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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 119, de 20/10/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 119
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles, 20 de octubre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la adecuación de la denominación de las provincias marítimas de Galicia a la legalidad vigente en materia de toponimia. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000013.) ...
- Relativa a la normalización de la lengua catalana en el ámbito de la justicia, las embajadas del Estado español y en el pasaporte. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000208.)
... (Página 4)
- Relativa a la incorporación de las lenguas del Estado en las páginas web de los Ministerios. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000207.) ... (Página 9)
Comparecencia del señor secretario general para la Administración Pública (Velázquez López) para informar sobre los objetivos de la Secretaría General para la VIII Legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000068.) ... (Página 14)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión de Administraciones Públicas con el orden del día del que disponen. Como saben, hemos dividido la sesión de trabajo en dos partes, primero veremos las tres PNL que acordamos ver en
Comisión y, en la segunda parte, comparecerá el secretario general de Administraciones Públicas. En relación a las PNL, sería ideal que fuéramos capaces de finalizar a las doce menos cuarto, que es cuando situaríamos la votación de las tres PNL.
Dependerá del ritmo que le demos entre todos, por lo que pido colaboración en ese sentido. Nos han solicitado la posibilidad de que la tercera PNL, la referida a la normalización de la lengua catalana en el ámbito de la justicia, las embajadas y el
pasaporte se pase a primer lugar. Es necesario el acuerdo unánime de los portavoces para producir este cambio. Si tienen que asistir a otras sesiones mantendríamos el orden. Mantenemos el orden del día y le daremos toda la agilidad que podamos.
Si les parece, por recordar el procedimiento, en primer lugar expondrá los contenidos el proponente, el tiempo máximo, diez minutos, sería razonable que fuera menos; a continuación leeremos las enmiendas presentadas; los proponentes de esas
enmiendas las defenderán durante cinco minutos, máximo; el resto de los grupos fijarán posiciones si lo consideran oportuno; el proponente acepta o no las enmiendas y dejamos la votación, como hemos dicho, para el final de la discusión de las tres
PNL.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, perdón señor presidente. Nada más que para indicar que nuestro grupo siempre da toda clase de facilidades, lo que pasa es que en este caso concreto quien tiene que exponer la número 3 también tiene que
irse a otra Comisión. Ése es el problema. Nosotros nunca hemos puesto la menor pega.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Si yo no pongo ninguna pega, es un problema físico. Si se acaba su proposición no de ley a las once, yo puedo ir allí a avisar a ver si trasladan la mía al segundo lugar, pero yo más no puedo hacer; la mía sí
que tiene que empezar a las once, si no, no puedo porque yo lo que no les puedo decir es que me la pongan cuando yo quiera.
El señor PRESIDENTE: No tenemos garantía de acabar en veinte minutos.
Insisto, me parece razonable la solicitud, pero también razonables los argumentos del señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Si mi proposición empieza a las once, se podría cambiar, y arreglo el problema de la otra sesión como pueda.
Ahora, tiene que ser así.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- RELATIVA A LA ADECUACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LAS PROVINCIAS MARÍTIMAS DE GALICIA A LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE TOPONIMIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000013.)
El señor PRESIDENTE: Nos consta a todos que el grupo al que pertenece, señor Rodríguez, no lo tiene fácil, ¿no? Nada fácil. Por lo tanto, si les parece mantenemos el orden de las PNL.
Tiene la palabra el señor Rodríguez para defender la PNL relativa a la denominación de las provincias marítimas de Galicia a la legalidad vigente en materia de toponimia.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: De todas maneras, voy a acabar en cinco minutos.
Vamos a tratar un tema que aunque parece que tiene que ver con estructuras orgánicas del Estado, no es así, vamos a tratar un tema exclusivamente de respeto por la legalidad lingüística. El problema está en que toda legalidad lingüística
existente en el Estado español -una de ámbito competencial estatal y otra autonómica-, en el caso particular de Galicia se aplicó y se está aplicando con una lentitud pasmosa, lo cual lleva consigo que haya casos flagrantes de violación de la
legalidad. Para darles dos ideas, la legalidad lingüística está establecida como materia exclusiva de competencia de la comunidad autónoma en cuanto a establecer los nombres oficiales de los lugares, con validez para todo el Estado, es decir, para
cuando los utiliza el Estado también, desde 1983, es decir, pasaron ya 21 años, por lo cual creo que es tiempo suficiente para que toda la
Administración pública hiciese ya una actuación respetuosa con esta legalidad.
Ustedes recordarán, por lo menos algunos y algunas de todos ustedes, que precisamente para colmar esa legalidad lingüística y que no hubiera problemas con el Estado, en este Congreso de los Diputados se debatió una ley en 1998 que era
necesaria para que las provincias de A Coruña y Ourense adecuasen sus nombres a los nombres de sus capitales, porque las capitales ya se llamaban A Coruña y Ourense, pero las provincias legalmente no se podían llamar así porque era una competencia
del Estado.
También ese escollo fue superado sin ambigüedades, de una forma prescriptiva, contundente y clara. Después quedó el siguiente peldaño que fue anulado por cómo se enfrentó el problema de las matrículas de los coches posteriormente, pero
se acordó también en 1998, el 31 de julio, la modificación del Código de Circulación para que la matrícula de Ourense fuera OU, porque para A Coruña ya no había problema porque era C. Después pasó lo que pasó, el Gobierno del Partido Popular
homologó todas las matrículas y las hizo anónimas, y llegamos a la situación actual.
Les tiene que quedar clara una cuestión. La única forma de designación de los topónimos de Galicia, la única forma original o legal es la forma originaria, no deturpada, no deteriorada, no los híbridos, no las que se impusieron
caprichosamente desde el siglo XV hasta hoy, cada una de ellas fue en un momento histórico determinado. Se decidió esto por unanimidad, porque era un auténtico escándalo el hibridismo, la deturpación, incluso la caricatura de los nombres de lugares
de Galicia. Uno de los últimos vericuetos, de las últimas obras que quedan, es lo que pertenece a la Dirección General de la Marina Mercante, y cómo no, en algunos casos a Defensa. La Dirección General de la Marina Mercante no tiene ningún tipo de
pretexto para que las provincias marítimas y las capitanías marítimas sigan ofreciendo casos tan terribles como Villagarcía, que es Vilagarcía de Arousa, no Villagarcía de Arosa; o el caso de Bayona con y, es Baiona con i; el caso de El Grove, es
O Grove; el caso de Finisterre, es Fisterre; el caso de La Guardia, es A Guarda; el caso de Noya con y, es Noia con i; el caso de Puebla del Caramiñal, que es Pobra do Caramiñal, o el caso de, y aquí miren la deturpación y la estupidez al mismo
tiempo, Sanjenjo, pero Portonovo, Sanjenjo-Portonovo. Bueno, pues si es Sanjenjo será Puerto Nuevo, ¿no? Si Sanjenjo no existe ni en español, señores, miren hasta qué extremo de barbaridades, sería Sanxenxo o San Ginés, o Vivero y no Viveiro.
Esto no se puede tolerar por más tiempo. Todo el mundo oiría hablar de Ortigueira y a nadie se le ocurrió decir Ortiguera, ¿verdad? Entonces, para acabar con todas esas duplicidades e hibridismos es por lo que se estableció esta normativa
lingüística para los topónimos. Pues bien, las capitanías marítimas y las provincias deben de adecuarse a esto.
Acabo diciendo lo siguiente, agradezco a la portavoz que va a hablar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista porque, efectivamente, la legalidad a la que me referí en exclusiva, era una legalidad de 1973 y un real decreto de 1968, pero
las cosas son tan complicadas que resulta que había aún más decretos y más legalidad. En este aspecto, efectivamente la enmienda que presenta es muy correcta, yo se lo agradezco; solamente quería que figurase, además de las provincias, y
capitanías marítimas. Es una enmienda genérica, soluciona mucho mejor la cuestión y obligará a los organismos públicos del Estado a revisar todo esto.
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar lectura a la enmienda del Grupo Socialista.
La señora LETRADA: Enmienda del Grupo Socialista: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la denominación de las provincias marítimas de tal modo que se adecue al establecido por la legislación vigente en materia de
toponimia.
El señor PRESIDENTE: La portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra para defender esta enmienda.
La señora FUENTES PACHECO: La proposición no de ley que presenta ante la Mesa del Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Mixto, se adecuaría a la legalidad vigente siempre que la ampliásemos y no hiciésemos referencia al Real
Decreto Ley que expone, 3209/1973, de 14 de diciembre, porque este real decreto ha sido modificado posteriormente, en concreto por el Real Decreto Ley 912/2002.
En tanto en cuanto Galicia, al igual que otras comunidades autónomas, tiene posibilidad de hacer nomenclaturas y de adecuar las nomenclaturas a su topónimo, no vemos ninguna problemática. Así lo reconoce la Constitución, en concreto, el
artículo 3.1 dice que serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. Con lo cual, en tanto en cuanto la ley permite esta posibilidad, el Grupo Socialista entiende que se ha de primar que cada
comunidad autónoma diversifique y amplíe sus posibilidades en lo que a la lengua se refiere. No queremos poner ninguna cortapisa, por lo tanto presentamos la siguiente enmienda que entiendo, por la exposición del proponente, que ha sido aceptada.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la denominación de las provincias marítimas de tal modo que se adecue a lo establecido por la legislación vigente en materia de toponimia. Hemos hecho alusión directa a la legislación
vigente porque el texto que se nos ofrecía por el Grupo Parlamentario Mixto (BNG) hacía referencia a decretos que habían sido suprimidos y derogados por decretos posteriores. Si en ese aspecto, que el Grupo Mixto acepta la enmienda, por nosotros,
ningún problema.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Quería advertir solamente que en la transacción figurase provincias y capitanías marítimas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para fijar posición, el portavoz del Grupo Popular.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, ¿eso de capitanías figura en alguna enmienda? El señor Sánchez acepta esta enmienda pero había otra, que no acepta. ¿La han retirado?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Era del propio grupo.
El señor PADILLA CARBALLADA: ¿Era una autoenmienda?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Claro, porque yo me daba cuenta de que estaba mal, pero lo enmendé de tal manera que seguía siendo un caso particular.
El señor PADILLA CARBALLADA: Pero es que eso de capitanías, es ex novo, ¿no?
La señora FUENTES PACHECO: Está proponiendo una transaccional a mi enmienda que yo aceptaría.
El señor PADILLA CARBALLADA: Si consideran que la enriquece, enriquézcase añadiendo las capitanías. Tampoco hay ningún problema, era para saberlo.
El señor PRESIDENTE: Entonces, si les parece votaríamos la PNL con la enmienda del Partido Socialista aceptada por el proponente.
El señor PADILLA CARBALLADA: Respecto de una proposición no de ley como ésta, en la que hay una apelación a que el ordenamiento jurídico tenga la coherencia y el rigor que debe tener, en nuestra manera de entender nuestra presencia en la
Cámara, y naturalmente nuestra interlocución con la ley, no podemos hacer más que anunciar que votaremos a favor de esta proposición no de ley no sin dejar constancia, una cuestión. En los debates se producen a veces obiter dicta innecesarios, yo
creo que para fijar siempre que algún contenido político tiene que tener todo tipo de planteamientos, incluso aquellos que se refieren a ese ordenamiento jurídico que en sí mismo no tiene por qué tener necesariamente esos aspectos. Se ha hecho una
mención a las matrículas en relación con el Gobierno del Partido Popular. Sabe, señor Sánchez, que ése es un tema muy controvertido, sobre el que el sector automovilístico como se está manifestando, muestra discrepancia de pareceres, por razones
puramente económicas. Probablemente haya situaciones de apego, algunos conductores desearían que en su vehículo hubiera una mención de la procedencia geográfica de quien es titular de esa matrícula y hay un sector, que es relevante económicamente,
ciertamente, en nuestro país y en otros países europeos, que considera que es preferible para el mercado sobre todo el de segunda mano, que no haya esa mención. Naturalmente algunos se arriscan considerando siempre no se sabe qué tipo de posiciones
de adversidad. Yo creo que eso no está ahí, fue realmente algo que yo creo que respondió a lo que respondió, a una pretensión legítima de quienes en definitiva intervienen en ese mercado, y que preferían que no se hiciera esa mención. (Protestas.)
Yo les hablo de ello porque les gusta mucho hablar de esto, entonces yo...
(El señor Vilajoana Rovira: Si quiere, abrimos un debate sobre las matrículas.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a tratar de concluir, no abrir diálogo entre ustedes. Si no, la liamos.
El señor PADILLA CARBALLADA: Concluimos. También hay una afirmación sobre las toponimias originarias. Yo realmente me ajusto a lo que en definitiva el Parlamento de Galicia ha venido estableciendo al respecto, naturalmente fruto de
investigaciones que en todo caso clarifican, enriquecen y simplifican y desde luego orientan y así debe ser para nosotros la posición al respecto. Solamente una consideración que yo creo que alguna vez hay que hacer. En una realidad política
plurilingüe a veces se tiene esa posición de entender que es solamente una formulación monolingüe. La ley está en los términos en que está y a nosotros nos parece bien, porque si no habríamos tomado alguna iniciativa, pero hora es también de decir
que una realidad plurilingüe supone una consecuencia o un efecto plurilingüe. En cualquier caso la legislación se ha planteado así, y a nosotros nos parece bien porque si no, habríamos tomado las iniciativas pertinentes. Cúmplase la ley en sus
propios términos; votaremos a favor de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: La PNL se votará en los términos planteados en la enmienda y en la transacción.
- RELATIVA A LA NORMALIZACIÓN DE LA LENGUA CATALANA EN EL ÁMBITO DE LA JUSTICIA, LAS EMBAJADAS DEL ESTADO ESPAÑOL Y EN EL PASAPORTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000208.)
El señor PRESIDENTE: Si les parece, podríamos intentar ahora que la tercera PNL se adelantara, si no hay inconveniente de ningún portavoz, para facilitar el trabajo al portavoz del Partido Popular. ¿Alguien se opone a que veamos
seguidamente la PNL número 3, la referida a la normalización de la lengua catalana en el ámbito de la justicia, de las embajadas y del pasaporte? (Pausa.) Si no hay inconveniente, será esta la segunda PNL.
Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor CANET COMA: Haciendo caso del consejo de brevedad, porque en ese caso también queda muy
claro el objetivo de la proposición no de ley, simplemente quiero resaltar que es un objetivo de normalidad, tal como se expone en la exposición de motivos, que la hizo en su momento Joan Tardá, portavoz del grupo y a quien represento en
estos momentos. Tiene la misma argumentación que la otra proposición no de ley, la número 2, referida a las páginas web de los ministerios, que será debatida después. En la sociedad del conocimiento, una sociedad cada vez más preparada para
participar e implicarse en la toma de decisiones, en definitiva en aquello que discutimos siempre -aquí indirectamente ha vuelto a salir ya, porque es un debate que parece ser recurrente-, de la realidad plurilingüe del Estado plurinacional, como
consideramos algunos, y pluricultural, es evidente que esta realidad, que ha de ser entendida como un valor y como una riqueza, debe traducirse en todas las actuaciones posibles del Estado. Esto es lo que nuestra proposición no de ley pedía para
unos ámbitos determinados. Las tres cosas que solicitamos en la proposición no de ley nos parecen de la más elemental lógica. La primera, que los pasaportes estén redactados en la lengua materna del titular que nos parece que está en consonancia
con otras leyes ya actualmente en vigor; la segunda, que el Estado ponga los medios necesarios para que en aquellos territorios con más de una lengua oficial se administre justicia en el idioma que el ciudadano desee, lo cual no conculca derechos
sino que al revés, los expande a todos los ciudadanos. El tercer planteamiento es que el Estado ponga los medios necesarios para que en todas sus embajadas y consulados existan los medios para proteger y prestar apoyo a sus nacionales en la lengua
oficial del Estado que éstos soliciten.
Entendemos que es un planteamiento de máximos, debería ser la situación ideal, por tanto entendemos que habría problemas para aceptarla, y por eso ya en conversaciones con algún grupo, aceptamos rebajar el
planteamiento siempre y cuando se mantenga la ilusión, la opción, la decisión de caminar hacia ese objetivo. En definitiva, se trata adaptar en los ámbitos que aquí proponemos, pasaporte, justicia y embajadas, la realidad plurilingüe del Estado.
Simplemente eso.
El señor PRESIDENTE: Damos lectura a las enmiendas presentadas.
La señora LETRADA: Enmienda del Grupo Socialista. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar todas las medidas, actuaciones y normas que sean necesarias para que los pasaportes correspondientes a personas con residencia en
comunidades autónomas con lenguas oficiales diferentes del castellano sean expedidos también en dicha lengua; a adoptar las medidas necesarias para que en aquellos territorios con más de una lengua oficial se administre justicia en el idioma que el
ciudadano desee; a realizar los estudios necesarios en el plazo no más allá de la finalización del próximo período de sesiones para analizar las posibilidades para que en las embajadas y consulados se preste protección y apoyo a sus nacionales en
la lengua oficial del Estado que ellos soliciten, informando de sus conclusiones al Parlamento en el marco de los trabajos de la reforma del servicio exterior.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Socialista para la defensa de esta enmienda.
La señora BATET LAMAÑA: Quiero empezar esta intervención de nuevo con una declaración clara sobre cómo los socialistas entendemos el Estado español. Para nosotros, el Estado en el que convivimos es un Estado plurilingüe, plurinacional y
pluricultural. Así lo hemos manifestado en las distintas intervenciones que hemos tenido ocasión de realizar en esta Cámara y así también lo ha manifestado el actual Gobierno socialista, que tiene esta sensibilidad y que no quiere solo reconocer o
entender esta realidad, sino potenciarla. Por eso en el Grupo Socialista no queremos hacer de la cuestión lingüística un tema de enfrentamiento o competiciones al reconocimiento de esta pluralidad, pero es que además la actitud, la predisposición y
la conciencia absoluta que hay en el grupo mayoritario de este Parlamento así lo demuestra. Pensamos sinceramente que estos temas, y me reitero en lo que ya dije en la intervención del Pleno del pasado 5 de octubre, deben pensarse con rigor y sobre
todos sistematizarlos, por dos razones básicamente. La primera, para tener todos los ámbitos presentes en los que haga falta actuar para plasmar de una manera real esta pluralidad, por tanto dar una cierta normalidad a esta pluralidad lingüística,
cultural y nacional sin dejarnos ningún ámbito por el camino; en segundo lugar, para dimensionar económicamente las medidas que queremos llevar a cabo. No se trata muchas veces sólo de tener una sensibilidad determinada, sino también de pensar en
la aplicabilidad y la factibilidad de llevar a cabo las medidas que se proponen.
