CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 304

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN

Sesión núm. 22

celebrada el martes, 7 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Caldera Sánchez-Capitán), para informar sobre:


- Las medidas a adoptar frente a la inmigración. A solicitud de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Mixto. (Número de expediente 213/000095.) ...
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- Las contradicciones del Gobierno en materia de inmigración. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000123.) ... (Página 2)


- El proceso de normalización para trabajadores inmigrados en situación irregular. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convegència i Unió). (Número de expediente 212/000454.) ... (Página 2)

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- Las últimas medidas puestas en marcha por el Gobierno dentro del proceso de regularización de inmigrantes. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000313.) ... (Página
2)


- El proceso de documentación de trabajadores extranjeros en situación irregular. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000334.) ... (Página 2)


- El balance del proceso de normalización de trabajadores extranjeros. A petición propia. (Número de expediente 214/000065.) ... (Página 2)


Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Señorías, se inicia la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales con la comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, que comparece a petición propia y al mismo tiempo se
acumulan una serie de comparecencias pedidas por diferentes grupos políticos con anterioridad. Todas ellas tienen que ver con el proceso de normalización de los trabajadores extranjeros. Por tanto, tiene la palabra, en primer lugar, el ministro
para su exposición inicial y a continuación daremos la palabra a la representación de los distintos grupos políticos de menor a mayor, finalizando el grupo del Gobierno.



Señor ministro, tiene la palabra.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señoras y señores diputados, gracias por su presencia.



Hace un mes que finalizó el proceso de normalización de trabajadores extranjeros. Este proceso ha sido observado con una enorme atención por toda la sociedad española y también europea. Se han escrito cientos de artículos, realizado
docenas de debates y múltiples entrevistas, y es aquí en el Parlamento donde corresponde hacer un primer balance profundo sobre esta cuestión. No creo que se pueda discutir que este proceso ha sido un verdadero éxito social y lo atribuyo al
conjunto de los agentes sociales y económicos de España. Señorías, el éxito social de este proceso de normalización puesto en marcha por el Gobierno se debe a que está dando derechos a quienes no los tenían, contribuye a incrementar la actividad
económica y la riqueza de nuestro país, refuerza las garantías del sistema de pensiones y la lucha contra la economía sumergida y las mafias que trafican con seres humanos. Sin ninguna duda la inmigración es un desafío. La situación geográfica de
España, en los límites de Europa y África, los vínculos históricos con latinoamérica y el desarrollo económico de los últimos años nos han convertido en un destino prioritario para cientos de miles de ciudadanos extranjeros. Les pondré un ejemplo.
De los 923.000 empadronados en el año 2000 hemos pasado a más de tres millones y medio en el año 2005; un crecimiento que por su rapidez y magnitud no tiene precedentes en nuestro entorno más inmediato de la Unión Europea. El hecho incuestionable
de que más de dos millones y medio de extranjeros, de personas de otras culturas, hayan elegido como destino nuestro país en un breve periodo de tiempo, tan solo cinco años, hace más necesaria que nunca una reflexión de la sociedad en su conjunto y,
en consecuencia, una actuación de los poderes públicos decidida, coherente y dialogada. Buena muestra del impacto de este fenómeno en la sociedad española ha quedado reflejado en las distintas encuestas de opinión pública que se han realizado en
los últimos años; una de las más representativas, la del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyo último barómetro publicado la semana pasada, coincidió con la finalización del proceso de normalización de trabajadores extranjeros.
Sus
resultados en este sentido merecen ser brevemente comentados. La inmigración está considerada como la tercera preocupación más importante de España, justo por detrás del paro y del terrorismo. Esto es fácilmente explicable por dos motivos. En
primer lugar, es normal que en estos últimos meses el fenómeno de la inmigración haya tenido una mayor visibilidad entre los ciudadanos debido a la gran cobertura informativa del proceso. Según el CIS, cerca del 85 por ciento de los encuestados lo
conocía. En segundo lugar, la inmigración ha pasado de ser un hecho puntual a convertirse en un fenómeno permanente, por tanto tenemos que evitar que la inmigración se convierta en un problema; solo sería así si no se articula y gestiona de forma
ordenada a través de adecuadas políticas de integración y ajustadas a las necesidades de la economía y la sociedad española. Con un correcto tratamiento del fenómeno, unas políticas públicas de integración adecuadas, adaptadas a las necesidades de
la sociedad, la inmigración no será un problema, sino una oportunidad para todos.



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En relación con las políticas realizadas anteriormente, el 91 por ciento de los españoles piensa que hasta ahora las autoridades han controlado poco o nada la estancia ilegal de extranjeros en España. Acerca de qué solución creen los
españoles que se debe dar a los inmigrantes ilegales, las cifras son contundentes, señorías: el 65 por ciento cree que se debe regularizar a los inmigrantes ilegales (repito, el 65 por ciento) y solo el 25,8 por ciento cree que se les debe devolver
a su país, pero el 76,5 por ciento opina que se debe de facilitar la entrada solo a aquellos que tengan un contrato de trabajo. La sociedad española por tanto (lo demuestran estos sondeos de opinión) era consciente de la necesidad de solucionar la
situación de cientos de miles de inmigrantes ilegales y de que esa solución pasara por la vinculación al mercado laboral. Estos mismos criterios han sido los ejes que llevaron al Gobierno, a los empresarios, a los sindicatos, a las ONG, a la
inmensa mayoría de las fuerzas políticas a poner en marcha el proceso de normalización, proceso con el que la mayoría de los encuestados (casi el 48 por ciento) está más bien de acuerdo. Por tanto, quiero felicitarles porque ustedes fueron un motor
también fundamental en el impulso de este proceso que la sociedad española considera positivo. El Gobierno está cumpliendo por lo tanto con lo que, según todas estas encuestas publicadas, quieren los ciudadanos en España, ordenar el fenómeno de la
inmigración, y lo está haciendo con el consenso de empresarios, sindicatos, de las ONG y de la inmensa mayoría de fuerzas políticas. Para hacer frente a este desafío y para que la inmigración sea en vez de un problema una oportunidad el Gobierno
estableció desde el primer día cinco pilares que deben sustentar la política de inmigración: uno, gestión legal de flujos migratorios, canalizando los mismos de acuerdo con las necesidades de mercado de trabajo, esto es, apuesta por la inmigración
laboral.



Fíjense, en contra de algunas opiniones que se expresan en ocasiones, la inmigración laboral no afecta negativamente a la economía española ni a las posibilidades de empleo de la sociedad o de la población española. El propio Banco de
España en febrero del año 2005 señalaba que la inmigración contribuye a suavizar las rigideces de la oferta de trabajo y las presiones inflacionistas, además se concentra en determinadas ocupaciones y en sectores donde la oferta de empleo nacional
es escasa.
Concluye el Banco de España que en términos netos las consecuencias económicas de la inmigración son positivas. Por tanto, primer eje, gestión legal de los flujos migratorios; segundo, lucha contra la inmigración clandestina con
adecuados controles en fronteras como el sistema de información y vigilancia y repatriación de ilegales; tercero, favorecimiento de la integración social de los inmigrantes, con un fondo de integración que este año asciende a 120 millones de euros;
cuarto, cooperación con los países de donde proceden mayoritariamente los inmigrantes que llegan a España; y, quinto, diálogo con fuerzas políticas, interlocutores sociales y las ONG.



Dividiré mi intervención en cinco grandes bloques: el primero de ellos, la herencia recibida y la necesidad de abordar este proceso. Cuando llegamos al Gobierno, señorías, nos encontramos una situación difícil caracterizada por el
estrangulamiento de las vías legales de entrada a España de los ciudadanos extranjeros, un contingente que no se adecuaba a la demanda y que funcionaba mal, un caos administrativo y una patente falta de diálogo a la hora de elaborar las políticas
migratorias. La consecuencia fue la acumulación de una importante bolsa de trabajadores extranjeros en situación irregular. En anteriores comparecencias describí pormenorizadamente las causas que nos llevaron a esta situación, por lo que no me
extenderé en ellas, con todo haré un breve repaso para entender la relevancia del proceso de normalización del que hoy hacemos balance.
El Consejo Económico y Social, del que forman parte tanto empresarios como trabajadores a través de los
sindicatos más representativos y la Administración pública y otros actores de la sociedad civil, en abril del año 2004 (antes de que tomara posesión quien aquí les habla, como miembro del Gobierno) analizaba los principales instrumentos de gestión
de la inmigración. El régimen general, según decía el informe, adolecía de una gran complejidad en su regulación, así como de lentitud y falta de claridad en el procedimiento de gestión, ya que las resoluciones se producen en plazo muy posterior a
la presentación de solicitudes. Además de la lentitud en la emisión de las resoluciones la práctica administrativa se caracteriza (decía el CES) por la saturación de las oficinas de extranjeros, incluso cuando se trata de procedimientos
relativamente sencillos como la renovación de las autorizaciones para el trabajo cuando existe un contrato o una oferta de empleo en vigor. En cuanto al contingente señalaba el CES su excesiva complejidad, rigidez y la falta de información que
recibían las empresas, lo que llevó (cito textualmente) a que muchas empresas que confiaban en cubrir sus necesidades por esta vía hayan desistido de su pretensión inicial. La evidencia, señorías, de lo anterior es que, a pesar de los procesos de
regularización masiva (repito una vez más, regularización masiva) llevados a cabo por el anterior Gobierno (el Gobierno del Partido Popular hizo procesos de regularización masiva e indiscriminada solo por el hecho de que los ciudadanos estuvieran en
España), que afectaron a más de 480.000 inmigrantes, no se dio solución al problema de la irregularidad.
Además, y esta es una conclusión fundamental para entender la necesidad del proceso de legalización, el informe del CES señala que el hecho de
que el trabajador esté en posesión de dichas autorizaciones, es decir que el trabajador fuera regularizado por los gobiernos del Partido Popular, no impide (decía el CES) que su acceso a un puesto de trabajo se pueda realizar al margen de la
legalidad vigente en materia laboral y de Seguridad Social. Esto lo decían los empresarios y los sindicatos en abril del año 2004. Para la tramitación de la autorización (decía el informe del CES) se exige la acreditación de una oferta de empleo
no


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vinculante. Eso fue lo que hizo el señor Rajoy: favoreció la regularización masiva de extranjeros solo con una oferta de empleo no vinculante, que (dice el CES) en ocasiones no llega a materializarse en un contrato. Por tanto, no solo no
funcionó el marco normativo encargado de gestionar la llegada de inmigrantes, sino que los procesos de regularización que se llevaron a cabo impidieron que estos inmigrantes que ya se encontraban en España salieran de la economía sumergida; repito,
no favorecieron que salieran de la economía sumergida porque no se exigía un contrato de trabajo. Por tanto, al llegar al Gobierno nos encontramos con cientos de miles de personas en situación irregular y además muchas de ellas trabajando en la
economía española sin derechos ni obligaciones.



En mi comparecencia de 13 de septiembre en esta Comisión les expliqué las propuestas que formulaba el Gobierno para hacer frente a la situación de estos cientos de miles de inmigrantes que se encontraban en España sin autorización para
residir y/o trabajar, y que de facto estaban trabajando e integrados en nuestro mercado laboral, solo que ilegalmente.
Insistía en que se trataba de una propuesta abierta al diálogo, para el debate y aprobación, que no se pretendía imponer a nadie,
una propuesta mediante la cual el Gobierno quería escuchar las posiciones de todos los grupos parlamentarios, de las comunidades autónomas y ayuntamientos, de las ONG y agentes económicos y sociales en la mesa abierta para el diálogo social. Para
la elaboración de esta propuesta el Gobierno se inspiró en el mencionado informe del Consejo Económico y Social sobre la inmigración y el mercado laboral en España, en el que se recomendaba introducir elementos de mayor flexibilidad que permitieran
dar respuesta a situaciones individuales específicas en las que existía una vinculación real y efectiva al mercado de trabajo. Eso es lo que hizo el reglamento que aprobamos: atender las peticiones de los empresarios y de los sindicatos para que
cuando hubiera una vinculación real y efectiva al mercado de trabajo se produjera la legalización de esa persona. En atención a ello el Gobierno propuso resolver la situación con una serie de criterios: que esa persona llevara en España un tiempo
suficiente; que tuviera un contrato de trabajo real, no potencial, no solo una oferta de trabajo, como hacía el señor Rajoy, sino un contrato de trabajo real y con alta posterior en Seguridad Social; en esos casos se concedería personalizadamente
permiso de trabajo o residencia temporal, transitoria, mientras durara la relación laboral. Este proceso de normalización extraordinario sería transitorio, es decir tendría una duración limitada, que ha sido de tres meses. Estos compromisos fueron
los que asumí ante ustedes en esta Comisión.



La plasmación de esta nueva forma de entender la política de inmigración, de estos compromisos, tuvo su primer logro con la aprobación del Reglamento de Extranjería, que recibió miles de sugerencias, que alcanzó un amplísimo consenso en su
proceso de elaboración, en el que estaban presentes todas las fuerzas políticas parlamentarias salvo el Partido Popular (al cual me gustaría dejar claro que la puerta sigue abierta para que se incorpore a este gran consenso), los sindicatos, los
empresarios, la Iglesia católica, las ONG, todos estábamos de acuerdo en el proceso; es decir, un consenso amplísimo alrededor de un principio fundamental. La inmigración debe ser legal y no podemos consentir que haya cientos de miles de personas
trabajando sin derechos, sin aportar a la Seguridad Social y sin pagar sus correspondientes impuestos. La asunción de este principio es la necesaria inclusión de la disposición transitoria tercera, solicitada por trabajadores y empresarios, en la
que se aprobó la puesta en marcha de un proceso extraordinario de normalización. Esta medida extraordinaria ha pretendido afrontar situaciones de irregularidad presentes en el mercado laboral español, ha facilitado a empresarios y empleadores la
obtención de la preceptiva autorización de residencia y de trabajo para trabajadores extranjeros que reunieran los requisitos ya descritos y siempre que existiera un compromiso fehaciente de empleo, y una vez concedida la autorización se confirme
mediante la afiliación y el alta del trabajador en el sistema de la Seguridad Social. Por tanto, no se trata, señorías, de un proceso de regularización comparable a los desarrollados en la etapa anterior, sino de un proceso de normalización o
legalización laboral. No es un proceso general e indiscriminado, sino vinculado a la situación real del mercado de trabajo y que, en consecuencia, ha sido impulsado por los propios empresarios. Han sido los propios empresarios quienes se han
dirigido a las oficinas establecidas para pedir la legalización de sus trabajadores, que culmina con la efectiva incorporación del trabajador extranjero al sistema de Seguridad Social.



Señorías, este proceso se articuló técnicamente de la siguiente manera.
Durante los tres meses que ha durado el proceso de normalización los empresarios han tenido que presentar la siguiente documentación para legalizar a sus trabajadores
extranjeros: pasaporte, certificado de empadronamiento (la fecha límite para acceder al proceso fue la del día 7 de agosto, inclusive), certificado de antecedentes penales en España y en su país de procedencia, contrato de trabajo firmado por el
empleador y el trabajador, documentación identificativa del empleador (DNI, TIE, NIF o CIF) y en su caso la titulación del trabajador cuando fuera necesario para el ejercicio de su profesión; es decir, controles muy rigurosos para evitar, como se
ha conseguido, señorías, el fraude. Repito, y puedo decirlo con satisfacción para la sociedad española, que no ha habido fraude en este proceso y todo ha transcurrido con exquisita transparencia y con total normalidad. Para facilitar la gestión de
esta documentación, el Gobierno estableció una red de información en la que se podía obtener in situ la documentación y el asesoramiento relativo al procedimiento, incluyendo los lugares de presentación, los requisitos y los formularios de
solicitud. Los puntos de información de esta red se distribuyeron del siguiente modo: 742 puntos de información y


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asesorías repartidos por todo el territorio nacional, 280 de ellos por CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT, 462 puntos correspondientes a 18 ONG y también se ofreció información en los más de 8.107 municipios integrados en la FEMP. Por
lo que se refiere a la red de tramitación de solicitudes, el Ejecutivo dispuso 52 oficinas y unidades de extranjería dedicadas a la tramitación y gestión de los expedientes que se presentaran y 193 centros de la Seguridad Social. La autorización
obtenida, si toda la documentación presentada por los empresarios está en regla, es la de residencia y trabajo por un año, que comienza a contabilizar solo una vez que el trabajador está dado de alta en la Seguridad Social. Con el contrato suscrito
entre el trabajador y el empresario se garantizará el mantenimiento de la prestación laboral por un periodo mínimo de seis meses, con las siguientes salvedades: en el sector agrario el periodo mínimo es de tres meses (después fue flexibilizado,
como ahora indicaré), en construcción y hostelería 6 meses durante un periodo máximo de 12 meses y en servicio doméstico a tiempo completo para un solo empleador 6 meses. Por lo que se refiere a las empresas solicitantes, estas deben estar
inscritas en el correspondiente régimen del sistema de Seguridad Social y (¡atención!) encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de las cuotas exigibles por la Seguridad Social. En resumen, los pasos dados para la
normalización de un trabajador extranjero han sido los siguientes: uno, presentación de solicitudes entre el 7 de febrero y el 7 de mayo en las oficinas de la Seguridad Social; dos, evaluación de la solicitud por parte de la administración
respecto a si el empresario o empleador puede contratar y si el extranjero cumple los requisitos; tres, si no cumplen los requisitos se deniega la solicitud, pero si se cumplen se produce la autorización condicionada y solo en este momento la
Seguridad Social autorizará el alta del trabajador extranjero; cuatro, si no se produce el alta en la Seguridad Social en un mes, la autorización no entra en vigor, pero si existe alta en la Seguridad Social la autorización de un año entra en
vigor; y quinto, el trabajador solicita la tarjeta de identidad de extranjero en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la autorización. En coherencia con estos rigurosos requisitos del proceso los objetivos básicos han sido: eliminar
bolsas de empleo irregular generadas en la etapa anterior, atender las necesidades reales de mano de obra que no encontraron respuesta en el mercado de trabajo nacional y no fueron adecuadamente atendidas, debido a la ineficacia de la gestión de los
flujos de inmigración regular, y hacer posible que estos trabajadores se integren en la sociedad y en el mercado de trabajo en situación de igualdad de derechos y obligaciones con los residentes legales combatiendo prácticas de discriminación y
explotación.



