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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 118, de 20/10/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 118
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO
Sesión núm. 8
celebrada el miércoles, 20 de octubre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Proposición no de ley:
- Sobre creación del Instituto Nacional de Educación a Distancia (INED) para adaptar la educación a distancia a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000095.) ... (Página 2)
- Relativa a integración de la enseñanza de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción educativa española en el exterior.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000024.) ...
- Sobre la enseñanza del valenciano en las escuelas oficiales de idiomas.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000009.) ...
- Relativa a la puesta en marcha de la evaluación diagnóstica en los centros escolares. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000240.) ... (Página 9)
- Para elaborar, con las comunidades autónomas y con la comunidad educativa, especialmente con los representantes de los padres, una campaña de participación en la elección de miembros de los consejos escolares de los centros educativos y
para realizar aportaciones en el proceso de elaboración de la reforma de la ley orgánica de calidad de la educación (LOCE). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. (Número de expediente 161/000344.) ...
- Relativa al impulso de cambios en el sistema universitario. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. (Número de expediente: 161/000349.) ... (Página 15)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
- SOBRE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (INED) PARA ADAPTAR LA EDUCACIÓN A DISTANCIA A LAS POSIBILIDADES QUE OFRECEN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000095.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión. Tengo que informarles que se ha retirado una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, la 3.ª del orden del día y que si no hay inconveniente el Grupo Mixto me ha pedido que su
proposición no de ley, que estaba en el segundo lugar en el orden del día, pase a debatirse en primer lugar. (Pausa.) Así lo haremos.
- RELATIVA A INTEGRACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y CULTURA CATALANA, GALLEGA Y VASCA DENTRO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000024.)
La señora PRESIDENTA: Entramos, pues, en lo que va a ser el primer punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a la integración de la enseñanza de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción educativa
española en el exterior, que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra para defenderla el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En primer lugar quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios que hayan accedido a cambiar el orden poniendo esta proposición no de ley en primer lugar, debido a que a las diez y media tenemos otra
proposición no de ley en la Comisión de Administraciones Públicas y otra a las once en la de Radio Televisión Española. Voy a intervenir muy brevemente y pido disculpas por si en algún momento de las intervenciones del resto de los grupos
parlamentarios ya no estoy presente por tener que estar en otro lado.
En el Estado español hay un vacío legal evidente en cuanto a la presencia de las lenguas que no son el castellano o español en la actuación o acción educativa del Estado en el exterior. Hasta ahora el Gobierno, se está rigiendo por un marco
legal que se establece en el Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, que regula la acción educativa en el exterior - que después ya veremos en qué consiste- y, por otra parte, por la Ley 7/1991, de 21 de marzo, por la cual se creó el Instituto
Cervantes para la difusión del español. Pero tanto en un caso como en otro las lenguas catalana, gallega y vasca quedan excluidas de cualquier acción educativa o incluso de difusión externa.
Por lo tanto, estamos ya en la primera contradicción: la normativa general no contempla el plurilingüismo existente en el Estado español. Pero, lo que es más grave, acaba eliminando a esas lenguas, sobre todo cuando comprobamos que el
artículo 4 del real decreto al que hemos aludido, el de 1993, que regula específicamente la acción educativa en el exterior, dice nada menos que la acción educativa española contribuirá al mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos de
los residentes españoles en el exterior. Cuando uno pregunta quiénes son los residentes españoles en el exterior, naturalmente, no es un español genérico y abstracto, sino que los residentes españoles en el exterior pertenecen a las distintas
naciones que conforman el
Estado. Incluso, si se refiere ya específicamente a aquellos que están como emigrantes, en el sentido económico y en el sentido de obligación, comprobará que muchas veces gran parte de ellos corresponden a una nacionalidad como Galicia, que
tienen lengua y cultura propia. De tal forma que nos encontramos con que en muchos lugares, sobre todo en América Latina y en la Europa que fue destino de emigración y que aún hoy sigue siendo, en el caso de Galicia, de forma especial Gran Bretaña,
Suiza, Alemania, incluso la propia Francia o zonas fronterizas como puede ser Andorra, gran cantidad de residentes son precisamente de ciudadanía del Estado español y gallegos de nacionalidad. Por lo tanto, sería muy importante que estas ausencias
y estas contradicciones se eliminasen.
Por otra parte, en el Instituto Cervantes sólo ha habido hasta ahora cursos esporádicos, no reglados, que han difundido en todo caso de forma muy minoritaria las lenguas catalana, vasca y gallega. Por eso, en nuestra proposición no de ley,
intentamos superar todos estos escollos o deficiencias. En todo caso, quería aludir, para acabar, antes de referirme en concreto a los tres puntos de nuestra proposición no de ley, a que en un caso como el de Andorra hay 6.000 gallegos que están de
alta en el consulado. Pues bien, para que consideren la importancia del problema, los niños y niñas escolarizados en la enseñanza secundaria que tienen padres gallegos son 115 de un total de 500 alumnos que cursan estudios en el instituto, es
decir, prácticamente el 30 por ciento del alumnado español es gallego. De este alumnado, cuando se le preguntó a los niños y a las niñas cuántos querían cursar gallego como asignatura optativa, respondieron 100 alumnos, cuando se les obligó a los
padres a que firmaran, incluso, un documento haciendo constar su decisión de que sus hijos tuvieran dentro del currículum esta asignatura, firmaron 63 padres en primaria y 63 en el instituto. Esto llevó a que las organizaciones de emigrantes, como
pueden ser la Casa de Galicia, el Consejo de Residentes de Andorra y por supuesto algunas organizaciones políticas como el Bloque Nacionalista Galego plantearan al consejero de Educación de la embajada la necesidad de que se contemplasen estos
estudios como optativos. Incluso, el consejero de Educación de la embajada envió a Madrid esta petición el 6 de abril del año 2004. Creo que son suficientes datos para ilustrar no solamente la importancia teórica del problema sino también una
exigencia práctica. Por eso, nuestros tres puntos se refieren, el primero, a contemplar en la educación educativa española en el exterior la enseñanza de estas lenguas, especialmente para alumnos que correspondan a estas áreas
lingüístico-culturales, para mantener sus vínculos culturales y lingüísticos; El segundo, a establecer con las comunidades autónomas implicadas el marco para que estos estudios puedan llevarse adelante, el tercero a establecer, si fuese necesario,
las modificaciones legales pertinentes.
La señora PRESIDENTA: Hay dos enmiendas, una del Grupo Popular y otra del Grupo Socialista.
Para defender su enmienda, en nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Intervengo muy brevemente para defender la enmienda de sustitución que hemos presentado a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto.
Nosotros valoramos muy positivamente la acción educativa que realizan nuestros centros en el exterior, que tienen la función de atender en las sociedades en donde están instalados esos 26 centros educativos a la población que vive en esos
países y al mismo tiempo atender a la población emigrante española o de hijos de emigrantes, que también es una función social de enorme relevancia. También quiero recordar que ejercen una función muy importante para la transmisión de la cultura y
de la lengua españolas las llamadas Agrupaciones de Lengua y Cultura Española, ALCE, que están en distintos países, con más de 530 aulas, y que atienden a cerca de 20.000 alumnos.
Efectivamente, teníamos pendiente el problema de la incorporación de las lenguas cooficiales en algunas comunidades autónomas de nuestro Estado en dichas actividades en el exterior. Hay precedentes interesantes como por ejemplo el convenio
que firmó el Ministerio de Educación y Cultura -en aquel momento- con la Xunta de Galicia hace pocos años, que dio lugar a la incorporación del profesorado concretamente en Gran Bretaña. Nuestra posición es favorable a resolver este asunto y en
este sentido hemos planteado nuestra enmienda. Creemos que el Gobierno debe seguir impulsando la puesta en marcha de acciones educativas para que incluyan la oferta de la enseñanza de lengua y literatura de las lenguas cooficiales de las
comunidades autónomas en todos los centros españoles en el extranjero, mediante acuerdos de colaboración entre el Ministerio de Educación y Ciencia y las administraciones autonómicas. Teniendo en cuenta las peculiaridades de estos centros, el
carácter heterogéneo del alumnado, el pluralismo del mismo, estimamos que estas enseñanzas, obviamente, deben ser ofertadas con carácter optativo y voluntario para los alumnos que lo deseen. Este es el planteamiento de nuestra enmienda, y por lo
tanto creemos que debemos dar pasos adelante para la resolución de este problema.
La señora PRESIDENTA: Para defender la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benzal.
El señor BENZAL ROMÁN: Nosotros también queremos empezar valorando muy positivamente la acción educativa que realiza el Estado en el exterior, sobre todo porque ha experimentado un crecimiento cuantitativo y especialmente cualitativo al
mismo ritmo que nuestra democracia. No cabe duda de que el aprecio
por nuestras propuestas en el exterior ha ido parejo al respeto internacional que ha ido ganando nuestro país en los últimos veinticinco años. Esa evolución lógica ha pasado desde ser una red de atención exclusiva prácticamente para dos
niveles sociales separados, por una parte, a los emigrantes españoles en el exterior y, por otra parte, a las élites y ha venido a concluir en el fin último de extensión cultural que no se agota, desde luego, con la lengua y cultura, ni muchísimo
menos con una sola lengua puesto que tenemos un Estado diverso con varias lenguas oficiales en determinadas comunidades autónomas. Eso sin excluir, por supuesto, que esa extensión cultural nunca va a eliminar la obligación primera de atender
lógicamente, a los españoles, que residen en esas zonas.
Quisiera ampliar la variedad de la oferta a la que se ha hecho referencia brevemente. Tenemos 24 centros públicos, dos son además de titularidad mixta con otros Estados; tenemos 11 escuelas europeas en secciones de centros internacionales;
25 secciones en determinados países, y 535 aulas de lengua y cultura distribuidas por nueve países. Además, todo eso está coordinado por dieciocho consejerías, a las que se pretende ampliar una próximamente en China -consejerías de Educación-. Esa
es la presencia del Estado en el exterior, y yo creo que todos compartimos que el Estado lo forman también, por supuesto, las comunidades autónomas. Ese patrimonio común debe incluir, sin duda alguna, las lenguas que son oficiales en esas
comunidades autónomas para que la presencia del Estado sea real.
Aparte de la obligada presencia del catalán en Andorra, que no tiene consideración seguramente como lengua en un sentido exterior, solamente en el centro de Londres está implantado el gallego debido a un convenio que se inició en el año 1991
y que se ratificó y se renovó en el año 1999, entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Educación. Es intención del ministerio realizar nuevos convenios con las comunidades autónomas, puesto que las responsabilidades y las competencias son
compartidas. Por una parte, la educación en el exterior es competencia del Estado, de la Administración central, y por otra parte, los niveles educativos a los que van dirigidas esas acciones en relación con la lengua y cultura propias de esas
comunidades autónomas es competencia de las administraciones autonómicas, con determinadas condiciones, lógicamente, de que el centro lo solicite, de extender esos convenios o cualquier otro tipo de relación que se considere oportuno, que haya
demanda de alumnos, etcétera.
