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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 296, de 25/05/2005
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2005 VIII Legislatura Núm. 296

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO

Sesión núm. 15

celebrada el miércoles, 25 de mayo de 2005



ORDEN DEL DÍA:


Preguntas:


- De la señora Armengol Criado (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre las gestiones para levantar la prohibición de exportaciones de cítricos con pedúnculos y hojas a Italia. (Número de expediente 181/000264.) ... href='#(Página3)'>(Página 3)


- De la señora Ramón-Llin i Martínez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre previsiones acerca de mantener la regionalización de la producción del arroz en las próximas campañas. (Número de expediente 181/000344.) ... href='#(Página4)'>(Página 4)


- De la misma señora diputada, sobre razones de la publicación por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Boletín Oficial del Estado del cambio de nombre de la mandarina 'Afourer' por el de 'Nadorcott'. (Número de
expediente 181/000375.) ... (Página 6)


Página 2



- De la señora Juanes Barciela (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre actuaciones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco del plan nacional de regadíos en la provincia de Salamanca. (Número
de expediente 181/000744.) ... (Página 9)


- De la señora Cedrés Rodríguez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre actuaciones que dimanan del convenio marco que abarca de 2005 a 2008, de colaboración para el fomento de la industria alimentaria.
(Número de expediente
181/000747.) ... (Página 10)


- De la misma señora diputada, sobre conclusiones de la reunión mantenida en Rabat para preparar conjuntamente ambos países estrategias contra la lengua azul y otras enfermedades. (Número de expediente 181/000750.) ...
href='#(Página12)'>(Página 12)


- De la señora Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto), sobre previsiones acerca de continuar con la política de bajada de precios de la leche. (Número de expediente 181/000801.) ... (Página 14)


- De la misma señora diputada, sobre medidas previstas en la ordenación del sector lácteo orientadas a que las políticas sectoriales sirvan para fijar el asentamiento de jóvenes en el medio rural. (Número de expediente 181/000802.) ... href='#(Página14)'>(Página 14)


- De la misma señora diputada, sobre previsiones en relación con la cuota láctea de las explotaciones que dejan de producir. (Número de expediente 181/000803.) ... (Página 14)


- De la misma señora diputada, sobre previsiones acerca de continuar con las políticas de gestión de las cuotas lácteas según el modelo existente actualmente. (Número de expediente 181/000804.) ... (Página 14)


- De la señora Ortiz Rivas (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre causas de la baja cobertura de seguros agrarios en la agricultura intensiva bajo plástico. (Número de expediente 181/000962.) ... (Página
17)



- De la señora Vázquez Blanco (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre financiación prevista por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los regadíos de A Limia (Ourense). (Número de expediente 181/000990.) ...
(Página 18)


- Del señor García Díez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), acerca de la opinión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre si el Real Decreto aprobado el 18 de marzo en el Consejo de Ministros y por el que se
modifica la normativa reguladora del sistema de gestión de cuota láctea beneficia a los ganaderos de Galicia. (Número de expediente 181/000992.) ... (Página 21)


- Del señor Ramón Torres (Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya), sobre posición que defenderá el Gobierno ante la nueva propuesta de marco financiero 2007-2013 y su afectación a la agricultura del Estado español. (Número
de expediente 181/000994.) ... (Página 24)


- Del señor Grau i Buldú [Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió)], respecto de los criterios de objetividad para determinar la cuota media anual y la especificidad de las comunidades autónomas en sus políticas para la
reestructuración del sector lácteo. (Número de expediente 181/000997.) ... (Página 27)


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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.



En primer lugar creo que lo que procede es, después de un tiempo importante, lamentar y condenar tajantemente el atentado de la banda terrorista ETA esta mañana en Madrid; lo único que pretenden estos miserables es alterar la convivencia de
nuestro pueblo y solamente cabe condenar tajantemente actuaciones de esta naturaleza, y por supuesto alegrarnos de que no haya habido ninguna víctima y parece que ningún herido grave.



Entrando en temas de intendencia quiero decir que, consultado con el letrado para que sus señorías organicen el tiempo, 15 minutos como referencia es el tiempo que se debe utilizar en la formulación de cada pregunta oral, digo 15 minutos
entre el interpelante o la interpelante y el interpelado. Por tanto, más, menos, con el margen de flexibilidad que siempre es razonable y utilizado en esta Comisión, utilicen el tiempo siempre en dos partes, es decir, primero se formula la
pregunta, contesta en este caso la persona que comparece por el Gobierno, vuelve a intervenir la persona que formuló la pregunta para profundizar en ella, y cierra la misma en este caso don Fernando Moraleda, al que quiero agradecer su presencia en
la Comisión, como no puede ser de otra manera, en su calidad de secretario general del Ministerio de Agricultura y que hoy comparece para dar respuesta a las preguntas que sus señorías han formulado.



Por último, quiero decirles que hoy tenemos con nosotros a don José María Espuny, miembro del CES europeo en representación del Estado español, presidente de la sección de Agricultura y Medio Ambiente, que tenía interés en conocer in situ el
funcionamiento de la Comisión. Está con nosotros hoy una persona bastante querida y admirada por quienes le conocemos, por tanto, bienvenido a esta Comisión.



PREGUNTAS:


- DE LA SEÑORA ARMENGOL CRIADO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LAS GESTIONES PARA LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE EXPORTACIONES DE CÍTRICOS CON PEDÚNCULOS Y HOJAS A ITALIA. (Número de expediente 181/000264.)


El señor PRESIDENTE: Comenzamos el orden del día. La primera pregunta es de doña María Antonia Armengol Criado, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las gestiones para levantar la prohibición de exportaciones de cítricos con
pedúnculos y hojas a Italia. Su señoría tiene la palabra.



La señora ARMENGOL CRIADO: La Orden APA 1735/2004, del 7 de junio, ratificó la prohibición de que se pueda exportar a Italia cítricos, clementinas sobre todo, con hojas y pedúnculos. Los italianos son los europeos que más consumen y los
que mejor aprecian la calidad y el frescor de lo que compran y prefieren la clementina con hojas porque así identifican claramente la lozanía. Desde 1993 se mantiene cerrado el mercado italiano a los cítricos españoles, pese a tratarse de dos
países miembros de la Unión Europea. El motivo oficial era evitar transmitir a través de este material vegetal la tristeza a la citricultura italiana que asolaba entonces a toda nuestra citricultura, pero, hoy por hoy, este veto no tiene ningún
sentido porque las circunstancias han cambiado radicalmente. Por un lado, en nuestro país, y concretamente en la Comunidad Valenciana, la lucha contra la tristeza ha sido dura, se arrancaron más de 40 millones de árboles y la implantación de pies
tolerantes resistentes a este virus se ha extendido a la práctica totalidad de la citricultura valenciana.



Por otro lado, en el año 2002 se ha producido en Italia una importante manifestación epidémica de la enfermedad en el área de Siracusa, en Catania y en la región de Apulia que puede poner en peligro la citricultura italiana. La gravedad de
la irrupción del virus ha sido tal que las autoridades italianas han solicitada ayuda hasta en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias para intentar frenar su expansión.
Por lo tanto, esta situación, que desde un punto de vista
fitosanitario era justificable en su momento, hoy no tiene ningún sentido, y el ministerio debe plantear en el Comité Fitosanitario Permanente de la Unión Europea el levantamiento de esta prohibición, ya que es el órgano competente para estos
menesteres.



Por todo ello, señor Moraleda, ¿me puede indicar cuáles han sido las gestiones que ha realizado el ministerio para intentar levantar este veto sin sentido y tan perjudicial para las exportaciones de cítricos?


El señor PRESIDENTE: Don Fernando Moraleda tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Antes de cualquier otra consideración, quería manifestarles mi satisfacción por encontrarme de nuevo en esta sede parlamentaria y estar a disposición de ustedes
para poder contestar a las preguntas que pueden formular al Ministerio de Agricultura.



Su señoría ha planteado un tema largamente sentido por el sector citrícola valenciano y creo que con unos antecedentes recogidos en su pregunta que reflejan de manera correcta la definición de la situación. Italia ha venido siendo desde
1993 una zona protegida para la tristeza de los cítricos tanto respecto a frutos de clementinas como también a frutos con hojas y pedúnculos. Esta condición impedía que las clementinas con estas características que se producían en España pudieran


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comercializarse en Italia, ya que, reconociéndose que Italia estaba libre de tristeza, no se podía, por tanto, establecer ningún comercio de frutos. La repetida aparición de brotes del citado virus en Italia sin su posterior erradicación,
junto con la demanda del mercado italiano de clementinas con hojas y pedúnculos y la probada baja incidencia de transmisión de la enfermedad en estas circunstancias, hizo que España pidiera de forma reiterada la posibilidad de comercializar frutos
de clementinas con hojas y pedúnculos en el citado país.



Finalmente, las peticiones españolas se formularon, como usted señalaba, ante el Comité Fitosanitario Permanente en Bruselas y los resultados de las inspecciones realizadas por los inspectores han constatado que la tristeza de los cítricos
está establecida, y ampliamente, en el país vecino, lo cual no justificaba en modo alguno el mantenimiento de estatus de zona protegida. Tras la persistencia de nuestros servicios, se aprobó una Directiva de la Comisión, la 2005/18, que modificó la
Directiva anterior 2001/32, en relación con determinadas zonas protegidas por la Comunidad expuestas a riesgos fitosanitarios que, entre otras cosas y otros aspectos, retira el estatus de zona protegida a Italia para la tristeza de los cítricos
desde el 15 de mayo de 2005.



Esto permitirá que desde esa fecha se puedan comercializar en Italia frutos de clementinas con hojas y pedúnculos producidos en España, concluyendo así con éxito las numerosas, prolongadas e intensas actuaciones que hemos realizado en la
Comisión para obtener, y este es nuestro objetivo, la plena satisfacción del sector citrícola español.



- DE LA SEÑORA RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE MANTENER LA REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL ARROZ EN LAS PRÓXIMAS CAMPAÑAS. (Número de expediente 181/000344.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 2 del orden del día, en este caso de doña María Ángeles Ramón-Llin, del Grupo Popular, relativa a previsiones acerca de mantener la regionalización de la producción del arroz en las próximas campañas.
Su señoría tiene la palabra.



La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Este es un tema sobradamente conocido, creo, por su antigüedad en el tiempo, por la problemática que planteaba lógicamente una situación que generaba unas consecuencias absolutamente injustas, por el
rebasamiento que España venía teniendo durante todos los años en la producción del arroz. Desde la Comunidad Valenciana y desde algunas otras zonas con unas características medioambientales importantes siempre se solicitó esa regionalización. En
este sentido, como muy bien sabe, el artículo 81 del reglamento horizontal de la reforma de la PAC decide definitivamente establecer una superficie básica nacional de arroz que corresponde a cada Estado miembro pero añadiendo lógicamente lo que
queríamos todos, que los Estados miembros podrán subdividir su superficie o superficies básicas con arreglo a criterios objetivos, y por tanto, manteniendo la superficie que hasta entonces España tenía vigente de 104.973 hectáreas. Lógicamente,
consecuencia de ello, la conferencia sectorial de 1 de diciembre de 2003 aprobó la regionalización del arroz precisamente para la campaña 2004-2005 en base a una propuesta-documento que elaboraron en su momento los servicios técnicos del Ministerio
de Agricultura.



Es verdad que hay unas condiciones diferentes en todas las zonas productoras de arroz, y sabemos también -porque me lo va a decir, pero lo sabemos- que ante esta pregunta, que fue formulada en octubre, ustedes desde el ministerio, yo creo
que ante esa preocupación, publicaron el real decreto que regulaba nuevamente la regionalización para la campaña 2005-2006. Pero nuestra preocupación y la preocupación del sector arrocero valenciano sigue existiendo, porque todo ello, aun habiendo
conseguido los objetivos propuestos en inicio, sigue generando una inseguridad. ¿Por qué? Porque para nosotros esta pregunta, aunque hayan resuelto la cuestión para la campaña 2005-2006, sigue vigente, en el sentido de conocer sus intenciones y
solicitarles que se pudiera establecer, como se hizo en otros cereales en su tiempo, una regionalización que no tenga cada año que estar a expensas de su publicación o no o de la buena voluntad de cada Gobierno; que pudiera establecerse esa
regionalización, bien como está establecida, o bien, por los motivos medioambientales que rápidamente he expuesto que tiene la zona productora de Valencia, de Andalucía y también de Cataluña, para que los arroceros, que tienen además otros problemas
añadidos, puedan respirar tranquilos para el resto de las campañas. Esa es la pregunta.



El señor PRESIDENTE: El señor Moraleda tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Es verdad, los antecedentes muestran una cierta inquietud sobre decisiones que se toman campaña tras campaña, pero para contestar adecuadamente a sus
consideraciones me parece necesario hacer una pequeña referencia al problema histórico que ha tenido el sector del arroz en la Unión Europea y la relación en particular con la evolución del sector productor español.



Como ustedes saben, en el año 1995 tuvo lugar la primera reforma del sector con el objeto de adaptar las conclusiones de la ronda Uruguay al en aquel entonces ajuste presupuestario que se trasladó al conjunto de los sectores agrícolas. Esta
reforma, además de una reducción de precios, un pago compensatorio por la reducción, estableció una superficie base para España


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de 104.973 hectáreas y un sistema de penalización progresivo de rebasamiento observable sobre cada superficie base de cada país. La superficie asignada a España era mayor de la que nunca había tenido el cultivo desde su liberalización como
consecuencia de la adhesión en 1986.
Hay que recordar que en aquel momento fueron 74.000 hectáreas. Esto quedó justificado por la evolución que nos ofrecían las distintas comunidades autónomas productoras de arroz.



La penalización progresiva la adoptó la Comisión con el interés, y finalmente ratificado por el Consejo, de que sirviera de efecto disuasorio, en el sentido de evitar un crecimiento de la producción y de la superficie del cultivo de modo que
volvieran a aparecer los problemas que hicieron objetiva la reforma, esto es, problemas de intervenciones crecientes o de importaciones en cantidades significativas al mercado interior europeo. Este mecanismo de penalización cumplió los objetivos
para los que fue creado; sin embargo, hubo regiones, en particular Aragón, Andalucía y Extremadura, donde la superficie continuó creciendo e hizo que la penalización consecuentemente se incrementara en algunos casos. En otras zonas del país que
podríamos calificar de zonas tradicionales, que no tienen la productividad de las anteriores y están inscritas dentro de terrenos o superficies calificadas como susceptibles de protección (la Albufera, el Delta del Ebro en Cataluña), nunca rebasaron
una superficie regional histórica, a diferencia de las tres comunidades anteriores.



La decisión que finalmente se adopta en la conferencia sectorial del año 2003 es en definitiva la respuesta a una situación que pretendía satisfacer al conjunto de los intereses generales. Desde ese punto de vista, se tomaron en
consideración dos aspectos: considerar como representativo la evolución superficial del sector arrocero en España desde 1995 para el resultado de obtener la media aritmética de la superficie base nacional y la correspondiente a la aportación de
cada región en 1995 y de la media aritmética de cinco años con normalidad climática, concretamente los que iban de 1997 a 2003, más una reducción, el segundo elemento, del 1 por ciento como media de la superficie obtenida en cuatro grandes regiones
productoras para evitar distorsiones tanto en unas como en otras respecto a las superficies sembradas. Estos fueron los criterios que se establecieron en la actual regionalización productiva de la superficie nacional de base del arroz entre las
distintas comunidades autónomas. La aplicación de la nueva reforma del sector, que comenzará en la campaña 2006-2007, especialmente para la aplicación de la ayuda acoplada a la producción establecida en este sector, hará que el Gobierno mantenga en
sus términos actuales la regionalización de la superficie base nacional de arroz, ya que no hay ningún tipo de razón diferente a la que sirvió de base para justificar la misma en el año 2003.



El señor PRESIDENTE: Señora Ramón-Llin, vuelve a tener la palabra.



