CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 207

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Sesión núm. 8

celebrada el martes, 22 de febrero de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos en las islas Baleares a la percibida en las islas Canarias.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds. (Número de expediente 161/000320.) ... (Página 2)


Comparecencia del señor secretario de Estado de Cooperación Territorial (Méndez Romeu), para informar sobre:


- Las previsiones y actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para compensar a las corporaciones locales por la pérdida de recaudación en el impuesto de actividades económicas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000151.) ... (Página 4)

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- Las convocatorias públicas realizadas, solicitudes recibidas, ayudas concedidas y previsiones sobre la aprobación de nuevas subvenciones para la realización de proyectos singulares de carácter local y urbano. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000221.) ... (Página 13)


- Comparecencia del señor secretario general para la Administración Pública (Velázquez López), para informar sobre la oferta de empleo público para el año 2005 y de las nuevas actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio en orden a una
nueva regulación de acceso a la función pública, así como de las negociaciones sindicales llevadas a cabo con las organizaciones sindicales sobre eventuales reformas de la misma, y sobre las razones por las que no se ha dialogado con las fuerzas
políticas. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000483.) ... (Página 15)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE EQUIPARACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LAS ISLAS BALEARES A LA PERCIBIDA EN LAS ISLAS CANARIAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA-VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA
VERDS. (Número de expediente 161/000320.)


El señor PRESIDENTE: A pesar de que tenemos un día complejo desde el punto de vista metereológico, iniciamos la sesión con el debate y votación (que retrasaremos, la petición de los grupos, hasta la una de la tarde, por la razón que he
comentado) con la primera proposición no de ley sobre equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos en las Islas Baleares a la percibida por los mismos empleados públicos en las islas Canarias. Es una propuesta del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Izquierda Verde. Tiene la palabra para su defensa su representante, doña Isaura Navarro.



La señora NAVARRO CASILLAS: La iniciativa es muy clara. Se trata de indemnizar por residencia a los funcionarios de la Administración del Estado en las Islas Baleares, tal y como se acordó ya para los residentes en Ceuta y Melilla y como
viene disfrutándose en las islas Canarias. Esta discriminación que sufren los funcionarios de las Islas Baleares carece de sentido dado que reúnen todos los requisitos establecidos para su percepción en términos igualitarios respecto a las islas
Canarias y a Ceuta y Melilla. Especialmente, en cuanto a las islas Canarias hay insularidad, doble para el caso de Menorca e Ibiza y triple respecto a Formentera. También en cuanto al alto porcentaje de plantilla no cubierto o cubierto solo
temporalmente. Por otra parte, tienen un alto nivel de vida, con precios de los productos más altos que en la Península -es conocido el coste de la vida en las Islas Baleares, es muy elevado- y un elevadísimo precio de la vivienda en propiedad y
alquiler. Hay que tener en cuenta también el carácter turístico de las Islas Baleares. Los funcionarios de las Islas Baleares llevan años reivindicando un trato igual a efectos retributivos. Tal y como dice el Tribunal Constitucional: a igual
trabajo, igual retribución. Pues bien, en este caso realizan igual trabajo, en iguales condiciones, pero no perciben la misma indemnización que los de las islas Canarias. Por eso llevan años reivindicando una equiparación de su situación y que de
esa manera cese el trato discriminatorio que vienen sufriendo a pesar de estar en idénticas condiciones.



El señor PRESIDENTE: Tenemos el problema de que hay muchos portavoces que no han llegado todavía a la Comisión, pero continuamos la reunión porque, si no, no acabamos a la hora prevista.



Tiene la palabra la señora Muñoz.



La señora MUÑOZ SALVÀ: El Grupo del Partido Socialista está de acuerdo en que hay que revisar y adecuar a la realidad la indemnización por residencia que perciben los empleados públicos en las Islas Baleares, para que esta indemnización
pueda funcionar como un mecanismo que permita una mayor estabilidad en la ocupación de puestos de trabajo en el sector público.



La disposición adicional duodécima de la Ley 62/2003, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, estableció el mandato al Gobierno para que en el año 2004 se analizaran las condiciones que determinan la fijación de estas
indemnizaciones por


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residencia a las ciudades de Ceuta y Melilla y en las Islas Baleares, para que se procediera a su revisión y a la consiguiente modificación de las cuantías. El anterior Gobierno del Partido Popular acordó, el 6 de febrero de 2004, revisar
estas cuantías respecto de los empleados públicos de Ceuta y Melilla, pero no así respecto a los que ejercían sus funciones en las Islas Baleares. Debo añadir que ha sido el Gobierno del Partido Socialista el que en los acuerdos Administración
sindicatos sobre medidas retributivas y de oferta de empleo público para el año 2005 incluyó un apartado en el que se prevé que se negociará con las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo: Comisiones Obreras, UGT, CSI-CSIF la ejecución de
lo previsto en la citada disposición adicional duodécima de la Ley 62/2003 en lo que se refiere a las Islas Baleares.
El Gobierno y las organizaciones están actualmente negociando este aspecto y es de esperar que haya un pronto acuerdo. Según las
últimas informaciones que tenemos, se firmará esta tarde o mañana al haber llegado a un acuerdo con la mayoría de los sindicatos. En este proceso se inserta nuestra enmienda. Las Cortes Generales y nosotros como diputados debemos reconocer la
importancia de la negociación colectiva, los foros de diálogo social entre la Administración y los sindicatos. Es en este marco de diálogo social donde se deben conseguir acuerdos para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados
públicos y debemos, obviamente, ser respetuosos con lo que allí se acuerde. En el buen entendimiento de que los sindicatos representan los intereses de los trabajadores, el Gobierno está dispuesto a cumplir con el mandato de la revisión de las
cuantías de estas indemnizaciones por residencia que incorpora la ya citada disposición adicional duodécima de la Ley 62/2003.
Por eso hemos elaborado esta enmienda que dice: El Congreso de los Diputados, reconociendo la importancia del diálogo
social para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, insta al Gobierno a la pronta consecución de un acuerdo con las organizaciones sindicales para que, según lo previsto en los acuerdos sindicales firmados en
septiembre de 2004, se revise la indemnización por residencia de los empleados públicos de la Administración General del Estado que realicen su función en las Illes Balears y se modifiquen sus cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.



El señor FAJARNÉS RIBAS: Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds trae a debate, a esta Comisión, por segunda vez, tras el aplazamiento de noviembre de 2004, la proposición no de ley
sobre la equiparación de la indemnización por residencia de los empleados públicos en las Islas Baleares a la percibida en las islas Canarias, aplazamiento que fue debido a la insuficiente enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista que
incapacitó la posibilidad de llegar a un acuerdo con el grupo proponente y que, de esta manera, corroboraba la no intención del Partido Socialista de cumplir la palabra dada de equiparar los funcionarios del Estado en las Islas Baleares a los de las
islas Canarias, a lo que se comprometió el Partido Socialista y, muy especialmente, el delegado del Gobierno en las Islas Baleares, el señor Sofías, quien en declaraciones en la prensa insular, concretamente el 12 de diciembre, decía que los
funcionarios destinados en Baleares cobrarían lo mismo que los que están en Canarias en tres años. La citada autoridad marcaba las fases: una fase primera del 33 por ciento, una segunda del 66 por ciento y otra del cien por cien.
Añadía, por otra
parte, que había sido una vieja reivindicación cuando fue senador. Mientras el delegado del Gobierno prometía, sus compañeros de partido en Madrid votaban en contra de una enmienda de Izquierda Unida a los Presupuestos Generales del Estado de 2005,
por cierto igual a la proposición no de ley presentada hoy aquí. Evidentemente, señorías, a eso no se le puede llamar coordinación ni coherencia, sino simplemente -y con todos los respetos- desfachatez y engaño a los ciudadanos con hechos.



El Grupo Parlamentario Popular quiere manifestar su voto favorable a la proposición no de ley de Izquierda Unida porque nuestro compromiso con los funcionarios era y es el de acabar con la discriminación de los funcionarios del Estado de las
Islas Baleares con los de las islas Canarias y con Ceuta y Melilla y, de esta manera, consolidar plantillas tan importantes para la seguridad como es la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ese compromiso se plasmó, como han dicho aquí otros
intervinientes, con la Ley 62/2003, de diciembre, lo que se llamaba la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2004, que en la disposición adicional duodécima establecía la regulación de las indemnizaciones por residencia
de las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, cumpliendo de esta manera la palabra dada por los últimos ministros de Administraciones Públicas de los gobiernos del Partido Popular. Señorías, lo cierto es que tras diez meses de Gobierno socialista nada se
ha hecho.
Se ha mareado la perdiz, se han hecho propuestas desde el ministerio sin equiparación, se ha engañado a los sindicatos y, para culminar el proceso el 10 de diciembre pasado la Administración dijo a los sindicatos que no quería oír hablar
de equiparación, lo que ha provocado duras respuestas y convocatoria de movilizaciones. Y no es cierto que se vaya a firmar ningún acuerdo, porque sabemos que hay dos sindicatos mayoritarios que no van a firmar el documento impresentable que se ha
entregado a los sindicatos de aumento de indemnizaciones sin equiparación para los funcionarios del Estado.



El Grupo Parlamentario Socialista, nos presenta ahora una segunda enmienda peor que la primera, porque no dice nada. Y no dice nada, señorías, porque es lo


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que le ha mandado el Ministerio de Administraciones Públicas. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular no aceptará ninguna componenda que no sea la de cumplir con el compromiso y con la palabra dada de conseguir la equiparación en el
plus de insularidad de los funcionarios del Estado en las Islas Baleares con los de las islas Canarias.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante de Convergencia i Unió.



El señor GUINART SOLÁ: Queremos manifestar nuestra posición favorable, como históricamente ha hecho nuestro grupo, a los planteamientos que favorecen a las Islas Baleares. No obstante, recogiendo la información reciente de que se está
negociando por el ministerio una solución pactada con los sindicatos y con los funcionarios, deberíamos plegarnos a este posible acuerdo. Si está en vías de solución este asunto, bienvenida sea la solución definitiva que no sea la imposición por
vía de una proposición no de ley parlamentaria.



Por otro lado, queremos comentar que nos parece muy interesante que vaya implantándose la cultura de la sensibilidad en relación con la discriminación positiva que se da en ciertos territorios del Estado español en donde diversos factores,
como el coste de vida, el precio de la vivienda o el incremento de precios al consumo es diferente. Estimamos que a medio plazo o largo plazo, en Cataluña en donde especialmente los precios son mucho más elevados en vivienda y en otros elementos,
también se debería establecer alguna diferenciación a la hora de las retribuciones de los funcionarios porque, evidentemente, el sueldo de funcionario en una provincia determinada o en otra no da para la misma calidad de vida. El que esté ya
reconocido a nivel de Canarias y de Baleares, no tanto por la insularidad sino también de los precios, debería dar lugar a medio plazo a diferenciar también en otros territorios donde, como decía, el coste de la vida es más elevado.



Nuestro grupo va a dar apoyo, pues, a esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, la proponente.



La señora NAVARRO CASILLAS: En cuanto a la enmienda presentada no la aceptamos en esos términos. Sí este grupo se manifiesta abierto a negociar una transaccional lo estudiaríamos, pero tal y como está, la rechazamos porque decir eso y no
decir nada viene a ser lo mismo.



La señora MUÑOZ SALVÁ: Me gustaría, si es posible, que la Mesa nos diera unos minutos para lograr una transaccional.



El señor PRESIDENTE: En relación con la segunda proposición no de ley, tenemos un problema y es que la proponente no llega a la Comisión a tiempo por las mismas razones metereológicas que antes comentábamos, y nos ha enviado una carta
urgente en la que nos pide retrasar la proposición no de ley que teníamos prevista en el orden del día para después de las comparecencias o aplazarla a la siguiente sesión. Yo preferiría aplazarla directamente a la segunda sesión porque el día de
hoy no está siendo muy afortunado. El secretario de Estado va a estar presente en siete u ocho minutos aquí, en función de los compromisos que teníamos, mientras tanto discutan los dos grupos y si hay acuerdo lo retomamos. Las votaciones tendrán
lugar a la una de la tarde.



Suspendemos la sesión durante unos minutos hasta que se incorpore el secretario de Estado. (Pausa.)


COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (MÉNDEZ ROMEU), PARA INFORMAR SOBRE:


- LAS PREVISIONES Y ACTUACIONES LLEVADAS A CABO POR EL GOBIERNO PARA COMPENSAR A LAS CORPORACIONES LOCALES POR LA PÉRDIDA DE RECAUDACIÓN EN EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000151.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión de trabajo con la presencia del secretario de Estado de Cooperación Territorial, al que le agradecemos su disponibilidad para estar hoy aquí. Como bien está reflejado en el orden del día, se trata
de informar sobre las previsiones y actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en relación con las compensaciones a las corporaciones locales por la pérdida de recaudación del impuesto de actividades económicas, iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular.



Señor secretario de Estado, tiene usted la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Méndez Romeu): Como saben ustedes, la situación creada por la supresión del impuesto de actividades económicas fue resuelta en la Ley 51/2002, de reforma de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales donde, ante la evidencia de que nos íbamos a encontrar ante una minoración de la potencia recaudatoria del impuesto, se planteó una formulación que recogía un pacto al que habría llegado el Gobierno de entonces con la Federación
Española de Municipios y Provincias que trataba de diseñar un mecanismo de compensación. Ese mecanismo de compensación preveía un montante aproximado de


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650 millones de euros, en bruto, que en la práctica significaba unos 550 millones de euros que serían consolidados en el presupuesto de 2004 y, se establecían unas cuotas sobre las instalaciones de telefonía móvil y el número de usuarios que
deberían permitir recaudar unos 53 millones de euros complementarios. El IAE ha significado, en su formulación actual, la exención para, aproximadamente, el 90 por ciento de los anteriores contribuyentes. Todas las personas físicas y aquellas
empresas que tenían un nivel de facturación inferior a un millón de euros han quedado excluidas y, como compensaciones, se arbitró un recargo sobre las demás empresas en función de su cifra de negocio. Este recargo oscilaba entre el 1,29 y el 1,35.
Asimismo se estableció un epígrafe para las empresas de telefonía, considerando cupos de mil abonados o instalaciones de antenas móviles. A partir de aquí, el Gobierno ha cumplido estrictamente las previsiones de esta reforma de 2002 que ha entrado
en vigor en el ejercicio de 2004. Saben SS.SS. que se preveían, para fijar la recaudación líquida, unos mecanismos correctores y de control para que la recaudación líquida de 2003, en comparación con la de 2002, fuese homogénea. En este sentido
hay una serie de cautelas en la ley que, como es conocida y es bastante farragosa, me evito detallar aquí.



El Gobierno, hizo una liquidación, un anticipo a cuenta, en noviembre de 2003 y una liquidación final en dos fases que tuvieron lugar en julio y diciembre de 2004. La compensación que debía de efectuarse en total se estimaba en 649 millones
de euros; se anticiparon 435 en noviembre de 2003 a un total de 5.879 entidades locales y quedaron sin anticipo 1.760 entidades locales. Los anticipos a cuenta que se hicieron, como digo, eran de 435 millones de euros y en la liquidación
definitiva, en julio, se transfirieron 214 millones de euros y, posteriormente, 47 millones de euros, en diciembre. Han quedado 222 municipios que no han solicitado compensación, probablemente porque tenían saldos deudores y por ello han
renunciado. En el momento actual existe un número importante de recursos contra estas liquidaciones. En unos casos se trata de recursos por errores técnicos o por discrepancias en el cómputo y, por tanto, están siendo sometidos a revisión
individualizada por los servicios del Ministerio de Hacienda. Y hay luego un grupo de recursos similares de municipios de Cataluña sobre el cálculo de la compensación de 2003 respecto al ejercicio 2000. Entiende el ministerio que eso sale del
marco previsto en la Ley de 2002, pero serán objeto de la respuesta oficial pertinente. Y en la Ley de presupuestos del Estado de 2005, que ha sido aprobada en esta Cámara en fecha reciente, se prevé ya un incremento de las entregas a cuenta que
alcanza el 7,85 por ciento de incremento en lugar del 5 por ciento que correspondería de acuerdo con el sistema, para ir paliando esta situación que se ha creado en el último año.



