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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 43, de 16/06/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 43
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Sesión núm. 2
celebrada el miércoles, 16 de junio de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa de la Comisión en su reunión de 12 de mayo de 2004 ... (Página 2)
- Delegación en las Mesas de las Comisiones de la competencia de éstas de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983.
(Número de expediente 042/000005.) ... (Página 2)
Comparecencia del señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura) para informar sobre:
- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000001.) ... (Página 2)
- La política que piensa desarrollar en el Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000014.) ... (Página 2)
- Las prioridades y políticas que piensa impulsar en relación con las materias vinculadas a esta Comisión durante la presente legislatura. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente
213/000032.) ... (Página 2)
- Valorar la rueda de conversaciones mantenidas con los presidentes de las Comunidades Autónomas, especialmente con el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con las reformas estatutarias y el sistema de financiación. A
solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 213/000040.) ... (Página 2)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS ACORDADAS POR LA MESA DE LA COMISIÓN EN SU REUNIÓN DE 12 DE MAYO DE 2004.
El señor PRESIDENTE: Señorías, muchas gracias por su presencia. Damos la bienvenida al señor ministro en esta su primera comparecencia ante la Comisión.
Vamos a comenzar con el orden del día. Como todos ustedes conocen, el primer punto trata de la ratificación de la celebración de las comparecencias acordadas por la Mesa y Portavoces de la Comisión el día 12 de mayo, lo que someto a la
consideración de sus señorías.
(Asentimiento.) Al no haber objeción, damos por ratificado el primer punto del orden del día de la sesión.
DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000005.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia prevista en el artículo 44 del Reglamento y acordada en resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de
1983. ¿Están de acuerdo sus señorías? (Asentimiento.) Damos por aprobada esta delegación.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (SEVILLA SEGURA) PARA INFORMAR SOBRE:
-LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000001.)
-LA POLÍTICA QUE PIENSA DESARROLLAR EN EL MINISTERIO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000014.)
-LAS PRIORIDADES Y POLÍTICAS QUE PIENSA IMPULSAR EN RELACIÓN A LAS MATERIAS VINCULADAS A ESTA COMISIÓN DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 213/000032.)
-VALORAR LA RUEDA DE CONVERSACIONES MANTENIDAS CON LOS PRESIDENTES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, ESPECIALMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, EN RELACIÓN CON LAS REFORMAS ESTATUTARIAS Y EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 213/000040.)
El señor PRESIDENTE: El tercer punto del orden del día es la solicitud de comparecencia, del señor ministro ante esta Comisión, realizada por los grupos parlamentarios y a petición propia. Como viene siendo habitual en las comparecencias,
vamos a utilizar el siguiente procedimiento. El señor ministro intervendrá sin límite de tiempo, como establece el Reglamento y los grupos lo harán por orden de solicitud de la citada
comparecencia: en primer lugar el Grupo Parlamentario Popular, a continuación, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con la salvedad de que nos ha pedido su portavoz, en virtud de su presencia en otras comisiones, que si no
estuviera cuando le corresponda intervenir se pase su turno y pueda intervenir después. A continuación intervendrá el Grupo Mixto y luego, de menor a mayor, el resto de los grupos: Coalición Canaria, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya Verds, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Catalunya y finalmente el Grupo Socialista. En cuanto a los tiempos de esta primera intervención, se han fijado diez minutos para los portavoces de los grupos, pero dado que es la
primera vez que comparece el señor ministro en la Comisión vamos a ser un tanto generosos y lo aumentaremos hasta los quince minutos, tiempo que aplicaremos con rigor, de manera que el señor ministro pueda responder -él decidirá- individual o
conjuntamente, lo habitual es conjuntamente; luego daremos un turno voluntario de dos minutos a los portavoces y cerrará el señor ministro con la última intervención.Señor ministro, reiterándole nuestra bienvenida, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Doy las gracias a la Comisión por ser generosa con los tiempos de mi comparecencia, teniendo en cuenta que he estado haciendo una ronda por todas las comunidades autónomas y
creíamos todos que era bueno que mi comparecencia ante esta Comisión se produjera al finalizar la misma. Y no quiero empezar sin señalar que hoy es 16 de junio y que intentaré que mi intervención no sea más larga pero tampoco menos interesante que
el día del Leopold Bloom, que cita Joyce en el Ulises, cuyo centenario se celebra hoy.
Las administraciones públicas constituyen instrumentos esenciales para el desarrollo democrático y para hacer que el progreso individual vaya acompañado del progreso del conjunto de la sociedad. Este Gobierno va a impulsar significativos
cambios en el funcionamiento de las administraciones públicas y, en particular, en el de la Administración General del Estado, para conseguir una administración más abierta y más transparente, que sea accesible a todos los ciudadanos, sin opacidades
ni secretos; y lo vamos a hacer con la utilización de los más modernos medios tecnológicos y con las modificaciones normativas pertinentes. No es posible tener una democracia avanzada sin unos servicios públicos de calidad que hagan efectiva la
igualdad de oportunidades entre las personas y les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y las libertades constitucionales. Desde el Ministerio de Administraciones Públicas vamos a trabajar para situar a las administraciones públicas más
cerca de los ciudadanos y con mayor disponibilidad para escuchar y atender sus necesidades, las de todos y cada uno de ellos. Estamos comprometidos con la calidad de los servicios públicos y nuestra voluntad es que ese compromiso se realice
mediante el diálogo y la cooperación institucional, el de todas las administraciones públicas, de forma que los ciudadanos puedan participar en en su diseño y en la evaluación de sus resultados. En último término, me propongo incrementar la
participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y trabajar para que exista una correlación perceptible entre el desarrollo de las aspiraciones de cada ciudadano y la definición de los intereses generales. Estamos hablando del valor
de lo público, que se puede definir como ese espacio en el que se desarrolla la vida social y política de la colectividad; un espacio de cuya administración, lo que significa gestión, se encarga las administraciones públicas.
En el complejo mundo en que vivimos las demandas ciudadanas al sistema democrático crecen a tal ritmo que el Estado se va quedando a menudo sin capacidad para satisfacerlas, lo que puede generar desapego por parte de los ciudadanos hacia la
democracia. Hay tres maneras distintas de responder a este desafío. Podemos reprimir esas demandas ciudadanas negándolas o quitándoles importancia; podemos facilitar desde el Estado la satisfacción de tales demandas por parte del sector privado,
lo que deja fuera a las capas sociales de menor poder adquisitivo o podemos incrementar la capacidad y suficiencia del Estado haciendo que su respuesta a dicho demandas sea mejor y más rápida. El Gobierno socialista opta por esta última solución,
aunque para ello no abogamos por incrementar la dimensión del Estado sino por aumentar la eficacia de las administraciones públicas, llevándola a formas de organización más flexibles, organizándola en función de los problemas de los ciudadanos y
haciendo obligatorios análisis sobre la eficiencia y eficacia del sector público. Al igual que en términos económicos hablamos de la creación de valor, en el ámbito de lo público debemos generar las condiciones para crear también valor público
simplificando procedimientos, gestionando mejor los escasos recursos, realizando los actos administrativos de forma más rápida y eficaz y logrando, en fin, una mayor capacidad para escuchar y atender a las demandas de los ciudadanos. Para mucha
gente, especialmente los menos favorecidos, aquellos que no pueden recurrir a alternativas privadas, los servicios públicos son un instrumento de igualdad y las administraciones públicas un elemento de ciudadanía. Lo público es, por tanto, una
pieza esencial para una sociedad más equitativa, más justa y más libre. Si nuestro sistema se caracteriza por ser un sistema de derechos y libertades, no es menos cierto que, para que todos los ciudadanos los puedan ejercer y llevar adelante el
proyecto de vida que deseen, son necesarias políticas de igualdad de oportunidades, de manera que cada persona pueda desarrollar y realizar todas sus potencialidades sin verse restringido por razones sociales, de sexo, color u origen. Para ello son
esenciales las administraciones públicas, que
han de prestar a los ciudadanos servicios de calidad que sirvan para corregir las desigualdades, de forma que todas las personas puedan ser iguales en el ejercicio de sus derechos y deberes constitucionales. El servicio público, para
cumplir esas funciones, debe ser eficiente, debe respetar a los usuarios y debe ser un modelo para el sector privado en lugar de ser un receptor permanente de reproches procedentes de quienes confunden derechos con mercancías. Una administración
pública que se fije objetivos y los cumpla, que sea transparente y permita ser evaluada continuamente, con la participación de los usuarios para conocer sus resultados y poder aplicar rectificaciones, es la Administración pública que queremos.
Proponemos una administración pública abierta a la sociedad, con la que los ciudadanos puedan relacionarse directamente y participar en la definición de sus objetivos y sistemas de funcionamiento, una administración moderna que ponga las nuevas
tecnologías al servicio de la gente; una administración que cuide a sus empleados mejorando su formación, promoción profesional y retribuciones para lograr que estén más cualificados, más motivados y sean también ellos más eficientes; una
administración pública que integre la pluralidad territorial de nuestro país, basándose en relaciones horizontales, en el diálogo y la cooperación para conseguir una España unida, autonómica y municipalista, en la que todos se sientan cómodos. En
definitiva, se trata de conseguir una administración pública que la gente aprecie y sienta como propia. Para lograr los objetivos que acabo de enunciar son necesarios cambios en el modelo de prestación de los servicios públicos y hace falta también
una nueva agenda territorial.
Expondré a continuación los instrumentos básicos con los que queremos conseguir las modificaciones en la Administración pública que entendemos cruciales para avanzar en el progreso de nuestro país. Después hablaré de
la nueva agenda territorial del Gobierno, de la que ya ofrecí una explicación en mi comparecencia reciente en el Senado.Señorías, en los últimos tiempos existe una demanda creciente de los ciudadanos y los agentes sociales respecto a la necesidad de
lograr mejores resultados para la acción del sector público con una mejor administración de sus recursos. Es preciso evaluar el impacto de las diversas políticas en el desarrollo económico y social y en las condiciones de vida de los ciudadanos, y
que se pueda transmitir a los decisores políticos, a los directivos públicos y a la sociedad en general información acerca de los resultados y de la calidad de los servicios públicos ofrecidos, de manera que se ayude a adaptarlos a las demandas
económicas y sociales. También se precisa racionalizar el uso de los recursos públicos para que alcancen los fines previstos y evitar los factores de distorsión que provocan ineficiencias, con la correspondiente pérdida de credibilidad del sistema.
Con el fin de avanzar en estos objetivos proponemos la creación de una agencia estatal de evaluación de la calidad de los servicios y de las políticas públicas, que realizará periódicamente auditorías de dichos servicios (de los servicios que se
prestan desde la Administración pública), participando los usuarios en la evaluación de los resultados, así como efectuando también análisis de las políticas públicas impulsadas desde la Administración General del Estado. Queremos generalizar las
cartas de servicios, que son unos documentos a través de los que las organizaciones públicas declaran sus compromisos de calidad en la prestación de servicios a los clientes-ciudadanos y que vamos a hacer obligatorios. La evaluación de políticas y
la medición de resultados deben realizarse evitando el uso de sofisticadas y complejas metodologías para centrar la atención en un número reducido de índices comprensivos de los impactos económicos y sociales más deseables de cada política. Tras el
análisis inicial deberá dedicarse una atención preferente al proceso de adaptación del sector público para corregir las deficiencias observadas y alcanzar los resultados definidos. En suma, la agencia estatal para la evaluación de los servicios y
de las políticas públicas constituirá un paso más en el proceso de puesta en valor de la Administración pública dentro de un Estado social de derecho y avanzado que proponemos.
Señorías, el Gobierno considera que la Administración General del Estado necesita adaptarse a los retos de nuestro tiempo, para lo que tiene que realizar un gran esfuerzo de renovación en su sistema organizativo. El Estado debe ofrecer más
y mejores servicios públicos con los mismos recursos que actualmente emplea. Para ello, la Administración tiene que actuar de acuerdo con objetivos previamente establecidos y ser evaluada por los resultados que consigue, aspirando a la máxima
excelencia en la gestión de las políticas y de los servicios públicos. En este sentido, en nuestro programa de Gobierno está prevista la creación de agencias públicas a las que se podrá encomendar la responsabilidad directa de servicios de
titularidad estatal, de manera que consigamos los mecanismos adecuados para los parámetros de flexibilidad y eficacia que la sociedad actual nos demanda. Es, por tanto, un compromiso de este Gobierno la elaboración de un proyecto de ley de
agencias, en el que ya estamos trabajando con la intención de tenerlo preparado para remitirlo a las Cámaras a principios de 2005. Las agencias públicas deberán funcionar a partir de una especie de contratos de gestión por objetivos que serán
fijados por el departamento del que dependa cada una, lo que supone que su organización deberá estar dotada de capacidad de decisión sobre los recursos asignados y de un importante nivel de autonomía para definir su política y la estrategia
destinada a mejorar el servicio que prestan a los usuarios. De hecho, las agencias habrán de estar abiertas a la evaluación continua de los resultados de su gestión, con implicación de los usuarios en esa evaluación, por lo que podrán modificar sus
sistemas de funcionamiento
e incluso reorientar sus objetivos de acuerdo con esos resultados y con las demandas de los ciudadanos. Dado que en la actualidad la gestión de muchos servicios públicos de titularidad estatal se encuentra territorializada, es voluntad del
Gobierno implicar también a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales en este nuevo modelo de gestión pública. Estamos seguros de que, cuando se comprueben los resultados de estas experiencias, el modelo de gestión que proponemos
resultará interesante para otras administraciones y podrá hacerse extensivo, si lo consideran oportuno las comunidades autónomas, a la gestión de servicios de su competencia. Esta modificación de las formas de gestión de los servicios públicos
permitirá desarrollar mejor el principio de cooperación entre administraciones, de forma que la asignación en exclusiva de competencias de gestión no sea un obstáculo para establecer mecanismos de colaboración que permitan una mejora continua de los
servicios mediante la mayor implicación de las administraciones territoriales en su diseño y prestación. El modelo que proponemos está basado en el principio de cogobernanza de las administraciones, de manera que se coordine eficazmente la
aportación de cada una y los ciudadanos puedan tener un ente único al que dirigirse.
Naturalmente, en las agencias donde participen varias administraciones, éstas tendrán derecho a estar en los órganos de gobierno y a colaborar en la definición de
objetivos y evaluación de resultados. La ley de agencias supondrá, por tanto, la creación de algunas pero también la adaptación y transformación de organismos ya existentes que pasarán a convertirse en agencias. Se trata de fijar un marco
normativo en el que tendrán que moverse las distintas agencias, que sea lo suficientemente amplio para que quepan todos los diferentes tipos de agencias y de todas las administraciones, y que le dé un carácter unitario a la enorme variedad
organizativa que tenemos actualmente en nuestra Administración. Otro de los compromisos que forman parte de nuestro programa de Gobierno, y que va a ser de gran utilidad para que logremos nuestro objetivo de mejora de la Administración pública en
España, es el estatuto básico de la función pública, que asegurará la cualificación, la motivación y la responsabilidad de los empleados públicos. El artículo 103.3 de la Constitución española refiere: 'La ley regulará el estatuto de los
funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones'. Y el artículo 149 apunta que competen en exclusiva al Estado las bases del régimen estatutario de los funcionarios de las administraciones públicas. Existe, pues, un mandato constitucional para que por parte del Estado se elabore un
estatuto básico de los empleados de las administraciones públicas. Al día de hoy existe una legislación, básica o no, según los casos, preconstitucional y postconstitucional, que afecta a los más variados supuestos y que, aparte de su dispersión,
ofrece debilidades para que las administraciones públicas puedan afrontar las realidades actuales y los retos del futuro. Estamos ante una administración pública muy distinta a la de 1984, año en que se promulgó la Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública. España se ha integrado plenamente en la Unión Europea y el Estado se ha descentralizado políticamente dando lugar a tres niveles territoriales de Administración. Actualmente, las administraciones autonómicas doblan en número de
empleados a la Administración General del Estado, y la Administración local cuenta ya con más de medio millón de empleados. Al mismo tiempo, nuestras administraciones públicas han de responder a los importantes cambios económicos, políticos y
sociales que impone el fenómeno de la globalización, así como a la irrupción de las nuevas tecnologías. Ante este escenario es necesario un nuevo marco de actuación de todos los empleados públicos, con un estatuto que en sus aspectos esenciales los
englobe a todos, tanto a los del Estado como a los de las comunidades y a los de las corporaciones locales. Este estatuto, por tanto, ha de establecer los derechos y deberes de todos los empleados públicos para conseguir más cualificación, con un
nuevo sistema de acceso más ágil pero con todas las garantías de consideración del mérito y la capacidad; más profesionalidad, con un nuevo sistema de retribución y un nuevo modelo de carrera en el que la formación y el mérito sean importantes;
más transparencia, con un nuevo régimen de incompatibilidades, un nuevo órgano de inspección y la aprobación de códigos de conducta; y mejores condiciones laborales, con formación continua y un sistema de retribuciones que tendrá en cuenta la
evaluación objetiva del desempeño del puesto de trabajo.Señorías, un análisis de los sistemas selectivos de acceso al empleo público en nuestro país muestra cómo su actualización ha sido más bien escasa y cómo el sistema más generalizado está basado
en pruebas memorísticas. Este sistema permite seleccionar a personas con capacidad intelectual y de trabajo, pero no necesariamente a las más idóneas desde el punto de vista de su integración en una organización, y, por otra parte, no siempre
permite que valoren todas las capacidades y destrezas de los aspirantes. Nuestra pretensión, a la vista de todo ello, es que se constituya un grupo de trabajo que analice cómo se está produciendo el acceso al empleo público y que sopese la
posibilidad de introducir nuevas técnicas de selección, así como de mejorar la agilidad de las mismas. Uno de los aspectos que se debe tener especialmente en cuenta a la hora de plantear mejoras en el acceso al empleo público es la importancia de
los periodos de formación y prácticas en los procesos selectivos. Eso sí, debe quedar claro que, tras las modificaciones que se puedan realizar en el sistema selectivo, éste deberá seguir garantizando
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que son la clave de bóveda del estatuto que vamos a proponer para los empleados públicos, así como la profesionalidad e imparcialidad de los órganos de selección.Otro aspecto
importante en esta nueva consideración de la Función pública que estoy proponiendo es la regulación de las incompatibilidades. Queremos que los empleados públicos no puedan entrar al servicio del sector sobre el que prestan sus servicios -cuando
abandonen el puesto público correspondiente- sin atenerse a unas reglas estrictas al respecto. También queremos profundizar en el régimen específico de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, altos cargos y directivos de empresas públicas
y de organismos reguladores, con el fin de evitar que se puedan producir conflictos de intereses en el desempeño del cargo público. Aparte de las modificaciones legales que se puedan producir, queremos avanzar en la aprobación de códigos de
conducta, con la participación de usuarios y organizaciones sindicales; códigos en los que se introducirán valores objetivos que deben respetarse aunque no tengan carácter normativo. En definitiva, esta modificación del marco normativo y de los
códigos de conducta en el ámbito de las incompatibilidades pretende conseguir una mayor moralización de la vida pública, la máxima eficacia en la prestación de servicios y la transparencia de sus procedimientos, aspectos sobre los que reposa la
legitimidad democrática de las instituciones. Señorías, el estatuto de los empleados públicos que proponemos deberá recoger todos estos aspectos. Un estatuto que será elaborado por técnicos y especialistas, que será consensuado con las
organizaciones sindicales, propuesto para el debate a la sociedad, con la participación de las universidades, y discutido con las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Es un trabajo que se desarrollará a lo largo de la legislatura con
el objetivo de presentar, al final de ésta, un texto articulado que haya sido consensuado, que sea de todos y que las administraciones públicas y los empleados públicos acepten para que pueda ser efectivo; y lo vamos a hacer mediante un debate
abierto y transparente, dando cuenta del proceso y de sus avances tanto a las Cámaras como a la sociedad.