La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Creo que es importante lo que se ha dicho, pero en cualquier caso queda la incertidumbre en las siguientes campañas, es decir, no tenemos claro el porqué no se establece algún tipo de norma definitiva que
evite que tengamos que tener cada año una norma específica para la campaña. Desde luego recojo con mucha satisfacción sus palabras en cuanto a la próxima campaña, pero en cualquier caso seguimos demandando esa seguridad, como ya se hizo en algunos
otros cereales de invierno años atrás, en donde se estableció una superficie para todas las campañas. Dentro de esa satisfacción por su respuesta, queremos no tener que estar cada año, no nosotros formulando la pregunta, que sería lo menos
importante, sino todo el sector arrocero de la Comunidad Valenciana pensando qué es lo que va a ocurrir la próxima campaña, porque son ciertas las consideraciones que aquí se han hecho, y sobre todo porque es importante que se conozca bien, porque a
veces estas cosas parecen decisiones unilaterales o deseos absurdos a lo mejor de alguna región, pero efectivamente es muy importante destacar que la producción de arroz en la Comunidad Valenciana, por lo que usted también ha dicho, tiene un alto
valor ecológico y multifuncional muy importante, que es lo que creo que todos protegemos, y por supuesto la Unión Europea, y sobre todo es algo muy importante porque solamente en zonas como la Albufera de Valencia se puede plantar arroz.
Efectivamente hemos conseguido corregir que el rebasamiento de zonas en producción de arroz que sí pueden hacer otras cosas, y que de hecho anteriormente producían otras producciones, tuviéramos que pagarlo, como se ha pagado año tras año, por los
productores valencianos que no han rebasado jamás la superficie, como así se ha visto. Por eso esta pregunta va enfocada con ese carácter social del cultivo del arroz, porque no hay alternativa de cultivo en esas zonas, porque también el coste del
cultivo en esas zonas es mucho mayor, porque sus tratamientos tienen unas limitaciones importantes; por ejemplo el coste para una región como Extremadura es de 150 euros por hectárea, frente a los 260,76 en el parque natural de la Albufera. Yo
creo que esas cosas son importantes para hablar en un futuro de otras cuestiones. Ya he dicho que con el real decreto que publicaron para esta campaña 2005-2006 estamos satisfechos, pero creemos que eso no finaliza ahí, que la lucha de muchísimos
años y la consecución que obtuvimos de esa regionalización en marcha debe posibilitar que se establezca una normativa que la regularice como algo normal y habitual para todas las campañas venideras, sea la de 2005-2006, 2006-2007 y todas las que en
un futuro vayan a existir, teniendo en cuenta que las circunstancias productivas de esas zonas, como muy bien ha dicho, de la Albufera de Valencia y también del Delta del Ebro, son siempre las mismas y son además zonas protegidas por la Unión
Europea que lo necesitan, incluso no solo como fuente de ingresos económicos para esas familias, que lo es para muchas familias,


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sino también como un elemento de protección de unas zonas húmedas de un alto valor ecológico que sin la producción del arroz no serían lo que son. Esa es la cuestión, nos parece correcto pero pedimos más para no generar esa inseguridad cada
año de qué pasará la próxima campaña, ¿va a rebasar España y vamos a pagarlo en esas zonas húmedas que no rebasamos jamás la producción? Efectivamente sigue latente ese problema y es lo que nosotros le queremos transmitir al ministerio, la
inseguridad que sienten de poder seguir cultivando el arroz, que unido a los muchos problemas que tienen de la baja productividad y costes tan elevados, no generemos una reducción de esas producciones que sería grave para la sociedad valenciana,
para toda la española y para toda la sociedad europea por esa protección medioambiental que tienen y por todos esos valores que no solo decimos nosotros, indudablemente, sino que existen y tienen ese carácter objetivo.



Por todo ello, quiero agradecerle la información y esperar del ministerio que, sensible a estas cuestiones, pueda, como digo, establecer una norma que no haga necesario cada año volver a regular esta cuestión porque creemos que no es justo y
ya se han sufrido muchas injusticias en esta materia hasta conseguir en la pasada campaña esa regionalización.



El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Me alegro que esté satisfecha. Quiero señalarle, no obstante, que, como podrá comprobar, gobernamos para el interés general, la Comunidad Valenciana está
gobernada por su partido, la comunidad extremeña está gobernada por el partido que sustenta al Gobierno; creo que es una buena decisión porque toma en consideración todos los aspectos presentes en las dificultades que tiene este sector, pero quería
añadirle dos consideraciones. Primero, sobre la regionalización, y no sobre el sobrepasamiento, existen ayudas complementarias, las ayudas agroambientales están presentes; usted sabe que son ayudas cofinanciadas, y que si no hay un esfuerzo de la
comunidad autónoma no puede haber un esfuerzo del Estado. Estas ayudas están pensadas también como un complemento de renta para las zonas que tienen unas limitaciones específicas para preservar el interés natural que representan, el Delta y la
Albufera son dos magníficos ejemplos de ello.



Por último, respecto de la permanencia definitiva de la regionalización sobre el sobrepasamiento de ayuda, quiero traerle a colación que no será necesario -por tanto usted va a tener la satisfacción completa- porque le recuerdo que en el año
2006 se aplicará la reforma de la política agraria común, de manera que las penalizaciones solo se establecerán sobre la parte acoplada y, por tanto, disminuirán al menos en dos terceras partes respecto de las que se venían manteniendo hasta este
momento, de manera que la presión sobre la penalización desaparecerá desde el mismo momento en que aprobemos y apliquemos la reforma de la política agraria común.



- DE LA SEÑORA RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE RAZONES DE LA PUBLICACIÓN POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO DEL CAMBIO DE NOMBRE DE LA MANDARINA
'AFOURER' POR EL DE 'NADORCOTT'. (Número de expediente 181/000375.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos con la tercera pregunta del orden del día, de la misma diputada, relativa a las razones de la publicación por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el Boletín Oficial del Estado del cambio de
nombre de la mandarina afourer por el de nadorcott. Su señoría tiene la palabra.



La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Pasamos nuevamente a un problema de la Comunidad Valenciana, que creo que los tiene importantes. En este caso estamos hablando de una variedad de mandarina que ha planteado unos problemas importantes a los
productores valencianos, una variedad que ya existía en la Comunidad Valenciana desde hace muchísimos años con el nombre de afourer, que ya se producía, como digo, pero que surge un grave problema, como bien conocerán, a partir del año 1995, en
donde una empresa francesa -desde luego tenía que ser una empresa comunitaria pero donde detrás de ello está la empresa de dominios reales de Marruecos- solicita protección a la Unión Europea en la variedad de mandarina nadorcott, que es exactamente
la misma que se producía con otro nombre en Valencia. Esa solicitud de protección, que se produce el 22 de agosto de 1995 y se publica el 26 de febrero de 1996, ha generado a partir del pasado año -y por eso presentamos la pregunta en ese mismo
momento- unos graves problemas para los productores de esa variedad, porque como bien sabrá el secretario general el pasado 4 de octubre del año 2004 es cuando la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales concede esa protección solicitada a la
nadorcott.



A partir de ese momento se produce un hecho grave, yo creo que una injusticia absoluta sobre esos productores, porque se plantea que la empresa que en España gestiona los intereses de la nadorcott, Gesliver, empieza a exigir a todos los
agricultores, que de mucho tiempo atrás venían produciendo esta variedad de mandarina, unos royalties que vienen a ser un pago de siete euros por planta. A partir de ahí, el sector cítrico valenciano, a través de sus organizaciones agrarias,
solicita un dictamen jurídico a la Universidad de Valencia, pero lo real es que el propio Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, que creo que es un puntal científico,


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y de los mejores del mundo en cítricos, certifica con pruebas fehacientes que ambos nombres son la misma variedad, responden a la misma variedad, y que en Valencia se venía plantando con anterioridad a ese año 1995 en que se solicita.



La realidad es grave en estos momentos, pero creemos que lo más grave, por lo que hemos formulado esta pregunta, es que el ministerio, con fecha anterior a la concesión de la protección por parte de la Unión Europea, que fue el 4 de octubre
de 2004, -sin hacer ningún caso ni manifestar el mínimo interés por esta cuestión tan grave como entendemos nosotros y desde luego los productores- el 5 de agosto de 2004 publican en el BOE ese cambio de nombre de la variedad mucho antes de que la
Unión Europea dictaminara oficialmente. Esto nos parece lo suficientemente grave como para formularle esta pregunta y esperar unas explicaciones que puedan ser convincentes y hablar de los problemas que hoy está generando en el campo valenciano.



El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Estamos ante una cuestión con un grado de complejidad técnico-jurídico no pequeño. Voy, por tanto, a tratar de situar esa discusión en la realidad en la que se
está produciendo la evolución de este dossier.



Antes de nada lo que quería poner de manifiesto es que España tiene que cumplir la normativa comunitaria, en este caso concreto la Directiva 92/34, del Consejo, sobre comercialización de materiales de multiplicación de frutales, incluidos
los cítricos, y cumplir de esa manera la obligación de suscripción en el registro de variedades comerciales. Los antecedentes son que el 16 de diciembre de 1998 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó la lista provisional de
variedades de cítricos con la inclusión de todas las variedades que en ese momento se venían comercializando en España, y entre ellas la variedad conocida con el nombre de afourer. Dos años antes, y esta es una información en la que quiero
detenerme porque tiene importancia, el 16 de abril de 1996, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias entregó a determinados viveros material sano de esta variedad desconociendo entonces que afourer pudiera tener alguna relación con
nadorcott. Sin embargo, el 23 de abril de 1997, un año después, el propio Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias se dirigió a los viveros, a los que previamente había entregado material, advirtiéndoles que el 22 de agosto de 1995 se había
presentado ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales una solicitud de protección de mandarino con el nombre de nadorcott y que pudiera ser la misma variedad inscrita en España con el nombre de afourer. En aquel momento expresó que
declinaba cualquier responsabilidad que pudiera derivarse del uso de ese material si finalmente resultaba protegido. Estos son los antecedentes de la proliferación posterior de esa variedad. En los antecedentes no hay ninguna actuación achacable a
la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quiero decir de entonces, no de éste, ni siquiera de entonces.



El nombre afourer es objeto de una marca internacional, la 642.191, de 1 de julio de 1996, y en consecuencia, es incompatible con la denominación varietal. La denominación varietal es nadorcott, y de acuerdo con los compromisos
internacionales asumidos por España con la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y las Reglas sobre las Denominaciones, la variedad debe ser conocida por una sola denominación que permita identificarla sin riesgo de
confusión. A la vista de lo acontecido, se ha procedido al cambio de la denominación por imperativo legal, tanto por la obligación de conocer la variedad por una sola denominación como por la incompatibilidad entre la denominación varietal y la
marca comercial.



En cuanto a los derechos sobre variedades vegetales nuevas, quería manifestarle que el reconocimiento de estos derechos en nuestro país puede llevarse a cabo por dos conjuntos normativos diferentes pero incompatibles. De una parte, por las
disposiciones nacionales que tienen su base legal en la Ley 3/2000, de 7 de enero; por otra parte, por el Reglamento 2100/94, del Consejo, de 27 de julio. El solicitante del derecho es la sociedad francesa Nadorcott Protectión, domiciliada en la
localidad de Saint Raphael, en Francia, aunque el origen del material vegetal es Marruecos. Todas las disposiciones sobre protección de obtenciones vegetales son para los Estados miembros derecho positivo y como consecuencia, resultan de aplicación
directa en el territorio nacional. Por ello no hay posibilidad de sustraerse al contenido de las disposiciones y tampoco posibilidad de discriminar a los titulares de los derechos por razón de nacionalidad. El recurso ante la Oficina Comunitaria
de Variedades Vegetales, que puede presentar cualquier persona física o jurídica, tendrá que interponerse en el plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la concesión. Para mayor información, todas estas cuestiones se encuentran
recogidas en el Reglamento 2100 antes citado y su aplicación corresponde a la mencionada Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.



El señor PRESIDENTE: La señora Ramón-Llin tiene la palabra.



La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Muchas gracias por su información y por esos antecedentes aunque creo que, a pesar de ellos, nada cambia en esta situación. El IVIA podría desconocer en ese momento o conocer con posterioridad que podía ser
la misma variedad, pero lo cierto es que lo que al sector y lo que a los agricultores les preocupa es, a pesar de que usted diga que cumplían la legalidad, que para ese cambio de nombre no esperan a que la Unión Europea dictamine,


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aunque usted ha hablado de marcas y ha hablado de variedades vegetales, que efectivamente no es lo mismo. En ese sentido nosotros no entendemos por qué esa prisa en recoger algo pudiendo haberse esperado, incluso haber participado desde el
propio ministerio en ayudar a todos los productores, cosa que no se ha hecho porque no conocen ninguna actuación por parte del ministerio a este respecto y sí se encuentran, a pesar de que toda la normativa que usted ha comentado lo recoja, en una
situación de indefensión, para nosotros injusta, a partir de este mes de octubre.
No podemos decir que todos los agricultores conozcan exactamente cuáles son sus derechos a partir de ese momento, pero sí que hay una realidad, que es lo que nosotros
venimos a denunciar aquí, y es que efectivamente a partir de ese momento la empresa que gestiona esos intereses de la nadorcott en España de alguna forma, a través de muchísimos mecanismos, ha creado unas presiones tremendas sobre esos agricultores
de tal manera que una gran parte de ellos al final han tenido que registrarse, han tenido que pagar y están sometidos a cualquier planificación por parte de esa empresa.



Ante esa publicación rápida antes del dictamen y de la concesión de la protección por la Unión Europea, yo creo que el ministerio debería haber tenido un contacto con las organizaciones para ver, aunque efectivamente los hechos jurídicos son
complejos, qué actuaciones se podían hacer y cuál era el enfoque más adecuado para intentar resolver esa cuestión que en estos momentos tiene difícil solución, y porque también es cierto que el dictamen jurídico que las organizaciones agrarias
valencianas encargaron a la Universidad de Valencia no establece exactamente que tengan obligación de pagar esos royalties en función de qué época plantaron esa variedad, porque no es lo mismo en el periodo que va desde que se solicita en 1996 hasta
el año 2004 que con posterioridad, y en estos momentos, ante esa situación que desconocían una gran parte de los productores -y me podrá decir que eso no excluía que tuvieran que haber actuado de otra manera-, entendemos que amparándose en la ley se
ha cometido una absoluta injusticia, y el hecho de que la norma europea indique que se deba cumplir -no vamos a decirle a España que incumpla cualquier norma europea- les lleva a sentirse en este sentido absolutamente abandonados. No se ha
entendido, por mucho que se explique, como usted ha dicho, el porqué de esa publicación en agosto de 2004, antes de la decisión de la Unión Europea, que indudablemente con un poco de sensibilidad se podía haber pospuesto -creo que ha faltado mucha
sensibilidad-, que se podía haber tenido ese contacto. Yo no he hecho ninguna referencia a los signos políticos como usted ha hecho anteriormente porque creo que estas cuestiones están muy por encima de todo ello, como siempre hemos demostrado, y
el hecho de que la Comunidad Valenciana esté gobernada por el Partido Popular y en este caso el Gobierno sea socialista, para el Estado nada tiene que ver, como nada tenía que ver en la del arroz. El Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias, cuando me he referido a esos certificados, los ha hecho lógicamente al ver que se había producido esta aprobación, esta concesión de protección, cuando realmente ellos, como investigadores, reconocen que es la misma variedad y que estriba
en una cuestión meramente jurídica.
Estas cuestiones jurídicas han generado, como he dicho reiteradamente, una grave injusticia y los agricultores que venían plantando una variedad con un nombre que ahora tiene otro pero que sigue siendo la misma
variedad, no tendrían por qué sufrir estas consecuencias. A partir del 4 de octubre de 2004, independientemente de las cuestiones jurídicas o los recursos, efectivamente sería otra cosa, pero los que hasta este momento han estado haciéndolo creo
que se han sentido realmente solos, que no ha habido ninguna sensibilidad, que se encuentran en manos de una empresa que gestiona esta marca como si esto fuera una producción de zapatos, que les dicen cómo y a quién tienen que comercializar, y
realmente esto jamás se había producido en un sector, por lo menos en el citrícola. Creemos que ese amparo jurídico y de la norma europea crea una injusticia, crea una situación de sometimiento y desde luego lo que le achacamos al ministerio en ese
sentido es una falta de sensibilidad tremenda que esperemos no se vuelva a producir ni tampoco se vuelvan a producir circunstancias tan negativas como ésta, que desde luego difícil solución tiene.



El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Quizás alguna consideración mía a lo mejor ha sido un poco excesiva; siento que se haya entendido así, pero no creo que estemos ante un problema que se pueda
calificar de grave injusticia, dejando la sensibilidad a un criterio subjetivo, porque en muchas ocasiones la sensibilidad se demuestra de una u otra forma y me parece subjetiva.
Ahora, que estemos ante una situación de grave injusticia me parece
que es bastante objetivable, sobre todo cuando la única referencia para acometer una afirmación de esa naturaleza sea el cumplimiento o no del derecho; el Gobierno no puede calificar como grave injusticia el estricto cumplimiento del derecho.



Respecto de la sensibilidad, yo no sé si usted dispone de la información, sí le puedo decir que, a pesar de que se trata de un asunto que concierne desde el derecho privado a las relaciones de una empresa con los agricultores, el Ministerio
de Agricultura ha iniciado una mediación de manera que a través de la misma, se pueda establecer un procedimiento para que los cultivadores de la variedad de mandarina a la que usted ha hecho referencia puedan realizar y aceptar las exigencias del
propietario de los derechos. Se han producido, no una sino varias reuniones con las organizaciones profesionales de Valencia -también le adelanto que de


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Murcia y de Andalucía- que tienen un problema de características similares a las que usted ha citado, para evitar cualquier situación de explotación abusiva, y en este sentido se ha aconsejado a las organizaciones agrarias y a las
cooperativas tanto en los aspectos legales como técnicos que afectan a la explotación de esa variedad.



Quiero decirle que es voluntad del Gobierno introducir referencias expresas en la Ley 3/2000, sobre la protección jurídica de las obtenciones vegetales, que actualmente está en el Consejo de Estado, para que en el futuro supuestos y
situaciones de esta naturaleza pudieran tener desde el ámbito legislativo español suficiente cobertura que diera protección desde la ley y no desde la supuesta sensibilidad o no para con los productores.



- DE LA SEÑORA JUANES BARCIELA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE REGADÍOS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA. (Número
de expediente 181/000744.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 4 del orden del día, de la diputada doña Carmen Juanes. Por enfermedad de la misma, la pregunta la va a formular el diputado don Julián Simón. La pregunta se refiere a las actuaciones previstas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco del Plan Nacional de Regadíos en la provincia de Salamanca. Su señoría tiene la palabra.



El señor SIMÓN DE LA TORRE: Como es obvio, yo no soy Carmen Juanes que, como ha dicho el presidente, está enferma y no puede hacer la pregunta; por lo tanto, me voy a limitar a transcribir oralmente lo que ella habría dicho en la Comisión.