Hasta aquí los datos objetivos. Quiero adelantarles también que la problemática del IAE está siendo objeto de dos consideraciones distintas en este momento. Por un lado, existe una reclamación de la Federación Española de Municipios y
Provincias que demanda una cifra de compensación complementaria que oscilaría entre 120 y 240 millones de euros según los parámetros que se utilizasen. Sobre esta demanda en este momento hay conversaciones de la Federación Española de Municipios y
Provincias con el Ministerio de Hacienda y tengo la impresión de que fructificarán en un acuerdo en breve, acuerdo que permitiría retirar los recursos presentados ya que esta cifra, además de compensar las deficiencias habidas, permitiría resolver
el contenido de algunos de esos recursos. Y la segunda línea de trabajo que se está desarrollando es un análisis más amplio sobre posibles reformas que deban introducirse en la financiación de las corporaciones locales, que podrían significar
modificaciones de la vigente Ley de Reforma de las Haciendas Locales. Es un procedimiento más lento ya que, precisamente, se fundamenta en las liquidaciones últimas, que son en realidad las primeras del nuevo sistema.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: Quiero dar la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, al secretario de Estado en esta breve intervención. Permítame que le diga, señor secretario de Estado, que para esta intervención sobraba la
comparecencia. Yo no sé si S.S. no se toma en serio al Parlamento porque venir aquí a contarnos lo que todos ya sabemos, con las cifras objetivas, sin que emita opinión alguna de cuál es la situación por la que está atravesando la confrontación
del Gobierno del Partido Socialista con ocho mil ayuntamientos de España, porque la FEMP representa, prácticamente, a la totalidad de los gobiernos locales de España, sinceramente nos deja perplejos, preocupados y demuestra una ausencia de ese
famoso talante que ustedes predican pública y notoriamente.



Señor secretario de Estado, el Partido Popular, cuando gobernó España adquirió un compromiso claro, la supresión del Impuesto de Actividades Económicas, porque creía que era una medida que beneficiaba a la sociedad española, rectificaba un
grave error que cometieron gobiernos socialistas anteriores y perjudicaba la creación de empleo. Prueba evidente son los cinco millones de puestos de trabajo que se crearon en los ocho años de Gobierno del Partido Popular, que demuestran que la
política seguida por el Partido Popular era la correcta y acertada. La supresión del Impuesto de Actividades Económicas con la que el Partido Socialista no estaba de acuerdo no suponía en modo alguno detrimento de la financiación de las
corporaciones locales. El Partido Popular practicó en estos ocho años de Gobierno un espíritu de diálogo, de colaboración y de coordinación con los ayuntamientos que se plasmó en el acuerdo del Gobierno con la FEMP en el


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año 2002. Diálogo y espíritu de diálogo que ustedes en diez meses de Gobierno han abandonado respecto a los ayuntamientos y a las corporaciones locales y han convertido el espíritu de diálogo del Gobierno del Partido Popular en un espíritu
de confrontación del Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero que, por cierto, fue durante algunos años portavoz de esta Comisión de Administraciones Públicas.
Parece mentira que en sus primeros meses de mandato, la gestión del presidente
Rodríguez Zapatero sea de confrontación con los ayuntamientos.



No es un problema de la ley o de su modificación. Es un problema de ejecución y aplicación de esa ley. No puede haber una discrepancia en las cifras como la que existe ahora entre los ocho mil ayuntamientos de todo el arco político. Los
ayuntamientos de todos los colores políticos coinciden frente a la ejecución que han llevado a cabo en estas liquidaciones que están practicando, cuando era el primer ejercicio donde había que aplicarla. Estoy seguro de que con un gobierno del
Partido Popular no se hubiera producido esta situación. No sé qué le parecen a S.S. unas declaraciones del 17 de febrero de Europa Press en las que el Gobierno que usted dice que está dialogando con la FEMP dice que no tiene deuda alguna con los
ayuntamientos por el IAE. Nos tendrá que explicar, si dicen el día 17 de febrero que no hay deuda alguna, qué conversaciones tienen con la FEMP. Si están adelantando públicamente los medios de comunicación que no hay deuda, ¿qué le están contando
a los ayuntamientos?


Pero no solo eso. Están las declaraciones del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, alcalde de A Coruña, al cual este grupo parlamentario respeta enormemente porque ha demostrado su valía política y su valía
personal y, en este caso, yo creo que representa fielmente el sentir de los 8.000 ayuntamientos de España. El señor Vázquez, alcalde de A Coruña, habla de profundo descontento por las promesas incumplidas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado del Gobierno socialista, donde no se contiene ninguna respuesta a las reivindicaciones formuladas por la FEMP y donde no será posible introducir enmiendas, puesto que fue vetado en el Senado. Viene a contradecir absolutamente todo o lo poco
que usted ha manifestado hoy aquí y a señalar las diferencias y la confrontación que existe en estos momentos entre el Gobierno socialista y los 8.000 ayuntamientos.



Pero no sólo eso. Hay aspectos importantes que es necesario abordar en esta comparecencia y que usted, espero que en una segunda intervención, si se produce, aclare, porque usted habla de posibles reformas de financiación local. Tendrá que
decirnos si están dispuestos a asumir que los ayuntamientos realizan muchas competencias impropias, las denominadas competencias impropias, que se cuantifican aproximadamente en un 30 por ciento de los recursos de los ayuntamientos, y qué solución
tienen ustedes prevista. A mí me gustaría saber si usted y el Gobierno coinciden con las palabras expresadas por el presidente de la FEMP, don Francisco Vázquez, en la comparecencia que llevó a cabo en el Senado, en la que dijo que entendía que era
necesario un pacto de Estado para redistribuir las competencias y la financiación. La cuestión -usted lo sabe perfectamente, como todos los que nos hemos movido o nos movemos por el mundo municipal- es que los ayuntamientos y las corporaciones
locales están llevando a cabo, están ejecutando políticas de competencias que hoy tienen las autonomías sin la financiación pertinente. La financiación la tienen las autonomías y las políticas las ejecutan los ayuntamientos y las corporaciones
locales. Y hay una diferencia ahí enorme que provoca unos desequilibrios presupuestarios importantísimos en los ayuntamientos. Pero si luego uno ve declaraciones como las que hace algún ministro muy importante del Gobierno, diciendo que los
ayuntamientos no son prioritarios para el Gobierno, seguimos abundando en los graves problemas del mundo de la Administración local.



Hay otra cuestión que planteó el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias en la comparecencia que realizó en el Senado y que estoy seguro que usted conoce perfectamente. El señor Vázquez, como presidente de la FEMP,
manifestó que la FEMP iría al Tribunal Constitucional si las reformas de estatutos no contemplaban las competencias que los ayuntamientos iban a tener y planteaba que la Ley de Bases de Régimen Local se convirtiera en ley orgánica para lograr que
los ayuntamiento tuvieran una clara definición de sus competencias y, lógicamente, eso conllevara la financiación. Sería bueno escuchar de uno de los miembros importantes del Gobierno socialista, en este caso del Ministerio de Administraciones
Públicas, si comparte o no esas declaraciones que realizó el presidente de la FEMP o si considera que las reformas de estatutos que se están elaborando en estos momentos en algunas comunidades autónomas no tienen porqué reflejar las competencias
municipales, o si considera que es necesario convertir en ley orgánica la Ley de Bases, o si tienen alguna idea de qué hacer con los ayuntamientos y su financiación. Porque venir aquí a decir hoy que estamos estudiando posibles reformas de
financiación local es bastante pobre por parte del Gobierno y viene a demostrar que el Gobierno socialista no tiene ninguna idea de cómo resolver la situación de los ayuntamientos. Porque lo que sí está claro es que en los veinticinco años de
proceso democrático el papel de los ayuntamientos ha sido importante para consolidar la democracia y es necesario que se les preste una atención adecuada.



El ministro de Administraciones Públicas en su comparecencia en el Senado el 27 de septiembre de 2004 y dijo -y leo textualmente-: Por poner un ejemplo muy claro, las cuestiones relacionadas con la inmigración solo pueden ser bien resueltas
con la cooperación de las tres administraciones, por lo que resulta inevitable que se generen las relaciones de interdependencia y


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de colaboración entre éstas. Lo que debemos hacer es acordar una regulación apropiada para estas relaciones, de manera que el esfuerzo de las administraciones esté eficazmente coordinado y sirva exclusivamente a los intereses de los
ciudadanos, que son a los que se debe toda Administración pública. Cuando el ministro de Administraciones Públicas dice, el 27 de septiembre de 2004, estas palabras y en esas mismas fechas el Gobierno socialista está mandando a los inmigrantes a
ciudades, a comunidades autónomas, sin comunicarles ni a los ayuntamientos ni a las comunidades autónomas correspondientes ese movimiento de inmigrantes -y todos pudimos ver en algún medio privado de televisión las imágenes y las situaciones que
vimos-, viene a demostrar que ustedes, por decirlo en términos de la calle, pasan olímpicamente de los ayuntamientos. No le tienen respeto alguno a los ayuntamientos. En la anterior legislatura yo era portavoz en esta Comisión y recuerdo los
debates presupuestarios. No hay nada más que tirar del 'Diario de Sesiones' para ver las barbaridades que los miembros del Grupo Parlamentario Socialista decían con respecto al dinero que el Gobierno del Partido Popular destinaba en los
Presupuestos Generales del Estado a los ayuntamientos. Pero es que ustedes, en sus primeros presupuestos, han ido a menos con las corporaciones locales. En nueve meses, han pasado del diálogo del Partido Popular a la confrontación del Gobierno
socialista con los 8.000 ayuntamientos. Están generando una enorme preocupación. Yo tengo aquí una relación de mociones que se están presentando en todos los ayuntamientos de España, de todos los colores políticos: Ayuntamiento de Córdoba, de
Izquierda Unida; Ayuntamiento de Sevilla, del Partido Socialista -y puedo seguir contando-, manifestando su oposición a la liquidación que ustedes han presentado. Es un problema de ustedes, de la ejecución que ustedes han llevado a cabo, respecto
al acuerdo que el Gobierno del Partido Popular y los 8.000 ayuntamientos de España llevaron a cabo en 2002.



Por lo tanto, en su segunda intervención, usted tiene que decirnos qué soluciones van a aportar para resolver este problema. Tiene que decirnos si ratifica estas declaraciones que aparecen en Europa Press y en otros medios de comunicación
del día 17, donde se dice que no hay deuda alguna.
Si ustedes se mantienen en esa posición de que no hay deuda alguna, tendrá que explicarnos qué conversaciones, como usted ha dicho que hay, entre el Ministerio de Economía y la Federación Española
de Municipios y Provincias se están llevando a cabo. Queremos saber su opinión, como Gobierno, sobre las palabras expresadas y las propuestas presentadas por el presidente de la FEMP con respecto al pacto de Estado y a esa reforma de estatutos que
se está tramitando, sobre si deben de llevar o no las competencias municipales. Queremos saber también su opinión sobre la propuesta de la FEMP de que se convierta en ley orgánica la Ley de Bases.
Y queremos saber algo, señor secretario de Estado,
porque no ha habido una intervención más breve que lo que usted ha realizado en el día de hoy -que vendrá recogida en el 'Diario de Sesiones'-, con la mayor falta de respeto hacia todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Tendrá que
explicarnos todas estas situaciones, tendrá que decirnos si se mantienen las palabras dichas por un importante miembro del Gobierno, de que los ayuntamientos no son prioritarios para el Gobierno socialista y tendrá que decirnos hacia dónde quieren
encaminar el futuro de las corporaciones locales y de los ayuntamientos.



El señor PRESIDENTE: El señor Guinart, portavoz de Convergència i Unió.



El señor GUINART SOLÁ: Señor secretario de Estado, en primer lugar, quiero agradecerle, en nombre de mi grupo, su comparecencia sobre este tema puntual, la compensación para los ayuntamientos de la supresión del IAE.



Es sabido que nuestro grupo, en su momento, fue favorable a esa medida del Gobierno del Partido Popular, a la supresión de este impuesto, valorando el efecto que podía producir en la economía a nivel de creación de empleo, de competitividad,
y de equilibrio de las pequeñas empresas, sobre todo en relación a las medianas y a las mayores, y a las nuevas iniciativas de carácter empresarial y comercial que podía generar y a los efectos sinérgicos que podía tener sobre la economía del país.
Pero también es cierto que la condición que nuestro grupo puso en su momento fue que las economías locales, las haciendas locales, no vieran mermada su capacidad de gestión, de inversión y de mantenimiento de los servicios por la pérdida de la
recaudación o por la pérdida de ingresos que representaba esa supresión del IAE. Lógicamente veíamos con recelo, y ya se dijo en ese mismo momento, sobre todo desde las entidades municipalistas, tanto la FEMP como las autóctonas o autónomas en
Cataluña, como la Federació de Municipis, con ochocientos miembros, que la aplicación de ese principio de equilibrio presupuestario de supresión del IAE y compensación por parte del Estado de lo que se dejara de recaudar, fuera cero como mínimo. La
verdad es que los recelos de que esto pudiera no cumplirse se fueron consolidando con el tiempo y la totalidad de los ayuntamientos manifiestan su disgusto, su desacuerdo con cómo se ha gestionado este reequilibrio. Finalmente se han liquidado
negativamente los resultados de lo que eran antes los ingresos en concepto del IAE que se han dejado de percibir. Lógicamente se perciben los de empresas con facturaciones superiores a un millón de euros, pero lo que dejan de percibir de las
empresas o comercios más pequeños, de las actividades empresariales más pequeñas, no está compensado con las liquidaciones del Estado. Y esto se vive en el día a día en los municipios, esto se comenta y se intenta explicar a las asociaciones, tanto
a nivel provincial como a nivel autonómico y entiendo también que a nivel estatal. Con lo cual, ahí hay una insatisfacción y


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nuestro grupo quisiera conocer cuáles son los planes del Gobierno para dar satisfacción a aquella pretensión de que no hubiera aquí ningún desequilibrio.



No voy a entrar ahora en cuál es el papel fundamental que juegan los ayuntamientos en relación, ya no solo a la vida social y comunitaria, sino también a la vida económica de nuestro Estado porque es sin duda, importante. El Ayuntamiento es
el primer nivel de administración, en muchas ocasiones es el vertebrador de la vida económica, es el impulsor de las actividades y también es el primer elemento que facilita el bienestar de nuestros ciudadanos. Según el principio de subsidiariedad,
que cada vez toma más cuerpo y que es más exigido por la ciudadanía, el ayuntamiento es la primera administración, la que la gente percibe que debe prestarle, o bien sus servicios directamente, o bien instar para que las otras administraciones, la
autonómica o la estatal, se los facilite de forma adecuada y cada vez con mayor calidad. Esto no es posible si no se dispone de los suficientes recursos económicos y, en estos momentos, la coyuntura nos dice que ha habido un decremento en cuanto a
la disponibilidad que antes había por ingresos en concepto del IAE. Lo comento en calidad de alcalde, conociendo mi caso particular, el de mi municipio, y lógicamente también las referencias de otros alcaldes de las cercanías o de otros con los que
tengo ocasión de comentar esta cuestión.
Ahí hay, por tanto, una insatisfacción que entiendo que debería resolver el ministerio, la secretaría general, porque no creo que sea conveniente que se mantenga esa situación de contencioso entre las
entidades municipalistas, la FEMP y otras, y el propio Estado, y que lo que debería ser una medida positiva para la comunidad, desde nuestro punto de vista, como es la supresión del IAE para esas empresas más pequeñas, acabe teniendo un efecto
negativo en la economía global.



