CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 313

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 17

celebrada el miércoles, 15 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora directora general de Instituciones Penitenciarias (Gallizo Llamas) para informar sobre:


- El plan de infraestructuras y de las nuevas líneas de actuación de su departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000522.) ... (Página 3)


- El desarrollo del plan de infraestructuras de su dirección general, actuaciones que se han llevado a cabo, ejecución de obras y cuantificación económica. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
212/000628.) ... (Página 3)


- Si existe en el plan gestor relativo a la rehabilitación de prisiones alguna previsión sobre obras de infraestructuras en el centro penitenciario de Nanclares, ubicado en Araba. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
(Número de expediente 212/000517.) ...
(Página 3)

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- Si existe en el plan gestor relativo a la rehabilitación de prisiones alguna previsión sobre obras de infraestructuras en el centro penitenciario de Basauri, ubicado en Bizkaia. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
(Número de expediente 212/000518.) ...
(Página 3)


- Si existe en el plan gestor relativo a la rehabilitación de prisiones alguna previsión sobre obras de infraestructuras en el centro penitenciario de Martutene, ubicado en Gipuzkoa. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
(Número de expediente 212/000519.) ...
(Página 3)


Preguntas:


- Del señor Olabarría Muñoz (Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV), sobre opinión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre si es razonable la permanencia de 740 presos en la prisión de Nanclares de Oca (Vitoria), dadas las
dimensiones de dicho centro penitenciario.
(Número de expediente 181/000725.) ... (Página 3)


- De la señora Sánchez-Camacho Pérez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre explicación de las muertes acaecidas en diversos centros penitenciarios. (Número de expediente 181/000567.) ... (Página 3)


Continuación de la comparecencia de la señora directora general de Instituciones Penitenciarias (Gallizo Llamas) para informar sobre:


- Si existe alguna previsión por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a efectos de diferenciar la dispersión de determinados presos con el alejamiento de las presiones distantes, en ocasiones, a más de 1.000
kilómetros de su domicilio o entorno familiar, extendiendo el castigo a los familiares de dichos presos. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000515.) ... (Página 3)


- Las razones que en opinión de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias justifican el mantenimiento de la dispersión penitenciaria, dados los requerimientos consignados por el artículo 25.2 de la Constitución en relación con la
esencia de las penas de privación de libertad y que las normas de desarrollo de ese precepto constitucional concretan, afirmando que la proximidad de los presos a su entorno constituye un mecanismo más de reeducación y reinserción social. A
solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000155.) ... (Página 3)


- Los nuevos criterios relativos a la aplicación de redención de penas y beneficios penitenciarios a determinado colectivo de presos. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000453.) ... href='#(Página3)'>(Página 3)


- Si hay previsto algún calendario de negociaciones con el Gobierno Vasco a efectos de la transferencia de la competencia en materia de prisiones, en los términos previstos en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Gernika. A solicitud
del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/000514.) ... (Página 3)


- La decisión que va a adoptar en relación con la petición realizada por la junta de tratamiento de la prisión de Ocaña-2 de permitir al ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo cumplir el resto de condena en su domicilio de
Madrid debido a problemas de salud. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000157.) ... (Página 3)


- La decisión de conceder al ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo un régimen que permite el cumplimiento de la condena en su domicilio. A solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya Verds. (Número de expediente 213/000116.) ... (Página 3)


Preguntas (continuación):


- Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre valoración de la situación del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga. (Número de expediente 181/000394.) ... (Página
3)


- Del mismo señor diputado, sobre actuaciones realizadas por el Ministerio del Interior en el centro penitenciario provincial de Malaga desde el 14 de marzo de 2004. (Número de expediente 181/000851.) ... (Página
3)


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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Interior. Damos la bienvenida a la directora general de Instituciones Penitenciarias, que nos acompaña de nuevo para realizar una comparecencia densa. Como saben
SS.SS., en la reunión de la Mesa portavoces acordamos que las distintas comparecencias que figuran en el orden del día para hoy van a ser explicadas y contestadas por los grupos en un solo debate, independientemente de los tiempos que puedan
distribuirse los grupos.
Lógicamente, en función de las comparecencias solicitadas por cada grupo, tendré en cuenta la duración de las intervenciones de cada uno de ellos.
Pidiendo disculpas por mi retraso involuntario, le doy la palabra a la
directora general para que comience con su intervención.



La señora DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Voy a dar comienzo a esta comparecencia, en la que intervendré en relación con los temas para los que se ha solicitado la misma y los relativos a preguntas para
los que se me ha pedido respuesta. Voy a hacer una intervención inicial en la que daré respuesta a todos los temas, muy diversos, algunos de los cuales requieren una explicación un poco larga, por lo que la intervención seguramente se extenderá en
el tiempo. Voy a intentar resumirla y, en todo caso, en el turno de preguntas ustedes me hacen la consideración que les parezca y yo amplío la información para que no se haga demasiado pesado, pero hay un par de temas que van a requerir un poco más
de extensión.



Comenzando por los puntos 1 y 2, relativos al plan de infraestructuras, voy a darles una explicación detallada de la evolución del Plan de infraestructuras penitenciarias, como me pide el grupo proponente -en este caso el Grupo Popular-, en
todo el periodo de vigencia del plan y posteriormente detallaré qué es lo que hemos hecho nosotros y en qué línea estamos trabajando para la actualización de este plan. Es decir, va a haber dos partes: una, la evolución del plan y, otra, los
planes, valga la redundancia, sobre los que estamos trabajando.



Como ustedes seguramente saben, el Plan de infraestructuras penitenciarias fue aprobado por Consejo de Ministros en 1991, bajo la denominación de Plan de amortización y creación de centros penitenciarios. Este plan, desde el momento en que
se aprueba, ha sido objeto de actualización y revisión: 1 de marzo de 1996; 30 de abril de 1998; 10 de marzo de 2000; 13 de julio de 2001; 2 de noviembre de 2001 y, por último, 24 de enero de 2003. Estos acuerdos fueron actualizando la
planificación y las previsiones del plan de conformidad con las necesidades de la Administración penitenciaria, valoradas en cada caso, como es natural, por el Gobierno de turno. Ahora estamos en vísperas de la elaboración de un nuevo plan o de la
actualización del plan que hasta ahora estaba vigente y, en ejecución de éste, la Administración penitenciaria y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos, que como ustedes saben es quien desarrolla y gestiona los planes en el apartado
de infraestructuras, han concluido entre 1991 y marzo de 2004, en el ámbito de la competencia de la Administración General del Estado y con diferentes administraciones políticas, la construcción y puesta a disposición del sistema penitenciario de
22.733 nuevas celdas. En ese mismo tiempo se ha procedido a la amortización de diversos centros y viejos centros penitenciarios, con una capacidad estimada de 8.320 celdas. En consecuencia, la gestión del plan ha incrementado hasta marzo de 2004
la disponibilidad neta del sistema en 14.400 celdas en 14 años de gestión y de evolución de ese plan. Del total de las nuevas celdas, hay una parte que tienen el carácter de funcionales, otras para cumplimientos penitenciarios en régimen abierto
-muy pocas, por cierto, solo 68- y 2.964 complementarias destinadas a necesidades auxiliares del sistema, como enfermería, ingresos, traslados, salidas, etcétera. El vigente plan, además de estas realizaciones, contenía autorización para la
construcción de siete nuevos centros penitenciarios en régimen ordinario; para hacer obras de reforma en otro centro penitenciario; para 22 nuevos centros de inserción social y 15 nuevas unidades de custodia hospitalaria. De estas actuaciones
autorizadas por el Consejo de Ministros se encontraban programadas y dotadas presupuestariamente cuando se produjo el cambio de Gobierno solo cuatro de los siete centros penitenciarios, la obra de reforma en el centro penitenciario Tahiche y ocho de
los 22 centros de inserción social. De esta manera, tres centros penitenciarios de diferentes dimensiones en Canarias, País Vasco y Navarra, aunque tenían autorización del Consejo de Ministros para su construcción, carecían de dotación
presupuestaria y programación para abordarla, por lo que no había ninguna previsión sobre ellos. Asimismo, 14 centros de inserción social en Extremadura, Andalucía, Ceuta, Galicia, Castilla la Mancha, Canarias, Baleares y Cantabria habían pasado
también a la situación de fuera de programación, porque no tenían consignación presupuestaria.



En cuanto a las actuaciones en situación de ejecutables, voy a explicar muy brevemente cuál era su situación en el momento en que yo me hice cargo de la Administración penitenciaria: seis centros de inserción social se encontraban en
periodo de ejecución de obras y dos pendientes de inicio, de los ocho que estaban programados. En el centro penitenciario de Puerto III, en marzo de 2004, se habían iniciado movimientos de tierras, finalizados en el mes de junio; se carecía de las
preceptivas licencias urbanísticas y de obras. Por lo que se refiere al centro penitenciario de Albocásser, en marzo de 2004 se disponía de la titularidad del 90 por ciento de las propiedades de la zona de actuación, pero faltaba una parte de las
propiedades por adquirir; se había suscrito un convenio urbanístico con el ayuntamiento y se


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había obtenido la aprobación inicial del plan especial correspondiente. El centro de Estremera, en Madrid, se encontraba en la misma situación, todavía no se poseía el cien por cien de la propiedad y tampoco tenía la aprobación definitiva
del plan especial. En cuanto al centro de Morón de la Frontera, tampoco se tenía consolidado el cien por cien de la propiedad de los terrenos y no se había presentado a trámite el plan especial. Con respecto a la obras de reforma del centro
penitenciario de Tahíche, en el arrecife de Lanzarote, se disponía de un proyecto de obras para la construcción de 53 nuevas celdas.



Del conjunto de aquellas actuaciones, en este momento podemos informar que se ha iniciado la ejecución material de las obras del centro penitenciario Puerto III, que se presentará públicamente en los próximos días, y que se prevé la
finalización y entrada en funcionamiento de este centro en el primer semestre de 2007. Se ha modificado el proyecto de reforma de Tahíche, habiéndose aprobado otro con capacidad para 156 celdas funcionales, 26 complementarias en régimen ordinario y
50 en régimen abierto. Adicionalmente, en las nuevas instalaciones también se ha previsto que dispongan de un local sociocultural, un taller productivo para 75 personas e instalaciones deportivas múltiples. Todo esto no estaba contemplado en el
plan inicial. Frente al anterior proyecto de 53 celdas, hemos dispuesto una oferta penitenciaria mucho más amplia en cantidad, calidad y diversidad funcional penitenciaria y de servicios.
Está prevista la licitación de obras en octubre del
presente año y su finalización en el primer semestre de 2008. El centro penitenciario Albocásser ha superado la mayoría de los trámites y acuerdos administrativos, encontrándose aprobado definitivamente el plan especial y la expropiación de las
parcelas pendientes, se ha procedido a la ocupación de estas parcelas y se ha contratado el movimiento general de tierras. Se prevé la finalización de este centro a finales de 2007. El centro de Estremera se encuentra pendiente de licencia para el
movimiento general de tierras, previéndose el inicio de su ejecución material a finales del presente año y su entrada en funcionamiento a finales de 2007 o principios de 2008. Se encuentra pendiente de aprobación definitiva por la Administración
autonómica el plan especial para la construcción del centro penitenciario de Morón de la Frontera, habiéndose consolidado el cien por cien de la propiedad del terreno en el que se instalará mediante acuerdo expropiatorio en noviembre de 2004 en
Consejo de Ministros. Se encuentra pendiente de adjudicación la realización del movimiento general de tierras y se estima que el inicio de las obras se producirá a principios de 2006 y su finalización en el primer semestre de 2008. En cuanto a los
centros de inserción social, se han impulsado las obras en curso, habiéndose inaugurado desde marzo de 2004, es decir, desde el momento en que tomamos posesión, cinco de los ocho centros programados y presupuestados. El sexto se inaugurará en las
próximas semanas en León, y los de Vigo y Alicante podrán estar en funcionamiento en el primer y segundo semestre del año próximo.



Esta es, a día de hoy, la situación del plan de Infraestructuras y la que nos encontramos hace ahora un año. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos impulsado la ejecución de lo aprobado, hemos conseguido poner en funcionamiento una parte de las
infraestructuras previstas y hemos acelerado al máximo las gestiones pendientes de las demás, asegurando su entrada en funcionamiento en un tiempo razonable. Adicionalmente, hemos desarrollado algunas intervenciones de reposición y reforma de
infraestructuras que han aportado nuevas celdas al sistema, que como no es objeto de la comparecencia no les voy a detallar ya que como lo hice en mi intervención en el Senado pueden ser revisadas en el 'Diario de Sesiones' o puedo facilitarles la
información precisa sobre estas actuaciones.



Señorías, todas estas actuaciones las hemos desarrollado en cumplimiento de lo que estaba aprobado, sin necesidad de hacer grandes obras, sin grandes proyectos; han puesto algunos cientos de plazas en mejor disponibilidad en el sistema,
pero tienen un impacto muy limitado en la situación de saturación que tiene nuestro sistema penitenciario. Tenemos que trabajar con perspectiva, cosa que en nuestra opinión no se ha hecho en los últimos años, porque si en este momento no
adoptásemos nuevas decisiones de inversión en infraestructuras, nos encontraríamos a la vuelta de pocos años con una situación insostenible e imprevisible. Como ustedes saben, porque lo hemos dicho repetidas veces, la población penitenciaria
general, medida en términos de población anual media, ha experimentado un importante crecimiento en los últimos cuatro años -aproximadamente de un 30 por ciento-. Para responder a esta nueva demanda, el plan que está vigente incorpora en el periodo
2000-2004, 2.049 celdas adicionales netas al sistema penitenciario, incluyendo las nuevas y descontando las que se amortizaron. Hay que señalar -y quiero decirlo porque es significativo- que de estas 2.049 celdas adicionales 1.008 corresponden a la
apertura del centro penitenciario de Zuera, un centro que estaba finalizado desde 1996 y que no se puso en marcha hasta el año 2002, seis años más tarde de estar finalizado. Frente a estas poco más de 2.000 celdas adicionales, los internos
incorporados al sistema en este mismo periodo de 2000 a 2004 han sido 11.588. Ya ven ustedes que el déficit de plazas se ha incrementado muchísimo. Es decir, que en el periodo de mayor incremento de la población penitenciaria de nuestra historia
ha disminuido el ritmo de creación de infraestructuras penitenciarias. Desde nuestro punto de vista, este hecho resulta determinante para explicar la actual situación. Por una parte, como he dicho en otras ocasiones, se impulsaron reformas penales
y penitenciarias que previsiblemente iban a incrementar la población reclusa; y por otra se redujo hasta mínimos la construcción de centros y celdas y no se hizo previsión de futuro. Adicionalmente, el crecimiento de la población penitenciaria
extranjera,


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fruto de los flujos migratorios del periodo, ha contribuido a agravar una situación ya bastante compleja teniendo en cuenta que la promoción de las infraestructuras penitenciarias requiere, según estimaciones de la sociedad que las gestiona,
de cinco años para los centros en régimen ordinario y de tres años para los centros de inserción social. Observarán que la capacidad de la nueva Administración para arbitrar soluciones inmediatas es muy limitada. Varios factores influyen en que
tengamos una perspectiva poco halagüeña. En cuanto a las infraestructuras, diré que de los centros penitenciarios en funcionamiento solo 20 se han construido con posterioridad a 1992, y algunos de los que restan superan los 100 años de
funcionamiento. El sistema penitenciario disponía a 31 de diciembre de 2004 de 38.785 celdas, aunque esto lo digo entre paréntesis porque luego cuando hablemos de los centros del País Vasco también habrá que explicar que celdas no siempre se
refiere a celdas individuales, aunque estén compartidas por dos personas, sino que a veces en el sistema antiguo hay celdas colectivas y, por lo tanto, no son estrictamente plazas, pero no son muchas más: 38.700 celdas con una población de unas
51.200 personas. De las celdas disponibles, el 81,43 por ciento se destinan a personas en régimen ordinario, el 13 por ciento a funciones complementarias del sistema y el 5,32 por ciento a internos en régimen abierto. Para poner en pie, señorías,
el principio celular contemplado en nuestro ordenamiento penitenciario, y con el que nuestro Gobierno, como ustedes saben, se ha comprometido, de que cada interno disponga de una celda funcional, a finales de 2004 nos hacían falta más de 15.500
celdas funcionales nuevas en régimen ordinario y unas 2.000 en régimen abierto.
En la actualidad, de las 2.062 celdas en régimen abierto solo unas 600 corresponden a centros de inserción social. La mayoría de las restantes proceden de la
utilización de centros declarados a amortizar, algunos en no muy buen estado y que mantienen usos penitenciarios parciales por necesidades del sistema. Además de esto, algunas comunidades autónomas carecen de infraestructuras para alojar a las
personas con vinculación social en la zona y además presentan elevados índices de ocupación en las plazas disponibles.



Las tendencias que estimamos, sin modificaciones relevantes en materia penal, salvo que SS.SS. promuevan algunas reformas legales que modifiquen estas tendencias en sentido positivo o negativo, en cuanto a población penitenciaria prevén un
incremento de la población penitenciaria algo más moderado, pero que va a mantenerse en torno al 15 por ciento en el primer cuatrienio y más o menos el 7 por ciento en el segundo cuatrienio. El grupo de personas privadas de libertad que hoy cuentan
con una edad de entre 30 y 40 años y cuya actividad delictiva se inició con el consumo de la droga, sigue siendo mayoritario en nuestro sistema. El deterioro del estado de salud de alguna de estas personas es evidente y progresivo y haremos
referencia a esto cuando hablemos del tema de los fallecimientos en prisión, con independencia de que nosotros creemos que desde los servicios sanitarios de los centros penitenciarios se presta una atención de alta calidad. La presencia cada vez
mayor de población penitenciaria extranjera plantea problemas de tratamiento, atención, asistencia individualizada e integración, y al mismo tiempo comienzan a aparecer nuevas patologías de la salud propias de los entornos de origen de esta
población, lo que también complica nuestro sistema. Es también importante, y ha complicado extraordinariamente nuestro sistema, la aparición y comprensión penitenciaria del fenómeno islamista; el fundamentalismo de origen islamista que, como
ustedes también saben, ha requerido la adopción de medidas de habilitación de unidades especiales de custodia en primer grado penitenciario con capacidad para la dispersión de las personas penadas por delitos violentos asociados a esa concepción
religiosa, en detrimento de otras alternativas. Se ha incrementado también entre nuestra población la presencia de personas con comportamientos delictivos vinculados al crimen organizado internacional, a los que nuestro sistema debe tratar desde
una acción de seguridad de carácter preventivo dentro de los centros. Por último, quiero reseñar el incremento de la presencia entre nuestra población penitenciaria de personas con nuevos comportamientos delictivos contra la libertad sexual y
vinculadas al ejercicio de la violencia de género, que plantea nuevos retos en el terreno de la intervención en la reeducación de estas personas pero también en algunas cuestiones relativas a la seguridad.



Adicionalmente, nuestro sistema penitenciario presenta lo que a nosotros nos parece una carencia que debemos abordar de manera urgente y es la convivencia de los menores con sus madres en el interior de los recintos penitenciarios, que se
ven obligados a seguir el régimen y la forma de vida de estos centros. Como también he dicho en alguna ocasión, nosotros nos hemos propuesto ser capaces de humanizar la estancia de los menores con sus madres en el cumplimiento penitenciario de
éstas mediante unidades de madres externas a los centros penitenciarios y con un régimen de vida adaptado a la estancia de aquéllos, garantizando condiciones óptimas para la educación y el crecimiento de los niños y niñas. Esta situación en la
actualidad afecta a unas 210 mujeres madres y a sus hijos e hijas, que son una cantidad más amplia.



Esta es la situación y las necesidades previsibles que tiene el sistema.
En nuestra opinión hemos hecho, en lo que estaba en marcha, lo que teníamos que hacer; es decir, hemos acelerado los ritmos de ejecución de las obras programadas que
contaban con presupuesto, ya que era lo que se podía hacer; se han anticipado gestiones y plazos para la ejecución de estas obras y, en este momento, no queda una sola actuación autorizada por el Consejo de Ministros y con dotación presupuestaria
al inicio del presente mandato para la construcción de centros penitenciarios que no se encuentre ejecutada, iniciada o próxima a su inicio. Sin embargo, como ya he


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avanzado, todo esto tendrá un impacto muy limitado en la resolución del problema de saturación de nuestro sistema penitenciario a medio plazo, y será claramente insuficiente en unos seis o siete años si no adoptamos ahora decisiones
relevantes. Para abordar esta situación, la nueva Administración ha comenzado por realizar gestiones con casi todas las comunidades autónomas para avanzar y anticipar decisiones de inversión que, como ustedes saben, tienen que ratificarse en
Consejo de Ministros.
En este momento podemos anticiparles que hay avances muy significativos en Canarias, Navarra, el País Vasco, Murcia y Ceuta para la obtención de suelo para nuevas infraestructuras y que la previsión de esta Administración es
incrementar nuestro sistema penitenciario con centros penitenciarios en estas comunidades autónomas. Por otra parte, como producto de las gestiones que ha venido haciendo hasta este momento y la valoración que ha hecho de las necesidades que tiene
el sistema, la actual Administración presentará al Consejo de Ministros una nueva revisión y actualización del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, que integrará las actuaciones pendientes del vigente plan y las que tenemos
previsto realizar. Esta nueva actuación, de la que únicamente puedo avanzar unas líneas, ya que está pendiente de la decisión del Consejo de Ministros -y yo ,aunque no puedo comprometer lo que tiene que aprobar sí puedo decir cuál es la propuesta
que nosotros vamos a hacer-, no solo es un plan de infraestructuras ya que integraría, por una parte, centros penitenciarios en las comunidades autónomas a las que he hecho referencia y, por otra, una red de nuevos centros de inserción social en
todos aquellos lugares en los que pensamos que existe una demanda importante de centros y que no estaban previstos; concretamente en Segovia, Algeciras, Sevilla, Málaga, Granada, Cáceres, La Coruña, Mallorca, Lanzarote y Fuerteventura. Esta nueva
actuación no solo es un plan de infraestructuras sino que pretende ser el instrumento que en el ámbito físico y ambiental concrete una nueva orientación penitenciaria, articulada en algunos objetivos que muy brevemente voy a resumirles. En primer
lugar, reforzar las medidas de seguridad en los centros penitenciarios. Nosotros creemos que hay que hacer una importante inversión en tecnología y en personal que mejore y perfeccione el sistema de seguimiento y control de los reclusos que
representen un riesgo para la seguridad ciudadana y para la seguridad del Estado. Hemos tomado algunas iniciativas en este sentido, pero creemos que hay que hacer una inversión importante para mejorar esta cuestión. Creemos también que hay que
reorientar el sistema hacia su función constitucional de reeducación y reinserción social, equilibrándola con la de vigilancia y custodia.
Ambas no solo no son incompatibles sino que son complementarias. Tenemos que garantizar la extensión de las
modalidades de cumplimiento de las penas alternativas a la privación de libertad o de cumplimiento en medio abierto, especialmente a través de los trabajos en beneficio de la comunidad, previstas en el Código Penal y con la utilización de
tecnologías de control telemático. Tenemos que colocar en el centro de la actuación penitenciaria los servicios individualizados de tratamiento: salud, trabajo y trabajo social; mejorar la atención a la salud de los internos haciendo un buen
proceso de transferencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas que facilite esta mejora; normalizar la vida social en prisión mediante la extensión del trabajo productivo y el desarrollo de acciones de intervención educativa,
cultural y deportiva; fomentar la cooperación institucional y social en la vida penitenciaria; dotar al sistema de recursos adecuados a sus necesidades cuantitativas, funcionales y geográficas y en las derivadas de la nueva estrategia de
modernización del sistema; dotar al sistema de las suficientes plazas y medios para facilitar el cumplimiento de condena en medio abierto que, como les decía, en este momento está dotado de forma insuficiente. Otro de los elementos que a nosotros
nos parece fundamental es considerar que la proximidad de las infraestructuras y el cumplimiento penitenciario de las condenas en las zonas de vinculación social o familiar, es un factor muy poderoso de reinserción. La nueva Administración, dentro
de los recursos disponibles en cada momento, promoverá el cumplimiento de las condenas en los centros próximos a su entorno de convivencia, salvo que esta actuación pueda constituir un factor de riesgo en la articulación y organización de
actividades delictivas y/o difusión de ideologías o prácticas violentas.



En el marco de esta política penitenciaria, el nuevo plan de infraestructuras tendrá como eje la promoción de centros penitenciarios y de celdas que permitan, por una parte, el mantenimiento y diversificación del modelo del centro
penitenciario tipo, atendiendo a demandas cuantitativas diferentes; es decir, que no va ha haber, como hasta ahora, un modelo único aplicable a todas las comunidades autónomas, independientemente de sus necesidades. También hemos previsto el
desarrollo de modelos polivalentes con unidades adecuadas a los distintos regímenes en el entorno y con capacidad para el impulso y estrategias de tratamiento penitenciario e intervención educativa, cultural, de formación, y para el desarrollo de
iniciativas de trabajo penitenciario productivo y asalariado.



El nuevo plan prevé la adecuación y extensión del modelo de centros de inserción social. Como les decía antes, hemos previsto la ampliación de la propuesta de CIS respecto del plan anterior, atendiendo también a la nueva población usuaria,
reforzando los sistemas de vigilancia sin modificar su funcionalidad penitenciaria, la adecuación, como también les he anunciado, del modelo de inserción social para su utilización en algunos casos como unidades de madres externas en los centros
penitenciarios con régimen de vida diferenciado y adaptado a la convivencia con los menores; todo ello, señorías, con soluciones positivas a las zonas con infraestructuras más antiguas, mayores tasas de ocupación y contingentes importantes de
población penitenciaria de


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la zona desplazados a otras comunidades. Vamos a variar la tendencia que se ha seguido durante mucho tiempo de hacer centros penitenciarios en las zonas en las que había menos demanda, aunque quizá había más facilidades para obtener suelo y
para poner en marcha centros penitenciarios, pero que no se correspondía con las necesidades que el sistema tenía en esas zonas. En este terreno nuestro plan contemplará actuaciones especiales en Canarias, que constituirán un plan global para esa
comunidad autónoma y que, como hemos dicho en otras ocasiones, es una prioridad para nuestro ministerio y para esta dirección general por la gravedad que tiene el desplazamiento de las personas de esta comunidad a la Península, e intervenciones
significativas en Ceuta, Murcia, Baleares, Navarra, País Vasco y Soria, además de completar las dotaciones existentes en el sur, centro y levante peninsulares. Dentro de estas líneas que he expuesto brevemente y de las que informé detalladamente en
mi intervención en el Senado y que tienen ustedes en el 'Diario de Sesiones', esperamos poder presentar a SS.SS. en breve plazo un acuerdo del Consejo de Ministros de renovación y actualización del Plan de amortización y creación de centros
penitenciarios, cuyo contenido transmita que las necesidades de nuestro sistema penitenciario tienen un horizonte de solución.