Todas las propuestas que estoy haciendo, como SS.SS. pueden comprobar, tratan de lograr una administración pública orientada más y mejor hacia el servicio a los ciudadanos. El Gobierno quiere, además, conseguir que la Administración
pública proporcione servicios de alto valor añadido y que sea cooperativa y proactiva. Para nosotros, las tecnologías de la información y las comunicaciones son un instrumento esencial para la realización de las políticas públicas y permiten
redefinir y reinventar la Administración. Las tecnologías de la información y las comunicaciones se convierten, pues, en la pieza angular de la modernización de la Administración pública que proponemos. Esta modernización tiene como objetivos
principales los de mejorar la información a los ciudadanos sobre la Administración pública, incrementar la participación de estos en la definición de las políticas y facilitar al máximo los trámites administrativos. Queremos conseguir una efectiva
Administración General del Estado en red, para lo que vamos a empezar de inmediato a desarrollar algunos proyectos. El primero es el de la certificación electrónica, que supone la sustitución de certificados en soporte papel por certificados
telemáticos, o la creación de un sistema centralizado de notificaciones telemáticas, con una dirección electrónica única a la que los ciudadanos podrán dirigirse a través de internet para -por ejemplo- comunicar los datos de un cambio de domicilio a
todas las administraciones públicas simultáneamente. Nuestro objetivo es eliminar el 80 por ciento de los certificados en papel entre las administraciones, lo que supondrá un considerable ahorro de recursos y de tiempo para la Administración, pero
sobre todo para los usuarios. Por poner un par de ejemplos diré que el año pasado la tesorería de la Seguridad Social emitió en torno a siete millones y medio de certificados, mientras que la Agencia Estatal de Administración Tributaria emitió casi
tres millones y medio, todos en papel. El segundo proyecto es el del documento nacional de identidad electrónico, con una autoridad común de validación que permitirá la autentificación realizada con certificados emitidos por diferentes autoridades
para el acceso a los distintos servicios públicos vía telemática, proyecto para el que se contará con el impulso y la participación de distintos departamentos. El tercer proyecto es el denominado ciudadano.es, una ventana electrónica de atención e
información al ciudadano, con la posibilidad de acceder a servicios administrativos como el registro telemático único y a información puntual y permanentemente actualizada sobre subvenciones y ofertas de empleo público, entre otras. El cuarto
proyecto del plan para la Administración General del Estado en red es el de la simplificación y rediseño de los procesos administrativos, con la disponibilidad en soporte electrónico de los formularios más relevantes, además de una informatización
integral del proceso de gestión de concursos. El quinto proyecto en marcha se refiere al trabajo sobre los instrumentos internos del propio Ministerio de Administraciones Públicas, con el refuerzo de su portal electrónico para que ofrezca muchos
más servicios por internet, como la gestión por vía telemática de los procesos selectivos y de formación del propio ministerio. Todos estos proyectos son una muestra importante de los que conforman nuestro plan para la Administración General del
Estado en red, y deberán desarrollarse durante este año y el próximo. Algunos de ellos ya están en marcha y lo que queremos es mejorarlos y ampliarlos. Estas nuevas tecnologías pueden mejorar la percepción que la gente tiene de
la Administración pública como una administración abierta, transparente, accesible, responsable y segura.Señorías, les he expuesto algunos de nuestros planes respecto a la creación de una agencia de evaluación de la calidad, también sobre la
ley de agencias, he explicado los criterios que van a guiar la elaboración de un estatuto para los empleados públicos y me he referido a los proyectos para la modernización de la Administración pública a partir de la aplicación de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones. Ahora voy hablarles de la Administración periférica del Estado, que necesita una mejora urgente de estructuras y medios. Como SS.SS. saben, los tres niveles territoriales (estatal, autonómico y local) que
integran el Estado autonómico definido en la Constitución española se proyectan en otros tantos niveles de administración. Este hecho ha supuesto no sólo la necesidad de redimensionar la Administración General del Estado a medida que ha avanzado el
proceso de transferencia de competencias, sino también la de definir un nuevo modelo orgánico y funcional adecuado a los nuevos cometidos de esta administración, una vez que España se ha convertido en un Estado fuertemente descentralizado. Tanto la
planta como el personal y los recursos de esta administración han debido adecuarse a la realidad del Estado autonómico, como deberán hacerlo también cuando en su día se proceda a la profundización del desarrollo del ámbito local; pero es que,
además, sus funciones y su propia cultura organizativa han tenido que ser también adecuadas a las nuevas situaciones. Estos fueron los objetivos que animaron la LOFAGE y sus antecedentes. Sin embargo, podemos decir, con bastante certeza que la
LOFAGE no ha proporcionado todos los resultados que de ella se esperaban. Ha habido graves deficiencias en la estimación de costes de los servicios integrados, produciéndose en la Administración periférica considerables insuficiencias de
financiación de servicios públicos básicos. Han existido también frecuentes disfunciones derivadas muchas veces de la complejidad de llevar al unísono competencias funcionales y orgánicas. La percepción dominante sobre servicios periféricos
esenciales para los ciudadanos, como los de extranjería o la sanidad exterior, ha sido la de que se trataba de un conjunto de actividades residuales de la Administración General del Estado. Además, la situación de gran parte de los bienes inmuebles
asignados a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno sólo se puede calificar como muy deficiente. En definitiva, se ha producido un empeoramiento significativo de los servicios públicos prestados por la Administración periférica del Estado,
especialmente en áreas muy sensibles y de gran repercusión social, como son las de extranjería y sanidad exterior. La misma evolución presupuestaria de la Administración periférica del Estado nos indica cómo entre 1998 y 2003 la dotación ha sido
claramente insuficiente para atender ni tan siquiera a la conservación y el mantenimiento de los más de 400 edificios con que cuenta nuestra Administración periférica. Para este ejercicio presupuestario, el 2004, se ha incrementado la partida
presupuestaria en un reconocimiento por parte del anterior Gobierno de que los órganos territoriales padecen de medios e instalaciones insuficientes y obsoletas para las funciones que tienen que afrontar, pero ha sido un poco tarde cuando la
situación se había ya deteriorado de manera importante. Ante este estado de cosas, el nuevo Gobierno ha tomado diversas medidas para intentar corregir en lo posible estas deficiencias. Por una parte se ha procedido a crear en el departamento de
Administraciones Públicas, sin coste presupuestario alguno, la Dirección General de Recursos Humanos, Programación Económica y Administración Periférica, adscrita a la Subsecretaría del ministerio, lo que permitirá mejorar significativamente la
gestión de los medios materiales y humanos de las delegaciones del Gobierno y hará posible una mejor aplicación de los principios de organización y funcionamiento establecidos en el artículo 3 de la LOFAGE.
Por otra parte se ha iniciado ya un
proceso de evaluación del modelo de Administración periférica del Estado, implantado por la LOFAGE, que culminará en el último trimestre del presente año con la remisión al Gobierno de un informe de evaluación, con propuestas concretas de
modificaciones tanto normativas como de gestión ordinaria de los servicios. En tercer lugar, y tras las visitas que ha iniciado la Inspección de servicios del departamento en el mes de mayo, se elaborará y pondrá en marcha un plan de choque sobre
los déficit detectados, con especial incidencia en materias de extranjería y sanidad exterior, para lo que se contará con la colaboración de la Secretaría de Estado para la Inmigración y de los ministerios de Sanidad y Consumo y de Agricultura,
Pesca y Alimentación. Para mañana mismo he convocado, con la finalidad de discutir estos asuntos, la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración periférica del Estado, en la que abordaremos todas estas cuestiones a las que acabo
de referirme.
Señorías, voy a exponer ahora otras iniciativas relacionadas con la participación de los ciudadanos en la Administración pública, que es uno de los ejes fundamentales de la política de este Gobierno. En primer lugar, nos proponemos
facilitar el acceso a las administraciones públicas y el derecho de todos los ciudadanos a la información administrativa.
Vamos a crear las oficinas únicas de atención personalizada, que informarán y gestionarán adecuadamente las solicitudes.
Elaboraremos y publicaremos un catálogo o carta de servicio, que recogerá tanto los servicios y procedimientos administrativos como los plazos de resolución y el órgano responsable de la misma, con el establecimiento de compensaciones a los
ciudadanos por incumplimientos debidos a la Administración. Por otra parte, queremos impulsar nuevos mecanismos de participación social, como las mesas de debate con
la sociedad, dirigidas a recabar la opinión de las personas como usuarias de servicios públicos, así como que éstas expresen sus demandas y opiniones respecto a su mejora, con la presencia de los responsables de dichos servicios. También
vamos a crear el servicio on-line Hable con la Administración, que será un foro de comunicación y participación de los ciudadanos a través de internet, para que quien lo desee pueda expresar libremente sus quejas, demandas y opiniones sobre el
funcionamiento y calidad de los servicios públicos. Tenemos igualmente previsto organizar juntas de colaboración permanente con las ONG y entidades ciudadanas, reuniendo a los responsables de los servicios públicos con dichas organizaciones
sociales, con la finalidad de hacer posible un mayor control democrático de las políticas públicas.Para finalizar este apartado de mi intervención, quisiera exponer otras iniciativas relacionadas con la puesta en marcha de la Conferencia sectorial
de la Administración Pública, como un punto de encuentro entre las administraciones públicas para la cooperación en materia de Función pública, de administración electrónica y para el desarrollo de estrategias que aumenten la eficacia del conjunto
de las administraciones ante los retos del futuro. Será este un importante mecanismo de coordinación para una verdadera planificación estratégica entre administraciones, en un ámbito donde la cooperación es esencial para el buen funcionamiento de
todas. Será también un foro adecuado para debatir sobre legislación básica de Función pública, sobre la posición de la Administración en las negociaciones con las organizaciones sindicales y para el estudio de convenios de colaboración. La
Comisión de Coordinación de la Función Pública, con presencia de las corporaciones locales, será el órgano de trabajo permanente de dicha Conferencia sectorial de Administración Pública.
Señorías, hemos visto ya las líneas principales del programa del Gobierno en lo referente a la mejora de la Administración pública. Pretendemos llevar a cabo un importante cambio de modelo en la gestión de los asuntos públicos, para que sea
posible compartir la prestación de servicios bajo los criterios fundamentales de transparencia, eficiencia y equidad. Se trata de redefinir el papel de la Administración General del Estado en la nueva España de las autonomías, lo que supone una
revisión de los esquemas de participación de las administraciones en la toma de decisiones que nos afectan a todos. El papel fundamental del Gobierno de la nación en el nuevo escenario que se está abriendo ha de consistir en garantizar la igualdad
y la cohesión entre todos los ciudadanos y los territorios de España, así como poner en valor lo público, de donde surge el principio de legitimidad del Estado. Los ciudadanos nos reclaman justamente eso, que la Administración pública sea eficaz y
que no existan discriminaciones, y es obligación de todos el intentar satisfacer esas demandas. Señorías, el Gobierno se compromete a realizar los cambios necesarios en la Administración General del Estado para fortalecerla y prepararla con vistas
a la implantación de un modelo organizativo basado en el principio de cooperación o cogobernanza entre las administraciones.
Estamos convencidos, porque así lo expresan continuamente, de que lo que esperan los ciudadanos son mejores servicios
públicos, con independencia de cuál sea la administración que los preste. Sin embargo, para conseguir que se pueda establecer el nuevo modelo que propone el Gobierno necesitamos generar una situación favorable para la cooperación entre las
administraciones, y para ello queremos proponer una nueva agenda territorial, que es el tema de esta segunda parte de mi exposición.
Es innegable que el desarrollo de nuestro Estado autonómico, con un intenso proceso de descentralización, nos ha permitido aproximar la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos y conseguir un alto nivel de participación de éstos y
una mayor eficacia en la Administración pública. Sin embargo, tal y como he podido comprobar en mis visitas a las autonomías, quedan aún por resolver algunos problemas pendientes, como ocurre en todo proceso complejo en el que intervienen muy
diversos factores. Existe un nivel de conflictividad muy elevado, existen competencias pendientes de transferir, una cantidad considerable de peticiones y reivindicaciones y un sistema de financiación insuficiente que provoca que muchas autonomías
no puedan gestionar adecuadamente algunas competencias que les corresponden, algunas de ellas tan importantes como la sanidad. Lo que vamos a hacer al respecto, antes de nada, es intentar resolver los problemas pendientes para generar un nuevo
clima de confianza y diálogo. Por una parte, vamos a intentar bajar el nivel de conflictividad retirando y negociando la retirada de hasta un tercio de los recursos actualmente pendientes ante el Tribunal Constitucional, además de generar dinámicas
de comunicación y arbitraje para evitar el recurso sistemático a los tribunales entre Gobierno central y comunidades autónomas. Por otra parte, es voluntad del Gobierno realizar lo más pronto posible la transferencia de traspasos pendientes a todas
las comunidades que los tienen, para lo que estamos reactivando las comisiones mixtas a los efectos de acordar tales transferencias. Además de ponernos a trabajar de inmediato en la resolución de los temas pendientes, el Gobierno está proponiendo
una nueva agenda territorial que parte de la convicción de que entramos en una fase diferente del desarrollo autonómico, una fase en la que deben primar otras medidas con otras actitudes. Pensamos que es éste un buen momento, aunque queden
pendientes flecos de traspasos, para hacer nuevos planteamientos de gestión de las competencias que tenemos unos y otros, poniendo en primer lugar el beneficio de los ciudadanos, no el de los gestores públicos. El nuevo Gobierno se propone
sustituir la confrontación por la cooperación en las relaciones entre las administraciones
autonómicas y la Administración General del Estado, de manera que lo importante deje de ser quién ostenta determinadas competencias y pase a ser lo importante de qué forma se gestionan estas competencias, con el fin de lograr la mayor
eficacia en el servicio a los ciudadanos. La dinámica de la cooperación para un eficaz cogobierno de la España autonómica supone la necesidad de llegar a acuerdos, lo más amplios posible, con participación de todas las fuerzas políticas con
representación parlamentaria. Integrar la pluralidad es, en definitiva, el sentido de lo que queremos hacer, porque estamos convencidos de que es lo que tenemos que hacer. Se trata de iniciar una nueva etapa dejando atrás la mecánica de la
confrontación entre administraciones y poniendo bases nuevas para una gestión compartida de los asuntos públicos. Además de los cambios que la propia evolución del Estado autonómico ha supuesto, existen otras realidades nuevas que justifican la
necesidad de una gestión de los asuntos públicos basada en la cooperación entre administraciones. En los 20 años de desarrollo estatutario hemos entrado en Europa -que está a punto de aprobar una Constitución- y hemos pasado a vivir en un mundo
globalizado en el que las nuevas tecnologías han supuesto avances muy importantes, pero en el que también existen problemas y riesgos nuevos. Todo ello nos impone un cambio imprescindible de actitudes, como acabo de referir, pero también un cambio
de instrumentos. Entre estos instrumentos de cooperación destaca, en primer lugar, la creación de la conferencia de presidentes, un foro que reunirá a los presidentes de todas las autonomías con el presidente del Gobierno y cuya primera reunión se
celebrará antes de finalizar este año. En segundo lugar, vamos a mejorar el funcionamiento de las conferencias sectoriales, que pueden tener una gran relevancia en la coordinación de las políticas territoriales y generales de España. En tercer
lugar, adoptaremos fórmulas que permitan la participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones de la Unión Europea que les afecten, manteniendo el Gobierno su papel de negociación e interlocución única.
Ayer mismo tuve ocasión de
hacer una oferta concreta a los representantes de las comunidades autónomas, cuya respuesta espero que se efectúe durante las próximas semanas en la voluntad del Gobierno de cerrar en el mes de septiembre un nuevo modelo de participación de las
comunidades autónomas en los asuntos comunitarios que les afecten. En cuarto lugar, es voluntad del Gobierno proceder a la reforma del Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial, y ya han empezado los trabajos del
Consejo de Estado al respecto. Por otra parte, el Gobierno aceptará las modificaciones de los estatutos de autonomía que propongan las comunidades autónomas siempre que cuenten con amplio consenso interno y que respeten el marco de la Constitución.
Para el Gobierno las reformas estatutarias no deben suponer cambios en la Constitución, de la misma forma que los cambios constitucionales propuestos, que son muy concretos, no van a suponer modificaciones en el marco competencial de las autonomías.
Tenemos también un sistema de financiación autonómica que recibe críticas generalizadas desde prácticamente todos los gobiernos autonómicos por sus problemas de insuficiencia y que deberá ser por ello modificado, aunque esa modificación se deberá
hacer entre todos y en un órgano de decisión colectiva y colegiada como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Gobierno garantiza que no va a aceptar ningún cambio en la financiación autonómica que suponga la discriminación de ningún
territorio, pues creemos firmemente en la igualdad de todos los ciudadanos españoles y en la necesidad de políticas de cohesión territorial para asegurarla.Por lo que se refiere al ámbito del Gobierno local, el Gobierno de España ha asumido la
responsabilidad de impulsar un profundo fortalecimiento del mismo. El primer gran objetivo en este ámbito es la elaboración de un libro blanco sobre la reforma del Gobierno local en España que aborde abiertamente todas las grandes cuestiones que
afectan a la democracia local en la España del siglo XXI. Para la elaboración de dicho libro blanco se constituirá una comisión integrada por expertos designados por el Ministerio de Administraciones Públicas y por la Federación Española de
Municipios y Provincias, cuyos trabajos servirán de base para un amplio debate que queremos de ámbito nacional, en el que se implicará o intentaremos implicar a toda la comunidad política local, a todos los actores públicos afectados, a
profesionales, profesores e investigadores, teniendo en cuenta además la evolución que el Gobierno local experimenta en otros países europeos en el contexto de este mundo globalizado, tratando de profundizar en la aplicación del principio de
subsidiariedad. Este libro blanco deberá abordar de forma abierta y decidida todas las grandes cuestiones que afectan al mundo local, desde las competencias de las entidades locales hasta la participación de los ciudadanos, pasando por los
mecanismos de cooperación intergubernamental, la gestión de los servicios públicos y la financiación local. El libro blanco aportará el marco de reflexión necesario para la elaboración de una nueva ley de bases del Gobierno y de la Administración
local, que establezca el cuadro normativo necesario para el pleno desarrollo de la democracia local en España en el marco de los grandes principios constitucionales y de la Carta Europea de la Autonomía Local. Una ley de bases que se construirá
sobre la negociación y el consenso, que mire de frente al futuro y que permita establecer un marco adecuado para el impulso efectivo del Gobierno local. En ese contexto, el Estado, con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas,
continuará impulsando el desarrollo de los pactos locales autonómicos y un buen mecanismo para ello será la próxima constitución de la Conferencia sectorial para asuntos locales, que permitirá el establecimiento
por primera vez en España de un foro permanente de diálogo y cooperación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de gobierno local, con participación además de las entidades locales a través de la Federación Española
de Municipios y Provincias. Asimismo, por lo que se refiere a las grandes ciudades se constituirá también, en el seno de la anterior, una conferencia específica para las mismas, con la participación de la Administración del Estado, las comunidades
autónomas y los alcaldes de las grandes ciudades, que constituirá un foro para abordar la problemática especial de estos municipios.Señorías, el sentido primario de las reformas que proponemos consiste en facilitar la cooperación entre comunidades
autónomas y de las comunidades autónomas con el Gobierno de la nación, de manera que entre todos cogobernemos mejor España. En el contexto autonómico, el papel del Gobierno de la nación ha de ser fundamentalmente el de garantizar la cohesión y la
igualdad entre los ciudadanos y los territorios de España, y así lo vamos a hacer. Pensamos que se deben reconocer los hechos diferenciales que existen en algunas comunidades, pero también que éstos no pueden suponer discriminaciones o ventajas
injustificadas de unos ciudadanos respecto a otros. Las reformas que proponemos se harán, como he dicho antes, para mejorar la gestión de lo público, independientemente de quién tenga las competencias y entendiendo lo público como el espacio de
todos. Queremos, por tanto, poner a las administraciones mucho más al servicio de los ciudadanos, que es su función esencial y que debe ser su sentido último.
Las reformas que proponemos responden al propósito fundamental de hacer una España mejor
unida en la que todo el mundo se sienta cómodo. No queremos hablar tanto del ser de España como del estar de España, de cómo nuestra tarea principal en todas las instituciones debe ser buscar la manera de que las administraciones presten mejores
servicios públicos a los ciudadanos. En relación con cómo queremos llevar a cabo estas reformas, será facilitando el diálogo, la cooperación y la integración de nuestros territorios y nuestras fuerzas políticas. Ante la cuestión crucial de con
quién se van a llevar a cabo las reformas, la respuesta es muy clara: con todos los que quieran participar. Esta es la principal aportación de la nueva agenda territorial del Gobierno: volver a poner lo público al servicio de la gente, poner las
instituciones al servicio de quienes esperan de ellas que produzcan más cohesión, más igualdad y más libertad para que cada cual pueda construir su proyecto de vida.
Señorías, les he hablado sobre las líneas principales de la política del Gobierno en relación con las administraciones públicas, así como sobre los instrumentos que queremos poner en marcha para llevar a cabo esta política. Cuando hablamos
de administraciones públicas, de la gestión, la administración de lo público y de los espacios públicos de convivencia, estamos hablando de política con mayúsculas, estamos hablando de derechos y estamos hablando de ciudadanía. Queremos gobernar
con la gente, cerca de los ciudadanos, por lo que nuestra política va a estar determinada siempre por la austeridad en el uso del poder. El Ministerio de Administraciones Públicas va a enfrentarse en esta legislatura que comienza a cuatro retos
principales que resumo para concluir. El primero, implantar la cultura de la calidad y de la gestión en la Administración pública, para lo que pondremos en marcha las agencias y crearemos una agencia de evaluación de la calidad de los servicios y
de las políticas públicas, con lo que podremos incrementar sustancialmente la eficiencia de los recursos públicos. El segundo, la modernización, simplificación y mejora de nuestro aparato administrativo, de sus procedimientos, gestiones y
servicios, para lo que hace falta impulsar medidas como la administración electrónica tanto como mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos con la elaboración del estatuto básico de la Función pública. El tercer reto es el de
perfeccionar el modelo de funcionamiento del Estado autonómico mediante la puesta en marcha de la conferencia de presidentes, la mejora de las conferencias sectoriales, la reforma del Senado, la creación de mecanismos de participación de las
distintas administraciones en la definición de las políticas públicas del país, así como de cooperación entre las mismas, redefiniendo también el papel de la Administración General del Estado. Nuestro último, pero no menos importante, reto está en
asentar la presencia institucional y política de las corporaciones locales mediante una revisión de sus competencias y una mejora de su financiación, dado que si de verdad creemos que los municipios son la Administración que mejor responde a muchas
situaciones y necesidades, por ser la más próxima a los ciudadanos, debemos ser consecuentes con ellos en términos de recursos.
No terminan aquí las tareas del ministerio, pero estas cuatro líneas de actuación son aquellas en las que voy a centrar
mi actividad durante los próximos cuatro años. Son actuaciones presididas por el espíritu de profundización de la democracia, porque es ese aliento el que ha de impregnar todo lo que queremos hacer. Hace 25 años una generación impulsó un modelo
constitucional y autonómico que nos ha permitido llegar a cotas elevadas de desarrollo y de convivencia de las que debemos sentirnos orgullosos. Nos encontramos ahora ante la oportunidad de adaptar ese proyecto a una nueva generación para que este
país España, pueda tener al menos otros 25 años de progreso compartido. Mi voluntad primordial es intentar entregar una sociedad un poco mejor que aquella que recibí. En eso voy a poner todo mi empeño y para eso voy a exigir todo el esfuerzo de mi
departamento y espero toda la colaboración de las distintas fuerzas políticas de la Cámara representadas en esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Tal como hemos previsto, tiene la palabra a continuación el representante del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor ministro, en la presentación de las líneas generales de actuación de su departamento ha invertido su intervención ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, anteponiendo lo relativo
a la Función pública y dejando en segundo lugar una síntesis de lo que fue su intervención en el Senado, lo cual ahora naturalmente nos permite haber meditado algo más sobre ella y poder expresarle aquí nuestros puntos de vista y apreciaciones. Voy
a intentar seguir la pauta de su intervención, sencillamente por una razón metodológica y de claridad para que quede reflejado en el 'Diario de Sesiones' y para tener la oportunidad de conocer cuáles han sido realmente los términos del debate.