Segundo eje, señorías. Esta ha sido una gestión eficaz basada en el diálogo. Antes de valorar la cifra de solicitudes presentadas es necesario efectuar una apreciación de la eficacia de la respuesta de las administraciones públicas porque
aquí han cooperado todas ellas en un proceso complejo, en el que han intervenido distintos órganos y departamentos y que por su carácter extraordinario ha generado volúmenes de gestión inusuales. Por ponerles un ejemplo, más de un millón de
personas han pasado por las oficinas durante estos tres meses (repito, más de un millón de personas, señorías). Esta gestión ha sido asumida por la Administración con un altísimo nivel de eficacia y calidad, ejemplo de trabajo de cooperación entre
ellos y funcionarios de las distintas administraciones. En este sentido quiero felicitar públicamente por el desempeño de labor tan destacada a los empleados públicos del sistema de Seguridad Social y también a los empleados públicos de las
oficinas y unidades de extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, así como al personal de comunidades autónomas que ha cooperado y al personal de los ayuntamientos, en definitiva más de 2.500 personas que han sido pieza
fundamental en el éxito del proceso.



La Administración ha puesto todos los medios necesarios para hacer frente a este elevado número de solicitudes. Se han abierto oficinas. Se han ampliado horarios. Se ha reforzado el sistema informático. A pesar, como decíamos, del
elevado volumen de solicitudes, casi 700.000, el proceso de normalización, a pesar de que algunos se empeñaran en lo contrario, se ha desarrollado sin incidente alguno, sin incidentes de importancia, cumpliendo todos los objetivos previstos; mejor
dicho, superando los objetivos previstos. Si hay alguna palabra que pueda definir este proceso es la normalidad. Los muy escasos incidentes que se han producido se caracterizan por haber sido muy concretos, no generalizados, estar concentrados
fundamentalmente en Madrid (lógico teniendo en cuenta que es donde más solicitudes se han presentado, 170.784) y en demanda de una respuesta ágil y rápida por parte de la Administración; contemplando el proceso en su conjunto así ha sido. No ha
habido deficiencias significativas y sí una buena organización y capacidad de reacción para gestionar las nuevas situaciones que se han ido produciendo en un proceso que era nuevo, único y del que no teníamos experiencia anterior. El proceso,
señorías, ha sido un reto para las administraciones públicas españolas, que han estado a la altura de las circunstancias. Como dije no se han producido incidentes reseñables y el trato ha sido digno en todo momento. Cada expediente está sometido a
los controles necesarios para garantizar la veracidad de los datos aportados.



Quiero insistir en que ninguna decisión relevante durante estos tres meses se tomó al margen de los agentes sociales; todas fueron concertadas, acordadas e incluso la mayoría de ellas impulsadas por los propios agentes sociales, por ejemplo
ni siquiera la flexibilización de los requisitos para aquellas zonas afectadas por las heladas (lo solicitaron los propios sindicatos). La flexibilización se produjo como respuesta a la petición hecha por sindicatos y empresarios del campo tras las
pérdidas ocasionadas por las heladas, especialmente en Andalucía y el arco mediterráneo. Se estableció que los


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tres meses en lugar de ser continuos pudieran distribuirse a lo largo del año de vigencia de su autorización de residencia y de trabajo. Tampoco lo fue la figura del padrón por omisión, ya que se aceptó su utilización en el proceso de
normalización a instancias de la mesa de diálogo social. La propia patronal CEOE ha reconocido que fue quien lo solicitó. También lo pidió el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía, gobiernos autonómicos (incluidos algunos
gobernados por el Partido Popular, como el de Murcia). El Gobierno no hizo más que aplicar la legislación vigente, que recogía esta figura en una resolución de 1 de abril de 1997, siendo don Mariano Rajoy ministro de Administraciones Públicas; es
más, para facilitar la tramitación y unificar criterios el Consejo de administración, formado por el INE, Ministerio de Administraciones Públicas y la FEMP, elaboró una lista con los documentos necesarios para obtener el empadronamiento por omisión,
y los requisitos para acogerse por tanto al proceso de normalización permanecieron invariables, inalterables entre el 7 de febrero y el 7 de mayo: certificado de empadronamiento que demostrara la permanencia en España antes del 8 de agosto de 2004,
carencia de antecedentes penales del trabajador y contrato de trabajo real con alta en Seguridad Social. El Gobierno ha sido consciente en todo momento de la necesidad de actuar policialmente contra las bandas que extorsionaban a los inmigrantes.
Para ello, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han realizado un gran esfuerzo que se ha traducido en la detención de numerosas redes que extorsionaban a inmigrantes.



Análisis de las solicitudes. Les vamos a repartir un balance del proceso de normalización de los trabajadores extranjeros en España con toda la documentación y con transparencias que explican las características de este proceso. Si me
permiten, les resumo con mucho gusto el contenido de este documento. En tres meses se han presentado casi 700.000 solicitudes, incluyendo las delegaciones del Gobierno del día 7 de mayo desde las 9 hasta las 24 horas. El número de solicitudes
presentadas, salvo el paréntesis de Semana Santa, no dejó de crecer desde el inicio del proceso. El último día se alcanzó la cifra más alta, con 54.744 solicitudes en un solo día. No hubo incidentes ni aglomeraciones, salvo en dos oficinas en
Madrid y solo en dos días de los más de 70 que duró el proceso, lo que confirma que el plazo establecido de tres meses era suficiente. En tres meses se pudo atender todo el volumen de solicitudes presentadas por los empresarios españoles. Tres
comunidades (Valencia, Madrid y Cataluña) acumulan el 60 por ciento del total de solicitudes y desde el inicio del proceso se mantiene un elevado número de solicitudes admitidas a trámite (casi el 97 por ciento), de las cuales un 7 por ciento se
encuentran pendientes de presentación definitiva de algún certificado, un dato que muestra claramente el buen funcionamiento de la red de información establecida para el proceso. Cinco provincias (Madrid, Barcelona, Murcia, Alicante y Valencia)
acumulan 406.615 solicitudes, lo que representa casi el 60 por ciento del total. A medida que ha avanzado el proceso se han incrementado las solicitudes de otros regímenes frente al de hogar. El régimen de hogar supone el 31,63 por ciento del
total de solicitudes presentadas, destacando Madrid como la provincia donde el peso del régimen de hogar respecto a otros regímenes es el más elevado de todas las provincias, un 42,16 por ciento. Según la clasificación de la contabilidad nacional,
los sectores de actividad económica más representados son, además del servicio doméstico, la construcción (21 por ciento), comercio y hostelería (16 por ciento) y la agricultura (14,61 por ciento) La composición por países, sobre todo los cuatro
primeros, se mantiene estable desde el inicio del proceso, si bien en el último mes los inmigrantes rumanos pasaron a ocupar la segunda posición por delante de los marroquíes. Tres países (Ecuador, Marruecos y Rumanía; el cuarto es Colombia)
concentran el 50 por ciento de todas las solicitudes. Los hombres son más numerosos en la mayoría de las nacionalidades, si bien en las solicitudes presentadas por inmigrantes latinoamericanos son mayoritarias las mujeres; por ejemplo, entre los
inmigrantes procedentes de Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela las mujeres superan el 52 por ciento, pero en el caso de países como Marruecos, Pakistán, Argelia y Senegal los hombres superan el 85 por ciento. Por sectores y nacionalidades vemos
que en el régimen de hogar los inmigrantes procedentes de Ecuador suponen el 27 por ciento, Rumanía el 14 por ciento, Bolivia el 10 por ciento y Colombia el 10 por ciento, lo que supone el 64 por ciento del total. En hostelería los inmigrantes
procedentes de Rumanía suponen el 18 por ciento, Ecuador el 14 por ciento, Colombia el 9 por ciento y Marruecos el 9 por ciento, lo que supone más del 50 por ciento del total. En agricultura Marruecos con un 31 por ciento, Rumanía con un 16 por
ciento y Ecuador con un 15 por ciento suponen el 63 por ciento del total. En el sector de la construcción más del 57 por ciento de las solicitudes presentadas corresponde a inmigrantes de tres nacionalidades: Rumanía (24 por ciento), Ecuador (19
por ciento) y Marruecos (14 por ciento).



Señorías, el número de expedientes de normalización ya resueltos a 3 de junio era de 323.600, lo que supone el 47 por ciento de las solicitudes.
A día de hoy podríamos decir que hemos superado ya el 50 por ciento de expedientes resueltos.
Desde el cierre del periodo hábil de presentación de solicitudes el 7 de mayo el porcentaje de expedientes resueltos ha pasado del 28 al 47 por ciento señalado. De los expedientes resueltos hasta ahora, más del 90 por ciento son resoluciones
positivas, teniendo en cuenta que hay un porcentaje de peticiones que está pendiente de presentación de certificados. Si comparamos el número de expedientes resueltos el 3 de junio con el número de expedientes solicitados el 1 de marzo,
transcurridos, por tanto, los tres meses de plazo legal para adoptar las resoluciones, nos encontramos con una ejecución de más de 225.000 resoluciones. Se puede decir sin ningún margen de error


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que en términos estadísticos los expedientes se están resolviendo en un plazo notablemente inferior al establecido por la norma, que era de tres meses, desde el día 7 de mayo en que finalizaba el proceso de presentación de solicitudes.



Respecto de las altas en Seguridad Social, que más adelante comentaré con cierto detalle, a día de ayer, 6 de junio, son ya 160.000; es decir, del conjunto de peticiones, 160.000 están ya dadas de alta en Seguridad Social y han finalizado
todo su proceso. Si presumimos que los empleadores agotan el plazo de un mes que tienen desde la notificación de la resolución para dar de alta definitiva en Seguridad Social y tenemos en cuenta los días de demora que introduce este último trámite,
podremos concluir, señorías, que la secuencia de recepción de altas en Seguridad Social es acorde con el ritmo de resolución de los expedientes. Es necesario tener presente que los trámites posteriores a la presentación de las solicitudes son muy
rigurosos y que la Administración está tomando todas las precauciones necesarias para que no se produzca ningún fraude.
Por este motivo, cada solicitud pasa por diferentes ministerios que deben revisar el expediente. En todo caso, el objetivo es
que el trabajo finalice antes del 30 de julio de 2005.



Abordo el cuarto bloque de asuntos: Efectos del proceso. Insisto en algunas realidades que es necesario tener en cuenta para comprender el proceso en su totalidad. Los ciudadanos deben saber que la inmensa mayoría de estas 700.000
personas que se han acogido al proceso ya trabajaban en España en la clandestinidad, por tanto, no contribuían mediante impuestos y cotizaciones al mantenimiento de los servicios públicos -sanitarios, educativos, etcétera- de los que ya disfrutaban.



Efectos sociales. Los efectos del proceso van más allá de lo puramente económico, ya que tienen un importantísimo componente social. El primer paso para la integración es la legalización, salir de la clandestinidad, disfrutar de los mismos
derechos y cumplir con las mismas obligaciones que el resto de los españoles. También este proceso supone un refuerzo de los derechos civiles. Muchas personas tenían limitada su libertad de circulación, libertad básica en el territorio europeo,
por temor a ser expulsados del país. Este proceso de integración se ha visto reforzado financieramente, y por primera vez, con un fondo de 120 millones de euros recogido en los presupuestos de 2005 destinados a la acogida e integración de los
inmigrantes. La mitad de ese dinero se destinará a los ayuntamientos, ya que es en el entorno local donde tienen lugar los procesos de integración.



También tiene efectos económicos como se deduce del análisis de las altas en la Seguridad Social. Todavía es pronto para hacer un cálculo definitivo, sobre todo, si se tiene en cuenta que el empresario y el trabajador tienen un mes desde
que reciben la autorización provisional para formalizar el alta en Seguridad Social. La cifra exacta la conoceremos en los próximos meses, pero cada petición de legalización, señorías, ha ido acompañada de un compromiso de alta en Seguridad Social.

Por tanto, la inmensa mayoría de estas casi 700.000 solicitudes se convertirán sin duda en altas en Seguridad Social. No tiene lógica que un empresario firme un contrato e informe a la Administración de que quiere legalizar su situación y al final
no complete el trámite. De hecho en el pasado mes de mayo el proceso de normalización de inmigrantes ha empezado a tener un efecto importante en las cifras de Seguridad Social. Como saben ustedes, el mes de mayo ha presentado el mayor volumen de
nuevos afiliados que se ha producido en la historia del registro de la Seguridad Social en España. Del total de altas registradas en mayo, 218.498, 88.979 corresponden al proceso de normalización y esta cifra sin duda se incrementará
sustancialmente en los próximos meses a medida que se resuelvan los expedientes. Como decía, a 6 de junio se han producido 160.000 altas en la Seguridad Social y, por tanto, tenemos cubierto aproximadamente el 25 por ciento del total posible de
altas en Seguridad Social que arrojará este proceso.



Esta información se encuentra más detallada en las fichas que les hemos entregado, con una primera estimación en función del análisis de la información de las solicitudes presentadas, estimación del número total de solicitudes válidas y
estimación del importe de las bases medias según la muestra utilizada. La cifra estimada de ingresos por cotizaciones para la Seguridad Social supera los 750 millones de euros en 2005 y alcanzará sin ninguna duda más de 1.500 millones de euros de
ingresos adicionales en el año 2006 para el sistema de Seguridad Social y además hay que tener en cuenta la repercusión económica del proceso de normalización en la recaudación tributaria. Por tanto, señorías, 700.000 personas afloran de la
economía sumergida, legalizan su situación con los mismos derechos y obligaciones que otros trabajadores, contribuyen a la riqueza nacional y refuerzan las garantías del sistema de pensiones. El Gobierno por tanto legaliza a quien tiene trabajo,
persigue la economía sumergida y racionaliza la inmigración en España.



¿Qué ocurrirá a partir de la finalización del proceso? Señorías, según los datos del padrón municipal de habitantes a 1 de enero del año 2005, en España se encontraban 3.691.547 extranjeros de todas las edades. Les recuerdo que el proceso
de legalización de inmigrantes se ha dirigido solo a personas en edad de trabajar y con capacidad legal para trabajar.
Por tanto, habría 3.700.000 extranjeros. De ellos, lógicamente, hay que restar a los de los países comunitarios y a algunos de
la OCDE, que están en situación legal, con estatuto reconocido. Pero, como decía, no todos están en edad de trabajar, por lo que a su vez hay que restar también la cifra, cosa que no hace el PP habitualmente, de menores de 16 años y mayores de 64,
salvo que queramos obligarlos a trabajar. La vía de la legalización es el trabajo y este proceso ha ido dirigido a las personas en edad de trabajar, con lo cual, si hacemos un cálculo razonable, nos da una cifra en torno al millón de personas que
estaban en situación ilegal en España. Si a ese millón le aplicamos una tasa


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de actividad de entre el 65 y el 75 por ciento -incluso aplicando la banda alta, el 75 por ciento de tasa de actividad-, nos encontramos con un número de extranjeros potencialmente objeto del proceso de legalización en torno a 800.000
personas que pudieran trabajar. Si se han presentado casi 700.000 solicitudes, el número de inmigrantes que ha quedado fuera del proceso variaría entre 100.000 y como máximo 150.000 personas.



Para completar esta valoración del proceso, cabe recordar que el Banco de España estimó en su boletín económico en febrero del año 2005, hace tres o cuatro meses, que, aplicando una tasa de empleo del 60 por ciento a la estimación de
extranjeros en situación de irregularidad -esta es la tasa de empleo que tenemos los ciudadanos españoles-, nos llevaría a una cifra total de potenciales beneficiarios del proceso de normalización recientemente iniciado que rondaría los 575.000
inmigrantes. Desde este punto de vista, el proceso ha superado ostensiblemente las previsiones de un organismo independiente y del prestigio del Banco de España. ¿Qué va a hacer el Gobierno con aquellas personas que no han entrado en el proceso?
Pues aplicar la legislación vigente, señorías, reglamento y Ley de Extranjería, con toda integridad según los casos y autorizar la residencia temporal por circunstancias excepcionales a aquellos que no se han podido acoger al proceso de
normalización mediante las figuras contempladas en el reglamento, que ustedes conocen: A) Por arraigo laboral. Se trata de la posibilidad de conceder autorización de residencia y trabajo a un trabajador irregular que acredite mediante sentencia o
acta definitiva de la Inspección de Trabajo que lleva un año de relación laboral siempre que lleve dos años viviendo en España y carezca de antecedentes penales. B) Por arraigo social. Autorización de residencia a aquellos extranjeros que lleven
tres años viviendo en España, tengan un contrato de trabajo, carezcan de antecedentes penales y tengan familiares en España o un informe del ayuntamiento correspondiente recomendando la documentación del extranjero. C) Por razones humanitarias.
Segundo gran bloque: Arraigo de menores. Los extranjeros menores de edad pueden obtener una autorización de residencia cuando se acredite su permanencia continuada en España durante al menos dos años y sus padres o tutores cumplan los requisitos
de medios de vida y alojamiento exigidos para ejercer el derecho a la reagrupación familiar.
Tercero: repatriación de los ciudadanos extranjeros que se encuentren irregularmente en España y en quienes concurran los requisitos pertinentes.



En cuanto a la Inspección de Trabajo, en el plan de choque de la Inspección de Trabajo se prevén 500.000 actuaciones para combatir la contratación ilegal y habrá una tolerancia cero contra el defraudador. El pasado 12 de mayo presenté a los
interlocutores sociales un balance del proceso y el plan específico de la Inspección de Trabajo contra el empleo irregular. Como he repetido a lo largo de mi comparecencia, el diálogo estará presente antes, durante y después del proceso. A
continuación les detallo las actividades realizadas por la inspección durante el proceso y las previstas a partir de su finalización. Actuaciones durante el proceso de normalización, de 7 de febrero a 7 de mayo: la actuación de la Inspección de
Trabajo ha estado orientada a estimular la participación en el proceso y a controlar los supuestos de posible fraude o imposición de condiciones abusivas a los trabajadores extranjeros. En total, se han realizado 35.101 actuaciones. El plan de
actuaciones, una vez finalizado el proceso de normalización, a partir del 8 de mayo, tiene ya como objetivo esencial -a diferencia de prácticas anteriores- que no se va a limitar a verificar que los trabajadores extranjeros cuentan con el
correspondiente permiso de trabajo, sino que sus condiciones de empleo son idénticas a las de un trabajador español. De esta forma se combate el principal y en ocasiones único atractivo para optar por el empleo de un trabajador extranjero en
situación irregular, al suponer un menor coste para el empleador por ahorrarse, como mínimo, la cotización a la Seguridad Social y con frecuencia los niveles salariales legalmente exigibles. De este modo se dotaría de mayor firmeza al proceso de
normalización combatiendo la reproducción de nuevas situaciones de irregularidad. En consecuencia, la actuación de la inspección va a estar orientada a la consecución de los objetivos siguientes.



