CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 283

ASUNTOS EXTERIORES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP ANTONI DURAN I LLEIDA

Sesión núm. 16

celebrada el miércoles, 18 de mayo de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre la masacre de San José del Apartadó y la violencia sistemática sobre la Comunidad de paz San José del Apartadó y otras regiones colombianas. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente
161/000718.) ... (Página 2)


- Relativa a la condena de las torturas y tratos inhumanos y degradantes infligidos a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en Irak y por particulares por ellas contratados.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000028.) ... (Página 5)

Página 2


- Sobre defensa de la libertad de expresión en Venezuela. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000796.) ... (Página 9)


- Sobre la no existencia de armas de destrucción masiva en Irak.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000799.) ... (Página 14)


- Relativa al proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000924.) ... (Página
18)


Examen del informe sobre la reforma de las Naciones Unidas elaborado por el grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados ... (Página 22)


Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.



El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Señorías, comienza la sesión.



Lo que era el primer punto del orden del día, el informe sobre la reforma de las Naciones Unidas, elaborado por el grupo de trabajo que ustedes conocen, lo pasaremos al final del orden del día.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA MASACRE DE SAN JOSÉ DEL APARTADÓ Y LA VIOLENCIA SISTEMÁTICA SOBRE LA COMUNIDAD DE PAZ SAN JOSÉ DEL APARTADÓ Y OTRAS REGIONES COLOMBIANAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC) (Número de expediente
161/000718.)


El señor VICEPRESIDENTE (Benegas Haddad): Continuamos con las proposiciones no de ley. Punto segundo del orden del día, sobre la masacre de San José del Apartadó y la violencia sistemática sobre la Comunidad de paz San José del Apartadó y
otras regiones colombianas.



La propuesta ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra de Republicana. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, la señora Bonás, por un tiempo de diez minutos.



La señora BONÁS PAHISA: Dado que desde los años ochenta el corregimiento de San José de Apartadó fue escenario en el que hicieron presencia múltiples actores violentos que se asentaron por diversas razones en su territorio, afectando
gravemente a la población civil en sus derechos más fundamentales, por insinuación del entonces obispo de Apartadó, monseñor Isaías Duarte Cancino, los pobladores de San José comenzaron a diseñar un modelo de comunidad no comprometida con ningún
actor armado, que pudiera reivindicar transparentemente su condición de población civil y exigir a todos los actores armados respetarla como tal. Esto se fue haciendo realidad desde finales de 1996 y se oficializó el 23 de marzo de 1997 en una
ceremonia pública en la cual se firmaron los compromisos.



El reglamento que la Comunidad fue elaborando establece la no colaboración, ni a través de informaciones ni de venta de alimentos ni de apoyo logístico alguno, con los diversos actores armados que participan en el conflicto interno. Exige
de éstos a su vez la no presencia ni paso de ningún arma por los territorios consagrados a la vida y trabajo de la Comunidad y la no utilización de esos territorios para actividades bélicas. Lamentablemente la respuesta de los actores armados ha
sido la de agredir de la forma más brutal a la Comunidad. Un frente de las FARC asesinó en octubre de 1997 a tres integrantes de la Comunidad que se negaron a venderles alimentos y en algunas ocasiones han ingresado con armas al espacio humanitario
de vida y trabajo de la Comunidad para realizar acciones violentas.



Por su parte, el Ejército nacional, a través de unidades adscritas a la XVII Brigada con sede en Carepa, casi siempre acompañado o coordinado con grupos paramilitares, ha asesinado a más de un centenar de pobladores, la mayoría de ellos
integrantes de la Comunidad de paz, así como perpetrado desapariciones forzadas, torturas, bombardeos, violaciones carnales, saqueos y pillajes, amenazas, desplazamientos forzados, y ha mantenido a la Comunidad en un ambiente permanente de terror.
El 21 de febrero de este año, 2005, hacia las once de la mañana fueron retenidos en las inmediaciones del río Mulatos Luis Eduardo Guerra, de 35 años, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, su hijo Deiner, de 11
años de edad y una muchacha de 17. Al día


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siguiente habitantes de la región encontraron huellas de sangre y una fosa con varios cuerpos, entre ellos de menores de edad; algunos de los cuerpos mostraban señales de mutilación. Dos horas más tarde lograron corroborar el hallazgo de
cinco cuerpos; esto es, dos menores de edad, uno de 6 años, otro de un 1 año, una mujer y dos hombres. En un comunicado, los integrantes de Brigadas Internacionales de la Paz en Colombia, expresaron su profunda consternación y dolor frente al
asesinato de Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la Comunidad de paz de San José, quien gozaba de prestigio internacional y representaba a la Comunidad en su diálogo con el Gobierno. Según informe de Amnistía Internacional, las matanzas
tuvieron lugar en el curso de operaciones militares de la XVII Brigada. Las matanzas coinciden con el intento de retorno de algunas familias a la abandonada aldea de San José de la Esperanza el 23 de marzo de 2005. Ya hubo un previo intento de
repoblación en abril de 1999 que coincide con el asesinato de varios miembros de la Comunidad de paz en abril de ese año.



Ante estos hechos preocupan las declaraciones públicas realizadas por el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, según las cuales el Gobierno tiene la firme determinación de acabar con las comunidades de paz, estableciendo una presencia
permanente del ejército en el casco urbano de San José, presencia que atenta contra los principios de la Comunidad de paz y obliga de paso a una convivencia permanente con una institución que ha sido señalada como responsable directa e indirecta de
la mayoría de crímenes que se han cometido durante los últimos ocho años en este corregimiento y por los cuales se ha insistido en la realización de investigaciones profundas y serias; preocupan las gestiones que directamente la Vicepresidencia de
la República colombiana adelantó con parte del cuerpo diplomático para tratar de desvirtuar la responsabilidad que pueda imputarse a los miembros de la Brigada XVII en la comisión de la masacre del 21 de febrero; preocupan las amenazas de muerte
recibidas por miembros de las Brigadas Internacionales, entre los que se encuentran ciudadanos españoles.



Señorías, ya debatimos sobre Colombia, hoy no queremos entrar otra vez en el debate sobre la guerra civil que viene azotando a Colombia desde hace más de 50 años. Ya dije en la anterior sesión de la Comisión que el problema de Colombia se
solucionará cuando se legalice la cocaína. Hoy presento un caso concreto en el que testigos presenciales confirman que han estado implicadas fuerzas gubernamentales. Ante las amenazas a cooperantes internacionales, creemos que el Gobierno del
Estado español, un Gobierno comprometido con la paz, no puede mirar hacia otro lado y mantener un silencio cómplice. Pedimos al Gobierno que condene la masacre de San José, que pida al Estado de Colombia que esclarezca responsabilidades. El
Gobierno de España dice que los derechos humanos son el centro de su política para Colombia y ha declarado su gran apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo sindicalistas y defensores de derechos humanos. Como miembro de la Unión
Europea, el Gobierno español se ha comprometido con la aplicación de las directrices europeas para la protección de defensores de derechos humanos. El Estado español aspira a tener una presencia económica y cultural en América Latina y esta
presencia debe ir acompañada de la exportación de los valores democráticos. Sin embargo, estos hechos indican que no está haciendo lo suficiente para proteger la democracia y los derechos humanos en Colombia. Al contrario, esta brutal masacre,
presuntamente realizada por el Ejército colombiano, es una clara muestra de la crisis de derechos humanos existente en el país. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El Gobierno colombiano tiene que recibir un mensaje claro de que las democracias europeas no pueden admitir la impunidad. Puesto que el Gobierno ha indicado su preocupación por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, esperamos
que las políticas y la cooperación española con Colombia se basen en el cumplimiento real de las recomendaciones en materia de derechos humanos de Naciones Unidas.



Por esto, señorías, les pedimos que aprueben esta propuesta.



El señor PRESIDENTE: Creo que existe una enmienda del Partido Popular, que va a defender la señora Rodríguez-Salmones.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Nos queremos sumar sin la menor duda, sin la menor reticencia, a la contundente condena que ha hecho la portavoz del Grupo de Esquerra Republicana de la masacre de San José del Apartadó, que fue
especialmente dramática. En un país con los índices de violencia que vemos reflejados uno y otro día es difícil que estos acontecimientos nos sigan sorprendiendo y nos sigan pareciendo más dramáticos cada vez, cuando hemos visto, como en esta
ocasión, a los niños pequeños degollados, los cuerpos descuartizados, las personas abandonadas, comidas por los animales. Esta matanza ha sido tan especialmente dramática, tan especialmente trágica y cruel que la condenamos con toda la contundencia
posible. Incluso pensamos que este carácter tan terrible de la matanza podría suponer un punto de inflexión o de reflexión en las actuaciones. En mitad de una tragedia hay hechos que marcan hitos, y este podría ser uno de ellos.



Sin embargo, creemos que una de las cosas que se observan en esta matanza es la enorme complejidad de la cuestión de la violencia en Colombia y es muy difícil hacer simplificaciones. No estamos de acuerdo con algunas cuestiones, aunque la
señora Bonás ha matizado y ha puesto unos 'presuntamente' en el texto. En la exposición de motivos de esta proposición no de ley, posiblemente hecha en caliente, se habla de una implicación, como si fuera un hecho comprobado, de las


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fuerzas policiales de seguridad del Estado. Nos gusta que haya introducido un matiz, pero de ninguna manera podemos suscribir esto. Sé que es evidente que la exposición de motivos no se vota, pero sí nos gustaría decir, igual que señalamos
la tragedia, igual que señalamos la complejidad del proceso, que nos parece que es una cuestión que se está esclareciendo por el Gobierno de Colombia -porque son los habitantes de Colombia los que sufren en sus carnes esta tragedia que ya dura más
de medio siglo-; Gobierno con el que unos estarán de acuerdo y otros no, pero que es una democracia, que es un Estado de Derecho, e insisto en que a cada uno le gustará o no le gustará, como sucede con tantos gobiernos, pero que para nosotros
además es una democracia amiga, que creemos que lucha con todos los medios que tiene a su alcance por solucionar esta terrible situación que ahora mismo además está ya contaminada, y de una manera especialmente grave, por el narcotráfico. Igual que
nos sumamos a esta condena queremos hacer esta precisión. En modo alguno nos podemos sumar a las dos insinuaciones sobre los oficiales uniformados y sobre las fuerzas policiales que aparecen en este texto como si en un crimen esclarecido hubieran
sido ya condenadas.



Por otro lado, nos parecía oportuno quitar el segundo punto de la proposición no de ley y dejar puesta de manifiesto nuestra contundente y clara condena. ¿Por qué? Porque el segundo punto insta al Gobierno de Colombia a esclarecer los
hechos y tenemos constancia de que esto se está haciendo y de que el Gobierno tiene el máximo interés en hacerlo. Nos nos parece oportuna esta actitud paternalista, digamos, de quien da por supuesto desde un estadio superior que los demás no actúan
como deben y que, por tanto, deben ser recriminados desde nuestro Parlamento. De todas maneras, si así quedara y no se considerara retirar este punto, creo que podemos apoyarlo, porque estamos seguros de que el Gobierno de Colombia cumple el
segundo punto de esta proposición. Además queremos argumentar esta convicción. La portavoz, señora Bonás, se ha referido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en Colombia quien en una nota de fecha 22 de marzo, después de esclarecidos un poco estos hechos, iniciada la investigación, la que dice que confía en el fiscal general de la Nación, con el apoyo del procurador
general de la Nación y del Defensor del Pueblo, para que se pueda esclarecer. Es la propia Oficina del Comisionado de Naciones Unidas quien da por supuesto que Colombia es este Estado de Derecho, esta democracia sufriente que tenemos como
democracia amiga. Confía también en que los miembros de la Comunidad de paz de San José acepten que las autoridades judiciales trasladen esto a la información pública y vuelven a repetir una y otra vez que confían en que las medidas estatales serán
adecuadas respetuosas y concertadas con la Comunidad. Es decir, siempre se utiliza esa referencia, posiblemente de forma no muy positiva hacia el Gobierno de Colombia, cuando citamos al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos;
pero creemos que en esta ocasión lo que repite el Alto Comisionado es que confía en el Estado de Derecho en Colombia, lo que nos parece lo suficientemente importante para que no nos permitiéramos esta forma de perdonar la vida a un Estado a una
democracia que, insisto, es democracia, es Estado de Derecho y al que nosotros además consideramos amigo.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cruz Valentín.



La señora CRUZ VALENTÍN: En nombre de mi Grupo quiero manifestar nuestro apoyo sin excepciones a la proposición no de ley presentada por la señora Bonás. Estamos totalmente de acuerdo con el espíritu de su iniciativa.
Condenamos el
asesinato del líder campesino Luis Eduardo Guerra y de seis personas más, entre ellos tres niños de 11, seis y dos años de edad, pertenecientes a la Comunidad de paz de San José del Apartadó. Condenamos enérgicamente todo tipo de violencia ejercida
o que se pueda ejercer.
Desde el Congreso de los Diputados instamos al Estado colombiano a la apertura de las correspondientes investigaciones judiciales para que estos crímenes no queden impunes y sean castigados los culpables.


Los violentos se han cebado con esta Comunidad de paz compuesta por 1.200 personas que ha sufrido el asesinato de 154 de sus miembros; es decir, más del 15 por ciento de su población ha sido aniquilada. Entre esas personas asesinadas hay
más de 14 líderes de dicha Comunidad. Han sido bloqueados económicamente y nunca ha existido una inversión social por parte del Estado en dicha Comunidad. Las 214 familias de la Comunidad que sobreviven siguen firmes en sus principios de
neutralidad con cualquier actor armado, ya sea fuerza pública, paramilitares o guerrilla, a sabiendas del exterminio a que están siendo sometidos.



El Gobierno español, en concreto el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha seguido con interés y alarma los sucesos ocurridos en la Comunidad de paz de San José y ha contribuido en el seno de la Unión Europea a que se incluya una referencia
firme y clara a ellos en el borrador de declaración de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos sobre Colombia que se está negociando en el presente período de sesiones.



El Grupo Socialista y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siempre han sido sensibles y han contribuido a la defensa de los derechos humanos, siempre han respaldado ese tipo de iniciativas en la Cámara.
Nuestro compromiso por la paz
y por la promoción y defensa de los derechos humanos quedó constatada ayer mismo en la propuesta de resolución sobre la acción exterior del Gobierno.



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Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista y desde el Gobierno de España apostamos por el fin de la violencia en Colombia a todos los niveles, fuerzas públicas, paramilitares y también la guerrilla.



El señor PRESIDENTE: ¿Ningún otro grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)


Las votaciones de esta y del resto de proposiciones no de ley no serán antes de la una.



- RELATIVA A LA CONDENA DE LAS TORTURAS Y TRATOS INHUMANOS Y DEGRADANTES INFLIGIDOS A CIUDADANOS Y CIUDADANAS IRAQUÍES POR MILITARES DE LAS POTENCIAS OCUPANTES EN IRAK Y POR PARTICULARES POR ELLAS CONTRATADOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000028.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, relativa a la condena de las torturas y tratos inhumanos y degradantes infligidos a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en Irak y por
particulares por ellas contratados, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.



Tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La guerra preventiva, las actuaciones unilaterales con el pretexto del combate contra el terrorismo y nada menos que en nombre de la libertad, la democracia y los derechos humanos, están provocando la mayor
violencia, tortura y genocidio cometidos desde poderes estatales desde la época de la II Guerra Mundial. No existe el Derecho internacional ni la Convención de Ginebra ni los derechos humanos al hacer la guerra, ocupar Estados soberanos y delimitar
esferas de impunidad, esferas sin ley que realmente estremecen a cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad al margen de sus creencias políticas.



Sabemos que la guerra de Irak fue una guerra injusta, que la ocupación está provocando mayores males incluso que la guerra, pero reconocemos -y es inevitable asumirlo por lo menos desde enero del año 2004- que en Irak hay torturas y malos
tratos perpetrados por las autoridades de las potencias ocupantes; potencias ocupantes que se dedican a actuaciones de carácter paramilitar consistentes en golpes, estrangulamientos, violencia contra las partes físicas más delicadas del cuerpo
humano, vejaciones a los prisioneros -creo que en toda la prensa apareció cómo se acumulaban los cuerpos de unos sobre otros, con defecaciones y orines-, interrogatorios en posiciones incómodas durante más de 24 horas, el sometimiento a un calor o a
un frío insoportables y los serios abusos físicos contra todo tipo de civiles, niños, mujeres u hombres adultos. No podemos argumentar que este panorama nos es desconocido o que resulta increíble; todos vivimos no solamente la plasmación visual de
los mismos sino que las informaciones de la propia prensa americana, el New York Times, por ejemplo, o las organizaciones de derechos civiles y humanos de Estados Unidos lo vienen denunciando de forma cada vez más abundante.