Tenemos un antecedente de prácticamente, la misma, proposición no de ley, también del Bloque Nacionalista Galego, de hace año y medio aproximadamente, que fue rechazada por algo que ahora se nos vuelve a presentar, y es que se considera que
la situación actual es lo suficientemente adecuada, y nos propone el Partido Popular en una enmienda que se siga haciendo lo que se está haciendo. Nosotros la creemos claramente insuficiente, y por eso hemos presentado una enmienda distinta, a la
que voy a hacer inmediatamente referencia. Es una enmienda que por la fórmula parlamentaria hemos llamado de sustitución pero es más bien una enmienda de recomposición de la inicial y de ampliación, incluso, de compromisos. En esta enmienda
planteamos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para establecer el sistema de relación con las comunidades autónomas a fin de conseguir una implantación mayor de la lengua y cultura en esa serie de centros de atención educativa en el
exterior, a los que hay que sumar, por supuesto, las acciones que se hacen desde el Instituto Cervantes. En segundo lugar se refiere a los medios que también habría que establecer. Pensemos que en la lengua y la cultura aspectos como la
bibliografía, los textos escolares o los medios audiovisuales, por no decir otros, tienen una importancia enorme, y ahí la comunidad autónoma competente va a tener mucho que decir. La selección del profesorado actualmente se realiza a través de un
concurso de méritos de ámbito estatal, pero, tendrá que ser lógicamente, un profesorado que tenga los avales correspondientes de la comunidad autónoma. Hay que determinar también la ratio de alumnos, no porque se quiera derivar la cultura hacia una
rentabilidad, que no es por supuesto la postura del Partido Socialista, pero sí hay que buscar un mínimo de eficiencia para que haya una demanda suficiente, con una cláusula de seguridad siempre, y es que, por supuesto, los alumnos que sean
residentes en otro país van a tener lógicamente una atención diversa. Finalmente, en relación con la financiación, nos parece que con esta enmienda podemos englobar un compromiso más adecuado para desarrollar en el exterior el aprendizaje y la
extensión de la lengua y la cultura de las comunidades que la tienen cooficial.
La señora PRESIDENTA: Se me ha olvidado comunicar a sus señorías que, si les parece a todos bien, acumularemos la votación de las cinco proposiciones no de ley al final, más o menos hacia las doce de la mañana.
Para fijar posiciones respecto a esta proposición no de ley, me parece que no hay nadie de Coalición Canaria. (Pausa.)
¿Izquierda Unida? (Pausa.) Por el Grupo Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Nos parece interesante y necesaria la propuesta realizada por el Grupo Mixto, por el Bloque en concreto en este caso, nos parece razonable también la enmienda del Grupo Socialista, aunque no estamos conformes con
alguno de sus aspectos. Nosotros entendemos que, estando como está la educación transferida a todas las comunidades autónomas, el único ámbito directo que le queda al ministerio, aparte de las dos ciudades autónomas del norte de África, es
precisamente esta acción exterior. Entendemos que el servicio debe ser dado a todos los ciudadanos del Estado y que el Estado, como hemos
venido defendiendo en otras intervenciones también, debe considerar como propias y como valores del Estado en su conjunto todas las lenguas, no sólo la oficial en todo el territorio del Estado sino también las lenguas propias de algunas
comunidades autónomas. Entendemos que, tal y como ha apuntado el portavoz socialista, es normal que se utilicen los medios tecnológicos que ya se están utilizando en cada una de las comunidades autónomas para la enseñanza de esa lengua, pero
entendemos que la financiación debería correr a cuenta directamente del Ministerio de Educación y Ciencia, y aquí se deja la puerta abierta, se entiende que esa financiación será compartida e incluso será puesta por las comunidades autónomas.
Entendemos que, siendo un ámbito directo de gestión del Ministerio de Educación, también debería, en el espíritu de considerar a todas las lenguas que se hablan en el Estado como parte del Estado en su conjunto y como valor intrínseco, ser el
Ministerio de Educación y Ciencia el que asumiera esa financiación.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Convergencia i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: Valoramos positivamente la iniciativa que nos trae el Bloque Nacionalista Galego. Es una iniciativa que coincide con las posiciones mantenidas por Convergencia i Unió en esta Cámara desde hace muchos años y que
incide en el ámbito de la acción educativa exterior del Estado, y lo hace para seguir impulsando que dicha acción refleje auténticamente la realidad lingüística del Estado, que es una realidad plurilingüística. Como he dicho, esta es una
preocupación que compartimos desde Convergencia i Unió, y para no extenderme voy a reseñar únicamente las propuestas de resolución presentadas a raíz de los debates sobre el estado de la Nación de la última legislatura. Presentamos varias en este
sentido y fueron todas ellas rechazadas. Quiero también señalar singularmente la actividad parlamentaria llevada a cabo en este caso por el Senado, por mi compañero y amigo el senador Varela, que en múltiples preguntas, interpelaciones y mociones
se interesó siempre en el impulso por que se reflejara en la acción educativa exterior del Estado la realidad plurilingüística que tenemos.
Me parecen también interesante las consideraciones que ha realizado el portavoz del Grupo Vasco, porque el territorio MEC es uno de los pocos territorios que quedan y pienso que es interesante la reflexión que ha hecho acerca de que la
financiación de esta acción exterior del Estado debería ser aportada en este caso en exclusiva por el Estado. En todo caso, lo tomo como una reflexión. Pienso que se puede votar a favor de a la toma en consideración de esta iniciativa y el voto
final nos los reservaremos hasta ver cómo quedan los acuerdos a los que se impulsa a través de la enmienda de sustitución.
La señora PRESIDENTA: Me temo que el señor Rodríguez no está presente ahora mismo para contestar y explicarnos si acepta las enmiendas o no. Si les parece, lo dejaremos para el momento de la votación.
- SOBRE LA ENSEÑANZA DEL VALENCIANO EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000009.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto, primer punto en el orden que teníamos hasta la modificación aceptada, que es una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, sobre la enseñanza del valenciano en las escuelas oficiales de idiomas.
Tiene la palabra para defenderla la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Con motivo de la nueva ordenación de la enseñanza en las escuelas oficiales de idiomas, se reunió la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia de Educación, formada por los directores generales de
Ordenación Académica de las diecisiete comunidades autónomas y el ministerio, y acordó la separación del estudio del catalán y el valenciano en las escuelas oficiales de idiomas, otorgándoles temarios distintos.
Señorías, algún día los historiadores repasarán el conflicto político de la lengua catalana y su denominación y evolución en el País Valenciano.
Será algo así como: de cómo desapareció el habla y uso de una lengua en el territorio
valenciano, explicando cómo el Partido Popular venció esta triste batalla confundiendo a los valencianos y distrayéndoles con un conflicto sin base científica alguna pero de rentabilidad política, sobre si el valenciano y el catalán son una misma
cosa o no. Todo ello mientras no se adoptó -y por eso murió- ninguna medida de promoción del valenciano y ni siquiera se usa en los actos institucionales por los políticos del Partido Popular. Pero junto al autor de este crimen hay un cómplice, y
este podría ser el Partido Socialista, que bucea en la ambigüedad dejando en indefensión la lengua de los valencianos, que es la misma que la de los baleares y la de los catalanes, que es una parte fundamental de nuestra riqueza cultural y que,
según la Constitución española, que tanto apreciamos, ha de ser objeto de especial respeto y protección.
Desde Izquierda Verde pido hoy, en esta Comisión de Educación, al Partido Socialista que se manifieste sobre la unidad lingüística, que se deje de ambigüedades y que vote a favor de esta iniciativa que devuelve a la normalidad educativa y
científica el estudio de una misma lengua con denominaciones distintas en las escuelas oficiales de idiomas. Lo contrario significa
utilizar una posición política para dañar nuestra lengua, la lengua de los valencianos, destruir la realidad, esto es, la unidad lingüística manifestada por el cien por cien de la comunidad científica, pues he de decir que sólo algunos
políticos la niegan. Ningún científico se atreve a hacerlo. Esquerra Unida, que es la organización de la que yo provengo, está cansada de ver cómo va desapareciendo la lengua gracias a este debate interesado generado por el Partido Popular.
Acabemos con él y salvemos nuestra lengua.
La diversidad onomástica, que responde a las tradiciones históricas perfectamente respetables y que no pretendemos alterar, no puede servir de excusa para la secesión lingüística. El término catalán se generalizó para denominar el conjunto
de la lengua a partir de los trabajos de los grandes onomanistas europeos del siglo XIX. La denominación responde en primer lugar, al hecho de que la lengua nació en Catalunya Vella y se extendió al resto de los espacios geográficos que ocupa
actualmente y en segundo lugar, al hecho de que a partir del siglo XIX Cataluña se convirtió en el centro de irradiación de los principales movimientos culturales y literarios del conjunto del área lingüística. Señorías, la denominación catalán no
es incompatible con otras tradicionales y legales como el valenciano. En la actualidad, licenciados y diplomados valencianos imparten clases de catalán en Cataluña y las Islas Baleares sin que nadie, hasta la fecha, haya cuestionado la variedad
lingüística que usan.
El contenido de la iniciativa que hoy defiendo ha sido demandado en primer lugar por los propios profesores de valenciano en las escuelas oficiales de idiomas, los sindicatos Comisiones Obreras, STES y UGT, el Instituto Universitario de
Filología Valenciana, el Institut Joan Lluis Vives, y se basa en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana e incluso del Tribunal Constitucional. Las entidades antes descritas firmaron sus correspondientes
manifiestos y comunicados reflejando la medida adoptada, cuya retirada se pretende mediante esta iniciativa. Señorías, dejemos de atentar contra la autoridad científica, la historia y la cultura y voten a favor de esta iniciativa, que pretende
devolver a la normalidad el estudio del valenciano, que es la misma lengua que el catalán, en las escuelas oficiales de idiomas.
Ha presentado una enmienda el Partido Socialista que rechazamos, pero hemos llegado a una transaccional, a un acuerdo en el que se pide una revisión de estas decisiones, tanto en cuanto al currículo de las enseñanzas, la obtención,
expedición y homologación de la titulación en las escuelas oficiales de idiomas, lógicamente, como en cuanto a la revisión del procedimiento de selección del profesorado, manifestando la disconformidad con el criterio adoptado por la Comisión de
Ordenación Académica y sobre el que versa esta iniciativa. Manifestamos nuestra disconformidad por tratarse de un atentado contra nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda de sustitución el Grupo Socialista, y para defenderla tiene la palabra el señor Benito.
El señor BENITO SERRA: En este caso es una transaccional que ya la portavoz ha comentado.
La intervención del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la proposición inicial presentada por el Grupo Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la enseñanza del valenciano en las escuelas oficiales de
idiomas, quiere centrar su argumentación básicamente primero en una precisión, y es que está claro que, fruto de este acuerdo, de esa transacción, la posición del Grupo Socialista no es de indefinición. En lo que podría diferenciarnos es en los
matices de los tempos y en la oportunidad de plantear según qué cuestiones y en qué momentos. Por lo tanto, manifestado el acuerdo con esta transaccional, quisiera plantear una serie de consideraciones, ya que esta proposición viene provocada,
básicamente, porque lo que estamos ahora padeciendo son las consecuencias de una actuación precipitada, una actuación que no tuvo en cuenta otros intereses que los partidistas, del anterior Gobierno del Partido Popular sobre este tema, a la hora de
introducir en la Comisión de Ordenación Académica del antiguo Ministerio de Educación, Cultura y Deportes un elemento que se ha demostrado que no ha hecho otra cosa que aumentar la discordia y las disensiones en la Comunidad Valenciana. El Partido
Popular es el único responsable de la situación creada. Además, esto lo hizo sin tener en cuenta la opinión de la Academia de la Lengua Valenciana, requisito que, no siendo obligatorio, nos parecía ya en su momento esencialmente lógico y además
necesario.