Me ha sorprendido cómo ha abordado su visión del Ministerio de Administraciones Públicas, porque ese ministerio tiene dos planos: uno es la responsabilidad fundamental que a usted le compete, que es el de la Administración General del
Estado, y el otro plano es de relación con las demás administraciones públicas, en las que ciertamente no hay ninguna posibilidad de relación de jerarquía, como no lo hay en ningún tipo de relación entre entes públicos y muchísimo menos entre los
entes que conforman la estructura organizativa territorial del poder en España y del Estado, que es la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas y parece que de alguna manera interrelaciona ambas cosas.
Nosotros apreciamos una especie de difusa alusión a las demás administraciones públicas con las que el señor ministro y su departamento tienen que tener relación y un cierto escapismo a explicarnos exactamente el ámbito principal de su
responsabilidad. Entrando en el tema de la Función pública, celebrando por cierto que le parezca relativamente bien alguna cosa de las que han hecho los gobiernos del Partido Popular, como la LOFAGE, por poner un ejemplo de algo que hemos dejado
como incorporación al ordenamiento jurídico y a la regulación de estos aspectos de la organización estatal, nos alegra que le parezca bien. En una sociedad moderna, los programas electorales suelen tener naturalmente para los mismos problemas
diagnósticos parecidos, por lo menos en el enunciado. Naturalmente nosotros también apostábamos por un nuevo estatuto de la Función pública.
En alguna de las cosas que ha anunciado podríamos tener alguna dudas más, porque ciertamente ha puesto de
relieve el problema de ingreso en la Administración pública, las críticas a los sistemas memorísticos y el deseo de buscar otra forma de no perder otros activos. Ni siquiera ha hecho una referencia a la posibilidad de incorporación de las personas
con discapacidad a la Función pública.
Hablando de modernización de la Administración pública más que códigos de conducta nos gustaría una idea más amplia, como códigos de buen gobierno en las administraciones públicas, en que naturalmente estarían incluidos los códigos de
conducta. Nadie puede discutir la oportunidad de la modernización; la modernización tiene que seguir siendo siempre un reto constante para la eficacia de las administraciones públicas, para la celeridad, principios históricos de la regulación y de
los fines de las administraciones públicas. Hablando de esa modernidad, usted no ha hecho ninguna referencia a los esfuerzos que puede dedicar la Administración central del Estado a la conciliación de la vida familiar, profesional y personal de los
funcionarios, como guarderías, ni tampoco a aspectos como la retribución. Nosotros en nuestro programa teníamos algo que puede parecer poco llamativo: las pagas extraordinarias. Como S.S. sabe, los funcionarios son los únicos empleados del
sistema de trabajo que no reciben en esas pagas extraordinarias la misma retribución que en el resto de los tramos temporales del año. A los funcionarios públicos les interesaría mucho saber si la nueva administración, como nosotros teníamos en
nuestro programa, estará dispuesta a revisar esa circunstancia que hace que las capacidades económicas de los funcionarios en ese punto estén muy alejadas del resto de las personas que desarrollan actividades laborales.
Nosotros entendemos que la formación continua, a la que tampoco ha hecho ninguna alusión, es un reto permanente de la Función pública, y quienes tienen la responsabilidad de dirigirla deben tenerla siempre presente.
Tampoco hemos escuchado
nada sobre ese particular.
Finalmente, existe un tema -además, en la ronda de visitas que ha realizado a través de las comunidades autónomas sé de algunas que se lo han planteado- al que tampoco ha hecho una especial mención y es un problema ciertamente relevante, que
es el de la movilidad entre las distintas administraciones públicas, aunque sí lo ha hecho en relación con la Unión Europea.
Como no tengo mucho más tiempo, ya hablaremos de la cuestión de los funcionarios. Le tendría que decir, señor ministro, que la relevancia en política de las distintas responsabilidades y de la organización de la administración se suele
exteriorizar en el rango administrativo de quien uno quiere situar al frente de una responsabilidad. Hemos de deducir que la desaparición de la secretaría de Estado de la Función pública para ser ahora secretaría general quiere decir que S.S. y su
equipo consideran que ese es el menor rango con el que van a abordar la dirección de la Función pública de la Administración estatal, que yo entiendo -naturalmente, igual no coincidimos- que es una de las principales responsabilidades, por no decir
casi la principal, en la gestión cotidiana que su ministerio tiene asumida desde que ha tomado posesión de esta cartera.
Respecto a las agencias, le tengo que decir que efectivamente, más allá de que en términos generales tanto su intervención en el Senado como ésta que ha realizado hoy aquí y el resto de las dispersas, contradictorias, reiteradas
manifestaciones, juicios, observaciones, apreciaciones, esperanzas y desesperanzas que lleva usted proclamando por ahí sobre las transferencias o no, las competencias o no, eso nos lo ha dejado para aquí porque no lo ha explicado por ahí. No sé si
es exactamente sólo contradictorio o en algunos aspectos seráfico, lo que el señor ministro plantea. Esto de las agencias es muy interesante porque efectivamente está en la agenda territorial, en la que naturalmente se habla de descentralización
política, que es de lo que teníamos que hablar, y de descentralización institucional desde la perspectiva territorial. Usted abre un nuevo e interesante cauce de la descentralización. Como la cortesía no esta reñida con cierta ironías, le voy a
decir algo con toda simpatía, y quiero que lo tome así. Ya sabemos que en dos tardes maneja usted todos los principios económicos, pero le aseguro que esto es para bastante más de dos tardes. La descentralización funcional -que es exactamente lo
que cobijaría como concepto todo esto de las agencias que usted nos ha contado- era un sistema muy empleado por una administración centralizada para la eficacia de los servicios públicos. Parece que la apuesta constitucional por la
descentralización territorial tendría que tender a menguar esos escapes a la descentralización funcional. Tampoco le adelantamos un juicio definitivo sobre esto, pero en fin esto es sencillamente una reflexión a vuelapluma sobre la cuestión. Desde
luego todo tipo de descentralización, y la funcional también, puede ser eficaz.
No entro en las críticas que le hicieron en el Senado en relación con lo que quería usted controlar, aunque luego usted dijo que no quería controlar a las comunidades autónomas y sus servicios. Aquí ofrece posibilidades enriquecedoras en la
eficacia de sus servicios a través de la adopción de sus experiencias al respecto. En fin, como apunte y como experiencia hasta podía ser interesante; como encarecimiento de las prestaciones públicas, sin duda es una muy interesante línea de
gasto.
Todo gasto que sea para mejorar la eficacia y la celeridad, aunque no para mejorar la economía, es positivo. Recordará que los principios de la organización administrativa son economía, celeridad y eficacia; aquí aparcamos la economía, no
hay ningún problema, pero tendremos que ver los resultados. También supone una censura a las capacidades de la propia estructura organizativa que quizá debe ser algo más razonada. Las ocurrencias de gabinete son muy interesantes y a nosotros nos
gustan, sobre todo nos gusta conocer hasta dónde llegan en su formulación y su desarrollo. Vuelvo a decir, y termino con esto la referencia a las agencias, que nos quedamos con la copla, nosotros no adelantamos más que la expresión de que nos
resulta un poco desconcertante. La relación de agencias posibles no sabemos hasta dónde podría llegar, si lo sabe usted estaría muy bien, pero también nos gustaría que nos hablara de la calidad.
En cuanto a la Administración local, la producción de información es tan grande que hay que estar constantemente al día. Ayer, el alcalde de A Coruña, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias -una actividad que le
honra- en esa responsabilidad, pronunció un discurso -es una persona relevante de su partido como sabe y además apostaron ustedes con firmeza por que él fuera el presidente de ese ente- que no encajaría mucho con el que ha hecho el señor ministro
hoy aquí.
Expresó más inquietudes en relación con lo que es la Administración local. Nosotros como sabe, más allá de las palabras, iniciamos en la pasada legislatura, mientras tuvimos responsabilidades de Gobierno, lo que hemos denominado la
segunda descentralización. La música y la letra de lo que usted nos ha explicado de sus proyectos en relación con la Administración local nos parece mucho más pacata y, desde luego, con mucha menos entidad en relación con este tema. El alcalde de
A Coruña, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, hablaba de que la gran diferencia entre España y la Unión Europea estriba en la falta de recursos y competencias de los municipios. Es verdad, y todos sabemos que es verdad,
que la participación de las entidades locales en los recursos públicos no tiene en este momento en España una proporción más o menos parecida a la que debiera, porque en los veinticinco años de democracia local la participación en el gasto público
de los ayuntamientos apenas ha llegado al 13 por ciento, cuando evidentemente ha sido mucho más notable el engorde -razonablemente además, por la asunción de competencias- de las capacidades financieras de las comunidades autónomas.
Nos gustaría haber escuchado, pero hacemos esta reflexión con relación a las corporaciones locales, lo que pudiera resultar positivo de una mayor profesionalización de las corporaciones locales. Consideramos, señor ministro, que siguen
siendo unas grandes olvidadas...
El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, va acabando su tiempo, lo digo para que lo administre.
El señor PADILLA CARBALLADA: Procuraré terminar. Nada más, si me lo permite, abordaré enseguida la cuestión autonómica, y con eso, a pesar de ser el primer grupo de oposición de la Cámara, procuraremos someternos al principio igualitario
que, parece ser, sin duda, a todos nos atañe.
Termino este punto diciendo que es cierto que es necesaria una regulación clarificadora de las bases de la Administración local, debe serlo a través de todas esas tendencias, voluntades y concurso de todas ellas previamente para que sea con
el mayor consenso posible, y por supuesto con el de las comunidades autónomas,
cuyas competencias en esta área lo hacen necesario y que para llevar a buen puerto cualquier intervención a favor de los entes locales hay que recabar.No habria estado mal que hubiera dicho algo de las diputaciones provinciales, a favor o en
contra, supongo que no será a favor. Nos gustan las diputaciones, qué le vamos a hacer, es una cosa que tenemos, y a otros no, pero ahí queda.
Entramos ya en la parte final, señor presidente, le ruego un poco más de benevolencia y espero ser breve. Ha dicho en el Senado -hoy no ha dicho nada, pero como supongo que me lo va a decir me adelanto- que la cooperación va a sustituir a
la confrontación. Le recomiendo la lectura de un libro magnífico del profesor Raymond Geuss, de la Universidad de Cambridge, Historia e ilusión en la política, porque este ilustre profesor dice -lo podríamos decir nosotros, pero si lo decimos en
boca de profesores parece que siempre tiene más autoridad- que no requiere una gran perspicacia indicar que ni el consenso ni el conflicto son las bases exclusivas de la vida y la historia humanas. Tenemos el consenso que tenemos, y no más, y
podemos alcanzar tanto como de hecho podamos, en sentidos bien definidos del verbo poder, y no más. Administrar el conflicto es también parte del ejercicio de gobierno, señor ministro, y de las responsabilidades de Gobierno, y dada la centralidad
-también dice el profesor; esto que he dicho ahora era mío, pero añado ahora- del desacuerdo en la política, si nos centramos en el examen del conflicto y la discordia obtendremos al menos ventajas metodológicas claras.
Como el programa electoral que ustedes hicieron en este punto autonómico es la proyección iluminadora del acuerdo de gobierno de Cataluña, vamos a hablar del conflicto en Cataluña. Si quiere lo vemos, yo procuro no decir cosas que no vayan
relativamente a misa, puede que tengamos pecado venial, pero sólo será venial. La evolución de la conflictividad ante el Tribunal Constitucional entre el Estado y Cataluña se plantea en los siguientes elementos numéricos. En el curso de la primera
legislatura española, cuando no gobernaba el Partido Popular, hubo 26 conflictos; en la segunda legislatura, cuando gobernaba el Partido Socialista, hubo 51; en la tercera, hubo 21; en la cuarta, cuatro; en la quinta, en la que estaba el Partido
Popular, hubo una; en la sexta, hubo seis, y en la séptima, hasta que llegó el nuevo Gobierno de Cataluña, en 2001 hubo dos y en 2002 hubo dos. Ya ha dicho S.S. que va a renunciar unilateralmente a una serie de recursos por las cosas que sabe y
no sabe, porque exactamente en cuanto a las competencias no sabemos si es que va a haber más transferencias de competencias, no sabemos por qué orden, no sabemos prácticamente nada, pero sí sabe el señor ministro que ya puede desistir
unilateralmente de algunos recursos, supongo que porque ya sabe que el tema en cuestión, el allanamiento de la Administración del Estado, cuya defensa compete al señor ministro y al Gobierno de la nación, implica que ya se va a desistir y se va a
encarar de otra manera, no sabemos cómo ni con qué fines.
En los temas que he anunciado es claro que tenemos puntos de coincidencia.
Tenemos voluntad, lo decíamos en nuestro programa, de reforzar las conferencias sectoriales, teníamos, y tenemos actualmente voluntad de perfeccionar el Estado
autonómico en una serie de aspectos. No tengo tiempo de detenerme ya en muchos aspectos concretos, pero sí quisiera decirle dos cosas, y con eso termino, señor presidente. La política es una ciencia del poder, y con toda la iluminación seráfica y
dialogante que quiera S.S. proyectar sobre las relaciones de poder no las hará cambiar de naturaleza. Yo no sé cómo no se dio cuenta el otro día, después de su intervención en el Senado, de que usted hablaba de una cosa y los demás hablaban de
otra; la gente habla de poder, que quiere decir competencias. Las competencias compartidas, y se lo dice un aficionado al derecho público y al derecho administrativo, yo las entiendo en la mayoría de las ocasiones como manifestaciones de crisis de
poder porque, desde el momento en que la competencia en su propia definición tiende a ser exclusiva el irrenunciable, todo lo demás son fórmulas de gestión circunstanciales, o de oportunidad, o de que esa competencia sale de un sitio y va hacia
otro.
Ya termino. Yo no sé si seremos capaces de entender en algún momento todas las cosas que de alguna manera usted apunta, porque hablar sobre apuntes resulta bastante complicado. Nosotros estamos siempre en la disposición de dialogar, de
contribuir a la mejora del Estado, a la mejora de las administraciones públicas al servicio de los ciudadanos y a perfeccionar el Estado autonómico que hemos hecho. Efectivamente no se trata de que haya debates nominalistas, señor ministro,
nosotros tampoco queremos debates nominalistas.
En cuanto a lo del sistema federal, que usted dice que no le parece, sin embargo, ustedes generalmente hablan del sistema federal, le digo nada más una cosa con mucha cordialidad, con mucha consideración y, aunque no se lo crea, con mucho
deseo de que acierte. Decía Séneca que si un hombre no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le será favorable. Decidan al menos a qué puerto quieren ir, establézcanlo, dígannoslo, con o sin el consentimiento del PSC, con o sin crisis con
aquellos a quienes, en definitiva, esa música que ustedes invitan a escuchar no les interesa, y por lo menos que interese a la mayoría de los ciudadanos españoles, que es a los que representamos aquí. Encuentren el camino, encuentren la orientación
de su navegación y que lleguen a algún puerto; si ese puerto es bueno para la sociedad española, nosotros -se lo dijo el señor Rajoy al señor presidente del Gobierno en el debate de investidura y se lo repito aquí- estaremos ahí a la hora de estas
cosas al servicio del país.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro solicita intervenir ahora. Es su elección.
Tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Entiendo que siendo una primera comparecencia es más razonable que hagamos esta respuesta por mi parte, uno a uno Yo no voy a entrar en los juegos fáciles de quién ha perdido
el norte y quién sabe dónde va y por dónde van los vientos, pero sí me preocupa la claridad -que hasta ahora tengo que reconocer nunca había escuchado por parte de ningún responsable del Partido Popular, sí por algunos autores políticos, de ciencia
política- con la que usted identifica su forma de hacer política: conflicto y lucha por el poder. Es una visión de las cosas. Me reconocerá que no es la única ni posiblemente la mejor y más compatible con un sistema democrático. Lo que sí queda
claro es que si van a continuar lo que se deriva de ahí va a ser difícil que podamos llegar a los acuerdos que deseamos sobre la Ley de Bases de Régimen Local, sobre la Ley de Agencias, sobre las modificaciones que se tengan que hacer en la LOFAGE,
sobre la reforma del Senado, sobre la reforma de los estatutos de autonomía, sobre tantas y tantas cosas que se tienen que abordar, no desde la lógica del conflicto y del poder sino desde la lógica del consenso, del diálogo, de la negociación y de
la voluntad de llegar a acuerdos. Es posible que en algún rizo intelectual sea capaz de compaginar conflicto y poder con diálogo y buscar acuerdos. Bien, pues entonces me ahorro el debate académico sobre la concepción más o menos smithiana de la
política y me iré a la constatación de los hechos, si de verdad priman a lo largo de esta legislatura en su actuación, en su realidad, el diálogo y el deseo de contribuir incluso a ayudarnos a que no nos equivoquemos tanto como ustedes anuncian que
nos vamos a equivocar o dicen que nos estamos equivocando. Creo que ahí, aunque sólo sea por saber qué me puede esperar durante esta legislatura, sí me gustaría una cierta clarificación en cuanto a si la actitud del Partido Popular en esta Comisión
y en los temas relacionados con el Ministerio va a ser la de dialogar e intentar llegar a acuerdos o la del conflicto sistemático como los niños que se pelean por el caramelo, porque poder sólo puede haber uno y sólo puede haber un caramelo.
Si me atengo a la realidad, usted ha hecho una lectura de la conflictividad del Estado con las comunidades autónomas que no voy a decir que haya sido incorrecta, pero digamos que no ha sido toda la verdad. Si uno mira la evolución de cómo
han ido los conflictos entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, verá que éstos se han duplicado a partir del momento en el que el Partido Popular llegó al Gobierno en el año 1996, quizá por esa concepción de conflicto y poder.
Desde
luego estoy dispuesto a remitir a esta Cámara oficialmente una certificación del Ministerio de cómo han evolucionado, lo que ratifica mis palabras. El 60 por ciento de ese conflicto se ha concentrado casualmente en comunidades autónomas no
gobernadas por el Partido Popular, quizá de nuevo porque la lógica del conflicto y del poder ha primado sobre otro tipo de planteamientos.
Entiendo que hacer una intervención escala uno-uno con la realidad del mundo mundial es imposible, creo que he estado más de una hora hablando y evidentemente a pesar de ello me he dejado cosas en el tintero, que espero que se vayan
corrigiendo en las próximas comparecencias que, tanto yo mismo como otros responsables del ministerio, puedan efectuar.
Quiero hacer mención a algunas de las cosas que S.S. ha dicho y en las que tiene razón. Lamento que se me haya pasado hacer una mención expresa de la incorporación de personas con discapacidad, entre otras cosas porque tengo intención de
concertar con el CERMI un plan especial de incorporación a la Administración pública de personas con discapacidad.
Agradezco que compartamos esa preocupación dado el escaso número de personas con discapacidad que hay en estos momentos en la
Administración.
No digo más, hay un escaso número de personas con discapacidad y me agrada constatar que tanto el Partido Socialista, al que ahora represento, como el Partido Popular, al que representa usted, compartimos la preocupación por esa
realidad y nuestra voluntad de que esto mejore con medidas positivas.
Me han llamado muchas cosas en la vida, seráfico nunca; sin lugar a dudas tengo que incorporarlo a la lista de definiciones. Quizá yo tenga una concepción especial de las cosas, a lo mejor porque soy funcionario de carrera, pero creo que
hay dos formas de abordar las cosas, los procesos de cambio, las realidades objetivas, lo que la vida y la evolución de las sociedades nos va marcando, hay dos formas básicas, repito, de hacerlo: acompañarlo o intentar liderarlo. Cuando uno
intenta liderarlo asume riesgos, entre ellos el de equivocarse, pero también el de acertar. Mi intención -puede que seráfica, yo creo que de responsabilidad pública y política- es intentar liderar los cambios que se tienen que producir, que se
están produciendo ya en las administraciones públicas españolas, en la Administración general del Estado, e intentar liderar también los cambios -no sólo yo personalmente, todo el conjunto de personas que estamos trabajando en este proyecto- que se
están produciendo y que es una necesidad objetiva de nuestro país para reducir el conflicto por el poder y priorizar la cooperación al servicio de los ciudadanos. Entiendo que es otra manera de ver las cosas, pero creo que mucho más eficiente,
mucho más responsable y, qué quiere que le diga, a lo mejor también más rentable electoralmente y, por tanto, más política, aunque sea otra visión de la política.