Realmente la situación es tan grave que la investigación del Ejército de Estados Unidos, el propio informe Schlesinger reconoce que en Abu Ghraib hubo sadismo contra adolescentes detenidos y prisioneros ocultos a la supervisión humanitaria
de carácter internacional. Es tal la situación que a pesar del silencio que imponen las potencias ocupantes -especialmente Estados Unidos, y a pesar de la connivencia de los organismos internacionales que hacen siempre la vista gorda con el papel
de la gran potencia mundial- 31 expertos de la organización de Naciones Unidas lanzaron un comunicado conjunto el 27 de junio de 2004 preocupados porque realmente existe la convicción de que la llamada guerra contra el terrorismo, liderada por
Estados Unidos, está teniendo un grave efecto sobre el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. El Alto Comisionado pidió el acceso a los prisioneros de distintos países, solicitud que fue rechazada precisamente por Estados Unidos en lo que
afectaba también a la base de Guantánamo. Señorías, estamos ante tribunales militares que no cumplen los estándares internacionales en materia de justicia.



En mayo del año 2004 un periódico de Estados Unidos, New Yorker, reconoció que había un plan altamente secreto del propio Gobierno americano, del cual estaba perfectamente informado el presidente Bush, que consistía en un programa que
admitía el uso de la coacción física y de la humillación sexual de los prisioneros iraquíes, con el pretexto de que éstos debían colaborar para dar una información exhaustiva sobre la insurgencia en Irak. Estamos, por tanto, ante un plan del
Pentágono, ni siquiera ante un plan del FBI o de la CIA. La indignación que se produjo en todo el mundo en el momento de conocer todos estos datos, especialmente grave en el caso del mundo árabe, había sido anunciada previamente en informes más o
menos velados de la Cruz Roja Internacional.



En todo caso, señorías, pensamos que no podemos mirar hacia otro lado en un momento tan grave para la historia de la humanidad. No es de recibo que por mucho que sea una gran potencia la que realice este tipo de trabajos sucios, que ordene,
apruebe y tolere la tortura contra detenidos, su humillación sexual o su deterioro físico, podamos aceptarlo con resignación. Sabemos que estos temas son delicados desde el punto de vista de la situación política internacional, pero creemos también
que el silencio no es buena compañía si queremos ayudar a rectificar mínimamente esta evolución tan negativa de la situación internacional. Queremos un mundo con reglas aun en un mundo en el que pueda haber guerras; que las guerras se declaren,
que


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las guerras tengan que ser prácticamente vigiladas a través de la Convención de Ginebra y que en los organismos internacionales haya por lo menos una sensibilidad mínima a la hora de valorar y de ponderar las condenas necesarias en relación
con la violación de los derechos humanos o con la utilización de la tortura.



En todo caso, es intención de esta proposición no de ley no contribuir a la impotencia, al silencio, a la complacencia y a la pasividad que siempre es una constante cuando quien comete estas atrocidades es nada menos que la mayor potencia
del mundo, que presume de ser un ejemplo de democracia y un ejemplo de lucha por la libertad y por los derechos humanos en el mundo. Por eso nuestra proposición no de ley tiene dos partes. Una de ellas instaría al Gobierno a que interese
inmediatamente al fiscal general del Estado a la persecución de crímenes cometidos contra la población civil por las fuerzas militares ocupantes, no solamente Estados Unidos, aunque fundamentalmente, sino también Gran Bretaña y Dinamarca y por el
personal de empresas privadas. La guerra también está hoy situada a este nivel.



Se sabe que hay compañías privadas actuando dentro de las cárceles, con todo lo que eso conlleva de irresponsabilidad o de dualidades que nunca podrán ser aclaradas en el término de las administraciones públicas. En particular, sobre todo,
perseguir la tortura y los tratos inhumanos degradantes aplicados a los ciudadanos iraquíes detenidos. Por último, promover inmediatamente una resolución de condena de estos hechos en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y el Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.



El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas presentadas, una por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y otra por el Grupo Parlamentario Socialista.



Para defender la de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Simplemente quiero expresar, en nombre de mi grupo parlamentario, nuestra posición de fondo favorable al planteamiento del Grupo Parlamentario Mixto y de su portavoz, sobre la necesidad de esclarecer, de profundizar
en los ilícitos penales que se han cometido o que eventualmente se hayan podido cometer en la ocupación ilegal e ilegítima de Irak. Creemos que esta enmienda de sustitución intenta aportar los nuevos instrumentos de derecho internacional y de la
legalidad internacional para perseguir los mismos fines, los mismos objetivos que planteaba el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Hago referencia a los instrumentos de legalidad internacional y singularmente al Tratado de Roma del año 1998,
por el cual se instituye la Corte Penal Internacional. Sus señorías conocen perfectamente cuál es el objeto de la Corte Penal Internacional, y ha de ser en ese ámbito en el cual se observe y se persiga eventualmente los ilícitos penales, los cuatro
tipos penales expresos contemplados en el Tratado de Roma de 1998. Sensu contrario nos parece que instar al fiscal general del Estado a la persecución de crímenes cometidos no eventualmente, por cierto, sino taxativamente, es extender el principio
de extraterritorialidad que, como saben SS.SS., en el ámbito del derecho penal y de la persecución de los tipos penales contra la humanidad, tendrían que ser excepcionales, tendrían que dar paso a un mínimo de legalidad internacional, que es la que
creo que se ha conseguido con la ratificación del Tratado de Roma, por el cual se instituye una Corte Penal Internacional. En este sentido presentamos esta enmienda de sustitución, que tiene un ánimo claro de intentar aportar y mejorar el redactado
de la actual.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Pozuelo.



La señora POZUELO MEÑO: El Grupo Socialista ha manifestado siempre su repulsa más absoluta y su total rechazo a cualquier violación de los derechos humanos, también en el caso de Irak lo hicimos cuando se conocieron los tratos vejatorios y
humillantes que se habían dado a la población y a los presos iraquíes por parte de los militares y de los trabajadores de empresas de seguridad contratadas por algunos de los Estados que promovieron la intervención en este país. Todos recordamos
las terribles imágenes -que creíamos olvidadas e imposible que pudieran volver a suceder en el siglo XXI- de tortura, de humillaciones, de vejaciones, permitidas y causadas además por ejércitos de países democráticos donde los derechos humanos están
reconocidos y asentados desde hace cientos de años. Por eso, señorías, estamos de acuerdo con la propuesta que plantea el Grupo Mixto, en el sentido de que es necesario luchar y no bajar la guardia contra la tortura y violación de los derechos
humanos allá donde ocurran y cuando ocurran. Desde nuestro punto, no hay nada, ninguna circunstancia ni motivo ni razón, personal, colectiva o de Estado, que justifique estos hechos, la tortura, las vejaciones, las humillaciones, en definitiva, las
violaciones de derechos humanos. Ante estas situaciones creemos que el único principio que puede mantenerse por todos y por la comunidad internacional es el de tolerancia cero y combatirlas allí donde ocurran con los instrumentos del Estado de
Derecho y de la legislación y los acuerdos internacionales. Debemos hacerlo además dentro de esa comunidad internacional, haciendo oír nuestra voz como país, nuestra condena, nuestra repulsa, uniéndonos a la voz y a la posición del resto de los
países democráticos y luchando contra estas situaciones.



Señorías, en su reunión del 17 de mayo del año pasado, creo que muy poco después de que se presentara esta iniciativa en el Congreso de los Diputados, el Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones Exteriores de la Unión Europea acordó una
resolución, unas conclusiones


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en las que hacía referencia a los hechos ocurridos en las cárceles de Irak. Leo el párrafo que hace referencia a esas conclusiones del Consejo porque es muy breve. Dice literalmente: El Consejo ha expresado su aversión ante las pruebas
recientes de malos tratos a los prisioneros en las cárceles iraquíes. El Consejo ha condenado todos los casos de malos tratos y humillaciones a los prisioneros iraquíes, contrarios al derecho internacional y en particular a los convenios de
Ginebra. El Consejo ha acogido con satisfacción el compromiso de los gobiernos correspondientes de llevar ante la justicia a todos los individuos responsables de las actuaciones que han implicado malos tratos a detenidos iraquíes, así como de
corregir cualquier incumplimiento del derecho internacional humanitario.



Por todo ello, creemos que la iniciativa que hemos presentado va precisamente en la línea de promover la condena de las violaciones de los derechos humanos dentro del derecho humanitario internacional, dentro de los convenios de Ginebra y
dentro de los acuerdos y de las resoluciones de la Unión Europea del 17 de mayo de 2004 en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. Por otro lado, creemos que las denuncias y las actuaciones ante los tribunales que se pretenden en
esta iniciativa del Bloque Nacionalista Gallego deben realizarse también de conformidad con la legislación penal y procesal vigente en nuestro país y en el ámbito de los convenios de Ginebra, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
ratificada por España y que tipifica como crímenes de guerra la tortura y los tratos inhumanos. En idénticos términos lo recoge el derecho español en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que incorpora el principio de jurisdicción universal
establecido en estos convenios de Ginebra, y la Ley Orgánica del Código Penal de 1995, que castiga la tortura con ocasión de un conflicto armado.
Se logra así una aplicación real y efectiva en sede nacional a los castigos de crímenes de guerra y se
trata de evitar la posible impunidad de estos delitos. Creemos, por tanto, que no es necesaria ninguna iniciativa del Gobierno de España en este sentido, ya que si hubiera conocimiento de comisión de delito cuya competencia fuera legalmente
reconocida en la jurisdicción española, ésta habría actuado a iniciativa propia. Señor presidente, creo que el texto de la enmienda que hemos presentado y que coincide creo que casi literalmente con la que planteaba Convergència i Unió, mantiene
los principios y la filosofía de la defensa de los derechos humanos que plantea el Grupo Mixto, y dentro del Grupo Mixto el Bloque Nacionalista Gallego, en su iniciativa y se encuadra dentro del ordenamiento político y jurídico internacional. Creo
además que es una nueva oportunidad la que se presenta en esta Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para manifestar y acordar entre todos públicamente una vez más su repulsa y su condena ante las violaciones de los derechos humanos
que ocurren en todo el mundo y que en este caso ocurrieron también en Irak, uniéndonos así a la condena de la comunidad internacional y a la persecución jurídica y política de estos hechos. Espero, por tanto, que ésta sea una iniciativa que a
través de las enmiendas que se han presentado de sustitución, en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, pueda llegarse a un acuerdo entre todos que nos una en esta condena, repulsa y persecución de las violaciones de los derechos
humanitarios.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ricomá.



El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Desearía hacer una consideración previa a lo que supone entrar a fondo en la cuestión que motiva esta proposición no de ley, derivada de la propia exposición de motivos que figura en el texto previo a las
propuestas de resolución. No estaría de más, y todos deberíamos estar de acuerdo, que tuviéramos claro que hay que establecer siempre las mismas reglas de juego para enmarcar el desarrollo de situaciones idénticas. En este sentido, creo que
estarán todos de acuerdo en que el cumplimiento de la legislación internacional, el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas debe ser lo que debe regir los comportamientos de los diferentes países en lo que afecta a su acción
exterior. En ese sentido, debo empezar señalando que hay que dejar clara constancia de que la presencia militar española en Irak en su momento obedeció a un llamamiento de las propias Naciones Unidas a través de diversas resoluciones, en las que
precisamente se instaba a los países miembros a colaborar en las tareas de seguridad y normalización de la situación en el país mediante el envío de tropas, y así de claro lo especificaban dichas resoluciones. Por tanto, señorías, la presencia
española en Irak en su momento no merece el tratamiento de cómplice activo de la ocupación, tal como se reseña en la proposición no de ley, sino que más bien la presencia española en Irak obedecería a una categoría de cómplice de Naciones Unidas al
secundar su petición. En cualquier caso, lo que resultaría mucho menos comprensible es la actitud del presidente del Gobierno, señor Zapatero, ya no retirando las tropas, como lo hizo, de la noche al día, precipitadamente y antes de la fecha que él
mismo había anunciado, sino porque actuó de forma totalmente contraria a lo que él predicó en Naciones Unidas suscribiendo la resolución que hacía un claro llamamiento a los países para que enviasen tropas. A este condicionante previo debemos
añadir una afirmación tajante del Grupo Parlamentario Popular, afirmación tan clara como nuestra más enérgica condena a todas aquellas acciones que en conflictos bélicos supongan la violación de tratados internacionales, como puede ser la Convención
de Ginebra; actitud ésta que además guarda una clara consonancia con el claro posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular condenando todos los regímenes totalitarios que


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establecen su liderazgo mediante la permanente violación de los derechos humanos y de la libertad de los ciudadanos. Censuramos, por tanto, los hechos acaecidos en Irak. Condenamos, por tanto, los lamentables acontecimientos sucedidos
mayoritariamente en la prisión de Abu Ghraib, e instamos a países y a instituciones internacionales a adoptar aquellas medidas pertinentes para clarificar, castigar, condenar y evitar que esto pueda suceder en nuevas ocasiones.



Sentadas estas premisas, lo que debemos hacer es centrarnos ahora en lo que es trascendental en Irak, algo además en lo que también considero que está de acuerdo todo el mundo, que es conseguir que este país, Irak, pueda emprender el vuelo
con las alas que le da tener por primera vez desde hace muchos años un Gobierno y un Parlamento elegidos democráticamente en unas elecciones que de forma muy positiva sorprendieron a la comunidad internacional por el grado de participación y en
consecuencia por el grado de aceptación que este proceso de democratización está teniendo en Irak. A partir de ahí pienso que tampoco señalo nada extraordinario al decir que el principal enemigo de la democracia es el terrorismo y que quien mayor
provecho saca siempre de la desestabilización, del caos y del desorden, son los terroristas. Por tanto, y sin dejar de reiterar la repulsa a comportamientos deplorables, no estaría de más que esta Cámara manifestara también su apoyo al impulso
democrático y su enérgica condena a los movimientos terroristas que, aprovechándose de la fragilidad de un sistema que está naciendo envuelto en muchas dificultades, campan a sus anchas y están haciendo de Irak un caldo de cultivo importante para
sus pretensiones que, como terroristas que son, no tienen límites, no tienen fronteras, no obedecen a criterios lógicos, son del todo imprevisibles y nunca sabemos dónde pueden acabar castigando.



Señorías, el Gobierno actual iraquí ha cifrado ya en más de 6.000 los muertos civiles a manos de la insurgencia. Se está dando una media de 35 atentados diarios. Se han producido matanzas colectivas e indiscriminadas que han afectado a
todo el espectro social iraquí, mujeres, niños, civiles. En fin, no tiene lógicamente ningún carácter selectivo por la propia definición que va intrínseca a la palabra terrorismo. Hoy mismo aparece en La Vanguardia una entrevista a uno de los más
prestigiosos estudiosos de los movimientos insurgentes, que dice que lo más peculiar de la insurgencia en Irak hoy es que no están para nada preocupados en lograr apoyo popular, realizan atentados en mezquitas chiíes, hacen estallar coches bombas y
matan a civiles, mujeres y niños. Parece además que muchos de los terroristas suicidas no son iraquíes, sino extranjeros, de Arabia Saudí, que acuden a Irak para suicidarse, para convertirse en mártires religiosos. Todo ello deja muy claro que el
principal problema que tiene en estos momentos Irak es este foco, este caldo de cultivo de futuros terroristas que están utilizando el país y una democracia emergente para formarse, reforzarse y conseguir la desestabilización en una zona ya de por
sí complicada, y a partir de ahí son totalmente imprevisibles cuáles pueden ser sus consecuentes pasos. A mi grupo lo que le preocupa realmente es que una proposición no de ley que viene bajo el epígrafe de Irak, pudiera distorsionar en realidad lo
que hoy es el gran problema de Irak, que no es otra cosa que esta oleada de terrorismo y de insurgencia que quiere acabar con un planteamiento democrático, que sin duda tiene el apoyo de la mayoría de la población civil. Paralelamente a esta
proposición no de ley se describía, aunque de forma subjetiva, se evidenciaba la posibilidad de responsabilidades del propio Estado español en referencia a lo que he comentado anteriormente de su consideración como ocupante activo. En la sintonía
del Grupo Parlamentario Popular de condenar y de perseguir todas aquellas violaciones de los tratados internacionales, pienso que esta línea de actuación de resolución no sería ni mucho menos la correcta, por los dos lados que he explicado: por
uno, porque desvía la atención del problema en Irak, que es el terrorismo hacia otras situaciones que se han dado y que hay que perseguir, pero que ni mucho menos pueden suplantar la necesidad de abordar el combate, la lucha contra el terrorismo y
conseguir la normalización democrática y el progreso de Irak y, por otro, el involucrar al Estado español en unas competencias, en unas responsabilidades que a nuestro entender no tienen ninguna lógica de ser consideradas así. Por tanto, celebramos
que a esta proposición no de ley se hayan presentado enmiendas de sustitución, que creo que sí que ciñen el problema a lo que debe ser, una voluntad de las Cortes Españolas que traslada al Gobierno en el sentido de instar a los estamentos
internacionales, a las instituciones de derechos humanos, a la Convención de Ginebra, para que analice, estudie, reflexione y condene en su caso todo aquello que haya podido ser motivo de ilegalidad durante el conflicto de Irak. Creemos que éste sí
debe ser el marco de actuación y, en consecuencia, añadiendo -y nos gustaría que quedara clara constancia en un texto nuevo de la proposición no de ley en el 'Diario de Sesiones'- que el gran problema de Irak, el que nos debe unir absolutamente a
todos los demócratas, a todos los países, es conseguir erradicar ese caldo de cultivo que supone el terrorismo, que supone la violencia y cuyas conclusiones o consecuencias presentes sabemos las que son, porque se están ciñendo en Irak, pero
desconocemos qué puede pasar con este fanatismo en el futuro y dónde puede castigar. Por tanto, dejando muy claro esto, el Grupo Popular estaría en condiciones, si son admitidas las enmiendas que han presentado otros grupos, de apoyar la
proposición no de ley enmendada. De no ser así, de mantenerse el ponente con su texto inicial, por los dos ejes troncales que he expuesto, de desviación del problema real que hay en Irak, por un lado, y de involucrar en unas responsabilidades que
no le competen al Estado español, no podríamos en ningún momento darle apoyo.