El Grupo Socialista, que en tantas otras acciones ha demostrado su actitud de consenso, quiere rechazar la actitud mantenida por el Partido Popular de continuar echando leña al fuego en un tema tan controvertido socialmente como es el de la
unidad de la lengua y que tanto ha dividido, además, a la sociedad valenciana. Esta situación no la reconozco sólo yo, la reconoce también la presidenta de la Academia de la Lengua Valenciana, institución creada por las Cortes Valencianas, al
manifestar -y transcribo textualmente- que esta Academia sufre unos ataques de los que continúan atrincherados en viejas ideas que no se sostienen desde el rigor científico de ninguna manera. Teniendo en cuenta, además, que en la actualidad la
Academia Valenciana de la Lengua está trabajando en una ponencia para elaborar un documento sobre la onomástica de las lenguas y que piensa concluir aproximadamente a partir del mes de noviembre; teniendo en cuenta que este documento lo que
pretende es encontrar una respuesta que respete la afiliación del valenciano en un sistema lingüístico compartido y que podría zanjar, si es que obtiene el necesario consenso institucional y social, el debate abierto que tanto daño está haciendo a
la propia comunidad; considerando, además, que los acuerdos propuestos a la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia de Educación, a iniciativa de la Comunidad Autónoma Valenciana, sobre los programas de enseñanzas mínimas comunes
del valenciano al alumnado de las escuelas oficiales de idiomas y para la selección del profesorado, lo eran cuando se plantearon sólo en trámite de audiencia y en proceso de regulación y dado que corresponde precisamente al Gobierno de la nación el
establecimiento de las enseñanzas comunes correspondientes a las diferentes especialidades lingüísticas impartidas en las escuelas oficiales de idiomas, toda vez que da lugar a la obtención de títulos que tienen validez en todo el territorio
nacional, realmente es el Gobierno el que debe acabar actuando en esta situación, atendiendo, además -y lo creemos importante- que para que esta situación tenga sentido de alguna manera deberá plantearse el establecimiento de programas de
enseñanzas, buscando el acuerdo también por las autoridades educativas valencianas y, por lo tanto, un acuerdo que intente evitar cualquier enfrentamiento innecesario en las distintas administraciones.
Pretendemos con nuestra actuación regular una situación y plantear también una solución a un problema que, ha creado el Partido Popular, según estuvimos viendo ayer en el Congreso, pues las actuaciones que ha tenido sobre la lengua no han
hecho otra cosa que dinamitar una posible situación de consenso. El problema del valenciano y de los valencianos no se podrá solucionar con imposiciones como las pretendidas porque, como decía mi antecesora en el uso de la palabra, el problema del
valenciano es mucho más grave que todo esto. Una lengua que la hablan con normalidad en según qué zonas uno de cada siete habitantes de la comunidad obviamente tiene otros problemas. Por lo tanto, nuestra posición va a ser favorable a la votación
de esta enmienda transaccional porque creemos que en la situación que se ha abierto de revisión y debate global del sistema educativo esta propuesta no hace otra cosa que posibilitar la revisión y una nueva búsqueda para obtener el apoyo y el
consenso necesario que la Comunidad Valenciana en estos momentos, necesita.
La señora PRESIDENTA: Turno de fijación de posiciones.
Por el Grupo Vasco, señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Nuestro grupo cree más que demostrado que el criterio unánime de la comunidad científica es que se trata, hablando del catalán y del valenciano, de una misma lengua. Se denomine como se denomine, porque todos los
idiomas tienen sus propias particularidades locales y puede tener sus denominaciones a partir de esa variedad local, de lo que parece que no hay duda en el ámbito científico es de que se trata de una misma lengua.
No vamos a repetir argumentos porque este es un debate muy conexo con el que se suscitó en la Comisión Constitucional y ahí se dieron una serie de argumentos por parte de nuestro grupo. Simplemente quiero señalar, entre otras cosas, que un
amigo de la comunidad científica está esperando con verdadera avidez que aparezca un diccionario valenciano-catalán para comparar las amplias diferencias de vocabulario entre ambos idiomas, y a uno le sorprende que las autoridades académicas de uno
y otro lado del Atlántico hayan anunciado la aparición de un diccionario de dudas del español, cuando todo el mundo sabe que el idioma que se habla en Venezuela es el venezolano, en Chile es el chileno, en México el mexicano y en Argentina un idioma
muy diferente al español como el argentino. Por otra parte, todo el mundo sabe que el señor Bush y el señor Blair se entienden tan bien gracias a que el señor Blair, aparte de inglés, habla estadounidense, porque si no, sería bastante complicado
que se entendieran. En fin, bromas aparte, lo que queremos decir es que si en Baleares, por ejemplo, no se suscita ningún problema con la utilización y con la normalización del idioma catalán, esperemos que esta situación pueda producirse de manera
rápida y con el impulso de la Administración también en el país valenciano.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, por el Grupo Convergencia i Unió, la señora Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: Intervengo en nombre del Grupo Catalán para decir que vamos a apoyar esta iniciativa, que plantea algo con lo que coincidimos desde Convergencia i Unió, que es la necesidad de derogar cuantos preceptos supongan
seguir avanzando contra la integridad y la unidad de la lengua catalana.
La proponente, Isaura Navarro, ha expuesto suficientemente y de manera muy clara las razones que le asisten para sustentar esta iniciativa, que son razones, como ha dicho también el portavoz del Grupo Vasco, que abundan en criterios
científicos y académicos de que se trata de una sola lengua también ha dado razones onomásticas que ha refrendado con un punto de ironía el portavoz del Grupo Vasco, y a las que quisiera añadir que tenemos múltiples ejemplos de dos denominaciones de
la misma lengua: por ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 31 se refiere a la lengua del Estado como el castellano, mientras que todos los tratados de la Unión se refieren a esta lengua como lengua española; por lo tanto, es un dato más,
un argumento más de carácter onomástico, para decir que las lenguas pueden tener dos denominaciones tratándose de una misma lengua. Y también ha dado razones desde el punto de vista jurídico. Se trata ya de un debate cerrado y quiero aludir a la
sentencia del Tribunal Constitucional de 1997 repetida en esta casa últimamente pero también a muchas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2004 en las que se reconoce claramente la unidad de la
lengua. Me ha parecido entender por la exposición de su portavoz que el Grupo Socialista compartía estas
razones. En este sentido hemos echado de menos un posicionamiento un poco más claro acerca de por qué, si se comparten todos estos argumentos, que desde nuestro punto de vista están también muy claros, no se procede ya a abordar rápidamente
todas estas reformas sin mayor dilación.
Con este interrogante, reitero que vamos a apoyar la iniciativa que nos plantea el grupo proponente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tienen la palabra el señor Calomarde.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Efectivamente, no este debate, sino el hermano mayor o la hermana pequeña de este debate lo tuvimos recientemente las mismas personas, portavoces de otros grupos parlamentarios, la propia proponente y el diputado
que les habla en la Comisión Constitucional.
Quiero comenzar mi intervención, señora presidenta, recordando a esta Comisión que en el acuerdo que alcanzamos el Grupo Socialista y el Grupo Popular en esa Comisión se decía: El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo -esto lo
votamos los grupos parlamentarios; era una transaccional propuesta por ustedes, por el Grupo Socialista- decidido a la defensa y desarrollo de todas las lenguas que tengan carácter oficial en las comunidades autónomas, de acuerdo con su respectivo
estatuto de autonomía, y rechaza todas aquellas actuaciones que supongan un impedimento injustificado de su uso y reconocimiento social, por contrarias al pluralismo lingüístico que la Constitución garantiza. Esto se votó con los votos del Grupo
Socialista y del Grupo Popular -por tanto, por mayoría- en la Comisión Constitucional del 28 de septiembre.
Si me lo permite, señora presidenta, aparte de este recordatorio, por si tiene algún interés para la Comisión conocerlo o recordarlo, entro directamente en la argumentación que yo quisiera traer esta mañana a esta Comisión respecto a la
propuesta que hace la diputada Isaura Navarro por parte de Ezquerra Unida-Izquierda Unida Verds. Obviamente, vamos a votar que no a la propuesta de la señora Navarro. Trataré de argumentar ante sus SS.SS. los motivos de esta posición política.
En primer lugar, el Partido Popular, y el Grupo Parlamentario Popular en consecuencia, no establece ni establecerá diferencias ni analogías algunas entre las lenguas oficiales de España, tengan éstas o no un tronco común. Espero que la claridad
meridiana de mis palabras conste en acta y que esta discusión no se vuelva a repetir en mucho tiempo en estos mismos términos en este Congreso. Repito, ni ha establecido, ni establece, ni establecerá diferencias ni analogías algunas entre las
lenguas oficiales de España, tengan o no un tronco común, tal como ocurre, por ejemplo con el castellano, el catalán u otras, con el euskera o el vascuence. Y podríamos citar también las distintas denominaciones que en el País Vasco tiene la lengua
a la que me acabo de referir, naturalmente con el respeto que no he observado para el valenciano en la intervención del señor diputado del PNV.
Quiero recordar también, señora presidenta, señorías, el ámbito legal en el que nos movemos. Lamento ser reiterativo de lo que ya dijé en su día en la Comisión Constitucional, pero es que, señorías, nos movemos donde nos movemos. Estamos
hablando de las denominaciones lingüísticas oficiales de las leyes orgánicas de los respectivos estatutos de las comunidades autónomas que tienen lenguas propias reconocidas como tales en los mismos y competencias plenas, según el artículo 148.1 de
la Constitución, para el desarrollo normativo, cultural, lingüístico y educativo en sus respectivos territorios autónomos de esas mismas lenguas oficiales. Ustedes saben exactamente igual que yo que el Real Decreto 944/2003, al que creo que se ha
hecho referencia en esta Comisión y que efectivamente era un decreto del Partido Popular -entoces estábamos en el Gobierno-, por el que se establecía la estructura de las enseñanzas de idiomas de régimen especial, reguladas por la LOCE en su
artículo 1.3, dispone, como no podía ser de otro modo, que en las citadas escuelas de idiomas, las lenguas cooficiales se enseñen tal y como existen en España.
Y son éstas, como todos ustedes recordarán y sabrán: la Ley Orgánica de 1979 del País
Vasco, que establece el euskera como lengua propia del País Vasco; en Cataluña, el catalán, en el Estatuto de 1979, de 18 de diciembre, en su artículo 3.1; la orgánica de 1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía gallega, en donde se dice que
la lengua propia de Galicia es el gallego; la Ley Orgánica -en este caso que nos afecta- de 1 de julio de 1982, del Estatuto de Autonomía de mi comunidad, la Comunidad Valenciana, en donde se señala en su artículo 7.1 que el valenciano es idioma
oficial, junto con el castellano, de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, quiero recordar a sus señorías que la Ley de Enseñanza y Uso del Valenciano, aprobada por las Cortes Valencianas en 1983, en su artículo 2.1 establece el valenciano como idioma
y lengua, exactamente así, de la Comunidad Valenciana. También quiero recordarles que, como ustedes saben perfectamente, la Ley Orgánica de 1983, del Estatuto Balear, dice en su artículo 3.1 que la lengua catalana propia de les Illes Balears
tendrá, junto a la castellana, carácter de idioma oficial.