Simplemente quiero aclarar -porque creo que ha sido un problema de confusión, no percibo ninguna otra cuestión- la relación entre las agencias. El que
la Administración General del Estado promueva la agencia es una manera de organizar, nada más, como existen los organismos públicos, como existen las entidades públicas; es una manera de organizar que quizá en nuestro derecho administrativo
no está suficientemente reglado, tasado, aunque existe en otros países y en otras experiencias. Que al final Puertos del Estado sea un organismo público o una agencia es un problema de eficiencia, desde mi punto de vista no es una cuestión que deba
ir mucho más allá; siempre que se demuestre que esos cambios en los procedimientos, esos cambios en la gestión, en el control de la gestión, mejoran algo, creo que puede ser positivo. Sí creo que la estructura administrativa de agencia, en un
Estado compuesto, en un Estado en el que hay competencias exclusivas del Estado y de las administraciones autonómicas, pero también hay muchas zonas en común, te puede abrir una vía de colaboración y de cooperación. Pongo un ejemplo que levantó
muchos ríos de tinta y alguna que otra incomprensión hace escasos meses, la Agencia Tributaria. El Estado está organizado para la recaudación de impuestos mediante una figura que no es exactamente una agencia pero que la llamamos Agencia
Tributaria. Todas las administraciones autonómicas, todas, tienen una manera u otra de recaudar sus impuestos. Además, hemos llevado a la práctica un modelo de financiación autonómica, en el cual los ingresos de las comunidades autónomas dependen
cada vez más de participaciones en impuestos de ámbito estatal. Por tanto, hay una zona importante de interés compartido; no voy a decir responsabilidad compartida o competencia compartida; pero todas las comunidades autónomas tienen interés en
ver cómo evoluciona el IRPF porque una parte importante del mismo va a ser para ellas, ingresos suyos. Si nosotros predicamos como un modelo eficaz de recaudación de impuestos la Agencia para la Administración general del Estado, también lo
predicamos para aquellas comunidades autónomas en las que ya se están recaudando impuestos a través de fórmulas administrativas que son la Agencia. Además, decimos que, como tenemos un modelo de financiación autonómica (y todo apunta a que no va a
darse marcha atrás en ese camino) en el que hay zonas de interés compartido, parece razonable que el diálogo con la Agencia Tributaria respecto a la evolución de los ingresos que afectan a las comunidades autónomas se establezca con agencias
tributarias autonómicas, porque siempre será un diálogo más fácil, más técnico, más aséptico políticamente que si se hace estrictamente entre órganos de la Administración u órganos del Gobierno. Es facilitar la cogobernación, no es controlar, no es
recuperar competencias, no, todo lo contrario, es mejorar desde nuestro punto de vista, en este caso concreto, el funcionamiento de la recaudación de impuestos de la Administración general del Estado y también de las administraciones autonómicas y,
además, facilitar que haya un diálogo entre administraciones tributarias sobre un interés compartido como es la participación o la evolución en la recaudación de algunos tributos.Existe en otros países, no es una ocurrencia de gabinete, está
contrastado en cantidad de sitios. Una de las conclusiones a las que he llegado en el tiempo que estoy en este ministerio es que sobre casi todo lo que yo aquí he hablado hoy y sobre casi todo lo que tiene que ver con mi ministerio se ha escrito
mucho, se ha pensado mucho, se ha hablado mucho, se ha propuesto mucho por todos mis antecesores, por la Academia, por otros países. Al final ¿dónde está la diferencia? En las prioridades, en las voluntades políticas de hacerlo o no. Por ejemplo,
en una situación similar a la que yo me encuentro ahora, en el año 1996, el señor Rajoy manifestó que querían reformar el Senado, y luego no lo hizo. ¿Hay una gran diferencia ahora cuando decimos que queremos hacer la reforma del Senado?
Seguramente en la enunciación no; la diferencia la habrá en si somos capaces de hacerlo, esa será la diferencia. Lo mismo en otros muchos de los campos de los que yo he hablado. Claro que yo no he tenido ningún interés, ni lo voy a tener, y menos
desde aquí, en criticar a mis antecesores en el ministerio. Yo tengo que asumir que han intentado hacerlo lo mejor posible. Tengo mi opinión sobre su gestión, pero, desde luego, procuraré no decirla en público, y no tengo ningún interés en ir
sacando lo que han hecho o no han hecho, en decir si lo han hecho mejor o lo han hecho peor. Quiero decir que me inscribo en la corriente de ministros de Administraciones Públicas que han intentado hacer las cosas bien, señalo cuáles constituyen mi
prioridad política, mi agenda de prioridad política entre todos los asuntos que están sobre la mesa, intento establecer algunos ritmos y casos de normas concretas; me he comprometido con un cierto calendario y cuando acabe la legislatura (si duro
toda la legislatura, como espero), se podrá ver si lo he hecho o no. En fin, es difícil, como digo, encontrar grandes aportaciones, grandes sorpresas o grandes ocurrencias. Se viene hablando del Estatuto de la Función Pública desde que yo soy
funcionario, hace más de 20 años, por tanto, no es una novedad. Una vez más, hay un ministro de Administraciones Públicas que dice que lo quiere hacer, y la novedad será si lo hago.
Insisto, es verdad que no he podido hablar de todo. Algunas de las cosas que ha dicho me parecen muy sugerentes. Por razones incluso personales, no sólo políticas, la conciliación de la vida familiar y laboral es uno de los grandes retos
del siglo XXI, estoy convencido, por lo que lamento no haber hecho una mención explícita. Recojo algunas de las aportaciones que usted ha hecho sobre el código del buen Gobierno, me parece razonable. Además en la legislatura pasada, en la que yo
era portavoz de economía en la oposición, alguna vez le gasté al señor Rato la broma de que, después de hablar de los códigos del buen gobierno de las empresas,
deberíamos hablar del código del buen gobierno del Gobierno. Por tanto, es una buena aportación.Permítame que hablemos de las diputaciones provinciales en otro momento. Entiendo que quizá sea un problema más importante en términos
políticos que prácticos porque están ahí, están funcionando y, en general, haciendo una buena labor, pero conviene hablarlo en algún momento.
Conozco a Paco Vázquez lo suficiente como para saber que no va a haber contradicciones entre lo que dice y lo que yo digo ni entre lo que vaya a decir y lo que yo vaya a decir, entre otras cosas porque sabe perfectamente, y he intentado
manifestarlo aquí, que, por formación o por deformación, según miren unos u otros, me siento bastante municipalista.
Agradezco casi más la última expresión de voluntad de diálogo, de esperar un poco a ver las normas y entrar al detalle. Compréndame, es un recurso dialéctico que todos hemos utilizado pero es muy difícil hablar de todo, salvo que nos
queramos tirar aquí toda la mañana. Me quedo, sin duda -y agradezco esa manifestación- con el ánimo manifestado de contribuir a intentar que las cosas que traiga el Gobierno mejoren. Desde mi punto de vista, mejorarán simplemente si somos capaces
de consensuarlas porque las normas ampliamente respaldadas son más fuertes y mejores. Por tanto, le agradezco especialmente la última parte de su intervención, confirmándole que por mí no va a quedar, que mi voluntad es que el diálogo sea una
realidad, asumir las sugerencias que procedan de cualquier grupo político que me parezcan razonables y sensatas, sin ningún empacho ni ninguna obsesión por el poder o por una cierta concepción del poder. Estoy convencido de que, de la misma manera
que una de las grandes fuerzas de nuestra Constitución fue que fue consensuada y tuvo un amplio respaldo político, no desde el conflicto sino desde el consenso, los cambios y las reformas que podamos hacer desde el consenso y desde el diálogo
tendrán mucha más perdurabilidad y mucha más fortaleza que las que se puedan hacer desde el sectarismo, desde el conflicto, desde una minoría contra otra minoría o una mayoría exigua contra una minoría numerosa o viceversa. (El señor Padilla
Carballada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tenemos que tomar una decisión. Me parece oportuno que tome la palabra ahora, con la condición de que el tiempo del que dispone va a ser de tres minutos y será la última ocasión que tendrá en relación con la
comparecencia del señor ministro.
El señor PADILLA CARBALLADA: Brevemente.
Señor ministro, le agradezco también el tono de su intervención, que lo sepa, pero que quede claro que cuando hablemos de política, hablemos en el plano en el que hablamos. Usted ha dicho, y a eso me refería, que quería sustituir un periodo
de confrontación por una periodo de cooperación. Aquí tiene usted el gráfico. ¿Ve usted los picos altos? Esta es la confrontación de gobiernos del Partido Socialista y estos picos bajos son los nuestros; no hace falta más. Esto es general,
señor ministro. Nosotros tenemos ideas muy claras de lo que es la política, señor ministro, la referencia a la persona, el compromiso con la democracia representativa y, naturalmente, una vocación de servicio público, pero la ciencia política tiene
sus conceptos, y todos sus voluntarismos -que estoy seguro de que son muchos, y no voy a abusar ahora de la fama de talante porque yo creo que ya aburre, y espero que usted tampoco la utilice- no han impedido que usted haya interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad, si no tengo malas noticias. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha podido ser que usted tenga que entrar en esos terrenos vedados a lo que usted quiera llamarle? Yo le he hecho una cita académica, señor ministro, para apoyar el que no
abuse de lo que además sabe que no es verdad.
Luego, le he hecho dos preguntas. ¿Sabe de qué recursos puede usted desistir unilateralmente? ¿Sabe si los que han interpuesto esas comunidades autónomas también los van a desistir? El Gobierno del señor Maragall ha sido de una gran
actividad recurrente y el Gobierno de Andalucía lo fue durante un tiempo. Si son competenciales, ¿de qué estamos hablando, de qué le van a hablar dentro de un rato algunos de los otros diputados presentes aquí? Porque dialogar, todos queremos
dialogar.
Usted dijo en el Senado -y termino con esto- algo del Estado de derecho.
Yo le digo que el Estado de derecho acaba en el Tribunal Constitucional, señor ministro.
Una última cosa. ¿Sabe en este momento cuáles de las competencias exclusivas del Estado por el procedimiento del artículo 150.2 -que es lo que en gran parte le permitirá decidir sobre esos recursos- van a permitir el desestimiento
unilateral? Hay una cosa muy clara, señor ministro, su responsabilidad, entre otras cosas, es que, al final de su periodo de Gobierno, las tensiones en las que sin duda se desenvuelve la minoría mayoritaria con la que ejercen ustedes las
responsabilidades de Gobierno no le conduzcan a que las competencias que el Estado retenga -yo no digo exactamente cuáles tienen que ser- sean sólo un conjunto de retales que no permitan el cumplimiento de los fines públicos que la Administración
central del Estado, en el sentido de que tenga que estar fortalecida o no, deba continuar. Eso es bastante constructivo y el mensaje que le hemos querido transmitir, con una pequeña precisión. Con citas o no del señor Rajoy hace años, le diré que
yo, en otras comisiones, he escuchado a ministros socialistas -a cuatro- que iban a hacer una Ley de Enjuiciamiento Civil y no la hizo ninguno, y el primer ministro del Partido Popular, la señora Mariscal de Gante, sí la hizo. De manera que a veces
se consiguen las cosas y a veces no, pero, la perfección, desde luego, no la dominan ustedes.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): ¿Por qué cuando hablo de que el modelo de estos últimos años ha generado o ha facilitado la confrontación se dan ustedes por aludidos? (El señor Padilla Carballada: Porque
no es verdad.) Entonces no se darían por aludidos, simplemente considerarían que no es correcto lo que digo.
Mire, si durante casi 20 años nos estamos marcando la delimitación de competencias de las comunidades autónomas y del Gobierno central en un espacio de diálogo en el cual sí que se estaba debatiendo qué es lo mío y qué es lo tuyo, eso genera
necesariamente conflicto, eso genera necesariamente indefinición, que a veces se tiene que resolver a través de la confrontación en el Tribunal Constitucional. Cuando he hablado de la dinámica de la confrontación de estos últimos 20 años -de los
cuales ustedes sólo han gobernado ocho-, nunca he creído que fuera responsabilidad de ningún gobierno, sino de la lógica objetiva de un proceso de transferencia de competencias, que en muchos casos no estaban suficientemente claras y hacía falta que
las clarificara el Tribunal Constitucional. Era una lógica relativamente inherente al modelo de descentralización que estábamos llevando a cabo. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahora? Que en gran parte eso ha terminado; en gran parte. Sigue
habiendo flecos importantes de transferencias pendientes, como las que nos reclama el señor Fraga, pero en gran parte eso ha terminado. Si eso ha terminado en gran parte, tendremos que pensar que los próximos 20 años no pueden ser igual que los
pasados 20 años, que tendremos que entrar en una lógica diferente, basada no tanto en quién gestiona qué, sino en cómo gestionamos las cosas que cada uno tenemos. Eso lleva a una lógica de la cooperación, y esa lógica de la cooperación lleva a
modificar algunos de los instrumentos que en este momento existen. Se podrá estar o no de acuerdo, pero darse por aludido en términos políticos es bastante psicoanalítico.
Sobre de la ciencia política, yo reconozco que sí, que seguramente necesitaré dos tardes, pero reconózcame usted que ahí, como en economía, no todo el mundo piensa igual ni todo el mundo ve las cosas exactamente igual. El conflicto existe,
pero uno puede exacerbarlo o intentar reconducirlo; son dos posiciones distintas. A veces, uno puede intentar reconducirlo y no ser capaz de hacerlo y, al final, mantener sus posiciones y presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional
cuando, después de haber intentado reconducirlo, no es posible y uno está convencido de que está afectando a cosas que tiene que resolver el Tribunal Constitucional. Mire, el Gobierno ha retirado ya, ha desistido ya de varios recursos, desde
nuestro punto de vista porque no había ningún fundamento jurídico para presentarlos. Habían sido recursos presentados directamente con una concepción política del conflicto y del poder. Por tanto, un Gobierno que tiene una concepción distinta de
la política ha considerado que se podían retirar. Por cierto, también los están retirando las comunidades autónomas.
Insisto en que es mi primera comparecencia, que se supone que es una comparecencia en la que uno traza lo que quiere hacer durante la legislatura. He intentado marcar cuáles son las prioridades de modernización de la Administración, de
reconducción de las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Esa es la voluntad que expreso como ministro del Gobierno de España, ese es mi compromiso y en ese compromiso invito a todos los grupos parlamentarios a
participar con el apoyo, el diálogo o la crítica, como es obvio, que para eso estamos en un gobierno democrático. Si al final de la legislatura no soy capaz de conseguir las cosas que aquí he presentado, tendré buenas razones o, lógicamente, se me
podrá censurar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en primer lugar el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere agradecer la comparecencia del ministro de Administraciones Públicas en esta Comisión. Entendemos, por la costumbre seguida en
otras legislaturas, que su primera comparecencia fuera en el Senado, a pesar de que todos sabemos que el Senado no está cumpliendo bien su función de Cámara de representación territorial.
Anteriores gobiernos, ya tuvieron ese gesto, pero
evidentemente el Senado va a precisar no de gestos, sino de modificaciones normativas importantes que le den ese carácter de cámara representativa de la pluralidad nacional existente, del carácter plurinacional del Estado y del propio principio
diferencial.
Le agradecemos, señor ministro, su comparecencia. Hoy aquí se ha centrado, aparte de en los aspectos de organización territorial, también en aspectos de funcionamiento y modernización de la Administración pública, de su personal y sus
métodos de trabajo. Nuestro grupo, Convergencia i Unió, quería empezar haciendo una valoración sobre los aspectos de estructura territorial del Estado que competen a su Ministerio. El Ministro ya ha tenido previamente un contacto con las distintas
comunidades autónomas, por lo que habrá podido realizar esa primera radiografía global. A partir de esa radiografía, nuestro grupo le quiere manifestar una valoración negativa de la actual estructura territorial del Estado, una valoración negativa
del desarrollo final tras 25 años de Constitución, una Constitución con la que nosotros nos implicamos y contribuimos a que se aprobara, el reflejo que tiene esa estructura territorial para nosotros no es positivo. Hay distintos aspectos que deben
ser modificados para dar cumplimiento a lo que nosotros entendíamos que el modelo constitucional permitía cuando en el año 1978 contribuímos a su elaboración y aprobación.
Muchas veces se afirma cuáles son los grandes principios que articulan el Estado, desde un punto de vista territorial. Hay dos principios que están en la Constitución y que en ocasiones no han tenido su reflejo en la actividad diaria de los
poderes públicos, el principio diferencial y el principio dispositivo. La propia Constitución parte de la diferencia, parte de una realidad plural, expresa ya en su título preliminar que existen nacionalidades y regiones. Parte también de
distintos ritmos en la asunción de competencias, parte del reconocimiento, (y esto es una riqueza al final), de una realidad diferente, de realidades diferenciadas que para nosotros son realidades con una identidad nacional propia. Esto es positivo
y está en la Constitución. La Constitución tiene ese espíritu y nosotros, cuando nos implicamos en su redacción, pensábamos que ese espíritu estaba ahí.
El otro principio, que en muchas ocasiones también se desconoce en el día a día de la actuación de las administraciones públicas y de los gobiernos, es el principio dispositivo. Si tiene un mérito la Constitución es que es poco imperativa,
desde el punto de vista de la ordenación territorial; abre distintas posibilidades, no pone límites a muchas asunciones de competencias por las distintas comunidades autónomas a través de sus estatutos o a través de otras vías de ampliación de
competencias. Este es un principio que está en la Constitución y que tiene un gran riqueza. Señor ministro, en un momento en que desde Cataluña estamos intentando consensuar una reforma estatutaria para dar un salto importante en el autogobierno,
le pido que no impongamos límites que la Constitución no imponga. En muchas ocasiones sucede esto y se dice que algo es inconstitucional. Hagamos de la Constitución esa interpretación abierta, flexible, dinámica, que permite que pueda perdurar en
el tiempo sin modificar un artículo, pero dando a ese artículo una potencialidad distinta. No pongamos puertas al campo, no pongamos límites si la Constitución no los impone.
Desde Convergencia i Unió le pido una lectura abierta de esta Constitución que permita ese pleno desarrollo de los niveles de autogobierno que determinadas comunidades autónomas están impulsando, lo cual, no deja de ser también un
reconocimiento del principio diferencial. Si una comunidad pide reformar su estatuto, lo aprueba con el consenso necesario que se da en esa comunidad, ello no tiene por qué comportar que todas las comunidades reformen su estatuto. El modelo no
está pensado para una igualación competencial; si otras comunidades también lo piden y lo impulsan, porque existe mayoría en esa comunidad, nosotros no se lo vamos a negar a nadie. Desde Convergencia i Unió nunca negaremos a una comunidad que
pueda aprobar el estatuto que por voluntad mayoritaria de las formaciones políticas que integran su parlamento así lo decida, pero que tampoco se nos hable a nosotros del famoso efecto emulación. El efecto emulación no es otro que el de decir:
está muy bien, Cataluña pide esta competencia, pero lo que pasa es que, si se la damos a Cataluña, se la vamos a tener que dar a las otras 16 autonomías. No necesariamente; si la piden, sí; si es su deseo, sí porque el autogobierno también debe
ser la respuesta efectiva a un deseo de alcanzar esos niveles competenciales.
Señor ministro, le pido, y tendrá en nosotros la máxima colaboración, que haga efectivos estos dos principios que están en el espíritu y en el articulado de la Constitución. Primero, un principio dispositivo, que la voluntad de cada
comunidad permita a esa comunidad alcanzar el nivel competencial que desee y, segundo, un principio diferencial, no marcar una igualación, que en muchas ocasiones es una igualación a la baja, de los niveles competenciales de las distintas
comunidades autónomas.
Tememos los efectos loapizantes; no estoy afirmando que usted los tenga, pero los tememos. No nos gustaría que, al final, lo que se diera fuera un desarrollo armónico, la armonía nunca es mala, pero la armonía no tiene que
pasar nunca por una limitación de las competencias que legítimamente una comunidad autónoma quiera asumir y lo plantee de forma correcta, conforme con lo legalmente establecido y por los cauces adecuados.
Nosotros no podemos limitar de entrada las
reivindicaciones estatutarias que nos planteen las distintas comunidades autónomas, y muy en concreto Cataluña. Por tanto, le pido -y lo afirmo una vez más, no es una censura, es una precaución- que evitemos esas lecturas igualitarias que nosotros
llamamos metafóricamente loapizantes porque existió aquel proyecto, la LOAPA, y el Tribunal Constitucional finalmente se encargó de perfilar los rasgos que tenía de inconstitucionalidad. Le pedimos esa lectura abierta, flexible de acuerdo con el
principio diferencial y de acuerdo con el principio dispositivo.