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- SOBRE LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000796.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, que es la que aparece como punto 4 del orden del día, sobre la defensa de la libertad de expresión en Venezuela.



Para su defensa, tiene la palabra el señor de Arístegui.



El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Desde hace ya algunos años venimos comprobando de manera muy preocupante cómo en Venezuela se está instalando, poco a poco al principio y aceleradamente ahora, una brutal dictadura. Lamentablemente, hemos
visto que es cierto que el teniente coronel Chávez, hoy presidente de la República Bolivariana de Venezuela, fue elegido democráticamente con un amplio número de votos en noviembre del año 1998 y fue reelegido posteriormente para tratar de ratificar
la nueva Constitución bolivariana de Venezuela. Sin embargo, en el reciente referéndum revocatorio hubo claros indicios de que había irregularidades profundas en el proceso previo a la elección y durante la elección: el recuento no se hizo; no se
verificó, no se comprobó la correspondencia entre las papeletas emitidas por las máquinas electorales y el resultado definitivo de las mismas. Pero el objeto de nuestra iniciativa parlamentaria no es sólo hacer una denuncia como venimos haciendo a
lo largo de toda esta legislatura y desde hace ya mucho tiempo tanto en los medios de comunicación como en nuestras diferentes intervenciones parlamentarias que hacen referencia a América Latina, sino hablar de una cuestión concreta, como es el
derecho a la información y la libertad de expresión. No hay democracia sin libertad de expresión. No hay democracia sin derecho a la información. En Venezuela poco a poco la deriva totalitaria se ha ido instalando. Muchos de los aliados de la
primera hora del teniente coronel Chávez han ido abandonando su barco político, instalándose en partidos tradicionales o creando nuevos o, simple y llanamente, haciendo oposición desde la calle o en los medios de comunicación. Sabemos que el
régimen chavista, que así puede ser declarado, tiene vínculos -por ejemplo uno de sus partidos más importantes, que es el Movimiento Quinta República-, estrechos vínculos con el partido de Batasuna, declarado ilegal por el Ley de partidos votada por
el 94 por ciento de los diputados de esta Cámara en la anterior legislatura y también por los tribunales de justicia independientes de España. No es ése tampoco el objeto de esta comparecencia, pero sí conviene apuntarla a modo de introducción y a
modo de necesario preámbulo para que quienes estamos debatiendo esta cuestión de la máxima importancia seamos capaces de entender la trascendencia que para la estabilidad, la democracia y la paz en toda América Latina tiene la extensión de este
régimen más allá de los límites mínimamente aceptables de ser considerado como democracia. Hace bien poco pudimos comprobar como la compra de 100.000 fusiles AKA-103 Kalashnikov estaban destinados no se sabe si a las Fuerzas Armadas o a rearmar de
manera clara los 100.000 efectivos de que gozan ya los círculos bolivarianos de defensa de la revolución. Además de esto, el presidente Chávez acaba de crear una milicia de más de dos millones de efectivos con el objeto de blindar su revolución
frente a cualquier tipo de victoria democrática de la oposición. No vamos a calificar tampoco a la oposición, porque tampoco es objeto de esta proposición no de ley. Sin embargo, lo que vemos con preocupación es que la mayor eficacia en la
oposición y en la crítica al régimen chavista la han tenido los medios de comunicación. Nos referimos especialmente a las televisiones, Globovisión, Venevisión, Radio Caracas Televisión y Radio o Televen. Entre éstas están algunos de los más
importantes profesionales de la información en Venezuela, que se han destacado por su crítica feroz a la corrupción de la anterior República Venezolana y también ahora a la feroz represión que sufren opositores y miembros de los medios de
comunicación. A esto mismo hay que sumar periódicos emblemáticos en Venezuela, como El Mundo, El Universal, El Nacional o El Nuevo País, que son constantemente asediados o, por ejemplo, la reciente detención y enjuiciamiento de la muy conocida y
prestigiosa periodista Patricia Poleo, cuya casa fue asaltada por miembros de la policía política DISIP, sus ordenadores fueron secuestrados y ella ha sido sometida a juicio sumarísimo por traición y en este momento está pendiente de cumplir una
condena de seis meses si acepta el perdón el tribunal y mucho más si no lo acepta. No es el único caso. Por ejemplo, el comentarista Tulio Álvarez, uno de los profesores de derecho constitucional más prestigiosos del país, ha sido perseguido por
bandas de matones que escasamente podrían estar vinculadas al crimen común y al crimen organizado. Se trata de un deliberado intento de acallar una voz crítica que en los principios del chavismo fue uno de los firmes defensores del nuevo proceso
constituyente y uno de los corredactores de la Constitución bolivariana. Es el único país del mundo donde sé que periodistas y profesores universitarios tienen que ir escoltados ante las crecientes presiones de círculos bolivarianos, milias
populares y matones a sueldo cercanos al chavismo. Es una situación ciertamente preocupante. Quiero denunciar además que el guardaespaldas conductor de Tulio Álvarez fue asesinado en uno de esos intentos de asesinarle a él mismo, nunca
suficientemente aclarado. La situación es ciertamente grave. Están pendientes de ejecutar muchas sentencias contra periodistas importantes del país y algunas multas que serían el final de los medios de comunicación independientes. Quiero señalar
también a esta Cámara una curiosa circunstancia que no se da en muchas democracias del mundo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela


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mantiene la obligación de que todos los canales de radio y televisión privados conecten en cadena con el Palacio de Miraflores siempre que el presidente quiera hacer una declaración pública. No pueden mantener sus propias programaciones y
pueden ser interrumpidas en cualquier momento; es más, la famosa 'ley mordaza', que es la que nos trae a esta Cámara esta mañana, es una ley que incluye una forma absolutamente subjetiva de juzgar los contenidos y la información y también la
opinión de periodistas que necesariamente tienen que ser independientes. Por eso, quiero pedir a esta Cámara una condena clara de esta deriva totalitaria.
Quiero recordarles que algunos de los medios de comunicación están bajo la constante espada
de Damocles del régimen chavista, están intentando por todos los medios salvarse del cierre que supondría el que les impusieran multas que pueden alcanzar cifras de varios millones de dólares. La censura está en el aire. Hemos visto cómo se
secuestran revistas, cómo se acosa y se acusa a periodistas críticos con el régimen y cómo cada día el régimen chavista está más cerca de convertirse en una dictadura feroz, implacable, violenta, opresiva y, lo que es peor, señorías, expansiva.
Venezuela está financiando con el dinero de todos los venezolanos -o mejor dicho, el régimen chavista, que no Venezuela-, con los 2.650.000 barriles/día que produce ese país, a muchos movimientos extremadamente radicales en el resto de América
Latina. Está financiando también a movimientos que intentan desestabilizar a sus propios regímenes y nosotros queremos denunciarlo aquí y ahora. Pero además de todo esto, nos encontramos que hay una creciente simbiosis de información judicial y
política entre la dictadura castrista y la emergente dictadura chavista.
Recientemente, se ha firmado un protocolo de adhesión judicial o de identificación judicial entre Venezuela y la isla de Cuba. Estamos viendo un constante trajín de asesores,
tanto de la DISIP, de la policía política, de los servicios de inteligencia venezolanos, como por parte de asesores cubanos. Estamos viendo que el acoso no sólo crece, sino que crece en eficacia. Nosotros creemos sinceramente que no sólo es motivo
de preocupación para esta Cámara, sino que tiene que ser objeto de condena.



Agradecemos profundamente el esfuerzo que hace el Grupo Socialista presentando una enmienda que creemos que en su espíritu está bien traída, pero francamente pensamos que manifestar la preocupación en este momento es ciertamente
insuficiente. Vamos por el bueno camino. Estoy convencido de que en el futuro, cuando debatamos otras iniciativas parlamentarias que hagan referencia a este régimen dictatorial emergente, podremos llegar a algún acuerdo más profundo y con mayor
alcance.



Agradecemos la presentación de la enmienda, aunque queremos mantener nuestra proposición no de ley, puesto que pensamos que tenemos que mandar una señal muy clara, contundente e inequívoca al régimen de Hugo Chávez Frías para que sepa que
los países democráticos avanzados de Europa no van a cruzarse de brazos ante la aparición de un nuevo régimen dictatorial que persigue a quienes discrepan de sus posiciones, que tiene perseguida y acusada a toda la oposición, sea de derechas o de
izquierdas, y que a los medios de comunicación, que son la única esperanza de que no puedan seguir produciéndose ciertos abusos en Venezuela, les amenaza con ser cerrados o censurados. Quiero señalarles también que la corrupción en ese país crece
por momentos; alcanza ya niveles parecidos o superiores a los de los peores momentos del régimen anterior. Lo ha denunciado el mismísimo confesor y asesor espiritual del presidente de la República, quien siempre había hecho sermones chavistas en
su iglesia y que últimamente ha salido en los medios de comunicación para denunciar la corrupción galopante en la que se ha instalado el régimen de Hugo Chávez. Este es un síntoma claro de putrefacción institucional, de podredumbre moral y ética y,
además, creo que esos son justamente los pilares y los vectores que inspiran a este régimen. Por eso ruego a SS.SS. que lo consideren y que tengan en cuenta la necesidad de hacer una condena rotunda y clara de estas conductas totalitarias.



El señor PRESIDENTE: Existen tres enmiendas a esta proposición no de ley presentadas por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), del Grupo de Convergència i Unió y del Grupo Socialista.



Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra su portavoz, el señor Erkoreka.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, tanto el régimen político vigente en Venezuela, la llamada República Bolivariana, como el modo en la que está siendo gestionada por parte del señor Chávez han sido objeto de debate en esta Cámara
durante el primer año de legislatura y a buen seguro seguirán siéndolo también durante el tiempo que resta hasta su conclusión. Y no es casual que sea así porque somos muchos los diputados que asistimos con inquietud y preocupación a la involución
que experimenta la situación política en aquel país y la suerte que dentro de esa incierta involución parece que están llamadas a correr las libertades políticas básicas de los venezolanos y muy singularmente la libertad ideológica, la de expresión,
la de reunión y la de asociación. Las informaciones que nos llegan todos los días a este respcto son cualquier cosa menos tranquilizadoras. Nos hablan de un progresivo deterioro de las libertades de los venezolanos, auspiciado e incluso impulsado
por un Gobierno que parece haberse embarcado en una deriva de evolución autoritaria. Nos hablan de un poder legitimado en su origen por las urnas, pero que no llega a ver ratificada su legitimidad original a través de un ejercicio respetuoso con
las minorías y con los derechos fundamentales. Nos hablan de unas prácticas gubernamentales que parece que tienden a anular la oposición hasta el extremo de hacer objetivamente imposible la más mínima alternancia democrática.



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La iniciativa del Grupo Popular que hoy debatimos tiene que ver con dos pilares básicos de las sociedades abiertas y democráticas. Lo ha expresado con claridad su portavoz: la libertad de expresión y el derecho de información; dos pilares
que están siendo asediados en Venezuela, especialmente desde la aprobación a finales del año pasado de la Ley de responsabilidad social de la radio y de la televisión, también llamada ley de contenidos o ley mordaza. El Estado español -así lo
considera mi grupo- no puede permanecer impasible ante esta situación. Ayer mismo el Pleno de la Cámara aprobaba por una amplísima mayoría una resolución en la que se instaba al Gobierno a diseñar una política exterior que se comprometiera con la
difusión de la democracia a todos los niveles y con la promoción de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
El propio ministro ha declarado en más de una comparecencia pública que en el caso singular de Venezuela el Gobierno y la
labor diplomática que se impulsa desde el mismo están comprometidos con una línea de trabajo que persigue la consolidación de la democracia en aquel país. Es, pues, claro que no podemos cerrar los ojos antes las múltiples denuncias que nos llegan
todos los días en relación con las violaciones de derechos fundamentales que están teniendo lugar en Venezuela.



Hace tres meses el Senado aprobó una moción presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en la que se invitaba al Gobierno a que expresase a las autoridades venezolanas su inquietud ante las violaciones de la
libertad que la aplicación de la Ley de contenidos pudiera implicar. Aunque parezca mentira, el embajador español en aquel país, Raúl Morodo Leoncio, menospreció públicamente esta moción señalando -y son palabras textuales- que no tiene
significación especial. No seré yo quien tenga que dar la cara por el Senado, pero creo que fue una expresión singularmente desafortunada en relación con una de las máximas instituciones representativas del país. El propio ministro, en una de sus
comparecencias en la Cámara Alta, reconoció que no era una expresión muy acertada. Hoy, tres meses después de que se aprobase aquella moción en el Senado, hay razones para ser, como poco, más contundentes de lo que lo fue el Senado cuando se aprobó
esa moción a la que me refiero. La ley se está aplicando con un rigor tal que en poco tiempo puede acabar con el pluralismo informativo, lo cual puede suponer el fin definitivo en aquel país de una de las principales señas de identidad de los
sistemas democráticos.



Es posible que la condena que incluye la proposición no de ley del Grupo Popular sea excesiva al hablar de una condena rotunda, pero el Grupo Vasco cree que hoy, tras tres meses de inexorable aplicación de esta ley, no nos podemos quedar en
una mera expresión de inquietud. Eso ya lo hizo el Senado hace tres meses y los hechos nos están demostrando que la intensidad y el rigor con el que se está aplicando la ley están empezando a ser francamente preocupantes desde el punto de vista de
la libertad de los medios. Esto ya lo hizo el Senado hace tres meses con el resultado por todos conocido. Por eso y además a efectos de impedir que vuelva a ocurrir con la resolución del Congreso lo que ya ha ocurrido con la moción del Senado -es
decir, que el embajador de España lo desprecie en tono displicente-, consideramos necesario incluir en la proposición un segundo punto que se incorpora en el texto de nuestra enmienda para que, en el caso de que la proposición no de ley fuese
aprobada, se obligue a la representación diplomática de España en Venezuela a comunicar su contenido a las autoridades bolivarianas. Es decir, si las máximas instituciones representativas del Estado, sea el Congreso o el Senado, aprueban una
resolución que hace referencia a la situación política en Venezuela, lo lógico y coherente en cualquier país es que la representación diplomática se haga eco de ella, la recoja y la comunique a los representantes políticos del país afectado; esa es
la meta que persigue nuestra enmienda. Sin cuestionar el objetivo fundamental, insisto en que los términos pueden parecer excesivamente contundentes. La condena rotunda a la que hace referencia el texto original de la proposición no de ley puede
parecer excesiva, pero seguramente limitarnos a estas alturas a una expresión de inquietud y preocupación sería claramente insuficiente y para asegurar que, si finalmente prospera y se aprueba la proposición no de ley, tenga efectos reales en las
autoridades bolivarianas y no se encuentre con el boicot en la representación diplomática de aquel país presentamos esta enmienda que esperamos que el grupo proponente admita.



El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Paso a defender una enmienda de sustitución pero que parte de una diagnosis compartida en gran medida con el grupo proponente sobre la situación actual del respeto a los derechos fundamentales en Venezuela. Quiero
empezar, como no puede ser de otra forma, haciendo un reconocimiento a aquello que es obvio: que las instituciones y los poderes en Venezuela han sido democráticamente elegidos y que la provisión de puestos en su Parlamento y en su Ejecutivo son
fruto de un proceso democrático. Pero SS.SS. también saben que desde formas e instituciones democráticas se pueden producir procesos de degradación que diezman la calidad de la democracia y las propias exigencias de la misma. En este sentido, mi
grupo parlamentario ha observado con sincera preocupación la deriva populista que se ha desarrollado en Venezuela durante este último año. Es más, hace un momento el portavoz del Grupo Popular en el debate de la anterior proposición no de ley
hablaba del futuro triunfo de la democracia en Irak. En este caso no estamos hablando de un futurible o de la consolidación de la democracia sino de un marco de derechos fundamentales ya conquistado, ya consolidado y que en estos momentos está en


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franca retirada desde la óptica de democracias consolidadas como las europeas. En Europa se dice de forma bastante habitual que la primera de las libertades es la seguridad, que es propio de sociedades maduras democráticamente como las
europeas, pero en el caso de Venezuela es evidente que al lado del elemento de la seguridad -sobre el que también hay aspectos preocupantes como, por ejemplo, los dos millones de personas armadas llamadas milicias populares de la revolución
bolivariana- y de la observancia de quién tiene la responsabilidad sobre esta seguridad -que en una sociedad abierta es monopolio del Estado-, hay otro elemento importante como es el respeto a los derechos fundamentales y entre ellos, singularmente,
la evolución de los referidos a la libertad de expresión.