Siguiendo con el orden de la comparecencia, me voy a referir a la situación de algunos centros penitenciarios sobre los que se nos ha preguntado. Concretamente, los centros del País Vasco: Nanclares en primer lugar y después Basauri y
Martutene. El centro penitenciario de Nanclares fue construido en el año 1981, por lo tanto es bastante antiguo; dispone en la actualidad de 557 celdas, a finales de 2003 estaba ocupado por 645 internos, a finales de 2004 por 745 y a fecha 27 de
mayo de 2005 tenía una ocupación de 751 personas, un poco más que en el momento en que se hizo la pregunta. En consecuencia, un tercio de las celdas totales del centro aloja a dos personas. Esta tasa de ocupación está en la media del conjunto de
centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado que, como ustedes saben, está muy por encima de las infraestructuras de las que disponemos en este momento.
Esta Administración, comprometida con la aplicación del
principio celular que dispone nuestro ordenamiento penitenciario no puede entender razonable esta situación, como se nos preguntaba en la comparecencia.
Así, la respuesta a la pregunta que se nos hacía en la comparecencia es que no nos satisface
esta situación. Refiriéndome en este caso a S.S., el representante del PNV, que es quien pide estas aclaraciones, le diré que, como S.S. no ignora, resolver esta situación requiere de un planteamiento global que esperamos encuentre solución en la
propuesta de renovación y actualización del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, que esperamos se apruebe a corto plazo por el Consejo de Ministros. Hemos dedicado una parte importante de nuestro trabajo a preparar este plan y
esperamos que en cuanto esté aprobado podamos ejecutarlo en el menor plazo de tiempo posible. Mientras tanto, como S.S.
sabe, ni podemos sacar a la calle indebidamente a las personas que tenemos en nuestro sistema ni podemos dejar de acoger a
ninguna de las personas que nos envíe un juez para que cumpla condena. En la propuesta del nuevo plan, en su fase de anteproyecto, se recogen soluciones en la zona que permitirán aligerar la presión en el centro. También se nos pregunta por las
obras previstas en este centro y yo tengo que informar que, con cargo a los créditos de reposición de inversiones del programa 133, centros e instituciones penitenciarias, la Administración tiene previsto en el ejercicio 2005 acometer diversas obras
de renovación y mejora del centro penitenciario de Nanclares por importe de 275.147,54 euros, de los que 71.853 están comprometidos para la ejecución de la reforma de la cubierta en determinado edificios, la redacción de un proyecto de
rehabilitación de la zona de comunicaciones y para obras de ampliación del edificio de comunicaciones. También están previstos 92.599,36 euros de inversión del organismo autónomo Trabajo Penitenciario, que servirán para ejecutar obra civil e
instalaciones para la adecuación de talleres para la producción de panadería, con el objetivo de proporcionar puestos de trabajo nuevos en ese centro y equipar la planta industrial de panadería que tenemos previsto instalar allí, y 110.694,28 euros
de inversión prevista para equipamiento sanitario.



Por lo que se refiere al centro penitenciario de Basauri, en Vizcaya, también es muy antiguo, ya que se construyó en 1966 y cuenta en la actualidad con un total de 116 celdas. Se declaró amortizable por el Plan de amortización y creación de
centros penitenciarios en el momento que se dispusiese en la zona de infraestructuras penitenciarias alternativas y suficientes, que ya veremos cuándo puede ser. Como explicaba antes, en los centros más antiguos algunas de estas celdas son
colectivas, cosa que a nosotros, y a esta directora general, no nos gusta nada, pero que es una realidad que está ahí. El último dato que yo tengo es que en este momento en el centro de Basauri hay alojadas 279 personas.



El centro penitenciario de Martutene se construyó en 1948, siendo declarado inicialmente amortizable por el Plan de amortización y creación de centros penitenciarios, aunque en modificaciones sucesivas perdió esta condición. En la
actualidad el centro cuenta con 163 celdas totales operativas, alojando a 312 internos. Estos centros presentan, y lo vienen haciendo desde hace años, una de las tasas de ocupación más elevadas del sistema penitenciario que depende de esta
Administración. El vigente Plan de amortización y construcción de centros penitenciarios en su formulación actual, como les he dicho antes cuando me refería a este tema, no contempla ninguna actuación estructural de construcción de nuevas
instalaciones penitenciarias en las zonas provinciales de referencia ni en el territorio de la comunidad autónoma, al no estar programada ni dotada ninguna actuación en este sentido. En la propuesta del nuevo plan hemos incluido algunas soluciones
que permitirán, como les decía, aligerar la presión en ambos centros, habilitando


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alternativas funcionales de cumplimiento penitenciario para quienes están clasificados en tercer grado, porque quiero señalar que en el País Vasco no existe ningún centro de inserción social ni estaba previsto que existiera. En el plan se
incorporan centros de inserción social para las tres provincias y tampoco cierra la opción de renovar las infraestructuras de Basauri, aunque no concreta ninguna opción en ese sentido. Puedo informarles del avanzado estado de las gestiones para
obtener terrenos para la construcción de un nuevo centro penitenciario en San Sebastián, cuyas dimensiones y características se encuentran en fase de concreción, después de haber alcanzado un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián
para hacer un convenio que nos permita ceder los terrenos en los que se encuentra el viejo centro penitenciario y obtener terrenos para el nuevo. Por otra parte, en el año 2005 se desarrollarán, con cargo al capítulo 6 de los Presupuestos Generales
del Estado, diversas inversiones que paso a detallarles. En Basauri en el año 2005 se ha previsto, encontrándose en fase de ejecución, una inversión de 654.282,77 euros, que forman parte de un plan de inversiones de reposición en obras e
instalaciones para el periodo 2005-2007 que contempla una totalidad para este centro penitenciario de 1.834.282,77 euros. En equipamientos para el año 2005, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias tiene dotada la adquisición e
inversión en equipamiento por importe de 74.425,13 euros. Por lo que se refiere a Martutene, la dirección general tiene en la actualidad un plan de inversiones de reposición para el periodo 2005-2007, como les decía para el centro anterior, por un
total de 1.756.904 euros. Concretamente para 2005 se ha previsto y se encuentra en ejecución una inversión de 10,8 por ciento del plan por importe de 189.904 euros. En lo que se refiere a inversión en equipamientos la dirección general tiene
dotada la adquisición e inversión por importe de 2.196,17 euros.



El siguiente tema a exponer, señalado con el número 7 en el orden del día, va a requerir una explicación un poco larga porque le preocupa extraordinariamente a esta dirección general y (todos nos preocupan mucho, no quiere decir que este sea
el único) tiene una sensibilidad especial ya que se refiere a las muertes acaecidas en diversos centros penitenciarios. Durante el año 2004 fallecieron en las prisiones españolas un total de 180 internos: 66 personas fallecieron por causas
naturales, 31 enfermos de VIH/sida, 40 por suicidio, 1 por agresión, 40 por consumo e intoxicación de drogas y 2 por causas accidentales. En los primeros 5 meses de 2005 han fallecido 91 personas, de los que 35 lo fueron por causas naturales, 15
por VIH/sida, 18 por suicidio y 12 por intoxicación por drogas, y en 11 casos se está pendiente del resultado de la autopsia para determinar las causas. En el año 2004 se produjo un incremento del 12,5 por ciento de muertes en prisión en términos
absolutos. Para valorar ajustadamente este dato y no sacar una conclusión inadecuada hay que tener en cuenta que la población reclusa creció un 8,5 por ciento entre ambos ejercicios. La tasa de mortalidad por 1.000 internos, en 2004 se sitúa en
3,55, mientras que durante el año 2003 fue de 3,41. Es una tasa de mortalidad muy inferior a la de la población general, que está en torno al 9 por ciento, pero obviamente es una circunstancia diferente. Tenemos circunstancias peculiares respecto
a la población general, por supuesto en edad y en otras condiciones, y en términos de salud tampoco es comparable. Podemos decir que la tendencia es de un cierto incremento en términos relativos al número de personas que hay en el sistema. Tenemos
en nuestro sistema penitenciario muchos internos y con muchas patologías. Es una población de riesgo, sanitariamente hablando. En todos los casos en los que se produjo un fallecimiento se abrió la respectiva información reservada por la dirección
general, observando las diferentes causas de fallecimiento de internos. Con la excepción de las muertes por causas naturales que son siempre las mayoritarias, aparecen como segunda causa de mortalidad el suicidio y aquellas derivadas del consumo de
drogas. Estas son las dos características fundamentales. Respecto a las muertes violentas, en el periodo analizado hubo un fallecimiento que corresponde a 2004, ya que hasta concluir el mes de mayo de 2005 no se ha producido ninguna. En el
periodo de la presente legislatura se observa un progresivo descenso de la mortalidad por VIH/sida, que atribuimos al control y seguimiento que se realiza a los pacientes afectados. Se incrementan los fallecimientos relacionados con drogas en
términos absolutos, aunque no en términos relativos; es decir, en proporción con la población no se incrementan, pero lo que sí se incrementan son los suicidios. En la comparecencia que hice el año pasado en esta Cámara, dije que este era un
motivo de preocupación muy serio para mi dirección general y que íbamos a hacer todo lo posible por afrontarlo. Voy a dar explicaciones de lo que hemos hecho, pero tengo que decirles sinceramente que estamos muy lejos de atajar el problema,
lamentablemente es así y hay que admitirlo y señalarlo.



Como les adelanté (no sé si en esta Comisión o mediante una respuesta escrita) hemos creado por primera vez en el sistema penitenciario una comisión para analizar las causas de los fallecimientos en los centros penitenciarios, y voy a
contarles de manera resumida las conclusiones del trabajo que ha realizado esta comisión. En el año 2004 se produjeron un total de 180 fallecimientos, 79 de los cuales tuvieron lugar en los hospitales de referencia de la red pública donde los
internos habían sido evacuados previamente por los servicios médicos. El mayor número de ellos murió por causas naturales, mientras que otra parte lo hicieron por motivos relacionados con el VIH/sida. Se da el caso de otro interno que falleció
mientras era trasladado al hospital; es decir que de los 180 fallecimientos producidos 80 ocurrieron fuera del ámbito penitenciario y 100 en los centros penitenciarios correspondientes. Se puede apreciar que la evolución de la mortalidad general
en instituciones penitenciarias durante los últimos cinco años ha presentado un


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incremento próximo al 10 por ciento anual del total de internos fallecidos en nuestros centros. Como ya he comentado cuáles son las causas fundamentales, no voy a insistir, pero sí voy a entrar en alguna de estas cuestiones. Los
fallecimientos por intoxicación o reacción adversa debida a drogas son la segunda causa, simultáneamente con la de suicidios, de fallecimientos en 2004; se dieron 40 casos. Tengo que señalar que Andalucía es la comunidad autónoma que presenta un
mayor número de fallecimientos por esta causa y que en el análisis realizado se considera que es un factor añadido de riesgo la presentación galénica de la metadona, que, a diferencia del resto de comunidades autónomas en las que se dispensa en
forma líquida, en Andalucía se presenta en forma de pastillas, lo que constituye una situación de mayor facilidad de manejo y manipulación por parte de los internos. De las conclusiones obtenidas en los informes toxicológicos y de las autopsias
realizadas en la mayoría de los casos, se extrae que la causa de la muerte fue edema agudo pulmonar producido por la combinación de metadona con benzodiazepinas o por interacción de estas sustancias con opiáceos (morfina o codeína). De los informes
de autopsia también se obtiene que en la mayor parte de los casos la muerte se produce en un tramo horario comprendido entre la medianoche y las tres de la madrugada, siendo descubiertos por los funcionarios alrededor de las ocho de la mañana,
coincidiendo, como es lógico, con el primer recuento, cuando se abren las celdas. La edad media de fallecimientos se establece en torno a los 36 años, incrementándose un poco con respecto al año 2003, en el que rondaban los 33. En cuanto a la
distribución por sexos, tres eran mujeres y el resto varones, similar a años anteriores, no apreciándose diferencias a resaltar con relación a esta variable.



En las conclusiones de la comisión se detecta una especial trascendencia en los fallecimientos de aquellos internos que se encontraban incorporados al programa de mantenimiento con metadona. De todos los fallecidos 15 se encontraban
incluidos en dicho programa, lo que equivale a un 37,5 por ciento. Todos ellos, excepto uno, tenían antecedentes previos de politoxicomanía, siendo consumidores de heroína y cocaína como drogas principales, aunque no hay que olvidar a otro
importante grupo de sustancias asociadas al consumo abusivo como alcohol y cannabis.
Presentaban antecedentes psiquiátricos 7 de los fallecidos, consistente en retraso mental, trastornos adaptativos de la personalidad, esquizofrenia y un caso de
epilepsia. Se encontraban en tratamiento con psicofármacos 21 internos, que constituyen más de la mitad de los casos presentados por la causa estudiada. También hay que resaltar el gran consumo de psicofármacos existente en todas las prisiones en
la actualidad. Este es uno de los temas que nos hemos propuesto abordar, pero que requiere de unas políticas muy complejas y sobre todo una gran inversión en personal y en programas de tratamiento directo. La gran mayoría de estas personas se
encontraban en celdas compartidas con otro interno, que en la mayor parte de los casos manifiesta no haberse percatado de la situación. En el caso de los fallecimientos por VIH/sida se contabilizaron 31 defunciones, las mismas que en 2003.
Teniendo en cuenta que la población ha aumentado, proporcionalmente la cifra ha bajado, tendencia que proviene de años anteriores y que representa la cuarta causa de mortalidad en el ámbito penitenciario. Se produjeron 2 fallecimientos por causas
accidentales, uno en Algeciras y otro en El Dueso; en el año 2003 hubo también 2 fallecimientos por esta causa y además uno por agresión.



Fallecimientos por suicidio. Según los datos obtenidos del registro de mortalidad en el año 2004 en los centros penitenciarios se produjeron 40 defunciones de internos de etiología suicida; esta cifra supone el 22,2 por ciento de todos los
fallecidos en el citado periodo. Se puede observar que esta cifra se ha incrementado de forma significativa respecto a la correspondiente al año 2003. En lo referente a la distribución por sexo, una persona era mujer, con 47 años y perteneciente
al centro penitenciario de Alcalá de Guadaira. Aunque es raro el comportamiento suicida en las mujeres, esta persona, que utilizó el ahorcamiento como método, era toxicómana, tenía antecedentes psiquiátricos; estaba incluida en un programa de
prevención de suicidios, se encontraba ingresada en la enfermería y tenía problemas familiares.
Los 39 restantes eran varones. La distribución temporal por meses ofrece picos que se repiten a lo largo de los años en nuestro sistema. Hay dos picos
claramente diferenciados: en diciembre y en junio-julio, meses en los que se produce un mayor número de suicidios.



Por lo que respecta al método empleado, es predominante el ahorcamiento; en 33 casos se utilizó este método, lo que supone 82 por ciento de los suicidios. Como ustedes pueden imaginarse en los centros penitenciarios se tiene un especial
cuidado en eliminar elementos que puedan facilitar estas acciones, pero los medios materiales utilizados por los internos son de lo más diverso: prendas de vestir, ropa de cama, cordones de zapatos, cinturones..., utilizando como puntos de
suspensión los barrotes de las ventanas de las celdas, las puertas de seguridad y las literas.
Con menor incidencia ha habido algún caso de autolesiones. El lugar en que se produjo el suicidio fue la celda que ocupaban, encontrándose solos el 80
por ciento y acompañados el 20 por ciento restante. De entre los 40 fallecimientos de los internos acaecidos en el año 2004, y que la comisión ha investigado con intensidad, se da el caso de que 8 de ellos, un 20 por ciento del total, se
encontraban incluidos en el protocolo de prevención de suicidios que se está aplicando conforme a las pautas de actuación fijadas a través de la instrucción 16/1998. Se da la circunstancia de un cierto número de casos que, no encontrándose en ese
momento incluidos en el protocolo, si lo habían estado anteriormente.
Tiene valor, señorías, el dato obtenido sobre el intervalo de tiempo transcurrido entre el ingreso en el centro penitenciario correspondiente y el momento en que se produjo el
suicidio. El 12 por ciento


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de los suicidios tuvo lugar en la primera semana desde el ingreso en el centro penitenciario, fueran procedentes de libertad o de cualquier otro centro; otros 10 casos, es decir el 25 por ciento, ocurrieron entre la primera semana y el
primer mes trascurrido desde el ingreso en el centro; un 27 por ciento sucedió en un intervalo de tiempo correspondiente entre el primer mes y al año desde el ingreso y un 25 por ciento llevaba más de un año. Se da la circunstancia de que 5 de los
internos fallecidos se encontraban en situación de tránsito por ser trasladados hacia otra prisión a la que habían sido destinados. Esto constituye un dato a tener en cuenta por la concordancia con el perfil de riesgo de conductas suicidas que está
recogido en la instrucción que existe en nuestra institución sobre este tema, dado el esporádico o inexistente apoyo exterior que padecen los internos que se encuentran bajo tales condiciones, y que les hace una población de mayor riesgo.



En lo concerniente a su situación penal penitenciaria, predominaban los internos en calidad de penados respecto de los preventivos. Otro dato a tener en cuenta que nos muestra el cambio de situación es que se produjo un mayor número de
casos de internos fallecidos que delictivamente eran reincidentes, frente a los definidos como primarios, y en este caso hemos visto que esto no corresponde con el perfil de riesgo de suicidio que establecía la primariedad delictiva como un factor
determinante.
Aproximadamente un 40 por ciento de los internos fallecidos por suicidio se encontraban en prisión por homicidios, parricidios, delitos contra las personas o contra la libertad sexual y/o violencia de género. Esta es una tipología
que se ha incrementado notablemente entre los suicidas y que, seguramente, tiene que ver con una mayor presión social negativa en contra de estos comportamientos debido a la repercusión social que producen, como también en la vida en libertad se
producen actuaciones suicidas de personas después de cometer alguno de estos actos. Alrededor del 38 por ciento de los internos se encontraban en situación de aislamiento o de limitación regimental. Por su clasificación penitenciaria, 8 se
encontraban en primer grado, 14 en segundo grado, y uno estaba clasificado en tercer grado en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha y se encontraba pendiente de la junta de tratamiento por haber sido detenido mientras se encontraba de
permiso. Esta también es una característica que hemos encontrado en varios casos: cuando alguien recibe una mala noticia, como un proceso pendiente resuelto negativamente, se presenta como un factor añadido de riesgo. Otro dato de especial
interés que favorece las conductas suicidas es el que se refiere a la incidencia de antecedentes psiquiátricos presentados por los internos fallecidos. Se ha podido constatar que un 40 por ciento de las defunciones producidas por suicidio
presentaba algún tipo de antecedente de estas características.



Ya hemos dicho en innumerables ocasiones que se ha incrementado mucho la población penitenciaria, lo que ocasiona repercusiones en muchos terrenos, habiendo una sobreocupación dentro de los centros, y también se ha incrementado, al ritmo que
se incrementa el conjunto de la población, el número de internos que padecen algún tipo de trastorno mental, tratándose fundamentalmente de trastornos de la personalidad, trastornos bipolares y psicosis crónicas. Este tema, aunque no es objeto de
esta comparecencia, lo estamos afrontando de una manera particular dentro de nuestro sistema, ya que está deficientemente abordado. El principal factor de riesgo determinante de conductas suicidas es, según el estudio, el trastorno mental. Es
clara la mayor incidencia de suicidio en este grupo de población, llegando a ser cinco veces mayor que en el resto.



De los datos obtenidos del estudio realizado, la comisión sacó una serie de conclusiones que de una manera breve les voy a relatar. Por lo que se refiere a los fallecimientos asociados con las drogas, la causa fundamental fue el edema agudo
pulmonar, debido a la interacción de metadona y benzodiazepinas. En la actualidad en los centros penitenciarios se encuentran incluidos en programas de mantenimiento con metadona una cifra superior al 20 por ciento de los internos, llegando al 30
por ciento en algunos centros, especialmente en las prisiones de la comunidad autónoma andaluza. La forma de dispensación de la metadona creemos que es un factor de riesgo que tenemos que considerar y revisar.
Dice también como conclusión esta
comisión que es preciso que los equipos sanitarios de los centros penitenciarios pongan especial énfasis en informar a los pacientes incluidos en los programas de mantenimiento con metadona sobre el riesgo que supone el consumo de psicofármacos no
prescritos, en especial de benzodiazepinas, combinados con el tratamiento que están siguiendo. Desde hace algún tiempo se viene observando y comprobando un alto nivel de consumo de estos psicofármacos entre la población penitenciaria. Una
conclusión que extrae la comisión es que conviene dosificar de forma adecuada la utilización de este tipo de fármacos proponiendo pautas de indicación o protocolos de actuación con criterios racionales con objeto de reducir su consumo en general y
entre los integrantes de los programas de metadona en particular.



Al hacer una evaluación de la instrucción que está actualmente en vigor sobre la aplicación del programa de prevención de suicidios, los datos obtenidos plantean dudas sobre la eficacia a nivel de detección de aquellos internos que
potencialmente puedan presentar conductas suicidas, que tienen que estar incluidos en este programa; conviene revisar y definir el perfil de los internos que constituyen la población de mayor riesgo y que serían susceptibles de encontrarse bajo
vigilancia especial.
También es preciso recalcar la detección de los internos con potencial riesgo de suicidio, por lo tanto su prevención y posterior seguimiento pasa necesariamente por un mejor diagnóstico al ingreso en prisión, identificando
mediante entrevista en ese momento las circunstancias que motivan su inclusión en el protocolo para su posterior seguimiento y vigilancia según el caso. Sobra


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decirles en todas estas consideraciones que el hecho de que nuestra población penitenciaria se haya incrementado extraordinariamente sin que haya sido paralelo el incremento de los funcionarios, y sobre todo de los especialistas que atienden
estos casos, dificulta el tratamiento individualizado que tienen los internos, y este es un factor que no digo que haya tenido una influencia directa, pero que quizá en la prevención si tiene algo que ver; estamos atendiendo esta cuestión. Hay que
reforzar los equipos técnicos dentro de los centros para poder hacer una política de prevención. Se ha valorado también otro parámetro, que convendría tener muy en cuenta a la hora de evaluar potenciales conductas suicidas, como es que algunos
traslados de centros penitenciarios pueden constituir un factor de riesgo derivado del alejamiento del medio familiar y de la desvinculación afectiva. Otro aspecto a destacar como factor de riesgo de primera magnitud, y en el que es preciso
intervenir dada su importancia y repercusión, es el régimen de aislamiento; más de la tercera parte de los suicidios producidos han sido de personas que se encontraban sometidas a régimen de asilamiento, bien por limitaciones voluntarias, porque
ellos habían pedido estar en este régimen por protección, o por razones reglamentarias. Creemos que deben extremarse las medidas de control y vigilancia sobre aquellos internos que se encuentren bajo medidas de aislamiento, teniendo también
especial cuidado con aquellos que presenten historial de trastornos psiquiátricos o intentos de suicidio anteriores, siendo en estos casos indispensable la evaluación médica. Voy terminando, pero me parece que es interesante remarcar los datos de
este análisis porque la verdad es que tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para tratar de abordar con mejores instrumentos este problema de trascendencia extraordinariamente grave. La pronta identificación y el tratamiento adecuado en los
trastornos mentales es una importante estrategia preventiva de las conductas que pudieran tener como resultado el suicidio; en consecuencia se prevé la formación de personal sanitario y no sanitario en la detección y tratamiento de las personas con
trastornos mentales o del estado de ánimo. Es necesario plantearse la implantación de un programa de salud mental; como les decía, estamos abordando esta cuestión, dentro de la que se desarrolla un programa de prevención del suicidio específico
para el medio penitenciario que comprenda la formación de los profesionales de los equipos. También es necesaria la dotación de camas específicas para pacientes psiquiátricos en las enfermerías de las prisiones y establecer una mejor coordinación
con las comunidades autónomas, que como ustedes saben son las que tienen la competencia de la asistencia sanitaria, en nuestro caso de la asistencia especializada y por lo tanto de la salud mental.



A raíz de este informe en marzo de este año se remitió a los directores de los centros penitenciarios las conclusiones del mismo, llamando su atención sobre la necesidad de extremar las medidas vigentes para la aplicación del programa de
prevención de suicidios y requiriéndoles también que dediquen, en el consejo de dirección del estudio y revisión de cada centro, una sesión monográfica sobre este tema, analizando todas las prácticas que hasta este momento se han venido
desarrollando. También se les han remitido algunas observaciones concretas desde los servicios técnicos de la dirección general y de la central de observación que no les voy a relatar porque nos alargaríamos especialmente. Finalmente (es en el
proceso en el que estamos en este momento) se les ha pedido que una vez celebrado el consejo de dirección en su centro remitiesen a la dirección general las observaciones, sugerencias y decisiones que hayan sido objeto de consideración por su parte.
Una vez recogidas todas las aportaciones pensamos reeditar el protocolo de prevención de suicidios y arbitrar cuantas medidas sean precisas para afrontarlos. Señorías, la Administración penitenciaria española se debe caracterizar por un gran
respeto y defensa de la vida y de los derechos de los reclusos que le han sido encomendados, así como fomentar la proximidad de trato y comunicación entre funcionarios e internos, que también nos ayudará a profundizar en los rasgos de humanización
del cumplimiento de las penas, evitando los suicidios en la medida de lo posible (tampoco vamos a engañarnos; es muy difícil impedirlos en su totalidad, mirando algunos de los casos a los que hacíamos referencia), tratando de mejorar. Lamento
haberme extendido en esta explicación pero me parece que era importante el hacerlo.



Pasamos ahora a los puntos 8 y 9 de la comparecencia que se refieren a si existe alguna previsión a efectos de diferenciar la dispersión de determinados presos con el alejamiento de las prisiones distantes, en ocasiones a más de 1.000
kilómetros de su domicilio familiar, extendiendo el castigo a los familiares de dichos presos, y, en el otro caso, a las razones que justifican el mantenimiento de la dispersión, dados los requerimientos consignados por el artículo 25.2 de la
Constitución en relación con la esencia de las penas de privación de libertad, etcétera.
La política penitenciaria que esta Administración impulsa pretende poner en pie las acciones necesarias para garantizar en nuestro sistema el principio de
arraigo social como instrumento de orientación del cumplimiento de las penas y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Esta orientación general de la política penitenciaria cuenta con dos situaciones en las que no es posible
esta aplicación: cuando hay insuficiencia de plazas en los centros penitenciarios de una zona, y el caso más llamativo y más grave en nuestro sistema es el de Canarias, viendonos obligados a desplazar a personas que tienen arraigo en esa comunidad
autónoma a centros que están a bastante más de 1.000 kilómetros de su lugar de residencia, en la Península; y en los supuestos en que su aplicación entre en contradicción con otros principios de nuestro ordenamiento constitucional y penitenciario y
su aplicación además facilite la acción criminal en grupo o pueda contribuir a dificultar los procesos de reinserción de otras personas. La política penitenciaria en general y la referida


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en particular a los internos pertenecientes a bandas terroristas es una parte de la política criminal que un gobierno tiene la responsabilidad de adoptar para proteger a la sociedad de la acción de estas organizaciones.
Obviamente en todas
las medidas que se adopten los valores superiores del ordenamiento jurídico y los derechos y libertades fundamentales tienen que constituir, como no podía ser de otra manera, la referencia y el límite de las actuaciones concretas que llevemos a
cabo. La actual distribución de los presos de la banda armada ETA responde a esta política. Como supongo que SS.SS. saben, en el verano de 1989 se modificó la estrategia de actuación respecto de los terroristas ingresados en los establecimientos
penitenciarios hasta entonces concentrados en unos pocos centros y se optó por el programa de dispersión. Esta política se ha mantenido por sucesivos gobiernos ante las negativas experiencias que el reagrupamiento suponía, al favorecer la
estrategia de este colectivo, cohesionando y robusteciendo con ello la eficacia criminal de la organización. Existen razones de elemental política criminal para evitar cualquier reagrupamiento de colectivos de delincuencia organizada, ya que ello
favorece la eficacia criminal de la organización, que en el caso de ETA sigue manteniendo una actitud favorable a la violencia. Así pues, la distribución de los internos en los distintos centros penitenciarios conjuga diversos aspectos como son:
las propias disponibilidades de las infraestructuras penitenciarias, la edad de los internos, su situación procesal, su grado de clasificación penitenciaria, los distintos regímenes de vida, la propia diferenciación de sexo, etcétera. En cuanto a
la existencia de previsiones para diferenciar, como dice la pregunta, la dispersión con el alejamiento, esta Administración no busca el alejamiento de manera intencionada, ya lo he dicho en alguna otra ocasión. Este alejamiento es una consecuencia
de la propia política de dispersión; la gente se reparte entre los centros y cada centro está a una distancia diferente de la comunidad de origen. Tenemos que señalar, por otra parte, que no hay ningún interno de la banda ETA en Canarias, Ceuta,
Melilla o Baleares, aunque obviamente las comunidades referidas son las más alejadas del País Vasco.



