CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 293

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ROSA DELIA BLANCO TERÁN

Sesión núm. 15

celebrada el martes, 31 de mayo de 2005

Orden del día:


Proposiciones no de ley:


- Sobre las condiciones previas a normalizar la cooperación española al desarrollo con Cuba. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000481.) ... (Página 2)


- Para la erradicación de las minas antipersonal y de asistencia a las víctimas. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000593.) ... (Página 6)

Página 2


- Sobre potenciación de la cooperación en materia de programas de salud.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000818.) ... (Página 10)


- Por la que se insta al Gobierno para que se adopten las medidas oportunas para que bancos y cajas no cobren comisiones a sus clientes por transferir sus contribuciones a los organismos de ayuda humanitaria.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/000613.) ... (Página 13)


- Sobre la prioridad a dar al fortalecimiento institucional y la ayuda a las poblaciones desplazadas en el plan de actuación especial Colombia.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000876.) ... (Página 16)


- Para hacer frente a la pandemia de Sida. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000941.) ... (Página 22)


Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LAS CONDICIONES PREVIAS A NORMALIZAR LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA AL DESARROLLO CON CUBA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000481.)


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.



En primer lugar, quiero disculparme por el retraso. Lamentablemente el edificio nuevo todavía no funciona bien y me he quedado encerrada en un ascensor, pero no se preocupen ustedes que no ha pasado nada y ya estoy aquí.



El primer punto del orden del día es la proposición no de ley sobre las condiciones previas a normalizar la cooperación española al desarrollo con Cuba. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, para su defensa
intervendrá su portavoz el señor Robles.



Señoría, tiene la palabra por un tiempo de 10 minutos.



El señor ROBLES OROZCO: Hemos presentado esta proposición no de ley que ya tuvo unos precedentes en esta Cámara en el año 2003, precisamente a raíz de lo que a nuestro juicio fue una actitud hostil del Gobierno cubano hacia lo que había
sido una de las iniciativas que costó más poner en marcha como fue poner en funcionamiento un centro cultural de cooperación en La Habana. Esto no sólo supuso un esfuerzo de inversión de todos los españoles y del Gobierno español, sino que
significaba abrir un espacio a la libre concurrencia, a la creación, a las ideas y a la cultura en La Habana, en Cuba. Esto fue un hecho unilateral y a nuestro juicio supone un atropello importante, no ya a los intereses españoles ni al esfuerzo
que ha hecho el conjunto de los españoles con sus impuestos, sino que básicamente es un atropello a lo que significa -como he dicho- un espacio de libertad, de creación y de tolerancia en Cuba. Este hecho unilateral ya tuvo en esta Cámara una
expresión de condena por parte de todos los grupos, pero consideramos que en un momento como este en que el Gobierno está haciendo esfuerzos en la política bilateral y en la política europea para normalizar las relaciones con Cuba, debe ser una
cuestión prioritaria en nuestra política exterior por dos razones, no solamente por la dignidad nacional que ha sido claramente atropellada en sus intereses, sino también y fundamentalmente por lo que significa poner bien las bases de lo que tiene
que ser la apertura democrática, del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en el régimen cubano. Por tanto, España tiene en este momento, al margen de otras cuestiones abiertas con el Gobierno cubano, una cuestión muy
específica, como es este centro cultural que desde su comienzo tuvo una gestación difícil, como se recordaba en la iniciativa del año 2003, que se inició durante los gobiernos de Felipe González, en la cumbre de Cartagena, que tuvo una larguísima
negociación, porque rompía de alguna manera la filosofía del Gobierno cubano que suponía el control de la política cultural en Cuba, pero que se plasmó en un acuerdo en el año 1995 e inició su actividad en el año 1997.



Como digo, desde sus principios tuvo enormes dificultades, pero fue abriéndose y consolidándose como un espacio de enorme utilidad, no solamente para la difusión de la cultura española, sino básica y fundamentalmente como lugar de encuentro,
de libertad y de tolerancia para los creadores, para los jóvenes y para los intelectuales cubanos.
Desde el principio se realizó con un respeto escrupuloso al convenio que se había firmado de no injerencia en la política cubana, para crear
exclusivamente un espacio de encuentro cultural, de encuentro de intelectuales y de acceso a nuevas tecnologías, como era internet y bibliotecas, es decir, medios culturales que


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se ponían básicamente al servicio de los cubanos. Hay que recordar que este centro está básicamente al servicio del pueblo cubano. Desde el principio han pasado por ese centro muchas personas e importantes intelectuales españoles que han
aportado su capacidad al desarrollo de la programación cultural de este centro, como Teresa Berganza, Victor García de la Concha, César Antonio Molina y Manuel Vázquez Montalbán, personas sobre las que hay escasa duda de sus capacidades
intelectuales y personales y que han enriquecido -como digo- la programación de este centro. Este centro, desde el primer momento, molestaba a las autoridades cubanas, porque rompía -como he dicho- la filosofía por la que toda actividad creativa y
cultural del pueblo cubano tiene que pasar por los cauces oficiales. Está claro que esto en la filosofía de un régimen que desprecia repetidas veces la libertad y el concepto de la creación rompe dicha filosofía y desde el primer momento fue un
lugar atípico. Esta es la razón fundamental por la que realmente en un momento determinado las autoridades cubanas, de forma unilateral, deciden cerrar este centro. El Gobierno español invirtió casi tres millones de dólares en la rehabilitación de
un emblemático edificio en el malecón, en la restauración, en el equipamiento y en la puesta en funcionamiento y lo dotó de una serie de medios al servicio básicamente de la cultura cubana y especialmente de los cubanos, como un espacio de creación,
de encuentro y de libertad.



Nosotros consideramos que en este momento hay dos cosas en juego: por una parte, los intereses españoles, porque con el esfuerzo de los impuestos de los españoles se han invertido más de tres millones de dólares en la rehabilitación y en el
centro, quedando instalaciones rehabilitadas, plantas energéticas y servicios que, por otra parte, he de decir que desgraciadamente, como recordaba aquí en el año 2003 el señor Yáñez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha pasado lo que se
anunciaba que iba a pasar que es la clara infrautilización del centro, la pérdida de recursos y la inclusión de este centro en la red, como la llamaba el señor Yáñez, de adoctrinamiento del régimen cubano. Pero lo más grave de todo, aparte del
agravio que supone para las arcas, para la voluntad del pueblo español y para los impuestos de los españoles, es la pérdida de oportunidades de conseguir un espacio de libertad y de creación para los propios cubanos. En un momento en el que estamos
intentando hacer esfuerzos para llevar a Cuba elementos de democratización, de respeto de la libertad y de los derechos humanos, nos parece fundamental que el Gobierno español tenga como norte en su actuación dos cuestiones claves en cuanto a la
relación bilateral o multilateral. Una, lo que ya venía recogido en la propia Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el año 1998, que era fortalecer la instauración y consolidación de los regímenes democráticos y el respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales.
En ningún caso debemos perder este norte en nuestra negociación con el Gobierno cubano y esto es lo que insta esta proposición no de ley, que se tenga en cuenta como criterio fundamental de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, y esto está estrechamente unido a la recuperación del Centro Cultural Español, que vuelvo a decir que está al servicio de los cubanos para buscar un espacio que fomente los derechos humanos, la
cultura, las libertades, el encuentro, la concordia y que desarrolle lo que son incipientes núcleos de libertad, de tolerancia y de encuentro. Por tanto, esos dos criterios nos parecen fundamentales y queremos instar al Gobierno para que los tenga
en cuenta en cualquiera de sus iniciativas políticas. Cualquier acción hacia Cuba debe vincularse de forma inequívoca a la recuperación del centro español, a la renegociación con el Gobierno cubano para que este centro pueda volver a ponerse en
funcionamiento, para que se devuelva la dignidad no solo al centro sino a las personas y al Gobierno español y para que se ponga al servicio de lo que ya estaba siendo: un encuentro de libertad y de tolerancia. Esta es la razón por la que,
recuperando el debate de otra proposición no de ley en esta Cámara en el año 2003, el Grupo Popular quiere pedirle al Gobierno que cualquier iniciativa pase por estos dos conceptos que presenta la proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Tiene la palabra su portavoz, el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Esta iniciativa que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular vuelve a poner encima de la mesa cuestiones que han sido ya objeto de discusión en esta Cámara en los últimos años y que siempre han encontrado el
apoyo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, en la mayoría de las veces, del conjunto de los grupos de la Cámara. Por un lado, se está planteando la necesidad de que el Gobierno de Cuba rectifique sobre la decisión que tomó en su
día de cerrar el Centro Cultural Español en La Habana y, por otro, se reclama que el esfuerzo de la cooperación española se centre en el caso cubano y en aquellas cuestiones vinculadas con el respeto a los derechos humanos.
Las dos aproximaciones
que se producen con esta iniciativa parten del hecho de nuestra consideración del régimen cubano como una dictadura, sin necesidad de añadir ningún tipo de adjetivo a esa consideración, y de que, por lo tanto, la cooperación española incorpore en su
política hacia este país la denominada cláusula democrática, que la Unión Europea viene impulsando desde hace tiempo frente a regímenes dictatoriales, como es el caso del régimen cubano, y de la necesidad específica de que ese Centro Cultural
Español, impulsado -tal como ha recordado el señor Robles- durante etapas de gobiernos socialistas y que había jugado un papel significativo en el contexto de la cultura cubana, se reabra de manera evidente y no se acepte el chantaje que el


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régimen cubano ha planteado respecto a las posiciones que España ha mantenido en relación a las personas que en Cuba vienen luchando desde hace años por la democracia, por el reconocimiento de los derechos fundamentales y las libertades
básicas.



La enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al punto 2 de la proposición no de ley del Partido Popular la mantiene en sus mismos términos pero en cambio formula una redacción al punto 1, que nos parece más realista
desde la perspectiva de lo que puede hacer la acción exterior del Gobierno español. La redacción reclama al Gobierno que inicie un proceso de negociación con el Gobierno cubano con el objetivo de que éste rectifique y autorice la reapertura del
Centro Cultural Español en La Habana. Nos parece que es una redacción razonable que sitúa el núcleo de la cuestión en términos que pueden ser perfectamente asumibles por el Gobierno. En todo caso, a mi grupo, tal como hemos venido insistiendo
desde hace tiempo, le gustaría que con relación al asunto cubano, al dossier cubano, fuésemos capaces de alcanzar en esta Cámara amplios consensos, que la cuestión cubana no se convirtiese en un elemento de desgaste de la política del Gobierno en el
exterior ni en un elemento de acusación a los partidos que podemos mantener posiciones más críticas respecto a lo que viene sucediendo en Cuba. Nos parece que la democracia, los derechos básicos, los derechos fundamentales y las libertades básicas
son objetivos que compartimos todos los grupos de esta Cámara dentro del Estado español y en cualquier parte del mundo, incluida Cuba. Por tanto, mi grupo agradecería que todos hiciésemos el esfuerzo para que hoy esta proposición no de ley fuese
aprobada por unanimidad. En todo caso, esperamos que el Grupo Popular acepte nuestra enmienda y, si finalmente no fuese posible esa unanimidad, mi grupo votará el texto del Partido Popular o el texto acordado con nuestra enmienda.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, Jordi Pedret.



El señor PEDRET I GRENZNER: Nos encontramos realmente en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, obviedad que quisiera poner de manifiesto en primer lugar para enmarcar cuál va a ser mi discurso. No estamos en la
Comisión de Asuntos Exteriores y cualquier tema que se trate en esta Comisión debe de estar inmerso, relacionado, centrado y tener su sentido en la cooperación internacional para el desarrollo, lo cual no obvia para que la cooperación internacional
para el desarrollo sea uno de los instrumentos de la política exterior de España, aunque aquel que tenemos que tratar aquí no es un elemento distinto del de la cooperación. Dentro de este marco general de la cooperación internacional debemos tratar
el problema realmente existente en estos momentos, y por desgracia desde hace un tiempo, en relación con uno de los elementos de nuestra cooperación con la República de Cuba, como es el Centro Cultural Español en La Habana. Es una historia larga,
no buena e incluso podríamos calificarla como desgraciada por actuaciones de todas partes. Nos encontramos ante un edificio propiedad del Gobierno cubano cedido y arreglado para su uso por España a través de sus servicios exteriores; las partes
implicadas tienen un disentimiento claro respecto al cumplimiento del protocolo de utilización del centro cultural; de acuerdo con la opinión del Gobierno cubano se utiliza para realizar actividades estrictamente políticas de apoyo a la disidencia
y no para actividades estrictamente culturales o de cooperación. Esto lleva a una ruptura en cuanto a este punto en concreto y a la exigencia del Gobierno cubano, cumplida naturalmente por España, de devolución de la integridad del local. La
situación actual no es la adecuada para conseguir un rendimiento de las inversiones realizadas y desgraciadamente no devueltas en sus propios términos al Gobierno cubano -aquí también habría que hablar sobre determinadas actuaciones inmediatas a la
devolución-, no es satisfactoria y no se saca provecho cultural ni de cooperación de algo que pudiera tenerlo. Es importante que intentemos resolver el problema, que hagamos el esfuerzo -yo creo que lo hemos hecho- y que podamos celebrar hoy algo
realmente inusual en esta casa, como es adoptar por unanimidad, o al menos por consenso mayoritario, una resolución respecto a un tema políticamente tan sensible como es el de nuestras relaciones con la República de Cuba. Por tanto, en este marco
de la cooperación internacional, no de calificación de un régimen u otro, sino de cooperación internacional, es en el que creemos que es adecuado hacer una especial mención al objetivo del artículo 3 de la Ley de cooperación. No es el único
objetivo de la cooperación española, como el simple hecho de ser el b) pone de manifiesto, pero sí hay que graduar -por eso nuestra enmienda se refiere a ello- la intensidad de aplicación de un objetivo u otro, de acuerdo con las necesidades y
realidades del país con el que cooperamos. Parece ser que las relaciones culturales con Cuba no son las que necesitan una mayor prioridad, que el desarrollo económico posiblemente tampoco sea lo que necesite la mayor prioridad, en cambio el
objetivo de la consolidación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en las circunstancias actuales del régimen cubano sí que debe ser una prioridad. Por eso, sin perder de vista los otros objetivos, no centrándolo única y
exclusivamente en un aspecto que pudiera ser acusado de politización excesiva de la cooperación, debe de priorizarse este objetivo, este desiderátum de la Ley de cooperación internacional. Hay que poner más énfasis en aquello que más falta en cada
país. Desde luego todos los que nos encontramos en la sala estamos absolutamente convencidos de que existe un clarísimo déficit en cuanto a consolidación democrática y en cuanto a ejercicio posible de derechos humanos en estos momentos en la
República de Cuba, por desgracia. Todos estamos absolutamente a favor de que Cuba se democratice y de que el pueblo cubano pueda desarrollar


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su propia voluntad sobre su destino de la forma más democrática posible y libre de cualquier injerencia o imposición interior o exterior a la voluntad del pueblo. Por ello, presentamos la enmienda al punto 2 de la proposición no de ley.



