CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2004 VIII Legislatura Núm. 140

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VERGARA

Sesión núm. 8

celebrada el martes, 23 de noviembre de 2004

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Relativa a la creación en Fuerteventura de una oficina de gestión territorial del catastro. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000163.) ... (Página 2)


- Sobre liquidación de Eurobank. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000187.) ... (Página 4)


- Relativa a compromisos presupuestarios para el Plan Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000234.) ...
(Página 8)

Página 2


- Relativa al seguimiento conjunto de la ejecución del Plan Galicia por el Gobierno central y la Xunta de Galicia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000261.) ... href='#(Página11)'>(Página 11)


- Sobre medidas para garantizar el principio de lealtad institucional en la financiación autonómica. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000288.) ... (Página
14)


Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- RELATIVA A LA CREACIÓN EN FUERTEVENTURA DE UNA OFICINA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEL CATASTRO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000163.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión.
Calculamos que las votaciones podrían realizarse a las 12. Por tanto, fijamos dicha hora para efectuarlas. También quiero pedir a la Mesa y Portavoces que al
finalizar la reunión de la Comisión nos quedemos un momento para fijar órdenes del día y fechas de convocatoria de las próximas reuniones de la Comisión.



Comenzamos con el debate de la primera proposición no de ley, relativa a la creación en Fuerteventura de una oficina de gestión territorial del catastro, que va a ser defendida el Grupo Popular.



Tiene la palabra la señora González.



La señora GONZÁLEZ SEGURA: Señorías, comparezco ante esta Comisión para defender en nombre del Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley que tiene como objeto instar al Gobierno a que implante en la isla de Fuerteventura una
oficina de gestión catastral, con el único fin de agilizar y atender adecuadamente los niveles de expedientes existentes derivados del crecimiento poblacional y urbanístico que ha experimentado esta isla. En los diez últimos años se ha producido un
profundo cambio en la isla, cuya consecuencia más inmediata ha sido el incremento de su población en más de un cien por cien. Es cierto que hemos alcanzado un elevado nivel de desarrollo fruto de esa considerable expansión del sector servicios,
principalmente orientado a la industria turística, lo que a su vez ha incidido sobre otro de los grandes sectores industriales que actúan como catalizadores del gran dinamismo experimentado en Fuerteventura como es el de la construcción. Esta gran
expansión del tejido industrial ha logrado impulsar también la vertiente del empleo constituyéndose esta isla en receptora de grandes cantidades de mano de obra procedente del exterior. Todo ello supone que el número de trabajadores que presta sus
servicios en la isla haya sufrido un alza considerable a lo largo de los últimos años, en consonancia con la evolución del sector empresarial a la que anteriormente he hecho referencia. En este contexto y no existiendo razones para creer que la
tendencia evolutiva de la isla vaya a menguar, sino muy al contrario, las carencias que todavía hoy presenta la infraestructura de carácter básico, así como la gran cantidad de edificaciones en curso, sugieren que lo que hoy se presenta como un
problema en breve plazo pueda sufrir un agravamiento.



Ciñéndonos al tema que nos ocupa, y más concretamente en relación con los servicios que podría dar al ciudadano la oficina de gestión catastral en Fuerteventura, comprendería entre otros los siguientes: información general en asuntos
catastrales, presentación y registro general de solicitudes y seguimiento de los mismos, expedición de certificaciones, planteamiento de recursos y reclamaciones, asistencia en el cumplimiento de declaraciones catastrales a través del sistema
informático Padeca, aclaraciones sobre diligencias y requirimientos formulados por la gerencia territorial, etcétera. Es cierto que se ha avanzado mucho y que en la actualidad existe una oficina virtual impulsada por el Ministerio de Economía y
Hacienda durante el Gobierno del Partido Popular; también que los ayuntamientos de Fuerteventura, con la colaboración de la agencia territorial, han articulado mecanismos ágiles que aceleren las tramitaciones; y, por último, que existen dos
ayuntamientos -Antigua y Tuineje- que están en convenio. Pero aún así el usuario tiene que seguir esperando un tiempo medio en torno a 60 días para la obtención de la información catastral requerida, lo que supone un agravio comparativo si tenemos
en cuenta que en las dos islas capital de provincia este tiempo no supera los cinco minutos. Todo ello sin dejar de lado que, cuando se trata no de información sino de modificaciones, el tiempo medio de espera para los ciudadanos en Fuerteventura
supera un año.



En cuanto al número de expedientes tramitados en la isla de Fuerteventura durante el último periodo, debo decirles que, en lo que se refiere a transmisiones de dominio urbano, se han tramitado más de 500 expedientes;


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en cuanto a transmisiones de dominio rústico, superan los 2.000; en cuanto a alteraciones catastrales de orden físico por nueva construcción, aproximadamente 1.500; en lo referido a otras alteraciones catastrales tales como segregaciones,
agrupaciones o divisiones, los expedientes superan el número de 350, más de 1.700 certificaciones literales y un número superior a 600 las certificaciones descriptivas y gráficas.



Las ventajas concretas que la localización de una oficina de gestión territorial del catastro en la isla de Fuerteventura representaría para los ciudadanos son: en primer lugar, que evitaría el desplazamiento a otra isla para la asistencia,
asesoramiento e información al ciudadano sobre el contenido del catastro. En relación con lo anterior, y al no tener que desplazarse a otra isla, se impulsaría de forma significativa la utilización del servicio de cita previa previsto para atender
a los contribuyentes en materias que requieran la intervención de personal especializado y que tan excelentes resultados viene ofreciendo a los habitantes donde están ubicadas las dos oficinas territoriales del Archipiélago, es decir, en Gran
Canaria y en Tenerife. Otra ventaja sería el acortamiento del tiempo empleado por los ciudadanos para la resolución de trámites ante el catastro, por cuanto la gestión se realizaría de forma absolutamente directa. Esta es una ventaja fundamental
en una isla con un mercado inmobiliario en constante alza, habida cuenta de la especial relación existente entre el catastro, las notarías y los registros de la propiedad a los efectos de la obligada aportación que de las certificaciones deben
efectuar los ciudadanos con motivo de la realización de operaciones objeto del tráfico inmobiliario. Íntimamente relacionado con lo anterior, otra ventaja sería el ahorro en términos de coste social fruto de la reducción del tiempo empleado por los
ciudadanos en sus relaciones con el catastro al evitar los desplazamientos interinsulares para la gestión de sus trámites. Supondría una ventaja también en cuanto a la asistencia, asesoramiento e información a las distintas administraciones
públicas de la isla sobre el contenido del catastro y especialmente de la información necesaria para la tramitación de procedimientos que tengan por objeto el ejercicio de su competencia, tales como la concesión de ayudas y subvenciones públicas o
la gestión de los tributos.



Señorías, espero que esta Comisión valore positivamente la iniciativa presentada, al igual que lo hizo con otra proposición no de ley presentada por este grupo parlamentario debatida en esta misma Comisión de Economía y Hacienda, con fecha
10 de diciembre de 2003, para el impulso de una oficina catastral en la isla de Lanzarote y que contó con el apoyo de todos los grupos. En la actualidad, y según información de la Dirección General del Catastro, ya están asignados los cuatro
funcionarios que se harán cargo de esta oficina y se está a la espera de la ubicación física de la misma, situación que esperamos vivir en Fuerteventura en el más breve espacio de tiempo posible. Por lo expuesto, quiero pedirles a todos su apoyo.
Es una oportunidad para dar un paso adelante y conseguir que también Fuerteventura cuente con las oficinas especializadas que sean necesarias, porque no hay que dejar de lado que se trata de una cuestión de igualdad de opor­tunidades.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Erasmo Armas Dárias.



El señor ARMAS DÁRIAS: Señorías, efectivamente, este grupo comparte el objetivo de acercar y facilitar la prestación de los servicios públicos a todos los ciudadanos, máxime en este caso que nos ocupa. Estamos hablando de la dispersión
insular, que hace difícil y costoso acceder a la gran mayoría de los servicios puesto que son prestados solamente en las islas capitalinas con el consiguiente coste de traslados, pérdida de tiempo y pérdida de la ocupación habitual en la isla de
residencia. En este sentido, y cumplimiento el mandato a que ha hecho referencia la señora González, se va a implantar en la isla de Lanzarote una oficina local del catastro dependiente de la gerencia regional y territorial, para lo cual se han
facilitado ya por parte del Cabildo los locales y está en periodo de acondicionamiento, habiéndose creado ya los puestos de trabajo precisos. También se iniciaron, precisamente por el mismo mandato a que hacía referencia la diputada anteriormente,
los estudios necesarios y está en convenio con el Cabildo insular de la isla de La Palma la implantación -está todavía en fase de análisis- de otra oficina local en dicha isla, una en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria y otra en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife. Pero hay otras islas, como son la isla de la Gomera y la de Hierro, que también carecen de esa oficina catastral. De ahí la petición que realizo en el segundo punto de la moción, en el sentido de que, una vez realizados
esos análisis y esos estudios, se implante ya en la isla de La Palma esa oficina catastral para la obtención de los certificados de información por parte de los ciudadanos que allí residen.



Este problema de la lejanía para obtener determinados servicios no es solamente una particularidad de Canarias; lo es prácticamente de todos los territorios del Estado donde tienen dificultades de acceder a la prestación de esos servicios
por parte de la Administración. De ahí que sea necesario que en el siglo XXI aprovechemos las nuevas tecnologías que nos facilita todo ese proceso y que se puedan poner al servicio de las administraciones, así como de los ciudadanos. En ese
sentido pedimos la creación -punto 3.º de la enmienda- de la oficina virtual del Catastro que en algunos puntos ya funciona, como ya señalaba la anterior diputada; una oficina telemática de la Dirección General del Catastro que permita a los
ciudadanos la obtención de los certificados de toda esa información que registre, incluso -insisto- la obtención del propio


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certificado sin que el ciudadano tenga que acudir directamente a la ventanilla, tanto de una oficina, como se solicita, como de la gerencia territorial o de la oficina de carácter provincial. Que desde su residencia, el ayuntamiento, un
cabildo, los notarios, los registradores, los que tengan que ver con la propiedad y con dichos certificados los puedan obtener vía telemática. Eso es posible y de ahí el punto 3.º, que trata de impulsar la oficina virtual del Catastro en esta
legislatura.



