



El señor PRESIDENTE: Señora Cruz, tiene S.S. la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): De forma breve. Estoy de acuerdo en que actualicemos las cosas, pero vamos a ver los antecedentes. Se firmó con Siemens en diciembre este preacuerdo, que tiene diez años de
duración, con una carga de trabajo de 150.000 horas en el 2005 y 2006 y 250.000 horas a partir del 2007. Eso se tiene que concretar. Se ha seguido trabajando con Siemens y se tiene que concretar cómo se hace el reparto del trabajo, sabiendo que en
el momento actual en Los Prados se está al cien por cien de trabajo para el 2005 y para el 2006. Esa es la situación actual y por lo tanto nosotros estamos tranquilos con respecto a la carga de trabajo que va a entrar en Los Prados, en Málaga,
cuando se concrete el plan de trabajo, que es un plan complejo, porque hay que hacer inversiones de carácter técnico para la modernización de los talleres de Los Prados. Usted conoce perfectamente la situación anterior y cómo se había ido perdiendo
empleo y actividad en Los Prados durante los últimos años. La voluntad del Gobierno es recuperar, revitalizar Los Prados. Tiene carga de trabajo, hasta el 2006 y el Gobierno quiere que siga, no solamente con el convenio de Siemens, sino con otros
dos convenios o preacuerdos, que la ministra ha anunciado, con CAF y con Talgo, para que haya garantía absoluta de trabajo en Los Prados ahora, que la tiene garantizada, y a partir del 2007.



El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, tiene S.S. la palabra.



La señora VILLALOBOS TALERO: La verdad es que no me tranquiliza usted nada. En primer lugar, hay una cuestión que se ha utilizado mucho por algún diputado del PSOE, la pérdida de carga de trabajo tanto en Valladolid como en Málaga. Yo le
quiero decir que en la acumulación de los años 1982 a 1995 se ha perdido un 40 por ciento de personal: en la época del Partido Popular, 11 por ciento en Valladolid, 16 por ciento Málaga; y en Málaga, en los años del Partido Socialista, el 40 por
ciento. Esto es un problema que hemos heredado todos y que todos tenemos que resolver, pero no queremos que se haga demagogia. En lo que se refiere a la carga de trabajo, le quiero decir a la señora secretaria general, que me preocupa el número de
horas que se plantean al año, 250.000 horas/año. En este momento Málaga tiene 306.000 horas/año y Valladolid 690.000. Por tanto serán los excedentes del trabajo que ya tengan contratado lo que podrán hacer.



En segundo lugar, en Valladolid ya se están comprando terrenos y se está elaborando esa nueva implantación


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para el acuerdo con Siemens. Pero es que, además, el acuerdo con Siemens dice claramente que si en el mes de junio de 2005 no se ha creado la sociedad en su totalidad, en septiembre se disuelve el acuerdo; eso dice taxativamente el acuerdo
-y yo tengo un ejemplar- firmado por Renfe. Así pues, si no se ha firmado ya, el 30 de septiembre se acaba el acuerdo entre Siemens y Renfe. Y no me ha respondido usted a mi pregunta, sobre qué carga de trabajo va a tener Valladolid y qué carga de
trabajo va a tener Málaga, porque en Los Prados (Málaga) nadie sabe nada de este acuerdo.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): Yo quiero tranquilizarla señoría, porque se sigue negociando con Siemens la distribución precisa de la carga de trabajo. No tiene por qué preocuparse, tiene que estar
tranquila, porque hay trabajo para los próximos dos años. No quiero entrar en guerras de cifras con S.S., pero lo que es cierto es que, sobre todo en los últimos años, las mercancías han estado totalmente abandonadas por el Gobierno del PP.
Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en la recuperación del transporte de mercancías por ferrocarril, y eso exige un periodo de reajuste de las cargas de trabajo que tienen nuestros talleres. La propuesta y la apuesta del Gobierno es que
ambos talleres, tanto Valladolid como Málaga, tengan la carga de trabajo necesaria para el personal que tienen actualmente, incluso ir a un incremento de la misma, según los preacuerdos que ahora mismo se están llevando a cabo con Talgo y con CAF.



- DE LA SEÑORA VILLALOBOS TALERO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE EL NÚMERO DE TRENES QUE EN VIRTUD DEL ACUERDO ENTRE SIEMENS Y RENFE SE FABRICARÁN EN EL TALLER DE RENFE EN LOS PRADOS (MÁLAGA) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/016104). (Número de expediente 181/001012.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura en el orden del día con el número 6, relativa al número de trenes que en virtud del acuerdo entre Siemens y Renfe, se fabricarán en el taller de Renfe en Los Prados (Málaga), procedente
también de pregunta con respuesta escrita formulada por la señora Villalobos Talero. Señor Villalobos, tiene S.S. la palabra.



La señora VILLALOBOS TALERO: A mí me gustaría estar tranquila, que se resolviera el problema, pero me da la sensación de que hay mucho humo y mucha mentira en esta cuestión. Porque, si hay un acuerdo real con Siemens y se va a llevar a
cabo, no hay lugar a contratar con otras dos empresas. Además, el comité de empresa de Los Prados dice taxativamente que no tiene ni idea de ninguno de los tres proyectos, y en Valladolid sí la tienen. Y no me digan que es que en Valladolid el
Partido Popular pide que nada más que se fabrique allí; lo pide Comisiones Obreras, lo pide UGT en Valladolid. Pero yo soy de Málaga, y UGT, Comisiones Obreras y la señora Villalobos pedimos que en Los Prados también se haga. Por lo tanto, la
situación no es para estar tranquilos porque este año haya carga de trabajo; ese no es el tema por el que yo le pregunto. Yo la pregunto a usted: ¿el acuerdo con Siemens se va a cumplir? El plan de negocios está claramente delimitado en el
acuerdo que se firma el 1 de diciembre, con fechas. ¿Se ha creado ya la sociedad? Estamos a veintitantos de junio, le quedan diez días, señora secretaria general, al ministerio para hacerlo; y si no se hace, el 30 de septiembre se rompe el
acuerdo, también se dice. Y usted dice que van a ir a Talgo y CAF, si ese acuerdo hubiera sido real no haría falta buscar terceros ni cuartos. Una vez más, la política del Ministerio de Fomento es llegar a Málaga, hacerse fotos con quien no les
corresponde, crear problemas donde no los hay y vender humo. Y al final se sabe la realidad. Yo lo que la pido es una contestación clara y precisa: ¿Se ha creado ya la sociedad? sí o no.
¿Se va a disolver el 30 de septiembre, como dice? sí o
no. ¿Dónde está el acuerdo con Talgo y con CAF, para ser llevado a cabo en Los Prados en Málaga? Ni el comité de empresa de Málaga ni nadie tiene conocimiento de ello. Sólo están las palabras que dice la ministra. En la respuesta escrita dice
que todo se hará con el plan de negocios, señora secretaria general y, con todo mi respeto, si no se firma el plan de negocios y se crea la sociedad antes del 30 de este mes, lo llevamos mal.



El señor PRESIDENTE: Señora Cruz, tiene S.S. la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): Como esta pregunta es continuación de la anterior, yo estoy de acuerdo con usted en que al final se va a saber cuál es la realidad. Va a haber trabajo tanto para Valladolid
como para Málaga. De hecho, ha habido algunas declaraciones de un compañero suyo de partido en Valladolid que estaba preocupado por la carga de trabajo en Málaga; por algún motivo habrá sido. Y, cuando estamos hablando de ese número de horas,
estamos hablando de incremento de las horas de trabajo ya existentes. Si hay una apuesta por parte de Renfe de negociar también con otras empresas es precisamente porque nosotros queremos tener un amplio abanico de relaciones con distintas empresas
proveedoras y no nos interesa tener solamente relaciones con una única empresa proveedora. Por lo tanto, nosotros tenemos otros trenes que están siendo encargados a otras empresas, concretamente en el caso del Talgo y en el caso de CAF. Tenemos
una apuesta muy grande también por cercanías y en los talleres de Málaga se está trabajando en la remodelación de trenes de cercanía. Por lo tanto no debía preocuparle, sino todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es diversificar la actividad
en


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Valladolid, pero en el caso concreto que a usted le preocupa, por supuesto en Málaga, y si no fuera por la ministra de Fomento quizás los talleres de Málaga habrían languidecido, porque tenían un riesgo de cierre hace apenas ahora un par de
años.



El señor PRESIDENTE: Señora Villalobos, tiene S.S. la palabra.



La señora VILLALOBOS TALERO: No estamos hablando de si tienen carga de trabajo Los Prados, en Málaga, no me intente usted llevar a ese debate.
Yo no le estoy preguntando por eso. Tienen ustedes la costumbre de jamás responder a lo que se
les pregunta, yo la estoy preguntando por algo muy concreto. Además, la carga de trabajo del año 2005 fue contratada tres años antes y no estaba la señora ministra salvándonos la vida a los malagueños. Nadie nos salva la vida a nosotros, a nadie.
Desde luego, los talleres de Renfe en Los Prados han perdido cantidad de puestos de trabajo desde el año 1982, y la respuesta es del Ministerio de Fomento, no me lo he inventado yo 40 por ciento cuando gobernaban ustedes, 16 por ciento cuando
gobernábamos nosotros, estos son los datos. No me hable usted más de las providencias de los dioses que vienen a salvarnos, porque yo no creo en eso, yo creo en el trabajo bien hecho, nada más.
Respecto a lo que ha dicho el Partido Popular en
Valladolid, yo le puedo decir que, el 2 de abril del año 2005, el presidente de Siemens decía que se va a construir en Valladolid. Declaraciones del presidente de Siemens; los trenes se van a construir en Valladolid y en Alemania. No habla de
Málaga. Dice en otras declaraciones posteriores que a lo mejor algún tipo de ayuda se podría hacer en Málaga a partir del 2007; eso es lo que dice.
Comisiones Obreras no quiere que vaya a Málaga; Comisiones Obreras quiere que vaya a Valladolid.
No me hable de ese tema. UGT, tampoco, ni los diputados del Partido Socialista de Castilla y León cuando gobernábamos nosotros en España.