En cuanto al punto 1 también presentamos una enmienda para enmarcarlo, como he dicho al inicio, en el conjunto de la cooperación. Nosotros entendemos que es importantísimo, en relación con Cuba y visto desde esta Comisión, el impulso a la
cooperación europea con Cuba, que está pasando momentos realmente complicados y tensos. La crisis de los cócteles y las resoluciones de junio respecto a la disidencia han creado un panorama distinto al existente en los últimos años. Sin embargo,
nosotros, optimistas ontológicos en cuanto socialistas, creemos que es posible mejorar la cooperación europea y, por ello, el Gobierno al que damos soporte está trabajando en este tema también. Además, creemos que es posible, por los especiales
lazos existentes entre la República de Cuba y nuestro país, que se cumpla el otro objetivo que introducimos en la enmienda: la plena normalización de la cooperación española. Una cosa es impulsar la cooperación europea y otra es llegar al objetivo
de la plena normalización, que también creemos que es posible. En este marco de la cooperación -insisto que con una prioridad clara en el objetivo del artículo 3 d) de la ley- es donde debemos dar la solución más eficaz posible, no solo de altas
declaraciones sino que pueda tener la mayor trascendencia real respecto a la situación del Centro Cultural Español en


La Habana. Y, por ello, dentro del proceso de la plena normalización de la cooperación española debemos de llegar a dar una solución al conflicto existente en este centro, así como lograr su reapertura lo antes posible.



La formulación que proponemos es suficientemente amplia como para poder recoger el consenso de la mayoría de los grupos de la Cámara, enmarca el problema donde está e intenta enmarcar la solución en donde debe de estar, en esta Comisión, que
está plenamente inserta en el objetivo general de la cooperación internacional y además es plenamente coherente no solo con los deseos de los grupos expresados hasta ahora, sino también con las propias declaraciones del ministro de Asuntos
Exteriores respecto a la necesaria y rápida solución del asunto del Centro Cultural Español en La Habana.



Señora presidenta, por todo ello, nosotros mantenemos la enmienda presentada. Asimismo anuncio que en conversaciones con el Grupo Parlamentario Popular hemos llegado a un acuerdo sobre determinadas modificaciones textuales del punto 1 de
nuestra enmienda, que pasaré inmediatamente a la mesa y que podrían, sí así lo considera como he entendido el Grupo Popular, tener la consideración de enmienda transaccional. Señorías, concluyo diciendo que es enormemente importante conseguir este
acuerdo general en la Comisión para que sobre Cuba hablemos con una sola voz y tengamos el mismo objetivo. Que este mensaje sea trasladado al Gobierno de la República de Cuba es el mejor mensaje posible en pro de la democratización y del
reconocimiento de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos.



La señora PRESIDENTA: Al no estar presente el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Robles, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para aceptar o no las enmiendas del resto de los grupos.



El señor ROBLES OROZCO: Efectivamente, se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, tengo que decir que nos sentimos más cómodos con la
redacción que nosotros hemos presentado porque nos parece mucho más clara y, en segundo lugar, nos sentimos más cómodos con la redacción que ha presentado Convergència i Unió. En todo caso, me parece que en ese espíritu -como ha dicho el portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista- de intentar tener una voz en un objetivo común, espero, deseo, quiero creer y creo sinceramente, que a todos nos mueve realmente la voluntad de ayudar al pueblo cubano a avanzar en democracia y en libertad,
independientemente de las líneas estratégicas que en cada momento tengan el grupo que apoya al Gobierno o el Gobierno o los grupos de la oposición, que efectivamente el principio único sea promover la democracia, la libertad y espacios de tolerancia
en Cuba. En estas discrepancias que mantenemos, como bien sabe la señora presidenta, sobre algunas cuestiones estratégicas respecto a la política de Cuba, sería deseable encontrar un punto de acuerdo dada la importancia que ha tenido o puede tener
este centro en el futuro.



Para ilustrarlo -si me permite la señora presidenta- quisiera recordarle algunas palabras que no son mías sino del señor Yáñez-Barnuevo, que en el año 2003 en esta sede parlamentaria decía cosas tan increíbles como que el cierre unilateral
decidido por el Gobierno cubano del Centro Español en La Habana es insólito, injustificado, arbitrario, fruto de una decisión característica de un régimen totalitario, porque solo un régimen totalitario teme a la libertad de expresión, a la libertad
de manifestación, a la libertad de creación y a la cultura diversa. En su corta pero intensa vida ha sido una ventana abierta para los cubanos que veían a la España cultural, libre, plural y a través de España también veían y oían claras otras
voces y no solo las voces oficiales del régimen cubano. Decía muchas más cosas en este orden. Efectivamente, el centro cubano tiene una relación directa con lo que dice precisamente el punto 2 de la proposición no de ley, es decir, fomentar la
democracia, la tolerancia, los derechos humanos, la cultura, que es de lo que se trata.
En ese sentido, están estrechamente ligadas las dos. Por eso sobre la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista nosotros hemos tenido que
pedirle una transaccional porque nos parece que la redacción


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inicial que nos plantea el Grupo Socialista -aun compartiendo los objetivos- deja demasiado abierta la línea en la que tiene que producirse esa negociación. Hemos hablado de hacer una transaccional para que donde dice divergencia hable de
conflicto y desde luego incluya que ambas cosas deben estar vinculadas a la reapertura del centro cultural.
Independientemente de otras líneas de negociación, independientemente de otras negociaciones que pueda tener el Gobierno español o la Unión
Europea lo que debe ser una cuestión irrenunciable para España es la reapertura lo antes posible, como decía el ministro de Asuntos Exteriores, del centro español, por dignidad y por coherencia con lo que ha sido nuestra política en Cuba pero
fundamentalmente -quiero recordarlo- para poder cumplir los objetivos que nos hemos planteado de la democracia, de la libertad, de la tolerancia, de los espacios comunes y dar un mensaje claro al Gobierno cubano de cuáles deben ser las bases de ese
proceso de democratización, de apertura y de libertad, tal como decía el señor Yáñez hace un par de años en esta misma Cámara.



En ese sentido, vamos a aceptar -si así está de acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista- esta transaccional que incluye la solución del conflicto y la reapertura del centro cultural lo antes posible. Esperemos que el Gobierno lo entienda
de la forma más literal posible, porque las declaraciones del señor ministro fueron hechas hace un año, ha pasado un año desde que se manifestaron esas buenas voluntades, todavía seguimos en la situación que estamos y hace muy poco tiempo hemos
vivido incidentes como el de la expulsión de estos parlamentarios en Cuba.



Sin entrar en la polémica de fondo, lo que importa es que seamos conscientes de que para España es fundamental vincular cualquier avance a reabrir el centro cultural español en Cuba.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Pedret como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



El señor PEDRET I GRENZNER: Tomo la palabra única y exclusivamente para decir que renuncio al turno que me tocaría después del turno, no de aceptación o no de enmiendas sino de justificación de apertura de debate político general, que ha
tenido a bien hacer el señor Robles.



Respecto a lo que se solicitaba, el acuerdo unánime en este punto de la Comisión es algo histórico que supera los reproches que se puedan hacer y las lecturas de textos de diputados que ya no lo son, y que por lo tanto no están presentes en
la sala. Creo que eso es lo importante. Ratificando la oferta de transacción y nuestra disposición a votar unánimemente a favor de una postura única respecto a Cuba, renuncio a la discusión política general que no toca en este momento.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Mi grupo está satisfecho de alcanzar un acuerdo en esta proposición no de ley, que debe lanzar un claro mensaje al régimen cubano y es el compromiso de todas las fuerzas políticas de España a favor de la
democracia, del respeto a los derechos humanos y a las libertades básicas de todos los ciudadanos de Cuba. Es un compromiso claro e inequívoco y mi grupo se alegra de contar con el apoyo de todos los grupos de la Comisión.



La señora PRESIDENTA: Quiero comunicarles, para que todos los grupos parlamentarios puedan disponer de su tiempo, que la votación no será en ningún caso antes de la una y cuarto y que, si les parece bien, concentraremos las votaciones.
¿Están de acuerdo los portavoces? (Asentimiento.)


El punto sexto del orden del día, proposición no de ley número 932 de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, se va a posponer a petición del grupo parlamentario. Pasará a Comisión, donde se decidirá si se debate
otro día o se retira. ¿Les parece bien a sus señorías? (Asentimiento.)


- PARA LA ERRADICACIÓN DE LAS MINAS ANTIPERSONAL Y DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente: 161/000593.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es la proposición no de ley para la erradicación de las minas antipersona y de asistencia a las víctimas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con el
número 593.



Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: El Grupo de Convergència i Unió presenta esta proposición no de ley para la erradicación de las minas antipersona y de apoyo a la asistencia a las víctimas. Mi grupo quiere enlazar esta proposición no de ley
con los trabajos que ha impulsado en estos años en esta Cámara, en el Pleno del Congreso, en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para avanzar hacia la plena y absoluta erradicación de las minas
antipersona, que aún hoy constituyen, sin lugar a dudas, un instrumento terrorífico de muerte, de destrucción y de impedimento del desarrollo de los países que se ven afectados por su presencia.



En la exposición de motivos de esta proposición no de ley recordamos que en el año 1997 se firmó el Tratado de Otawa que prohíbe la producción, comercialización,


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uso y almacenaje de las minas antipersona, que este tratado fue el resultado de una amplia coalición de organizaciones no gubernamentales agrupadas en la campaña internacional por la abolición de las minas, y también de un grupo de gobiernos
democráticos comprometidos en esta materia, con especial significación de los gobiernos canadiense y noruego. Esta iniciativa se enmarcó de manera paralela en las discusiones que existían en las conferencias de desarme, y supuso un éxito en la
medida en que ha permitido que, hasta la fecha, más de 143 países hayan decidido sumarse a este tratado y esté pendiente su ratificación por otros siete.



El Tratado de Otawa marcó un compromiso desde la sociedad civil con gobiernos activos, que ha permitido que hoy la realidad en este campo haya mejorado de manera sustancial. El número de nuevas víctimas ha disminuido, pasando de 26.000
anuales en la década de los noventa a una horquilla comprendida entre las 15.000 y las 20.000 en la actualidad (de 15.000 a 20.000 muertos anuales continúan siendo cifras importantes, pero han disminuido respecto a los que se producían en los años
noventa); por otro lado, ha aumentado la ayuda que reciben los supervivientes de las minas y se ha progresado en la reducción de las zonas afectadas por la presencia de minas a través de programas de desminado y de limpieza; se han reducido las
reservas de minas almacenadas por los Estados; se han destruido cerca de 63 millones de minas antipersona y el número de países que continúan produciendo minas ha disminuido de manera muy significativa.



En el caso español -insisto en lo que decía al principio de mi intervención-, el papel de esta Cámara ha sido importante y se ha producido un proceso paulatino. En primer lugar, la prohibición de la exportación en 1994, el cese de la
producción oficial en 1996 y la aprobación de la Ley 33/1998, sobre la prohibición total de las minas antipersona y armas de efectos similares. España es uno de los pocos Estados del mundo que tiene una legislación específica en este ámbito.



Todas estas referencias nos podrían hacer creer que esta cuestión está cerrada y que ya no forma parte de los problemas que tiene planteados la comunidad internacional, pero nos engañaríamos, señorías, porque quedan aspectos sustanciales por
resolver: 42 países conforman un arsenal de entre 180 y 185 millones de minas, sin haberse adherido al Tratado de Otawa; tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos, China y Rusia, que son
potencias significativas, siguen sin haberse adherido al Tratado de Otawa; la mayoría de los países de Oriente Medio, la mayoría de las seis repúblicas soviéticas y Estados asiáticos importantes siguen sin adherirse al Tratado de Otawa; Finlandia,
que en septiembre de 2004 anunció su voluntad de sumarse al tratado, no lo hará hasta el año 2012 y el Landmine Monitor identifica todavía unos 15 países productores de minas antipersona, 110 millones de minas siguen activas y continúan sembrándose
cerca de dos millones de minas al año. Por tanto, las minas continúan matando a hombres, mujeres y niños, amputando a personas e impidiendo el desarrollo de los países afectados por esta verdadera plaga.



En los últimos tiempos hemos tenido ocasión de ver en nuestros cines algunas películas, y creo recordar que la presidenta de nuestra Comisión ha titulado un reciente artículo suyo sobre el refugio con el título de una de estas películas, Las
tortugas también vuelan, una fantástica película sobre el desastre de los refugiados kurdos en las últimas guerras en Irán y la presencia de las minas antipersona. Todo ello indica la necesidad de continuar avanzando en un compromiso en el efectivo
desminado, en la movilización de recursos de apoyo a las víctimas y en un compromiso de la política exterior española para conseguir la plena universalización del Tratado de Otawa.



Mi grupo presenta una proposición no de ley que reclama un incremento de los recursos destinados a los programas de acción contra las minas antipersona. Es bueno recordar que la última edición del Landmine Monitor evidencia cuál es la
situación del esfuerzo por el desminado. España está lejos, entre 1999 y finales de 2003 no llegaba a los 5 millones de dólares destinados a la lucha contra el desminado, por debajo de los más de 5 de Austria, los más de 7 de Irlanda, los más de 18
de Francia, los más de 22 de Italia, los más de 31 de Suecia y Suiza, los más de 52 de los Países Bajos, los más de 58 de Alemania y los más de 67 del Reino Unido. Hay que avanzar en un mayor compromiso en la movilización de recursos para hacer
frente al desminado; hay que promover la adhesión y la ratificación del Tratado de Otawa en todos los espacios multilaterales donde España participe, apoyando su proceso de universalización; hay que prestar asistencia a los Estados que tengan
necesidades para destruir sus existencias de minas, que tengan problemas de desminado y que no puedan atender a sus víctimas; hay que mantener una voluntad para hacer efectivo el calendario de limpieza de las zonas minadas al que en diversas
ocasiones se han comprometido; hay que facilitar información a las poblaciones afectadas por la presencia de las minas; hay que facilitar apoyo médico de rehabilitación psicológico-social a estas víctimas; hay que trabajar también en el terreno
diplomático para implicar a los actores armados no estatales en estas cuestiones; y finalmente España debe colaborar, como lo hace la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno, en la elaboración del Landmine Monitor Report, que es el principal
instrumento de la sociedad civil internacional en este ámbito.



Mi grupo entiende que sería importante que hoy aprobásemos esta proposición no de ley y espera contar con el apoyo de todos los grupos.



La señora PRESIDENTA: El grupo que ha presentado enmiendas es el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Torrado.



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La señora TORRADO REY: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae esta mañana una proposición no de ley para la erradicación de las minas antipersona y de asistencia a las víctimas. Quiero recordar que la cumbre sobre un
mundo libre de minas que se celebró en Nairobi en el año 2004 nos dejó algunos datos estremecedores. Una de cada cinco víctimas por minas antipersona es un niño. Los niños creen que estas minas son juguetes porque tienen un aspecto atractivo y
esto, unido a su curiosidad, les hace perder a veces una mano, a veces la vida. Por otro lado, las víctimas anuales se calculan entre 15.000 y 20.000, pero no son víctimas militares, sino que son víctimas civiles, es decir, hombres, mujeres y niños
que solo desean trabajar y vivir en paz. Actualmente se calculan en 110 millones las unidades activas en todo el mundo y la gran perversión es que, cuando no matan, hieren de gravedad y provocan a menudo la amputación de algún miembro,
discapacitados de por vida con unas necesidades de asistencia a largo plazo, la cual suele ser deficiente o incluso inexistente en los países afectados. Esto hace suponer que el día a día de estas personas debe ser un verdadero calvario. Además se
produce el abandono de la producción agrícola y de la provisión de medios de vida sostenibles para la población, lo que también lleva algo añadido, el empobrecimiento de las zonas afectadas, pues lógicamente nadie quiere arriesgarse a ser una
víctima más en los campos de cultivo.