En la reciente comparecencia del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el señor Bernardino León, este portavoz hizo una relación detallada de algunas vulneraciones de estos derechos fundamentales referidos a la libertad de expresión y
al derecho a la información. No quiero repetir lo que ya expuse de forma pormenorizada en aquella comparecencia; simplemente quiero aportar algunas informaciones nuevas, aparte de las que ya han apuntado los dos portavoces que me han precedido en
el uso de la palabra. Señorías, en estos momentos también hay una modificación del Código Penal que incluye penas de prisión de entre cuatro y seis años para aquellas personas que calumnien -concepto de textura jurídica abierta, por decirlo de
alguna forma- a cargos públicos o a funcionarios. Desde el punto de vista de una democracia abierta y madura, incorporar en el Código Penal la crítica a los cargos públicos es algo que también nos debe hacer pensar sobre el retroceso de la libertad
y de la democracia formal y real en Venezuela.



Se ha hecho referencia también a las televisiones. Quiero subrayar las multas extraordinarias que han recibido algunos canales privados de televisión que, en la práctica, hacen inviable su futuro desde un punto de vista económico y que
conforman un constreñimiento, más allá de la ley, a su libertad de expresión en el ámbito audiovisual. Les quiero recordar, como ya se ha hecho referencia, la importancia del objeto de esta ley mordaza o Ley de responsabilidad de la radio y la
televisión de finales del año pasado que ha tenido algunas consecuencias como la persecución de ciertos periodistas. Para terminar, como ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, en el mes de febrero el Senado expresó su inquietud ante
la situación creada por la recientemente aprobada Ley de contenidos y su evolución. Estamos en el mes de mayo y a estas alturas ya no debemos expresar únicamente esta inquietud -por cierto, sumándome a la postura del portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, la función de la representación democrática en Venezuela no es minusvalorar el papel del Senado; es trasladar los acuerdos de las Cortes Generales-, sino manifestar directamente la preocupación por los recortes. Es en este
sentido que quizás alguien pueda interpretar que el redactado de esta enmienda es más suave que el de la proposición no de ley del Grupo Popular, pero considero que es justamente al revés.
Mientras que el Grupo Popular condena, en general,
cualquier conculcación del ejercicio del derecho de libertad de expresión, en el caso de nuestro redactado el Congreso de los Diputados expresa con preocupación los recortes de la libertad de expresión, con lo que se incluye el reconocimiento de que
se han producido esos recortes. Esperamos que este redactado pueda ser un buen punto de encuentro para los otros dos grupos parlamentarios autores de enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Niño.



La señora NIÑO RICO: Señoras y señores diputados, intervengo por primera vez en esta Comisión para exponer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nuestra posición respecto a esta proposición no de ley presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en relación con la Ley venezolana de responsabilidad social en radio y televisión, también denominada Ley de contenidos. Parece obvio que la aprobación de esta norma en Venezuela ha propiciado importantes críticas de la prensa
del país e incluso de medios de comunicación internacionales, fundamentalmente en el sentido de que dicho texto legal pudiera afectar de forma negativa al derecho a expresarse con total libertad de todos las ciudadanas y ciudadanos venezolanos. Sin
embargo, tampoco podemos estar de acuerdo con la idea que desde el portavoz del Grupo Popular se ha transmitido de hacer oposición desde los medios de comunicación.



Nos gustaría hacer algunas apreciaciones al texto de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular partiendo de una preocupación común -algo que no se debe prejuzgar en ningún caso- de todos los partidos políticos representados en esta Cámara
por trabajar para impulsar y desarrollar el respeto a los derechos fundamentales de todo hombre y mujer, independientemente de donde nazca o resida. En primer lugar, nos gustaría resaltar que del texto de la llamada Ley de contenidos no se
desprende la arbitrariedad que, según reseña el Grupo Popular en su propuesta, da la prerrogativa al Gobierno para ordenar los contenidos que puedan o no emitirse desde los distintos medios venezolanos. De la ley no se desprende que haya una mayor
atribución de poder al Gobierno venezolano para dirigir los medios de comunicación. De hecho, lo que el texto de esta ley sí propicia es una mayor atribución a los tribunales venezolanos -no al Gobierno- para concretar conceptos que aparecen poco
determinados en el texto; conceptos tales como los de orden público o de seguridad nacional. En segundo lugar, y reiterando nuestra preocupación por que esta interpretación judicial de la ley pudiera ser restrictiva y causar efectos negativos al
derecho fundamental de la libertad de expresión, es una realidad incontestable que


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los medios de comunicación venezolanos continúan con su labor crítica al Gobierno, sin que tengamos conocimiento de denuncias concretas en sentido contrario. Prueba de ello es la prensa diaria que, estando la ley en vigor, publica en
Venezuela titulares como los de El Universal, al que ha hecho referencia el portavoz popular, en el día de ayer, 17 de mayo de 2005: Exigen a Bush -se refieren a representantes de la oposición en Miami- atención al acoso de Chávez. Y en uno de sus
párrafos podemos leer: Los últimos acontecimientos en Venezuela muestran a un país totalitarista, con todos sus poderes secuestrados y en total control del presidente Hugo Chávez, señalaron los grupos opositores Venezuela Awareness e IVAC de Miami.
De igual forma, en la publicación 2001, también de fecha 17 de mayo, se explica que el Partido Demócrata Cristiano está preocupado por la práctica del socialismo en el país, y publica: El crecimiento de la pobreza, la inflación más alta de América
Latina, escasas inversiones y la práctica de un socialismo anunciado por el presidente Chávez en reiteradas oportunidades son los señalamientos que esgrime el director nacional de Copei, Pedro Pablo Fernández, entorno a una situación económica que
enfrenta a la nación. Y continúa: Se requiere llamar a toda la colectividad para combatir de manera conjunta, partido y pueblo, el flagelo de la corrupción del país. Parece obvio que de estos artículos no se puede deducir que, efectivamente, esta
Ley se esté aplicando en el sentido de limitar la libertad de expresión de los medios. La realidad es que esto se está publicando en todos los medios de comunicación a diario y como muestra les he traído dos ejemplos recientes del día de ayer. En
tercer lugar, y con relación a la actuación del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su último viaje a Venezuela, quiero aclarar que el presidente no solo, como se especifica en el texto de la propuesta del Grupo
Popular, no ha desechado la oportunidad de demostrar su inquietud sobre este tema, sino que, muy al contrario, ha trasladado todas las preocupaciones y peticiones que desde los distintos representantes de la oposición venezolana -partidos políticos,
ONG, sectores universitarios, iglesia católica, etcétera- se le han hecho llegar. De hecho, en su intervención ante la Asamblea Nacional de Venezuela el presidente del Gobierno afirmó -y leo textualmente-: El único marco para alcanzar el ideal de
una sociedad cohesionada, pluralista y sin exclusiones es el sistema democrático. Y recalcó: Hay instituciones, reglas y hábitos que no pueden alterarse sin grave riesgo de caer en el enfrentamiento, como unos mecanismos institucionales
equilibrados e independientes, una aplicación de la separación de poderes, el pleno respeto de las libertades públicas y los derechos humanos, el funcionamiento normal de los partidos políticos y de los distintos representantes de la sociedad civil,
la aceptación leal de la mayoría de las minorías y el reconocimiento y atención de las preocupaciones legislativas de las minorías. Esta fue la intervención de nuestro presidente ante la Asamblea Nacional de Venezuela.



En definitiva, señorías, compartimos el principio común de interés por la defensa y el respeto a la libertad de expresión en cualquier país del mundo, concretamente el Venezuela; país al que hoy se refiere la proposición que discutimos y en
esta línea el Grupo Socialista ha presentado una enmienda de sustitución que creemos que puede suponer un punto de encuentro en el sentido de que no se puede condenar un texto que aún no ha tenido una aplicación práctica. Además creemos que entre
todos podríamos conseguir trasladar la firmeza de este Congreso, pero con la correspondiente prudencia que todos debemos desarrollar en nuestro cargo.
Por todo lo anterior nos gustaría leer la propuesta para que los grupos la pudiesen conocer
directamente. El tenor literal es: El Congreso de los Diputados, ante la Ley de responsabilidad social en radio y televisión, aprobada recientemente en Venezuela, fiel al principio de promover la consolidación de los sistemas democráticos y de
conseguir sociedades cohesionadas y pluralistas, manifiesta su preocupación ante la eventualidad de que una interpretación restrictiva de determinados aspectos de dicha ley pudiese derivar en decisiones judiciales que supongan una limitación de la
libertad de expresión en dicho país.
Esperamos llegar a un consenso con los demás grupos.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Por el Grupo de Izquierda Unida el señor Llamazares tiene la palabra.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Es la enésima vez que hablamos de Venezuela en esta Cámara desde la llegada del nuevo Gobierno. Por desgracia no hablamos tanto en la época anterior. Me hubiera gustado ver este celo en el seguimiento de la
política venezolana cuando en aquel país la oposición democrática se transmutó en una oposición de subversión y terminó con un golpe cívico-militar que ni el Gobierno de entonces ni alguna fuerza política que ahora se rasga las vestiduras en esta
Cámara dijeron nada. No quiero ir más allá porque ya ha habido un debate sobre esa materia, pero no solamente no dijeron nada sino que saludaron la nueva situación política derivada del golpe cívico-militar en Venezuela.
Eso demuestra el doble
rasero que se utiliza en relación con la política exterior y con la política exterior en Latinoamérica por parte de algunos grupos parlamentarios. Siento cierto alivio porque en este caso la política exterior del Partido Popular no es la del
Gobierno. Si así fuera, estaríamos defendiendo la posición de confrontación de Estados Unidos en Irán y no la posición europea de negociación para obtener la garantía de la no utilización de la energía nuclear para armarse; estaríamos también en
una confrontación sistemática con los gobiernos de izquierdas y en este caso con los gobiernos de izquierdas latinoamericanos. Estoy a la espera de que se tomen iniciativas contra el Gobierno brasileño, contra el Gobierno uruguayo o


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contra el Gobierno argentino por parte del Partido Popular y no espero ninguna iniciativa contra ningún Gobierno latinoamericano que tenga algún problema en materia de derechos y libertades, pero, eso sí, tenga una buena relación con la
Internacional conservadora o con la Internacional democratacristiana.



Señorías, no vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que es injusta con el Gobierno venezolano y demuestra la misma rabia que tiene en este momento la derecha venezolana, que es incapaz de articularse a sí misma como una derecha
democrática que intente relevar al Gobierno a través de mecanismos democráticos. La derecha española hace pinza con la derecha venezolana y continúa en la dialéctica de la deslegitimación democrática del Gobierno venezolano y de la subversión,
cuando no del golpe directo, contra dicho Gobierno. El gran problema lo tiene en estos momentos -lo repito- la derecha venezolana que, desde las últimas elecciones ha perdido -salvo la isla Margarita- todas las regiones venezolanas. Algo tendrá
que concluir la derecha venezolana que ha perdido prácticamente toda su influencia política. Desde entonces continúa en la misma deriva, eso sí, dividiéndose cada vez más y teniendo cada vez menos fuerza en la vida política venezolana a través del
Parlamento de aquel país o de la opinión pública y de los medios de comunicación nacionales. Señorías, yo sí he visto cómo actúa la televisión privada en Venezuela y si ustedes lo hubieran visto en este país se hubieran rasgado las vestiduras,
porque no es un lenguaje crítico; es un lenguaje de confrontación descalificatorio y calumniador. En todo caso, nadie ha discutido que no existan garantías de división de poderes en Venezuela. La muestra de ello es que el poder judicial ha sido
muy suave con los golpistas. No ha habido ningún tipo de injerencia por parte del Ejecutivo en el Poder Judicial y es éste el que garantiza esta nueva ley que confiamos en que se utilice para defender los derechos y las libertades y que produzca de
nuevo una situación en Venezuela como la que se ha producido prácticamente en las últimas diez consultas electorales en las que no solamente gana el partido de Chávez sino que aumenta día a día su respaldo electoral y no es por un problema de falta
de libertades sino, en mi opinión, por un problema de la derecha en Venezuela, que es incapaz de articularse como una derecha política de oposición.



El Partido Popular puede seguir por este camino. En nuestra opinión, es un alivio que esta no sea la política exterior del Gobierno español porque, si no, tendríamos dificultades que ya conocemos en relación con la política exterior hacia
Oriente Medio, hacia el Magreb, hacia América Latina; es decir, dificultades en todos los lugares donde la política exterior española debe ser diferente a la que hoy propugna aquí el Grupo Popular. Ayer utilizaba las armas -armas que también en su
época se vendieron a Venezuela y a otros regímenes del mundo- y hoy utiliza la cuestión de los medios de comunicación, pero en definitiva de lo que se trata es de la obsesión del Partido Popular por determinadas posiciones políticas que nos traslada
a esta Cámara para debilitar la nueva política exterior hacia América Latina. Como a nosotros esa nueva política exterior nos parece más convincente que la que llevaba a cabo el Partido Popular rechazaremos esta iniciativa como hemos hecho en otras
ocasiones.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Nuestro grupo comparte con el Grupo Popular su preocupación por el respeto al derecho a la libertad de expresión. El Estado español debería estar muy atento a lo que pase en Venezuela; un Estado español que está
comprometido con los valores democráticos y que está vendiendo armas a Venezuela. Pero nuestra preocupación no se da solo en Venezuela; se da también en Marruecos, en Siria, en China, en el Tibet o en la Rusia de Putin. Incluso había preparado
una enmienda para expresar nuestra preocupación por que la vigilancia por la libertad de expresión no sea solo en Venezuela, porque hay muchos países por los que deberíamos preocuparnos; incluso deberíamos preocuparnos por el nuestro.
Acabamos de
pasar una etapa de ocho años en la que a veces nos preguntábamos si existía libertad de expresión. Las cadenas de televisión privadas estaban en manos de unos poderes fácticos económicos, que veíamos complicados con el Gobierno de derechas y en la
libertad pública había desaparecido el derecho a la libertad de expresión. Si vamos a los medios municipales de expresión, miren lo que ha pasado en Sabadell, donde se ha perseguido a un niño de 14 años por pegar pegatinas en las que solo se ponía
en cuestión la actuación del alcalde o en mi población, Santa Perpetua de Moguda, donde está vetado que la oposición pueda manifestarse en los medios públicos. Por tanto, pienso que deberíamos mirarnos al espejo, ante esa preocupación por la
libertad de expresión, y pensar si existe realmente la democracia, entre comillas, donde nosotros vivimos.



No voy a apoyar esta proposición no de ley porque me parece un tanto hipócrita. Hay una obsesión del Partido Popular con Cuba y con Venezuela, como si solo allí hubiera problemas, que obedece a intereses y complicidades que no queremos
compartir. Por tanto, no la voy a apoyar.



- SOBRE LA NO EXISTENCIA DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN IRAK.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000799.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos, ahora sí, a la discusión del punto quinto del orden del día: Proposición no de ley sobre la no existencia de armas de destrucción masiva en Irak, del Grupo Parlamentario


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Socialista del Congreso, para cuya defensa tiene la palabra el señor Estrella.



El señor ESTRELLA PEDROLA: Es ésta una proposición no de ley un tanto inusual; no propone medidas ni acciones, no insta al Gobierno a realizar determinadas actuaciones, no toma posición ante acontecimientos que se hayan producido y es, al
mismo tiempo, sin duda, el texto más corto, más escueto que se haya podido someter a debate y votación, por lo que yo recuerdo, en la historia de este Parlamento. Pero este texto, al igual que un relato de Monterroso, contiene una profunda e
intensa significación en sus breves palabras que evocan toda una historia de acontecimientos en torno a la existencia de armas de destrucción masiva en Irak que justificaron una guerra cuyas consecuencias todos conocemos y estamos viendo hoy;
contiene también, por supuesto, una enseñanza, un corolario, que es la realidad del Irak de hoy. Es, por tanto, una proposición no de ley que tiene como objetivo constatar un hecho hoy incuestionable que gravitó, presidió, dominó y fue el elemento
motriz en una guerra cuya justificación fue la existencia en Irak y posesión por ese país de armas de destrucción masiva y el hecho de que esas armas y su posesión suponían una amenaza directa a nuestra seguridad. Hoy sabemos que todo aquello que
se nos dijo era falso y, siendo falsa la mayor, cabe legítimamente preguntarse por las consecuencias que aquel engaño pudo tener. Sin embargo, hemos renunciado a calificar la actuación de quienes nos introdujeron en aquella guerra, de quienes nos
repitieron una y otra vez que éramos irresponsables por no entender que había esa amenaza directa porque existían unas armas de destrucción masiva, que no existían, porque existían unos vínculos con el terrorismo, que no existían tampoco; hemos
renunciado a hacerlo y ni siquiera hemos caído en la fácil tentación de hablar hoy de engaño masivo. No pretendemos obtener ventaja política con esta proposición porque en lo que pueda afectar a la credibilidad de quienes utilizaron el argumento de
las armas de destrucción masiva, de manera también masiva y rotunda, fueron los ciudadanos españoles quienes en la calle primero, en las urnas después, emitieron su veredicto. Ahora se trata de establecer la verdad.