Eso es normal, esto forma parte del trabajo de cada cual. Pero yo le estoy hablando de algo muy concreto: del plan de negocios. Si no se crea la sociedad antes del 30 de este mes, se rompe el acuerdo con Siemens según el documento que
ustedes me enviaron, que es lo que ustedes han firmado con Siemens. ¿Esto es así o no? ¿Qué problemas han tenido en el reparto de trabajo? No me vuelva usted a hablar de lo que ya tienen Los Prados, por favor, porque todos hemos colaborado para
que Los Prados siguieran adelante, todos. A mí me encantaría que la señora ministra lo resolviera todo, me parecería fantástico; yo lo que quiero es resolver el problema.
No es ese el tema, el tema es que están engañándonos, el tema es que están
creando ustedes inseguridad, el tema es que ahora la ministra, en una nota -porque rueda de prensa con periodistas no, nada más que gráficos- dice que van a venir otras dos sociedades. ¡Qué suerte tenemos! ¿Y dónde está eso escrito, dónde están
esos acuerdos? Yo he hablado con las empresas y no parece que la línea vaya por ahí. ¿Qué ocurre? ¿Se va a cumplir el acuerdo con Siemens, sí o no? ¿Se va a crear la sociedad antes del 30 de este mes, sí o no? Y no me diga que me tranquilice,
que todo va muy bien, porque esto ya me lo ha dicho usted y me lo dicen en las respuestas escritas que me mandan ustedes, con cierto retraso, y a algunas preguntas ni siquiera me contestan. Por favor, ¿qué carga de trabajo de Siemens -y si están
muy avanzadas las negociaciones ya lo saben ustedes- va a aportar el acuerdo con Siemens para Los Prados, en Málaga? Y no me hable, por favor, de la carga de trabajo que ya tienen Los Prados, porque también la sé, por las respuestas, como les digo,
retrasadas, pero enviadas por el propio Ministerio de Fomento.



El señor PRESIDENTE: Señora secretaria general, tiene la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): Yo no dramatizaría tanto con respecto a la situación. Y no le puedo aceptar que diga que nosotros estamos engañando ni que nosotros estamos generando inseguridad en Málaga.
Yo le agradecería a S.S. que retirara esas palabras.



Se está negociando y cuando esté el acuerdo cerrado tendrá usted fiel cuenta de lo que se ha hecho. Bien conoce usted que los acuerdos entre empresas es necesario que se cierren. Estamos hablando de una empresa pública y de una empresa
privada. Adelantar, aunque sea en esta sede, con todos mis respetos, preacuerdos y conversaciones que se estén celebrando, comprenderá que no puede facilitar las negociaciones que nosotros, como empresa pública, estamos manteniendo. Cuando el
acuerdo esté cerrado, tendrán información puntual del mismo. Yo le pido que no dramatice; nosotros no estamos engañando, no estamos creando inseguridad. Lo que estamos haciendo es procurar que se incremente la carga de trabajo en Los Prados, para
que se tranquilicen los trabajadores, las empresas y los diputados de Málaga.



- DEL SEÑOR AYALA SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS A TRAVÉS DE CAPITAL PRIVADO, CON CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (PROCEDENTE DE LA
PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/027356). (Número de expediente 181/001083.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura en el orden del día como número 7, relativa a previsiones acerca de la construcción y explotación de infraestructuras ferroviarias a través de capital privado, con concesión
administrativa, formulada por el señor Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular.



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Señor Ayala, tiene S.S. la palabra para formular la pregunta.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Bienvenida, señora secretaria general. Mi grupo tiene interés en conocer cuáles son las previsiones de su ministerio acerca de lo que literalmente dice la pregunta, acerca de la construcción y explotación de
infraestructuras ferroviarias a través de capital privado, con concesión administrativa.



El señor PRESIDENTE: Señora Cruz, tiene S.S. la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): Gracias al señor Ayala por su bienvenida a esta Comisión. Efectivamente, está prevista la autorización por parte del Ministerio de Fomento, y expresamente por el documento
del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, de la financiación privada, en general en toda la infraestructura y en particular en el caso de la infraestructura ferroviaria, que, de acuerdo con la tabla final que tiene el PEIT, está
valorada en un 18 por ciento. Si bien ya estamos acostumbrados a la existencia de concesiones en carretera, este es un sistema concesional que todavía se está aprobando, pero al menos ya tenemos una obra en desarrollo, que se firmó en 2004, que es
el Figueras-Perpignan, y yo diría que es un poco la prueba del nueve de que es posible, que se está haciendo esta apuesta por la concesión privada de las inversiones en infraestructuras ferroviarias por parte del Gobierno español, en este caso en
concierto con el gobierno francés.



El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene S.S. la palabra.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Esta pregunta, que se la hacíamos en principio por escrito, para informarnos de cuál era su opinión, tenía varias motivaciones. Queríamos saber si, a pesar de las múltiples manifestaciones que se tenían de no acudir
a la vía concesional, el Partido Socialista, y concretamente el Ministerio de Fomento, cambiaba de opinión. El antecedente de Figueras-Perpignan, que es del Gobierno anterior, no tenían por qué utilizarlo, y vemos con agrado y con satisfacción que
dicen que sí a la iniciativa privada, lo cual de alguna manera nos quiere significar que o no han tenido planificación suficiente, o no han tenido dotación económica, o no tienen otra alternativa que acceder a la iniciativa privada para una materia
como las infraestructuras ferroviarias, en las cuales tal y como usted ha dicho, no teníamos experiencia.



Habida cuenta de que usted está aquí para contestarnos, a mi grupo ya le gustaría, si usted puede, que profundizáramos algo más en esta cuestión.
Yo no voy a polemizar, pero sí querría saber cómo vamos a conjugar ahora ADIF con los
privados? Figueras-Perpignan tuvo un diseño antes del 31 de diciembre y antes de que se hicieran las transferencias a ADIF de lo que son los surcos, de lo que es la infraestructura ferroviaria. ¿Cómo piensa el ministerio que se va a poder conjugar
una cuestión con otra? Yo creo que avanzaremos un poquito más en la propuesta que ha hecho la CEOE. Esa decisión que tienen ustedes de invertir hasta el 18 por ciento en ferrocarriles, como quiera que se acerca al 50 por ciento en materia de PEIT,
va a ser muy importante, va a ser muy trascendente. Bienvenidos a la política de las APP, a la política europea de la Asociación Pública Privada, ya era hora de que ustedes se decidieran y apostaran claramente por esta figura tan eficaz y que se
demuestra que soluciona los problemas de vertebración y de cohesión. Nos gustaría que nos dijera algo más, ya que, como le acabo de señalar, ese porcentaje me parece de mucho peso para que se improvise sobre él, habida cuenta también de que es
inminente, según parece, la aprobación del PEIT y su entrada en vigor.



El señor PRESIDENTE: Señora Cruz, tiene S.S. la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): Me ha hecho distintas preguntas. Por una parte me habla de los porcentajes. El PEIT lo que plantea es un 60 por ciento público y un 40 privado, sabiendo que nuestro
objetivo sobre todo es que las empresas se autofinancien a nivel de puertos y aeropuertos. En las carreteras tenemos un 25 por ciento y en ferrocarril, un 18 por ciento. Cuando se hizo el primer documento propuesta del PEIT, que usted conoce de
manera suficiente, fue después de un análisis de la realidad: por qué se habla de un porcentaje del 90 por cien, casi el 100 por cien en el objetivo final del plan puertos y aeropuertos, por qué iniciamos la participación privada en ferrocarriles
de acuerdo con la previsible demanda que en esos momentos tenemos en ferrocarriles. El plan está para ser aprobado, para ser cumplido y para ser revisado, y la demanda de facto que se vaya produciendo nos llevará, si es necesario y conveniente, a
modificar esos porcentajes.



¿Cómo conjugar ADIF con los privados? A mí no me crea problemas. Nosotros tenemos una empresa, ha sido ejemplar la separación entre ADIF y Renfe, era compleja en sus inicios y ha sido ejemplar en el momento en que se ha ejecutado, y ADIF
es ahora mismo el responsable, la empresa pública que se ocupa de la construcción de las infraestructuras de alta velocidad, de la conservación de la red convencional que el Gobierno le encarga. Si el Gobierno, manteniendo la propiedad de las vías,
por concesión, encarga a otra empresa la construcción de la misma y su explotación, a nosotros no nos crea ningún problema conjugar ADIF con los privados. A mí, a nosotros, al ministerio no nos crea problema conjugar la existencia de un ente
encargado de la construcción de la alta velocidad y del mantenimiento de la red convencional por encargo del Gobierno y la existencia de unas


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concesiones de determinados tramos a determinadas empresas.



¿Cuándo vamos a concretar esto? Aunque no me ha hecho la pregunta, estoy segura de que le interesa. Nosotros estamos elaborando los planes sectoriales de ferrocarriles, de carreteras, los planes intermodales de mercancías y de viajeros, y
se irán concretando los ejes que puedan de ser de interés de la iniciativa privada, como va a ocurrir en el caso de las carreteras. Las carreteras tampoco están definidas en el PEIT, tampoco están definidas con nombre y apellidos las que son de
peaje, pero se hará a lo largo de la concreción del plan sectorial.



- DEL SEÑOR AYALA SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE POSICIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO SOBRE LA PROPUESTA DE LA CEOE DE REALIZAR UN EJE FERROVIARIO PARA MERCANCÍAS ALGECIRAS-PERPIGNAN, A CONSTRUIR Y EXPLOTAR POR LA
INICIATIVA PRIVADA MEDIANTE EL RÉGIMEN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA Y CON APLICACIÓN DE FONDOS COMUNITARIOS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/027357). (Número de expediente 181/001084.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura en el orden del día como número 8, relativa a la posición del Ministerio de Fomento sobre la propuesta de la CEOE de realizar un eje ferroviario para mercancías Algeciras-Perpignan, a
construir y explotar por la iniciativa privada mediante el régimen de concesión administrativa y con aplicación de fondos comunitarios. Señor Ayala, tiene S.S. la palabra para formular la pregunta.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Su lectura me evita repetirla, y en la segunda intervención matizaremos un poco más.