Afortunadamente, hace apenas siete años, desde la aprobación del Tratado de Otawa, el número de países productores ha pasado de 54 a tan solo 16, lo que ha conseguido la paralización casi completa de su comercio, y la producción anual se ha
reducido a la mitad en los últimos 25 años, según señala Cruz Roja. Debemos felicitarnos porque ha habido nuevos países que se han incorporado a la cumbre de Nairobi y que participarán en los programas de cooperación internacional en este campo.
España ya desempeñó un papel activo durante esta citada cumbre de Nairobi y se ha comprometido a participar en el contexto del plan de acción 2005/2009, lo que le implica en la aplicación de las disposiciones de la Convención de Otawa y en la
campaña para la adhesión universal al mismo. Además España viene siendo un importante país donante en la lucha contra las minas antipersona. Esperamos seguir realizando una cooperación bilateral y reforzar el perfil que se ha mantenido en los
últimos años, actuando en la asistencia a las víctimas, la formación para el desminado y el desminado humanitario propiamente dicho, y en la medida de lo posible incrementar nuestra contribución a los programas de asistencia, recurriendo a un centro
que nos da muchísimas garantías, que es el Centro Internacional de Desminado.



Por otro lado, hay aspectos transversales de gran interés en los que España colabora actualmente, como son la rehabilitación y la reintegración de las víctimas de las minas, que permite conseguir unas condiciones necesarias de seguridad en
los entornos rurales y urbanos para que los afectados recuperen las condiciones básicas para el desarrollo social y económico de sus zonas. Por último, nuestro país también contribuye como socio de la Unión Europea a la estrategia de la Hoja de
Ruta para conseguir las víctimas cero a causa de las minas, que cuenta con una asignación económica de 60 millones de euros. Queremos seguir colaborando en el objetivo de conseguir el total desminado en este nuestro mundo.



España está haciendo grandes esfuerzos por comprometerse y creo que en esta proposición hay algunos aspectos en los que España ya está trabajando. No obstente, hemos presentado una enmienda que enmarca mejor esta proposición, pues la saca
del contexto de la defensa y la coloca en el Plan Director de Cooperación Española. Estamos en una materia en la que se ha trabajado mucho, pero queda todavía mucho por hacer y España va a seguir actuando en todos los ámbitos en los que pueda.
Vamos a conseguir un consenso que nos llevará a un mundo más tranquilo para estas gentes que viven en países donde las minas siembran el terror y la desolación.



La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición?


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González Rodríguez.



El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Brevemente expondré la posición de mi grupo ante la exhaustiva y completa proposición no de ley que ha presentado Convergència i Unió para la erradicación de las minas antipersona y de asistencia a las víctimas,
que les adelanto que va a ser de aceptación, como no podía ser de otra forma. Sin duda alguna una de las mayores atrocidades utilizadas en las últimas guerras, como ya se ha dicho anteriormente, ha sido las denominadas minas antipersona, cuyos
efectos en el momento de su aplicación y, tal vez los más trágicos, cuando han terminado las guerras afecta de forma directa a las poblaciones del entorno de muy diversas maneras.



Así como afirma Lucía Alonso Ollacarizqueta, las consecuencias humanas son evidentes, y aun siendo importante la disminución de muertes, como se nos dice en la exposición de motivos de la presente proposición no de ley, no sin apreciar una
cierta fluctuación en las cifras, lo que consideramos más sobresaliente es el trauma que padecen durante toda su vida tanto los familiares de los fallecidos como aquellos que han sufrido alguna mutilación, situación esta última de enormes
consecuencias psicológicas y culturales en muchas partes del mundo donde la pérdida de una parte del cuerpo se identifica con la pérdida de la vida, siendo todo ello mucho más grave, obviamente, cuando se trata de la infancia. En segundo lugar, las
consecuencias económicas, tales como gastos sanitarios de desminados, los efectos negativos en el sistema productivo, al ser la tierra su principal elemento y al no cultivarse dado el miedo a las posibles minas que provoca el abandono de los lugares
de origen y, por consiguiente, la pérdida económica. Finalmente, los medioambientales,


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llegando a perturbar el equilibrio ecológico y erosionar fuertemente el terreno.



Toda esta terrible situación ha tenido su eco para remediarla tanto desde un punto de vista internacional como nacional. Comenzando por el primero, y centrándonos en lo más cercano en el tiempo, el 18 de septiembre de 1997 se celebró la
Conferencia diplomática de Oslo para la prohibición de las minas antipersona, prólogo del Tratado de Ottawa, de 3 de diciembre del mismo año, en el que se prohibía, como se dice en la presente proposición no de ley, la producción, la
comercialización, el uso y almacenaje de las minas antipersona. Dicho tratado entró en vigor el 1 de marzo de 1999, formando parte del derecho humanitario internacional obligatorio. Gracias a él ya no se utilizarán más minas antipersona en las
guerras y los países que carezcan de restos de minas antipersona después de una de ellas estarán en mejor situación para su desarrollo socioeconómico, pues, como ya he dicho antes, la limpieza de los campos minados es fundamental para que la
población se quede en sus lugares de origen y puedan cultivar sus tierras. Es más, el desminado, como también se ha dicho antes, es una de las principales respuestas a las plagas de las minas, siendo hoy día numerosos los programas de desminados,
tanto de Naciones Unidas, como de la Organización de Estados Americanos, la conocida como la OEA, la Unión Europea, diferentes programas de los Estados Unidos y España, que ha dedicado a esta tarea desde 1995 a 2003 unos siete millones de dólares.
Ya que he comentado actuaciones nacionales, continuaré indicando que España las utilizó por última vez en 1975, como se dice en la proposición no de ley. Prohibió su exportación en 1994 y posteriormente en 1995, adhiriéndose a la acción común de la
Unión Europea el 28 de noviembre de 1997, y aprobando finalmente el 28 de mayo de 1998 la conocida Ley 33/1998, sobre la prohibición total de las minas antipersona, destacándose en su preámbulo nuestro apoyo financiero, técnico y humanitario a los
programas de detección, desactivación y desmantelamiento de las minas existentes y a los de cooperación y asistencia a sus víctimas. España, pues, se sitúa a la vanguardia de Ottawa, dado que a los cuatro años que preveía la convención para la
destrucción de las minas antipersona, la ley española exigió la destrucción de las minas españolas antipersona en menos de tres años.
Esto supuso algo más de un año y medio de antelación sobre la convención.
En 2000 el anterior Gobierno concluyó
la destrucción de subsistencias que se cifraban en algo más de 850.000. En 2003 el personal español de neutralización de municiones explosivas y de desminados participó en operaciones para el mantenimiento de la paz en Afganistán,
Bosnia-Hercegovina, Irak y Kosovo. El Centro Internacional de Desminado, como se ha dicho anteriormente, impartió cursos sobre desminado humanitario a 71 miembros del personal operativo en Afganistán, Angola, Mozambique y Colombia. También en este
mismo año, 2003, España votó a favor de la Resolución 5843 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que hacía un llamamiento a la universalización e implantación del Tratado sobre la prohibición de minas antipersona. No obstante, ese llamamiento
ha tenido oídos sordos en Rusia, en Myanmar (Birmania), ya que sus gobiernos han seguido usando minas en 2004, actividad que desarrollaban de manera continua desde 1999. Singapur y Vietnam admiten que la producción continúa y Birmania, Cuba y Corea
del Norte no han hecho ninguna confirmación pública respecto a las actividades de producción desde 1999.



Por ello vemos muy acertado los distintos aspectos contemplados en esta proposición no de ley, desde los incrementos de recursos hasta las actuaciones de desminados, pasando por la renuncia internacional total del uso de las minas
antipersona, pues ello no hace sino responder al articulado de la Ley de 1998 cuyo artículo 6.º, titulado cooperación internacional y apoyo a los programas para el desminado, dice textualmente en sus cláusulas primera, segunda y tercera lo
siguiente: El Gobierno adoptará cuantas disposiciones fueren necesarias para seguir comprometiendo el apoyo financiero. El Gobierno mantendrá la necesaria provisión de una partida presupuestaria anual específica en apoyo del fondo fiduciario de
Naciones Unidas para programas de desminados. El Gobierno adoptará cuantas disposiciones fueren necesarias para seguir comprometiendo el apoyo financiero y la colaboración de España en programas de cooperación y asistencia a las víctimas de minas
antipersona. Sin embargo, y como también se expone en esta proposición no de ley, siguen existiendo naciones que no se adhieren al tratado y otras que, si bien lo han firmado, tienen dificultades en su cumplimiento.
Respecto a las primeras que
todos ustedes conocen al ser enumeradas en la proposición no de ley, que ha sido recordada por el portavoz de CIU, el señor Campuzano, llama mucho la atención el caso de Finlandia, un país de enorme desarrollo crecimiento económico y bienestar
social, que tendrá que cambiar de actitud si finalmente se aprueba el Tratado de Constitución para Europa, cosa algo difícil después del referéndum francés de ayer y de lo que pueda ocurrir mañana con la consulta en Holanda, pues le va a obligar el
capítulo IV, titulado cooperación con terceros países y ayuda humanitaria, en sus secciones primera, segunda y tercera, en los artículos 3, 316.2, 319.1, y 321.1 ya que como se dice, por ejemplo, en este último: dichas acciones tendrán por objeto
en casos concretos prestar asistencia y socorro a las poblaciones de terceros países víctimas de catástrofes naturales o de origen humano. En cuanto a las segundas y ya que Colombia forma parte de las naciones a analizar, la tomaremos como
paradigma. Si bien este país firmó Ottawa y, por tanto, se inició la eliminación de las minas antipersona, siguen siendo instaladas por las FARC -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-, por el ELN -Ejército de Liberación Nacional- y por los
paramilitares. En el 2002 fueron 530 las víctimas, lo que supone el doble que en el 2001, a pesar de que en este mismo año las Fuerzas


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Armadas colombianas desactivaron 877 campos minados. Hoy día existen unas cien mil minas, o lo que es igual, el 15 por ciento del territorio nacional, configurándose como la nación más afectada de Iberoamérica. Si esta proposición no de
ley es aprobada mi grupo está convencido de que se estará en el buen camino y de que estas últimas referencias podrán ser eso, las últimas.



La señora PRESIDENTA: Para aceptar o rechazar las enmiendas tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán, señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: El Grupo Socialista ha formulado una enmienda que recoge en esencia nuestras propuestas y en un rato podremos ofrecer una transaccional a todos los grupos. Partiendo del texto del Grupo Socialista
incorporaríamos dos puntos más a nuestra proposición no de ley que no quedaban recogidos de manera específica. Por un lado, la necesidad de continuar promoviendo la ratificación del tratado en todos los foros multilaterales y en sus contactos
bilaterales. Nos parece que este compromiso debe formularse de manera explícita. Por otro lado, mantener el apoyo a la elaboración del Landmine Monitor Report, un instrumento esencial en la necesaria transparencia de la política de los gobiernos
en el cumplimiento de los mandatos del Tratado de Ottawa. Con esta adición al texto propuesto por el Grupo Socialista esperamos conseguir el apoyo unánime. Agradecemos las intervenciones del portavoz del Grupo Popular y la de la portavoz del Grupo
Socialista sobre el contenido de fondo que expresábamos con esta iniciativa.



La señora PRESIDENTA: Si fueran tan amables, cuando puedan nos pasan el texto a la Mesa.



- SOBRE POTENCIACIÓN DE LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE PROGRAMAS DE SALUD.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000818.)


La señora PRESIDENTA: Si SS.SS. no tienen inconveniente, pasamos a ver el punto IV del orden del día ya que el portavoz del Grupo Popular que lleva el III se tiene que ausentar unos minutos.



Pasamos a debatir la proposición no de ley sobre potenciación de la cooperación en materia de programas de salud, del Grupo Parlamentario Socialista.



Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, la señora Montón.



La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señorías, en septiembre de 2.000 jefes de Estado y de Gobierno de 191 países suscribieron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas que establece ocho objetivos por alcanzar en 2015.
Representan
compromisos para erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-SIDA, el
paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Estos objetivos presentan una visión del desarrollo centrada en la salud y en la educación. Quiero resaltar esto
porque excluyen que el desarrollo se refiera solamente al crecimiento económico.



Aunque es cierta la importancia que se le confiere a la salud, pues tres de los ocho objetivos, ocho de las dieciséis metas y dieciocho de los cuarenta y ocho indicadores se relacionan directamente con ella, también lo es que los objetivos
de desarrollo del milenio no dicen todo lo que es necesario decir sobre la salud y el desarrollo. No hablan acerca de la importancia esencial de que haya sistemas de salud eficaces para alcanzar todos los objetivos de salud, como tampoco de la
salud reproductiva y sexual, ni de las enfermedades no transmisibles. Estos temas no pueden ser olvidados. Por ejemplo, no puede ser olvidado que el paludismo sigue siendo la principal causa de defunción directa para casi un 20 por ciento de los
niños menores de cinco años en África, además de serlo indirectamente, ya que provoca, según estimaciones, entre 75.000 y 200.000 defunciones de lactantes al año a causa de anemia materna asociada al paludismo en el embarazo o de un bajo peso al
nacer. Por último, en 15/17 países más del 60 por ciento de las mujeres embarazadas buscan atención prenatal. Sin embargo, en pocos se usan tales servicios asistenciales para ofrecer tratamiento preventivo intermitente contra la malaria. Tampoco
podemos olvidar las limitaciones y deficiencias de recursos humanos, capacidad de gestión, vigilancia y evaluación, infraestructura, servicios de laboratorio y de compromiso político que hacen que la situación de endemia de tuberculosis se haya
agravado considerablemente, unida a la pandemia del sida.



El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con lo que estableció el Plan Director de Cooperación Española, 2005-2008, ha mantenido con la Agencia Española de Cooperación Internacional el compromiso de tener un papel destacado como
interlocutor especializado con las comunidades autónomas, con los organismos multilaterales y las agencias internacionales especializadas en salud, con las autoridades sanitarias de los ministerio de Sanidad de los países objeto de la cooperación y
en el seno de las comisiones mixtas o convenios de colaboración, así como las entidades locales. En este sentido es necesario, para una mayor eficacia de los recursos destinados a la cooperación en materia de programas de salud, mejorar, por un
lado, la coordinación entre las diferentes instituciones y entidades y, por otro, fomentar la formación para técnicos de ONGD y administraciones. Hay que potenciar el papel de las instituciones españolas y su experiencia en salud y en la aportación
de asistencia técnica, colaborando con la Agencia Española de Cooperación


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Internacional y con las ONGD sanitarias españolas en la realización de intervenciones sanitarias en estrecha colaboración con la sociedad civil.
Pieza clave para alcanzar los objetivos de salud y desarrollo son las ONGD sanitarias y
entidades especializadas en los proyectos de cooperación. Sin su participación activa ni implicación en el territorio, la colaboración de la ciudadanía y las instituciones en ellas, éstos no serán posibles. Al respecto, cobra relevancia la acción
de la ciudadanía, de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, con lo que la tarea de sensibilización debe estar también presente. Debemos aprovechar días como el Día Mundial de la Salud y en su marco fomentar el desarrollo de actividades
en torno al papel de la cooperación española sobre el sector de la salud en África como, por ejemplo, las jornadas técnicas de cooperación internacional con el título de salud de la mujer y el niño en África, celebradas en la sede del Colegio
Oficial de Médicos de Madrid, los días 5 y 6 de abril de este año, a las que asistieron representantes del Instituto de Salud Carlos III y de la Subdirección General de Relaciones Internacionales del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como
invitados de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea, de Unesco, de ONGD y de diversos países africanos.