En la exposición de motivos nos limitamos a reproducir algunas de las cosas que entonces se dijeron. Baste solamente recordar aquel párrafo de quien era entonces presidente del Gobierno -no hablaré de ninguna frase de quien hoy es líder de
la oposición, en su credibilidad le vaya- diciendo: Puede usted estar seguro, pueden estar seguras todas las personas que nos ven -nos miraba a los ojos a través de la televisión- de que les estoy diciendo la verdad, el régimen iraquí tiene armas
de destrucción masiva, tiene vínculos con grupos terroristas. Me recordaba a aquel presidente de los Estados Unidos que apareció en televisión diciendo: Read muy lips, no more taxes, lean mis labios, no más impuestos, para, a continuación, subir
los impuestos y el pueblo le pasó factura y le sacó de la Casa Blanca en las siguientes elecciones. El texto que presentamos representa para el Grupo Socialista también un homenaje a las víctimas de esta guerra basada en la presunción o en la
convicción de existencia de armas de destrucción masiva y la amenaza que presuntamente suponían. Víctimas iraquíes en su mayor parte y en su inmensa mayoría víctimas inocentes, civiles inocentes, pero también soldados norteamericanos, soldados
británicos, soldados italianos, soldados de muchos otros países y, por supuesto, también las víctimas nuestras, dos periodistas y 11 militares españoles. Ellos murieron sin saber que no morían por una causa justa, como se les había dicho y, aunque
eso sea así, ello no disminuye en absoluto la dignidad y la generosidad con que dieron sus vidas y tenemos que ofrecerles ese homenaje, pero quede claro que quien les dijo que iban a luchar por una causa justa, no les dijo la verdad, hoy lo sabemos,
hoy se ha reconocido.
Fue una guerra en la que, podríamos decir -y no lo hemos querido meter en el texto-, se humilló al Parlamento por parte de quien nos implicó en esa guerra en contra de la posición de la práctica totalidad de los grupos
parlamentarios, hurtando información al Parlamento; podríamos decir también -y no lo hemos querido incorporar a nuestra resolución- que en la esfera internacional se puso en almoneda la dignidad de España, los intereses nacionales; podríamos decir
muchísimas cosas, pero no las hemos querido decir. Alguien podría decirnos que ésta es una proposición no de ley que viene a solemnizar lo obvio, lo que hoy sabemos todos, que en Irak no había armas de destrucción masiva ni tenía capacidad de
adquirirlas. Lo han dicho todos los organismos internacionales, lo ha reconocido la Administración norteamericana, lo ha reconocido el informe encargado por el presidente de Estados Unidos y lo ha reconocido recientemente también la CIA, que ya ha
cancelado todos sus programas de investigación al respecto. Pero nos parecía importante ese homenaje a las víctimas y hay otra razón que no es menos importante: creemos, señor presidente, que no podíamos cerrar una etapa tan triste, la etapa de
mayor confrontación política y social que se ha vivido en este país en la última década, una división política y social en torno precisamente a la guerra de Irak y a sus motivaciones, sin dejar constancia de la verdad, de la verdad que hoy está
establecida fuera de toda duda, porque creemos que no podríamos mirar al futuro que deseamos, a un futuro de entendimiento, de reconstrucción y de superación de la profunda división que la guerra de Irak generó, dejando en el camino esa herida
abierta en nuestro pasado. Les puedo decir que, si se aprueba esta proposición no de ley, este portavoz no volverá a recordar en el debate político con el Grupo Popular la guerra de Irak, las acciones y las palabras del entonces presidente del
Partido Popular, las palabras del hoy presidente del Partido Popular. Eso supone una renuncia también a volverlo a utilizar, por mi parte y en nombre del Grupo Socialista, en debates


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ulteriores. Queremos dejar atrás esa etapa y por eso proponemos a la Comisión que se apruebe un texto que dice -al igual que en una historia de Monterroso, un texto muy breve-: La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los
Diputados declara probado, más allá de toda duda razonable, que en marzo de 2003 Irak ni poseía ni estaba en condiciones de poseer armas de destrucción masiva de naturaleza alguna. Esa es la propuesta del Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: No se ha presentado ninguna enmienda al texto de la proposición no de ley. ¿Grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por el Partido Nacionalista Vasco tiene la palabra el señor Erkoreka.



El señor ERKOREKA GERVASIO: Es poco lo que se puede añadir al texto de la proposición no de ley del Grupo Socialista y a las palabras que ha pronunciado ahora mismo su portavoz. El texto se divide en dos partes: una larga exposición de
motivos que recoge algunos de los principales pronunciamientos que las máximas autoridades del Gobierno español de aquella época hicieron públicos en relación con la existencia o no de armas de destrucción masiva en Irak, pronunciamientos que
justificaron la decisión de participar o de apoyar la contienda pero que hoy sabemos que no se corresponden en absoluto con lo que fue la realidad de los hechos e, inmediatamente después, una parte resolutiva clara, concisa, escueta, que ha leído el
portavoz socialista y que se limita a incorporar una declaración que cuenta ya con el aval de prácticamente todos los organismos estadounidenses e internacionales que han hecho alguna referencia a la cuestión. Por tanto, podríamos hacer
consideraciones colaterales sobre la oportunidad de la iniciativa, la pertinencia de los términos en los que se basa; podríamos abundar en consideraciones de todo tipo sobre la ligereza con la que algunos responsables políticos adoptan decisiones
tan graves como la de apoyar un enfrentamiento bélico que provoca miles de muertos; podríamos insistir en lo nefastos que algunos líderes políticos resultan para algunos países; podríamos hacer muchas cosas, pero difícilmente podemos negarle el
apoyo a esta proposición que en su contenido actual dice auténticas verdades, verdades redondas e incontestables. Por tanto, sin más reflexiones, mi grupo parlamentario anuncia el voto favorable a la resolución.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra la señora Bonás.



La señora BONÁS PAHISA: Es evidente que estamos de acuerdo con la exposición de motivos de esta proposición no de ley: las armas de destrucción masiva fueron solo una excusa para intervenir en Irak; los verdaderos motivos ya los conocía
la sabiduría popular. El resultado de la intervención, el desastre que muchos predijimos, ya está a la vista.
De todas formas, hay que recordar que Irak gaseó a los kurdos, es decir, Irak sí tenía gas. Esta mañana ha habido unas declaraciones en
las que se decía que fue Estados Unidos quien vendió el gas a Sadam Hussein. Por tanto, no me parece bien aprobar esta declaración tan rotunda de que no existían armas de destrucción masiva y propongo una transaccional, añadiendo que no existen
evidencias de que en marzo de 2003 poseían o estaban en condiciones de poseer armas de destrucción masiva. No podemos ser tan contundentes, porque los americanos sabían que había gas, lo que pasa es que no lo encontraron ya que -y esto es más
probable- estaba destruido. Coincido plenamente en los motivos de la proposición no de ley, estoy de acuerdo con usted, pero añadiría esta expresión de que no existían evidencias.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Muy brevemente. Nuestro grupo interviene para manifestar su posición favorable a esta proposición. Nuestra posición se basa en la coherencia con las votaciones que se han realizado al respecto por nuestro grupo
anteriormente; la realidad ha demostrado posteriormente la inexistencia de estas armas. Como ya declaramos en ocasiones anteriores en relación con la posible existencia de estas armas de destrucción masiva, probablemente habían sido destruidas.
Entendemos que es evidente y necesario dar nuestro voto favorable. También discrepa nuestro grupo respecto a que en una exposición de motivos se incluyan declaraciones personales. Sin ánimo de restarle eficacia a esta exposición de motivos, sin
ánimo de restarle evidencia a la intención de la propuesta que suscribimos totalmente, entendemos que la praxis parlamentaria nos obliga a que las exposiciones de motivos tengan otro contenido. Sin embargo, nuestro voto será absolutamente favorable
a esta proposición.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor De Arístegui.



El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: En primer lugar, quiero decirles que cuando las proposiciones no de ley tienen por objeto no solo suscribir una valoración o una intención política de la Cámara, sino un objetivo muy claro y manifiesto de
despreciar, desprestigiar e incluso mancillar el buen nombre del anterior presidente del Gobierno y del actual presidente del Partido Popular, francamente ni nos podemos adherir ni lo vamos a hacer.



Teniendo en cuenta que todas las propuestas en esta Cámara son legítimas, lo que no nos parece legítimo, de verdad, es que se intente utilizar esta Cámara para que el Partido Popular certifique y acepte que su presidente del Gobierno
anterior y que el actual presidente


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del Partido Popular mintieron, cuando no lo hicieron. Francamente, nos sorprende que la lectura de un informe de 1.000 páginas, cuyas conclusiones no son en absoluto las que dice el portavoz socialista, tenga el resumen que se incluye en el
preámbulo de la proposición no de ley socialista, que se acerca increíblemente a sus propias posiciones.
Pero, por ejemplo, omite muchas cosas que dice el famoso informe. El informe dice, entre otras cosas, que Sadam Hussein conservaba capacidad
industrial durante los años noventa para reanudar, si fuera preciso, la fabricación de armas químicas. Sí, lo dice. Respecto a la capacidad de fabricarlas, el informe Duelfer afirma que el modo en que el régimen iraquí había organizado su
industria química desde mediados de los noventa, le permitía conservar el conocimiento necesario para reiniciar un programa de armas químicas. Eso lo dice. A lo mejor no se han leído ustedes las 1.000 páginas, pero lo dice en alguna parte de
ellas. Lo que pasa es que no se puede hacer siempre una glosa sesgada de los documentos y de los papeles en función de los intereses coyunturales políticos de una fuerza política y de sus aliados. Porque, además, lo que sí se encontró, señor
Estrella, fueron los programas, que estaban reflejados en los presupuestos generales del Estado iraquí, se encontraron también los científicos, que se contaban por miles; es verdad que muchos de ellos ya no tenían trabajo por la tensión
internacional, pero estaban identificados por el régimen como los especialistas en cada uno de los ámbitos. Lo que dice el informe es que si lo hubiese querido Sadam Hussein y si la presión internacional hubiese disminuido en el momento preciso,
hubiese podido reanudar la fabricación de esas armas en cualquier momento. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, que la información sobre la que se fundamentó la posición del Gobierno del Partido Popular era la de informes de inteligencia y otras
cosas, usted omite que la inmensa mayoría de los informes -o todos en el caso del Gobierno español- sobre los que se fundamentó la posición del anterior Gobierno eran de los inspectores de Naciones Unidas y que la Resolución 1441 hacía el mismo
diagnóstico que hacíamos nosotros porque la discrepancia no estaba en el diagnóstico, señorías, la discrepancia estaba en el calendario, en los plazos y en los medios, no en el diagnóstico. La 1441 era la que decía que Sadam estaba armado y era
peligroso. ¿Se equivocó entonces España? No, porque España no se sentaba en el Consejo de Seguridad en noviembre del año 2002 cuando se aprueba la 1441. Sí se sentaban algunos de los más firmes opositores a la intervención en Irak y votaron a
favor de ese diagnóstico que está contenido en la 1441; votaron a favor de ese diagnóstico Francia, Alemania -que estaba en el Consejo de Seguridad en ese momento-, Rusia, China, Siria y, obviamente, todos los demás, puesto que la aprobación de
dicha resolución fue por 15 a 0. ¿Tienen ellos también la culpa de habérselo creído? ¿Por qué la tienen aquellos que no se sentaban en el Consejo de Seguridad y no la tienen, sin embargo, aquellos que sí se sentaban? Porque si la responsabilidad
de habernos creído algo que resultó no ser, según usted, es del anterior Gobierno de España, lo es de todos los que suscribieron la 1441, dentro y fuera del Consejo de Seguridad. Esa es la realidad, porque la 1441 sí era un diagnóstico común que
hacía la comunidad internacional. ¿Se equivocó toda ella? Es posible, pero le voy a dar algún dato.



Lo que nos parece también ciertamente preocupante es que ustedes hagan una glosa sesgada de las cosas que se dicen y que lo incluyan en su texto.
Además, usted ha hecho una amenaza velada de que si el Partido Popular no aprueba esta
proposición no de ley seguirán recordándonos las palabras...
(El señor Estrella Pedrola: No, lo he dicho al revés.) Bueno, pues al revés. Da igual, es lo mismo: no lo volverán a usar, si votamos a favor.
Si ustedes quieren recordar las palabras
del anterior presidente, háganlo bien, digan lo que dijo. Por ejemplo, ustedes dicen que dijo: El Gobierno tiene información reservada que demuestra que Irak, con armas químicas y biológicas y conexiones con grupos terroristas, supone una amenaza
para la paz y la seguridad mundial. Tenemos evidencias suficientes en ese sentido. Eso es lo que ustedes citan y lo que dijo de verdad en esa entrevista a Europa Press es: Todos los gobiernos tienen información de carácter reservado y el Gobierno
español tiene información, evidentemente, de que el régimen iraquí, el régimen de Sadam Hussein, en función del armamento que tiene -armamento biológico y armamento químico-, de sus vinculaciones con grupos terroristas, supone, efectivamente, una
amenaza para la paz y para la seguridad del mundo y supone también una amenaza para la paz y para la seguridad de España. Es decir, hay una glosa equivocada y sesgada de las palabras del presidente.
También hay que recordar otra cosa. Desde el
año 1991, en que se establece el régimen de las inspecciones, hasta noviembre de 1998 en que se expulsa a los inspectores, se producen toda clase de presiones a los inspectores de Naciones Unidas. En ese periodo de tiempo se produce un suceso del
que yo he hablado otras veces en esta Cámara, se produce la fuga de dos elementos fundamentales del régimen que eran yernos de Sadam Hussein, el primero, Hussein Kamel Hassan Al-Majid y, el segundo, Sadam Kamel Hassan Al-Majid. El primero había
sido ministro de industria militar, es decir, la persona que montó esos programas de armas de alta capacidad destructiva y el segundo era el jefe de la guardia especial republicana. Esto no lo he leído, lo he vivido. Yo tuve una entrevista de
cinco horas con Hussein Kamel Hassan Al- Majid y lo que él me dijo, después se comprobó y está en las hemerotecas para que se pueda seguir.
En aquella entrevista de junio del año 1995, Hussein Kamel Hassan Al-Majid, ex ministro de industria
militar, ex jerarca del régimen de Sadam Hussein, dijo que estaba negociando la posibilidad de convertirse en uno de los líderes de la oposición iraquí en el exilio, cosa que evidentemente iba a ser imposible, porque nadie de


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la oposición en el exilio podía darle credibilidad a un personaje que, encima, era yerno de Sadam Hussein. Él dijo que les había trasladado a los servicios de inteligencia occidentales y a los inspectores de Naciones Unidas solo una
fracción de lo que sabía y que ya veríamos nosotros cómo a lo largo de los meses siguientes esa información que él había trasladado iba a tener unos resultados evidentes. Desde el mes de junio hasta su vuelta a Irak, engañado por su suegro, los
inspectores de Naciones Unidas, milagrosamente, empezaron a encontrar muchas cosas. Por tanto, las afirmaciones que en algún medio de comunicación se han hecho en el sentido de que en 1991 ya no había armas de destrucción masiva, son falsas. (El
señor Estrella Pedrola: Aquí dice 2003.) En el papel dice 2003, pero en los medios de comunicación se ha criticado porque se decía que ya desde 1991 no había y, por tanto, lo que se encontró entre 1995 y 1996 demuestra que la afirmación de que en
1991 no las había ya era falsa. Lo que yo le digo es que entre junio de 1995 y la vuelta de Hussein Kamel y su hermano a Irak, donde son torturados, asesinados y descuartizados, cesa el éxito de los inspectores de Naciones Unidas, porque ya no les
estaba suministrando información el señor ex ministro de industria militar. Creo que es un indicio bastante preocupante o por lo menos a mí me lo parece. Pero cuando se marchan los inspectores en noviembre de 1998 -más bien, cuando son expulsados
en noviembre de 1998-, señoría, dicen que están convencidos de que sigue habiendo armamento prohibido en Irak. Eso es lo que dicen cuando se van, y dicen que tienen sospechas de que allí no ha culminado su tarea. Esas sospechas y los informes que
escriben los inspectores de Naciones Unidas -usted podrá negarlo con la cabeza, pero la evidencia es tozuda- es lo que dicen en noviembre de 1998 y son esos informes los que sirven de fundamento a la posición de los servicios del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para redactar la 1441, unánimemente aceptada y les reitero una vez más que el diagnóstico de la 1441 es absolutamente aceptado de forma inequívoca y unánime por toda la comunidad internacional. Por tanto, todos aquellos
que no la apoyaron se equivocan, exactamente igual que aquellos que apoyaron la intervención, porque el diagnóstico era el mismo, donde se producían las discrepancias, como dije antes, era en los medios y el calendario.