Paso al punto número 10, que se refiere a la explicación de los nuevos criterios relativos a la aplicación de redención de penas por el trabajo y beneficios penitenciarios a determinado colectivo de presos. El reglamento penitenciario en su
artículo 202 define -lo quiero resaltar porque es muy relevante- los beneficios penitenciarios como aquellas medidas que permiten la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme a la de tiempo efectivo de internamiento,
estableciendo en el apartado siguiente que éstos serán el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto particular. Más adelante establece las finalidades y las condiciones que han de valorarse para llevar a cabo las propuestas de
beneficios que, al suponer acortamiento de la condena, tienen que ser autorizadas por un juez. En todos los casos se plantea una relación directa entre la posibilidad de obtener estos beneficios con la participación y evolución positiva del penado,
en actividades encaminadas a conseguir la reeducación y reinserción social, como fin principal de la pena de privación de libertad. Quiero hacer hincapié en este asunto porque me parece muy importante.



El artículo 91 del Código Penal contempla, además del adelantamiento de la concesión por el juez de vigilancia de la libertad condicional a las dos terceras partes de la condena, el adelantamiento -una vez extinguida la mitad de la condena-
de hasta un máximo de 90 días por cada año transcurrido en cumplimiento efectivo de la condena en la concesión de la libertad condicional. El propio código establece la imposibilidad de obtener estos acortamientos cuando se trate de delitos de
terrorismo, de la sección segunda del capítulo V, del título XXII del mismo código, o cometidos en el seno de organizaciones criminales. La redención de penas por el trabajo puede también estimarse, a los efectos apuntados, como beneficios. Esta
redención de penas por el trabajo desaparece tras la entrada en vigor del Código Penal actual, aprobado por Ley orgánica 10/1995, de 25 de noviembre, pero permanece vigente para las condenas impuestas y que se ejecutan conforme al Código Penal
antiguo, de 1973, siempre previa determinación de la aplicación de la ley penal más favorable. En el artículo 100 de este texto se establece la posibilidad de abonar al recluso trabajador para el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación
del juez de vigilancia, un día por cada dos de trabajo; como ustedes saben esto es lo que decía el antiguo Código Penal. El reglamento penitenciario contempla, además, la posibilidad de otorgar redención por el número de horas extraordinarias o
como destinos o con carácter auxiliar y eventual en los establecimientos, lo que se llama redención extraordinaria, fijando el máximo de días que podían acortarse de condena por este mecanismo.



Respecto a la redención de penas, tampoco establecía limitación o prohibición en su aplicación a los reclusos trabajadores. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del código actual y la desaparición de la redención han convertido
este mecanismo en residual.
Así, en abril de 2005, del total de internos que extinguen condena en los distintos centros dependientes de esta dirección general, únicamente el 1,7 por ciento de éstos redimían penas por el trabajo. La Administración
dictó una nueva instrucción, que entró en vigor el 1 de enero de 2005, la 3/2004, sobre el sistema de evaluación e incentivación de las actividades de los internos, que enlazaba de forma directa la posibilidad de obtener beneficios penitenciarios
con la participación activa de cada interno en el programa individualizado de tratamiento diseñado por la junta de tratamiento, después de analizar y evaluar las necesidades y carencias del mismo, para llegar a alcanzar las finalidades perseguidas
por el internamiento. Es decir, lo que nosotros hemos introducido es la necesidad de evaluar estas actividades que pueden dar lugar a beneficios penitenciarios; no basta con que se desarrollen


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actividades y que, de forma automática, eso reporte beneficios, sino que tiene que haber una evaluación de la junta en el sentido de que estas actividades introduzcan elementos positivos en la evolución penitenciaria y rehabilitadora de ese
interno. Por ello la nueva instrucción huye de automatismos y de otros mecanismos ineficaces que vaciaban de contenido el marco normativo exigido para la obtención de estos mecanismos incentivadores.



Mención aparte merece la posibilidad apuntada de que los penados que extinguen condena, conforme al Código Penal anterior, obtengan redención de penas con carácter extraordinario, además del ordinario, que, como ya se apuntó, se obtiene al
desarrollar algún trabajo en el interior del centro. En este sentido, la instrucción a la que hago referencia, y que ha dictado esta nueva Administración, deroga expresamente la instrucción de 24 de marzo de 1993, de criterios de homologación de
redención extraordinaria, que fijaba de forma generosa la posibilidad de obtener estas redenciones, realizando interpretaciones muy laxas de los criterios establecidos reglamentariamente. La excarcelación temprana en relación con la totalidad de la
condena impuesta a determinados penados vinculados a la banda terrorista ETA, debida a la aplicación de la redención de penas, y la importante alarma social que causaron y causan, dio lugar en nuestra institución al desarrollo de algunas iniciativas
en relación con la obtención de redenciones, además del cambio de la instrucción, para que en el futuro el automatismo en la aplicación de beneficios no sea posible, aunque también ha cambiado la legislación y es todo diferente.
En cualquier caso
quiero decirles que, por parte de la administración penitenciaria, se han puesto a disposición de la Audiencia Nacional los expedientes relativos a la redención obtenida de todos los internos de grupos terroristas que tienen previsto extinguir la
condena a lo largo de los años 2005, 2006 y 2007, para que se revise la aplicación de éstas.
Esto se hizo a finales del año pasado o a principios de éste. Desde entonces se han venido celebrando reuniones periódicas con magistrados y fiscales de
la Audiencia Nacional y con el juez de Vigilancia Penitenciaria, para fijar estrategias comunes en los asuntos competencia de estas instituciones, con el objetivo de ayudar a la mejora y perfeccionamiento del sistema; es decir, que esta
administración, señorías, que tiene una gran querencia por la política de reinserción y reeducación de las personas privadas de libertad, va a tener un extremado celo en que esa posibilidad que ofrece nuestro sistema de derechos no sea utilizada de
forma fraudulenta por parte de personas que no tienen ninguna intención de rehabilitarse ni de reinsertarse en la sociedad y que sigan manteniendo su voluntad de desarrollar una actividad delictiva, o por lo menos de pertenecer a la banda que lo
desarrolla.



Paso al punto número 11. No sé si voy muy acelerada, yo sí me lo noto, pero no sé si para ustedes es así. Nos pide explicaciones sobre si hay previsto un calendario de negociaciones con el Gobierno vasco, a efectos de transferencia de
competencias en materia de prisiones. La respuesta es no. La actividad penitenciaria, de acuerdo con las previsiones constitucionales, es una política enmarcada dentro de la actividad sancionadora del Estado, cuya aplicación afecta directamente a
la privación de derechos fundamentales de los ciudadanos, como es en este caso la privación de libertad decretada por los tribunales de justicia en virtud de la comisión de hechos delictivos. La legislación penitenciaria, recordemos, junto con la
mercantil, penal y procesal, según el artículo 149 de la Constitución española, es una competencia exclusiva del Estado, con independencia de que la ejecución pueda transferirse a las comunidades autónomas. El Gobierno, señorías, no tiene previsión
de transferir la ejecución de esta competencia a ninguna comunidad autónoma; no está en el calendario de este Gobierno. La política penitenciaria está directamente relacionada con otro tipo de políticas de Estado, como la política antiterrorista,
la política contra otro tipo de delincuencia organizada, terrorismo internacional, narcotraficantes, etcétera. Para estos casos además, como ustedes saben perfectamente, existe una jurisdicción específica, que asume la competencia de instrucción,
conocimiento y fallo de los delitos cometidos, como es la Audiencia Nacional, que tiene competencia en todo el territorio del Estado. En este momento, señorías, el Gobierno entiende que la manera más eficaz y más razonable de ejercer la
responsabilidad que la legislación confiere al sistema penitenciario es ejercer esta competencia como se viene haciendo y, por lo tanto, no tiene previsión de iniciar ninguna negociación de transferencia de esta competencia en ninguna comunidad
autónoma.



Pasamos a los puntos 12 y 13. Está un poco pasada de fecha la formulación, pero el fondo de la cuestión sí que puede tener actualidad. El punto 12 habla sobre la decisión que se va a adoptar en relación con la petición realizada por la
junta de tratamiento de la prisión de Ocaña-2 de permitir al ex general Rodríguez Galindo cumplir el resto de condena en su domicilio de Madrid, debido a problemas de salud. El punto 13 dice: Informar sobre la decisión de concederle un régimen que
permite el cumplimiento de la condena en su domicilio. En relación con la primera de las cuestiones, aunque como he dicho está un poco fuera de contexto, porque la situación es diferente, efectivamente hubo una propuesta de la junta de tratamiento
del centro penitenciario Ocaña-2, referida al penado Enrique Rodríguez Galindo, para cumplir su condena en su domicilio de Madrid. El último acuerdo sobre revisión de grado y clasificación del ex general de la Guardia Civil -a ello entendemos debe
referirse este punto- es de fecha 22 de septiembre de 2004 y por unanimidad de la junta se proponía a la dirección general la progresión al tercer grado de esta persona. El acuerdo de la junta de tratamiento se adoptó fundamentándose en las
siguientes consideraciones: en primer lugar, por su avanzada edad, 65 años, por su estado de salud, que en los últimos meses se fue agravando, como se deduce de los informes médicos, en uno


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de los cuales, en resumen, se establece lo siguiente: El interno, que tiene antecedentes de hipertensión arterial, hipercolesterolemia, cardiopatía hipertensiva y diabetes no insulinodependiente presentó el pasado 20 de mayo del 2004 un
cuadro de fibrilación auricular paroxística con angor hemodinámica y desde el último informe del 27 de mayo ha precisado de varias atenciones de carácter urgente en el hospital Virgen de la Salud de Toledo.



El segundo fundamento -el primero hacía referencia a su estado de salud- se refiere al pronóstico favorable de reinserción social. Como ustedes saben, este es un elemento también indispensable. A veces hay personas que tienen graves
problemas de salud pero, por razones de seguridad, el propio centro penitenciario informa negativamente de su excarcelación. En este caso este fundamento era un pronóstico favorable de reinserción social. Eso es lo que dice la junta de
tratamiento, que valora como favorables los siguientes factores: antigüedad de los hechos delictivos, primariedad delictiva, proceso resocializador correcto desde la fecha de comisión de los delitos hasta la entrada en prisión, acatamiento de las
sentencias, responsabilidad civil satisfecha, aceptación de valores pro sociales, apoyo y buena vinculación familiar, permisos disfrutados sin incidencias y adaptación conductual. Este es el informe que hace la junta de tratamiento.



A partir de la valoración de los factores señalados, la junta de tratamiento del centro de Ocaña acuerda proponer la progresión al tercer grado. Sin embargo, señorías, en atención a las circunstancias individuales expuestas, así como la
necesidad de conjugar los valores y funciones penales y penitenciarias que podían entrar en conflicto, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en resolución de 29 de septiembre de 2004, acordó mantener la clasificación en segundo grado
de tratamiento, y en aplicación del principio de flexibilidad, recogido en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, compatibilizar medidas propias de este régimen con otras características del régimen abierto, con la aplicación de medidas
específicas de control y seguimiento conforme al artículo 86.4 del reglamento penitenciario. Este acuerdo buscaba armonizar el mantenimiento de los principios de legalidad, justicia e igualdad en la reinserción social, las necesidades de protección
o tutela de la sociedad y los valores de humanidad en la ejecución de la condena. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en auto de 5 de enero de 2005, estimó el recurso formulado por el penado contra esta resolución, la de la dirección
general, -mejor dicho, contra otra anterior, pero que decía lo mismo-, por la que se mantenía el segundo grado y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria acordó progresarle al tercer grado de tratamiento, en la modalidad y condiciones que
propusiera el centro penitenciario. Una vez firme esta resolución, la junta de tratamiento del centro penitenciario, en cumplimiento de la misma, propuso a esta dirección general la aplicación de la modalidad de régimen abierto prevista en el
artículo 86.4 del reglamento y destinarlo al establecimiento penitenciario de Zuera, en Zaragoza.



Respecto a las preguntas que se refieren a la situación del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga, debo decirle que es un centro construido en 1991, dispone de 1.050 celdas y la ocupación actual es de 1.662 internos, lo que
indica que el 37 por ciento de ellos comparten celda. La sobreocupación en este centro es ligeramente superior a la media nacional. El índice de sobreocupación general sobre la capacidad óptima es del 135,35 por ciento y en este centro es del
158,86 por ciento. Hay que tener en cuenta que Málaga es una provincia en la que hay un importante índice de personas penadas o preventivas, que tienen dictada privación de libertad judicialmente. Recientemente, por ejemplo, les recuerdo que en
una única operación policial, la conocida como Ballena Blanca, se han producido 12 nuevos ingresos en el centro penitenciario de Málaga, que es una zona complicada en ese sentido. De los 1.662 internos, son residentes en Málaga 1.275, una cifra
altísima para lo que suele ser común en los centros penitenciarios, teniendo en cuenta que muchas personas están en un centro pendientes de juicio o de diligencias judiciales y, aunque no sean de esa provincia, deben estar en ese centro. Quiero
resaltar que hay 2.009 personas con residencia en Málaga cumpliendo condena en centros penitenciarios de otras provincias y que la directora general recibe todos los días cartas de internos o de familiares pidiendo el traslado a este centro, cosa
que obviamente no siempre se puede hacer. Del total de internos, 1.506 son hombres y 162 mujeres. No obstante, el número de internos es ligeramente inferior al de hace un año, cuando había 1.698. Hay 36 internos menos que, hablando de estas
cifras, puede parecer una insignificancia, pero les aseguro que en un centro penitenciario es importante cualquier disminución en el número de personas.



La sobreocupación se palia con traslados de internos a centros próximos, tratando de evitar el alejamiento de la zona de residencia familiar aunque, como les decía, no siempre se consigue. Esta dirección general, durante el año 2004,
detectó y evaluó hasta 26 actuaciones importantes que se tenían que acometer en este centro de Alhaurín de la Torre. Las deficiencias detectadas no eran, como pueden ustedes imaginar, de reciente aparición y, desde luego, eran anteriores al mes de
abril de 2004, porque a partir de ese momento es cuando se hace el análisis de los centros, aunque no había previsión de las medidas que había que tomar para resolver estas deficiencias. Es difícil, señorías, resolver de una vez todas las
deficiencias de todos los centros que, como ustedes saben porque se lo hemos dicho, son muy numerosas, así que hemos priorizado.
Las más importantes que, por su urgencia, se ha considerado necesario acometer en este momento son: la reparación de
las cabinas, la cocina, la red general de aguas, los locutorios de comunicaciones y la enfermería.
El resto se irán acometiendo


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gradualmente. A pesar de que estas deficiencias, como les decía, existen desde hace mucho tiempo, y algunas de ellas estaban perfectamente detectadas, no se habían acometido obras para subsanarlas. En el año 2002 no se realizaron
actuaciones en el centro y en el año 2003 solamente se hicieron obras por valor de 45.918 euros. Para el año 2004 se habían previsto obras por valor de 39.000 euros, obviamente una cantidad muy insuficiente. La nueva dirección general realizó una
modificación presupuestaria en este ejercicio anterior. De acuerdo con esta modificación, la dirección general ha reconocido las siguientes obligaciones por actuaciones realizadas en Alhaurín de la Torre en el periodo referenciado, en el año 2004,
por un total de 205.436,66 euros, que respecto de los 45.000 previstos presenta una notable distancia.
Están distribuidos, como les decía, de la siguiente forma: edificio de control de accesos, 6.460 euros; mejoras de seguridad del aparcamiento
de funcionarios, 148.000 euros; redes de abastecimiento de agua fría y extintor de incendios, 9.720 euros; mejoras en instalaciones y captación de agua subterránea, 29.383 euros; remodelación del módulo de comunicaciones, 11.853,90 euros.



Por otro lado, también se han realizado en este periodo inversiones del organismo autónomo trabajo penitenciario y formación para el empleo en el centro penitenciario durante este periodo de 41.788 euros en concepto de sistemas informáticos
para la gestión del economato del centro. Para el ejercicio presupuestario de 2005 está previsto que se realicen las siguientes actuaciones por un total de 149.000 euros: reforma de la cocina, 25.000 euros; reparación de cubiertas y talleres,
24.000 euros; red general de agua fría y contra incendios, 15.000 euros; ampliación de locutorios, 25.000 euros y adecuación de celdas para contagiosos, 60.000 euros. Esto forma parte de la reforma de la enfermería. Aparte del problema de las
infraestructuras, en este centro, como en todos, pero particularmente en éste por su nivel de ocupación, es muy importante hacer un esfuerzo para el incremento de las actividades y el tratamiento.
En relación con esto, entre las actividades más
significativas que se están desarrollando se pueden señalar las siguientes: se ha puesto en funcionamiento un módulo joven para el que existe una subvención del Instituto de la Juventud, del Ministerio de Educación, de 130.000 euros que ha
comenzado a funcionar hace un mes y en el que participan profesionales del centro, psicólogos, monitores ocupacionales y funcionarios de vigilancia con la convicción de la importancia de potenciar las actividades de tratamiento, educación, negación
de la violencia, actividades deportivas y ocupacionales, tratamiento en materia de drogodependencia, etcétera, de los internos entre 18 y 25 años para evitar futuras recaídas en el delito. En este módulo están participando 60 internos.



En cuanto a formación para el empleo, se están desarrollando un total de 15 cursos, cinco del organismo autónomo trabajo penitenciario y formación para el empleo; dos cursos organizados por el sindicato UGT; ocho cursos organizados por el
INEM. Por lo que se refiere al trabajo productivo, el número de trabajadores en la actualidad es de 233, lo que representa un 14,23 por ciento de la población penitenciaria del centro; una cifra, en opinión de esta directora, muy baja y muy
insuficiente. En cuanto al personal, el total de efectivos de la plantilla del centro es de 508, de los que 466 son funcionarios y el resto, 42, son personal laboral. De los funcionarios, 457 son de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y nueve del organismo autónomo. Respecto a los efectivos reales de la plantilla, se ha incrementado a lo largo del presente año en ocho más, una vez que se acaben de ejecutar los movimientos previstos y las incorporaciones como
funcionarios de carrera de la oferta de empleo público de 2003, que se encuentran ahora en prácticas. La plantilla de funcionarios se ha incrementado respecto a años anteriores, ahora hay 466, en 2003 había 445 y en 2004, 450.



La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender por unos minutos la sesión y continuamos enseguida. Les digo también a los señores diputados que hemos encargado que nos sirvan un bufé frío a partir de las dos y media en previsión de que la
comisión se alargue. (Pausa.)


Como es habitual, las intervenciones de los grupos parlamentarios presentes en este momento en la sala serán de menor a mayor. Por tanto, tiene la palabra la señora Lasagabaster por el Grupo Parlamentario Mixto.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Para poder dirigirme visualmente también a la señora directora -me parece un elemento de cortesía- y no obligar al señor Olabarría a que cambie de sitio, me cambio yo. En todo caso, esta es una
comparecencia ómnibus y lo es no tanto por su decisión ni por la nuestra sino simplemente porque, por la razón que fuere, en la que no entraremos ahora, no se han podido celebrar comparecencias y se han acumulado muchísimas peticiones que habíamos
realizado desde el mes de septiembre; yo tengo pedida una comparecencia desde el mes de septiembre y es evidente que algunas cosas no están en el momento en el que estaban entonces pero, en todo caso, las cuestiones siguen siendo de interés y
especialmente en esta materia.



Para intentar ser lo más breve posible, voy a centrar las cuestiones por apartados. En primer lugar, hablaré de lo que se refiere al ordenamiento jurídico actual en cuanto a distribución de competencias; es decir, me voy a referir a la
cuestión relativa a la competencia que tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el ordenamiento jurídico, entendemos nosotros y en los términos en que la tiene, aunque otra cosa es que no esté transferida. En segundo lugar, haré referencia a
la situación de los distintos centros penitenciarios. No podré hacerlo en relación con todos los del Estado español, aunque entiendo que todos ellos tienen sus graves consideraciones,


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y me voy a centrar más en los que conozco mejor y en los que tenemos más cerca; no hablaré de Navarra, pero sí de lo que se refiere a los centros penitenciarios, objeto también de la comparecencia de hoy, de Martutene, Basauri y Nanclares
de Oca, en cuanto a su situación en todos los aspectos, situación de infraestructuras, de ocupación y de las personas que se encuentran privadas de libertad en dichos centros. En tercer lugar, me referiré al tema de la reinserción, y dentro de ella
a uno de los apartados importantes, como es el acercamiento de los presos a su entorno social y familiar. En cuarto lugar, haré referencia a la cuestión concreta de la situación penitenciaria del general Rodríguez Galindo.
Estos serán los cuatro
temas que abordaré y voy a intentar, si es posible, hacerlo de manera esquemática.



En primer lugar, hago referencia al tema de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco en esta materia. La señora directora general ha dicho de manera muy tajante y clara que no está prevista ninguna negociación, pero ha ido un
paso más allá y ha dicho que además no cabe en la situación jurídica actual transferencia de competencias en esta materia. He creído entender -si no ha sido así me disculpo- que no solamente no estaba prevista la negociación de la transferencia de
esta competencia, sino que no cabe en el ordenamiento jurídico. Me ha sorprendido, porque lo que sí es claro y evidente es que de la propia lectura que voy a realizar del artículo 10, apartado 14, se establece claramente la competencia exclusiva de
la comunidad autónoma vasca en la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y
penitenciaria. Es verdad que no tiene la legislación penitenciaria, pero del tenor literal es evidente, sin lugar a dudas, que lo que se refiere a organización, régimen y funcionamiento penitenciario, tutela de menores y centros de reinserción
social, lo tiene por ley la Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, el artículo 12 apartado 1 del propio Estatuto de Gernika, que entiendo que no es cuestionado por la directora general, habla de la ejecución de la legislación penitenciaria.
No
hay ningún tipo de condicionamiento, no hay ningún tipo de condición que requiera otra serie de actuaciones; simplemente podía haber sido objeto de transferencia, más allá de la dilación normal de una negociación, hace ya casi 20 años. No es que
lo diga esta portavoz de Eusko Alkartasuna, sino que incluso sus propios compañeros del Partido Socialista de Euskadi lo han manifestado por escrito. El diputado don Ramón Jáuregui, siendo consejero de Justicia, pidió de manera formal la apertura
de una negociación para la transferencia de esta competencia, allá por el año 1997.



No entendemos por qué en este momento el propio Partido Socialista está entrando en contradicción -como lo hizo también, por cierto, en su momento- con sus propios actos cuando se pidió la apertura formal, por carta, de la comisión de
transferencias, incluyendo de manera clara y concreta una competencia que, sin lugar a dudas, forma parte del Estatuto de Gernika. Por tanto, no habría ninguna duda a este respecto. Hasta ahora se nos venía diciendo que la dilación temporal en el
cumplimiento de la transferencia de competencias no suponía incumplimiento alguno y a mí esto siempre me ha parecido, francamente, peregrino, por decirlo de alguna manera, porque si las leyes no se cumplen es que se incumplen. El cumplimiento de
una ley no significa que se pueda efectuar cuando uno quiere, significa que hay que hacerlo cuando se debe. Por tanto, sobre esta cuestión no hay lugar a dudas, otra cosa es que ustedes digan que no porque no y ya veremos lo que luego puede ser
creíble o coherente a la hora de planteárselo a los ciudadanos. Suponemos que el actual candidato Patxi López tendrá que explicar si va a cumplir el Estatuto de Gernika, si no lo va a cumplir o por qué no lo cumple, por ejemplo, en esta materia o
por qué en este caso el Partido Socialista y el Gobierno socialista no pretenden cumplir el Estatuto de Gernika en esta materia.



La segunda cuestión a la que hago referencia se centra en la situación de los centros penitenciarios, en este caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dado que no tenemos, porque no se nos transfiere, esa competencia, nosotros somos en
teoría -y lamentamos que sea así- observadores de una situación que a lo largo de los años ha ido deteriorándose progresivamente y ha tenido unas consecuencias gravísimas en lo que se refiere no solamente a los centros per se sino, lo que es más
grave y evidente, a la situación de las personas que están en esos centros, y cuando digo la situación de las personas, evidentemente, hago referencia a las personas privadas de libertad pero también podría citar a los funcionarios o a todo el
personal que, tampoco se nos debe olvidar, son objeto de esa situación que cada vez se va deteriorando más por las condiciones de la infraestructura, que son nefastas, y por la condición del propio funcionariado, de la falta del mismo e incluso de
sus funciones o de la situación en la que se encuentran.



En este momento es verdad que hay tres centros. La directora general es consciente del interés de este grupo parlamentario, de esta formación política, a lo largo de los años, porque hemos presentado multitud de iniciativas en relación con
cuestiones concretas, tanto de unidad de madres, como de temas de psiquiatría, de salubridad y de múltiples cuestiones. Son tres centros que tienen, como se decía, una antigüedad tremenda -que están amortizados, iba a decir-: de 1981, de 1948 y de
1966. Podría hablar mucho del tema, pero voy a centrarme en analizar cómo está la situación actual porque es importante. En este caso solicitaría a la directora general que mantuviera un diálogo con las instituciones que aunque no tienen la
transferencia porque no se les ha transferido, tienen legalmente la competencia y esperamos que en el futuro tengan la responsabilidad de llevarla a cabo; que mantenga un diálogo para saber exactamente -antes de proceder a realizar ningún tipo de
diseño sobre una macrocárcel o sobre una instalación


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cuáles son las necesidades actuales y futuras, cuáles son las necesidades y los mejores sistemas para, en definitiva, proceder a la ejecución de la legislación penitenciaria y al objetivo final de la reinserción. En este momento podríamos
centrar el tema de cómo está la situación. Señalaríamos que a fecha -no tengo los datos de mayo- de febrero de 2005, el sobredimensionamiento de los tres centros penitenciarios era tremendo. En este momento en la Comunidad Autónoma del País Vasco
la tasa de encarcelamiento es de 59 personas por cada 100.000 habitantes. Si añadiéramos a las personas con residencia administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que debieran probablemente por cercanía al entorno social y familiar
estar allí, tendríamos una ratio de 97 por cada 100.000 habitantes, que sería difícil incardinarlos. Esto, llevado al detalle concreto de cada una de las cárceles, nos hace observar que por ejemplo, de las 1.239 personas encarceladas en el País
Vasco -1.317 en febrero de 2005-, 298 están en Basauri, 279 en Martutene y 740 en Nanclares de Oca, un poco más a tenor de mayo de 2005, según ha dicho hoy la directora. De esta población reclusa, en julio de 2004, 83 eran mujeres que se pueden
repartir solamente entre dos centros, porque Basauri no dispone de departamento para mujeres, al menos en lo que nosotros conocemos. Cabe señalar que el 25 por ciento son personas extranjeras y otro 25 por ciento no tiene residencia administrativa
en la comunidad autónoma sino fuera.



Hay tres importantes problemas de salud que afectan de manera generalizada a la población reclusa -usted lo ha dicho pero creo que merece la pena que se resalte otra vez-, que son comunes a todo el Estado español y también a la Comunidad
Autónoma del País Vasco; los tres problemas de salud principales son: las enfermedades mentales, la drogodependencia y las enfermedades infecciosas. Se puede decir que más de la mitad del total de reclusos atendidos solicitó atención por un
problema de dependencia -son los datos que tenemos del año 2000-; alrededor de un 5 o un 8 por ciento de la población presa padece trastornos psicóticos crónicos y, en definitiva, también podemos decir que una gran mayoría, en porcentajes
importantísimos, de personas privadas de libertad, personas reclusas, serían drogodependientes; otro importante tanto por ciento -lo tengo aquí- serían personas infectadas por el VIH; también tengo otros datos altamente importantes, aunque pueden
haber variado, de personas infectadas de hepatitis B y hepatitis C. En definitiva, es una población que, además de estar en una situación de saturación total, se encuentra en unos centros que desde luego no cumplen la menor norma de salubridad y
podríamos hablar de datos concretos sobre animales que hay -y no voy a citarle más, pero lo he hecho con preguntas escritas- de todo tipo, con falta de salubridad, con falta de limpieza y de higiene. Esto se ha producido y tenemos datos precisos.
Se está mejorando, ciertamente, pero podría citarle denuncias concretas de las asociaciones que ayudan en esta materia. Además, es una población que tiene un alto porcentaje de enfermedades mentales, de drogodependencia y de enfermedades
infecciosas.