El desarrollo de un país no es posible sin salud. Ese es el reto que todos tenemos delante y la razón de esta proposición no de ley. Por ello, instamos al Gobierno en nuestra iniciativa a una serie de puntos, pero si lo tienen a bien los
grupos que presentan las enmiendas, ofrecemos una transaccional que engloba las peticiones del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La transaccional quedaría de la forma siguiente: 1.-Continuar y
reformar los programas en materia de salud en los países de África subsahariana señalados como países prioritarios en el Plan Director de Cooperación española, en particular a través de lo previsto por el programa VITA. 2.-Reforzar los programas de
salud a través de los mecanismos para mejorar la coordinación con la cooperación descentralizada en materia de programas de salud, así como la creación de líneas formativas para técnicos de ONGD y administraciones autonómicas y locales, centradas en
la salud sexual y reproductiva, enfermedades prevalentes, sida, tuberculosis y malaria y en las enfermedades olvidadas. 3.-Potenciar la implicación de las ONGD sanitarias y entidades especializadas en los proyectos de cooperación que desarrollen el
período que cubre el plan director. 4.-Desarrollar, en el marco del Día Mundial de la Salud, actividades en torno al papel de la cooperación presente y futura sobre el sector de la salud en África.
5.-Impulsar la política de apoyo a la
investigación en materia de enfermedades especialmente prevalentes en los países pobres. Si lo tienen a bien los grupos que han presentado enmiendas, así quedaría la transaccional que estaríamos en disposición de aceptar.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular que ha presentado enmiendas, tiene la palabra su portavoz, la señora Velasco.



La señora VELASCO MORILLO: Como bien decía la portavoz del grupo proponente de esta iniciativa, los temas en materia de salud son importantes. Así, la Ley de 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su
artículo 7, indica que la política española de cooperación, en su objetivo de luchar contra la pobreza, se orientará en una serie de prioridades sectoriales tales como los servicios básicos, con especial incidencia en la salud, en el saneamiento,
educación, obtención de seguridad alimentaria y formación de recursos humanos, entre otras prioridades. El Partido Socialista trae a esta Cámara una proposición no de ley con un tema debatido en anteriores legislaturas, pero no por ello de menor
importancia, como lo demuestran los distintos proyectos y líneas de actuación en materia de salud llevados a cabo en la anterior legislatura.



Numerosos estudios han constatado que la vinculación entre salud y reducción de la pobreza y crecimiento económico a largo plazo es estrecha y mucho más fuerte de lo que generalmente se piensa. Solo aquellas poblaciones que disfrutan de una
buena salud podrán dedicarse de forma activa a otros ámbitos como, entre otros, la educación, la generación de ingresos o la participación política. Existe un consenso cada vez mayor en la esfera internacional sobre la necesidad de una acción
conjunta y coordinada en el sector salud. Durante las últimas décadas ha habido numerosas declaraciones y compromisos internacionales u organismos especializados en estos temas específicos. Este es el caso de la declaración de la Cumbre del
Milenio, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2000, donde se establecieron los objetivos del milenio que contribuyen al principal marco de referencia de la agenda de desarrollo para los próximos años.



Dada la importancia de la salud en la reducción de la pobreza, una parte importante de los objetivos, metas e indicadores corresponden a este sector. Entre ellos, cabe destacar la erradicación de la extrema pobreza y el hambre, la reducción
de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna, la lucha contra el VIH-SIDA, la malaria y otras enfermedades. Tanto en el Plan Director de Cooperación 2001-2004 como en el plan director actual, el campo de la salud tiene un papel
fundamental, pues aunque las acciones en este sector vendrán determinadas prioritariamente por los condicionantes de salud y las necesidades sanitarias de cada país o región, aun siendo numerosas, se destacó la necesidad de coordinar dichas
actuaciones para lograr mejores resultados mediante programas como el VITA, como instrumento de coordinación, permitiendo reforzar el papel de la cooperación española en el seno de los organismos internacionales en el sistema de Naciones Unidas y en
la Unión Europea. (La señora secretaria Oliver Sagreras ocupa la Presidencia.)


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El ámbito de actuación del programa VITA es el continente africano, teniendo en cuenta la diversidad de las dos subregiones, África del norte y África subsahariana. El programa se centraba en los países señalados como preferentes en el Plan
Director de Cooperación 2001/2004, así como en aquellos países considerados prioritarios por los participantes del programa, con lo cual desde el Grupo Popular entendemos que ya existe un programa de coordinación entre los distintos actores de la
cooperación española, como es el programa VITA, y así se ha valorado especialmente en el Plan director 2005/2008, recientemente aprobado. Este programa se centra en mejorar la salud maternal infantil; la lucha contra las enfermedades transmisibles
y tropicales, con especial atención al VIH sida, malaria y tuberculosis y los servicios de salud básica y el fortalecimiento de sistemas nacionales de salud. España cuenta con una experiencia valiosa en la universalización de la asistencia
sanitaria, en la mejora de la calidad de los servicios de salud pública y en la gestión sanitaria, tanto en el ámbito central como en el autonómico. Esta experiencia fue valorada y reconocida por la Organización Mundial de la Salud en su informe
del año 2000. También hay que destacar las aportaciones hechas desde el Ministerio de Economía al Fondo global contra el sida, la tuberculosis y la malaria, al igual que en el marco de la cooperación multilateral tras la cumbre del sida celebrada
en junio de 2001. Se creó la red hospitalaria contra el VIH sida, que pretende hermanar hospitales europeos con hospitales de los países en desarrollo al objeto de colaborar en la organización, gestión y capacidad técnica del personal sanitario que
trabaja en este ámbito. Existen ONG que cuentan con una amplia experiencia en la realización de proyectos de cooperación al desarrollo en materia de salud -una parte importante de la ayuda oficial española bilateral es canalizada a través de las
mismas- y que llevan a cabo sus iniciativas en estrecha colaboración con la sociedad civil. Algunas ONG sanitarias ya presentan una especialización en la lucha contra enfermedades transmisibles, especialmente en la lucha contra el VIH sida. Por
todo ello, desde el Grupo Popular presentamos la siguiente enmienda de sustitución y esperamos llegar a una transaccional, pues entendemos que en los programas en materia de salud en los países del África subsahariana no partimos de cero y, sobre
todo y lo más importante, que todas las actuaciones se hacen de forma coordinada a través del programa VITA. Estas actuaciones deben ir dirigidas a erradicar tanto las enfermedades prevalentes (sida, tuberculosis y malaria) como las enfermedades
olvidadas. La implicación de las ONG y todas las entidades que tengan que ver en el campo de la salud es por supuesto transcendental.



Respecto al cuarto punto de la proposición, entendemos que en el marco del Día Mundial de la Salud sería más conveniente que las actividades se desarrollaran en relación con las enfermedades más prevalentes, como son VIH sida, tuberculosis y
malaria, que en relación con un área de países prioritarios como África, dejando fuera otras áreas prioritarias que deberían tener también una mención especial en el Día Mundial de la Salud, como es el caso de Latinoamérica, Magreb, Oriente Medio y
Próximo, Asia y Pacífico. Si llegáramos a una transaccional, la votaríamos, y si no, pediríamos que si es posible se votaran por separado los distintos puntos.



La señora VICEPRESIDENTA (Oliver Sagreras): Tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo no ha formulado enmienda por escrito a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, pero en las conversaciones con su portavoz, la señora Montón, aparte de manifestarle nuestro apoyo global a
esta iniciativa, le hemos hecho llegar la consideración de que sería necesario que incorporase un punto específico que hiciese referencia a la necesidad de que el Gobierno impulsase una política de apoyo a la investigación en materia de enfermedades
especialmente prevalentes en los países pobres, entre otras cuestiones por el consenso que la comunidad internacional tiene y que asume la cooperación española en la ley, en el plan director hoy vigente y en el anterior plan director en relación con
la cooperación internacional respecto al valor que tiene la salud y, por tanto, los servicios sociales básicos como elementos centrales de cualquier política de cooperación.
Nos parece necesario reforzar el compromiso del Gobierno en el apoyo a la
investigación de enfermedades olvidadas que afectan a los países pobres.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Son enfermedades a las que la lógica del mercado y de las industrias farmacéuticas no han dado hasta ahora respuesta, y es el
compromiso de los poderes públicos en la investigación básica lo que puede permitir desarrollar fármacos y vacunas que puedan permitir a los países pobres hacer frente a esas enfermedades que ya no se padecen o que nunca se han padecido en los
países avanzados y desarrollados. Agradezco la flexibilidad de la señora Montón, de cuya primera intervención he entendido que en la oferta de transaccional que efectúa a todos los grupos parlamentarios se incorpora un punto que hace referencia
específica a esa cuestión. Por tanto, mi grupo, valorando el conjunto de esta iniciativa y remarcando que no es menor, tal como se recuerda en la exposición de motivos, que tres de los ocho objetivos de desarrollo del milenio incorpore los aspectos
relacionados con las políticas en el ámbito de la salud, cree importante que esta Comisión se pronuncie hoy claramente por priorizar nuestra política de desarrollo a esta dimensión. Por tanto, espero que podamos alcanzar finalmente un acuerdo en
relación con este texto.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Montón para la aceptación o la comunicación de las transaccionales, si las hay.



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La señora MONTÓN GIMÉNEZ: En principio, respecto a la transaccional que habíamos propuesto, a falta de la conformidad del Grupo Popular, si ellos están de acuerdo, nosotros también estamos de acuerdo.



La señora PRESIDENTA: Señora Velasco.



La señora VELASCO GARCÍA: Yo pediría que, si puede ser, antes de la votación fijáramos definitivamente la posición de nuestro grupo respecto a esta iniciativa.



La señora PRESIDENTA: Les ruego que pasen a la Mesa el texto tan pronto lo tengan transaccionado.



- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE SE ADOPTEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA QUE BANCOS Y CAJAS NO COBREN COMISIONES A SUS CLIENTES POR TRANSFERIR SUS CONTRIBUCIONES A LOS ORGANISMOS DE AYUDA HUMANITARIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/000613.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3.º del orden del día. Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que se adopten las medidas oportunas para que bancos y cajas no cobren comisiones a sus clientes por transferir sus
contribuciones a las organizaciones de ayuda humanitaria, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El pasado 12 de enero -quiero remarcar la fecha-, el Boletín del Congreso publicó esta proposición no de ley, presentada por Convergència i Unió, en la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas oportunas
para que bancos y cajas no cobren comisiones a sus clientes por transferir sus contribuciones a las organizaciones de ayuda humanitaria. Si se publicó en el boletín el 12 de enero, ello quiere decir que se presentó unos días antes, a principios de
este año y muy pocos días después de que se hubiese vivido el desastre humanitario del tsunami que devastó amplias zonas del sur de Asia y que provocó de nuevo una amplísima movilización de los ciudadanos españoles a través de sus donativos a las
agencias gubernamentales y a las agencias no gubernamentales que impulsaron las pertinentes actuaciones de emergencia y ayuda humanitaria. Y de nuevo, como había pasado en anteriores ocasiones, y con el consiguiente escándalo, se hacía público por
quienes estaban efectuando donaciones a las organizaciones no gubernamentales o a las agencias que intervenían en el desastre humanitario que los bancos y las cajas estaban cobrando comisiones por las transferencias realizadas a las organizaciones
que estaban interviniendo en las zonas afectadas. A pesar de que, como resultado del escándalo que eso provocó, hubo bancos y cajas que decidieron establecer líneas de colaboración y de cooperación con estas organizaciones humanitarias,
colaboraciones puntuales de carácter permanente o reducciones incluso de estas comisiones, mi grupo, al presentar esta iniciativa, como alguna otra presentada en el Senado en la que se aprobaron algunos compromisos en esta línea, plantea lo mismo
que el ciudadano de la calle, y es que no tiene sentido que cajas y bancos hagan negocio con la generosidad de los donantes frente a situaciones de desastre humanitario y que, por tanto, si cajas y bancos quieren ser responsables, si quieren ser
serios, si no quieren hacer negocio de la desgracia ajena, no deberían cobrar comisiones por transferencias en estos supuestos.



La normativa española que regula el cobro de comisiones por parte de bancos y cajas otorga plena libertad a estas entidades y contempla que cuando las transferencias se produzcan entre entidades distintas se puede cobrar la correspondiente
comisión. Mi grupo entiende que el Gobierno no puede ser indiferente ante esta situación: y o bien modifica la normativa que da plena libertad a cajas y bancos o bien impulsa medidas para que ante estas situaciones no se vuelva a producir el cobro
de comisiones. El texto que se aprobó en el Senado era excesivamente complaciente con la actitud del sector financiero, y por eso hemos querido mantener el texto de nuestra proposición no de ley, porque entendemos que el Gobierno debe adoptar
medidas claras en esta materia. Hace unas semanas la señora presidenta nos pasó copia de una carta que había recibido del ministro Solbes en las que se decía que a raíz de las iniciativas presentadas -preguntas, proposiciones no de ley, etcétera-
el Gobierno había iniciado algún contacto en este sentido con las entidades financieras, pero en esa carta también se expresaba la prudencia que ante el mundo de las cajas y los bancos tenemos los gobiernos de todos los colores. Ante cuestiones
como estas, esta Cámara se debe pronunciar con muchísima claridad en el sentido de condenar este tipo de prácticas por parte de nuestras cajas y bancos y pedir al Gobierno que tome las medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir estas
situaciones.



El Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda que mejora ampliamente el texto de Convergència i Unió. Su portavoz la va a presentar a continuación, pero anuncio que vamos a aceptar el texto de la enmienda del Grupo Socialista en su
literalidad, porque mejora nuestro texto y va más allá de lo que aprobó en su día el Senado.



La señora PRESIDENTA: El Grupo Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Moscoso.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señorías, como bien ha explicado el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano, una


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vez más, como en otras catástrofes anteriores, el desastre humanitario provocado por el tsunami y el maremoto que provocó movilizó a miles de ciudadanos, que transfirieron dinero hacia organizaciones no gubernamentales que desarrollaron
acciones de emergencia y de ayuda humanitaria en las zonas afectadas. Es innegable que esta generosidad de la sociedad española, a la que esta proposición no de ley hace mención, que se explica en la exposición de motivos y que se ha articulado a
través de las organizaciones no gubernamentales que impulsan actuaciones de emergencia y ayuda humanitaria, así como aquellas organizaciones que promueven programas de ayuda al desarrollo, merece no solo el reconocimiento y la admiración de esta
Cámara, sino también todo el apoyo que desde las instituciones del Estado se pueda prestar para facilitar que alcance sus fines de la manera más eficiente posible. Este hecho se ha producido, la sociedad española reaccionó de manera loable y desde
luego es algo que nos debe llenar a todos de satisfacción.