También a ese objetivo que señalaba al principio del acercamiento de los servicios a los ciudadanos, que tiene ser eficaz pero también eficiente, deben acercarse todas las administraciones y no sólo la del Estado. Es por eso que se necesita
la colaboración de todas las administraciones que tienen obligación de prestar este y otro tipo de servicios. De ahí que solicitemos que se inicien conversaciones con las corporaciones locales e insulares, en el caso de Canarias, y de los conseils
en el de Baleares, para que se implanten puntos de información catastral en todas aquellas administraciones que lo soliciten y donde también sea posible, insisto, obtener esos certificados y esa información del catastro sin tener que acudir a la
oficina catastral. El ayuntamiento lo puede hacer vía telemática o tener allí un punto de información, y los cuatro puntos que he señalado de nuestra enmienda van en ese sentido.



En el punto 1.º es donde tenemos una diferencia. Nuestro grupo, en vez de decir que se inicien las acciones necesarias para que se implante una oficina local en la isla de Fuerteventura, proponemos que se inicien los estudios necesarios
sobre la conveniencia. ¿Por qué? Porque es imprescindible saber cuántos funcionarios puede necesitar la oficina catastral de Fuerteventura, hablar con el cabildo o con cualquier ayuntamiento para que ceda un local, etcétera, y eso no será posible
sin iniciar esos estudios. Pero no quisiera que por este matiz tengamos algún tipo de problemas, como es nuestra intención, a la hora de facilitar la implantación de todas aquellas oficinas que acerquen los servicios públicos a los ciudadanos -en
este caso nos referimos al catastral- y por eso ofrezco al grupo proponente que en el punto 1.º, donde decimos que se inicien los estudios necesarios, se diga que se inicien las acciones necesarias u oportunas para que se pueda crear en
Fuerteventura una oficina de gestión territorial del Catastro. El resto de los puntos van exactamente en el mismo sentido y mantenemos los puntos 2.º, 3.º y 4.º de nuestra proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Dado que ningún otro grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra respecto de esta proposición no de ley, pasamos de nuevo la palabra a la señora González para que fije su posición respecto de la enmienda.



La señora GONZÁLEZ SEGURA: Este grupo parlamentario no acepta la enmienda presentada por el señor Armas. Nosotros lo que requerimos es que se suprima el primer punto, en el que se dice que se inicien los estudios necesarios sobre la
conveniencia de la implantación de una unidad local del catastro en la isla de Fuerteventura, toda vez es evidente que la isla de Fuerteventura mueve un número de expedientes muy considerable.
Por lo tanto, es muy urgente la implantación de esta
oficina territorial del catastro en esta isla. Lo que proponemos es que el punto 1.º sea exactamente igual para evitar discriminaciones con la isla de La Palma; es decir, la implantación de una unidad local del catastro en la isla de
Fuerteventura.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Armas.



El señor ARMAS DÁRIAS: No sé si me he expresado mal o la señora diputada me ha entendido mal o es que tiene deseos de polemizar. Yo he dicho que sustituimos el punto 1.º de la enmienda, que dice que se inicien los estudios necesarios, por
el punto que ha defendido la proponente: que se inicien las acciones oportunas para que se cree en Fuerteventura una oficina de gestión territorial del Catastro. He leído textualmente su proposición no de ley. No sé por qué esa polémica. Se
trata de incluir este punto suyo y añadir los otros tres que se propone en la enmienda de sustitución: el 2.º, la implantación de la unidad local del catastro en La Palma, porque ya se iniciaron los estudios oportunos con el Cabildo de La Palma;
el 3.º, la puesta en marcha de la oficina virtual del catastro, y el 4.º, incentivar el convenio con las administraciones públicas, etcétera.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora González.



La señora GONZÁLEZ SEGURA: Efectivamente, aceptamos la enmienda con la redacción que ha propuesto en este último momento.



- SOBRE LA LIQUIDACIÓN DE EUROBANK. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000187.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre la liquidación de Eurobank, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Tiene la palabra el señor Pérez.



El señor PÉREZ MARTÍNEZ: Cuando el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó esta proposición no de ley lo hicimos lógicamente preocupados por lo que creíamos y creemos que se trataba de una lesión en los
derechos de los depositantes por parte de determinadas entidades financieras a todas luces fraudulentas y cuya creación creemos que podría y debería ser evitada por los poderes


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públicos, tanto desde los gobiernos como por las funciones que tiene conferidas el Banco de España. Lo cierto es que desde que esta proposición no de ley se registró el proceso ha seguido una evolución creemos que positiva, de forma que la
intervención del Consejo de Ministros, a través de una revocación de la ficha bancaria Eurobank del Mediterráneo y la inhabilitación de su principal accionista hace que hoy exista un convenio de acreedores, que está bajo la tutela del Juzgado número
73, que será publicado en breve, y que recoge un acuerdo por el que se hace efectivo el pago del 75 por ciento de forma inmediata y el 25 por ciento restante a través de activos inmuebles de la propiedad de la sociedad. Se ha liquidado a día de hoy
el 83 por ciento de la deuda, resta por lo tanto el 17, además del 2,5 de intereses pactado. No obstante, a pesar de que la evolución ya decimos que creemos que es positiva, pensamos que merecía la pena mantener esta proposición no de ley para
llamar la atención una vez más sobre los déficit del sistema financiero, para decir que echamos de menos la actuación del Gobierno anterior, que hemos echado de menos también diligencia por parte del Banco de España en el ejercicio de sus funciones,
en sus tareas de inspección y de supervisión de la solvencia de las entidades bancarias y esto es lo que justifica el mantenimiento de esta proposición no de ley.
Creemos que hay que seguir salvaguardando tres razones para mantener esta
proposición: en primer lugar, que es esencial asegurar el correcto funcionamiento de las entidades financieras, incluso en su proceso de liquidación, con el fin de disminuir el impacto negativo que puedan tener esos procesos en el funcionamiento
del sistema económico; en segundo lugar, porque resulta necesario proteger los derechos de los depositantes, que sólo pueden tener la calificación de consumidores a los efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Constitución española y, en
tercer lugar, porque hay que asegurar el buen fin de la liquidación.
Por lo tanto, nosotros creemos que es el momento de que esta Comisión se comprometa firmemente con la defensa de esos consumidores, de esos depositantes, de esos usuarios de los
servicios bancarios, del interés social y de la economía nacional frente a los intereses particulares de los grandes accionistas que han gestionado de forma irregular el capital de esta sociedad. Es por todo ello que creemos que la enmienda
transaccional que hemos conocido y que nos propone el Grupo Socialista es una actualización adecuada del planteamiento que hacíamos nosotros cuando registramos esta iniciativa, y aceptamos esa enmienda transaccional como propuesta de votación para
esta Comisión.



El señor PRESIDENTE: Para la exposición de la enmienda presentada por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor López Villena.



El señor LÓPEZ VILLENA: Señorías, en mi intervención quisiera hacer un breve repaso al historial del caso Eurobank del Mediterráneo, S.A., que es el que nos ocupa.



El día 14 de agosto de 2003 se instó por parte de Eurobank, S.A. la solicitud voluntaria de suspensión de pagos, siendo causa expresada en la correspondiente memoria la falta de liquidez, falta de liquidez calificada de inexacta en el
informe de los interventores judiciales, inexactitud evidenciada por la información que obra en el juzgado, la suspensa cuenta con liquidez más que suficiente para hacer frente a cada uno de sus acreedores. Quedaron afectados por esta crisis en
torno a unos 2.000 depositantes, por un importe global de unos 50 millones de euros, mientras que, según los interventores judiciales, la liquidez retenida a dicha entidad y los activos de la misma superan los 110 millones de euros. Nos preguntamos
qué pretendían los administradores de Eurobank, S.A. con esta chapucera suspensión de pagos, ¿pretendían con este nuevo -entre comillas- chiringuito financiero desviar los fondos a otras sociedades mediante argucias e ingeniería financiera para,
finalmente, abocar a una quiebra fraudulenta?


El 30 de abril de 2004 en el Consejo de Ministros se adoptó por el nuevo Gobierno la oportuna medida de revocación de la ficha bancaria a Eurobank, como bien ha expuesto el proponente de la proposición no de ley. La abocaba a la disolución
y liquidación, abortando la previsible indefensión de los acreedores, mayoritariamente pequeños depositantes.



El 13 de mayo de 2004 se celebró en Madrid la Junta extraordinaria de accionistas de Eurobank en la que se aprobó el acuerdo de disolución y liquidación de la entidad. Según el artículo 270 de la Ley de Sociedades Anónimas -abro comillas-
cuando el patrimonio que haya de ser objeto de liquidación y división sea cuantioso -puntos suspensivos, continúa más adelante diciendo- o la importancia de la liquidación por cualquier otra causa que lo justifique, podrá el Gobierno designar
personas que se encarguen de intervenir y presidir la liquidación y de velar por el cumplimiento de las leyes y del estatuto social -cerramos comillas-, entendiendo que, en este caso, se trata de asegurar por parte del Gobierno el correcto
funcionamiento de las entidades financieras y proteger los derechos de los depositantes. Ya con fecha 29 de julio de 2004 se optó por el procedimiento más garante para los sufridos depositantes, de tal forma que se puede leer en la página web de la
OCU -Organización de Consumidores y Usuarios- que el Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid, encargado del auto de suspensión de pagos de Eurobank del Meditérraneo, S.A., ha remitido a todos los acreedores el texto del convenio de
acreedores para su adhesión, trámite que sustituye a la Junta de acreedores. Continuaba diciendo: si usted es uno de los acreedores de Eurobank, le aconsejamos que se adhiera a este convenio. Y dice más adelante: El convenio de acreedores prevé
pagar en los 15 días posteriores a su aprobación el 75 por ciento de las deudas pendientes,


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quedando el 25 por ciento restante pendiente de que se obtengan los fondos necesarios, algo que presumiblemente ocurrirá antes de que termine el año. Para ello se procederá a la venta de los inmuebles y la cartera crediticia del banco. La
entidad entonces comunicó que, sin ser necesario acudir a subasta, ya tenía ofertas que cubrían completamente las deudas.
Junto a la deuda reconocida, se abonarán también los intereses del 2,5 por ciento a contar desde el 27 de agosto de 2003 y
hasta que se acuerden los pagos, como muy tarde el 30 de junio de 2005. Más adelante la OCU emite su opinión diciendo: Para la OCU la propuesta del convenio de acreedores es positiva dentro de lo que cabe, dada la situación de la entidad. Por
ello, aconsejamos a los acreedores su adhesión, y continúa diciendo: En cualquier caso, si no se adhiere al convenio, el proceso probablemente seguirá adelante dado que el Fondo de garantía de depósitos y la asociación Adaem cuentan con una mayoría
suficiente para su aprobación. Actualmente, como ya se ha comentado, los acreedores han cobrado aproximadamente el 83 por ciento, restando en torno al 17 por ciento.