Como dijo el secretario general de Agricultura y Alimentación en su comparecencia del pasado 5 de octubre, en el sector agrario debemos huir en la medida de lo posible de debates estériles, porque en definitiva lo que se necesita en el
sector agrario es regar, regar con agua de buena calidad y a un precio razonable que permita la rentabilidad futura de las explotaciones que sustenta el regadío. Cuando se formuló la pregunta que nos ocupa la intención era en realidad dejar
constancia de los esfuerzos que este Gobierno está realizando para la modernización de los sistemas de riego tradicionales y así acallar ciertos comentarios que venían realizando en la provincia de Salamanca, dirigidos desde el Partido Popular,
relativos a que el Partido Socialista Obrero Español estaba poniendo obstáculos en materia de regadíos. No voy a entrar en esta cuestión, pero nada más lejos de la realidad, lo que demuestra es un profundo desconocimiento o mala fe por parte de la
derecha. La intención de este Gobierno es cumplir no solo los objetivos marcados, sino acelerarlos en la medida de lo posible. Una buena prueba de su actuación en este campo es la modernización del regadío de la Comunidad de Regantes del Canal de
Villagonzalo, con un presupuesto de más de siete millones de euros (este proyecto beneficiará a 348 regantes); la modernización de los regadíos del canal de Babilafuente, cuyo presupuesto total es de 19.096.362 euros. El proyecto beneficiará a los
1.127 agricultores de esta zona y permitirá la mejora de los regadíos en las 3.691 hectáreas distribuidas en nueve términos municipales: Aldealengua, Aldearrubia, San Morales, Babilafuente, Huerta, Moriñigo, Codovilla, Encinas de Abajo y
Garcihernández.



Estas obras a realizar en los regadíos tradicionales de la provincia salmantina contempladas en el Plan de Modernización de Regadíos supone una inversión media de 6.000 euros por hectárea, de manera que, una vez se haya producido la
modernización, se ahorrará agua, tiempo y coste de producción, con lo que la rentabilidad de las explotaciones será mayor.
Está claro que estas infraestructuras tienen que permitir reducir las pérdidas de volúmenes de agua que hoy se producen.
Según datos de Seiasa, esa modernización va a permitir un ahorro de hasta el 35 por ciento de agua, hecho que además de ser una necesidad social por tratarse de un bien cada vez más escaso, se convierte en una obligación, ya que la normativa europea
prevé importantes penalizaciones para quien despilfarre el agua. Por tanto, era necesario hacer un esfuerzo de modernización profunda, y en la provincia de Salamanca es fundamental no sólo para fomentar de forma prioritaria las políticas de ahorro
que garanticen un concepto integral del uso del agua, sino básicamente como factor de consolidación de las poblaciones rurales, por lo que debe merecer toda la atención de los poderes públicos.



Es por todo lo anterior que le formulo la siguiente pregunta: ¿qué actuaciones concretas prevé realizar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de Salamanca en el marco del Plan Nacional de Regadíos?


El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Señoría, quería señalarle que la ejecución del Plan Nacional de Regadíos en el horizonte 2008 en la Comunidad de Castilla y León presenta las modalidades de
actuación del conjunto del plan. Quería señalar que fundamentalmente son tres ejes de actuación: la transformación en regadío en zonas con regadíos en ejecución, el programa de mejora y consolidación de regadíos y, por último, el programa de
regadíos sociales. Es cierto que hasta la mitad del año 2004 la ejecución de este programa por parte de las administraciones intervinientes se encontraba bastante atrasada respecto a las


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propias previsiones del Plan Nacional de Regadíos. Concretamente, en junio de 2004 el Ministerio de Agricultura había transformado solamente 3.487 hectáreas, con una inversión de 16,2 millones de euros.



Le agradezco el prólogo sobre lo que es la filosofía del Ministerio de Agricultura, que es abandonar discusiones estériles y que en todo caso lo que nos mueva sean actuaciones concretas, porque es lo que en definitiva modifica las
situaciones de deficiencia que podamos detectar, y me gustaría, por tanto, examinar cada una de esas modalidades y circunscribirlo, como usted ha señalado, a la provincia de Salamanca. El programa de regadíos en ejecución en Castilla y León preveía
actuaciones en cinco zonas regables: la Armuña, en Salamanca; Las Cogotas, en Ávila; la margen izquierda del Tera, en Zamora; y las subzonas del Porma y Payuelos de la zona regable de Riaño, en León. La inversión prevista para estas obras era
de 343,7 millones de euros y afectaba a una superficie de 43.555 hectáreas.



En una reunión en la que estuvieron presentes el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y el consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León -y esta reunión es en los primeros días del mes de julio de
2004, por tanto a escasísimos días de la toma de posesión del nuevo Gobierno- acordaron un reparto de actuaciones según el cual a cargo del Ministerio de Agricultura quedarían los sectores 2, 3, 4/1, 4/2 y 5, de Payuelos, con una inversión total de
45,18 millones de euros y una superficie de 7.175 hectáreas. El sector 4/3 correría a cargo de la comunidad autónoma. Se acordó también la realización de los proyectos de las zonas centro y del CEA de la misma zona de Riaño, de manera que la zona
centro correría a cargo del Ministerio de Agricultura y la del CEA a cargo de la comunidad autónoma.
Quiero señalarle esta concreción con dos consideraciones: la primera, compromiso de las dos administraciones públicas en la inversión concreta
sobre subsectores de modernización y mejora del regadío; en segundo lugar, la iniciativa responde a la prioridad establecida por el Ministerio de Agricultura de desarrollar y ejecutar -y en estos momentos tenemos promedios que superan ya el cien
por cien de ejecución- el Plan Nacional de Regadíos. En Salamanca, según el acuerdo al que nos hemos referido, se va a abordar la transformación en regadío de la zona regable de la Armuña en su primera fase, de manera que el Ministerio de
Agricultura realizará las obras de interés general, la estación de bombeo en concreto, por un valor de 27 millones de euros que afectarán a 6.577 hectáreas. A su vez, la comunidad autónoma, y dentro del acuerdo, realizará las obras de interés común
en las redes de distribución. Esa zona regable será una realidad en los plazos previstos. Actualmente el inicio de obras está solo pendiente de la evaluación de impacto ambiental a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y se espera que en un plazo
no superior a dos meses exista una declaración que permita el comienzo de las obras.



En relación a la Comunidad de Regantes del Canal de Villagonzalo, que afecta a una superficie de 5.300 hectáreas y 4.000 propietarios, el expediente sufrió un retraso de un año como consecuencia de las alteraciones en la redacción del
proyecto correspondiente a la anterior etapa de gestión de la Sociedad Estatal de Aguas. Se detectaron errores significativamente importantes que han obligado a rehacer los tres proyectos correspondientes a los tres sectores hidráulicos de los que
consta la obra. Antes del 15 de julio del año 2005 las obras habrán sido adjudicadas y se espera que para octubre del mismo año, cuando se haya terminado la campaña de riego, podamos estar abriendo zanjas.
Prácticamente se han terminado las obras
en la Comunidad de Regantes de las Vegas del Almar, con 1.700 hectáreas y 400 propietarios, a pesar de un pequeño problema surgido meses atrás en temas relacionados con las conexiones eléctricas en la parte del 20 por ciento que ejecutaba en este
caso la Junta de Castilla y León. En la Comunidad de Regantes del Canal de Babilafuente, con 3.550 hectáreas y 1.050 propietarios, las obras que se han adjudicado en el año 2004 van a un ritmo normal. En abril de este año fue colocada la primera
piedra por nuestra ministra, Elena Espinosa.



Otras obras como la del canal de Villoria, Ejeme-Galisancho, la Comunidad de Regantes del Canal de la Maya, la Comunidad de Regantes del Canal de Florida de Liébana y la Comunidad de Regantes de la margen derecha del pantano de Águeda se
encuentran, bien en el proceso de licitación, bien en esta ocasión con el proyecto redactado o muy avanzado para comenzar las obras dentro de 2005 o, como mucho, a principios del año 2006.



- DE LA SEÑORA CEDRÉS RODRÍGUEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES QUE DIMANAN DEL CONVENIO MARCO QUE ABARCA DE 2005 A 2008, DE COLABORACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
(Número de expediente
181/000747.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta que aparece con el número 5 en el orden del día, de la diputada doña Olivia Cedrés, relativa a actuaciones que dimanan del convenio marco que abarca de 2005 a 2008, de colaboración para el fomento de la
industria alimentaria. Su señoría tiene la palabra.



La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: La industria agroalimentaria ha sido una preocupación del actual Gobierno desde el inicio de la legislatura, y en esta misma Comisión la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación explicó que el desarrollo de
una política agroalimentaria eficaz ha de tener presente las condicionantes del consumo. El mercado alimentario español


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responde a lo que se viene considerando un mercado maduro en el que las necesidades básicas están cubiertas; este es el principal condicionante en el que tiene que desarrollarse nuestra política agroalimentaria, anunciaba la ministra, lo
que nos obliga a preocuparnos especialmente por una mejora continua de la calidad, una garantía en materia de seguridad alimentaria y la consolidación y apertura de mercados exteriores para nuestros productos. El esfuerzo inversor realizado por la
industria agroalimentaria española en la última década ha sido considerable, la inversión realizada representa el 14 por ciento de la inversión industrial nacional y en los últimos años ha crecido a un ritmo muy superior al del conjunto de sectores
industriales. Existen una serie de factores que definen la realidad actual del sector agroalimentario tales como: la progresiva internacionalización de la industria agroalimentaria y globalización de la economía, con la consiguiente ampliación del
marco geográfico de desarrollo de su actividad; profundos cambios estructurales de la cadena de distribución alimentaria, caracterizados por una disminución del número de participantes; creciente demanda de conservar el medio ambiente y por la
incidencia de parte del sector agrario y agroindustrial sobre el mismo, lo que está ocasionando cambios en los procesos productivos de muchos productos alimentarios; progresivo aumento de la consideración de las preferencias de los consumidores en
la producción agroindustrial, lo que tiene incidencia directa en la comercialización, política de calidad y seguridad alimentaria de la misma; continuo avance tecnológico en los procesos industriales y en la propia concepción del diseño y la
elaboración de los productos agroalimentarios; profundos cambios estructurales de la cadena de distribución alimentaria que se traducen en un creciente desequilibrio entre la concentración de la demanda y la dispersión de la oferta; repercusión
social de las denominadas crisis alimentarias derivadas de situaciones de alarma -que en el pasado se dieron mucho, como las vacas locas y la peste porcina- que se traduce en una creciente sensibilidad hacia todo lo referente a la seguridad
alimentaria.



El pasado 14 de febrero se firmó un convenio específico de colaboración para el fomento de la industria alimentaria. Teniendo en cuenta los factores que he descrito y que estos están acordes con los objetivos de este convenio, que son, en
primer lugar, incrementar la calidad de los productos alimentarios y mejorar la confianza de los consumidores sobre la oferta española; en segundo lugar, la mejora de las industrias, su modernización, desarrollo tecnológico y adecuación
medioambiental, así como su presencia en el mercado internacional; y en tercer lugar, el fortalecimiento del tejido asociativo en las industrias alimentarias y su colaboración con el resto de la cadena alimentaria, teniendo en cuenta estos
objetivos, señor Moraleda, le formulo la siguiente pregunta: ¿cuáles son las actuaciones que dimanan del convenio marco que abarca de 2005 a 2008, de colaboración para el fomento de la industria alimentaria?


El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Antes de contestar detalladamente a su pregunta, quisiera recordar la prioridad que dio la ministra Espinosa, en su primera comparecencia en el Congreso, a la
industria agroalimentaria. Por ello, en su momento, en el organigrama del Ministerio de Agricultura se estableció una dirección general que atendía de manera particular las actuaciones para con el sector de la industria agroalimentaria, y para ser
coherentes con una definición política y con el programa que hizo que finalmente los ciudadanos tuvieran confianza para la constitución del Gobierno socialista.



El Ministerio de Agricultura, en desarrollo de esa prioridad, como usted acaba de señalar, firmó el pasado 22 de diciembre un convenio marco con la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas, al objeto de establecer una
colaboración estable y a lo largo de toda la legislatura; un convenio, por tanto, que no está sujeto a la incertidumbre de uno u otro año, sino que descansa en un compromiso compartido y de medio plazo, que tiene su reflejo, en primer lugar, en la
necesidad de incrementar la calidad de los productos agroalimentarios y mejorar la confianza de los consumidores sobre la oferta de los mismos; en segundo lugar, mejorar la competitividad de las industrias agroalimentarias, fomentar su
modernización, su desarrollo tecnológico y su adecuación medioambiental, así como su presencia en los mercados internacionales; y por último, en tercer lugar, fortalecer el tejido asociativo de las industrias agroalimentarias y su colaboración con
el resto de la cadena agroalimentaria.



Las actuaciones concretas que desarrollan estos compromisos en relación al incremento de la calidad de los productos agroalimentarios y la mejora de la confianza de los consumidores son, en primer lugar, una jornada de puertas abiertas en la
que las empresas abrirán sus instalaciones invitando a los distintos colectivos de la cadena. En este sentido, quiero señalar la excelente acogida que ha tenido esta iniciativa tanto por parte de los consumidores como por multitud de centros de
enseñanza que han venido participando en el desarrollo de estos eventos. La segunda actividad es la relativa a la sensibilización en materia de alimentación y bienestar. Se realizará a través de puntos de información, de manera que sea la propia
federación de industrias la que establezca a través de ellos, tanto en información on-line como en información gráfica, los hábitos alimentarios más saludables respecto de las orientaciones productivas que tiene actualmente nuestra industria. El
tercer elemento, el de la seguridad y calidad agroalimentaria, informando a las pequeñas y medianas empresas sobre los requisitos legales de la trazabilidad y la aplicación de los reglamentos en lo que se refiere a etiquetado y organismos
modificados genéticamente, para lo cual se han difundido guías de aplicación de la citada normativa. La cuarta prioridad


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sería el seguimiento y la coordinación a través de un comité de análisis, al objeto de determinar la eficacia de los programas realizados en el cumplimiento de la normativa de trazabilidad y calidad agroalimentaria.
Finalmente, se ha
abierto un portal de información al consumidor, en el que se recogen informaciones tanto para interés del consumidor en general como para las empresas involucradas. Ha habido dos actuaciones cerca del mundo de la comunicación, a través de cursos de
especialización para periodistas en alimentación y bienestar, así como, y ésta tiene una entidad mayor, el desarrollo de Certifood, que es una entidad para favorecer, como les digo, la herramienta de certificación, que es imprescindible para el
desarrollo del reglamento de trazabilidad y consumo.



En cuanto a la mejora de las industrias, su desarrollo tecnológico, la modernización y su adecuación medioambiental, quiero señalar que están avanzados los análisis de algunos mercados en la pretensión de internacionalización de nuestros
productos agroalimentarios, en particular China, países nórdicos, Vietnam, Australia, Rumania y Bulgaria. Vamos a abrir un proceso de promoción a través de una relación entre nuestra alimentación y la gastronomía, se dirigirá al sector de la
hostelería y restauración en donde la presencia de hoteles y restauradores españoles sea significativamente importante.
Desarrollaremos un proyecto en América Latina, en Alimentaria, en particular en la que se celebrará dentro de muy poquitos días,
en Alimentaria México. Estableceremos un compromiso de complementariedad de promoción, con la colaboración del Instituto de Comercio Exterior, y realizaremos un estudio económico que nos determine, tanto por cifras macro como en relación a
proyecciones futuras, las expectativas de los subsectores industriales respecto de sus posibilidades de exportación agroalimentaria. Hemos realizado publicaciones sobre los principales indicadores, éstos quizás más clásicos por conocidos, de la
industria agroalimentaria, las guías sectoriales, el servicio de asesoramiento en la legislación o elementos de preservación de la dieta mediterránea.
Quería señalarles, finalmente, en este segundo apartado, que vamos a priorizar un programa
denominado Ganando dimensión, en el que aumentemos tanto la dimensión empresarial de las industrias como la competitividad y la permanencia en los nuevos mercados agroalimentarios.



Por último, como tercer eje de actuación, el que hace referencia al fortalecimiento del tejido asociativo, se han establecido programas para becarios en donde se ayuda a la especialización y se apoya el asociacionismo dentro del sector
industrial. También hemos establecido jornadas de comunicación empresarial dirigidas especialmente a los directivos de las asociaciones sectoriales. En este sentido, hemos avanzado en la actuación en situaciones de crisis y en cómo atender una
situación de crisis de una manera coordinada y eficaz. Por último, hemos establecido un sistema de prevención de riesgos laborales, una iniciativa nueva, para las pequeñas y medianas empresas. Este será un servicio mancomunado, de manera que se
dará especial atención a todas las disciplinas normativas sobre actuaciones preventivas, funciones de la industria en las mismas y responsabilidades en su cumplimiento. La ejecución total de estas actuaciones el ministerio las cifra en un millón y
medio de euros aproximadamente.



- DE LA SEÑORA CEDRÉS RODRÍGUEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN MANTENIDA EN RABAT PARA PREPARAR CONJUNTAMENTE AMBOS PAÍSES ESTRATEGIAS CONTRA LA LENGUA AZUL Y OTRAS ENFERMEDADES. (Número de
expediente 181/000750.)


El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6 del orden del día, de la misma diputada, sobre conclusiones de la reunión mantenida en Rabat para preparar conjuntamente ambos países estrategias contra la lengua azul y otras enfermedades.



Su señoría tiene la palabra.