El señor PRESIDENTE: Le ruego que vaya acabando, señor De Arístegui.



El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Voy acabando, señor presidente y le agradezco su magnanimidad.



Me gustaría hacer algunas otras citas de descontextualización de declaraciones del entonces presidente del Gobierno y del presidente de mi partido, señor Rajoy, que han hecho ustedes en el preámbulo de su proposición no de ley. Las tenemos
aquí. Demuestran una falta de buena fe preocupante, porque es la manipulación de declaraciones y de discursos parlamentarios del anterior presidente del Gobierno y del actual presidente del Partido Popular y líder de la oposición. En cuanto a las
vinculaciones con terroristas, nunca se dijo que las hubiese de forma taxativa con ciertos grupos concretos; había indicios de que se podían producir, por ejemplo, porque dijimos, entre otras cosas -tenemos buena memoria- que los cementos más
fuertes a lo largo de la historia para crear coaliciones y alianzas era la coincidencia de enemigos más que la coincidencia de ideas y de principios. Pero yo le doy un dato, un dato comprobado y contrastado. ¿Qué le dice a usted 50.000 dólares de
subvención a los familiares de los terroristas suicidas de Hamás y de la Yihad islámica, que salían de las arcas de Sadam Hussein cada vez que se producía un atentado suicida en Israel? Eso es un apoyo con dinero iraquí a la actividad terrorista,
porque el suicida sabe que, siendo de Gaza o de Kalkiria, por ejemplo, en Cisjordania, donde 50.000 dólares son una verdadera fortuna, no va a dejar un vacío detrás de sí y eso puede servir perfectamente de estímulo para que otros potenciales
candidatos a la inmolación puedan seguir sus pasos.



Concluyo diciendo simplemente, señoría, que nosotros pensamos que el hecho de que no se encontrara cuando cae el régimen de Sadam Hussein, el 9 de abril y en adelante, ese armamento que sospechaba Naciones Unidas que existía, no es en
absoluto una evidencia de que en marzo, cuando se inician las operaciones militares y la intervención, no existiera. Lo que dice es que cuando los inspectores de los Estados Unidos van, no lo encuentran, pero eso no quiere decir en absoluto que en
marzo de 2003 no existiera.



El señor PRESIDENTE: Quiero recordarles -hay una mayoría amplia de portavoces- que el próximo miércoles día 25, de acuerdo con lo que la Mesa estableció en su última reunión, habrá sesión de la Comisión de Exteriores a las 10 de la mañana
con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores. Será convocada preceptivamente, pero se lo digo para que SS.SS. lo tengan en cuenta.



- RELATIVA AL PROCESO DE AUTODETERMINACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000924.)


El señor PRESIDENTE: Punto siguiente, por tanto, del orden del día: Proposición no de ley relativa al proceso de autodeterminación del pueblo saharaui, del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds. Es la señora Navarro quien va a defenderla, para lo que tiene la palabra.



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La señora NAVARRO CASILLAS: Un internado con 605 niños que pasan hambre, un hospital sin medicinas, un Estado sin territorio no reconocido por la Unión Europea, una lucha pacífica e incansable escrita en la arena del desierto, una
estructura organizativa que sobrevive gracias al coraje de un pueblo y gracias también a la solidaridad internacional que reconoce la injusticia y la declara en sus resoluciones de Naciones Unidas. Pero esto no se traduce en un apoyo político firme
para que se cumpla la última salida prometida y nunca ejecutada, el conocido Plan Baker. El llamado II Plan Baker propone la creación de una autonomía bajo soberanía marroquí y un referéndum de autodeterminación. Un plan lleno de ambigüedades y
riesgos para los destinatarios, que el Frente Polisario no ha rechazado porque incluye un referéndum, esto es, la posibilidad de poder volver a mirar el mar desde sus casas. Los días pasan, pasan los años, y el único cambio en los campamentos
saharauis, donde viven unas 200.000 personas, ha consistido en una disminución de la ayuda de la Unión Europea prestada a través del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECO) y del programa mundial de alimentos de las Naciones
Unidas (PAM). Según nos han informado ellos mismos, los últimos años han recibido 13 millones de euros menos de ayuda internacional, una asfixia lenta para un pueblo que se resiste a perder su tierra, la tierra que regalamos los españoles sin que
fuera nuestra hace ya treinta años.



El actual Gobierno español no puede eludir por intereses económicos la responsabilidad política y moral histórica adquirida como antigua potencia colonial y, por tanto, como generadora de esta injusticia, todo ello sin olvidar las demandas
que realiza nuestra ciudadanía, que reivindica una acción firme del Gobierno frente a la monarquía alahuita.
Mientras los ciudadanos saharauis se encuentran en esta situación, Marruecos destina sumas absolutamente desorbitadas para mantener el muro
que separa la zona liberada de la zona ocupada, aderezado con minas y radares; mientras, la Unión Europea permite a Marruecos acuerdos pesqueros en las costas saharauis; mientras, se abren vuelos desde Canarias a la zona ocupada; mientras, los
saharauis esperan. ¿Hasta cuándo van a esperar?


Por parte del secretario de Estado del actual Gobierno se manifestó en esta Comisión que la política del Gobierno sobre el Sahara es coherente, es sólida y ha sido la misma en todo momento. Nosotros no queremos que sea la misma, sino que
sea contundente, que sea activa, que potencie ese liderazgo que debemos mantener para alcanzar una solución para el pueblo saharaui, una solución que pasa siempre por el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Según el secretario de Estado,
el plan Baker tiene unas esencias que reiteradamente reconocen desde el presidente hasta el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, como son la libre determinación, la realización del referéndum, pero -dice- también es posible que se puedan
realizar enmiendas al mismo sin que pierda su esencia para que pueda ser aceptable por ambas partes. Nosotros aceptamos que se pueda llevar a cabo alguna enmienda para mejorarlo y alcanzar esta solución, pero sin renunciar nunca a ese referéndum,
que es la única salida posible para que el pueblo saharaui vuelva a recuperar su tierra, vuelva a sus casas y pueda vivir en paz y libertad.



Entendemos que por ello el actual Gobierno debe llevar a cabo una política contundente que no es precisamente la que se está efectuando, y por eso defendemos esta iniciativa y esperamos el voto favorable de toda la Comisión.



El señor PRESIDENTE: Existen tres enmiendas, una presentada por el Grupo Parlamentario Popular, otra presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la tercera presentada por el Grupo Socialista.



Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ricomá.



El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Nuestro grupo afronta esta proposición no de ley con el firme deseo de que reciba la misma consideración que todas aquellas iniciativas que sobre esta cuestión se han debatido en esta Cámara, al menos desde
1997, y fijo esta fecha porque es significativa, dado que es el año en que Kofi Anan designó como su representante en el Sahara occidental a James Baker y es el año en el que, como consecuencia de esta decisión, se llegó a los acuerdos de Houston.
Por tanto, el resultado que ha habido ante cualquier iniciativa presentada en esta Cámara siempre ha sido la unanimidad. Hubo una proposición no de ley en la Comisión de Asuntos Exteriores en diciembre del año 1997; posteriormente, en mayo del año
2000, hubo una moción consecuencia de interpelación a la que hace referencia la proposición no de ley que hoy se nos presenta, y la última fue una iniciativa de todos los grupos de la Cámara, una proposición no de ley que se debatió en Pleno en
septiembre del año 2004, siendo por tanto ésta la más reciente. Yo creo que es una trayectoria de consensos y de unanimidad que debemos tener presente en todo momento para que siga guiando los posicionamientos de la Comisión de Exteriores y del
conjunto del Congreso de los Diputados.



Son muchos los vínculos y también son muchas las responsabilidades que tiene España para con el pueblo saharaui como para romper ahora esa unidad y trasladar una imagen de desencuentros, de divisiones sobre cómo vemos el problema, que dura
ya treinta años y hemos tenido suficiente tiempo de analizarlo, y sobre cuál es la mejor manera de afrontarlo, y creo que nos hemos movido en todo momento en la línea del acuerdo entre las partes, el respeto a la legalidad internacional y a las
varias resoluciones de Naciones Unidas que ha habido sobre esta cuestión.



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Para mantener esta trayectoria de consenso es importante mantener sólidos los pilares: por un lado, la no existencia de tics partidistas a la hora de afrontar esta cuestión y de presentar nuevos redactados para someterlos a la consideración
de la Comisión y, por otro lado, actitudes coherentes, consecuentes con las propias que a nivel de cada grupo se han venido dibujando en la historia de esta Comisión con relación al Sahara occidental. Estas premisas, la de evitar tics partidistas y
la de la coherencia, son las que nos han llevado a presentar nuestra enmienda, muy sencilla, que sólo persigue la sustitución de un párrafo de las propuestas de resolución, concretamente la sustitución del párrafo número tres, porque creemos que
tras esta sustitución, si es que nuestra enmienda se acepta, queda el texto en la línea argumental y posicional de resoluciones anteriores y, por tanto, reforzaría el peso en cuanto a los acuerdos que se derivan de esta Comisión y evitaría
introducir aquello que puede desprenderse de la lectura del punto tres, tal como en origen se nos presenta, de gobiernos buenos y gobiernos malos. No creo yo que nuevas dinámicas o viejas dinámicas vayan en consonancia con la calificación de que un
Gobierno es bueno o malo, y mucho menos creo que esto tenga que aportarse como novedad en una resolución sobre el Sahara occidental, por mucho que se establezca ya con la presencia desde hace un año de un nuevo Gobierno. (El señor vicepresidente,
Lanzuela Marina, ocupa la Presidencia.) Yo entiendo que no supone ninguna aportación cualitativa introducir en la proposición no de ley este párrafo en el que se hace referencia literalmente a la nueva dinámica europea que se inicia por nuestro país
tras las elecciones del 14 de marzo. Es más, creo que en la cuestión del Sahara occidental, si la nueva dinámica europeísta consiste, como parece ser, en vendarse los ojos y dar la mano a Francia para que guíe nuestros destinos en política
exterior, no nos iríamos mucho más lejos de la percepción que sobre la cuestión del Sahara occidental tiene Marruecos y, por tanto, sí nos alejaríamos bastante de la finalidad o del objetivo que vienen persiguiendo todos los acuerdos que hemos
obtenido en esta Comisión.



Yo creo que si tuviéramos que poner algún pero -y por ello hablaba anteriormente de coherencias- sería el pero de estas derrapadas o de estos deslices o contrasentidos que estamos observando actualmente en el Gobierno, hasta el extremo de
que en el tema del Sahara occidental no acabamos de saber bien qué es lo que piensa, tampoco acabamos de entender bien qué es lo que hace y, por tanto, nos inundan serias dudas sobre a dónde nos quiere llevar el Gobierno en cuanto a su visión sobre
la cuestión del Sahara occidental. El 16 de marzo pasado tuvimos oportunidad de analizarlo con intensidad en la comparecencia del secretario de Estado de Exteriores, don Bernardino León, para debatir específicamente sobre esta cuestión, y allí el
Partido Popular constató lo que son las siete grandes contradicciones que nosotros hemos detectado a lo largo del año de gestión del Gobierno socialista en torno a esta cuestión. Él nos respondió que le parecía todo muy bien, pero cuando hay
contradicciones, si te parece bien lo que hacen los dos agentes que producen la contradicción, lo que no consigues es deshacer la contradicción y por tanto no introduces claridad.



Hablamos de las contradicciones que existían entre el propio secretario y el ministro en cuanto a la definición o a la consideración que les merece el término neutralidad activa; hablamos de las contradicciones entre el Gobierno y el
partido que le soporta en cuanto a la consideración que les merece el plan Baker; hablamos de las contradicciones que hemos observado entre lo que el Gobierno está diciendo al rey de Marruecos por un lado y al señor Abdel Aziz por otro; hablamos
de las contradicciones que suponen aprobar en el Congreso un texto y no aprobar el mismo texto veinticuatro horas después en el Senado; hablamos de las contradicciones que existen entre los cuadros del Partido Socialista, que lógicamente están más
supeditados a la jerarquía que les manda el Gobierno, y las bases de su propio partido, que no se han movido de su posición inicial; hablamos de las contradicciones que tiene el Gobierno con sus propios socios parlamentarios, puesto que la
comparecencia del secretario de Estado para que clarificara esta cuestión fue pedida por los grupos que son hoy apoyo del Gobierno, y hablamos de las contradicciones entre los mandatos que salen del Congreso y lo que hace el Gobierno, teniendo un
ejemplo claro de ello en la abstención que manifestó nuestro Gobierno en la Comisión de Descolonización de Naciones Unidas. A estas contradicciones incluso podríamos añadir una nueva, dado que ayer mismo, en el trámite de votación de las
resoluciones del debate sobre el estado de la Nación, dentro de la resolución del Partido Socialista sobre asuntos exteriores, con relación al Sahara sólo decía seguir trabajando mediante la interlocución con todas las partes para alcanzar una
solución definitiva y justa en el Sahara occidental. Nos parece muy bien, pero creemos que falta añadir el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y hacer referencia a lo que es el referente de dichas resoluciones, que es el plan Baker.



Por tanto, si hay algún problema de cara a esa futura unanimidad es que de una vez por todas el Partido Socialista clarifique bien su posición.
Evidentemente el Partido Popular sí se mantiene firme en lo que dijo, en lo que dice y en lo que
dirá, y en ese sentido da por buenos los puntos uno, dos y cuatro de la proposición no de ley que ha presentado la señora Navarro y solicita, para mantener ese espíritu mimético, en cuanto a la línea argumental, al que hemos venido trabajando en los
últimos años, que acepte nuestra enmienda. Hay otra muy similar del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y nosotros estaríamos de acuerdo en transaccionar con el Grupo Catalán este punto, que sustituyera al que en origen figura en la
proposición no de ley, y así llegaríamos a un texto que, insisto,


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reforzaría lo que viene siendo una posición unánime, consensuada y en la línea de lo que debe ser el trabajo, tanto de nuestro país, como de la Unión Europea como de sus países miembros, para intentar conseguir llegar a ese objetivo final de
autodeterminación del pueblo saharaui, teniendo como hoja de ruta resoluciones de Naciones Unidas y el propio plan Baker.



A la espera, pues, de la aceptación por parte de la señora Navarro de nuestra enmienda, nada más que manifestar nuestra voluntad de seguir trabajando en esta línea y nuestro deseo de que siga gozando del consenso que en los últimos ocho o
nueve años ha venido teniendo.



El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Grau.



El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo entiende que la propuesta que presenta Izquierda Unida es oportuna en estos momentos porque tiene que refrescar un poco esta situación, una situación que, como ha dicho la proponente, se está
deteriorando y entra en la inanición, en el olvido, y posiblemente en laise faire, laise passer, que podría llevar a un estancamiento del problema y a su enquistamiento o no solución.



La propuesta está muy bien elaborada en el sentido de que establece las tres vías de actuación. La primera es el mandato a la Cámara para que se inste a la presencia española en las Naciones Unidas a mover en el próximo período de sesiones
el avance de las negociaciones sobre el proceso de determinación del pueblo saharaui. La segunda, que subsidiariamente a esta propuesta se establezcan las vías de diálogo que están cortadas desde hace muchísimos años entre el frente polisario y el
reino alahuita, que no tienen en este momento diálogo, apareciendo informaciones como la de los presos que no son devueltos cuando en realidad, según otras informaciones, parece ser que son presos que no se deja que vuelvan y que están retenidos
como elemento de desavenencia y como elemento conflictivo, y este segundo punto de favorecer el diálogo puede ayudar en el próximo período de sesiones a obtener una solución.