Hasta aquí nuestro grupo interpreta que con las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno socialista y las que éste ha patrocinado en el marco normativo que le es de aplicación, la crisis de Eurobank del Mediterráneo, S.A. ha quedado
satisfactoriamente resuelta y ello ha sido posible por la diligencia del Gobierno a la hora de abordarla para restituir a los acreedores la totalidad de los capitales aportados, incluidos los abonos de los intereses a que hace referencia el
mencionado acuerdo de acreedores. Añadir que en la actualidad se ha creado una comisión de acreedores para la liquidación definitiva de los activos de Eurobank, bajo la cual se abordará la última parte del reembolso de los depositantes.



Quisiera hacer brevemente una referencia a los antecedentes del caso y a la gestación de la crisis que evidencia la laxitud con la que la gestión de los gobiernos del PP ha tratado estos chiringuitos financieros, como ya ocurriera con
Gescartera en el marco de esa filosofía de enriquecimiento rápido y el beneficio a corto plazo que tanto daño hacen a la credibilidad y transparencia del sistema financiero del Estado.



El 15 de julio de 2003 el Banco de España inspeccionó Eurobank y levantó dos actas que fueron enviadas al Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid que tramita la suspensión de pagos. En la última acta de fecha 2 de septiembre se
explican con detalle las irregularidades de Eurobank, desvelándose hasta siete tipos de anomalías, algunas de ellas, por ejemplo, descubiertos millonarios -1,4 millones de euros- en Catapesca, S.L., sociedad propiedad indirecta pero total de la Caja
Hipotecaria Mutual, una de las tres mutuas propiedad de Eurobank. Nos preguntamos: ¿desviación de fondos a otros menesteres u otros bolsillos? Venta de inmuebles a sociedades participadas por European Colectivo Integral, también propiedad de
Eurobank y que hasta entonces los tenía alquiladas a Preventrisk, S.A., participada por la Mutua Norton Life. Nos preguntamos: ¿traslado de beneficios entre sociedades, beneficios que al final se pierden en no se sabe qué bolsillos? Riesgo
clasificado de dudoso cobro, afianzado por la mutua ante el propio Eurobank, y nos preguntamos: ¿a qué bolsillo fueron esas deudas de dudoso cobro, quiénes eran esos morosos beneficiados? Podríamos comentar algunas más como el blindaje del
director general en su contratación, inversiones en obligaciones y en acciones engañosas, seguros irregulares, etcétera.



Por último, para no extenderme excesivamente, quiero comentar que ya en 1999 el Banco de España se apoyó en un informe de los auditores independientes Pricewaterhouse, donde explicaban la extraña operativa del grupo financiero que hacía
inviable el negocio. El Banco de España decía que no había intervenido hasta comprobar que había riesgo para la estabilidad patrimonial, lo que nos hace pensar que se ha sido demasiado laxo con los gestores de Eurobank, que desde su inicio se
comportaban como un negocio inviable y como un chiringuito destinado a otros fines.



Como se puede desprender de todo lo que antecede y a tenor de las actuaciones propiciadas por el Gobierno que ha concluido con una formulación de solución satisfactoria es por lo que nuestro grupo no ve necesaria la aprobación de la
proposición no de ley presentada. Se nos ha dicho que se acepta la enmienda que nosotros hemos propuesto en el sentido de conducir los esfuerzos del Gobierno a promover el control y buen fin de la conminación de la mencionada liquidación de
Eurobank sin perjuicio para los depositantes, de forma que les puedan ser restituidos íntegramente sus capitales más los intereses en los términos contenidos del acuerdo de acreedores tutelado por el Juzgado de Primera Instancia número 73 de Madrid.
En este caso, como en otros tantos, podemos observar la filosofía económica de los gobiernos del PP de apoyo a los peces gordos, oligopolios y laxitud -abro comillas- piraña -cierro comillas-, dando mordiscos a quienes se les cruce por el camino.
Por el contrario, se defiende un crecimiento sostenido, amparo a las pymes y transparencia en la vida económica, tanto pública como privada, en el conjunto del Estado.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Erias.



El señor ERIAS REY: Señorías, en el día de hoy estamos debatiendo una proposición no de ley que -aparte de juicios de valor, que ciertamente son muy respetables, pero que no compartimos- concita en todos los grupos políticos un acuerdo
unánime en cuanto a que se preserven los intereses y derechos de los depositantes de Eurobank; en cuanto a que se evite, por los medios a nuestro alcance, el que puedan generarse o extenderse situaciones de riesgo sistémico y pánico dentro del
sistema financiero español, y en cuanto a que


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los organismos encargados de la supervisión, y ahora liquidación, de Eurobank actúen con transparencia y que, en todo caso, sean resarcidos los derechos de los depositantes que confiaron sus ahorros a la entidad mencionada. Ahora bien,
dicho esto, es muy probable que ya no exista tal unanimidad si examinamos el camino recorrido hasta el día de hoy, las actuaciones llevadas a cabo o la nueva manera de resolver la problemática planteada. Después de escuchar a los que me han
antecedido en el uso de la palabra, es más que evidente que, en ese sentido, discrepamos profundamente. Trataré de argumentar estas cuestiones.



Para el Grupo Popular la historia de Eurobank es compleja y prolija, pero afortunadamente está llegando a un final exitoso pues están apunto de resolver las incertidumbres que pesaban sobre los afectados de Eurobank; es decir, recuperar el
cien por cien de sus depósitos más los intereses legales a partir del 27 de agosto de 2003. Como es conocido, y aquí se ha dicho también, a fecha actual los depositantes han recibido más del 80 por ciento de sus depósitos y próximamente se
realizará el pago restante.
Por este motivo, el nombramiento de un interventor que presida la liquidación sólo provocaría un retraso en el proceso y, consecuentemente, en el cobro, que es, a mi juicio, lo que debemos procurar por todos los medios.
Por otra parte, la venta de los bienes patrimoniales se efectuará en pública subasta, por lo que, a nuestro juicio, existen suficientes garantías de transparencia y reputación de los encargados de llevar esta cuestión a efecto. Tampoco debemos
perder de vista que estas actuaciones fueron llevadas a cabo cumpliéndose todos los requisitos de supervisión, administración y judiciales, tanto por la autoridad monetaria como por los organismos encargados de la liquidación. En cualquier caso, no
nos cabe duda de que el Banco de España ha hecho todo lo que procedimentalmente podía hacer para corregir los daños existentes y velar por la solvencia del sistema financiero español y los intereses de los impositores. Es más, desde entonces hasta
ahora se han iniciado trabajos para intentar dar a estas situaciones el encaje más adecuado. De esta manera, en lo que sé, se está llevando a cabo una reforma de la supervisión bancaria española por la que el Banco de España llevará a cabo la
vigilancia de todas las entidades del sistema financiero, incluidas las aseguradoras, que, como saben, dependían de la Dirección General de Seguros, y preocuparse ya no por los sectores, sino por las funciones de los agentes financieros. Este nuevo
esquema de vigilancia, con dos pilares -autoridad monetaria y Comisión Nacional del Mercado de Valores-, será más flexible y va a servir para desarrollar una mayor coordinación con las comunidades autónomas y, a nuestro juicio, para solucionar de
mejor manera, con reguladores más especializados y coordinados, los problemas que puedan plantearse, y este era uno de esos casos en los que había más de un regulador a la hora de resolver el conflicto planteado. Está claro, por lo que acabo de
señalar, que se ha resuelto la incertidumbre inicial y que las actuaciones llevadas a cabo -un convenio con más del 85 por ciento del pasivo donde están representadas todas las partes y se sienten mayormente satisfechas de las actuaciones- por el
juzgado y por los jueces van a servir para que el patrimonio y los activos crediticios se adjudiquen de forma transparente y, lo que también es importante, que los plazos legales y los pagos se están cumpliendo de manera adecuada.



De todos modos, vistas las consideraciones que algunos han desarrollado previamente, es necesario tener en cuenta algún tipo de matizaciones. No podemos perder de vista que, como ya señaló el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea,
según la Directiva 94/19, en materia de depósitos, no es posible reconocer derechos individuales de los depositantes al amparo de los apartados 2 a 5 del artículo 3 de esta directiva, lo cual supone no poder exigir a las autoridades monetarias de
los Estados miembros responsabilidades o indemnizaciones, aun cuando no suspendieran provisionalmente las actividades. Es más, en estos casos se faculta a los bancos centrales de amplios márgenes de actuación para que, en la medida de lo posible,
puedan evitar las crisis bancarias. Es muy importante tener en cuenta esta directiva para valorar en su conveniente dimensión las actuaciones llevadas a cabo y, en el caso que nos atañe, hacer valoraciones más ajustadas a la realidad. Por otro
lado, tampoco hemos de perder de vista que en esta Comisión se está tramitando algún proyecto de ley, como el de saneamiento y liquidación de entidades de crédito, que trata de la regulación de los procedimientos de resolución de situaciones en
crisis en las que vieren involucradas entidades de crédito que pudieran llevar a su extinción y consiguiente liquidación. Esto supone la trasposición de la Directiva 2001/24 CEE del Parlamento y el Consejo, de 4 de abril de 2001. Cuando se apruebe
esa trasposición y dispongamos de esta ley se van a propiciar modificaciones en la Ley de Ordenación Bancaria, de 31 de diciembre de 1946, y en la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito.



Por todas las cuestiones que acabo de señalar, con este marco regulatorio en el que se movían las autoridades monetarias y, lógicamente, todos los agentes que intervenían en la búsqueda de ese interés general que en todo caso creo que se
defendió, para no ocasionar perjuicios a los depositantes por la posible demora que, como ya anuncié, se puede producir en el cobro de sus justas indemnizaciones, el Grupo Popular se va a abstener en esta proposición no de ley por considerar que,
con el camino recorrido, queda asegurado el correcto funcionamiento del sistema financiero, están protegidos los derechos de los depositantes y queda asegurado que la liquidación se realizará con total transparencia.



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- RELATIVA A COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PLAN GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000234.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, relativa a compromisos presupuestarios para el Plan Galicia, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.



Tiene la palabra la señora Fernández.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Como desde el momento en que presentamos esta iniciativa hasta ahora ya han cambiado algunas cosas en lo que a los Presupuestos Generales del Estado se refiere, la semana pasada presentamos una modificación o una
enmienda a nuestra proposición no de ley en el sentido de instar al Gobierno a negociar en el debate de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado, que es, digamos, el paso que queda pendiente respecto de la modificación de la proposición no
de ley que presentamos.