La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: La lengua azul es una enfermedad infecciosa no contagiosa, de etiología viral, que afecta a los ovinos, caprinos, bovinos y algunos rumiantes silvestres. Es transmitida principalmente por picaduras de insectos y
no afecta a los humanos. La enfermedad se caracteriza por producir procesos febriles con inflamación catarral en las mucosas respiratorias y digestivas, inflamación en las bandas coronarias y láminas sensibles de las pezuñas, así como también
degeneración muscular en las hembras gestantes, que produce placentitis, abortos y malformaciones congénitas, y en el macho infertilidad temporal con debilidad y emanación que dan lugar a una convalecencia prolongada con pérdidas en la
productividad.



Su aparición puede estar relacionada con una disminución de la inmunidad de los animales, pero la lengua azul no es una zoonosis, y por tanto, como decía anteriormente, no se transmite a los humanos. Los mecanismos de prevención para la
lengua azul se definen clásicamente a dos niveles, la vacunación, cuando sea posible, y la eliminación de los parásitos que actúan como transmisores de la enfermedad. El brote de virus de la lengua azul se viene produciendo desde finales de los
años noventa, teniendo esta enfermedad gran poder de transmisión, lo que supone graves restricciones al comercio en los países en los que se detecta y es muy costosa desde el punto de vista socioeconómico debido a los sacrificios obligatorios y a
otros gastos derivados de la prevención, erradicación e indemnización. Es necesario ante esto la actuación eficaz de las administraciones, transmitiendo información rápida y transparente, y evitar situaciones de alarma, es necesario conocer lo que
ocurre a este respecto y las medidas que se están desarrollando. Claro está que esto no siempre ha


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sido así y en épocas anteriores primaba la alarma social frente a la información y los consumidores y el sector muchas veces se informaban a través de los medios de comunicación, en lugar de recibir una información adecuada de la
Administración competente. Afortunadamente esto ha cambiado, como también lo han hecho nuestras relaciones con nuestros vecinos del reino alauí. La reactivación de la relación y la cooperación bilateral nos llevan a un trabajo conjunto en
beneficio del sector y por tanto de sus perceptores.



En el mes de febrero del presente año, delegaciones responsables de sanidad animal de los ministerios de Agricultura de España y de Marruecos se reunieron en Rabat, con objeto de desarrollar estrategias comunes para la lucha contra la lengua
azul y otras enfermedades que pueden afectar a la cabaña ganadera española. Las delegaciones repasaron las actuaciones llevadas a cabo en materia de controles sanitarios en avicultura y analizaron la repercusión y medidas preventivas adoptadas en
relación con otras enfermedades como la rabia. Me consta, y hace unos días se podía leer en prensa, que las medidas fruto de estas reunión en Rabat comienzan a llevarse a cabo.



Por todo esto, le formulo, señor Moraleda, la siguiente pregunta: ¿cuáles son las conclusiones de la reunión mantenida en Rabat para preparar conjuntamente ambos países estrategias contra la lengua azul y otras enfermedades?


El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): No había escuchado una descripción tan detallada de la enfermedad ni a mi directora general. La felicito porque se ajusta absolutamente al manual veterinario.



Respecto a la consideración de la importancia que tienen las actuaciones sobre actividades zoonóticas o no en relación a la gestión pública de las mismas, comparto su consideración de que la transparencia informativa pertenece a un elemento
estratégico, no solamente a un talante. La mejor forma de afrontar un protocolo de erradicación de cualquier enfermedad relacionada con la sanidad animal es hacerlo desde la transparencia para obtener la corresponsabilidad de los consumidores y la
necesaria participación de los productores. Este ha sido el impulso que nos ha movido para desarrollar las actuaciones tanto en el interior, con los protocolos de erradicación que se están llevando a cabo en nuestro territorio nacional, como en el
origen del vector transmisor de esta enfermedad, esto es, con nuestro país vecino, con Marruecos. Y en este sentido, quería señalarle que el día 22 de febrero se reunieron funcionarios del Ministerio de Agricultura de Marruecos con funcionarios
españoles en la ciudad de Rabat, en relación a un orden del día sobre el que se desarrollaron los siguientes temas que paso a comentarle.



En relación con la lengua azul, Marruecos nos presentó la situación de la enfermedad en el país, con 230 focos en 2004 y una tasa de mortalidad del 1,3 por ciento. Los focos se han presentado especialmente en el noroeste del país,
existiendo un repunte de focos durante el mes de octubre para ir descendiendo progresivamente. España también presentó la situación de la enfermedad, así como su sistema de vigilancia ante un posible riesgo de rebrote después de haber pasado el
período invernal. Como ustedes saben, la temperatura activa el virus como consecuencia de que sea un mosquito, el culicoides, el transmisor del mismo a los animales.



La conclusión principal de esta reunión es que ambas partes consideraron imprescindible la cooperación entre ambos países para poder afrontar con mayores garantías la erradicación de dicha enfermedad. Dentro de este marco de cooperación se
acordó el intercambio de técnicos españoles y marroquíes al objeto de estudiar y desarrollar los programas de vigilancia epidemiológica a aplicar en las zonas afectadas. Del mismo modo se acordó la visita de técnicos marroquíes de laboratorio a
nuestro país para formarse y conocer las técnicas de diagnóstico más avanzadas y poder así ponerlas en marcha en su país, al igual que un programa de formación entomológica para la identificación de especies de mosquitos, estudiando la posibilidad
de desarrollar también aspectos formativos en el mismo territorio de Marruecos. Para optimizar la coordinación entre los servicios veterinarios se va a establecer un sistema de intercambio de información directa entre ambos para el cual cada parte
nombrará un responsable, definiéndose al efecto un protocolo de intercambio de información permanente no solamente en el tiempo sino al día, porque en este caso nos parece que es un elemento estratégico de desarrollo del conocimiento de la
enfermedad.



En relación a la estrategia de vacunación, Marruecos aún no ha tomado la decisión de vacunar, ya que depende del posible rebrote que pudiera producirse en estos meses que las temperaturas se han elevado, dispondría de un stock de seguridad
de vacuna que ya han pedido al laboratorio suministrador, un laboratorio sudafricano, para esta eventualidad, ya que necesitarían siete millones de vacunas que se aplicarían en las zonas de riesgo previamente establecidas.



Quería comentarle también, y de manera muy breve, que la colaboración con Marruecos se ha extendido a dos aspectos que también vienen preocupando al sector ganadero y a algunos países de la Unión, en particular a Francia. Quiero concretarlo
en la colaboración tanto en la erradicación de la rabia como en el sector de avicultura. Marruecos, en relación a la rabia, estableció la situación que hay de dificultad de controlar a perros vagabundos asilvestrados que se encuentran en la zona, y
a partir de ahí se estableció una colaboración para luchar contra esta enfermedad animal, de manera que se pudiera realizar a través de dotaciones específicas de camiones perreras y jaulas, para los cuales las autoridades


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marroquíes nos proporcionarán una relación de medios necesarios que serán evaluados en su momento por el Gobierno español. En relación a la avicultura, vamos a mantener el procedimiento de toma de muestras en Algeciras y Tánger durante un
período de seis meses para verificar definitivamente la coincidencia de análisis entre ambas partes. Después de ello se volverá al protocolo ordinario, de manera que la mercancía saldrá de origen con un certificado veterinario y análisis, y al
llegar a Tánger se tomarán muestras para la realización de los mismos.



Quería añadir también estas dos cuestiones porque pretendemos no solo tener una actuación como consecuencia de la existencia de un problema, sino también tratar de prevenir la aparición de otros.



- DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE CONTINUAR CON LA POLÍTICA DE BAJADA DE PRECIOS DE LA LECHE. (Número de expediente 181/000801.)


- DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE MEDIDAS PREVISTAS EN LA ORDENACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO ORIENTADAS A QUE LAS POLÍTICAS SECTORIALES SIRVAN PARA FIJAR EL ASENTAMIENTO DE JÓVENES EN EL MEDIO RURAL. (Número de
expediente 181/000802.)


- DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE PREVISIONES EN RELACIÓN CON LA CUOTA LÁCTEA DE LAS EXPLOTACIONES QUE DEJAN DE PRODUCIR. (Número de expediente 181/000803.)


- DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA (GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE CONTINUAR CON LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LAS CUOTAS LÁCTEAS SEGÚN EL MODELO EXISTENTE ACTUALMENTE. (Número de expediente 181/000804.)


El señor PRESIDENTE: Las cuatro preguntas que aparecen en el orden del día con los números 7, 8, 9 y 10, todas ellas relativas a distintas problemáticas del sector lácteo, se van a ver de manera acumulada por petición de la propia diputada
formulante de las mismas, la señora doña María Olaia Fernández Davila.



Su señoría tiene la palabra.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Efectivamente, teníamos cantidad de preguntas relacionadas con el sector lácteo, y aprovechando que el secretario general nos podía contestar a una, consideramos que era oportuno defender conjuntamente las
cuatro, porque todas están relacionadas. Al fin y al cabo, vienen a significar lo mismo, ya que si preguntamos por las políticas que se pretenden hacer desde el Gobierno, o si se pretende tomar medidas respecto del sector lácteo que sirvan para el
asentamiento de los jóvenes en el medio rural, tiene que ver también y fundamentalmente con el precio que en estos momentos tiene la leche, igual que las previsiones acerca de continuar con la gestión de las cuotas lácteas según el modelo actual, y
en relación con la cuota láctea de las explotaciones que dejan de producir. Sobre esos dos últimos aspectos el Gobierno ya tiene alguna decisión tomada. Nos gustaría que nos informara más pormenorizadamente en esta Comisión respecto de estas dos
cuestiones. En cuanto al precio de la leche, usted tiene que ser comprensivo con nosotros, los gallegos y las gallegas, y que cuando hablemos del sector lácteo, además de preocuparnos en general por el sector lácteo del Estado, nos preocupemos de
una manera especial por el sector lácteo de Galicia, por la situación particular en la que se encuentra.



El precio de la leche está siendo basculante en toda la Unión Europea, quizás en mayor medida en el Estado español, pero dentro de ese, digamos, desequilibrio que existe en los precios y la continua bajada de los mismos, aunque en algunos
momentos baja y otras veces el precio sube, como ocurrió en la recuperación del año 2004 respecto de 2003, nos encontramos que con un mismo nivel de producción, prácticamente un poco menos que en otras zonas regionalizadas del Estado, Galicia tiene
el precio más bajo. De hecho, en el año 2001 teníamos un precio equilibrado con toda la cornisa cantábrica, pero a partir de 2002 el precio se diferenció entre Galicia y el resto de la cornisa en aproximadamente dos puntos y medio de pesetas, y voy
a hablar de pesetas porque parece que el sector lácteo se entiende mejor en pesetas, no sé si es porque los céntimos son más difíciles de manejar. Estos datos proceden del Inlac, y se refieren tanto a los niveles de producción como a los precios en
todas las zonas del Estado español, y ahí es donde se comprueba esa diferencia respecto del precio de Galicia.



A nosotros eso nos preocupa porque el sector industrial es consciente de que el peso del Estado español, fundamentalmente Galicia, en Europa en lo que respecta a la cuestión láctea es en este momento mucho más pequeño de lo que ha sido con
anterioridad, debido a la globalización y al control de precios, porque, como dije antes, en la Unión Europea también se notan esas diferenciaciones y esas continuas bajadas de precio. Por otro lado, también se es consciente de que poco a poco la
Unión Europea va eliminando la intervención, apostando cada vez más por la reindustrialización de los excedentes, y eso preocupa porque puede significar o de hecho significará que la estacionalidad del precio será mucho más aguda.



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Por lo tanto, nos gustaría que nos informase sobre estos aspectos que para nosotros son importantes, dado que el sector lácteo en Galicia es el plato fuerte de la agricultura en un momento en que la reducción de la producción agraria en
nuestro país es tremenda. También hay reducción de la producción láctea y de la producción cárnica, pero aún así, la producción láctea sigue siendo el plato fuerte de nuestro sector agrario.
Por ello, y dado que existe en Galicia una necesidad
imperiosa de asentar en el medio rural una población cada vez más escasa, nos gustaría que nos informara a este respecto, y si además nos puede dar una información positiva, se lo agradeceríamos mucho más.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Voy a tratar, al acumular las preguntas, de poder dar satisfacción a sus preocupaciones y a sus interrogantes.



El plan de reestructuración del sector lácteo, que ha descansado en la iniciativa del Ministerio de Agricultura, antes que nada lo que pretende es cambiar el sistema actual, un sistema caracterizado por un mercado desordenado de compraventas
de cuotas entre particulares, un sistema orientado y ordenado por la Administración a través de un gran programa de abandono al que le seguirá un ambicioso programa de distribución de cuota a través del Fondo nacional de cuotas. El sector lácteo
español tiene hoy una estructura muy polarizada con grandes desequilibrios en la dimensión de las explotaciones: por un lado, el 2 por ciento de las explotaciones concentra el 20 por ciento de toda la cuota española; por el otro, todavía tenemos
25.000 explotaciones, el 75 por ciento del total, con una dimensión inferior a la media nacional y que en muchos casos no alcanzan la viabilidad económica, por lo que corren un serio riesgo de desaparecer.



Por otra parte, la reforma de la política agraria común, aprobada por los ministros de Agricultura de la Unión Europea, nos va a traer como consecuencia una tendencia a la disminución de precios y también una tendencia a la disminución de
los procesos de intervención para el sector de productos lácteos de la Unión. El primer tramo de ese descenso de precios, que entró en vigor el 1 de julio de 2004, ha traído como consecuencia un descenso paralelo en el precio de la leche cruda en
la mayoría de los Estados miembros, que se verá compensado por la incorporación de la nueva prima o ayuda directa a los ganaderos. En España, sin embargo, el precio de la leche para el productor se ha mantenido estable, gracias a un conjunto de
factores, entre los que destaca un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de leche. Por tanto, no se puede afirmar que haya existido una política de descenso de precios de la leche, sino, al contrario, lo que ha existido y existe es una
política dirigida a paliar y contrarrestar con otros instrumentos el descenso de precios previsto en la legislación comunitaria. Por ello, entre otros aspectos, ha sido necesario aprobar el plan de reestructuración, dirigido no solo, como le decía,
a evitar la desaparición de las explotaciones de leche, sino a tener un mercado más estable en lo que se refiere a los precios pagados a los productores.



¿Cómo se va a instrumentar ese plan de reestructuración? Se va a instrumentar, en primer lugar, a través de un programa de abandono en el que por primera vez se aceptarán las peticiones de todos los ganaderos que quieran abandonar la
actividad, ofreciendo una indemnización que no supondrá pérdida patrimonial alguna y que estará exenta de obligaciones fiscales. Además, y también por primera vez, se permitirá un tratamiento especial para aquellos que decidan abandonar a un
precio, insisto, cercano al valor patrimonial de la cuota, para que, en el caso de que sigan cotizando a la Seguridad Social, puedan ser atendidas sus cotizaciones y, por tanto, tener derecho a una pensión como si estuvieran en activo. La cuota así
obtenida se repartirá después, a través de un fondo, mediante un mecanismo de distribución a un precio asequible, a las explotaciones que lo necesiten y que se comprometan a seguir en el sector, especialmente aquellas explotaciones que en el libre
mercado no han podido tener capacidad económica suficiente para redimensionarse en función de las exigencias del mercado. La gran novedad del reparto es que no habrá ninguna explotación que quede excluida, pero habrá un trato más beneficioso en
dotación económica para aquellas explotaciones preferentes.



En este sentido, el Real Decreto de gestión de la cuota láctea, aprobado el 18 de marzo, prevé un nuevo sistema de gestión que está estrechamente unido a la instrumentación posterior del plan de reestructuración, y entendemos que
beneficiando al sector lácteo en general estamos beneficiando en especial a los ganaderos gallegos. En concreto, introducirá convocatorias extraordinarias del Fondo nacional de cuotas, así como aquellas que se vayan a constituir en la primera
convocatoria.



¿Por qué creo que este plan beneficia a Galicia? El 91 por ciento de las explotaciones gallegas son explotaciones preferentes. Por tanto, se puede decir que no es un plan para Galicia, sino que es un plan para ayudar al sector lácteo
español allí donde más lo necesita, esto es, en Galicia.
Pero además, desde otra perspectiva, el 59 por ciento de las explotaciones tiene un significado respecto de los estratos muy importante para Galicia. El plan da un tratamiento especial a los
jóvenes, establece una reserva para atender peticiones de los mismos y además establece una prioridad sobre los agricultores, en este caso ganaderos, profesionales. Hemos querido hacer un plan de reestructuración donde se recogieran la mayoría de
las demandas del sector y de las comunidades autónomas. Tengo que decirle que no hemos conseguido la unanimidad pero sí la mayoría social en la representación de las organizaciones profesionales


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agrarias y también un respaldo significativo de las comunidades autónomas, y en ese sentido le tengo que señalar que aún nos sigue extrañando que una de las comunidades autónomas más beneficiadas siga criticando el plan.



El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila.



La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor secretario general, por contestarme ampliamente a las preguntas que le hemos formulado, y sobre todo gracias por ese optimismo respecto de lo que puede significar el plan para Galicia. A mí me
gustaría que el optimismo que transmite fuese real, y no porque quiera estar en esa posición que usted acaba de comentar al final de que, siendo la comunidad que más se va a beneficiar del plan, sea la comunidad que lo critica. No estoy en esa
posición que supongo yo que es a la que usted se refiere, pero sí le quiero transmitir nuestra preocupación. Es verdad que usted nos acaba de dar datos que nos parecen muy importantes para no posicionarnos en contra del plan y que reconoce que el
91 por ciento de las explotaciones serían o son consideradas preferentes y, por lo tanto, tendrían ese trato. De todas las maneras, la preocupación que le quiero transmitir es que, por el análisis de la situación del sector lácteo en el país y las
consecuencias que en otros momentos se han derivado de las políticas lácteas, en estos momentos muchas de esas explotaciones, precisamente el 75 por ciento, que no son grandes sino pequeñas explotaciones, al final se acaben decidiendo por el
abandono, sobre todo teniendo en cuenta que las propuestas que se presentan en el plan se puede decir que son generosas, en el sentido de que son positivas para aquellas personas que en el momento actual pueden abandonar.