Señoras y señores diputados, señora presidenta, según lo antedicho, con las correspondientes leyes orgánicas son cooficiales también el euskera, el vasco de Euskadi, en parte de Navarra, el
catalán en Cataluña y en les Illes Balears, el gallego en Galicia y el valenciano en la Comunidad Valenciana. Como también sus señorías conocen por el artículo 148.17 de la Constitución española, corresponde a las comunidades autónomas ejercer las
competencias en dichas materias. Creo haber hecho una argumentación exacta y rigurosa desde el punto de vista jurídico en el que nos movemos.
Pero también he hecho un pronunciamiento político que deseo entender que ha de constar
en acta y constará para mucho tiempo en esta Cámara.
Reitero, señorías, que el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular ni establecen ni establecerán diferencias ni analogías entre las lenguas oficiales de España de todas ellas. Y recuerdo a sus señorías, señora presidenta, que las
lenguas oficiales de España son aquellas que los estatutos de autonomía, como leyes orgánicas, establecen como oficiales en sus denominaciones, competencias y usos. Por lo tanto, la posición de mi partido es nítida. Va a ser exactamente esa, por
lo que no vamos a votar, como es natural, a favor de la propuesta que hace la diputada y compañera de mi circunscripción electoral, Isaura Navarro, por el Grupo de Izquierda Unida, y, lógicamente, tampoco suscribiríamos lo que ha dicho el portavoz
del Grupo Socialista, al que también me gustaría, con absoluta cordialidad, recordarle dos cosas. Se ha imputado al Partido Popular la responsabilidad en un largo y sangrante conflicto en la Comunidad Valenciana. Quiero recordar al Grupo
Socialista y, si me lo permitiera la señora Navarro, también y con toda cordialidad y respeto, al Grupo de Izquierda Unida que fue precisamente el Gobierno del Partido Popular, con la inestimable colaboración del Partido Socialista en aquellos
momentos en la Comunidad Valenciana y con la abstención de Izquierda Unida en las Cortes Valencianas, quienes aprobamos, en plural, porque así es, señorías, y lo demás es faltar a la verdad manifiesta, la Ley de aprobación de la Academia Valenciana
de la Lengua, que se basó en el dictamen emitido el 13 de julio de 1988 por el Consejo Valenciano de Cultura. El diputado que les habla tiene la satisfacción personal, como vicepresidente que era en ese momento del Consejo Valenciano de Cultura, de
saber algo de cómo se hizo aquel dictamen de cuáles fueron las posiciones de los distintos grupos políticos representados no en el Consejo sino en las Cortes Valencianas, y cuál el nivel de apoyo, entendimiento y colaboración entre los grupos
mayoritarios de aquellas Cortes. Fue una enorme satisfacción la aprobación de aquella academia. El Partido Popular ha sido, como no puede ser de otro modo, enormemente respetuoso con las competencias que la ley fija a la academia que preside mi
buena amiga Ascensión Figueres, la Academia Valenciana de la Lengua.
No será nuestro partido el que interponga ninguna traba ni ninguna rueda de molino a ninguna decisión autónoma que una academia de esa naturaleza, avalada por la mayoría de las
Cortes Valencianas, por ustedes, por nosotros, y con una posición enteramente legítima y respetable en su momento por el Grupo de Ezquerra Unida en esas mismas Cortes, no será mi grupo, repito, el que impida ningún acuerdo en este sentido, ni mucho
menos interponga ninguna retórica en el funcionamiento de entidades autónomas. Pero sí estamos en nuestro derecho, y así lo manifiesto, de recordar a SS.SS. el marco en el que nos movemos y el pronunciamiento político que he efectuado. Yo les
ruego que a partir de este momento se tenga plena claridad y constancia, si ustedes así lo desean, de lo que en el Partido Popular y en mi grupo parlamentario piensan a este respecto.
Señora presidenta, gracias por su generosidad de tiempo, y es obvio que votaremos que no a la propuesta de la señora Navarro.
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, entiendo que se acepta la enmienda transaccional que se someterá a votación al final.
La señora NAVARRO CASILLAS: Sí, efectivamente, se presenta la enmienda transaccional para la votación de los presentes.
- RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA EN LOS CENTROS ESCOLARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000240.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos dada la retirada de la que era proposición no de ley número 3, a la proposición no de ley número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la puesta en marcha de la evaluación diagnóstica en
los centros escolares.
Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señorías, la proposición no de ley que defiendo en nombre del Grupo Popular evidencia el interés que nuestro grupo tiene por la calidad de la educación para todos, y su contenido está en línea con las últimas medidas
que con este objetivo incorporó la LOCE.
Como saben, señorías, el título II de esta ley se refiere a la evaluación del sistema educativo, competencia que en la ley se atribuye al Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, que asume las funciones atribuidas
anteriormente al INCE, cambio de denominación que obedeció a razones de homologación internacional. Entre las funciones de este organismo adquieren especial relevancia las evaluaciones de diagnóstico que sobre las competencias básicas del currículo
deberán realizarse en la educación primaria, en la secundaria obligatoria así como el Plan de Evaluación General del Sistema Educativo y el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, dice la citada ley.
Compartirán, señorías, conmigo que la cultura de la calidad debe guiar el sistema educativo, y pensamos que para su mejora permanente es necesario asimilar también la cultura de la evaluación permanente. El sistema educativo debe, por
tanto, asumir el objetivo de la evaluación porque a él es consustancial, porque él impone, porque en definitiva exige, innovar permanentemente buscando la mejor calidad. Creemos sinceramente,
en concordancia con lo que se recoge en la LOCE, que la cultura del esfuerzo y la mejora de la calidad están vinculadas a la intensificación también de los procesos de evaluación de los alumnos, de los profesores, de los centros y del
sistema en su conjunto, de modo que puedan orientar consecuentemente los procesos de mejora y de eficacia del sistema. La LOCE introdujo, por tanto, un sistema de evaluación con una finalidad más operativa. Es un modelo innovador en nuestro
sistema y acorde con el que existe en otros países de nuestro entorno; modelo, señorías, que supone extender la evaluación a todo el ámbito educativo: al proceso de aprendizaje, al de los alumnos, al de la actividad del profesorado, de los centros
docentes, de la Inspección de Educación y de la propia Administración educativa. En definitiva, creemos que, además de ser de gran utilidad, será bien recibido por padres y alumnos, algo lógico porque es absolutamente necesario si queremos que la
Administración oriente los procesos de mejora continua y permanente en la búsqueda constante por la excelencia a la que un buen sistema educativo debe siempre aspirar. Y si nadie puede hoy, creo yo, dudar que ello vaya ligado a la calidad,
entenderán que nuestro grupo solicite que se apruebe, previa consulta a las comunidades autónomas, la normativa básica para el desarrollo de la evaluación general de diagnóstico sobre áreas y asignaturas en educación primaria y secundaria que versen
sobre competencias básicas del currículo, así como también otros planes de evaluación importantes para el objetivo que hemos indicado y que ahorro a SS.SS. porque tienen el texto en su poder.
Señorías, si entendemos que ello es esencial para la calidad, no podemos retrasar su aplicación. He ahí la cuestión importante. No podemos paralizar este proceso dos años, como ustedes, señores que apoyan al Gobierno, señores de la
mayoría, señores socialistas, parece que pretenden hacer. Y lo digo a tenor de la enmienda que ustedes han presentado, porque a ello se refieren. Reflexionen, señorías, porque deben saber que la evaluación actual, al ser muestral, no sirve para
dar respuesta a los centros sobre su situación real, algo que sí, en cambio, será posible con el sistema que ya se establecía en nuestra ley, en la LOCE, porque es estable, y que además es sin duda la que hoy nosotros demandamos por ser la más
eficaz.
Ustedes, señores socialistas, han paralizado -todos lo sabemos muy bien y lo ha lamentado la sociedad en general- por decreto una ley, la LOCE, que desarrollaba valores, principios y medidas encaminadas a promover la mejora de la calidad del
sistema educativo, y una de ellas es precisamente este nuevo sistema de evaluación. No podemos quedarnos parados perdiendo un tiempo precioso, un tiempo irrecuperable en el sistema educativo, porque la propuesta del debate en el que ustedes
últimamente se enquistan para todo lo que es innovar, para todo lo que es mejorar, para todo lo que supone una mejora efectiva para la calidad de la enseñanza, no podemos aceptarla. La comunidad educativa lo demanda, no es que se lo pida el Grupo
Popular, es que la comunidad educativa sabe que ello es absolutamente necesario y lo demanda. Lo que necesita, sabe muy bien, son soluciones, son medidas, y esta que proponemos es claramente urgente, y si no la abordan con la urgencia que requiere
una vez más demostrarán -lo digo con respeto pero también convencida, señores socialista-- que solamente ustedes se están acercando a la educación con un ropaje engañoso y que ese título de educación de calidad para todos que sin duda compartimos,
como es lógico y natural, desde hace muchos años y que es uno de los principios generales asumidos en la educación, es sólo para ustedes un eslogan porque un sistema de evaluación adecuado está ligado necesariamente a la calidad. Y no olvidemos que
en una sociedad democrática -creo que es bueno recordarlo- los ciudadanos tienen derecho a conocer el funcionamiento de su sistema educativo, tienen derecho a conocer el funcionamiento de un servicio que es básico, tienen derecho a que el Gobierno
contribuya a superar los problemas con decisiones de innovación que sean acertadas. No es desde luego desde el inmovilismo, no es alejándonos de los métodos utilizados, porque además lo son de los países todos de nuestro entorno, no es desde la
dejación de la responsabilidad de un Gobierno como se contribuye a la eficacia del sistema educativo, sino asumiendo decididamente los mejores instrumentos, y el que aquí hoy en nombre de nuestro grupo yo defiendo estoy segura de que toda la
sociedad considera que es adecuado, necesario y urgente poner en marcha.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda de sustitución por el Grupo Socialista y para defenderla tiene la palabra la señora Herrero.
La señora HERRERO SAINZ-ROZAS: Señorías, intervengo por primer vez en esta Cámara en representación del Grupo Parlamentario Socialista y es un honor para mí hacerlo en el seno de la Comisión de Educación.
El Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley relativa a la puesta en marcha de la evaluación diagnóstica en los centros escolares, así como otros procesos de evaluación que su señoría acaba de exponer a la Comisión, y le anuncio
que el Grupo Parlamentario Socialista no va a apoyar esta proposición no de ley y ha presentado una enmienda de sustitución que espero merezca la aprobación de sus señorías. En defensa de nuestra enmienda y como expresión de nuestras posiciones
debo decir que consideramos la evaluación como un factor de calidad de primer orden, y sólo así se puede entender cuando se considera que la educación es un servicio público que debe ofrecer igualdad de oportunidades para todos y, por tanto, trata
de compensar desigualdades de cualquier tipo. Por todo ello nuestro concepto de la evaluación responde a esta idea de la educación. Consideramos, por tanto, que es
un componente más del proceso educativo, de cualquier forma un proceso irrenunciable que tiene como finalidad la mejora del sistema y que se realizará mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis de información sobre la
realidad que nos permitirá una posterior toma de decisiones. Coincidimos, señoría, en la consideración de la evaluación como un factor de calidad del sistema, pero no es precisamente innovador el modelo de evaluación que nos ha propuesto el Grupo
Popular a través de la Ley de Calidad de la Educación, como ustedes manifiestan en la exposición de motivos de su proposición no de ley. El diccionario de la Real Academia define la innovación como mudar o alterar las cosas introduciendo novedades,
y no creo que la Ley de Calidad de la Educación haya introducido novedades y menos en evaluación. Ustedes ni han mudado ni han introducido novedad alguna, todo estaba recogido en leyes ya existentes. A nivel formal parecen los mismos
planteamientos que los que se recogían en leyes anteriores, pero de ninguna forma responden a la misma concepción educativa en leyes como la Ley orgánica de ordenación del sistema educativo, la Ley orgánica de participación, la evaluación y el
gobierno de los centros, y la especialmente importante Orden, de 21 de febrero de 1996, de evaluación de los centros públicos, que proponía todo un plan de evaluación tanto interna como externa de los centros y que ustedes nunca aplicaron. Y como
el movimiento se demuestra andando, el Ministerio de Educación y Ciencia llevó a cabo un ambicioso plan de evaluación, plan EVA, desde 1992 a 1996, en el que fueron evaluados 523 centros de educación primaria y 553 centros de educación secundaria.