Primer objetivo: intensificar las actuaciones de control en materia de economía irregular y, en particular, sobre las condiciones de empleo de los trabajadores extranjeros. Para alcanzar este objetivo se llevarán a cabo dos tipos de
actuaciones. La primera actividad, proactiva o programada, constará del 60 por ciento de las actuaciones, partiendo de los siguientes parámetros de referencia: bolsas de irregularidad no afloradas; verificación de las condiciones de empleo de los
trabajadores extranjeros acogidos al proceso de normalización; campañas estacionales en la agricultura y en la hostelería, según antecedentes derivados de actuaciones en años anteriores, y empresas que han iniciado el proceso y no lo han culminado.
Para ello se ha solicitado a cada inspección provincial una programación del número de actuaciones previstas de acuerdo con unos criterios comunes marcados desde la dirección general.
De esta forma se ha conseguido una programación realista y
adaptada a las peculiaridades de cada zona geográfica. La segunda actividad, reactiva o rogada, con un 40 por ciento de actuaciones, permitirá verificar los requerimientos de regularización efectuados, comprobar que se ha efectuado y se mantiene la
situación de alta en el tiempo de los trabajadores normalizados y atender las denuncias efectuadas tanto por trabajadores individuales como por sindicatos, ONG o asociaciones.



Segundo objetivo: llevar a cabo una actuación de carácter integral y no meramente documental con vistas a conseguir una normalización real y no solo formal de los trabajadores extranjeros. Para ello se verificará que los trabajadores
extranjeros no solamente cuentan con la correspondiente autorización para trabajar, sino que se


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hallan en situación de alta en la Seguridad Social, que se cotiza adecuadamente y que los trabajadores extranjeros no son objeto de discriminación en las condiciones laborales. Las actuaciones por comunidades autónomas se concentrarán en
Cataluña, 78.000; Madrid, 58.589; Comunidad Valenciana, 58.407; Andalucía, 78.586 y Murcia, 17.637.
En resumen, ha habido 35.000 actuaciones durante el proceso y habrá 472.000 desde el final del proceso hasta diciembre. Para conseguir este
objetivo disponemos de medios humanos adecuados para llevar a cabo las actuaciones previstas, porque se va a proceder a una rápida incorporación de 23 inspectores y 27 subinspectores de trabajo, en total serán 50, y reforzaremos las plantillas
mediante la adscripción temporal de inspectores y subinspectores en aquellas provincias en las que se estime una mayor carga de trabajo.



Acabo, señorías, con unas breves conclusiones. Frente a las críticas minoritarias, concentradas normalmente en el entorno del Partido Popular, el proceso ha sido respaldado y valorado muy positivamente, tanto dentro como fuera de España.
El Observatorio de la Unión Europea sobre el Racismo y la Xenofobia ha calificado este proceso de positivo. Además advierte contra las actitudes de algunos políticos que refuerzan la imagen negativa de la inmigración asociándola a delincuencia.
Este proceso, dice el Observatorio de la Unión Europea sobre el Racismo y la Xenofobia, va en la dirección contraria, porque asocia inmigración a trabajo, asocia inmigración a cumplimiento de derechos y deberes y asocia inmigración al bienestar de
la sociedad. El comisario europeo de Empleo, señor Vladimir Spidla, en el libro verde de la Comisión, hace referencia a los esfuerzos para luchar contra el empleo irregular. El comisario, públicamente, ha compartido la voluntad del Gobierno
español de luchar contra el empleo sumergido. La señora vicepresidenta de la Comisión Europea declaró que la política del Gobierno español está en línea con las directrices marcadas por la Unión Europea; destacó lo positivo de vincular cualquier
fórmula de regulación de la situación de los inmigrantes a un contrato de trabajo. Además, España -dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea- está liderando con la Comisión Europea el establecimiento de una política de inmigración común. Es
una forma de reducir la clandestinidad y la marginalidad. Además añadió lo positivo que resulta vincular cualquier fórmula de regulación de la situación de los inmigrantes a un contrato de trabajo. Subrayó tres ideas: no solo no existe conflicto
entre la Unión Europea y España a cuenta de la inmigración, sino que, al contrario, existe una estrecha colaboración. España lidera con la Unión Europea el desarrollo de una política común. Los criterios e instrumentos puestos en marcha por el
Gobierno están en la línea de la Unión Europea.



En el estudio sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal elaborado por la Comisión, este documento asegura que estos programas de regularización consiguen una mejor gestión de la población, permitiendo a los gobiernos tener un
panorama más claro de quién está presente en su territorio. Sirven también para abordar el trabajo ilegal y aumentar los ingresos públicos mediante el pago de impuesto y el pago de cotizaciones a la Seguridad Social, al traer a los trabajadores
ilegales al mercado laboral regular. El documento anima a los gobiernos a luchar contra el trabajo en negro o sumergido, porque es un factor de estímulo para la inmigración ilegal. El documento de la Comisión Europea considera que el factor de
estímulo para la inmigración ilegal es el trabajo sumergido y califica este documento de inaceptable que se permita la residencia ilegal duradera de grandes números de inmigrantes.



El 17 de febrero, el viceministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, a la sazón presidente semestral de la Unión Europea, Nicolas Schmit, reiteró el total apoyo de la Presidencia de la Unión Europea a la política española de inmigración y,
en concreto, al proceso de legalización de indocumentados, que se prolongará hasta el próximo 7 de mayo. Declaró: Creo que España ha tomado una iniciativa muy sensata. Las medidas del Gobierno español para legalizar a los irregulares no deben
tener consecuencias negativas, sino positivas, sobre los otros países de la Unión. Y la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, con quien me reuní la semana pasada, declaró lo siguiente, señorías: que el proceso es una iniciativa muy
progresista, que mejora la protección de los derechos humanos de estos colectivos y que refleja además la actitud de los ciudadanos españoles, que quieren una sociedad más justa y más segura. No podría yo haber hecho una definición mejor que la de
la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU sobre este proceso.



Medios de comunicación internacionales. The New York Times, un medio prestigioso, el 21 de marzo de 2005, editorializaba del siguiente modo: Legalizando a los trabajadores que cumplen los requisitos, a las autoridades les resultará más
fácil seguir la pista a la situación y paradero de los trabajadores. Garantizando que son pagados legalmente y con las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, su presencia será más aceptable a la opinión pública general. El proceso
-decía The New York Times- podría convertirse en un modelo para otros países. O Le Monde del 10 de mayo de 2005, editorializaba de igual modo: Algunos en España y en los países vecinos critican el proceso, hablarán de laxismo, de puerta abierta a
los inmigrantes clandestinos, pero quizás debería considerarse esta iniciativa como un ejemplo e incluso como un modelo.



Los empresarios españoles. El presidente de la CEOE ha declarado, una vez concluido el proceso, que ya no hay ninguna justificación para emplear a extranjeros de forma irregular y que los números parecen ciertamente importantes. Nosotros
-decía el señor Cuevas- estimábamos unos 500.000 trabajadores. También en esa declaración dio por cerrada la etapa en la que se necesitaban trabajadores y era muy difícil obtenerlos de forma legal. El secretario general de la Federación Española
de Hostelería calificó de gran éxito el proceso, que ha permitido


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que muchas empresas hayan arreglado su situación. Los sindicatos españoles al máximo nivel, el secretario general de Comisiones Obreras consideró ambicioso y positivo el proceso al permitir aflorar una parte importante de la economía
sumergida. O la secretaria de Igualdad de la Unión General de Trabajadores calificó de muy satisfactorio el resultado de este proceso.



El proceso, señorías, constituye una experiencia sin precedentes en Europa de afloramiento de la economía irregular. En estos términos se ha hecho posible reconducir a una situación de legalidad lo que en los últimos años era una tasa
creciente de economía sumergida. En consecuencia, un importantísimo número de trabajadores van a ver reconocidos sus derechos laborales y van a poder contribuir en términos de igualdad al sostenimiento del Estado del bienestar. El impacto del
proceso en las cifras de ingresos del sistema de Seguridad Social podrá ser evaluado con precisión en los próximos meses, como he señalado antes, más de 1.500 millones de euros a partir del próximo año. A estas cifras habrá que añadir los ingresos
derivados de los impuestos directos que corresponde ingresar a estos nuevos contribuyentes.



Al margen de lo anterior, el proceso no puede ser valorado solo en términos políticos, sociales o económicos, debe además considerarse el impacto del proceso en términos de refuerzo de los principios éticos de la sociedad democrática que
rechaza convivir con espacios de ilegalidad propicios a la generación de prácticas de discriminación y de explotación de las personas. En este sentido, el proceso refuerza la legitimidad del Estado democrático para combatir con mayor rigor y
eficacia las situaciones de ilegalidad, casi 700.000 solicitudes que al final, señorías, serán cientos de miles de empleos arrebatados a la economía sumergida, cientos de miles de nuevos afiliados a la Seguridad Social, cientos de miles de
inmigrantes integrados en su comunidad. Estas cifras demuestran que el proceso fue un acierto, yo se lo agradezco a la sociedad española, y lo fue no solo del Gobierno, sino fundamentalmente de los empresarios y de los trabajadores españoles, de
los sindicatos, empresarios, ONGs y de todos aquellos que apoyaron este proceso, en definitiva, es un acierto, señorías, de la sociedad española en su conjunto, que está superando con éxito una etapa que necesitaba dejar atrás. El Gobierno, animado
por los deseos de la inmensa mayoría de los españoles, está racionalizando, con el reconocimiento de derechos, el tratamiento de la inmigración en nuestro país. Tendrán derechos los que no tenían, pero garantizando su aportación al mantenimiento de
los servicios públicos, como la sanidad y la educación, de los que ya se beneficiaban. Se combate así la economía sumergida, se refuerzan las garantías del sistema de pensiones, y sobre todo se eleva el nivel ético de la sociedad española, que ya
era muy alto.



La señora PRESIDENTA: Suspendemos dos minutos y a continuación empezamos con las intervenciones de los distintos grupos, como he dicho, de menor a mayor, para que vayan preparando sus intervenciones. (Pausa.)


Señorías, iniciamos las intervenciones de los distintos grupos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Barkos. Vamos a ser justos en el tiempo. Les ruego que se ciñan lo máximo posible a lo establecido.



La señora BARKOS BERRUEZO: En mi caso incluso voy a ser breve.



Quiero agradecer la comparecencia del señor ministro a petición propia y a petición de varios grupos. Quiero especificar que la solicitud de comparecencia realizada tanto por Izquierda Unida como por el Grupo Mixto había sido presentada
hace muchos meses, incluso antes de la puesta en marcha del proceso. Por tanto, debe ser leída en ese contexto y no como falta de interés respecto al mismo. En ese sentido, entiendo la satisfacción mostrada por el ministro y por todo su equipo.
Es bastante evidente, el proceso se está llevando a cabo con datos más que satisfactorios, pero quedan dudas y lagunas que nos gustaría que nos despejara a lo largo de la comparecencia de hoy.



Señor ministro, no se han llegado a cubrir las expectativas previstas y reseñadas en abundantes ocasiones por el ministerio no solo en torno al número de expedientes resueltos de manera favorable, sino incluso al número de solicitudes, y
esta cuestión debería ser comentada en esta sala. Respecto al desfase entre solicitudes y autorizaciones -no tan alto como pudiera parecer, pues lo cierto es que los porcentajes son mínimos- nos gustaría que nos aclarase si se han previsto
mecanismos para corregir esta cuestión a medio plazo. En cuanto a los sistemas de repatriación, nos gustaría saber si desde el ministerio, en cuanto departamento que lidera este proceso, se va a proceder a la solicitud de un protocolo, porque ha
sido en este capítulo donde se han producido si no los mayores problemas, sí los de mayor trascendencia para la opinión pública.



Por último, señor ministro, quiero reiterar una idea en la que venimos insistiendo con pasión desde el arranque de todo este proceso y es que la política de acogida y de asilo no puede quedar limitada a las necesidades del mercado laboral.
Me podrá responder que usted es responsable del departamento de Trabajo, pero su departamento es el que ha liderado todo este proceso, que hemos apoyado desde el principio -lo ha reseñado usted- y que seguimos apoyando, y nos gustaría que nos
contestara a las dudas expresadas. Insistimos en que la política de acogida y asilo no puede quedar limitada a las necesidades de nuestro mercado, entre otras cosas, porque a medida que el proceso de normalización vaya arrojando algunos datos, nos
encontraremos con algunas de las dudas que empiezan ya a verse. Según los datos que nos han facilitado a lo largo de esta mañana, en estas estadísticas queda expresado que un 20,5 por ciento de los solicitantes en estos meses están ya en la banda
de edad entre 41 y 65 años. Quedaría por explicar qué puede ocurrir -no dudo que va a ocurrir- cuando estas personas, que han regularizado ya su situación en España a


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lo largo de este proceso, ya no sean válidas para el mercado laboral, si todo lo basáramos en esta filosofía, cuando llegue ese proceso de regularización pero ya en materia de pensiones.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señor Herrera.



El señor HERRERA TORRES: Desde Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos agradecer la presencia del ministro. Como bien decía la señora Barkos, nuestro grupo parlamentario presentó una petición de
comparecencia ya hace tiempo evidenciando nuestro interés sobre la materia.



Nuestro grupo entiende que se puede hacer una valoración positiva. Sin lugar a dudas, más de medio millón -seguramente nos situaremos en esta cifra- es una cifra que da respuesta a aquello que necesitaba contestación, como era la existencia
con cifras muy elevadas de una economía sumergida, de una economía de explotación. Por tanto, el proceso de regularización -de normalización, como usted decía- debía dar respuesta a esta anormalidad. Si bien la respuesta es positiva, nuestro grupo
parlamentario también entiende que es insuficiente. Le explico el porqué. Las cifras que ustedes dieron en su momento hablaban de 1.300.000 personas en situación irregular, hablaban de un potencial de 800.000 personas con posibilidades de ser
reguladas y lo cierto es que las cifras que tenemos encima de la mesa van a estar un poco por encima del medio millón de personas pero en cualquier caso no llegan a las expectativas que el propio ministerio había situado. El ministro decía que
estaba bien poniendo determinadas cifras, pero es cierto que el porcentaje en la tasa de ocupación entre las personas extranjeras es superior. Por tanto, era razonable la cifra que ustedes daban en un principio y las cifras que tenemos son
positivas pero insuficientes. Nuestro grupo entiende que esto se debe seguramente a tres motivos. En primer lugar, no ha habido marcos flexibles para la regularización. El 9 de marzo le hice una pregunta en el pleno sobre la flexibilidad de
determinados criterios y usted se remitía simplemente al consenso entre los actores sociales. Es cierto que la aprobación del empadronamiento por omisión llegó tarde y, sobre todo, desviaba el problema o la gestión a los ayuntamientos. Todos
sabíamos que muchos ayuntamientos, especialmente en Andalucía, no habían empadronado a los trabajadores en situación irregular precisamente porque el mismo Partido Socialista había pedido que no se empadronasen, debido a las consecuencias de la Ley
de Extranjería. Por tanto, nuestro grupo entiende que estos mayores criterios de flexibilidad se deberían haber dado desde el principio. Así se lo trasladamos. El aumento de personas que presentaban los papeles diariamente demuestra precisamente
que los criterios de mayor flexibilidad se deberían haber dado desde un principio.



En segundo lugar, la voluntad de los empresarios. Es cierto que, en su conjunto, los empresarios han actuado de forma correcta y que hay que valorarlo de forma positiva, pero no es menos cierto que las centrales sindicales han presentado
diversas denuncias de empresarios -le pongo el caso de Cataluña, más de 90-, que, teniendo trabajadores extranjeros en situación irregular, se han negado a ofrecerles contrato. Esta práctica ha existido y hay que dar respuesta. Nuestra pregunta
es: ¿serán suficientes los 53 inspectores que el ministro mencionaba? Nuestro grupo entiende que para hacer todas las inspecciones que usted anunciaba seguramente 53 inspectores van a ser insuficientes; no son suficientes 53 inspectores para
hacer de forma eficaz lo de antes, si me permite la expresión, ya de forma muy ahogada, sabiendo que precisamente en la Inspección de Trabajo hacían falta ya más recursos, además de lo que el ministro, con toda la buena intención, ha anunciado.



Tercer problema, el tiempo. Nuestro grupo, el Grupo Vasco (EAJ-PNV) y otros grupos parlamentarios planteábamos la necesidad de que hubiese más tiempo debido precisamente a las circunstancias que antes mencionábamos.
Usted de forma
reiterada ha dicho que no era necesario más tiempo, pero hay cifras que destacan precisamente la demanda de nuestros grupos parlamentarios. El sábado 7 de mayo se llegaron a presentar 54.744 expedientes, más que entre la octava y la duodécima
semana, alud que demuestra que de forma eficaz hubiese ido bien tener más tiempo precisamente porque los requisitos y las condiciones cambiaron en el transcurso del proceso de regularización. Habría sido aconsejable contar con más tiempo para
garantizar no solo que las cifras serían positivas, sino que se situarían en el umbral de lo óptimo. Además de estos elementos, quisiera introducir algunas dudas, que son las siguientes: ¿qué va a pasar con los trabajadores extranjeros en
situación irregular que no han podido regularizar su situación precisamente porque su empresario no les ha ofrecido contrato de trabajo? Se lo pregunto porque, dependiendo de cuál sea la respuesta y de cuál sea la actuación del ministerio, ese
trabajador extranjero que no ha podido regularizar su situación por un empresario que ha actuado de forma fraudulenta puede sufrir una doble injusticia: la del empresario que no le ofreció el contrato para regularizar su situación y la de tener un
expediente de expulsión debido a que aquel empresario no actuó de forma correcta. Por ello quisiera saber cuál va a ser la respuesta por parte del ministerio ante estas situaciones.



Más allá de estos tres elementos que, a nuestro entender, son básicos por los cuales no se ha llegado a la situación óptima (el padrón y los criterios de flexibilidad, la voluntad de algunos empresarios y el problema del tiempo), quería
hacer la reflexión que nuestro grupo parlamentario, al igual que otros grupos, viene haciendo desde hace tiempo. El elemento laboral debe ser fundamental en la regularización de la situación de trabajadores, en este caso, irregulares, pero no puede
ser el único argumento. Ha habido casos, y usted se refería


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precisamente a centenares de miles de personas que no están en situación de poder trabajar, que deben tener marcos más estables para regularizar su situación. En una proposición no de ley conjunta hablamos de la situación de los menores que
deben tener estos marcos precisamente para poder regularizar su situación. Nuestro grupo quisiera saber cuáles van a ser los elementos para poder regularizar estas situaciones.