Desde la perspectiva económica y el desarrollo del futuro de la economía de este país, el abandono del sector lácteo que tiene la importancia quue tiene en el sector agrario, es negativo. Nos preocupa que pueda haber abandonos por la oferta
que desde la Administración se hace a los agricultores, dado que las explotaciones en muchísimos casos son pequeñas y en otros casos se han agrupado haciendo una gran inversión para la modernización y para lograr una mayor competitividad que
después, precisamente por la disminución de precios o la situación que existe en toda la Unión Europea, no están pudiendo sacarle beneficio, Se comenta que muchas de esas explotaciones que tanto invirtieron para su competitividad a través de esa
modernización pueden adherirse al plan de abandono. A nosotros eso nos preocuparía mucho y desearíamos, y así se lo queremos transmitir, que la preferencia del 91 por ciento sea una preferencia para continuar con la actividad productiva y no el
abandono de aquellos productores que desde el punto de vista económico van a ver más positivo abandonar que continuar con una actividad que les genera más pérdidas que ganancias.



Esa es la preocupación que le queremos transmitir y que al mismo tiempo tengan en cuenta la importancia del sector lácteo en Galicia. No estoy desmereciendo la importancia del resto de las comunidades pero usted mismo lo reconoce. La
disminución de precios es real y los dos puntos, las dos pesetas por debajo de la que está en el nivel inmediatamente superior, están ahí, son los datos. Si bajan de 51 a 49, la cornisa cantábrica pasa de 51 a 53, por ejemplo. Yo tengo aquí los
datos.
Concretamente en el año 2001, en Galicia el precio era 52,12 pesetas y en la cornisa cantábrica era 55,95; en el año 2002 pasamos a 49,82 en Galicia y 51,18 en la cornisa cantábrica; en el año 2003, 49,86 en Galicia y 52 en la cornisa
cantábrica, y en el año 2004, 52,62 en Galicia y 54,80 en la cornisa cantábrica. No doy estos dos precios por agravio con la cornisa cantábrica, sino porque en las otras zonas territorializadas los precios son superiores a los de la cornisa
cantábrica. Estoy comparado con el precio bajo, después del de la Comunidad de Galicia.



Por lo tanto, teniendo todas estas consideraciones en cuenta, pensamos que la preferencia que el plan tiene respecto de ese 91 por ciento debe ser una preferencia orientada a continuar con la actividad productiva y no una incentivación al
abandono.



El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Ya sé que no está usted ni los intereses que representa en la posición de criticar el plan; lo he dicho porque me parece una paradoja, nada más.



Voy a tratar de contestarle porque las dudas que usted plantea tienen entidad pero, sinceramente, me parece que no tienen, dejando siempre un margen porque no se puede afirmar nada con contundencia, posibilidad de que puedan producirse, que
es de lo que se trata.



En primer lugar, sobre el tema del precio quería plantearle dos cuestiones: los precios generales percibidos por los ganaderos en promedio y la diferenciación que usted hace entre Galicia y la cornisa.
Empezando por esta última, me parece
que un análisis más correcto de por qué se produce esa diferencia sería tratar de comprender cómo se comportan los grupos industriales en Galicia y en el resto de la cornisa.
De manera que creo que es una reflexión más vinculada, y creo que está en
discusión estos días en su región, a cómo crear un grupo industrial que pueda realmente mejorar la relación contractual con los ganaderos y poder atender de alguna manera ese diferencial de precio. No le quiero señalar que un grupo industrial nuevo
pueda subsumir esas diferencias que usted ha señalado, lo que quiero decir es que el análisis del comportamiento industrial no puede ser ajeno a los problemas que usted señala.



Respecto de los precios medios, le quería señalar que en el año 2004 -yo le voy a hablar también en pesetas, porque es la forma que tienen los ganaderos de enterarse- fueron 56,50 pesetas/litro en muelle de industria,


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superaron en 2,50 pesetas los de 2003 y en 4 pesetas los de 2002. En la actualidad, tenemos todavía precios más altos que en 2004, donde se produjo un aumento significativo del precio respecto a los anteriores. No obstante, se ha
producido, eso sí, una disminución brusca, que es lo que ha afectado definitivamente a la sensibilidad de los ganaderos y por lo que usted está manifestando aquí su preocupación. En este sentido, quiero decirle que el Ministerio de Agricultura ha
tomado la iniciativa de convocar una mesa láctea, a la que ha convocado -y ya se ha celebrado la primera reunión- tanto a las industrias, a través de su federación nacional, como a las organizaciones ganaderas y a las cooperativas. El objeto de
esta mesa es tratar de elaborar un compromiso conjunto de relaciones contractuales entre industriales y productores. Usted sabe que pertenece a la libertad de las partes y que el Gobierno nunca puede interferir en una relación contractual de
operadores privados, pero el Gobierno ha querido tomar esta iniciativa para tratar de que el conjunto del sector pueda ofrecer un marco de estabilidad tanto en las relaciones interprofesionales como en las relaciones contractuales.



Respecto del abandono, nada más lejos de que este plan se convierta en un plan de abandono. Por eso hemos establecido precios diferenciales en función de la edad del titular, de manera que el precio mayor, el que podría decirse que es más
favorecedor para abandonar, está en los segmentos más altos de edad, 0,70 céntimos de euro para los titulares de 64 años, y ese precio desciende a medida que el titular es más joven para evitar precisamente lo que usted señala, que es la tendencia
al abandono de explotaciones que tienen voluntad de permanencia.



En segundo lugar, hay que analizar el fondo para incrementar la cuota, y hay dos elementos fundamentales: que el ganadero no tiene necesidad de ir a un mercado privado en el que le costaba tres veces más la cuota que lo que producía -el
papel costaba tres veces más que el litro de leche-, sino que va a ir a un fondo nacional que regulará el Estado, y que ese fondo nacional determinará incluso la cesión de hasta 2,5 litros gratis de cuota dependiendo de si es una explotación
preferente o un titular preferente. Y quiero decirle, finalmente, que este no es un plan desde la radicalidad. He oído decir que hemos suprimido la libertad de empresa, que hemos suprimido el mercado. Si hemos hecho algo es lo mismo que hizo un
gobierno francés conservador hace quince años, recuperar el tiempo que se ha perdido en los últimos ocho años para evitar la especulación con el precio de la cuota, que es el verdadero patrimonio de los ganaderos españoles y gallegos.



- DE LA SEÑORA ORTIZ RIVAS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE CAUSAS DE LA BAJA COBERTURA DE SEGUROS AGRARIOS EN LA AGRICULTURA INTENSIVA BAJO PLÁSTICO. (Número de expediente 181/000962.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta 11 del orden del día, en este caso de la diputada doña María del Carmen Ortiz Rivas, relativa a las causas de la baja cobertura de los seguros agrarios en la agricultura intensiva bajo plásticos.



Su señoría tiene la palabra.



La señora ORTIZ RIVAS: Señor Moraleda, después de los daños que se han producido en la agricultura con las inclemencias climáticas en el presente año, se ha puesto de nuevo de manifiesto el bajo porcentaje de cobertura en seguros agrarios
que existe en la agricultura protegida. Si mis datos son correctos, la cobertura del seguro agrario en las producciones agrícolas bajo plásticos o protegidas no llega al 5 por ciento del total de la superficie cultivada. Este tipo de agricultura
intensiva se extiende fundamentalmente en el levante de la Península, pero, si me permiten, quiero señalar que en mi provincia, Almería, es la principal fuente de riqueza, con unos datos de producción anuales en torno a los 1.600 millones de euros.
Esta agricultura, como decía, que prácticamente habría que considerarla casi una industria, tiene también un altísimo coste de producción y, por ende, conlleva en muchos casos un alto endeudamiento de las familias. Por ello, una catástrofe natural
que afecta a la producción de forma grave no solo repercute en la renta familiar sino en la posibilidad en muchos casos de hacer frente a las deudas contraídas y, por tanto, a la continuidad misma de la producción.



Compartimos y apoyamos, por supuesto, el acuerdo base del plan de seguros agrarios y el compromiso de la Administración del Estado de no conceder ayudas o beneficios para paliar las consecuencias de los daños causados por los riesgos
asegurables, pero precisamente por esto tenemos la preocupación de que esta baja cobertura de los seguros agrarios en la agricultura protegida conlleva además no poder acogerse a las ayudas directas en esta situación específica. Por eso pregunto
cuáles son las razones de esta baja cobertura y sobre todo qué medidas se podrían adoptar para incrementar esa cobertura del seguro agrario en la agricultura intensiva.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Quería señalarle que el seguro de cultivos protegidos está incorporado al sistema de seguros agrarios desde el plan nacido en 1984.
No obstante, como usted ha
señalado, tenemos que reconocer que la implantación del seguro se mantiene a niveles muy bajos. En el ministerio nos parece que esta situación se debe fundamentalmente a hechos distintos y variados. En primer lugar, a las, por qué negarlo,
favorables condiciones climáticas que se registran habitualmente en las zonas donde se localiza la agricultura intensiva, lo cual reduce la sensación de riesgo de los productores. Esta sensación está íntimamente ligada a la suscripción del seguro.
La probabilidad de la


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concurrencia de heladas y otras adversidades en las zonas de cultivo es realmente reducida, pudiendo señalarse que, a modo de ejemplo, en la zona del litoral de Almería dicha probabilidad es inferior al 1 por ciento.



La segunda consideración que quería trasladarle es que la limitada sensación de riesgo de los agricultores que realizan estas producciones se ve reforzada por la protección, si usted me lo permite, entre comillas, de que disponen los
cultivos, las limitaciones legales en la protección de las estructuras, que posiblemente tienen mayor riesgo que los propios cultivos, en el marco de la vigente ley de seguros. En la actualidad las estructuras están cubiertas en el seguro en
concepto de gastos de salvamento, con el límite del capital asegurado para las producciones, valor que le puedo admitir que puede resultar insuficiente en muchos casos.



La tercera consideración es que igualmente podría añadirse que los cultivos bajo plástico tienen muy condicionada su rentabilidad por la estacionalidad de la oferta de las producciones, lo que provoca las lógicas oscilaciones del mercado y
que estas se acusen de manera muy especial de una campaña a otra. A este respecto, la actual Ley de Seguros no permite establecer garantías de precios de mercado, lo que sin duda podría ser un aliciente para el aseguramiento en una nueva línea de
seguros.



Otros motivos con menor incidencia pero que influyen son el marco del seguro privado para ciertas compañías, la falta de cultura del seguro en determinados sectores o la limitación de las coberturas que ofrece el mismo.



¿Qué hemos hecho para mejorar esta protección? ¿Qué iniciativas hemos adoptado? Hemos establecido mejoras concretas en las líneas específicas del seguro, en particular en lo que se refiere a los riesgos de inundaciones y lluvias
persistentes, a los ajustes en los períodos de suscripción y de garantía, y a otros aspectos del condicionamiento para establecer el contrato del seguro. Estamos realizando un estudio específico, del que obtendremos los elementos de análisis para
una reforma más en profundidad, sobre la problemática del conjunto del seguro en el año 2003.



Por otra parte, la Comisión Territorial de Seguros Agrarios en Andalucía ha constituido desde hace al menos dos años un grupo de trabajo para estudiar los problemas específicos del seguro hortícola en la provincia de Almería, lo cual ha dado
ya lugar a diferentes reuniones entre representantes del sector y las administraciones. En estas reuniones el sector ha demandado un seguro de ingresos o, alternativamente, un seguro de rendimientos garantizados. Esta petición tiene una viabilidad
muy complicada porque el seguro de ingresos, debido a la falta de un marco legal para la cobertura de los riesgos derivados de las caídas de precios en los mercados, nos dificulta en términos reales afrontar esa vía, pero sobre todo porque los
seguros de rendimientos derivan de la inexistencia de datos de rendimientos históricos y de dificultades más que objetivas de tasación para que este seguro pueda implantarse de una manera rigurosa y técnicamente admisible por cualquier empresa
relacionada con el mismo.
Sin embargo, los trabajos del mencionado grupo y los que está en estos momentos desarrollando Enesa, deberán ser los aspectos sobre los que descansarán las modificaciones que posteriormente podamos promover.



Mientras tanto, hemos elaborado una importante campaña de divulgación para favorecer la contratación. Esa campaña de divulgación incluye la presentación de folletos específicos, campañas de difusión en revistas, radio y también televisión,
así como charlas informativas directamente con los agricultores y la incorporación a la página web de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios de toda la información específica de cada una de las líneas del seguro en nuestro país.



- DE LA SEÑORA VÁZQUEZ BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE FINANCIACIÓN PREVISTA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA LOS REGADÍOS DE A LIMIA (OURENSE). (Número de expediente 181/000990.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, en este caso de la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, relativa a la financiación prevista por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para los regadíos
de A Limia, en la provincia de Ourense.



Su señoría tiene la palabra.



La señora VÁZQUEZ BLANCO: Quiero darle, en primer lugar la bienvenida a esta Comisión al secretario de Agricultura y agradecerle de antemano su disposición para venir a responder a estas preguntas parlamentarias que de alguna forma nos
preocupan. Esperamos que sean positivas, máxime cuando conocemos la trayectoria del señor secretario, y que de alguna forma puedan ayudar a nuestros ciudadanos, a nuestras circunscripciones a acceder a la información de un tema que me imagino que
usted ya conoce, que ya conocía el ministerio anterior, y que tiene que ver con los regadíos de la zona de A Limia.



El otro día leí en un periódico: La comarca de A Limia lidera las tablas de incorporación de jóvenes a la agricultura. La comarca de A Limia está a la cabeza en Ourense y en Galicia de la incorporación de jóvenes a las empresas agrarias.
Es además un caso insólito en España, donde el alejamiento de la juventud del sector primario es cada vez más evidente.
Por otra parte, la propia ministra anunció en una visita reciente a Ourense que revitalizará la provincia con sus proyectos,
entre ellos con el plan de regadíos.



Esta pregunta se debe a que en los presupuestos anteriores no se contempló ninguna partida. No sabemos actualmente cómo están contempladas por parte


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del ministerio las partidas presupuestarias para la ejecución de las obras de regadío de A Limia. Me gustaría que, con buen entendimiento y ayudando a estos agricultores, pudiéramos rechazar este artículo que traía otro periódico en
titulares: La ministra se fue como vino. Elena Espinosa volvió a Ourense para decir que había que votar a la Constitución sin tener complejos. No dijo nada sobre inversiones para el campo, ayudas a los agricultores o mejoras en el empleo y
regadíos. Y se preguntan: ¿Complejos? ¡Qué va, señora ministra!.



La preocupación en la provincia de Ourense es en particular por los regadíos de A Limia. Queremos saber cuál es en estos momentos la financiación prevista, porque, como sabe el secretario, en la visita que tuvo tanto el conselleiro de
Agricultura como el propio presidente de la Xunta, una de las reivindicaciones que planteó del Gobierno autonómico en materia de regadíos era que se asumiese la ampliación de los regadíos que el Gobierno debería financiar con 20,5 millones de euros.
Por eso le formulo la pregunta.



El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Muchísimas gracias por su bienvenida. Yo le voy a contestar a usted, no a un medio de comunicación, y no sé la repercusión que tendrá después la respuesta en ese
medio de comunicación, voy a darle información concreta con objeto de que al menos usted y sus representados puedan disponer de la misma.



Quiero compartir antes con usted una apreciación que ha hecho sobre la estructura poblacional de la comarca y compartir la satisfacción de que efectivamente se cuenta con una tasa de envejecimiento más baja y una proporción de población
joven más alta, lo cual implica tener un índice de reposición de la población potencialmente activa significativamente superior a la media del entorno; eso tiene que ver también con la edad de sus representantes pero en cualquier caso está en la
media.



Yendo al regadío, que es lo que interesa, el Ministerio de Agricultura contempla en la comarca de A Limia dos actuaciones diferenciadas que se incluyen dentro de las previstas en el Plan Nacional de Regadíos para la Comunidad Autónoma de
Galicia. La primera de las actuaciones que ejecuta el Ministerio de Agricultura, directamente o a través de su medio propio instrumental, la empresa Tragsa, se refiere al proyecto de dotación de infraestructuras auxiliares para la transformación en
regadío de la zona de secano de la laguna de Antela, obras que fueron declaradas de interés general por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Esta obra es financiada por el Ministerio de Agricultura y los gastos correspondientes pueden ser
cofinanciados por el Feoga-Orientación dentro de la medida de gestión de recursos hídricos que se corresponde con el programa de mejora operativo de mejora y estructuras de los sistemas de producción agraria en las regiones Objetivo 1 entre las que
se encuentra Galicia. Con el proyecto presente se pretende la mejora y consolidación de 2.100 hectáreas de regadío en precario mediante la realización de infraestructuras auxiliares para la transformación en regadío de esta zona de secano y regadío
en precario, como le decía, de la laguna de Antela. El presupuesto de ejecución por Administración de las obras proyectadas es 4.532.257,84 euros. Lo digo para que, sabiendo lo difícil que es este titular para un periódico, cuando hablemos del
Plan Galicia nos ajustemos lo más que podamos a las inversiones reales y no a las de otro tipo.