En relación con el contenido concreto de la proposición presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Socialista considera que siempre que sea posible una discriminación positiva para las transferencias realizadas a las ONG
con motivo de crisis humanitarias como la ocurrida recientemente en Asia, esta debe ser aplicada. No obstante, entendemos que la fórmula adecuada sería invitar a las entidades bancarias a sumarse a ese tipo de iniciativas, dando opción a los
donantes particulares de elegir entre aquellas entidades que cobran comisiones o aquellas que las reducen y también las que no lo hacen. De igual modo, consideramos que es conveniente instar a la transparencia por parte de las entidades bancarias
para que faciliten e informen acerca de los porcentajes o coeficientes aplicados, explicando qué y cuánto cobran por cada transferencia. Por ejemplo, es innegable que muchas de estas transferencias son de cantidades pequeñas y que en algunos casos
las comisiones no se cobran en porcentaje sino en cantidades alzadas, de modo que suponen porcentajes elevados sobre el total. En este contexto, creemos que el papel del Gobierno debe ser el de facilitar, promover y articular las expresiones de
solidaridad que puedan surgir en la sociedad con motivo de las crisis humanitarias.



La adopción de medidas por el Gobierno para que bancos y cajas no cobren comisiones a sus clientes por transferir sus contribuciones a las organizaciones de ayuda humanitaria superaría los límites del concepto de solidaridad, puesto que esta
parte de un concepto de libertad del individuo, mientras que eso crearía una obligación de incurrir en un coste a un tercero. Es preciso recordar que las comisiones bancarias son el precio que cobran las entidades por sus servicios en función de
los costes en que incurren al prestarlos, y no de la motivación última por la que el cliente utiliza esas prestaciones. Las donaciones voluntarias no deberían obligar a las entidades bancarias a financiar sus transferencias con cargo a su cuenta de
resultados. Ello no debe impedir, no obstante, que, dada la transcendencia de ciertos acontecimientos o catástrofes, las entidades bancarias, por motivos altruistas o incluso por motivos comerciales, decidan renunciar al cobro de ciertos servicios
o los reduzcan, del mismo modo que lo pueden hacer también otro tipo de empresas de otros sectores, como por ejemplo el del transporte, también implicados en catástrofes. Lo que el Gobierno no puede hacer, tal y como decía el señor Campuzano, es
ser indiferente a esta realidad, pero tampoco puede obligar a los bancos y cajas de ahorro a no cobrar servicios demandados por sus clientes. No obstante, parece necesario que exista una completa transparencia y publicidad acerca de la gama de
comisiones que cobran las entidades bancarias para que, a través de la competencia bancaria, los clientes puedan elegir la entidad que más les convenga. Es importante recordar que la regulación sobre comisiones bancarias establece que estas serán
las que las instituciones de crédito fijen libremente, como bien ha explicado el señor Campuzano. La regulación establece también que las tarifas de sus comisiones deben tener carácter público. Asimismo, existe un órgano de defensa del cliente de
servicios financieros que vela por el cumplimiento de la legalidad, el Defensor del Cliente. Es el Banco de España el que supervisa el cumplimiento de la normativa vigente y el que debe velar para que estos parámetros de transparencia y publicidad
se cumplan. Queremos también recordar que, incluso con posterioridad a la presentación de esta proposición no de ley ante el Congreso, que da buena cuenta de su oportunidad y de su necesidad, el Parlamento Europeo aprobó el 13 de enero de 2005 una
resolución sobre la catástrofe del tsunami en Asia en la que insta a los bancos e instituciones financieras a desarrollar en el futuro un código de conducta que evite el cobro de una comisión en las donaciones de particulares destinadas a ONG.



Por todo ello, reconociendo la oportunidad, la importancia y la necesidad de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), hemos presentado una enmienda que matiza su contenido en el sentido
que estoy desarrollando en esta intervención. En primer lugar, en la nueva redacción se insta al Gobierno a que invite a las sociedades bancarias a reducir o eliminar, en la medida de lo posible, las comisiones bancarias por las transferencias
realizadas a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en países afectados por crisis humanitarias. Este sería un primer punto. También incluimos las transferencias realizadas por las citadas organizaciones hacia esos países. Hay que
tener en cuenta que muchas veces una donación se traduce en varias transferencias, la inicial que realiza el donante a la organización y la que la propia organización realiza al país receptor, de modo que habría que tenerlo en cuenta en ambas fases
del proceso.
Asimismo, se insta al Gobierno a que, junto con el Banco de España, extreme la supervisión del cumplimiento de la normativa sobre transparencia de operaciones, para que esta sea muy clara a los ojos de los donantes, de las
organizaciones no gubernamentales y de las entidades o


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federaciones de organizaciones no gubernamentales, que son al fin y al cabo las responsables de que esas ayudas lleguen a sus destinatarios.
Finalmente, se insta al Gobierno a que promueva que el sector financiero adopte, por la vía de la
autorregulación, medidas encaminadas a desarrollar un código de conducta que evite el cobro de comisiones en las donaciones de particulares, no solamente para las organizaciones que gestionan ayuda humanitaria y de emergencia sino también para las
organizaciones que gestionan ayuda al desarrollo en general. En esta línea también consideramos que es muy importante la resolución del Parlamento Europeo del 13 de enero de este año, que he comentado. Hay que recordar también que incluso existe
una ponencia abierta en esta Cámara en materia de responsabilidades de las sociedades corporativas (RSC), por lo que se pueden producir importantes avances en este ámbito.



Quiero agradecer una vez más al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) su iniciativa, que nosotros compartimos.



La señora PRESIDENTA: Para la fijación de posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz el señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: Intervengo muy brevemente para fijar nuestra posición sobre esta iniciativa de Convergència i Unió, que nos parece extraordinariamente oportuna sobre todo porque conecta con un sentimiento muy generalizado y muy
amplio de la sociedad española y que además se puede medir porque a raíz de los desastres del tsunami se ha producido una reacción sin precedentes por su dimensión. Hay datos publicados últimamente por la coordinadora de ONG en los que en términos
redondos hablamos de una donación en torno a los 60 millones de euros, que es una cantidad muy importante que no se había recogido en ningún precedente.
Esto significa que la sociedad española se ha movilizado de una forma amplia y generosa, y en
la medida en que esto lo han hecho los ciudadanos, tenemos que hacer todos un esfuerzo para acompañar esta reacción ciudadana. En ese sentido iba nuestra iniciativa sobre el cobro del IVA por parte del Ministerio de Economía sobre los mensajes SMS,
y la reacción de esta Cámara, no solamente del Grupo Parlamentario Popular y después del Gobierno. Por tanto, son medidas excepcionales ante situaciones excepcionales y hay que contemplarlo en estos términos. Como dije en su momento, cuando
presenté una iniciativa de mi grupo sobre un crédito donación FAD, que era importantísimo, hay situaciones excepcionales que requieren medidas excepcionales.



Respecto a lo que ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido más purista de los términos económicos en los que hay que entenderlo, que lo diga el Grupo Parlamentario Socialista, que es socialista, es muy de
agradecer, porque es mucho más claro que lo pueda decir un grupo como el nuestro, que cree en la libertad económica, que es un grupo liberal y no cree en la regulación ni en la intervención. Por tanto, nadie más de acuerdo que el Grupo
Parlamentario Popular en que esto solo podría ser contemplado como un hecho puntual y excepcional en un ámbito de no interferencia en la regulación de los mercados financieros y en la libre economía. No tenemos nada que decir en cuanto a la
filosofía más purista de nuestro sistema económico, de nuestro sistema de libertades económicas y de nuestro sistema de libertad financiero.
Pero insisto en que es una situación puntual, excepcional y concreta, en la que no se trata de que el
Gobierno entre a regular sino de que adopte una posición comprometida. En ese sentido, aunque conocemos también la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, echamos en falta que sea un compromiso interiorizado en el que se quiera
avanzar de verdad hacia esa posición. Porque si se lee la carta del ministro Solbes y del ministro Moratinos que nos ha sido remitida por la presidenta, se puede ver que la interiorización o el convencimiento de lo que hay que hacer está lejano y
que más bien se hace esto por puro compromiso. Hay dos párrafos que son meridianamente claros. Esta carta la firma el ministro Solbes y va dirigida al presidente de la Asociación Española de la Banca, y el párrafo dice: Mi respuesta ha sido la
única línea posible. Considero que no se puede obligar a prestar un servicio gratuitamente y, por tanto, se trata de una intromisión injustificada en decisiones que corresponden exclusivamente al ámbito financiero. Otra cuestión es que la
sensibilidad de la banca española le permita ser receptiva a esta demanda social que se ha puesto en evidencia con el caso del tsunami en el sureste asiático.
Esta es la carta que el vicepresidente económico manda al presidente de la Asociación
Española de la Banca y que es poco conminatoria, incluso le da la pista sobre lo que debe hacer, que es no hacerle ni caso. Por lo tanto, me parece que hay poco compromiso por parte del Gobierno para conseguir este objetivo. El Gobierno tiene
instrumentos, que no tienen por qué ser la regulación, como para poder sentarse activamente con las entidades financieras para procurar que sean sensibles simplemente a lo mismo que es sensible en este momento el colectivo de los ciudadanos
españoles y de empresas españolas que han demostrado una amplia generosidad. La banca también la ha demostrado en muchos otros aspectos, pero este es un tema que va a ir cobrando más relevancia, y Dios quiera que no tengamos muchos acontecimientos
en los que tengamos que hacer uso de estas cuestiones, pero es evidente que es el instrumento natural por el que se van a canalizar las donaciones y aportaciones generosas de los ciudadanos españoles. Insisto en que todos los sectores de nuestra
economía tienen que acompañar la generosidad de los españoles y considero que el Gobierno debería ser más activo y comprometido, creerse más el papel que puede tener como mediador y negociador y, aceptando que no se debe de imponer nada -estoy de
acuerdo- ni regular nada, debe intentar conseguir un acuerdo por el cual se rebajen las comisiones o se estudien otros mecanismos que permitan minorar el cobro de las


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comisiones para que la donación íntegra del ciudadano español pueda repercutir realmente en las organizaciones no gubernamentales, que es básicamente lo que pretende esta iniciativa.



Por todo ello, estando de acuerdo con la iniciativa de Convergència i Unió y con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, porque el texto nos parece extraordinario, pensamos que hay algo que no está plasmado pero que
debe fluir en el espíritu de esta proposición no de ley, que es el compromiso activo del Gobierno en creerse su papel de mediador y de interlocutor -por no usar otros términos- para conseguir una actitud activa y positiva de las entidades
financieras en algo que estoy seguro que el conjunto de los ciudadanos va a valorar. Hablamos de responsabilidad social de las empresas y de introducir estos conceptos en la cooperación al desarrollo, y hay una ponencia abierta en esta Cámara, todo
lo cual se incardina bien con esta iniciativa, y sería bueno que todos fuéramos más activos, y especialmente en este caso el Gobierno, para conseguir la posición positiva de las entidades financieras.



La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, tiene la palabra para la aceptación o rechazo de las enmiendas o de las transaccionales que pueda haber.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Desde la convicción de que desde hace muchos años todo el mundo en esta casa comparte los principios de la libertad del mercado, entre otras cosas porque están consagrados en la Constitución de 1978 e incluso
quienes en algún momento se han definido en esta casa como comunistas los han llegado a aceptar y por lo tanto estoy seguro de que la defensa de esta libertad de la iniciativa privada en lo económico no es patrimonio exclusivo del Grupo
Parlamentario Popular, mi grupo va a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, porque con los tres puntos que incorpora, la referencia al código de conducta, la transparencia y el llamamiento al compromiso del Gobierno, se va más allá
de la respuesta del ministro Solbes a las situaciones que se provocaron a principios de este año.



- SOBRE LA PRIORIDAD A DAR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y LA AYUDA A LAS POBLACIONES DESPLAZADAS EN EL PLAN DE ACTUACIÓN ESPECIAL COLOMBIA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000876.)


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5.º del orden del día: Proposición no de ley sobre la prioridad a dar al fortalecimiento institucional y la ayuda a las poblaciones desplazadas en el Plan de Actuación Especial de Colombia. Es la
iniciativa número 876, del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor González.



El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Señorías, Colombia, con 46 millones de habitantes -el 71 por ciento urbano y el 28 por ciento rural-, un 1,6 por ciento de crecimiento demográfico, una expectativa de vida de 71,1 años, un crecimiento económico,
según la CEPAL -Comisión Económica para América Latina-, cercano al 4 por ciento anual y una inflación para el presente año calculada entre un 4,5 y un 5,5, ocupando el cuarto lugar en la diversificación económica iberoamericana, después de Méjico,
Brasil y Argentina, vive un conflicto armado interno desde hace 40 años que está acompañado de violaciones generalizadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y que está originando la peor crisis humanitaria del hemisferio
occidental y la tercera del mundo, después de la República Democrática de Congo y de Sudán, como se dice en el informe del Alto Comisionado de Acnur de febrero de 2004. Además, los tres grandes sectores protagonistas de este conflicto -guerrillas,
paramilitares y militares-, según Human Rights Watch, siguen cometiendo masacres, asesinatos y secuestros, provocando el fenómeno más llamativo de esa dramática situación, como es el de los desplazamientos forzosos, que ha afectado a más de 3
millones de colombianos. Se calcula que puede haber entre 2.500 y 3.000 secuestrados, en sus tres vertientes -secuestrados económicos, para conseguir dinero; políticos, para intercambio con guerrilleros; y los denominados de trabajo forzados,
considerados como colaboradores de las autoridades-, y en relación con los asesinatos, si bien la cifra se ha reducido drásticamente a tasas comparables a las de hace 17 años, ha aumentado la de los alcaldes y ex alcaldes en un 75 por ciento, entre
2003 y 2004, y la de los maestros en un 40 por ciento.



Por otro lado, al igual que el resto de la región iberoamericana, este país sufre grandes diferencias y contrastes socioeconómicos, y nos encontrarnos con que el 10 por ciento más pobre participa con el 0,94 del ingreso nacional, mientras
que el 10 por ciento más rico acapara el 42 por ciento de este ingreso, resultando una diferencia de 45 veces entre ambos. Y si su economía creció cerca del 4 por ciento para 2004, como se acaba de decir, y sus exportaciones tradicionales
aumentaron un 14,4 por ciento y las no tradicionales un 18,5 por ciento, el 14 por ciento de la población no tiene accesos sanitarios, más del 10 por ciento no disfruta de agua potable, también según fuentes cepalinas, y la indigencia alcanzó el
25,9 por ciento, como confirma el programa nacional de desarrollo humano para 2004. Ahora bien, junto a esta gravísima situación, el pueblo colombiano construye sociedad, construye economía y construye Estado, siendo el paradigma de todo este nuevo
desarrollo la Constitución colombiana de 1991, que consagra a esta república como Estado social de derecho, con una democracia participativa y con una realidad basada en


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lo multicultural y multiétnico. Además, la presidencia de Uribe ha cosechado importantes avances frente a la amenaza narcoterrorista, como por ejemplo la desmovilización de 3.000 paramilitares o la práctica desaparición de la guerrilla en
torno a Bogotá. De todas maneras, las acciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado de la zona de Bogotá han desplazado a los grupos terroristas hacia las zonas fronterizas del país colindantes con Venezuela y Ecuador, dando origen a un gran
grupo de desplazados. La proximidad de las fronteras está ayudando a que dichos grupos encuentren provisiones, descanso y seguridad en países extranjeros en los que Colombia no puede actuar, provocando asimismo la concentración de grandes números
de desplazados en esta zona fronteriza y fomentando a su vez prácticas ilegales como el contrabando y, en general, el desplome de las instituciones oficiales y un drástico deterioro de las condiciones de vida de la población, incluyendo el respeto
de los derechos humanos.
Además, se han generado tensiones bilaterales entre Colombia y Venezuela directamente relacionadas con sus problemas transfronterizos, llegándose a convocar en este mismo mes de mayo la trigésima tercera reunión de la
comisión presidencial de integración y asuntos fronterizos de ambos países para lograr soluciones a los graves problemas que se producen en sus más de dos kilómetros de línea fronteriza común, centrándose los trabajos, especialmente la seguridad e
intercambio de información, en los organismos policiales de las dos naciones.