Por último, ¿y a partir de ahora, qué? Precisamente para nuestro grupo parlamentario es necesario, dadas las características y de cómo se ha cerrado el proceso, en primer lugar, que la Inspección de Trabajo funcione; por tanto, le
transmitiría al ministerio la necesidad de doblar los recursos humanos precisamente para poder acometer todas las inspecciones que el ministro planteaba. Una vez superado el proceso de normalización, es fundamental que tengamos canales estables de
regularización. Nuestro grupo parlamentario se lo transmitía tanto al ministro como a Consuelo Rumí en la reunión que tuvimos previamente a la definición del proceso, porque lo que está claro es que si el reglamento actual queda tal y como está
planteado, vamos a tener un proceso de regularización de aquí a no pocos años.



El esquema tradicional y habitual con el que se ha funcionado en este país ha sido la inexistencia de canales estables de regularización para que, al cabo de los años, se produzca un proceso extraordinario de regularización antes y ahora un
proceso de normalización. La única manera de dar respuesta a esto es precisamente que existan canales estables de regularización, donde el elemento laboral sea importante, pero no el único canal. Por tanto, aquí hay que dar respuesta al arraigo
laboral, seguramente con criterios más flexibles, porque la petición de un contrato de un año, precisamente por las características globales del mercado de trabajo, es imposible, más aun en los trabajadores extranjeros, y donde haya marcos estables
para el arraigo social. Si no es así nos encontraremos con que, al final de la legislatura o al principio de la siguiente, vamos a estar otra vez en las mismas. De lo que se trata es de que, en materia de extranjería, una mayoría de izquierdas y
un gobierno socialista hagan una política distinta a los parámetros tradicionales y habituales en los que se ha movido el Partido Popular. Hemos empezado a hacerlo de forma distinta, pero no hemos llegado donde teníamos que llegar. Por eso,
nuestro grupo parlamentario le transmite la necesidad de que se den -y acabo, señora presidenta- los canales estables de regularización y de que haya una reflexión por parte del ministerio de cómo se dan, sabiendo que ha habido gente que no ha
podido entrar en este proceso de regularización, que aún había márgenes y que sin en estos canales estables de regularización, que no se dan en el reglamento, difícilmente vamos a poder estar durante tres años sin tener que recurrir a procesos de
las características del que hemos tenido.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MÚÑOZ: Muchas gracias, señor ministro, por su prolija exposición. Creo que tiene motivos para estar razonablemente satisfecho por la aplicación del proceso de regularización; pero, también, su intervención, permítame
que se lo diga con la amistad que nos une, a veces rayaba la apología, la autocomplacencia, excesiva en opinión de mi grupo parlamentario. Este es un proceso que ha funcionado razonablemente bien, al margen de los agradecimientos expresos que usted
ha realizado, porque la norma ha sido bastante consensuada, ha tenido un amplio consenso parlamentario -yo recuerdo que estuve hablando con la secretaria de Estado durante mucho tiempo antes del verano-; es una norma que ha nacido con el elemento
fundamental de legitimación con que deben nacer este tipo de normas: el apoyo de un número importante de grupos parlamentarios. Pero los éxitos también hay que relativizarlos, tanto en sus aspectos cuantitativos como en sus aspectos cualitativos.
El señor Herrera ha comentado que en los aspectos cuantitativos hay algunos puntos oscuros o algunos elementos que merecen una cierta autocrítica. Yo me acuerdo que cuando hablaba con la señora Rumí, antes del verano, se decía por parte del
ministerio -eran cifras oficiales del ministerio- que había un contingente aproximado de 1.300.000 extranjeros en situación irregular, e incluso tengo la impresión de que la previsión era optimista.



Cuando se inició el proceso, el objetivo que se marcó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales era regularizar a unas 800.000 personas; por lo menos, así lo indicaron sus portavoces en los distintos medios de comunicación. Observamos que
a la finalización del proceso se han presentado 690.000 solicitudes, no todas definitivamente resueltas, porque algunas están pendientes de la aportación de documentación complementaria -algunos expedientes están incompletos-, y usted sabe que en la
vía de la convalidación o validación contenciosa, o incluso en el ámbito contencioso-administrativo, esta cifra va a ser objeto de una reducción significativa, que podríamos evaluar en porcentajes aproximados al 10 ó 15 por ciento, como sucede
siempre en la actuación de los procesos administrativos o de los actos de ejecución administrativa de una norma reglamentaria, como es esta, con lo cual comparto la opinión del señor Herrera de que, al final, estaremos hablando de una regularización
de poco más de 500.000 personas, cifra coincidente con las reclamaciones del señor Cuevas, como usted ha indicado expresamente. No está mal, pero no está mal relativamente; estamos hablando de la mitad del contingente de extranjeros que ustedes
mismos consideraban en situación irregular en el Estado español, y la mitad del contingente de extranjeros en situación irregular y la expatriación de los demás, que se va a hacer de forma absolutamente perentoria, a nosotros no nos conduce a hacer
reflexiones demasiado apologéticas o particularmente apologéticas del proceso. El proceso es mejorable y, además, hubiese sido fácilmente mejorable con algo tan sencillo como una pequeña ampliación del plazo de


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regularización, porque los datos, como también explicaba el señor Herrera, son muy significativos.



El incremento de las solicitudes en los últimos días ha sido espectacular, hasta el punto de que el sábado 7 nos encontramos con una gran punta de solicitudes, lo cual indica que en el último momento por razones diversas y cuya casuística es
varia, como usted sabe perfectamente, mucha gente se animó, entre otras cosas por los datos que existían -así me lo han comentado muchos extranjeros y muchas asociaciones representativas- sobre si era pertinente estar en las oficinas, estar
regularizado y estar en los registros o no, es decir, mantenerse en una situación de teórica tolerancia manteniendo la situación de irregularidad. Desde esta perspectiva, transmito mis felicitaciones porque el esfuerzo ha sido notable y, además,
quién soy yo para refutar opiniones o avales tan notable como las The New York Times, Le Monde u otros avalistas tan importantes como los que usted ha citado. La modestia que caracteriza a la actividad parlamentaria de mi grupo me impide realizar
una refutación de opiniones tan ilustres. No obstante, creo que si usted hubiese flexibilizado un poco en términos temporales la regularización del proceso las felicitaciones de estos medios y de esos avalistas internacionales no hubiesen sido
menores; de hecho, seguramente hubiesen sido superiores, más enfáticas y más entusiastas.



Filosóficamente, también comparto la opinión del señor Herrera porque esa vinculación estricta entre la regularización y el mercado de trabajo, por el hecho del trabajo en sí mismo, no me parece pertinente, hasta el punto de que adquieren
una posición absolutamente marginal los demás elementos de regularización: el arraigo, la reunificación familiar y otros elementos que se redactan en el reglamento de forma muy perifrástica, por lo que hay un trabajo de hermenéutica, de
interpretación muy fino, como es el caso de las llamadas razones humanitarias, así como esas consistentes en los problemas que derivarían de la repatriación de determinadas personas. Personalmente, creo que está pensando en mujeres que como
consecuencia de la repatriación llegarían a países en los que la posición de la mujer está subordinada o sometida a regímenes que no son convencionalmente aceptables en un país occidental. Esas razones humanitarias o esas posibilidades de arraigo y
de regularización se han redactado de forma tan hermética, de forma literariamente tan incomprensible y que permiten una actuación tan discrecional a la Administración pública, que realmente no ha sido el factor que ha condicionado la regularización
de extranjeros, sino fundamentalmente el trabajo. Hay que incorporar de forma mucho más intensa y clara un elemento de solidaridad, de manera que el trabajo no sea el elemento casi condicionante a la hora de acometer un proceso de estas
características.



¿ Qué puntos, en opinión de mi grupo parlamentario, así como en la de otros que hemos suscrito una proposición no de ley, se podían haber mejorado en la normativa y en la aplicación de la misma? En primer lugar, tenían que haber sido
ustedes más diligentes en la aplicación del padrón por omisión, porque lo que no se puede es utilizar una institución jurídica de estas características justo en la finalización del proceso.
Además, el padrón por omisión también se ha hecho de forma
absolutamente discrecional, porque para acreditar el mismo no se han aceptado todas las pruebas admitidas en derecho por el ordenamiento jurídico. Mediante la acreditación de esta circunstancia hay muchos extranjeros que podrían acreditar su
estancia prolongada en el tiempo y no lo han podido hacer por los elementos probatorios que, discrecionalmente y además de forma diferente en unas y otras administraciones o en distintos lugares del territorio Estado español, se han llevado con
relación a la aplicación.
Por eso, los 90 días, que nosotros instábamos a que se ampliasen hubiesen permitido incorporar elementos de seguridad a un concepto jurídico que tiene elementos de indeterminación muy notables, preexistentes a su condición
de ministro, pero que provocan problemas de seguridad jurídica.



Respecto al problema de los antecedentes penales, señor ministro, como usted sabe, que se tienen que acreditar por los extranjeros relativos a su país de origen, la casuística es infinita. Hay países donde los antecedentes penales se
destruyen; hay países donde los antecedentes penales se mantienen; hay países donde se puede disponer de antecedentes penales a cambio de cantidades monetarias. Hay países donde hay que recurrir a organizaciones mafiosas para obtenerlos. En fin,
qué le voy a explicar en relación con los problemas que ha habido con los antecedentes penales, hasta el punto de que le voy a contar una anécdota chusca. Una persona acudió a la oficina de Bilbao a solicitar su regularización acreditando que su
trabajo consistía precisamente en proporcionar antecedentes penales a sus compatriotas que estaban en el proceso de regularización. ¡Ese era el trabajo que acreditaba! No sé sabe por quién fue contratado ni qué tipo de contrato tenía ni cómo se
pudo afiliar a la Seguridad Social, pero esa era su actividad laboral: conseguir antecedentes penales a sus compatriotas. Si llegamos a elementos tan extraordinariamente latos en la aplicación de este requisito -no latos sino irregulares-,
verdaderamente estamos ante una circunstancia que merecería una reflexión complementaria. Y la ampliación del tiempo del proceso de regularización también hubiese podido resolver algunos de estos problemas.



Se ha referido el señor Herrera a la problemática de los niños y niñas inmigrantes. Nosotros entendemos que con los niños y niñas inmigrantes, y sobre todo utilizando los requerimientos estrictos de la Convención para la protección de los
derechos del niño, aprobada en el año 1969, tenía que haber sido la Administración mucho más flexible a la hora de admitir la regularización de todos sin ninguna excepción, y así lo instamos en una proposición no de ley que ha sido presentada.
Estamos utilizando requerimientos del derecho internacional público y requerimientos y preceptos concretos de la


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Convención para la protección de los derechos del niño. Usted es un hombre progresista, con firmes convicciones progresistas, y quizás debería haber atendido a este requerimiento que no es en absoluto extravagante.



Por último, señor ministro, usted y yo hemos discutido personalmente algo que en Euskadi tiene particular importancia. Yo no sé por qué se utiliza solo el contrato de trabajo como elemento vinculado al derecho del trabajo para la
regularización, cuando usted sabe que la vinculación a las empresas no solo se hace a través de contratos de trabajo. Existe una importante realidad cooperativa en Euskadi, donde la vinculación a la empresa no se hace mediante la formulación o el
instituto jurídico del contrato de trabajo, sino por medio del contrato de socio cooperativista o socio cooperativo; es decir mediante un contrato de sociedad que ha impedido, en definitiva, que numerosos trabajadores extranjeros se puedan vincular
a sociedades cooperativas por el procedimiento que éstas utilizan por imperativo legal para posibilitar la integración en su propia estructura societaria o empresarial. Además, señor ministro, usted estaba de acuerdo conmigo. Me acuerdo
perfectamente de una conversación que tuve con usted, que veía que esta era una deficiencia que se debería remover, pero no ha sido así. Muchas cooperativas en Euskadi del grupo Mondragón no han podido contratar o regularizar a extranjeros por esta
razón. Este es otro punto de un aspecto notablemente mejorable; por no hablar de contratos de sociedad y de otras fórmulas contractuales que a mí no me gustan porque se separan peligrosamente del contrato de trabajo y de los componentes tuitivos y
protectores del contrato de trabajo, pero que están ahí y forman parte de nuestra realidad y que sirven para que mucha gente pueda trabajar. Son otras figuras contractuales mercantiles, civiles, etcétera. Desde esa perspectiva esos son los
aspectos críticos de la normativa, que quizás a su vez han puesto de relieve que las cifras no sean tampoco para echar las campanas al vuelo, con todos los respetos, señor ministro.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Discúlpenme, señora presidenta, señor ministro, el conjunto de portavoces y la propia Mesa por haberme incorporado tarde a la comparecencia. Pero eso no es óbice para que mi grupo tenga sobre este proceso una
opinión, y una valoración de cara al futuro que considera necesario plantear hoy al señor ministro.



Es evidente que este no es el primer debate que hay en España sobre procesos de documentación y regularización. Desde el año 1986 hemos impulsado con diversos gobiernos -del PSOE, del PP y de nuevo del PSOE- procesos más o menos de estas
características. Una primera constatación del hecho de que desde el año 1986 hayamos venido impulsando cada tres, cuatro o cinco años -el último periodo en menos tiempo- procesos de documentación para personas extranjeras que residían en situación
irregular en España es fundamentalmente la expresión del fracaso de las políticas que organizan la llegada por las vías legales de estos ciudadanos extranjeros al territorio del Estado español. En este sentido la puesta en marcha de este proceso es
la expresión del fracaso de las políticas del anterior Ejecutivo. Este es un primer hecho que debemos constatar si queremos ser serios. Estamos obligados a plantear procesos de documentación de carácter extraordinario porque hemos sido incapaces
de organizar por las vías legales el acceso de ciudadanos extranjeros a España.



En segundo lugar, el proceso que hemos vivido estos meses ha tenido características diferentes a anteriores procesos. Es un proceso que se deriva de un acuerdo social explícito -estoy seguro que el señor ministro en su intervención lo habrá
enfatizado- y además es un proceso que pivotaba alrededor de dos elementos seguros desde la perspectiva del derecho: por un lado, el hecho de que el ciudadano extranjero estuviese empadronado antes de una determinada fecha, y por otro lado, que
quien tuviese la iniciativa de regularizar no fuese el extranjero en situación irregular sino su empleador. Ahí constituíamos dos elementos que a priori establecían que ese proceso tuviese las garantías mínimas necesarias para ser un proceso
exitoso y serio desde la perspectiva de regularizar a quien estaba trabajando en España antes de agosto del año pasado. Estos dos hechos, el de que proviniese de un acuerdo social y las características del empadronamiento y de la iniciativa
empresarial, llevaron a mi grupo a manifestar al Gobierno -así lo hicimos en la Cámara- el apoyo de Convergència i Unió a la puesta en marcha de este proceso.



Desde esta valoración inicial mi grupo entiende que desde 1986 hasta ahora los planteamientos iniciales de este proceso eran correctos. Pero también es cierto que mi grupo ya manifestó en su momento al Gobierno dos tipos de preocupaciones.
En primer lugar, que el Gobierno había sido imprudente al anunciar a bombo y platillo, en el mes de agosto del año pasado, que este proceso se iba a poner en marcha. Se lanzó el mensaje urbi et orbi de que en España se abría un proceso para
documentar a ciudadanos extranjeros, y sabemos desde el año 1986 en España y en todo el marco de la OCDE que los procesos de documentación de estas características tienen un efecto llamada. Por tanto, una vez que se había cometido el error de
anunciar el proceso en el mes de agosto del año pasado, era necesario que, junto a la buena marcha del proceso, el Gobierno tomase las medidas necesarias para impedir que ciudadanos extranjeros residentes en otros países de la Unión Europea, o
residentes en sus países de origen, al amparo del proceso que se ponía en marcha, viniesen con la falsa esperanza de regularizarse.



Mi grupo le formula la segunda crítica con toda la tranquilidad del mundo porque ya se lo advertimos al Gobierno en público y en privado, y es que nos parecía


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necesario que durante las semanas y los meses del proceso de documentación se tomasen todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo control de las entradas a España por parte de ciudadanos de terceros países. Incluso llegamos a
plantear, en la línea de lo que otros gobiernos de la Unión Europea habían reclamado, la suspensión de la libre circulación de personas, la suspensión del tratado de Schengen, sabiendo que eso tenía sus dificultades, pero nos parecía que era la
mínima medida de garantía para evitar ese efecto que lógicamente se terminó produciendo. Mi grupo puede plantearle lo que ha sucedido estos días en la frontera de Cataluña con las comarcas del Roselló y, en general, con las fronteras de Cataluña
con el Estado francés, donde observadores independientes, como son los vecinos de estos territorios, han constatado que durante estos meses esas fronteras no han sido suficientemente controladas y que por tanto se ha incrementado el número de
ciudadanos extranjeros que con la falsa esperanza de regularizarse han llegado a España. Me decían hace unos días que, por ejemplo, en la ciudad de Madrid se han empadronado desde agosto del año pasado cerca de 30.000 personas.
¿Todas que han
llegado con posterioridad a agosto de 2004. Lo hemos visto en las fronteras y yo creo que el Gobierno ha cometido un error con la ausencia de una política suficiente para el efectivo control de las fronteras.



Además, si el planteamiento empadronamiento y mercado de trabajo/iniciativa del empleador era un buen mecanismo, eso exigía un nivel de movilización de recursos públicos, de complicidad con la sociedad civil que no ha existido. El 7 de
mayo, Comisiones Obreras afirmaba que lo relativo al padrón se ha realizado tarde y mal -el Gobierno no ha podido dotar de recursos a la Oficina de Extranjería en el caso de Barcelona- y que las asociaciones empresariales no han hecho nada.
Comisiones Obreras trasladaba la responsabilidad a las organizaciones empresariales. Cuando mi grupo ha tenido ocasión de dialogar con las asociaciones empresariales, catalanas en nuestro caso, la sensación que nos han transmitido es que el
Gobierno no les había implicado para activar esas bolsas de economía sumergida que existían en nuestra sociedad. A nuestro entender ha faltado la complicidad con los sectores económicos para activar su interés en que este proceso fuese un éxito.
En este sentido, los recursos económicos que el Gobierno ha trasladado a las organizaciones empresariales para poder hacer frente a este proceso han sido escasos. Además, en esta línea de las complicidades, las grandes ausentes han sido las
comunidades autónomas, que a partir de ahora van a tener que gestionar esta nueva realidad en este proceso los gobiernos autonómicos han estado absolutamente ausentes.