En este Congreso ya se ha discutido varias veces sobre el Plan Galicia y ya hubo acuerdos por unanimidad en el Pleno y en la Comisión de Fomento en anteriores ocasiones. Del Plan Galicia llevamos hablando muchísimo tiempo. El 24 de enero
de 2003 se anunció por el anterior Gobierno el referido plan, en el que se hacía constar de manera generalizada lo que significaría a nivel de financiación para la Comunidad Autónoma de Galicia, concretamente en infraestructuras de ferrocarril y
carreteras.



El Plan Galicia, desde un principio -y seguramente SS.SS. ya lo oyeron por boca de diputados del BNG en otras ocasiones-, nosotros lo consideramos como un plan virtual porque, además de la generalidad a la que se decía que se comprometía el
Gobierno, en la práctica no había absolutamente nada presupuestado, aunque sí había algo que a nosotros nos parece importante y que quizá sea fundamental para el debate, que es el reconocimiento de la necesidad de esas infraestructuras y, por lo
tanto, el reconocimiento implícito de que el Estado tiene que aportar la financiación necesaria para su cobertura.



Esperábamos, y así lo hemos dicho en muchas ocasiones, que con el nuevo Gobierno del Partido Socialista, y teniendo en cuenta que desde un principio se dijo que se mantenía el Plan Galicia, que hubiera un compromiso real que se traduciría en
lo que para nosotros es lo fundamental, que es la aportación financiera y por tanto su reconocimiento en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005.
Efectivamente no ha sido así. En el debate de los presupuestos ya dijimos cuáles eran
las cuestiones que deberían recogerse en los mismos, que coinciden con los aspectos concretos que se recogen en el Plan Galicia y que tienen que ver tanto con actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente como, fundamentalmente quizás, con el
Ministerio de Fomento en lo relacionado con las infraestructuras ferroviarias. Por lo tanto, entendemos que sigue existiendo una falta de compromiso del Gobierno central con Galicia.



Los nacionalistas, el Bloque Nacionalista Galego, tenemos que decir que la actitud del Gobierno central respecto a los compromisos con un país como Galicia parece que es similar independientemente del grupo político que gobierne, y desde
luego la falta de compromisos es una realidad que se constata sistemáticamente a pesar de los cambios que puedan existir en el Gobierno central. Por lo tanto, presentamos esta proposición no de ley con la intención de que en el trámite
parlamentario en el Senado el Gobierno tenga que negociar los aspectos que en estos momentos no están recogidos en los presupuestos para 2005. Hemos puesto la cantidad de 900 millones de euros, pero como sabemos lo que es negociar -y con esto me
refiero al grupo mayoritario, al Grupo Socialista-, entendemos que hoy lo importante sería instar al Gobierno a negociar, porque el resultado de la negociación dependerá de que el Gobierno y la oposición, en este caso el Bloque Nacionalista Galego,
podamos llegar a acuerdos o no. En cualquier caso, nos parece importante que hoy se apruebe esta proposición no de ley instando al Gobierno a negociar lo que previamente se acordó por unanimidad en el Parlamento de Galicia el 28 de julio respecto
del plan, y también aquellos otros acuerdos a los que llegamos en esta institución en junio y en octubre.



El señor PRESIDENTE: Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado.



El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, que tiene como objetivo situar en el tiempo esa interesante iniciativa que,
de contenido similar a otra que presentamos nosotros en idénticas fechas, se sustanció ante la Comisión de Fomento y Vivienda y que fue aprobada el día 5 de octubre de 2004.



Los Presupuestos Generales del Estado entraron en el Congreso de los Diputados el día 28 de septiembre y el día 5 de octubre se aprobó en la Comisión de Fomento una proposición no de ley, por la mayoría de los diputados y diputadas que allí
estaban, por la que el Congreso instaba al Gobierno a que cumpliese con la moción aprobada por el Pleno de esta Cámara el 22 de junio de 2004 y diese cobertura financiera, para el ejercicio 2005, a todas las actuaciones recogidas en el Plan Galicia,
y a que a tal efecto negociase la inclusión en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, vía enmiendas, de la diferencia existente entre lo consignado y lo exigible, que eran 1.559,95 millones de euros. Porque lo cierto es que en los
Presupuestos Generales del Estado falta, para cumplir el compromiso de Estado del Plan Galicia, una cifra entre los 920 y los 940 millones de euros.



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Pues bien, ¿qué ha hecho el Gobierno socialista y su grupo parlamentario que lo apoya en este trámite parlamentario? Desoír el mandato del Pleno del Congreso, que por unanimidad aprobó una moción en junio, y desoír el mandato de la Comisión
de Fomento y Vivienda. Y no solo eso, sino también desoír las resoluciones del Parlamento de Galicia que instaban a la inclusión de estas necesarias cantidades, que son canti­dades de distintos ministerios, donde la parte más importante corresponde
a los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente.



Los Presupuestos Generales del Estado para 2005 constituyen para Galicia un auténtico agravio, y un agravio cuadruplicado el que en la fase de tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados no se hayan aceptado las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular ni las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, que buscaban justamente resarcir esta lamentable situación. Ni el propio Grupo Parlamentario Socialista enmendó sus presupuestos para corregir de una manera significativa
estos importantes déficit. De agravio hay que calificar el que se consignen, por ejemplo, para la comunicación por alta velocidad entre Ourense y la ciudad más importante de Galicia que es Vigo 100.000 euros, cuando habría que haber consignado
cuatro millones de euros. Un agravio es que para una comunicación territorial tan importante entre dos ciudades del interior de Galicia, como son Ourense y Lugo, se hayan consignado 2,27 millones de euros, cuando habría que haber consignado 29,17
millones de euros. Y lo más sangrante de todo es que para la puerta de entrada de la alta velocidad a Galicia, que es la línea Lubian-Ourense, cuyo proyecto constructivo tendría que estar licitado ya en este año y que todavía no lo está, han
consignado la ridícula cifra de 400.000 euros, cuando para cumplir el objetivo de que esté operativo en el año 2009 era imprescindible haber consignado 18 millones de euros.



¿Estamos a tiempo de corregir este lamentable y desgraciado agravio a Galicia? Sí, estamos a tiempo. La ley no ha sido aprobada, en el Senado está abierto el plazo de presentación de enmiendas al articulado, nuestro grupo parlamentario las
ha presentado ya, el Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego también creo que hará exactamente lo mismo, y además los senadores elegidos por la comunidad autónoma están mandatados a cumplir justamente con la exigencia de reclamar estos
920-940 millones de euros que faltan para dar satisfacción al compromiso de Estado del Plan Galicia.



Nuestra enmienda a la proposición no de ley del BNG pretende justamente referenciar los acuerdos de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, y también los acuerdos del Parlamento de Galicia, para que en el Senado, que juega también un
papel legislativo importante, modifiquemos la actual situación. Yo insto al Grupo Parlamentario Socialista a que convenza al Gobierno de la nación para que corrija la situación y no deje sin dinero a nuestra comunidad autónoma, que lo merece por
haber padecido la catástrofe ecológica y medioambiental más importante que haya tenido nunca Europa, y porque hay fondos públicos y recursos para atender estas necesidades, como los hay para atender los pactos de Gobierno y parlamentarios que se han
mantenido con Esquerra Republicana de Catalunya y con otros grupos, que han salido muy bien parados mientras que otras comunidades autónomas, como la nuestra, se han visto absolutamente relegadas.



Por todo ello, señorías, defendemos esa enmienda a la proposición no de ley a la que me acabo de referir.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: Este final victimista del portavoz del Grupo Popular me acaba de desconcertar un poco. Yo creo que se puede defender objetivamente un presupuesto mayor para Galicia o para cualquier otra comunidad autónoma sin recurrir
a la vieja cantinela de qué mal nos quieren, qué poco nos estiman.



Señora Fernández Dávila, ustedes mismos admiten en la exposición de motivos de su proposición no de ley que lo aprobado en el Consejo de Ministros de A Coruña era una declaración de intenciones en la que se enumeraban obras sin plazos ni
presupuesto. En la mayoría de los casos eran obras necesarias, largamente prometidas y esperadas, algunas figuraban ya en los presupuestos de los años 2001, 2002 ó 2003, y hoy aún no han concluido en algunas de ellas los estudios informativos;
otras obras eran más discutibles, sobre todo como prioridades, pero obras al fin para Galicia que valoramos.



Es cierto que en marzo/abril de este año cambió el Gobierno, pero el cambio de Gobierno, siendo importante -y vaya si es importante-, no genera de inmediato un cambio en lo que era la esencia del Plan Galicia: numerosas obras sin plazo ni
compromiso presupuestario, y lo que es más grave, sin proyectos para viabilizarlas. La llegada de los socialistas al Gobierno no dotó automáticamente a ese plan de contenido, heredamos lo que heredamos. Por ello, ahora, en los presupuestos de
2005, no podemos comprometernos con un presupuesto que no es posible ejecutar. No es posible ejecutar un presupuesto que puede ser bien intencionado por su parte, señora Fernández Dávila, pero que es voluntarista por demandar inversiones
millonarias en obras para las que aún no existe estudio informativo, y usted, como yo, sabe que toda obra pública tiene unos pasos obligados que llevan un tiempo: primero hay que realizar un estudio informativo, después someterlo a información
pública y oficial, luego viene la declaración de impacto ambiental, aprobar el trazado, redactar el proyecto constructivo, contratar y ejecutarlo.



La mayoría de las obras del Plan Galicia no tienen aún estudio informativo. En consecuencia, no podemos presupuestar su ejecución. Poner cantidades mayores


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de las que figuran en estos presupuestos sería por nuestra parte, por parte del Gobierno, pura demagogia, porque se sabe que no se podrán gastar, y en el último trimestre del año próximo pasarían a la conocida sección 31. Creemos que no se
puede engañar a los ciudadanos pintando unos presupuestos que no se van a ejecutar. Los socialistas gallegos también queríamos más fondos para el Plan Galicia y contábamos con el apoyo de los demás socialistas, pero analizando el estado de los
diferentes proyectos del Plan Galicia llegamos a la conclusión de que los fondos destinados al plan estaban en el umbral de lo máximo posible en función del estado de los proyectos recibidos.