Se está debatiendo, y habrá que seguir haciéndolo, la revisión de la Ley de Haciendas Locales. La financiación de los municipios no es la óptima, no es la que debería ser, no ha evolucionado en función de lo que han evolucionado los
municipios, que han asumido, a veces inevitablemente, competencias que están asignadas, y por tanto también financiadas, a otros niveles de la Administración. Habrá que hacer una revisión tanto de la Ley de Bases como de la de Haciendas Locales,
que permita un mejor encaje de competencias y la suficiencia presupuestaria que ha de darles contenido. Confiamos en que este trabajo de revisión se haga con conocimiento y con participación de las entidades o de las asociaciones municipalistas y
que, de una vez por todas, los municipios obtengan o se sitúen en aquel papel de la administración y también la financiación del gasto público que se merecen, entendiendo que debe haber un aumento en cuanto a sus facilidades de financiación.
Especialmente, para acabar con la especificidad de algunos municipios, como por ejemplo los turísticos, que son en gran medida el motor de la economía del país y que están denunciando desde hace tiempo un mayor déficit en su financiación. Pienso
que a través de la reforma de la Ley de Haciendas Locales debería tenerse en cuenta no solo la definición de municipios turísticos de una forma más amplia, sino también una financiación especial o específica para las necesidades de ese tipo de
municipios que entiendo que tienen un gran papel en la economía global.



El señor PRESIDENTE: A continuación, el portavoz del Grupo Socialista, señor Torres García.



El señor TORRES GARCÍA: En nombre del Grupo Socialista quiero agradecer al secretario de Estado su comparecencia y también su exposición, que ha sido muy clara, muy concreta y que se ceñía a la pregunta que se formulaba por parte del Grupo
Popular en su petición de comparecencia.



Nos parece acertado el trabajo que se está haciendo para dar respuesta a un problema heredado. Un problema que ha heredado este Gobierno como consecuencia de la Ley 51/2002, que reforma la Ley de Haciendas Locales.
Esta ley establecía, en
su adicional décima, el procedimiento para efectuar las compensaciones a los ayuntamientos por la minoración de ingresos como consecuencia de la supresión del IAE. Hablaba de una cantidad a cuenta en 2003 y una liquidación en 2004. En enero del
año 2004 hay dos notas informativas emitidas por la Asociación general de coordinación con las Haciendas Locales, es decir, en periodo de Gobierno del Partido Popular, en las que se establece cómo hay que efectuar las compensaciones, se interpreta
cómo se hace el cálculo para efectuar esas compensaciones. Dos notas, con cuatro días de diferencia, durante el mes de enero de 2004. Y después, a una consulta de la FEMP, hay una contestación interpretando con precisión cómo habría que hacerlo.
Pues bien, en base a este criterio se está haciendo la liquidación.



Hemos escuchado la intervención del representante del Grupo Popular y, es sorprendente comprobar cómo construye toda su argumentación en base a la comparecencia de don Francisco Vázquez, presidente de la Federación de Municipios y
Provincias, en el Senado. Pero utiliza en esa intervención frases sacadas de contexto y, por lo tanto, quedan totalmente desvirtuadas. ¿Y por qué recurre a la intervención de don Francisco Vázquez? Pues recurre a la intervención de don Francisco
Vázquez porque no pueden hablar de su política en relación con los gobiernos locales, porque no ha existido. No ha habido diálogo ni ha habido iniciativa en los ocho años de Gobierno popular. Sí, ha habido una iniciativa: la reforma del IAE, que
ha supuesto esa minoración de ingresos a los ayuntamientos cuya situación ya era difícil, porque con la escasa participación en el gasto, en torno al 15 por ciento, están atendiendo en torno al 30 por ciento de servicios y de prestaciones de todo
tipo por los que no reciben compensación. Por lo tanto, a una situación difícil y complicada a la que había que dar respuesta, la única medida, la única decisión


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que adopta el Gobierno del Partido Popular es la reforma del IAE, con lo cual agrava la situación económica de los ayuntamientos.



Me alegro, señor secretario de Estado -mi grupo muestra su satisfacción por ello-, de que se esté en conversaciones para retirar los recursos y para alcanzar un acuerdo que permita, en tanto se reforma la financiación de los gobiernos
locales, que se puedan compensar las cantidades que se dejan de percibir como consecuencia de esta reforma. También me alegra comprobar que desde el ministerio se está trabajando con una metodología acertada de participación, como lo pone de
manifiesto que el día 4 de agosto de 2004, es decir, pocos meses después de tomar posesión el Gobierno, se publicara en el Boletín Oficial del Estado la orden que crea la Comisión que se encarga de hacer los trabajos para la elaboración del Libro
Blanco sobre la reforma del Gobierno local. Esta Comisión está integrada por miembros del Ministerio de Administraciones Públicas y de la Federación de Municipios, es decir, de los gobiernos locales, y hace un análisis muy completo y acertado de la
situación de los gobiernos locales. Además, rinde cuentas de ese trabajo en el plazo establecido. Se establece un plazo de cinco meses y dentro de ese plazo se presenta el borrador del libro blanco. El pasado día 17 de enero, como continuación a
esos trabajos, se constituye la Comisión de asuntos locales y ahora estamos en el periodo que se dio de tres meses para poder hacer aportaciones y sugerencias a ese libro blanco, a esa herramienta que tiene que servir de base para el trabajo
posterior que habrá que ir concretando para la reforma de los gobiernos locales. Se está haciendo un trabajo interesante, se está haciendo de forma adecuada, mediante el diálogo, algo que no se ha hecho antes, y se está respondiendo a los
compromisos adquiridos.



Es necesario, por tanto, que se trabaje en esa dirección, que se busque el máximo consenso posible y que se aborde, en paralelo con las reformas del régimen local y de los estatutos, la reforma de la financiación de los gobiernos locales.
Mientras eso se produce y puede ser de aplicación esa reforma que estamos esperando, es bueno que se siga trabajando en la dirección que ha apuntado el secretario de Estado, es decir, mediante el diálogo, buscando acuerdos para compensar esas
diferencias y consiguiendo que se retiren esos recursos, porque es mejor que todo este proceso se lleve a cabo desde la colaboración, en el mejor clima posible y con el más amplio consenso político y social, porque eso es lo que esperan no sólo los
representantes de los gobiernos locales, sino el conjunto de la sociedad, de este Parlamento, de esta Comisión, del ministerio y del Gobierno socialista, que está comprometido con esta reforma y que no tengo la menor duda de que la llevará a cabo
satisfactoriamente.



El señor PRESIDENTE: Toma la palabra, a continuación, el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Méndez Romeu): Señor presidente, permítame comenzar diciendo, con el debido respeto, que si este secretario de Estado no hubiese perdido o superado ya la edad de la inocencia,
debería de haber comparecido hoy en esta sala para recibir, si no el aplauso entusiasta de los representantes del Grupo Popular, sí el reconocimiento explícito de que el Gobierno está haciendo algo que indica un escrupuloso respeto al Estado de
derecho, afrontando las consecuencias de un cambio normativo apresurado, impuesto en su día por el Gobierno Popular, al cual, el grupo político que sustenta el Gobierno dio en su momento fundadas razones para oponerse y que, sin embargo, entró en
vigor. Y hoy, este Gobierno está aplicando rigurosamente los criterios contenidos en esa reforma de la Ley de Haciendas Locales de 2002 y haciendo frente a las consecuencias no deseadas, pero que algunos ya pudieron prever en aquel momento, que
produciría en las haciendas locales la minoración del impuesto de actividades económicas. Y vaya por delante que este Gobierno no va a recuperar ese impuesto en el futuro.
Asumimos esta situación y, a partir de ella, trataremos de encauzar los
problemas que existen.



Ahora bien, como no es cuestión de abundar en la frase conocida del escritor Eric Burton, la edad de la inocencia está superada, sabemos que la petición de comparecencia dice literalmente: comparecencia para informar sobre previsiones y
actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para compensar a las corporaciones locales por la pérdida de la recaudación del impuesto de actividades económicas, una cuestión bien precisa, a la cual se dio respuesta con algunas cifras -por cierto, no
he escuchado cifras distintas en el análisis del Grupo Popular- y, por tanto, vamos a contestar a todo lo que se ha planteado al margen de esto o relacionado con esto.



Primera cuestión: cumplimiento estricto de la norma. Sabe usted, señor portavoz del Grupo Popular, que un número muy importante de los recursos planteados -no de las mociones, que eso es otra figura parlamentaria y política de significado
bien distinto- hacen referencia a una discrepancia de las corporaciones con el método previsto en la propia ley para calcular la compensación de 2003 en relación al año 2000. Y sabe que hay unas cláusulas en ese acuerdo que impedían que se tuviesen
en cuenta las modificaciones de las ordenanzas fiscales efectuadas en el ejercicio anterior, etcétera. Ello, naturalmente, ha incrementado el problema en algunos municipios.



Segunda cuestión: sobre el diálogo con las corporaciones locales. Qué quiere usted que le diga, ¿qué con ocasión de los acontecimientos, de los fastos que tuvieron lugar para conmemorar los veinticinco años de ayuntamientos democráticos,
el presidente del Gobierno, en persona, compareció en Vitoria para dar cuenta de los cambios que se iban a hacer, que eran, precisamente, los que estaba demandando el mundo local y


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que en esas circunstancias no hubo protesta alguna sino, al contrario, el reconocimiento expreso de que el Gobierno estaba respondiendo a la demanda del municipalismo español? Cambios normativos en el régimen jurídico y de funcionamiento, y
cambios en la financiación local. Y eso ocurrió en noviembre pasado y esa hemeroteca que usted ha utilizado profusamente puede dar razón cumplida de cuanto se dice.



Tercera cuestión: los planteamientos de la FEMP. Ayer mismo este ministerio ha estado reunido con la FEMP viendo algunas cuestiones de la financiación local. La FEMP plantea, sintéticamente, tres grandes problemas relativos a la
financiación. Primero, los llamados gastos de suplencia -entre paréntesis-, cifrados en el 30 por ciento según un único estudio, que probablemente SS.SS. conocen tan bien como yo, un único estudio que es, cuando menos, discutible. Pero como no es
cuestión ahora de puntualizar si es el 30, el 25 o el 35, debemos asumir que en este momento las corporaciones locales dedican una parte importante de su presupuesto, de su gasto, a atender competencias que no están residenciadas la Ley de Bases de
1985, en la corporación local. En general, están residenciadas hoy en día en las comunidades autónomas, porque se corresponden en una gran mayoría con servicios de bienestar.
Este es un problema muy importante. El Gobierno cree que sólo puede
tener una solución: no tenemos instrumentos normativos a la altura de 2005 para imponer a las comunidades autónomas la financiación obligatoria de esos gastos. Estamos ante una situación fruto de un largo periodo histórico.
Creemos que la única
solución, y así se lo estamos planteando a las corporaciones locales, es la cofinanciación Estado-comunidades autónomas de esos servicios. Y para ello, como primer paso, el Gobierno ha constituido una Conferencia sectorial de Asuntos Locales que
por primera vez, en fecha de 17 de enero pasado, ha reunido a todas las comunidades autónomas -a las diecisiete-, a una representación importante, y por tanto plural, de los municipios españoles a través de la FEMP y al propio Gobierno a través de
los Ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas, en la idea de que sea ese órgano el que en el futuro aborde estas cuestiones y, sobre todo, el que nos permita hacer algo muy importante, que es cambiar la cultura política de relaciones
Estado-comunidades-municipios en los temas de Administración local. Y es a partir de esa vía donde queremos encontrar una fórmula, que ya se está en este momento estudiando en el Ministerio de Hacienda para proponer en los próximos meses, de
cofinanciación comunidades-Estado de esa parte del gasto de los municipios que grava fuertemente sus economías.



Segunda línea que se nos está planteando: la resolución de la deuda de los pequeños municipios; un problema acuciante. España es un país fundamentalmente de municipios de muy poca población y estamos estudiando una fórmula, para implantar
en este mismo año o como muy tarde en el ejercicio 2006, similar a la que se ha ensayado en Andalucía, parece que con satisfacción amplia de los municipios afectados.



Tercera fórmula: la que estamos planteando hoy. Es decir, las consecuencias de la supresión del IAE. Además del cumplimiento, como he comentado, hemos avanzado este año, en la ley de presupuestos aprobada por esta Cámara, un mecanismo que
permite incrementar notablemente los anticipos a cuenta pero, sobre todo, estamos viendo un acuerdo que nos permita incrementar las compensaciones en una cifra pactada con la FEMP.
La FEMP ha presentado una horquilla y dentro de esa horquilla se
están celebrando conversaciones para introducir, este mismo año 2005, una inyección suplementaria que permita paliar y superar el periodo inicial de aplicación de las previsiones en este ámbito de la Ley de 2003.



Pero estamos haciendo más. El Gobierno ha planteado, de acuerdo con las comunidades autónomas, la reforma del régimen jurídico, es decir, de la Ley de Bases, a través de una discusión previa, abierta, mediante un mecanismo de libro blanco.
Y esto es muy importante por una cuestión fundamental en este ámbito: la definición competencial. Sabemos que ese es el problema nuclear de las corporaciones actuales y sabemos que tiene muy difícil solución porque en nuestra situación actual en
España no es posible predicar las competencias exclusivas para ninguna de las administraciones. En casi todas nos encontramos con situaciones concurrentes. Fijar los límites de actuación de unas y otras tiene consecuencias directas en el mecanismo
de financiación y debería permitirnos, sobre todo en el juego corporaciones locales-comunidades autónomas, una mayor racionalidad en la organización de algunos servicios donde las superposiciones son evidentes. Ese proceso creemos que debe estar
finalizado en el presente año.



Se ha planteado también por la FEMP, y a ello hacía alusión el portavoz del Grupo Popular, la necesidad de que la futura Ley de Bases tenga carácter de ley orgánica. Las leyes orgánicas son las que dice la Constitución que pueden serlo. No
me corresponde a mí decir cuáles; creo que están claras. La propia FEMP, como alternativa, planteaba que en las reformas de los estatutos de autonomía se delimitase mejor el régimen local, sobre todo que se delimitasen las competencias. Y el
Gobierno está de acuerdo en que eso sería un buen mecanismo. Está de acuerdo, pero no puede imponerlo. Cada reforma de estatuto de autonomía es responsabilidad y competencia de su respectivo parlamento autónomo y ahí es donde tienen que ponderarse
estas cuestiones. Que exigiese que se introdujese mayor claridad, tanto en las reformas estatutarias, como en su día en la Ley de Bases, que duda cabe que nos ayudaría mucho en el futuro en estos aspectos de financiación que son consecuencia de
marcos jurídicos previos. Podemos recomendar, podemos insistir, no me cabe la menor duda que el grupo que apoya al Gobierno toma nota de estas cuestiones, pero más allá de esto difícilmente el Gobierno puede tener una actuación propia. Sobre otras


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cuestiones apasionantes que S.S. ha suscitado, y donde también puede haber interés de las corporaciones locales -se ha hablado de inmigración, etcétera-, no es competencia de esta Secretaría de Estado no ya actuar, sino ni siquiera valorar.
No puedo dejar tampoco de recordar que la política de inmigración en España no ha nacido ayer, que ha habido leyes anteriores, el nivel de respaldo que han tenido, etcétera.