Respecto al contenido concreto de la proposición no de ley, haré referencia a los tres apartados que se presentan en ella. El primero de ellos hace referencia a los pasaportes. En esto tenemos el primer ejemplo de lo que manifestaba hace
un rato sobre la necesidad de racionalizar los puntos. Para el pasaporte de los residentes en alguna de las comunidades autónomas en régimen de cooficialidad de lenguas ya se ha aprobado de manera reiterada en las dos Cámaras de las Cortes
Generales, en el Senado se aprobó el 25 de mayo de este año, y en el Congreso también se aprobó el 5 de octubre concretamente, por tanto hace sólo dos semanas. Tuvimos ocasión de debatir sobre este tema y de aprobarlo con todos los votos de las
Cámaras, excepto el del Grupo Parlamentario Popular. Sobre este punto quiero anunciar a la Comisión que presentamos una enmienda, como ya se ha leído, que propone otra redacción que pensamos mejora de alguna manera el redactado sin cambiar en
absoluto el espíritu ni el objetivo de
la misma, y que parece que el grupo de Esquerra Republicana de Catalunya acepta sin ningún problema.
Respecto al segundo tema, la cooficialidad de las lenguas en el ámbito de la justicia, cabe señalar que el Ministerio de Justicia también se ha manifestado reiteradamente sobre este tema, y se ha comprometido a diversas cuestiones de esta
índole en distintas comparecencias, por lo que el texto de alguna manera también vuelve a ser reiterativo. El texto resulta plenamente conforme a los criterios de reconocimiento e impulso de diversidad lingüística que inspiran la acción del
Gobierno, y también resulta plenamente conforme a los criterios de este grupo parlamentario al que represento.
Finalmente entramos en materia de las embajadas y los consulados. Es cierto que la actividad exterior del Gobierno también tiene que defender y reconocer el plurilingüismo y la pluriculturalidad de Estado. Para ello, el Gobierno ha tomado
medidas activas y compromisos claros y contundentes. Como ejemplo, hay que citar una vez más la defensa del papel de las lenguas cooficiales en determinadas comunidades autónomas en el ámbito de la Unión Europea o la participación en el Consejo de
miembros de los gobiernos autonómicos en las delegaciones oficiales, que por cierto los tratados de la Unión Europea ya reconocían, o el acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las comunidades autónomas, en aplicación del principio de
subsidiariedad. Todos ellos, compromisos tomados por el propio presidente en el Pleno del Congreso. Además, también podemos destacar el papel del Instituto Cervantes en la promoción de las distintas lenguas del Estado, siendo muy consciente que
uno de sus papeles principales es exportar y mostrar, presumir, si me permite la Comisión, de la singularidad de este Estado en el que vivimos.
En el Grupo Socialista pensamos que lo más adecuado para abordar la cuestión de la presencia de las lenguas cooficiales en parte del territorio español, en las embajadas, es antes que nada analizar la factibilidad de prestar la protección y
el apoyo a los nacionales que quieren expresarse en otra lengua distinta de la castellana. Por eso hemos presentado la enmienda leída, que insta al Gobierno a realizar un estudio riguroso, en un plazo que no vaya más allá de junio de 2005, sobre
las acciones concretas que ello supondría. Este estudio se enmarcará en la reforma global del servicio exterior, mediante una comisión para la reforma integral del servicio exterior, que contempla también el estudio sobre la acción exterior de las
comunidades autónomas.
Por tanto, va a ser un estudio global que irá incluso más allá que lo que la proposición no de ley demanda.
Para finalizar, querría volver sobre una reflexión ya reiterada pero que creo que es básica, y es que si de verdad nos tomamos en serio esta realidad plurilingüística, pluricultural y plurinacional, no podemos pretender profundizar en su
reconocimiento, aceptación y apoyo de los ciudadanos a golpe de proposiciones no de ley. La legítima acción parlamentaria de los grupos que dan prioridad a estos temas no la discuto, pero su propia responsabilidad política e ideológica tendría que
hacerles recapacitar en el método. Al final lo que nos importa al Grupo Socialista, y yo creo que sin duda a otros grupos parlamentarios como el proponente, es la eficacia de la aplicación de los avances en estos temas, y pensamos muy sinceramente
que podemos encontrar de forma conjunta mecanismos que nos lleven a mejores conclusiones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría para fijar posición.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Es para mostrar la adhesión de mi grupo parlamentario a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Esquerra y, en su caso, a la transacción, al fruto de la proposición, más la aceptación de la transacción,
solo con dos matizaciones, que por mor de la brevedad las voy a exponer sucintamente.
En primer lugar, en materia de uso de las lenguas cooficiales en la Administración de justicia, es un problema recurrente. Ya está reconocido por la Ley Orgánica del Poder Judicial como mérito el uso de lenguas cooficiales al efecto de la
carrera de la promoción de jueces y magistrados, a efectos de la carrera judicial y a efectos de la movilidad de jueces y magistrados. Nosotros creemos que el reconocimiento como mérito es un reconocimiento jurídicamente insuficiente. Nosotros, en
el ámbito de la Administración de justicia estamos pensando como opción en la de los perfiles lingüísticos. Hay determinadas áreas geográficas, y habría que en el ámbito de la Administración de justicia elaborar un mapa lingüístico también, en
donde la concentración de personas que utilizan lenguas cooficiales es de tal magnitud que sería un requisito para el acceso a la función jurisdiccional el conocimiento de la segunda lengua cooficial. Por lo tanto, el ámbito de los perfiles es una
asignatura pendiente que habrá que incorporar antes o después a los perfiles lingüísticos, porque el requerimiento del mérito además se está manifestando experimentalmente como manifiestamente insuficiente para que los jueces adquieran como uso
normalizado, salvo en Cataluña, por otras razones sociológicas diferentes, el uso de la segunda lengua cooficial o de la lengua cooficial existente allí. En el ámbito de Euskadi es bien manifiesto los pocos jueces que son capaces de ejercer la
función jurisdiccional en euskera, como tienen obligación legal.
En el ámbito de las representaciones en el exterior tampoco carece de dificultades, como efectivamente la portavoz socialista ha dicho. Ya el tratado de Amsterdam, y la versión consolidada a la que provee, del Tratado de Roma el Tratado de
Amsterdam, habla de la representación de órganos no estatales, o que no representan exclusivamente a instituciones estatales, en las instituciones comunitarias, y también del posible uso
de lenguas diferentes a las lenguas oficiales, el uso de lenguas previstas como cooficiales en los ordenamientos jurídicos internos. Avanzar por esta vía parece insuficiente, lo que pasa es que, claro, el consenso al que se ha llegado es un
consenso un tanto deletéreo, genérico, de buenas intenciones. Por lo tanto, estando de acuerdo con el consenso, yo quería hacer estas dos precisiones, porque el consenso se tiene que traducir en algo concreto, y ya digo que en materia sobre todo de
la Administración de justicia, acudir a la superación del sistema de mérito para el acceso para la carrera judicial y buscar un sistema de perfiles es en este momento absolutamente imprescindible en nuestra opinión, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, señoras y señores diputados, mi intervención tiene fundamentalmente un objetivo que es expresar la satisfacción y el apoyo de mi grupo, evidentemente, a esta proposición no de ley, y también
valorar muy positivamente la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista, y también la intervención de su portavoz en cuanto a sus términos y su tono, que no me sorprende conociendo su origen y su forma de ver este país. Voy a hacer puramente un
matiz. Como ha dicho muy bien la portavoz socialista, el 5 de octubre se planteó una proposición no de ley por el grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a la que Convergència i Unió propuso unas enmiendas que fueron
aprobadas. En una de ellas trataba el tema del pasaporte en un sentido más genérico; concretamente se aprobó el añadir un epígrafe que dijera: Reflejar el plurilingüismo en los documentos que emite el Estado y en la información oficial del
Estado, de manera que todos los documentos personales que emite el Estado con carácter oficial correspondientes a personas con residencia en comunidades autónomas con lenguas oficiales diferentes del castellano, sean emitidos también en dicha
lengua. Aquí, entre paréntesis, se decía: Documento nacional de identidad (que ya está operativo), pasaporte (que era la gran novedad porque no estaba operativo y además había unas ciertas actitudes de duda en este tema por parte de algunos
grupos), libro de familia, carné de conducir (que está aprobado pero no está operativo, también me gustaría instar a que estas decisiones que tomamos en estas instancias se ejecuten por razones administrativas), tarjeta de residencia y permiso de
trabajo.
¿Por qué hablo de estos dos elementos que no se han tratado muchas veces? En estos momentos, en Cataluña, y estoy seguro de que en otras comunidades con lengua propia, hay una importante inmigración, y es muy positivo que estas personas
que emigran lo primero que tengan en sus manos oficialmente sea la tarjeta de residencia y el permiso de trabajo; que ellos descubran que en este documento hay este carácter plurilingüe, es un factor determinante para su integración, para su
incorporación al conjunto de la sociedad.
Si esto es un problema, no lo planteo, estoy encantado con la proposición no de ley tal como está, estoy encantado con la enmienda, pero puramente planteo si sería bueno introducir en el punto primero este concepto que ya aprobamos aparte
del pasaporte. Repito, no lo planteo como una necesidad, pero sí que sería bueno que en algún momento nos planteáramos aprobar, digamos, a nivel de Comisión, esto que aprobamos en el Parlamento, donde conste que este conjunto de documentos que el
ciudadano recibe del Estado reciba este carácter plurilingüe. Dicho esto, estaremos encantados de apoyar esta proposición no de ley y la enmienda transaccional que se ha planteado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Tenemos ante nosotros una nueva iniciativa de Esquerra Republicana de Catalunya, que sumada a muchas otras que ha presentado en Pleno, en diferentes comisiones, y abordando varios aspectos, pero siempre bajo
la misma temática de fondo, pretenden hacer calar, a manera de lluvia fina, su postura vinculada a lo que es la realidad plurilingüística del Estado español.
El debate de hoy aquí puede ser reiterativo y, en consecuencia, a nosotros nos sería muy fácil volver a introducir los argumentos por los cuales no contemplamos la conveniencia de aprobar lo que se solicita en la proposición no de ley, pues
por no estar claramente definido en el marco constitucional, por alejarse del camino marcado por las resoluciones de la Unión Europea, por existir foros sectoriales en donde se pueden tratar estas cuestiones con mucha más objetividad, o simplemente
por aquellos argumentos de tipo político que hacen que los grupos que aquí estamos representados seamos diferentes unos de otros. Por tanto, no voy a intentar yo aburrir con las reiteraciones argumentales, además hubo hace muy poco tiempo un debate
en Pleno genérico sobre esta cuestión, al que ya se ha hecho referencia aquí, mi intervención se va a ceñir única y exclusivamente a una visión yo diría de interpretación del Grupo Parlamentario Popular de esta cuestión, y después también sobre una
cuestión ya mucho más objetiva, aplicada en concreto a la aplicación del plurilingüismo en el ámbito del servicio exterior, léase pasaporte, léase sedes diplomáticas.
A mí me ha llamado mucho la atención que en la exposición de motivos de la PNL se haga muchísimo hincapié, yo creo que sale en cada párrafo, la relación existente entre avance democrático y reconocimiento de la realidad plurilingüística.
Cuando hablamos de avance parece que no hayamos conseguido un objetivo final, y en este caso creo que afortunadamente la democracia en España está suficientemente consolidada; esta Cámara y la actividad que se desarrolla en ella son
buena prueba de ello. Nosotros interpretamos también que con esas afirmaciones lo que se pretende es asociar el hecho de calidad democrática al grado de semejanza que tenga el diseño político del país con los principios ideológicos de un
partido concreto; hecho que, evidentemente, de ser así, nos parece muy poco objetivo y muy desaconsejable. Nosotros entendemos que, desde la óptica del grupo proponente, del Grupo Esquerra Republicana de Catalunya, con esa política de lluvia fina
y de interpretación particular del plurilingüismo en todos los niveles y en todos los ámbitos del Estado, se pueda llegar a una situación de monolingüismo en cada territorio con lengua propia como objetivo final y comprensible en lo que es el
posicionamiento ideológico de su partido. Además, es de justicia dejar muy claro que, frente a estas pretensiones, fruto de un posicionamiento político determinado, existe una verdad clara y objetiva derivada del carácter plural de nuestra
sociedad, que admite como válidas muchas otras percepciones de cómo administrar la autonomía de una comunidad y el papel que debe desarrollar cada nacionalidad en el conjunto del Estado.
Sin ir más lejos, todos los intervinientes hoy aquí, a excepción del señor Olabarría, vemos de forma muy diferente el camino a seguir para conseguir la Cataluña que deseamos, y todos somos catalans de socarrel, catalanes de pura cepa. Si
para algunos de ustedes el monolingüismo es una condición sine qua non, para nosotros el bilingüismo es un activo que juega en favor de Cataluña. Por lo tanto, me permitirá que discrepe profundamente sobre la base que sustenta la PNL en la línea
argumental de que a mayor tendencia hacia el monolingüismo, mayor y mejor democracia.
Creo que es un error de principio, y que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, no podemos sostener. No se trata de justificar bajo el paraguas del
plurilingüismo una dinámica política para acabar hablando sólo en una lengua. Nosotros consideramos que el hecho consiste en defender el plurilingüismo como algo que nos enriquece a todos y como algo que además forma parte del ser de algunos, que
tenemos la suerte de utilizar otra lengua distinta al español. Sin embargo, por encima de todo ser trata de administrar bien el carácter plurilingüe con la finalidad de promover, por un lado, el máximo desarrollo de las lenguas cooficiales en sus
respectivos territorios, y mantener a su vez la oficialidad del uso del español en aquellos ámbitos en los que el Estado se muestre en su máxima expresión como tal.
Queda clara, y esa es la razón objetiva a la que yo antes he hecho referencia, la defensa, la necesidad, la conveniencia del derecho a utilizar en las relaciones entre la Administración y los administrados, la lengua cooficial en cada
territorio, mediante muy importantes avances que se han desarrollado en los últimos años y mediante la realidad que hoy representa la posibilidad de la expedición del carné de identidad, de las comunicaciones existentes con la Administración
periférica, en las dos lenguas oficiales. Sin embargo, bajo la misma concepción, también debe quedar claro que el carácter plurilingüe de nuestro Estado conlleva asociado que la lengua oficial para el conjunto del Estado sea el español. Si a esto
le añadimos la circunstancia de que precisamente es en el ámbito de la representación exterior, de los servicios exteriores de un país, donde más nítida debe quedar la presencia del Estado, y de que la normativa y las resoluciones de la Unión
Europea establecen que los pasaportes deben expedirse en las lenguas oficiales de cada uno de ellos, entenderán que no podamos aceptar las propuestas de Esquerra Republicana sobre esta cuestión.
Plantea la proposición no de ley idéntica problemática para la Administración de justicia, sector que ciertamente tiene elementos diferenciadores en relación a lo que he comentado para el servicio exterior, porque es obvio que la
Administración de justicia sí se gestiona desde los ámbitos territoriales. Ya por ello se ha hecho también referencia a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su artículo 213.3 expresa claramente que las partes, los representantes y quienes les
dirijan, así como testigos y peritos podrán utilizar la lengua que también sea oficial en el ámbito de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto las manifestaciones orales como las escritas, contemplando
además otro artículo, el 231.2, la posibilidad de que jueces, magistrados o fiscales puedan hacer uso de la lengua propia. Está ahí, es la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en cualquier caso, como iniciativa legislativa que es, tiene sus caminos
para que quien lo considere oportuno pueda proceder a la revisión y a la modificación que se crea conveniente. Por ello he hablado también con anterioridad de la utilización de los foros competentes.
De todas formas, otra cosa bien diferente, que además es la que se desprende de su iniciativa, y así se ha dejado claro en su posicionamiento y en el de otros intervinientes, es que la utilización de la lengua cooficial en cada territorio
sea no requisito de méritos, sino sea requisito obligatorio para el personal al servicio de la Administración de justicia. En este caso, dada la actual jurisprudencia existente en el Constitucional avalando el hecho de que los funcionarios de la
Administración de justicia tienen el carácter de cuerpos nacionales y atendiendo a preceptos constitucionales de no discriminación, son también perfectamente aplicables los argumentos que antes he expresado para oponernos a tal propuesta.
En definitiva, voto contrario del Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley por consideración a nuestro actual marco jurídico, por convicción en favor de los principios del bilingüismo y por la correcta aplicación del carácter
plurilingüe del Estado español.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación el portavoz de Esquerra Republicana para posicionarse sobre las enmiendas presentadas.
El señor CANET COMA: Alguna pequeña aclaración por alusiones, lógicamente, porque creo que hay grupos que más que tomar posición han tomado muchas posiciones. Intentaré también ser breve, porque he sido superbreve en la introducción.
En primer lugar, aceptamos ya, como he insinuado, la enmienda que presenta el Partido Socialista. En todo caso, matizar a su portavoz que evidentemente a golpe de PNL quizá no se avanza, pero sí que se obliga a veces; ellos lo saben muy
bien porque llevan un tiempo practicándolo desde la oposición, pero claro, al cambiar de situación, se ven las cosas de otro color. Creo que se entiende perfectamente que con estas acciones se procura, y se consigue -y yo creo que la historia
parlamentaria es muy clara- a veces más y a veces menos, avances en la concreción de lo que son los talantes y las declaraciones de intenciones, que siempre suenan muy bien, pero hasta que no se traducen son sólo eso. Por tanto, acepto su
planteamiento político, pero evidentemente desde los grupos que no gobernamos se ve de otra manera, y repito, ellos lo saben bien.
En cuanto al punto tercero, que era el de las embajadas, ya he dicho también de entrada que era un planteamiento de máximos, no está prohibida la exposición de ideales en política, ni en la vida. Sabemos que el problema de medios, la
posibilidad de implementar lo que se apruebe, es difícil, y por eso aceptamos el planteamiento, de marcar seis meses para que sepamos si realmente es posible o no lo que proponemos, o en qué grado es posible. Por tanto, aceptamos el planteamiento
del Partido Socialista de la dificultad de medios y sobre todo que fija un espacio de tiempo para saber a qué atenernos. Nos gustaría aceptar si fuera posible, aunque supongo que la mecánica es complicada y además distorsionaría seguramente el
debate y la votación, los planteamientos del señor Vilajoana; son absolutamente enriquecedores y suscribo absolutamente lo que ha dicho sin añadir nada.
En el ámbito de justicia es evidente que lo que ha dicho el señor Olabarría para nosotros tampoco tiene discusión. Lo entronco con la postura del Partido Popular que ha leído, yo creo que con un subjetivismo absoluto, me ha hecho decir
cosas que no ha dicho este portavoz en esta Comisión, ni tampoco están en la exposición de motivos; se ha referido a planteamientos políticos generales, que no están en los planteamientos de Esquerra Republicana. En todo caso, si alguien tiene
planteamientos monolingües no es precisamente Esquerra Republicana, en todo caso, las defensas del plurilingüismo no van ligadas al monolingüismo como ha dicho el portavoz del Partido Popular.