Voy a facilitarles algunos datos que figuran en respuestas escritas a este diputado por este y por el anterior Gobierno que nos pueden ilustrar cómo está la situación. La autovía Ourense-Lugo, en la que le preocupaba mucho al diputado del
Grupo Parlamentario Popular cómo figuraba una cantidad tan pequeña, tiene ya estudio informativo redactado, pero está aún pendiente de la declaración de impacto ambiental para su aprobación definitiva, y falta la posterior redacción del proyecto
ejecutivo; imposible ejecutar en 2005, señor Delgado, y usted lo sabe. Le recuerdo que respecto a esta obra en junio de 2003 -¿quién gobernaba en 2003?- se nos dice -comillas-: A la vista de la situación actual del expediente, se considera
prematuro fijar plazos para la realización de esta obra. Me lo dicen en junio de 2003, no aventuramos ni plazos, y ahora tenía que estar ejecutándose ya.



Si pasamos a la autovía Lugo-Santiago, la situación es la misma, pendiente de declaración de impacto ambiental. Si nos vamos a la Transcantábrica -me suena la Transcantábrica porque desde el año 2000 figura en presupuestos-, hay aún siete
tramos que no tienen proyecto de ejecución; en consecuencia, no se pueden contratar siete de los nueve tramos de la Transcantábrica. La autovía Monforte-Chantada sigue en estudio informativo, al igual que la Vigo-Porriño; en consecuencia, si está
en estudio informativo, no se puede contratar obra en el año 2005.



Si pasamos al ferrocarril, la situación no mejora. El corredor cantábrico de alta velocidad está con estudio informativo en redacción, lo mismo que el Ponferrada-Monforte, Lubian-Ourense o Lugo-A Coruña. Señorías, es un hecho objetivo que
la ausencia de proyectos hace inviable dotar de mayores fondos el Plan Galicia. Nuestro fallo, y me atrevo a decir también que el suyo, señora Fernández Dávila, fue pasar de la denuncia de un plan sin contenido a la citación de éste como
referencia, sobre todo cuando el Plan Galicia dejaba y deja fuera a una parte importante del territorio, en concreto al interior y a la parte más afectada por el Prestige, y sobre todo dejaba fuera al sistema productivo de Galicia y carecía no sólo
de prioridades, sino de plazos y proyectos.



Ahora por nuestra parte vamos a cumplir lo acordado en esta Cámara, que es el contenido de nuestra enmienda. En ella hay un compromiso de plazos y proyectos y lo máximo que se puede hacer ahora por un plan que en Galicia tiene levantadas
muchas expectativas es completarlo para que no se convierta en una frustración, y en el camino de completarlo esperamos encontrarnos. Pedimos que se acepte la enmienda, en la que, repito, se reitera el compromiso con la moción aprobada en esta
Cámara de cumplir el Plan Galicia. La propuesta que hoy nos hace S.S. no es posible por las razones que le di anteriormente, porque ese traje, el plan, ya no puede con más peso, y en segundo lugar porque los presupuestos son ya el resultado de un
gran pacto, al que esperamos aún poder sumar a más fuerzas, incluso a ustedes, pero no hay mucho margen, y sobre todo el argumento para nosotros fundamental es que el plan, en su estado actual de proyectos, no puede con un mayor presupuesto si no
queremos hacer todos demagogia y después decepcionar al pueblo al no poder ejecutarlo.



El señor PRESIDENTE: Para comunicarnos si acepta o rechaza las enmiendas, tiene la palabra la señora Fernández Dávila.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Un par de minutos para justificar la posición respecto a las enmiendas. En cuanto a la enmienda del Grupo Popular, podríamos llegar a una transacción con la enmienda que nosotros presentamos a la proposición no
de ley para actualizarla al momento. Es decir, propondríamos nuestra enmienda con la inclusión de la referencia a los acuerdos aprobados en el Parlamento de Galicia y la referencia a los acuerdos aprobados en el Congreso a los que hicimos mención
en la exposición que presentamos.



Respecto de la enmienda del Grupo Socialista, estamos interesados, y así se lo planteamos al señor Díaz, en llegar a un acuerdo con el Gobierno para que en el trámite de los presupuestos en el Senado negocie con nosotros una mayor inversión
en el Plan Galicia. Hay cosas que el señor Díaz dice que son ciertas, pero en nuestras enmiendas también hay cosas que son ciertas en el sentido de que pueden ser importantes aportaciones financieras para paliar las necesidades que tenemos en este
momento en Galicia, que son cosas que se contemplan en el Plan Galicia. Por otro lado, a pesar de que lo que dice el señor Díaz es cierto, no podemos aceptar la enmienda en la que se dice que no hay proyectos en ejecución, porque sí hay proyectos.
Lo que no es normal es que esos proyectos se planteen por el Gobierno actual a un largo plazo cuando ni siquiera se contempla en los tres primeros. Por lo tanto, la enmienda del Grupo Socialista no la podemos aceptar como está. En todo caso, si de
aquí a la votación no llegamos a ningún acuerdo, propondríamos nuestra enmienda con esas modificaciones y con la inclusión de los referidos acuerdos del Parlamento de Galicia y del Congreso.



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- RELATIVA AL SEGUIMIENTO CONJUNTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN GALICIA POR EL GOBIERNO CENTRAL Y LA XUNTA DE GALICIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000261.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos a discutir la proposición relativa al seguimiento conjunto de la ejecución del Plan Galicia por el Gobierno central y la Xunta de Galicia, presentada por Grupo Parlamentario Popular. Esta vez sí, tiene la
palabra la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: La proposición no de ley que voy a presentar en nombre de mi grupo la debemos enmarcar dentro de ese seguimiento y de ese compromiso asumido por el Gobierno del Partido Popular y por mi grupo parlamentario con el
cumplimiento íntegro del denominado Plan Galicia, del que buenas muestras y reflejo hay en este Parlamento. Los antecedentes a la aprobación de dicho plan son de todos conocidos, pero no es vano recordarlos.



La catástrofe sufrida en las costas gallegas, tras el hundimiento del buque Prestige, hicieron que el Gobierno del Partido Popular afrontara de inmediato un ambicioso plan económico, con medidas dirigidas no solo a paliar los efectos del
accidente del Prestige, sino también, y ello es fundamental, destinadas a impulsar una mayor actividad económica, impulsar, por tanto, los niveles de crecimiento económico, mejorar la capacidad de generación de empleo y mejorar la capacidad de
atracción hacia la inversión privada. Un capítulo fundamental para el estímulo de la actividad económica es la construcción de nuevas infraestructuras e impulsar un mayor ritmo en las ya existentes. A Coruña fue testigo, en una histórica sesión
del Consejo de Ministros, del compromiso de Estado del Gobierno del Partido Popular asumido con Galicia. En el plan se emplazaban unos recursos que alcanzaron los 12.400 millones de euros. La parte más importante de estos recursos iba destinada al
esfuerzo inversor en infraestructuras, y estas inversiones eran defendidas por todos.
Incluso solicitaban ampliación algunos grupos, apremiados por quienes hoy gobiernan en la Administración central. Todos conocemos la petición de cumplimiento
-aquí se acaba de recordar- del Plan Galicia realizada por el Parlamento gallego, del Congreso y también del Senado y de todos los sectores, añado yo, económicos y sociales de la comunidad autónoma.
Lamentablemente, hoy ha calado en la sociedad
gallega un gran desencanto con el Gobierno socialista. ¿Por qué? Porque esa virulencia, esa manipulación y esa demagogia con la que instrumentalizaron la tragedia del Prestige, se ha convertido en el actual Gobierno en desidia, en freno, en demora
de unas infraestructuras de ese plan absolutamente básicas y fundamentales. Bien es cierto que ello era previsible porque Galicia nunca contó con el apoyo y la solidaridad de los gobiernos socialistas. Trece años de la primera etapa son la
historia de una crónica de marginaciones con Galicia, por mucho que no les guste escucharlo a los representantes del Grupo Socialista. Pero es una realidad. Ahora, afortunadamente, estamos en otros tiempos y la sociedad gallega no se resigna.
Conoce sus derechos y está perfectamente informada de que los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno Socialista son la radiografía más cruel del incumplimiento del Plan Galicia y del incumplimiento de las resoluciones, también aprobadas en
esta Cámara, porque había unos plazos, y esos plazos ya no se respetan en los presupuestos. Es posible que sea consecuencia del desgobierno del señor Zapatero. En todo caso, está claro que el Ejecutivo de Zapatero quita a Galicia lo que era un
compromiso asumido por esta Cámara, para dárselo, parece ser, a Cataluña o a Andalucía. Es evidente que con el Gobierno socialista, Galicia no tiene peso, desde luego no lo tiene en los presupuestos, que se incumple el Plan Galicia, es evidente, y
que los presupuestos son cicateros, es algo que frena esa modernización de las infraestructuras gallegas que demandamos.



Nos preguntamos, señorías, dónde han quedado las promesas de Zapatero, cuando a mediados de julio va a Galicia y dice que garantizará con carácter prioritario el cumplimiento o lo mejorará en lo posible, y con ello nos quería regalar los
oídos en esa visita. ¿Dónde han quedado? La respuesta es sólo una, en engaño. Hoy es evidente que el presidente del Gobierno ha engañado a los gallegos cuando dijo aquellas palabras. Lo que era previsible, también hay que decirlo dado el
continuo, dado el constante agravio a los gallegos de la ministra de Fomento. No pueden dejar de ocultar, después de los presupuestos presentados para el año 2005, que la paralización y el retraso de una serie de obras -algunas de ellas las ha
recordado mi compañero Celso Delgado- el AVE, las autovías, o la incertidumbre que da para un capítulo importante en torno a la construcción del puerto exterior de La Coruña, Arteixo, o la negativa de ampliar el puerto exterior de Ferrol, nos tienen
verdaderamente preocupados a los gallegos. No hay que esforzarse para demostrar que los presupuestos suponen un incumplimiento de los compromisos de Estado a la comunidad autónoma, pues sólo, como se ha recordado aquí, recogen un 49,9 por ciento de
la cantidad que en su momento por unanimidad demandó esta Cámara. Por lo tanto, los hechos son reales y no se pueden cambiar. Es una realidad que no han asumido lo que se había acordado en esta Cámara por todos.