La foto de las circunstancias de estos centros penitenciarios es realmente tremenda. Creemos que esta foto se produce sistemáticamente, es decir, no es una cuestión puntual, de un momento determinado, por una circunstancia determinada, sino
que es un momento constante que se va deteriorando cada vez más. Es verdad que se están haciendo últimamente algunas mejoras, pero realmente la comunidad autónoma y las administraciones responsables, a pesar de no tener transferida la competencia,
no pueden quedarse cruzadas de brazos, no lo están haciendo y están cumpliendo un papel muy importante de la responsabilidad, especialmente en lo que se refiere a sanidad, hacia esas personas que requieren un tratamiento de prioridad en muchos
casos. A eso le añadimos que por la propia reforma legislativa nos encontramos con que ha habido una centralidad de la pena de prisión, y simplemente señalaré que a lo largo del último año y pico en el Estado español, por razones diversas, ha
llegado a un 30 por ciento de aumento de la población reclusa y en algunas zonas algo más incluso. Es decir, hay una centralidad de la pena de prisión y por tanto la necesidad de cumplir esa prisión en instituciones penitenciarias; hay escasa
aplicación de penas y medidas distintas a las de prisión y eso también es una responsabilidad del legislativo y ahí no le digo nada, pero en todo caso es una realidad. Con todo ello nos encontramos con que los problemas se van agravando.



Una segunda conclusión es que en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay problemas e inexistencia absoluta de recursos penitenciarios para el cumplimiento de medidas de seguridad de internamientos psiquiátricos. No entraré en más detalles,
pero podría citar el porqué de esta conclusión.
También pensamos que en la Comunidad Autónoma del País Vasco no hay recursos de la Administración penitenciaria para el cumplimiento de medidas de seguridad, suspensión de condena y trabajos en
beneficio de la comunidad. Creemos, como decía antes -y me he centrado un poco más en explicarlo porque me parecía necesario-, que los centros penitenciarios están obsoletos -usted misma lo ha señalado y creo que cualquier visión puntual, no hace
falta ir más allá, ve claramente que no se cumplen las condiciones, no hay más que ir a Martutene, a Nanclares o a Basauri y realmente Martutene y Nanclares son deplorables, Basauri quizás un poco menos, pero es tremenda la situación-, con
instalaciones inadecuadas, inespecíficos y masificados. Si hablamos del personal penitenciario -y podría citarle que en su mayoría está dedicado a funciones de vigilancia, es decir, la mayor parte de ellos no tienen otras funciones relativas a otro
tipo de tratamientos-, la mayor parte probablemente está mal retribuida, poco cualificada y, a la vista de las circunstancias del centro y de la situación, es evidente que no pueden estar muy motivados.
Como decía antes, la población recluida tiene
graves problemas de salud física y mental y la asistencia sanitaria, aunque nos empeñamos


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en que sea lo mejor posible en una competencia que realmente no se nos quiere transferir, qué curioso, creemos que requiere mayor atención.



Hay unas circunstancias todavía peores a las que he señalado en lo que se refiere a las mujeres. Las mujeres recluidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen problemas más específicos que los que he señalado y, por lo tanto, se
agrava su situación. No hay una capacidad -lo ha dicho usted pero lo reitero- en la Comunidad Autónoma del País Vasco para individualizar la ejecución de la prisión probablemente por una cuestión de personal, de saturación, pero es la realidad: no
se puede producir una individualización en la ejecución de la pena de prisión. No hay conexión desde luego entre la ejecución de la pena de prisión y la integración social posterior, no hay centros de reinserción social y no hay una prioridad en
relación con la reinserción frente a los temas de seguridad; creemos que los dos temas son importantes, pero quizá faltan cuestiones relativas a priorizar e individualizar la reinserción social. Esta es la radiografía que nosotros observamos de
las circunstancias de estos centros penitenciarios. ¿Qué se debe hacer? Es evidente que cuando no se quiere transferir la competencia, ni los medios ni la responsabilidad, desgraciadamente tenemos que observar, reclamar e intentar dialogar pero
realmente poco puede hacer la Administración autonómica. Lo que sí ha hecho -y nosotros creemos que es bueno y necesario- es un estudio sobre cuáles pueden ser las necesidades, las circunstancias en relación con la legislación actual para el
tratamiento penitenciario en toda su amplitud, no solamente en lo que se refiere a penas de prisión, para en el futuro ver cuáles son las mejores circunstancias, tanto en la estimación de plazas como en el tipo de las mismas que es necesario
realizar, es decir, qué tipo de centros. Nosotros creemos -y lo digo muy esquemáticamente- que habría que plantearse una propuesta, siempre con factores de corrección lógicos, de 1.100-1.500 plazas para personas privadas de libertad, pero hacemos
gran hincapié -no puedo detallarlo más porque no quiero ser muy extensa en la comparecencia- en que de esas plazas habría que hacer centros de inserción social, unidades dependientes, servicios de deshabituación de drogodependencias y otra serie de
centros que permitiera que no fueran, strictu sensu, plazas de prisión en los centros penitenciarios, sino que un 30 o un 40 por ciento podría ser derivado a este otro tipo de centros que nos parece que son los que faltan.



La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Lasagabaster, está usted a punto de consumir justo el doble del tiempo reglamentario. No voy a ser rígida con los tiempos, en absoluto, pero sí quisiera decirle que vaya concluyendo, por favor.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Lo siento infinitamente, la verdad es que es difícil en muy poco tiempo centrarse en la cantidad de cosas que hemos hablado. Lo comprendo y simplemente lo dejo planteado.



En conclusión, nos gustaría que antes de entrar -y no lo voy a hacer- en el tema Martutene, etcétera, que sabemos poco de la cuestión, quizá sí sería necesario hacer un análisis de cuáles son las necesidades y a lo mejor no sería tanto la de
macrocentros o macrocárceles o centros más amplios sino otro tipo de centros.



Me quedan dos cuestiones. El tema relativo al acercamiento de las personas privadas de libertad al centro penitenciario más cercano a su lugar de origen. Es una cuestión que se señala en toda la doctrina penitenciaria europea, lo hace
también la Constitución y lo hace sobre todo el reglamento penitenciario y la Ley Penitenciaria de 1979. Creemos que hay que distinguir dos conceptos. Nosotros siempre hablamos de acercamiento.
Una cosa es dispersión-reagrupamiento y otra cosa,
que es lo que nosotros decimos, es alejamiento-acercamiento. Son dos conceptos que muchas veces se mezclan y no tiene por qué. En este tema, que saben SS.SS. que he suscitado en varias ocasiones, simplemente quisiera decir que estamos pidiendo el
acercamiento, que quede claro, porque en definitiva esto supone un plus adicional a la pena de las personas concretas privadas de libertad, pero sobre todo supone una pena para los familiares, que no tienen ninguna condena. Respecto a si es posible
o no, señalaría que hay un estudio hecho en el año 1996 ó 1997 por el propio Parlamento vasco, con todos los factores de corrección que sean necesarios, todos ellos, donde se establecía la posibilidad de, en un radio de 400 ó 500 kilómetros, poder
hacer un acercamiento sin necesidad de reagrupamiento.
Por tanto, creo que si se quiere se puede realizar.



Me quedan muchísimas cuestiones en el tintero, pero por último haría referencia al ex general Rodríguez Galindo. Cuando se planteó la solicitud de comparecencia era otra circunstancia, pero en su momento la decisión de que cumpliera la pena
sin tercer grado -ahora lo tiene- no parecía que pudiera corresponder con la propia jurisprudencia que existía y existe sobre la materia. Esto fue objeto de iniciativas varias de esta diputada y una interpelación en concreto del señor Olabarría,
que ya se discutió y, en todo caso, nos gustaría que los principios de igualdad, de humanidad y de justicia, que compartimos con todo el mundo, para todo el mundo, también se apliquen a otra serie de personas privadas de libertad.
Observamos que de
las personas que fueron objeto de condena por los llamados crímenes de Estado del terrorismo de la banda GAL, solo una está en prisión. Fueron crímenes terriblemente graves y observamos que los principios de igualdad, humanidad y justicia que
nosotros entendemos necesarios en materia de régimen penitenciario o de legislación penitenciaria parece que se aplican de vez en cuando y en función de unas cuestiones o de otras. En todo caso, nos gustaría, si es posible, tener la información
médica periódicamente sobre esta cuestión porque nos parece de una singularidad apropiada.



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Termino. Soy consciente de que a veces el tema penitenciario es incómodo, es una cuestión incómoda no solo en el Estado español sino en general en todos los Estados que nos rodean y en especial en todos los Estados de derecho, es verdad,
pero tendríamos que tener capacidad para innovar en algunas cosas. Hay algunos temas, aunque no los voy a suscitar ahora, que en otros Estados miembros están surgiendo en relación con la implicación del Parlamento, por ejemplo, en Bélgica; algunos
proyectos pioneros del Parlamento en cuanto a conocimiento, ayuda e involucración en los sistemas penitenciarios y régimen especial penitenciario; algunos otros proyectos pioneros sobre los que no me puedo extender, pero lo haré en otra
comparecencia para hablar de mejoras en esta materia que, a pesar de ser incómoda, puesto que hablamos de personas privadas de libertad porque han cometido actos contrarios a los derechos de otra serie de personas, sí están necesitados de nuestro
amparo en la medida en que siguen siendo personas con una serie de derechos evidentemente recortados, pero que tienen unos derechos fundamentales, que siempre tenemos que preservar y custodiar.



La señora PRESIDENTA: Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Olabarría Muñoz.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora Gallizo, disculpe mi afonía, aunque la que tendría que estar afónica sería usted dada la dimensión de su intervención. Las razones climatológicas incluso a los de Bilbao a veces nos afectan, aunque sea
esporádicamente. (Risas.)


Quisiera decirle que usando el nomenclátor del derecho penal, soy coautor de una comparecencia tan larga, de tanta dimensión. Soy coautor o autor con un nivel de participación relevante porque diez de las iniciativas que han sido
dilucidadas en esta Comisión han sido presentadas por este humilde diputado. Quizás hay una corresponsabilidad añadida de la Mesa y Portavoces que las han acumulado, dando una cierta desmesura a esta comparecencia suya que se ha convertido en una
especie de caleidoscopio o de miscelánea de toda la política penitenciaria porque las peticiones o las iniciativas son heterogéneas en su contenido material, hacen referencia a distintos problemas, algunas son muy específicas y otras aluden a
principios filosóficos de política penitenciaria. Yo tengo que renunciar a ese componente de autor de la dimensión de la comparecencia, señora presidenta y la Mesa y la Junta de Portavoces sabrán por qué se ha hecho una acumulación tan notable de
iniciativas.



En relación con su comparecencia quisiera decirle que no ha ido alborotada -no se qué expresión ha utilizado usted-, no ha ido demasiado rápida, sino que ha demostrado una capacidad de resistencia parlamentaria notable. Quizás ha tenido un
punto de agotamiento en determinado momento de su comparecencia, cuando ha dicho que el ex general Rodríguez Galindo estaba en este momento en la prisión de Zuera y, no, donde está realmente es en su domicilio, pero en una tan extensa digresión se
pueden cometer errores de esta naturaleza. ¿Qué comentar respecto a lo dicho por usted, señora Gallizo? Pues lo que comentaba Pío Baroja respecto al señor Godoy, llamado Príncipe de la Paz, que tenía panegiristas, apologetas y detractores, más de
los segundos que de los primeros. Sus panegiristas le denominaban Príncipe de la Paz y los segundos El choricero. Obviamente, no voy a utilizar con ustedes estas expresiones, pero hay algunas cuestiones que me han preocupado de sus reflexiones,
algunas ya indicadas por la señora Lasagabaster con su habitual lucidez. Cuando ha hablado usted de materia competencial, de transferencia de la competencia -competencia por cierto reconocida en materia penitenciaria respecto a las instituciones
como competencia de naturaleza exclusiva en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Gernika y en cuanto a la política penitenciaria en sí misma en el artículo 12 como competencia de ejecución-, ha dicho usted que esta materia no va a ser objeto
de negociación, no se va a transferir y ni siquiera va a ser objeto de negociación. Usted está disponiendo de algo respecto de lo cual nadie tiene legitimidad alguna para disponer. Nadie, ni usted ni el ministro ni ningún miembro de esta Cámara
tiene capacidad de disponer en esas condiciones del bloque de constitucionalidad. Los estatutos de autonomía forman parte de lo que se denomina bloque de constitucionalidad; tienen el mismo rango normativo que la Constitución y usted no puede
decir que una competencia asignada en estos preceptos que le he comentado no es transferible por su propia naturaleza o sencillamente porque no le da la gana, por su voluntad política. Estamos hablando de una cuestión muy delicada, pero es que
además la señora Lasagabaster le ha apuntado muy bien ciertas contradicciones que derivan de distintos portavoces de su partido. En primer lugar, recuerdo perfectamente la campaña electoral de uno de los candidatos a lehendakari que se presentarán
en el Pleno de investidura del próximo día 22 en el Parlamento vasco. Patxi López, comentó que no solo el Partido Socialista de Euskadi estaba dispuesto a reiterar y reivindicar esta competencia, sino que el Gobierno vasco anteriormente no la había
asumido porque era reticente a la transferencia de esta competencia. Creo que deberían armonizar sus manifestaciones respecto a una cuestión tan delicada como ésta. Estamos hablando de algo que no es materia disponible, es algo que está en el
bloque de constitucionalidad, es un mandato del orden constitucional del año 1978, desarrollado por los estatutos de autonomía respecto al cual no se puede disponer por razones de coyuntura, por razones de voluntad política, y no se puede disponer
por parte de una dirección, con todos los respetos al rango del órgano que usted representa, y no se puede disponer porque es algo que nos compele porque todos estamos sujetos al imperio de la ley y nos obliga a todos. Me gustaría que esta
reflexión tan enfática


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sobre que no va a transferir y que eso no forma parte del calendario de sus negociaciones, la matizara un poco más, porque, siguiendo con la expresión barojiana anterior, nos ha situado más en el ámbito de los detractores que de los
panegiristas de su política.



Dicho esto, por empezar por una de las comparecencias que he tenido el honor de presentar, quisiera comentarle que nos preocupa una cuestión por su inmediata actualidad. En este momento, como sabe usted, se acaba de suicidar un preso en la
prisión de Nanclares de Oca. En lo que va de año 2005 se han suicidado ya cuatro. Esta es una cárcel que tiene unos problemas estructurales que usted ha descrito correctamente, la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, también. La
Ley General Penitenciaria establece que el número de presos que se deben ubicar en cada centro de reclusión no debería superar el número de 350 y en este momento en esta prisión hay 752, en unas condiciones de hacinamiento que rayan lo infrahumano,
en unas condiciones en donde las pandemias y las epidemias de todo tipo son frecuentes; hay enfermedades que usted ha descrito y el sistema sanitario no está actuando de forma preventiva ni tampoco de forma curativa, a posteriori, con suficiente
agilidad, con suficiente eficiencia; no hay elementos profilácticos de prevención de determinadas enfermedades infecciosas y contagiosas que se propagan con demasiada facilidad. Este hacinamiento puede ser una de las concausas de esa situación de
gran agitación que hay en este centro penitenciario que, sobre todo, está provocada, además de por estas condiciones sanitarias, por las condiciones de habitabilidad del centro, por las condiciones de salubridad y por el hacinamiento de los presos,
de la población reclusa, donde además hay una especie de intersección o de mezcla de presos de alta peligrosidad con presos que no tienen tanta y, sin perjuicio de esto, habría que reubicar o hacer un replanteamiento sobre la ubicación física de los
presos que están radicados en este centro penitenciario. De todas formas, a todos nos debería preocupar que en lo que llevamos de año cuatro personas se hayan suicidado en este centro y creo que supera las ratios en el ámbito de los suicidios de
todos los centros penitenciarios del Estado español. Esto merita una reflexión y era una de las razones por las cuales pedíamos esta comparecencia, ya incardinada en cuáles son las medidas o los elementos o políticas en relación con esta
infraestructura penitenciaria que usted va a acometer y que ya nos ha explicado en su primera intervención. Ojalá lo pueda hacer con prontitud porque aunque su política penitenciaria pueda merecer ciertos reproches, no son atribuibles a usted, que
ha recibido una muy mala herencia en esta materia y tiene que acometer seguramente deficiencias que corresponden a gobiernos anteriores. La situación carcelaria, penitenciaria, en el Estado español no la ha originado desde luego usted, sino quienes
se han despreocupado en legislaturas anteriores de crear unas infraestructuras penitenciarias respecto a una población reclusa que además crece casi exponencialmente y donde nos encontramos además con unas perspectivas de crecimiento peligrosas.
¿Qué hay que acometer ahí? Pues una política de infraestructuras beligerante, activa y con prioridades. Esa es la primera cuestión que le quería comentar.



En segundo lugar, señora ministra -perdón, señora directora general, ya la he elevado de rango-, me gustaría una reflexión crítica o autocrítica, de las características que usted quiera, de hasta qué punto estamos cumpliendo con los
requerimientos constitucionales, primero, los ubicados en el artículo 25 de la Constitución en relación con las obligaciones que este precepto consigna sobre la Administración y respecto a los derechos de los presos, que son todos menos aquellos que
están limitados por la sentencia condenatoria. Hablando de la salud, de los problemas de salubridad, de las patologías abundantes existentes en los centros penitenciarios, quisiera indicarle que la propia Ley General Penitenciaria, en su artículo
3.4, establece que es una obligación de la Administración penitenciaria velar por la vida, por la integridad y por la salud de los internos, hasta tal punto que estamos en condiciones de decir que este requerimiento específico de la legislación
penitenciaria se está cumpliendo, siquiera de forma razonable.



En tercer lugar, le indicaría que este es un problema que nos obliga a plantear preguntas que son ingenuas y que yo siempre formulo en virtud quizá de una ingenuidad antropológica, parafraseando al presidente del Gobierno -no un optimismo
sino una ingenuidad-, pero preguntas ingenuas que son difíciles de responder seguramente. ¿Cómo es posible que entren tantas cantidades de droga en los centros penitenciarios, que son centros vigilados o pretendidamente bien vigilados, vigilados
por lo menos para evitar que salgan los ubicados dentro, los residentes, no parece que tan vigilados para evitar que entren determinadas sustancias estupefacientes, psicotrópicas, etcétera? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y, ¿cómo es posible que
siendo tan enfático el requerimiento para la atención a la salud de los internos, el sistema público de salud no tenga un compromiso más beligerante que evite la proliferación de enfermedades graves fácilmente contagiosas y que tengamos una
población reclusa que en algunos casos y en relación con algunas enfermedades sufren de verdaderas pandemias? ¿Cómo hay tantos enfermos de sida, de enfermos que padecen la infección del VIH, hepatitis crónicas, en definitiva, enfermedades graves?
Son preguntas ingenuas formuladas también con ingenuidad, con honestidad, pero seguramente también difíciles de contestar. Usted ha calificado el problema como complejo, pero nosotros no podemos comprender cómo no se afronta, salvo que el nivel de
toxicidad o el nivel de adicción de determinados reclusos obligue -e incluso forme parte de la política penitenciaria- a una cierta relajación en la vigilancia en el momento de la entrada de determinadas sustancias para evitar lo que podríamos
calificar de males mayores, que el síndrome de abstinencia, el mono provocado por el hecho de no proporcionar a estos adictos determinadas sustancias, pueda


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provocar en el seno de las prisiones problemas de conflictividad, disturbios y problemas que dificulten el control de la situación ambiental en las mismas. Esta es una pregunta que nosotros podemos hacer frecuentemente pero, en definitiva,
se observa -y creo que usted participará de esta opinión- que los requerimientos del artículo 25, los requerimientos en cuanto a la función ontológica de la pena de la privación de libertad -los principios de retribución sí-, pero los de prevención
especial, los de prevención general, los de resocialización estamos muy lejos de poder decir que están siendo cumplidos. Creo que estamos ante un problema muy serio, requerimientos constitucionales y requerimientos consignados en la Ley General
Penitenciaria, evidentemente, no están siendo cumplidos. Me gustaría una reflexión por su parte respecto a qué hay que hacer o cómo podemos implementar las políticas penitenciarias para aproximarnos al cumplimiento de estos requerimientos. Podemos
decir que solo la retribución, solo el castigo están siendo objeto de cumplimiento, pero ni la prevención especial, ni la prevención general, dado el incremento de la criminalidad existente en el país, ni la resocialización están funcionando
correctamente. Esta es la primera pregunta que mi grupo parlamentario le quería hacer específicamente.



Respecto a la política de excarcelación de determinados presos por padecimiento de ciertas enfermedades, a tenor de lo previsto en el artículo 92 del Código Penal -la señora Lasagabaster lo ha dicho bien-, se nos antoja un tanto asimétrica
también. Vemos que algunos presos -y ya se ha citado uno muy conocido, el ex general Rodríguez Galindo- tienen la posibilidad de ser excarcelados por este procedimiento con cierta facilidad incluso de forma dudosamente legal. Usted recordará los
términos de la interpelación que le hice al ministro del Interior: sin la concesión del tercer grado penitenciario, mediante el mantenimiento del segundo grado penitenciario, se procedió a su excarcelación por la vía del artículo 92. No estamos
seguros todavía de si es la vía del artículo 92 la utilizada para su excarcelación, pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando menos en tres sentencias, exige que para proceder a la excarcelación por la vía del artículo 92, es decir,
por el padecimiento de enfermedades graves, irreversibles e incurables, hay que obtener previamente el tercer grado penitenciario. Ustedes lo hicieron a posteriori, primero excarcelaron a esta persona, al ex general Rodríguez Galindo, le
reconocieron este régimen de cumplimiento especial, que muchos querrían para sí -voy a utilizar esta expresión-, el cumplimiento de su pena de privación de libertad en su propio domicilio, y posteriormente le concedieron el tercer grado quizá
percibiéndose de que los requerimientos de la jurisprudencia constitucional en esta materia exigían para la excarcelación la obtención del tercer grado penitenciario. Me gustaría que hiciese una reflexión sobre esta cuestión y la asimetría que en
este momento se observa, porque hay presos que en este momento están en una situación -yo podría citar varios y muchos de ustedes los conocerán seguramente- de enfermedad grave, de enfermedad incurable, de enfermedad irreversible a los que no se les
aplica el artículo 92, es decir la posibilidad de excarcelación por la vía del artículo 92 del Código Penal. Es un problema de política general que hace referencia, señora directora -le identifico bien su cargo de momento-, a que esta asimetría
tiene una consecuencia política, que nosotros no vamos a dejar de reprochar en esta legislatura. En este momento, personas condenadas por la comisión de gravísimos crímenes organizados desde los aparatos del Estado, desde la propia Administración,
están todas en libertad, fuera de prisión, por unos u otros procedimientos, salvo una, salvo el señor Vaquero. Otras fenomenologías delictivas, evidentemente tan repudiables como ésta, están provocando sin embargo el mantenimiento en prisión. Aquí
la falta de simetría en los requerimientos estrictos del principio de igualdad ante la ley, en base al artículo 14 de la Constitución, se está resintiendo en nuestra opinión. También nos gustaría que la señora directora hiciera una reflexión sobre
esta cuestión.



Hay otra cuestión, que es la relativa a las mejoras de infraestructura en los tres centros penitenciarios radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Usted ha reconocido sus deficiencias y ha comentado cuáles son las actuaciones
presupuestarias, tanto en materia de reposición como en materia de incorporación de nuevos medios. Nos damos por satisfechos con su contestación, pero esperemos sobre todo que en el ámbito de Euskadi se haga un planteamiento consensuado en lo que
se refiere a la competencia, eso que nosotros entendemos que exige el ordenamiento jurídico; que se haga, cuando menos, una especie de reordenamiento consensuado de las estructuras penitenciarias en Euskadi para la atención de las personas reclusas
en esta comunidad autónoma. La verdad es que la situación dista mucho de ser de las mejores. Nanclares de la Oca, el centro ubicado en el territorio histórico de Álava, es uno de los peores centros que existen en el Estado español. Ahí tiene
usted una asignatura pendiente, ahí tiene usted un verdadero reto, un verdadero objetivo que afrontar y que atender.



En materia de alejamiento y dispersión -y era otra de nuestras peticiones-, usted ha sido muy clara en sus reflexiones. Primero, ha diferenciado correctamente los dos conceptos, que no son sinónimos, una cosa es el alejamiento y otra la
dispersión. Nosotros la dispersión no la refutamos como concepto, la dispersión de determinados presos que siguen organizándose en el centro penitenciario y siguen organizando actividades delictivas desde el propio centro penitenciario no la
podemos refutar y nos parece una buena medida penitenciaria, pero tenemos más dudas sobre el alejamiento. El alejamiento no sólo castiga al penado a una pena de privación de libertad, castiga a sus familiares. Nosotros nos encontramos todos los
viernes por la noche con esos autobuses que salen de todas las ciudades y pueblos de Euskadi y que tienen que hacer larguísimos viajes, en coches particulares


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en otras ocasiones, con consecuencias a veces graves, con accidentes de tráfico que han provocado numerosos muertos. Uno tiene la sensación -yo sé que jurídica y materialmente no es así y no se puede hacer formalmente esta aseveración,
políticamente sí- de que se extiende el castigo, se extiende la pena a familiares de estos presos que no han cometido ningún delito. El alejamiento en este momento no se puede mantener en los estrictos términos que usted ha comentado. Hay muchas
personas -la casuística de los presos de ETA es amplísima en este momento- que podrían ser acercadas, hay muchas personas condenadas que han pertenecido a ETA que ya no pertenecen a esta organización. Hay muchas personas que están emitiendo
documentos públicos muy conocidos en donde se refuta la actuación terrorista de esta organización. La casuística de los presos de ETA requiere seguramente un análisis más fino, más pormenorizado del alejamiento. Sobre todo, no podemos mantener esa
situación de castigo respecto de los familiares de los presos, situación que es verdaderamente inhumana. Cientos, miles de personas que se tienen que trasladar en viajes, en ocasiones de más de mil kilómetros, en autobuses o mediante otros
procedimientos, para ejercer lo que también la legislación penitenciaria considera un derecho, el contacto con sus familiares. Pero no sólo eso, usted sabe que en el reglamento que desarrolla la Ley General Penitenciaria se establece -siguiendo
además una conclusión de Naciones Unidas en su reunión de Tokio de diciembre de 1990- que la aproximación al lugar donde reside el preso, el penado privado de libertad, a su entorno familiar es un instrumento en sí mismo adecuado para conseguir la
reinserción y la resocialización, que es uno de los fines de la pena que consagra el artículo 25 de la Constitución. Yo puedo compartir parcialmente sus reflexiones sobre la dispersión, no puedo compartir, obviamente, una expresión tan enfática
respecto a la pertinencia de mantener el alejamiento, sobre todo fundándola en su argumentación de que, de no mantener el alejamiento en los estrictos términos actuales, la actividad delictiva de ETA se va a mantener. Esto no es cierto, esto es
rigurosamente incierto.