En fin, en cualquier caso, repito, aceptamos la enmienda que plantea el Partido Socialista, tenemos un plazo de seis meses, estamos de acuerdo con la mayoría de aportaciones que se han hecho; si se pudiesen vehicular, estaríamos muy
contentos y, si no, como es fácil, en otra ocasión será posible y daremos apoyo a lo que ha planteado el señor Vilajoana, por ejemplo. Por tanto, aceptamos en todos los términos la enmienda que ha propuesto el Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Interpreto que las aportaciones del portavoz del Grupo Catalán se hacen con la intención de enriquecer el debate y, en todo caso, tomar iniciativas cara al futuro.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Señor presidente, como ha dicho muy bien el portavoz, podía haber hecho una enmienda, pero no la ha hecho. Si pudiera ser y se acepta por los grupos que apoyan la enmienda socialista, ¿sería posible una enmienda
oral?
La señora LETRADA: Si no se opone ningún portavoz, sí.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Ningún portavoz se opone. Haremos una propuesta concreta. Lamento, portavoz socialista, que se encuentre con otra PNL en esta línea.
- RELATIVA A LA INCORPORACIÓN DE LAS LENGUAS DEL ESTADO EN LAS PÁGINAS WEB DE LOS MINISTERIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000207.)
El señor PRESIDENTE: Si les parece, dejamos esta proposición, que se pasará a votación a las doce menos cuarto en los términos del texto presentado con la enmienda recogida.
Pasamos a la tercera PNL, la relativa a la incorporación de las lenguas del Estado a las páginas web de los ministerios.
Tiene la palabra el proponente, portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.
El señor CANET COMA: Como ya he comentado antes, la argumentación es reiterativa, pero ésta la matizo un poquito más porque tiene más relación, lógicamente, con la propuesta de las páginas web.
Es evidente que son cinco factores que nos han llevado, como ya se demuestra en la exposición de motivos, a plantear esta necesidad. De una parte, algo indiscutible, que es que la sociedad del conocimiento es una realidad cada vez más
tangible, las nuevas tecnologías son elementos básicos de adquisición y transmisión de conocimientos. En segundo lugar, que esta situación no afecta solamente a los más jóvenes, aunque lo vivan desde más tempranas edades, sino que todos los
segmentos sociales cada vez tienen mayor porcentaje de población que utiliza alguna de las variantes de las nuevas tecnologías. También es evidente que hay cada vez más deseos de participación ciudadana y de implicarse en los procesos de toma de
decisión, y que uno de los medios para informarse son las páginas web de los ministerios. Quizá todavía no esté mucha gente acostumbrada, pero poco a poco sí que se va haciendo. El cuarto factor, también aludido antes, es la realidad
plurilingüe del Estado plurinacional y cultural, entendida como un valor y una riqueza a proteger y fomentar. El quinto elemento, aunque parezca una respuesta a una intervención anterior no lo es porque figura ya en la exposición de motivos, es
reconocer la capacidad del Estado de aplicar ese carácter plurilingüístico. Estamos convencidos de que sí que aumenta la calidad democrática; no la hemos ligado a otros planteamientos, pero a éste sí, pues es evidente que reconocer y aplicar esa
realidad plurilingüe y plurinacional y pluricultural aceptada mayoritariamente, al menos en la Cámara seguro, es un avance en la calidad democrática; simplemente esto, un avance, no es una condición, es un avance. Un último factor es el
acercamiento de la Administración a los administrados, y por tanto la posibilidad de que un administrado pueda consultar las informaciones que emanan de los diferentes ministerios en la lengua que le sea habitual es un avance.
Hemos presentado esta proposición no de ley con la esperanza de encontrar apoyos. Cuando se hayan presentado las enmiendas, explicaremos nuestra posición respecto de ellas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la lectura de las enmiendas presentadas.
La señora LETRADA: Grupo Popular. Enmienda de modificación donde dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a traducir las páginas web, castellano, catalán, gallego y vasco, debe decir, El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a traducir en el plazo máximo de tres meses todas las páginas web de todos los ministerios a todas las lenguas cooficiales del Estado.
Grupo Socialista. Enmienda de sustitución: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar adecuando las páginas web de la Administración General del Estado y organismos dependientes para ofrecer la información en las lenguas
que sean oficiales en el Estado, además del castellano.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, para la defensa de su enmienda tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular.
La señora NADAL I AYMERICH: En aras a la brevedad, el Grupo Popular hará conjuntamente la defensa de la enmienda y la fijación de posición de este grupo respecto a la proposición no de ley a debate.
Como se puede ver del contenido de la enmienda presentada por nuestro grupo parlamentario, compartimos plenamente el objetivo de dotar de esa mayor información las páginas web, la información que se brinda a los ciudadanos a través de las
páginas de todos los ministerios del Gobierno de la nación. Por ello, consideramos no sólo que se debe realizar un esfuerzo para traducirlas, para que estén disponibles en todas las lenguas cooficiales del Estado, sino que además introducimos una
mayor concreción porque, la proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana está dotada de una cierta vaporosidad, de una cierta ambigüedad, porque no hay un mandato político temporal al Gobierno para la realización de esta traducción. Creo
además que es una acotación temporal que podría ser perfectamente asumible por el Ejecutivo porque si SS.SS. se toman la molestia de entrar en la página la-moncloa.es, verán ustedes que hay distintos departamentos ministeriales que ya tienen
traducida a las lenguas cooficiales gran parte de su información. Lo tiene Hacienda, lo tiene Agricultura, lo tiene Administraciones Públicas, Sanidad, Medio Ambiente, Presidencia sólo en aquello que hace relación a la Constitución Europea; en el
Ministerio del Interior encontramos páginas en inglés, páginas en lengua alemana, pero no encontramos ninguna en las lenguas cooficiales. Por lo tanto, creemos que esta acotación temporal permitiría una mayor concreción respecto a ese mandato
político que emana de esta Cámara para el Ejecutivo.
No podemos estar más de acuerdo en ese sentido y en algunas cuestiones que se plantean en la exposición de motivos. Sin duda, a partir de los años noventa es cuando se ha producido una gran extensión del acceso de los ciudadanos a la
información, gracias a eso que se denomina nueva sociedad de la información, nuevas tecnologías. Es indudable, señorías, que han caído barreras en la circulación de personas, de mercaderías, de capitales, que han caído especialmente barreras en la
circulación de ideas, de las diferentes culturas, existe la posibilidad de acceder a información en las distintas lenguas. Ese proceso de interpenetración cultural, ese proceso de divulgación de ideas, de pensamiento y de información es un factor
generador de nuevas oportunidades y que facilita la participación de los ciudadanos en los procesos de toma de decisión que se producen en todos los ámbitos.
No puedo dejar de hacer dos menciones respecto a lo que se contiene en la exposición de motivos de la proposición no de ley, que es la parte expositiva de esta proposición no de ley. No puedo estar más de acuerdo con S.S. cuando reconoce
en la exposición de motivos el carácter positivo que ha tenido el proceso vivido por nuestro país en los últimos 25 años.
Por cierto, un tercio de este tiempo, gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos, pero con un Gobierno del Partido Popular.
Por eso me parece especialmente positivo que haya este reconocimiento de un grupo como Esquerra Republicana de una realidad que se ha producido en nuestro país en este último cuarto de siglo. Tampoco puedo dejar de mencionar algo que, como se ha
dicho anteriormente por el excelentísimo señor Francisco Ricomá, planea sobre la proposición no de ley: una cierta vinculación
ideológica a la dotación de mayor músculo democrático, a la actuación de esta Cámara y de las diferentes instituciones del Estado. Como se decía antes -si me permite, yo lo formularé de otra manera-, en este país tenemos la suerte, la gran
suerte de, además de poder disfrutar algunos ciudadanos de más de una lengua, ser ciudadanos libres y tener posiciones distintas sobre materias diferentes. Por lo tanto, vincular una sola visión de estas materias a una determinada ideología,
creemos sinceramente que no ayuda, que no favorece, que no mejora justamente la línea en la cual queremos trabajar, en la que sin duda quiere trabajar el Partido Popular, que es, como digo, un mayor reconocimiento de esta cualidad, de ese carácter
plural que tiene la nación española.
Esta enmienda, señoras y señores diputados, no sólo se encuadra en el marco del artículo 3 de la Constitución Española, que les ahorraré, porque ustedes conocen perfectamente, respecto al reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas por
parte de las comunidades autónomas, sino del gran acierto que representa en su apartado segundo el mandato de proteger, de respetar, de impulsar esa riqueza, ese patrimonio lingüístico. Se encuadra también en una proposición no de ley que fue
objeto de transacción entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular muy recientemente en la Comisión Constitucional, concretamente el día 29 de septiembre, que se manifestaba en el siguiente sentido. Se lo leeré a SS.SS. porque yo creo que éste es
el marco en el que se debería encuadrar este tipo de disposiciones, pues estamos en una cámara legislativa, estamos en una cámara política, no estamos en un ámbito académico, en un ámbito científico, y por lo tanto yo creo que es un detalle, si me
permiten SS.SS. importante, que los mandatos políticos que emanen de esta Cámara sean mandatos políticos que cumplan la ley. Si me permiten leeré este apartado segundo de la proposición aprobada recientemente en la Comisión Constitucional: El
Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo decidido a la defensa y el desarrollo de todas las lenguas que tienen carácter oficial en las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos estatutos de autonomía, y rechaza todas aquellas
actuaciones que supongan un impedimento injustificado de su uso y reconocimiento social por contrarias al pluralismo lingüístico que la Constitución garantiza.
Este es el sentido, señorías, de la enmienda presentada por el Grupo Popular, con la voluntad de conseguir en un plazo muy breve la traducción en todas las páginas web de todos los ministerios. Creemos que enriquece la enmienda del Partido
Socialista la propuesta de que se extienda a los demás organismos dependientes de los ministerios esta traducción en el plazo máximo de tres meses.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación el Grupo Socialista para la defensa de su enmienda, y si es posible también para fijar posición en relación a la PNL.
El señor CORCUERA PLAZA: Intentaremos hacer las dos cosas. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Esquerra Republicana de Catalunya, al entender que la redacción no se ajusta con
precisión a la realidad jurídica existente.
Señorías, el debate que nos ocupa, tal como ya se ha dicho reiteradamente en esta Comisión, no es en absoluto nuevo. Abordamos una vez más el principio de la pluralidad de España, reconocido como saben en nuestra Constitución, que de nuevo
hoy vuelve a traducirse en la cuestión del pluralismo lingüístico en las actuaciones del Estado. Obviamente, mi grupo comparte la opinión respecto a que la legítima pluralidad lingüística en España debe tener su reflejo en las instituciones y
actuaciones que lleve a cabo el Estado, y la presencia en internet evidentemente es una actuación que por su importancia no puede dejarse de lado.
Tanto el propio presidente Zapatero como el resto de miembros del Gobierno han defendido esta opinión en numerosas ocasiones, lo que supone un importantísimo vuelco respecto a los pasados gobiernos del Partido Popular.
Por primera vez en muchos años, el Gobierno del Estado empieza a recuperar el reconocimiento de la pluralidad lingüística como una riqueza del Estado. Sin duda compartimos que, en las comunidades autónomas en las que rige un régimen de
cooficialidad lingüística, los ciudadanos tienen derecho a usar, de acuerdo con su libre elección, cualquiera de las lenguas oficiales en todos los ámbitos y tipos de relación; también para obtener información en internet y en los espacios web de
las diferentes administraciones del Estado. Somos también conscientes de que el modelo de Estado plurinacional aún no está acabado, que aún hay aspectos en los que hay que avanzar, pero que poco a poco se están introduciendo modificaciones
importantes, impensables en etapas anteriores. La tarea no es sencilla y para su buen fin es necesario un alto grado de consenso y de diálogo. Estarán de acuerdo conmigo en que la construcción de la España plural ha de cimentarse sobre el diálogo
y el reconocimiento mutuo de la diversidad. Diálogo para que cada paso andado sea real y no pueda llevar nunca una vuelta atrás; en suma, diálogo y tolerancia mutua, a la que tantas veces hemos aludido quienes hablamos otras lenguas cooficiales
del Estado.
La apuesta de mi grupo es avanzar en la construcción de la pluralidad de España sin buscar la polémica y el enfrentamiento. La unidad de la lengua es un tema que no cuestionamos, la unidad lingüística es un tema que no debe ser debatido en
sede parlamentaria, sino que su solución ha de venir del mundo académico. Les decía que no estamos ante un debate nuevo, ya que son numerosos los antecedentes parlamentarios que han tenido por objeto la pluralidad lingüística del Estado
español, incluso en lo que respecta a su tratamiento en la red. Me gustaría recordarles la moción aprobada por el Pleno del Senado el 25 de mayo del 2004, en la que, entre otros extremos, se instaba al Gobierno (y cito textualmente) a
incorporar las lenguas cooficiales en las páginas web de la Administración Central del Estado consultables por internet.
Esta moción contó con el apoyo expreso de todos los grupos de la Cámara, con la excepción, como era de esperar también, del
Grupo Popular. Más próxima aún en el tiempo está la proposición no de ley aprobada en el Pleno del Congreso del 5 de octubre del 2004, relativa al pluralismo lingüístico. No hay que olvidar tampoco intervenciones como la respuesta del ministro de
Administraciones Públicas a la pregunta de un senador socialista en el Pleno de la Cámara Alta del pasado 6 de octubre de este mismo año, en la que dio cuenta del Plan de Modernización Tecnológica de la Administración pública 2004-2007, que prevé
avances importantes en la materia.
No partimos pues de cero en cuanto al trabajo realizado por este Gobierno en la adecuación de los espacios web a la pluralidad lingüística del Estado. Se está realizando un importante esfuerzo para extender el uso de las lenguas cooficiales
en las relaciones con los ciudadanos, con su progresiva introducción en las web, entre otros, de los ministerios de Administraciones Públicas, de Agricultura, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente, de la Secretaría de Estado de Hacienda y
Presupuestos, o el portal del ciudadano, que, como ustedes saben, es la página más emblemática de la Administración General del Estado. Y sin duda el Gobierno continuará impulsando al máximo nivel posible la traducción de las páginas web de la
Administración General del Estado, tal como ya se ha afirmado.
En definitiva, nosotros hemos presentado una enmienda que, compartiendo el objetivo del grupo proponte, quiere aportar una redacción más ajustada a la realidad jurídica de la pluralidad lingüística de España, en la línea de los antecedentes
parlamentarios ya mencionados; reconoce también el importante esfuerzo que se está ya realizando por la Administración General del Estado. Esta es la posición del Grupo Socialista. Entendemos que es una propuesta en positivo que requiere el apoyo
y la consideración del grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún grupo que quiera fijar posición? Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Un poco dolido por la intervención anterior del portavoz del Grupo Popular, que no me ha considerado catalán de pura cepa. Lo siento, aunque, siendo de Bilbao, sería cuestión discutible en todo caso en otra
Comisión.
Ateniéndonos a la cuestión que aquí nos convoca, señor presidente, quiero comentar que en el requerimiento y la petición, el pedimento, en la PNL de Esquerra, y también en las enmiendas, que no son tan divergentes como pudiera parecer en una
lectura espiritualista de las mismas, estamos cumpliendo un requerimiento constitucional, el señalado por el artículo 3.2 de la Constitución, y ya va siendo hora de que en este ámbito tecnológico también los requerimientos constitucionales vayan
penetrando, que tampoco es tan difícil técnicamente. Desde esa perspectiva, se ha suscitado en paralelo otro debate que a nosotros nos parece más preocupante, de más calado político. Lo que vamos a comentar no es una cuestión informática o
telemática, sino hasta qué punto la profundización en el plurilingüismo, en el ámbito plurilingüe del Estado español, es un elemento de avance en la calidad democrática del Estado o no.
Cuando se inició la transición democrática, señor presidente, tras la muerte del viejo dictador, la desaparición del régimen previgente -vamos a usar esta perífrasis metajurídica-, la lengua vasca estaba en trance de desaparición. La
recuperación de la lengua vasca ha sido un milagro, desde una perspectiva de análisis lingüístico en este momento. Digo que es un milagro la recuperación que se ha logrado; tampoco es que sea una situación de plenitud en este momento la
ostentación en el uso de la lengua vasca, sobre todo en los ámbitos urbanos. Nosotros no vamos a practicar el reduccionismo absurdo de vincular el principio democrático a la regeneración lingüística, a la recuperación lingüística, o al mero hecho
lingüístico, el principio democrático tiene múltiples variantes, de las cuales ni siquiera sería la más relevante. Pero un Estado que tras cuarenta años de régimen fascista sufrió lo que tuvo que sufrir en el ámbito del mantenimiento de
determinadas lenguas, algunas, y me estoy refiriendo a algunas, otras pudieron resistir mejor, por circunstancias diversas, en un Estado de estas características la regeneración lingüística está íncitamente vinculada a la regeneración democrática.
Y yo quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' esta reflexión de mi grupo parlamentario, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Catalán de Convergència i Unió.
El señor VILAJOANA ROVIRA: Yo también creo que estamos aprobando, porque creo que se va a aprobar, como se aprobó en el Pleno del día 5 de octubre, elementos que en el fondo perfeccionan nuestro sistema democrático. Yo estoy de acuerdo
ahora con las palabras que decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco; el artículo 3.2 de la Constitución obliga a lo que estamos haciendo ahora, pero obligaba hace 25 años, y en estos 25 años hemos avanzado, y lo que estamos haciendo es
intentar acelerar este avance.
Hay un tema también importante respecto a la anterior intervención del compañero del Grupo Popular. Yo creo que, en su exposición, lo que plantea, un poco lo que intentamos resolver y en lo que estamos disconformes, es que lo que marca el
artículo 3.2 de la Constitución
es que el Estado se reconoce como plurilingüe. Luego están las comunidades autónomas, Cataluña, por ejemplo, es una comunidad bilingüe. Pero el Estado es plurilingüe. Y hasta ahora lo que ocurría es que, cuando hablabas con el Estado, era
un Estado monolingüe, porque sólo te hablaba en una lengua. Este es el gran cambio. Lo que estamos pretendiendo es que el Estado a los ciudadanos de este Estado les hable en la lengua que escoja el ciudadano, como un derecho inalienable del
ciudadano, que es hablar en la lengua que le sea propia a este ciudadano. Repito que el gran cambio que estamos intentando introducir es que el Estado asuma su carácter plurilingüe como Estado y que cuando el Estado hable en el interior o en el
exterior hable plurilingüísticamente. Esto es el gran cambio, que no tiene nada que ver con el monolingüismo que usted plantea respecto a la comunidad de la cual usted es. Nosotros lo que planteamos es básicamente este hecho, que el Estado asuma
que todas las lenguas del Estado son propias de este Estado. Y, a esto se refiere lo que hemos aprobado en la anterior PNL sobre el pasaporte y lo que estamos aprobando ahora sobre las web, porque las web comunican con el mundo y es bueno que el
Estado español se comunique con el mundo en todas las lenguas que forman parte del Estado. Y aquí es donde veo el elemento positivo y la dirección en la que tenemos que avanzar.