Como conclusión, los presupuestos generales son un agravio para Galicia y en la tramitación efectuaron lo que parece ser la nueva fórmula del diálogo del señor Zapatero, el rechazo de todo. Absolutamente todas las enmiendas presentadas
fueron rechazadas. Bien es cierto que cuando gobernaba el Partido Popular y se rechazaban enmiendas decían que eso era rodillo. Ahora parece que se llama talante. Yo diría, sí, pero desde


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luego añadamos claramente, mal talante, al menos con Galicia. Señorías, la consecuencia es dura. El freno al ritmo inversor que ello supone representará un lastre a la dinamización económica de Galicia, que se puede reflejar en un
diferencial negativo de aumento de cinco puntos respecto al objetivo fijado en 2015, de alcanzar el 90 por ciento del producto interior bruto español. Ante esta política cicatera de Estado del PSOE resulta necesario, hoy más que nunca, que se
articule una fórmula mixta que permita a la Xunta y al Gobierno central realizar el seguimiento permanente de la ejecución del Plan Galicia. Será, además, un marco de colaboración que nos parece fundamental e imprescindible en muchos casos, para la
realización del plan más ambicioso de toda la historia con nuestra comunidad. Ello será la mejor garantía de que se actúa con transparencia, señorías -una palabra que nos gusta a todos, transparencia- y servirá como vehículo, por qué no, para
exigir que se completen todas las infraestructuras y los proyectos comprometidos por el Gobierno del Partido Popular con Galicia. La indefinición actual no puede continuar. Los gallegos nos jugamos demasiado para permitirlo. El Grupo Popular
asumió desde el primer momento compromisos inequívocos con el plan y no va a abandonar toda iniciativa y acción política que conduzca a su cumplimiento, y esta es una nueva iniciativa. Hay planificadas unas actuaciones, unidas a unos periodos de
ejecución vinculados en el tiempo, que necesitan de compromisos presupuestarios. Naturalmente que si se detienen esos plazos, si no se sacan adelante las declaraciones de medio ambiente y se tienen paralizadas ocho, nueve y diez meses, no se
avanza; naturalmente que si se echan atrás adjudicaciones, se retrocede; naturalmente que si no se adjudican proyectos, al final todo quedará retrasado, como es la realidad de lo que aquí aparece. Es la disculpa que están poniendo ustedes para no
poner recursos en los Presupuestos Generales del Estado.



Pues bien, no digan como excusa para negarse a establecer esta comisión mixta, que es, repito, un mecanismo de colaboración que contribuirá a reforzar y a consolidar el compromiso del Gobierno central y de la Xunta de Galicia, que no hace
falta porque todo se está realizando y cumpliendo, porque eso no es cierto. No lo vuelvan a decir porque ningún gallego les puede ya creer. Desde que llegaron al Gobierno se han paralizado todos los proyectos en marcha y los presupuestos generales
son insolidarios. Detrás del Gobierno socialista, señorías, hay tanto incumplimiento con Galicia, que no son creíbles. Hoy, señorías, señor presidente, hay una triste desconfianza establecida en los gallegos. Esa es la realidad y lo saben
ustedes. No les servirá de nada que inicien una cruzada de explicaciones, como ayer anunciaba el señor Touriño, porque el incumplimiento es tan evidente, es decir, se dan cuenta de que es cierto lo que decimos, que tienen que iniciar una cruzada de
explicaciones.
Cuando expliquen la realidad, esa realidad será todavía más traslúcida para los ciudadanos gallegos. Deben empezar a rectificar. Empiecen a rectificar dando un paso adelante y aceptando crear hoy esta comisión mixta que va a
garantizar la rápida resolución de posibles dudas o eventuales dificultades que pueden surgir, entendemos, facilitando de este modo la ágil ejecución de todas sus actuaciones.



Tengo que decir, señor presidente, y voy terminando, que a mediados de julio, el presidente de la Xunta, don Manuel Fraga, se dirigió por escrito al presidente del Gobierno solicitando la constitución de una comisión mixta. Insistía en que
el carácter horizontal del plan, cuya ejecución implica a diversos departamentos de ambas administraciones, así lo aconsejaba. Pues bien, han transcurrido desde el mes de julio varios meses y no ha habido ninguna respuesta oficial a esa carta
dirigida al presidente del Gobierno por el presidente de la Xunta. Sinceramente, creo que no es ni la cortesía ni el talante que el caso requiere. No obstante, hoy se abre la oportunidad, señores socialistas, de que subsanen lo que fue o es un
enfoque equivocado. No hay ninguna razón para que se nieguen a constituir la comisión mixta, que establecería una comunicación continua entre las administraciones, que favorecería la mutua colaboración y el adecuado seguimiento de todas las
actuaciones, contribuyendo así a agilizar la ejecución de las actuaciones que hoy están sumidas en un retraso en su ejecución que pone en riesgo el cumplimiento de los plazos fijados y determinados, sí señorías, para todas estas obras incluso por
unanimidad del Congreso de los Diputados.
Los argumentos a favor son, por tanto, importantes. Nuestro grupo lo reitera y solicita el voto a favor de esta proposición no de ley. Con ello no sólo se reforzará el compromiso del Gobierno con el plan,
como antes señalábamos, sino que también impulsaríamos una fluida relación entre las administraciones y la verdad no admitiría ningún tipo de subterfugios, ni de declaraciones equívocas, ni de ambigüedades, en las que a esta fecha el Gobierno
socialista se está moviendo.



Señores del Grupo Socialista, tengan por una vez una visión política de lo que los gallegos demandan. No se engañen, porque hoy la sociedad gallega ha demostrado que no se deja manipular, que no se resigna a sus engaños y que lo que quiere
son compromisos firmes, realidades, cooperación. Eso es lo que hoy solicitamos, algo por lo que desde el primer momento apostaron el Gobierno del Partido Popular y el Gobierno de la Xunta de Galicia, en un tono y en una actitud de leal
colaboración, en definitiva, de buen talante, de espíritu de diálogo, de responsabilidad y de compromiso inequívoco y firme con Galicia.



El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Ceferino Díaz.



El señor DÍAZ DÍAZ: La señora Sainz me ha hecho cambiar el sentido de mi intervención. Queríamos


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hacer una intervención seria y ya no podemos. Porque después de ocho años de bonanza ininterrumpida para Galicia, llegaron los socialistas y, como era previsible, llegó el caos y todas las plagas vestidas de desidia, de freno, de demora, y
los gallegos, que contribuyeron a la llegada de los socialistas y que hoy siguen demandando un cambio de Gobierno en Galicia, también están desolados. Se sienten abandonados y claman por que vuelvan el señor Aznar y sus ejércitos para liberarlos de
las hordas ignorantes, porque la ignorancia siempre viene con los socialistas también, aunque venga vestida con ropajes de ciencia, cultura y tolerancia.



Pues bien, señora Sainz, el problema de Galicia es que lleva demasiados años adormecida por un poder paternalista que le dice: ¡Qué le vamos a hacer! Las cosas son así. Galicia es lo que es. La culpa es de los otros.
Y nos negamos, o una
mayoría se negó hasta ahora, a asumir que el futuro de Galicia depende fundamentalmente de lo que hagamos los gallegos aquí y allá, y que los problemas de Galicia no se arreglan con planes de cartón piedra, sino que se arreglan con proyectos de
cambio que arraiguen en la realidad del país, no sólo con cemento sino también con otras cosas. En ese cambio estamos nosotros. Ustedes, después de la catástrofe del Prestige, después de ver el desasosiego social que se había generado y que el
país empezaba a despertar, intentaron contentar a ese país con cemento y pusieron encima de la mesa un plan de obras que no se pondría encima de la mesa si no fuera como respuesta a un gran desasosiego social. Ese plan obedece a eso. No es ningún
regalo, no es saldar cuentas con Galicia, es simplemente la respuesta para intentar acallar a un pueblo que se rebela y dice: Ya está bien, nunca mais. Como no podía ser de otra manera, ese es un plan improvisado en el que entran obras que estaban
hacía muchos años programadas y otras que se le ocurren a cada ministro cuando sale al pasillo y las va sumando. Si no, no se explica que figuren una cantidad de obras importantes que ya figuraban en el año 2000 en los Presupuestos Generales del
Estado y que hoy siguen sin tener aún completo el estudio informativo, y otras obras que ni ustedes mismos se atreven a pensar que se pueden ejecutar y pusieron como horizonte de comienzo el año 2012, muy largo me lo fiáis. Sobre ese tema ustedes
han descubierto ahora el filón y no solamente quieren controlar su presupuesto sino también los Presupuestos Generales del Estado. Con la disculpa legal de que somos gallegos, de que nos quieren mal, de que estamos marginados, etcétera, también
queremos que nos dejen ver cómo se lleva esto porque es fundamental para nosotros y los demás no lo van a llevar bien. Estamos en un Estado de derecho, y cuando sobre un mismo territorio actúan tres administraciones, la local, la autonómica y el
Estado, el marco legal nos dice que debe haber la máxima coordinación para que el modelo funcione.



Es conocido por todos que el actual Gobierno está haciendo los mayores esfuerzos, sobre todo en relación con el Gobierno anterior, para mejorar los mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones; pero también es cierto que
el marco legal vigente consagra la autonomía de las diferentes administraciones y así cada una tiene su Ejecutivo y su órgano de control: hay un gobierno municipal y hay un pleno municipal, hay un gobierno autonómico y hay una asamblea autonómica y
hay un gobierno del Estado y hay un órgano de control que es el Congreso de los Diputados. Por ello, sin menoscabar la necesaria coordinación que debe haber entre la Xunta y el Gobierno del Estado en un plan que se desarrolla en Galicia, nuestra
propuesta es que el seguimiento del Plan Galicia se haga en su marco natural, el Congreso de los Diputados, y para ello ofrecemos comparecencias periódicas de los ministros implicados ante las comisiones respectivas para hacer un seguimiento de este
plan. Nos parece que es lo correcto y tengo que decir que cuando ustedes estaban en circunstancias parecidas, no con este plan sino con otras cuestiones, normalmente no eran muy proclives a dar cuentas. Nosotros estamos dispuestos a dar cuentas,
pero en el marco natural, que es el Congreso de los Diputados, que tiene como misión controlar al poder Ejecutivo, también en su actuación en Galicia.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Fernández.



La señora FERNÁNDEZ DÁVILA: Política en estado puro, así podíamos definir el debate, sobre todo la intervención de la señora portavoz del Partido Popular.