En el marco de esta interpretación que hace mi grupo parlamentario, le pedimos también que en los proyectos de ley que impulse su Gobierno en todas las materias, su ministerio, el de Administraciones Públicas, vele por dar a las competencias
exclusivas el valor, el nivel y el alcance que la Constitución y los estatutos prevén. No presenten proyectos de ley, bajo el amparo del titulo estatal, que pueden desarrollar la legislación básica del Estado y que puede aprobar la legislación
básica, pues al final todo es legislación básica. Busquemos el alcance preciso de los títulos competenciales que tiene el Estado, pero no demos a un título estatal un alcance mayor del que tiene, porque eso sí que redunda en conflictos
competenciales ante el Tribunal Constitucional. El origen de muchos conflictos y de muchos recursos que la Generalitat de Catalunya tiene interpuestos contra leyes de este Parlamento es porque ha habido una extralimitación de lo que se considera el
título estatal. Por tanto, le pedimos una autorrestricción del Estado, de las competencias que tiene el Estado. Esas competencias tienen el valor que tienen, pero no
pueden extralimitarse dejando vacías de contenidos competencias exclusivas de las comunidades autónomas. Debemos darle un nuevo valor a la competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Señor ministro, le pedimos ese impulso en todos los
proyectos de ley. No puede ser que un proyecto de ley del Ministerio de Agricultura, que tendrá, a lo mejor, un título competencial para impulsarlo y para dictarlo, no haya pasado por un filtro autonomista de su Ministerio para velar que en ese
proyecto de ley no se conculquen las competencias de las comunidades autónomas. Mi grupo parlamentario quiere incidir en algo en lo que estaremos todos de acuerdo, y lo afirmó el presidente del Gobierno en el debate de investidura: las comunidades
autónomas son Estado. Cuando decimos que esto es del Estado, no es así, el Estado es plural, es un Estado compuesto. Cuando nos preguntamos quién legisla en el Estado español, nos equivocaremos mucho si pensamos que sólo legislan estas Cortes
Generales; legislan los 17 parlamentos autonómicos. Por tanto, ¿quién legisla? El Poder Legislativo es compuesto. ¿Quién gobierna? De forma compuesta y las decisiones las toma cada cual según su ámbito de competencias. Por tanto, debemos tener
esa concepción de que la comunidad autónoma es Estado, que el presidente de una comunidad autónoma, de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución, es el representante ordinario del Estado en su territorio, y le debemos dar potencialidad a ese
principio. No hay que partir de la desconfianza hacia el poder autonómico, sino de que las comunidades son también poder estatal con atribuciones estatales, por tanto, con la potencialidad que este principio tiene. Le pido esto, señor ministro,
para hacerle una propuesta que nuestro grupo tiene definida desde hace ya años y que está absolutamente obstaculizada; es la propuesta de Administración única. Es una propuesta que precisamente partió del actual presidente de Galicia y hace muchos
años pero que, a lo mejor, no la compartía cuando la presentó porque después, con años de gobierno del Partido Popular, si algo ha habido ha sido una paralización de ese principio de Administración única. Nosotros teníamos grandes esperanzas. Se
aprobó la Lofage en el año 1997 y si alguien pierde un minuto leyendo su preámbulo verá que claramente se apuesta por el principio de Administración única, se apuesta por un modelo de organización distinto y se apuesta por el principio de que sea la
Administración autonómica la que tenga en su territorio la potestad ejecutiva, que la Administración ordinaria en el territorio sea la de la comunidad autónoma, sin perjuicio también de las competencias de las administraciones locales. Este
principio está ahí; está en una ley aprobada en estas Cortes; está en el BOE; está en el preámbulo de esa ley claramente, y después en el articulado se prevén toda una serie de mecanismos de supresión de organismos de la Administración periférica
del Estado. Se preveía -y usted lo conoce bien, señor ministro- la desaparición de los gobernadores civiles y se daba a los subdelegados un nivel, una definición y un perfil más funcionarial, y así se decía también en el propio preámbulo. ¿Qué ha
pasado al final? No nos engañemos, al final la Administración periférica no se ha reducido lo que la Lofage tenía previsto. La Administración autonómica no es la Administración única en su territorio, no lo es; se dice en la Lofage, pero después
no se desarrolla. Se aprueba aquí en debate: Sí, vamos a impulsar la Administración única, pero después, en el día a día, esa Administración única parte de una cierta desconfianza y se piensa: No, si esto lo hace la comunidad autónoma...Pero es
que si lo hace la comunidad autónoma lo hace una administración más próxima y que el ciudadano tiene más cercana y, por tanto, no debemos negar la potencialidad de ese principio. Señor ministro, le hago una pregunta concreta: ¿Cómo se aplica ese
principio? La Lofage dice expresamente en su preámbulo: Vamos a utilizar el artículo 150.2 de la Constitución. Lo dice, no es que nos lo inventemos; no es que ahora venga Convergència i Unió a pedir que utilicemos el 150.2 de la Constitución.
No, es que es un principio que la Lofage dice que debe utilizarse: leyes orgánicas de transferencia o leyes orgánicas de delegación para pasar competencias que son de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas. ¿A todas? No,
a todas no, sino a aquellas que lo pidan; principio dispositivo y principio diferencial. No es café para todos, sino una asunción de mayores niveles de autogobierno para aquellas comunidades que así lo pidan porque exista en ese territorio una
voluntad política de impulsarlo. Por tanto, señor ministro, también le pido esta apuesta por la Administración única. Está en la ley, y si lo hacen no estará sacándose de la manga una cuestión que le pide Convergència i Unió; no.
Se lo pide una
ley aprobada, que no está derogada y que, en cambio, estamos incumpliendo día a día.Se ha referido usted a la retirada de recursos y a conflictos de competencia. Ya le presenté una pregunta con respuesta por escrito, que he recibido del Gobierno,
en la cual me cita una serie de disposiciones que efectivamente son leyes aprobadas por el Parlament de Cataluña que están recurridas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y manifiesta la voluntad de estudiar con detenimiento cada una de
ellas. Sin embargo, es cierto que de algunas ya se ha presentado por parte del Gobierno el oportuno desistimiento, y le pido que sea más generoso en ese trámite del desistimiento porque, por ejemplo, toda la normativa civil catalana, una
competencia tan importante como es el derecho civil propio, la tenemos recurrida ante el Tribunal Constitucional. Le pido, señor ministro, que se retiren cuanto antes todos esos recursos pendientes porque parten de una situación de desconfianza
hacia lo que es el legítimo desarrollo de la legislación civil propia por parte de, en este caso, Cataluña, que tiene un derecho civil que, como usted sabe, es también uno de los elementos
configuradores de nuestra identidad nacional como pueblo. Por tanto, le pido que en este ámbito tenga la mayor sensibilidad posible.Voy terminando ya, señor presidente. En cuanto a la Administración local le pedimos su impulso en un ámbito
muy concreto, en el ámbito de la financiación local. Los municipios no reciben en este momento los recursos necesarios para prestar bien los servicios que tienen encomendados y le pedimos un esfuerzo en la financiación local. En el caso de
Cataluña, en el ámbito de la propia financiación de las comarcas no está bien resuelto el aspecto de la financiación local. Nosotros éramos partidarios de suprimir el IAE porque entendíamos que era un impuesto injusto, pero éramos partidarios de
cumplir lo que aprobó esta Cámara. Aprobamos una moción, a instancias de Convergència i Unió, votada favorablemente también por el Grupo Socialista -por tanto, había una gran unanimidad al respecto-, de suprimir el IAE, pero que no supusiera ni un
euro de menos para los presupuestos municipales. Sabe bien, señor ministro, que esto no ha sido así. La aplicación de la supresión del IAE ha repercutido muy negativamente en las finanzas de las administraciones locales. Por tanto, le pido
también aquí que busquemos fórmulas para dar a las corporaciones locales esa financiación que se merecen. Hablando de Administración local, se aprobó en esta Cámara en la pasada legislatura, con consenso entre el Grupo Popular y el Grupo
Socialista, la Ley de modernización de la Administración local. Nosotros pedimos expresamente que Barcelona no fuera objeto de esa ley porque Barcelona tiene su carta municipal y debemos desarrollar en estas Cortes Generales las previsiones que
corresponden a materias de competencia del Estado en relación con la Carta de Barcelona; está pendiente en materia de justicia municipal, de financiación de Barcelona. Como es una asignatura pendiente, le pregunto cuándo se va a presentar el
proyecto de ley para que en estas Cortes Generales se desarrolle la parte que les corresponde para hacer plenamente efectiva la Carta de Barcelona. Es un compromiso que tenemos.
Nosotros pedimos en la Ley de modernización que se pusiera plazo; no
se quiso poner plazo. Se nos dijo que no iba a haber plazo pero que esto iba a avanzar muy rápidamente. Ya estamos en la nueva legislatura y le pedimos la máxima celeridad, y a poder ser un calendario para prever esa necesaria regulación en estas
Cortes Generales de la carta municipal.
Termino ya, señor presidente. Señorías, hay aspectos que competen también a su ministerio como la reforma del Senado. Esto seguro que nos llevará a comparecencias específicas. No estoy de acuerdo en que la reforma del Senado sólo deba
tratarse en el Senado, debemos tratarla también en el Congreso de los Diputados y debatirla muy a fondo. Mi grupo le adelanta que, si el Senado tiene que servir para diluir a la baja y homogeneizar a las 17 comunidades autónomas, no será ese Senado
el que reciba la aprobación de Convergència i Unió. Nosotros apostamos por un Senado que reconozca los hechos diferenciales y que reconozca la realidad plurinacional del Estado y en el que se refleje claramente esa pluralidad de naciones que
integran el Estado. Por tanto, en esta línea nos encontrará. Si vamos a un Senado que es una especie de armonización global de las comunidades y que sirva incluso de pretexto para decir que eso no se debe plantear aquí, porque existe un Senado que
es donde se deben de tratar esos asuntos, todos juntos y revueltos, porque al final esto es lo que puede pasar según qué modelo de Senado se arbitre; si no es un Senado que represente claramente a las comunidades autónomas, será un Senado que no
nos servirá.
Por último, compartimos, señor ministro, su apuesta por la modernización de la Administración, por la introducción de la administración electrónica. Este es el futuro y va a cambiar absolutamente la manera de trabajar de las
administraciones públicas, de los registros, de la información documental; todos los aspectos de la administración van a cambiar con la administración electrónica. Por tanto, también va a tener aquí el apoyo de nuestro grupo. En cuanto a un nuevo
estatuto básico de la Función pública, mi grupo le pide que sea eso, básico, que no sea un macroestatuto, sino, que tenga las líneas generales, pero que permita a las comunidades autónomas desarrollar una competencia que es ejecutiva, que es plena y
exclusiva como es la autoorganización de la propia comunidad. Por tanto, según cómo definamos ese estatuto básico dejaremos en nada lo que es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma de autoorganizarse y de crear sus propios cuerpos y sus
propias dinámicas en materia de personal. Tiene la colaboración de nuestro grupo parlamentario y esperamos que esta legislatura, señor ministro, dé sus frutos avanzando en lo que es claramente un modelo de Estado que es plural, que es
plurinacional, que es pluricultural y que es plurilingüe.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias por su colaboración y por su intervención.
Voy a empezar por el final. Mi intención es que el estatuto básico de la Función pública se trate en la Conferencia sectorial de la Administración pública, para que cuando lo traigamos a esta Cámara cuente no sólo con el apoyo de las
organizaciones sindicales, con las que necesariamente hay que negociarlo, sino también en la medida de lo posible con un amplio respaldo por parte de las comunidades autónomas. Soy consciente de que es básico y de que en este momento empieza a ser
una demanda de muchas comunidades autónomas, que ya no lo ven tanto como un temor sino como una necesidad para desarrollar a su vez su propia legislación.
Continúo por el orden inverso. En cuanto a la Carta de Barcelona, lo mismo que la ley de capitalidad de Madrid, tengo ya el compromiso de reunirme con los dos alcaldes por separado, para hablar con cada uno de los dos asuntos y mi voluntad
es traerlo aquí cuanto antes. Saben que por los trabajos previos que ha habido en ambos asuntos tampoco esta es una cosa en la que como ministro entre ex novo, porque aquí también hay mucho trabajo hecho, aunque hay algunas complicaciones. Cuando
se definieron las competencias, que deberían establecerse tanto en la carta como en la ley de capitalidad, no se era consciente de que algunas de esas dificultades llevarían tiempo resolverlas, nada más. No estoy diciendo nada con respecto a los
contenidos, aunque sí con respecto a los plazos.
No le voy a dar un plazo, porque no quiero pillarme los dedos, lo digo con total franqueza. Vuelvo a decirle que cuanto antes, pero esta vez ponga al menos a cero el contador de su credibilidad
respecto al cumplimiento de este tipo de compromisos. Lo mismo con respecto al IAE y a la compensación. Sabe, porque siempre lo comento, que me estrené como diputado en esta Cámara defendiendo la supresión del IAE, pero garantizando que los
ayuntamientos tuvieran la compensación, tanto desde el punto de vista de la suficiencia como también del de la autonomía, que era muy importante para los ayuntamientos. Algo se ha hecho, no todo; por tanto, puede contar con que la voluntad del
Gobierno es cumplir no solo la letra, sino el espíritu de esos compromisos.
Sobre la delegación de competencias y el artículo 150.2, usted lo ha dicho, está en la Constitución, está en la Lofage y está en las normas.
Por tanto, es uno de estos asuntos en los que conviene más actuar que hablar. Vamos a ir viendo
las peticiones que se hacen y las posibilidades materiales que la Administración tiene de hacerlo y de responder a esas demandas; vamos a ver cada caso concreto. Tengo la impresión de que aquí más allá de una declaración genérica de voluntad, cada
caso puede ser cada caso. En algunas competencias y en algunas circunstancias será posible y en otras va a haber -lo sé porque ya he analizado algún caso o alguna propuesta- muchas dificultades prácticas para hacerlo, lo que desaconsejaría que se
efectuara. No sería una interpretación correcta, aunque cada uno lo puede interpretar como quiera, que se viera como una voluntad política de hacer o no hacer. A veces es que no es posible hacerlo, porque hay dificultades prácticas muy fuertes
para hacerlo.
Insisto en que hay que ver cada caso en concreto.
Termino por donde usted ha empezado que creo que es una reflexión bastante interesante. Lo he dicho en el Senado, lo he dicho en público y lo quiero repetir hoy aquí: de acuerdo en que la Constitución dice lo que dice y en algunas cosas de
las que dice se admiten interpretaciones, entre otras cosas para eso está el Tribunal Constitucional. Sí quiero que quede clara la posición del Gobierno sobre este tema: tampoco queremos hacer una reescritura de la Constitución. No estamos en un
período constituyente y no vamos a reabrir el debate de lo que se pudo haber hecho en el año 1978 con respecto a algunas cosas, de lo que se optó por no hacer o de otras soluciones que han resultado muy fructíferas. Esto conecta con la existencia
del efecto emulación. Entiendo el planteamiento que usted hace, lo respeto y lo comparto, pero también hay una realidad nueva después de 20 años de existencia de las comunidades autónomas. Hay una realidad que no existía en el año 1978, en el año
1979 o en los comienzos de los ochenta, cuando se puso en marcha el proceso de creación del Estado autonómico. Hoy hay comunidades autónomas que ya existen y que vienen existiendo desde hace mucho tiempo. Esto les dota también de una cierta
percepción de existencia; no me atrevo a decir si de identidad o no, porque en esos temas filosóficos prefiero no entrar, pero sí hay una clara convicción de que existen, y esa existencia es percibida globalmente por los ciudadanos como muy
positiva.
La experiencia de la aproximación de la gestión administrativa y política a la ciudadanía, que ha significado el Estado de las autonomías, es percibida mayoritariamente por los ciudadanos como positiva. Usted dice que no se tiene por qué
generalizar, excepto si lo piden, pero la realidad hoy es que en general lo piden. La experiencia demuestra que en general lo piden, además están en su derecho de hacerlo, y es cierto que cuando el Estado recibe alguna petición de competencias, por
ejemplo vuelvo a citar a Galicia en el aspecto de puertos y aeropuertos, tiene que mirar la posibilidad de que si al final se decide aceptar esa transferencia o en las condiciones en las que se decida, el Gobierno central tiene que pensar que con
mucha probabilidad no se va a quedar sólo en Galicia. Eso es así en algunos casos, porque ya tenemos la constatación de que se ha demandado por parte de otras comunidades.
Tenemos la fundada intuición de que habrá otras comunidades más que
legítimamente quieran pedirlo. Por eso, esa cautela que se puede introducir desde el Gobierno central hoy está más justificada después de la constatación de lo que está pasando y de lo que ha pasado, es decir, un puro análisis empírico de lo que
han sido estos últimos años. Está razonablemente justificada, no para que sea un argumento que frene, pero sí un argumento a tener en cuenta, porque entiendo que en algunas de las peticiones que se hacen, es lógico que la comunidad que lo haga se
mire a sí misma, pero también es lógico que el Gobierno piense que a lo mejor eso se tiene que generalizar y lo que implicaría. Añado este nuevo elemento a su reflexión, no la contradigo. Honradamente tenemos una gran oportunidad por delante en
esta legislatura para hacer entre todos otras cosas y hacerlas de manera distinta. Será seráfico como me decían antes, pues a lo mejor, pero qué quieren que les diga, prefiero empezar así. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, tiene tres minutos. Les voy a hacer una consideración, señorías. El señor ministro ha elegido la fórmula de responder individualmente, lo que enriquece el debate, pero consume más tiempo. Yo debo velar
por ambas cuestiones, porque el debate sea rico y satisfactorio y porque podamos compatibilizar esta actividad con el Pleno que empezará a las cuatro de la tarde. Les pido en este tema la máxima responsabilidad.
Tiene la palabra, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor ministro empiezo, tal como lo hacía usted, por el final. Usted ha afirmado que hay una gran oportunidad, que existe esa gran oportunidad. Existen dos aspectos en los que mi grupo le va a pedir en esta
Comisión la comparencia individualizada, y por eso tampoco quiero tratarlos de manera extensa, como son la financiación y los traspasos pendientes. Son dos grandes patas que a mi grupo le preocupan mucho. Repito que vamos a pedir una comparecencia
expresa para que se pronuncie sobre estos dos temas. Financiación autonómica. Usted sabe que existen comunidades como Cataluña que queremos conocer por lo menos las balanzas fiscales y saber cómo estamos. Esto era una voluntad del Grupo
Socialista en pasadas legislaturas, que se publiquen esas balanzas fiscales. Queremos saber su criterio, que se publiquen y saber el calendario para dar por acabados los traspasos pendientes de estatutos que este año ya van a cumplir 25 años y aún
quedan traspasos pendientes, más allá del inventario final de si son 80, o son 90, los que sean; son traspasos pendientes que están ahí. Le tomo la palabra, señor ministro.
Un ministro en el Congreso, en la Comisión de Administraciones Públicas,
afirma que el artículo 150 se puede aplicar y se verá caso a caso si procede o no. Es una opción, pero por lo menos superamos lo que era el estancamiento de no aplicar el artículo 150.2, como si estuviéramos aquí citando un artículo que viniera del
infierno. No, es un artículo que se recoge en la Lofage, en la Constitución y que puede permitir a muchas comunidades autónomas nuevos niveles de competencia; por tanto, utilicémoslo. Sin embargo, le pido que en ese caso a caso se respete la
voluntad de la comunidad autónoma que pueda recepcionar esa competencia, ese traspaso; por tanto, yo estoy de acuerdo. Usted decía: Ha cambiado en 25 años; es cierto, no vamos a negar a ninguna comunidad aquellas competencias que desee. Repito
una vez más, en muchas ocasiones hay aspectos de reforma estatutaria de planteamiento del autogobierno que hacen unas comunidades y que otras legítimamente no hacen; si es así también respetémoslo. Esto es lo que le pedía inicialmente.
También he tomado nota en cuanto a la Carta de Barcelona. Lamento que no me aporte un mínimo calendario porque yo sé, y mi experiencia me dice, que cuando un ministro no quiere pillarse las manos -y lo respeto- no da plazos. Cuanto antes
me suena a que va ya, va ya, desde luego cuando venga ya vendrá. Siempre nos quedamos en eso de yo dije cuanto antes, pero fíjese señor Jané que yo ya le dije que podían surgir dificultades.
Quiero saber si existe una voluntad política clara de
dar a Barcelona su carta municipal porque, si existe, seguro que no debe de haber demasiados problemas de calendario. Si existen problemas que resolver, lo haremos.
Le pido también un consenso con todos los grupos municipales que integran la
corporación de Barcelona. Ahí seguro que también encontrará a nuestro grupo parlamentario con la máxima colaboración para dar a Barcelona, a esos ciudadanos, esa carta municipal. Usted ha aludido a la carta de capitalidad de Madrid y no olvidemos
que uno de los aspectos de la Carta de Barcelona es reconocer que Barcelona es la capital de Cataluña; por tanto, esa capitalidad que tiene Barcelona también debe ser reconocida en su propia carta.
El señor PRESIDENTE: ¿Señor ministro? (Pausa.)
A continuación corresponde el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: En relación con la intervención del señor ministro como representante del Bloque Nacionalista Galego nos vamos a fijar de forma prioritaria en lo que él denominó nueva agenda territorial, no porque sea solamente
lo más interesante desde nuestro punto de vista, sino porque es en lo que desde luego una organización como el Bloque Nacionalista Galego se va a jugar más intereses de carácter social y económico en los futuros cuatro o cinco años. Digo esto
porque quiero hacer una intervención que sirva para que usted tenga claro cuál es nuestro perfil respecto de esta nueva agenda territorial y cuáles son nuestras discrepancias o suspicacias. Asimismo, quiero plantear alguna cuestión que tiene que
ver con la situación política objetiva no solamente en el Estado, sino también a lo mejor a nivel internacional.
Señor ministro, empezaré por decirle que nosotros estamos dispuestos a aceptar que el régimen existente en el Estado español estableció un modelo ecléctico de la estructura territorial del Estado, lo que ustedes muchas veces dicen que puede
ser un modelo federalizante. Desde nuestro punto de vista esto siempre está observado por una sombra muy negativa, no porque en sí misma sea negativa, sino por lo que representa políticamente, y es el valor constitucional o establecido
constitucionalmente que es la indisoluble unidad de la nación española. A partir de ese eslogan o concepción política está claro que la evolución del régimen en el Estado español fue caminando más cara a unas posiciones de carácter descentralizado
en el aspecto administrativo que a un Estado federalizado o con capacidades políticas compartidas. El problema es ese: si la capacidad política va a ser compartida, como usted dijo: si va a existir cooperación y coogobernanza -empleando su
término-; o si realmente de lo que se trata es de una reestructuración administrativa del Estado, pero que no va tener un calado político suficiente. Le digo esto porque está claro que la evolución desde el año 1977, aparte del conocido
café para todos en los momentos en que hubo mayorías absolutas, es que se ha ido difuminando la diferencia entre nacionalidades y regiones, que era una diferencia constitucional por lo menos en embrión, y se ha ido llevando a un diseño que hoy
podríamos catalogar de casi recentralizado.La transferencia de puras facultades administrativas, que no políticas, y el hecho de que se haya considerado el modelo de un Estado español cerrado por parte del anterior Gobierno llevó precisamente a un
hito en la evolución que era muy preocupante. Lo que ustedes proponen es realmente esperanzador en el sentido de que se intenta por lo menos sacar la situación del impasse en que estaba. Usted tiene que comprender que difícilmente se puede hablar
incluso de autonomía política si uno se dedica solamente a gestionar estrictamente en plan finalista aquello que le dan sin poder discutir ni con matices en materia de educación, de formación profesional, de capacidad financiera propia e incluso de
capacidad política de los parlamentos para debatir con libertad cuál puede ser su presupuesto para un año determinado. Le digo esto desde la perspectiva de una de las comunidades autónomas que es una nacionalidad histórica, propiamente una nación,
que tiene gravísimos problemas de subsistencia y gravísimos problemas con su identidad nacional; esta es una gran diferencia con otras naciones que están integradas en el Estado español. Por lo tanto, para nosotros el hecho de que pueda haber un
cambio en lo referido al autogobierno significa no solamente la posibilidad de mayor eficacia y de mayor transparencia, que ya en sí mismo puede ser muy positivo, sino sobre todo y especialmente si podemos incidir mejor en el bienestar colectivo;
digo colectivo porque ya veo que tiende mucho a pasar del aspecto administrativo al aspecto de los ciudadanos, y ese es uno de los problemas que existe en el Estado español. Habría que considerar, además de los aspectos administrativo-político y de
los ciudadanos que hay pueblos con diferencias marcadas desde el punto de vista no solamente lingüístico y cultural, sino desde el punto de vista de la estructura económica y social.