En la enmienda del Grupo Popular, sobre la que no sé qué hará mi compañero de Esquerra, pero que yo no votaría, se introduce, el tema de la unidad de la lengua. Entiendo que es un error hablar de la unidad lingüística del catalán en este
Parlamento, porque, repito, no es un elemento político, es un elemento absolutamente académico, filológico y lingüístico; en la unidad de la lengua es un error plantear discusiones.
En cualquier caso, Convergència i Unió apoyará claramente esta
PNL.
El señor PRESIDENTE: El señor portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra para fijar posición sobre las enmiendas presentadas a su proposición no de ley.
El señor CANET COMA: En cuanto a la enmienda del Grupo Popular, no voy a entrar ahora en valoraciones sobre las lecturas que hacen de la exposición de motivos; sinceramente les invito a que la vuelvan a leer sin apriorismos. Creo que lo
que han dicho que ven no se dice, ni siquiera era nuestra intención. Y les agradecería, que no entraran en lecturas subjetivas y que no acusen a los demás de subjetivismo.
Dejémoslo ahí.
De la enmienda del Grupo Popular nos gustaría aceptar, y de hecho lo encontramos perfectamente acertado, el mandato temporal, los tres meses nos parecen una opción muy válida, y estamos decididos a aceptar la enmienda. Pero nuestra
proposición no de ley es obvio que también plantea una cuestión que no es una discusión jurídica, porque la comunidad científica ha dejado muy claro la unidad de la lengua. Nosotros no podemos eliminar la mención de las lenguas del texto de la
proposición no de ley. En todo caso, en aras del consenso, y como ya en alguna otra ocasión se ha planteado, aceptaríamos el catalán/valenciano o valenciano/catalán, así quedaría todo contemplado. Y aceptamos, insisto, el mandato temporal de los
tres meses que el Grupo Popular incorpora en su enmienda, en caso de que sea posible, mantener todas las lenguas con esta denominación, que me parece que es una solución que evita un debate jurídico o científico en esta Cámara.
Y en cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, la segunda parte de la reflexión es válida para ella. Evidentemente nos parece más acertada la propuesta del Grupo Popular de un mandato de tres meses y por ello la aceptaríamos, si mantiene,
de nuestra proposición no de ley, la mención a las lenguas con el añadido que he propuesto. En cualquier caso, valoramos las intervenciones en positivo del Grupo Popular y del Grupo Socialista, porque todos buscamos que las páginas web de los
ministerios sean consultables por todos los ciudadanos en la lengua que deseen.
El señor PRESIDENTE: A ver si nos aclaramos. A la enmienda del Grupo Popular hace una propuesta transaccional, que tendrían que aceptar ellos, con relación al plazo de tres meses y al catalán/valenciano. Y luego hablamos de la otra,
porque no me ha quedado claro.
La portavoz del Grupo Popular tiene la palabra.
La señora NADAL I AYMERICH: Voy a pronunciarme sobre la propuesta que nos hace el Grupo Esquerra Republicana. Lo que plantea el Grupo Popular en nuestra enmienda es una cosa tan fácil, tan práctica y tan sencilla como cumplir la ley, que
todos los ministerios publiquen en todas las lenguas oficiales. No estamos abriendo ningún debate académico o científico, que no corresponde a esta Cámara, correspondería a los ámbitos académicos, a los ámbitos científicos. Ha habido además
sentencias del Tribunal Constitucional que se han pronunciado a este respecto. Estamos en un ámbito legislativo y yo creo que el legislador, en sus mandatos políticos al Gobierno, lo que tiene que hacer es cumplir la ley. Por lo tanto, pediríamos
al Grupo Esquerra Republicana que aceptara una cosa tan sencilla como el cumplimiento de una ley, que es el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma Valenciana, simplemente esto. No conozco bien la mecánica de funcionamiento, señor
presidente, soy nueva en esta casa, pero en cualquier caso el Grupo Popular, si no fuera aceptada en los términos en que se ha presentado su enmienda, la retiraría.
El señor PRESIDENTE: Interpreto que no se acepta la transaccional. Por lo tanto, retirarían ustedes la enmienda. De acuerdo.
Con relación a la enmienda del Grupo Socialista, ¿se puede volver a pronunciar el señor portavoz de Esquerra Republicana?
El señor CANET COMA: Yo también soy nuevo en la Cámara y las cuestiones de procedimiento ya admito que las puedo plantear con incorrecciones o insuficiencias. En cualquier caso, hago la misma reflexión que le hacía a la portavoz del Grupo
Popular, que hablaba de la urgencia temporal, que siempre es positivo. En lo de concretar la acción del Gobierno, ya que no es posible, lo lamento. Sobre la enmienda del Grupo Socialista, que no contiene concreción temporal pero que mantiene el
espíritu de la traducción de las páginas web, si ellos aceptan la misma transacción que propongo, es decir, la redacción que mantenemos, pero con el catalán / valenciano, estaría dispuesto a aceptarla, aunque concreta menos en el tiempo, porque en
realidad no concreta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, el portavoz del Grupo Socialista, para posicionarse con relación a esta proposición.
El señor CORCUERA PLAZA: Mi grupo no acepta esta enmienda transaccional, porque consideramos que, tal como se ha expuesto, debemos seguir en la línea de las resoluciones aprobadas. Lo lamentamos, pero no la aceptamos, no es el momento.
El señor PRESIDENTE: Votaremos esta proposición no de ley en los términos presentados por el portavoz de Esquerra Republicana, evidentemente.
El señor CANET COMA: No sé si es posible que se vote en los términos en que he estado proponiendo a los dos grupos enmendantes. (Rumores.) En todo caso, quede claro que el espíritu -al menos eso no se podrá evitar- es de
catalán/valenciano, como ya he manifestado.
El señor PRESIDENTE: Repito que votaremos esta proposición no de ley en los términos presentados.
La señora LETRADA: Exacto, señor presidente. Votaremos la proposición presentada por Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente.
Señorías, han cumplido con bastante rigor, cosa que agradezco, los tiempos que habíamos previsto. Vamos a proceder a la votación de las tres proposiciones no de ley. Las leeremos una a una en los términos que hemos ido acordando y
procederemos a la votación. Empezamos por la relativa a la adecuación de la denominación de las provincias marítimas de Galicia a la legalidad vigente en materia de toponimia.
La señora LETRADA: Se votaría en estos términos: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la denominación de las provincias y capitanías marítimas de tal modo que se adecue a lo establecido por la legislación vigente en
materia de toponimia'.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
La segunda proposición no de ley debatida, que es la tercera en el orden del día, es la relativa a la normalización de la lengua catalana en el ámbito de la justicia, de las embajadas del Estado español y en el pasaporte y se votaría en los
siguientes términos.
La señora LETRADA: En los términos de la enmienda del Grupo Socialista literalmente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 23; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
La siguiente proposición no de ley es la relativa a la incorporación de las lenguas del Estado en las páginas web de los ministerios, que se votaría en los siguientes términos.
La señora LETRADA: En los términos de la proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, cinco; en contra, 15; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: No ha sido aprobada. Señorías, a las 12 está convocado el compareciente, el secretario general para la Administración Pública. Vamos a esperar unos minutos. Yo pretendía, al final, que los portavoces y Mesa nos
viésemos unos minutos para fijar el orden de la sesión de la Comisión del próximo día 3 de noviembre. Lo veríamos al final. (Rumores.) También cabría la opción de hacerlo ahora. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (VELÁZQUEZ LÓPEZ), PARA INFORMAR SOBRE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA VIII LEGISLATURA. (Número de expediente 212/000068.)
El señor PRESIDENTE: Reiniciamos la sesión de la Comisión de Administraciones Públicas, como estaba previsto en el orden del día, con la comparecencia del secretario general para la Administración Pública, al que agradecemos su presencia y
le damos la palabra con la intención, como hemos hecho a lo largo de la
mañana, de, sin dejar nada en el tintero, ser lo más ágiles posible, porque el trabajo arrecia.
Señor secretario general, muchas gracias por su presencia, tiene usted la palabra para expresar los objetivos de la Secretaría General para esta VIII Legislatura.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Voy a intentar ser breve, tal como me pide la Presidencia, pero en todo caso, como se trata de la primera comparecencia sobre política general, tendré que
extenderme en la mayoría de los asuntos que son competencia de esta secretaría general.
En primer lugar me gustaría manifestar el honor que supone para mí comparecer por primera vez ante esta Comisión para dar cuenta de las actuaciones que se llevarán a cabo desde la Secretaría General para la Administración Pública a lo largo
de la presente legislatura. Comenzaré con una breve introducción, para desarrollar a continuación los principales objetivos que nos hemos planteado para los próximos años, detallando posteriormente las acciones que darán cumplimiento a esos
objetivos. Al final de mi exposición aclararé las cuestiones que, si SS.SS. lo desean, me planteen.
Las administraciones públicas son instrumentos al servicio de los ciudadanos y para que ese servicio sea el que éstos demandan, es decir, un servicio de calidad, ágil, eficaz y eficiente, llevado a cabo de manera transparente y responsable,
las administraciones públicas han de recobrar, entendemos nosotros, el protagonismo que merecen de acuerdo con unos nuevos parámetros de actuación. El ciudadano se presenta ante nuestras organizaciones como un sujeto activo y no ya como un mero
administrado pasivo. No se trata, como ya anticipó el señor ministro de Administraciones Públicas en esta Comisión parlamentaria, de incrementar la dimensión del Estado, sino de revisar las estructuras administrativas, su configuración y régimen
jurídico y sus procedimientos de actuación, para detectar las disfuncionalidades y rigideces que pueden llegar a lastrar el importantísimo cometido que llevan a cabo las administraciones públicas, en particular servir al ciudadano. Cualquier
reforma que se introduzca va a contar con un profundo análisis previo, en el que participarán todos los agentes implicados, la búsqueda del consenso será una premisa fundamental. Las acciones que se adopten irán encaminadas a la búsqueda de la
incorporación de una nueva cultura de gestión de los servicios públicos, el tradicional paradigma burocrático ha de sustituirse plenamente por una cultura dirigida a los objetivos, caracterizada por una redefinición del tipo de responsabilidad
exigible a los empleados públicos más directa en cualquier caso y en la línea de los principios inspiradores de la gobernanza, entendiendo ésta como el modo de gestión característico de nuestra era, para la que los principios de la apertura y la
transparencia, de la participación, de la responsabilidad, de la eficacia y de la coherencia, son vectores fundamentales.
La nueva cultura, que deberá ser asumida tanto por los directivos como por el resto de los empleado públicos, perseguirá alcanzar en todo caso una Administración más abierta y cercana al ciudadano, de modo que se intensifique la confianza
hacia las instituciones públicas. Y todo ello siendo conscientes de que nos encontramos ante un marco social, político y económico complejo, en el que la reducción de costes está muy presente a la hora de la adquisición de las políticas públicas.
Sin embargo, es conveniente percibir ya desde esta etapa inicial las dificultades que pueden surgir a nuestro paso, pues de ese modo podremos prever las soluciones y afrontar con decisión los ambiciosos objetivos que vamos a acometer.
Principales objetivos. La Secretaría General para la Administración Pública se ha marcado una serie de objetivos que persiguen mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos, por una paralela dignificación de la trascendental labor
desempeñada por los empleados públicos. Los objetivos pueden sistematizarse en los tres siguientes. Primero, cambio en el modelo de prestación de los servicios públicos. Se trata de conseguir unos servicios públicos de calidad, en cuyo diseño y
evaluación participen activamente los ciudadanos, para lo cual se implementarán una serie de acciones, que expondré con detalle más adelante, entre las que cabe destacar la creación de agencias públicas como organizaciones que permitan profundizar
en una cultura de gestión apoyada en el cumplimiento de objetivos claros y medibles, orientada a la mejora en la prestación de los servicios, de donde se deriven ventajas tanto para los usuarios directos como para los contribuyentes. Evaluación de
la calidad de los servicios y políticas públicas, a lo que contribuirá la futura agencia estatal de evaluación de la calidad de los servicios y de las políticas públicas. Mejora en la gestión de los recursos humanos, donde cobrará una gran
importancia la informatización integral de la gestión. Adopción de medidas consensuadas con los diferentes agentes implicados. En este punto hay que destacar la negociación y el desarrollo de acuerdos con los sindicatos, impulsados recientemente
con la constitución de la Mesa del diálogo social en el ámbito de las administraciones públicas y con el acuerdo Administración-sindicatos en materia retributiva, así como la potenciación de la Conferencia sectorial de Administraciones Públicas,
órgano fundamental para alcanzar posiciones comunes en materia de Administración pública entre Estado y comunidades autónomas. La ampliación y mejora del mutualismo administrativo es otra medida para la mejora de la prestación de los servicios
públicos.
Segundo, establecimiento de un régimen jurídico del empleado público acorde a las nuevas necesidades y demandas sociales. Dentro de este segundo gran objetivo se enmarcan las siguientes medidas: el estatuto del empleado público será el
texto legislativo que dé respuesta a esas necesidades y que a la vez las articule con las que presentan los empleados públicos y con las propias
exigencias organizativas de las administraciones. El estatuto debe asegurar la cualificación, la motivación y la responsabilidad de los empleados, ha de ser una norma consensuada por todos, cuya aprobación se prevé en esta legislatura. La
selección y formación de los empleados públicos será uno de los aspectos principales que contemple el estatuto, de tal manera que los procesos selectivos sean más ágiles, respetando en todo caso los principios constitucionales de mérito y capacidad,
igualdad en el acceso y publicidad de las convocatorias. Se hará un especial esfuerzo en el fomento del acceso al empleo público de las personas con discapacidad, para lo cual se dictará una norma reglamentaria especialmente dirigida a este
colectivo. La mejora de la formación del empleado público será otro factor esencial, tanto para la adecuada prestación de los servicios como para la promoción profesional del propio empleado público.
Tercer objetivo: modernización tecnológica de la Administración pública.
Este tercer objetivo pretende mejorar la información a los ciudadanos, incrementar su participación en la definición de las políticas públicas y facilitar los
trámites administrativos. La modernización tecnológica se plasmará en medidas como las que se señalan a continuación: intercambio electrónico de datos entre administraciones; acceso informático a determinados servicios públicos mediante
autenticación electrónica -en este punto será fundamental el DNI electrónico-, simplificación y reingeniería de procesos administrativos; mejora de la red de atención e información al ciudadano; mayor coordinación de la red informática del Estado.
Voy a hablar ahora de las acciones a desarrollar. Para dar cumplimiento a los objetivos que acabo de señalar, la secretaría general que dirijo va a desarrollar, y en algunos casos está desarrollando ya, tal y como informaré a continuación a
SS.SS., una serie de medidas concretas que permitan poner en práctica esa Administración pública ágil, transparente, eficaz y cercana a los ciudadanos que pretendemos.
Primera acción, dentro del primer objetivo que comentaba, el de cambio de modelo en la prestación del servicio público, me gustaría exponer las siguientes medidas: La creación de agencias públicas. Se trata de dotarnos de estructuras
organizativas que, a diferencia de la práctica totalidad de unidades administrativas actuales, permitan desarrollar una cultura de gestión basada en el cumplimiento de objetivos claros y medibles, orientada a la mejora de la prestación de los
servicios y de la que se deriven ventajas para los usuarios y contribuyentes. Las agencias tendrán un alto nivel de autonomía de funcionamiento, así como una elevada capacidad de decisión sobre los recursos que manejen, de tal manera que se les
pueda exigir una responsabilidad objetiva sobre el cumplimiento de los objetivos asignados. En su actuación responderán a la modalidad de contratos de gestión por objetivos, que serán fijados por el departamento ministerial del que dependa cada
agencia. En consecuencia, serán un instrumento de refuerzo de la responsabilización por objetivos en la Administración pública. En las agencias se llevará a cabo una evaluación continua de los resultados de su gestión, de modo que se puedan
modificar sus sistemas de funcionamiento e incluso reorientar sus objetivos de acuerdo con los resultados obtenidos y en función de las demandas ciudadanas. Asimismo, y dependiendo del servicio público concreto al que dirijan su actividad, servirán
para aumentar la cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas y corporaciones locales; éstas podrán participar de forma voluntaria en las agencias, vertebrando así eficazmente la
prestación de los llamados 'servicios multiadministración', lo que permitirá al ciudadano visualizar una sola organización. Hemos de evitar que el usuario se encuentre ante una multiplicidad de organizaciones prestando servicios reiterativos, muy
pocas veces complementarios. Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 21 de septiembre, la orden por la que se constituye la Comisión para el estudio y preparación de la ley de agencias públicas, de tal manera que a
comienzos del próximo año contemos ya con un primer anteproyecto que permita englobar la diversidad de agencias a constituir y las administraciones que participarán en las mismas.
Evaluación de la calidad de los servicios y políticas públicas.- Siguiendo con la línea argumental expuesta anteriormente, estamos firmemente comprometidos a lograr una gestión administrativa orientada a los resultados, de tal manera que los
servicios, programas y políticas públicas sean analizados y evaluados, utilizando la información resultante para mejorar la calidad de los bienes y prestaciones públicas que reciben los ciudadanos. La actuación administrativa ha de perseguir una
mayor racionalidad en el uso de los recursos públicos, evitando las ineficiencias y la posible pérdida de credibilidad del sistema.
Considerando estos objetivos se están ultimando los estudios para la creación de la agencia estatal de evaluación de
la calidad de los servicios y de las políticas públicas. El grupo de expertos que se constituyó en virtud de la orden de 19 de mayo va a presentar sus conclusiones al ministro de Administraciones Públicas precisamente la semana que viene. Sin
perjuicio de esperar a conocer las conclusiones de los expertos, la agencia procederá a desarrollar auditorías sobre los servicios públicos, permitiendo que los ciudadanos participen activamente en la evaluación de los resultados. Otro de los
objetivos de la Agencia será la generalización en las distintas organizaciones públicas de las cartas de servicios, en las que se recojan los compromisos de calidad de cada organización con respecto a los servicios que presta. Asimismo se persigue
reforzar y rediseñar la función de inspección de los servicios.
Todo ello tomando como referencia las experiencias que ya se han desarrollado en países de nuestro entorno y que se vienen reforzando en recomendaciones
de organizaciones internacionales, como la Unión Europea y la OCDE.
Mejora en la gestión de los recursos humanos. Sin duda, el grado de calidad del servicio público que se presta tiene mucho que ver con el modo en que se gestionan los recursos humanos encargados de la prestación del mismo. Sin entrar en
este momento a tratar las modificaciones normativas previstas, que expondré más adelante, sí debo apuntar que se intensificarán los esfuerzos para alcanzar una informatización integral de la gestión de los recursos humanos. Paralelamente, el marco
normativo que se está diseñando permitirá simplificar los complejos procedimientos de gestión existentes en la actualidad.