El señor PRESIDENTE: Señora Cruz, tiene S.S. la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): Efectivamente, como bien conoce S.S., la CEOE hizo una propuesta en pleno periodo de elaboración del documento inicial del PEIT, y entiendo que usted lo conoce y tiene ese
documento que nos hizo llegar al ministerio, con una apuesta compleja de intervenciones, básicamente en temas concesionales de carreteras, pero también una propuesta, que yo califico de muy interesante, sobre la explotación, yo no diría tanto
construcción, explotación de un eje de mercancías, que, empezando en Algeciras, llegaría a Perpignan, y su continuidad por ejes transeuropeos. Es un eje sobre la base de la construcción de las nuevas líneas de alta velocidad que se están creando,
que provoca que las líneas convencionales actualmente en explotación vayan quedando liberadas del tráfico exclusivo de pasajeros. Se identifica perfectamente ese eje, que sale de Algeciras, Bobadilla, Córdoba, etcétera, hasta la salida a Perpignan.
Es un eje existente, no completo en estos momentos: mientras que no se termine o se ponga en servicio Córdoba-Málaga por la alta velocidad no estará completo el eje -se puede decir liberado- para mercancías. Existe ahí una apuesta del Gobierno.



La valoración de ese eje es positiva por nuestra parte. Es cierto que en esa propuesta que la CEOE hizo en su momento está claro por una parte qué actuaciones hay que ir haciendo dentro del recorrido, sobre apeaderos, algunas
circunvalaciones de grandes ciudades, hay una serie de actuaciones valoradas en 3.000 millones de euros en ese momento por la CEOE. Entienden que el 30 por ciento podría venir como eje transcontinental. La CEOE lo que plantea es que de esos 3.000
millones de euros en que ellos valoran la ejecución de ese eje, el 30 por ciento podría ser cubierto por estos fondos europeos, en función del carácter transcontinental del eje, sin llegar a especificarse cómo se cubrirían o cómo se realizarían las
otras actuaciones. Nosotros tenemos la voluntad en el Plan Sectorial de Ferrocarriles de hacer un estudio específico de las mercancías, y naturalmente no solamente de este eje, sino de otros ejes, que son necesarios e imprescindibles para ese
objetivo del Gobierno que es reforzar las mercancías. Yo misma conocí las declaraciones del presidente de Transfesa que estaba muy esperanzado, de lo cual yo me alegro, que espera que en los próximos cinco años pasemos del 3 por ciento actual al 12
por ciento de tráfico de mercancías por ferrocarril.



El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene S.S. la palabra.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora Cruz, por sus datos. Hay un par de cuestiones que a mí me suscitan su respuesta. En primer lugar debo señalarle que nos dice que más que nada va a ser explotación de una red existente. Ahí
es cuando tenía sentido mi pregunta anterior de cómo se conjugaba ADIF con los privados, porque, si no recuerdo mal, esta vía es ahora mismo propiedad de ADIF. En segundo lugar, no solo porque haga falta hacer la circunvalación de Madrid y la
circunvalación de Barcelona, sino por algunas otras cuestiones, implica la obligación de invertir esos 3.000 millones de euros que usted nos ha recordado y que efectivamente se recogen en el documento de CEO. También porque hay otra línea, a la
cual usted no ha hecho referencia y que está dentro del documento de CEOE, que es la de Almería-Murcia-Valencia-Barcelona, para unirse en Portbou y Perpignan y conectarse con la otra línea, siendo estas


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dos líneas las que conformen la oferta de CEOE para el transporte, que evidentemente también pretende la conexión con África, para tener ese carácter transcontinental que le dé el 33 por ciento de financiación europea.



Dicho eso, se suscitan varias cuestiones más que se suscitan. Primero, me parece que podemos incurrir en alguna contradicción a la hora de decir que todas estas líneas van a desaparecer del uso de pasajeros y que van a quedar liberadas, ya
que su política de altas prestaciones, en lugar de alta velocidad, o, si no quiere usted que juguemos con la terminología, sus redes de altas prestaciones que son mixtas del tráfico de pasajeros-mercancías, sin duda incidirá directamente en la
política que se vaya a hacer de explotación de estas líneas. Ahí hará falta un pronunciamiento claro, ya que, en la conexión Madrid-Málaga, afortunadamente esa alta velocidad es solo de pasajeros y la red convencional sí que se mantiene
exclusivamente para mercancías, pero su voluntad parece que no es mantenerla en todo el corredor, sobre todo en el corredor mediterráneo de Almería-Murcia-Valencia-Barcelona, tiene una incidencia importante. Segundo, volviendo a un argumento que
usted ha utilizado antes, usted ha dicho que en la financiación del PEIT se preveía el 60 por ciento público y el 40 por ciento privado, en general, luego se hacían algunas consideraciones, que si el noventa y tantos por ciento, etcétera. Según
nuestros datos, y del análisis del PEIT, que sí que es verdad que está en las últimas páginas, ustedes están considerando que lo que hace AENA y lo que hace Puertos del Estado es financiación extrapresupuestaria, cuando no es extrapresupuestaria.
Una cosa es que sean empresas públicas, que tengan equilibrio, plan de empresa y endeudamiento, y otra cosa es que eso sea extrapresupuestario. En primer lugar, no es extrapresupuestario y, en segundo lugar, tampoco es privado.
De la globalidad
del PEIT, y nosotros hacemos el mero análisis del PEIT, pero ustedes son los que lo han hecho, parece que la inversión privada se queda en el 20 por ciento, lo cual no está mal. Nadie está diciendo nada, pero lo digo porque sepamos bien claro
cuáles son los porcentajes, sobre todo a la hora de poder hacer valoraciones, en un momento en que parece inminente su aprobación, dato que usted nos podría adelantar, si lo sabe, señora secretaria general.



El señor PRESIDENTE: Señora Cruz, tiene S.S. la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): Señor Ayala, de acuerdo con la precisión; un 60 por ciento presupuestario y un 40 por ciento extrapresupuestario, a grandes números. Un 20 por ciento sería de participación
directa de capital privado. Estoy de acuerdo, también, con el otro eje que se plantea en el informe de la CEOE, desde Almería hasta la frontera de nuevo, son los dos grandes ejes donde nosotros apostamos y donde está y debe estar la gran actividad
de mercancías, y que saque de las carreteras, no quiero hablar de Murcia, del litoral mediterráneo, también mucho del tráfico pesado de mercancías, por muchas razones, las económicas, las ambientales, las de seguridad, que tanto nos preocupan a
todos. Ambos ejes están en la propuesta de la CEOE y ambos ejes están planteados.



Tráfico mixto o tráfico exclusivo. En el último documento, cuando llegue su aprobación, se ha ido afinando. Nosotros tenemos que conjugar ahí la complementariedad. Una cuestión es que el surco sea el mismo eje y otra cosa es que sea la
misma línea. Es un tema que, en la escala del PEIT, donde los mapas están en un folio, no se puede precisar, pero hay surcos o ejes que tienen dos, cuatro o incluso seis líneas, de las cuales unas serán de tráfico exclusivo de viajeros y otras de
tráfico exclusivo de mercancías. Yendo al mapa, y hablo del mapa del PEIT, que está publicado y que está como documento propuesta, nosotros salimos de Algeciras y llegamos a Bobadilla, eso está como tráfico mixto, de viajeros y de mercancías. La
apuesta que tenemos todos, que es estratégica para España -no es una apuesta solamente de Algeciras, es una apuesta estratégica para España- es la integración del puerto de Algeciras en el territorio nacional y la conexión de ese puerto, y que sea
de efecto económico al conjunto de la economía. Se están haciendo apuestas cuya ejecución dura mucho, pero entre todos creo que lo estamos consiguiendo. Por tanto, tráfico mixto de Algeciras a Bobadilla, aprovechamiento para mercancías desde allí
hasta Córdoba, utilización del eje hacia Madrid, el eje convencional, y las ciudades más significativas usted las conoce bien, Alcázar de San Juan, y luego se sigue por una línea convencional existente hacia Tarragona. La línea está perfectamente
identificada y solo coincide en el tramo Algeciras-Bobadilla.



En el caso de la costa mediterránea, ya se está en la duplicación, cuatro o seis líneas, de las cuales unas serán de tráfico exclusivo de mercancías y otras de tráfico exclusivo de viajeros. La referencia que nosotros tenemos en el ámbito
europeo, y en nuestro caso es Alemania, con respecto a la densidad de tráfico existente en algunas líneas, es la compatibilidad con una frecuencia mayor de la que tienen actualmente nuestras líneas, para que sea compatible el tráfico de viajeros con
el mercancías. Un problema ya más complejo, que está abordado en el documento de la CEOE y que nosotros vamos a abordar en el documento del plan sectorial de ferrocarriles en temas de mercancías, son sobre todo requerimientos de carácter técnico
complementario sobre el tamaño de los apeaderos. Son una serie de requerimientos que no están en las propias vías, sino que es la gestión para que los trenes mercancías no estén parados, que es lo que fundamentalmente el sector nos está pidiendo.



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- DEL SEÑOR AYALA SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PARA LA INCORPORACIÓN COMO PROYECTOS PRIORITARIOS DE LA UNIÓN EUROPEA DE LOS CORREDORES DE BURGOS-IRÚN-BAYONA-BURDEOS, CARRETERA Y FERROCARRIL,
PAMPLONA-ROTES, CARRETERA Y FERROCARRIL, ZARAGOZA-SOMPORT-PAU, CARRETERA Y FERROCARRIL, LLEIDA-VIELHA-TOULOUSE, CARRETERA Y FERROCARRIL, BARCELONA-PUIGCERDÀ-TOULOUSE, CARRETERA Y FERROCARRIL, BARCELONA-PERPIGNAN-MARSELLA, CARRETERA Y FERROCARRIL, Y
ZARAGOZA-CANFRANC-PAU, FERROCARRIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/027354). (Número de expediente 181/001090.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figuraba en el orden del día como número 14, que es: Actuaciones para la incorporación como proyectos prioritarios de la Unión Europea de los corredores de Burgos-Irún-Bayona-Burdeos
(carretera y ferrocarril), Pamplona-Rotes (carretera y ferrocarril), Zaragoza-Somport-Pau (carretera y ferrocarril)... Les ahorro la cantidad de corredores que el señor Ayala ha incluido en su pregunta, una vez que está claramente identificada.