Por lo que respecta a la intervención del portavoz del Grupo de Convergencia, desde luego coincido plenamente. Se ha producido una situación que, entre otras cosas, es desigual, que no afecta de la misma forma a todos los municipios, pero
sin duda en los municipios que tienen una base de pequeña empresa tiene una mayor incidencia, porque no está compensada por los recargos establecidos sobre grandes empresas, o en los municipios que tienen o tenían una incidencia importante de
contribuyente físicos también ha tenido una incidencia mayor. Por eso es necesario, y yo creo que todos compartimos el objetivo, buscar una fórmula de financiación complementaria que deje definitivamente nivelado este problema que se ha planteado y
que nos permita avanzar en el futuro.



Y finalmente, sobre la intervención del portavoz del Grupo Socialista, no cabe más que agradecer su punto de vista. Agradecer, sobre todo, que haya comprendido el sentido de esta intervención y que haya aportado algunos datos
complementarios muy relevantes y, en ese sentido, ratificar que la voluntad del Gobierno es actuar en materia de régimen local y de financiación local mediante el consenso con las corporaciones locales, a través de sus organizaciones, y también
mediante el mayor consenso político posible en la Cámara.



El señor PRESIDENTE: Señor Merino, daré un segundo turno de cinco minutos para respetar los tiempos pactados.



Adelante, señor Merino.



El señor MERINO LÓPEZ: Lo mismo, señor secretario de Estado, que le he reprochado su falta de respeto en su primera intervención, ahora tengo que agradecerle que por lo menos haya sido algo más explícito y haya dado más de detalle en su
segunda intervención, de la cual ahora hablaremos.
Pero no quería pasar por alto, evidentemente, las palabras del portavoz socialista para darle cumplida respuesta.



Señor portavoz, esto no es un problema heredado, esto es un acuerdo heredado de los 8.000 ayuntamientos de España con el Gobierno del Partido Popular. Fíjese usted en la diferencia que hay entre sus palabras y la realidad de los hechos. Lo
que usted cree que es un problema, es un acuerdo de 8.000 ayuntamientos con el Gobierno del Partido Popular, fruto del diálogo y del consenso alcanzado y que ustedes han convertido en una confrontación, hoy en día, con esos 8.000 ayuntamientos.
Lamento que usted desprecie al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Para nosotros es muy importante la intervención que el presidente de la FEMP llevó a cabo en el Senado y por eso hacemos lectura de sus palabras.
Consideramos enormemente importante lo que dice en el Senado la persona que representa a los 8.000 ayuntamientos de España, para nosotros tiene una gran trascendencia e importancia, pero parece que al Grupo Parlamentario Socialista solo le produce
desprecio, y le parece que el hecho de que el Grupo Parlamentario Popular utilice en esta Comisión de Administraciones Públicas, que yo creo es donde debemos de hablar de estas cuestiones, la comparecencia del presidente de la FEMP en el Senado es
algo malo en vez de ser algo positivo.



No solamente se reformó el IAE, se reformaron otras figuras impositivas y, para conectar con sus propias palabras sobre el libro blanco, voy a volver a hablar del señor Vázquez y de lo que el señor Vázquez dijo en el Senado respecto al
famoso libro blanco. Y sus palabras textuales, según el 'Diario de Sesiones', son las siguientes: Está bien siempre que ese libro blanco, que, por cierto, no hace ninguna referencia a las cuestiones económicas ni financieras, y la reforma de la
Ley de Bases de Régimen Local sea consiguiente a la solución del problema de la deuda histórica y, a su vez, paralela a un nuevo pacto local, lo cual, aparte de la cuestión económica, tenga la gran importancia de que intervenga el Estado y las
comunidades autónomas. Es decir, el propio presidente de la FEMP, dice que este libro blanco no hace ninguna referencia a las soluciones económicas ni financieras que necesitan los ayuntamientos.
Pero hay más, de ese libro blanco, en el último
momento, se ha caído la reforma del pacto local, o la necesaria actuación en un pacto local, que iba a ir paralela a la reforma de los estatutos. Y ahí, las últimas palabras del señor secretario de Estado, porque también ha hablado del libro blanco
y yo creo que las propias palabras del presidente de la FEMP y alcalde de A Coruña les concentran a ambos. Pero es que la FEMP, señor secretario de Estado, plantea -y usted lo sabe tan bien como yo- que, o las reformas de estatutos - y todos
coincidimos, creo yo, en que el problema municipal son las competencias y la financiación de esas competencias, que hoy no la tienen las corporaciones locales- recogen el listado de las competencias municipales para que conlleven la financiación,
que es el objetivo final de las corporaciones locales, o la FEMP plantea que es necesario transformar en ley orgánica la Ley de Bases para que queden reflejadas las competencias que tienen los ayuntamientos, con independencia - como usted bien ha
dicho, las reformas de los estatutos son competencia autonómica- de lo que se haga en cada comunidad autónoma. Lo que es evidente es que hay que resolver el problema competencial y de financiación de las corporaciones locales, y hay pocos caminos.
El presidente de la FEMP en su comparecencia lo dejó muy claro: o incluimos listados en las reformas estatutarias o tenemos que transformar en ley orgánica la Ley de Bases. No hay muchos más caminos para intentar homogeneizar las competencias
municipales.



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Creo sinceramente, señor secretario de Estado, que no hubo un cambio legislativo apresurado, sino que ha habido una mala aplicación del cambio legislativo, y en eso usted y yo no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero lo que sí pido, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, es que den una solución al problema que han planteado ustedes por su mala aplicación de la normativa. Porque fue un acuerdo, fue un acuerdo -insisto nuevamente- de diálogo y de colaboración del Gobierno del
Partido Popular con los 8.000 ayuntamientos y yo no me puedo creer -he sido municipalista muchos años y he estado en el comité ejecutivo de la FEMP- que la FEMP firmara un acuerdo con un gobierno, en este caso del Partido Popular, o con cualquier
gobierno donde ellos vieran claramente que estaban perjudicándose, y más en un tema de la importancia del impuesto de actividades económicas. No me lo puedo creer, porque conozco perfectamente a los miembros del comité ejecutivo de la FEMP. Por lo
tanto, si ese acuerdo del año 2002, de todos los alcaldes de todos los partidos políticos con el Gobierno popular, fruto del diálogo y del consenso, fue firmado, quiere decir que no era malo para los ayuntamientos y que éstos sabían que con ello no
perdían dinero aunque se suprimiera el IAE. El problema es que ustedes han tenido la suerte o la desgracia de que han sido los que han tenido que aplicarlo por primera vez, aunque ustedes no se lo esperaban, y eso ha conllevado una mala aplicación
de esas modificaciones legislativas que se llevaron a cabo.
Respecto a la visita del presidente Zapatero a Vitoria, voy a pasarla por alto, a soslayarla, porque tampoco conviene entrar en esos detalles.



Usted ha planteado tres cuestiones importantes, entre ellas, los gastos de suplencia o gastos impropios, del 30 por ciento, de los que yo también he hablado en mi intervención. Ese es un aspecto fundamental que hay que resolver. No hay
muchos caminos para resolverlo, pero habrá que abordarlo. Y yo se lo digo y le manifiesto que por mi parte -y creo que por la de mi grupo parlamentario- hay una enorme preocupación por los pactos que tiene el actual Gobierno en minoría con
determinados grupos políticos y parlamentarios, porque plantean mayores cuotas de autogobierno y, en algunos casos, de otras cuestiones. Veo muy difícil que este Gobierno, en minoría, sea capaz de llegar con sus socios a un acuerdo, no digo ya que
sea beneficioso para las corporaciones locales, sino que no las perjudique, precisamente por las ansias legítimas -no voy a decir que no- de querer tener mayor autogobierno dentro de su comunidad, lo cual implica más competencias. Me extraña mucho
que esos grupos parlamentarios y que esos partidos políticos estén dispuestos a ceder algo a las corporaciones locales. Por eso está la cuestión del 30 por ciento de gasto impropio o de suplencia, como usted lo ha denominado.
Usted ha dicho además
que se está barajando la cofinanciación del Estado y de las comunidades autónomas, y a mí se me hace muy complicado porque no creo que el Estado pague dos veces. Porque si cuando se llevan a cabo las transferencias a las comunidades autónomas el
Estado ha transferido el dinero a la comunidad autónoma porque ejerce las competencias, ¿qué me está usted diciendo, que ahora el Estado va a pagar otra vez, en esa cofinanciación con las comunidades autónomas, políticas que ahora mismo son
competencia de las comunidades autónomas y que están ejerciendo en la práctica los ayuntamientos? Me extraña muy mucho, sinceramente, que el Ministerio de Economía le acepte a usted esa propuesta o que salga esta propuesta del Ministerio de
Economía, el pagar doble. Me imagino, si eso es verdad, que las comunidades autónomas estarán encantadas, pero a mí se me hace muy duro creerme las palabras que usted está manifestando.



En cuanto a la deuda de los pequeños municipios, coincido plenamente con usted en que la mayoría de nuestros ayuntamientos, sobre todo en determinadas comunidades autónomas, son realmente pequeños y es necesario darle una solución, pero hay
que dar una solución dentro de la financiación global de las corporaciones locales. Yo espero que ustedes apliquen bien la solución del impuesto de actividades económicas y sean capaces de darles a los ayuntamientos lo que consiguieron en el
acuerdo con el Gobierno del Partido Popular.



El señor PRESIDENTE: Señor Torres.



El señor TORRES GARCÍA: Brevemente, quiero agradecer al señor secretario de Estado la ampliación de información que nos ha facilitado en su segunda intervención y decir, con relación a la intervención del representante del Grupo Popular,
que en el Grupo Socialista tenemos el respeto más absoluto a la FEMP y al señor Vázquez. Además, quiero manifestar nuestro alto grado de coincidencia con su discurso, con sus planteamientos; no con los suyos, con los del señor Vázquez.



Deduzco de su intervención que es necesario, desde el punto de vista de su grupo, una reforma de la financiación, que se hace urgente ante la situación por la que atraviesan los ayuntamientos. Yo tengo que recordarles que en el preámbulo de
la Ley 51/2002, tantas veces citada aquí esta mañana, decía el Gobierno del Partido Popular lo siguiente -y lo leo literalmente-: La modificación parcial de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las hacienda locales culmina así la
reforma de la financiación de las entidades locales iniciada en la primera fase con las modificaciones introducidas en la citada Ley 39/1988 y por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Es
decir, que en diciembre de 2002 ustedes creían que con esta reforma habían culminado ya el proceso de reforma de la financiación de las corporaciones locales. Eso es lo que ustedes pensaban sobre la financiación de las corporaciones locales. Y
cuando alcanzan este acuerdo con la Federación de Municipios hay una manifestación de


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confianza de dicha Federación en que la supresión del IAE va a tener efectos positivos y que se van a compensar los ingresos que se dejan de percibir, con una liquidación que, sin duda, no pensaron en su momento que se iba a hacer con los
criterios que aplicó el ministerio; vuelvo a repetir, criterios establecidos en enero y febrero de 2004 con un Gobierno del Partido Popular y que están perfectamente trasladados en estos tres documentos de la dirección general. Por lo tanto, la
interpretación de la norma para hacer la liquidación está basada en los criterios que ustedes mismos establecieron. Es verdad que ha tenido un efecto perverso y seguro que no pensaban los representantes de los municipios, es decir la FEMP, que las
consecuencias iban a ser ésas.
Deben ustedes reconocer que eso fue así y sumarse a ese consenso político necesario para resolver este grave problema de financiación de los gobiernos locales.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, para finalizar esta comparecencia.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Méndez Romeu): Sí, muy brevemente.



Habiendo en esta sala algún destacado o alguna destacada especialista en derecho constitucional, no he de pontificar yo desde esta mesa lo que puede ser desarrollado mediante ley orgánica y lo que no. Hay suficiente literatura, incluso al
alcance de quienes nos dedicamos a estos temas, como para ver la situación real en la que estamos.



Compartimos la idea de que sería conveniente, desde el punto de vista de la operatividad institucional, que los estatutos de autonomía recogiesen con un mayor nivel de concreción los aspectos referidos al régimen local.
Pero esa
manifestación de deseo del Gobierno, que la podemos trasladar por distintas vías, no tiene en principio eficacia imperativa.
Corresponde al juego de los partidos políticos y, por cierto, algo se habla también en los medios de comunicación sobre
estos asuntos que deben ser objeto de acuerdos entre organizaciones políticas.



Segunda cuestión: estamos firmemente comprometidos en la búsqueda de soluciones. Ya lo adelanté aquí con motivo de mi primera comparecencia a petición de los grupos de esta Comisión y hemos puesto, incluso, un calendario para tratar de
buscar ese acuerdo que, como he dicho, debe incluir a las comunidades autónomas y al municipalismo, además de gozar, obviamente, del más amplio respaldo de esta Cámara.



Y tercera cuestión. Yo no he planteado en ningún momento que el objetivo sea financiar de nuevo a las comunidades autónomas para estos gastos de suplencia. Lo que se está comentando, lo que se está estudiando en este momento, es la
posibilidad de establecer una vía de cofinanciación, fondos del Estado más fondos de las comunidades autónomas, para cubrir esos denominados gatos de suplencia. Son gastos, fundamentalmente, del área de bienestar: empleo, educación, asuntos
sociales, deportes, etcétera, y sería hoy imposible, por más que de vez en cuando retóricamente así se enuncie, que los municipios clausurasen esas instalaciones porque obedecen a una demanda objetiva de los ciudadanos y, probablemente, también hoy
es imposible pensar que las comunidades autónomas se hagan cargo en su totalidad de unos servicios para los que tampoco tendrían, en muchos casos, la financiación necesaria. Por tanto, estamos planteando una vía de cofinanciación que implique al
Estado, porque es una fórmula de enjuagar, no sé si el déficit, o incrementar el ingreso de las corporaciones locales. Y, por otra, a las comunidades autónomas, porque de alguna forma hay que asumir que lo que se tiene como competencia o se ejerce
directamente o se ejerce delegadamente, pero está ahí, tiene un coste y son los ciudadanos, al final, quienes sostienen este entramado institucional.



Por ahí creemos que podemos ir, ya que no podemos ir, en modo alguno, mediante una imposición legislativa sobre las comunidades porque, al margen de que no es posible, daría lugar inmediatamente a una reclamación financiera. Por tanto
tenemos que partir de una situación heredada, de una situación complicada. Creemos que se puede establecer esta línea de financiación ya en el presupuesto de 2006 y eso permitiría que lo que los municipios llaman a veces la deuda histórica, se
fuese minorando y pudiésemos llegar a un sistema que equilibrase los servicios sobre los que tienen competencia con los ingresos que realmente se reciben.



- LAS CONVOCATORIAS PÚBLICAS REALIZADAS, SOLICITUDES RECIBIDAS, AYUDAS CONCEDIDAS Y PREVISIONES SOBRE LA APROBACIÓN DE NUEVAS SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS SINGULARES DE CARÁCTER LOCAL Y URBANO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000221)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto, comparecencia también del secretario de Estado para informar sobre las convocatorias públicas, solicitudes, concesiones y previsiones de aprobación de nuevas subvenciones para proyectos
singulares de carácter local y urbano.



Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Méndez Romeu): Estamos también hoy ante una petición de comparecencia que afecta a un aspecto extraordinariamente concreto y yo no quisiera extenderme más allá de lo necesario.



Saben ustedes que los denominados proyectos singulares fueron establecidos mediante el Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, de cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades


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locales. Ahí se abrió por primera vez, en 2003, la posibilidad de financiar proyectos singulares, proyectos que no formaban parte del tradicional plan de obras y servicios, ni tampoco de los planes cofinanciados con fondos comunitarios.
Era una medida más de incremento de la financiación local y trataba de dar respuesta a temas que no cabían en los planes de obras y servicios que son, normalmente, como su nombre indica, asuntos de infraestructura. Esa línea de financiación iba
dirigida, bien a municipios de más de 50.000 habitantes, bien a diputaciones, cabildos, o bien a agrupaciones de municipios que sumasen ese nivel de población. Y sus objetivos expresos eran: generar empleo, desarrollo de las nuevas tecnologías y,
en general, impulso del desarrollo económico, con una cobertura de 11,3 millones de euros y un límite a la participación del Estado en la financiación del 50 por ciento.