Por ejemplo, ya que usted visitó al señor Fraga recientemente, usted sabe perfectamente que el señor Fraga nunca reivindicó desde el año 1996 nada; y no solamente no reivindicó nada, sino que se dedicó a dar un perfil de la Comunidad
Autónoma de Galicia bajísimo de nuestros derechos y nuestros intereses. Es más, aún estos días utiliza la Comunidad Autónoma de Galicia para proyectarla contra otras, como Cataluña, lo cual demuestra hasta qué extremo se hace un uso pérfido de
ciertas cuestiones políticas con una falta de consecuencias positivas para la propia Administración autonómica que las hace. A mí como gallego lo que me interesa es el bienestar de mi país si es armónico en el conjunto del Estado español y si
vivimos con dignidad y con perspectivas de futuro. No me interesa si Cataluña va a pedir A, B, C o D, me interesa en el aspecto positivo la reivindicación que afecta a mis intereses. Digo esto porque posiblemente no haya hoy ninguna comunidad
autónoma tan necesitada de cambiar el marco, primero, porque el que había no se utilizó en forma positiva y, segundo, porque es admirable que se descubra a estas alturas la necesidad de un control sobre la gestión de los aeropuertos o de los
puertos, aunque nada más sea en este último caso, porque usted sabe que Galicia es una gran potencia pesquera y no podemos tener eficacia ni transparencia si para todo lo que se pesca, todo lo que se transporta o todo lo que se embarca o desembarca
en puertos gallegos en materia pesquera no hay una administración única responsable. Aunque solamente sea por eficacia (eficacia de la inspección, del control sanitario y desde todo punto de vista), si esto no es así, hay un grave problema de
carácter competencial que en nuestro país se nota alarmantemente, incluso con el hecho de que muchas veces se transfieren de unos puertos a otros cargas de mercancía de pescado simplemente en función de las tasas, porque depende de administraciones
diferenciadas. No es normal que la lonja de A Coruña o Vigo pertenezcan al Estado español y la de Burela al Gobierno de Galicia, eso es un disparate no sólo desde el punto de vista competencial, sino de los intereses económicos colectivos que
afectan de forma prioritaria y exclusiva a Galicia.
Estos días, señor ministro, usted habrá visto el aquelarre del O Bahía.
Ver en aquella costa a la ministra de Agricultura y Pesca, al conselleiro de Pesca, a la Cruz Roja, a Salvamento Marítimo, a Salvamento de la Xunta, al ayuntamiento...,
es un disparate que incluso desde el punto de vista de la eficacia a la hora de tomar decisiones deja mucho que desear.
No pasaría nada porque la inspección en las embarcaciones marítimas y gran parte de la seguridad marítima en lo que afectase a
la pesca perteneciesen a la Comunidad Autónoma de Galicia. ¿Cómo se puede explicar -y aquí habría que preguntar a nuestro presidente cómo nunca abrió la boca en relación con esto- que una comunidad autónoma como Galicia, con unas condiciones
climatológicas como las que hay, con una red viaria como la que tiene, con el mayor número de accidentes de tráfico de todo el Estado español, no solicitara nunca la transferencia de tráfico y seguridad vial y no tengamos policía autonómica y se
renunciara a ella incluso políticamente, diciendo que no era necesaria? Yo creo que es muy interesante tener esto en cuenta, y esperamos que haya lugar a que en las comunidades autónomas podamos debatir. Espero que en nuestro país esto tenga la
mayoría social detrás primero y obligue después a la mayoría política parlamentaria para la redacción de un nuevo estatuto que por lo menos nos lleve a mayor
capacidad de desarrollo económico con competencias exclusivas en agricultura, a un desarrollo económico en materia de pesca de forma que lo que hoy es zona exclusiva del Estado sea de la comunidad autónoma y a que Galicia pueda estar
representada dentro de la delegación del Estado español cuando se traten los temas pesqueros en la Unión Europea o en organismos internacionales. En el aspecto de la ordenación del territorio no vemos por qué razón no se puede homogeneizar de una
vez por todas la red viaria interna de Galicia en carreteras, o por qué razón los servicios ferroviarios que se llamen regionales o de cercanías, precisamente para hacer un sistema de transportes totalmente coherente y en relación con la estructura
de la población, no pueden ser competencia del Gobierno gallego, o simplemente por qué el Gobierno o la Administración central del Estado no va a aceptar con tranquilidad, a partir del criterio de que existe un idioma del Estado que es el español,
que hay libertad plena para establecer y definir la política lingüística en lo que afecta al gallego, al catalán o al vasco, y que eso es una competencia exclusiva, no teniendo por qué haber interferencias de ningún tipo, o por qué razón aún se
mantienen los archivos históricos provinciales en manos del Ministerio de Cultura, cuando eso forma parte de una competencia que debía ser exclusiva o del ámbito institucional.
Usted habló de la Agencia Tributaria y de muchas otras cuestiones a las
que nos podíamos referir.Eso hay que completarlo con algo que no es un problema desde nuestro punto de vista sólo catalán, sino que es un problema para todos los que quieran transparencia y auto-responsabilidad, que es el problema de avanzar en la
soberanía de carácter financiero.
Dudamos mucho que pueda haber un marco autonómico merecedor de tal nombre, a no ser que sea una descentralización administrativa, que no tenga detrás responsabilidades fiscales. Eso es una contradicción, será un
Estado descentralizado desde el punto de vista administrativo, pero nosotros debíamos aceptar -y de hecho el Bloque Nacionalista Galego lo acepta- la responsabilidad fiscal plena y una capacidad normativa respecto de los tributos que se cedan,
aceptando que después ha de haber una política redistributiva del Estado. Esos tres principios los consideramos esenciales si queremos que pueda haber con el tiempo no solamente autorresponsabilidad, sino también convergencia real y modificación de
las condiciones económicas de cada uno de nosotros. Usted sabe -y no sé si el señor Fraga se lo diría, pero es la propaganda oficial- que desde el punto de vista oficial a Galicia le va muy bien así. Resulta que es la peor y a la que le va muy
bien así. Andalucía no tiene miedo a pedir la Agencia Tributaria y es más deficitaria que Galicia desde el punto de vista de la balanza fiscal; Extremadura seguro que tampoco, pero los señores que nos gobiernan nos autoniegan y nos limitan en
nuestra capacidad cuando podríamos discutir gran cantidad de tributos. La población podría estar muy enterada de cuál es la balanza fiscal y se sabría a qué se deben las deficiencias, cuáles son responsabilidades propias y cuáles son de formas de
proceder de diseños económicos del Gobierno del Estado, o incluso que la cesión de tributos no fue la correcta, que fue un modelo pensado para otros, por ejemplo en exclusiva el IRPF. Esto es muy importante porque da la casualidad, señor ministro,
de que Galicia solamente tiene en este momento capacidad normativa sobre el 21 por ciento de los recursos que administra y sólo llega a una autosuficiencia financiera del 40 por ciento, mientras que usted sabe que Madrid, con el actual modelo, casi
se acerca al cien por cien, debe estar sobre el 80 o el 85. Este modelo a nosotros no nos vale para nada, suprímanlo; el Bloque Nacionalista Galego y la sociedad gallega enterada no van a sufrir a pesar de estas proclamas de que somos un pueblo
subsidiado, que nos alimentan desde el resto de España... Pues queremos dejar de serlo, no hay problema, ya se notarán las cuentas y ya se notarán en todo caso las responsabilidades, y esto para nosotros es esencial. Estamos por la labor de que se
equilibre territorialmente el Estado español; que haya más fondos para el equilibrio territorial, no los ridículos existentes actualmente, que se dote mínimamente al Fondo de Compensación Interterritorial, pero de otra manera mucho más real que
hoy, y para inversiones, no solamente para financiación de gasto corriente. Sobre todo tenga en cuenta que la responsabilidad por nuestra parte es un elemento esencial, no solamente de dignidad, y ahí hay un problema también político, sobre todo de
futuro. Un pueblo que no se autorresponsabiliza de sus finanzas es difícil que pueda tener ninguna capacidad política a su servicio.
En este aspecto nos parece preocupante, señor ministro -y en esto no solamente vemos los límites lógicos de diferencias políticas notables entre un partido nacionalista y otro, como es el que gobierna en el Estado español, que no lo es-,
cómo van a encarar ustedes el problema de las corporaciones locales. Las corporaciones locales merecen un sistema propio de financiación local que tenga más en cuenta -y ahí no sólo se puede hablar de las peculiaridades de Madrid y de Barcelona-
que hay comunidades que tienen muy dispersa la población, que la tienen muy envejecida, que tienen ayuntamientos de una gran extensión. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta porque, si no, la discriminación entre urbes mayores de 75.000
habitantes y el resto de los ayuntamientos va a ser notable. Usted sabe que la nueva legislación de ciudades prácticamente dejó al 98 por ciento de los ayuntamientos de Galicia al margen de la cesión de tributos. No tiene sentido que se haya hecho
esto.
Con la supresión del IAE lo que se hizo al mismo tiempo fue incrementar el IBI o los impuestos por la construcción, y provocando un desequilibrio que tendríamos que tratar de solucionar por la vía de que es lógica la autonomía de los
municipios, pero que no se
vaya a utilizar para boicotear, contradecir o fragilizar lo que es el marco autonómico.Usted sabe que en Cataluña hay una identificación mayor poblacional e incluso espacial de Barcelona, casi Cataluña es Barcelona.
¿Usted se imagina, si
vamos a una política de autonomía local, Galicia con A Coruña por un lado y Vigo por otro? ¿Cuál va a ser la situación conjunta del país para una administración autonómica? Nosotros vamos a ser beligerantes. Se lo digo porque precisamente en el
presidente de la Federación de Municipios y Provincias hay una tendencia a mantener una postura tan claramente antiautonomista en este aspecto que para nosotros es preocupante desde la perspectiva de que vivimos en un país que tiene muchas
fragilidades, que está muy desvertebrado y en el que una política de este tipo sería, repito, abiertamente preocupante. En todo caso, nosotros pensamos que esa autonomía local debía pasar, primero, por la transferencia de la PIE a los presupuestos
de la Administración autonómica, que esta tuviese en cuenta los ingresos propios para hacer leyes de haciendas locales con criterios propios dentro de una ley de bases generales, porque usted sabe que no se puede hacer una ley de haciendas locales
igual para Galicia que para Castilla-La Mancha, esto es una auténtica aberración, aunque sólo sea desde el punto de vista de cuál es la estructura poblacional.
Acabo con dos cuestiones de calado político general. Usted ya habló de que en la reforma constitucional no podríamos superar el marco vigente. El problema está en que entonces nos vamos a limitar a una relectura de la Constitución y usted
sabe que las relecturas van a depender de las mayorías que haya, siempre de carácter estatal. Llama la atención, ya que usted habló antes de que estábamos integrados en la Unión Europea, de que eso era un condicionante, pero es un condicionante no
sólo desde el punto de vista de las comunidades autónomas, sino de que el Estado debería actuar con valentía. Lo que no se puede hacer es continuar con una Constitución que habla de que la capacidad de emitir moneda, de la política monetaria, es
del Estado español, porque ya no la tienen ustedes ni por asomo; que habla de planificar la economía y luego nos colocan una Constitución por encima que es totalmente neoliberal, y no le voy a hablar ya del problema del servicio militar o de otro
tipo de cuestiones.
Esto habría que enfrentarlo porque si no vamos a tener una Constitución que realmente es un modelo de hipocresía, y solamente nos la aplican ustedes desde el punto de vista de la indisoluble unidad de la nación española, como
efecto político real para imposibilitar cualquier tipo de soberanía política compartida, que en el fondo es lo que va a estar en cuestión continuamente y lo que va a ser definitivo para que eso se pueda aceptar, sobre todo en las naciones que tienen
mayorías sociales que están dispuestas a tener un grado de decisión política propia. El debate no se va a acabar si se hace algo solamente con buena voluntad, pero que tiene unos límites de no reconocimiento de que hay alguna fuente de decisión
política que les pertenece o que nos pertenece. Este es uno de los problemas.
Acabo exponiendo solamente cuatro cuestiones respecto de la estrategia del Gobierno. La primera es que está bien que ustedes reconozcan que debe haber asimetrías no caprichosas; simplemente se pueden dar asimetrías, y eso derivado de la
voluntad de cada uno de pedir, no solamente de que no seamos iguales desde el punto de vista de la concepción política. Lo malo es que esto se pueda someter a intereses partidarios o que dependa de quién gobierna. Me explico con un ejemplo. Como
se lo he escuchado varias veces a miembros del Partido Socialista Obrero Español, puede haber una tendencia a hacer concesiones, por motivos de interés social, de demanda, de reivindicación y de Gobierno, de un gobierno como el catalán, que después
se trasladen miméticamente, de forma casi interesada, por ejemplo, a Andalucía. ¿Por qué? Por una cuestión muy clara: no solamente por una cuestión partidaria -que eso es legítimo- sino porque Andalucía representa una base social, demográfica,
cultural y lingüística enorme dentro del Estado español, con lo cual el efecto balance equiparador y el efecto armonizador del café para todos se produce además, con intereses políticos interesantes desde el punto de vista partidario. En segundo
lugar, tampoco es buena cosa aceptar que puede haber un modelo de debate abierto y claro en el Parlamento catalán y negar ese mismo derecho al debate abierto y claro de tipo político en el Parlamento vasco, en el Parlamento de Galicia o en otro
cualquiera, aunque los resultados no gusten, porque para eso están después los mecanismos democráticos de las Cortes Generales, donde habrá mayorías y minorías y habrá cosas que salgan adelante y cosas que no. En tercer lugar, hay un problema que
nosotros intentaremos superar socialmente, y es que puede haber hoy mayorías parlamentarias en alguna comunidad autónoma que sean autonegadoras y que a corto plazo esa autonegación repercuta negativamente en los respectivos pueblos a los que
representa; este sería uno de los peligros que corre Galicia concretamente. (El señor vicepresidente, Torres Sahuquillo, ocupa la Presidencia.)
Acabo ya, señor ministro. Creo que el peligro es que su proyecto pueda dar más esperanzas que realidades. Esperemos que todos saquemos las mayores potencialidades, aún partiendo de posturas no sólo a veces no coincidentes sino opuestos, y
que el resultado final sea el que usted dijo, que sobre todo tenga algo de cooperación y de cogobernanza política real. En este aspecto, le deseo los mejores resultados por su bien, por el bien de su gestión y, sobre todo -especialmente se lo voy a
decir, y en esto nos esforzaremos al máximo-, por intentar llevar a uno de los territorios del Estado español que tiene tan graves deficiencias en su convergencia con la media del Estado español y de Europa a
un modelo que realmente sea de autogobierno, que nos autorresponsabilice y que nos dé algo más de dignidad de la que tenemos.El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Agradezco al señor Rodríguez su intervención y su -creo entender- espíritu de colaboración crítica, al menos. La diferencia entre esperanzas y realidades será tanto menor
cuanto más se oiga lo que se dice y no lo que se quiere oir. En ese sentido me parece que este Gobierno ha ido diciendo con bastante claridad algunas cosas.
Usted ha hecho una valoración sobre el nivel de autogobierno que tienen en España las comunidades autónomas, en concreto la de Galicia. Es legítimo, como no puede ser de otra manera, pero no sé si es justo hablar en este momento de nuestro
sistema de comunidades autónomas como una mera descentralización administrativa. Digamos que por lo menos en amplios, amplios, amplios campos de actuación que afectan a los intereses y a la vida política y ciudadana los parlamentos autonómicos, que
no son órganos de representación administrativa sino política, toman decisiones como las toma el Parlamento de la nación o como las toman otros parlamentos. Es verdad que la Unión Europea y los cambios que se están produciendo en todo el mundo
están afectando a las competencias, pero a las de todos. Si los Estados nacionales, sobre todo aquellos que estamos integrados en procesos como el de la Unión Europea, vamos transfiriendo competencias hacia arriba, hacia la Unión Europea, muchos de
esos procesos de integración afectan también a competencias que en nuestra Constitución y en nuestro desarrollo estatutario estaban transferidas hacia abajo -y entiendan que lo de arriba y abajo no es ninguna valoración jerárquica-, a las
comunidades autónomas. Dicho de otra manera, hoy todos tenemos dificultades para entender bien cuáles son nuestras competencias exclusivas, porque vivimos en un mundo en el cual las interrelaciones y los condicionamientos internacionales son tan
fuertes que es difícil decir aquello de: sobre esto mando yo y sólo yo, sin que nadie de fuera me influya. Esa reflexión afecta a todo el mundo, a todas las autoridades, a todos los niveles de representación política y por eso es un tema que está
preocupando y que está generando muchas reflexiones. Por tanto, no vale sólo para el Gobierno central, no vale sólo para el nivel del Estado en el sentido clásico de la palabra. La globalización, la integración, la Unión Europea-, está alterando
muchas cosas de mucha gente, y por eso es un elemento fundamental que utilizamos, y hoy he querido utilizar, para plantear que algunas cosas tienen que cambiar, que algunas formas de trabajar conjuntamente entre comunidades autónomas y Gobierno de
España tienen que cambiar. Tenemos que ir hacia procesos mucho menos de esto es tuyo y esto es mío porque cada vez más lo tuyo y lo mío está muy condicionado por decisiones que se toman en Bruselas, que sencillamente no se sabe muy bien quién las
toma dentro de este mundo globalizado, y pasar a un discurso mucho más de cooperación, de gestionar lo que tenemos, de intentar ponernos de acuerdo en qué hacemos cada uno, de tal manera que no sea contradictorio, sino más bien todo lo contrario, y
complementario.
Yo no estoy de acuerdo con las balanzas fiscales. No me parece que sea un instrumento de análisis riguroso desde el punto de vista académico y me parece tremendamente confuso desde el punto de vista político. Si la mayoría de la Cámara
pide que el Gobierno haga balanzas fiscales, nos pondremos a ello, pero antes tendríamos que ponernos de acuerdo en la metodología de cálculo: qué entendemos por balanza fiscal, qué entendemos que debe figurar en el Debe y qué entendemos que debe
figurar en el Haber, porque según pongamos unas cosas u otras el resultado es uno u otro. Cuando son ejercicios académicos, qué quiere que le diga, que juzguen los catedráticos la validez de ese ejercicio, pero cuando lo llevamos al terreno
político y queremos sacar conclusiones políticas, o se hace muy bien y hay un cierto consenso en torno a qué ponemos en el Debe y qué ponemos en el Haber o estamos haciendo un discurso con el que es muy difícil ponernos de acuerdo ni tan siquiera
sobre qué estamos hablando, de qué realidad estamos hablando. Además, desde el punto de vista político no encuentro ningún argumento que no se pueda defender con la misma fuerza y con la misma convicción sin necesidad de recurrir al concepto de
balanzas fiscales, honradamente lo digo, pero es una opinión que traslado porque ha surgido en el debate.
Usted ha mencionado en el fondo alguno de los traspasos del listado.
Algunos coinciden, porque son muy obvios; los que demanda la Comunidad Autónoma de Galicia, en su caso, coinciden con los que nos ha presentado el presidente, señor
Fraga, y otros no, y forman parte de la lógica de discusión y debate que es posible. Frente a algunos planteamientos presentados como evidentes seguro que podemos presentar también por qué no se ha efectuado ese traspaso y entablar una discusión
racional y política, que desde el principio de lealtad institucional tenemos que llevar adelante.
Quiero constatar que efectivamente usted y su formación tienen un cierto temor -si la palabra no es exactamente esa, la retiro, no quiero entablar polémica- a que el impulso del municipalismo y de las corporaciones locales se pueda convertir
-creo que he tomado nota textualmente- en antiautonomismo. Lo tengo en cuenta, no es desde luego mi voluntad ni la del Gobierno; tomo nota, de que, puestos a elegir, prefieren la autonomía a la corporación local, es una elección política
respetable. Quiero mencionar con un poco de detalle el modelo fiscal y el modelo de corresponsabilidad fiscal. Ahí es donde está la clave en este momento;
la clave está en que las comunidades autónomas tengan la suficiente autonomía fiscal como para conseguir la suficiencia fiscal y financiera que estimen oportuna. Algo de eso está ya reconocido en las distintas modificaciones de los modelos
de financiación autonómica que se han ido haciendo en muchos años, en esa dirección vamos a tener que avanzar algo más; será una de las reformas, de los retoques, de las modificaciones o de los cambios -que cada uno ponga la denominación que
quiera- que el Gobierno planteará para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera respecto al actual modelo de financiación autonómica: mejorar la posibilidad y los márgenes de autonomía para que se pueda conseguir la suficiencia. Las
comunidades autónomas tienen ya algunos márgenes de autonomía, y simplemente constato que quizá no se han ejercido con toda la potencialidad normativa y política que se podía. De acuerdo con que hay que mejorar esa autonomía. Insisto, la voluntad
del Gobierno es presentar propuestas para mejorar esa autonomía, pero constato que la que existe, aunque sea poca, no se ha ejercido todo lo que se podría. Ahí estamos en un momento en el que el tiempo también cuenta, como el propio rodaje de las
distintas administraciones tributarias de las comunidades autónomas. También es importante la propia madurez fiscal de las distintas administraciones autonómicas y de las distintas autoridades políticas autonómicas, que ha avanzado mucho y avanzará
mucho más. Estoy convencido que llegará un momento en el cual esa respuesta frente a necesidades de mayor financiación sea a través de la autonomía financiera y fiscal que se tenga, en lugar de buscarla en conflictos con Madrid, que se ejerza, sea
habitual y sea una manera de reforzar la propia autonomía política. (El señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Si lo desea, tiene un turno de réplica de tres minutos.