Se creó también el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, ahora Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo.
Señoría, la evaluación diagnóstica, es decir, la evaluación de competencias básicas del alumnado respecto a los currículos en sí misma no es negativa ni positiva. Todas las leyes educativas hacen referencia a ella, primero la Logse, la
Lopeg, la LOCE, evidentemente, y estas leyes recogen el interés suscitado desde la década de los sesenta y especialmente de los setenta por la puesta en marcha de procesos de mejora de la calidad. Desde esta perspectiva, el ámbito referencial de la
evaluación se amplía a nuevos campos y dimensiones: los procesos educativos, como usted bien ha dicho, la actividad del profesorado, los centros docentes, la inspección de educación, la propia Administración educativa. Nosotros entendemos -y lo
hemos promovido siempre- que la educación como tal debe estar dirigida a cada uno de los componentes, y no sólo al alumnado, una evaluación global de capacidades formativa, orientadora, participativa, comunicativa. Debe quedar claro, por tanto, que
términos como calidad y evaluación no son patrimonio de nadie.
Analizando su proposición no de ley y en defensa de nuestra enmienda debo decir que el problema no es la evaluación -en la que todos estamos de acuerdo-, lo es su finalidad, los objetivos que se pretenden, los procedimientos que se utilizan
y el uso que se hace de la misma, y en cada uno de estos puntos tenemos diferencias. ¿Compartimos la necesidad de evaluar el sistema? Desde todos los ámbitos referenciales de la evaluación interna y externa, como dos caras de la misma moneda.
Estamos totalmente de acuerdo, como es lógico, con la participación en los procesos de evaluación internacional y también en que las evaluaciones tengan un carácter informativo y orientador para los centros -no podría ser de otra forma-, para el
profesorado y para las familias. Consideramos muy relevante también que uno de los procedimientos que se utilice sea evaluar las competencias básicas del alumnado de educación primaria y secundaria en distintos puntos o momentos de su recorrido
escolar y que esta evaluación sirva para conocer lo que realmente saben en contraste con lo que se les enseña, incluso con las calificaciones que los profesores les otorgan. Esta información es relevante para el sistema y probablemente lo sea mucho
más para todos y cada uno de los centros si somos capaces de hacérsela llegar en tiempo y forma. Queremos saber también qué sucede para tomar decisiones de mejora, y es probable que en esto no nos diferenciemos pero sí es seguro que tenemos
diferencias en la manera de utilizar esta información. Ustedes ya dieron un ejemplo con el uso interesado de los datos del informe Pisa. Nosotros introducimos mejoras, el Partido Popular organiza premios para que puedan ser utilizados como reclamo
en un modelo educativo basado en la ley de mercado. Es sabida la obsesión que siempre ha tenido el Partido Popular en utilizar los datos de evaluación para comparar la escuela de titularidad pública con la de titularidad privada, sin entrar a
profundizar en aspectos de contexto, de recursos y otros que son fundamentales. Los fines son diferentes pero también son los objetivos de la evaluación diagnóstica en este caso. Me surge la pregunta: ¿qué vamos a evaluar? Parece evidente que
queremos evaluar tanto los resultados del alumnado como los de contexto, de recursos, en que se produce, pues nunca debe estar ajeno al mismo. Esta es una de las claves de la prevención del fracaso escolar para así poder organizar las ayudas, los
apoyos necesarios. En segundo lugar, nos interesa saber cuáles son las competencias básicas y claves, y no un conjunto de contenidos que de manera acumulativa han incluido ustedes en los currículos. En ese sentido no descalificamos en absoluto
pero reconocemos los límites de la evaluación diagnóstica, y eso nos hace ser prudentes en nuestros juicios.
Hay capacidades que difícilmente se pueden evaluar con una prueba. Hablo especialmente de contenidos actitudinales y valores que, por
cierto, ustedes eliminaron de los currículos; también hablo de los contenidos de procedimientos. Tenemos también diferencias en los procedimientos de evaluación. Como posiblemente ya saben, nosotros nos movemos en modelos más descriptivos y
comunicativos, que no por ello están exentos de rigor, que nos permiten conocer los procesos
además de los resultados, y ustedes miran más los productos.
Señorías, los centros educativos, de acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma en virtud de sus competencias, están ahora inmersos en procesos de evaluación interna y la inspección educativa, de acuerdo con sus planes de actuación,
realiza también procesos de evaluación externa que debemos respetar al máximo puesto que se trata de planes muy rigurosos y laboriosos. Esta es la primera parte de nuestra enmienda.
Nuestra enmienda de sustitución desea resaltar que respeta todos
estos procesos que son competencias de las comunidades autónomas, no del Gobierno central. La evaluación interna y externa es competencia de las comunidades autónomas y porque en este momento, además, en el que el Ministerio de Educación y Ciencia
ha propuesto a la comunidad educativa y al resto de la sociedad una propuesta para debate cuyos pilares fundamentales son la calidad y la equidad, y que contempla una serie de medidas importantes sobre evaluación en el capítulo de autonomía y
evaluación que compensan desigualdades y previenen el fracaso escolar, debemos dejar a los centros y al resto de la comunidad educativa que aporten sus opiniones y nosotros, en el marco de nuestra enmienda, proponemos que en este debate se incluya
la definición de indicadores de la educación, la evaluación periódica del sistema educativo y de los centros, programas y procesos y servicios, así como la de los alumnos y los distintos responsables que intervienen en los procesos formativos.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición, tiene la palabra la señora Pigem por Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió podemos compartir una parte de las argumentaciones que se han dado por la proponente de la manera impecable a la que nos tiene acostumbrados, y también compartimos el objetivo de esta
iniciativa. Creo que no es el momento de que mi intervención se traduzca en abundar en la interrelación entre evaluación y calidad porque nos parece que la calidad no puede predicarse únicamente a la evaluación, aunque ésta sí que aparece como el
instrumento imprescindible para saber si estamos en el buen camino para conseguirla.
Nuestras objeciones no van tanto al contenido de la iniciativa como a la oportunidad de que se plantee en este momento. Ciertamente se ha aludido por la portavoz
del Grupo Socialista a que estamos en el inicio de un proceso de discusión de la reforma de una ley tan importante como la LOCE. Entendemos que haría falta respetar este proceso de debate y discusión que se va a tener con todos los agentes del
mundo educativo y, por tanto, nos parece que sería en este proceso y en este debate donde se han de poner encima de la mesa todos los elementos que se consideran necesarios por todas las administraciones competentes y por toda la comunidad educativa
que realmente tendrían que ser evaluados para, de esta manera, conseguir el objetivo de la evaluación, que es acceder a una educación de calidad. Nosotros no vamos a apoyar la iniciativa por entender que la misma, en cuanto al momento procesal en
que se presenta, no nos parece oportuna.
La señora PRESIDENTA: Para responder respecto a la enmienda presentada tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Creo que ya he respondido en las argumentaciones porque conocía la enmienda y, desde luego, nuestro grupo no va a aceptarla porque, repito, no podemos perder el tiempo. El sistema educativo y la calidad requieren -y
es urgente- que se establezca este indicador que es muy importante, como se ha reconocido por otro lado, y que va ligado -no es el único- a la calidad.
- PARA ELABORAR CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ESPECIALMENTE CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES, UNA CAMPAÑA DE PARTICIPACIÓN EN LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS Y
PARA REALIZAR APORTACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (LOCE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000344.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5 del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso para elaborar con las comunidades autónomas y con la comunidad educativa, especialmente con los
representantes de los padres, una campaña de participación en la elección de miembros de los consejos escolares de los centros educativos y para realizar aportaciones en el proceso de elaboración de la reforma de la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación.
Tiene la palabra la señora Elías.
La señora ELÍAS CORDÓN: Señorías, el Partido Socialista quiere con esta proposición no de ley recuperar la confianza y la participación de los ciudadanos desarrollando una política activa sobre educación, puesto que consideramos que la
participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa -profesores padres y alumnos- en la gestión de los centros educativos es uno de los indicadores de una enseñanza de calidad.
El artículo 27.7 de la Constitución española de 1978
establece que los profesores, los padres y los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos
los centros sostenidos con fondos públicos. La LODE desarrolló el artículo 27 de la Constitución y estableció cauces y órganos de participación para potenciar la gestión transparente y democrática del centro, como el consejo escolar,
asociaciones de padres, asociaciones de alumnos, elección del director. Asimismo contempló la participación como un objetivo de carácter educativo y estableció en su artículo 19 que el principio de participación inspirará las actividades educativas
y la organización y funcionamiento de los centros públicos. La LOCE planificó los cauces de participación establecidos en la LODE, articulándolos a través de proyectos que permitan a los centros desarrollar una autonomía progresiva, proyecto
educativo, proyecto curricular, reglamento de régimen interior, etcétera, implicando a los distintos sectores en la gestión de los mismos. La Lopeg dedica su título I a la participación de la comunidad educativa en la organización y gobierno de los
centros docentes, estableciendo la participación de los distintos sectores a través del consejo escolar. Además, determinó que los padres y madres pudieran participar en los centros a través de sus asociaciones, y los alumnos y alumnas a través de
las juntas de delegados y también de sus asociaciones. Pero con la llegada de la LOCE, que ha modificado las competencias atribuidas a los órganos de participación, los consejos escolares se han vuelto meramente consultivos, provocando durante
estos últimos ocho años desmotivación social y apatía por parte de la comunidad educativa para participar en las elecciones a consejos escolares, debido a que sus competencias se han visto mermadas y restringidas a actuar como simples espectadores.
El Partido Popular quería conseguir que los ciudadanos perdieran más su interés en comprometerse con decisiones tan importantes como las que afectan a la educación de sus hijos y dejaran de dar valor a lo que significa la verdadera democracia, que
es participación y toma de decisiones de los ciudadanos. Desde el Partido Socialista, con nuestra confianza en la ciudadanía, creemos que el ejercicio cotidiano de la participación es el mejor instrumento para inculcar a los ciudadanos los hábitos
participativos. La participación debe ser, por tanto, uno de los principios que presidan la vida de los centros, de modo que profesores, padres y alumnos de una manera normalizada, organizada y coherente puedan aportar y ayudar a la consecución de
un proyecto común; Porque participar es asumir la capacidad de influir en todos los aspectos de la vida educativa de los centros al implicarse y corresponsabilizarse con sus resultados; Porque participar es expresar una visión educativa donde el
eje se ubica en la responsabilidad social, ya que la educación es una responsabilidad de toda la sociedad y no sólo de un Gobierno; porque participar es mejorar la calidad de la educación escolar, ya que se pueden incorporar con mayor facilidad los
aspectos sociales y culturales de la realidad, como también las necesidades e intereses de actores claves en la educación; porque son padres y madres quienes pueden señalar cuáles son las dificultades y las oportunidades culturales y quienes mejor
conocimiento tienen de las carencias de la educación y de la urgencia de soluciones.