La segunda actuación que ejecutará el MAPA en Limia se refiere al proyecto de mejora y modernización del regadío de la comunidad de regantes de la laguna de Antela, que está promovido por la Seiasa del Norte en virtud del convenio suscrito
entre esta sociedad y el Ministerio de Agricultura de fecha de 18 de octubre del 2000. Ha pasado tiempo. Mediante este proyecto se pretende disponer en la zona de riego de un sistema de distribución a la demanda entregando el agua y tomas de riego
en parcela con agua a presión para el riego por aspersión o goteo. El número de regantes que se beneficiarán de la actuación es 56 y la totalidad de la superficie 612 hectáreas. Se ubica dentro de los términos municipales de Sandiás y Xinzo de
Limia. Los cultivos presentes en la zona son fundamentalmente maíz en un 50 por ciento y patata en otro 50 por ciento. La obra fue declarada también de interés general, y así está recogido en el vigente Plan Nacional de Regadíos.



El presupuesto de ejecución por la contrata de obra es de 4.171.785,30 euros. La financiación del coste de ejecución de las obras se estructura y se detalla de acuerdo a las previsiones que al respecto contiene el convenio de colaboración,
habiéndose firmado con fecha 6 de noviembre del 2003 otro convenio en el que además se incluye la participación financiera de la Xunta de Galicia. En base a estas consideraciones, el esquema de financiación de las obras será el siguiente. Un 8 por
ciento del coste total de las obras será financiado por la propia comunidad de regantes, les quiero señalar que es un coste bajo respecto a las obras y a la financiación de las comunidades de regantes que se produce en otras partes del territorio
nacional. El mecanismo de financiación está establecido en el convenio y se realiza mediante un importe anticipado del mismo. En segundo lugar, el 22 por ciento del coste total será financiado por la Consejería de Política Agroalimentaria y
Desarrollo Rural de la Xunta de Galicia con cargo a la aplicación presupuestaria, hasta un máximo de 721.600 euros, divididos en: 2003, 10.000 euros; 2004, 191.850 euros; 2005, 519.750 euros. El pago de esta aportación se realizará por la Xunta
mediante el ingreso en cuentas de la Seiasa del 22 por ciento de cada uno de los conceptos integrantes del coste total de ejecución. El 70 por ciento restante será financiado mediante la obtención de auxilios económicos del Feoga, sin perjuicio


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de que la Seiasa anticipe la tesorería necesaria para el pago de las obras.



Éstos son los datos concretos de las obras que va a llevar a cabo el Ministerio de Agricultura en la comarca a la que usted ha hecho referencia.



El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, tiene la palabra.



La señora VÁZQUEZ BLANCO: Quiero agradecer la respuesta del secretario, pero la pregunta iba un poquito más allá, iba con intencionalidad lógicamente.



Nosotros solicitamos al Gobierno que, a través del Ministerio de Agricultura, asuma los compromisos presupuestarios establecidos efectivamente en este acuerdo marco de colaboración, suscrito el 25 de septiembre de 2001 entre el MAPA y la
Comunidad Autónoma de Galicia para la tramitación, puesta en marcha y desarrollo del Plan Nacional de Regadíos, en relación con el programa concreto de ampliación de nuevos regadíos, lo que es necesario consignar en los presupuestos con carácter
plurianual 20.593.679 euros, es decir, el 38,5 por ciento de la inversión total que corresponde al ministerio en este programa de 8.500 hectáreas de superficie. La ampliación de este nuevo regadío se establece en el acuerdo marco en función del
grado de ejecución y cumplimiento del plan de regadíos en Galicia. La revisión estaba prevista para diciembre de 2003, si mal no recuerdo, y a día de hoy todavía está sin realizar porque previamente habría que hacer una revisión. En este sentido,
es evidente que el citado plan en A Limia, yo que soy de la Baixa Limia y no de A Limia, presenta en estos momentos un satisfactorio grado de cumplimiento y que sería necesario iniciar ya esta ampliación de los nuevos regadíos y con esta inversión
total, que sería de 53,5 millones de euros, de los cuales al MAPA le corresponderían 20,5 millones de euros.



Esta es una reivindicación de todos los agricultores, de la zona. La Xunta de Galicia se compromete a aportar la parte correspondiente de este proyecto y nosotros no queremos sólo esos 4,5 millones para 612 hectáreas. De hecho, la
ministra, en una visita reciente anunció que, a través del Consejo de Ministros, se aprobaría una nueva inversión para los regadíos de A Limia, esto lo anunció concretamente el 26 de febrero y a día de hoy todavía no está reflejada en el Consejo de
Ministros esa inversión para los regadíos de A Limia. Nosotros consideramos muy oportuna esa inversión, Usted hacía mención a que el 50 por ciento es de patata y maíz y las dos necesitan mucha agua. Necesitamos el agua para obtener una patata de
calidad en Galicia. De alguna forma en estos momentos no es un tema que preocupe solo al Partido Popular, preocupa al Partido Socialista, preocupa al Bloque Nacionalista Galego, nos preocupa a todos, y vamos a estar todos dispuestos a colaborar,
tanto la Xunta de Galicia como, imagino, el Ministerio de Agricultura. Se necesitarían esos 20,5 millones en una yo no le digo que ya, sino en una programación plurianual que se puede ir haciendo a lo largo del tiempo.



Necesitaría saber cuál va a ser el compromiso del Ministerio de Agricultura con tres nuevas zonas de regadío. La Xunta de Galicia en sus presupuestos ya ha puesto 180.000 euros para hacer la evaluación de impacto ambiental. Las zonas
serían: la transformación en regadíos de la zona Entrerríos, en A Limia, con 1.217 hectáreas; la transformación en regadío de la zona parte alta del río Limia, con 912 hectáreas; y la transformación de regadío en la zona parte baixa do río Limia,
con 1.089 hectáreas. Cada uno de estos proyectos ya tiene un presupuesto y la Xunta en estos momentos, a través de esa partida presupuestaria, ya está haciendo la evaluación de impacto ambiental. Me gustaría saber el grado de compromiso del
Ministerio de Agricultura con el proyecto anterior, de mejora de regadíos con 20,5 millones, y con estos tres nuevos proyectos que se han presentado por la Xunta de Galicia y las comunidades de regantes de allí.



Quiero agradecerle su consideración y decirle que nos tendrá siempre en ese tono conciliador por los intereses orensanos. Si ahora no me puede dar la respuesta, no se preocupe, seguiremos colaborando y presentando iniciativas en este
sentido. Le agradezco de antemano su colaboración, porque no es una colaboración con el PSOE ni con el PP ni con nadie, es colaboración con los ciudadanos orensanos. Usted conoce de sobra cómo está la agricultura, cómo está la ganadería, usted
perteneció al sector y sé que, si puede ayudarnos, posiblemente nos ayude, y eso es únicamente lo que hoy le pedimos con la máxima cordialidad.



El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Muchas gracias por la cordialidad.



De todas formas, para analizar un problema con la predisposición de resolverlo o no, siempre es necesario compararlo con algo. Para acercarnos a la realidad objetiva de lo que era antes el Plan Nacional de Regadíos y lo que es ahora, la
única forma de compararlos es el nivel de ejecución, porque es lo que distingue entre una voluntad expresada en el papel y otra expresada en las tierras de secano. En este sentido quiero manifestarle que ha habido una progresión significativa en el
grado de ejecución del conjunto del Plan Nacional de Regadíos, no lo digo pensando hacia atrás, sino para poner de manifiesto la evolución.



Respecto de las peticiones a futuro, vamos a tener una posibilidad de ordenar y priorizar las demandas en la discusión del nuevo marco del Plan Nacional de Regadíos, que comenzará a surtir efectos a partir de 2008.
Creo que ése es el
procedimiento, es donde esas demandas tendrán que inscribirse. Después, en un pacto de todos, como no debiera ser de otra manera, se tratará de establecer los compromisos que se puedan


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llevar a cabo y los que tendrían un mayor grado de dificultad.



- DEL SEÑOR GARCÍA DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), ACERCA DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN SOBRE SI EL REAL DECRETO APROBADO EL PASADO 18 DE MARZO EN EL CONSEJO DE MINISTROS Y POR EL QUE SE
MODIFICA LA NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CUOTA LÁCTEA BENEFICIA A LOS GANADEROS DE GALICIA. (Número de expediente 181/000992.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, en este caso del diputado don Joaquín María García Díez, relativa a la opinión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre si el real decreto aprobado el
pasado 18 de marzo en Consejo de Ministros y por el que se modifica la normativa reguladora del sistema de gestión de cuota láctea beneficia a los ganaderos de Galicia. Su señoría tiene la palabra.



El señor GARCÍA DÍEZ: Yo también, señor Moraleda, me quiero unir a todas las manifestaciones que he escuchado anteriormente de agradecimiento por su presencia aquí y por las respuestas que pueda dar a nuestras cuestiones.



Es evidente que hasta ahora he tenido como interlocutor por parte del ministerio a otra secretaría general por mi portavocía en pesca, pero comprenderá que, siendo de una provincia eminentemente ganadera como la de Lugo y teniendo mis raíces
también en una ganadería, hoy quisiera ser yo quien le formule las preguntas que ahora vamos a debatir o a tratar.



He escuchado también con atención las respuestas que daba usted a una compañera de esta Comisión del Bloque Nacionalista Galego, a la señora Davila, porque tienen bastante relación con lo que yo planteaba en la pregunta que tiene usted.
Antes de formularle el conjunto de preguntas que de alguna forma pueden enriquecer más el debate, quisiera aportar tres o cuatro datos a los que usted ya aportó en la respuesta a la que hacía referencia.



Como usted sabe probablemente mejor que yo, el sector lácteo gallego es más importante hoy en España que lo era hace diez años, y lo demuestro en dos importantes cifras. Un crecimiento relativo en este período de un 5 por ciento en el
número de explotaciones (pasaron de un 50,6 que había hace diez años a un 53 del total nacional, por tanto hay un crecimiento del 5 por ciento), pero también, lo que es más importante, un crecimiento relativo del 6 por ciento en la cuota láctea, que
ha pasado actualmente a cerca del 33 por ciento del total nacional, un 32,8. El tamaño medio de la explotación también se ha multiplicado por cuatro en estos diez años y en Galicia concretamente la cuota aumentó en estos diez años en más de 300.000
toneladas, es decir, un 18 por ciento, mientras que en el resto de España crecía aproximadamente un 8 por ciento.



Con este marco, que no descubro nada porque evidentemente son datos públicos y están contrastados, se plantea ahora este plan de reestructuración del sector lácteo al que se hacía referencia y lo basan fundamentalmente en dos pilares: uno,
el plan de abandonos, que me ha parecido escuchar como gran programa de abandono, al que le seguiría, según sus palabras, un ambicioso programa distribución de la cuota, que pasaría a formar parte del fondo. Yo quiero decirle, y si no está de
acuerdo ahora tendrá oportunidad de hacérmelo saber, que estos dos pilares del plan ya existían hace seis años, porque usted conoce mejor que yo el Real Decreto 1486/1998 del Gobierno del Partido Popular donde se creaba el plan de abandono y donde
se generaba ese fondo de cuotas.
Por cierto, ya era posible adquirir cuota a mitad de precio, porque es lo mismo, digo yo, adquirir cuota a mitad de precio que comprar un kilo y te regalen otro, y esto es lo que ya pasaba con el anterior plan al
que me estaba refiriendo. Por lo tanto, hasta ahí no hay ninguna novedad. ¿Cuál es la novedad a nuestro juicio? Pues la novedad es el intervencionismo de este plan que ustedes pretenden desarrollar. No entendemos el porqué de esta filosofía
claramente intervencionista cuando estamos en el siglo XXI y cuando, a juicio del sector, no hay mayor transparencia ni hay mejor sistema que un sistema competitivo de libre mercado. Entendemos que eso es lo que puede vulnerar este plan si no se
corrige a tiempo.



Quisiera formularle, entre las consideraciones que acabo de hacer y que evidentemente podemos contrastar, alguna pregunta muy concreta, quisiera saber si le parece que hay en este caso, con las inversiones de los últimos años, una posible
discriminación, un posible perjuicio, hacia los ganaderos que han estado haciendo inversiones en cuota durante estos años; me parecía entenderle a usted que consideran que no va a haber pérdida patrimonial en este momento con este plan, nosotros
entendemos que sí pero lo podemos debatir. Ya ha dicho usted que cree que beneficia a Galicia, yo creo que no, pero es opinable, evidentemente. Creo que no por un único dato, cómo es posible que si Galicia sea una de las comunidades que sale
beneficiada y sea la única -me ha parecido entenderlo así- que no está de acuerdo con apoyar este plan en este momento? No puedo entenderlo. (Rumores.)


Señor presidente, yo estoy hablando con el señor Moraleda y hay algún diputado que está formulando sus opiniones en voz alta que puede interferir mi exposición, yo no voy a hacerlo nunca y le agradecería que tampoco lo hiciera él.



Le decía que cómo es posible esto y además si las comunidades autónomas que salen perjudicadas son las


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que están de acuerdo. Es una reflexión que hago en voz alta.



¿Favorece las explotaciones familiares? ¿Le parece justo este plan con las explotaciones que tienen menos de 75.000 kilos de cuota? ¿Es oportuno el momento de aplicar este plan, cree que es oportuno aplicarlo en este momento? Por último,
sobre el consenso al que hacía mención antes, ¿creen realmente que se ha tenido en cuenta la opinión del sector en su mayoría y concretamente en Galicia?


El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Lo primero que quiero señalarle es una dificultad conceptual de entender lo que son las cuotas lácteas en la reglamentación comunitaria, y por tanto en el sistema
español. El sistema de cuotas lácteas es, antes que nada, un mecanismo de intervención del mercado porque si hubiera un mercado libre no habría cuotas lácteas. No entiendo cómo se puede defender el libre mercado y las cuotas lácteas a la vez
porque es una contradicción en sentido estricto. Estamos hablando del marco de regulación que se está aplicando en el conjunto de Estados miembros, que hace que exista una organización común de mercado que se nutre de un sistema de regulación del
mismo a través de precios de intervención para mantequilla y leche en polvo, y un sistema de preservación del patrimonio respecto del otorgamiento de un derecho de producción a los ganaderos es lo que hace el Estado miembro respecto a la aplicación
de esa norma comunitaria. Es preciso decir esto con anterioridad porque, si no, estaremos hablando de otra cosa pero no del sector lácteo.



¿Por qué existe un sistema de cuotas y en propiedad del ganadero? Porque, si no fuera así, no se produciría leche en sus zonas naturales, sino donde quisieran las industrias lácteas que se produjera leche, y habría zonas de montaña y zonas
de Galicia en un porcentaje elevadísimo donde se dejaría de producir leche.



Vamos a partir de esos principios para racionalizar el debate y después expresar las coincidencias o no coincidencias que se puedan producir en un plan concreto. No le digo esto porque usted no proceda del sector, se lo digo porque usted
reproduce las consideraciones del conselleiro, que es quien tiene la responsabilidad de gobernar la política agraria y ganadera de Galicia, y me imagino que al menos al conselleiro, aunque lleve poco tiempo, los papeles sí se los harán bien.



Segundo elemento. ¿Estamos haciendo instrumentos que ya se habían producido o instrumentos nuevos? Los planes de abandono, señoría, no son nuevos, lo que es nuevo es la implementación de esos planes de abandono unidos a la reserva nacional
y al fondo nacional de cuotas, eso sí es nuevo. Para explicarle gráficamente, los planes de abandono promovidos por el anterior Gobierno nunca dispusieron de una cantidad significativa de venta de cuota, y no dispusieron de una cantidad
significativa de venta de cuota porque el gobierno dio más importancia al mercado libre de la compra-venta de cuotas y no a la actuación del Estado para redistribuir cuota entre los ganaderos. Conclusión, el precio de la cuota sujeto a
especulación, sujeto a la compra de determinados intermediarios, que los tienen en Galicia y no producen ni un solo litro de leche sino que compran y venden cuota, aumentó el precio de la leche de manera absurda, hasta el punto de que el precio del
litro de leche de cuota tenía un valor tres veces superior al litro de leche entregado por ese mismo ganadero. ¿Qué produce ese efecto? Que los ganaderos tengan que recurrir a la financiación privada. Ahí interviene un factor de discriminación,
quien tiene poder adquisitivo puede crecer, quien no lo tiene, no, porque el Estado no le atiende, porque no hay un fondo nacional con suficiente cuota para poder atenderle. Por eso hemos hecho este plan, para enfriar el precio especulativo en la
compra-venta de cuota y redistribuir atendiendo a criterios de competitividad, pero también criterios territoriales.



Respecto de su pregunta de por qué Galicia no apoya este plan y de por qué yo no entiendo que Galicia no apoya este plan, sigo sin entenderlo, porque los datos son bien concluyentes.



Le voy a decir por qué el plan es oportuno. Miren, con el mercado libre y la tendencia a la especulación que había en el mercado libre de cuotas, había un recalentamiento de ese mercado ¿Sabe por que? Porque los intermediarios estaban
nutriéndose de incremento de cuotas esperando el beneficio cuando se aplicara la prima láctea por kilo de cuota producido, por eso. Usted sabe que en 2006, por cada kilo de cuota habrá una ayuda directa. Pues la ayuda directa, que es compensar
renta para el ganadero, no puede provenir de una especulación previa en el mercado, no se puede dar por consolidada una aportación pública a quien ha especulado con el precio de la cuota porque eso sencillamente es intolerable. Finalmente, es
oportuno porque es la única manera de acortar los diferenciales estratos de explotación para que, quienes realmente quieran continuar produciendo leche y tengan una dimensión que no alcanza la rentabilidad, puedan seguir haciéndolo porque le atiende
el Estado.