Señor Rodríguez, adelante.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente.
En primer lugar, la cuestión del autogobierno es posible que sea matizable, pero hay dos cosas que son claras: una, el nivel de descentralización. Es muy sintomático que lo que está descentralizado en el Estado español es el gasto, pero
los ingresos no lo están tanto. Nada más hay que ver cómo es la situación fiscal en el Estado para entenderlo perfectamente y la cantidad de dinero que hay ahí, que se envía desde la Administración central como dinero finalista a las comunidades
autónomas; pero empeoró por la evolución política. En concreto hubo momentos en el periodo democrático de claro acoso, no solamente la LOAPA, los ocho años del Partido Popular fueron clarísimos. Uno se da cuenta que no es descentralización
administrativa, sino que hay gestión de modelos que nos vienen perfectamente dados y solamente es la responsabilidad ante la sociedad, pero el grado de maniobra para modificar el modelo es prácticamente muy limitado. En primer lugar, simbólicamente
da otra apariencia, porque Cataluña y Euskadi estuvieron gobernadas mayoritariamente en todo el periodo por partidos nacionalistas que sacaron de la potencialidad del marco autonómico la mayor capacidad de autogobierno; políticamente da la idea de
que no se ajusta a la realidad de los hechos desde el punto de vista de la capacidad política real. En segundo lugar, coincido totalmente con usted, señor ministro, en que efectivamente depende cómo se hagan las balanzas fiscales y qué metodología
se use para obtener unos resultados u otros. En concreto, la balanza fiscal de Galicia es negativa porque siempre meten la Seguridad Social, es decir, parece que no cotizamos -como tenemos a todos los señores retirados allí-, y aquello es
catastrófico. Estaremos todos de acuerdo en que la Seguridad Social no se puede territorializar, porque afecta a las personas. Entonces, da igual que esté en Olot o en Coruña, si es que estamos en un estado donde compartimos una Seguridad Social
común. Por último, creo que será difícil avanzar hacia un modelo distinto al actual si se va solamente por el camino del IRPF; eso va a ser terrible, va a ser un modelo muy discriminatorio. A un territorio como Galicia ese modelo le perjudica.
Con todo lo que se base en la renta de las personas físicas individuales vamos mal; aunque se pueda mejorar. Sin embargo, si vamos por el camino del IVA o del consumo, las cosas irán mucho mejor. Quien dice eso dice otro tipo de tributos, aparte
de los que se puedan añadir. En ese aspecto, va a ser difícil separar en el debate la cuestión fiscal de la estrictamente competencial y política, porque están las dos bastante unidas. Por mi parte, si lo he empleado es porque la opinión pública
del Estado español está habituada a oír los discursos de Cataluña. Sin embargo, los discursos que nos dan a nosotros para consumo interno son los contrarios: somos pobres, no valemos para nada y hay que estar aquí con la cabeza baja. Comprenderán
que este es un discurso, al margen de cuál pueda ser el resultado cierto -como usted dice-, que a nadie le gusta oír y nadie mentalmente normal debería aceptarlo; fueran los que fueran los resultados. Estaremos para mejorar todos, digo yo.
Coincido en que tenemos ese temor; pero no lo tenemos por prejuicio ideológico, sino por experiencia histórica, por constatación empírica y porque el modelo que usted presenta, según cómo se oriente, puede valer para muchas cosas.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): ¿Desea usted contestar, señor ministro? (Pausa.)
Pasamos al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y, en su nombre, tiene la palabra el señor portavoz, don Román Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor ministro, en nombre de mi grupo quiero agradecerle
sus explicaciones exhaustivas en la Comisión de hoy y desearle acierto y éxito en su responsabilidad.Ostenta usted un ministerio al que le que puede ocurrir, como en otras ocasiones, que pase desapercibido dentro de la estructura del
Gobierno español, o bien que se convierta en un ministerio relevante de su política durante los próximos años. Para ello tiene dos importantísimas áreas de responsabilidad, sobre las que usted ha hecho hoy aquí una explicación amplia en relación
con el papel de lo público, de las administraciones públicas, en lo que coincido, como instrumento garante de nuestro modelo de convivencia, de garantizar derechos y servicios, de redistribuir riqueza, de hacer justicia y, en definitiva, de generar
cohesión. Ha hecho usted un conjunto de apreciaciones de lo que debe presidir la actuación de las administraciones públicas, desde la igualdad efectiva de los ciudadanos al acceso a los servicios para garantizar sus derechos, pasando por la mejora
del mundo de lo público y la participación de los ciudadanos y de los otros ámbitos institucionales. También ha establecido una serie de instrumentos o políticas potenciales para conseguir estas pretensiones.
Creo que es muy difícil cuestionar
estos objetivos. Es evidente que forman parte de la preocupación general, y ha establecido mecanismos para hacerlos posibles. Ha hablado de la agencia, o agencias, de evaluación de la calidad de los servicios públicos, que me parece un instrumento
útil, sobre todo si se es capaz en ese proceso de construcción de implicar a las otras administraciones, a los funcionarios y a los ciudadanos. Me parece que son un debate permanente en el funcionamiento de las administraciones públicas los niveles
de eficiencia que conseguimos, y es elemento básico para la legitimación de las administraciones la consecución de buenos resultados con los recursos de que disponen.
Ha hecho usted referencia a la necesidad de un nuevo Estatuto de los empleados públicos. Ha hecho un canto creo que positivo a la necesidad de mejorar el papel de los funcionarios públicos en las distintas administraciones. Esta es una
pretensión recurrente en cualquier administrador público, y los resultados no suelen ser muy esperanzadores si echamos un vistazo a los antecedentes. Todos los que hemos trabajado en el mundo de lo público y hemos tenido responsabilidades en la
gestión de servicios o en tareas de gobierno empezamos la andadura con esta pretensión y la acabamos con bastantes más dificultades. Me conformaría con que, en el ámbito de lo público y para esta etapa, fuésemos capaces de establecer un mecanismo
de promoción y reconocimiento de los trabajadores públicos, y con que fuéramos capaces de buscar un mecanismo de retribución que, aunque fuera mínimamente variable, primara el compromiso de los trabajadores públicos con los resultados. Creo que hay
muchas pretensiones positivas, pero muy difíciles de cumplir.
Por supuesto, en relación con la modernización de las administraciones públicas y el papel de las nuevas tecnologías en la prestación de los servicios hay un gran reto y muchas oportunidades. Creo que la clave, señor ministro, será que
logre usted implicar a las administraciones prestadoras de servicios, que, esencialmente, son las locales, las territoriales y cada vez en menor medida la Administración Central del Estado. Si consigue esa complicidad, esa cooperación, se podrán
producir avances en un hecho evidente, fundamental y clave en nuestro modelo de convivencia, como es el papel del Estado en la prestación de servicios y en la garantía de derechos, libertades y modelos de cohesión social. Ahí hace usted un conjunto
de valoraciones que compartimos y estoy convencido de que vamos a intentar conseguir mejoras.
Le tengo que decir que el elemento seguramente más relevante de su mandato será lo que usted llama agenda territorial. Primero, porque han cambiado las cosas de manera sustancial en estos 25 años. El modelo de Estado basado en la
estructura de comunidades autónomas, previsto en el Título VIII de la Constitución, ha funcionado; ha servido para avanzar, para mejorar, para encajar realidades diversas del Estado español. También hemos tomados decisiones de incorporarnos a una
organización supranacional como la Unión Europea, a la que hemos ido cediendo responsabilidades, soberanía, y, por tanto, estamos ante una estructura de poder absolutamente diferente de la que teníamos en 1978. Hoy hay una estructura potente de
gobiernos territoriales, con capacidad legislativa, que gestionan intereses vitales para los ciudadanos vinculados a su calidad de vida, y estamos también en el proceso constituyente de una organización supranacional importante que tiene dimensión
económica, política, cultural, social y de todo orden. Por lo tanto, la realidad es nueva y por eso sólo habría que hacer intentos reales de cambiar y adaptarnos a los nuevos tiempos, no sólo por la demanda legítima de los diversos pueblos que
conforman el Estado español y de sus gobiernos, sino porque las cosas han cambiado y es necesario adaptarnos a los nuevos tiempos. En el escaso tiempo que lleva al frente del Ministerio ha tenido usted una frenética actividad al visitar a las
comunidades autónomas del Estado español y contactar con sus gobiernos y tiene en su agenda preparar un primer contacto a través de que eso que se ha dado en llamar conferencia de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno
de España, elemento que me parece muy importante. En la reciente historia nunca tuvimos ninguna oportunidad de encuentro sistemático ordenado entre el Gobierno central y los gobiernos territoriales, y ahora se apunta ahí un espacio interesante para
discutir, hablar, cooperar, entenderse y generar lealtad entre dos aspectos fundamentales de la estructura del Estado como son los gobiernos territoriales y el Gobierno central. En la agenda territorial del Gobierno hay importantes pretensiones
como la conferencia de presidentes, la potenciación de las conferencias sectoriales, para que se
conviertan de verdad en elementos de complicidad en ámbitos donde las competencias pueden confluir, pero que, en cualquier caso se precisa de entendimiento. Ha hecho una referencia a un tema muy importante. En el proceso de construcción
europea que se está discutiendo estos días claramente prima la estructura constitucional a los Estados y poco a poco a los ciudadanos, pero estamos poco representados los gobiernos territoriales. Si hay algún déficit en el proceso constituyente
europeo es precisamente el no reconocimiento a lo que en el argot comunitario se llama las regiones, donde las comunidades autónomas estamos muy mal representadas, como usted bien sabe. Quizá el resquicio que nos queda en esta etapa es precisamente
que los gobiernos de los Estados se comprometan a dar el protagonismo, el peso específico a las comunidades autónomas en las políticas de la Unión. Ha dicho usted que se ha hecho ya una primera propuesta de participación de las comunidades
autónomas en las delegaciones del Gobierno de España en relación con las políticas europeas. Este es un asunto absolutamente vital estoy convencido de que para todas las comunidades autónomas, pero desde luego lo es para la mía porque una parte
sustancial de nuestros intereses se decide en el ámbito de la Unión, y además nuestro propio Estatuto de autonomía, el vigente, hace una referencia explícita y clara al artículo 37.1, a esta condición de participación de la comunidad canaria en las
delegaciones del Gobierno de España cuando se traten asuntos de interés para nuestra comunidad. Me parece un asunto importante, que generará confianza y seguro que también eficiencia en el manejo de los complejos expedientes que el Gobierno central
tiene que llevar en cuanto a nuestra comunidad. Nuestro proceso de integración es singular y diferenciado; tenemos un régimen económico y fiscal distinto; tenemos una fiscalidad diferenciada, y somos los únicos en la Unión Europea que tienen esa
condición, por lo que es bueno para el Gobierno de España contar con la participación directa del Gobierno de Canarias en ese proceso. Me parece muy relevante este asunto, como también me lo parece la pretensión de reformar el Senado para que se
convierta de verdad en una Cámara de representación territorial, aunque no tenemos tiempo para entrar en qué deben consistir esos cambios y cuál debe ser el protagonismo de una y otra Cámara en ese proceso de cambio.Hay un asunto muy importante, por
no decir vital, que es la reforma de los estatutos y, consecuentemente con ello, la reforma del sistema de financiación o su mejora. Ha dicho usted, no sé si hoy -yo he seguido sus comparecencias públicas-, que se van a respetar las propuestas de
reforma de estatuto que vengan de las Cámaras territoriales, siempre y cuando se den dos condiciones: una relativa al consenso, que es subjetivo e interpretable, supongo que serán las mayorías que establecen las normas sobre este tema; y otra
relativa a los límites que establece la Constitución. En cuanto a este segundo tema, aun siendo consciente de que la Constitución es interpretable como toda norma y de que el artículo 150.2, como usted ha dicho, debe ser utilizado de forma
responsable y caso a caso, yo creo que es usted plenamente consciente de que una de las demandas más que previsibles que van a establecer las propuestas de reforma de estatuto va a ser más estructura competencial, fundamentalmente porque la
experiencia demuestra que ha sido eficiente y buena para la modernización, el avance y la mejora del Estado español la estructura competencial desconcentrada que se ha generado en los últimos años. Me parece que va a ser difícil dar respuesta a las
potenciales demandas de más autogobierno sin tocar, aunque sea moderadamente, la estructura competencial del Estado. Ustedes han dicho con claridad, y eso hay que reconocérselo, que pretenden un cambio constitucional puntual en asuntos muy
concretos, pero sinceramente creo que o se recurre al 150.2 de la Constitución -es verdad que cabe la flexibilidad- o va a ser difícil ampliar la estructura competencial.
Me remito a asuntos de mi comunidad. Yo creo que tenemos que combatir, desmitificar y apartar del debate político esto de la simetría como un problema peligrosísimo para lo que algunos llaman la unidad de España. Yo creo, -ya lo decía la
Constitución, lo dice la práctica de la estructura competencial de las comunidades y lo va a seguir diciendo la realidad-, que este es un país diverso y plural. En mi comunidad no tenemos ningún problema en cuanto a la lengua, ninguno, pero hay
cuatro comunidades que tienen lenguas cooficiales y, por tanto, en esos ámbitos territoriales habrá que desarrollar estrategias para dar satisfacción a las legítimas demandas de esos pueblos y sus gobiernos para que esas lenguas tengan el peso
específico, la dignidad y la igualdad pertinentes. Ningún inconveniente por parte de mi comunidad, desde luego de mi partido, por que se desarrollen esas estructuras competenciales conforme al hecho singular de que algunos territorios del Estado
español tengan una segunda lengua, de la misma manera que nosotros somos comunidad fronteriza con un país, por calificarlo de manera benévola, complejo, como es Marruecos y tenemos un fenómeno fronterizo muy difícil, que va a atravesar las próximas
décadas de este siglo recién comenzado, que son los movimientos migratorios. Nuestra comunidad precisa de estructuras y de políticas en relación con el hecho de ser frontera Sur de España y de Europa en esta zona del mundo, donde estamos ubicados a
menos de cien kilómetros del continente africano. Igual esto en Castilla-La Mancha no es relevante, pero es determinante en una comunidad que está a menos de 100 kilómetros del continente africano. Pudiera no ser relevante en otros ámbitos del
territorio del Estado español la gestión del tráfico aéreo interinsular, pero para nosotros es vital. Los ciudadanos y ciudadanas, las empresas y las mercancías se mueven en el archipiélago a través de barcos
y aviones; no hay otra alternativa. Por tanto, la gestión del tráfico aéreo interinsular es para nosotros vital. No tiene sentido que el Ministerio de Fomento decida cuáles son las líneas de obligado servicio público para movernos entre
Lanzarote y Gran Canaria o entre Fuerteventura y Gran Canaria, no tiene sentido. Parece razonable que el Gobierno territorial gestione un asunto como éste allí; es lo sensato y lo eficiente. De la misma manera que el espacio aéreo lo gestionaba
antes exclusivamente el Estado español, poco a poco habrá una gestión del espacio aéreo a nivel europeo. Por tanto, creo perfectamente posible, con la compatibilidad del proyecto común de un Estado español básico, el reconocimiento de la
diferencia, la singularidad, y la asimetría en la organización del Estado, porque no es sino responder a una realidad indiscutible como es que conformamos un Estado plurinacional diverso donde hay hechos culturales, históricos, geográficos o
económicos que hacen necesario, esa diferenciación. Yo espero que ese proceso que se abre de al menos una relectura del modelo de Estado reconozca el hecho indiscutible de la diversidad territorial del Estado español y que una comunidad singular
diferenciada y específica como la canaria tenga la respuesta debida. Creo que hay margen en la Constitución actual, en el cumplimiento de los estatutos actuales, pero también en la potencial reforma de la Constitución y de los estatutos para seguir
profundizando en ese proyecto que entiendo común del Estado español, reconociendo la diversidad. Creo que en sus palabras, en sus compromisos, y en su agenda territorial hay condiciones objetivas para tener esperanzas de que podemos entrar en una
nueva etapa de reconocimiento, sin miedo, sin prejuicios, de que es preciso seguir avanzando en un modelo de Estado compuesto, diverso o plural, sin que ello ponga en cuestión asuntos que nos unen a nivel de Estado, a nivel de Europa y yo diría que
como seres humanos.Señor ministro, no hay tiempo para entrar en más cuestiones. Yo debo dar ejemplo en esta Comisión. Le agradezco sinceramente sus explicaciones de hoy y sus respuestas individualizadas. Con seguridad, le tendremos más veces aquí
y vamos a tratar que esas dos grandes tareas de la potenciación, de la modernización del papel de lo público se haga con entendimiento, cooperación y sobre todo con lealtad, y especialmente que esa agenda territorial que usted ha mencionado pueda
atravesar esta nueva legislatura porque creo que es una demanda sentida, necesaria y que nos puede permitir seguir progresando como Estado y como pueblo en los próximos años.
Le deseo éxito en su andadura porque ello le vendrá bien a usted y a nosotros.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias por su intervención y su apoyo no tanto a las medidas concretas como a mi labor. Además es importante que algunas de las cosas que ha dicho las haya dicho
usted, porque se habla de asimetrías y de los problemas de las asimetrías, y yo alguna vez he dicho en los últimos días que para asimetría, Canarias. Tratamiento asimétrico el de Canarias porque responde a una realidad asimétrica, claro. Es que no
todo el territorio son islas ni todos estamos donde está Canarias, y eso requiere un tratamiento específico y diferente, como lo tiene y como lo ha tenido sin que nadie se haya rasgado las vestiduras hasta ahora. Por tanto, conviene matizar cuando
se habla de asimetrías. Lo correcto no es tratar igual a los desiguales, sino tratar a cada uno en función de cuáles son su situación y sus necesidades, sin que eso genere discriminaciones injustificadas ni privilegios inaceptables.
Hace S. S. una reflexión respecto a algunas de las nuevas realidades con las que nos estamos enfrentando a la que yo haría alguna matización e incluso plantearía alguna discrepancia y que no quiero traer aquí ahora, simplemente quiero
mencionarla como un ejemplo de la necesidad de la reflexión que estamos haciendo y lanzando desde el Gobierno, como un ejemplo de la necesidad de que cambien algunos de los instrumentos en los que hasta ahora se ha asentado el Estado autonómico, y
es la referencia que hace al problema de la inmigración especialmente en una comunidad como la canaria. Insisto, puede que yo no esté totalmente de acuerdo con la solución que usted plantea, pero creo que me vale como ejemplo para una de esas
realidades incuestionables que pueden alterar no sólo algunos de los marcos competenciales, no sólo los títulos competenciales, no sólo los contenidos de los estatutos, sino también las relaciones entre las distintas autonomías y los distintos
gobiernos. Si un fenómeno como el de la inmigración no se aborda desde la cooperación, creo que acabaremos perdiendo todos. Y esto, que lo pongo como un ejemplo porque creo que es muy evidente, ocurre también en otros muchos aspectos de la
realidad política, de la realidad económica, de la realidad social, en la que no haberlos abordado o no abordarlos -por no referirme al pasado- para el futuro, desde el principio de la lealtad institucional, desde el principio del diálogo
institucional, desde el principio de la cooperación, puede acabar siendo perjudicial para todo el mundo, incluido el Gobierno central.
Ha hecho usted una mención específica a un asunto que sé que le preocupa, como les preocupa a otros miembros de la Cámara, y es el de la necesaria participación, la articulación de la participación de las comunidades autónomas en la
definición de la política comunitaria. Tampoco ese es un tema nuevo. Como funcionario, recuerdo ya que en el año 1990 había reuniones sobre este asunto y desde entonces a aquí se ha reflexionado mucho, se ha avanzado mucho, se han hecho muchos
estudios, muchas propuestas. Yo
quiero hoy traer a esta Cámara lo que ayer fue una oferta, un compromiso por parte del Gobierno que tuve la ocasión de plantear en la Conferencia sectorial de asuntos europeos a todas las comunidades autónomas para su estudio por parte de
ellas con la idea de tomar una decisión sobre este asunto en el mes de septiembre, incluyendo cuatro puntos. En primer lugar, un compromiso por parte del Gobierno de un funcionamiento más eficaz y flexible de las conferencias sectoriales como el
lugar natural donde la posición española debe definirse, incorporando desde el origen la opinión de las comunidades autónomas. En segundo lugar, el nombramiento de un funcionario autonómico dentro de la Representación Permanente de España en
Bruselas, utilizando una de las dos plazas que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene asignadas en la conocida como REPER, Representación Permanente; funcionario autonómico que, obviamente, se dedicaría a llevar asuntos comunitarios
relacionados con las comunidades autónomas. En tercer lugar, la delimitación y puesta en común de los grupos de trabajo del Consejo en los que, por motivo de la materia, deberían participar representantes de las comunidades autónomas junto con los
representantes del Gobierno de la nación. Y en cuarto lugar, la predisposición del Gobierno a que participe en las delegaciones españolas un representante autonómico con rango mínimo de consejero en los consejos de ministros que traten asuntos que
tengan clara repercusión e incidencia en las competencias autonómicas. El problema lleva años sobre la mesa, y después de darle muchas vueltas unos y otros, de una y de otra manera, este es un compromiso que el Gobierno adopta. Es una propuesta
concreta que hace a las comunidades autónomas sobre algo que consideramos importante, y es que efectivamente la voz de las comunidades autónomas, más allá de que sea incorporada, lógicamente, en la posición española defendida por el Gobierno, más
allá de eso, tenga también una representación, una participación directa y personal en asuntos que les competan por razones de nuestra definición competencial. He querido decirlo aquí porque lo ha mencionado usted y porque creo que es un tema
importante que demuestra también la voluntad de hacer algunas cosas distintas por parte del Gobierno. Yo no sé si esta será la solución a esta cuestión. Cuantos más años cumplo, más desconfío de la existencia de las soluciones, pero sin duda va a
ser un paso importante a la hora de ayudar a resolver o a mejorar en todo caso la situación de las comunidades autónomas respecto a los asuntos que tienen que ver y que les afectan con la Unión Europea.El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo):
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Respecto a la participación, además de ser más eficiente, porque conocer al detalle el expediente del plátano, del IGIC, de la RIC y del conjunto de singularidades económicas y fiscales del archipiélago se
enriquece con quien cotidianamente los gestiona, genera una cuestión muy importante en política, y es complicidad y participación. Cuando uno no está directamente implicado en la solución a los problemas, si la solución no es la adecuada, es fácil
culpar al otro de lo mal que han salido las cosas, y cuando uno está implicado, seguramente comprenderá la complejidad de las soluciones. Este es un tema estratégico -vital, diría yo- para integrar en ese ámbito supranacional, que es la Unión
Europea, la realidad, compleja también, que en esta materia tenemos en el Estado español.