Hoy no se entiende la labor del profesorado si no es mediante la realización de un trabajo en equipo basado en la participación y la coordinación. La participación de los alumnos en los centros debe ser potenciada no sólo como objetivo
educativo con contenidos y actividades, sino también como estrategia de motivación e implicación de los mismos en la tarea educativa y en la vida del centro, a la par que practican y aprenden los valores democráticos. Los consejos escolares, como
órganos de gobierno y participación de los diferentes sectores, deben recobrar la importancia y competencia que tenían antes de la promulgación de la LOCE.
Por todo ello, una campaña animando a la participación de los padres, profesores y alumnos
en la elección de representantes en los consejos escolares con la colaboración de las distintas asociaciones, centros educativos y del Consejo de la Juventud de España es hoy más que nunca necesaria, de forma que los consejos escolares se consoliden
como estructuras de gobierno del centro educativo y no como simple figura representativa y decorativa. Es más, en estos momentos en que la nueva ley va a ser sometida a un debate público sería muy oportuno unir dicha campaña de animación a la
participación, a una invitación generalizada a las asociaciones representativas de padres y madres, a las asociaciones representativas de alumnos y alumnas y a los consejos escolares, para que conozcan las propuestas abiertas del Gobierno y realicen
cuantas sugerencias crean oportunas de cara al proceso de reforma de la LOCE.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda de modificación por el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra para defenderla el señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Señora presidenta, me place debatir con mi compañera de La Rioja este tema.
Revisando y analizando el contenido de la exposición de motivos de esta proposición no de ley, sólo el contenido, a uno le preocupan los términos lingüísticos que se expresan, ya que da la impresión de que ese gran acuerdo de educación, ese
gran consenso que tenemos que conseguir entre todos va a ser muy difícil y complicado de lograr habida cuenta de esos términos lingüísticos expresados en esa exposición de motivos. Hablan de rechazo de medidas que recortaban y suprimían,
restricciones impuestas por la Ley Orgánica de la Calidad de la Educación, restricción de la democracia en los centros educativos, que desmotiva a los ciudadanos en su interés por comprometerse en mayor medida con las decisiones que afectan a la
educación de sus hijos. Culmina la exposición de motivos con una perla demagógica que dice expulsión de los ciudadanos de la escuela y, para finalizar, la recuperación de la democracia
y de la participación que deseamos todos en los centros educativos. Son expresiones todas ellas -repito que en la exposición de motivos- que sólo tienen una dirección, y yo creo que se percibe acabar con la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación, una vez más, como desean hacer con todas las iniciativas que el PP ha generado durante su etapa de Gobierno. De todas maneras hay que aclarar un punto sumamente importante en esa exposición de motivos. La Ley Orgánica de Calidad de la
Educación no fue aprobada por el Gobierno del Partido Popular sino por el Parlamento español y, como era preceptivo, por mayoría absoluta.
Volviendo a las expresiones que me preocupan, diré que demagógicamente buscan la victimización de los padres y de los ciudadanos sin detenerse a analizar el porqué. Parece que el Grupo Socialista es el inventor de la democracia y que los
demás, sobre todo el Partido Popular, debe seguir sus pautas en este caso en lo que se refiere al mundo de la educación, llegando al punto de no tener en cuenta una ley orgánica, repito, aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento porque dicen
que está plagada de defectos democráticos y que nació -parece ser- sin el suficiente apoyo social, como si 10 millones de personas no fuera un número considerable de apoyos.
Señorías, creo que la LOCE -y me refiero a la LOCE porque la segunda parte de la proposición no de ley habla de ella expresamente- es una buena ley como lo atestiguan numerosos documentos, opiniones y estudios presentados por la propia
comunidad educativa. El PSOE señala que la gestión del sistema educativo ha sido una constante en la legislación educativa aprobada por los distintos gobiernos socialistas, y con respeto les digo que muy mal resultado les estaba dando últimamente
porque los datos de su política educativa de la Logse han culminado en la consecución de un índice de fracaso escolar del 25 por ciento, es decir que uno de cada cuatro alumnos no ha alcanzado los objetivos, amén de un enorme descontento por otras
causas y que hacía necesaria una reforma de calidad de la educación, una nueva ley que recondujera la situación educativa basada en un gran análisis y posterior debate social. Este análisis unido a la experiencia de los agentes educativos y a
múltiples evidencias empíricas vinieron a coincidir en la necesidad de acometer una reforma educativa que permitiera -reitero- subsanar los enormes fallos y deficiencias educativas que teníamos.
Ustedes hoy, en esta proposición no de ley, solicitan de la sociedad educativa un debate que logre la aportación de datos para reformar la LOCE, así lo dicen en el segundo punto, ¿o acaso creen que esta ley orgánica nació por generación
espontánea? ¿No hubo un debate social? Hubo encuentros directos con profesores de secundaria con la participación de 1.500 docentes de toda España y más de 3.000 docentes que participaron en jornadas de debate en los cursos de universidades de
verano de Ávila, El Escorial y Santander. La conferencia sectorial, en la que están representadas las comunidades autónomas, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de padres, alumnos y profesores tuvieron algo que decir, porque
con sindicatos hubo 42 reuniones, con estudiantes 15, con colegios profesionales 9, con profesores 53, con las asociaciones de padres 14, con las patronales 10. Se recibieron -y hablo de este debate- más de 700 documentos de partidos políticos, de
las reales academias, de las asociaciones de padres, de alumnos y de profesores. Y la LOCE fue ampliamente debatida. Sólo había un problema, que la había presentado el Partido Popular. Aun así, reitero una vez más, fue aprobada por mayoría
absoluta en el Parlamento y respaldada -repito también- por 10 millones de españoles.
El Grupo Socialista plantea en la segunda parte de esta proposición no de ley que se realicen aportaciones en el proceso de elaboración de la reforma de la LOCE, y este debate que proponen de reforma de la LOCE yo creo que está viciado desde
un principio, está trucado, tiene riesgos que debemos evitar. No podemos viciarlo porque es parte de un documento ya plenamente establecido, encuadernado y con 200 páginas. En ese documento que va a dirigir ese debate -que no va a ser un debate
libre, de una sociedad libre- entre otras manifestaciones se dice que la LOCE es un cúmulo de soluciones educativas basado en antiguas concepciones.
Señorías, sobre todo las del Grupo Parlamentario Socialista, esto no se lo cree nadie; sólo
ustedes. ¿Se van a pedir aportaciones en ese debate o se tiende a eliminar la LOCE? ¿De verdad creen que esta Ley Orgánica de la Calidad de la Educación es retrógrada? Es una ley que establece un sistema efectivo de calidad y de oportunidades,
que introduce medidas destinadas a reducir el fracaso escolar el 25 por ciento -como está ahora-, que eleva el nivel formativo de los alumnos, que fomenta la cultura del esfuerzo y la evaluación, que mejora las condiciones para el desarrollo de la
función docente, que suprime la promoción automática, que atiende la pluralidad de necesidades e intereses de los alumnos con itinerarios, que crea los programas de iniciación profesional para que los alumnos dentro del sistema reglado puedan
obtener formación básica de la ESO y cualificación profesional de modo que puedan bien continuar sus estudios, bien integrar--como ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea- para homologar sus conocimientos, que reconoce y estimula el
trabajo de los docentes, que hay nuevas competencias de la función directiva, que se da mayor autonomía a los centros escolares y que refuerza las medidas encaminadas a mejorar la convivencia y la disciplina en las aulas. ¿Qué debate social
quieren? ¿Sólo sobre la LOCE? ¿O es mejor plantear un debate abierto sobre la calidad de la educación en España, de analizar el balance de situación de cómo se encuentra la educación en España?
En cuanto a la participación en el mundo educativo en sus múltiples variantes, señora Elías, nada que objetar. Es uno de los valores que entendemos que refuerza
el proceso educativo y que forma ciudadanos libres con criterio y con opinión; en definitiva son libres. La señora Elías ha dicho que los consejos escolares son meramente consultivos desde que está aplicada la LOCE. Le reitero, le repito
y le recuerdo que la LOCE está paralizada. No sé cómo ha podido sacar esa conclusión.
Señora presidenta, termino diciendo que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación en la que literalmente se dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que elabore conjuntamente con las
comunidades autónomas y con la comunidad educativa, especialmente con los representantes de los padres, una campaña de participación en la elección de miembros de los consejos escolares de los centros educativos. Y en la segunda parte, para
realizar aportaciones sobre el debate puesto en marcha en torno a la calidad de la educación que demanda nuestra sociedad. Lo justifica diciendo que es imprescindible para lograr su buen fin que el debate no parta de posiciones unilaterales, sino
que tenga un carácter abierto y no prejuzgue ya sus resultados, y que no esté supeditado al documento de 200 páginas encuadernadas que van a manejar.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición la señora Pigem tiene la palabra.
La señora PIGEM I PALMÉS: Convergència i Unió va a votar favorablemente esta proposición no de ley, y lo va a hacer porque va en la línea de incrementar el papel que los padres y las madres tienen en la escuela y en la educación de sus
hijos. Estamos en unos momentos en los que el papel de las familias en la escuela entendemos que se ha reducido y, consecuentemente, se ha reducido su peso en los consejos escolares. En nuestra opinión, el peso de la responsabilidad de la
educación de los hijos lo hemos ido dejando cada vez más, quizá demasiado, en manos de la escuela y menos en las familias. Desde Convergència i Unió defendemos que el mejor modelo de educación ha de ser el que sea resultado de la armonización de
los puntos de vista de las familias y de la escuela, por tanto es necesario conocer el punto de vista de las familias, y como la iniciativa que estamos viendo ayuda a nuestro entender a este objetivo la vamos, como digo, a votar favorablemente.
Antes de finalizar mi brevísima intervención quiero decir que me produce satisfacción que el Grupo Socialista recupere el objetivo de la protección y de la potenciación de las familias, algo que francamente desde Convergència i Unió
habíamos echado de menos en estos primeros meses de gobierno, en donde iniciativas que entendemos redundan en bien de las familias han sido rechazadas cuando antes habían sido defendidas.
Y últimamente -ya que hablamos de familias-, en sintonía con
una iniciativa que propició al inicio de la legislatura una interpelación del portavoz de mi grupo parlamentario Duran i Lleida, entendemos que lo que más puede favorecer a las familias es sustraerlas de un baile, de un vaivén educativo que implica
que cada vez que hay una alternancia en el Gobierno se produce una modificación de todo el sistema educativo, lo cual produce inseguridad y entendemos que no redunda en este bien de las familias y en esta participación de los familias, que es el
objetivo de la iniciativa que estamos viendo y a la que, como digo, vamos a votar favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Señora Elías, tiene la palabra para expresar su opinión acerca de la enmienda presentada.