Tenía previsto hacer una intervención para posicionarme respecto a la proposición no de ley, pero también tengo que decir algunas cosas después de oído lo oído, porque una vive en Galicia no solamente desde el 14 de marzo de 2004 sino desde
hace muchísimos años, y lo digo así para no decir los que tengo. Hay una cuestión que no se puede pasar por alto cuando para defender una propuesta como esta se dan los argumentos que acaba de dar la señora Sainz. Puedo entender que el Gobierno
autonómico y el Gobierno central deban tener la suficiente coordinación para desarrollar todas aquellas políticas que hay que afrontar necesariamente y que dependen cada una de las diferentes administraciones. Lo que no puedo entender es que para
defender esta propuesta se expongan los argumentos que se han dado aquí, porque yo me pregunto, ¿por qué anteriormente al 14 de marzo de 2004 el Gobierno central y el Gobierno autonómico no tuvieron sus respectivas comisiones de seguimiento de las
diferentes responsabilidades que cada Gobierno tenía respecto a las inversiones, respecto a los compromisos que se tenían con Galicia? El Plan Galicia fue acordado en 2003, y ni el Partido Popular ni el Gobierno central ni el Gobierno autonómico
galego se plantearon ningún seguimiento, porque desde mi punto de vista -y eso no lo puedo pasar por alto porque repito que estoy ideológicamente alejada de la política en estado puro- en ningún


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momento se planteó esa cuestión ya que el Plan Galicia era lo que era, pura y simple propaganda, y por tanto no existía el interés que puede haber en estos momentos.



La posición del BNG al defender la financiación en aquellas cuestiones que reconoce el Plan Galicia evidentemente no es la misma que la del Partido Popular. Nosotros decimos que es necesario que la Administración central tenga un compromiso
real con Galicia; la Administración central, independientemente del partido político que gobierne. Digo esto porque en estos momentos estamos diciendo que el Partido Socialista no está actuando de acuerdo con las necesidades y con los intereses
que en este momento tiene Galicia; pero es que el Partido Popular tampoco lo hizo nunca, a pesar de que compartían gobiernos: el Gobierno de Galicia y el Gobierno central. Por tanto, para una persona que representa a una parte de la sociedad
gallega, que lleva mucho tiempo reivindicando en Galicia transparencia y compromiso del Gobierno gallego -porque además no tenemos la plena confianza en que el Gobierno gallego en estos momentos tenga interés en clarificar y trabajar con orientación
real para nuestro país-, es muy difícil asimilar esta propuesta en los términos en los que la acaba de defender la señora Sainz. No lo podemos entender, porque si es necesario crear una comisión mixta, eso quiere decir que el Gobierno gallego
actual está predispuesto a hacer dejación de sus funciones en el momento de llevar a cabo el seguimiento del compromiso y de la responsabilidad que compete al Gobierno central; facultad y capacidad que legalmente tiene el Gobierno gallego, a través
de sus diferentes consejerías y de su presidente, para hacer el seguimiento, para insistir y recabar el esfuerzo y el trabajo del Gobierno central; lo tiene ahora y lo tuvo antes en los ocho años en los que gobernó el Partido Popular.



Por lo anteriormente expuesto, señorías, nos vamos a abstener en la votación de esta propuesta del Grupo Popular, porque no compartimos los argumentos que se han dado, independientemente de que algunos puedan ser utilizados por el BNG como
razones empíricas de lo que está pasando en Galicia; pero estos argumentos nos parecen inaceptables por parte de quien hasta ahora tuvo a nuestro país en un total y absoluto abandono.



El señor PRESIDENTE: Para pronunciarse sobre la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: Voy a explicar mi posición en serio, no como otro portavoz que ha intervenido -no lo he dicho yo-, que dijo que lo que había dicho no era en serio. Eso se entiende así.



La verdad es que no podemos aceptar esa enmienda porque no asegura establecer lo que nosotros solicitamos, que es la necesaria y continua comunicación entre las administraciones para facilitar la resolución de las posibles dudas o las
eventuales dificultades; no se trata de ninguna dejación de funciones, sino de resolver esas dudas que pueden existir.
Hay colaboración pendiente entre las dos administraciones; por ejemplo, en la autovía Ferrol-Villalba, aunque la está haciendo
la Xunta de Galicia, hay un protocolo firmado desde el año 2002 por el cual la Administración central se comprometía a financiar el coste del tramo Cabreiros-Villalba, pero van cuatro cartas para tratar de concretar y no hay respuesta. Esto no
hubiera pasado si existiera esa comisión mixta de seguimiento. Qué decirles a ustedes de la construcción del puerto exterior de A Coruña, sumido en este momento en un cúmulo de despropósitos; o qué decir, por ejemplo, cuando conocemos
perfectamente que hay proyectos constructivos de los que se han iniciado las expropiaciones pero que están bloqueados, o estudios informativos o declaraciones de impacto ambiental que no se realizan. En el marco de colaboración de una comisión de
seguimiento estas cosas estarían más agilizadas, instadas por la Administración autonómica, de la Xunta de Galicia, que de verdad tiene, al igual que nuestro grupo, interés en que el Plan Galicia salga adelante.



- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE LEALTAD INSTITUCIONAL EN LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/000288.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a la discusión de la última proposición no de ley incluida en el orden del día de la reunión de hoy, sobre medidas para garantizar el principio de lealtad institucional en la financiación autonómica,
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta esta proposición no de ley orientada a solucionar un problema que en los últimos años se ha ido acentuando. El carácter del Estado
autonómico, la complejidad del reparto competencial que se establece entre comunidades autónomas y Gobierno central; la competencia legislativa que la Constitución otorga a estas Cortes, a este Congreso, para legislar en determinadas materias y, al
mismo tiempo, la competencia que otorga la Constitución a que la aplicación de la normativa que han legislado las Cortes y su adecuación corresponda a las comunidades autónomas; la necesidad de dar respuesta a nuevos problemas y a nuevas realidades
que impulsan también la acción del Gobierno o la acción legislativa de las Cámaras y que termina repercutiendo en el desarrollo de las políticas públicas que desarrollan los diversos gobiernos autonómicos, toda esta situación real y compleja ha
venido produciendo profundos desequilibrios entre los recursos con los que cuentan las comunidades autónomas y las obligaciones legales que se derivan de las


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leyes que se aprueban en estas Cámaras. Incluso a veces, de manera contradictoria, estas Cámaras o el Gobierno impulsan propuestas e iniciativas que implican una reducción de los ingresos autonómicos para desarrollar aquellas políticas que
se les atribuyen. En los últimos tiempos, y en referencia temporal a la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, se han aprobado leyes que han sido especialmente significativas en esta lógica de introducir nuevas obligaciones a los
gobiernos autonómicos en diversos ámbitos en los que estos gobiernos son los que ejecutan y aplican esos mandatos legales.
Estamos hablando de la Ley orgánica de las calificaciones y de la formación profesional, la Ley orgánica de calidad de la
educación, la Ley de prevención y de controles integrados de la contaminación, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Sanidad Vegetal, que, poco o mucho, han supuesto un incremento del gasto de las comunidades autónomas.
En
paralelo también se han aprobado diversas reformas del IRPF y la introducción de diversas deducciones en determinados impuestos, con la consiguiente reducción de los ingresos de las comunidades autónomas.
Nuestro ordenamiento ha intentado dar
respuesta a esta realidad. En concreto, la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, incorporó el concepto de lealtad institucional en la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, donde se regula la financiación de las comunidades autónomas. El concepto de
lealtad institucional que se introduce en estas leyes permite determinar la valoración del impacto, positivo o negativo, que puedan suponer estas actuaciones del Estado central en relación con las competencias de las comunidades autónomas.
Posteriormente, la Ley 21/2001 también creó un fondo de suficiencia por el traspaso de nuevos servicios, ampliaciones o revisiones en relación con traspasos anteriores acordados por al Comisión Mixta de Transferencias.



Por lo anteriormente expuesto, son dos mandatos legales que pretenden dar respuesta a esta problemática: el fondo de suficiencia y la introducción del principio de lealtad institucional. Ahora bien, estos dos instrumentos que nuestras
leyes han incorporado no se han desarrollado, no se han convertido en un procedimiento ni administrativo ni político para intentar dar respuesta a estos problemas. De ahí esta proposición no de ley de Convergència i Unió, que pretende dar sentido a
estos dos instrumentos, hoy ya existentes, insisto, en nuestro marco legal. La proposición no de ley que presentamos, por tanto, va orientada a instar al Gobierno a impulsar las modificaciones legislativas necesarias y a promover también las
dotaciones presupuestarias suficientes para desarrollar el principio de lealtad institucional. En ese sentido reclamamos, por un lado, la transferencia de los recursos económicos a las comunidades autónomas derivados de la aprobación de las
normativas a las que anteriormente hacíamos referencia, y, por otro lado, incorporar necesariamente en todo proyecto de ley que se remita a las Cortes Generales y que pueda suponer bien una minoración de los ingresos de las mismas o bien un
incremento de los gastos, sin prever una financiación adicional en relación con las competencias de las comunidades autónomas, para prever las pertinentes compensaciones económicas. Son dos mecanismos, uno en relación con lo que se ha producido en
los últimos años, y otro fundamental para prever que el concepto de lealtad institucional tenga sentido y sea útil. Esta es la proposición no de ley que presentamos, siendo conscientes de que hoy esta iniciativa, de tomarse en consideración, de ser
aprobada por esta Comisión, va a beneficiar al conjunto de los gobiernos autonómicos, al conjunto de las comunidades autónomas, va a beneficiar, lógicamente, también a Cataluña, donde hoy no ejercemos responsabilidad de Gobierno, pero precisamente
por nuestra convicción autonomista, por nuestra convicción de que llenar de sentido el concepto de autonomía, de autogobierno va muy ligado también a que el concepto de lealtad institucional funcione, nos parece responsable plantear esta iniciativa.
Nos parece además que aquellos partidos de ámbito estatal que ejercen responsabilidades en el ámbito autonómico, ya sea en Cataluña, ya sea en cualquier otro lugar de la geografía española, van a coincidir con nosotros en que es necesario establecer
estos mecanismos. Hoy es un absurdo, es injusto y no corresponde a un concepto avanzado de buen gobierno que esta Cámara legisle nuevos gastos para comunidades autónomas y que no exista obligación de compensar estas nuevas obligaciones legales. Yo
estoy seguro de que vamos a poder aprobar esta proposición no de ley.



El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea Pabón.