A pesar de lo llevado a cabo desde dentro del país, como afirma el Secretariado Nacional de Pastoral Social de Cáritas colombiana, Colombia requiere de la comunidad internacional, de Europa y de España en especial, un respaldo evidente a su
sociedad civil para paliar el fenómeno del desplazamiento, la crisis humanitaria y la construcción de la paz en un escenario de posconflicto y reconciliación. Sin duda alguna, la ayuda y la colaboración de España con esta nación han tenido un
notable crecimiento en los últimos años tanto cuantitativa como cualitativamente. Hoy día, España es el segundo donante bilateral con Colombia, con un aporte de más de 130 millones de ayuda oficial al desarrollo en el periodo 2002-2004, y en lo que
respecta a la ayuda gestionada exclusivamente por la AECI, cooperación no reembolsable en microcréditos, se han superado los 72 millones para el mismo periodo de tiempo, siendo el programa de microcréditos uno de los más importantes de la
colaboración española por su adecuación al proceso de paz, su incidencia en la superación de la pobreza y su contribución a la reinstalación de la población desplazada. Hasta 2004, este programa ha colocado más de 26,4 millones de dólares en
instituciones microfinancieras y ha beneficiado a más de 36.000 microempresarios en todo el país, de los cuales el 62 por ciento son mujeres. Además, el proyecto denominado Apoyo a la población desplazada por la violencia se ha convertido también
en otra de las prioridades de las actividades en este país, dando una especial atención a las poblaciones indígenas -existen más de 80 grupos indígenas colombianos y afrocolombianos-, al fortalecimiento institucional, a la descentralización y al
trabajo en derechos humanos y al derecho internacional humanitario. A modo de ejemplo podemos citar, sin ánimo de ser exhaustivos, alguno de los principales proyectos llevados a cabo por España en Colombia, como la contribución a la
autosostenibilidad y manejo común con las comunidades del parque nacional de Tairona, el plan de turismo para el litoral del Caribe colombiano, así como la planificación participativa en barrios marginales receptores de población desplazada del
mismo territorio; el fortalecimiento del tejido social y productivo de las comunidades del Chocó; el fortalecimiento institucional en el departamento del Cauca; el desarrollo del tejido socioeconómico de sectores de población vulnerables de la
región andina y, finalmente, la construcción de la ciudadanía de la paz en Bogotá. No obstante, al no ser hoy en día Colombia un país prioritario según la nueva clasificación de la cooperación española, deberá compartir con otros 40 países el 30
por ciento de la ayuda bilateral española, existiendo la clara amenaza de que los recursos destinados a Colombia sufran una importante merma. Queremos mostrar con esta proposición no de ley nuestra inquietud ante los perjuicios que se pueda
ocasionar a esta nación, siendo la posible merma en el interés por Colombia realmente significativa respecto a la prioridad actual del Gobierno español sobre Iberoamérica.



Por todo ello, y dado que el segundo Plan director de la cooperación española 2005-2008, en su capítulo segundo, denominado prioridades horizontales, desarrolla conceptos tan relacionados con la situación colombiana como la lucha contra la
pobreza, la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la sostenibilidad medioambiental y el respeto a la diversidad cultural, y que el epígrafe quinto del capítulo tercero se refiere concretamente a la cooperación con pueblos indígenas,
sus líneas estratégicas y actuaciones prioritarias, llegando a decir textualmente que el programa indígena de la AECI será el principal responsable de la aplicación de esta estrategia y el encargado de la coordinación y seguimiento de los proyectos,
programas y acciones de la cooperación española con los pueblos indígenas, dará seguimiento a los compromisos internacionales asumidos en esta materia y asesorará para su cumplimiento así como para la definición de la posición española ante los
organismos multilaterales, el Grupo Popular, a través de esta proposición no de ley y siendo consciente de la labor desarrollada en la República de Colombia en los últimos años y de sus buenos resultados, como ha quedado expuesto en los argumentos
anteriormente expresados, y al ser este país uno de los contemplados en este segundo plan director como de atención especial en los que tenderá a concentrarse nuestra cooperación en sectores directamente relacionados con sus principales carencias de
desarrollo, elaborándose además un plan de actuación especial, PAE, para que se definan los sectores objetivos y resultados esperados y las actuaciones


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con enfoque sectorial, programas y proyectos que se decida utilizar y que hasta ahora este país no ha sido objeto de dicho plan, si bien desconocemos en general la programación de los planes de atención especial a pesar de estar ya a finales
de mayo, el Grupo Popular, repito, solicita al Congreso de los Diputados, siguiendo además las recomendaciones europeas para la democracia y los derechos humanos, que inste al Gobierno a que concentre la mayor cantidad de recursos en lo siguiente.
Primero, dar la máxima prioridad a los proyectos y fortalecimiento institucional dentro del Plan de actuación especial sobre Colombia. Segundo, mantener un gasto presupuestario de la cooperación bilateral española con Colombia en la línea con lo
alcanzado en los últimos años. Tercero, incluir dentro del Plan de atención especial sobre Colombia programas para el desarrollo de un plan de seguridad integral en las regiones fronterizas colombianas con Ecuador y Venezuela, la financiación de
proyectos de infraestructura material e institucional básica dirigidos a las necesidades de los desplazados prestando particular atención a las de las poblaciones en zonas fronterizas y el fomento de la cooperación política, judicial y policial
entre las autoridades colombianas, ecuatorianas y venezolanas en torno a sus fronteras comunes. Cuarto, y último, instar a todas las partes en conflicto en Colombia a respetar los derechos humanos, el derecho internacional humanitario. A esta
proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de los diferentes grupos y se ha logrado llegar a una enmienda transaccional, de la que seguramente dispone la Mesa, y en principio la aceptamos desde el Grupo Parlamentario Popular.



La señora PRESIDENTA: De cualquier manera, los grupos que han presentado enmienda, Convergència i Unió y Grupo Socialista, ¿quieren hacer uso de la palabra para su defensa? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: La intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha sido suficientemente amplia, rigurosa y compartida por la mayoría de los grupos parlamentarios y justifica plenamente el acuerdo que hemos
alcanzado.



Con nuestra enmienda hemos querido recordar, en relación con un conflicto tan complejo y tan difícil de abordar desde la comodidad que supone hacerlo desde esta Comisión un martes por la mañana y tan lejos de Colombia, los compromisos
asumidos en Londres, en julio de 2003, y en Cartagena de Indias, en febrero de 2005, en la medida que constituyen dos referencias claras de la comunidad internacional que de manera amplia asumen toda la complejidad del conflicto de Colombia. Además
hemos querido reafirmar los compromisos que el Estado español tiene asumidos como miembro de la Unión Europea en materia de protección de los defensores de los derechos humanos, sindicalistas, mujeres, periodistas, población indígena y
afrocolombiana y población vulnerable. El marco de la declaración de la 61.ª Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las conclusiones del Consejo de la Unión Europea y las directrices para la protección de los defensores de derechos
humanos de junio de 2004 constituyen instrumentos de carácter internacional, declaraciones, compromisos políticos asumidos por España y por el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea que enmarcar perfectamente la política española en
este ámbito.



Por otro lado, es bueno recordar en este debate que estamos teniendo esta mañana en esta Comisión la declaración del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia,
de 21 de abril de 2005, en Ginebra, que consta de 40 puntos y que da un repaso amplísimo sobre la cuestión de los derechos humanos en Colombia. Mi grupo querría destacar de la misma, en la línea de lo que el portavoz del Grupo Popular ha mencionado
anteriormente, que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas apunta la necesidad de apoyar a Colombia en la aplicación de la Convención sobre prohibición de las minas antipersona y dice: La Comisión hace un llamado a la comunidad
internacional para que siga apoyando los programas establecidos por el Gobierno de Colombia para cumplir con la Convención de Ottawa. Además la Comisión urge enfáticamente a todos los grupos armados ilegales a cumplir con la convención y a
suspender rápidamente el uso de minas antipersona y a destruir todas las que tiene almacenadas. Es bueno recordar esto esta mañana en el caso de Colombia.



Mi grupo quiere destacar de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular todo lo que hace referencia a la situación de los desplazados internos. La propia declaración del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
recuerda que la Comisión sigue profundamente preocupada por el número aún muy alto de desplazados internos y urge a los grupos armados al margen de la ley a abstenerse de cometer acciones que generan desplazamientos. Reconoce la tendencia a la baja
en el número de nuevos desplazados, aunque toma nota del hecho de que el número total de desplazados aumentó. La Comisión hace un llamado al Gobierno de Colombia para que continúe con la implementación de las recomendaciones del representante del
secretario general para los Desplazados Internos y le anima a que continúe cooperando con los órganos internacionales, particularmente la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, la
Comisión apoya el Plan nacional de atención integral a la población desplazada. Todo ello -insisto- en el contexto de preocupación de la comunidad internacional por la vulneración de derechos humanos, por los asesinatos que se continúan produciendo
e incluso por las denuncias de la participación en este tipo de actuaciones de personas vinculadas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del


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Estado. Insisto, no es un tema fácil, no es un tema que podamos resolver y siempre lamentamos la rapidez con que debemos abordar estas cuestiones en las comisiones de este Parlamento, pero nos parece que el texto que finalmente hemos
acordado supone un compromiso de nuevo de esta Cámara en relación con el conflicto que vive Colombia y cómo desde la cooperación española debemos implicarnos en este conflicto.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra su portavoz, el señor Bedera.



El señor BEDERA BRAVO: Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la enmienda de sustitución que hemos presentado aunque, tal como se ha dicho aquí, finalmente hemos llegado a una enmienda transaccional.
Antes de entrar en el detalle de la enmienda, a nuestro grupo le gustaría hacer algunas reflexiones iniciales.



Compartimos de entrada la preocupación por la situación en Colombia que ha llevado -creemos que esa es la razón- a presentar al Grupo Popular la proposición que ahora discutimos. No podríamos entender que se trata de un caso de simple
oportunidad política con la finalidad, por ejemplo, que no creemos, de crear ciertas dudas sobre el segundo Plan director de la cooperación española para el periodo 2005-2008, respaldado por todos los grupos de esta Comisión, donde se coloca a
Colombia como país con atención especial y para el que se deberá elaborar un plan de actuación especial. Habría que recordar -si eso fuera así, que no creemos que sea así- que en el primer Plan director 2001-2004 Colombia no era estricto sensu un
país prioritario, sino que tenía la consideración de país en conflicto. No entraba, pues, en la calificación de país-programa sino en la más específica de país -y cito- objeto de un programa especial dirigido a acompañar el proceso de arreglo del
conflicto -cierro la cita-, posición que compartía -como saben SS.SS.-con una zona que también fue conflictiva, como fueron los Balcanes. Tampoco creemos, por lo mismo, que esta proposición no de ley tenga por objeto condicionar el Plan de
actuación especial para Colombia, cuya metodología, como consta en el PACI aprobado recientemente, será objeto de diseño durante el año 2005.
No lo creemos así porque el Grupo Parlamentario Popular sabe que este plan especial va a ser una eficaz
herramienta de cooperación por medio de la cual se van a fijar los objetivos estratégicos sectoriales y los resultados esperados de sus actuaciones y que además contará para su elaboración con las opiniones, por supuesto, de la oficina técnica pero
también de las ONG, asociaciones, grupos de expertos y, en definitiva, de la sociedad civil. Por tanto, se tratará de un plan adecuado y adaptado para Colombia y elaborado con el concurso, como todos deseamos, de los mejores especialistas. Si esto
es así, es decir, si no se trata de oportunidad política -como, insisto, así lo creemos desde el Grupo Socialista-, lo que de verdad nos importa a todos es, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular y también el de CiU, la grave crisis por la que
pasa Colombia y qué podemos hacer para aliviarla. Para entender la actual situación en el país basta con leer el informe que presentó en la 61.ª sesión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la alta comisionada para los Derechos
Humanos sobre la situación en Colombia, hace apenas mes y medio, en abril.



Señorías, la situación es francamente preocupante y debería darnos, desde nuestro punto de vista, la foto real y la foto global del problema colombiano. La situación humanitaria y de respeto al derecho internacional humanitario en el país
-dice la alta comisionada- continúa siendo crítica. La persistencia del conflicto armado interno sigue teniendo un impacto negativo sobre la aprobación civil colombiana y sobre el goce de sus derechos humanos. La impunidad, tanto de los grupos
guerrilleros y paramilitares como de parte de los miembros de la fuerza pública, sigue representando uno de los mayores desafíos para la protección efectiva de los derechos humanos. Impunidad sobre denuncias de ejecuciones extrajudiciales,
torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, desapariciones forzadas, detenciones, allanamientos, manipulaciones de pruebas y testigos. Todo ello conlleva una ampliación de la brecha de la desigualdad: mayor pobreza, incremento de los índices
de analfabetismo, desocupación, falta de garantía de los derechos a la salud, educación, vivienda; elevados índices de desplazados -ha sido aquí citado-, empeoramiento de la situación de grupos especialmente vulnerables, mujeres, niños, defensores
de derechos humanos, sindicalistas, comunidades indígenas, periodistas y formadores de opinión, operadores judiciales, alcaldes o personas discriminadas por su orientación sexual. Este escueto resumen de la alta comisionada de Naciones Unidas para
los derechos humanos puede refrendarse con los informes de otras instancias internacionales, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Comité Internacional de Cruz Roja, Amnistía Internacional, etcétera.