Perjuicios ganaderos, patrimonio, consenso. Ningún ganadero está excluido del fondo nacional de cuotas, ninguno. Le voy a poner un ejemplo: un ganadero con un millón de kilos de cuota podrá optar al fondo, sólo que el Estado no le
regalará ningún kilo. ¿Le parece mal? Es el tema fundamental.



Por último, consenso. Créame que hemos pretendido obtener el consenso de todos. Su consejero dispuso antes a diferencia del resto de consejeros, del texto del real decreto porque queríamos que Galicia no perdiera la oportunidad de unirse
al consenso. Respecto al consenso del sector, usted conoce la reacción que ha habido, la COAG, la UPA y la Confederación de Cooperativas han respaldado el acuerdo. Hay otra organización


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que no lo ha hecho y está legitimada para no prestar su apoyo a este plan.
Solamente quiero decirle una cosa, esa organización dice una cosa en Galicia y otra distinta en Cataluña. Eso es importante también porque, a la hora de tener un
interlocutor en un plan de reestructuración nacional, no se puede decir una cosa y la contraria dependiendo del territorio en el que se encuentra.



Por último, hemos de hacerlo para Galicia, y para la cornisa, para las explotaciones preferentes, porque este sector ha estado abandonado a la suerte del libre mercado, y por tanto desestructurado; el 2 por ciento de las explotaciones tiene
el 20 por ciento de la cuota. Eso no pasa en ningún sector de ningún país serio y ordenado en producción agroalimentaria. Francia es más competitiva que nosotros en el sector lácteo, no tiene un sector tan desestructurado como el que nos hemos
encontrado.



El señor PRESIDENTE: Señor García Díez.



El señor GARCÍA DÍEZ: En primer lugar, le querría decir al señor Moraleda que tiene que entender, porque si no lo entiende así evidentemente no entiende la mecánica de esta Comisión, que yo no hablo en nombre del conselleiro de ninguna
comunidad autónoma ni en nombre de ninguna organización agraria, ni sindical ni de otro tipo. sus opiniones tienen para mí toda la autonomía y toda la validez, sean cuales sean, en cualquier comunidad autónoma. Tiene que entenderlo, yo hablo como
portavoz en este momento de un grupo parlamentario y punto. Compartiremos o no compartiremos las opiniones con las personas que usted ha citado. Es fundamental que lo entendamos así.



En cuanto a la libertad de mercado y a que usted me dice que no puede entender cómo se puede hablar al mismo tiempo de cuota y de libre mercado, yo le digo lo que opinan organizaciones o el sector de boca de Conafe o Fefriga, que son,
entiendo que compartirá conmigo, igual de respetuosas que otras organizaciones tanto empresariales como de otro tipo, que dicen textualmente, y traduzco del gallego, que para construir un sector competitivo es necesario mantener un mercado libre, no
dejar un mercado libre vulnera los derechos, limitar el crecimiento de las explotaciones que lo quieran o lo necesiten es poner trabas a la competitividad del sector, cayendo el plan en un gran contrasentido. Ese es el contrasentido, el del plan,
no el de la dualidad cuota-libre mercado. Pero esa no era mi guerra, por decirlo de alguna forma. A mí me parece mucho más importante que hablemos o que aclaremos algunos temas sobre los que usted ahora ha aportado algún dato. Yo creo que es la
base de esto, que es ese intervensionismo.



Aquí se suprime la compraventa de cuota entre ganaderos, eso es algo evidente, se suprime, se elimina esa posibilidad. Nunca será propiedad del ganadero. No es a mitad de precio para todos los ganaderos, usted mismo lo acaba de decir; ahí
hay un criterio del que tiene o no tiene poder adquisitivo, pero no es para todos por igual, y discrimina negativamente a las pequeñas explotaciones. Eso es poner sobre la mesa opiniones sobre la base de datos claros del borrador de este plan.



Yo le sigo diciendo que a Galicia no le beneficia porque, al suprimir la compraventa, está perjudicando a la comunidad que era la que más cuota compraba a otras comunidades autónomas, y no hará falta que le dé yo datos, que los tiene usted
mucho mejores, y además es que en Galicia están precisamente las explotaciones de dimensiones más reducidas comparadas con otras comunidades.



Le pongo un ejemplo muy claro en cuanto a la mención de que nunca había y que nunca hubo voluntad de gobiernos anteriores de tener un fondo para repartir donde hacía falta cuota. En el hipotético caso de que se cumplieran las previsiones
más optimistas ahora al generar este fondo que se pretende con el nuevo plan, de llegar a tener 200.000 toneladas para repartir, con los límites que se ponen en el plan por tramos, a Galicia, que tiene en el intervalo de cuotas el 82 por ciento de
las explotaciones con una cuota entre cero y 177.000 kilos, le aplican en este borrador de plan un 45 por ciento de límite para el reparto. Si evidentemente fuera, como dijo usted antes, Galicia preferente, ¿por qué le aplican esta limitación del
45 por ciento, cuando a aquellas explotaciones que tienen intervalos de cuota que superan los 177.000 kilos, como por ejemplo en Cataluña -de las explotaciones de estas características son el 71 por ciento-, en lugar de aplicarles el límite del 45,
les aplican el del 55? Por eso decía antes que dónde está realmente esa voluntad o esa opinión de que Galicia es la que se beneficia, porque ahí tiene el dato de que el 82 por ciento de las explotaciones que están dentro de esas características
tienen un límite en el reparto de cuotas del fondo que no tienen otras comunidades porque las características de sus explotaciones son diferentes.



En cuanto a la oportunidad, nosotros pensamos que el momento es inoportuno porque, como sabe, este, el año en el que estamos, es el último de esa prima láctea a la que usted hacía referencia hace un momento previo al pago que se fijará...
(Rumores.) Perdón, señor presidente, yo no suelo hacer comentarios cuando están hablando los demás portavoces, pero bueno, usted sabrá, que es quien dirige la sesión. Le decía que este es el último año de prima láctea previo al pago único que se
fijará según la cuota láctea disponible a 31 de marzo de 2006, pero los ganaderos gallegos que abandonen este año dejarán de cobrar la prima láctea durante los próximos siete años, lo que supone una pérdida, como decía antes mi compañera, de unas 40
pesetas, que se entiende mucho mejor que no en céntimos de euro, por kilo. Si esto no es inoportunidad, aunque solo sea por este detalle, al margen de otros que usted ha mencionado, entendemos que está mal planteado.



Ya termino, señor presidente. Nosotros, de verdad, creemos que es muy importante alcanzar el consenso en este plan, y aunque usted haya hecho mención sin


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decirlo a que hay alguna organización y que hay alguna comunidad -ahí sí ha manifestado claramente que era Galicia- que no llegaron a ese consenso, nosotros entendemos que esa mayoría social no está representada en este consenso, ni en el
número ni el porcentaje de personas que han aceptado el plan, porque solamente Galicia ya representa el 53 por ciento de las explotaciones; por lo tanto, que esa comunidad autónoma en este momento no esté apoyando este plan no creo que sea ni por
cuestiones políticas ni por las razones que aquí se han dejado flotando en el aire mientras yo intervenía. Hay mucha más responsabilidad en esto, se lleva trabajando muchos más años en el tema como para que haya ahora una coyuntura para tratar de
ir en contra de un plan si en Galicia se pensara que este plan podía favorecer los intereses de los gallegos.



El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda, con brevedad por favor.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Sí, muy rápidamente. Primero, entiendo que no nos pongamos de acuerdo, pero sigo sin entender cuáles son las razones que tengan relación con el sector lácteo,
otras las puedo intuir pero pertenecen al mundo de la confrontación política que unas veces se objetivan y otras no. Respecto de por qué esto no es bueno para Galicia, si tiene alguna duda, salga de Galicia, pregunte a cualquier comunidad autónoma
o a cualquier ganadero, pregúntele si Galicia es beneficiaria o no de este plan, y cuando les escuche, por favor, me dice qué sensación y qué respuesta tiene, solo eso.



Me gusta hablar de Galicia, pero me gusta hablar más de los gallegos.
Ustedes tienen un procedimiento que beneficia al 2 por ciento de los productores gallegos, nosotros uno que beneficia al 98 por ciento de los mismos; el 2 por ciento que
ha acaparado cuota, que quería tener unas perspectivas de tener una renta garantizada mediante la ayuda directa y que ha comprado cuota por encima hasta del millón de toneladas, algunos significados gallegos, y otros, el 98 por ciento, que veían que
no les venía del Estado y no podían acceder al mercado. Esa es la diferencia.
Respecto de la propiedad o no de la cuota por parte del ganadero, le tengo que significar para que quede claro que la cuota que da el Estado, si el ganadero deja de
producir, vuelve al Estado para poderla dar a otro ganadero, no para que esa cuota, como ustedes hicieron, pase a ser propiedad de la especulación, que es lo que se ha hecho con la Agenda 2000.



Por último, créame que me siento bien acompañado. La mayoría social del campo gallego está con el plan y el único dato objetivo para decir esto son las elecciones a cámaras agrarias democráticas celebradas en Galicia.
Si a esas elecciones
nos atenemos, la mayoría del campo gallego ha visto adecuadamente este plan. Lo dije al principio, este plan no es radical, porque si así lo fuera, el Gobierno francés del señor Chirac habría pasado por uno de los gobiernos más radicales de la
Unión Europea.



- DEL SEÑOR RAMÓN TORRES (GRUPO PARLAMENTARIO ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA), SOBRE POSICIÓN QUE DEFENDERÁ EL GOBIERNO ANTE LA NUEVA PROPUESTA DE MARCO FINANCIERO 2007-2013 Y SU AFECTACIÓN A LA AGRICULTURA DEL ESTADO ESPAÑOL. (Número de
expediente 181/000994.)


El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta del orden del día, en este caso de don Jordi Ramón Torres, del Grupo de Esquerra Republicana, sobre posición que defenderá el Gobierno ante la nueva propuesta de marco financiero 2007-2013 y su
afectación a la agricultura del Estado español. Su señoría tiene la palabra.



El señor RAMÓN TORRES: También quiero dar la bienvenida al señor secretario general, señor Moraleda, y agradecerle que comparezca hoy para aclararnos algunas de las dudas que se nos plantean.



La pregunta es sobre el marco financiero; el año que viene se acaba el actual y en breve se va a discutir el relativo a los años 2007-2013, que marcará los presupuestos europeos para este período. Dentro de ese marco se van a discutir,
cómo no, las cuestiones agrarias, y los fondos para el PDR, para el plan de desarrollo rural tendrán un papel importante. Las noticias que nos llegan avanzan que puede haber un recorte considerable de estas ayudas, y aunque no lo hubiera con el
ingreso de nuevos países miembros que va a tener la Unión Europea, a nuestro entender, estos fondos del PDR van a ser absolutamente necesarios. Lo que más nos preocupa, y lo hemos venido diciendo, es que la Comisión también propone integrar la red
Natura 2000 en las políticas comunitarias de ordenación territorial; por tanto, la cofinanciación comunitaria de los proyectos de Natura 2000 se obtendrá fundamentalmente de los instrumentos comunitarios para las financiaciones ya existentes. La
Comisión ha adoptado además unas propuestas de reglamentos sobre los fondos de desarrollo rural y de los fondos estructurales que aumentarían los fondos disponibles a través de dichos instrumentos para los proyectos de Natura 2000. También sabrá
usted que el reparto de los fondos Feader y de los fondos estructurales no se realiza sobre criterios de superficie, sino que para cada Estado incluido en la red Natura 2000 se va a realizar sobre necesidades derivadas de su financiación y con
arreglo a criterios socioestructurales, lo cual significa un perjuicio importante para el Estado español porque este aporta el 27 por ciento de la superficie de la Unión Europea, lo que va a representar un agravio comparativo en relación con otros
Estados que no


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aportan un porcentaje tan elevado y que van a tener una financiación superior.



Nos preocupa qué posición va a tener el Gobierno en estas discusiones para el nuevo marco de financiación y me gustaría que usted nos pudiera avanzar cuál será dicha posición para esta nueva propuesta de marco comunitario, sobre todo en lo
que hace referencia a las perspectivas financieras agrarias de estas negociaciones que va a emprender el Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Antes de nada, debo significar la oportunidad de la pregunta, dadas las circunstancias efectivamente en las que se están desarrollando las conversaciones sobre
perspectivas financieras ante el nuevo marco financiero 2007-2013 y, consecuentemente, por la afectación que sin duda ello va a tener sobre las líneas presupuestarias relacionadas con la política agraria y los marcos financieros agrarios. Como
usted conoce, la discusión de las perspectivas financieras se inscribe en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea y seguramente el acuerdo político final para cerrar las mismas vaya a exigir, yo diría que casi con toda probabilidad, un
acuerdo en la reunión de un Consejo Europeo. Dicho lo cual, voy a exponer las líneas que sobre las perspectivas financieras en materia agraria están siguiendo los negociadores españoles.



En relación con la línea del mercado de ayudas directas, la que se conoce como línea directriz 2 del marco financiero, nuestra opinión es que debe de mantenerse el acuerdo del Consejo Europeo de octubre de 2002 en Bruselas, por el que se
establecía la financiación de la Unión Europea a 25 en un perspectiva de financiación 2007-2013. En términos reales la financiación agraria ya la ha resuelto el Consejo; por tanto, no debiera, desde nuestro punto de vista, revisarse esa decisión,
insisto, del Consejo; mientras que sobre las otras, independientemente de la formulación que se hace para acercarse a un principio de consenso o no, el Consejo tiene que tomar decisión, la línea directriz agrícola tiene el precedente en una
decisión del propio Consejo. A la misma habría que añadir la financiación que correspondería a la decisión política de nuevas integraciones, en particular Bulgaria y Rumania. Con este supuesto y según las estimaciones de la Comisión, después de
dejar los 300 millones de euros como margen de seguridad, las perspectivas financieras cubrirían todos los gastos presupuestados, menos 5.694 millones de euros en todo el período para la Unión Europea ya a 27. Este desfase, pequeño, sería enjugado,
bien por ahorros en el presupuesto -hay que recordar que en muchas ocasiones la línea directriz agrícola nunca se agota y por tanto se obtienen ahorros en algunos ejercicios- o bien por la aplicación de la disciplina financiera, lo cual podría
suponer una disminución muy poco significativa del conjunto de ayudas. En términos reales nos parece que el presupuesto financiero para la política agraria común en lo que respecta a mercados está decidida por el Consejo y estudiada en su evolución
hasta 2013 dentro de las perspectivas financieras de la Unión.



En cuanto a la línea de desarrollo rural, hay que señalar que la discusión del reglamento está estrechamente unida a la decisión de las perspectivas financieras, y que en este sentido la Comisión ha hecho una propuesta muy ajustada. Por
otra parte, el compromiso de la presidencia introduce una rebaja significativa en esta línea, de manera que no puede ser observada por el Gobierno español con satisfacción, pero esta decisión en todo caso estará relacionada con el ámbito de
discusión que se desarrolla actualmente en el reglamento de desarrollo rural y que la Presidencia luxemburguesa tiene el objetivo de poder cerrarlo durante el mes de junio próximo, que es su último mes de presidencia.



Respecto a las consideraciones que se han hecho en particular por otra institución parlamentaria, el Parlamento Europeo, en relación con las medidas sobre cofinanciación agrícola, desde nuestro punto de vista no es el camino adecuado para
obtener los recursos precisos que garanticen el mantenimiento de unas perspectivas financieras estables y adecuadas a los objetivos que persigue la Unión. No nos parece adecuado, primero porque es un instrumento que terminará produciendo
renacionalizaciones de la política agraria; por tanto, no es solo por un análisis de balance para el Estado español respecto de lo que benefician o perjudican los ingresos procedentes de la política agraria puesto que la cofinanciación sería en
todo caso obligatoria y los agricultores y ganaderos no verían mermados sus ingresos, sino respecto de lo que significa para el futuro de la política agraria como un instrumento común, que es la respuesta a un mercado común, un instrumento político
a través de reglamentos que es común ante un mercado que es común. Esta es la situación que puedo señalarle en estos momentos, si bien, como le he comentado al principio, todo parece indicar que, de producirse un acuerdo, este será en todo caso en
el marco del Consejo Europeo.



El señor PRESIDENTE: Señor Ramón Torres.



El señor RAMÓN TORRES: Señor Moraleda, la pregunta es oportuna porque estamos en una situación de negociación pero también lo es, yo diría, por el mal estado del sector agrario en el Estado español. La semana pasada salió una encuesta en
Cataluña de explotaciones agrarias que destacaba que solo el 30 por ciento de las mismas estaba dentro de la media de los salarios no agrarios; o sea, que el 70 por ciento están en una media inferior a los salarios no agrarios en el Estado


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español. Eso, unido a que el 30 por ciento de los titulares de explotaciones tiene ya más de 60 años, nos da un panorama bastante difícil o bastante preocupante para la continuidad del sector. Creo que tendríamos que estar un poco alerta
ya que estas negociaciones europeas pueden ayudar al sector.