Señor Ayala, tiene S.S. la palabra para formular la pregunta.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Y nuevamente, señora secretaria general, la lectura del presidente nos ahorra ser reiterativos. Si es tan amable, contesta a los puntos que se señalan en la pregunta 14.



El señor PRESIDENTE: Señora Cruz, tiene S.S. la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): La verdad es que no he entendido muy bien la pregunta, porque yo me he estudiado todos los ejes que usted ha planteado y algunos me parece que son coincidentes, pero voy a
ser lo más precisa que pueda, para darle pie a su segunda intervención.



Como usted bien sabe, los proyectos prioritarios son los proyectos de interés común dentro de la Unión Europea, y luego están los proyectos trasfronterizos o los ejes transfronterizos, que en algunos casos son coincidentes, y la red
transeuropea de carreteras y ferrocarriles. Digo esto por centrar algunos conceptos que yo de vez en cuando necesito centrar. Debo decir que todos los ejes que usted especifica en su pregunta están en la red transeuropea de carreteras, todos están
incluidos, con algún error que no merece la pena destacar, con respecto a la pregunta que usted ha hecho.



Hubo un primer acuerdo en 1996, que se ha modificado en el 2004 en los proyectos prioritarios. En esos proyectos, que en la lista del anexo tres son 30, en el caso de España están los 3 ejes de conexión ferroviaria.
Los tres, el eje
occidental, el eje oriental y el eje central. Lo digo así por no dar muchos nombres, si le parece. Están los tres en la red como proyectos prioritarios y están incluidos en el documento del PEIT, como usted conoce. Si quiere, entramos en el
detalle del Figueras-Perpignan, que se contrató en el 2004. Son cinco años de ejecución, ADIF no solamente es la concesión, sino que nosotros estamos trabajando desde Barcelona hasta la concesión, porque si no carecería de sentido ese eje.
Simultáneamente, el segundo en importancia, si quiere, en desarrollo de maduración del proyecto, sería el vasco, Madrid-Burgos-Irún-Bayona-Burdeos, según donde queramos que empiece su conexión con Portugal. Nosotros estamos trabajando en la parte
española fundamentalmente, impulsando todos los proyectos, la bien conocida como 'Y' vasca, y por otra parte estamos en negociaciones con los franceses para constituir una sociedad mixta. Finalmente está el tercer eje, que es el eje central. La
ministra estuvo con el comisario Barrot hace ahora quizá diez o quince días; aparte de entregarle y presentarle el PEIT, volvió a apostar, y el señor Barrot manifestó a la ministra que apostaría también por este eje central, que conocen ustedes
bien que tiene mayores dificultades desde el punto de vista técnico y ambiental. La apuesta nuestra es un gran túnel de base que atravesara los Pirineos, aproximadamente unos 60 kilómetros.



Esos son los tres ejes. Hay otros ejes también que están en los proyectos prioritarios, que son todas las conexiones atlánticas, y todos ellos están incluidos en el documento del Plan Estratégico de Infraestructuras, el PEIT. Precisamente
la Unión Europea pasó la fecha de referencia, que estaba en el 2010, al 2020, con lo que coincide en la fecha del horizonte temporal del Plan Estratégico de Infraestructuras nuestro.



El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene S.S. la palabra.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Efectivamente, hay algunos proyectos que son prioritarios dentro de los que he señalado y otros que no están todavía incluidos como proyectos prioritarios, a pesar de estar en la red transeuropea de transporte. Esta
pregunta, como usted sabe, era muy anterior a la última reunión de la ministra con el correspondiente francés, pero no porque ya conozcamos el contenido de esa reunión nos deja de preocupar esta situación.



Hay una cuestión clara, señora secretaria general, los Pirineos es nuestra barrera infranqueable y Francia siempre es Francia. Francia no tiene ninguna voluntad, eso es claro, se puede decir a boca llena, no tiene ninguna


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voluntad de que nosotros mejoremos nuestra conexión y la permeabilidad de los Pirineos. Por tanto, lo que desde el Partido Popular demandamos es una fortaleza a la hora de defender nuestros intereses en la incorporación de todos los
proyectos como prioritarios, porque las actuaciones españolas no se ven correspondidas en ningún caso por las francesas. Y no quiero, en el ánimo y en el tono en que estamos llevando las preguntas-respuestas de esta comparecencia, utilizar palabras
gruesas, pero nos parece que no han sido exitosas las reuniones que estamos teniendo con Francia; la reunión de Zaragoza en absoluto tiene un análisis como el que en un primer momento se quiso dar por parte del ministerio. Se lo digo con toda
cordialidad, pero señalándole que si la política española no entra dentro de la exigencia, exigencia a Francia de que como proyecto prioritario se tiene que estar ejecutando, nuestra situación, hoy es mucho más delicada que lo era antes de mayo del
2004.
Porque la ampliación de la Unión Europea nos ha hecho muchísimo más periféricos, con desplazamiento del centro de gravedad de Europa. Además, hay países que tienen especial interés en que ese traslado del centro de gravedad beneficie a sus
políticas concretas, como evidentemente es Francia y como evidentemente es Alemania. No solamente los Pirineos, a los que, como habrá visto, se refieren todos los proyectos de los que hemos hablado, sino incluso también los Alpes, que a nosotros no
nos afectan, desde el punto de vista geográfico, pero sí desde el geoestratégico. Nosotros tenemos serias dudas de que la política que se está siguiendo por parte del ministerio esté llevando a buen camino unas actuaciones que se van a quedar en
nuestro territorio absolutamente vacuas. Porque iniciar la 'Y' vasca nos parece que, como no se desarrolle el Irún-Bayona-Burdeos por parte de Francia, no nos conduce a ningún sitio. De la misma manera, no abordar Pamplona-Rotes nos va a
perjudicar a la hora de conseguir ese objetivo, que es nuestra permeabilidad. No servirá para aumentar el tráfico de mercancías, como usted ha dicho anteriormente, y no nos servirá para que seamos un lugar logístico, como tenemos que ser, para dar
cobertura a ese puerto de Algeciras, mientras el puerto de Hamburgo y el puerto de Rótterdam estén en las circunstancias en las que están, sabiendo que tienen mucho más tráfico americano que nosotros podemos tener en el propio Algeciras.



Señora secretaria general, yo le preguntaba en estos ejes tanto por carreteras como por ferrocarril, y me parece que la respuesta que usted me ha dado, me parece, se refiere solo a ferrocarriles. Me gustaría que me especificara uno y otro
modo de transporte, si tiene usted los datos.



El señor PRESIDENTE: Señora Cruz, tiene la palabra.



La señora SECRETARIA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS (Cruz Villalón): Quizá no me haya expresado bien. En relación con los ejes le he dicho que en las redes transeuropeas están todos los corredores que usted menciona, todos los de carretera,
en todos estamos trabajando, todos están incluidos en el PEIT y todos están en la red transeuropea. Los que están incluidos como proyectos prioritarios de la Unión Europea son los tres ejes de ferrocarriles que yo le he mencionado:
Burgos-Irún-Bayona-Burdeos; Barcelona-Perpignan-Marsella; Zaragoza-Canfrac-Pau. Esos son los tres ejes que están en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes y son los tres ejes por los cuales nosotros apostamos en ferrocarriles.

Entendemos que tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en esos tres ejes.
Es cierto que es necesario ir convenciendo progresivamente a nuestros vecinos franceses del interés de la integración efectiva, económica y comercial de España en la economía
europea y que eso, naturalmente, cuenta con un añadido, que es una frontera física como son los Pirineos.
Hemos conseguido ir venciendo progresivamente la resistencia francesa, primero en el eje occidental, en el eje catalán, cada vez en mayor
medida en el eje vasco, y ha habido encuentros de carácter técnico a los que yo misma he asistido en los últimos meses. El encuentro con la señora ministra no era con su homónimo francés, el último que yo he citado, sino con el comisario francés de
Transporte, y estamos satisfechos de que, a pesar de su nacionalidad, el comisario haya mostrado su apoyo a la propuesta española. Nos consta que tenemos que resistir algunas inercias de nuestros vecinos, pero nuestra voluntad está en ir dando
pasos progresivamente en este camino para permeabilizar la frontera española y conseguir su integración efectiva desde el punto de vista de las comunicaciones con Francia y a partir de ahí con el resto del territorio de la Unión Europea.



El señor PRESIDENTE: Con esto finaliza el bloque de preguntas que iba a contestar la señora Cruz, a quien despedimos, y a continuación invitamos al señor Palao, secretario general de Transportes, a que se incorpore a la Comisión. (Pausa.)


- DEL SEÑOR AYALA SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE POSICIÓN DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA NORMATIVA SOBRE LA ASIGNACIÓN DE FRANJAS HORARIAS EN LOS AEROPUERTOS EUROPEOS (DIRECTIVA 95/1993)
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/027361). (Número de expediente 181/ 001085.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la pregunta que figuraba con el número 9 del orden del día, relativa a la posición de España en relación con la necesidad de modificar la normativa sobre la asignación de franjas horarias en
los aeropuertos europeos


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(Directiva 95/1993). Señor Ayala, tiene S.S. la palabra. Perdón, me decía el señor Palao antes que se iban a agrupar las dos últimas. ¿Está usted de acuerdo?


El señor AYALA SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, pero le había comentado yo al señor al señor Palao que se podían agrupar, siempre que tuviéramos tres intervenciones, o sea que pudiéramos tener una contrarréplica más si es necesario, que quizá
no lo sea.