La casuística de presos de ETA es amplísima y lo que no podemos hacer -y ya voy a la siguiente cuestión- es establecer medidas de aplicación de beneficios penitenciarios o de progresión de grado diferentes a los presos de ETA y a los que
cometen otros tipos delictivos porque estaríamos vulnerando de manera flagrante el principio de igualdad ante la ley consagrado por el artículo 14 de la Constitución y estaríamos vulnerando flagrantemente el artículo 25 de la Constitución que no
establece distinciones en cuanto al tratamiento de los presos en materia de beneficios penitenciarios. Estaríamos vulnerando la Ley General Penitenciaria en sus diversas reformas del año 2003, del año 2002, la originaria, que no establece
distinciones por el tipo de delito cometido en relación con la aplicación de beneficios penitenciarios o con la progresión de grado, pero sobre todo estaríamos vulnerando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en cinco
sentencias -en dos de las cuales se condena a España- establece que la distinción de la aplicación de penas de privación de libertad -y ya me estoy refiriendo a la de cuarenta años que esta prevista sólo para determinados tipos delictivos- y la
utilización de diferentes medidas en la aplicación de beneficios penitenciarios es contraria al artículo 3 y al artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos; hay seis sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que proclaman
esto.
Luego usted debería ser prudente o mantener una posición neutra jurídicamente o sencillamente respetar los estrictos requerimientos del principio de igualdad ante la ley a la hora de aplicar beneficios penitenciarios que supongan progresión
de grado o que supongan los efectos que supongan, porque de lo contrario estamos configurando una política antiterrorista que se convierte en derecho punitivo, en un derecho punitivo de los que Günter Jacobs, el mejor criminalista o penalista que
existe en la actualidad, califica como derecho penal del enemigo. No me gustaría que una persona de reconocida mentalidad progresista articule una política antiterrorista que luego se convierta, como en la legislatura anterior, en un derecho penal
que podría ser calificado como el derecho penal del enemigo. Igualdad ante la ley, rigurosa igualdad ante la ley, tanto para la aplicación de las penas como para el acercamiento o el alejamiento o para la aplicación de los beneficios
penitenciarios. No lleguemos ya a las perversiones de que a personas que están a punto ya de cumplir sus condenas se les interpongan querellas nuevas por artículos periodísticos para prolongar artificialmente su presencia en prisión. Usted no lo
ha hecho, pero hay quien lo ha intentado hacer y todavía estamos con esta polémica en los medios de comunicación. Creo que estas perversiones jurídicas usted las debería refutar y no deberían formar parte de su política penitenciaria.



Desde esta perspectiva -y creo que estoy acabando, señora presidenta, porque aunque las diez son mías, me cuesta seguir las diez cuestiones que le he planteado- para acabar con lo dicho, señora presidenta, señora directora -seguro que algún
día acabará siendo señora ministra y lo que le he dicho forma parte más de una predicción que de un error-, quisiera decirle que me ha preocupado, como a la señora Lasagabaster, particularmente, el énfasis con el que usted ha dicho que la
competencia prevista en los artículos 10, 14 y 12 del Estatuto de Autonomía de Gernika no es transferible ni se va a transferir. Sobre esta materia, ni usted ni yo ni el presidente del Gobierno podemos disponer, ni el Gobierno vasco puede disponer;
es el bloque de constitucionalidad, son preceptos del bloque de constitucionalidad y forma parte del núcleo duro del orden público, en su dimensión jurídica. Desde esa perspectiva, reflexiones tan enfáticas y contradictorias como las que sus
portavoces e incluso su candidato a lehendakari en Euskadi están proclamando deberían ser objeto de una ponderación seguramente más prudente por su parte.
Dicho lo cual, le


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agradezco la prolijidad de sus contestaciones, de sus respuestas, porque en su exposición inicial prácticamente se ha adelantado a muchas cuestiones que yo le quería preguntar y sabe que cuenta con mi grupo parlamentario como un leal
colaborador para afrontar uno de los problemas de Estado más graves que tenemos en estos momentos y es cómo atender a nuestra población penitenciaria, a la actual y a la que nos viene que va creciendo de forma particularmente preocupante.



La señora PRESIDENTA: No ha sido mi intención en ningún momento cortarle el uso de la palabra, puesto que muchas de las iniciativas que estamos debatiendo son iniciativas de su grupo.



Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds para posicionarse sobre las distintas comparecencias y la solicitada por su grupo.



La señora NAVARRO CASILLAS: Únicamente voy a intervenir respecto a la comparecencia solicitada por este grupo parlamentario. A este respecto quisiera decir que la realidad indiscutible es que las ocho personas condenadas por los crímenes
del GAL, condenadas por sentencia firme por la comisión de crímenes, torturas, secuestros organizados desde el Estado, se encuentran fuera de prisión y ello por diferentes motivos (progresión de grado, razones de enfermedad o por otras causas), pero
se trata de los delitos más graves tipificados por el Código Penal. Nuestro grupo parlamentario muestra su rechazo y oposición a presuntos privilegios que se hayan podido dar en este sentido. No entendemos cómo es posible que ante las graves
enfermedades que afectan a tantos penados: el sida generalizado, la hepatitis, psicopatías, politoxicomanías y sabiendo que las cárceles de nuestro Estado están minadas de personas que tienen padecimientos graves e incurables que se ven agravados
precisamente por las condiciones de vida que se sufren en las cárceles y que no tienen el alto rango de ex general, continúan en las cárceles y no se les aplica esta buena voluntad y humanidad a las que hizo alusión en su día el ministro de Interior
de una manera desde nuestro punto de vista desafortunada. Esa buena voluntad se reserva únicamente, como digo, para los elegidos y nosotros manifestamos nuestro absoluto rechazo. Los presos, con mucha suerte, son conducidos al hospital esposados,
solos, sin comunicar a su familia el ingreso y sólo cuando la precariedad de su salud es extrema se les aplica este privilegio. En muchos casos mueren en la cárcel o al poco tiempo de que se produzca su excarcelación. Desde luego ni esta situación
ni las declaraciones y expresiones de determinados dirigentes políticos solicitando indultos y excarcelaciones son positivas para nuestra democracia y para el sistema de libertades públicas que intentamos proteger.



Quiero manifestar el rechazo de nuestro grupo parlamentario a esta situación y hacer una llamada de atención sobre el atraso que supone para nuestro sistema cómo se ha gestionado esta situación.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular para defender sus iniciativas o posicionarse sobre las demás.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Perdón por no haber estado presente en estos momentos pues creía que la intervención de la señora diputada de Izquierda Unida iba a ser más extensa.



En primer lugar, quiero agradecerle su presencia aquí, su intervención que ha sido muy extensa sobre diversos temas y también decirle, señora Gallizo, que agradecemos el tono de la misma, le diré por qué. En la primera intervención que se
sustanció aquí hará un año -aproximadamente en septiembre- vimos un tono quizá más agresivo de la directora general y ahora hemos visto un tono mucho más objetivo, mucho más sosegado, mucho más reflexivo, lo que nos permite a todos ver los objetivos
fundamentales de lo que tiene que ser una buena política penitenciaria desde el punto de vista de su responsabilidad y de su gestión y de lo que tiene que ser la contribución de la oposición y en este caso desde el principal partido de la oposición
que representa a diez millones de personas. Se lo agradezco y lo hago sinceramente, señora Gallizo, porque creo que aquí se pueden producir muchos más puntos de encuentro que de desencuentro, como en anteriores ocasiones. Algunas de las críticas
de mi grupo van a ser importantes, y por las carencias en la gestión de este primer año de Gobierno. Creo que siempre es positivo, realizar aportaciones desde la oposición y que desde el Gobierno la valoración se haga desde un punto de vista mucho
más objetivo, mucho más sosegado.



Se lo digo, señora directora general, porque recordamos que, en la primera comparecencia que se sustanció en esta Cámara, de alguna manera usted responsabilizaba a la anterior gestión de gobierno, hoy también ha hecho alguna referencia sobre
el incremento de la población penitenciaria especialmente entre los años 2000 al 2004 y la carencia en cuanto a plazas y previsiones respecto a las infraestructuras penitenciarias. Debo reconocer, como reconocerá usted, como lo hace cualquier
ciudadano español, que cuanto se haga en relación a las infraestructuras penitenciarias siempre es insuficiente porque debemos equilibrar y ponderar las necesidades en materia de seguridad ciudadana. Quiero recordar que el Partido Socialista Obrero
Español realizó en los últimos años una campaña muy dura, excesivamente agresiva, respecto a la inseguridad y a su incremento, que empezó a decrecer desde el plan del año 2002. Eso debe equilibrarse también con las necesidades, las demandas y las
previsiones de ocupación de las infraestructuras necesarias en el ámbito penitenciario, tanto en régimen cerrado como los posibles centros de inserción social en diferentes grados, como en este caso en el tercer grado. Sin duda alguna, le reitero,
eso es


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insuficiente y siempre nos lo va a parecer, pero le vuelvo a recordar -y lamento tener que volver a hacerlo, señora directora general- que durante el Gobierno del Partido Popular, y usted lo sabe muy bien, se aprobó un número importantísimo
de centros tipo e incluso usted realizó alguna crítica respecto a que en algunos puntos geográficos la demanda no era necesaria; creo que estaba prevista la totalidad de las infraestructuras de los mismos. Lamento tener que volver a reiterarlos,
pero estamos en Albolote, La Moraleja, Teixeiro, Alhama, Madrid-6, Mallorca, León, Córdoba, Algeciras, Segovia, etcétera. La verdad es que las plazas que nosotros tenemos aquí -y fíjese que voy a descontar las de Zuera, porque usted ha hecho
referencia al plazo de inauguración y al momento en que estuvo finalizado-, incluida Zuera, son 16.844; con la exclusión de las 1.557 de Zuera, estamos hablando en números redondos de 15.000 e incluso si descontamos las amortizaciones de plazas que
se realizaron, estamos hablando de una realidad que debería reconocer la directora general de Instituciones Penitenciarias, de uno de los mayores incrementos en número de celdas, en infraestructuras penitenciarias de los últimos ocho años.
No estoy
diciendo que se hiciera todo absolutamente bien, lo que sí estoy haciendo es ponderar y relatar la realidad y la objetividad de la situación que teníamos, que siempre puede ser mucho mejor. Además quiero recordarle, señora directora general -y
espero tener que hacerlo por última vez- que no era ésa la situación en el año 1995 cuando no teníamos centros como el de Carabanchel y que, evidentemente, aunque queda muchísimo trabajo por hacer, y en eso nos va a tener a su lado, sin duda alguna
fue una contribución, aunque fuera insuficiente. Creo que ésta tendría que ser la última vez en la que este grupo parlamentario debería recordárselo, porque sin duda está ahí, es una realidad. El Plan de amortización y de creación de centros
penitenciarios del año 1991 tuvo un gran efecto a partir de esos años con la creación de dichas infraestructuras.



Señora directora general, pasaría a la primera parte de la comparecencia.
La verdad es que son muchas cuestiones, pero quiero posicionarme sobre todas y cada una de ellas. Le adelanto que nos ha producido una gran satisfacción la
valoración que ha hecho la directora general de Instituciones Penitenciarias sobre temas tan importantes como la transferencia de las competencias en política penitenciaria al País Vasco o la aplicación de beneficios penitenciarios especialmente a
presos etarras, así como la de dispersión se lo adelanto, aunque analizaremos cada una de esas cuestiones. Vamos a pasar a las infraestructuras porque quizá sean las de mayor contenido técnico, tanto las genéricas como las del País Vasco.



Señora directora general, usted ha presentado hoy su primer año de balance y déjeme que le diga que realmente es insuficiente. Es insuficiente porque ha presentado los cuatro centros previstos, centros que de alguna manera ya estaban
programados en la reforma de 2003 por el entonces ministro Acebes, la última reforma de ese Plan de amortización y de creación de centros penitenciarios. Eran los cuatros centros a los que usted ha hecho referencia: Puerto-III (Cádiz), Estremera,
Morón y Albocàsser. Sin duda alguna, es responsabilidad de un Gobierno asumir los compromisos, como no podía ser de otra manera, del Gobierno anterior y usted ha ido realizando lo correspondiente a licitaciones, movimientos de tierra e inicio de
obras, pero el único centro que está realmente en obras y en el que se están realizando actuaciones de ejecución de obras es el de Puerto III, es el único que previsiblemente, a no ser que usted nos avance otra cosa, va a poder estar inaugurado en
esta legislatura, aunque nos gustaría que fueran más.



Usted ha dado previsiones a futuro, 2007-2008, especialmente sobre el de Estremera y el de Morón. Nos gustaría una mayor concreción y un mayor compromiso por parte de la directora general de Instituciones Penitenciarias, es decir, si en
esta legislatura van a poder estar en funcionamiento esos cuatro centros tipo que el Partido Popular ya dejó programados en el acuerdo de 2003 para su posterior desarrollo en las fases correspondientes. Sobre el de Albocàsser tengo que decirle,
como le han dicho otros representantes políticos, la señora Lasagabaster y el señor Olabarría, que ustedes mantienen un criterio diferente al que sostiene el Partido Socialista en esa demarcación -nosotros apoyamos que se construya el centro de
Albocàsser- sin duda había compromisos políticos de sus representantes e incluso el propio ministro Sevilla y el secretario general del Partido Socialista en la demarcación dijeron que no se llevaría a cabo y que no se acometería esa infraestructura
que nosotros entendemos necesaria y además apoyamos que se siga manteniendo la ejecución de dicho proyecto de infraestructura penitenciaria. Señora directora general, me gustaría saber qué se está haciendo en Estremera y qué se está haciendo en
Morón, yo querría una mayor precisión de lo que usted ha explicado porque me parece que en esos dos proyectos -especialmente en Estremera- no se está avanzando debidamente. Sin duda Tahiche, ya lo comentamos en su momento, es una de las
infraestructuras penitenciarias con mayores necesidades, en la que se da un mayor grado de masificación en la población penitenciaria y con mayor necesidad de reforma.



Queremos preguntarle sobre algunos de los aspectos del nuevo plan que usted ha mencionado y que era, de alguna manera, lo que ustedes tenían en la agenda de trabajo proveniente de la legislatura del Gobierno del Partido Popular y déjeme que
le diga que nos ha parecido insuficiente la presentación que ha hecho hoy usted aquí. Sin duda es una reforma del plan de amortización y de creación de centros no aprobada por Consejo de Ministros con lo cual, como muy bien usted ha dicho, no se
puede comprometer en aquello que ni siquiera está aprobado ni comprometido por el Gobierno. Nos parece que usted ha perdido un año de trabajo en ese sentido, señora directora general, y nos gustaría que nos explicara el porqué, ya que sin duda
alguna uno de los compromisos electorales de los que ustedes hicieron gala en la campaña


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electoral, tanto el ministro como usted, fue el cumplimiento del principio celular, del principio de un preso por celda.



Realmente, señora directora general, no vemos las previsiones que desde su Gobierno se están haciendo y más cuando usted dice que la programación para los centros de infraestructuras penitenciarias en régimen abierto por parte de Siepsa debe
ser de cinco años y los del CIS de tres. Según la información que nos ha dado, en varias comunidades como Canarias, Andalucía, Ceuta son necesarias, sin duda lo son. Nos ha mencionado algunos, pero no sabemos qué se está haciendo, no sabemos qué
proyectos técnicos, qué previsiones presupuestarias, qué es lo nuevo que va a hacer la directora general de Instituciones Penitenciarias en cuanto a infraestructuras penitenciarias. El diagnóstico lo conocemos, señora directora, sabemos la
población penitenciaria existente, pero permítame que le diga que hace una año que usted tomó posesión y aún ese plan no está aprobado y que además la presentación, que entendemos que debe ser flexible puesto que no está aprobado, ha sido
absolutamente insuficiente, absolutamente vaga para un problema de estas características como es la previsión del Gobierno, en este caso del Gobierno socialista, de las infraestructuras necesarias. Créame, le hacemos una crítica con espíritu
constructivo, es decir, que nos gustaría que usted hubiera podido presentar hoy aquí el plan de infraestructuras aprobado por Consejo de Ministros y con una previsión presupuestaria y su posterior progresión plurianual en el ámbito presupuestario
por parte de Siepsa, pero no lo vemos, no nos lo ha dado, con lo cual, aunque quedan años de legislatura, lo que presenta hoy aquí es claramente insuficiente para los ciudadanos.



Además quiero preguntarle lo siguiente, señora directora general. Sabemos que se han estado realizando inspecciones en los centros penitenciarios a lo largo de todo el territorio nacional y que usted lo está haciendo como balance, análisis
de gestión, para saber en qué situación se encuentran muchas de las infraestructuras para sus posibles valoraciones como centros amortizables, pero nos gustaría saber el resultado de esas inspecciones, señora Gallizo, puesto que usted no ha
mencionado nada al respecto.



En relación con alguna de las infraestructuras adicionales que ha dicho que se van a reformar o que van a poder ser ampliadas, como por ejemplo la de El Dueso -no la he oído en esta comparecencia pero sí la he visto en medios de comunicación
y me ha parecido que en su comparecencia no ha habido una apreciación expresa a esa ampliación-, me gustaría saber, además de esas previsiones en esas comunidades autónomas, cuáles son las reformas y en qué número de centros se van a producir o si
existe la planificación de reforma, de ampliación, en los centros penitenciarios y en qué grado se encuentran, es decir, si es una proyección de deseo y de planificación a futuro o si hay detrás unos análisis técnicos y unas previsiones
presupuestarias. Sin duda alguna, usted ha tenido reuniones en todo el territorio nacional con comunidades autónomas y con ayuntamientos. Desde el Partido Popular reconocemos que eso es absolutamente necesario y nosotros también lo hicimos. Usted
ha hecho en el Senado valoraciones positivas respecto a los acuerdos que se han alcanzado con comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Eso es lo que debiera ser en muchísimos ámbitos y en algunos este grupo parlamentario se queja de
la falta de objetividad y eficacia que está teniendo el Partido Socialista, aunque no en éste concretamente. Nos gustaría conocer los acuerdos y los convenios a los que ha podido llegar con comunidades autónomas respecto a las previsiones de
futuro, que nos pudiera avanzar en qué estado se encuentran y qué situaciones se están previendo.



Señora directora general, además de las previsiones de Instituciones Penitenciarias en cuanto a centros penitenciarios, sin duda es importante -y usted lo ha destacado aquí para lo que es un buen modelo regimental y sobre todo para
aplicación de los principios individualizadores de la pena y de ese principio celular- lo relacionado con los funcionarios de las instituciones penitenciarias.



Incluso en uno de los aspectos más preocupante para nosotros, como es el grave incremento de las muertes en los centros penitenciarios, no hemos visto por parte de S.S. la presentación de posibles incrementos de dotaciones de funcionarios
en el ámbito de Instituciones Penitenciarias.
Sin duda alguna, conocemos el acuerdo al que se llegó y que se firmó en noviembre de 2004, por el que se aprobó -a no ser que le falle la memoria a esta diputada en estos momentos; seguro que usted
tiene una información mucho más precisa- una convocatoria anual de unos 750 funcionarios, 650 ayudantes y un incremento anual del 3 por ciento. Con este incremento no se puede hacer frente a los retos que usted ha mencionado y que corresponden a la
Administración penitenciaria. ¿Qué medidas va a tomar la señora directora general respecto a este tema? Igual que deben ir aumentando las infraestructuras penitenciarias, en proporción deben hacerlo los funcionarios públicos. Nosotros
consideramos que está habiendo una previsión a la baja de las necesidades de la población penitenciaria en nuestras cárceles.



El sindicato CSIF estima que se necesitarían unos 8.000 funcionarios en esta legislatura si se quisiera cumplir el objetivo de un preso por celda. Sinceramente, aunque usted mantenga el cumplimiento de lo que es un principio de la Ley
Orgánica General Penitenciaria, con las previsiones que usted ha hecho tanto sobre infraestructuras penitenciarias, como de medios, equipamientos y funcionarios, yo lo veo muy difícil. Cuando se contrae un compromiso electoral, se tienen que
ponderar todos los imponderables, no solo el hecho de que pueda aumentar o no la población penitenciaria en función de una modificación de la legislación, que estimo absolutamente necesaria -legislación que además el Grupo


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Parlamentario Socialista aprobó-, que se realizó para mejorar la seguridad de los ciudadanos de este país. Le reitero que debemos ponderar los dos principios: el de garantía de los derechos de los ciudadanos y el de la dignidad de los
reclusos en los centros e instituciones penitenciarias.



Señora directora general, en 2004 se ha incrementado el número de presos en las cárceles en un 7 por ciento y los funcionarios en un 2,5 por ciento. Esos son los datos que tenemos y demuestran que el equilibrio no se está produciendo, lo
que es responsabilidad de su Gobierno y no del Gobierno anterior, aunque se achaque, como de forma reiterada se viene haciendo, a la herencia recibida; algo que, como bien le he dicho al principio, no se explicaba con toda objetividad. El nivel de
masificación y de saturación de los centros es actualmente del 95 por ciento, lo que es una situación grave, para cuya solución -le reitero- usted no ha traído propuestas concretas. Quizás cuando se apruebe ese plan de reforma de los centros de
amortización y de creación de centros penitenciarios, usted trae mejores previsiones, pero ni en el presupuesto del Ministerio del Interior, con un incremento del 8,9 por ciento, había previsión para centros -y usted lo sabe-, ni en el presupuesto
de Siepsa. Señora directora general, nos puede venir a explicar proyectos de futuro y previsiones de lo que usted quiera, pero le vuelvo a decir que consideramos que en este sentido se ha perdido un año, si menoscabar el tesón en el mantenimiento
de las otras cuatro infraestructuras que estaban ya previstas y sobre las que se reconoce el esfuerzo que por parte de su dirección general se ha hecho.



No sé si tendremos tiempo de tratar todo, señora presidenta. Estas eran las dos comparecencias en materia de infraestructuras solicitadas por mi grupo y por eso les he dedicado más tiempo. Quería pasar a la tercera y cuarta comparecencias,
las relativas a Nanclares, Basauri y a Martutene.
Sin duda usted ha hecho un análisis clarísimo de la situación en que se encuentran esas infraestructuras y usted lo ha explicado muy bien.
Estamos hablando de cárceles viejas: Nanclares es de
1981, Basauri de 1966 y Martutene de 1948. Las actuaciones que se están desarrollando en Martutene y el acuerdo que existe con el Ayuntamiento de Donosti para una posible cesión de terrenos en Zurieta nos parece absolutamente apropiado para que se
pueda realizar esta obra que es fundamental, no solo por lo que ya se ha explicado por compañeros diputados del País Vasco, sino porque nuestro grupo también lo cree así. Desde el Partido Popular se estuvieron realizando incrementos de inversión
tanto en este caso como en Nanclares y en Basauri; sin duda insuficientes para mejorar la situación, pero ahí están. Me gustaría que usted ratificara algunas de las previsiones presupuestarias que ha dicho porque no coinciden con las que este
grupo tenía al preparar esta comparecencia. Respecto a Nanclares y Basauri estamos absolutamente de acuerdo con que se sigan realizando las obras de remodelación de cada uno de estos dos centros penitenciarios, pero deberíamos preguntarle algo. La
información que consta en la previsión del programa 133.A, que es el anexo de inversiones para 2005 y la programación plurianual, es diferente de la que usted ha aportado a esa Cámara. Quizás usted no la recuerda, pero es la siguiente: Para las
obras de Álava, en Nanclares la previsión es de 11.000 euros; la previsión de Vizcaya es de 180.000 y la de San Sebastián no tiene previsión presupuestaria para el año 2005. Las previsiones de los años 2006 y 2007 son inexistentes. Usted ha hecho
referencia a una programación plurianual, de 2005 a 2007, y nos gustaría saber dónde está.
Dado su rigor y su responsabilidad, suponemos que explicará a esta diputada y a este grupo parlamentario dónde está contemplada esa planificación
presupuestaria que, le reitero, entendemos necesaria y que se sigue realizando en la línea de lo que el Gobierno del Partido Popular venía desarrollando en obras de remodelación parcial en cada una de esas cárceles.



El tercer ámbito que tratamos, que es uno de los que más ocupan y preocupan al Partido Popular, es el de las muertes en los centros penitenciarios. Usted ha hecho una exposición muy extensa, más que la que realizó el 17 de mayo el ministro.
Esta es una preocupación constante del Grupo Popular; hemos formulado muchas preguntas escritas para comprobar qué está ocurriendo y cómo se está produciendo ese incremento preocupante y grave de las muertes en los centros penitenciarios. Seguro
que usted coincidirá en las dos valoraciones que desde el Grupo Parlamentario Popular se hacen, en que es un incremento preocupante y grave de las muertes en los centros penitenciarios. Usted tiene los datos y nos los ha dado. En una respuesta
parlamentaria, absolutamente gráfica en términos absolutos, sobre uno de los aspectos en los que usted ha incidido, el de los suicidios -y hemos sacado una de las causas que usted ha pormenorizado, es decir, drogas, VIH, etcétera-, se dice que en el
año 2000 el número de suicidios en los centros penitenciarios en el ámbito de competencia de la Administración Central del Estado -es decir, en todo momento dejamos al margen los 11 centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de Cataluña- era
21; en 2001, 21; en 2002, 25; en 2003, 28 y en 2004, 40. Esos son los datos del Ministerio del Interior en respuesta a esta diputada, es decir, los datos que usted misma nos ha facilitado por parte de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.



Quería retomar uno de los diferentes argumentos que usted ha dado para explicar este incremento, que ha sido el aumento de la población reclusa.
Es evidente que se ha producido un incremento de la población reclusa y por tanto, hay mayor
probabilidad de que se produzcan mayores riesgos de todo tipo, desde fallecimientos hasta altercados, desórdenes, etcétera.
Pero en los años que usted ha mencionado al inicio de su intervención como los de mayor crecimiento de la población
penitenciaria en España se han producido los siguientes suicidios: 21, 21, 25 y 28. En teoría, según su argumento,


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debería demostrarse -o al menos mi grupo lo interpretaba en esos términos absolutos- que el incremento de los suicidios se relaciona con el incremento de la población reclusa, pero vemos que es en 2004 cuando se producen esos 40 suicidios y
además la previsión desgraciada de fallecimientos y de incremento de suicidios para 2005 está en esa línea de aumento exponencial. Se lo decía también el diputado señor Olabarría en relación con los últimos suicidios producidos en Nanclares y en la
prisión que yo le mencionaba antes de forma privada, en la que se están produciendo un mayor número de suicidios, que es la de Zuera, aunque tiene una capacidad de 1.557 plazas. Sin duda alguna también hay otros muchos centros tipo que tienen esa
capacidad y en los que no se produce ese número preocupante y gravísimo de suicidios. Creo, señora directora general, que aunque no estará dejado de su mano, de su interés, de sus prioridades, está siendo absolutamente insuficiente lo que el
Gobierno del Partido Socialista, en este caso la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, está haciendo para evitar estos fallecimientos. Sé que es duro tener que realizar una afirmación en estos términos, por eso le dijimos al ministro,
en su comparecencia, que daríamos este tema de las muertes, de los fallecimientos, para un debate mayor con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que es el que estamos realizando hoy; pero la realidad es la que es, señora directora
general. Entiendo que hayan tomado medidas, que hayan establecido una comisión para el seguimiento y evaluación de lo que pueda estar ocurriendo y que nos ha mencionado los resultados de forma exhaustiva y pormenorizada, pero ahí hay una carencia
de previsión, de prevención e incluso de reparación de la situación. Me gustaría saber cuáles son los medios que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está poniendo; no los análisis, las comisiones o los estudios que se están
realizando, sino qué medios se están poniendo, porque le recuerdo sus propias palabras, que además comparto en toda su extensión. Usted, cuando estaba en este lado, cuando era diputada y ostentaba la responsabilidad de portavoz en el ámbito
penitenciario, decía que cada muerte en una institución penitenciaria es grave y es responsabilidad del Estado en tanto en cuanto el mismo tiene y ostenta la responsabilidad de su custodia. Le reitero sus mismas palabras, pero ahora es usted la que
está en esa responsabilidad y la que tiene los peores datos de fallecimientos y especialmente los peores datos de suicidios.



Además, señora directora general, usted nos ha hablado de otra de las causas por las que se producen esas muertes en las instituciones penitenciarias, nos ha dicho que la segunda causa es la drogadicción, el problema de las drogas. Reitero
la pregunta que le hacía el Grupo Parlamentario Vasco: ¿están siendo mucho más rigurosos en cuanto a la entrada de droga en las cárceles españolas? Le pregunto esto porque a menudo en los medios de comunicación, en conversaciones informales, se da
por hecho que hay una gran facilidad para introducir droga en los centros penitenciarios. Me gustaría saber qué medios ha puesto la Dirección General de Instituciones Penitenciarias para impedir la entrada de droga, de estupefacientes en los
centros penitenciarios y si tienen resultados.