En 2004, que fue el primer año de eficacia de la norma, se presentaron 81 solicitudes de 15 comunidades autónomas, que significaban alrededor de cinco veces el crédito disponible, con una distribución muy desigual entre las diferentes
comunidades. Dado el importe existente, fueron seleccionados 25 proyectos que se agruparon, por grandes líneas, de la forma siguiente: proyectos de empleo, escuelas taller, viveros de empresas, centros de innovación, etcétera, seis; proyectos de
nuevas tecnologías -normalmente aplicadas a servicios locales-, cinco; proyectos orientados a la recuperación patrimonial, cuatro; proyectos de puesta en valor de instalaciones tipo museos, centros de iniciativas turísticas, etcétera, ocho; y
otros proyectos comunitarios, centros socioculturales, etcétera, dos. Esa es la tipología de los proyectos.



Cumpliéndose ahora el segundo ejercicio -estamos en plazo hasta el día 1 de marzo para que todas estas entidades puedan presentar proyectas que se cofinanciarían con cargo al ejercicio de 2005-, no oculto que el Gobierno está haciendo una
reflexión sobre la eficacia de esta línea de financiación. Tenemos algunas dudas ya que los criterios excesivamente amplios de la convocatoria dan lugar a la presentación de proyectos muy heterogéneos entre los que es difícil discernir. Y, en ese
sentido, el ministerio está estudiando en este momento la posibilidad de acotar más los proyectos financiables. Por ejemplo, acotando más y precisando más la utilización de nuevas tecnologías, es la modernización de la administración, etcétera, y
tratando de cerrar así, un poco, el ámbito de los proyectos que serían susceptibles de presentación. A fecha de hoy no hay ninguna decisión tomada. La próxima convocatoria finaliza, como digo, el día 1 de marzo y posiblemente los cambios tendrían
que demorarse para el ejercicio siguiente.



Ahora bien, la Ley de Presupuestos de 2005 creó una línea nueva, que va dirigida a proyectos de desarrollo local con participación de la sociedad civil y que tiene también una dotación, creo recordar-tengo por aquí las cifras-, de cinco
millones de euros en el ejercicio 2005. Esa línea tendrá que ser desarrollada este año fijando unos criterios de participación y, sobre todo, unos criterios de evaluación porque esa línea viene, como saben ustedes, de una enmienda transaccionada en
el debate presupuestario y no partimos de un análisis de datos que nos permita tener una idea clara de los proyectos destinatarios.



Esto es cuanto se puede informar con cargo al ejercicio 2005.



El señor PRESIDENTE: El grupo proponente tiene la palabra.



El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señor secretario, por su información. Le agradezco el que usted haya reconocido que este decreto del Gobierno del Partido Popular supuso un incremento en la financiación local y que es un elemento que, si es
bien utilizado, a los ayuntamientos les puede suponerles acometer proyectos muy concretos, como usted ha dicho, pero complejos, muchas veces de un importe elevado y que no pueden ser acometidos con los presupuestos ordinarios de las corporaciones
locales.



A mí me gustaría -voy a ser breve, señor secretario de Estado- que nos apliará la información con respecto a la relación que ha dado de los 25 proyectos seleccionados, más que nada por saber qué tipo de proyectos se están presentando, y que
nos informara si están repartidos por todas las comunidades autónomas o están concentrados en determinadas comunidades autónomas.



Con respecto a la nueva línea de financiación que, como usted ha reconocido, se debe a una enmienda transaccional, me preocupa saber si en este ejercicio presupuestario va a haber opción. Y según se desprende de sus palabras y de su cara,
me da la impresión de que va a ser una enmienda transaccional que quedó muy bonita, pero que no va a tener eficacia práctica para las corporaciones locales, porque si a las alturas a las que estamos todavía no hemos definido el cómo, el cuánto, el
dónde y el para qué se va a hacer, me da la impresión de que esos cinco millones de euros que iban a financiación local pueden perderse.



Lo que sí sería deseable y saludable, señor secretario de Estado, y ahí sí le digo que vamos a estar vigilantes, es que hicieran el esfuerzo de que, si no son capaces de poner en marcha esta línea de financiación, por la complejidad técnica
que pueda conllevar y porque no fuera una cuestión prevista por el Gobierno, sino que viene como consecuencia de una enmienda transaccional presupuestaria-y le aseguro, con el corazón en la mano, que va a tener el apoyo del Grupo Parlamentario
Popular- esos cinco millones de euros sigan siendo destinados a corporaciones locales, buscando el artilugio presupuestario necesario, que no se perdieran estos cinco millones de euros, que podían ir para las corporaciones locales, por problemas de
complejidad técnica.



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En cuanto a su afirmación de que están reflexionando sobre cómo afrontar esta cuestión, que ha sido novedosa en el año 2004, nosotros no tenemos nada que objetar siempre que sea para mejorar la aplicación del decreto del Gobierno del Partido
Popular. Lo que sí le pediríamos -por la propia experiencia que pueda aportar a la mejora del decreto- es un diálogo fluido con las corporaciones locales y con las comunidades autónomas para poder detectar dónde se puede mejorar y que no se
produzca una avalancha de peticiones que a lo mejor no encajan dentro de la idea sobre el aumento de financiación local del decreto de 2003 del Gobierno del Partido Popular.



El señor PRESIDENTE: Señor Torres.



El señor TORRES GARCÍA: Señor secretario de Estado, brevemente le quiero decir que, teniendo en cuenta la consignación presupuestaria y el número de solicitudes que se presentaron en el año 2004, primer año que está en vigor esta línea, es
de suponer que para 2005 todavía haya más solicitudes con lo cual sería conveniente acotar los criterios, buscar objetividad a la hora de valorar los proyectos y priorizar la dirección en la que se van a encauzar estos recursos y, ser muy selectivo;
necesariamente hay que hacerlo así. Estamos hablando de una línea de ayuda que llega a los municipios y que siempre viene bien, pero no hay que magnificar su alcance, porque teniendo en cuenta la cuantía, estamos hablando de cantidades que no
podrán atender a muchos municipios ni supondrá una contribución importante a sus proyectos y a sus programas.



Termino agradeciendo la información y haciendo estas sugerencias: objetividad a la hora de resolver, quizá buscar una fórmula que no sea la de la convocatoria, que genera muchas expectativas y que luego, por la cuantía de la partida, no se
pueden ver satisfechas y priorizar los proyectos que entran por esta línea.



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, para finalizar esta su segunda comparecencia, tiene la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (Méndez Romeu): El Gobierno está estudiando una convocatoria para esta línea de proyectos de la sociedad civil que permita materializar el crédito de este año, sabiendo que vamos a
tener una cierta incertidumbre sobre el tipo de proyectos presentados y, sobre todo, los indicadores de evaluación de la participación de la sociedad civil.



Sobre la cuestión de la que hablaba el portavoz del Grupo Popular, la distribución territorial, esta convocatoria de proyectos singulares iba dirigida a todas las comunidades menos al País Vasco y Navarra, por su singularidad de
financiación. Por tanto, iba dirigida a quince comunidades. Se presentaron proyectos de las quince. Algunas comunidades presentaron uno -por ejemplo, Islas Baleares- y otras presentaron veintiuno -por ejemplo, Andalucía-, hubo una enorme
heterogeneidad. Y se han subvencionado proyectos presentados por doce comunidades. Los proyectos son muy desiguales, tanto en su cuantía, como en su objetivo y cubren desde actuaciones muy puntuales hasta actuaciones que se pueden considerar de
carácter más estructural o permanente. El límite de financiación en todas ha sido del 50 por ciento, aunque en algunos casos ha quedado por debajo, en función de otras características o de otras fuentes de financiación. Le podemos facilitar una
relación, si la necesita, de los veinticinco proyectos. No hay ningún inconveniente.



El señor PRESIDENTE: Si no le importa, usted me la hace llegar y yo se la envío a los portavoces.



Damos las gracias al señor secretario de Estado por su comparecencia.
Continuamos inmediatamente con el punto quinto del orden del día, la comparecencia del secretario general, para ver si a la una estamos en condiciones de votar la
proposición no de ley. (Pausa)


- COMPARECENCIA DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (VELÁZQUEZ LÓPEZ), PARA INFORMAR SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2005 Y DE LAS NUEVAS ACTUACIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO EN ORDEN A UNA NUEVA
REGULACIÓN DEL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DE LAS NEGOCIACIONES SINDICALES LLEVADAS A CABO CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES SOBRE EVENTUALES REFORMAS DE LA MISMA, Y SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE HA DIALOGADO CON LAS FUERZAS
POLÍTICAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000483.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con el punto quinto. Damos la bienvenida al señor secretario general para la Administración Pública, que nos va a informar sobre la oferta de empleo público en 2005, actuaciones previstas por el
propio ministerio para nuevas convocatorias así como la negociación llevada a cabo con los sindicatos y sobre las razones por las que no se ha dialogado con las fuerzas políticas. Es una comparecencia que ha solicitado el Grupo Popular.



Tiene la palabra el señor secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Muchas gracias, señor presidente, por invitarme a comparecer en esta Comisión. Quiero agradecer la oportunidad que me brindan para explicar en el ámbito de


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mayor representación ciudadana, como son las Cortes, la oferta de empleo público para el año 2005.



Sin duda se trata de una de las actuaciones de la Secretaría General, de la que soy titular, con mayor trascendencia social directa en cuanto instrumento base para regular el acceso al empleo público estatal a lo largo de este ejercicio.
Hablar de oferta de empleo significa inevitablemente hablar del número total de plazas que podrán ser convocadas a lo largo de este ejercicio para formar parte del colectivo de personal al servicio de la Administración General del Estado, ya sea a
través de nuevo ingreso o mediante promoción interna. Hablar de oferta de empleo público también significa hablar de planificación de recursos humanos. Voy a comenzar mi intervención hablando de la cuantificación de efectivos que recoge la oferta
y su distribución, analizando paralelamente las líneas generales que se han seguido en la tarea de planificación de recursos humanos que ha sido preciso realizar simultáneamente en la elaboración de este real decreto de oferta de empleo público.
Estos mismos criterios serán los que se apliquen a lo largo de 2005 a las convocatorias de provisión de puestos, los reingresos al servicio activo y las posibles operaciones de reubicación de efectivos. Dedicaré la segunda parte de mi exposición a
explicar a sus señorías los criterios generales de aplicación en los procesos selectivos que han sido introducidos como novedad en esta oferta, siguiendo su petición de información en la solicitud de mi comparecencia.



En primer lugar, número de plazas y su distribución. Comenzando con la cuantificación de efectivos, he de destacar que la oferta total de empleo público para 2005 es de 26.623 plazas de nuevo ingreso, lo que supone un incremento del 13,55
por ciento con respecto a 2004. De estas 26.623 plazas, 9.048 son para Fuerzas Armadas; 5.575, para la Policía, 3.579 plazas para la Guardia Civil, a las que habría que sumar las 500 plazas que fueron ofertadas en enero mediante convocatoria
especial y que no están incluidas en la cifra total. Estas plazas, que en total representan el 68 por ciento del total, por su carácter específico han sido recogidas en tres reales decretos diferentes. El resto, 8.421 plazas de nuevo ingreso, se
distribuyen del siguiente modo: 4.733 plazas para la Administración del Estado propiamente dicha, 862 plazas para las entidades públicas empresariales y entes públicos, 110 plazas para docentes, 700 plazas para la Administración Local y 2.016
plazas para la Administración de Justicia.



Para su incorporación se aplicará el criterio de reposición selectiva de bajas, lo que supone que se dará preferencia en la reposición a los sectores, funciones y categorías profesionales que han sido definidos como prioritarios. Por otra
parte, también se pretende buscar la mejora en la adecuación de la distribución territorial de la plantilla, favoreciendo la incorporación de nuevos efectivos en los territorios con mayores necesidades. Al mismo tiempo, la reposición se orientará a
la correcta ordenación de los empleados públicos. Siguiendo este criterio, se han tomado algunas medidas dirigidas a aumentar la racionalidad de cuerpos y escalas, que ya propugnaba la exposición de motivos de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, como medio necesario para el cumplimiento del objetivo de acercar la Administración a los ciudadanos y la mejora de la eficacia de la Administración. Por esta razón, se han analizado las competencias del personal
adscritos a determinados cuerpos o escalas, se han estudiado los destinos que ocupan en la Administración General del Estado y se ha llegado a la conclusión de que no existe especificidad en el desempeño que aconseje la permanencia de los mismos.
Se ha optado, en consecuencia, por su integración en los cuerpos generales homólogos, de ahí que en algunos de ellos se incrementen sus plazas de manera destacada. En este sentido racionalizador, hemos realizado por tanto un esfuerzo importante y
creemos que necesario si consideramos que a día de hoy se mantienen en la Administración General del Estado más de trescientos cuerpos y escalas diferentes.



Contratación de personal temporal. Con relación a la contratación de personal temporal, se mantiene el criterio restrictivo, tal y como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
Como novedad se establece
igualmente la posibilidad de aprovechar actuaciones realizadas en procesos selectivos ordinarios. Para ello, y respetando los principios de mérito y capacidad, se elaborarán listas con las personas que, no habiendo superado el proceso selectivo
anterior, sí hubieran aprobado alguna de las pruebas que lo componen. Estas listas serán públicas y la selección respetará rigurosamente las puntuaciones obtenidas en las pruebas superadas. Las listas tendrán validez hasta la realización de un
nuevo proceso selectivo ordinario. Con relación a este colectivo, la oferta de empleo para 2005 también se esfuerza en reducir la temporalidad en el empleo público. Por ello, en primer lugar y de acuerdo con lo recogido en la declaración para el
diálogo social en las Administraciones Públicas se continuará con la consolidación de los puestos de trabajo ocupados por personal interino de forma continuada y desde antes del 2 de diciembre de 1998, salvo que dicho personal sustituya a titulares
con reserva de puesto. En segundo lugar, y siguiendo los compromisos adoptados por el Gobierno con las organizaciones sindicales en el foro del diálogo social, la oferta prevé que, en aquellos ámbitos donde existe un volumen de empleo temporal de
naturaleza permanente, se procederá a la sustitución de éste por empleo fijo. Se aplicará, en un primer momento, al Instituto Nacional de Estadística, donde se ha detectado un importante volumen de este personal.



Con esto concluyo la parte de mi intervención dedicada a informar sobre el número de efectivos de la oferta de empleo público para el año 2005 y entro a explicarles las orientaciones generales que deben guiar


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los procesos selectivos derivados de esta oferta, según se desprende del artículo 4 del Real Decreto 121/2005.