El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Si es necesario, con esa condición aceptamos el agrupamiento de las preguntas. Señor Ayala, ahora sí tiene S.S. la palabra.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Bienvenido, señor Palao, a esta Comisión a contestar preguntas que no se habían respondido por escrito, y le hago la matización porque son preguntas que tenían su sentido en su momento y para la respuesta escrita, y
por ello lo que quiere este grupo parlamentario es información más que otra cosa. Conocemos que existe en este momento una negociación o una propuesta europea sobre la asignación de franjas horarias, y queríamos saber cuál era la postura del
ministerio. Por eso le hacemos la pregunta.



El señor PRESIDENTE: Señor Palao, tiene S.S. la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Como S.S.
conoce, la asignación de franjas horarias o slots, que así se dice en la jerga aeronáutica, en los aeropuertos comunitarios está regulada por el Reglamento 95/1993 del
Consejo, de 18 de enero de 1993, modificado recientemente por el Reglamento 793/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, que entró en vigor el 30 de julio de 2004 también. (El señor vicepresidente, Martínez Sieso, ocupa la
Presidencia.) Esta modificación ha supuesto cambios importantes en el proceso de reparto de slots, con el objetivo fundamental de facilitar la competencia y fomentar el acceso al mercado en los aeropuertos congestionados, y en particular a las
nuevas compañías aéreas. Por otro lado, la Comisión Europea lanzó el 17 de septiembre de 2004 un documento de consulta para una futura nueva modificación de dicho reglamento con la introducción de mecanismos de mercado en el sistema de asignación
de slots, contemplando, entre otros, una posible comercialización de los slots. El Ministerio de Fomento contestó a las preguntas establecidas por la Comisión manifestando como principio general que considera necesario promover una mayor
liberalización del transporte aéreo e impulsar las acciones precisas para permitir mayor apertura del mercado, dado que con ello se favorecerá un mercado de transporte aéreo realmente competitivo, eficaz para atender las necesidades de los
ciudadanos y transparente en su funcionamiento. Sin embargo, antes de adoptar medidas concretas que supongan cambios más profundos en la regulación vigente sobre slots, sería necesario analizar el impacto de estas modificaciones evaluando en
detalle la eficacia del marco actual y sus limitaciones presentes y futuras. Un sistema que permita la comercialización de slots entre compañías aéreas no resuelve necesariamente el problema de acceso al mercado de nuevas compañías aéreas, pudiendo
además quedar cuestionada tanto la libre competencia como el uso eficaz de la capacidad aeroportuaria disponible.



La solución propuesta en el documento de consulta elaborado por la Comisión recoge una serie de aspectos, tales como la retirada o cancelación de los derechos históricos, que pueden afectar negativamente a la estabilidad de las compañías
aéreas, repercutiendo en última instancia en los aeropuertos donde estas operan y en el propio consumidor, por lo que no se estiman adecuadas. No obstante, el documento también recoge la posibilidad de introducir prácticas de mercado, como es el
caso del mercado secundario de slots, comercialización de slots una vez realizada la asignación inicial por el coordinador, que sería conveniente seguir analizando, pero siempre que se garantice la transparencia del proceso y la supervisión por
parte de las autoridades competentes de forma que se evite cualquier irregularidad en estos mercados. Actualmente no se conocen las posturas formales de los demás Estados miembros, ya que la Comisión no ha publicado las respuestas de los mismos ni
documento alguno que las recoja. Además, no se han convocado reuniones para debatir e intercambiar los puntos de vista sobre la posible modificación del citado reglamento.



El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Señor Ayala, tiene la palabra.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Palao, por su respuesta.
Vemos que está incipiente todavía esta materia en cuanto a una postura común en Europa, pero indudablemente hay algunas cuestiones que aquí nos preocupan. Es cierto
que los problemas que usted ha señalado están ahí, y a mí me agrada que se diga que estamos abiertos a una liberalización de los slots, pero si eso llegara a producirse creo que se necesitaría una política coordinada con las decisiones concretas que
se adopten a la hora de la explotación de nuestras redes aeroportuarias o de los aeropuertos concretos en nuestro país. Por tanto, la intención de nuestra pregunta iba no solo a conocer esa postura sino ahora, y utilizando la respuesta que usted
nos ha dado, a saber cómo se van a combinar el reparto de slots y la posible comercialización de los mismos, que parece que está ahí, con la política de handling. Hay una cierta preocupación en el sector sobre las negativas de autorizaciones de
handling que se están dando en la actualidad a compañías que tienen gran volumen y que, sin embargo, no consiguen que AENA tenga un trato igual al de otras compañías que tienen volúmenes incluso inferiores. No sabemos si es política de no estar en
alianzas, de ser compañías de


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bajo coste o simplemente política de adaptarlo todavía a los repartos aeroportuarios que se hayan hecho. No es usted ajeno a que el reparto de la T-4, con independencia de que era deshacer lo hecho anteriormente, está siendo en alguna parte
polémico. Por tanto, a nosotros nos gustaría saber en concreto qué dice nuestro Gobierno del acceso de las nuevas compañías a la liberalización de los slots, cuál es nuestra postura en el mercado secundario, y ese mercado secundario no solamente en
cuanto al origen sino incluso cuáles son las transferencias, o si va a haber unas condiciones especiales de transferencia entre alianzas, por ejemplo, que es una cuestión delicada, que lo que hace de alguna manera es cautivar los tráficos y prohibir
la liberalización efectiva a otras compañías.
Como usted sabe, la pelea entre los grupos de las compañías tradicionales y las de bajo coste es el elemento que en este momento está marcando la política aeroportuaria no solamente en España, por
supuesto, sino también en Europa. Si usted me pudiera contestar, yo se lo agradecería mucho.



El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): El señor Palao tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Señoría, quizá en la respuesta que usted ha dado se mezclan demasiadas cosas, es decir, estamos hablando en este caso del sistema de la asignación de slots, que es importantísimo
para las compañías aéreas porque se trata en resumidas cuentas de la elección de los horarios y de la combinación de los slots disponibles en el aeropuerto de salida junto con el aeropuerto de llegada. Realmente hay intereses muy fuertes, y esto
propicia la existencia de un mercado secundario de intercambio de slots entre compañías en unos casos reales y en otros casos más o menos estimulados económicamente que deberían de ser objeto de una regulación de carácter general. Evidentemente,
nosotros en este tema tenemos que depender de la legislación europea, y por eso estamos siguiendo con enorme cuidado el desarrollo de la modificación que Europa está proponiendo en relación con estos temas. No conviene, desde luego, salirse, con un
escenario particular para España, del contexto general del funcionamiento de los slots en el marco de la Unión Europea. La legislación europea está todavía en mantillas. Hay situaciones, que hay que corregir -en eso coincido con usted- y que sería
deseable que funcionaran de una manera abierta, pero hay que aclarar además otras cuestiones, como la de quién es de verdad el titular del slot ¿Es el Gobierno, el Estado, es el aeropuerto en sí mismo, es la compañía aérea? ¿A quién corresponde
manejar ese mercado secundario, si es ese el cauce que se insinúa, quizá incluso se habla de una subasta de slots en determinado tema? ¿Quién subasta y quién percibe el beneficio de esa subasta? Son cuestiones pendientes de aclaración, y
regulación y, como le digo, difíciles de concretar en estos momentos, a la vista de cómo está el desarrollo de la normativa europea.



- DEL SEÑOR AYALA SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA DE LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES (LOTT)
(PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/026946). (Número de expediente 181/001086.)


El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): A continuación vamos a tramitar la pregunta que aparece en el orden del día como número 10 sobre Previsiones acerca del desarrollo reglamentario de lo establecido en la disposición adicional novena
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Para su formulación tiene la palabra el señor Ayala.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Ciertamente me gustaría que nos explicara qué previsiones tiene para el desarrollo de esta disposición adicional novena, que tiene referencia o relación jurídica con los artículos 73 y 74 de la Ley de Ordenación del
Transporte.



El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Tiene la palabra el señor Palao.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Señoría, la disposición adicional novena de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres faculta al Ministerio de Fomento para establecer un programa de innovación y fomento
de la calidad en la red de servicios regulares de transporte de viajaros por carretera, que contemple la presentación de planes individualizados de innovación y mejora de la calidad por parte de las empresas concesionarias. Por tanto, no se trata
de una disposición que imperativamente exija el establecimiento del referido programa de manera específica, aunque debe entenderse que sí exige de alguna manera la innovación y mejora de la calidad en las líneas regulares de transportes de viajeros
por carretera. El ministerio no tiene previsto en este momento desarrollar específicamente la disposición adicional novena de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres estableciendo un programa único para todas las líneas regulares.
Teniendo en cuenta que en los próximos años se producirá el vencimiento, por transcurso del plazo, de todas las concesiones existentes, que este proceso se iniciará a partir del próximo año 2007 y que antes de diez años se habrá renovado la práctica
totalidad de las concesiones, se ha considerado más conveniente aprovechar la oportunidad que se presenta para introducir mejoras en la calidad de los servicios


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regulares de transporte de viajeros por carretera a través de los correspondientes concursos para la selección de los nuevos adjudicatarios. En tales circunstancias, no parece necesario elaborar un programa general para todas las líneas que
fomenten la innovación y la calidad, ya que este objetivo puede conseguirse estableciendo los requisitos necesarios en los pliegos de los concursos. En este sentido, el Ministerio de Fomento, a través de la Secretaría General de Transportes y de la
Dirección General de Transporte por Carretera, está elaborando los borradores de los pliegos de condiciones de dichos concursos, los cuales serán enviados al sector para su conocimiento y presentación, en su caso, de observaciones. En estos pliegos
se reforzarán los criterios de calidad y de seguridad en la ponderación de las ofertas que se presenten, cumpliendo las exigencias de innovación y fomento de la calidad establecidas en la disposición adicional novena de la ley.