Nuestro grupo está firmemente comprometido con las iniciativas de todo tipo que buscan mejorar la situación y, por ello, comparte el espíritu de la proposición no de ley del Grupo Popular y también el espíritu que anida en la enmienda del
Grupo de Convergència i Unió. En esa idea, entendemos que el enfoque de la cuestión colombiana debe tener presente, al menos, tres circunstancias que se van a reflejar luego en nuestra enmienda. Primera: la necesidad de tener una visión integral
del problema colombiano. La concentración de grandes contingentes de desplazados, siendo importante, es solo parte del problema, y además una consecuencia del mismo. En la declaración del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas -que ha sido aquí citada por el portavoz de CIU-, donde hace suyas las recomendaciones de la alta comisionada, se insiste en la necesidad de actuar coordinadamente en los diferentes campos: prevención y protección, conflicto armado, Estado
de derecho, políticas económicas, sociales, promoción


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de la cultura, derechos humanos, etcétera. Segunda cuestión: respeto a la soberanía y al modo de proceder del Gobierno colombiano y de su sociedad civil. La labor de España, en línea con la doctrina internacional en la resolución de
conflictos, debe ser la de apoyar, la de acompañar el proceso de normalización. Cuestiones como verdad, justicia y reparación requieren de su interiorización y puesta en práctica por la propia sociedad civil colombiana. Nuestra labor no puede
exceder los límites de la ayuda, de la asistencia; en ningún caso podemos interferir en el proceso. Y tercera cuestión: la necesidad de una actuación conjunta con el resto de la comunidad internacional, con la Unión Europea (y en este punto cito
nuevamente al portavoz de CIU porque ha introducido un apartado que hemos añadido y que ha sido parte de la propuesta transaccional), con el G-24, con la U-1 y, en general, con el resto de organizaciones internacionales. Sadako Ogata, la que fuera
alta comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados hasta el año 2000, lo explica muy bien. Dice: La acción humanitaria no es suficiente para solucionar las crisis de los refugiados. Es necesario una fuerte voluntad política, es preciso que
la arquitectura política encaje con la arquitectura humanitaria. Dicho de otra forma, señorías, la voluntad se perfecciona mejor desde los organismos internacionales.



Con estas consideraciones, nuestro grupo entiende que la actuación española debería ser doble: En primer lugar, apoyando a quienes sufren, a los que son la parte vulnerable del conflicto; y después, ayudando también, en la medida de lo
posible, en la propia resolución del conflicto. Nuestra enmienda integra en sus propios términos dos apartados de la propuesta del Grupo Popular; uno, en el que insta a las partes a respetar los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario; y el segundo, el de mantener el esfuerzo presupuestario en la ayuda oficial al desarrollo con Colombia. Señorías, con independencia de la clasificación del país, el incremento global que este Gobierno ha hecho en la AOD, como se ha
puesto de manifiesto aquí en las sucesivas intervenciones de la secretaria de Estado, garantiza nuestro compromiso con Colombia. Lo de menos es la clasificación, lo importante es que los recursos alleguen y sean suficientes. Nosotros vamos a
apoyar este apartado porque sabemos que se va a mantener ese esfuerzo con Colombia.
Nuestra enmienda también interpreta el fortalecimiento institucional, pero en un sentido más amplio. Por eso decimos que apoyamos ese fortalecimiento, pero citando
concretamente los apoyos a la Corte Institucional, al sistema judicial, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, y además creemos que se debe fortalecer también el tejido social global que posibilite la gobernabilidad
democrática participativa y autónoma en el ámbito local y regional.



No podemos apoyar una parte de la propuesta del Grupo Popular que habla del plan de seguridad integral porque, en coherencia con lo señalado anteriormente, nos parece que pertenece al ámbito interno de cada país el desarrollo de esos planes
de seguridad.



Por último, aunque en nuestra enmienda consta en primer lugar, entendemos que solamente dentro de la comunidad internacional se pueden conseguir avances reales en la situación colombiana. Por esta razón, reafirmamos nuestro compromiso y el
de los países firmantes de los acuerdos de Londres, 2003, y de Cartagena de Indias, 2005, porque creemos que en estos compromisos quedan subsumidas perfectamente las otras cuestiones, como cooperación política, etcétera.



Como se ha dicho aquí ya, hemos llegado a una transacción, que fundamentalmente consiste en la enmienda del Grupo Socialista, a la que se añade la reafirmación de los compromisos adquiridos con los miembros de la Unión Europea, etcétera, que
propone CiU, y la financiación de proyectos de infraestructura material, como proponía el Grupo Popular. En este sentido, agradezco su colaboración a los grupos, empezando por Izquierda Unida, que ha hecho posible, con CIU y con el Grupo Popular,
que lleguemos a esta propuesta conjunta.



La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, la señora Navarro tiene la palabra.



La señora NAVARRO CASILLAS: En nombre de mi grupo parlamentario, quisiera hacer unas matizaciones respecto a la exposición de motivos que encabeza esta iniciativa.



En primer lugar, se habla de amenaza narcoterrorista. En Colombia, desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de las organizaciones sociales, sindicatos y muchos partidos políticos, no se padece terrorismo, lo que se padece es
un conflicto armado, desde hace más de 40 años, en el que hay una triste implicación por parte del Estado, según se manifiesta una y otra vez en las resoluciones de la alta comisionada de Naciones Unidas; resoluciones que son desoídas por el
Gobierno en gran medida, especialmente en este punto, y por eso es importante llamar la atención sobre el mismo. Lo cierto es que Colombia, desde que el presidente Uribe gobierna, está padeciendo un terrible proceso de privatizaciones, un avance
del neoliberalismo, que está implicando un incremento del hambre, un incremento del número de desplazados y un incremento de los problemas de la sociedad colombiana. Por eso entendemos que los importantes avances que se mencionan en la exposición
de motivos no deben ser nunca amparados por este grupo parlamentario, porque no coinciden con la realidad. Es más, respecto a la desmovilización -de la que también se habla-, es cierto que Colombia es uno de los países con mayor número de
desplazados -los datos son reales-, pero cuando se habla de importantes avances frente a la amenaza narcoterrorista y la desmovilización de los 3.000 paramilitares he de decir que en Colombia no está habiendo un importante avance en este sentido,
sino


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que lo que se está padeciendo es un proceso de legalización de los paramilitares a través de lo que en Colombia se llama un monólogo; así lo denominan las organizaciones sociales. Pues bien, este proceso de legalización se está haciendo
sin amparo en marco jurídico alguno, tal y como denuncia Naciones Unidas y tal como ha denunciado la Unión Europea.
En la Comisión de Asuntos Exteriores de este Parlamento aprobamos recientemente por unanimidad una iniciativa emplazando a que este
proceso de desmovilización se hiciera al amparo de un marco jurídico en el que, además, se vieran reflejados todos los grupos armados existentes en Colombia. Lo cierto es que hasta ahora no ha sido así y lo que está ocurriendo es que hay una
situación de absoluta impunidad de los paramilitares que se integran en este proceso, puesto que muchos de ellos se están integrando en las fuerzas armadas y, precisamente por esa impunidad, están reproduciendo sus actuaciones como paramilitares en
las fuerzas armadas. Por lo tanto, esta es una situación de alarma y de denuncia y no se puede decir que se estén produciendo importantes avances.



En cuanto a los desplazados -que es un punto que he dejado abierto en mi exposición-, uno de los problemas que están padeciendo los desplazados en Colombia es precisamente que, dada la connivencia existente -y denunciada, como digo, por
Naciones Unidas- entre las fuerzas armadas, el Estado de derecho, que no es tal, y los paramilitares, los desplazados tienen miedo a registrarse. Se está dando la situación de que se cambian de zona huyendo de los paramilitares y no pueden
registrarse, por tanto no son amparados por las normas vigentes de ayuda a los desplazados, las subvenciones estatales que tendrían que recibir, porque siguen teniendo miedo. Se da la circunstancia de que, cuando la gente denuncia al Defensor del
Pueblo, a las instituciones públicas o a la Fiscalía alguna situación de agresión o su desplazamiento, los paramilitares van a buscarles y les enseñan la copia de esa denuncia para amenazarles y demostrar la fuerza que tienen al mantener esa
relación directa con las fuerzas del Estado. Por tanto, entiendo que la situación de alarma es todavía mayor de la que ha sido descrita, y precisamente son los indígenas los que padecen en mayor medida esta situación, además de muchos activistas
sociales. Recientemente se han producido verdaderas masacres, la comunidad de paz de San José de Apartadó ha tenido que ser desplazada en su integridad y, cuando Uribe fue a visitarles, lo único que dijo fue que las comunidades de paz no eran
legales y, por tanto, no tenían por qué construirse. Una comunidad de paz simplemente es gente que decide mantenerse totalmente al margen del conflicto armado, reunirse y vivir en un lugar en concreto, y tuvieron que desplazarse porque, cuando
fueron las fuerzas armadas, les amenazaron a todos ellos. Esta es la triste situación que se está viviendo.



Respecto a los problemas de los grupos terroristas hacia las zonas fronterizas del país, en especial en Venezuela, también es de criticar enormemente cómo las Fuerzas Armadas colombianas entraron en Caracas y secuestraron a una de las
personas denunciadas en su país para llevársela y presentarla ante la justicia colombiana. Entendemos que es bajo el amparo del Estado de derecho como se deben llevar a cabo estas actuaciones, y no entrar en un país en el que no se tiene soberanía,
que es el país vecino, y secuestrar a quien uno entiende conveniente, no es manera de actuar, es bastante deplorable, y eso fue lo que originó el problema transfronterizo que se menciona en la exposición de motivos.



Siguiendo con mi exposición, cuando se habla de que hay que dirigir la cooperación española hacia el fortalecimiento de las instituciones colombianas lo que quiero destacar es que hay que tener mucho cuidado con estas manifestaciones, porque
también se nos denuncia precisamente desde las organizaciones sociales de Colombia que el dinero que llega allí siempre acaba yendo a las zonas que están dominadas por los paramilitares por esas relaciones tan directas existentes entre el actual
Gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, que es el nombre oficial de los paramilitares, y lo que ocurre es que de esa manera el dinero que se destina a cooperación acaba fortaleciendo a una de las partes implicadas en el conflicto
que vulnera permanentemente tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario. Hay que tener mucho cuidado con el destino de la cooperación, hay que seguirlo muy de cerca para que estas cuestiones no ocurran por el peligro que
acarrean.



Para finalizar, aplaudimos que se alcance una transaccional, de cuya negociación he formado parte, igual que ocurrió en la Comisión de Exteriores, porque es necesario que un país donde la sociedad está padeciendo esta terrible situación
tenga el apoyo del Estado español, que es, por cierto, el segundo país inversor en Colombia después de Estados Unidos, por lo que nuestra relación con Colombia es de especial relevancia, y a pesar de las discrepancias políticas que manifiesto
respecto a la exposición de motivos y a muchas manifestaciones que se hacen por parte de algunos grupos parlamentarios, especialmente del Grupo Popular, y las relaciones que se llevaron a cabo por parte del anterior Gobierno del Estado español,
hemos de trabajar de manera unida en la cooperación y por eso he participado en la transaccional y por supuesto que la voy a apoyar, porque en los términos en los que se encuentra actualmente no implica un apoyo político al actual Gobierno de Uribe,
sino una dirección adecuada de cómo debe ser la cooperación española con Colombia.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor González Rodríguez.



El señor GONZÁLEZ RODRÍGUEZ: Tomo la palabra para agradecer a los diferentes grupos la transacción en esta proposición no de ley. Me siento realmente contento si el incremento que se ha dicho por parte del portavoz del Partido Socialista
garantiza nuestro compromiso con Colombia, lo cual me parece el objetivo fundamental de esta proposición no de ley. Puedo asegurar


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al portavoz del Partido Socialista que esta es una oportunidad política, que estamos en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, que es donde tenemos que llevar iniciativas tanto en comisiones como en Pleno, y si lo que aprobamos aquí
sirve para el beneficio de la población colombiana creo que es una oportunidad política deliciosa para poderlo hacer.



Por otro lado, quiero decirle a la portavoz de Izquierda Unida que si, después de todo lo que ha dicho, llegamos a la transacción, estamos en una Comisión realmente importante y trascendental, porque al final votamos lo mejor para los
ciudadanos de un país amigo y que tiene enorme tradición y relación con el Reino de España. Le puedo asegurar que en la quinta línea -no sé cómo saldrá luego en la publicación- de mi exposición de motivos -sobre la que respeto todo lo que ha dicho
pero en muchas cosas no estoy de acuerdo- aparece que Colombia, como usted y yo hemos dicho, vive un conflicto armado desde hace cuarenta años, y he usado esta expresión, conflicto armado. Obviamente es un tema muy complicado, como también se ha
dicho aquí antes, muy difícil para resolverlo con la premura que tenemos en esta Cámara, pero con esta iniciativa, con la aprobación de la transaccional, confío en que todos los grupos ponemos un granito de arena en un futuro beneficio para la
población colombiana, y muy especialmente -lo recalco- para esos tres millones de desplazados que están en este país.



- PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DE SIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000941.)


La señora PRESIDENTA: Finalmente pasamos al punto 7.º y último del orden del día: Proposición no de ley para hacer frente a la pandemia de sida, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Su portavoz tiene la palabra.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó en su día, a principios de este mes de mayo, esta proposición no de ley orientada a impulsar una política ambiciosa del Gobierno, en coordinación
con las comunidades autónomas, en la lucha contra la pandemia de la sida, y partíamos de entrada de unas cifras absolutamente devastadoras sobre la realidad de la pandemia de la sida en el mundo. Hoy las Naciones Unidas calculan que son 40 millones
de personas afectadas por el virus de la sida en todo el mundo, que muere una media de 8.000 personas al día y que 14.000 personas al día adquieren este virus y que además en el África negra se concentran 26 millones de enfermos, de los cuales dos
millones son niños y niñas. Las propias Naciones Unidas nos recuerdan que en el año 2004 murieron más de tres millones de personas de la sida, alcanzándose ya la cifra de más de 20 millones de persona muertas en todo el mundo desde que en el año
1981 se descubrió el virus y que han dejado a cerca de 15 millones de niños y niñas huérfanos en todo el mundo, insisto, cifras espantosas, devastadoras y a las que quizá estamos tan acostumbrados que no les damos toda su exacta dimensión: 20
millones de personas muertas, 40 millones de personas afectadas, 15 millones de huérfanos y el África negra especialmente impactada por esta realidad.



Recientemente la Agencia de las Naciones Unidas para el sida ha efectuado estudios que configuran diversos escenarios de posible evolución de la epidemia, desde una perspectiva de los próximos 20 años en el caso concreto de África, en
función de las políticas que la comunidad internacional adopte en esta materia. Por ejemplo, de continuar con las políticas que hasta ahora estamos desarrollando en relación a la pandemia de la sida en África, entre el año 2005 y 2025, Naciones
Unidas calcula que habrá 89 millones de nuevas infecciones, 64 millones de muertos y que tan solo un 20 por ciento de las personas enfermas podrán recibir algún tipo de tratamiento. En un segundo escenario que analiza la Agencia de Naciones Unidas
para el sida,que parte de entender que se generalizasen los modelos que se han venido implementado en Uganda, que es un país que ha hecho esfuerzos importantes en este ámbito, sobre todo por la difusión del uso del preservativo, haciendo las cosas
mejor que en ese primer escenario, estaríamos hablando de cerca de 65 millones de personas infectadas y 56 millones de muertes en los próximos 20 años; y en un escenario de un mayor compromiso de la comunidad internacional, de una mayor
movilización de recursos, estaríamos hablando en los próximos años de 46 millones de nuevos infectados y 48 millones de muertos. El escenario es horroroso. Por tanto, mi grupo entiende que o la comunidad internacional y el Estado español, como
parte de esta comunidad internacional, se compromete a fondo en esta materia o, si no, vamos a quedarnos indiferentes ante este desastre humanitario, ante este tsunami diario y continuado en el África negra.