Yo le preguntaba por el plan de desarrollo rural y básicamente por la financiación de la red Natura 2000 porque también es una idea preocupante que se puedan minorar estos fondos de desarrollo rural intentando incorporar nuevas ayudas
agroambientales que lo que hagan sea que, de la bolsa general que teníamos, vayamos sacando financiación para otros conceptos. Usted hacía referencia al Parlamento Europeo. El pasado 10 de marzo el mismo aprobó una resolución según la cual estos
programas de gestión de la red Natura 2000 tenían que financiarse a cargo de un fondo especial y que no se cargarían ni al Feade ni a los fondos estructurales porque se entendía que eso iba en detrimento del desarrollo agrícola o el desarrollo rural
que tenía que impulsarse en los Estados miembros. El Comité Económico y Social Europeo también se ha referido a esta cuestión y ha comentado la necesidad de conseguir una partida extraordinaria para financiar esta red Natura 2000, pero es que, si
somos un poco justos, la preservación del medio ambiente va en beneficio de la sociedad en general. Si nosotros cargamos esta financiación de la red Natura 2000 a los fondos estructurales, al final vamos a hacer pagar esta preservación del medio
ambiente, incrementada con la problemática de la preservación de las zonas ZEPA que usted sabrá que tenemos en Cataluña y de los hábitats naturales, solo a los agricultores y solo a la gente que se dedica a la agricultura, y mi grupo parlamentario
entiende que debería ser una financiación a incrementar y que pagara la totalidad de la sociedad europea, para ser totalmente justos. No vamos a analizar si son justas o no estas ayudas agroambientales, con muchas de las cuales estamos de acuerdo,
porque entendemos que la necesidad de preservar el medio ambiente es una cuestión que a futuro nos tendrá que preocupar a todos, pero en nuestra opinión no deben ser los agricultores, un sector ya bastante tocado, los que financien estas ayudas;
por tanto, la posición del Gobierno español en estas negociaciones en este caso concreto de las ayudas agroambientales tendría que ser claramente la de buscar financiación paralela y que no sean cargadas ni al Feader ni a los fondos estructurales y
que los planes de desarrollo rural sirvan para hacer desarrollo rural y para que este sector tan tocado pueda verse ayudado con estos fondos.



Espero que entienda nuestras reclamaciones y que vea ese posicionamiento y le agradecemos, como le he dicho al principio, su buena voluntad al exponernos cuál va a ser la posición sobre la que entiendo que nos ha dado una información
bastante exhaustiva para saber cómo se está encarando este tema.



El señor PRESIDENTE: Señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): En primer lugar quisiera hacerle una consideración porque, a fuerza de repetir algunas cosas, termina por parecer que son así. En el supuesto, y no es la
disposición del Ministerio de Agricultura, de que la red Natura entrara con un porcentaje significativo de los fondos del reglamento de desarrollo rural, se podría deducir que son los agricultores los que dan esas ayudas a ese nuevo concepto, porque
en términos reales la política agraria se nutre de los impuestos de los ciudadanos, aportaciones del Estado, y en todo caso es justo lo contrario; otra cosa es que tengan esa prioridad o no, porque se puede dar la sensación de que se quita ayuda a
un agricultor para dársela a otra persona vinculada o no al medio ambiente, y esto no es cierto y me gustaría decirlo para tratar de acercarnos también lo más posible a la realidad de los instrumentos financieros europeos.



Comparto la preocupación respecto del transvase del fondo de la red Natura, pero no tanto por esa consideración, sino por los efectos que pueda tener en términos reales de eficacia sobre el desarrollo rural que todo el mundo persigue y que
tiene que ser además compatible con la preservación medioambiental. Pero ahí está el reglamento de condicionalidad, desarrollado ya por un decreto consultado con todas las comunidades autónomas, y ese es el ámbito en el que creo que tiene que
circunscribirse el compromiso agrícola para con el desarrollo sostenible; esto es, las ayudas se reciben a través de requerimientos establecidos por la condicionalidad de las mismas y esa condicionalidad tiene un componente medioambiental muy
elevado.



Respecto del conjunto del reglamento, la discusión se centra más en otros paisajes. Hay un modelo de determinación de zonas desfavorecidas que rompe el statu quo y que hace que la propuesta de la Comisión sitúe como zonas desfavorecidas las
zonas tradicionalmente periurbanas. Cataluña tiene entrada de zonas periurbanas y tiene salida de zonas eminentemente rurales. Aquí tenemos un amplísimo consenso y hemos trasladado a la Comisión que ese modelo no funciona en España; que si algún
país tiene intención de considerar como zona especial de atención dentro del reglamento del desarrollo rural las zonas periurbanas, debe de buscarse otro procedimiento, porque ahí sí hay una transferencia significativa de fondos de un territorio a
otro. Por tanto, yo creo que a la Comisión le hemos demostrado que no funciona su modelo, que nos aleja del principio en el que todos estamos de acuerdo y espero que finalmente, junto a la posición de otros países, en particular Francia y Alemania,
podamos conseguir en la negociación de junio una reorientación de ese reglamento.



El segundo elemento que quería aprovechar para trasladarles es la tipificación que se hace de microempresas dentro del reglamento comunitario, una tipificación


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que creo que está alejada de la realidad rural, y en este sentido el Gobierno español, también con el consenso adecuado con las comunidades autónomas, ha trasladado a la Comisión Europea la necesidad de recoger una singularidad, que es la
del modelo cooperativo. Nosotros nos hemos manifestado favorables al establecimiento de un techo sobre los requisitos para poder optar a las ayudas, pero hemos significado que el modelo cooperativo tiene que ser destinado en la financiación a ese
concepto de microempresas y hemos establecido un techo financiero y un techo de socios. Tengo que decir que la propuesta española de partida es de 200 meuros y 750 trabajadores para hacer una aproximación de llegada a 100 millones de euros y 500
trabajadores. Le tengo que significar que en esa circunstancia tan solo hay tres grupos en España que son grupos cooperativos pero tienen una dimensión en el mercado o una vocación de mercado muy significativa, con lo cual con esa tipificación no
estaríamos sino recogiendo y dando cobertura a todo el movimiento cooperativo que está asentado en el medio rural. Lo hacemos por una razón que me parece que es concluyente. Una cooperativa, y aquí hay personas que bien la conocen, agraria o
agroalimentaria en el medio rural nace y desaparece, pero no se deslocaliza, y aunque solo sea por este elemento de permanencia en el territorio, aunque cambiante, nos parecía que era fundamental establecer una línea preferente para el mundo
cooperativo en el nuevo reglamento del desarrollo rural.



El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a la última pregunta, recuerdo que inmediatamente que termine el desarrollo del orden del día suspenderemos la sesión exclusivamente por cinco minutos para despedir al secretario general y continuaremos
con lo que estaba previsto a continuación, la constitución de la ponencia para la Ley de Arrendamientos Rústicos. No recuerdo para los que están presentes y los que pudieran estar en otras tareas parlamentarias.



- DEL SEÑOR GRAU I BULDÚ (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RESPECTO DE LOS CRITERIOS DE OBJETIVIDAD PARA DETERMINAR LA CUOTA MEDIA ANUAL Y LA ESPECIFICIDAD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN SUS POLÍTICAS PARA LA
REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO. (Número de expediente 181/000997.)


El señor PRESIDENTE: Y ahora sí, la última pregunta del orden del día, en este caso del diputado don Pere Grau i Buldú, respecto de los criterios de objetividad para determinar la cuota media anual y la especificidad de las comunidades
autónomas en sus políticas para la reestructuración del sector lácteo. Su señoría tiene la palabra.



El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor Moraleda, por su comparecencia, y me sumo al agradecimiento por sus intervenciones en esta Comisión. Igualmente, me sumo a las declaraciones del presidente al inicio de la sesión para condenar
el acto terrorista que ha tenido lugar esta mañana.



Voy a centrarme en la pregunta para hablar del sector agrario desde otra óptica, desde el lado catalán. Si la Comunidad Autónoma de Galicia ha hecho sus reivindicaciones, por parte del Grupo Catalán vamos a hacer una serie de
puntualizaciones sobre este plan de reestructuración, que para Cataluña es perjudicial. Parece como si se tratara de una merma de capacidad en la cuota de la reserva nacional que va a quedar después del plan de reestructuración, cuando nos sentimos
cumplidores de los objetivos y de las directrices que han tenido los diferentes gobiernos en el tema agrario.



Nuestros consejeros de Agricultura han intentado cumplir, y además creo que así lo han negociado positivamente en las diferentes mesas nacionales, con los objetivos con el fin de hacer un sector productivo, moderno, con inversiones, con
sacrificio por parte del agricultor. En estos momentos el sector que ha cumplido, que ha hecho bien sus deberes, se siente discriminado, o al menos poco atendido, sobre la base de una solidaridad que realmente intenta favorecer a un grupo
minoritario de agricultores desfavorecidos, al considerar, por ejemplo, que es un poco arbitrario el hecho de marcar los 177.000 kilos de leche al año.
Realmente la media catalana está por encima de esta cantidad. Se han hecho unos estudios de
rentabilidad media en las granjas, basándose en un determinado cumplimiento, y el sector catalán se siente discriminado o al menos desfavorecido respecto a los beneficios que tiene otro sector. Por ello, las posibilidades cara a la reestructuración
son menores. Al menos algunos productores a quienes hemos consultado consideran que no se les ha dado el mismo trato que a otros sectores.



Usted nos ha hablado en su reestructuración de equidad, de solidaridad y posiblemente de alguna pérdida, pero en todo caso yo me pregunto qué ha hecho mal Cataluña en el pasado para que ahora tenga esta paralización.
¿Cómo se ha delimitado
el objetivo de máximos? Porque Cataluña puede resultar perdedora. ¿Cuáles son las posibilidades de los granjeros catalanes en el futuro? ¿Son granjas más pequeñas o son granjas medianas más concentradas?


Estas son las dudas que tenemos y esperamos las opiniones del ministerio en la reestructuración del sector lácteo.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): El objetivo del plan no es la solidaridad, ni siquiera la equidad; el objetivo del plan es la modernización del sector lácteo español, aunque parezca lo
contrario, porque


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como no se ha hecho nada es muy abundante la presencia y los contenidos de ese decreto.



Usted ha dicho antes que no supone una innovación revolucionaria de la Unión Europea. Francia viene sistemáticamente aplicando un precepto de actuación administrativa sobre los sectores OCM y en particular sobre el sector lácteo. Usted
estará de acuerdo conmigo en que Francia es más competitiva que España en el sector lácteo. Sólo quiero darle dos datos sobre esa consideración general. Es más competitiva y, sin embargo, tiene una regulación que dificulta o impide en términos
reales la salida de cuota de sus zonas de montaña, y es más competitiva con un promedio por explotación por debajo del que tienen ustedes en Cataluña. ¿Por qué? Porque la competitividad no es directamente proporcional a los kilos de cuota que se
tengan por explotación; la competitividad es algo más complejo que tiene que ver con las relaciones contractuales con la industria, con los costes de producción y con los canales de distribución, y ustedes están bien y van a seguir estando bien con
este plan de reestructuración del sector lácteo.



Se ha simplificado en exceso porque se han cogido las explotaciones de referencia y a partir de ahí todo el mundo se encuentra dentro o fuera de los 177.000 kilos. Le voy a dar otra cifra. Fíjese en los 250.000 kilos por explotación, que
es el estrato que se le ha olvidado, es donde están, de tal manera que van a poder recibir también, con una ventaja respecto a lo que hacían antes, y nadie quedará excluido. Por tanto, créame, porque no es verdad. Ningún ganadero, tenga la
dimensión que tenga, quedará excluido del fondo, y el precio será significativamente más barato que en el mercado libre, por lo que podrán crecer más si quieren. No es, como le digo, la solidaridad en sentido clásico lo que nos ha inspirado en el
plan, sino tener un sector más vertebrado y la competitividad tiene mucho que ver con el grado de organización interna de un sector, porque es a lo que atiende de verdad el mercado.



Sinceramente hemos tocado suelo en lo que se refiera al número de explotaciones de una dimensión promedio determinada, y lo único que está pretendiendo el plan es tratar de que no haya una desviación tan enorme entre el 2 por ciento con el
20 por ciento de cuota y el 98 por ciento restante, porque esto no es bueno ni para la industria láctea ni para los ganaderos ni para el sector. Lo mismo que una sociedad -ustedes saben mucho más de esto que yo- es más avanzada cuando es más
democrática y está más vertebrada socialmente, en economía ocurre igual. Un sector más vertebrado, más cohesionado, sin tantas diferencias internas es más competitivo, por lo menos esta es la confianza que tiene en estos momentos el Ministerio de
Agricultura.



El señor PRESIDENTE: Señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Señor Moraleda, estoy de acuerdo en que mi concepto de modernización y competitividad pueden ser diferentes de la dimensión de la granja y había obviado el tema de los 177.000 kilos, que era una barrera, la mayor,
porque se dedica al 50 por ciento de la cuota nacional, pero los 250.000 son el 20 por ciento y a partir de esa cifra es el 30 por ciento, sin ninguna aportación suplementaria en el momento de la compra.



Yo le hablaba de si no habíamos hecho bien los deberes en Cataluña porque el principio del 2 por ciento con el 20 por ciento de la producción no se da en Cataluña. El 2 por ciento no se da en nuestra comunidad. Usted hablaba del 2 por
ciento -debe ser a nivel estatal- con el 20 por ciento de la producción y el 98 por ciento tiene solamente el 80.



Históricamente la gestión del Gobierno catalán no ha tenido la pretensión de estas acumulaciones que ustedes pretenden resolver y que posiblemente sea el objetivo coherente para que tengamos el tema estructurado de una forma media, con una
normativa que pueda ser más eficiente para todos los granjeros y que no exista alguna punta que tenga una posición de dominio o de alteración de mercado, en esto podemos estar absolutamente de acuerdo.



El sector catalán, en definitiva, se siente un poco perjudicado o al menos desorientado en este tema y no se me acaba de explicar. Han ido sucediéndose diferentes regulaciones, sobre las cuales su ministerio puede estar o no de acuerdo, y
ha habido una voluntad de consenso, una voluntad de entendimiento, una voluntad de ajustar el mercado para evitar las desviaciones incontroladas, las sobreproducciones para que no haya agravios importantes en el mercado. Nuestra pregunta va
dirigida a que queremos preservar esta trayectoria histórica de que haya un entendimiento con la Administración en los diferentes canales.



Me gustaría que me dijera si realmente Cataluña está en la media de la productividad que ustedes pretenden o si al menos estamos disparados. Me ha hablado de Galicia, en donde existe un problema social importante con un gran número de
pequeñas granjas que necesitan el apoyo del Estado.
Desde la visión del Gobierno, nos gustaría que nos dijera si nos sobrepasamos en la cuota. Como le decía antes, habrá que reducir la cuota nacional o al menos este equilibrio no permitirá
territorializar una determinada producción, dado que el sector ya ha cumplido una normativa, y se ha adecuado a la media de las granjas.



A partir de este nivel, ¿no sería lógico, al menos es nuestra pregunta, mantener cuando mínimo esta posición? La regulación, una vez hechos los trasvases entre comunidades autónomas, es uno de los grandes logros o al menos una de las
grandes situaciones que provoca el real decreto de reestructuración. Usted me ha dicho que la reestructuración pasa por otros temas. Si por una parte hay la bajada de las cuotas de la reserva nacional, por otra una determinada dificultad porque
las dimensiones son más elevadas de la media nacional, y por último las perspectivas están más limitadas ¿Qué podemos


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decir a nuestros granjeros en cuanto a la perspectiva del sector lácteo en Cataluña?


El señor PRESIDENTE: Para finalizar, señor Moraleda.



El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Moraleda Quílez): Los productores catalanes saben perfectamente lo que cabe esperar a corto, inclusive a medio plazo. La discusión sobre el sentido de oportunidad para acceso al
mercado vinculado a la cuota me parece un error. Los productores catalanes también lo han entendido así, porque un crecimiento descontrolado de la cuota para después tener un problema de distribución y de precio con la industria genera, por
economía de escalón, un problema mucho más difícil De todas maneras los crecimientos descontrolados pueden conducir a problemas serios. De hecho, los últimos problemas de precios son significativamente mayores en quienes tienen inversiones que
poder satisfacer bajo deuda y perspectivas de financiación escasas.



Como le decía antes, creo que establecer competitividad y dimensión de cuota es un problema más complejo, y luego depende de cómo se enfoque.
Déjeme que le haga una pregunta sobre qué ha hecho Cataluña para merecer esto, que es lo que viene
a decir un poco en su reflexión. Si fuéramos en sentido estricto muy ausentes de un análisis de mercado, por tanto, del conjunto del comportamiento del mercado, aunque luego después haya una aspiración gallega, catalana, castellano-manchega, ¿qué
le parecería si regionalizáramos las penalizaciones por sobrepasamiento de la tasa de la cuota láctea? Nos encontraríamos con una situación que nos daría la foto, con comunidades que crecen y que tendrían que asumir el efecto del crecimiento. No
lo haremos porque pensamos que eso produciría distorsiones más que evidentes en el mercado lácteo. Si no hacemos eso porque perjudicaría a Cataluña, tampoco queremos adentrarnos en el sector lácteo como un todo. Entiendo la legitimidad de lo que
dice, pero créame que con este plan tendremos un sector más competitivo y, por tanto, con más capacidad para defenderse del mercado libre. Ustedes saben que estamos empezando a recibir importaciones de leche en brik procedentes de Francia y que
tiene más influencia la labor de distribución sobre el precio final de los productores que este plan de ordenación. Por tanto, creo que la complejidad y el cierto sentido de cohesión que también pretendemos en las normas son en este caso
perfectamente compatibles.
Este sector será más moderno y más competitivo después del plan.



El señor PRESIDENTE: Solo queda agradecer la presencia de don Fernando Moraleda, secretario general de Agricultura, Pesca y Alimentación del ministerio, y seguir contando con total seguridad con su presencia siempre que sea demandado por
los distintos grupos parlamentarios.



Se levanta la sesión.



Era la una y veinte minutos de la tarde.