El señor VICEPRESIDENTE (Martínez Sieso): Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ayala.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor Palao, muchas gracias por su respuesta, pero en esta cuestión nuestra preocupación es muy superior a las anteriores, yo creo que usted es consciente de ello. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La
disposición adicional tenía un sentido y hacia una clarísima apuesta por la mejora de los tráficos y por apoyar la industria, mejor dicho, el sector del transporte español, pero con las intenciones que se deducen de sus palabras y con una cuestión
que después de formularle la pregunta se ha planteado, que han sido sus polémicas declaraciones en la clausura de las Jornadas de Nortrans en Orense, en las que usted ha dicho que se descarte cualquier posibilidad de renovación de plazos y además ha
señalado la posibilidad de incluir más de un operador en aquellos concursos de servicios que por su volumen de usuarios lo aconsejen, está usted incorporando unas circunstancias que van a cambiar sustancialmente el panorama español del transporte
por carretera, del transporte concesional, desde mi punto de vista no para bien. Por tanto, yo le quiero hacer una reflexión. Nuestras compañías están fuertemente endeudadas y han hecho una apuesta para la aplicación de la disposición adicional
novena a la hora de que se valoren esas innovaciones, que las han hecho en todos los sentidos, pero que no las ponen en la mejor disposición a la hora del año 2007, cuando son los vencimientos de algunas, o el año 2012, cuando se producirá la masiva
finalización de todas las concesiones, y creemos que esto perjudica el servicio en una materia en la que ustedes han hecho una apuesta importante por el transporte público y en la que ustedes dicen que se rompe con lo anterior y que no son
necesarias tantas infraestructuras porque van a potenciar el transporte público. Nuestras empresas han hecho una gran apuesta, que usted conoce perfectamente, como sabe que hay unos desequilibrios importantes y que por el hecho de ser servicio
público se están manteniendo, y por lo tanto el no desarrollo de una disposición adicional que, aunque usted diga que es facultativa yo creo que es algo más que facultativa y que tiene una clarísima vocación de haberse puesto en práctica, no tiene
correspondencia con el trato del sector. Porque, como usted bien sabe, cuando no hay confianza -- y usted ahora mismo acaba de generar desconfianza, perdone que se lo diga así, y lo que dijo en Orense supuso un revulsivo y un vuelco importantísimo
en la política que el sector de los concesionarios van a tener- en el futuro, hay una retracción empresarial importantísima.



Por último, usted ha comentado que se están haciendo borradores y pliegos de condiciones, y aunque me imagino que tendremos conocimiento de ellos cuando estén aprobados, como tampoco tenemos ninguna posibilidad de exigir su conocimiento
previo y por tanto no lo vamos a pedir, nos gustaría que usted nos dijera cuáles son las filosofías y los principios que inspiran esos pliegos de condiciones que se están formulando, como usted ha dicho, y que por lo tanto tendrán una filosofía
clara.



El señor PRESIDENTE: Señor Palao, tiene S.S. la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Señoría, la filosofía que inspira esta política intenta fomentar la competencia en los sectores, cuestión en la que yo me imagino que S.S. estará de acuerdo. Si se opta, como se
ha optado en España, en el caso del transporte de viajeros por una alternativa regulada y de concesión exclusiva línea por línea, o se introduce la competencia en el mercado o se introduce la competencia por el mercado, es decir, en la fase
concursal. Lo que no se puede hacer es utilizar unas asignaciones únicas de explotación a una línea y luego perpetuarlas por la vía de los mecanismos de prórroga de los concursos, que es en resumidas cuentas lo que en muchos casos vienen pidiendo
algunas de las compañías o de las asociaciones con las que yo he tenido oportunidad de hablar. Entendemos que la duración del periodo concesional está perfectamente determinado en los contratos de cada una de las líneas, y que una vez que se agote
el plazo correspondiente debe procederse a un nuevo concurso para plantearse la renovación de la línea. En coherencia con el contenido y la filosofía de que no es el precio exclusivamente lo que cuenta en la asignación de estas concesiones, habrá
que introducir baremos que incorporen los conceptos de seguridad, fundamental para nosotros, y de calidad del servicio. Yo no veo por qué esto tiene que alarmar a los concesionarios, cuando es el procedimiento normal con el que termina la concesión
y se abre un periodo de concursos para conceder una nueva concesión. Esta es la situación que ocurre en todos los procesos concesionales. Por otra parte, los plazos de amortización de los equipos en este tipo de empresas son bastante más breves
que los periodos de


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duración de las concesiones, es decir que no se trata de decir que se han quedado las compañías con activos sin amortizar porque les faltara información. Yo entiendo que era importante aclarar estas cuestiones para que las compañías no
especulen con la posibilidad de que se produzca una prórroga en sus contratos y hagan aventuras de capitalización que a lo mejor no tengan después el respaldo de una prórroga que les permita resolver ese tema.



Mucho antes de hacer esas declaración en Orense, yo he tenido oportunidad de explicar esta situación a las diferentes asociaciones de transporte por carretera, es decir que no es ninguna novedad para ellos, o no ha debido serlo, que se diga
que no se va a ir a prórrogas de los contratos existentes sino que se aprovecharía la caducidad de las diferentes concesiones de líneas para renovarlas y plantearse al menos en esta oportunidad, una nueva, competencia para conseguir la línea y la
concesión. Desde el punto de vista de la concesión de más de una línea, lo único es que es una propuesta que está todavía en estudio y que se trata de analizar, pero tenemos que analizarlo con cuidado, y se trataba exclusivamente de elegir aquellas
líneas cuya densidad de tráfico es tan importante que pudiera justificar el hecho de tener, en vez de un concesionario, dos, lo mismo que ocurre con las empresas de handling aeroportuario, que en los aeropuertos más grandes se meten dos o tres para
que compitan entre ellas, sin que sea esto en ningún caso una circunstancia liberalizada.



- DEL SEÑOR AYALA SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA QUE EN EL ENTORNO DE LA UNIÓN EUROPEA EXISTA RECIPROCIDAD EN LO CONCERNIENTE A LA CONVOCATORIA EN TODOS LOS ESTADOS DE SIMILARES
CONCURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS REGULARES PERMANENTES DE USO GENERAL DE TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/026948). (Número de expediente
181/001087.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura en el punto número 11, relativa a actuaciones y medidas para que en el entorno de la Unión Europea exista reciprocidad en lo concerniente a la convocatoria en todos los Estados de
similares concursos para la prestación de los servicios públicos regulares permanentes de uso general del transporte de viajeros por carretera. Señor Ayala, tiene S.S. la palabra.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Queda formulada, con una matización para favorecer quizá la respuesta. No dice el Grupo Popular que se hagan prórrogas con las concesiones, lo digo porque está hilvanada con esta pregunta, sino que a la hora de esos
concursos se desarrollara la adicional novena para valorar ese tipo de actualizaciones que se hubieran hecho, y que también de alguna manera tiene referencia parcial con la pregunta que ahora le formulamos.



El señor PRESIDENTE: El Señor Palao tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Señoría, en la matización que acaba de hacer estamos de acuerdo. En los pliegos de condiciones se van a incorporar -insisto- todos estos aspectos de experiencia, de seguridad y de
calidad que de alguna forma permitan garantizar que el servicio es ante todo lo que nos preocupa; no es la alternancia en las empresas sino el servicio, la calidad, pero también es útil que se produzca un proceso concursal intercalado.



En relación con la pregunta concreta que me plantea, el Gobierno ha apoyado en todo momento la iniciativa de la Comisión Europea para que se apruebe un reglamento sobre la intervención de los Estados miembros en materia de requisitos y
adjudicación de contratos de servicio público en el transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vías navegables.
Esta iniciativa está en estos momentos paralizada. Dicho reglamento regulaba la adjudicación de los servicios de transporte de
viajeros por carretera que se otorguen en régimen de exclusividad por las autoridades nacionales de todos los Estados miembros. De haberse aprobado esta propuesta, se hubieran establecido en ella los procedimientos uniformes de aplicación
obligatoria por todos los Estados miembros siempre que se convocaran concursos de líneas regulares con derechos exclusivos. En cuanto al establecimiento o no de redes nacionales de líneas regulares de transporte de viajeros por carretera con
derechos exclusivos en los Estados miembros, la propuesta de la Comisión no establecía obligación alguna de reciprocidad. La propuesta del reglamento permitía que se crearan servicios con derechos exclusivos, pero no establecía la obligación de que
existiera una red de servicios regulares de transporte de viajeros por carretera en los Estados miembros similar a la que existe en España. No es razonable plantearse dentro del marco jurídico actual que la Unión Europea obligue a los Estados a
establecer ese tipo de procedimiento de acceso a los servicios; dicho de otra manera, que obligue a los Estados a limitar la competencia estableciendo derechos exclusivos.



En líneas generales puede decirse que en gran parte de los Estados existen líneas con derechos exclusivos, especialmente en el ámbito urbano y metropolitano. Si embargo, no es previsible que la Unión Europea obligue a que se exploten
servicios de transporte a través del otorgamiento de derechos exclusivos. Por tanto, la normativa comunitaria en este ámbito tiene que dirigirse a


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establecer procedimientos comunes de adjudicación de los servicios con derechos exclusivos y a garantizar que estén abiertos a la competencia entre las empresas establecidas en la Unión Europea que reúnan los requisitos necesarios. Con
respecto a los concursos que pudieran convocarse en el futuro para la adjudicación de concesiones de transporte regular de viajeros por carretera, el Gobierno aplicará, tal como se ha hecho hasta el presente, la normativa europea y española tanto de
contratación pública como la específica de transportes que esté en vigor en el momento de la celebración de los mismos. Evidentemente, en estos concursos no se puede limitar la posibilidad de que concurran empresas establecidas en otros países
comunitarios, del mismo modo que en dichos países tampoco se puede impedir o limitar la concurrencia de las empresas españolas.