Proceso selectivo: Con estos criterios generales se pone en marcha un proceso de revisión de los procesos selectivos con el que se desea corregir, al menos en parte, las deficiencias que los procedimientos actuales presentan. Cuando llegué
a la Secretaría General encargué un estudio a un grupo de trabajo integrado por personas que, desde distintas perspectivas, conocían y habían participado en procesos selectivos en la Administración General del Estado. En el informe que ha emitido
se refleja que, aunque el sistema tradicional de oposición ha servido para garantizar el cumplimiento de los principios de publicidad, mérito y capacidad y en menor medida el de igualdad, en el acceso al empleo público aún queda espacio suficiente
para la mejora. A pesar de las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que ha vivido este país en las últimas décadas, sus efectos apenas se han dejado sentir en los sistemas de evaluación utilizados por los tribunales de
oposiciones. Un primer análisis de estos sistemas pone de manifiesto cómo de forma general la evaluación de los candidatos se centra, casi con exclusividad, en la valoración de pruebas basadas en exposiciones memorísticas, en detrimento de otras
aptitudes o habilidades que para el correcto desempeño de muchos puestos de trabajo pueden tener un valor relevante. Por otra parte, los contenidos de los programas requeridos o el tipo de pruebas realizadas no se identifican siempre con la
realidad del puesto de trabajo que va a desarrollarse. De hecho, nos encontramos con que en numerosas ocasiones existe una similitud en los programas y el tipo de pruebas con independencia de los perfiles que pretenden ser reclutados.
Adicionalmente, los conocimientos exigidos a los aspirantes suelen alcanzar un grado de detalle excesivo con amplios programas o temarios que requieren una especialización de los candidatos en numerosos ámbitos que les son inicialmente ajenos por no
formar parte de la formación recibida en el ámbito educativo. Estas deficiencias han llevado a impulsar algunas medidas como que las pruebas y programas selectivos orienten a la selección y evaluación de habilidades y aptitudes asociadas a los
puestos de trabajo a desempeñar o que el número de temas de los programas exigidos en los procesos selectivos se reduzca y aproxime a los conocimientos proporcionados en los diversos sistemas educativos. En definitiva, se insiste en la racionalidad
de los procesos selectivos haciendo uso de las directrices del artículo 19.1 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que dice exactamente: Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de
pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se hayan de desempeñar. Este aspecto también está recogido en el artículo 5 del vigente reglamento general de ingreso y provisión de puestos y promoción.



En cualquier caso, se trata de criterios generales y no de reglas uniformes para todos los casos ni para todas las convocatorias, ni tampoco con la misma intensidad. Por otra parte y en aras de buscar sistemas homogéneos de valoración de
las mismas aptitudes y conocimientos en distintos procesos selectivos, se ha introducido la posibilidad de establecer pruebas, programas o módulos de cursos selectivos comunes a distintos cuerpos y escalas. Por supuesto esto podrá ser así cuando la
naturaleza de los procesos selectivos y de las funciones a desempeñar lo permitan y previo acuerdo de los ministerios tuteladores competentes. Con esta medida también se pretende ahondar en la creación de vínculos de unión entre las personas que
trabajan en la Administración del Estado. De esta forma se facilitan las comunicaciones internas y se potencia el sentimiento de pertenencia a una misma organización. La adaptación de estas novedades a cada proceso selectivo tendrá que ser
estudiada en cada convocatoria, analizando los procesos de evaluación actuales, su adaptación a los perfiles buscados y valorando la mejor forma de incorporar los criterios generales que establece el real decreto de oferta. Para llevar a cabo este
proceso, como es habitual siempre que se producen cambios en los temarios o en la sistemática de los ejercicios, se están manteniendo reuniones con los diferentes colectivos implicados, organizaciones sindicales, asociaciones corporativas de los
principales cuerpos, preparadores, representantes de las últimas promociones y responsables de los departamentos ministeriales.



Reuniones con organizaciones sindicales, objeto de una pregunta concreta.
Adicionalmente y con objeto de aportarles la información solicitada por sus señorías, les diré que el contenido de la oferta fue tratado con las organizaciones
sindicales más representativas en las dos reuniones monográficas que se celebraron antes de su aprobación. Concretamente estas reuniones tuvieron lugar los días 24 y 27 de enero en el marco de la Mesa de retribuciones y empleo y en ella
participaron las siete organizaciones sindicales más representativas a nivel general y del sector. Asimismo, yo personalmente he mantenido con UGT, Comisiones y CSIF otras dos reuniones fuera del marco de esta Mesa. La primera reunión tuvo lugar
poco antes de la publicación del real decreto de oferta y la segunda después de su aprobación. Además, la oferta ha sido debatida en el seno de la Comisión Superior de Personal. El resultado para este año no tardará en conocerse pues, como se
señala en el propio real decreto de oferta, salvo excepciones debidamente justificadas, las distintas convocatorias específicas serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado antes del 1 de mayo de 2005. Adicionalmente, en los próximos días,
serán publicadas las bases comunes que regirán los procesos selectivos.
Estas bases comunes, que también son una novedad, pretenden integrar la información común a las distintas convocatorias. Con ello se desea recoger en un único documento los
aspectos genéricos que los opositores deben conocer, con independencia del proceso selectivo al que vayan a optar. Estamos hablando, por ejemplo, de los requisitos


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de los candidatos, la tramitación de solicitudes o la admisión de aspirantes. Los aspectos propios de cada convocatoria, como la descripción de las plazas y de los ejercicios, los programas, el calendario, la composición del tribunal, serán
reflejados en cada convocatoria específica.



Otro de los principales retos relacionados con los procesos selectivos se asocia a una duración excesiva de sus procedimientos que impide a la organización disponer de los recursos cuando los necesita. Por ello, en la oferta se insiste en
la necesidad de intentar agilizar los procesos selectivos y se establece un calendario en el que se fijan las fechas límites para ir realizando los pasos intermedios en todo el procedimiento. Para facilitar estas tareas así como el acceso a la
información por parte de los opositores, se induce a los distintos ministerios y organismos convocantes a dedicar en sus páginas web un espacio a los procesos selectivos, facilitando a los candidatos toda la información disponible sobre los procesos
en marcha y procurando incorporar sistemas de presentación telemática de solicitudes, como vamos a hacer en el Ministerio de Administraciones Públicas en relación con las pruebas que realiza la comisión permanente de selección.



Por otra parte y para mejorar la promoción interna, vamos a introducir medidas de carácter económico, como ayudas, becas, premios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad y
al mismo tiempo facilitar que los empleados públicos puedan compatibilizar el desempeño de su puesto de trabajo con la preparación del proceso de promoción interna, sin merma de sus ingresos económicos y con el respaldo de la organización a la que
pertenecen. También queremos que los colectivos con mayores dificultades para acceder al empleo tengan un trato igualitario cuando pretenden acceder al empleo público. Y por ello, además de las medidas para favorecer el acceso de las personas con
discapacidad, que aparecen recogidas en distintos apartados del real decreto de oferta, también se señala la conveniencia de promover la participación de personas con discapacidad en la composición de comisiones de selección o de tribunales de
pruebas selectivas de las que exista turno de discapacitados. Por la misma razón también se indica la conveniencia de promover la paridad entre hombres y mujeres en la composición de los tribunales en general.
Con relación a este tema, quizá sea
interesante informarles de que la proporción de hombres y mujeres que acceden a los distintos procesos selectivos varía de forma significativa, en función del cuerpo o escala de que se trate.



Para concluir, quiero insistir en que se trata de una oferta que tiene detrás un trabajo de planificación previo, con el que se ha querido evitar el efecto mimético que venía siendo habitual, reproduciendo en términos relativos las cifras de
los ejercicios anteriores. Este año hemos querido hacer una oferta más ajustada a las necesidades reales de la Administración General del Estado. Para ello hemos realizado estudios previos, hemos analizado los datos de ejercicios anteriores y el
resultado es el que les acabo de exponer. Asimismo, hemos llegado a la conclusión de que era necesario esforzarnos para que los procesos selectivos se ajustaran a los perfiles requeridos, intentando al mismo tiempo incentivar el acceso en aquellos
casos en que se compruebe que la Administración General del Estado en estos momentos no resulta atractiva, frente a los procesos de empleo y los procesos selectivos utilizados por otras administraciones o empresas privadas. Efectivamente, las
pruebas memorísticas tradicionales no determinan de forma exclusiva el grado de dificultad de una oposición. La dificultad de una oposición también viene condicionada por el número de candidatos que se presentan a ella y la Administración General
del Estado no puede permitirse el lujo de no ser atractiva y no buscar las fórmulas que garanticen que realmente los mejores candidatos quieran entrar a formar parte de nuestra organización.



Muchas gracias, señorías, por su atención.



El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor secretario general.



Toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, solicitante de esta comparencia, el señor Guerra.



El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En primer lugar, quiero dar las gracias al señor secretario general, aunque realmente en su exposición nos ha leído prácticamente la norma que se ha sacado y poco más; no ha entrado en lo que interesa, en los
procesos selectivos.



Yo quiero indicar al señor secretario general, que en el número de plazas -por seguir el mismo orden que él ha seguido- hay un aumento en el que estamos totalmente de acuerdo, como es el de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que se venía
haciendo ya en los ocho años anteriores, modificando y rectificando lo que fue en los años de Gobierno socialista, en los que disminuyó enormemente su número. Vemos también que el aumento fundamental está en la Administración local, que pasa de 325
a 700 y en la Administración de Justicia. Esto, como decía aquel, con cargo al bolsillo de las comunidades autónomas, porque, aunque en la Administración de Justicia no están todas transferidas, va con cargo a los presupuestos de las comunidades
autónomas en su gran mayoría. Y quiero que quede aquí bien claro nuestro apoyo en lo que respecta a Policía Nacional y Guardia Civil, en los 3.579, más 500 de la convocatoria de enero.



Entro ahora en los puntos realmente importantes, sobre todo para los conceptos y para los criterios que se han fijado. En primer lugar, queremos preguntarle cuando hay una serie de variaciones importantes, y no es, por ejemplo, como fue del
2003 al 2004, que no había prácticamente variación, ¿por qué no se ha mandado el reglamento de ingreso al Consejo de Estado?


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No tienen ustedes la obligación, pero hubiera sido muy conveniente, muy conveniente desde el punto de vista incluso de las conversaciones con los sindicatos y con las asociaciones de funcionarios. Lo han echado en falta algunos y han
preguntado cuáles han sido las razones, porque, reitero, como han cambiado algunos de los criterios en temas fundamentales, no hubiese estado de más remitir el reglamento al Consejo de Estado para su informe, máxime además no siendo vinculante.



El segundo tema es -y nosotros lo aplaudimos- la urgencia para que se celebren las pruebas y que se pueda, dentro del año 2005, cubrir las plazas correspondientes. En las bases comunes ustedes fijan el 1 de mayo de 2005. Pero nos
encontramos, con que si queremos que dentro del 2005 los aspirantes cubran las plazas, los temarios son fundamentales. Usted me dirá, señor secretario general, si se van a cambiar los temarios. Si fuesen exactamente los mismos temarios que en
oposiciones anteriores para los cuerpos correspondientes, bien, pero usted sabe perfectamente que es fundamental que el opositor concurra conozca los temarios. Pues bien, ya estamos finalizando febrero y va a ser difícil que los conozca en mayo,
para que se puedan celebrar las pruebas dentro del año 2005.



Otro tema fundamental es que, dentro de los criterios, ustedes hablan de las pruebas psicológicas, un test psicológico, porque huyen de las pruebas memorísticas y quieren que las pruebas sean más atractivas. Yo quiero decirle que atractiva
es la función pública, puesto que en estos momentos, si se hace un repaso del número de opositores que concurrieron a las pruebas el año 2004, en algunas es diez a uno y en otras, en las que menos, tres a uno. Es algo muy importante. Usted ha
dicho que es la manera de tener unos candidatos, teniendo en cuenta la competencia de la empresa privada, etcétera. Nosotros estaríamos de acuerdo con esas pruebas psicológicas para los funcionarios de prisiones, que van a tener que trabajar con
una serie de ciudadanos españoles, algunos de los cuales -no diré todos- tienen problemas de drogadicción y otros tienen problemas, son personas que no usted me dirá, como decía antes el señor secretario de Estado, que la edad de la inocencia está
superada. Usted sabe perfectamente que estos test de tipo psicológico sirven, indudablemente, un poco para que el dedo decida respecto de los que concurran a estas oposiciones. Eso no significa que nosotros defendamos exclusivamente las pruebas
memorísticas. En absoluto, pero yo creo que las reformas correspondientes primeramente se tienen que acordar con los sindicatos y las asociaciones.



Decía el señor secretario general que fue tratado en las reuniones de 24 y 27 de enero. Sí, pero no fue acordado, porque, ni por UGT, ni por Comisiones Obreras y no digamos por Cedeca, hay acuerdo ninguno. Estos temas, en el futuro
estatuto de la Función pública, se deberán tocar. Es indudable que hay exceso de pruebas memorísticas, pero una cosa es esto y otra es dar la importancia que se da al test de tipo psicológico. Reitero que tienen su razón en los cuerpos de
prisiones, incluso en el Cuerpo Nacional de policía, etcétera, pero, usted me dirá -aquí tenemos un ilustre letrado de las Cortes- si aquí si hicieran pruebas de tipo psicológico -aunque a veces yo creo que se deberían hacer porque les volvemos
locos los diputados y decimos algunas contradicciones según los partidos están en el Gobierno, o cuando están en la oposición; y no digamos los técnicos de la Administración civil, los TAC, ni digamos los diplomáticos, los abogados del Estado,
etcétera. Por eso nosotros ahí no estamos de acuerdo porque, reitero, la inocencia está superada y esto puede dar lugar a que no ingresen por su capacidad y mérito.



Por lo tanto, no nos diga usted lo de las organizaciones sindicales. Que fue tratado. Muy bien, como hoy lo está usted tratando aquí. Eso no significa que el Gobierno haya llamado al Partido Popular, sino que eso ha sido tratado en
algunas conversaciones e incluso en algún almuerzo distendido que tuvimos en el ministerio, pero nunca nos hemos sentado a tratar este tema, que yo creo que se debería tratar con la oposición, al objeto de que las pruebas sigan vigentes, no sólo
sean para un año, para dos, ni para tres, sino que sigan vigentes incluso cuando haya cambios de gobierno.



Nos indica usted y nosotros aplaudimos que el 5 por ciento se reserva para discapacitados. No es ninguna novedad, puesto que el año 2004 también se fijaba y sigue la línea de aquel 3 por ciento de ejercicios anteriores, y del 5 por ciento
del 2004. Celebramos que continúen ustedes en la misma línea que siguió el Gobierno del Partido Popular en 2004.



Reitero que es fundamental lo del nuevo proceso de modelo de selección.
Eso sí que nos preocupa enormemente.



Finalmente, hay una cosa que no es importante, y que yo llamaría el falso progresismo. Para cuando termine el ejercicio yo tengo un borrador de artículo preparado para algún medio de comunicación que título El falso progresismo. Es decir,
el Gobierno adopta medidas muy hacia la galería -¡hay que ver lo que se hace por apoyar a la mujer!-, como son los tribunales paritarios. Primero, como son impares nunca podrán ser paritarios, salvo que en medio, de presidente haya persona que no
goce de ninguno de los sexos o que sea un ángel. (Risas). Por lo demás no hay paridad. Usted sabe que en judicaturas están ingresando muchas más mujeres que hombres. Dentro de unos años, en los tribunales correspondientes habrá más mujeres que
hombres. ¡Pues bendito sea Dios! No hay el menor problema. Esa cosa como novedad de decir: los tribunales serán paritarios; pues muy bien, los tribunales serán paritarios, pero no hagamos falsa demagogia, señor secretario general, porque eso no
sirve para nada. Nuestro grupo aplaude que a lo mejor, en un tribunal haya cinco mujeres, ¿por qué no, si son las que en ese momento están? Así, en las oposiciones


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a cátedras saldrán catedráticas, en el Cuerpo Diplomática igual, así ocurre con los abogados del Estado en donde están ingresando mujeres muy valiosas y nosotros tenemos el orgullo de contar con algunas de ellas como diputadas de nuestro
grupo, así con los TAC, etcétera.



Me he extendido un poco en esto porque, reitero, es el falso progresismo.
Señor secretario general, insisto en que lo que nos preocupa enormemente son los criterios de selectividad y los llamados test psicológicos, porque ahí creemos que se
entra en un terreno pantanoso, en un terreno donde las decisiones pueden ser muy del tribunal sin atenerse a la norma que tiene que presidir la Función pública. Después, ustedes citan la experiencia. Bueno, normalmente, cuando se entra en la
Función pública, se suele tener menos de treinta años. Generalmente, no digo que en algunos casos no se pueda entrar con más de treinta años pero, ¿qué experiencia puede tener para el puesto que desarrolla un chico o una chica que ha terminado sus
estudios superiores, o sus estudios medios, y que lleva dos o tres años preparándose para eso? Si a la primera no ha entrado, entrará a la segunda, pero no tiene experiencia. Usted me dirá.