Impulso del diálogo social. La comunicación continua con los representantes de los empleados públicos es una premisa fundamental en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas público. Teniendo en cuenta lo ambicioso de las medidas
que vamos a desarrollar en esta legislatura en materia de Administración pública, la opinión y el acuerdo sindical serán aún más necesarios. Además de los ámbitos de negociación ya existentes, por ejemplo, el desarrollo del acuerdo de la prórroga
del convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado, se ha constituido el 21 de septiembre la Mesa del diálogo social en el ámbito de las administraciones públicas, de forma que se hagan efectivos para el sector
público los objetivos establecidos en la Declaración para el diálogo social 2004, publicada el pasado 8 de julio por el presidente del Gobierno, sindicato y asociaciones empresariales.
Este foro de encuentro y debate incluye todos aquellos aspectos
susceptibles de enmarcase dentro de las dos grandes áreas de actuación apuntadas en la citada declaración; por una parte, medidas dirigidas al reforzamiento de los derechos de participación y negociación colectiva en las administraciones públicas
y, por otra, actuaciones que ayuden a la dignificación y profesionalización de la figura del empleado público y a la mejora de sus condiciones de trabajo.
Las medidas concretas que Administración y sindicatos, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y CSI-CSIF, hemos consensuado en la declaración para el diálogo social en las administraciones públicas son las siguientes: El fomento
de la estabilidad laboral, reduciendo la tasa de temporalidad existente en el empleo público, la adaptación de la oferta de empleo público anual a la planificación de recursos humanos y la constitución de un observatorio de empleo público
contribuirán a la consecución de este objetivo. Mejora de las condiciones de trabajo y profesionalización de los empleados públicos para incrementar la calidad de los servicios. Dentro de esta medida se incluye el incremento del poder adquisitivo
de los empleados públicos, la conciliación de la vida familiar y laboral a través de jornadas más flexibles o el impulso de la formación continua y del fondo de pensiones de la Administración General del Estado en el marco de los escenarios
presupuestarios correspondientes. Con relación a este último aspecto, hay que señalar que, en desarrollo del acuerdo Administración-sindicatos de 13 de noviembre de 2002, se ha promovido la creación del plan de pensiones de la Administración
General del Estado, habiendo procedido ya la comisión promotora del plan a la selección de la entidad gestora y depositaria del fondo. La declaración para el diálogo social en las administraciones públicas se refiere también a la necesidad de
iniciar un proceso de negociación tendente a realizar las reformas normativas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. El estatuto básico constituirá el hito principal, sin olvidar otras cuestiones: solución
extrajudicial de conflictos colectivos, incompatibilidades, régimen de jubilación, prevención de riesgos laborales, etcétera, que podrían también integrar el contenido del estatuto. Por último, la declaración incluye también la necesidad de
reforzar los derechos de participación y de negociación colectiva en las administraciones públicas, a través de la modificación de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las administraciones públicas.
Sobre medida hay que señalar que ya se ha propuesto una modificación de dicha ley para poder disponer de una mesa general común para todas las administraciones públicas, que,
sin invadir la distribución competencial existente, sea un foro de encuentro entre administraciones públicas y organizaciones sindicales, donde se puedan negociar los temas de carácter general y básico que afectan al conjunto de los empleados de la
distintas administraciones, siendo unitaria la representación de éstas últimas.
Otra buena muestra del impulso del diálogo social lo constituye el acuerdo Administración-sindicatos sobre medidas retributivas y de oferta de empleo público para el 2005, suscrito por la Administración y por las organizaciones sindicales
Comisiones, UGT y CSI-CSIF, cuyo contenido fundamental les detallo a continuación: Incremento retributivo del 3,5 por ciento, porcentaje que se desglosa en un incremento general de retribuciones para los empleados de todas las administraciones del
2 por ciento, en una subida de las pagas extraordinarias de los funcionarios de un 0,74 por ciento, lo que se traduce en un 20 por ciento más del complemento de destino; en una aportación del Estado al plan de pensiones del 0,5 por ciento de la
masa salarial, así como en la dotación de un fondo del 0,3 por ciento de la masa salarial dirigido al incremento de la eficacia de la administración pública y a la mejora en la consecución de resultados. El acuerdo recoge también otros aspectos,
como el estudio y en su caso revisión de la indemnización por residencia para los empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en las Illês Balears. También se flexibiliza para determinados ámbitos la oferta de empleo
público, de forma que el límite del cien por cien de la tasa de reposición de efectivos
no será aplicable, además de en las excepciones ya previstas, a los servicios de prevención y extinción de incendios ni a municipios con población inferior a 50.000 habitantes.
Potenciación de la Conferencia sectorial de Administraciones Públicas.
Este órgano de cooperación entre Estado y comunidades autónomas cobrará un nuevo impulso, puesto que ha de ser el foro donde se debatan los principales aspectos en
materia de Administración pública que afecten a los distintos niveles territoriales. Los problemas que podemos encontrar en la Administración estatal son sustancialmente similares a los que pueden tener las administraciones autonómicas, por lo que
las soluciones a dichos problemas pueden ser también comunes. En fechas próximas procederemos a la convocatoria de la conferencia, si bien ya hemos mantenido varias reuniones con los directores generales de Función pública y secretarios generales
de las comunidades autónomas.
Ampliación y mejora del mutualismo administrativo. Otra de las acciones encaminadas a la mejora en la prestación de los servicios públicos es la ampliación y perfeccionamiento del sistema del mutualismo administrativo que da cobertura a los
funcionarios públicos. Esta mejora del sistema de protección se plasmará en medidas como la extensión del ámbito de aplicación del mutualismo administrativo a determinados colectivos, por ejemplo, a los funcionarios de organismos autónomos
transferidos a las comunidades autónomas, la información y consulta de datos por parte de los mutualistas a través de internet, el proyecto Muface le atiende -la creación de un sistema telemático de transmisión de cotizaciones, la mejora de la
regulación de la asistencia sanitaria en el exterior y otra serie de medidas sectoriales. Entre estas medidas sectoriales se puede destacar el proyecto Cuidacor- un ambicioso plan de prevención del riesgo cardiovascular articulado en torno a guías
de prevención y seguimientos médicos, que cuenta con una página web que permite de una manera muy sencilla y directa la adhesión al proyecto.
Una vez expuestas algunas de las acciones más relevantes encaminadas a la mejora del modelo de prestación de servicios públicos, pasaré a desarrollar las medidas en las que se articulará el segundo de los objetivos que les anticipaba al
inicio de esta comparecencia, el establecimiento de un régimen jurídico del empleado público acorde a las nuevas necesidades y demandas sociales.
Estatuto básico del empleado público. La demanda ciudadana de recibir unos servicios públicos de calidad se hace cada día más patente en nuestro Estado social y democrático de derecho y el marco legislativo en el que se encuadra la
actuación administrativa debe ofrecer la suficiente flexibilidad para que la respuesta de la Administración sea la que espera el ciudadano del siglo XXI, es decir, ágil, eficiente, transparente y de calidad. El cambio permanente que caracteriza a
la sociedad actual hace aún más necesaria la flexibilidad organizativa. El sistema de empleo público vigente en nuestro país ha venido manifestando una serie de ineficiencias que es preciso corregir, entre las que se pueden destacar las siguientes:
la deficiente aplicación de los sistemas de planificación de recursos humanos, a pesar de los instrumentos habilitados al efecto en la normativa vigente; el profundo proceso de descentralización llevado a cabo apenas se ha traducido en la
introducción del sistema de movilidad voluntaria entre empleados de distintas administraciones; la ausencia de una cultura organizativa orientada a los resultados dificulta, entre otros aspectos, la configuración de un perfil gerencial en los
empleados públicos. La complejidad caracteriza numerosos procedimientos administrativos en la materia y se ve incrementada con la participación de numerosos órganos en la correspondiente confusión competencial. Los regímenes jurídicos especiales
que han ido asumiendo diferentes organizaciones públicas, quedando fuera del ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, son un claro ejemplo de que el modelo establecido en dicha norma no está siendo el más adecuado para administraciones con realidades
muy distintas entre sí y que, sin prejuicio de atender unos principios comunes, necesitan, entendemos, una regulación más flexible. La carrera profesional está excesivamente ligada a la movilidad ascendente del empleado, lo que se traduce en
sucesivos cambios de puestos de trabajo.
No obstante lo señalado anteriormente, el modelo de empleo público vigente tiene aspectos que consideramos muy positivos, por lo que es preciso conservarlos e incluso reforzarlos en el estatuto. Se pueden destacar los valores de
objetividad, imparcialidad, profesionalidad, mérito y capacidad, que impregnan la actuación pública; el proceso de modernización que se observa al comparar la Administración actual con la existente 20 años atrás, al entrar en vigor la Ley 30/1984;
la libre concurrencia y competitividad en el acceso al empleo público. En este punto no podemos dejar de mencionar las previsiones constitucionales en materia de Función pública que estarán en el frontispicio del futuro estatuto. La Constitución
española de 1978 establece en su artículo 103.3 que la ley regulará en el estatuto de los funcionarios públicos el acceso a la Función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a
sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Por otra parte, el artículo 23.2 de la Carta Magna reconoce a los ciudadanos el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.
El estatuto, con tal denominación y como texto único, no se ha aprobado hasta la fecha, por lo que se hace preciso, transcurridos ya más de 25 años desde la promulgación de la Constitución, cumplir con el mencionado mandato constitucional.
El artículo 103.3 ha de ser puesto en relación con el artículo 149.1.18.ª, donde se establece que es competencia exclusiva del
Estado la base del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. En consecuencia, el estatuto que se adopte tendrá carácter de normativa básica, aplicable por lo tanto a las distintas
administraciones territoriales.
La normativa básica que se recoja en dicha disposición tendrá como uno de sus objetivos principales configurar una serie de principios y reglas comunes, en torno a los cuales las distintas organizaciones públicas encuadren sus respectivas
políticas de recursos humanos, dando así coherencia al sistema pero permitiendo a la vez que esos principios y reglas sean lo suficientemente amplios para que el desarrollo de los mismos permita resolver a cada administración sus particulares
necesidades organizativas. El estatuto seguirá un planteamiento amplio en cuanto a los colectivos que integre, de manera que se aplicable al personal de gran parte de organizaciones públicas que hasta ahora se han dotado de regímenes jurídicos
peculiares que no atienden a los principios comunes. En la Secretaría General para la Administración Pública ya hemos comenzado los estudios preliminares sobre la configuración del estatuto.
El consenso con las comunidades autónomas y entes
locales y con los sindicatos va a ser esencial en una norma que se aplicará a más de 2.300.000 empleados públicos, de lo cuales sólo poco más de medio millón pertenecen ya a la Administración General del Estado.
Con el ánimo de ir perfilando técnicamente una norma tan compleja como el estatuto, se ha constituido el 21 de septiembre de 2004 un comisión, con la finalidad de estudiar y diseñar las normativas alternativas más idóneas para su
elaboración. La comisión ha recibido el mandato de rendir un informe al ministro de Administraciones Públicas en el plazo de seis meses y a partir de ese momento comenzará el diálogo abierto por todos los sectores que de alguna manera van a verse
afectados por la norma.
Pretendemos que cuando se inicie la tramitación parlamentaria exista ya un elevado consenso sobre los planteamientos y contenidos generales de la referida normal. Sin ánimo de exhaustividad, me gustaría apuntar alguno de
los aspectos que deberá contener el estatuto.
Dentro de los principios ordenadores del empleo público, se incluirán aquellos que reflejan la necesidad de avanzar hacia una cultura de gestión en la que la orientación a la consecución de resultados, la calidad en la prestación del
servicio o la respuesta ágil y adecuada al ciudadano pasarán a tener un claro protagonismo. El estatuto introducirá también los instrumentos necesarios para alcanzar una verdadera planificación estratégica de los recursos humanos, que pueda atender
a aspectos tales como la dimensión y distribución de los efectivos, la selección, el itinerario profesional o la promoción y formación. La ordenación del trabajo que permita una mayor flexibilidad que la existente actualmente en nuestras
organizaciones y la promoción profesional basada en principios como la igualdad, el mérito y la capacidad, el rendimiento, la trayectoria profesional y la formación, también serán puntos esenciales del estatuto. La ética del servicio público debe
quedar fuertemente garantizada a través de un código ético o de otros instrumentos legales, preservando así al empleo público de cualquier conflicto de intereses. Derechos, deberes y responsabilidad del empleado público integrarán de este modo el
contenido del estatuto.
Muy relacionado con la ética del servicio público se encuentra la regulación de las incompatibilidades, donde la imparcialidad y la transparencia configuran todo el sistema. En este ámbito, pretendemos limar las disfunciones que presenta la
regulación actual, tanto en lo que se refiere al conjunto de empleados públicos como a los altos cargos de la Administración. Paradójicamente, en la actualidad son los empleados públicos con retribuciones más bajas los que se encuentran con un
sistema de incompatibilidades más férreo y poco coherente con las funciones que desempeñan. En el otro extremo, debemos reforzar la profesionalidad e imparcialidad de los directivos y altos cargos de las organizaciones públicas. La elaboración de
un código de buen gobierno contribuirá a la imparcialidad en las decisiones públicas. La modificación normativa que acometeremos no sólo garantizará esta imparcialidad durante el tiempo que se desempeña un cargo público, sino también una vez que
éste haya finalizado. El sistema retributivo será otro de los aspectos a analizar, ya que factores como la cualificación profesional, el trabajo desempeñado y los resultados obtenidos deben ser una parte determinante en la retribución del empleado
público.
Selección y formación del empleado público. Otro de los puntos fundamentales a abordar en la reforma del régimen jurídico del empleo público es el relativo a la selección, que incluiremos también en el estatuto, aunque ya estamos trabajando
sobre las posibles modificaciones a introducir. Queremos conseguir unos procesos selectivos más ágiles, es decir, que desde que se detecte la necesidad de personal hasta que la persona seleccionada se incorpore a su puesto de trabajo no transcurra
un periodo de tiempo tan elevado como el actual, que llegue a distorsionar gravemente la planificación de recursos humanos previamente realizada. Lo anterior se realizará respetando en todo caso los principios constitucionales de mérito y
capacidad, igualdad en el acceso y publicidad de las convocatorias a través de órganos profesionales y especializados que garanticen la objetividad del procedimiento selectivo.
También pretendemos huir de la realización de pruebas exclusivamente
memorísticas, que difícilmente nos permiten observar las capacidades de las personas para adaptarse con facilidad a unas estructuras administrativas cada vez más cambiantes y sujetas a las exigencias ciudadanas. Qué duda cabe de que en este proceso
adaptativo que vengo exponiendo la formación continua es un requisito ineludible para adecuar los perfiles profesionales
a las nuevas necesidades. No escatimaremos esfuerzos en este ámbito.
Dentro del acceso al empleo público, me gustaría poner de manifiesto el impulso que realizaremos para que la integración en la Administración pública de las personas con discapacidad sea un hecho. Actualmente existen una serie de medidas
normativas dispersas que, si bien han producido un avance con respecto a situaciones anteriores, no han dado los resultados esperados, ya que estamos muy lejos del objetivo de que el 2 por ciento de empleados públicos sean personas con discapacidad.
Estamos preparando un real decreto para el fomento del acceso al empleo público de las personas con discapacidad -pensamos que puede aprobarse en el próximo mes de diciembre- en el que, además de reforzar la reserva del 5 por ciento de los puestos
de la Administración para este colectivo, se recogen una serie de novedades como son la adaptación de horarios y de medios para la realización de las pruebas selectivas, la adecuación de los puestos de trabajo, la realización de acciones formativas
específicas o la adjudicación de puestos en los ámbitos geográficos solicitados.
El tercer gran objetivo de la Secretaría General para la Administración Publica que señalaba al comienzo de esta comparecencia, es el referido a la modernización tecnológica de la Administración pública. El papel que cumplen actualmente las
tecnologías de la información en las comunicaciones es trascendental para la modernización global de las administraciones y de los sistemas de interrelación con los ciudadanos.
De hecho, la modernización tecnológica permitirá mejorar la información
que reciben los ciudadanos, incrementará la participación de éstos en la definición de las políticas públicas y facilitará los trámites administrativos. Es lo que denominamos plan conecta o de administración en red, que se extenderá temporalmente
hasta el año 2007.
Siguiendo la metodología que vengo exponiendo, paso a detallarles algunas de las medidas que estamos desarrollando para elevar y perfeccionar el componente tecnológico en la Administración pública, las cuales se articulan en torno a cinco
grandes proyectos: Intercambio electrónico de datos entre administraciones, proyecto certifica. La sustitución de certificados en soporte papel por certificados electrónicos, además de la creación de un sistema centralizado de notificaciones
telemáticas con una dirección electrónica única, a la que los ciudadanos podrán dirigirse a través de internet, producirá una clara reducción de costes y aliviará a los usuarios de la tradicional carga de presentar a las administraciones públicas en
múltiples ocasiones los mismos documentos. El objetivo es llegar a eliminar el 80 por ciento de los certificados en papel que generan las administraciones públicas. Acceso informático a determinados servicios públicos mediante autenticación de
certificados, proyecto EDNI o DNI electrónico. El DNI electrónico, proyecto que se está llevando a cabo con el resto de departamentos ministeriales afectados, especialmente el Ministerio del Interior, permitirá un acceso seguro vía telemática a los
distintos servicios públicos. La extensión generalizada de este documento acreditativo configurará una nueva identidad ciudadana en la red. Simplificación y reingeniería de procesos administrativos, proyecto Simplifica. Esta medida trata de
simplificar y rediseñar los procesos administrativos a través de acciones como el aumento de la disponibilidad en soporte electrónico de formularios, de manera que la conexión entre Administración y ciudadanos y la atención a éstos se vea mejorada.
Son muchos los procedimientos administrativos susceptibles de informatizarse de manera prácticamente integral; los relativos a la gestión de recursos humanos y los de gestión financiera ya están siendo objeto de revisión.
Mejora de la red de atención y de información al ciudadano, proyecto Ciudadano.es. Con esta medida queremos mejorar los canales de información entre ciudadano y Administración. El impulso fundamental se realizará a través de internet,
mediante la inclusión en un único portal, ciudadano.es, de toda aquella información administrativa de interés para los usuarios. Coincidiendo con la celebración de las jornadas Tecnimap, en Murcia, se puso en servicio una nueva versión del portal
del ciudadano que avanza en el objetivo de la atención integral. Este esfuerzo de unificar la información que se traslada a los ciudadanos y de permitir que las demandas de éstos lleguen de la forma más ágil y sencilla a las unidades
administrativas competentes se trasladará también al ámbito de la información que se facilita telefónicamente, así como a la información que se ofrece desde las distintas oficinas dependientes de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Mayor coordinación de la red informática del Estado, proyecto MAP en red. Esta medida está centrada en dotar a las unidades administrativas del propio Ministerio de Administraciones Públicas de las herramientas tecnológicas necesarias para prestar
los servicios que tienen encomendados, así como para lograr una plena coordinación informática a nivel interministerial. Los proyectos de formación virtual o de firma electrónica para la gestión interna del ministerio son algunos ejemplos. Además
de las actuaciones que acabo de comentar, estamos trabajando en la aprobación de un real decreto por el que se adopten medidas para el impulso y desarrollo de la administración electrónica en la Administración General del Estado, adecuando la
estructura, funciones y medios de aquella a los cambios experimentados en los últimos años, de manera que podamos dotarnos del marco jurídico adecuado para afrontar los desafíos y proyectos que les acabo de transmitir.