El señor PRESIDENTE: El Señor Ayala tiene la palabra.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Señor secretario general, es evidente -usted también tiene razón-, que hay una normativa europea que está sin desarrollar, por cierto, y ese evidente que la posibilidad de impedir que a un concurso dentro de los
países de la Unión Europea se presente cualquier empresa es imposible. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta regulación a nuestras empresas llega en el peor momento. La regulación está ahí, la norma está ahí, pero ¿cuándo se va a aplicar
esa norma? A las concesiones que, como hemos comentado en la pregunta anterior, van a ir venciendo, unas en el año 2007 y fundamentalmente todas en el año 2012. Yo creo que la política de defensa de nuestro sector de las empresas españolas tiene
que tener algo de correspondencia a la hora de ver cómo se realizan esos concursos. Le acabo de señalar y le reafirmo que no es la política del Grupo Parlamentario Popular la prórroga o la continuidad de la empresa, y me alegra oír que tampoco es
intención del Partido Socialista que se produzca la pura alternancia de unas empresas con otras, pero las características del sector, que usted conoce muy bien, hacen que los distintos concesionarios tengan líneas deficitarias y líneas rentables,
pero se conjugan las cuentas de explotación en la misma empresa. La capacidad de mantener algunas de las líneas que no son rentables, pero cuyo mantenimiento es necesario porque están dando un servicio público de movilidad de los ciudadanos, hace
que esas empresas tengan unas condiciones especiales y excepcionales que no se producen en las empresas de Gran Bretaña, en las francesas, en las holandesas y en las alemanas, por citarle cuatro de las naciones cuyas empresas de transporte tienen
una capacidad a la hora de competir con las españolas, en el caso de producirse en unos términos de absoluta igualdad, y las empresas españolas no van a poder competir con ellas. Y esto es una realidad. No hay que ser chauvinistas ni encogerse de
hombros, sino saber que tenemos un sector español que tiene un nubarrón -permítame que emplee ese término excesivamente coloquial-, que en el umbral del año 2007 y del año 2012 tiene unas perspectivas y un panorama bastante sombrío y, por tanto, la
presión que tendrá que hacer España a la hora de que se desbloquee y se vuelva a negociar ese reglamento, o a la hora de establecer las condiciones en las cuales nosotros vamos a sacar a concurso nuestras concesiones administrativas, no desmerezca
la situación en que el propio devenir de los hechos ha puesto a nuestras empresas, porque es lo cierto que las empresas españolas, están prestando un servicio en este momento a los ciudadanos -y aquí no hay color político de ningún tipo-, y no
pueden verse compelidas a una situación en la cual la mayor capacidad, la mayor potencia, la mayor preparación de otras empresas europeas venga a tirar por la borda -y permítame la segunda y última expresión coloquial- toda una labor, todo un número
de empleos y toda una cultura del transporte público en España que ha dado buenos resultados con empresas cuya profesionalidad está fuera de toda duda.



El señor PRESIDENTE: El Señor Palao tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Señoría, en el contexto en el que nos planteamos el sector de transporte por carreteras en España, sinceramente, tengo una gran confianza en las empresas españolas. Creo que lo
están haciendo bien y están saliendo a otros países. Acaba de adjudicarse en Alemania, por ejemplo, una línea de transporte por carretera, a una empresa importante española, filial de los ferrocarriles alemanes. Yo confío en que estos retos de
competencia los superen de la forma más brillante y más favorable. Por otra parte, si las empresas españolas quieren salir al extranjero, si se trata de un mercado libre pueden entrar simplemente y empezar a operar, y si se trata de un mercado
regulado con derechos exclusivos estos países tendrán que concursar en las mismas condiciones en que concursan las empresas españolas, es decir, abiertas a la participación de todas las empresas europeas que se dediquen a esta actividad.
Sinceramente no creo que haya problemas. Es cierto que puede generar una inquietud el hecho de que, como en cualquier proceso concesional, se aproximan los plazos de vencimiento de unas concesiones. En los puertos, en los aeropuertos, en el
transporte, por carretera, en todo el escenario del transporte, el régimen concesional es habitual y la extinción del periodo de vigencia de las concesiones genera ciertas incertidumbres. Es la servidumbre que tiene poder garantizar a los que
utilizan ese medio, a los ciudadanos, unas mejores condiciones de servicio, tanto en cuanto a precio se refiere como sobre todo en cuanto a seguridad y a calidad. Vamos a empezar a ver cómo se rueda en estos concursos. Usted me pedía en la primera
pregunta que facilitáramos los pliegos. Yo he dicho antes que se facilitarían al sector y, desde luego,


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si el sector los tiene, ustedes con mucho más motivo y derecho. De forma que no hay ningún problema en introducir aquellas sugerencias que en un momento determinado, sin perjuicio de establecer un marco de competencia razonable, tiendan a
garantizar estabilidad en el sector y que no se convierta en una simple subasta a la baja en relación con esos temas.



- DEL SEÑOR AYALA SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS Y PROYECTOS PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LAS 'AUTOPISTAS DEL MAR' (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/026950). (Número de expediente 181/ 001088.)


- DEL SEÑOR AYALA SÁNCHEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS Y PROYECTOS PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE
184/026951). (Número de expediente 181/001089.)


El señor PRESIDENTE: Las dos últimas preguntas vamos a agruparlas en una única intervención, con la posibilidad de un tercer turno si fuese necesario. Las preguntas versan sobre medidas y proyectos para la creación y desarrollo de las
autopistas del mar y sobre medidas y proyectos para el fomento del transporte marítimo de corta distancia. El señor Ayala tiene la palabra para glosarlas.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Sí, señor presidente, y sobre todo unirlas para que no exista pregunta 13. (Risas.) Aunque debemos distinguir entre autopistas del mar y short-sea shipping, no hay ningún inconveniente en que se debatan
conjuntamente. Por tanto, espero su respuesta, señor secretario general.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Reconozco, señoría, que hay una diferencia entre short-sea shipping y autopistas del mar, lo que pasa es que las medidas para fomentar uno y otro son coincidentes. La diferencia
yo creo que estriba fundamentalmente en que las autopistas del mar tienen que tener un recorrido terrestre alternativo, mientras que un short-sea shipping puede ser una línea de la península con las islas, por ejemplo, que no tienen un itinerario
terrestre alternativo, es decir que no facilitan el desplazamiento, que es la filosofía de las autopistas del mar, de tráfico de las autopistas terrestres, hacia las autopistas del mar.



En el plano nacional el PEIT, en fase final de aprobación, contempla en un capítulo específico la promoción del transporte marítimo de corta distancia a través del desarrollo de las denominadas autopistas del mar.
Tras la aprobación formal
del PEIT está previsto el desarrollo de cada plan sectorial, en particular el de transporte marítimo y puertos, que incluye el citado capítulo específico de autopistas del mar. En un plano europeo, el desarrollo de las autopistas del mar surge en
el Libro Blanco del Transporte del año 2001, tratando de revitalizar el transporte marítimo de corta distancia en Europa, del que constituiría una versión perfeccionada, como opción competitiva en un mercado de transporte de mercancías esencialmente
dominado por la carretera. El concepto de autopista del mar está vinculado al de las redes transeuropeas de transporte. Precisamente fue en la última revisión de estas redes, en abril de 2004, cuando se incorporó como proyecto prioritario el
número 21, el desarrollo en Europa de las autopistas del mar como complemento marítimo de las redes transeuropeas terrestres y de los puertos. Su desarrollo en Europa lleva aparejada la necesidad de equilibrar el principio de libre mercado que rige
en el transporte marítimo con el de la aportación de una serie de ayudas europeas y estatales para su incentivación económica. Frente a esta situación, la Comisión Europea plantea a los Estados miembros la conveniencia de lanzar una serie de
concursos para el lanzamiento de las autopistas del mar, siempre que no se distorsionen las condiciones de competencia en la prestación de los servicios de transporte marítimo existentes.



En este contexto, la posición española se ha mantenido firme en torno a tres principios básicos. La no predeterminación de los puertos, es decir que el concurso entre los Estados miembros esté abierto tanto a posibles líneas marítimas
existentes o a mejorar, o de nueva creación, como a aquellos puertos que muestren interés en aprovechar las oportunidades que ofrece la actual política de potenciación del transporte marítimo de corta distancia en Europa. Deben establecerse una
serie de criterios de calidad -este es el segundo aspecto- que permitan situar a las autopistas del mar como un soporte del transporte marítimo de corta distancia realmente competitivo en relación con cadenas de transporte exclusivas por carretera.
Por último, las ayudas a destinar para la potenciación del transporte marítimo de corta distancia deben estar dirigidas a un periodo inicial, y no diseñarse de forma indefinida, dado que el objetivo es poder superar unas condiciones inicialmente
adversas para que posteriormente puedan seguir plenamente las reglas de mercado en el ámbito de la prestación de los servicios de transporte, de acuerdo con los principios del propio Tratado de la Unión Europea; es decir, no se trata de
subvencionar ineficiencias. En este último aspecto se plantea la posibilidad de combinar ayudas procedentes de fondos europeos con posibles ayudas estatales o


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nacionales. En el ámbito europeo, el estado actual de los programas de ayudas no es ni mucho menos simple. Existen programas de ayuda con los fondos de las redes transeuropeas tradicionalmente dirigidos a infraestructuras, junto con otros
programas, como el Marco Polo, cuyo objetivo está más directamente relacionado con la prestación de servicios intermodales, y otros de ámbito regional, Interreg, etcétera. Cada uno de esos programas posee su timing, ámbito y condiciones de
aplicación, de forma que no resulta fácil combinarlos adecuadamente en un mismo proyecto de desarrollo de una autopista del mar. En el caso de la ayuda estatal española se está planteando la posibilidad de dedicar asignaciones presupuestarias para
el desarrollo de las autopistas del mar, siguiendo las directrices del capítulo correspondiente del Plan sectorial de transporte marítimo y puertos del PEIT. No hay que olvidar, en cualquier caso, que el proceso conlleva un concurso a celebrar
conjuntamente con al menos otro Estado miembro de la Unión Europea, lo que exige un proceso de convergencia y la conclusión de acuerdos de carácter internacional con todos los pasos que ello implica. En este sentido se está trabajando con países de
nuestro entorno, como Francia, para avanzar en la puesta en marcha de los mencionados concursos para el desarrollo de autopistas del mar.