El señor ALBENDEA PABÓN: Mi grupo ha presentado una enmienda que en definitiva lo que hace es instar al Gobierno a que sea estricto en el cumplimiento del artículo 2 en la redacción que le dio a la Lofca la Ley 7/2001, de 26 de diciembre,
precisamente para eso, para solucionar las disfunciones financieras que la legislación estatal produjera a las comunidades autónomas. Nosotros entendemos que la lealtad institucional es un concepto más amplio que el que se deduce de la proposición
no de ley de Convergència i Unió. La lealtad institucional exige que cuando la Administración central y la autonómica confluyan en la prestación de un servicio, colaboren de modo eficaz en su mejora. Estamos de acuerdo en que hay que desarrollar
el apartado e) y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera evalúe todos los años las repercusiones económicas que su normativa, ya sea del Legislativo o del Ejecutivo, produzca en las comunidades autónomas. Pero no debemos olvidar dos
aspectos: uno, que la repercusión en algunos casos puede ser positiva, es decir, que esa legislación provoque un incremento de los ingresos o una disminución de los gastos, pues no siempre la normativa


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ha de ser gravosa para las comunidades autónomas. El segundo aspecto a considerar es que las comunidades autónomas tienen transferidos total o parcialmente numerosos impuestos y sobre ellos tienen capacidad normativa, con lo cual esos
desajustes pueden reconducirse modificando la normativa tributaria sobre aquellos impuestos o parte de impuestos que tienen transferidos. Es más fácil decirle al Gobierno central que sea él el que suba la presión fiscal y así no ser la comunidad
autónoma la responsable de ese tan poco incremento político. Pero insisto en que lo que pretendemos con nuestra enmienda es que se cumpla la ley y que, por tanto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera haga una estimación del saldo favorable o
desfavorable que la normativa estatal haya producido en cada autonomía y se tenga en cuenta a la hora de efectuar las correspondientes liquidaciones anuales. Aprovecho el turno para hacer una consideración sobre una enmienda que ha presentado el
Grupo Socialista.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que después ha corregido.
Con la primera parte que había presentado estábamos de acuerdo y estábamos dispuestos a votarla, pero ahora no podemos hacerlo porque ha añadido que en el
informe que haga Consejo de Política Fiscal y Financiera se incluya una propuesta de método para incluir en la memoria económica que acompaña a los proyectos de ley. Que todos los proyectos de ley tengan que traer una memoria económica de la
repercusión que tiene en cada una de las 17 comunidades autónomas -que son 17, no podemos decir que tenga sólo en cuenta la repercusión que tiene en Cataluña, en el País Vasco o en Galicia-, con lo cual la repercusión de la memoria será heterogénea,
nos parece una disfunción verdaderamente sorprendente desde el punto de vista legislativo. Por eso no podemos votar a favor de esa enmienda, lo sentimos mucho.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Torres.



El señor TORRES BALAGUER: Yo entiendo que en el fondo todos estamos de acuerdo porque, entre otras cosas, el principio de lealtad institucional ya está recogido en una ley orgánica que lo define. Por lo tanto, estamos hablando de valorar
el impacto positivo o negativo que puedan suponer las actuaciones del Estado legislador en materia tributaria o la adopción de medidas de interés general que eventualmente puedan hacer recaer sobre comunidades autónomas obligaciones de gasto no
previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente. Por lo tanto, estamos hablando de un concepto que, afortunadamente, los grupos de esta Cámara tienen asumido que es necesario, entre otras cosas porque, como decía el portavoz
del Grupo Popular y yo comparto totalmente, cada uno tiene que ser responsable de sus decisiones de gasto. Estamos de acuerdo en que no es posible ampararse en un manto de impersonalidad para realizar gastos sin ejercer la correspondiente
corresponsabilidad fiscal. No se trata sólo de tener la corresponsabilidad fiscal sino también de ejercerla, porque si se tiene y no se ejerce sirve de bien poco. Estamos de acuerdo con eso, pero también S.S. convendrá conmigo en que hasta ahora
el camino recorrido ha hecho aflorar las tensiones fundamentalmente en las comunidades autónomas. Con el último sistema de financiación hicimos una especie de borrón y cuenta nueva, pero creo que hay que solucionarlo para que esas tensiones
desaparezcan en el futuro y cada uno tenga que asumir responsablemente sus decisiones de gasto. Y hay que establecer un método.
Por ese motivo se creó un grupo de trabajo dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera que decía que se iba a
reunir todos los meses, pero realmente no ha sido así. Se reunieron en el mes de julio de 2003 y en el mes de noviembre de 2003, y ahí se establecía qué hacía falta saber. Y hacía falta saber, en primer lugar, de qué estábamos hablando: de las
decisiones que tomaba el Estado respecto a la incidencia en el gasto de las comunidades o, al revés, de las decisiones que toman las comunidades autónomas que tienen repercusión en el gasto del Estado. También era necesario establecer una
metodología de cómo se iba a evaluar este impacto para que todas las comunidades estuvieran de acuerdo. Ese grupo de trabajo estaba bien diseñado, a mi juicio, porque estaban bien representadas las diferentes instituciones: cada comunidad autónoma
tenía su representante, el Estado lideraba el grupo a través de la antigua Secretaría general de política fiscal, territorial y comunitaria -hoy dirección general- y había un representante de la Secretaría de Estado de Hacienda. Como este grupo de
trabajo no se ha reunido, me parece oportuno y absolutamente necesario que se impulse este grupo de trabajo para determinar esa metodología y para que todo el mundo pueda saber a qué atenerse, porque a partir de ahí será bueno que todos sepan cuáles
son sus obligaciones y su corresponsabilidad en la práctica.



En el fondo estamos pues, de acuerdo. ¿Cómo hacerlo? En este caso el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una propuesta que en la primera parte tiene la conformidad de mi grupo en cuanto a que para dar cumplimiento a
este principio hace falta que el grupo se convoque en el plazo de un mes y que emita un informe en el plazo de seis meses. No se puede dilatar más tiempo porque hay que aclarar las obligaciones de cada parte. El segundo punto de la propuesta de
Corvengència i Unió es el que mi grupo quiere enmendar proponiendo una transaccional. ¿Por qué? Porque dice que este grupo de trabajo deberá incorporar en su informe la obligación del Gobierno de incluir una memoria económica en todo proyecto de
ley que se remita a las Cortes. Mi grupo entiende que quien mandata al Gobierno son las Cortes Generales. El Congreso es el que tiene esa facultad institucionalmente


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reconocida, y no nos parece una fórmula adecuada que un grupo de trabajo formado por los representantes que he mencionado anteriormente sea el que mandate al Gobierno. Nuestra propuesta sería que en el informe que debe emitir el grupo de
trabajo en seis meses se incluyera el método con el que se elaborarán las memorias económicas que necesariamente acompañarán a los proyectos de ley que incidan sobre competencias ejercidas por las comunidades autónomas. Estamos hablando de la
lealtad institucional, que viene perfectamente definida en la ley orgánica, y, por lo tanto, del impacto positivo o negativo sobre la financiación y sobre los gastos.
Pensamos que no ha lugar a confusión respecto a que estamos hablando del mismo
contenido que el grupo proponente, Convergència i Unió, ha hecho en su desarrollo. Pensamos que sería más correcto que el Gobierno sea mandatado por las Cortes Generales.



Quiero contestarle al Grupo Popular que, entendiendo su planteamiento, porque mi grupo parlamentario es sensible al planteamiento que ha hecho el Grupo Popular sobre la dificultad, en este caso técnica, de que en cada ley figure el impacto,
no compartimos esta posición porque la tensión acumulada entre el Estado y las comunidades autónomas es de tal calibre, que solo en aquellas leyes que afecten a las competencias de las comunidades autónomas -porque no estamos hablando de todas las
leyes; aun respetando la opinión manifestada por el portavoz del Grupo Popular, estamos hablando sólo de las que incidan sobre las competencias ejercidas- sí tiene que haber una evaluación del impacto sobre las 17 comunidades autónomas porque, como
S.S. ha dicho, a partir de ahí cada una tomará sus decisiones en cuanto a la corresponsabilidad fiscal que le corresponde para que no afecte al principio de suficiencia, que es lo que todos tenemos miedo de que pueda ocurrir. El fondo del asunto
es que todos queremos gastar lo que tenemos y no gastar lo que no tenemos. Eso queda claro, pero para que ese principio de suficiencia quede acreditado cada uno tiene que saber qué medidas de impacto sobre su ciudadanía tiene que tomar.
Entendiendo que anualmente podía ser más cómodo para el Estado, también entendemos que el Gobierno central tiene que hacer este esfuerzo de trasladar a las 17 comunidades autónomas afectadas en sentido positivo o negativo un informe en que se les
diga qué les corresponde para poder paliar las competencias que en ese momento se le añaden o se le merman. Mi grupo propone al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que acepte nuestra transaccional en el punto segundo y sustituya su
párrafo por el que yo le acabo de... (El señor CAMPUZANO I CANADÈS: ¿El punto primero se mantiene?) El punto primero, que hace referencia a la metodología, se mantendría. (El señor Campuñano i Canadès: ¿El punto primero de la proposición no de
ley?) Estoy hablando de la transaccional.
Rectifico la propuesta y lamento no tener delante la proposición de Convergència i Unió. Se acepta el punto primero, que está incorporado en la transaccional que se nos propone en cuanto a la metodología
y se propone sustituir su punto segundo, que es el que habla de la obligación del Gobierno, por otra redacción que dice que el informe del grupo de trabajo incluya el método por el que se elaborarán las memorias económicas que acompañarán a los
proyectos de ley que incidan sobre competencias de las comunidades autónomas.



El señor PRESIDENTE: Para pronunciarse sobre las enmiendas presentadas tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, si le parece, antes de la votación comunicaríamos si aceptamos las enmiendas.



El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ya.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Entonces, le pediría unos minutos.



El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las sucesivas proposiciones no de ley presentadas. Empezamos votando la del Grupo Popular, relativa a la creación en Fuerteventura de una oficina de gestión territorial del catastro
en los términos de la transaccional, que consiste en aceptar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en sus apartados 2.º, 3.º y 4.º, manteniendo como punto 1.º la redacción original de la proposición no de ley.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.



Pasamos a votar la segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en los términos de la enmienda que ha sido aceptada y que había presentado el Grupo Parlamentario Socialista.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 13.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos la tercera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a compromisos presupuestarios para el Plan Galicia, en los términos de la transaccional que ha sido asumida en el transcurso del debate.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 18.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos la cuarta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al seguimiento conjunto


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del Plan Galicia por el Gobierno central y la Xunta de Galicia.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 19; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Proposición no de ley sobre medidas para garantizar el principio de lealtad institucional en la financiación autonómica. El señor Campuzano nos aclarará los términos en que tendremos que votar esta última proposición no de ley.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Muchas gracias, señor presidente, por su comprensión y amabilidad. Aceptamos la transacción que nos ofrece el Grupo Socialista sobre el texto que habíamos propuesto anteriormente.
Ahora facilitaremos el texto
a la Presidencia, a efectos de los trabajos de los letrados y demás miembros de la Mesa.



El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y diez minutos del mediodía.