Hasta aquí he expuesto las actuaciones que el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Secretaría General para la Administración Pública, está desarrollando en aras de mejorar el servicio que prestamos al ciudadano y que es
nuestra razón de ser. Vamos a introducir las reformas que brevemente he expuesto a SS.SS. para intentar conseguir e incrementar la confianza
que se tiene en las instituciones públicas. Se trata de defender lo público y de fomentar la creación de valor público otorgando al sistema unas herramientas de actuación más ágiles y flexibles, posibilitando una administración más cercana
y abierta al ciudadano, donde las distintas administraciones puedan visualizarse ante el usuario como una sola. Por lo tanto, hemos de trabajar intensamente en las labores de coordinación interadministrativa. Escuchar la opinión de los ciudadanos
es requisito ineludible para mejorar la calidad del servicio, por eso impulsaremos su participación activa en todas las fases del proceso de las políticas públicas y utilizaremos las facilidades que nos brindan las tecnologías de la información y de
las comunicaciones para incrementar esa interacción. Para ello contamos con unos excelentes medios, me refiero, claro está, al capital humano que conforma las organizaciones públicas.
Vamos a introducir las medidas oportunas para que su
motivación, su profesionalidad, responsabilidad y compromiso con la función que tienen encomendada los empleados públicos contribuya a la existencia de unas administraciones públicas prestadoras de servicios en condiciones de excelencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general. Tiene la palabra el grupo proponente de la comparecencia.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor secretario general, le volvemos a dar la bienvenida; ya se la dimos con motivo de los presupuestos. En su amplia exposición ha hablado de tres temas: objetivos, estatuto del empleado público y
modernización. A todo lo que ha expuesto nadie se podría oponer, nadie que quiera tener una administración pública al servicio del ciudadano que mejore.
Vamos a tocar alguno de los temas, porque nosotros representamos al ciudadano y el ciudadano español, hoy, todavía -y han pasado varios gobiernos en estos 25 años- no se siente satisfecho de cómo funciona la Administración pública. Voy a
darle algunos ejemplos: No le gusta cómo funciona, nos lo ha dicho hoy y nos lo anunció el otro día, el documento nacional de identidad; nos ha hablado de su cambio y de cómo se va a hacer. Hoy por hoy todavía es lento, ya le dije el otro día lo
que ocurre a las horas de la comida; además, el ciudadano ve, sobre todo si viaja por Europa, que el funcionario público está hasta las cinco de la tarde y que da servicio, si no hasta las cinco, hasta poco antes. Aquí no lo damos, ni en la
central ni en la Función pública que depende de las diferentes autonomías. Si vemos al ciudadano español, y puedo dar fe de ello porque tengo un hijo fuera de España, en el momento de ejercer su derecho al voto, que es algo fundamental, los
consulados nuestros no funcionan como es debido, funcionan con una lentitud tremenda. En cambio, vemos aquí a los ciudadanos italianos, que ejercen su derecho de voto directamente en el consulado más próximo y que lo hacen rápidamente.
Todo esto nos indica que el ciudadano español no está satisfecho de su Función pública, de cómo actúa. Si le contáramos nosotros todo lo que usted ha dicho o leyera el 'Diario de Sesiones' diría: Muy bien. ¿Cómo nos vamos a oponer a ello?
¿Cómo nos vamos a oponer a unos cambios y a unas agencias públicas que controlen? Me gustaría que este aspecto de las agencias públicas lo hubiese ampliado, y quizá en su nueva intervención pueda hacerlo. Ha hablado de una agencia pública de
carácter estatal, de cómo va a funcionar respecto de posibles agencias públicas de las diferentes autonomías, cuál va a ser la coordinación, cuál no va a ser, las relaciones, etcétera. Después se ha referido al ciudadano de a pie, que es al que
nosotros representamos, a una potenciación, a una mejora en el mutualismo. En mutualismo, los funcionarios, tengo que reconocerlo, están bastante bien protegidos actualmente. ¿Que van a mejorar? Pues muy bien.
Estatuto del empleado público. Por supuesto que es absolutamente necesario para los derechos y los deberes de este funcionario público. Nos ha hecho una amplia exposición y estamos absolutamente de acuerdo en esas líneas generales que debe
tener el estatuto público. Una mejor formación, una mayor agilidad. Con relación a los discapacitados, nos anuncia usted un 5 por ciento, pero a continuación nos ha dicho que no se cubre el 2 por ciento. Yo creo que el primer paso sería cubrir el
2 por ciento y posteriormente, por ejemplo, ir subiendo un 1 por ciento anual, de tal manera que llegáramos al 5 por ciento. Modernización tecnológica, el DNI electrónico, etcétera. Lo hemos hablado y estoy totalmente de acuerdo. Yo le he puesto
tres ejemplos de que realmente no está funcionando la Administración pública española. Y lo hago con la objetividad de que han pasado gobiernos socialistas, gobiernos de Unión de Centro Democrático, gobiernos del Partido Popular. Ahora nos anuncia
usted todo esto; llevan seis meses y mejoras en estos seis meses para el ciudadano de a pie no ha habido ninguna, absolutamente ninguna; vamos a ver y vamos a esperar.
Cuando pasen otros seis meses, un año, este grupo volverá a pedir la
comparecencia del señor secretario general y con toda objetividad veremos qué mejoras se han producido en la Administración pública, desde el punto de vista del ciudadano, que en definitiva es por el que el señor secretario general y los diputados
presentes nos tenemos que preocupar.
Ha vuelto usted, señor secretario general, a hablar de las remuneraciones.
No voy a insistir en ello, porque las remuneraciones prácticamente este año no van a subir el poder adquisitivo de los funcionarios, con el 2 por ciento, con una
inflación del 3,1 ó 3,2, si no es más, por el tema del petróleo. Hay algo positivo, que ha subido el 40 o el 60 por ciento, y nos anunció el señor secretario general que a lo largo de la legislatura se llegaría al cien por cien en la retribución de
las pagas
extras, porque después el 0,3, que ya tenían, fuera de la eficacia administrativa, y la cantidad que se ha dejado a efectos de clases pasivas, etcétera. Pero tenemos que decir, con toda veracidad, que el funcionario público no recupera su
poder adquisitivo y estamos exactamente igual que en los años pasados.
En lo que respecta al estatuto, vamos a ver las líneas que usted nos anuncia. Estamos de acuerdo. Hay algo que sí nos gustaría que ampliara el señor secretario general, que son los procesos de selección. Señor secretario general, señoras
y señores diputados, señor presidente, en España siempre hemos estado hablando de si oposiciones, sí u oposiciones, no. Vamos a hablar claramente, porque sería muy bonito unos procesos selectivos en los cuales las pruebas memorísticas no fueran las
que decidieran fundamentalmente. Pues bien, hay dos sistemas, como el señor secretario general conoce mejor que yo, el sistema sajón y el sistema latino. Nosotros estamos en el sistema latino, que no es que sea ideal, y nuestro grupo no es que
defienda absolutamente las oposiciones, pero es indudable que hoy en día en el sistema latino no vemos otra fórmula.
Habrá que ir a otro tipo de pruebas, pero es indudable que se asemejará muchísimo a lo que son las oposiciones actuales. No vemos
una manera más justa, se lo decimos con toda sinceridad, porque podíamos retroceder a situaciones de hace más de cien años en las que los funcionarios se designaban a dedo. Ya hay un exceso, como conoce S.S., y ha hecho mención a ello, de los
interinos y también de los laborales. No nos ha anunciado -no nos lo dijo el día que compareció para el presupuesto ni nos lo ha dicho hoy- cuál es el número de plazas para el 2005, qué número de plazas se van a sacar para cubrirse por el sistema
actual hasta que, al parecer, se varíe.
No quiero alargar más mi intervención, por la hora en que estamos y por la petición del señor presidente. Terminaría diciendo que me parece que esto son muy buenas intenciones, el ciudadano de a pie lo vería casi casi como una carta a los
Reyes Magos, pero que las utopías hay que ir alcanzándolas poco a poco. Por lo tanto, vamos a esperar ese estatuto de la Función pública, las líneas no nos parecen mal. Y en el resto, en esos tres objetivos, estamos de acuerdo. Pero realmente el
ciudadano de a pie, en seis meses, no ha visto mejoras, vamos a esperar un año, pidamos otra vez la comparecencia del señor secretario general y veamos qué mejoras.
Le ruego que tome nota, por favor, del tema del voto de los españoles que viven
fuera, mal llamado el voto del emigrante, yo les denomino españoles que viven fuera, unos están por estudios, otros por trabajo, otros por temas familiares. El DNI. Fíjese usted, señor secretario general, en nuestras diferentes conversaciones con
los ciudadanos nos han dicho que en estos años sí se había hecho una mejora muy buena en el tema de Hacienda, en la declaración de impuestos; ahí se ha dado un avance tremendo con las nuevas tecnologías. Todos y cada uno de nosotros recibimos, un
mes o mes y medio antes, en el mes de mayo, dos meses antes, en nuestro domicilio, previa petición, lo que Hacienda conoce de todos y cada uno de nosotros respecto de los ingresos de trabajo personal, de renta, etcétera. Ahí, todos los ciudadanos,
en mis contactos en mi circunscripción, me han dicho que ahí ha habido un avance enorme; en materia de Hacienda, el ciudadano está tratado como un ciudadano de primera. En el resto, le tengo que confesar que nos dicen que no han notado ninguna
mejora. Ojalá, reitero, que en los próximos seis meses la noten, le agradezco nuevamente su comparecencia, le indico que las líneas generales son correctas, cómo no, pero vamos a ver si los hechos se corresponden con esas líneas generales, pensando
especialmente en el ciudadano y pensando, también ruego que tome nota, que la función pública española se tiene que ir pareciendo a la función pública de alguno de los países ejemplares, como puede ser la francesa, en horarios y en atención al
ciudadano de a pie. Insisto en los horarios, porque yo tengo una educación francesa, he vivido en Francia en mi época de estudiante, y realmente la Administración francesa, en el tema de horarios, no tiene nada que ver con la Administración
española, todo en provecho del ciudadano.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor secretario general. La verdad es que nos ha expuesto un catálogo de buenas intenciones, con relación al cual le deseamos suerte y le ofrecemos la colaboración leal de nuestro grupo parlamentario;
sabe que puede disponer de ella. He escuchado al portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra atentamente sus reflexiones horarias sobre la Función pública, yo realmente conozco mejor la Administración pública vasca que cualquier otra, pero
no sé qué tipo de colectivos de funcionarios no poseen jornada partida. Todos. Los funcionarios de la Administración pública no trabajan hasta las cinco, normalmente trabajan hasta las seis y horas superiores; ninguno tiene jornada intensiva, por
lo menos que yo sepa. Pero bueno, es un obiter dicta con el que pretendía recabar su opinión respecto a esta cuestión. Y me da la impresión de que en otras comunidades autónomas la situación es igual. Desde luego, yo soy funcionario de esa
Administración autónoma y le puedo asegurar que en ella no conozco a ningún colectivo de funcionarios cuya jornada sea intensiva.
Su relación nos ha parecido correcta en términos generales, nos ha parecido una proyección de ideas sobre la función pública moderna, ojalá tenga suerte, como le digo. Lo que pasa es que no ha sido completa y quizás han quedado algunas
lagunas o algunas dudas que yo le voy a exponer específicamente, señor secretario general. Hay un problema recurrente, y sobre el cual nosotros solemos incidir con cierta persistencia, que es la generalización en la Administración periférica del
Estado del bilingüismo, en aquellas comunidades autónomas donde hay lengua cooficial. No le he escuchado ninguna reflexión sobre esta materia. La verdad es que la incorporación del bilingüismo obligatorio, también en la Administración
periférica del Estado, en virtud de las leyes de normalización lingüística, debería ser una realidad, de la misma manera que en la Administración autonómica se atiende de forma bilingüe de forma bastante general, de forma bastante normalizada, y me
gustaría ver si hay algún plan específico para intensificar y mejorar los ratios de atención bilingüe a aquellos ciudadanos que quieran acceder o deban acceder a la Administración periférica del Estado en cualquiera de las lenguas cooficiales
existentes en su comunidad autónoma. Ésa es la primera duda, la primera inquietud o la primera pregunta que yo le haría.
En materia de función pública y de negociación colectiva, tanto con relación a lo atinente al personal laboral como a la negociación colectiva con los propios funcionarios en sentido técnico de la expresión, usted se ha referido a los
interlocutores habituales, a los tres sindicatos con los que ustedes conciertan, pero se le olvida que hay otro sindicato que ostenta en el Estado español la noción o la condición jurídica de mayor representatividad, que es el sindicato ELA-STV, que
ha obtenido en las elecciones sindicales últimas más del 15 por ciento del total de los representantes sindicales electos y ha superado el volumen de mil quinientos. Eso le otorga facultades ultra vires y facultades de negociación en todos los
ámbitos, no sólo en su ámbito de actuación, sino también en el ámbito estatal. Me gustaría saber por qué ELA-STV no participa en las negociaciones que se articulan con relación tanto a personal laboral como en las mesas de negociación relativas a
la función pública, cuando tiene la misma legitimidad, exactamente la misma, que los demás sindicatos que usted ha mencionado, que tal vez son más representativos en este ámbito.
Sobre otras cuestiones que usted ha expuesto, comparto la inquietud del representante del Grupo Popular respecto al volumen de interinaje, de interinidad, en la Función pública. Me gustaría saber si hay planes específicos para acabar con la
interinidad, que sobre todo afecta a determinados colectivos de la Función pública que están radicados en el mundo sanitario particularmente, y en algunos otros, y que es un problema que empieza a tener unas dimensiones preocupantes. A mí
personalmente me preocupan, y yo entiendo que se requiere algún plan para regularizar la posición de funcionarios que en situación interina están hasta quince y dieciséis años, según he podido constatar, lo cual es una contradicción en sus propios
términos, es un interinaje bastante prolongado en el tiempo. Yo no sé si podríamos estar técnicamente incluso hablando de interinaje o de funcionarios interinos. No estamos hablando de esas dimensiones temporales.
Plan de pensiones. Señor secretario general, me gustaría saber qué tipo de plan de pensión es el que ha negociado. ¿Se va a recurrir a una entidad de previsión social voluntaria? ¿Se va a recurrir a un fondo de pensiones de los
denominados 'de empleo'? ¿Cuál es el instrumento jurídico que va a servir de soporte a ese plan de pensiones? Con relación a las retribuciones, yo no comparto la opinión de quien me ha precedido en el uso de la palabra. Yo creo que se ajustan a
las previsiones en materia de IPC, de índice de precios al consumo, de inflación, perfectamente, si le he entendido bien las cifras que usted ha indicado. Y sobre el estatuto de la Función pública, permítame que me ponga un poco en guardia cuando
escucho la reflexión: Vamos a regular el estatuto de la Función pública.
Evidentemente se va a hacer utilizando la reserva competencial que posee el Estado, que es la articulación de las bases'. Ustedes, a veces, u otros gobiernos, no ustedes,
perdone que utilice esa expresión, pero otros gobiernos anteriormente tenían una visión expansiva del concepto de bases que deben ser el objeto de regulación estatal. Yo recuerdo casi como una paradoja el famoso proyecto de ley del vino que se iba
a presentar en la legislatura anterior, donde se declaraban básicos la totalidad de los preceptos, con lo cual de alguna forma se impedía cualquier tipo de regulación autonómica en una competencia de naturaleza exclusiva en el ámbito de algunas
comunidades autónomas. Y en la Ley de 1984, que usted ha citado, se declaran básicos todos sus preceptos menos cuatro, lo cual raya en el sainete, si me permite la expresión.
Cuando hablamos de bases, a mí me gustaría -le manifiesto mi deseo y mi esperanza no exenta de reservas en este ámbito- que las bases que ustedes articulen sean bases de verdad, la noción jurídico-técnica de bases, las que ha precisado la
jurisprudencia constitucional, y no la interpretación que recurrentemente se hace de las bases en una regulación expansiva, exhaustiva, y que muchas veces lamina las competencias autonómicas, hasta el punto de que esto ha provocado una falta de fe o
de credibilidad en los estatutos de autonomía en no pocos partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Una de las fórmulas o uno de los elementos de deslegitimación de los propios estatutos de autonomía ha sido el abuso de la
concepción legislación básica del Estado o legislación marco u otros instrumentos, como alta inspección, etcétera. Esto ha laminado títulos competenciales absolutamente, no es ajena a esta circunstancia la laminación de los títulos competenciales
para Euskadi, para la Comunidad Autónoma de Euskadi, en materia de función pública, cuando se aprobó en su día la ley, en donde las potestades de regulación de la instituciones vascas con competencia normativa quedaron prácticamente laminadas
absolutamente, y nos gustaría que este tipo de situaciones no se volviera a reproducir. Se lo manifiesto desde una perspectiva leal, como le he dicho, y proclive o proactiva hacia el consenso. Esperemos que estos errores, que al fin y al cabo
provocan una falta de credibilidad y una deslegitimación del bloque de constitucionalidad
o de aquellas normas que configuran el bloque de constitucionalidad, no se vuelvan a reproducir, porque realmente las consecuencias no son precisamente pacificadoras de la relación entre instituciones ni de la relación entre partidos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Muchas gracias, señor secretario por su exposición amplia, a la vez que pedagógica, y en algunos momentos muy concreta. Antes de entrar en el fondo de mi intervención, quiero manifestar que tengo una
absoluta discrepancia de fondo con algunas de las apreciaciones que ha hecho el representante del Grupo Popular y también el representante del Grupo Parlamentario Vasco. El representante del Grupo Popular manifestaba en toda su intervención que no
hay ningún cambio, que existe una insatisfacción ciudadana, y el señor Olabarría literalmente me parece que ha hablado de catálogo de buenas intenciones al referirse a la exposición que usted ha hecho. Y voy a intentar aclarar por qué esta
afirmación tan rotunda. Sin embargo, yo deduzco de su intervención que lo que está planteando de fondo es el cambio de un modelo de gestión pública, de una prestación de servicios públicos que a nosotros nos parecía, como Grupo Socialista, que era
un objetivo que la Administración pública no podía demorarse más si realmente queríamos una Administración pública concebida como un instrumento al servicio de los ciudadanos. Antes de ver los resultados, evidentemente, tenemos que esperar tiempo,
pero es necesario crear las bases para dar lugar a esa transición. Desde el momento inicial en que estamos, del que partimos, me resulta inevitable recordar al portavoz del Grupo Popular, tras ocho años de su Gobierno, y que hablaba de la situación
en que estamos, que nosotros entendemos que tenemos una Administración pública fundamentalmente autorreferenciada y orientada prácticamente hacia el procedimiento, creemos que el planteamiento que nos ha hecho usted es totalmente distinto.