La señora ELÍAS CORDÓN: Tengo que contestar a mi compañero de La Rioja en un tema no de ámbito regional, sino que compete a toda España. Por suerte nos ha tocado discutir entre nosotros. Te voy a contestar José Luis -te voy a llamar como
siempre- que no aceptamos la enmienda porque nosotros llevábamos en nuestro programa esa reforma de la LOCE, ese poner en contacto a toda la comunidad educativa para que pudiera expresar lo que piensa sobre esa reforma educativa, que como digo fue
una ley -lo sabes bien- rechazada por toda la comunidad, ¿o es que no te acuerdas de las movilizaciones que hubo? Además, tú has dicho que fue apoyada por 10 millones de votantes, nosotros por 11, fue uno de los apoyos que tuvimos fuertes porque la
gente se movilizó y mucho contra esta reforma educativa, y en lo que estamos todos de acuerdo es en que hay que mejorarla. Las leyes se mejoran debatiéndolas, aportando todo el mundo sus opiniones y lo que vamos a hacer es instar al Gobierno a que
abra una cauce de participación, que es lo que nosotros decíamos y es lo que queremos llevar adelante, que la ciudadanía participe en todos sus estamentos.
- RELATIVA AL IMPULSO DE CAMBIOS EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000349.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso y relativa al impulso de cambios en el sistema universitario. Para defenderla la tiene la
palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Señorías, nadie es ajeno a la importancia de la educación superior en el desarrollo de las sociedades modernas. En nuestros días es garantía a la vez de progreso individual y de bienestar colectivo, es decir, de
bienestar social. La universidad aparece como espectador privilegiado de los cambios que se producen y a la vez como agente generador de los mismos. Los ciudadanos, que sostienen
económicamente a la institución universitaria con sus impuestos, requieren de ella retornos en forma de respuestas concretas a sus crecientes demandas. Por otra parte, coincidirán conmigo en que la universidad española de 2004 tiene poco
que ver con la de hace un cuarto de siglo.
Desde su visión como formadora de profesionales, siguiendo la herencia del modelo francés napoleónico, hasta liderar el sistema estatal de ciencia y tecnología, representar la punta de lanza de la
innovación o ser la principal fuente de generación de conocimiento es mucho el camino recorrido. Tampoco la universidad de hace 25 ó 30 años ofrecía al estudiante que acudía a sus aulas lo que ofrece hoy, ni la sociedad de entonces, preocupada por
la vuelta al sistema democrático, demandaba mucho más. En este momento, una de las misiones irrenunciables del alma máter se conecta con el objetivo de formar ciudadanos con espíritu crítico, se exige una formación integral que junto a los
conocimientos y a la cualificación profesional incorporen valores claves en una sociedad democrática como la libertad, la igualdad o la solidaridad. En este periplo de tres décadas, la Ley de Reforma Universitaria de 1983, en el primer periodo de
gobierno socialista, supuso el impulso dinamizador más importante en nuestra reciente historia. Consagró la autonomía universitaria, incrementó el número de profesores doctores, potenció la producción de titulados y dio participación al alumnado y
al personal de administración y servicios en la toma de decisiones. Fue la ley que modernizó nuestro sistema de ciencia e hizo posible la potenciación de la investigación, acrecentando el impacto internacional de nuestra producción científica tanto
en ciencia básica como en ciencia aplicada.
Con todo, la principal aportación de la LRU tiene que ver con la extensión generalizada del derecho a la educación superior. La Ley de Reforma Universitaria quedará seguramente en nuestra historia
educativa como la norma que produjo la democratización de la universidad española.
Señorías, estamos en 2004 y los cambios de nuestro entorno, también en el ámbito universitario, crecen a un ritmo vertiginoso. El conocimiento se duplica aproximadamente cada 20 años y las soluciones normativas de entonces se muestran
insuficientes ahora. Ya en la segunda mitad de los años noventa había un consenso generalizado en la comunidad universitaria sobre la necesidad de cambiar, de adaptar -sería más exacto- la LRU a los nuevos tiempos. La complejidad del sistema
productivo al que debía dar respuesta la universidad, la exigencia de órganos de gobierno más eficaces, la necesidad de estructurar la nueva realidad con un incremento importante tanto del número de profesores y alumnos como de funciones a
desarrollar, con la introducción de parámetros de evaluación que midieran la calidad del servicio ofrecido, eran datos objetivos que a finales de los noventa reclamaban su espacio normativo. La oportunidad de llevar a cabo la reforma señalada se
presentó en 2001 con la Ley Orgánica de Universidades que, sin embargo, desaprovechó la ocasión. Hay profundas razones tanto de forma como de fondo para explicar la situación de anomia que vive la universidad en estos momentos, pero nuestro grupo
renuncia a hacer un repaso exhaustivo de las circunstancias que rodearon la aprobación de la LOU. Pensamos que entre todos debemos mirar hacia el futuro, debemos mirar hacia delante y esta proposición no de ley tiene vocación de invitar a compartir
esfuerzos para iniciar un proceso legislativo consensuado entre todos los grupos parlamentarios, que sea también el reflejo de lo que el Gobierno espera por parte de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. No queremos hacer de esta
proposición no de ley un recordatorio de pasados errores, no vamos a hacerlo. Hubo ámbitos y momentos en que ya se pusieron de manifiesto.
Señores diputados, debemos llevar a cabo una importante tarea en los próximos meses. De nuestra pericia y de nuestra responsabilidad va a depender en buena parte que ofrezcamos a la sociedad una ley de universidades que tenga una razonable
perdurabilidad. Esa misma sociedad se ha manifestado reiteradamente en el sentido de exigirnos respuestas sin convulsiones o, lo que es lo mismo, nos empuja a escuchar a todos antes de tomar decisiones. Nos está pidiendo que se abra un espacio de
diálogo no exento de debate, es cierto, pero en el que los distintos interlocutores y sectores puedan plantear sus posiciones diferentes. Los próximos pasos que demos, señorías, deben ser firmes pero consensuados; deben conciliar las reformas
necesarias para encarar el futuro de nuestra universidad con garantías, sin por ello alterar la vida académica.
Debemos apostar muy fuerte por eliminar las trabas y disfunciones de nuestro sistema universitario, sin perder por ello un ápice en los
parámetros de calidad exigidos en los países de nuestro entorno. La futura ley que salga aprobada de esta Cámara deberá acomodar el impulso del Estado en materia universitaria con las competencias constitucionalmente atribuidas a las comunidades
autónomas, por una parte, y con el principio de autonomía universitaria, por otra.
A nadie se le escapa, señorías, que el paso del tiempo compromete a nuestro sistema universitario a nuevos retos. En estos momentos el más importante es la construcción de los espacios europeos de educación superior y de investigación. Las
actuaciones necesarias para converger en el horizonte de 2010 exigen la realización de un esfuerzo suplementario y los desarrollos normativos que se derivan de dicha convergencia nos obligan a acomodarlos a las reformas que vamos a llevar a cabo.
Es posible que en ningún momento anterior hayan confluido tantos elementos en el diseño de lo que deberá ser en un futuro próximo el modelo de universidad de las próximas generaciones. En ningún momento como ahora las distintas culturas
universitarias europeas que arrancan en algunos casos, como el nuestro, de la Edad Media han tenido una mayor aproximación. La nueva economía, las nuevas tecnologías que la generan y, en definitiva, el cambio social al que asistimos en
un escenario internacional cada vez más homogéneo deben animarnos a no errar en la orientación y en las decisiones a tomar. Sólo de esa manera la universidad obtendrá la confianza de la sociedad, será un verdadero instrumento de cambio
social y la mejor escuela de ciudadanos forjados en valores, comprometidos, críticos y responsables. Junto al impulso legislativo general debemos también plantearnos, señorías, de una vez por todas la necesidad de un compromiso claro de los poderes
públicos con la financiación de la universidad. Los cambios legislativos pueden quedar simplemente en una declaración de buenas intenciones si no se ven acompañados por otras medidas de carácter económico. Si creemos en nuestra universidad es
preciso hacer un análisis de su financiación; análisis que además de dotarla de suficiencia económica se oriente a la mejora de la eficiencia y de la equidad. Suficiencia financiera para que pueda conseguir sus objetivos y equidad para asegurar la
igualdad de oportunidades y hacer posible el acceso a la universidad con independencia del origen socioeconómico, lo que implica evidentemente un adecuado sistema de becas. Eficiencia en un doble sentido, externo, es decir reparto de recursos entre
universidades, y también interno, dentro de la propia institución.
Por todas estas razones nuestra proposición no de ley incluye también una llamada al Gobierno para hacer efectiva la disposición adicional octava de la LOU, donde como sus señorías conocen se contiene el compromiso de elaboración de un
modelo de referencia. El Consejo de Coordinación Universitaria puede ser un buen espacio para que se forme un grupo de trabajo que estudie el modelo de financiación universitaria donde necesariamente deberían estar representadas las comunidades
autónomas y junto a ellas los representantes de la Administración central más los rectores. El texto de la proposición no de ley que sometemos a la consideración de sus señorías tendría, pues, un doble apartado. De una parte, se insta al Gobierno
a impulsar las modificaciones necesarias a la LOU con el fin de resolver los problemas más inmediatos de la universidad española, encarar el futuro con las garantías necesarias para construir una universidad pública y de calidad que sea la mejor
escuela de formación de ciudadanos críticos, autónomos, emprendedores y responsables. Y en segundo lugar, establecer un compromiso claro con los poderes públicos para la financiación de la universidad, respetando su autonomía y cerciorándose de su
responsabilidad ante la sociedad. En el marco del grupo de trabajo que se constituirá en el seno del Consejo de Universidades, el compromiso tiene que plasmarse con una propuesta de modelo de referencia para la financiación universitaria, con la
aprobación de una memoria económica que acompañe a la reforma de la ley y con el objetivo de alcanzar el 1,5 del PIB en gasto público en educación superior.
Señorías, siendo esta la primera iniciativa que en sede parlamentaria insta al Gobierno a iniciar el proceso de reforma universitaria y tratándose de una iniciativa de carácter general, nos gustaría que tuviera el mayor consenso posible
porque así nos lo exige la ciudadanía, porque sería la manera de proyectar un futuro estable para nuestra universidad y porque se lo debemos a nuestras futuras generaciones.