Hemos de ser conscientes, y creo que lo somos porque en los últimos tiempos se han publicado diversos estudios e informes que van en esta línea, de que en el caso africano el sida esta destruyendo los progresos que en el ámbito económico,
social y sanitario se habían producido en determinados países del África negra, reduciendo la esperanza de vida de sus ciudadanos, generando su crecimiento económico, agravando la situación de su pobreza y aumentando la escasez crónica de alimentos.
La sida es también un impedimento para el desarrollo de los países más pobres del África negra. En este contexto, que no deja de ser catastrofista, pero no por catastrofista deja de ser también realista, desde la Agencia de Naciones Unidas para el
Sida se viene reclamando la ambición y el compromiso necesario para acabar con el sida en el horizonte temporal de una generación, que en 15 ó 20 años la sida haya desaparecido. Eso, insisto, reclama ese liderazgo político y un esfuerzo en todos
los ámbitos.



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Desde la perspectiva de la cooperación española y en función de aquello que establece como prioridad el Plan director para la cooperación 2005-2008, que son actuaciones para dar cobertura a enfermedades prevalentes en países en desarrollo y
en concreto en relación al VIH-SIDA y además, en coherencia con aquello que constituye, sin lugar a dudas, nuestra referencia a escala global en las políticas de cooperación al desarrollo, como son los objetivos del milenio, y en concreto el
objetivo 6, combatir el VIH-SIDA, el paludismo y otras enfermedades, en ese contexto mi grupo presenta una proposición no de ley que pretende concretar en el caso español cuál debería ser el compromiso de España en este ámbito. En concreto,
planteamos la necesidad de aportar cien millones de dólares al Fondo Mundial contra el Sida y al programa de Naciones Unidas contra el Sida en los próximos dos años; implicarse de forma más activa de lo que hemos hecho hasta ahora en el diseño y el
seguimiento de los programas que el Fondo Mundial está gestionando, acelerando el desarrollo, financiación y accesibilidad de vacunas y microbicidas eficaces para el VIH; dar apoyo en la línea de lo que aprobamos en la última Comisión internacional
para el desarrollo de la vacuna contra la sida que se viene impulsando desde la iniciativa privada; apoyar la iniciativa europea común para coordinar las investigaciones en este ámbito; desarrollar tratamientos adecuados y asequibles para atender
a los menores afectados por el sida; reclamar de la industria farmacéutica española la máxima colaboración en el desarrollo de vacunas y fármacos de carácter genérico; participar activamente en la escena internacional en aquellas iniciativas de
carácter multilateral que se tienen en este ámbito; aumentar los programas de la cooperación española destinados a la prevención, especialmente orientados a mujeres y niños, con el objetivo de eliminar el estigma y la discriminación de las personas
que viven con el sida, cuestión fundamental si de verdad queremos que las personas afectadas accedan a los servicios sanitarios necesarios para intentar superar la enfermedad; avanzar en una política de condonación de la deuda externa a los países
afectados por la pandemia e impulsar políticas específicas en relación a las mujeres. En definitiva, un catálogo amplio de cuestiones en las que nos parece que España debe de comprometerse frente a cifras tan absolutamente contundentes como las que
he mencionado al principio de mi intervención. Estoy seguro, en función de las enmiendas que se han presentado, de que vamos a alcanzar un acuerdo también en esta proposición no de ley.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra su portavoz.



La señora VELASCO MORILLO: Desde el Grupo Popular valoramos muy positivamente la iniciativa que nos ha presentado el Grupo Parlamentario de CIU porque entendemos que el sida -me ha sorprendido escuchar al portavoz decir la sida- (El señor
Campuzano i Canadés: En catalán se dice la sida.) está siendo una epidemia mundial y continúa agravándose en África, en América Latina, Caribe y Asia, y es necesario captar más recursos y conseguir mayores compromisos. El sida es la epidemia más
globalizada de la historia y estamos siendo testigos de su progresiva feminización. Cada año el número de mujeres infectadas por el VIH va en aumento. En todo el mundo, cerca de la mitad de todas las personas infectadas de 15 a 49 años de edad son
mujeres, y en África esta proporción es del 60 por ciento. Como consecuencia de las desigualdades por razón de sexo, las mujeres que viven con el VIH o con el sida sufren generalmente mayor estigma y discriminación. Combatir el VIH-SIDA es una de
las metas para el año 2015 como objetivo del milenio. La cooperación española ha contribuido en las legislaturas pasadas a ir consiguiendo este objetivo en líneas de intervención y con instrumentos de coordinación, esperando desde el Grupo
Parlamentario Popular que se siga trabajando en esta línea desde el Gobierno. La Organización Mundial de la Salud y el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-SIDA han hecho público un informe que refleja cuáles son las cifras de
infectados por VIH, cinco millones de personas, y de fallecimiento por causa de sida, tres millones, al igual que otras muchas cifras que nos ha indicado el portavoz de Convergència i Unió. En todo el mundo son las cifras más altas jamás
registradas y son espantosas, lo que han provocado que se incrementen las iniciativas especiales como el Fondo global para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, donde España ha participado con importantes cantidades con cargo al
FAD, dándole derecho a participar activamente y defender las posiciones de apoyo a los países de renta intermedia de Iberoamérica y otras zonas de África del Norte y África Subsahariana. En este sentido y en el marco de la cooperación multilateral,
tras la cumbre del sida celebrada en junio de 2001 se creó la red hospitalaria contra el sida, España se comprometió a trabajar en diferentes países de Iberoamérica y África y también se han estado apoyando programas de organismos de Naciones Unidas
que trabajan en el sector de la salud como Unicef, Onusida, la UIEM o la FAO, contribuyendo así a la definición de una política multilateral en el sector de la salud pública. Esto demuestra que se ha venido participando activamente en programas
internacionales de salud. Mi grupo parlamentario valora que todas las actividades que se dirijan a la población vulnerable y a la que adopta comportamientos de más alto riesgo van a hacer que disminuyan las tasas de infección en grupos específicos
reduciendo el riesgo de propagación amplia del VIH.



Compartimos los puntos de la proposición no de ley de CiU, pues enumera una relación de actuaciones que, en el marco de la cooperación española, van a hacer posible que disminuyan esos niveles de sida en el mundo. En el Grupo Parlamentario
Popular hemos presentado una enmienda de adición, con objeto de mejorar el texto original en el sentido de incentivar campañas efectivas de comunicación, información y sensibilización, especialmente dirigidas a los grupos de riesgo, mujeres, niños y
adolescentes. Proponemos también poner a disposición de la población métodos de diagnóstico fiables y gratuitos en los servicios de salud básica. Porque, señorías,


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si analizamos el mapa del mundo, las cifras que se muestran respecto a los niveles que alcanza esta enorme pandemia que es el sida nos hacen que tomemos medidas y que nos identifiquemos con el problema, que es de ámbito mundial, y en el que
España tiene que seguir apostando por esos programas para reducir sus niveles.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Polonio, su portavoz.



La señora POLONIO CONTRERAS: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una proposición no de ley que aborda el problema de la pandemia del sida e insta al Gobierno a impulsar una serie de medidas y a adoptar acuerdos
para resolver este problema, que arroja unas cifras desoladoras y que no voy a citar porque ya lo han hecho los portavoces que me han precedido. Todos los esfuerzos y todos los compromisos que lleve a cabo el Gobierno son pocos para acabar con este
gran problema y reducir, que es de lo que se trata, estas cifras, que, repito, son bastante desoladoras. Para adoptar el mayor número de compromisos y el máximo de medidas posibles para erradicar el problema, todos los grupos estamos de acuerdo.
Así se ha puesto de manifiesto en anteriores ocasiones, en concreto en una proposición no de ley presentada de manera conjunta por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, que instaba al Gobierno a impulsar las investigaciones, a fin de
encontrar una vacuna preventiva frente al sida. Es un tema en el que todos estamos de acuerdo y todas las medidas que se adopten son muy necesarias para terminar con el problema.



Junto a las cifras que ya se han comentado anteriormente, encontramos que, en los países y regiones del mundo más afectados (África subsahariana y algunas zonas de Asia), la epidemia no sólo tiene efectos sanitarios y demográficos
desastrosos, sino que también está teniendo consecuencias económicas y sociales devastadoras. La mejora de la salud de las personas está estrechamente relacionada con la dinámica del desarrollo y su carencia es una de las expresiones definitorias
de la pobreza. Por una parte, la salud constituye una condición para que se desplieguen las posibilidades de progreso de los pueblos y, por otra, la mejora de la salud es un objetivo de desarrollo en sí mismo, ya que amplia las capacidades de las
personas para poder gozar de una vida larga y saludable. Hay que reconocer como premisa la necesaria vinculación entre lo que es la mejora de la salud y la reducción de la pobreza. Igualmente, quiero recordar, y así se ha hecho en diversas
intervenciones esta mañana en esta Comisión de Cooperación, que España suscribió las áreas prioritarias de salud establecidas en la Declaración del Milenio: la salud infantil, la salud materna, el combate del VIH/sida, la malaria, la tuberculosis y
otras enfermedades. En este marco, en correspondencia con los compromisos internacionales, es una prioridad de la cooperación española fortalecer los sistemas de atención pública en salud, con el objetivo prioritario de reducir la mortalidad
materno-infantil y de revertir la incidencia de enfermedades prevenibles y olvidadas. Asimismo, la sociedad civil de los países destinatarios de la ayuda juegan un papel fundamental a la hora de complementar la actuación de los sistemas de atención
pública. La cooperación española debe trabajar, y de hecho lo está haciendo, en el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la sociedad civil, con vistas a su participación en el proceso de la mejora de la salud, en la identificación de
necesidades y en la promoción de hábitos de vida saludable y otros aspectos relacionados con la salud.



Centrándonos en la proposición no de ley, hay actuaciones que son prioritarias y que deben apoyarse de un modo sistemático, además de participar coordinadamente en el fondo global de la lucha contra el sida, tuberculosis y malaria. En
concreto, hay que tener en cuenta que, en lo que se refiere al VIH-SIDA, su prevención y tratamiento requiere una consideración integral, considerando especialmente la creciente vulnerabilidad de la mujer y de la niña hacia la infección, lo que ya
se está llamando feminización de la epidemia del sida, debido al mayor riesgo que presentan a nivel biológico y por la frecuente falta de acceso a educación, información y posibilidad de decisión sobre su salud sexual y reproductiva. Con esta
proposición no de ley se trata de obtener un mayor compromiso del Gobierno en la lucha contra el sida. Ese compromiso es muy firme por parte del actual Gobierno y lo ha demostrado en diversas ocasiones. Desde el discurso que pronunció el
presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ante las Naciones Unidas, donde el problema del sida tuvo un papel protagonista y del que se hizo bastante referencia, hasta el recientemente aprobado Plan director de la cooperación española, que, entre
sus prioridades sectoriales, incluye la lucha contra el VIH-SIDA, con un enfoque integral que va desde la prevención al tratamiento hasta la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas para la lucha contra esta enfermedad.



Ese compromiso ha sido puesto de manifiesto también por la secretaria de Estado de Cooperación, la señora Pajín, en esta Comisión y en una comparecencia que tuvo lugar en noviembre del año pasado, precisamente en torno a uno de los puntos de
los que trata esta proposición no de ley relativa a la aportación de nuestro país al fondo mundial. Quiero recodar que la señora Pajín ya manifestó en esta Comisión el compromiso de este Gobierno, compromiso que contrajo con el director ejecutivo
del Fondo mundial de lucha contra el sida, la malaria y la tuberculosis. Ese compromiso consistía en la intención de desembolsar 50 millones, que se entregarían entre este año y el próximo; también se hablaba de la necesidad de implicarnos desde
nuestro país de forma más activa en el diseño y en los programas concretos que el fondo gestiona. La secretaria de Estado habló de que España tiene que tener un papel más activo, tanto a través de los técnicos españoles que aporten su voluntad y su
visión a los programas llevados a cabo en este tema concreto como mediante la voluntad del


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Gobierno español a diseñar otra serie de programas concretos en el ámbito de la cooperación respecto a los temas que trata el Fondo mundial de lucha contra el sida. El Gobierno tiene claro este compromiso. No obstante, estamos de acuerdo
en los puntos que establece la proposición no de ley, porque, ante las cifras desoladoras y ante el panorama tan espeluznante que el sida está ofreciendo, todos los esfuerzos son necesarios y bienvenidos. Mi grupo ha presentado una enmienda al
punto 1 de la proposición no de ley, en la que proponemos adicionar dos palabras y decir: Aportar al menos cien millones de dólares al Fondo mundial contra el sida, la tuberculosis y la malaria y al programa de Naciones Unidas contra el sida en los
próximos tres años. Teniendo en cuenta que el proceso de reposición de fondos finalizará en los próximos meses de este año, España ha ofrecido ser sede del Global Vaccine Enterprise, que reúne fondos para coordinar la investigación de una vacuna
contra el sida, lo cual supone un compromiso más de este Gobierno en esa lucha. La aportación de España al fondo global ha sido de 100 millones en los cuatro últimos años y con la introducción de nuestra enmienda se aumentaría al menos un 15 por
ciento cada año la participación.
Considerando la necesidad tan enorme que existe de aportación de fondos para la lucha contra el sida, esta cantidad resulta bastante significativa y estamos seguros de que va a contribuir a la lucha contra esta
terrible enfermedad.



La señora PRESIDENTA: No sé si el Grupo de Convergència i Unió desea hacer alguna matización. Entiendo que han llegado también a una transaccional.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Sí, señora presidenta, hemos incorporado las dos propuestas del Grupo Popular y la del Grupo Socialista, por la que pasamos de dos a tres años, pero en aras del consenso necesario lo incorporamos. Los
portavoces y la Mesa tienen el texto transaccionado.



La señora PRESIDENTA: Tenemos todos los textos transaccionados.



Vamos a proceder a la votación. En primer lugar, proposición no de ley sobre las condiciones previas a normalizar la cooperación al desarrollo española con Cuba, del Grupo Parlamentario Popular. Entiendo que votamos solo la transaccional.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley para la erradicación de las minas antipersona y de asistencia a las víctimas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Entiendo también que se ha llegado a una transaccional.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno para que se adopten las medidas oportunas para que bancos y cajas no cobren comisiones a sus clientes por transferir sus contribuciones a las organizaciones de ayuda humanitaria, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Entiendo que el Grupo Catalán (Convergència i Unió) acepta la enmienda del Grupo Socialista y que es la que se va a votar.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unamimidad. Da gusto, señorías, últimamente transaccionan todo. Les conmino a que sigan así.



Proposición no de ley sobre potenciación de la cooperación en materia de programas de salud, del Grupo Parlamentario Socialista. Entiendo que también hay una transaccional.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Proposición no de ley sobre la prioridad al fortalecimiento institucional y la ayuda a las poblaciones desplazadas en el Plan de Actuación Especial Colombia, del Grupo Parlamentario Popular. También entiendo que hay una transaccional.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



La proposición no de ley que figura en el punto 6.º del orden del día, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, ha sido retirada.



Votamos entonces la proposición no de ley para hacer frente a la pandemia de sida, que es el punto 7.º y último del orden del día. Es del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). También entiendo que hay una transaccional, que
pasamos a votar.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Se levanta la sesión.



Era la una y treinta minutos de la tarde.