Lo que usted nos dice es que estamos buscando una administración pública orientada a la obtención de resultados. Esto nosotros lo consideramos un cambio fundamental, porque además pensamos que de esta forma no solamente conseguiremos eso
que usted nos comentaba, que todo el mundo decimos que es un servicio de calidad, ágil, eficaz y eficiente, sino también otros aspectos que me interesa resaltar. Sobre todo creemos que con este sistema se va a dotar de mayor transparencia a las
actuaciones de las administraciones públicas. Con la creación de agencias públicas de evaluación, y en concreto también la de evaluación de la calidad de los servicios y de las políticas públicas, nos parece que se sientan las bases de este modelo
de gestión pública que usted nos propone. Y cuando digo modelo permítanme una pequeña referencia a la expresión del portavoz del Grupo Popular. Ha hablado usted de agencias públicas para controlar (El señor Guerra Zunzunegui: Para controlar la
calidad). A lo mejor no había terminado usted la frase. Yo insisto en centrarlas más en ese modelo de gestión que pretendemos desde el Partido Socialista. Esto va a conllevar, y el tiempo nos irá dando la razón, la aparición de nuevas formas de
trabajar dentro de la Administración. Estamos hablando de una descentralización de responsabilidades. A través de las creaciones de estas agencias públicas se está dotando de mayor autonomía y capacidad de decisión a otros órganos dentro de la
Administración y, además de todo esto, va a permitir, en la línea que usted decía, un mayor control y participación ciudadana, algo que como socialistas nosotros lo hemos tenido como bandera.
El segundo punto en el que quiero intervenir, en este caso para darle ánimos, es en el estatuto básico del empleado público. Esta, como usted conoce, es una carencia que venimos arrastrando, propuesta y compromiso electoral que en los
últimos años el partido que estaba en el Gobierno sistemáticamente en todas sus comparecencias decía que la iba a llevar a cabo. La realidad es que todavía no la tenemos. No dudamos de la complejidad del tema, pero vemos que ya ha iniciado pasos
concretos para llevarlo adelante. Ahora bien, dicho eso, y dicho también que el elemento central de toda su intervención ha sido el consenso -consenso entre la Administración, comunidades autónomas, entes locales, sindicatos y evidentemente grupos
parlamentarios-, nosotros como Grupo Socialista sí que participamos del espíritu de sus palabras, que se concreta en un elemento que se llama respeto al pacto competencial. Nos parece que es un elemento fundamental y que con sus planteamientos se
conseguirá, sobre todo, porque hay un elemento que usted establece por encima de todos, que es el diálogo y el consenso. Decía al inicio que quería darle ánimos para llevar adelante esta tarea porque nos parece que en la situación que tenemos en
estos momentos, entre la dispersión normativa que existe, con regulaciones muy puntuales, y las necesidades de renovación que el tiempo y la sociedad demandan, es necesario tener un estatuto que recoja realmente los derechos y deberes de los
empleados públicos. Por eso queremos darle a usted ánimo.
Antes de cerrar este punto, deseo hacer una referencia al señor Olabarría cuando ha dicho que quería mostrar su escepticismo, o su prevención -me parece que es la palabra que ha dicho-, sacando a relucir la Ley del Vino. Simplemente quiero
recordarle que los mismos problemas, señor Olabarría, que se tuvieron aquí, en Madrid, los vivimos en nuestra propia comunidad autónoma con el reparto competencial. El Ejecutivo vasco quiso centralizar todas las competencias, invadiendo claramente
las que tenían las diputaciones forales en materia de Ley del Vino.
Hecha esta pequeña salvedad, para terminar quería tocar un punto al que usted ha hecho referencia, que es
el de la modernización tecnológica de la Administración pública.
Compartimos dos cosas; compartimos los proyectos -algunos estaban en marcha, otros son nuevos y nos parecen necesarios-, pero aquí hay un aspecto en el que mi grupo tiene
especial interés en incidir. Me parece que es necesario impulsar decididamente todas las actuaciones en materia de modernización tecnológica por un motivo, y es que si no los tiempos nos van a pillar. Cuando manejamos estadísticas de modernización
tecnológica, de usuarios de internet, de operaciones que se hacen a través de internet -me da igual que hablemos de doce millones o de catorce millones-, lo más llamativo que me resulta es el incremento que está sufriendo. Si a eso unimos el
perfil, o la edad más bien, de los usuarios, vemos que en los próximos años este crecimiento tan importante va a seguir aumentando. Como Administración tenemos que dar respuesta a todos los ciudadanos, pero vamos a tener un segmento de población
que lo pide, lo demanda. Por este motivo solicitamos su impulso.
Quiero darle las gracias, esperando que la nueva orientación que está dando a la Administración se consolide, porque creemos que es fundamental.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general para dar respuesta a los requerimientos de los distintos grupos.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Muchas gracias por la intervención de las tres señorías, que han sido extremadamente amables conmigo y así se lo agradezco a los tres grupos parlamentarios.
Como tienen ustedes una cierta prisa, voy a intentar contestar a todas las preguntas una a una, pero es posible que alguna se me olvide. Me lo recuerdan en la siguiente comparecencia, porque ya me ha dicho el representante del Grupo Popular
que a los seis meses o al año me volverán a convocar. De manera que, si se me ha olvidado algo, me lo recuerdan entonces.
En los planteamientos que ha hecho el señor Guerra hay que señalar una apreciación general que yo también comparto: hay que mejorar la Administración pública. Qué duda cabe. ¿Cuánto hemos hecho nosotros? Llevamos seis meses y en medio ha
estado el mes de agosto. No hemos hecho, digamos, grandes cambios telúricos en materia administrativa todavía porque no era posible hacerlo. Lo que estamos señalando en esta comparecencia es un poco cuáles son nuestras intenciones, nuestros
proyectos de futuro. En algunos hemos comenzado. Hemos comenzado en la ley de agencias; en la constitución de la agencia de calidad de los servicios y de las políticas públicas; hemos comenzado en los proyectos relacionados con la selección de
funcionarios; hemos comenzado los proyectos concretos, que van a estar en pocas semanas, de selección de personal discapacitado; y hemos comenzado también a trabajar fuertemente en el tema del estatuto de los empleados públicos.
Le voy a señalar algunos aspectos que le han preocupado especialmente. Por ejemplo, en el temas de las agencias, y es también una reflexión que yo trasladaría al resto de los grupos, el Ejecutivo, la Secretaría General del Ministerio de
Administraciones Públicas está pensando en la constitución de agendas públicas con el máximo consenso; consenso con los grupos parlamentarios, con las organizaciones sindicales y, sobre todo, con las comunidades autónomas. No estamos pensando en
crear nosotros agencias y repetir la creación, con independencia de que cada Administración pública puede hacer lo que considere oportuno en el marco de sus competencias, sino en agencias coparticipadas. Se trataría de actuaciones en las que
participarían todas aquellas administraciones públicas que de forma voluntaria lo consideraran oportuno. Por ejemplo, estamos pensando en el ámbito de la Agencia de evaluación de calidad y de los servicios y de las políticas públicas, porque
entendemos que es una actividad que concierne a todos, al Estado, a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas y, por lo menos, a los grandes ayuntamientos. En consecuencia, se trataría de constituir una estructura
participada, cofinanciada y que tuviera personal de las tres administraciones públicas. ¿Para qué las hacemos? Estamos pensando en estas agencias y en el proyecto de ley para tres objetivos esenciales.
Primer objetivo, intentar dotar a estas
nuevas instituciones de una mayor flexibilidad organizativa y de personal, porque entendemos, como ha señalado el portavoz del Grupo Popular y algunos otros, que hay ciertas carencias en este momento y que estas carencias se notan mucho más cuando
se trata de la prestación del servicio público concreto. Es verdad que la mayoría de los servicios públicos los prestan las comunidades autónomas, pero sigue prestando servicios públicos muy importantes la Administración General del Estado. En
algunos de ellos S.S. ha señalado ciertas dificultades con un funcionamiento que no es normal. Estoy de acuerdo, hay que mejorar en esas materias y ya he hecho la gestión que le prometí la semana pasada para que esto vaya marchando mejor. Y
existen dificultades en otros muchos más. Por tanto, primer objetivo: mayor flexibilidad en materia de personal.
Segundo objetivo: mayor flexibilidad en materia de contratación y en materia presupuestaria. ¿Mayor flexibilidad significa que no tienen ningún tipo de control? En absoluto. He hablado de un tipo de contrato de gestión, que será
negociado todos los años, o cada dos años, con las autoridades económicas, de manera que hay unos límites, y esos límites hay que cumplirlos. Pero al mismo tiempo no tendrán que estar sometidos a otro tipo de obstáculos de tramitación que hacen que
a veces sea demasiado lento el proceder de las administraciones públicas en beneficio de la garantía y de la objetividad, que es importante, pero en algunos casos la
prestación del servicio puede ser más importante que se haga de una forma más rápida y eficaz. Por tanto, con la adecuada garantía, podemos establecer procedimientos un poquito más flexibles.
El tercer aspecto que nos preocupa nosotros, y es el motivo por el que queremos constituir las agencias, es precisamente el de la participación de otras organizaciones. El know how, por ejemplo, que se organice en la Agencia de evaluación
de las políticas públicas para el conocimiento de las administraciones públicas, las metodologías de evaluación, de proposición de cuestiones para la mejora, entiendo que es aplicable a todas las administraciones. En consecuencia, deberíamos
intentar participar todos. Por eso vamos a traer un proyecto, un proyecto de ley de agencias en el que esta posibilidad esté prevista. En todo caso, estamos en este momento en el periodo inicial, estamos desarrollándolo, y tenemos la idea de que
el proyecto de ley de agencias sea presentado para que el Gobierno lo apruebe en los próximos tres meses. El grupo ha trabajado sobre la base de un documento previo que la secretaría general le ha suministrado y esperamos que en un plazo de tres
meses podremos presentar un proyecto de ley, o por lo menos un borrador que luego venga al Congreso.
El portavoz del Grupo Popular ha planteado algunas cuestiones en relación con el estatuto, señalando que estaba de acuerdo. Le agradezco sus palabras. En principio, son todavía ideas básicas. Pero esto sí me interesa destacarlo, porque es
también de aplicación al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Nosotros estamos buscando la posibilidad de realizar un estatuto lo suficientemente amplio como para que quepan todos. Y le voy a recordar una anécdota. Yo personalmente participé
en la redacción de la Ley de medidas para la reforma de la Función Pública en el año 1984 y luego participé en la redacción de la ley vasca, que se aprobó por parte del Gobierno. Y hubo sus discusiones, como las hubo con la ley catalana y las hubo
en algunas otras, pero llegamos a un acuerdo perfectamente. Entiendo que el planteamiento de inicio que nosotros estamos haciendo es para que quepan todos. Por tanto, hay determinadas cuestiones que son bases del régimen estatutario del
funcionario público, y tenemos sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia que habrá que desarrollar. Otras cuestiones, que incluso fueron declaradas básicas en el ámbito de la ley de medidas, a lo mejor, transcurridos veinte años, no
es necesario, o no es necesario para todos; en consecuencia, puede que no sean declaradas básicas. Tenga usted la seguridad de que el planteamiento nuestro es de consenso, de acuerdo. No es un planteamiento extensivo de las bases, sino más bien
un planteamiento de aquello que en principio estaríamos de acuerdo todos, las comunidades autónomas e incluso otras instituciones. Fíjese que nosotros estamos hablando de 2.350.000 personas y de una inmensa constelación de instituciones, organismos
-ya no es posible calificarla desde el punto de vista del derecho administrativo tradicional- que circulan alrededor no sólo del Estado, que son muchas, no sólo de las comunidades autónomas, que son muchísimas, sino también de las corporaciones
locales, que esas ya son infinitas. Estamos intentando establecer un mecanismo, un texto que permita el desarrollo de todas estas actividades, pero que también permita que todos ellos tengan unos ciertos factores, como así lo dice nuestra
Constitución.
El representante del Grupo Popular me ha hablado de los discapacitados.
Estoy de acuerdo con su preocupación. Yo le he dicho que la ley aprobada recientemente determina que se establezca un cupo de hasta el 5 por ciento. Se lo diré con
sinceridad, se ha establecido el cupo del 5 por ciento en las dos últimas convocatorias con resultados fatales, los resultados son malos. He dicho que para lograr el objetivo del 2 por ciento -ese es el objetivo que se plantea la ley- para eso
seleccionamos hasta un 5 por ciento. Muchas plazas no se cubren, obviamente. Estamos empeñados en el asunto. Somos conscientes de que hemos logrado poco. Y eso no es culpa de nadie, probablemente por falta de preparación, falta de iniciativa
también por parte de este tipo de colectivos, en determinadas pruebas a lo mejor no se ha dejado la posibilidad de las adaptaciones de tiempo y medios. Con este real decreto vamos a intentar favorecer en ese sentido, en el sentido de crear la
igualdad real para aquellos que son desiguales, vamos a intentar hacerlo.
El tema de las retribuciones lo explicamos el otro día y usted ha manifestado sus puntos de vista. Creo que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo considerable, que ha sido ratificado por las organizaciones sindicales, por las más
representativas, y ahora le hago la puntualización al representante del Grupo Parlamentario Vasco. En las negociaciones han participado también otras organizaciones públicas, lo que ocurre es que no hemos llegado al acuerdo con todas ellas. Hemos
llegado al acuerdo con el 74 por ciento de la representación. ELA-STV ha estado presente en la mesa general; ELA-STV está presente, generalmente, en todas las actuaciones que tiene capacidad para ello, de acuerdo con su condición de sindicato más
representativo. Pero eso no quiere decir que tengamos que llegar a un acuerdo con ELA-STV. ELA-STV en este caso concreto aclaró puntos de vistas distintos a estas tres organizaciones sindicales, y aunque manifestó que algunas cuestiones les
parecían positivas, consideraba que había otros aspectos con los que no estaba de acuerdo y en consecuencia no firmó. Pero no le quepa ninguna duda, señor Olabarría, que desde luego nosotros estamos convocando tanto a ELA-STV como a cualquiera de
las organizaciones más representativas a nivel de comunidad autónoma o del Estado, lo que no significa, como usted conoce y conocemos todos, que tengamos que llegar a un acuerdo con ellas.
Obviamente, no hemos llegado a un acuerdo.
El representante del Grupo Popular señala algunas cuestiones en relación con el estatuto. Le agradezco que manifieste que está de acuerdo en las grandes
líneas y espero que en su momento el Grupo Popular, cuando presentemos el proyecto de estatuto, mantenga esta posición, porque nosotros no la vamos a variar en cuanto a estas grandes líneas. Manifestaba usted su preocupación por las
modificaciones que vamos a hacer en el proceso selectivo. No se preocupe, yo le tranquilizaría en ese sentido. En el proceso selectivo nosotros vamos a hacer importantes modificaciones, pero qué duda cabe que somos todos herederos de lo anterior.
En consecuencia, no vamos a eliminar el sistema de oposición, en absoluto, pero sí que nosotros entendemos que hemos avanzado demasiado en los aspectos memorísticos de estas pruebas selectivas. El sistema de oposición no sólo tiene cien años, en
algunos casos tiene doscientos. El cuerpo de ingenieros de caminos se fundó a finales del siglo XVIII, pero había ya pruebas de ese estilo, había pruebas similares a la oposición.¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar modificar dos
aspectos esenciales: adaptarlos mucho más a las necesidades y hacerlos mucho más rápidos. El problema que nos preocupa a nosotros como organización, y digo más, al Estado, a todas las comunidades autónomas y las corporaciones locales, es el hecho
de que este sistema es verdad que es objetivo, imparcial y tiene la garantía adecuada, pero al mismo tiempo tarda demasiado. Desde que el consejero o el presidente de una corporación local o el ministro señala la necesidad de que necesita cierto
personal hasta que lo tiene, no transcurre nunca menos de un año, y esto es dificultoso para cualquier organización. Por tanto, vamos a intentar que estos plazos (por cierto, sin menoscabo de la objetividad, de la imparcialidad y de la
profesionalidad de los tribunales que los juzguen) sean más rápidos. Pero no tenga preocupación sobre esa materia, señor Guerra.
Usted señala el tema del DNI y de algunas dificultades que existen en los consulados, que comparto. Creo que es una cuestión que los sucesivos gobiernos han ido intentando mejorar. Es muy difícil, incluso, nutrir de personal apropiado a
los diversos consulados, no sólo en el tema del voto, sino en el tema más importante en este momento, que es el de la inmigración. Esto es dificultoso. La Administración del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores, está haciendo esfuerzos en
esa materia, pero es verdad que tenemos que aprender no sólo de los franceses, también tenemos que aprender de los sajones y tenemos que aprender de otros países que en los últimos años han desarrollo actuaciones muy positivas en el ámbito de la
Administración pública. Espero haber contestado a todas las cuestiones del Grupo Popular.
En relación con el Grupo Vasco, en el tema del bilingüismo le diré dos cosas. El Instituto Nacional de Administración Pública realiza desde hace tiempo, y se siguen realizando, determinadas actuaciones destinadas a que el personal de las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en cada una de los territorios autónomos conozca las lenguas y en la medida de lo posible, cuando los ciudadanos se dirijan a ellos en una lengua distinta al castellano, le respondan adecuadamente. Esto
es así desde hace mucho tiempo y se organizan cursos sobra la materia. En este momento existe incluso el proyecto de que en algunas pruebas selectivas de la propia Administración del Estado, sobre todo de titulados superiores, aparezca como mérito,
quizá sin carácter selectivo al principio, el conocimiento de otras lenguas del Estado español. Parece bastante lógico, porque es un elemento positivo añadido.
En relación con el tema de ELA-STV, entiendo que ya le he contestado.
Sobre el tema de la temporalidad, le diré que también es un asunto que nos preocupa a nosotros especialmente y es objeto del acuerdo que hemos hecho con las
organizaciones sindicales. Le diré que la temporalidad está en este momento en el 8 por ciento de la Administración del Estado y que en principio la idea que nosotros tenemos, desde el punto de vista estructural, es que ésta no debía superar el 5
por ciento. Para eso vamos a trabajar con las organizaciones sindicales, vamos a hacer un plan y vamos a negociarlo con ellas. Estamos realmente preocupados, pero tenga usted en cuenta que la inmensa mayoría de la temporalidad es de las
corporaciones locales, en primer lugar, y de las comunidades autónomas, en segundo lugar. La temporalidad en las corporaciones locales inferiores a 50.000 habitantes era precisamente tan grande que en esta propia Ley de Presupuestos que deberán
ustedes discutir y debatir en esta Cámara ya figura la desaparición de la tasa de reposición; en consecuencia, las pequeñas corporaciones podrán contratar a tanto personal como tengan presupuesto para ello.
Respecto al plan de pensiones, sabe usted que estamos todavía en el proceso inicial. La Ley de Presupuestos del año 2004 lo autorizó, las organizaciones sindicales estuvieron de acuerdo con ello y hemos hecho una primera aportación del 0,5
por ciento. Se ha constituido la oficina del partícipe, precisamente en mi secretaría general, para que dé información adecuada a los funcionarios y acabamos de adjudicar el plan a una entidad, a un entidad creo que relacionada con uno de los
grandes bancos de este país, es una entidad financiera, tal como dispone la ley.