Yo no sé si en su primera intervención ha dado cuenta de lo que voy a plantear ahora y, si no ha sido así, rogaría que lo hiciese ahora-, es evidente que el proceso también ha generado críticas en otros países de la Unión Europea, críticas
por otro lado bastante farisaicas, porque en la Unión Europea se vienen realizando procesos de documentación durante los últimos años, lo que pone de manifiesto que no es demasiado razonable seguir creyendo que procesos de estas características se
van a poder hacer solos en el marco de un Estado. Si queremos construir una política común europea en materia de inmigración, procesos de documentación como el que estamos viviendo, deben consensuarse en el marco de la Unión Europea.



Mi grupo no suscribió la proposición no de ley que plantearon diversos grupos, tal como se ha hecho referencia, porque no nos parecía que estuviésemos ante un problema de falta de tiempo para regularizar a estas personas, sino ante un
problema de falta de medios y de capacidad de la Administración. Es evidente que tampoco se gestionó bien el proceso final, el denominado empadronamiento por omisión. Los ayuntamientos se encontraron solos frente a informaciones contradictorias y
frente a una presión de ciudadanos extranjeros que pretendían resolver su situación.
Mi grupo entiende, que entre la autocomplacencia y el alarmismo social, existe la consideración de que el proceso se podría haber hecho de manera sustancialmente
mejor.



Señora presidenta, mi grupo va a valorar definitivamente este proceso una vez que hayamos conocido la resolución del número de altas en la Seguridad Social y el número de tarjetas de identidad expedidas al final.
Las 157.000 personas dadas
de alta en la Seguridad Social son una primera cifra, pero habrá que ver cómo termina este proceso. Además, dentro de un año tendremos que analizar el nivel de renovación de las autorizaciones de trabajo concedidas para conocer si efectivamente el
proceso ha servido para regularizar. Tendremos que analizar el número de altas en la Seguridad Social cuando termine el proceso de manera definitiva y el número de renovaciones dentro de un año. Sin estos dos in put, vamos a ser incapaces de saber
de verdad si el proceso ha sido un éxito.



Para terminar, la información que tienen el Gobierno, los agentes sociales y la opinión pública, nos debe servir de una vez por todas para que seamos capaces de articular una política de gestión de los flujos migratorios que dentro de dos,
tres o cuatro años nos evite repetir un proceso de estas características. A este respecto a mi grupo le gustaría, en primer lugar, conocer la posición del Gobierno, cuál va a ser la política de gestión de los flujos migratorios del Gobierno, qué
modelo de contingente vamos a activar después de comprobar que el mismo, tal y como lo venimos contemplando desde mediados de los años noventa por lo que hace referencia a los contratos estables, no ha funcionado. Ahí está el reto del Gobierno. En
segundo lugar, quisiera saber qué medidas se van a adoptar para mejorar nuestra capacidad de controlar la entrada de los ciudadanos extranjeros en España. En este sentido, mi grupo le plantea una pregunta muy concreta. Fíjese que uno de los grupos
que irrumpe de manera significativa, con cerca de 47.000 peticiones de regulación, es el de los ciudadanos que


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provienen de Bolivia. Bolivia es un Estado andino al que España no le exige visado para entrar en los supuestos de estancias de menos de tres meses. Es significativo que haya 47.000 peticiones bolivianas. Tendremos que evitar que nos pase
lo mismo que nos sucedió -termino, señora presidenta- con los ciudadanos ecuatorianos y colombianos, a quienes durante muchos años no les exigimos el visado para estancias cortas y continúan siendo uno de los principales núcleos de inmigrantes en
situación irregular, pues nos vamos a encontrar con ciudadanos de Bolivia en situación irregular en un número muy considerable; además, con el riesgo de que, bajo pasaporte boliviano, se incorporen a España ciudadanos de Colombia y de Ecuador.
Aquí mi grupo le plantea capacidad de gestión de los flujos migratorios para hacer posible la incorporación por la vía legal y más rigor en la gestión de asuntos como el de Bolivia, que apunta posibles problemas de cara al futuro. Espero que entre
todos seamos capaces de construir esta política.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.



La señora MUÑOZ URIOL: Señor ministro, muchas gracias por acudir a esta Comisión y bienvenido, pues, aunque voy a ser muy crítica, por cortesía parlamentaria lo primero que tengo que hacer es darle la bienvenida y agradecerle que hoy esté
usted aquí.



Tengo que decirle, porque le conozco y porque he debatido muchas veces con usted, que no me ha extrañado su intervención, aunque la verdad es que me ha parecido falta de rigor y sobre todo que la realidad actual no permite el triunfalismo y
el autobombo que usted ha demostrado en esta comparecencia. Yo, con mi intervención, le voy a bajar a la clara realidad.



Señor ministro, su política de inmigración ha sido improvisada, precipitada, falta de rigor, de seriedad, sin planificar, errática, ha tenido cambios constantes de criterio y además con gravísimas consecuencias, porque, cuando esto ocurre en
la política de inmigración, desgraciadamente también ocurre a posteriori en las políticas de integración. Usted hoy aquí ha maquillado las cifras, ha obviado algunas declaraciones, ha hecho lo que no se debe hacer en una comparecencia
parlamentaria, que es cambiar la realidad, pero desgraciadamente, señor ministro, a esto usted ya nos tiene acostumbrados en otras intervenciones. No hay mayor ejercicio de cinismo, señor ministro, que decir que este proceso ha sido un proceso de
éxito y además intentar demostrarlo con cifras. Siento tener que describirle la clarísima realidad de lo que ha ocurrido a lo largo de este año. A nuestro juicio, señor ministro, usted va a tener la desgracia de pasar como el peor ministro que ha
tenido la inmigración, pues hacer una política de improvisación, como la que se ha hecho durante este año, es lo peor que le puede ocurrir a la inmigración. Nosotros estamos totalmente a favor de la inmigración, señor ministro, y que ni una sola
palabra de su intervención diga lo contrario, puesto que la política que se ha hecho durante todos estos años -ahí están las cifras, multiplicando por cuatro el incremento de la Seguridad Social, de 250 a un millón de inmigrantes con trabajo en
nuestro país- asevera que nosotros estamos a favor de una política de inmigración seria, rigurosa y planificada, todo lo que no han hecho ustedes.



Señor ministro, empezando por agosto de 2004, le voy a hacer una cronología de lo que ha supuesto este proceso de regularización o su política de inmigración. La señora Rumí anunció en agosto de 2004 un cambio radical en la política de
inmigración, habiendo pactado -como pactamos-, en diciembre de 2003, la Ley de Extranjería con ustedes.
Aunque después intentaron vendernos la voluntad de diálogo, de consenso y de gran pacto de Estado, ustedes hacen esos anuncios después de tomar
posesión del cargo, pero la clara realidad es que en agosto de 2004 la señora Rumí ya dice que en los próximos meses aquellos sin papeles que puedan demostrar una relación laboral fehaciente serán regularizados, así como los que denuncien a los
empresarios que les contraten de manera ilegal. Desde este mismo momento, agosto de 2004, empieza la errática política de inmigración de su Gobierno. A partir de ahí se produce un cúmulo de declaraciones, contradeclaraciones, rectificaciones y
desmentidos. Empezaron diciendo que los empresarios decidirían qué inmigrantes serían regularizados. Es más, dijeron que ustedes iban a perdonar a quienes legalizaran a sus trabajadores extranjeros. Después dijeron que los inmigrantes tenían que
cotizar antes de tener papeles y también dijeron que los sin papeles deberían aportar un contrato y que se les daría un permiso de estancia temporal; esto lo hacían el 24 de agosto, un día después.



Algo que usted no ha dicho aquí es que las ONG y los sindicatos exigían prudencia al Ejecutivo. UGT decía que era un anuncio inmaduro e imprudente que iba a crear falsas expectativas a los inmigrantes; Comisiones Obreras decía que el
Ejecutivo no podía delegar en los empresarios su responsabilidad; SOS Racismo decía que estaban generando incertidumbre; la Asamblea por la Regularización decía que ustedes estaban creando una situación contraria a los intereses de los
inmigrantes. Sus propios consejeros de otras comunidades autónomas donde gobiernan, como por ejemplo Andalucía, decían que había que ser coherentes y cautos cuando se gobierna y que, no podía haber papeles para todos. A partir de ahí empieza a
haber declaraciones de todo tipo, señor Caldera. El día 25 de agosto se puede leer en los periódicos: los ilegales provocan las primeras colas para la regularización. Rabat se lava las manos y culpa a Madrid de las nuevas avalanchas de
inmigrantes.
El país vecino advierte de que el anuncio de legalizaciones masivas alentará todavía más a los marroquíes y subsaharianos a alcanzar las costas españolas y provocará más dolor y drama. La prensa local avisa que empeorará el control
sobre el desplazamiento de terroristas y mafias.
Esto sucede dos días después de sus declaraciones. Tras los anuncios del Gobierno, siembran ustedes inquietud entre los inmigrantes.



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El 5 de septiembre, por si fuera poco lo que ustedes estaban levantando en el área de la inmigración y la incertidumbre que estaban creando, la policía denuncia que Interior retira 158 agentes que vigilaban la inmigración ilegal. Fíjese
señor ministro, la policía, un sindicato, no el PP, no la oposición. Todo lo que le estoy leyendo lo dicen los colectivos, los que ustedes dicen que le aplaudieron a manos llenas y los que al parecer han hecho posible que ahora haya hecho una
exposición de autobombo y de satisfacción y no le hayamos oído ni una sola autocrítica por leve que fuera. La Policía le decía que por los Pirineos se calculaba que entraban unos 2.000 sin papeles y que llegaban autocares cargados de rumanos.
Cuando la Policía decía que ustedes estaban retirando a los agentes que estaban vigilando las fronteras, uno de sus dirigentes, el señor Ibarra, le decía que lo que tenía que hacer era controlar las fronteras al máximo, porque tenemos un ejército
todavía importante que podía estar en los cuarteles o controlando las fronteras. Esto para ir sembrando un poquito más de incertidumbre. Nosotros evidentemente le pedimos explicaciones y le pedimos que compareciera. No lo hizo cuando debería
haberlo hecho, que era en el momento en el que se hizo este anuncio, sino que lo hizo cuando estábamos fuera del período parlamentario, no convocó a ningún partido político e hizo esas declaraciones. Ahora, cuando por fin vino a explicarlo en el
mes de septiembre, el día 14 de septiembre, usted ya dice que los inmigrantes que presenten denuncias por explotación laboral serán regularizados.
Evidentemente hubo otra rectificación porque nunca se llevaron a cabo las propuestas que usted hizo.



Usted dijo que con las empleadas de hogar iban a ser comprensivos, pero rigurosos; dijo que el empresario no sería sancionado si pagaba los seguros sociales en tiempo y contrataba al empleado. Hicieron tales anuncios -al día siguiente los
rectificaban- que nadie sabía cuáles iban a ser los requisitos de esa anunciada regularización.



Después de numerosos despidos y cuando la gente no sabía a qué atenerse, uno de los sindicatos mayoritarios de inmigrantes, Atime, decía que lo que usted estaba proponiendo generaba tensión y conflicto y que además estos globos sonda no
estaban propiciando una auténtica política de inmigración. A todo esto se sumaba la opinión de los expertos, a los que usted ni siquiera ha hecho mención, que decían que podría aumentar el paro con la regularización de inmigrantes. El Instituto de
Estudios Económicos decía que si se preveía dar papeles a esos 800.000 extranjeros, la situación económica no era la más beneficiosa para enfrentarse a un problema de regularización. Ustedes continuaron con su política, hicieron vuelos de traslado
desde Ceuta, Melilla y Canarias a la Península para evitar la tensión y el conflicto en esas zonas, que tuvieron un incremento importantísimo de inmigración irregular, por lo que tuvieron que proceder a los desplazamientos sin consenso ni diálogo
con las comunidades autónomas, intentando rebajar la tensión y la conflictividad en esas zonas.



Durante todos estos meses, incluso antes del periodo de regularización, y me estoy refiriendo concretamente al mes de diciembre, seguían llegando inmigrantes irregulares, los mismos, señor ministro, que no se podían regularizar. Una nueva
avalancha de inmigrantes desborda casi todos los albergues de Jaén. UGT dice que las mafias han propagado la facilidad de la regularización y vaticinan récord de irregulares en la aceituna. Esto se producía diariamente. Le cito la aceituna, pero
le puedo asegurar que en cualquiera de las campañas que se estaban haciendo en toda España se producía lo mismo. Mil inmigrantes entran a diario por los Pirineos; fecha, 31 de enero, unos días antes de que empezara el proceso de regularización.
Un barco con 228 sin papeles llega a Tenerife a dos días de la regularización. Señor ministro, ¿todos estos inmigrantes son menores de edad para trabajar o mayores de 65 años, como usted nos ha querido vender aquí? Los que estamos en esta Comisión
sabemos muy bien cuál es la realidad de su política de inmigración y qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo.



Igual que le decía al señor Campuzano, le tengo que decir que la policía le alertaba -y estamos hablando de febrero- del aumento de inmigrantes de Bolivia, Brasil y Venezuela que entran por Europa. Solamente en una ocasión, el señor Alonso,
no usted, admite el incremento de ilegales a través de Francia; no usted, porque la autocrítica o plantear el tema de la inmigración como se tiene que hacer, con seriedad y rigor, no entra en sus planes, pero uno de los ministros de su Gobierno sí
admitía que había una entrada importante.



La prensa mundial le criticó el proyecto. Yo, después de todo lo que ha estado diciendo aquí sobre The New York Times y de la prensa francesa, le tengo que manifestar que no sé qué prensa lee usted y si piensa que los que estamos aquí no
nos enteramos de lo que se publica en los medios de comunicación. Todos los leemos. Cuando uno solamente utiliza una parte de lo que dicen los líderes extranjeros, los que estamos aquí sentados podemos utilizar la otra parte, y, al igual que usted
decía que el viceministro luxemburgués aplaudía su iniciativa, le podemos decir que lea las declaraciones enteras. El mismo viceministro luxemburgués decía que los que creen que la política de inmigración es una competencia nacional se equivocan:
cuando se toman decisiones de la magnitud de la que ha adoptado el Gobierno español se convierten en un problema europeo.
A partir de esto le puedo decir lo que publicaba la prensa francesa, que fue la más beligerante en ese tema, o el resto de la
prensa internacional, que hoy no nos ha querido leer aquí. Por supuesto lo que proponía el señor Zapatero era un Plan Marshall para los países de donde procedían los inmigrantes.



Para concluir lo que ha supuesto este proceso de regularización en cuanto a anuncios y a rectificaciones le diré que su secretaria de Estado, en una entrevista que le hicieron en el mes de marzo dijo claramente que no habría ni ampliación de
plazo ni cambio de requisitos,


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que la estancia solamente se podría demostrar con el empadronamiento y que no habría cambios. Eso fue en marzo, pero un mes da para mucho, con lo cual en abril, concretamente el jueves 14, se hace una modificación de lo que era entonces el
empadronamiento. Se hizo un cambio absoluto, porque tenían ustedes unas cifras muy claras, habían anunciado que regularizarían a 1.300.000, según la vicepresidenta, e iban por 313.000 solicitudes cuando ustedes cambian los requisitos. El 14 de
abril hacen una resolución donde introducen ese criterio de empadronamiento por omisión; vuelven a rectificar el 17 de abril ante, según lo que dice el propio INE, las numerosas consultas recibidas, y vuelven a cambiar todos los requisitos. Tanto
es así que en Madrid, señor ministro, podían regularizar y acreditar su empadronamiento, con un bonobús, con un certificado de asistencia a hospitales, a un centro de salud, con un informe de que se había asistido a un curso, algo que vuelven a
modificar -termino en seguida, señora presidenta- en las aclaraciones que hacen tan sólo tres días después. A eso es a lo que ha llevado su proceso de regularización y esos han sido los continuos anuncios a lo largo de todo este tiempo.



Se hace un balance por la Unión Europea, una vez concluido el proceso de regularización. Desde París dicen que es una ganga, que no se puede hacer una política y un esfuerzo de integración y, por otro lado, tener a un país reducido al
Estado de colador; lo dice el actual primer ministro francés, señor Villepin; los profesores creen insuficientes sus medidas para la integración...



La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, termine, por favor.



La señora MUÑOZ URIOL: Voy terminando, señora presidenta.



Según los datos de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística, señor ministro, usted no se puede creer las cifras que aquí nos ha dado.
Los datos de extranjeros empadronados a 1 de enero de 2005 eran 3.691.000, de los cuales eran
legales 1.700.000, quedaban 1.714.000 en situación de irregularidad, de los cuales 650.000 habían entrado en 2004; si a eso se le suman 250.000 en los cuatro primeros meses de 2005, quedan reducidos a 100.000, pues usted dice que el resto son niños
y mayores de 65 años. Eso es intentar hacer de una realidad que son las cifras algo que no se puede creer ni siquiera usted, señor ministro.



Para concluir dos cuestiones fundamentales. Este balance, señor ministro, con un 50 por ciento de una duración que no se determina, con una crítica que le ha hecho Comisiones Obreras de que el 80 por ciento de los trabajos son precarios,
teniendo en pie de guerra a los inspectores y funcionarios de su ministerio diciendo que usted está haciendo una política de autobombo, simplemente refleja algo, señor ministro, -y me habría gustado seguir diciéndole qué ha pasado en este año de
política de inmigración-, que usted no ha sido coherente, ha improvisado, no ha tenido política de inmigración. Sobre todo, señor ministro, la policía, la Unión Europea, las críticas que se le están haciendo desde dentro de su ministerio y la
situación que estamos viviendo nos llevan a decir que ha sido un auténtico fracaso.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernando.



El señor HERNANDO VERA: Señor ministro, le acaban de decir que usted pasará a la historia como el peor ministro de Trabajo de la democracia.
Teniendo en cuenta que don Mariano Rajoy dijo que era el mejor candidato, no puedo por menos que
felicitarle. La diferencia es evidente.



Para autobombo el del señor Zaplana, lo que pasa es que el autobombo del señor Zaplana nos costa unos cuantos millones -yo sé que usted ha parado ese autobombo-, cientos de millones de pesetas nos costaban las campañas de imagen del señor
Zaplana que ya no se hacen. Su política era en parte como el retrato de Dorian Gray: parecía que sobre el papel todo estaba bien, pero las cosas iban mal, estaban muy envejecidas. De ahí esos 800.000 inmigrantes que hemos heredado, 800.000
inmigrantes sin papeles.
Decía Quevedo algo así como: Cuando no tienes razón y porfías, vocifera y da razones, porque, si no más razón, al menos tendrás más razones. Lo que nos han dado aquí son razones de oposición, señorías, razones para hacer
oposición porque cualquier parecido de lo que se acaba de contar con la realidad es pura fantasía.