Usted ha hecho referencia al incremento de las muertes por droga y ha mencionado los 40 casos que se han producido de forma pormenorizada: por sexos, por situación, etcétera. Yo quiero hacer referencia al caso de Andalucía. Usted ha
puesto el ejemplo de Andalucía en el tratamiento de metadona. El tratamiento de metadona, y sobre todo la mejora del tratamiento en materia de drogadicción, fue una prioridad del Partido Popular. Usted recordará que los beneficiarios en el año
1996 eran 2.000 y cuando usted recogió el legado de Instituciones Penitenciarias había 22.000 reclusos en tratamiento de metadona. Esos son los datos, los resultados y es una buena herencia, y aquí tenemos, porque es miembro de esta Comisión, a uno
de los responsables de la gestión de drogas por parte del Partido Popular. Usted sabe que uno de los problemas que se estaban produciendo era precisamente ese al que usted ha hecho referencia: la ingestión de forma líquida de la metadona por los
reclusos delante de la vigilancia médica sí producía los efectos positivos del tratamiento, pero el tratamiento mediante pastillas no se realiza con el control médico y no se sabe qué número de pastillas y cómo está llevando a cabo el recluso ese
tratamiento. En eso coincido con usted, señora directora general, pero hay una precisión que usted no ha realizado, que todo lo que sea tratamiento ambulatorio u hospitalario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía es responsabilidad de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero el interior de las instituciones penitenciarias en Andalucía es su responsabilidad. Quiero saber, señora directora general, qué va a hacer usted para modificar, para incidir en la gestión de esta modalidad
de tratamiento, sobre todo cuando vemos los resultados, la incidencia en los fallecimientos y la comparación de datos con respecto a otras comunidades autónomas -supongo que usted tiene esos datos y por eso no los ha mencionado- en las que se
produce otra modalidad de tratamiento con metadona.



Usted sabe también que el tratamiento con metadona fue muy positivo en otras comunidades autónomas en tanto en cuanto hizo que pudieran rebajarse los índices de mortalidad por VIH ya que muchos de esos enfermos ya no estaban utilizando la
heroína. En cambio, vemos, señora directora general, que el VIH es una de las causas de mortalidad de los reclusos, la cuarta causa, y que aún se mantiene.



Señora directora general, no solo con los informes y las previsiones de esas comisiones se puede analizar y diagnosticar la situación; ustedes han tenido una carencia en la prevención y en la gestión de uno de los problemas más graves que
está teniendo la población penitenciaria y que, reitero, ahora es responsabilidad suya. Además, usted dijo en el Senado que una de las primeras cosas


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que hizo fue poner en marcha esa comisión para que analizara los fallecimientos en los centros penitenciarios y para que buscase estrategias, pero que no le había parecido suficientemente satisfactorio.
No sé qué es lo que no le había
parecido suficientemente satisfactorio.
¿El trabajo de la Comisión? ¿Las propuestas de estrategia posteriores? Evidentemente, usted viene hoy aquí, por segunda vez, a presentar propuestas, a decirnos qué es lo que se va a hacer en el futuro.
Digo esto porque es la segunda vez que el Grupo Popular pregunta esto y porque, a respuesta del ministro del Interior, esta misma portavoz le dijo: esperaremos a la valoración de esa comisión; sin duda, está habiendo carencias en prevención, pero
esperaremos a ver qué es lo que ustedes proponen, qué es lo que ustedes aportan. Hoy, un mes más tarde, y después de leer sus propias palabras en el Senado y de decirnos únicamente que van a revisar los protocolos de prevención de suicidios, aparte
de ese análisis, que ya le digo que es correcto y un diagnóstico que nos permite ver dónde están parte de las causas y dónde pueden ponerse parte de las soluciones, la verdad es que no veo las medidas correctoras que la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias va a llevar a cabo, que deberían ser inmediatas, señora directora general, porque es uno de los peores problemas que tiene que estar sufriendo como responsable de Instituciones Penitenciarias.



No sé si me queda mucho tiempo, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Ha agotado su tiempo.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Minuto y medio, señora presidenta, porque hay tres temas sobre los que querría decir algo, muy rápidamente.



Respecto a la dispersión, le volvemos a decir que estamos absolutamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. El modelo de dispersión que usted ha explicitado, que se inició en 1989, de acuerdo el Partido Socialista Obrero Español con el
Partido Nacionalista Vasco, ha dado excelentes resultados y ha posibilitado lo que nosotros creemos que es el objetivo fundamental de la política penitenciaria y de la lucha contra la banda terrorista: la debilidad de la banda terrorista ETA y la
imposibilidad de que se pudieran producir reconcentraciones por parte de los presos etarras. Lo único que a mí me preocupa, señora directora general, y lo digo porque estamos en momentos de convulsión, de preocupación en el ámbito de la contienda
política, es que usted no ha mencionado, y me gustaría que lo hiciera, el Pacto por las libertades y contra el terrorismo que une al Partido Socialista y al Partido Popular, del cual, en el punto cuarto, es aspecto fundamental la política
penitenciaria, que de forma textual ambos partidos consignamos que era importante para la derrota del terrorismo y que no se modificaría ninguna política penitenciaria más que en el marco de ese acuerdo. Me ha producido una insatisfacción
importante ver que usted no ha mencionado ese pacto, uno de cuyos objetivos fundamentales es la política de dispersión y la política penitenciaria respecto a los presos etarras. Como representante del Partido Popular, le repito que nos gustaría que
volvieran a ese pacto en su totalidad, pero sin duda la política penitenciaria es básica en la lucha contra ETA y me gustaría que la directora general de Instituciones Penitenciarias, como lo hizo la vicepresidenta primera del Gobierno, reiterara
que ustedes, el Partido Socialista, están en ese Pacto por las libertades y contra el terrorismo en el ámbito de la política penitenciaria y dispersión de presos.



En cuanto a Rodríguez Galindo, voy a hacer una precisión muy rápida porque el señor Olabarría le ha explicado muy bien la situación de régimen abierto en que se encuentra y todos los portavoces sustanciamos una interpelación en la que
respondimos y expusimos nuestra situación.



En materia de redención y aplicación de beneficios penitenciarios quiero hacer unas precisiones. Sin duda, estamos viviendo momentos muy difíciles para las víctimas y para la sociedad, como son las posibles excarcelaciones -nosotros lo
entendemos así- de etarras sanguinarios, como pueden ser De Juana Chaos o, en el futuro, terroristas como Troitiño, responsable de una de las mayores masacres de la organización terrorista ETA, producida en Cataluña, como fue la de Hipercor, o
muchos de los que después tienen que salir. La actuación de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, llevándose esos expedientes a la Audiencia Nacional, fue cumplida con la mayor escrupulosidad pero se buscaron las posibilidades para
que los fiscales pudieran actuar, y así lo están haciendo y, además, el Gobierno lo apoya -entendemos que en este caso lo hace correctamente pero nuestro grupo entiende que la Fiscalía está actuando en otros de forma partidaria y que se está
equivocando de forma flagrante-. Por eso le quiero hacer solo unas preguntas muy concretas, que ya han sido respondidas por la vicepresidenta primera del Gobierno pero que usted, como responsable de Instituciones Penitenciarias, debería contestar a
esta portavocía: No se está aplicando ningún tipo de redención que no corresponda a los presos etarras en ninguna de las instituciones penitenciarias; no se está procediendo a las valoraciones ni a las calificaciones de sus méritos en ninguno de
los centros penitenciarios, ni la coordinación de seguridad de instituciones penitenciarias está valorando la posibilidad de reagrupar o no a los presos etarras en determinados centros penitenciarios. Eso ha salido publicado, usted ha tenido
conocimiento de ello, incluso ha sido desmentido por la Dirección de Instituciones Penitenciarias, pero quiero que usted vuelva a reiterar que esa aplicación de los beneficios penitenciarios siempre se hará con la seguridad y con el compromiso
activo -ya se hizo en la reforma del Código Penal en el año 2003- de cualquier terrorista o cualquier persona que realice delitos graves de reinsertarse en la sociedad, de abandono de la violencia, de abandono de la banda terrorista y de afectar su
patrimonio a las víctimas, como se establece en las


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diferentes circulares y en el Código Penal. Señora directora general, me gustaría que usted dejara claro hoy aquí que no hay ningún trato de favor y que no se está aplicando ninguna situación diferenciada en las cárceles españolas respecto
a los presos etarras. Esa es nuestra preocupación y una de las peticiones claves que debe clarificar bajo la responsabilidad que ostenta.



Solo me resta decirle que yo también me he sorprendido cuando usted ha dicho que el señor Rodríguez Galindo se encontraba cumpliendo el tercer grado en la prisión de Zuera, porque nuestra información es que se encuentra -no sabemos si
plácidamente o no- en situación de segundo grado en su domicilio. Ahí se ha producido no sabemos si una situación, de atrofia democrática, como dice el señor Olabarría, pero sin duda alguna de anormalidad y de trato preferente con una de las
personas responsable de una de las mayores vergüenzas en la historia de la democracia de nuestro país, como fueron los crímenes del GAL, crímenes gravísimos -28 asesinatos, torturas, secuestros y utilización y malversación de fondos públicos-, que
ojalá este país nunca vuelva a ver.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Escudero.



La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Señora Gallizo, en primer lugar quiero darle las gracias por su trabajo y mostrarle la solidaridad de mi grupo por el uso de su nombre por parte de personas que está probado que pertenecen a grupos terroristas
criminales. Tenga todo nuestro apoyo y solidaridad en momentos que me parecen injustos por el tratamiento que hacen de su persona y de su trabajo.



Entrando ya en el objeto concreto de su comparecencia, quisiera empezar diciendo que la situación del sistema penitenciario -lo hemos dicho muchas veces en esta Comisión- es compleja y difícil, debido a la saturación producida por el aumento
de la población reclusa, fenómeno también originado por la adopción de una determinada política criminal que ha puesto el acento en el endurecimiento de las penas y en el uso exclusivo y rígido de las penas privativas de libertad. El estado en el
que el actual Gobierno se ha encontrado los centros penitenciarios se debe a las reformas penales que se aprobaron en anteriores legislaturas y que no vinieron acompañadas de una adecuada política penitenciaria, como debiera haberse previsto. Todo
ello ha conducido a un aumento de la población reclusa, en concreto a un 33,4 por ciento en los últimos 8 años, con un total de 60.808 personas privadas de libertad en nuestro país en la actualidad, según datos ofrecidos por usted, señora Gallizo,
en su comparecencia del pasado 6 de junio en la Comisión de Interior del Senado. Este aumento no ha venido acompañado de la disposición necesaria de recursos, tanto en lo relacionado con la infraestructura como con el tratamiento individualizado de
cada uno de los internos, y ha supuesto una gran dificultad para la intervención resocializadora, que es el objetivo al que por mandato constitucional se debe dirigir toda la política penitenciaria.



El Gobierno asume, como no podría ser de otra manera, y tal como han puesto de manifiesto el presidente del Gobierno, el ministro del Interior y usted misma en esta Comisión, que la política penitenciaria es un eje esencial en las políticas
de seguridad, que son de máxima prioridad para la acción del Gobierno. Además, se ha comprometido de forma decidida a acometer una intervención global y planificada del sistema penitenciario para adecuarlo a la realidad social y delictiva, a la que
debe dar respuesta. Un buen ejemplo del compromiso adquirido en este sentido es la anunciada relectura de la Ley General Penitenciaria. A los problemas derivados de la saturación de los centros hay que añadir el deterioro de los edificios, las
necesidades sanitarias de la población reclusa, el aumento de la población extranjera y la aparición de nuevas formas de delincuencia relacionadas con el terrorismo islamista, el crimen organizado de carácter internacional, la violencia de género o
los delitos sexuales.



Señora Gallizo, desde mi grupo queremos felicitarla porque sabemos que es consciente de la realidad en la que se encuentran nuestras instituciones penitenciarias. Desde su llegada a la dirección general se ha empleado a fondo y de forma
seria a planificar una nueva política penitenciaria que no solo resuelva los problemas con los que se ha encontrado, sino que además se anticipe a las necesidades futuras, que van a ser muchas si se cumplen las estimaciones de crecimiento de la
población reclusa, que usted antes ha expuesto.



Para entrar de lleno en el plan de infraestructura, quisiera empezar trasladándole la satisfacción que nos produce su empeño en la actualización de lo que ahora llamamos el plan de infraestructuras, que tiene su origen en el plan de
amortización y creación de centros penitenciarios, aprobado por primera vez el 5 de julio de 1991, y que ha tenido en estos 14 años, tal como usted ha narrado en esta misma comparecencia, un total de seis actualizaciones o revisiones. Como nos ha
narrado, de lo previsto en el plan vigente, aprobado en el Consejo de Ministros de 24 de enero de 2003, a lo que finalmente fue ejecutado por CIES, quedó reflejado en la ejecución de cuatro de los siete centros-tipo previstos, una obra de reforma y
ocho de los 22 centros de inserción social que se anunciaron. Quedaron sin consignación presupuestaria los centros de Canarias, País Vasco y Navarra y también sin posibilidad de realizarse 14 centros de inserción social en distintas comunidades
autónomas. En ese sentido, tenemos que manifestar nuestra satisfacción, ya que era uno de los objetos de su comparecencia, por la situación de los centros penitenciarios en el País Vasco. Ha dado cumplida cuenta de las inversiones que van a ser
realizadas en los tres centros y sobre todo, y a mí me parece todavía más importante, de un nuevo centro penitenciario en San Sebastián y la construcción de tres


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centros de inserción social en cada una de las provincias del País Vasco.
Señora directora general, nos alegra su diligencia en resolver lo que estaba atascado, cuando no abandonado, y reconocemos su empeño en poner a disposición del
sistema las celdas necesarias para un mejor funcionamiento, pero somos conscientes, como usted misma, de que esta tarea requiere no sólo de compromiso político; también se necesita tiempo para poder realizar las correspondientes obras.



Hemos conocido que su dirección general está trabajando en la presentación de un nuevo plan de construcción de centros penitenciarios, que pretende aumentar el número de plazas penitenciarias, para poder atender a los problemas de saturación
y a la calidad de los servicios penitenciarios.
En este sentido, la anunciada previsión de construcción de siete nuevos centros y un total de más de 6.500 plazas antes de 2008 nos parece muy necesaria y adecuada. Igualmente, nos congratula la
apuesta por la construcción de numerosos nuevos centros de inserción social.



No voy a entrar a debatir ni siquiera a fijar la posición de mi grupo respecto de otros motivos de la comparecencia, como son las muertes en prisiones, que han sido suficientemente debatidas y explicadas tanto por el señor ministro como por
usted misma, ni tampoco, porque creo que usted lo matizará, la política de dispersión que se está llevando a cabo con algunos tipos concretos de presos, pero sí quisiera hacerle algunas consideraciones. Respecto del futuro inmediato, nos alegramos
de su anuncio de llevar en breve a la aprobación del Consejo de Ministros una nueva revisión del plan de amortización y creación de centros penitenciarios. Nos alegra aún más que este nuevo plan venga acompañado de un conjunto de medidas con las
que se pretende reorientar la política penitenciaria, reforzando la función constitucional de reeducación y reinserción social, desarrollando las penas alternativas a la privación de libertad, potenciando los tratamientos individualizados para
orientarlos a la reinserción y fomentando la cooperación institucional y la adecuada disposición de recursos que conforman esa tan necesaria y deseada modernización de nuestro sistema penitenciario. En este sentido, la preocupación por los recursos
humanos debe ser prioritaria. Nos alegramos, porque nos parece muy importante el trabajo para que haya un buen clima entre el personal del sistema penitenciario y el acuerdo firmado con las centrales sindicales mayoritarias.



Aun a riesgo de romper los límites formales de su comparecencia, el Grupo Parlamentario Socialista desea conocer algunas cuestiones que afectan de manera importante a la situación actual del sistema. Brevemente, voy a solicitar información
sobre algunas de ellas, aunque en su explicación anterior ha entrado en algunas de las que yo traía preparadas. También voy a reseñarle algunas otras que están entre las preocupaciones que seguramente comparten no solo el Gobierno y el grupo
parlamentario que le apoya y al que tengo el honor de representar, sino también el conjunto de los grupos del arco parlamentario. Quiero expresarle el interés de esta Comisión en conocer los contenidos del grupo de trabajo encargado de la relectura
de la Ley General Penitenciaria. Quisiéramos conocer también cómo va el proceso de transferencia de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas con competencia en la materia, en cumplimiento de la Ley 16/2003. Igualmente, nos gustaría
preguntarle sobre la culminación del traspaso de los profesores de educación general básica a las comunidades autónomas. Estamos preocupados por las nuevas obligaciones que va a tener el sistema penitenciario, derivadas de recientes reformas
legales que afectan de manera directa a las instituciones penitenciarias, especialmente de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, concretamente las relacionadas con el
tratamiento penitenciario de los internos condenados por delitos de violencia de género y con el cumplimiento de penas alternativas a la prisión de algunos de estos delincuentes. Nos preocupa el desarrollo del Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo
-usted ha hecho mención a él-, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente, así como el tratamiento de los reclusos condenados por delitos contra la
libertad sexual. Nos satisface mucho su planteamiento sobre cómo intervenir con las madres reclusas, que es una prioridad para el sistema penitenciario.



Por último, antes de ceder la palabra a mi compañero, el diputado Heredia, que va a intervenir en dos de las comparecencias solicitadas por mi grupo, quisiera solicitar que nos incorpore a la petición que la Comisión de Interior del Senado
ha hecho para la realización de algunas visitas a centros penitenciarios. Esta portavoz está especialmente interesada, pero seguramente ese interés es compartido por los demás grupos políticos con representación en esta Cámara.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Heredia, para continuar con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor HEREDIA DÍAZ: Señora directora general de Instituciones Penitenciarias, en primer lugar, quiero agradecer su información y su compromiso de impulsar mejoras en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.



Señora directora general, usted conoce perfectamente la situación del centro penitenciario; lo visitó cuando era diputada en la oposición y, posteriormente, el pasado mes de septiembre de 2004, ya como directora general. Entre los datos a
los que ha hecho referencia, uno de los más importantes es la reducción del número de reclusos en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre. Ha señalado que en un año se ha reducido en un 2 por ciento, pasando de 1.698, en mayo de 2004, a los
actuales 1.662. Me parece muy responsable que haya dado esos datos, porque podía haber utilizado el de 14 de marzo de 2004,


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cuando había 1.716. Por tanto, si comparásemos el momento en el que los socialistas ganamos las elecciones con el actual, el descenso habría sido todavía mayor, de un 3,4 por ciento. Luego, el primer dato es muy positivo.



También ha hecho referencia a un elemento preocupante, el hecho de que el 37 por ciento de los internos en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre comparte celda y que existe un índice de sobreocupación por encima de la media
nacional, pero esto es consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el anterior Gobierno del Partido Popular.



Usted ha dado al principio de su comparecencia unos datos tan gráficos como el que en la última legislatura, con el Partido Popular, se incrementó en un 30 por ciento el número de reclusos en nuestro país. El número de reclusos creció
aproximadamente en 12.000, mientras que las nuevas plazas creadas solo crecieron en 2.000; seis veces menos. Por esa política nos encontramos con problemas de sobreocupación en la inmensa mayoría de los centros de nuestro país, como es el caso de
Alhaurín de la Torre. Pese a que el Partido Popular pretende culparnos por ese problema, es la herencia que nos han dejado en los centros penitenciarios en general y particularmente en la provincia de Málaga.



Otro dato a destacar es que cuando usted fue nombrada directora de Instituciones de Penitenciarias se encontró con 26 actuaciones importantes por realizar. Algunas de las más importantes ya las ha señalado: la reparación de las cabinas, la
cocina, la red general de agua, los locutorios de comunicaciones y la enfermería. Tantas necesidades, hasta 26, se explican como consecuencia de la falta de inversión del anterior Gobierno. En el 2002 no se invirtió ni un solo euro, algo
absolutamente incomprensible, en el 2003 solo se destinaron 45.000 euros, y en el 2004 sólo tenían previstos 39.000 euros, cantidades ridículas que demuestran la absoluta falta de interés del anterior Gobierno. Lo primero que hicimos los
socialistas, y usted al frente de la dirección de Instituciones Penitenciarias, fue multiplicar por cinco la previsión, en el 2004, para el centro penitenciario de Alhaurín, llevándolo hasta los 205.000 euros. Para el presente año 2005 hay
previstos otros 149.000 euros más y nos consta que las previsiones de futuro de inversiones en la prisión provincial de Málaga son de enorme importancia.



Otro elemento que quiero señalar es la reinserción. Cuando gobernaba el Partido Popular las políticas de reinserción brillaban por su ausencia.
Sin embargo, usted ha destacado elementos tan importantes como la puesta en marcha de un módulo
joven que va a permitir la reinserción de las personas entre 18 y 23 años. Se están desarrollando hasta 15 cursos formativos para reclusos en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, mientras que con el anterior Gobierno del Partido Popular
-si no recuerdo mal los datos- únicamente había como media cuatro por año.
Además -último dato que me gustaría destacar-, ha habido un gran compromiso en lo que se refiere a incrementar la plantilla de funcionarios, una de las reclamaciones
históricas de los sindicatos en este centro penitenciario. En solo un año se ha incrementado en un 5 por ciento el número de funcionarios, se ha pasado de los 445 existentes en diciembre de 2003 a los actuales 466. Cabe preguntarse si un 5 por
ciento es mucho o poco, pero vamos a dar un dato comparativo con lo que hizo el anterior Gobierno del Partido Popular, que es perfectamente gráfico. El Partido Popular durante ocho años no solo no incrementó el número de funcionarios de la prisión
provincial de Málaga, sino que se permitió el lujo de reducirlo. En 1997 había 446 funcionarios y en diciembre de 2003, 445, uno menos. Queda claro su compromiso con el incremento del número de funcionarios. En definitiva, queda clara la política
que están llevando a cabo en este primer año de Gobierno con usted al frente de la dirección de Instituciones Penitenciarias de reducir el número de reclusos, realizar importantes inversiones, impulsar políticas de reinserción e incrementar el
número de funcionarios. Valoramos muy positivamente el conjunto de estas medidas.



La señora PRESIDENTA: Vamos a suspender por breves minutos la sesión de la Comisión. (Pausa.)


Señorías, estaba comentando con algunos portavoces que, aunque la sesión de la tarde está convocada formalmente a las cuatro y media, si estamos de acuerdo, podríamos empezar a las cuatro y nos permitiría terminar un poco antes.



Tiene la palabra la señora directora general para contestar a las intervenciones de los grupos parlamentarios.



La señora DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Voy a contestar, en primer lugar, al señor Olabarría porque tiene un poco de prisa. Iniciaba su intervención diciendo que yo había hecho una miscelánea de toda
la política penitenciaria debido a las características de los diferentes temas que se han unido aquí, pero si yo contestase a todas las preguntas que SS.SS. me han hecho y a todos los temas nuevos que han sacado esta mañana aquí haríamos el gran
tratado de la política penitenciaria, porque muchas de las cosas que se han planteado y que no figuraban en las preguntas dan de sí para hacer una comparecencia por sí misma. Voy a intentar responder a prácticamente todo lo que se me ha planteado,
sobre alguna de las cosas les voy a enviar un informe escrito para aligerar las respuestas, sobre todo en lo que se refiere a detalle de obras, sobre los que tengo los datos en este momento, pero quizás nos alargaríamos innecesariamente.



Entrando en la intervención del señor Olabarría, quiero decirle que comparto la reflexión general que hace sobre el cumplimiento del artículo 25.2 de la Constitución y lo lejos que estamos de hacerlo efectivo, como tantos otros preceptos
constitucionales o legales que tienen que conformar nuestra actuación, pero que luego


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resulta que en el transcurso del tiempo no hemos puesto los medios suficientes como para que eso se convierta en una realidad. Tan es así que yo -creo que ya lo he contado en esta casa en alguna ocasión-, cuando llegué a la dirección
general, aparte de algunos gestos simbólicos que hice en la primera semana y de los que no di cuenta a nadie más que a mí misma -me parecía que era importante hacerlos-, mandé hacer una placa con la reproducción del artículo 25.2 de la Constitución,
que está en el lugar más visible de cada uno de los centros penitenciarios y de los centros de inserción social de este país, para recordarnos permanentemente cuál es la finalidad de la institución penitenciaria.
Quizá no es cambiar muchas cosas,
pero sí es definir que tenemos que trabajar por eso.



Lo que vamos a hacer para tratar de acercarnos a ese objetivo está enmarcado en un plan estratégico que, como les he anunciado, se aprobará relativamente pronto por el Consejo de Ministros, que no solo es un plan de centros, como hasta ahora
se venía haciendo; hasta ahora, lo que se había hecho por los sucesivos gobiernos era aprobar un plan de infraestructuras penitenciarias. Nosotros queremos ir más allá y hacer un planteamiento global de cuál va a ser la política penitenciaria, no
solo en infraestructuras sino en general, que nos ayude a acercarnos a ese objetivo, plan que va a recoger algunas de las cosas que ya hemos puesto en marcha y estamos haciendo y otros proyectos que tienen que tener una dotación determinada o
requieren algunas medidas específicas para poderse llevar adelante. Por lo tanto, no es ésta la comparecencia en la que tenemos que explicar el conjunto de la política penitenciaria porque no es ése el objetivo.



En cuanto a la transferencia -y contesto también a la señora Lasagabaster-, si cree que no soy yo quien tiene que contestar, quizá no debería haberme preguntado a mí por esta cuestión. Es usted quien ha introducido este tema en el orden del
día y quien me ha preguntado cuál es la previsión del calendario de transferencias. Yo, como es mi obligación, vengo al Parlamento a contestar lo que se me requiere y se lo he explicado, quizá con demasiadas palabras y a lo mejor con menos hubiese
dicho lo mismo. Yo no quiero decir que no sea una materia transferible, ya sé que lo es; de hecho, la Comunidad Autónoma de Cataluña ya tiene esa transferencia desde hace muchos años. Lo que le he dicho es que el Gobierno no tiene previsto ni
estima conveniente hacer esta transferencia. Lo he explicado de una manera clara, pero quizá con decir esto hubiera sido suficiente, y no puedo decirle nada más.



Por lo que se refiere al señor Rodríguez Galindo -me han preguntado usted y otros portavoces, y creo que ya lo he explicado en la comparecencia-, tuvo una modalidad de cumplimiento que era resultado de la matización de la dirección general
respecto a una propuesta unánime del centro, que proponía tercer grado por razones de salud, a la que se une también un pronóstico favorable del centro. Como les he dicho, en el caso de las excarcelaciones por motivos de salud, no basta con que
exista un riesgo o un problema grave de salud, sino que tiene que haber un pronóstico favorable. Tengo algunas anécdotas personales en esta materia, he ido a centros y he visto personas que estaban muy mal y he pensado que tenían que salir, pero
cuando me han contado la evolución de la persona y lo que hizo en la última salida, he comprendido que tener una situación de salud deteriorada no siempre quiere decir que pueda estar en condiciones de integrarse en la sociedad, lamentablemente. En
este caso el centro proponía esto, nosotros matizamos esa propuesta en el sentido que le he dicho, una modalidad del artículo 100.2, y ha sido posteriormente el juez de vigilancia penitenciaria quien ha modificado esa situación y quien le ha puesto
en un régimen de tercer grado, con destino en el centro penitenciario de Zuera. Eso no quiere decir que esté cumpliendo en el centro penitenciario de Zuera, sino que las personas que, en Zaragoza, están en tercer grado dependen de ese centro
penitenciario. Algunas pernoctan en el centro de inserción social Las Trece Rosas, otras pernoctan en su casa con un dispositivo electrónico o están en una comunidad terapéutica; en fin, cada uno cumple en la modalidad pertinente y dependen de un
centro penitenciario, pero no quiere decir que estén físicamente en ese centro penitenciario. Ha habido algunas consideraciones de la representante de Izquierda Unida acerca de la humanidad y de que se tenía diferente tabla de medir. No acepto en
ningún caso esa opinión y no tiene S.S. dato alguno que justifique su afirmación. En el año 2004 han sido excarceladas por razones de salud 60 personas y por enfermedad incurable, 309. En el primero de los casos se ha incrementado el número de
personas excarceladas en un 35 ó 38 por ciento y, en el segundo de los casos, un 20 por ciento respecto de la etapa anterior. Cuando se dan las condiciones de un pronóstico favorable de la junta de tratamiento no hay por qué añadir una penalidad a
nadie; no tiene ningún derecho a decir que se ha aplicado un criterio que no se utiliza con los demás. Se ha aplicado nada menos que con 60 personas por razones de salud y con 309 por enfermedad incurable en un único año.