La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posición tiene la palabra la señora Pigem por Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Desde Convergència i Unió nos hemos mostrado en reiteradas ocasiones partidarios de modificar la LOU, una ley que no ha resuelto convenientemente el problema del acceso a los cuerpos de profesorado universitario
funcionario, que no ha regulado tampoco de manera adecuada el proceso de integración en el espacio europeo de educación superior, ni ha tenido en cuenta los nuevos modelos docentes y organizativos que se derivan del rápido desarrollo de las
tecnologías de la información y de la comunicación; una ley que ha pecado de poca sensibilidad autonómica y que ha impuesto un modelo de evaluación de la calidad que no tiene en cuenta la distribución competencial entre la Administración central y
las comunidades autónomas. Por otra parte, y como ha señalado también el señor Bedera en su impecable intervención, la reforma de la ley se abordó quizá sin un estudio previo de las auténticas necesidades de financiación de las universidades y
sobre todo de las causas que han provocado las mismas. Esto se puede ver en la misma moción que ayer propuso Coalición Canaria en el Pleno y que fue aprobada. Por tanto, como digo, desde Convergència i Unió nos hemos mostrado partidarios de
abordar esta reforma y por ello vamos a dar nuestro voto positivo, pero me gustaría dejar sobre la mesa el que nos cuestionamos cuál es la razón de esta iniciativa, qué es lo que aporta de nuevo con respecto a lo que nos dijo la ministra en su
intervención inicial, qué es lo que aporta de nuevo respecto a las manifestaciones del secretario de Estado de Universidades. Por tanto, si desde el Gobierno, si desde el Grupo Socialista cuentan con el apoyo de gran parte de la Cámara podríamos,
en vez de impulsar e invitar, pasar a la acción y hacerlo. De todas maneras, como lo que abunda no daña, pueden contar con nuestro voto positivo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Hay algunas ideas de las que se ha hablado con las que, sin duda, en principio se tiene que estar de acuerdo. La tantas veces mencionada palabra diálogo a lo largo de esta legislatura es obvia; y que el diálogo
mejor con consenso, pertenecí a aquella época de la transición y sin duda soy partidario del consenso; y del diálogo y el consenso con el mundo universitario, sin duda, y del diálogo y el consenso
interno. Se ha hablado por la portavoz de CIU de la conveniencia de estabilizar la normativa universitaria y que no haya estos cambios según quien gana las elecciones. Deberíamos lograrlo entre todos. Quizá por mi deformación de
universitario, sinceramente me parece muy positivo que se diera ese paso adelante de estabilidad y que el modelo universitario no dependiera tanto de quien gane las elecciones, como no depende en muchos otros países democráticos occidentales.
Dicho todo esto, con toda sinceridad, el tono y la forma del preámbulo no sé si es la mejor mano tendida para decir: sumémonos todos alegremente al consenso que aquí planteamos. Algunas palabras del portavoz del PSOE han sido de mayor
acercamiento, pero lo escrito escrito está y también, es curioso, es una historia de buenos y malos, hay unos que son en todo malos y otros que son en todo buenos. Un análisis muy somero de la exposición de motivos, relacionado incluso con el
texto, con los dos primeros párrafos de la exposición de motivos uno puede estar de acuerdo, hay que relacionarlos se quiera o no con la última frase de la proposición no de ley que dice: el objetivo de aumentar el gasto público en educación
superior. Pues ayer en el Pleno del Congreso veíamos que el programa básico de los presupuestos del año que viene, relacionado con el gasto público superior estatal, ha disminuido en más del 2 por ciento cuando en los últimos tres años la tasa
media de incremento con los gobiernos del Partido Popular era del 9 por ciento. Si eso quiere decir un cambio de política y un volver a la política que llevaba el Partido Popular al respecto, sin duda estaremos de acuerdo en el lenguaje de las
palabras de este documento, no en el lenguaje de los hechos del proyecto de presupuestos para el año que viene en este tema.
En el tercer párrafo se hace un canto a la LRU. Como muchos universitarios yo no tenía antes nada que ver con la vida política, que había dejado en el año 1982, y viví intensamente la LRU como catedrático de universidad que era desde el año
1977. La LRU tenía partes positivas y partes muy discutibles -y lo digo con el mayor afecto que le tengo al ministro que la impulsó, compañero mío de curso en la Facultad de Derecho, José María Maravall-, tenía partes muy discutibles esa ley y en
la comunidad universitaria pensábamos así -repito- aquellos que en aquel momento no pertenecíamos a ningún partido político y que estábamos viviendo bastante intensamente la universidad. Pongamos un ejemplo. Algunos miembros de la Comisión que
estábamos en la universidad nos hemos encontrado muchas veces en jurados o tribunales con un sistema de elección que probablemente no aseguraba la calidad. La palabra endogamia se utilizó mucho en la legislatura pasada. No quiero entrar tanto en
la palabra sino en el hecho de que me parece maravilloso que en un centro docente se vaya impulsando a sus estudiantes hasta que lleguen a profesor titular o catedrático, pero que luego no sea una universidad abierta -la universidad abierta es una
expresión en la que le encanta insistir a Rodríguez Zapatero-, abierta puede ser para que otras personas entren en ella, o ¿no es abierta para el acceso al profesorado? Me parece que buscar la calidad es precisamente que sea abierta y los sistemas
de selección de la LRU la verdad es que han sido muy discutidos. No es trataba de hacer un detalle de todos los puntos negativos de la LRU, solamente que fue en su día una ley claramente discutida.
Con el último párrafo de la primera página, nuevos e importantes retos sometidos a la sociedad de la información, estamos de acuerdo en las ideas. En la siguiente, también hay un párrafo de carácter muy general.
Una vez más el lenguaje de
las palabras y el lenguaje de los hechos.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que se dice, pero cuando se dice -aunque no con estas palabras- que la columna vertebral es la investigación -porque no sólo habla de investigación sino de generación de
conocimiento, que es investigación-, me remito al 'Diario de Sesiones' de la última Comisión para decir que el partido en el Gobierno en su programa electoral había prometido que el gasto en I+D+I se incrementaría en un 25 por ciento que en la
realidad es un 8 por ciento, aunque luego se buscara con nuevos cálculos curiosos, utilizando el capítulo 8 cuando se había dicho solamente capítulos 1 a 7, excluyendo defensa, y no por razones ideológicas sino porque sumaba menos, intentó recuperar
la cifra del 25 por ciento. Es decir que en el lenguaje de las palabras no puede sumarse, hay que incrementar la investigación y el gasto en investigación; en el lenguaje de los hechos no está en el presupuesto, que lo incrementa una tercera parte
de lo prometido. Me remito a lo dicho en la última sesión de la comparecencia del secretario de Estado para no tener que repetir aquí toda la argumentación sobre el posible, entrecomillas, disfraz de las cifras de investigación, de I+D+I, que tiene
el proyecto de presupuestos.
Estoy de acuerdo con que hay que buscar hacerlo en el marco del nuevo espacio europeo; estoy de acuerdo con ese párrafo. En cuanto empieza la crítica de buenos y malos, los malos todo es la LOU. Hay que reconocer que el portavoz ha sido
más discreto, ha dicho que no quería entrar en ello, hubiera preferido que al mismo tiempo que no quería entrar hubiera dicho que se eliminaban estos párrafos, pero el debate también es lo escrito. Por poner un ejemplo entre muchos, la LOU podrá
tener algo que se pueda cambiar -y para finalizar mi intervención me referiré a eso-, pero también tiene sus partes claramente positivas. Por ejemplo, ayer en el debate en el Pleno me encontré con la gran extrañeza de que por parte del
representante del Partido Socialista se decía que para mejorar la retribución de los profesores y cambiar el sistema hacía falta cambiar la LOU. Pues no. El artículo 69.1 de la LOU dice que se hace por decreto.
Los decretos no son leyes, de forma
que para hacer lo que se quería hacer en el primer párrafo de una moción aprobada ayer no hace falta cambiar la LOU. La LOU no tiene todo lo malo posible que impide
cualquier ventaja en la universidad; no, no es cierto. Podrá tener defectos -en mi opinión es mejor que la LRU-, pero podemos discutirlo y acercarnos en posturas.
Acabo diciendo que si el preámbulo tiene dos problemas, el texto expositivo es mejorable. ¿Para qué vamos a plantear una serie de reformas al texto expositivo si, cuando hay que votarlo con la exposición de motivo, es obvio que si se ha
puesto es para que el Partido Popular no vote a favor? Entendámonos, si se tiende la mano para el diálogo y se dice quiero diálogo, quiero consenso, y se pega un manotazo al otro ¿es realmente pedir consenso? Con esta exposición de motivos se
dice: Te obligo a que votes en contra. Pero si se hubiera cambiado la exposición de motivos y algunas reformas en el texto podríamos plantearnos que podría ser un primer camino de avance. Una vez que parece que no se nos quiere dejar votar a
favor y que el texto es mejorable, recogería unas palabras que me han parecido positivas del portavoz del PSOE diciendo que miremos al futuro. En ese espíritu, dejando mucho de lo que hemos dicho en esta sesión, en ese espíritu nos encontrará, en
el espíritu de que miremos al futuro. Con toda sinceridad, puede haber defectos en la LOU que entre todos podemos trabajar. Que quede claro que si el consenso se consigue entre los dos grandes partidos de esta Cámara y la mayoría del resto de los
partidos estableceremos ese marco estable que la universidad se merece. Por nuestra parte estaremos muy dispuestos a mirar al futuro y en esa frase estoy totalmente de acuerdo. Termino diciendo, no es broma, que como es lógico conozco bien el
libro de la persona que lleva ahora el ministerio, en su calidad de profesora titular, sobre la economía de la educación. Perdónenme una anécdota personal. En una fase de mi vida trabajé mucho en economía de la educación teniendo como tutor a
James Mirrlees, actual Premio Nobel, y he encontrado muchas ideas interesantes en lo que se dice en este libro, sobre todo en lo que se dice sobre la forma de financiación de la universidad, que es el tema del que estamos aquí hablando. No digo
literalmente lo que se dice, pero desde aquí debían utilizar mucho más al mercado en la forma de financiación de la universidad, utilizar mucho más sistemas de contratos-programas, etcétera. Pueden ser interesantes. No digo esto para aplicarlo,
pero también puede ser un elemento más que se introduzca y que tiene el valor de que fue escrito antes de ser ministra por la profesora titular que ahora ocupa el ministerio.
La señora PRESIDENTA: Terminado el turno de fijación de posiciones, ha llegado el momento de votar. Avisé que no se votaría antes de las 12 y son las 12 en punto. Creo que podemos proceder a las votaciones.
El señor NASARRE GOICOECHEA: ¿Nos podría dar un receso de tres minutos?
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. (Pausa.) Bien, procedemos, pues, a la votación. En primer lugar, la proposición no de ley 161/24, del grupo Mixto.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señora presidenta, en relación con la proposición no de ley que figura en el número 2 del orden del día, el portavoz que ha presentado la iniciativa, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, no ha dicho si
aceptaba la enmienda del Grupo Socialista y no hemos tomado la posición correspondiente al respecto.
La señora PRESIDENTA: Sí, se acepta la enmienda.
Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: En ese caso, a la vista de que se ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y a la vista de que la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular tiene afinidades, votaremos a favor
de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Comenzamos, pues, la votación de la proposición no de ley 161/24, del Grupo Mixto, sobre enseñanza de la cultura y lengua catalana y otras en la acción exterior. Se somete a votación en los términos que resultan de la
aceptación de la enmienda socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
Pasamos a la votación, en segundo lugar, de la proposición no de ley 161/9, del Grupo de Izquierda Verde, sobre la enseñanza del valenciano.
Se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional presentada por Izquierda Unida
entre el texto de la proposición no de ley y la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.
La proposición no de ley que figuraba en tercer lugar ha sido retirada.
Pasamos, por lo tanto, a la votación de la presentada en cuarto lugar, la proposición no de ley 161/240, del Grupo Popular, sobre la puesta en marcha de la evaluación
diagnóstica en los centros escolares. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
En quinto lugar, la proposición no de ley 161/344, del Grupo Socialista, sobre la campaña de participación en la elección de miembros de los consejos escolares para realizar aportaciones en la reforma de la LOCE.
Se somete a votación en sus
propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por último, pasamos a votar la proposición no de ley 161/349, presentada por el Grupo Socialista, sobre impulso de cambios en el sistema universitario. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.