Sin embargo, el problema no es -y con ello termino, señor presidente- la forma de acceso a la Función pública. Los problemas de la Función pública son otros, son hacia el administrado, etcétera. El señor ministro dijo una cosa, y con ello
esta vez sí que termino, a nuestro portavoz, señor Padilla, cuando le preguntó la última vez respecto de los funcionarios exteriores. No hago referencia a la carrera diplomática, se vuelve a lo que estábamos en los cuatro años, a 30, me parece,
pero sí a los demás funcionarios. Hay un problema que se lo dijimos, si no en el 'Diario de Sesiones', sí en algunas conversaciones que hemos mantenido: nuestros consulados, especialmente los de Iberoamérica y algunos de Europa, aunque éstos mucho
menos, nada más que en período electoral, debido sobre todo a los emigrantes, necesitan reforzarse. Entonces, le contestó el ministro y fue muy curioso porque le dijo que no se preocupara, que estaba previsto 170. Entonces, yo no sé si los 170
incluían los 30 de la carrera diplomática, en fin, serían 140. Nosotros no lo vemos. Una de dos: o el ministro nos contestó erróneamente, seguramente porque lo desconocía, o vio 170 que era de cuatro años el número ese. Lo agradeceríamos, puesto
que hemos tenido nota, tanto de los emigrantes en estos momentos cuando están pidiendo en los consulados españoles ser atendidos para su documentación, como de españoles que van a estos consulados y a los que realmente no se les puede atender.
Reitero, no porque los cónsules españoles no cumplan con su obligación, que son un ejemplo, y en general toda la carrera diplomática es un ejemplo -salvo el ministro que es de la carrera diplomática y ahí no lo pongo como ejemplo- pero, en fin, el
resto son un ejemplo y realmente piden todos que estén dotados de más personal.



El señor PRESIDENTE: Señora Malaret.



La señora MALARET GARCÍA: Bienvenido a la Comisión de Administraciones Públicas, señor secretario general.



En la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Popular aparecían dos cuestiones radicalmente distintas en cuanto al orden de consideraciones que podemos formular a día de hoy. Por una parte, parecía que se tenía que informar
sobre la oferta de empleo público para el año 2005, imagino en la redacción que ha aparecido en el decreto publicado en el BOE. Esta era una cuestión, pero luego se planteaba las nuevas actuaciones que está llevando a cabo el ministerio en orden a
una nueva regulación del acceso a la función pública que yo, al entender esto, imaginé que se trataba de ver cómo estaba evolucionando o qué estaba haciendo la comisión de expertos a la hora de redactar el estatuto de la Función pública. Por tanto,
dos cuestiones radicalmente distintas, una concreta y una de carácter general, y en consecuencia dos métodos distintos de trabajo y dos formas de elaborar la posición del MAP sobre estas dos cuestiones.



En relación con la oferta de empleo público para el año 2005, el Grupo Parlamentario Socialista celebra que se haya seguido escrupulosamente y se haya aplicado rigurosamente el criterio que se estableció en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2005, un criterio que partía de establecer, precisamente, la posibilidad de ir al máximo total en la tasa de reposición de efectivos. La obsesión que estaba detrás de este criterio es la que se explicita posteriormente en
relación con la reducción de una de las lacras que tiene nuestro empleo público como es la temporalidad, una temporalidad que todos sabemos ha ido en detrimento de la profesionalidad. Valoramos positivamente el respeto escrupuloso a este principio
y que no se haya atendido a razones, a veces de escasez presupuestaria, y se haya apostado firmemente por la profesionalidad que supone tener personal en situación correcta. En segundo lugar, valoramos positivamente el establecimiento de
prioridades en orden a la configuración concreta de la oferta de empleo público. Esto como criterios generales.



En cuanto a la cuestión más concreta, que era la del acceso, nos parecen también importantes las dos pequeñas novedades que se introducen en los criterios generales de aplicación en los procesos selectivos, artículo 4 del real decreto. Las
dos pequeñas novedades, que son muy puntuales y, además, que deberán desarrollarse luego en las bases comunes a todas las pruebas selectivas y en las bases específicas, hacen referencia precisamente a la necesidad de adaptar a los tiempos actuales,
al conocimiento actual, lo que ya sabemos y en ello que han trabajado los distintos especialistas en materia de selección y evaluación de habilidades y aptitudes. Es gente que proviene de formación específica en este campo y que además ha aprendido
mucho y ha sido


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muy útil en el campo privado, donde no hay que olvidar que ha cambiado mucho el proceso de selección en las grandes empresas privadas, y algo tendremos que aprender, sobre todo, en los países de nuestro entorno.
Pues bien, ya digo, apoyamos
firmemente la consideración que se hace en relación con la necesidad de introducir ejercicios prácticos, test psicotécnicos -que no psicológicos-, se va mucho más allá -es decir, no es lo mismo un test psicológico que un test psicotécnico- a pesar
de que los estudios que se han hecho, la evidencia empírica que hay, señala la necesidad de realizar pruebas de este tipo, especialmente en sitios en los que hay relación con los ciudadanos, en los que hay que moverse en un entorno complejo.



Valoramos también muy claramente la necesidad de, respetando obviamente el principio de mérito y capacidad, realizar pruebas en las que disminuya la exposición memorística. Tomo un ejemplo que le gusta mucho al portavoz del Grupo Popular
que es el ingreso en la ENAP, el ingreso en la Escuela Nacional de Administración Pública, cuya prueba de cinco horas de Derecho Público son diez temas si no me falla la memoria, pero es una prueba de cinco horas en la que hay que demostrar las
aptitudes personales, la capacidad de emitir un juicio personal y propio y no reproducir lo que se encuentra en el derecho positivo o en los manuales al uso. Por lo tanto, ya digo, valoramos muy positivamente la introducción de un abanico de
posibilidades porque es muy amplia la tipología de personal que habrá que reclutar.



Valoramos también muy positivamente la introducción de una atención específica a los problemas que plantea la realización de pruebas para personas con discapacidades. Aquí se ha atendido a una reclamación de las organizaciones de
discapacitados, que es la necesidad de realizar las pruebas de manera distinta y, por lo tanto, nos parece que se ha respetado el principio de igualdad pero adaptándolo precisamente a personas que tienen especiales características cuando se plantea
la posibilidad de realizar adaptaciones y ajustes razonables en relación al tiempo y a los medios para la realización de las pruebas dirigidas a personas que tengan estas condiciones.



Por último debo señalar que valoramos positivamente que se explicite la necesidad de que las comisiones de selección que deban evaluar precisamente estas pruebas selectivas tomen en consideración el principio de paridad. Cuando esto sea una
realidad podremos tender a que funcionen sin respetar este principio, pero la realidad actual es que estas comisiones distan mucho de ser paritarias y los estudios que hay también nos están señalando que la composición determina, algunas veces, el
resultado final de la prueba, porque hay tipos de preguntas y enfoques en los que se plantean algunos sesgos de género. (El señor vicepresidente, Rico Ruiz, ocupa la Presidencia). Por lo tanto, atendiendo a lo que nos muestra la literatura en este
campo, nos parece que la propuesta que se establece en el artículo 4, relativo a los criterios generales de aplicación en los procesos selectivos, es muy correcta y la valoramos positivamente. Cuestión distinta será luego, más adelante, ver cómo se
concretan en las bases comunes y, sobre todo, en las bases específicas, aquí tendremos que atender a los distintos supuestos que habrá que seleccionar.



El señor VICEPRESIDENTE (Rico Ruiz): Tiene la palabra el secretario general.



El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Muchas gracias a los dos grupos parlamentarios que han decidido intervenir sobre la materia. Contestaré primero al Grupo Popular, señor Guerra.



En relación con los datos, y para que usted los tenga suficientemente claros, el principal incremento que se da, se da en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En relación con el año pasado, por ejemplo, en Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado de 7.300 pasamos a 9.100, hay un importante incremento. También hay un incremento hasta de 700 plazas en el caso de las Fuerzas Armadas. En lo que se refiere, como usted ha señalado, al ámbito de la Administración Local, aquí
nos encontramos con que, efectivamente, aunque no lo paguen los Presupuestos del Estado, el Estado sí es el órgano que tiene que realizar la selección, y aparece un altísimo número de interinos en este tipo de plazas. Entonces hemos hecho un
esfuerzo, en colaboración también en este caso con la Federación Española de Municipios y Provincias, para intentar mejorar esta ratio y que sean funcionarios completos y no sólo funcionarios interinos o temporales los que desempeñen estas
funciones. Lo mismo hemos hecho en el ámbito de la Administración de Justicia, porque se ha considerado que también hay necesidad, y donde pasamos de 1.200 a 2.016 funcionarios. Por tanto, sí que ha habido algunos incrementos importantes respecto
al año inmediatamente anterior.



No lo ha habido en el ámbito de la Administración General del Estado. Como ustedes saben perfectamente, seguimos con el sistema de la tasa de reposición de efectivos. En consecuencia, la tasa de reposición de efectivos este año es un 2 por
ciento mayor que el año pasado, pero es la tasa que existe. Simplemente porque hace unos años ingresarían más funcionarios en el año correspondiente; es decir, los que se han jubilado, los que han dejado de pertenecer a la Función pública el año
pasado suponen un porcentaje muy similar al de éste. Por tanto la tasa es muy similar.



Luego, usted hace una serie de informaciones, y en algún caso aseveraciones, y con algunas estoy de acuerdo y con otras no. Por ejemplo, usted pregunta por qué no enviamos al Consejo de Estado este decreto. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Este es un decreto muy operativo, es el Real decreto sobre oferta de Empleo Público en el que nosotros este año


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hemos introducido ciertos criterios de selección, pero que no alteran en absoluto lo que disponen la ley, y el reglamento de provisión. Por ejemplo, lo que tanto le preocupa a usted, y le insistiré yo también como le ha señalado la
portavoz, no se trata de test psicológicos, sino psicotécnicos. En el apartado 4.º, a) decimos: Las pruebas y programas selectivos deberán orientarse a la selección y evaluación de habilidades y aptitudes asociadas a los puestos de trabajo que se
vayan a desempeñar, de forma que se fomente la realización de los ejercicios de carácter práctico, los test psicotécnicos o de aptitud y los cursos selectivos, y disminuya el peso de las pruebas basadas en la exposición memorística. En relación con
las pruebas de carácter práctico, los test psicotécnicos o de aptitud y los cursos selectivos, es exactamente lo que dispone el reglamento de provisión vigente, porque lo redacté de mi propia pluma y me preocupé específicamente de que se dijera lo
mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que muy probablemente, en los últimos años, hemos ido alejándonos de estas necesidades, de los perfiles profesionales de los puestos de trabajo. Así no hemos tenido más remedio que recordar la
existencia de estas normas con el fin de intentar acercarnos de nuevo, como muy bien decía la responsable del Grupo Parlamentario Socialista, a lo que la sociedad nos demanda y a lo que las nuevas técnicas de selección han puesto de manifiesto en
los últimos años. Por ejemplo, y para su tranquilidad, el Gobierno no pretende hacer test psicotécnicos a los altos funcionarios del grupo A, pero el Gobierno sí pretende que se incorporen en la medida en que estos test psicotécnicos sean
necesarios para la determinación de los mejores candidatos a plazas concretas. Usted ha señalado que en su momento ya se pasan, por ejemplo, para los técnicos en prisiones, para la Policía Nacional, y para otros colectivos. Nosotros queremos
hacerlo, en otros casos. Dése usted cuenta de que entre estas cinco mil y pico plazas que vamos a seleccionar hay algunas para las que es sumamente complicado hacer exposición de temas de carácter memorístico como era la norma, y como sigue siendo,
tradicional y habitual. ¿Qué es lo que queremos? Intentamos fomentar actualizaciones desde el punto de vista selectivo utilizando otro tipo de técnicas distintas. Para que usted lo tenga claro, por ejemplo, en los próximos meses muy
probablemente, se seleccionen algunas plazas de cocinero en el Ministerio de Trabajo donde todavía sigue existiendo una cafetería que está servida por personal laboral fijo. ¿Qué es más importante, seleccionar a este cocinero preguntándole los
temas de la Constitución y el derecho administrativo o quizá hacerle algún tipo de prueba más moderna y al mismo tiempo una prueba de carácter práctico, que es el elemento esencialmente importante que contiene esa disposición?


En resumen, señoría, en relación con este tema que le preocupa y en relación también con alguna referencia de prensa que me ha tocado leer durante estas semanas, no se puede coger el rábano por las hojas. Es decir, en esta materia lo que
nosotros hemos intentado y el Gobierno ha expuesto en el Real Decreto de Oferta de Empleo Público, es atender una serie de líneas de actuación, promover, fomentar una serie de actividades que, sin menoscabo del mérito y la capacidad, acerquen a los
funcionarios a los cambios proporcionados por la sociedad actual. Nuestro país ha cambiado mucho, las pruebas selectivas no pueden ser sustancialmente idénticas a las pruebas selectivas de los años sesenta o setenta, tienen que irse modificando,
pero no se preocupe que esta modificación será paulatina. También será consultada, será hablada y no solo atenderemos los planteamientos de los expertos, sino los planteamientos que nos proporcionan los cuerpos, los sindicatos y sus representantes.



En algún momento ha hecho usted alguna observación, legítima por supuesto, sobre que este nuevo tipo de oposiciones, este nuevo tipo de prueba, podrían acercar el dedo... No es la intención del Gobierno. El Gobierno quiere hacer una
declaración pública de su satisfacción, en general, sobre la legitimidad y profesionalidad de la Función pública española que está al mejor nivel en relación con otros países de nuestro entorno; pero en todo caso, otros países de nuestro entorno
-como muy bien ha señalado la responsable socialista- sí que se han preocupado en los últimos años de actualizarse mucho más de lo que lo hemos hecho nosotros. Por tanto, este real decreto pretende poner de manifiesto algunas actualizaciones, la
incorporación de técnicas que en la sociedad existen y que obtienen buenos resultados y, en definitiva, que los mejores candidatos que proporciona la universidad, que proporciona la sociedad, pasen a desempeñar sus servicios en la Administración
pública.



En algún momento usted ha señalado que deberíamos de tratar estos temas con la oposición, más allá de alguna comida. Desde luego estamos absolutamente abiertos a tratar este tipo de temas y le informo de que, en definitiva, las alteraciones
hipotéticamente de relieve que se produzcan en este tipo de materia no se pueden promulgar en reales decretos del Gobierno, puesto que tenemos unas leyes que nos obligan y nos marcan unos límites determinados. Tendrán su sitio, creo yo que con toda
seguridad, en el ámbito del estatuto de los empleados públicos para el que también hemos solicitado de los grupos parlamentarios, y en su momento se solicitará mucho más, sus planteamientos, sus ideas. También lo hemos recabado de los sindicatos,
de las asociaciones de cuerpos, de las comunidades autónomas y de todas aquellas personas que nos han parecido que están interesadas en la materia.



Las modificaciones que nosotros hemos propuesto y que el Gobierno ha introducido en el real decreto se refieren a pequeñas novedades, pequeñas alteraciones, que intentan que la sociedad preste los mejores candidatos a la Función pública,
pero -insisto- siempre sin menoscabo en absoluto de los principios de mérito


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y capacidad que han hecho que nuestra Función pública sea generalmente considerada de forma muy positiva en los foros internacionales.