Dice también el señor Olabarría que deberíamos buscar el consenso sobre los centros nuevos del País Vasco. Estoy completamente de acuerdo en esta materia, no solo en esa comunidad autónoma sino en todas. Me gustaría trasladarles la
reflexión de que debemos acabar con una época en la que la construcción de un centro penitenciario era motivo de controversia por las repercusiones que podía tener su ubicación en uno u otro sitio.
Siempre hay alguien que encuentra el gran
inconveniente a que se ubique en un determinado sitio y nos encontramos con el contrasentido de que se demanda que haya un centro penitenciario nuevo porque el anterior está muy mal o porque no hay un centro donde cumplir las condenas cerca del
domicilio, pero no se quiere su ubicación en ningún sitio. Como yo no soy partidaria de hacer centros penitenciarios en barcos en mitad del


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océano ni en transbordadores espaciales, habrá que ponerlos en algún sitio. Espero que haya colaboración por parte de todos los grupos políticos hallar encontremos los sitios más adecuados y para que no hagamos de esto una materia de
confrontación. Es intención de este Gobierno buscar el consenso con todas las comunidades autónomas, tanto para establecer las necesidades de nuevos centros como para escoger el lugar en el que se ubican. En muchas ocasiones se necesita la ayuda
de la comunidad autónoma o de los ayuntamientos para disponer del suelo en el que pueda ubicarse esta instalación. Su opinión es siempre relevante y muchas de las materias que tienen una gran incidencia en nuestro sistema penitenciario son
competencia de las comunidades autónomas: la educación, la salud, la asistencia social, el trabajo y tantas cosas que tienen una repercusión directa que sería imposible actuar razonablemente si no nos coordinásemos con ellas. No sé si ha sido
usted o la señora Lasagabaster la que hablaba de macrocentros. No tenemos ninguna intención de hacer ningún macrocentro en el País Vasco. El centro en el que se está pensando, el de Martutene, es de tipo medio. No está definido todavía pero no
existe la idea de hacer un centro extraordinariamente grande.



En cuanto al alejamiento he intentado explicar que no es un objetivo sino una consecuencia de la política de dispersión. En unos casos hay personas que están a más distancia y otras a menos. Les he hecho una reflexión esta materia que
deberían estudiar. En este momento hay 2.000 personas de la Comunidad Autónoma de Canarias repartidas en centros penitenciarios de la Península por razones en este caso distintas, no de política de dispersión, sino porque no hay sitio en su
comunidad autónoma. Las personas que están sometidas a una política de dispersión no están en los territorios más alejados, no están en las islas ni en Ceuta ni en Melilla. No hay un castigo añadido porque sería incorrecto y no estaríamos
cumpliendo con nuestro objetivo. Enlazo con lo que decía usted relativo a que no hay que vulnerar la ley y a que no hay que hacer distinciones por el tipo de delito para los beneficios. Nosotros no podemos hacer más distinciones que las que hacen
las leyes, que en algunas materias establecen, como usted sabe, modalidades determinadas por razón del delito cometido. Estamos obligados, y creemos profundamente en ello, a defender la igualdad ante la ley y el respeto a la ley. Señor Olabarría,
yo he explicado que en la revisión de los beneficios penitenciarios la idea que nos guía es la de respeto a la ley, porque hemos detectado que esta posibilidad, que está pensada para las personas que quieren reinsertarse y abandonar la actividad
delictiva, se estaba utilizando fraudulentamente para conseguir beneficios distorsionando el objetivo último con el que están pensados los beneficios penitenciarios.
Esta Administración va a ser muy rigurosa, nosotros creemos profundamente en el
derecho de toda persona que quiere iniciar un proceso de reinserción y de resocialización, pero toda persona que quiera utilizar los instrumentos del Estado, los que sean, para mantener una actividad delictiva y para reírse del propio Estado, en
nuestra casa no va a tener ninguna facilidad, y se lo quiero decir con claridad.



Yo no he abierto ningún proceso a nadie, por un artículo periodístico eso tendrá que determinarlo el juez a la vista del informe que le haga el fiscal. Pero quiero recordar que uno de esos artículos que son materia de esta cuestión, como ha
citado la diputada del Partido Socialista, lo dedica a mí y a los directores que yo he nombrado y en términos no muy amables. No sé quién hacía una reflexión sobre los privilegios a los presos de ETA, creo que era la diputada del Partido Popular.
No sé si usted se ha leído este artículo de este señor, en el que habla de cuál es la opinión que tienen los presos de ETA sobre lo que hace la Administración penitenciaria respecto a ellos. Yo creo que sobran los comentarios.



No sé si contesto a todas las preocupaciones del señor Olabarría. S.S. ha hecho referencia a los suicidios en Nanclares. Aunque luego hablaré más extensamente del tema de suicidios, como usted hacía referencia al último que se había
producido en ese centro, quiero decirle que es una materia muy difícil. Es muy difícil evitar determinadas cosas. Yo no sé si conoce usted este caso. Este señor había ingresado en el año 2001 en Valencia, había sido trasladado ahora a Nanclares y
cumplía una condena de 25 años porque había asesinado a su mujer y a sus tres hijos de 10, 7 y 5 años.
Tenemos que poner todos los medios que estén a nuestro alcance, estamos haciendo todas las cosas que creemos sinceramente que se pueden hacer,
pero también he dicho que es una materia muy difícil que afecta a muchas cosas. Es muy difícil incidir en el deseo de vivir de alguien. Quizá en una política a medio plazo, cambiando muchas cosas en la sociedad y en nuestra actuación, consigamos
avanzar algo, pero es muy difícil evitar esto y tener controladas las veinticuatro horas del día a las 52.000 personas que tenemos en nuestro sistema. Hay veces que el sistema falla, sobre todo cuando hay casos de estas características. Por otra
parte, esta persona tenía un comportamiento normal, no tenía síntomas de depresión, trabajaba en un taller y nada hacía esperar que en un momento, por lo que sea, tomara esta decisión. A mí me quita el sueño este tema, pero es dificilísimo que
encontremos una solución mejor. Si no contesto a alguna de sus preocupaciones, estaré encantada de proporcionarle posteriormente la información que le parezca que en este caso es insuficiente.



Pasando a la intervención de la señora Lasagabaster, he contestado en cuanto a la transferencia de competencias. Por supuesto que es posible hacer la transferencia de la ejecución, porque es una materia transferible y además la comunidad
autónoma la tiene en su estatuto, pero, como le he dicho, el Gobierno no la tiene prevista.



En cuanto a los centros del País Vasco, también lo he dicho, queremos tener una actitud de diálogo y de colaboración con las instituciones vascas. Tomo nota de ello con más responsabilidad si cabe por haber sido planteado en sede
parlamentaria; vamos a esforzarnos más en esta


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materia, aunque creo que tenemos esa voluntad, pero también le digo que todavía estoy esperando la reflexión y el análisis que el Gobierno vasco o alguna de sus consejerías han hecho sobre las posibles alternativas de política penitenciaria
y las ideas que desde dicho Gobierno vasco se apuntan. Estaría muy interesada en saber qué reflexiones se hacen, pero no han tenido la amabilidad de trasladármelas, así que tampoco es fácil que sepamos qué es lo que se piensa.



En los centros del País Vasco, como en todos los centros, hay muchos problemas de salud. Me quiero referir en concreto a la situación que tenemos en nuestro sistema en cuanto a problemas de salud, también mencionados por alguien. Tenemos
una población penada que, en la mayor parte de los casos, cumple condena por delitos relacionados con su adicción a las drogas y esa adicción les ha ocasionado múltiples problemas de salud; tienen una salud muy deteriorada, no es que se pongan
enfermos cuando vienen a los centros penitenciarios, sino que, al revés, en muchas ocasiones es la oportunidad que tienen muchas personas para poder cuidar su salud, cosa que en la calle no hacían hace muchos años.
Eso también es una virtud, entre
comillas, del sistema penitenciario, ya que para muchas personas es la oportunidad de tener un tratamiento que no habían tenido hasta ese momento. Pero nosotros somos receptores de un tipo de población que es muy compleja, que tiene muchas
patologías, a veces patologías múltiples asociadas de tipo también psiquiátrico, que tienen que ver con su adicción a las drogas y, por lo tanto, esa es una cuestión muy difícil que tenemos que tratar de resolver y para la que necesitamos, sin
ninguna duda, la colaboración de las comunidades autónomas, porque la sanidad es una competencia en este momento transferida, aunque nosotros conservamos una parte de la sanidad penitenciaria. Alguien me ha preguntado también -creo que ha sido la
representante del Grupo Socialista- qué estamos haciendo para transferir esto. Estamos llevando a cabo en este momento una maratón de reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas para ver qué problemas concretos hay para hacer esta
transferencia, porque es una transferencia que tiene muchísimas dificultades y nadie había estudiado cómo afrontarlas. El cuidado de la salud tiene que ver con el tratamiento, con la privación de libertad y con el régimen que tiene cada una de las
personas; se integra dentro de la actividad penitenciaria y hay que saber cómo se arbitra eso para que, estando en el ámbito de la comunidad autónoma, se pueda desarrollar coordinadamente con la actuación penitenciaria. Respecto a esta cuestión
espero que, después de esta maratón que vamos a hacer con todas las comunidades autónomas, mejore todavía más la asistencia que se presta y les vuelvo a repetir que es una buena asistencia y que para muchas personas es la oportunidad que tienen de
cuidar su salud, cosa que hasta este momento no era así.



He dicho que no había previsión de centros de inserción social en el País Vasco y que nosotros los hemos incorporado en ese plan, que obviamente no presento aquí porque esta no es una comparecencia para ello. Si hubiera sido así, yo les
habría dicho que no era procedente hacerla hasta que el plan no esté aprobado, pero sí les he manifestado la intención de incorporarlo y de que eso va a ser así.



Sobre el señor Rodríguez Galindo ya he reitado las explicaciones pertinentes, pero también quiero decirle, señora Lasagabaster, que no le voy a dar a su señoría, ni de esta persona ni de ninguna otra de las que están bajo mi responsabilidad,
como usted me ha pedido, una información médica periódicamente, porque eso forma parte de la intimidad de las personas y no vamos a estar pasando aquí el historial médico de nadie. En este caso es público y notorio que esta persona -les he leído
cuál es la valoración que se hacía por parte del centro penitenciario porque es un documento público de la junta de tratamiento acerca de su estado de salud- ha sido objeto de intervenciones posteriormente, después de su excarcelación, y me parece
que es muy exagerado que pidamos, de ninguna persona, aunque esté privada de libertad, que tengamos que hacer un seguimiento de los informes que nos dan los médicos, entre otras cosas porque no nos los proporcionarían porque afecta a la intimidad .
En todo caso es una valoración que tiene que hacer el centro y lo hace de una manera periódica y ustedes tienen que confiar en que lo hacemos de una manera razonable. Si no confían en eso, es muy difícil que yo les convenza de lo contrario.



A la representante de Izquierda Unida le he contestado a su pregunta y me he enfadado por las cosas un poco fuertes que me ha dicho, porque no se corresponden con la realidad de lo que se está haciendo desde esta dirección general, en la que
hay una política de aplicación humanitaria de nuestro sistema penal, siempre que sea posible, que no siempre lo es, Pero siempre que sea posible, hay una apuesta decidida en esa dirección y no hay ningún trato de privilegio respecto de nadie. Sobre
las situaciones de los condenados en una o en otra causa no soy la más adecuada para contestarla en este momento.



Por lo que respecta a la intervención del Partido Popular, quiero agradecer también a la señora Sánchez-Camacho el tono de su intervención, como ella ha hecho conmigo, y le agradezco mucho más la voluntad que manifiesta de contribuir desde
la oposición a la política penitenciaria.
Creo que esa es una extraordinaria intención y que conlleva también el ejercicio de la crítica, como es natural, y es un elemento indispensable para que podamos trabajar adecuadamente, porque si no existe
la crítica y la discrepancia, no existe la democracia, y si no existe la democracia, casi nada vale la pena. Por tanto, tenemos que ejercitar ese diálogo sabiendo que habrá puntos de discrepancia, pero tenemos que valorar los puntos de encuentro
que, como usted misma decía, son más que los de discrepancia. En este nuevo espíritu no quiero entrar a polemizar sobre si el Partido Popular completó las infraestructuras que inició


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el Partido Socialista o no hizo previsión. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre esa materia. Lo que hicimos unos y otros ahí está, lo que se programó y lo que se adelantó.



Me gustaría resaltar una de las cosas que he dicho en mi intervención y es que, al margen de los cuatro centros que se pensaba realizar, no había una previsión a más largo plazo, eso dificulta mucho porque para hacer una previsión a más
largo plazo hay que hacer muchas cosas antes. Usted me decía que se ha perdido un año de trabajo. No, no se ha perdido un año. Hemos trabajado con una intensidad inimaginable durante un año, no solo para poner en marcha y desbloquear los procesos
-y le pasaré una información detallada de todo lo que se ha hecho en Estremera, en Morón y en otros centros para desbloquear cada uno de los procesos, porque, a veces, hay cosas que cuando se escuchan parecen insignificantes: faltaba una pequeña
parcela por expropiar; pues es que si no se acaba de expropiar esa parcela, no se puede iniciar nada, por tanto, ese es un elemento muy importante y lo explicaremos con todo detalle-, sino que hemos hecho un trabajo exhaustivo, nosotros y la
sociedad estatal, de contactos variadísimos y múltiples en muchas comunidades autónomas con el fin de tener posibilidad de disponer de terrenos en los que ubicar nuevos centros penitenciarios allí donde nos parece que hay que hacerlo.
Nosotros no
podemos presentar un plan a aprobación del Consejo de Ministros diciendo -como alguna vez se ha hecho, pero yo creo que no se debe de hacer- que hay que hacer un centro penitenciario en no sé dónde, sin tener un avance de que es posible hacerlo y de
que tienes, si no un principio de acuerdo, por lo menos una posibilidad muy viable para hacerlo. Esto, señoría, le aseguro que tiene una enorme dificultad y en algún caso, como es el de Canarias, una dificultad extraordinaria que ha hecho que
varios gobiernos tirasen la toalla en este territorio. Yo no quiero tirarla y sé que cada vez que hablamos del tema de Canarias se disparan todas las alarmas y todos los municipios de Canarias dicen que por qué en su sitio. Yo he dicho cuál es
nuestra opinión. El tema de Canarias no se puede soslayar, es una necesidad urgente e imperiosa.
Vamos a tratar de buscar una ubicación consensuada y acordada por todo el mundo, pero si no, el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad e ir a
la expropiación, porque un archipiélago que además tiene tanta importancia desde el punto de vista estratégico y del turismo tiene que tener muy organizada su seguridad, y en este momento hay unos centros penitenciarios muy insuficientes. La
solución aportará seguridad y será bueno para el desarrollo de la isla y para el turismo y tenemos que asumir esa conclusión. Cuando digo esto me refiero también a la dificultad que hay para obtener suelo en Ceuta y han sido múltiples las reuniones
que hemos tenido con unos y con otros y con diversas administraciones para tratar de presentar una alternativa razonable. Lo mismo diría en todos los demás sitios. Es decir, no es un año en el que no hayamos hecho nada, sino que es un año en el
que hemos trabajado para poder presentar un plan viable en el que todas las propuestas tengan ya un avance de acuerdo para que puedan materializarse. No sé qué argumentos usar para convencerles, pero desde luego en esta dirección general se trabaja
muchísimo, sobre todo en esa materia, porque lo necesitamos, es una necesidad tan imperiosa la de disponer de nuevas plazas que no nos podemos permitir ninguna dilación en este sentido.



¿Van a estar los cuatro centros que se inician ahora acabados en esta legislatura? Nuestra intención es que estén finalizados antes de que finalice esta legislatura, -yo no sé exactamente cuándo va a finalizar esta legislatura-, si finaliza
en el momento previsto, porque si sucediese otra cosa, no puedo aventurar que podamos acelerar los planes.
A mí ya me gustaría inaugurar los cuatro. Como usted se imaginará, el objetivo de todo Gobierno es que las obras que inicia las pueda
concluir y no que las inauguren otros. Por tanto, ese es nuestro objetivo.
Queremos adaptar el calendario para que se puedan inaugurar en esta legislatura y también queremos que en la misma se inicien varias obras, pero insisto en que el
calendario concreto va en el plan, pero hasta que ese plan no esté aprobado por el Consejo de Ministros yo no puedo ir más allá.



Me pregunta usted por las visitas de inspección que hemos hecho. Se trata de una nueva filosofía que tenemos en la dirección general. Creemos que el servicio de inspección no tiene que servir únicamente para los problemas regimentales o
disciplinarios de los funcionarios dentro de nuestro sistema, sino para valorar la calidad del mismo y para conocer cómo están los centros penitenciarios y sus carencias. Todavía no tenemos el informe completo porque se ha iniciado esta nueva
política este año, pero nos están dando una radiografía bastante más exacta de cómo está nuestro sistema penitenciario, parte de la cual hemos utilizado ya para la elaboración de nuestro plan estratégico, que incluye no solo, como les decía, los
grandes centros sino también las obras de reforma de los centros viejos y las obras de adecuación. Será mejor que esperemos a que el plan esté aprobado para que podamos hacer una comparecencia más detallada sobre esta cuestión.



También ha hecho usted referencia a los funcionarios. Como usted sabe, hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos que representan a la mayoría de los funcionarios, aunque lamentablemente no con todos los sindicatos. Me gustaría, y así
lo espero, que se acabasen incorporando todos los sindicatos a este acuerdo, porque la valoración es bastante positiva no solo en cuanto a las mejoras económicas sino también en cuanto al compromiso de incrementar la oferta de empleo, así como en
otras materias. También quiero decirles que por mucho esfuerzo que hagamos en las próximas ofertas de empleo, que lo vamos a hacer -lo hemos hecho este año y lo haremos en las posteriores-, no vamos a resolver de una manera demasiado fácil la
distorsión que se ha creado por el gran incremento producido en la población penitenciaria respecto al incremento de la plantilla de


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funcionarios. Por lo tanto, hasta que se equilibre, inevitablemente va a pasar un tiempo.



Como señalo en todas las comparecencias, seguimos manteniendo el objetivo de un interno por celda. Usted me dice que es muy difícil de cumplir.
Efectivamente, es muy difícil cumplir este objetivo en este momento, pero un objetivo es
siempre un objetivo, y si deja de serlo, es mucho más difícil de cumplir. Por tanto, nosotros vamos a trabajar para que se cumpla en el menor plazo de tiempo posible y estamos actuando en esa dirección con una multitud de propuestas que, cuando
hagamos una comparecencia para hablar de ello, detallaremos de forma más precisa.



Respecto al tema de los fallecimientos en los centros penitenciarios, usted dice que es insuficiente lo que se hace para evitarlos. Tiene usted razón, es insuficiente, todo lo que hagamos será insuficiente. ¿Por qué? Porque nos
enfrentamos, primero, a una realidad muy dura, muy difícil y sobre la que inciden muchísimos factores, por ejemplo, la propia evolución del sistema penal -como hemos dicho ya en alguna ocasión, aunque hoy no he hecho referencia a esto- porque, como
ustedes saben, dentro del análisis que hemos realizado, el hecho de que algunas personas que están en centros penitenciarios tengan más dificultades para acceder a permisos o para acceder a situaciones de semilibertad es un factor que ha incidido
muy negativamente en el ánimo de las mismas. También hemos señalado que tenemos personas con importantes patologías de todo tipo, particularmente patologías psiquiátricas, que son muy difíciles de afrontar, especialmente de una manera inmediata.
Hemos explicado la incidencia que está teniendo sobre todo en este último año el rechazo social que provocan determinados delitos y que lleva a que las personas que están en privación de libertad tengan una actitud de menor autoestima cuando son
conscientes del delito que han cometido y del rechazo social que producen. Lo que quiero señalarles es que sobre nuestro sistema penitenciario aterriza la mayor parte de los problemas de la sociedad y nosotros no tenemos los instrumentos para
resolverlos todos; ojalá tuviésemos todos los instrumentos, pero tenemos que llevar a cabo una acción que combine y que coordine las acciones de todos: las acciones del Plan contra la Droga, las acciones contra la violencia de género y las
acciones reeducativas en esta materia, así como por nuestra parte tenemos que mejorar todo lo que hacemos. Usted nos dice que hay que crear una comisión. Es imprescindible diagnosticar correctamente para poder afrontar un problema. Nosotros
hicimos una primera comisión que hizo un diagnóstico de carácter general y después reeditamos la Comisión para que sobre el tema de los suicidios -se había hecho sobre muertes, con carácter general- se hiciese un estudio más detallado y que
resumidamente ya les he trasladado. También les he dicho que producto de este estudio, en la parte que nos toca, hemos tomado algunas medidas que no paso a detallar porque son demasiado específicas, de cómo se tiene que hacer la observación de cada
uno de los internos cuando entra, cuando está en ingresos, de cómo el psicólogo del centro tiene que prestar más atención en ciertos aspectos a la hora de tratarlo, de cómo trabajar en aislamiento; además estamos haciendo un nuevo programa que
tampoco existía dentro de la institución penitenciaria sobre el tratamiento de las personas que están en este régimen más restrictivo, en el régimen de aislamiento, precisamente para evitar las consecuencias más negativas que tiene sobre ellos.
Señorías, lo que quiero transmitirles es que hay muchas cuestiones de fondo que atraviesan nuestro sistema, como las dificultades de la libertad condicional, que es producto de una determinada regulación legal; la violencia familiar y de género y
la repercusión social que esto tiene; patologías psiquiátricas, etcétera, a lo que tenemos que hacer frente de una manera diversificada y, por nuestra parte, tenemos que extremar los controles y las cautelas en la medida en que nos corresponde y
mejorar la atención sanitaria. Este sí que es un punto muy deficiente que tiene mucho que ver también con los acuerdos con las comunidades autónomas. Como les he explicado, la atención especializada en materia psiquiátrica, como toda la atención
especializada, es competencia de las comunidades autónomas y tenemos conveniado con ellas cómo desarrollarla. En este sentido hay que mejorarla, que es una de las cosas que queremos plantear en esta ronda de reuniones bilaterales que vamos a tener
con cada comunidad autónoma, porque creemos que hay que hacer un esfuerzo suplementario al que se está realizando en este momento en el sistema penitenciario para la atención psiquiátrica, que es una de las fuentes de nuestros problemas.



Me pide usted que haga una referencia expresa al Pacto por las libertades y contra el terrorismo y por supuesto no tengo ningún reparo en hacerla.
Si no lo he mencionado, no ha sido de manera intencionada ni muchísimo menos. Le vuelvo a
reafirmar que la política penitenciaria no se ha movido absolutamente nada de lo que se dispuso en el Pacto por las libertades y contra el terrorismo y que el Gobierno tiene la firme convicción de seguir manteniendo esa política.



En cuanto a las redenciones y los beneficios penitenciarios, también lo he explicado. Nosotros hemos hecho algo más que revisar si podía haber habido fraudes en la aplicación de estas redenciones. Hemos reformado la instrucción que regula
el acceso a las mismas precisamente -como he dicho en mi primera intervención- para vincularlas a la valoración de la evolución positiva de los internos desde el punto de vista de la rein serción.



No se está valorando, señoría, la posibilidad de reagrupar a los internos de ETA en ningún centro penitenciario. En su día salió esa información y ya lo desmentimos y hoy he sido muy clara, pero no tengo el menor inconveniente en volverlo a
reiterar, porque ni hay ni ha habido ni hay previsión de que haya ningún movimiento en ese sentido. Desde luego, ya le he dicho antes que no creo que se pueda acusar a esta Administración


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de hacer ningún trato de favor a los internos acusados por terrorismo; tampoco de que haya ningún ensañamiento, porque pienso que nadie creemos en esta estrategia -no me acuerdo del título que la define -que significaría una perversión y un
ensañamiento a la hora de tratar con determinadas personas condenadas. Eso es impropio del Estado, porque el Estado lo que tiene que hacer es aplicar con rigor, claridad y firmeza las leyes y los reglamentos vigentes y cumplir con su deber, cada
uno en el lugar en el que estamos.



Respecto a la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar quiero agradecer a la representante del mismo su apoyo personal en lo que me toca. Ya sabe S.S. que casi siempre este no es un puesto muy fácil ni muy
agradecido, por lo que no va mal tener a veces un poco de apoyo personal. Le agradezco, como no puede ser de otra manera, el apoyo a la política que vamos a desarrollar, porque si el grupo que da soporte al Gobierno no apoya la política que vamos a
hacer, desde luego nada tendría sentido. En este caso con mayor motivo nos tenemos que felicitar de que haya una conjunción en las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista y del Gobierno en esta materia.



Respecto del plan de infraestructuras, como decía antes, debería ser en su momento objeto de una comparecencia cuando esté aprobado para que podamos detallarlo. Les anuncio que la revisión que vamos a proponer va a ser muy ambiciosa y va a
introducir cambios en muchas materias y sobre todo muchas nuevas infraestructuras. Hace falta tiempo para desarrollar las nuevas infraestructuras y, como he dicho antes, apoyo; hace falta que evitemos la polémica y el uso partidista de esta
cuestión y que hagamos política de Estado. No le voy a adelantar los contenidos a los que ha llegado al grupo de trabajo de relectura de la ley porque no me han trasladado todavía de manera oficial el resultado de su trabajo; han finalizado tal y
como estaba previsto, la próxima semana tengo una reunión con la comisión que los ha hecho, y estoy segura de que dichos trabajos serán interesantes y muy útiles para nuestro futuro, pero en este momento no puedo adelantarlos.



En cuanto a la transferencia de la sanidad penitenciaria, hemos hecho el esfuerzo de poner en marcha el proceso porque, aunque estaba prevista en la ley, no se había iniciado de ninguna manera. Hemos comenzado con las primeras reuniones y
hemos visto que es un proceso muy complejo. Las comunidades autónomas nos han pedido un poco de tiempo y que de una manera bilateral analicemos con cada una de ellas cuál es la situación para facilitar esta transferencia y eso es lo que vamos a
hacer. Esta directora general se ha comprometido a reunirse en el plazo de tres meses con todas las comunidades autónomas en reuniones bilaterales para poder afrontar esto, sin que suponga ralentizar los trabajos de la comisión, lo cual significa
un trabajo suplementario y añadido que espero que podamos desarrollar si las fuerzas nos lo permiten.



En cuanto al traspaso de profesores, también hemos tratado de cerrarlo.
Está prácticamente concluido, a falta del caso de Aragón, que, aunque hay un principio de acuerdo, todavía está pendiente, y el del País Vasco, porque la Administración
autonómica no es muy favorable a aceptar este traspaso, por razones fundamentalmente de política de transferencias, ya que entienden que tiene que ser la transferencia total del conjunto de la responsabilidad y de la materia penitenciaria y no
parcelada; es decir, tiene una argumentación detrás, no es que se nieguen porque sí. En cualquier caso, tengo que decir, en honor a la verdad, que la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque no haya aceptado el traspaso de los profesores y no se
sepa qué posición va a tener sobre el tema de la sanidad penitenciaria, está siendo muy colaboradora en esta materia con Instituciones Penitenciarias y facilita muchos programas complementarios que se pueden hacer en los centros.