Al tercer punto de la proposición de Izquierda Unida nuestro grupo ha presentado una corrección en el sentido de que la neutralidad activa de España suponga una presencia más activa, más potente, tanto en la Unión Europea como en sus países
miembros, por nuestras relaciones históricas con Sahara y nuestra responsabilidad histórica con respecto a ellos, de cara a obtener unas vías de solución más positivas y con nuestra propia influencia, que al menos no sea nuestro olvido el que entre
en este enquistamiento o esta inanición de la que he hablado al principio. Por ello hemos presentado una enmienda de rectificación en la cual proponemos esta presencia española más importante, esta capacidad nuestra, desde nuestra persistencia en
la Unión Europea, como elemento decisorio para ayudar al pueblo saharaui, y al mismo tiempo nuestra presencia con los propios países miembros para que esta memoria histórica, esta memoria de ayuda o esta neutralidad activa sean realmente operativas
en la ayuda al pueblo saharaui. Como entendemos que nuestra enmienda va en la línea de la que propone el Grupo Popular en sus rasgos esenciales, aceptaríamos una transacción, si a la proponente le parece bien, para redondear esta vía de acción de
España ante la Unión Europea y los países miembros a favor de las soluciones para el pueblo saharaui.



Finalmente, la cuarta vía, el punto cuarto, con el que también estamos absolutamente de acuerdo, es en la que hay que ayudar más al pueblo saharaui. Las ayudas internacionales se han visto reducidas, posiblemente se han manifestado algunos
conflictos no bien analizados sobre utilización de las ayudas y disquisiciones innecesarias, creo, y absolutamente banales sobre las ayudas necesarias que en definitiva paga la población. Por ello es necesario instar a que las ayudas sean más
efectivas, mantener un nivel de ayudas a favor del pueblo saharaui, que ha bajado en los últimos años, cosa que no se justifica por su impotencia al estar situados fuera de su propio país, fuera de cualquier territorio productivo, y absoluta y
totalmente dependientes de la ayuda internacional. Por ello nuestro grupo apoya estas acciones.



Quiero además recordar al Gobierno que debemos estar un poco más presentes en la ayuda a este pueblo, que en un tiempo fue territorio español. Por tanto, nuestro grupo propone, en aras del consenso, solicitar la inclusión de la enmienda
dentro de la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida, con la voluntad de transaccionarla con los otros enmendantes, y salir de esta Comisión con un voto unánime a favor del pueblo saharaui, que merece todo nuestro apoyo y nuestra
atención.



El señor VICEPRESIDENTE (Lanzuela Marina): Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Acosta. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor ACOSTA CUBERO: Traemos hoy a esta Comisión una proposición no de ley en torno al Sahara occidental, y es una proposición no de ley que determina que el problema sigue sin resolver desgraciadamente después de los largos años ya
vividos, y en el futuro lo que trata esta proposición no de ley, al menos la voluntad de este grupo, es resolver el tema del Sahara occidental en las claves políticas que hemos defendido en todo momento. Es un problema vivido en las Cortes
Españolas desde el año 1977 y que siempre ha sido tratado por todos, como se ha recordado aquí, de manera bastante unitaria, y quisiéramos que hoy también fuera así.



Nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución que trata también los temas que la proposición


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no de ley establece, trata el tema de las resoluciones aprobadas en el Congreso de los Diputados para defender activamente la necesidad de una solución urgente y definitiva del conflicto del Sahara occidental, promover las iniciativas
necesarias para lograr un acuerdo entre las partes, impulsar la coordinación en torno a lo que significa la ayuda al pueblo saharaui..., y creemos que esta redacción que presentamos lo sostiene mejor, pero en aras a la unanimidad de esta Comisión
estamos tratando de llegar a un acuerdo de transacción con la señora diputada.



Esta proposición tiene un antecedente después de las elecciones del 14 de marzo, que es la proposición no de ley que fue aprobada en el Pleno del Congreso el 14 de septiembre de 2004, y tengo que recordar que ayer mismo -y contesto al Grupo
Popular-, a iniciativa de Coalición Canaria y con el voto del Grupo Socialista -y me dicen que del Grupo Popular, pero sobre todo yo destaco que del Grupo Socialista-, se aprobó como resolución después del debate sobre el estado de la Nación exacta
y literalmente la misma proposición no de ley aprobada el 14 de septiembre de 2004.



Acerca de lo que expone el señor diputado del Partido Popular de derrapadas e incoherencias y no sé cuántas histerias o historias más del Grupo Socialista, tengo que aclarar algunas cosas. En el tema que nos movemos la posición que tomamos
es lo suficientemente coherente para que todo el mundo la reconozca, no hay más que volver a los gobiernos socialistas anteriores o, si se quiere, en lo inmediato, a lo que significa la política del Gobierno socialista, y se ha visto aquí en varias
ocasiones e intervenciones del señor ministro: La posición de los socialistas en torno al conflicto del Sahara occidental está marcada por nuestro programa electoral, que comprometía a apoyar activamente las gestiones y las resoluciones del Consejo
de Seguridad tendentes a la solución del conflicto del Sahara en el marco de Naciones Unidas. El señor ministro, a pregunta de un diputado del Partido Popular, expuso la posición del Gobierno: La voluntad de este Gobierno en el marco esencial de
Naciones Unidas, sin olvidar en ningún momento que es el marco referencial del cumplimiento de todos los apoyos y esfuerzos del secretario general y de su enviado, es la de facilitar una solución justa, duradera, consensuada, una solución política
en la que todas las partes a favor de la estabilidad en el Magreb, a favor de la relación entre el Magreb y Europa, puedan sentirse satisfechas. Esto es del 19 de mayo de 2004, y constato que el tema del Sahara occidental, en los trece meses de
legislatura, ha sido tratado suficientes veces por el Gobierno de manera rotunda y en la dirección que marca la resolución de Naciones Unidas.



Se ha hablado también aquí de la intervención del secretario de Estado de Exteriores, don Bernardino León, en la que expuso claramente, a preguntas e intervenciones del Partido Popular, cuál es la posición del Gobierno y del Partido
Socialista, y es residenciar el problema que nos ocupa en Naciones Unidas y en sus órganos, propugnar un acuerdo entre todas las partes confrontadas y exigir que el derecho del pueblo saharaui a la determinación sea respetado en cualquier
resolución. Así de rotundo y así de concreto, como ha sido siempre desde que empezó el trágico conflicto saharaui. En definitiva, lo que está haciendo el Gobierno es apoyar a Naciones Unidas en su propuesta para que la libre determinación del
pueblo saharaui que establece el plan Baker II sea realizada lo antes posible y tratar de influenciar y de apoyar el acuerdo entre las partes, que ya se sabe que está difícil y dificultado posiblemente, pero en esa dirección nos movemos, y esperemos
que desde esta posición nuestra la ayuda a Naciones Unidas y al secretario general pueda contribuir a que pronto el tema saharaui deje de ser un conflicto en el orden mundial para verse solucionado. Eso es lo que pretendemos y lo que queremos a
través de nuestras propuestas hoy y a través de la aprobación ayer de la resolución que contribuía a la aprobación en el Pleno del 14 de septiembre de esa proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean hacer uso de la palabra para fijar sus posiciones? Damos por ultimado el debate sobre esta proposición no de ley.



EXAMEN DEL INFORME SOBRE LA REFORMA DE LAS NACIONES UNIDAS ELABORADO POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.



El señor PRESIDENTE: Retomamos el punto primero del orden del día, examen del informe sobre la reforma de las Naciones Unidas elaborado por el grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Esta
Comisión conoce que en su día se encargó a unas personas, que son las que precisamente han constituido este grupo de trabajo, miembros por supuesto de esta Comisión, que elaborasen un informe a raíz de la visita que, también en nombre de la Comisión
de Asuntos Exteriores, habían hecho a Nueva York, principalmente en sede de Naciones Unidas, con el programa que se nos adjunta en el informe que ellos mismos han elaborado y que SS.SS. conocen, y en cualquier caso está a su disposición si no lo
tienen a mano. El informe ha sido elaborado con el concurso y entiendo que por consenso de todos los miembros que integraban la delegación del grupo de trabajo y ha dado pie a su vez a una propuesta de resolución, también elaborada -se le comunica
a esta Mesa- por consenso entre todos los grupos parlamentarios.



En tanto que relator y por tanto introductor de dicha propuesta de resolución daría la palabra al señor Moscoso, uno de los integrantes del grupo de trabajo, e inmediatamente después, de menor a mayor, los diversos


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grupos parlamentarios harían uso de su derecho a intervenir y posicionarse respecto a la propuesta de resolución elaborada en el seno de ese grupo de trabajo y de acuerdo con los diversos grupos parlamentarios.



Tiene la palabra el señor Moscoso.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Yo pensaba, entendiendo que, tal y como usted ha explicado muy bien, tanto el documento como la propuesta de resolución responden al espíritu conjunto de todos los que configuramos aquel viaje y que lo
hemos redactado, que iba a intervenir en último lugar por ser el grupo mayor.



El señor PRESIDENTE: La información que yo tengo es incorrecta. No le daba tanto la palabra en cuanto representante del Grupo Socialista -y con ello no consumía el turno del partido Socialista-, sino que se me había indicado que usted
hacía de relator del informe, independientemente de que después, en el posicionamiento de los grupos, usted interviniera en el fondo de la cuestión, pero respecto a la forma le habían a designado a usted, del conjunto de grupos parlamentarios, como
introductor.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Con sus palabras doy por introducido el documento porque iba a decir prácticamente lo mismo.



El señor PRESIDENTE: Entonces vamos a hacer el debate de menor a mayor, y siento haber usurpado sus funciones de relator o introductor del informe elaborado por el grupo de trabajo.



¿Grupos parlamentarios que tienen interés en hacer uso de la palabra sobre el informe de Naciones Unidas? Por el Grupo de Esquerra Republicana, la señora Bonás tiene la palabra.



La señora BONÁS PAHISA: El año 2005 ofrece una ocasión histórica, porque los líderes de los países desarrollados tendrán la oportunidad de sacar de la miseria a millones de personas. Los objetivos del milenio constituyen un conjunto de
medidas para reducir a la mitad la pobreza, el hambre, detener el avance de enfermedades como la malaria, el sida, la tuberculosis. Estos próximos meses son una prueba para todos nosotros y el deseo de Esquerra Republicana es que el Estado español
desempeñe un papel protagonista. La historia nos juzgará si fracasamos. Creo que somos la primera generación con el poder para llevarlo a buen término. Para llevar a cabo este cambio es necesario una reforma de las Naciones Unidas. Desde 1945 el
mundo ha cambiado y las Naciones Unidas deben cambiar. Las Naciones Unidas fueron concebidas en una organización mundial gobernada por una hegemonía de cuatro potencias, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética y China. Se dividieron los
derechos y funciones de los miembros mediante el establecimiento de una Asamblea General universal y de un Consejo de Seguridad restringido con autoridad para mantener la paz y la seguridad. Así, la unanimidad entre las grandes potencias era un
requisito previo a la intervención. Para evitar que en un futuro el Consejo de Seguridad pudiera obligar a los Estados Unidos a una intervención en contra de su voluntad, se diseñó el derecho a veto.
Se obtuvo un acuerdo inicial entre caballeros
acerca de la distribución geográfica de puestos no permanentes en el Consejo de Seguridad a favor de Europa y de América Latina, que ha dejado de ser viable dado la nueva mayoría de Asia y África. Desde 1945 han aumentado el número de miembros de
51 a 191, cambiando radicalmente el equilibrio de votos de la organización. La mayoría de votos de la Asamblea General de los denominados países del tercer mundo han aprobado resoluciones que han creado malestar en los Estados Unidos. Por otra
parte, los fracasos de la ONU en Bosnia, Ruanda y Somalia han minado su credibilidad. La incapacidad del Consejo para alcanzar un consenso sobre Irak, según observadores norteamericanos, sitúa a la ONU en una posición de irrelevancia. Reconociendo
la deriva de las Naciones Unidas hacia la irrelevancia, el secretario general declaró que ha llegado el momento decisivo para la reforma de las Naciones Unidas, momento no menos decisivo que cuando se fundaron. Es necesario que el Consejo de
Seguridad sea representativo y que represente el hemisferio sur de la tierra. Las Naciones Unidas deben actuar con rapidez, eficacia y transparencia. Las Naciones Unidas deben representar a los Estados miembros y a todos los pueblos de la tierra.
De las dos alternativas propuestas para reformar el Consejo, nosotros creemos que la reforma basada en la alternativa b) es la más adecuada, porque ampliar los miembros permanentes supondría aumentar la parálisis en cuanto que los nuevos miembros
permanentes podrían exigir el mismo derecho a veto. Un Consejo de Seguridad ampliado podría estar mucho más limitado que el actual. La opción b) al introducir el elemento de elegibilidad introduce un elemento de democracia y de transparencia.
Nuestro Grupo de Esquerra Republicana se suma al apoyo del Gobierno en el impulso a la reforma del Consejo, pero la reforma del Consejo no es la única reforma que deben abordar las Naciones Unidas. De los 191 países representados en la ONU sólo se
consideran democráticos 85. Algunos de los regímenes más crueles del mundo están representados de forma desproporcionada entre los 53 países que integran la Comisión de los Derechos Humanos. El déficit de legitimidad de la Comisión de los Derechos
Humanos siembra dudas respecto a la reputación global de las Naciones Unidas.



También creemos necesario hacer una aportación al documento que tienen ustedes en el sentido siguiente. En marzo, en la 49 sesión plenaria de las Naciones Unidas, tuvo lugar la evaluación de la plataforma de Beijing, en la que se evaluaron
los avances operados en el estatus de la mujer. La Asamblea acordó que la completa


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implantación de la Declaración de Beijing es esencial para conseguir los objetivos del milenio. La Declaración de Beijing es una agenda global para los derechos de la mujer, para conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer. La igualdad de género es uno de los objetivos del milenio, pero la opinión de las organizadoras que están luchando por los derechos de la mujer es que es importante introducir una perspectiva de género en la revisión del alto panel de los
objetivos del milenio.
Esto no sólo es importante, es esencial para la consecución de todos los objetivos del milenio. Por tanto, proponemos añadir un punto a los que ya existen, que diga: instar a que en la revisión de todos los objetivos del
milenio se introduzca una visión de género. Creo que con esta aportación completamos el trabajo hecho por la Comisión y naturalmente como miembro participante votaremos a favor.



El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor López-Medel tiene la palabra.



El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Quisiera comenzar resaltando que el Partido Popular es un partido con sentido de responsabilidad y con sentido del Estado. Se podrá estar en el Gobierno o se podrá estar, como nos toca actualmente, en la
oposición, pero siempre mi grupo parlamentario está y estará dispuesto a arrimar el hombro en asuntos de especial relevancia siempre y cuando se mantengan los valores que caracterizan nuestro Estado democrático de derecho. Dialogar significa ceder
y sólo así se puede llegar a acuerdos, desde luego si se tiene la voluntad de ello, y en esa voluntad tiene siempre una especial relevancia el grupo mayoritario en ese momento. A lo largo de esta legislatura, señor presidente, en pocas ocasiones se
ha querido dialogar con el Partido Popular a pesar de que hemos estado siempre dispuestos en los temas relevantes a buscar puntos de encuentro en beneficio de los intereses del Estado. Quiero recordar que en más de una ocasión el presidente de mi
partido, señor Mariano Rajoy, ha venido ofreciendo al partido mayoritario un pacto de Estado en materia de política exterior. En esta ocasión, en el asunto que hoy debatimos, quiero reconocer que este acuerdo, este consenso ha sido posible por la
actitud constructiva, por la actitud responsable de las personas que han integrado ese grupo de trabajo, especialmente de mi compañera doña Beatriz Rodríguez-Salmones y los diputados del Grupo Socialista doña Fátima Aburto y don Juan Moscoso. Como
decía, en esta ocasión se han hecho grandes esfuerzos por parte de todos, pero también de un modo relevante por el grupo mayoritario para buscar, en un asunto tan relevante como es la reforma de Naciones Unidas, puntos de encuentro y de consenso.
Eso ha permitido que tras un amplio debate, tras un amplio trabajo desde la visita a Nueva York a finales del mes de enero, podamos presentar a esta Comisión un documento conjunto, unas propuestas de resolución en conjunto.