Estamos todavía en el proceso previo, es decir, estamos dictando las normas de confección de las nóminas, estamos en este momento con una pequeña revolución en los
ámbitos de personal y retributivo en la Administración General del Estado, porque es un proceso bastante complejo desde el punto de vista informático y desde el punto de vista de que al final la cantidad aplicable a cada uno es distinta a la de las
otras personas; en consecuencia, estamos todavía trabajando. Tengo la impresión, lo digo para su conocimiento, de que, a juzgar por el planteamiento que nos hacen siempre las organizaciones sindicales, pretenden continuar con esta reivindicación
en los próximos años.
Entiendo que el plan de pensiones, cuya cuantía es de aproximadamente unos 60 millones anuales, continuará aplicándose en los próximos años.
En relación con las bases del Estatuto de la Función Pública, yo le tranquilizaría, señor Olabarría. Estamos en este momento en un planteamiento amplio. No le diré que vamos a hacer un estatuto de mínimos, pero sí que no vamos a hacer un
estatuto excesivamente largo.
Queremos hacer un estatuto en el que puedan participar todas las comunidades autónomas y, en su caso, las corporaciones locales. Todo aquello que no se considere base del régimen estatutario de los funcionarios
públicos, pensamos que no lo será. Por supuesto, respetaremos las sentencias del Tribunal Constitucional y estoy además convencido de que llegaremos a un acuerdo en esta materia.
Quiero agradecer al portavoz del Grupo Socialista sus palabras de impulso, de ánimo, que han sido muy adecuadas y que nos dan más ánimo por la ingente tarea que tenemos que desarrollar. Estas cuestiones de las agencias, del estatuto básico
y todas las demás son importantes, pero quizá me quedaría con sus palabras en relación con el impulso tecnológico. El impulso tecnológico no sólo necesita ánimo, sino que necesita otros dos aspectos que son muy relevantes: primero, muchísimo
dinero, porque es caro; es cara toda esta cuestión del impulso tecnológico; y segundo, un grado de complejidad alto, porque en la medida que se van desarrollando los equipos tecnológicos de las diversas organizaciones y de los propios ciudadanos,
cada vez es más complejo construir algo que permita suministrar servicios precisamente a todos, porque el mar es cada vez mayor. En todo caso muchas gracias a S.S. y a todos los representantes de los grupos parlamentarios por sus palabras amables.
El señor PRESIDENTE: El portavoz del Grupo Catalán ha pedido la palabra y yo no tengo ningún inconveniente en concedérsela, si ustedes tampoco lo tienen. Por sus otras tareas no ha podido estar con nosotros desde el principio de la
comparecencia. También si algún otro portavoz quiere hacer una precisión, la haría a posteriori.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, en primer lugar, y por deferencia, agradezco tanto esta intervención que me permite realizar como la comparecencia hoy aquí del secretario general para la Administración Pública, señor Velázquez, a
quien desde Convergència i Unió le queremos plantear algunas reflexiones en la etapa inicial de una legislatura. Empezamos una legislatura con nuevos retos -usted los ha expuesto hoy en esta comparecencia-, con un programa, y desde Convergència i
Unió queríamos marcar unas prioridades sobre lo que debe ser el nuevo funcionamiento de la Administración pública en el marco del siglo XXI, en el cual la Administración telemática va a ser sin ninguna duda una gran protagonista en el quehacer del
día a día. Usted ha expuesto la necesidad de realizar un estatuto básico del empleado público. Llevamos muchos años debatiendo ese futuro marco básico de los empleados públicos. Desde Convergència i Unió queremos dejar muy claro desde el inicio
de la legislatura que sólo podremos compartir una norma de ese alcance si su naturaleza jurídica obedece a su nomenclatura, si es una legislación básica y por tanto no completa en sí misma, una legislación que precise en todo momento de un
desarrollo no reglamentario sino siempre legislativo, tanto de las comunidades autónomas que tienen esa competencia -que se la reconoce y permite la Constitución en el artículo 149.1.18- como de la Administración General del Estado en el ámbito de
los empleados públicos. Por tanto, el marco básico debe comportar necesariamente desarrollo legislativo de cada comunidad autónoma para hacerlo completo y desarrollo legislativo por parte de la Administración General del Estado. Si la ley básica
es completa en sí misma a nosotros no nos valdrá, no será normativa básica. Por ello decimos sí a hablar y consensuar una ley tan importante siempre que se respeten las competencias autonómicas de desarrollo de esa legislación básica y, por
consiguiente, que esa ley básica que se impulse nunca sea una ley completa. Es una reflexión de Convergència i Unió que queríamos dejar desde el primer día.
Otro aspecto importante es que se ha hablado de potenciar las conferencias sectoriales. Nosotros no nos oponemos a ello, pero queremos poner especial énfasis en la necesidad también del marco bilateral de relación.
Es cierto que habrá
temas que pueden ser comúnmente compartidos por todas las comunidades autónomas, pero también es cierto que el desarrollo del modelo de la Administración pública exige contactos bilaterales. Hay comunidades autónomas con una voluntad política muy
expresa de mantener esos contactos bilaterales y por ello reclamamos que la multilateralidad del marco de la conferencia sectorial no excluya, en ningún caso, el necesario diálogo bilateral entre comunidad autónoma y Administración General Estado.
Es otro aspecto que desde Convergència i Unió le queríamos marcar claramente.
El DNI electrónico va a suponer en el ámbito de la gestión pública un avance que va a facilitar la manera en que el ciudadano se acredita ante la Administración pública. Va a ahorrar al ciudadano muchos desplazamientos si lo hacemos bien,
pero va a cambiar también la manera de funcionar de los empleados públicos. La Administración telemática es una administración abierta 24 horas y la debemos concebir de esta forma, por lo que cambiará también lo que entendemos como dedicación
horaria de nuestros empleados públicos, incluso de dedicación presencial, porque habrá muchos quehaceres públicos que con la Administración telemática deberán atenderse desde el ordenador personal de ese funcionario, de ese empleado público, pero no
necesariamente con su presencia física en una dependencia de la Administración pública. Por tanto, deberemos reflexionar muchísimo sobre esto. Pero ese DNI electrónico que nos abrirá tantas puertas en la acreditación
personal e individual, esa certificación de que esa persona es aquella que está reclamando una instancia o un servicio de la Administración pública deberá ir acompañada de un reconocimiento de las tarjetas propias de las comunidades
autónomas, que sabemos que las han creado en el ámbito sanitario y en otros ámbitos. Por tanto que el DNI no excluya otras tarjetas telemáticas que han creado las comunidades autónomas. Este es otro motivo de reflexión que le quería marcar
Convergència i Unió.
Otro aspecto es la Administración única. No hemos sabido ver en su intervención inicial una apuesta clara por la Administración única. La Administración única está en la ley, está en la Lofage, que se aprobó en esta Cámara en el año 1997 y
tiene un principio claro: debemos avanzar hacia la Administración única utilizando el apartado 2 del artículo 150, leyes orgánicas de transferencia, leyes orgánicas de delegación a las comunidades autónomas, para que la Administración ordinaria en
un territorio sea la autonómica y pueda ser la Administración referencial en su territorio, con unos servicios que inicialmente se prestaban a través de la Administración General del Estado. La Lofage lleva en sí esta posibilidad y marca la ruta,
el sendero y el instrumento jurídico, leyes orgánicas de transferencia, leyes orgánicas de delegación que están en la Constitución. Es decir, el planteamiento de la Administración única encaja dentro de la Constitución y entendemos que potenciaría
la Administración autonómica, eliminaría duplicidades y dotaría a la prestación pública de los servicios de mayor agilidad, de mayor proximidad y además sería una plasmación de otro principio constitucional conforme al cual las comunidades autónomas
son Estado. Cuando hablamos del Estado, la comunidad autónoma también es Estado y, por tanto, la Administración autonómica puede cumplir perfectamente esa función de Administración única que nosotros le reclamamos.
Estas son, señor presidente -no me quiero extender más porque estamos ya en el segundo turno y le agradezco la deferencia-, nuestras reflexiones.
Le ofrecemos desde Convergència i Unió la colaboración en esta legislatura para que ese
programa de modernización de la Administración pública, para que esa nueva normativa que debe impulsarse, para que esa reforma global de tantos y tantos procedimientos sea una realidad. Le instamos, como hacía el Grupo Vasco, a profundizar también
en el respeto absoluto a las lenguas oficiales y propias de las comunidades autónomas.
Hay aquí un reto y una moción que deben cumplir. El Pleno de la Cámara aprobó este mes de octubre una proposición no de ley que exige la normalización
lingüística, por ejemplo, en las páginas web de todos los ministerios. Esto también deberá cumplirse como el máximo y escrupuloso respeto a ese carácter de oficialidad que tienen las lenguas propias como el catalán, el euskera, el gallego, que
tienen los respectivos territorios, por lo que deben tener en cada caso personal eficiente que conozca esa lengua y pueda atender al ciudadano que se dirige a la Administración en su lengua oficial propia.
Le deseamos éxitos en esta nueva andadura que se inicia en esta legislatura en el ámbito de la Secretaría General para la Administración Pública, le ofrecemos nuestra colaboración, le marcamos las prioridades y esperamos que el balance final
pueda ser positivo.
El señor PRESIDENTE: Abrimos un turno de réplica de tres minutos para precisar dudas o requerimientos.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Dudas no, es que no me ha contestado el secretario general cuando he hablado de horarios, no me ha dicho nada. Es muy curioso porque el representante del Partido Nacionalista Vasco -y siento que no esté ahora
aquí- ha dicho que en el País Vasco no hay jornada continua, que es partida. Siento que no esté presente pero quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que he tenido que ir a Portugalete para un certificado de mi madre, de apellido Zunzunegui, y
me dijeron: vuelva usted mañana porque este servicio funciona hasta la una. Se lo volveré a decir al representante del PNV si el presidente me deja, aunque he perdido un minuto en esto referido a los horarios.
Respecto al voto en el extranjero, comprendo que tiene sus dificultades desde el punto de vista económico, etcétera, pero hay que mejorarlo.
Tenemos las próximas elecciones en octubre de 2005, las gallegas, con un gran voto de fuera, por lo
que creo que nuestros consulados deben funcionar bastante mejor de lo que lo hacen. Y no es cuestión tampoco de mucho dinero, porque he puesto el ejemplo de cómo funciona el consulado italiano en Madrid cuando llega el momento de las elecciones, y
no lo hacen por correo sino directamente depositando su voto en el consulado.
Comprendo que para el impulso tecnológico se necesita dinero, tanto para formación del funcionario como para los medios correspondientes. Le voy a dar otro ejemplo. En el mes de junio o primeros de julio me presenté con mi declaración de
renta en Bretón de los Herreros por un tema de inmigración. Lo digo porque ha hablado en su respuesta el secretario general de la inmigración y las oficinas de inmigración. Fui con la persona que quiere ser empleada y yo empleador, presenté toda
la documentación y me dijeron que teniendo en cuenta agosto para el mes de septiembre tendría noticias. Llegó septiembre como el Cristo de Toledo, ya estamos finalizando octubre y no hay noticias. No me he vuelto a acercar porque estoy esperando a
ver cuánto tiempo van a tardar; se lo comunicaré al señor secretario general. Hay muchas cosas que son cuestión de medios económicos, otras que no lo son -y lo sabemos todos- en la Función pública. Prueba de ello es que muchos organismos
autónomos e incluso ayuntamientos crean sociedades anónimas para que agilicen y puedan funcionar debidamente. Todo esto me molesta
un poco y me pregunto que por qué la Función pública española no va a poder actuar con la agilidad lógica y normal.
Ahora que ha llegado mi buen amigo le tengo que decir que en el resto de las comunidades -y ahora voy a poner un ejemplo en el País Vasco- la mayoría de los horarios son continuos. Tuve que ir por un certificado de mi madre ya fallecida, de
apellido Zunzunegui, de Portugalete, como conoce su señoría, y como fui a la una y diez en la ventanilla me dijeron: vuelva usted mañana porque el servicio se cierra a la una. Este es un mal generalizado y entre todos debemos intentar arreglarlo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría, por tres minutos, si quiere precisar algo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero agradecer al secretario general su información y esperar que sus palabras sean ciertas en relación con las reservas que manifestamos sobre una no pertinente interpretación expansiva de los aspectos básicos
del Estado. Y sigo perplejo ante las reflexiones de mi buen amigo Juan Carlos Guerra porque no conozco ningún compañero mío de la Administración pública vasca, a la que me honro en pertenecer, que tenga jornada intensiva. No sé a qué servicio
acudió, pero servicios públicos hay muchos. Ya resolveremos él y yo en el bar esta cuestión tan importante, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Unzalu.
La señora UNZALU PÉREZ DE EULATE: Sólo quiero concretar que el ánimo a que yo me refería no solamente era de tipo espiritual sino también, como usted decía, económico y tecnológico.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario general para el turno final.
El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Velázquez López): Supongo que voy a hacer con el representante del Grupo Catalán lo mismo que con otro representante, a pesar de que el señor Guerra Zunzunegui dice que yo no le he
contestado alguna cosa y es verdad que lo de los horarios se me ha olvidado, pero no así otras cuestiones.
Empezando por usted, yo creo que la mayoría de los funcionarios de dirección -tiene razón el representante del Grupo Vasco- en todas las administraciones públicas trabajan mañana y tarde. Es verdad que hay determinados servicios públicos
que a pesar de que las normas, por ejemplo, en el Administración General del Estado son que tienen que estar abiertos los servicios entre 9 y 2 de la tarde, en algún caso es posible que pueda haber ciertas dificultades. Pero le diré que en relación
con este tema nosotros estamos trabajando en dos aspectos, con las instrucciones que yo he dado a mis colaboradores. En primer lugar, estamos trabajando en la simplificación de muchos de estos trámites para que sean mucho más fáciles a los
ciudadanos y, en segundo lugar, estamos intentando trabajar en el sentido de que todo aquello que se pueda informatizar se informatice, de manera que con las adecuadas aplicaciones técnicas muchas de estas cuestiones pueden ser suministradas en
segundos.
En relación con la inmigración, es verdad que tenemos un problema todos.
El número de inmigrantes, como conoce perfectamente, se ha multiplicado y los trámites internos en los que estamos trabajando fuertemente a veces son excesivamente
complicados. Se está demorando demasiado la resolución de los expedientes, es verdad, es la situación que tenemos, pero se está trabajando en el ámbito de la Subsecretaría del departamento y se está trabajando por la Secretaria de Estado de
Inmigración con la Dirección General de la Policía, con el Ministerio de Trabajo. Hemos avanzado algo pero todavía queda camino por recorrer en esa materia.
En relación con el Grupo Catalán, en general en cuanto al estatuto estoy de acuerdo con lo que ha planteado. Estamos señalando que el estatuto de empleados públicos en principio tendrá que tener un desarrollo legislativo de las comunidades
autónomas y del Estado. Es decir, esto no va a ser el estatuto de los funcionarios públicos de la Administración general, no va a estar en el mismo texto, pero si lo estuviera -estamos todavía en los inicios- tendría dos partes claramente
diferenciadas: lo que es de aplicación sólo a la Administración General del Estado y lo que es de aplicación como normativa de carácter básico. Pierda usted cuidado en el sentido de que vamos a hacer un planteamiento absolutamente abierto, de
manera que el planteamiento de bases va a ser restringido primero en aquellas materias que nos parece que se desprenden directamente del mandato constitucional y, segundo, en aquellas materias en las que exista consenso para ello. Le pongo un
ejemplo. En materia de selección, en los principios de mérito y capacidad creo que todos estamos de acuerdo. Donde empezamos a estar en desacuerdo es hasta dónde llevo el principio de mérito, el principio de capacidad. Le agradezco sus amables
palabras porque creo que nos pondremos de acuerdo en el transcurso de esta legislatura.
Respecto a las conferencias sectoriales, habla usted de la necesidad de tener relaciones bilaterales. Las tenemos continuamente. Tenemos relaciones de carácter técnico con la Generalitat y con cualquiera de las comunidades autónomas
diariamente. Los servicios técnicos trabajan y cuando tenemos un problema común lo resolvemos; hay acuerdos especiales, hay reuniones, hay visitas. Es decir que en ese sentido trabajamos desde hace mucho tiempo en la Función pública, desde que se
creó la Ley de medidas en la Comisión de coordinación de la Función pública, o sea que no
hay especial dificultad. Y siempre sabemos perfectamente que hay comunidades autónomas que tienen mayor experiencia en determinados temas que otras y, en consecuencia, colaboramos más con unas o con otras en función de las experiencias, las
necesidades y la voluntad de cada una de ellas.
En relación con el DNI electrónico estoy absolutamente de acuerdo con sus palabras. Deberá suponer -porque creo que es una apuesta de todos- un cambio espectacular en el Administración pública, porque en el momento que tengamos el DNI
electrónico y podamos hacer trámites telemáticos evidentemente las personas lo harán a las tres de la madrugada, a las cinco o a las siete, a la hora que consideren oportuno, y en consecuencia habrá que tener los servicios públicos adecuados para
mantener estas redes y para solucionar en tiempo real los problemas que haya que solucionar. Estamos en ello. Y también estamos en que DNI electrónico no impide la existencia de procesos de firma electrónica, como tiene la Generalitat de Cataluña,
ni lo va a prohibir. La ley es tajante en esta materia. Lo que sí hay es una cuestión que usted conocerá como yo: la proyección del DNI electrónico va a ser tan espectacular que probablemente minimice otro tipo de actuaciones de firma
electrónica, pero eso lo dirá el mercado. Quien haga algún tipo de firma electrónica y genere actuaciones colaterales probablemente también podrá subsistir. En todo caso, tenga la seguridad de que no hay ninguna voluntad de impedirlo u
obstaculizarlo.
Respecto a la Administración única no estamos de acuerdo. Usted ha hecho un planteamiento de la Administración única que no compartimos, lo que no significa que no podamos llegar a un acuerdo en determinadas cuestiones, pues hipotéticamente
puede haber leyes especiales en relación con determinadas comunidades autónomas o determinadas materias. Es verdad que las comunidades autónomas son también Estado, pero no son sólo el Estado las comunidades autónomas; la Administración General
del Estado también es Estado, incluyendo los territorios en los que se radican determinadas comunidades autónomas.
En relación con la colaboración y lo que ha señalado de las páginas web, estamos trabajando en ello y ya hemos impartido instrucciones para que se haga así y cumplir la proposición no de ley que aprobó el Congreso.
Agradezco su amabilidad en la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario Catalán. Espero que haya contestado más o menos a todas las preguntas y,
en todo caso, muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general; muchas gracias, señorías. Damos por finalizada la sesión de trabajo de hoy.
Recuerdo a los miembros de Mesa y portavoces que mañana estamos convocado a las dos.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.