Respecto a las nuevas obligaciones derivadas de la Ley integral contra la violencia de género, también estamos tratando de ponernos en marcha para afrontar todas las tareas, que son muchas y muy complejas, que nos atribuye dicha ley, para lo
cual necesitamos medios y emprender nuevos programas, cosa que estamos haciendo y además con una voluntad muy decidida de trabajar de manera muy rigurosa en esta materia, porque creemos que el sistema penitenciario tiene que servir para su
finalidad.
Cuando en este caso la Ley integral contra la violencia de género o en otros la reforma del Código Penal establecen medidas alternativas o modalidades de cumplimiento de trabajo en beneficio de la comunidad, tenemos que garantizar que se
hace con el suficiente rigor como para que no se convierta en algo que al final no signifique una pena y que por tanto no tenga ningún valor. Eso requiere que hagamos serios programas de control tanto en el caso de la Ley integral contra la
violencia de género como en otros terrenos. Hemos tenido una reunión de trabajo con la Federación Española de Municipios y Provincias porque queremos trabajar de una manera conjunta para ver cómo vamos a crear todos estos puestos de trabajo en
beneficio de la comunidad que nuestro sistema necesita, que no existen en este momento y que para ponerlos en marcha los ayuntamientos necesitan una cierta dosis de apoyos y de puesta al día de su propio sistema.



En cuanto a la propuesta que usted me hace de visitar los centros penitenciarios, estaré encantadísima no sólo de facilitarles la visita, sino en acompañar a una representación de esta Comisión a visitar el centro que ustedes elijan, porque
creo que es la mejor manera de ver en la realidad y en la práctica cuál es el trabajo que se hace, cuáles son las dificultades que tenemos y cuáles son las carencias que tiene nuestro sistema. Por tanto, cuando ustedes fijen la fecha, la directora
general estará encantada de acompañarles en esa visita.



Finalmente, voy a contestar a la intervención del señor Heredia. Es verdad que hemos hecho el esfuerzo de reducir un poco el número de personas internas en el


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centro penitenciario de Málaga, pero tengo que decirle a renglón seguido que yo no prometo nada -no sé si está el señor Heredia, pero si no ya se lo transmitirán-, no prometo nada porque esa es una zona muy compleja.
Hacemos el esfuerzo que
podemos, pero como ustedes saben, porque además es materia tratada en los medios de comunicación constantemente, se producen a veces determinadas operaciones policiales que nosotros no tenemos más remedio que acoger en nuestros centros
penitenciarios, y cuando están a disposición judicial y preventivos tenemos que tenerlos en el centro penitenciario en el que se desarrolla esa acción judicial. Es verdad que existen actuaciones pendientes. Hemos modificado el presupuesto porque
ese es un centro difícil, complejo, con mucha ocupación y además con una tipología delictiva muy difícil y muy preocupante y, por tanto, es uno de los centros al que tenemos que prestar una mayor atención. Quería decirle al señor Heredia que es
exagerado decir que las políticas de reinserción brillaban por su ausencia, como ha dicho de una manera muy contundente; primero, porque eso significaría dejar en muy mal lugar a muchos profesionales de esta institución que están desde hace
muchísimos años muy comprometidos con las políticas de reinserción y que están trabajando con mucho empuje y con mucha dedicación en esta materia. Una cosa es que nosotros hayamos puesto los programas de tratamiento y la política de reinserción en
un lugar más preeminente, que le demos más importancia, y otra cosa es decir que no se estaba haciendo nada y que brillase por su ausencia, y eso es muy exagerarlo decirlo.



No sé si he contestado a todas las cuestiones que ustedes me han preguntado. Sé que algunas cosas concretas seguramente no están contestadas con toda la precisión que les gustaría, pero en todo caso me comprometo a facilitarles toda la
información complementaria que me requieran, como siempre hacemos, en un plazo de tiempo breve, como por otra parte está establecido.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora directora. Yo creo que realmente, por lo que yo he podido seguir, se ha contestado casi todo, pero en cualquier caso, si los grupos quieren hacer una intervención breve de dúplica, tienen
derecho a hacerla.



Señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Casi no sería ni de dúplica ni réplica, sino simplemente aportación constructiva. Se ha interesado la directora general por una reflexión que hay en el ámbito del Gobierno vasco sobre la ejecución penal y
penitenciaria. Desde luego yo no soy el Gobierno vasco, no pretendo serlo, es Poder Legislativo, y respeto profundamente la autonomía del Gobierno vasco y más todavía cuando se trata de un Gobierno en funciones como éste. En el caso de que
tuviéramos alguna responsabilidad en el próximo Gobierno, evidentemente contaría para que hubiera esa influencia, para que usted pudiera tener esos datos. En todo caso, dato por dato, también parecería razonable que la directora general informara
sobre las reflexiones que han llevado a entender la nueva ubicación de la cárcel de Martutene.



Refiriéndome a lo que yo represento, ya que soy la portavoz de Eusko Alkartasuna en el Congreso de los Diputados, nos gustaría que nos contestara a la pregunta que le hicimos el 28 de marzo sobre esta cuestión, a la que todavía no hemos
recibido contestación. No lo he dicho en mi primera intervención porque no era una cuestión relevante, pero nos gustaría disponer de esa información sobre temas muy concretos relativos a Guipúzcoa -territorio de la que soy una de sus
representantes- de los que solo nos hemos podido enterar por la prensa. Como aporte constructivo, me gustaría que pudiéramos disponer de esa información.
Usted ha sido parlamentaria -una buena parlamentaria- y sabe que es obligación de un
parlamentario conocer los datos y la información.



En relación con determinados documentos, no he hecho un análisis jurídico sobre si a un diputado o a una diputada le ampara el artículo 7 del Reglamento para el acceso a documentos sobre la investigación o sobre si nos ampara una posible
petición del documento que le he indicado. No sé si es así o no; en todo caso, no tengo una especial requisitoria a este respecto. Es posible que tuviéramos acceso -no digo que no- en relación con el artículo 7, pero no sé que tipo de documento
puede ser calificado de confidencial, quizá porque esté en un sumario judicial. Simplemente, considero que nuestra obligación como parlamentarios no es la de tener confianza en la Administración, la podemos tener de forma genérica, pero una de las
obligaciones de los parlamentarios es precisamente controlar a la Administración y dentro de esta está el gobierno de las instituciones penitenciarias. Lo que pedía era una cuestión derivada de nuestra propia competencia de control de la
Administración de la que somos titulares como diputados. Ahora bien, si no corresponde tener conocimiento de alguno de los documentos que existen en la Administración por ser parte de un procedimiento judicial o porque afectan a otra serie de
cuestiones que están perfectamente tasadas, hay que respetarlo. Tengo mis dudas -todavía no lo he estudiado-, pero lo que le he pedido formaría parte del control parlamentario normal; no lo pido porque tenga poca, mucha o nada de confianza en la
Administración sino porque es nuestra labor como parlamentarios controlar a la Administración.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Izquierda Unida, señora Navarro.



La señora NAVARRO CASILLAS: Intervendré brevemente, señora presidenta. Lo que se ha manifestado por parte de esta portavoz es una inquietud no solo de mi grupo parlamentario, sino también de una gran parte de la ciudadanía. Además, se
trata de uno de los apartados


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de la historia de los que el Grupo Parlamentario Socialista no creo que pueda estar precisamente orgulloso, por no hablar de mantas que van y que vienen, que les dan más calor a unos que a otros.



Respecto a los datos que me ha dado la directora en cuanto al número de presos que han sido excarcelados -60 por razones de salud y 309 por enfermedad incurable-, es muy positivo que se hayan incrementado los porcentajes, como se ha
manifestado, en más de un 20 por ciento y en más de un 34 por ciento, pero son muy pocos presos en comparación con el número de presos existentes. Estamos hablando de más de 60.800, de los cuales un 80 por ciento son penados con enfermedades
bastante dramáticas a las que la propia directora general ha hecho referencia. Los datos que me ha dado no me consuelan, sino que más bien me ratifican en lo que he manifestado.



La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez-Camacho, tiene la palabra.



La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Hablando de consuelos, poco consuelo es, dada la hora, que voy a tener usar el turno de intervención. Lo siento por todos los que formamos parte de esta Comisión y llevamos ya mucho tiempo reunidos,
empezando por la propia directora general, pero no podía dejar de utilizar este turno, señora directora general, para reiterar mi primera intervención y reiterar que en el espíritu constructivo del Partido Popular también radica la crítica de la
gestión que se pueda llevar a cabo y que se ha estado llevando a cabo.



Debo repetir las valoraciones que se han hecho en la primera intervención.
Desde el punto de vista de creación de infraestructuras penitenciarias, este año es un año absolutamente perdido. Sin duda se ha estado trabajando en el ministerio,
no hemos dicho que no, ni muchísimo menos, ni que su dirección general sea una de las que no trabajan -seguro que está trabajando mucho-, pero a pesar de las promesas electorales que ustedes fijaron y a pesar de las críticas acérrimas que ustedes
realizaron a la gestión del Partido Popular, creo que ahora está usted comprobando las dificultades que tiene gobernar, las dificultades que tiene gestionar y las dificultades que tiene llevar a cabo el cumplimiento de las promesas electorales,
ofreciendo celdas e infraestructuras penitenciarias en periodos de tiempo puntuales. Le vuelvo a reiterar -y usted lo sabe muy bien-, los datos de la población penitenciaria, que en el año 1996 eran 38.600 personas; y en el año 2005 estamos en
52.600 en el ámbito de la Administración Central del Estado, porque estamos computando las 8.300 correspondientes a la gestión de los centros penitenciarios por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Le vuelvo a reiterar -aunque no quiera
seguir haciéndolo- que con el Partido Popular se han producido 15.500 plazas, de las cuales incluso he sido extraordinariamente optimista a la hora de realizar las valoraciones de amortización y las hemos dejado en 10.000, lo que se contradice con
intervenciones como la del señor Heredia, por ejemplo, dando datos absolutamente erróneos e imponderables. Son insuficientes pero vuelvo a decirle que usted en este año no ha aportado más que los cuatro centros que ya estaban programados y
planificados en acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de enero. Seguro que están trabajando en un plan de futuro, sin duda alguna, pero tengo que confiar, y este grupo parlamentario también, en su palabra, porque usted no ha presentado hoy aquí
nada más que proyectos y nos ha afirmado que va a ser un plan global, que va a ir más allá de la previsión y la planificación de infraestructuras penitenciarias. Incluso está actuando de la forma correcta que debe hacerse, que es con los acuerdos
previos en los territorios en los que se quiera realizar y llevar a cabo la planificación de esas infraestructuras penitenciarias.



El incremento de los presos es de un 7 por ciento, la masificación y la saturación en las cárceles españolas sigue aumentando -es de un 95 por ciento-, llevan ustedes gobernando un año y la realidad está ahí y los resultados que usted aporta
a día de hoy nos parecen claramente insuficientes y un año clarísimamente perdido. Además, señora directora general, no solo lo decimos nosotros -que se lo hemos dicho en la primera intervención y se lo reitero ahora, y le digo que estaremos ahí
para seguir trabajando, apoyando, comprobando y controlando cuáles son los aciertos y los errores de su gestión- sino que también lo está diciendo Comisiones Obreras. La valoración que este sindicato hizo en mayo es la misma que le estoy haciendo
yo, un año perdido y además esa es la valoración que hace un sindicato que usted conoce muy bien y del que muchas veces habla. En ese sentido su comparecencia de hoy ha resultado interesante en muchos aspectos, en las aportaciones de información
que ha dado pero insuficiente desde el punto de vista de la progresión en la valoración de las necesidades y de las reales posiciones y actuaciones de infraestructuras penitenciarias. Incluso a lo largo de esta legislatura ,no sé si usted conoce
que se vaya a finalizar en sus términos o no, creo que no lo conocemos ninguno de nosotros, por eso le hemos preguntado si al menos en esta legislatura se podría realizar la inauguración de esos cuatro centros que eran los que ya se habían dejado
programados y planificados por parte del Partido Popular.



Coincido con usted en algunas otras muchas cosas, por ejemplo, en la necesidad en Canarias de un plan integral y en algunas de las cuestiones que usted ha valorado, pero lo que me preocupa muchísimo es una respuesta que no ha dado, por eso
me extiendo un poco más, señora presidenta. La respuesta está relacionada con todos los centros del País Vasco -Martutene, Nanclares y Basauri- de los que yo le he hecho una precisión presupuestaria que no se corresponde con los datos que usted ha
dado y que ha omitido totalmente la respuesta. Supongo que lo habrá hecho por olvido y no por desconocimiento o por falta de la información, pero evidentemente el programa 33.A, de inversión, que


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teníamos no se corresponde nada con los datos que usted nos ha dado.
Seguro que lo tiene planificado para el año 2005-2007 pero no los ha dado.



Con respecto a los fallecimientos, señora directora general, entiendo que sea su máxima preocupación y creo que ahora usted entiende que lo fue para el Partido Popular durante muchísimo tiempo, cuando además usted estaba realizando esa
crítica, y quizá más dura que la que puedo estar realizando yo ahora. Pero los datos en ese momento en términos absolutos eran los que eran, sobre todo en fallecimientos por suicidio, y se lo he recordado -21, 21, 25 y 28-, en los años de mayor
incremento de población penitenciaria y ahora es de 40. Usted no sólo me puede dar las situaciones -que sí me lo ha dicho- de mayor alerta en distintos tipos de delitos, reclusos que no accedan a semilibertad, tercer grado que están en una
situación de mayor riesgo, porque todo eso lo conocemos. Pero le vuelvo a decir que es insuficiente, que no me está dando resultados y que, sin duda, señora directora general, aunque usted no puede estar en el seguimiento individualizado de cada
uno de los reclusos ni saber la intencionalidad que puedan tener -porque cuando una persona se quiere quitar la vida tiene más probabilidades de hacerlo que de no hacerlo-, usted es la responsable de las cárceles y de su custodia. Como tal
responsable creo que debe aportar muchísimas más respuestas de las que nos ha dado aquí, especialmente en algunas concretas, como las que le he dicho, del tratamiento de metadona al que usted no ha hecho ninguna referencia en las respuestas o en los
casos de VIH que tampoco ha dado ninguna información adicional.



Para finalizar, dos valoraciones políticas, señora directora general. Yo sí leí el artículo que ese señor -si puede llamarse así-, De Juana Chaos, dedicó a su persona y a los directores de centros penitenciarios. Vuelvo a reiterar que fue
una equivocación por parte de su dirección general hacer públicos los nombres, tanto de los cesados como de los nombrados, y que eso se ratificó con esa información en manos del propio etarra De Juana Chaos, que luego puede ser utilizada. Incluso
el mismo fiscal, al que usted ha hecho referencia, que no tiene competencias en relación con el recurso a la resolución del juez Santiago Pedraz, alude a que eso significa sin duda alguna y con toda claridad la fijación de objetivos, con lo cual yo
incluso me preguntaba si usted no podría haber ejercitado acciones legales porque, desgraciadamente, entendemos que tanto usted como los directores de los centros pueden haber sido considerados objetivos terroristas por parte de ETA. Por tanto,
señora directora general, entendemos su actuación respecto a la no cesión de privilegios, pero entienda también usted que en la situación política en la que nos encontramos, en la que continuamente se está hablando de una posible negociación con la
banda terrorista ETA por parte del Gobierno del Partido Socialista, necesitamos claridad y precisión absoluta de que no hay ningún tipo de privilegios, ningún tipo de ventajas y que no se esta reagrupando a los presos etarras. Además, quiero
hacerle una pregunta adicional. No se trata ya de reagrupaciones, sino que queremos saber que no se están produciendo movimientos de tránsito en cárceles que permitan que parte de esos etarras puedan estar siendo vínculos o canal de información
entre los diferentes presos etarras en las diferentes cárceles, tanto en Andalucía como en el resto del territorio nacional.
Sería muy clarificador que usted lo pudiera explicar aquí.



Señora directora general, seguro que habrá sido un olvido -usted lo ha dicho- no mencionar el Pacto por las libertades y contra el terrorismo al ratificarse en la política de dispersión. Quizá no ha sido apropiado decir que no tiene ningún
reparo. Yo he entendido la expresión, pero quizá habría sido mucho más clara si hubiera dicho no solo que no tienen ningún reparo, sino que para ustedes es prioritario el Pacto por las libertades y contra el terrorismo, como lo es para nosotros,
con la eficacia que eso ha supuesto en la política penitenciaria y en la política de reinserción y, en este caso, la no reinserción real por parte de los etarras. Es una oportunidad que le ofrezco de que ustedes vuelvan, en todos y cada uno de los
aspectos, pero especialmente en ese, a confirmar la importancia, la prioridad y la eficacia de ese pacto en la política penitenciaria y en la política de dispersión de los presos etarras, sobre todo en beneficio de los ciudadanos españoles y, sin
duda, en nombre de las víctimas. El Partido Popular, señora Gallizo -lo sabe usted y lo saben todos los diputados-, no va a considerar en ningún momento a los presos etarras motivo de negociación ni arma de negociación en ningún tipo de
negociación, tanto si la hubiere, como si no.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Escudero.



La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Señora Gallizo, como sabemos de su trabajo y del trabajo del conjunto del personal de Instituciones Penitenciarias, ya le digo que mi grupo solicitará hoy mismo su comparecencia para que, cuando pueda,
procedimentalmente hablando, cuando ese plan de infraestructuras se presente al Consejo de Ministros, comparezca de nuevo en esta Comisión y podamos analizar y conocer en profundidad las propuestas en las que han venido trabajando a lo largo de este
año.



Por otra parte, quisiera decirle a la portavoz del Grupo Popular que para la estrategia de la lucha contra el terrorismo, yo creo -y lo creemos todos- que, como se dice en Andalucía, cuanto menos lo meneemos, mejor.
Sinceramente, creo que
la posición del Gobierno es absolutamente clara y rotunda y que esto no ayuda en absoluto a la estrategia global. No digo esto con ningún ánimo, es solo una reflexión compartida.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la directora general, para cerrar con este turno su comparecencia.



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La señora DIRECTORA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Gallizo Llamas): Señora Lasagabaster, me permitirá que no le hable de la nueva ubicación del centro de Martutene porque todavía no tenemos un acuerdo definitivo. Mientras no haya
un acuerdo firmado las especulaciones no ayudan nada y, como tenemos algunas experiencias que no son muy positivas, no quiero aventurar nada. El acuerdo, aunque está muy adelantado, todavía no está firmado. Como usted sabe, ambas partes, tanto el
Ayuntamiento de San Sebastián como nuestra dirección general, nos comprometimos a llevar esto adelante y hay un proyecto de acuerdo, pero todavía no está firmado. Cuando esté firmado diremos concretamente cuál va a ser la ubicación. Hasta ese
momento es mejor tratar de evitar la especulación, aunque yo sé que es muy difícil porque a renglón seguido sale en todos los periódicos dónde va a ir, de qué manera y hasta la foto del centro construido, pero yo no puedo decir nada más.



Con relación al tema de la salud del señor Rodríguez Galindo, quizá le he entendido mal; he entendido que nos pedía que les fuésemos informando periódicamente sobre la evolución de su salud. No tenemos ningún inconveniente en hacerle
llegar de manera más precisa la valoración de su estado de salud a la hora en la que el centro penitenciario hizo una propuesta de provisión de grado.



Señora Navarro, yo no quiero discutir con usted. Dice que hay pocos excarcelados con relación a los presos existentes, pero es que las excarcelaciones por motivos de salud no tienen que ser proporcionales sino adecuadas a las personas que
están en esa situación y dictaminadas así por los servicios médicos. Además, para que se les pueda conceder esa excarcelación tienen que tener una perspectiva favorable que se dictamina por las juntas de tratamiento. No es ni más ni menos
proporcional al número de reclusos que hay. Ya he dicho que la población tiene una proporción de enfermedades bastante elevada, pero eso no quiere decir que ponga en riesgo sus vidas porque la mayor parte de ellos, afortunadamente, puede hacer una
vida perfectamente normal si siguen el tratamiento.



Señora Sánchez-Camacho, no puedo estar de acuerdo con usted en que este haya sido un año perdido en creación de infraestructuras y, además, voy a utilizar su mismo argumento. Usted dice que en ocho años el Partido Popular hizo... Bueno,
completó lo que otros habían hecho. En un año, yo he inaugurado ya cinco centros y voy a inaugurar el sexto, no sé si la semana que viene o la otra; en un año he puesto bastantes plazas en funcionamiento y, cuando acabemos estos cuatro años,
podemos volver a hacer la cuenta y veremos las plazas que se pusieron en funcionamiento en ocho años. Insisto en que en muchas ocasiones se inauguraron obras que se habían iniciado anteriormente pero que se concluyeron en la época en la que
gobernaba el Partido Popular. Es absurdo que discutamos si la obra es de quien la inicia, de quien la desarrolla o de quien la inaugura. Es de todos. En esta materia me he quejado de una cosa, y es de que no hubiese previsiones de futuro; y con
relación al resto de los temas ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Nosotros estamos intentando acelerar todo lo que podemos y no me diga usted que no hemos hecho nada.
Hemos abierto cinco centros de inserción social que necesitábamos
tener en funcionamiento y hay un sexto que se va a inaugurar dentro de pocos días. No está mal como balance de un año de Gobierno si lo vemos en términos cuantitativos y lo comparamos con los ocho años en la otra materia. Pero no debemos entrar en
esta guerra de cifras, lo que tenemos que hacer es trabajar para poner más plazas en el sistema lo antes posible.



No voy a entrar aquí en la valoración que hace ningún sindicato sobre la política que hacemos y, sobre todo, sobre la política de personal, porque están en el ejercicio de su libertad, es su obligación y es su papel.
Nuestro papel es otro y
lo que tenemos que hacer es entendernos de la mejor manera posible.



Con relación a los centros del País Vasco, quizá no lo he acabado de explicar. Nosotros hemos hecho una planificación desde el año 2005 a 2007, que va incluida en el plan, que nosotros llamamos estratégico, del conjunto de nuestras
actuaciones, y dentro de esa planificación hay algunas actuaciones que hemos incorporado en este momento aunque no estaban recogidas en presupuestos. Hemos hecho modificación de presupuestos para que se pudiesen abordar porque considerábamos que
era de urgente necesidad y están abordándose este año. Por eso ha habido un incremento de lo que estaba consignado, porque se ha producido, como ya he explicado en el caso de Málaga, una modificación de presupuesto para abordar algunas reformas que
no estaban consignadas pero que hemos considerado prioritario consignarlas.



Con respecto al tema de los fallecimientos, quizá me he explicado mal. No solo hemos hecho un estudio, hemos sacado ya algunas conclusiones, hemos dado instrucciones muy detalladas a los centros penitenciarios, estamos revisando el
protocolo de intervención de suicidios para ajustarlo más a la realidad. Quizá podríamos hacer muchísimas más cosas. Ya le he dicho que de esta materia no voy a hacer un objeto de discusión. Todas las iniciativas que se les ocurra proponernos
serán extraordinariamente bien venidas, porque sé que es mi responsabilidad. Estoy trabajando en ello con toda la energía y con todos los recursos que tenemos a nuestra disposición y movilizando los que no teniendo a nuestra disposición dependen de
otros pero pueden influir. Estamos en la dirección de afrontar el problema y de tratar de mejorar la situación, pero esta es una materia extraordinariamente difícil, como ya he dicho desde el principio.



En cuanto al tratamiento de metadona, ya he dicho que es una responsabilidad que asume la comunidad autónoma, no nuestra Administración, que es la que determina, por los protocolos que tengan de actuación en esa comunidad autónoma, la forma
de dispensar el tratamiento. Por lo tanto, no es competencia mía si se


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dispensa de una manera o de otra, aunque ese es un motivo de reflexión que les trasladamos porque creemos que puede tener incidencia en esta materia.



Respecto al artículo publicado en la revista Gara, tengo que decirle, porque ya en su día fue objeto de una cierta mala interpretación y me gustaría aclararlo de una manera definitiva, que el nombre de los directores de los centros
penitenciarios es público. Son los únicos funcionarios que firman todas las actuaciones, todos los recursos que presentan los reclusos; es decir, que todos los reclusos conocen perfectamente cuál es el nombre del director del centro. Además, es
la representación del Estado en el centro penitenciario. Por lo tanto, es el único nombre público y además es que debe de ser así. Cualquier recluso puede dirigirse al director con su nombre. Hay un protocolo de protección, como saben, pero los
directores ostentan una representación pública y están sometidos a esta firma. Además, los directores de los centros son los únicos funcionarios, insisto, que firman con su nombre y apellidos todos los recursos de los internos. No podemos hacer
otra cosa, porque además debe de ser así. Me parecería lamentable que hiciésemos una polémica de este asunto cuando estamos hablando de un artículo en el que una persona que ha cometido 25 asesinatos utiliza el nombre de la directora general, que
también es público, y de los nuevos directores nombrados para decir las cosas que dice sobre la política penitenciaria.
Eso es lo relevante y sobre esta materia ya he dicho todo lo que tenía que decir.



Busca S.S. matices que yo sinceramente no tengo, como lo que he dicho en relación con el pacto. Lo digo como quiera, pues no tengo ninguna reserva ni ningún matiz que hacer. Nosotros estamos actuando con lo que dicta y establece el Pacto
por las libertades y contra el terrorismo y no nos hemos movido absolutamente nada de ahí. No me busque matices porque no los tengo.



Sobre si hay movimientos de tránsito en las cárceles, ¡claro que los hay! En los centros penitenciarios hay movimientos constantes. ¿Por qué? En ocasiones porque hay centros que están muy saturados y tenemos que trasladar a presos a otros
centros, en la mayor parte de las ocasiones -y con estos reclusos concretamente que están repartidos en diversos centros- por motivos judiciales. Como saben, dependen de la Audiencia Nacional y tienen que trasladarse de una manera más o menos
constante, porque hay juicios si no todas las semanas sí todos los meses que afectan a estas personas, como al colectivo islamista, sobre el que también tenemos una situación de dispersión, que normalmente hacen muchos tránsitos entre centros
penitenciarios para dirigirse de un sitio a otro.
Toda esta especulación de personas aficionadas a ver quién se mueve en cada momento es infundada, pues no hay nada que mirar. Hemos dicho que no hay ningún cambio en la política penitenciaria, no
hay ninguna previsión y mucho menos ninguna actuación de reagrupamiento, ni de traslado, ni de acercamiento, ni de nada que se le parezca. Por tanto, no tenemos nada más que decir. Es posible que alguien quiera que yo esté explicando todos los
días por qué determinada persona pasa de un centro a otro, pero eso es absurdo, porque en esta casa se hacen movimientos todos los días, todas las semanas y todos los meses en una cantidad extraordinariamente alta, en unos casos por razones
judiciales y en otros por razones regimentales. Hay personas que están clasificadas en primer grado y hay centros que no tienen módulos de aislamiento o no tienen suficientes, por lo que tenemos que trasladarlas a otros lugares. No sé si lo he
dicho en mi exposición, pero la política de aislamiento y de control que estamos siguiendo con el colectivo de presos pertenecientes a organizaciones vinculadas con el terrorismo de carácter islamista ha llevado a un movimiento extraordinario en
todos los centros, porque hemos tenido que habilitar muchísimos espacios para poder realizar esa política de aislamiento y de control. Eso conlleva que cada vez que se produce un macrojuicio en el que hay que trasladar a gente haya muchos
movimientos, que a veces son tránsitos que tienen que parar en un sitio determinado, según de dónde a dónde se dirijan. Señorías, no quiero que esto sea objeto de polémica de ningún tipo. El Gobierno y yo misma tenemos una posición clara y
contrastada en esta materia; no busquemos matices donde no los hay.



La señora PRESIDENTA: Doy las gracias a la directora general por esta larguísima comparecencia a la que, debido a la organización de la Comisión, la hemos sometido entre todos los grupos. Le agradecemos su presencia.



Vamos a levantar la sesión y nos veremos después, a las cuatro de la tarde, si los portavoces están de acuerdo. La convocatoria era a las cuatro y media, pero algunos portavoces han propuesto que fuera a las cuatro.



¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)


Se levanta la sesión.



Eran las tres y cinco minutos de la tarde.