Señor presidente, quisiera destacar algo que es importante. El documento que hoy se presenta rinde cuentas de un viaje parlamentario. Creo que es poco usual -y debería hacerse con mucha más frecuencia- que tras un viaje de una delegación
parlamentaria se elabore un informe que es sometido a conocimiento de la Comisión que ha delegado en unos miembros para realizar ese viaje, y tras ese informe también sería deseable, como se ha hecho ahora, que se pudieran presentar unas propuestas
políticas elaboradas desde el consenso. Todos sabemos y compartimos la idea de que Naciones Unidas es una sutura, una organización surgida en un ambiente muy distinto al actual. Nace del viejo orden, nace después de la segunda guerra mundial como
un órgano gestor que reúne fundamentalmente a los países vencedores y todo lo que sucedió tras la guerra fría. No voy a extenderme sobre este tema que es suficientemente conocido por todas SS.SS. y ha sido tratado hace un momento por la
representante del Grupo de Esquerra Republicana, pero es indudable que ahora nos encontramos ante una ocasión histórica de dar respuesta a los nuevos retos del siglo XXI y conseguir una organización interna que refleje mejor la realidad del planeta
que, sin duda, ha cambiado mucho; una organización que dé también respuesta a los nuevos problemas, a las nuevas realidades, entre otras: la inmigración masiva, enfermedades contagiosas y otro tipo de realidades a las cuales posteriormente me
referiré. Los conflictos y problemas de hoy no pueden abordarse con las estructuras del año 1945, sino que se requiere, decía, una organización más eficaz, más representativa y, también en la misma línea de la persona que me ha precedido en el uso
de la palabra, más democrática y más transparente, presidido todo ello por un valor que para nosotros es muy importante, que es el valor del multilateralismo. Así, hay un tema muy relevante en esta reforma de la Carta, que es el tema del Consejo de
Seguridad, sobre el cual, sin perjuicio de que nos pueda gustar más una de las fórmulas -y concretamente se ha mencionado la fórmula del grupo b), que era la que inicialmente teníamos en los documentos del grupo de trabajo- decidimos al final optar
por una fórmula más flexible para dar un respaldo al Gobierno de España y que se incorporen aquellas propuestas que tengan más viabilidad y más amplio consenso a la hora de decidir cuál es el mejor mecanismo para la reforma del Consejo de Seguridad,
con más miembros permanentes o no, con derecho a veto o no. Sin duda alguna es muy importante la reforma de este órgano y el valor de la seguridad y, singularmente, la lucha contra otro de los problemas derivados de la globalización, cual es el del
terrorismo. Pero nuestro grupo parlamentario quiere que este proceso de reforma que está viviendo en los últimos tiempos Naciones Unidas y que va a culminar en la cumbre del mes de septiembre, no quede monopolizado por la reforma del Consejo de
Seguridad o por el


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examen solamente de este principio del valor de la seguridad, que aun siendo muy importante, con todo lo que supone la regulación del derecho a intervenir, la obligación de proteger y otros elementos, también consideramos que existen otros
factores muy importantes que no pueden quedar oscurecidos por ese debate. El grupo de trabajo que ha elaborado ese documento e igualmente las propuestas damos gran importancia al valor del desarrollo. Queremos que se intensifique el compromiso
multilateral por el desarrollo. Queremos que se fortalezca con mayor intensidad la lucha contra la pobreza. Queremos igualmente reforzar el compromiso de la comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos con la propuesta que ha
hecho también el secretario general de esta institución, la creación de un consejo específicos de derechos humanos. Igualmente respaldamos y apoyamos firmemente en nuestras propuestas la creación de una comisión para la consolidación de la paz.
Pues bien, todos estos valores a los cuales me he referido responden a principios fundamentales para todos los miembros de este grupo de trabajo y seguro que para todos los miembros de la Comisión; valores como justicia, valores como solidaridad,
que no son patrimonio de nadie, que son elementos precisamente de consenso, han de ser compromisos efectivos para avanzar y para progresar. Con estos valores, señor presidente, estamos comprometidos y lo dice el preámbulo de la Constitución
española cuando encomienda precisamente a la nación española el promover relaciones pacíficas y de eficaz cooperación con todos los pueblos de la tierra. Por último, quisiera terminar mi intervención deseando que esto no concluya aquí.
Ciertamente, será un hito la cumbre que se celebrará en el mes de septiembre, pero a partir de ahí, deseando que la reforma sea lo más ambiciosa, lo más audaz posible, por supuesto lo más consensuada posible, nos gustaría -y es lo que quisiera este
grupo de trabajo- seguir comprometidos para impulsar lo que allí se acuerde. Eso significará que a lo mejor de un modo informal ese grupo de trabajo, en conexión también con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pueda seguir participando de los
trabajos y poniendo en marcha las iniciativas que de ahí resulten.
Reitero mi agradecimiento de nuevo a todos los miembros de ese grupo de trabajo y el deseo de que eso sea una realidad por bien de una humanidad mejor.



El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Antes de dar la palabra al señor Moscoso quisiera rogarles a los diversos grupos que, si es posible, hagan un llamamiento a los comisionados para adelantar las votaciones, ya que vamos a acabar en diez minutos y estaban previstas para no
antes de la una. Si no es posible lógicamente esperaríamos a la una.



Señor Moscoso, tiene la palabra.



El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Voy a comenzar algunas cuestiones a las ya de por sí brillantes intervenciones de mis dos predecesores de los grupos Esquerra Republicana y Popular. Este informe que presentamos conjuntamente se
enmarca en un ámbito de reforma de Naciones Unidas que se produce en un año, 2005, en el cual el contexto internacional y los factores que lo determinan hacen que esta reforma se plantee en un momento crucial. El informe repasa este contexto
partiendo de hechos como la Declaración del Milenio del año 2000 y de todas las cuestiones que desde entonces se han producido en el ámbito internacional. Destacamos, por ejemplo, la irrupción de un nuevo tipo de terrorismo internacional muy
peligroso, el crecimiento de la pobreza, la globalización, la propagación de enfermedades como el sida y otras que no acabamos de controlar, la existencia de armas de destrucción masiva en manos de Estados o de agentes nuevos y la aparición de
nuevas potencias emergentes. En este contexto es evidente que tanto España, este grupo de trabajo, el Gobierno, como muchos otros Estados, han apostado, como ya ha dicho también el señor López-Medel, por un refuerzo del multilateralismo o por un
refuerzo del multilateralismo efectivo. En este marco se ha producido el viaje -que es conocido por todos ustedes- a Nueva York. Ha sido un viaje en el que hemos tenido ocasión de conocer en primera persona cuáles son los elementos que vertebran
esta reforma y cuáles son los principales retos a los que se enfrenta; elementos y retos que queremos poner en valor y reforzar con nuestra resolución que, insisto, es de consenso.



La resolución y el informe añaden también una serie de reflexiones sobre unas cuestiones que creo que son importantes. Por ejemplo, recuerda que la Unión Europea, que se encuentra en un proceso de ratificación de la Constitución Europea,
todavía no ha sido capaz de afrontar la reforma de Naciones Unidas de manera conjunta, y no solamente en la cuestión del Consejo de Seguridad, sino en otros muchos ámbitos, y esto además afecta directamente a muchas de las cuestiones que tienen que
ver con el desarrollo de las políticas multilaterales, porque tienen una incidencia directa en las políticas que desde la Comisión se llevan a cabo, por ejemplo en la política comercial, en la política agraria, etcétera. El informe también revisa
las principales iniciativas adoptadas en los últimos meses. En primer lugar, el informe del grupo de alto nivel en el cual se van revisando cuáles son algunas de las líneas y señalan algunas propuestas. En ese sentido, coincidimos con las líneas
generales de lo que allí se propone con relación a la Asamblea General, que debe recuperar su vitalidad y convertirse en el verdadero órgano de representación democrática del mundo. Coincidimos también en lo que se propone para el Consejo de
Seguridad, que debe ser sin duda más eficaz, más transparente, más democrático. Comparto lo dicho hasta ahora sobre los dos tipos de opciones que se plantean y sobre


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todo es importante insistir en la idea de que los Estados que forman parte del Consejo de Seguridad deben ser capaces de poder rendir cuentas a la Asamblea. Esto es una manera de entender la democracia muy saludable para Naciones Unidas.
Otras cuestiones que están sobre la mesa son, por ejemplo, la de la inmigración o las relaciones de Naciones Unidas con la sociedad civil, tal y como se ha puesto de manifiesto en el informe Cardoso.



Si hubiese que resumir las conclusiones del grupo de alto nivel en una frase podríamos decir que el desarrollo es una premisa para la seguridad, y eso queda muy claro en la definición que hace este grupo de alto nivel de las nuevas amenazas
que se ciernen sobre la convivencia de la humanidad, poniendo en primer lugar las económicas y sociales, como la pobreza, las enfermedades, la degradación medio ambiental y, en definitiva, la falta de desarrollo. No quiero extenderme más sobre esta
cuestión de las amenazas. Es importante también destacar que el informe contiene 101 propuestas -que instamos a todos a que las estudien con detenimiento-, algunas tan importantes como la definición de terrorismo, que es la primera vez desde que
existen las Naciones Unidas, una definición de consenso; la necesidad de plantear una estrategia global propia de lucha contra el terrorismo; la idea de que hay que superar el derecho de injerencia y remplazarlo por el de obligación de proteger;
define los criterios básicos para legitimar el uso de la fuerza, lo que se conoce como guerra justa siempre bajo control del Consejo de Seguridad; propone la creación de una comisión para la consolidación de la paz y la creación de un fondo
permanente para financiarlo, tan importante es lo primero, como ha dicho el señor López-Medel, como lo segundo; y por último, dos propuestas relativas al Consejo de Seguridad.
Hay que recordar que ayer mismo el grupo conocido como G-4 hizo
realidad una propuesta. Otro tema que quiero destacar es la necesidad de remodelar la Comisión de los Derechos Humanos y, por supuesto, reforzar y hacer valer la figura del secretario general de Naciones Unidas. Otra de las cuestiones que el
informe revisa es el informe de Jeffrey Sachs sobre los objetivos del milenio, que aporta una dimensión económica, de desarrollo y social muy importante a esta cuestión. En este sentido, hay que recordar que el secretario general presentó hace ya
un mes su informe, en el que se establecía un concepto más amplio de libertad, desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos y anima a todos a conseguir un buen resultado. Creo que es muy importante que el Congreso de los Diputados presente
esta resolución ahora conjuntamente. En septiembre se va a producir una cumbre fundamental en la cual se debe cerrar este proceso. Es evidente que las negociaciones y los principales acuerdos se alcanzarán antes. Antes de terminar quiero también
agradecer a todos los integrantes del grupo de trabajo, a la señor Rodríguez-Salmones, al señor Xuclà, a la señora Bonàs, al señor Azpiazu, su trabajo, confianza y esfuerzo y desde luego el despliegue de talante y de buena disposición a la hora de
obtener el consenso referido, muy especialmente a mi compañera la señora Aburto y también en especial al diputado don Jesús López-Medel, con quien ha sido un placer trabajar. No quiero olvidar tampoco a los senadores que formaron parte de esta
delegación. Por último, supongo que obra en poder de todos el borrador de resolución que queremos elevar a la Mesa del Congreso.



El señor PRESIDENTE: En la medida en que los grupos me advierten que no es posible convocar la votación prevista antes de la una, suspendemos la sesión hasta la una y cinco, digo y cinco porque tengo que atender una delegación de Palestina
y necesito esos cinco minutos de margen.



Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.



Empezaremos por la votación del punto primero, a pesar de haber sido discutido en último lugar, informe sobre Naciones Unidas elaborado por el grupo de trabajo, entendiendo que esta Mesa y este presidente en particular trasladará a la Mesa
de la Cámara la resolución adoptada por la Comisión de Exteriores, si así es, añadiéndole un anexo, que es el informe elaborado por el grupo de trabajo, a los efectos de que la Mesa de la Cámara considere si debe o no ser introducido y debatido en
el orden del día de una sesión plenaria. A continuación votaríamos las diversas proposiciones no de ley, acabando con el convenio internacional.



Procedemos a votar la propuesta de resolución consecuencia del informe sobre reforma de Naciones Unidas elaborado por el grupo de trabajo de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Sus señorías tienen a su alcance
la propuesta de resolución, los portavoces conocen que Esquerra Republicana de Catalunya ha aportado una enmienda adicional, un añadido, que reza textualmente: Instar a que en la revisión de todos los objetivos del milenio se introduzca una visión
de género.
Entiendo que es compartida por todos los grupos parlamentarios sin excepción a través de sus respectivos portavoces en la materia. Votamos la propuesta de resolución que se remitirá a la Mesa de la Cámara.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (El señor Estrella Pedrola pide la palabra.)


Señor Estrella.



El señor ESTRELLA PEDROLA: Para congratularme de la aprobación y hacer un ruego a todos los


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grupos parlamentarios. Creo que sería importante que, además del trámite que tiene que hacer la Mesa de la Comisión elevándolo a la Mesa de la Cámara en solicitud de que se tramite como resolución del Pleno de la Cámara, porque entendíamos
los portavoces que tenía trascendencia para ello, todos los portavoces hagamos las gestiones oportunas con nuestros representantes en la Junta de Portavoces para que ese sea también el sentir de todos los grupos de la Cámara cuando se aborde en la
Mesa y Junta de Portavoces.



El señor PRESIDENTE: Así lo hará especialmente el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Pasamos al punto número dos, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, a la que existe una transacción, si no entiendo mal, con el Partido Popular. Por tanto, someteríamos a votación el texto de
Esquerra Republicana transaccionado con el Partido Popular. Vamos a leerlo.



El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


Uno, condenar la masacre de San José del Apartadó y la violencia sistemática sobre la Comunidad de paz de San José del Apartadó y otras regiones colombianas.



Dos, pedir al Estado de Colombia que finalice las investigaciones judiciales para esclarecer los hechos y castigar a los culpables de estos crímenes atroces.



El señor PRESIDENTE: ¿Estamos de acuerdo en que este es el texto que se somete a votación instando al Estado de Colombia? (Asentimiento.)


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Se somete a votación el punto tercero del orden del día, proposición no de ley relativa a la condena de las torturas y tratos inhumanos y degradantes infligidos a ciudadanos y ciudadanas iraquíes por militares de las potencias ocupantes en
Iraq y por particulares por ellas contratados. Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto y entiende esta Presidencia que existe una transacción del grupo proponente, Bloque Nacionalista Galego, con Convergència i Unió y con el
Grupo Socialista, que eran quienes habían presentado enmiendas al respecto. El señor letrado puede dar lectura.



El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Uno, a seguir promoviendo la condena de la violencia de los derechos humanos y en particular las torturas y tratos inhumanos y degradantes aplicados a ciudadanos iraquíes detenidos, en coordinación con los demás Estados de la comunidad
internacional, en el ámbito de las convenciones de Ginebra y los demás instrumentos en materia de derechos humanos y derecho humanitario internacional, y en la línea de las conclusiones adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales y de Relaciones
Exteriores de la Unión Europea sobre Iraq de 17 de mayo de 2004.



Dos, a colaborar en el esclarecimiento y exigencia de responsabilidad ante la justicia de los casos de secuestros y torturas o tratos inhumanos que se hayan producido contra ciudadanos y ciudadanas iraquíes y extranjeros y a promover en su
caso la acción de la justicia respecto a aquellos que pudieran afectar a ciudadanos españoles.



El señor PRESIDENTE: Votamos la propuesta transaccionada.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



La siguiente votación es el cuarto punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la defensa de la libertad de expresión en Venezuela. Entiende esta Mesa que hay una transacción entre el PNV, el Partido
Popular, Convergència i Unió y Coalición Canaria.
Siendo así, se somete a votación, por tanto, la transacción de los grupos señalados, a la que vamos a dar lectura a continuación.



El señor LETRADO: Uno. El Congreso de los Diputados observa con grave preocupación los recortes a la libertad de expresión, de opinión y de información que se están produciendo en la República de Venezuela, así como los aumentos de
persecuciones a medios de comunicación y periodistas, y en consecuencia los condena rotundamente.



Dos. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trasladar esta declaración a los máximos responsables políticos del Gobierno venezolano a través de su representación diplomática en la República Bolivariana.



El señor PRESIDENTE: Votamos la propuesta.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votación del punto quinto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la no existencia de armas de destrucción masiva en Iraq. No existiendo transacción alguna se vota el texto original de la
proposición no de ley.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 15.



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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Punto sexto, proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds relativa al proceso de autodeterminación del pueblo saharaui. Hay una transacción con el Partido Popular,
Convergéncia i Unió y el Partido Socialista.



Procedemos a la lectura de la transacción que se va a someter a votación:


Uno. Gestionar el mandato unánime de la Cámara, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados con fechas 13 de junio de 2000 y 14 de septiembre de 2004, y en la resolución de Naciones Unidas del 56.º período de sesiones, sobre el
referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui.



Dos. Promover las iniciativas necesarias para lograr la libre determinación de acuerdo con la carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad incluyendo el plan Baker, buscando un compromiso de las partes para avanzar
en este proceso de solución al contencioso del Sahara occidental y evitar el deterioro de la situación en la que se encuentra el mismo.



Tres. Impulsar las iniciativas que sean necesarias en el seno de la Unión Europea y junto con sus Estados miembros con objeto de adoptar una posición común de intervención diplomática activa y de liderazgo en aras a la solución del problema
tendentes a reforzar la posición comunitaria sobre el Sahara.



Cuatro. Incrementar sustancialmente la ayuda humanitaria anual a los campamentos saharauis, utilizando a tal efecto todos los instrumentos disponibles de la cooperación pública.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Existe un dictamen sobre un protocolo establecido sobre la base del apartado 1 del artículo 43 del convenio por el que se crea una oficina europea de Policía (convenio Europol) por el que se modifica el mencionado convenio, hecho en Bruselas
el 27 de noviembre de 2003, que figura como sexto punto del orden del día.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Se levanta la sesión. Muchas gracias.



Era la una y quince minutos de la tarde.