Señor ministro, ha venido un mes después de terminar este proceso de documentación y le han dicho que no ha comparecido lo suficiente o que no ha comparecido en este tiempo para dar explicaciones. Comparece usted tan solo un mes después de
terminar el proceso de regularización, que es mucho antes de lo que compareció don Mariano Rajoy Brey, anterior ministro y responsable del Partido Popular de un proceso de documentación, que no vino un mes después de terminar su proceso de
regularización, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis; sencilla y llanamente no vino a la Comisión de Justicia e Interior a dar explicaciones de aquel nefasto proceso de regularización que el Consejo Económico y Social ha puesto como
ejemplo de lo que no hay que hacer; quizás por eso no vino el señor Rajoy.



Vamos a hablar del proceso de regularización, en lugar de hablar de artículos periodísticos. Dicen algunos que no saben qué prensa se lee, pues el New York Times, Le Monde; nosotros sí sabemos qué prensa se lee y cómo se lee esa prensa.
El Grupo Parlamentario Socialista confió desde el primer día en ese proceso de regularización, como confió el resto de los grupos y como confiaron -hay que decirlo una y otra vez, porque parece que no se escucha lo suficiente- el Consejo Económico y
Social, los sindicatos, los empresarios, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Todo el mundo apoyó un proceso de regularización, un proceso


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de documentación, de normalización de estas características, todos.
Recientemente ha habido un artículo en la prensa de Sami Naïr -al que me imagino que tendrán como experto- bastante elogioso respecto a este proceso de documentación. Sin
embargo, cuando uno no quiere ver las cosas directamente no las ve, se pone las orejeras de la oposición y allá que va a hacerla.



En mi opinión, para lo que estamos aquí ahora es para ver si, después de este proceso, se han cumplido los objetivos que el Gobierno había fijado.
Para eso, en primer lugar, hay que saber si la cifra de 800.000 era una cifra compartida,
porque ahora se habla de 1.300.000. La portavoz del Grupo Popular acaba de decir que 1.300.000 y se ha oído otra cifra por ahí. (La señora Muñoz Uriol: La vicepresidenta.) ¿La vicepresidenta? En todo caso, vamos a utilizar sus propias palabras
de no hace mucho tiempo, 7 de febrero de 2005. En declaraciones a Efe, Muñoz -se refiere a usted- alertó de que en España no se pueden crear 800.000 nuevos empleos y advirtió de que empleadores y empresarios pueden regularizar a trabajadores
inmigrantes que les salgan mejor que otros empleos que ya tengan; se refiere usted a 800.000. Declaraciones de 5 de febrero de 2005, también a Efe: Muñoz explicó que dicho incremento se debe a la suma de los que van a quedar fuera de los 800.000;
800.000, señora Muñoz, ¿le suena? (La señora Muñoz Uriol: Si fueron ustedes.) El 4 de mayo de 2005, Pastor calificó de nefasta la política migratoria del Ejecutivo.
Normalizar la situación de los extranjeros y legalizar 800.000; también 800.000,
se han referido en todo momento a 800.000. Ahora nos dan la cifra de 1.300.000 y no sé cuántas cifras más que les dice un señor que pasaba por ahí, que es miembro de un sindicato de policía y que, aunque está destinado en Valladolid, parece ser que
está en la frontera todo el día contando los que pasan, pero la cifra de 800.000 es la reconocida por todos y la fijada por el Gobierno, incluso por el presidente del Gobierno en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.



Frente a esa herencia de los 800.000, ¿cuál era su opción? ¿Expulsarlos? ¿Expulsarlos a todos? ¿Expulsar solo a algunos? ¿Qué alternativa daba el Partido Popular a un proceso de documentación de estas características? La nuestra, desde
luego, es la que comparte la inmensa mayoría de los ciudadanos, como bien ha dicho el ministro. El 65 por ciento de los ciudadanos está de acuerdo con un proceso de estas características. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Campuzano.
Un proceso de documentación lo que hace es reconocer un fracaso, pero no de este Gobierno, el fracaso es del Gobierno anterior. El fracaso es que si hay 800.000 personas en España de forma irregular es porque se les ha dejado pasar, se les ha
dejado permanecer aquí y porque en realidad ustedes saben perfectamente que no era posible expulsarles. Lo que ha ocurrido con este proceso de regularización y básicamente con su estrategia política es que en un momento dado ustedes pensaron que
cuanto peor mejor, cuanto peor fuese el proceso de regularización mejor para su estrategia política. Se hizo bueno aquel aforismo que utilizan los periodistas para sí mismos de que la realidad no estropee una buena noticia, pero la realidad les ha
estropeado la estrategia que establecieron previamente. Señorías, cuando los primeros días del proceso de regularización ustedes vieron que se presentaron 1.500 solicitudes el primer día, 2.000 solicitudes el segundo día, 3.000 solicitudes el
tercer día, dijeron: Ya está, les tenemos; esto va a ser un fracaso de mucho cuidado. Empezamos a criticar, no hay capacidad ni medios ni inmigrantes.
Sinceramente creo que lo pensaron; pero no solo lo pensaron, lo dijeron.
Dijeron unas
barbaridades de las que ahora, con el paso del tiempo y con 700.000 solicitudes presentadas, tendrían que ruborizarse. Fíjese lo que dijo usted misma y otros compañeros de su partido. Ángeles Muñoz consideró que la cifra de 313.000 es
desalentadora si se tiene en cuenta que las previsiones del Gobierno eran 800.000 regularizaciones y calificó a Caldera como un gran experto en marketing. ¡Lo que hemos tenido que tragar, señoría! ¡Lo que ha tenido que tragar el ministro! Ustedes,
mejor dicho Pastor, dijo: Dudo asimismo de la hipótesis del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, respecto a que durante este proceso se van a regular 800.000 personas. No van a ser 800.000, ni 700.000, ni 600.000, ni
500.000. Esto lo decía Pastor el 9 de marzo de 2005. Pensaron que el proceso iba a ser un fiasco y además lo dijeron porque eso respondía a su estrategia política, porque cuanto peor mejor.
Cuanto mejor sea el proceso es mejor para todos, también
para ustedes.
Créanlo, de verdad, porque para los millones de ciudadanos que les han puesto donde están es mucho mejor que el proceso haya salido bien; es mucho mejor que a los trabajadores se les haya arrancado de la explotación y se les estén
dando derechos y obligaciones.



La segunda gran pretensión de este proceso de documentación (y ahí tengo que coincidir con el tono el ministro de Trabajo en cuanto al éxito) es que por primera vez hay una vinculación clara entre mercado de trabajo y autorización de permiso
de trabajo y residencia. Nuestro derecho migratorio establece un principio que es el de causalidad: Si existe un trabajo existe la autorización de residencia. Hasta ahora desde el primer gran proceso (el de 1986 no lo cuento) eso no se ha
producido por una sencilla razón, porque una vez que el inmigrante obtenía el permiso de trabajo y residencia no se daba de alta en Seguridad Social, porque para obtener este permiso no era necesario el alta en Seguridad Social. En el proceso de
regularización impulsado por don Mariano Rajoy Brey ni tan siquiera era necesario el contrato, pero es una rara avis dentro del derecho migratorio. (La señora Muñoz Uriol pronuncia palabras que no se perciben.) No me jalee que me basto yo solo.
Por primera vez en este proceso se vincula el permiso de trabajo y residencia al alta en Seguridad Social y se consigue que la causalidad sea real y que deje de ser una casualidad


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que los inmigrantes se empadronen. Vamos más allá. ¿Cómo ha funcionado el proceso de regularización? Partiendo de la base de que no había medios, de que no había oficinas suficientes, de que no había puntos suficientes de recogida y de
que se han recogido 700.000 solicitudes, yo creo que es para felicitar a los funcionarios, al ministerio, a la secretaría de estado por el esfuerzo que se ha hecho, por haber recogido 700.000 solicitudes, cuando ustedes por esto no daban
absolutamente nada.



Han criticado mucho la flexibilización y el empadronamiento por omisión, figura que crearon ustedes. Dijo doña Ana Pastor: El empadronamiento por omisión está previsto para personas normales (quizá a los inmigrantes no les considera
normales). Cuando ya acababa el proceso de regularización, en declaraciones del 3 de mayo de 2005, Pastor negó que dicho proceso fuera un éxito y consideró a esta política incoherente y un desprecio absoluto a los ciudadanos inmigrantes. De
personas no normales pasaron a ser ciudadanos inmigrantes en un brevísimo plazo de tiempo. Yo creo que el empadronamiento por omisión se ha utilizado adecuadamente, según las previsiones que se establecen, según la legislación que ustedes mismos
crearon. No me atrevería a calificarla de rectificación, porque para rectificación le recomiendo que lea la legislación que aprobó los cuatro procesos de regularización que hubo entre los años 2000 y 2001. Sacaron unas instrucciones el 16 de marzo
que aclaran determinados extremos de la resolución anterior; si sacaron hasta resoluciones aclaratorias; si tuvieron que volver a rectificarse a sí mismos; si en la regularización impulsada por el señor Rajoy ni tan siquiera se pedía certificado
de antecedentes penales a los inmigrantes; si en este país se han dado permisos de trabajo y residencia a personas que no sabíamos si habían delinquido en sus países y si habían cometido delitos gravísimos. ¿De qué estamos hablando, señora Muñoz?
Por lo tanto, en mi opinión, el proceso se ha desarrollado adecuadamente.



Unión Europea. El ministro ha dicho que la vicepresidenta de la Unión Europea (termino ya) alabó el proceso de regularización, pero se han hecho determinadas cosas que a mí me extrañan, porque usted es experta y sabe bastante. Usted ha
llegado a decir que Villepin habría criticado esto, que los inmigrantes se iban a ir de España e iban a recalar en otros países, etcétera. ¡Pero si no existe la libre circulación de nacionales de terceros países en el marco de la Unión Europea! No
existe; es decir, un turco con residencia en Alemania tiene los mismos derechos y las mismas posibilidades de venir a España que un peruano que vive en Perú. Eso no existe; si la directiva que se aprobó en el año 2003 todavía no ha entrado en
vigor; si no es posible; si no es que lo diga el señor Villepin o no, es que legalmente no es posible, señora Muñoz (no pueden venir, no pueden ir a Francia y sacar allí un permiso de trabajo y residencia); no lo tiene que decir Villepin, es que
es eso lo que hay, ni más ni menos.



Finalmente en cuanto al traslado de inmigrantes desde Ceuta, Melilla y Canarias. La situación de insularidad de las islas requiere medidas excepcionales, y entre ellas está el traslado; siempre ha habido traslados. Tengo una respuesta
recientemente dada a este diputado sobre los traslados que ustedes hicieron en los años 2002, 2003 y parte del año 2004. Me parece necesario seguir trasladando y me parece conveniente que se firmen convenios, como está haciendo el Gobierno con las
comunidades autónomas a las que se traslada a los inmigrantes; ahora bien, con lo que no estoy de acuerdo es con determinado tipo de traslados. Yo sí recuerdo de dónde provenían los cien inmigrantes del Centro de Juventud de Mollina, que en el año
1996 fueron enviados esposados, drogados con haloperidol y en un avión del ejército a países que no eran los suyos; yo sí recuerdo de dónde venían, venían de Ceuta. Yo no estoy de acuerdo con este tipo de traslados, pero con el resto de traslados,
con traslados con fondos de 120 millones de euros...



La señora PRESIDENTA: Señor Hernando, ¿puede ir concluyendo, por favor?


El señor HERNANDO VERA: Termino ya, señora presidenta.



Le voy a hacer una reflexión de carácter general y es que determinadas actitudes son absolutamente perjudiciales, señoría, y ustedes tienen una actitud totalmente perjudicial respecto a la inmigración; actitud que crea rechazo a la
inmigración y enturbia la convivencia, y no lo digo yo, sino los sindicatos. Los sindicatos acusan al PP de alentar con su discurso la xenofobia. Me parece que sería bueno que cambiasen de actitud, pero no por el beneficio de este grupo o del
Gobierno, sino por el beneficio de todos los ciudadanos, que son los que han decidido que estemos aquí.



Muchas gracias, señor ministro, y enhorabuena por el proceso de documentación.



La señora PRESIDENTA: Para contestar, tiene la palabra nuevamente el señor ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Muchas gracias a todos los portavoces por sus aportaciones, incluso por aquellas que son extremadamente negativas, porque también nos sirven para valorar el
resultado de este proceso. Vaya por delante, señora Barkos y otros portavoces que han intervenido, además de mi agradecimiento, que me he cuidado mucho de atribuir el éxito de este proceso (sin duda ha sido un éxito, lo repito una vez más) a los
empresarios y a los trabajadores españoles. Lo he dicho así, señores Herrera y Olabarría; lo atribuyo a los empresarios y trabajadores españoles y al aparato administrativo de todas las administraciones (por cierto, luego hablaremos de ello, señor
Campuzano) que han participado en este proceso. El éxito le corresponde sin ninguna duda a la sociedad española, porque aflorar


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cerca de 700.000 empleos, que estaban al margen de lo que incluso los convenios de la OIT recomiendan para el trabajo decente (así se llama en esa terminología), es un éxito de empresarios y de trabajadores.



Como indicaba el señor Hernando, el Partido Popular apostó por el fracaso de este proceso porque deseaba que fracasara; no porque tenga una alternativa en la materia, que no la tiene, sino sencillamente por hacer daño al Gobierno. Esa es
su posición en un tema tan delicado, hacer daño a un gobierno, apostar por el fracaso de un proceso en el que se han implicado correctamente el resto de los interlocutores sociales, políticos y las ONG de este país, y lo han hecho de buena fe; han
dado alternativas en sus intervenciones, han considerado (y se lo agradezco) el proceso como positivo, en algunos casos como insuficiente, pero dando alternativas, proponiendo. El Partido Popular no lo hace, señora Muñoz; no da una sola
alternativa, solo se recrea en lo que teóricamente es negativo, que no lo es, sin explicar a los ciudadanos españoles qué habría hecho el Partido Popular en esta situación, es estas circunstancias. Por tanto, la satisfacción debe corresponder a la
sociedad española; y yo quiero recordar aquí (felicito expresamente a la secretaria de Estado, a doña Consuelo Rumí, y a todo su equipo) que en la reunión evaluatoria del proceso en la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos, la
secretaria de Estado fue felicitada expresamente por todos ellos; no fue felicitado el ministro, sino la secretaria de Estado. Por tanto, vean mi intervención como una intervención prudente, modesta; estoy hablando de un éxito de la sociedad
española y en todo caso del equipo de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.



También quiero aclarar, e intentaré hacerlo de modo definitivo, estas dudas que usted me plantaba sobre el alcance o no de las previsiones.
Queda claro que el único instrumento válido que tenemos para medir, especialmente después de este
proceso, la realidad del número de inmigrantes que hay en España es el padrón municipal. Quiero recordar que en ningún país europeo se puede inscribir en un padrón municipal un ciudadano ilegal. Esto solo ocurre en España, por cierto desde la Ley
de Extranjería aprobada por el anterior Gobierno, y creo que es positivo que se pueda inscribir un ciudadano aunque no tenga permiso de residencia o de trabajo. Eso es positivo, porque además nos permite prevenir la evolución de los servicios que
hay que prestar y conocer la situación que tenemos. Según el padrón municipal de habitantes a principios de 2005, es decir varios meses después de iniciado el proceso, había 3.640.000 personas empadronadas. Con tarjeta de residencia, bien por ser
ciudadanos comunitarios o extracomunitarios, había 2.100.000; luego, quedaban un millón cuatrocientas y pico mil personas, ese era el universo máximo total de personas. De estos, menores de 16 años y mayores de 65 había cuatrocientas y pico mil;
por tanto, en edad de trabajar, la población activa de acuerdo con el dato del padrón municipal de habitantes, quedaba en torno a un millón, 1.050.000 personas. Aplicándole, como he hecho, una tasa de actividad del 75 por ciento, serían 750.000;
llevándolo al 80 por ciento, que es una tasa altísima porque hay que tener en cuenta que también en muchas de las familias que viven en España los dos cónyuges no están incorporados al mercado laboral, solo uno de ellos, el máximo de personas, es
decir el universo máximo a legalizar sería de 800.000 personas aproximadamente, cifra que ha causado estado, como indicaba el señor Hernando, y que utilizamos desde el principio como universo máximo posible. Si sobre el mismo ha habido 700.000
solicitudes (ahora hablaremos de su resultado), van a estar bastante cerca del total, señor Herrera; no se van a quedar en 500.000 sino que las van a superar en bastante, lo cual demuestra lo correcto que ha sido este proceso (ahora contestaré a
ese tema). Por tanto, aclaro que en realidad el universo máximo eran esas 800.000 personas, y haber llegado o incluso superado el 90 por ciento de esa cantidad es un éxito para la sociedad española.



Señora Barkos, aprobamos un Reglamento de Extranjería que reorientaba la política migratoria y que establecía como elemento dominante (lo expliqué en la anterior comparecencia) conectar permisos de residencia con necesidades del mercado
laboral, porque nos parecía que era la política más eficaz y más favorable a la integración. ¿Eso significa que se abandone el resto de criterios? No, en absoluto, como también me indica mi buen amigo el señor Olabarría con ese sentimiento
progresista que le anima en esta materia -en otras tiene menos, pero en esta materia sí- (Risas.) al plantearme la necesidad de que la política de extranjería reconozca las instituciones del asilo y el derecho humanitario. Por cierto, aplicando el
reglamento así lo hemos hecho concediendo ya un permiso de residencia a una mujer que de haber sido devuelta hubiera sido maltratada. Por tanto, esos elementos configuran un corpus global, donde sin ninguna duda la aplicación de los criterios
dominantes de mercado laboral no va a eclipsar ni va a tapar la actuación de un Gobierno progresista que sigue defendiendo esos principios universales. Por tanto, la acogida, el asilo y las condiciones humanitarias seguirán siendo, como dice el
Reglamento de Extranjería, pautas dominantes en nuestro comportamiento sin ninguna duda, pero la regulación general de los flujos migratorios, se entiende bien que debe estar vinculada al mercado laboral, repito, sin que ello sea óbice en modo
alguno para anular los otros criterios.



Respecto a las personas mayores de 40 años, sí ha habido un porcentaje de ellas, luego seguirán la misma suerte en derechos y en obligaciones que los ciudadanos españoles. Primero, espero que por la propensión al trabajo de los emigrantes,
que es mayor a la de los nacionales pues como sabemos tiene una tasa de actividad y de ocupación superior, estas personas consigan (estoy convencido de ello) mantener su empleo en el futuro y, por tanto, puedan completar una carrera de cotización al
sistema de Seguridad Social y percibir, como es obvio,


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las prestaciones exactamente idénticas a las que perciben los ciudadanos españoles, con absoluta igualdad. Los cambios que hagamos en el sistema les afectarán a ellos igual que afectarán a los ciudadanos españoles. Por tanto, ahora es
cuando van a disfrutar de esos derechos, ya que cuando no han disfrutado de ellos ha sido mientras trabajaban en la economía sumergida.