En definitiva, el objetivo del Gobierno es la potenciación del transporte marítimo de corta distancia, que lejos de ser una utopía ya está mostrándose como una realidad, sobre todo en la fachada mediterránea donde desde algunos años, y sin
encajarse formalmente en el esquema de las autopistas del mar, pero sí en espíritu, se va generando una red de servicios marítimos entre puertos españoles -Barcelona, Valencia, Tarragona, etcétera- e italianos -Génova, Livorno, Civitavecchia,
Salerno- con frecuencias competitivas. Se trata, como ya dije, de ofertar una opción de transporte marítimo complementaria y no sustitutiva con respecto al camión, y en la medida en que este progresivo desarrollo ayude a descongestionar las
carreteras, sobre todo en los puntos de paso transfronterizos como los Pirineos, se estará coadyuvando al principio de movilidad sostenible que rige tanto la política común de transportes con carácter general como la planificación del transporte que
el Gobierno está articulando a través del PEIT.



El señor PRESIDENTE: El Señor Ayala tiene la palabra.



El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchísimas gracias, señor Palao, por su amplia contestación. Estamos de acuerdo en algunas cuestiones y me agrada -lo digo con toda claridad- porque distingamos lo que son las autopistas del mar del transporte
marítimo de corta distancia, que efectivamente deben tener dos tratamientos distintos, si bien es cierto que Europa introduce las autopistas del mar dentro del short-sea shipping, el transporte marítimo de corta distancia, y puede llevar a
confusión. Estamos de acuerdo también en esos tres principios que eran los que también nosotros habíamos sostenido, por lo que no hay nada que decir. La pregunta venía orientada porque hay países que no tienen la intención de que estos sean los
principios que informen las autopistas del mar y, en concreto, cómo no, vuelve a aparecer Francia a la hora de la intermodalidad, a la hora de la conexión transpirenaica, a la hora de todo lo que es el transporte europeo. Usted sabe, igual que yo,
que Francia tenía la intención de que las autopistas del mar, que tienen una definición en las dos que afectan a España, la del Atlántico-Cantábrico que llegara hasta el Mar del Norte, incluyendo Azores y Canarias, y la del Mediterráneo que pudiera
incluir hasta el Adriático -a pesar de que habla nada más que de Malta-, el Egeo e incluso el Mar Negro; Francia tenía, como digo, la intención de que las autopistas del mar se limitaran a la conexión de un puerto del Cantábrico con un puerto
francés y de un puerto del Mediterráneo con un puerto francés. Yo no quiero decir aquí cuáles son las intenciones, pero es seguir obligando a que España sea un país periférico, cada vez más periférico, con la ampliación.



La importancia que desde el Grupo Popular damos a las autopistas del mar como -volviendo a su definición- el recorrido terrestre alternativo de pasajeros y de mercancías es fundamental. Por tanto, lo que demandamos del ministerio es que esa
conexión que necesita el acuerdo entre dos países, pero también el acuerdo entre dos puertos (evidentemente no se pueden limitar los puertos que sirvan de punto de inicio o de término de las autopistas del mar), fuera capaz de conectarnos
fundamentalmente con los países de la ampliación, sin olvidar los países ribereños tradicionales. Si los diez países de la ampliación tienen su conexión marítima a través del Adriático, del Egeo y del Mar Negro, no se debe impedir que España
alcance esos objetivos con el concepto de autopista del mar. De la misma manera que el Mar del Norte (no sé si hay algún país de la ampliación que tenga ribera en algún otro mar distinto; yo creo que todos con el Mar del Norte), que la capacidad
de alcanzar las autopistas del mar alcance hasta esos países, que será la única manera de que evitemos nuestra cada vez más periférica situación y podamos competir en circunstancias parecidas a lo que ahora mismo trata de sujetar, que es el centro
de Europa, Francia y Alemania, que por otra parte ya están dando muestras más que significativas en distintos campos de cuál es su política europea y de cuáles son sus intenciones de que el comercio favorezca o no al resto de los países de Europa.



Señor secretario general, nuestras preocupaciones en cuanto a las autopistas del mar vienen por ahí, y vienen también por la aplicación de las ayudas en las que Europa tiene empeñada parte de sus fondos europeos, no solamente el Marco Polo
I, al que usted ha hecho referencia, sino también el Marco Polo II. Nos gustaría saber cuál es la actuación del Ministerio de Fomento a la hora de incorporar proyectos concretos para que con las autopistas del mar tengan financiación en el mismo
marco que usted ha señalado, porque evidentemente es


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el que tiene que ser, pues si no es así volveríamos a unos sistemas excesivamente antiguos y olvidados de cómo tiene que funcionar un país y cómo tiene que ser competitivo.



En lo que respecta al transporte marítimo de corta distancia, en el año 2003 se aprobaron, creo que dentro del Marco Polo I, dos proyectos que tenían gran interés para España. Uno era el proyecto Eurostar referido a los servicios marítimos
en la zona del mediterráneo occidental, entre Italia, España, Túnez y Malta, para potenciar el tráfico mutimodal de mercancías, y el segundo proyecto era el United CCA, que pretendía potenciar el transporte marítimo de corta distancia de bienes
perecederos entre el sur de España, los puertos de Cartagena, Almería, Huelva, Algeciras y Cádiz, y Holanda, Rotterdam y Brisingamen. Me gustaría saber, si me puede contestar, qué apoyos están teniendo estos dos programas por parte del Ministerio
de Fomento, en qué estado se encuentran y sobre todo cuáles son las medidas complementarias que está adoptando el ministerio para los objetivos que esos dos puertos tienen.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Las conversaciones con Francia en relación con el establecimiento de una autopista del mar no han sido nada fáciles Sin embargo, quiero tranquilizar a S.S. porque las cosas han
evolucionado positivamente para la asunción de los criterios que España estaba planteando. Ellos inicialmente se planteaban una conexión Bilbao-Saint-Nazaire, que eran prácticamente dos puntos fijos. Nosotros nos hemos negado siempre a definir un
puerto español porque pensamos que es la línea marítima la que debe optar por el puerto que le resulte más conveniente desde el punto de vista de su estrategia comercial o económica, y por eso defendíamos cualquiera de los puertos de la fachada
cantábrica como alternativa. En este proceso de elaboración, que duró una serie de meses, se hizo un estudio por parte de los franceses que curiosamente les llevó a la conclusión de que el puerto más adecuado no era Saint-Nazaire sino Dunkerque.
Es decir que si hubieran dejado a las compañías marítimas una apertura más flexible, probablemente hubieran llegado a la misma conclusión y se hubieran ahorrado el estudio los franceses. En cualquier caso, está previsto formalizar un acuerdo y los
términos en los que conjuntamente, según las indicaciones de la normativa europea, debemos sacar un concurso para incorporarlo formalmente al programa de autopistas del mar y al Marco Polo II en relación con este tema. Después de una cierta
persistencia en nuestros criterios hemos conseguido que esto avance, y avance positivamente. En el lado mediterráneo la realidad económica se ha ido imponiendo por encima de cualquier otra circunstancia. De hecho, estas líneas que antes mencionaba
-Barcelona, Tarragona, Valencia- y sus conexiones italianas están funcionando activamente y con frecuencias casi diarias, con lo cual debe ser, es ya de hecho una alternativa económica viable para el transporte por carretera. Yo creo que este tema
de las autopistas del mar tiene recorrido político, recorrido económico y un futuro prometedor.



Desde el punto de vista de estos estudios que usted menciona, -son estudios, se mueven en ese ámbito-, puedo darle una información concreta, pero las cantidades que figuraban en el Marco Polo I no eran suficientes como para financiar
proyectos; como digo, más bien se mueven en el ámbito de los estudios. En el Marco Polo II ya estamos hablando de unos presupuestos más potentes que permiten desarrollar ese tipo de alternativas. En cuanto al segundo de los proyectos, que es el
transporte de productos hortofrutícolas hacia Europa, durante mi anterior actividad como consultor tuve la oportunidad de realizar una serie de estudios sobre el transporte de productos hortofrutícolas desde Almería y desde Huelva hasta Hamburgo y
Europa; son unos estudios que están publicados, de modo que me siento profesionalmente implicado en el desarrollo de estas alternativas de transporte marítimo, que considero que son muy convenientes, no como exclusión del transporte por carretera,
pero sí como una alternativa de competencia más que se pueda ofrecer a unos cargadores en el sur de España.



El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, ¿quiere añadir algo más?


El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias señor presidente. Me gustaría simplemente que hiciera alguna referencia al análisis de la posibilidad de conexión con los diez países de la ampliación, o si se han hecho estudios, o si se está
valorando. Sinceramente me parece que es la única solución posible para que nosotros podamos ser competitivos a la hora del transporte, no solo por los Pirineos sino también por los Alpes, que es el límite importantísimo que nos impide llegar a los
países de la ampliación.



El señor PRESIDENTE: Señor Palao, tiene S.S. la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE TRANSPORTES (Palao Taboada): Señoría, además del mar del Norte, evidentemente hay varios de los nuevos países que están conectados con el mar Báltico, que son aquellos que se llaman ya de por sí países
bálticos, además de Polonia. Son alternativas que tienen que surgir del propio tejido empresarial, con los impulsos iniciales que nosotros podamos plantear. Es curioso el efecto que se ha producido. Antes existía un incentivo mayor para ir por
vía marítima, porque existían unos problemas fronterizos verdaderamente terribles, sobre todo desde el punto de vista de los productos perecederos.
Resueltos esos problemas fronterizos, curiosamente estamos en una situación que es menos atractiva
para el transporte


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marítimo que para el transporte por carretera, porque ya atraviesas países prácticamente sin tramites aduanales que compliquen la situación. Digamos que se ha producido una cierta desincentivación de las iniciativas de transporte marítimo.
En cualquier caso, vamos a ver cómo resulta la experiencia francesa, y si resulta positiva y tiene una respuesta empresarial razonable, no habrá inconveniente para establecer contacto con estos países que hemos mencionado, los países bálticos, y
buscar alternativas de transporte marítimo que potencien y que sean una alternativa a estos pasos por los Pirineos o por los Alpes, que se están resolviendo por la vía marítima.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palao.



Señorías, finalizado el orden del día, se levanta la sesión.



Eran las dos y diez minutos de la tarde.