Luego ha hecho usted algunas referencias a los discapacitados y a los tribunales que ha llamado paritarios. En cuanto a los discapacitados, por supuesto que los gobiernos anteriores hicieron lo que pudieron y celebramos alguna comparecencia
específicamente sobre esta materia. Todo lo que hagamos, todos estaremos de acuerdo, es poco, pero la realidad es que hay pocos candidatos, sobre todo pocos candidatos cuando hablamos ya de cuerpos situados en el segmento medio o superior. En
consecuencia, nosotros estamos adoptando determinadas medidas para intentar incluso que cuando haya discapacitados alguno de ellos pueda pertenecer a los tribunales de oposición, porque nos parece que de esta forma se acerca y se tiene una relativa
sensibilidad respecto a este colectivo.



En cuanto a los temas de género, de lo que estamos hablando es de que en la composición de las comisiones de selección o en los tribunales de pruebas selectivas se promoverá la paridad entre hombres y mujeres. Esto es realmente importante,
como ha señalado la representante del Grupo Socialista. Hay determinados colectivos donde esta proporción es real, por ejemplo en el ámbito total de la Administración general del Estado -y este es un dato interesante- ya en este momento el número
de mujeres es superior al de hombres, estamos en el 50,1 por ciento de mujeres y en el 49 y pico de los hombres y, en consecuencia, en algunos colectivos, sobre todo en el grupo C y el grupo D, es mayor la proporción de mujeres que la de hombres.
Sin embargo, es muy escasa o relativamente escasa en los grupos B y A, y lo que pretendemos precisamente con esto es fomentar que las mujeres estén también presentes en los tribunales de oposición. En algunos casos es sumamente difícil, como no se
le oculta a usted, aunque no se refiere a esos cuerpos que usted ha señalado, y sí a los cuerpos de las ingenierías de la Administración pública, donde el número de mujeres es muy escaso.



Quiero también responder a alguna pregunta concreta que usted ha formulado sobre el Servicio Exterior. Durante el ejercicio anterior no se produjo selección ninguna en relación con los puestos que, efectivamente, estaban dispuestos en la
oferta de empleo público para el exterior, puesto que el Ministerio de Asuntos Exteriores está elaborando en estos momentos un estudio en profundidad sobre la reforma del Servicio Exterior. En consecuencia, y a pesar de que había esta disposición
positiva, durante este año no hay un número de plazas específico para esta materia, puesto que no ha sido pedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores. En todo caso sí le garantizo que, de acuerdo con las conversaciones que hemos mantenido con el
Ministerio de Asuntos Exteriores, este tipo de actuaciones en nuestros consulados parece que en principio está relativamente garantizado, con independencia de actuaciones concretas que se realizan con una cierta periodicidad cuando se producen,
digamos, demandas masivas en algunos de estos sectores.



En relación con las palabras de la diputada socialista, a la que agradezco absolutamente el apoyo, solamente quiero aclarar alguna cuestión. Me parece que efectivamente la referencias que ha hecho la diputada Malaret en relación con lo que
ha sucedido en otros países de nuestro entorno esto es precisamente el elemento que nosotros queremos hacer, queremos ponernos un poco al día. Entendemos que durante unos cuantos años no había habido un esfuerzo de ponernos a la misma altura de lo
que estaban haciendo los países de nuestro entorno. Por eso (se ha citado aquí a la ENA en algún caso), nosotros también este año una de las medidas (ésta sí que entiendo que es una novedad importante), que pretendemos adoptar es realizar algunas
pruebas selectivas de forma común, algunos ejercicios concretos previa discusión y debate con los responsables de estos colectivos y con los responsables de los ministerios tuteladores correspondientes. Con el fin de ir intentando que estos cuerpos
y escalas se parezcan un poquito más entre ellos mismos, con independencia de que las pruebas selectivas (parece que es lógico y es nuestra tradición en nuestro país) sean distintas.



De manera que agradezco sinceramente el apoyo prestado por la diputada del Grupo Socialista y agradezco igualmente al Grupo Popular sus palabras.



El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, tres minutos para cumplir con las previsiones, cara a la votación.



El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, le rogaría que hasta cinco, dado que las intervenciones...



Yo creo que el señor secretario general no me ha respondido. Le he planteado el asunto de los temarios, dada la fecha del 1 de mayo, y que quieren ustedes cubrir (cosa que estamos de acuerdo) dentro del año 2005 las plazas de funcionarios
con motivo de la oferta de empleo público.
Segundo tema. Claro, me ha dado una larga cambiada sobre sindicatos y asociaciones de funcionarios. Me dijo en la primera que habían estado presentes, pero realmente no se ha llegado a ningún acuerdo;
hubiese sido importante llegar a acuerdos, pero ha salido por la tangente. Tercer tema. Yo creo que es contradictorio lo que ha dicho el secretario general y lo que ha dicho la representante del Grupo Socialista. Primera afirmación en la que
estamos de acuerdo: que nuestra función pública está al mejor nivel. Bueno, si está al mejor nivel, yo creo que los cambios deben ser pocos, porque si gozamos de un nivel muy alto... La representante del Grupo Socialista (por cierto yo creo que
se traía escrita la intervención porque a mí no me ha contestado...; no, no, si no importa nada; si eso lo hacemos todos) me ha puesto como ejemplo la ENA francesa (Ecole Nationale d'Administration). Después del ingreso son tres años.



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En algunas carreras como judicaturas, diplomáticos y en algunas más se tiene luego la escuela; lo que pasa es que no están sirviendo excesivamente las escuelas porque entra el mismo número que los que aprueban la oposición; no hay una
selección o ya la selección se ha hecho antes. Esa podría ser una fórmula: si se convocan 60 plazas u 80 plazas, vamos a dar entrada al doble, a 120, y luego habrá dos o tres años de escuela en los que los mejores van saliendo. En tres años se
puede saber perfectamente, sin necesidad de examen psicotécnico, quién es el que más vale y quién el que menos vale. Esa es una fórmula, pero no me ponga como ejemplo la ENA porque es como lo hace. Por cierto, que la han trasladado a Estrasburgo y
hay un follón en Francia, porque muchos miembros del Gobierno provienen de ahí.



Señor secretario general, como demostración o como ejemplo de lo que sirven los exámenes psicotécnicos ponerme lo de los cocineros, lo de algunos cocineros del Ministerio de Trabajo..., ¿Qué quiere que le diga? ¡Me parece poco serio, de
verdad se lo digo! A los cocineros más que el examen psicotécnico serán las pruebas de restauración las que haya que hacerles. Estamos hablando de algo importante, y no es que yo no conceda importancia a los cocineros. Estamos hablando de una
Administración pública de otras características. Me ha cogido usted completamente por una minoría.



Acerca de la paridad, o como quiera usted llamarle, de los tribunales, yo creo que es un error que no tiene nada que ver y que a lo mejor en judicatura hay ya más mujeres que hombres. Me parece un error, me parece algo de demagogia. Me
dice usted: Eso fundamentalmente es en los tribunales, por ejemplo ingenieros al servicio de la Hacienda porque ha hablado de ingeniería de carácter técnico. Enseguida he pensado en los ingenieros al servicio de la Hacienda. Qué más da que en el
tribunal haya hombres o mujeres, o arquitectos al servicio de la Hacienda si en estos momentos en las escuelas de arquitectura está habiendo más mujeres que hombres. ¿Para qué nos metemos en esos temas? Nada más que lo he apuntado.



Finalmente termino, señor secretario general, diciéndole que efectivamente debe ser tratado en el Estatuto de la Función Pública, pero ya se podrían haber dado algunos pasos y haber mandado al grupo de la oposición porque, reitero, si no
hubiese cambios no haría falta mandarlo. Si ustedes van en la línea de que en el futuro el Estatuto de la Función Pública haga cambios para el ingreso, yo creo (allá ustedes) que en ese espíritu de talante y de diálogo... porque vamos a plasmar
algo en principio que queremos para los próximos diez o quince años, supongo, pues no será nada más para los años que quedan de legislatura. Convendría que ustedes no solamente dieran cuenta, sino que se pudiera hacer una reforma de la
Administración pública de común acuerdo.



Yo le pido, señor secretario general, que en las próximas comparecencias sea más concreto, porque nos ha ofrecido una serie de líneas generales y nos ha leído realmente el decreto que ya teníamos todos.



El señor PRESIDENTE: Doña Elisenda, ¿va a hacer uso de este segundo turno? Tres minutos.



La señora MALARET GARCÍA: Sí, tres minutos. Muy brevemente, he de señalar (lo he olvidado antes en mi intervención, quizá porque no llevo el texto preparado) que precisamente el método de trabajo del grupo de expertos convocado para
establecer el documento previo al estatuto de los empleados públicos está consistiendo en realizar de manera territorial y con expertos temáticamente organizados sesiones de trabajo, y además ha pedido la posición de distintas instituciones sociales
y señaladamente de un colectivo tan representativo de administraciones públicas como la FEMP. Por tanto, este es un método de trabajo abierto, dialogante, que nos parece muy importante y que seguramente después en el Parlamento tendremos que
valorar sus frutos. Perdón por este añadido que ha sido involuntario, pues antes se me ha olvidado. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, para finalizar la comparecencia.



El señor PADILLA CARBALLADA: Le agradeceríamos (le hacía la pregunta al señor Guerra Zunzunegui), si es tan amable... lo digo porque el ministro mostraba mucha seguridad y nosotros leer los decretos los leemos en su integridad. Como
seguro que el señor secretario general lo conoce muy bien, ¿le importa decirnos exactamente dónde están los 140 funcionarios del servicio consular? Es una pregunta que le hicimos y le agradeceremos su respuesta. Tiene el decreto ahí. ¿Nos puede
indicar dónde se encuentra la previsión de esos 140 funcionarios?


El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): En relación con esta pregunta concreta, no lo sé, pero en el transcurso del día de hoy recibirá una comunicación de esa materia.



En relación con las palabras del señor Guerra le pido disculpas, porque no le he contestado a unas de las cuestiones, pero en mis notas no me... En cuanto al temario nosotros hemos hecho un llamamiento para que esta reducción de temas se
realice durante el ejercicio del año 2005. Vamos a hacer una reducción razonable y paulatina, no vamos a alterar sustantivamente el contenido de las pruebas selectivamente, porque (estoy de acuerdo con usted) hay personas que se están preparando,
que llevan años estudiando. Vamos a hacer una reducción de pruebas selectivas, que podrá ser distinta en algunos casos, en unos sí y en otros no;


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vamos a ver si eso lo hacemos con el tiempo suficiente para que se pueda cumplir lo que tanto para nosotros en este año como en ejercicios anteriores ha pretendido ser uno de los grandes objetivos de la oferta pública, que es tratar de que
en el año natural se seleccione a los funcionarios, con mayor o menor éxito según los colectivos, como todos ustedes conocen. Se va a producir una reducción, que vamos a intentar que sea lo más parecida posible a los temarios anteriores. El
Ministerio de Administraciones Públicas va a sacar ya estas modificaciones del temario durante la semana que viene; en todo caso se sacarán antes del 1 de mayo, pero sacarlas antes del 1 de mayo no significa que los funcionarios se vayan a examinar
el 2 de mayo sino que probablemente se examinarán dos o tres meses después. De manera que, efectivamente, no le había contestado a este tema.



En relación con los sindicatos. Efectivamente, nosotros nos hemos reunido varias veces con las organizaciones sindicales, las mismas o casi las mismas veces que se reunían nuestros antecesores en relación con la oferta de empleo público.
Tenga usted en cuenta que es un tema que tiene que ser debatido, consultado con las organizaciones sindicales, y este asunto lo ha sido, como lo ha sido en anteriores ocasiones. ¿Cuál es la parte que las organizaciones sindicales interpretan como
de mayor aspecto negociador? Es el número de personas que se introducen en la promoción interna, y esto yo creo que lo hemos cumplido con creces, tanto en lo que se refiere al paso del grupo D al grupo C como en lo que se refiere a otros colectivos
concretos.



Luego usted habla de los cambios que, como bien ha señalado la diputada socialista se trata de cambios, de pequeñas novedades dentro del marco jurídico actual, puesto que no podía ser de otra forma. No se preocupe usted en lo que se refiere
a las otras cuestiones de amplio espectro, es decir de contenido mucho más profundo, porque desde luego vamos a intentar contar con el Grupo Popular, en la medida en que ustedes estén de acuerdo. Cuando el grupo de expertos en su momento, emita su
dictamen, que yo creo que lo emitirá a principios de mayo, finales de abril, desde luego ustedes lo conocerán de inmediato, y entonces podremos empezar a tratar los grandes temas con ese objetivo que usted ha señalado y que compartimos plenamente,
que es el objetivo de una reforma de la Administración con la que todos probablemente estemos de acuerdo para que mejoren los servicios y nos acerquemos más a los ciudadanos, pues yo creo que es la finalidad última de la Administración pública.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general, por su comparecencia hoy aquí. Hasta una próxima cita. Le reiteramos nuestro agradecimiento.



Como habíamos prometido y comprometido esta mañana, volvemos al punto uno del orden del día. Como saben hay una enmienda transaccional en negociación y pasaríamos inmediatamente a la votación.



Suspendemos tres minutos.



- PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE EQUIPARACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN POR RESIDENCIA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LAS ISLAS BALEARES A LA PERCIBIDA EN LAS ISLAS CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000320.) (Continuación.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la sesión.



Como decíamos, volvemos al punto uno, que suspendimos esta mañana, porque como saben, se había rechazado inicialmente por la proponente la enmienda del Grupo Socialista, pero se aceptaba la posibilidad de una transaccional.



Para explicar esta situación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.



La señora MUÑOZ SALVÀ: A partir de esta negociación que se ha dicho hemos llegado a una transaccional, que sería la siguiente.



En primer lugar, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Revisar la indemnización por residencia a los empleados públicos de la Administración General del Estado y de la Administración de Justicia que realicen su función en el
territorio de las Illes Balears con sus correspondientes cantidades y periodos de retroactividad, conforme a lo establecido en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. El segundo punto sería:
Realizar todas las medidas necesarias, incluidas las presupuestarias, para proceder durante esta legislatura a reconocimiento de la indemnización por residencia acorde a las circunstancias propias y singulares de las Illes Balears, teniendo como
referencia actual el complemento que perciben en las islas Canarias.



Este sería el acuerdo al que hemos llegado y parte de la proposición no de ley de Iniciativa de Izquierda Unida-Iniciativa Verds.



El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la portavoz de Izquierda Unida-Izquierda Verde, me pide la portavoz del Grupo Popular.



El señor FAJARNÉS RIBAS: Después de cuatro meses el proponente y el enmendante han llegado a un acuerdo. El Grupo Parlamentario Popular votará afirmativamente,


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pero quiere dejar muy claro que, a pesar de que no se habla en ese texto de equiparación, nosotros sí hablamos de equiparación con los funcionarios de las islas Canarias; si no es así, lógicamente tomaremos las acciones con respecto a
iniciativas parlamentarias en el Congreso de los Diputados.



La señora NAVARRO CASILLAS: Se acepta la transaccional en los términos en los que ha sido leída, dado que se reconoce el primer punto, la revisión de la indemnización por residencia a los empleados públicos en las Islas Baleares, y además
las modificaciones presupuestarias necesarias para trabajar por este reconocimiento de la indemnización, teniendo como referencia clara la que se percibe actualmente en las islas Canarias, porque así está en el texto. Por lo tanto, entendemos que
hay un compromiso firme por parte del Grupo Socialista y lo que hay detrás, que es el ministerio, y por eso aceptamos esta transaccional.



El señor PRESIDENTE: Con esta aclaración de aceptación de la transaccional, sometemos a votación la proposición no de ley.



Efectuada la votación, dijo:


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Se levanta la sesión.



Era la una y treinta minutos de la tarde.