Señor Herrera, también le agradezco su valoración positiva, aunque también sé que usted generosamente ha tenido un comportamiento a lo largo de este proceso de profunda preocupación por todas aquellas personas que pudieran haber quedado
fuera de él. Sé que S.S. ha considerado algunos elementos como insuficientes pero, como ya la expliqué en el Pleno y se lo repito ahora, para desarrollar una política de inmigración correcta esta tenía que ser arbitrada con criterios claros y
estables, que por cierto no dependen solo de mí, sino de la mesa de diálogo social, es decir de los empresarios españoles y de los sindicatos que pactaron expresamente la conformación de este reglamento y la aplicación de su disposición transitoria
tercera a solo tres meses. Como ustedes saben, no hubiera dependido solo de mí la ampliación del plazo, que el Gobierno no consideraba un elemento necesario por las contraindicaciones que pudiera tener, pero en cualquier caso no hubiéramos podido
hacerlo motu proprio sin haber consultado y tenido en cuenta a los interlocutores sociales. Ya le he explicado las cifras. En un primer momento el 97 por ciento del total de peticiones fueron aceptadas y aproximadamente un 7 por ciento de ellas
está pendiente de certificados o con algún tipo de incidencias con la Administración tributaria o con la Seguridad Social, que, como es evidente, nos interesa a todos, interesa a la economía española e interesa a la sociedad española. El criterio
consiste en flexibilizar las condiciones para que quien tenga una deuda con la Seguridad Social o con la Agencia Tributaria pueda ponerse al día, y le adelanto que estamos teniendo un importante éxito en esta materia, de modo que este proceso va a
permitir aflorar deuda atrasada. Si continúa la línea de comportamiento actual (el muestreo, habiendo superado ya el 25 por ciento del total máximo de contratos con alta en Seguridad Social, así lo denota) mi impresión es que vamos a estar bastante
por encima de los 600.000 contratos definitivamente autorizados en este proceso. Creo que será muy pequeño el porcentaje (entre un 3 y un 5 por ciento) de peticiones que pudieran ser definitivamente rechazadas. Creo sinceramente que hemos sido
flexibles, señor Herrera. Este ministro ha asumido en persona riesgos y ha sufrido críticas inadecuadas cuando de acuerdo con los agentes sociales tomamos la decisión de flexibilizar la aplicación de los criterios del empleo agrario y cuando
decidimos aplicar el empadronamiento por omisión. Cuando tengamos los datos definitivos estoy convencido de que podremos comprobar cómo fueron suficientes tanto los plazos como el tiempo que se dio para el empadronamiento por omisión.
Quiero de
nuevo romper una lanza y felicitar a los ayuntamientos españoles y decir que los criterios de aplicación definitiva se hicieron con la FEMP delante y los documentos públicos exigibles para demostrar que podía uno empadronarse por omisión se hicieron
de acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias.



No ha habido avalanchas de última hora ni incidentes importantes, tan solo, repito, el penúltimo día del proceso en una oficina en Madrid, creo recordar que en la Avenida de América, hubo unas horas de cola. El sistema utilizado de cita
previa ha resultado de una alta calidad porque ha permitido absorber un volumen, como indicaba el señor Herrera, de 700.000 solicitudes en tan solo tres meses, lo que demuestra que la Administración General del Estado ha funcionado bien y de común
acuerdo con las comunidades autónomas; toda la participación que se ha solicitado y toda la que se ha ofrecido ha sido aceptada por la Administración General del Estado, y en particular en el caso de Cataluña el resultado, tanto en este proceso
como en el programa extraordinario que hicimos para la renovación ordinaria de documentos, supuso una adecuada coordinación con las instituciones autonómicas que no solo quiero mantener sino que me gustaría incrementar, porque de algún modo aquí
estamos todos concernidos y por tanto si el resultado es un éxito lo es también para las administraciones autonómicas. No hay la más mínima prevención por parte de este Gobierno en relación con esa materia y con la cooperación de las comunidades
autónomas.



Quiero indicarle también, señor Herrera, que todas las denuncias que se formularon en Cataluña están siendo investigadas por la Inspección de Trabajo, todas. Su señoría tiene razón en preocuparse por la situación en que pueden quedar
aquellos trabajadores objeto de una situación injusta por sus empresarios (han sido muy pocos en todo el proceso), y hay que elogiar su respuesta global; hay algunos que pueden resultar perjudicados. Como usted sabe, la Inspección de Trabajo,
aplicando el Reglamento de Extranjería, no va a favorecer la sanción de los trabajadores, sí de los empresarios; como usted sabe también, aplicando el reglamento se puede conceder, si se demuestra por acta definitiva de la Inspección de Trabajo,
una garantía a esos pocos a los que no se les ha ofrecido el contrato de trabajo. Todas esas denuncias una vez investigadas acabarán sin ninguna duda en la legalización (permiso de trabajo y residencia) del trabajador en España y por tanto con la
posibilidad de que pueda buscar otro empleo alternativo, y con la sanción correspondiente a aquellos empresarios (por fortuna muy pocos, que no califican al resto de los empresarios) que tuvieron ese comportamiento.



Dice usted: ¿A partir de ahora qué? A partir de ahora la aplicación del reglamento. Me decía que la Inspección de Trabajo tiene que actuar. Así va a ser. Quiero recordarle que, además por iniciativa de su grupo parlamentario, en los
Presupuestos Generales del Estado de 2005 se ha reforzado la dotación económica no solo para la inspección y subinspección de Trabajo sino también para el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene. Además


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presenté un plan articulado en relación con ello a los agentes sociales cumpliendo el mandato parlamentario. Tiene usted que entender que para dotar las plazas de inspectores y subinspectores se necesita tiempo. Este año en la oferta de
empleo público hemos convocado cien plazas, más del doble de lo que convocó el Gobierno anterior en los cuatro años anteriores. Hemos duplicado la oferta de plazas de empleo público y lo haremos en los próximos años hasta llegar a la media europea
que está fijada en España aproximadamente, siguiendo sus parámetros, en 2.000 inspectores y subinspectores. Ahora tenemos aproximadamente 1.600, aspiro llegar a 2.000 a la finalización de la legislatura, lo que nos permitirá multiplicar sin ninguna
duda la eficacia de la Inspección de Trabajo. De igual forma hemos concertado con todas las comunidades autónomas la disponibilidad de sus técnicos para la prevención de riesgos laborales, de modo que hasta 300 técnicos de comunidades autónomas se
incorporarán a una de las tareas principales de la Inspección de Trabajo como es la de prevención de riesgos laborales. Ello libera una parte de la ocupación de nuestros inspectores y subinspectores para poder dedicarlos a este programa específico
de combate de la economía sumergida, que les garantizo que va a dar importantes resultados y va a cumplir sus objetivos, entre otras cosas porque el programa se ha hecho a petición de las propias direcciones provinciales y territoriales de la
Inspección de Trabajo y con los datos por ellos suministrados. ¿Hay canales estables de legalización? Sí, están en el reglamento. Ya le anuncio, señor Herrera, y al señor Olabarría que también se interesó por ello, que vamos a convocar
inmediatamente la comisión laboral tripartita para definir ya de forma inmediata y de cara a este ejercicio las ocupaciones de difícil cobertura y dar cuerpo de ese modo a la oferta de contingente de este ejercicio.
Sabe usted que en esa comisión
laboral tripartita están empresarios y sindicatos y que además el reglamento establece la coordinación posterior con comunidades autónomas para valorar qué necesidades existen de cobertura de mano de obra en cada una de las comunidades autónomas.



En relación con los menores, si le parece, lo atenderé ahora cuando conteste al señor Olabarría, al que quiero agradecerle que considere este proceso positivo. Creo haber demostrado que no he hecho apología, en todo caso tenemos a la
oposición para que haga las críticas oportunas, pero sinceramente el proceso ha sido razonablemente exitoso. Ya le he dado los datos contestando al señor Herrera. Yo creo que va a estar por encima de 600.000 el número de personas que se va a
legalizar en este proceso.
Fíjese qué código de buenas prácticas han puesto en marcha los empresarios y los sindicatos que en los datos que he dado de altas en Seguridad Social; si hacemos una disección más profunda, señor Olabarría, está
aflorando también empleo sumergido que existía en España y que no debía ser empleo sumergido. Me explico. En los procesos de regularización masivos de los años 2000 a 2002 se concedía el permiso para estar en España sin ningún otro requisito.
Mucha gente, prácticamente toda en el servicio doméstico (ahora lo puedo decir con claridad), trabajaba en la economía sumergida, aunque tenía permiso de trabajo y de residencia, porque el anterior Gobierno no supo (espero que fuera por esa razón)
escuchar las demandas de los empresarios y de los trabajadores (supongo que no sería porque no quiso) y no supo ordenar una adecuada relación laboral. Desde que se ha puesto en marcha este proceso no solo van a aflorar las 600.000 altas en
Seguridad Social o los casi 700.000 empleos que han surgido de este proceso de legalización, sino que en el mes de mayo, por ejemplo, 30.000 altas de extranjeros en España se han producido en personas que ya tenían permiso de residencia y de
trabajo; repito, solo en el mes de mayo 30.000, y este fenómeno venimos contemplándolo desde el mes de noviembre del año pasado; de modo que ya en estos cinco meses hay cerca de 100.000 altas en Seguridad Social, que son afloramientos de empleo
sumergido, que han salido a la superficie al calor de este proceso, pero que no han tenido que pedir permiso de trabajo y residencia porque ya lo tenían. Es decir, que este proceso está generalizando un afloramiento de economía sumergida muy
positivo para la sociedad española. No van a ser 600.000 altas en la Seguridad Social, sino bastantes más, consecuencia de este proceso y del arrastre de situaciones anteriores e incluso de espacios de economía nacional sumergida; incluso espacios
de esa naturaleza están saliendo ya a la superficie. Por tanto, ese dato cualifica mucho este proceso y es muy interesante ponerlo encima de la mesa. Sobre la flexibilización de plazas ya me he pronunciado. No creíamos que fuera necesario.



Señor Olabarría, la reunificación familiar no es secundaria y sabe usted que se lo digo con toda sinceridad y cariño hacia ese sentimiento progresista que le anima. No puedo admitir -permítame que se lo diga con cierta pasión- que se
interprete que el reglamento lo conceptúa como una situación secundaria; bien al contrario, la mayoría de los 600.000 ó 700.000 contratos que aflorarán de este proceso van a arrastrar consigo, además, como hicimos en el reglamento, favoreciendo la
reagrupación familiar y acortando los plazos para la misma, que sus hijos o sus cónyuges, en el caso de que no hayan obtenido por sí mismos un permiso de trabajo o de residencia porque ya estuvieran incorporados al mercado laboral, puedan obtener
claramente el permiso de trabajo y residencia.
Por tanto, no puedo entender que sea secundaria. Le voy a contestar coincidiendo plenamente con su propuesta.



Por lo que respecta a los niños y a las niñas, tiene usted toda la razón.
Le garantizo que no se va a producir ni una sola expulsión de un niño o una niña de este país, por supuesto que no. No solo no va a ocurrir, sino que usted sabe,
señor Olabarría, que tenemos un grave problema en España, el de los menores inmigrantes no acompañados. Por supuesto que los menores acompañados no van a sufrir en modo alguno esta situación, pues


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el interés del menor prima sobre cualquier otra circunstancia, pero incluso en el caso de los menores inmigrantes no acompañados, un problema serio y grave que sufren los menores que llegan a España, la prioridad absoluta debe ser siempre el
interés superior del menor. En el año 2004, por ejemplo, el número de menores que arribó a las costas españolas fue de 415 y hasta el 31 de mayo de 2005 han sido 195. Tenemos una normativa.
Tanto la Ley Orgánica 4/2000 como el reglamento orientan
a la Fiscalía General del Estado priorizando siempre la condición de menor sobre la de extranjero y así va a ser. Va a primar siempre la protección de la familia y de su unidad como principio rector de esta actuación, consagrándose el principio de
la reintegración del menor no acompañado a su familia o en su defecto a los servicios de protección de menores de su país o, si hay riesgo o perjuicio o es imposible esa devolución en esas condiciones, a los servicios de acogida de menores, que,
como usted sabe, dependen de las comunidades autónomas en España. Guía por tanto siempre a nuestra legislación, a nuestro comportamiento, a nuestras prácticas el interés superior del menor. La Fiscalía General del Estado ha venido considerando que
los derechos del menor están mejor protegidos si la permanencia es junto a su familia y en el ámbito cultural del que procede. Por tanto, habría que distinguir esos dos supuestos. Cuando están en España no se va a dar esa situación en ningún modo
y cuando son menores no acompañados hay que intentar reintegrarles a su medio cultural, a su medio social y, si ello no se puede hacer, pasan a depender de los servicios de atención de menores de nuestro país. Estamos trabajando intensamente con
las autoridades marroquíes, incluso les hemos ofrecido la posibilidad, puesto que la mayoría de estos menores no acompañados son marroquíes, de crear centros de formación cofinanciados o financiados íntegramente por España para atenderlos, pero por
supuesto, desde el punto de vista de los valores que defiende S.S., coincido plenamente con usted. Tenga la total garantía de que en modo alguno se va a causar ningún daño ni ningún tipo de problema a los menores.



En relación con una pregunta que me hizo -que yo mismo le reconocí y no tengo inconveniente en hacerlo públicamente-, le agradecí su interés en relación con las cooperativas, tengo que decirle que estamos trabajando en ello y hemos hablado
ya con Cepex, en la que está la Cooperativa Mondragón. En el proceso de aplicación de los tres meses ya era imposible cambiar las condiciones por todas las razones que he indicado, pero tiene usted razón, ahí hay un elemento que tenemos que
valorar, que afecta a una forma de organización que además es muy valorada por mí, que es la economía social y, por tanto, hay que darle alguna salida y hay que tenerlo en cuenta en la aplicación del reglamento. Es decir, ya he dado estas
instrucciones. Vamos a ver si se puede hacer directamente con la interpretación al aplicar el Reglamento o hay que hacer algún cambio, ya que, si hubiera consenso, no habría ningún inconveniente por parte de la mesa del diálogo social, y se podría
hacer. Espero que lo podamos hacer por la vía interpretativa. Por tanto, recojo claramente su sugerencia porque es importante y su preocupación, y que también embarga al Gobierno, y le agradezco la utilidad de la propuesta que me realizó.



Señor Campuzano, primero dijo que desde el año 1986 había habido procesos similares y luego, por fortuna, lo corrigió, porque este no era igual a los demás, porque había unos elementos cualificantes, fundamentalmente la conexión con el
mercado laboral algo que es definitivo. En la segunda parte de su intervención S.S. ha reconocido que efectivamente había aquí unos elementos de distinción, como el acuerdo social, un amplio acuerdo político y un contrato de trabajo que permite
conectar la inmigración con las necesidades del mercado laboral y aflorar la economía sumergida. Esos criterios fueron los que llevaron a Convergència i Unió a apoyar el inicio del proceso, aunque luego ha sido bastante crítico con el desarrollo
del mismo. Sinceramente, señor Campuzano, el desarrollo del proceso ha sido correcto, aunque evidentemente SS.SS. tenían algunas preocupaciones que trasladaron, pero que no se han hecho realidad, permítame que se lo diga con total claridad. Eso
que ustedes llamaron el efecto llamada y al que también ha hecho referencia la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Tengo que darle los datos que facilitó en esta misma Cámara quien es competente en la materia, el ministro del Interior.
De enero a abril de 2005, que es cuando se ha fechado el proceso de legalización de inmigrantes, desde el 7 de febrero al 7 de mayo, más o menos, en las costas españolas se interceptaron 2.726 personas que viajaban en pateras; un 50 por ciento
menos que en el mismo período del primer cuatrimestre de 2004. No se puede decir que se cuelen las pateras, porque el sistema de vigilancia es más extenso y detecta mejor todo el tráfico que se produce. ¿Qué quiere decir esto? Que está
descendiendo de forma notable, no de forma moderada, sino notable, el tráfico de personas que llegan en patera a las costas españolas. Estoy seguro de que usted se alegra de ello, porque usted considera -como yo- una tragedia que llegue una sola
persona en estas condiciones y que se juegue la vida de ese modo. Esto está descendiendo de forma notable. Por lo que respecta a la frontera con Francia, durante el período de tiempo al que se refiere su pregunta, se han devuelto 31.126 personas,
un porcentaje muy superior, según el señor ministro del Interior, que es el competente en la materia, al número de devoluciones que tuvo lugar en el primer cuatrimestre del año 2004. Por lo que respecta al aeropuerto de Barajas, el número de
rechazados fue de 2.206, lo que supone un 28 por ciento más; en este caso se rechazaron más que el año anterior. Todo ello, demuestra una importante eficacia policial. Luego cuando conteste a la señora Muñoz hablaré sobre lo que dice la policía,
porque con qué facilidad le atribuye la señora Muñoz la condición de Cuerpo General de Policía a un miembro de un sindicato minoritario, el más minoritario


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de la policía, que por cierto es un amigo del señor Acebes. Me parece muy bien que el señor Acebes tenga amigos y que sean militantes del Partido Popular, pero por favor no extendamos a toda la policía lo que dice un miembro del sindicato
minoritario, que no llega al 7 por ciento del número de afiliados de la Confederación de Policías y que como es uno de sus directivos se pasea de radio en radio y de periódico en periódico, por cierto, haciendo afirmaciones que le deberían
avergonzar, porque si un policía considera que se están cometiendo delitos, tiene que denunciarlo inmediatamente o tiene que actuar. Es un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, al que escuché decir en una ocasión en un programa de televisión:
voy a llevarles a ustedes a donde se compran y venden contratos de trabajo, aunque luego no les llevó, porque evidentemente no se compraban ni se vendían contratos de trabajo. En todo caso, un profesional lo que hace es obviamente actuar. Lo digo
para que veamos en qué nivel se mueven las informaciones que nos aporta la señora Muñoz. Por supuesto, no son las que usted aporta, no me refiero a su intervención, me refiero a la intervención de la señora Muñoz.



En todo caso, el efecto llamada, en nuestra opinión, no se ha producido; el efecto llamada, señor Campuzano, es la economía sumergida; el efecto llamada son las redes familiares asentadas en España, como es lógico. Hay un reciente estudio
muy interesante de una universidad de Madrid, que les recomiendo, en el que se demuestra que el 80 por ciento de las personas que llegan a España, cuando se les pregunta cuál es la vía elegida para acceder, dicen que es el conocimiento de un
familiar directo que se encuentra en el país. Obvio. Ese es, junto con la economía sumergida, el tránsito ilegal, porque el principal efecto arrastre es siempre la actividad económica. Por tanto, creo haber podido demostrar que han entrado menos
personas en este periodo de tiempo y por tanto no deberíamos alentar esa idea de que el efecto llamada ha sido masivo o importante, porque no lo ha sido.



Igual que con el control de fronteras. Era una propuesta bien intencionada pero les explicamos que cerrar el espacio Schengen durante tres meses podría suponer unos inconvenientes de carácter económico y de tránsito de las personas tan
desproporcionados que seguramente los países europeos no apoyarían una medida de esta naturaleza. Lo que sí hicimos fue reforzar, en la medida en que pudimos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el control de las fronteras.



Sobre los recursos económicos, quiero recordar al señor Campuzano que tenemos 120 millones para un fondo de integración que antes no había, y que Cataluña va a ser la segunda comunidad, muy cerca de Madrid, en su reparto y que un 50 por
ciento irá destinado a ayuntamientos. Ya he dicho que en mi opinión no han estado ausentes las comunidades autónomas. En todo caso, mi intención siempre es mejorar al máximo posible la cooperación con ellas.



En cuanto a las críticas de la Unión Europea, yo he hecho un relatorio extenso de intervenciones. ¡Claro que hay algunos miembros de otros gobiernos que han criticado el proceso! Lo criticó una vez, por ejemplo, el ministro del Interior de
Alemania y luego dejó de hacerlo. Recordarán ustedes por qué se calló. Lo criticó una vez, pero cuando supimos cómo concedió Alemania los visados a los antiguos países de la CEI se acabaron las críticas. O el señor de Villepin, en una posición
claramente política de acuerdo con situaciones de orden interno en Francia, problemáticas para él, y al que no le parecía bien el proceso que se hacía en España.
Quiero que le quede claro a la Comisión, a SS.SS., que España apuesta firmemente por
el consenso y por la política común en materia de inmigración; que España apuesta plenamente por la red de alerta previa a cualquier decisión; que yo mismo apliqué en noviembre en Groningen, en Holanda, tres meses antes de entrar en vigor el
reglamento, cómo se iba a desarrollar la política de inmigración en España y que si en este Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno se plantea una política común de inmigración seremos los primeros en decir que sí, frente a otros miembros de
Gobierno de otros países, la minoría, que se permiten criticarlo y, sin embargo, cuando se les habla de hacer políticas conjuntas inmediatamente dicen que no, que esta política compete solo al espacio nacional. Pues si competen al espacio nacional,
no podrán criticar que otros países tomen medidas. Si se toman, España, repito, está plenamente dispuesta a explicar y a coordinar previamente estas medidas, entre otras cosas porque como se publicaba en Le Monde y The New York Times, estoy
convencido de que nuestro modelo va a ser un ejemplo para los demás países; plenamente convencido.



Esa es mi reflexión sobre la Unión Europea. Los datos de la Seguridad Social por supuesto que los veremos, señor Campuzano, cuando finalice el proceso, y ya le adelanto que van a ser excepcionales; ya le adelanto que van a suponer un
incremento formidable en el número de afiliados a la Seguridad Social, tanto de este proceso como de situaciones anteriores, en que se mantenían en la ilegalidad.



Su última reflexión tenía que ver con la aplicación del reglamento. Sin ninguna duda, ya le he dicho que vamos a convocar la comisión laboral tripartita. Hay instrumentos suficientes en el reglamento para hacer una política ordenada, el
arraigo laboral y social; el arraigo de menores también existe para poder legalizar esas situaciones, y sería un mecanismo permanente de legalización cuando se den esas circunstancias, así como la ordenación correcta y adecuada de las necesidades
laborales de nuestro mercado de trabajo para poder cubrirlas con contrataciones legales desde el principio.



Señora Muñoz, créame, como le dije al principio, que, primero, su discurso ha sido deslavazado y sin una sola alternativa. Se lo digo con toda sinceridad, es lamentable. Creo que SS.SS. se están alejando de la opinión mayoritaria de los
españoles, como he demostrado al principio


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por todos los sondeos de opinión, todas las encuestas que se realizan, donde los españoles quieren derechos y obligaciones para todos. Dígame S.S. qué hubieran hecho ustedes, qué hubiera hecho el Partido Popular, ¿dejar las cosas como
estaban? Eso sí que es inadmisible. ¿Dejar a 700.000 personas trabajando en la economía informal de modo ilegal cuando sus propios empresarios no deseaban esa situación? ¿No ha escuchado lo que dijo el señor Cuevas? Se ha acabado ya el tiempo en
que un empresario necesitaba contratar a un trabajador y solo podía hacerlo de forma ilegal, porque la Administración no le daba la oportunidad de contratarlo de forma legal. Ahora se la hemos dado, y la han aprovechado, lo han hecho perfectamente
y de una forma honesta.



Cada vez que ustedes critican están criticando a la CEOE, a Cepyme, a UGT, a Comisiones Obreras, copartícipes de este proceso, son cogestores de este proceso, son piezas esenciales con los que hemos acordado la política de inmigración.
Claro que puede haber fallos o errores, pero una descalificación global del proceso en estos términos, sin dar una sola alternativa, realmente no es aceptable.



Señoría, nosotros hemos hecho el bien en el mejor sentido de la palabra, hemos llevado derechos a personas que no los tenían, y hemos garantizado la legalidad a empresarios que estaban en situación de inquietud. Cuánta gente me ha dicho a
lo largo de este proceso que se sentía bien, bien consigo mismo y bien con su Administración por haberle favorecido el proceso en el cual han podido legalizar a sus trabajadores.



Dice usted que el PP está a favor de la inmigración. ¿De qué inmigración, de la que había antes, de la inmigración donde podía entrar cualquiera y no se le pedía un contrato de trabajo, y se permitía, por tanto, la posibilidad de que fueran
explotados en cualesquiera condiciones? ¿Con esa inmigración está de acuerdo el Partido Popular? Díganlo públicamente, porque desde luego lo que hemos hecho aquí ha partido de unas normas que ya existían. Por cierto, la Ley de Extranjería no la
pactamos con ustedes, solo una pequeña reforma devenida de legislación comunitaria, pero en modo alguno pactamos con ustedes la Ley de Extranjería, no la pactó ningún grupo político, porque era imposible que así fuera. Sin embargo, en esta ocasión
el reglamento de extranjería se ha pactado con todos menos con el PP. Es decir, la capacidad de alcanzar consensos de este Gobierno es muy superior a la de su Gobierno. Por eso le dije ante que les invitábamos a incorporarse a este gran consenso.
Nosotros estamos siempre dispuestos a escuchar sugerencias, alternativas, a recibir propuestas. Claro que sí, estamos totalmente dispuestos, pero dentro de un marco en el cual no se descalifique un proceso que ha puesto encima de la mesa cerca de
700.000 contratos y que va a permitir aflorar en el futuro otros empleos que ya se venían desempeñando en España con permiso de trabajo y residencia pero sin alta en Seguridad Social.



No me hable usted de la policía, como le decía antes, y además no me habla usted de que entran dos mil personas cada día. ¿Quién mide eso? Lo medirá el Ministerio del Interior. ¿Cómo puede decir que han entrado dos mil personas cada día
por la frontera francesa? ¿Cómo pueden decir eso? Se lo ha explicado el señor Hernando, si vienen del espacio europeo, aquí carecen de derechos, aquí no pueden legalizar su situación. ¿Usted cree que un inmigrante en Francia, en Alemania o en
Holanda en situación legal se va a venir a España a estar en situación ilegal? O, aunque estuviera en situación ilegal, ¿va a abandonar el medio en el que se encuentra para venir a España, a qué, si aquí sólo se ha legalizado a aquellos que han
presentado contratos de trabajo con el número de registro de empresa, como le dije antes, del contratador, con empresas que están asentadas en España? Por tanto, esa declaración que pertenece, repito, a un dirigente de un sindicato minoritario, que
tiene unas evidentes connotaciones políticas con su partido político, que me parece muy bien, hay que ponerla en su sitio, en la posición de quien políticamente hubiera deseado que este proceso hubiera sido un desastre. No ha sido así -le he
apuntado los datos del Ministerio del Interior-, y lamento que sea un disgusto para su partido, pero es algo positivo para el conjunto de la sociedad española.



Dice usted que este proceso de legalización supone un riesgo para el empleo y para el aumento del paro en España. Fíjese qué capacidad de previsión tienen que desde que iniciamos el proceso el paro no hace sino bajar, las altas en Seguridad
Social no hacen sino crecer y el desempleo está bajando por encima de lo que bajó durante los últimos cuatro años del Gobierno del señor Aznar en la segunda legislatura. Le he demostrado, como dice el Banco de España, que no hay una competición por
el empleo entre la franja de trabajadores inmigrantes y nacionales y que el empleo nacional crece más que en la última legislatura del Partido Popular, y creo que deberían alegrarse por ello. Recuerde que reconocí que recibíamos una buena situación
en materia de empleo -nunca lo he discutido y así se lo he dicho a su compañero, señor Azpiroz, muchas veces-, pero en el último año se ha producido un incremento mayor del empleo nacional y, por supuesto, del empleo de ciudadanos extranjeros que
vivían en España y que estaban en situación irregular.



Respecto a los vuelos a la Península, el señor Hernando le ha contestado mejor que yo. Estos vuelos se venían haciendo y ahora se hace con un acuerdo con las comunidades autónomas y con la red de acogida, para no dejar a estas personas en
situación vulnerable, en situación de abandono.
Creo que se está desarrollando correctamente, salvo que usted me diga que quiere que no se trasladen desde Canarias y que todos los inmigrantes se queden en un territorio pequeño, con una gran presión
migratoria.
Recuerdo que fue en el debate sobre el estado de la Nación del año 1998-1999, gobernando ustedes, cuando, a petición de Coalición Canaria, se adoptó el acuerdo de trasladar a los inmigrantes porque los centros de acogida de Canarias no
podían absorber


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más número de personas. Eso lo seguimos haciendo, porque creemos que es necesario, y lo hacemos en las mejores condiciones posibles.



Sobre la Inspección de Trabajo, ya he contestado con anterioridad.
Sencillamente quiero decirles que vamos a reforzar todos los niveles de la inspección. Hemos convocado 100 plazas y ahora se van a incorporar 50 de la última convocatoria;
las convocatorias anteriores eran de la mitad, como ya les he indicado. Disponemos de más recursos económicos y se va a dotar de los recursos necesarios para pagar el complemento de productividad a todos los inspectores y subinspectores, porque es
cierto que en el año 2004 se produjo una caída en las retribuciones de los inspectores y subinspectores, debido a que el anterior ministro de Trabajo no fijó objetivos; y como no hubo objetivos, no se cumplieron; y como no se cumplieron, la
productividad, que todo el mundo entiende que es una retribución adicional, que lo que hace es pagar la obtención de un objetivo o de un resultado, no pudo cumplirse, pero esto competía al ministro anterior. Yo he asignado los objetivos de
productividad -que son elevados, tengo que reconocerlo, porque con nosotros se va a trabajar y mucho- y, si esos objetivos de productividad se cumplen -que se van a cumplir, estoy convencido, porque la inmensa mayoría de nuestros funcionarios lo van
a hacer así- el conjunto de nuestros inspectores y subinspectores de Trabajo percibirá unas cantidades superiores en un 25 por ciento a las del año 2003. Sobre Europa también le he contestado.



Para acabar, señoría, considero que cuando se hace una crítica tan furibunda y tan negativa se deben presentar alternativas. Cuando alguien no presenta alternativas -como han hecho las señorías de otros grupos parlamentarios-, alternativas
razonables, carece de autoridad política para poder enjuiciar cómo se ha desarrollado este proceso. Parece que en el Partido Popular hay una línea que apostó por el fracaso de este proceso y por los consiguientes efectos negativos que ello
supondría para la sociedad española, pero la propia sociedad española lo ha evitado desempeñando correctamente el proceso y ha conseguido que hoy tengamos más derechos, más orden, más legalidad, más garantía de actividad económica y una garantía
también para nuestro futuro sistema de protección social, que es la Seguridad Social. (La señora Muñoz Uriol pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Dígame, señora Muñoz.



La señora MUÑOZ URIOL: Simplemente, me gustaría...



La señora PRESIDENTA: Las posiciones han quedado suficientemente claras en el debate. He sido ampliamente generosa en los tiempos. Evidentemente, tiene que haber contradicciones entre los grupos, pero creo que podemos dar por concluido el
debate. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.)


La señora MUÑOZ URIOL: Señora presidenta, seré muy breve porque como el señor ministro ha dicho varias veces que está dispuesto a escuchar...



La señora PRESIDENTA: Perdone un momento. Les concedo medio minuto al señor Campuzano y minuto y medio a la señora Muñoz.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: De las cosas que me gustaría comentarle me voy a quedar simplemente en tres. Le voy a pedir prudencia en la utilización de las cifras porque es bueno recordarle, señor ministro, que en los supuestos de
reagrupación familiar, el familiar que se vaya a reagrupar no puede estar en España. El artículo 43 del Reglamento dice: Constituirá causa de inadmisión a trámite de la solicitud de visado y, en su caso, de negación el hecho de que el extranjero
se hallase en España en situación irregular. Pedimos prudencia para no generar expectativas que después no podemos cumplir. Esa cifra de inmigrantes mayores de 65 años y menores de 18 años, en principio, en aplicación del Reglamento, no se pueden
reagrupar si están en España. Por tanto, prudencia en estas consideraciones. Segunda cuestión. Le he preguntado respecto a los nacionales de Bolivia si piensan ustedes plantear exigencia de visado junto con otros nacionales de países de América
Latina para evitarnos los problemas que hemos tenido por haber aplicado mal la petición de visado en los supuestos de Colombia y de Ecuador. Discreparía, y termino señora presidenta, de la interpretación de las cifras que ustedes hacen en cuanto a
los rechazos en frontera y en aeropuertos. Discreparía de esa interpretación porque las cifras indican que durante estos meses ha habido mayor presión migratoria como consecuencia del efecto llamada que tienen todos los procesos de normalización.
Estoy de acuerdo con usted en que es la economía sumergida y que son las redes familiares, pero durante muchísimos años la OCDE ha condenado este tipo de prácticas precisamente por los efectos que tienen. Desde el año 1986 nuestra experiencia es
suficiente para ver que siempre estos procesos conllevan en ellos mismos un incremento de la presión migratoria.



La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz.



La señora MUÑOZ URIOL: Solo quiero decirle, señor Caldera, que se equivoca si cree que nos alegramos de su fracaso, porque su política de inmigración es un fracaso para todos, para el conjunto de los ciudadanos que, efectivamente, como
usted ha hecho referencia, ve cómo el problema de la inmigración sube puestos a medida que ustedes van gobernando.



Quiero decir que las cifras que se han barajado a lo largo de estos meses las han dado ustedes, de los 800.000 que dio usted al millón que dio el presidente o al 1.300.000 que dio la señora vicepresidenta. Usted pregunta cuál es nuestra
alternativa. Le voy a decir la que hubiera sido desde el principio, lo que nosotros


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hubiéramos hecho y lo que van a hacer ustedes ahora, aplicar el Reglamento porque van a tener ahora la misma situación, al parecer, de irregularidad que tenían hace un año. Es lo que hubiéramos hecho nosotros, para eso estaba ese Reglamento
y para eso habíamos consensuado con ustedes esa modificación legislativa.



Por terminar, porque usted desgraciadamente habla mucho de diálogo y se quiere escuchar pero al final el tiempo es el tiempo, quiero decirle que me parece intolerable que usted diga que todos los que han hecho crítica a su proceso de
regularización, a su falta de política de inmigración son militantes del PP cuando se lo han dicho y repetido desde muchísimos sectores. Me parece que decir que la policía debe de ser militante del PP, que la Guardia Civil al parecer también lo es
y que también deben de ser militantes del PP los inspectores y subinspectores de su ministerio, que hablan de proyecto y de propaganda suya a la hora de anunciar esas 500.000 regularizaciones, es hacer muy poca autocrítica y tener en poca
consideración la función que usted debe llevar al frente del ministerio.
Espero, señor Caldera, que actúe con menos improvisación y que a partir de este año podamos tener otro balance que el que hoy hemos hecho aquí.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el ministro.



El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Caldera Sánchez-Capitán): Señora presidenta, con toda brevedad contestaré.



Señor Campuzano, sé que le anima una buena intención. Usted mismo lo ha leído, en situación irregular, pero cuando alcance la regularidad con la tarjeta de residencia puede proceder a la reagrupación. Usted dice, no podrá el irregular,
como estaba en España. Lo que ocurre ahora es que después de este proceso las personas quedan regularizadas o legalizadas y pueden ejercer ese derecho. Sobre fronteras ya hemos debatido y sobre Bolivia no sería prudente que adelantáramos medidas
que se puedan o no tomar en el futuro, cuando usted sabe que las políticas relativas a visados también deben concertarse con la Unión Europea. En todo caso, recojo sus planteamientos y el tema se estudiará.



Señora Muñoz, como no ha sido un fracaso, ustedes se muestran preocupados por un éxito que, repito, ha correspondido a la sociedad española. Si ha sido un amplio acuerdo social el que ha puesto en marcha este reglamento, difícilmente se
puede hablar de improvisación. Se discutió durante muchos meses, sí, porque los procesos necesitan maduración, sobre todo si son dialogados y consensuados. ¿Le parecen un fracaso 700.000 empleos, le parece un fracaso que vayan a ser más de 700.000
altas en la Seguridad Social, como ya le he dicho, tanto por este proceso como de los que estaban con permiso de residencia y trabajaban en la economía sumergida? Pues no me da usted ninguna alternativa, porque nosotros les ofrecimos acordar
expresamente el reglamento, ustedes no lo consideraron oportuno, al menos en lo relativo a la transitoria tercera, y también han sido muy contradictorios. (La señora Muñoz Oriol: La regularización.) A mí me gustaría que ustedes reconocieran que el
reglamento está bien orientado, al margen de la disposición transitoria. (La señora Muñoz Oriol: Sí, sí.) Bueno, pues, efectivamente, es lo que vamos a hacer, aplicar el reglamento y desarrollar una política con orden y con la legalidad de la que
hasta ahora se había carecido.



La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia.



Levantamos la sesión.



Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.