Respecto a las singularidades y la asimetría, hay que decir que la respuesta adaptada a los hechos diferenciales no es un privilegio sino una realidad que, si no la abordamos, hace más compleja aún la ya difícil estructura territorial del
Estado español.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, en cuyo nombre tiene la palabra doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: En primer lugar, quería felicitar al señor ministro por su nombramiento y agradecerle su comparecencia. Espero que esta no sea más que la primera de muchas comparecencias en las que iremos viendo si se van
cumpliendo todos los compromisos a los que ha hecho mención de manera genérica en el día de hoy. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
A nuestro grupo nos preocupa enormemente la dispersión normativa que se padece en el ámbito de las administraciones públicas y en especial en la Función pública. Desde luego el estatuto básico sería un buen inicio para atajar este problema,
pero atañe a otros muchos ámbitos. También el abuso que se ha efectuado por leyes de acompañamiento que se han ido retocando unos artículos aquí y allá por parte de anteriores gobiernos debería ser subsanado unificando toda la normativa en vigor.
Querría hablar de las diputaciones, porque me ha hecho gracia que lo haya comentado el portavoz del Partido Popular y que el señor ministro no haya querido hacer referencia a ello. El grupo al que represento no le gustan las diputaciones,
son una herencia del franquismo que habría que erradicar. (Un señor diputado: Bastante antes.) Habría que acercar la gestión al ciudadano, en el caso del País Valenciano a través de las comarcas. Uno de los problemas que nos preocupa mucho es la
gestión de los recursos públicos que se hace desde las diputaciones provinciales. Si quiere, hablamos del señor Fabra, un señor que presuntamente se ha enriquecido enormemente a través de su cargo de presidente de la Diputación de Castellón;
podemos hablar también de lo que hace el señor Giner, presidente de la Diputación de Valencia, que se dedica a un reparto de los recursos públicos que gestiona en la diputación
beneficiando a los ayuntamientos que son del mismo color político que él mismo. En ese sentido, la gestión que se hace desde las diputaciones por parte de los presidentes, que a nosotros nos toca que sean siempre del Partido Popular en el
ámbito del País Valenciano, no responde a ese principio de solidaridad interterritorial al que tanta referencia hace el Partido Popular cuando habla de la Administración del Estado, la transferencia de competencias y los recursos públicos en cuanto
a las comunidades autónomas.Siguiendo con mi intervención, hablando ya de Función pública, nos preocupa enormemente el aumento permanente de temporalidad que se da en el sector público, en el que hay un abuso de los nombramientos interinos que no
responde en absoluto a aquel precepto de la Ley de 1968 que dice que deben cubrir una urgente necesidad. Más bien al contrario, cubren una necesidad simplemente y además se convierten en nombramientos estables, con lo que acarrea después de
reivindicaciones, de leyes de punto final, etcétera, donde se beneficia enormemente el tiempo de servicios prestados. En este sentido, nos gustaría saber qué soluciones pretende aportar el señor ministro y si una de ellas sería, por ejemplo, el
cumplimiento de las ofertas de empleo público con carácter anual, una cuestión que antes se recogía en la legislación y ahora no. Por lo menos se obligaría a que las necesidades reales de las administraciones públicas fueran cubiertas.
También nos gustaría saber si se van a abrir nuevos procesos de funcionarización y de esta manera caminar hacia un único régimen de empleado público, eliminando la situación actual de laborales y funcionarios, cuando además todos sabemos que
los laborales cumplen tareas propias del ámbito funcionarial sin que se dé un efectivo cumplimiento a la doctrina constitucional por todos conocida. En el mismo sentido, nos preocupa enormemente la profesionalización que se ha de llevar a cabo en
las administraciones públicas, elevando en la jerarquía administrativa los nombramientos de libre designación a los que ahora no tienen por qué ser de funcionarios, es decir, a los altos cargos, y reduciéndolos a la baja, es decir, que nombramientos
que ahora a la baja son de libre designación tuvieran que ser por el sistema de provisión del concurso. Entendemos que ese sería es un camino hacia la profesionalización que es imprescindible en el ámbito de las administraciones públicas. Y
hablando de los altos cargos y volviendo a problemas como el que nos ocasionan cargo cmo el del señor Fabra, debemos abordar la cuestión de la transparencia de dichos altos cargos en cuanto al enriquecimiento que se sucede mientras desempeñan estos
cargos. Para ello hemos presentado una iniciativa legislativa que esperamos sea tenida muy en cuenta por este ministerio.
En el ámbito de la Función pública, quiero recordar la ILP presentada por Comisiones Obreras, que fue debatida el 8 de noviembre de 2002, en la que se tratan tres cuestiones fundamentales y que por cierto fue rechazada por el Partido
Popular. Una de ellas es la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios públicos, otra fundamental es el ámbito de la negociación colectiva y los términos en los que esta se lleva a cabo y la tercera se refiere al cumplimiento de los
acuerdos. En el ámbito de la negociación colectiva, los funcionarios se encuentran ante una desprotección absoluta. En primer lugar, por el escueto listado que recoge el artículo 32 de la Ley 9/1987, que además utiliza términos muy ambiguos que
dan pie a muchas administraciones a incumplir el ámbito de la negociación, y además, como no está recogido como derecho fundamental, si se produce un incumplimiento de esa negociación, no tienen prácticamente amparo y por otra parte, si se llega a
un acuerdo y el mismo se incumple y se modifica, tampoco hay amparo posible. Por lo tanto, ahora mismo la negociación colectiva en el ámbito de la Función pública yo la definiría como un paripé. De hecho, ocurrió cuando se produjo una burla de la
negociación al hablar del incremento de las retribuciones correspondiente a los presupuestos. Posteriormente fue recurrido, se ganó en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo lo revocó, desde mi punto de vista, bajo una seria presión del
Gobierno que había en aquel momento. Efectivamente, existe esa posibilidad de o no negociar y simplemente comparecer en la mesa de negociación o bien negociar, llegar a un acuerdo y después incumplirlo. Por tanto, sería fundamental abordar una
modificación legislativa para que ello no sea así y que no dependa de la buena o mala fe de la dirección de cada Administración que los funcionarios estén amparados en este derecho a la negociación colectiva y a la representación de sus intereses
por parte de los representantes sindicales. La recuperación del poder adquisitivo el Partido Socialista la tenía en el programa electoral, al igual que Izquierda Unida. Nosotros éramos mucho más concretos porque nos gusta comprometernos con la
ciudadanía. Esperamos que se aborde de alguna manera la necesaria recuperación del poder adquisitivo que han ido perdiendo los funcionarios por congelaciones o por meros incrementos del IPC que están muy lejos de la realidad del incremento real de
los precios que hemos sufrido todos los ciudadanos.
En cuanto al Estatuto básico, me gustaría saber si se piensa contar con los demás grupos parlamentarios a la hora de abordar su contenido, porque tengo entendido que se va a contar con las fuerzas sindicales, lo cual me parece fundamental,
pero los grupos parlamentarios también tenemos algo que decir al respecto. Seguro que dentro de este Estatuto se abordará una modificación del régimen disciplinario de los funcionarios públicos, que es urgente, pero quería apuntar algo más, porque
uno de los problemas del régimen disciplinario de los funcionarios públicos es que en muchas ocasiones depende del poder de turno de la Administración que se inicien o no esos procedimientos disciplinarios. Los
funcionarios se suelen encontrar sometidos a una autoridad que en muchas ocasiones es arbitraria y utiliza ese poder en detrimento de sus derechos como trabajadores sin que exista ningún amparo. En algunos casos se cometen sanciones que no
son sancionadas porque la autoridad decide que no lo sean; en otros casos se somete a los funcionarios a expedientes disciplinarios simplemente para presionarles o acosarles y en otros casos el acoso laboral se comete desde la autoridad municipal y
es imposible que se lleve a cabo ningún expediente sancionador porque son las autoridades las que están realizando esa actuación sancionable. ¿Tiene pensado el señor ministro crear algo para que se pueda controlar la actuación de los cargos
públicos en ese sentido? Porque ahora hay una indefensión total de los funcionarios, y es en el ámbito de las administraciones públicas donde más acoso laboral o mobbing se lleva a cabo porque se produce con total impunidad, lo que es un serio
problema.También nos preocupa enormemente la cuestión de la formación, porque tanto el señor ministro de Administraciones Públicas como el señor ministro del Interior han hablado de incrementar la formación. El sistema de formación actual es muy
deficiente. Se les da muchos cursillos o jornadas a los funcionarios, con lo cual acumulan puntitos que después les sirven para su promoción, pero sin que esa formación sea realmente formativa. Es más, se suelen apuntar a los cursos simplemente
por los puntos, porque saben que después les servirán mínimamente, pero con un desinterés por el tema que les ha tocado, porque nunca les dan los cursos que ellos habían pedido, etcétera. En definitiva, la formación actualmente es muy deficiente y
desmotivadora para los propios funcionarios. Me gustaría saber cómo se va a abordar una cuestión tan importante. Desde luego, el trabajador debe estar bien formado en todo trabajo, pero en el ámbito de la función pública, que es la que gestionan
las administraciones que protegen el interés general, es más exigible todavía que los funcionarios estén bien formados.
En cuanto a la cuestión de la Administración local, los problemas de financiación han sido abordados por todos los portavoces, pero no voy a ser menos, porque efectivamente la Administración local se encuentra con un serio problema de
financiación que en algunos casos les lleva a actuaciones muy perjudiciales para los ciudadanos de cada municipio. Por ejemplo, la privatización de servicios públicos en ocasiones ha sido llevada a cabo con el único motivo de buscar dinero para
financiar servicios que presta el ayuntamiento. Desde luego, desde Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya estamos radicalmente en contra de la privatización de cualquier servicio. Queríamos saber si el ministro tiene pensado
legislar para cerrar las cuestiones que deben ser prestadas como servicio público, sin que quepa en ningún caso la privatización, por mucho que algunos ayuntamientos lo deseen, aparte de abordar, por supuesto, estos problemas de financiación.
Esperamos que estos problemas de financiación no sean abordados mediante un nuevo pacto local que no sirva para nada, como ha ocurrido hasta ahora. Yo sé que el señor ministro tiene muchos retos que cumplir porque lo que arrastramos son muchos
fracasos, sea bajo un Gobierno sea bajo otro, pero esperamos que en esta legislatura se consiga dar soluciones a tan serios problemas que afectan a los servicios que recibe la ciudadanía a través de los impuestos que paga.
Nos gustaría saber si todo el listado de agencias que se van a crear van a ser agencias cien por cien públicas y si los trabajadores que presten servicio en ellas serán funcionarios públicos. El término agencia nos deja en la ambigüedad y
nos gustaría que nos aclarara si estamos hablando de una publicidad del cien por cien.
En el ámbito local hemos padecido reformas legislativas que han potenciado el presidencialismo y los chiringuitos de los alcaldes, que hacen y deshacen como quieren, y nos gustaría saber si se va a apostar por democratizar la Administración
local, si se van a desaznarizar esas reformas legislativas y abordar otras que intenten fomentar la democratización de las administraciones públicas, siendo ese el contenido de lo que el señor ministro ha llamado el impulso efectivo al Gobierno
local.
Por último, quería hablar de las relaciones de puestos de trabajo. La Ley 30/1984 crea este sistema de relaciones de puestos de trabajo, pero han pasado años y en muchísimos ayuntamientos todavía no hay relaciones de puestos de trabajo.
Pero además es que en el ámbito de la Administración estatal las relaciones de puestos de trabajo son las más deficientes. La CECIR no cumple con el mandato de la Ley 30/1984, y yo entiendo que se debería dar ejemplo desde la Administración
estatal. Nos gustaría saber si se piensa hacer algo para impulsar este sistema, que ideó un gobierno socialista, de relaciones de puestos de trabajo que llegue a todas las administraciones y que cumpla expresamente con los criterios que esta ley
determina para la clasificación de puestos; es decir, si se va a abordar o no.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, una cuestión de orden.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Los señores portavoces que intervengan en esta Comisión y en todas las demás naturalmente tienen toda la libertad de hacer las manifestaciones que quieran y hacer incluso referencias personales, pero entendemos
que aquellas que lo son explícitamente y además no tienen ninguna relación con el asunto e implican una calificación o un calificativo, como se ha hecho, de los presidentes de las Diputaciones de Castellón y de Valencia, y que esas personas no
pueden rebatir ahora lo que constará en el 'Diario de Sesiones', y que está en los límites de la
cortesía parlamentaria, resultan totalmente innecesarias para el argumento político. Rogaríamos a la señora portavoz de Izquierda Unida que todas esas cosas que ha dicho no las repita por la armonía en el desarrollo de las sesiones de esta
Comisión. Nosotros no nos referiremos nunca a diputados que van de viaje con acompañantes porque no nos importa y porque no viene a cuento en el debate político. (La señora: Lo acaba de hacer.)El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor
ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, (Sevilla Segura): Si tenía alguna duda -que no la tenía- sobre la necesidad de comentar con los grupos parlamentarios el Estatuto básico de la Función pública, incluso antes de traerlo
formalmente a las Cámaras, después de escuchar su intervención estoy más convencido de ello, porque estoy seguro de que saldrá enriquecido de ese proceso.
Voy a contestar a algunas de las cuestiones que S.S. ha planteado. Tiene mucha razón respecto a lo que ha dicho sobre el incremento de la temporalidad en el sector público, y lamento que haya sido un olvido en mi intervención porque es una
de mis preocupaciones. Para el Gobierno y para el Partido Socialista el incremento de la temporalidad, es decir, la creación de empleo a base del deterioro en su calidad, es una preocupación, como estoy seguro de que también lo es para el resto de
los grupos parlamentarios. El Ministerio de Trabajo ha dedicado a este tema tiempo, reflexión, propuestas, iniciativas y compromisos de Gobierno; sin embargo, cuando uno mira los datos, se da cuenta de que una parte muy importante de la
temporalidad en las relaciones laborales o en el empleo en nuestro país se concentra en el sector público, en las administraciones públicas en general. En primer lugar, algo falla cuando en los sistemas de contratación de las administraciones
públicas se recurre excesivamente a la temporalidad; en segundo lugar, esto contradice una de mis aspiraciones -esta sí seráfica- de que las administraciones públicas sean modelo y ejemplo ante el resto de la sociedad. En algunas cuestiones
importantes que afectan a las relaciones laborales -aquí se ha mencionado una a la que yo no me he referido explícitamente, como es la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar- las administraciones públicas deberían ser la punta de
lanza de los cambios que se predican para el conjunto de la sociedad. Por tanto, mi preocupación sobre el incremento o el exceso -o lo que yo considero exceso- de temporalidad coincide con la suya. Sepa que he encargado ya un estudio para ver
dónde se concentra especialmente ese fenómeno, porque la primera intuición que tenemos es que no es en la Administración General del Estado donde más se concentra. Esto no quita importancia al fenómeno, pero reduce las posibilidades de actuación
desde la Administración General del Estado; no las elimina, pero sí que las reduce. Ese estudio está encargado y se lo enviaré a los grupos parlamentarios con total tranquilidad. Además, les muestro mi máxima predisposición para la creación de
una ponencia específica en el seno de esta Comisión para tratar este asunto. Si así lo deciden los grupos, sepan de antemano que contarán con el total apoyo y predisposición del Gobierno. Aquí hay un equilibrio siempre difícil entre las reglas de
juego que se tienen que mantener en la Administración pública, reglas de juego que tienen que intentar reducir el ámbito de discrecionalidad en la misma, y la flexibilidad necesaria que exige un mundo como éste al que nos estamos refiriendo a lo
largo de toda la mañana para no estar sometidos a normas excesivamente rígidas que imposibilitan a veces la gestión eficiente de los recursos públicos. Dicho de otra manera, creo que deberíamos hacer una reflexión sobre hasta qué punto una parte al
menos de las fórmulas administrativas que representan salidas del concepto estricto de la Administración General del Estado no se hacen fundamentalmente para eludir excesivas rigideces con las que funciona la Administración General del Estado, y
hasta qué punto las excesivas garantías no se convierten en frenos para una actuación suficientemente eficiente y flexible. Yo sé que así dicho puede ser que sí, que no, o todo lo contrario. Sin embargo, es importante incorporar esa reflexión
porque si no, no acabaríamos de entender muchos de los fenómenos que se han producido durante los últimos años ni algunas de las voluntades que yo quiero expresar. Debemos ser capaces de modificar el funcionamiento de la Administración General del
Estado no sólo a base de sacar trozos de la misma fuera, por entendernos, aunque sea a través de procesos perfectamente legislados y regulados como puede ser la propia ley de agencias, sino que la delimitación, la definición y la decisión de si
tiene que organizarse de una manera u otra sea simplemente por criterio de eficacia y no por criterios de que sólo es posible hacer las cosas si uno sale fuera del régimen laboral de la Administración, del régimen de funcionarios y del régimen de la
contratación general del Estado. Cuando eso ocurre de manera generalizada quiere decir que algo falla, quiere decir que nos estamos quedando con un núcleo muy reducido de la Administración General del Estado que no está siendo lo suficientemente
flexible como para hacer frente a todos los retos y eso tenemos que hacerlo compatible, lógicamente, con la no discrecionalidad y la no arbitrariedad en la Administración. Algunos de los asuntos sobre el mobbing que S.S. ha mencionado tengo que
reconocer que los desconozco, lo cual no quiere decir más que eso, yo no prejuzgo el que sea así o no sea así. Desde luego a la Inspección General de los Servicios la pongo en marcha ya, porque si eso es así, tenemos que reaccionar con bastante
rapidez.
Comparto, no quizá con la radicalidad con la que lo ha manifestado S.S., sin duda acuciada por el tiempo, su reflexión sobre que el sistema de formación continua
no es el mejor de los posibles. En ese sentido, el nuevo director del Instituto Nacional de Administración Pública ya tiene también un encargo y en su momento comparecerá en esta Comisión para detallar hasta donde le sea posible algunas de
las propuestas de cambio y mejora que queremos poner en marcha. Estamos convencidos de que la defensa de una Administración pública eficiente no sólo quiere decir internet, no sólo quiere decir simplificaciones administrativas, que también, sino
además empleados públicos motivados, y empleados públicos motivados quiere decir que tengan una carrera profesional por delante, que tengan una retribución digna y que tengan posibilidad de reciclaje, de formación y perfeccionamiento. Para mí esto
forma parte del mismo concepto de defensa de lo público y de defensa de la Administración pública, porque cuando hablo de una Administración pública eficaz también quiero decir unos funcionarios públicos eficaces. Vivimos en la sociedad de la
información, del conocimiento, donde se dice que el capital más importante es el humano, que la economía en la que nos desarrollamos es la economía de la inteligencia; pues invirtamos no sólo en ordenadores, que también, sino además en capital
humano en la Administración. Invirtamos en la inteligencia de la Administración, que son sus empleados públicos.El señor PRESIDENTE: Señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: La verdad es que lo único que quisiera es que el señor ministro se manifestara sobre la ola de privatizaciones que hemos padecido hasta ahora, si se va a mantener, si se va a frenar o si se va a legislar de
alguna manera, como nos gustaría al Grupo Parlamentario de Izquierda Verde que se hiciera para que determinados servicios, por ejemplo los servicios de agua en los ayuntamientos, nunca pueda ser privatizados. Son muchos los servicios que se están
privatizando, y entendemos que son servicios que deben ser prestados desde lo público, siempre en aras del interés general y no de cualquier interés económico.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Yo no puedo pronunciarme en este momento sobre la capacidad que tiene el Ministerio de Administraciones Públicas de actuar sobre decisiones de los ayuntamientos respecto a si
-por seguir el ejemplo que S.S. ha manifestado- el servicio de aguas se presta desde una empresa pública o privada. Lo desconozco. Es un desconocimiento mío y, por tanto, tomo nota y le contestaré oportunamente. Sí que quiero, sin embargo,
manifestar mi planteamiento político en el sentido de que no siempre la garantía de la prestación de un servicio público, que es la responsabilidad que corresponde a las administraciones, se tiene que hacer a través de una gestión pública. En
España, la garantía del derecho a una enseñanza universal y gratuita se ejerce, para más de la mitad de la población, a través de colegios privados; que se ejerza bien o mal, de una manera mejorable, esa es otra discusión. Pero la defensa y la
garantía de un derecho público como ese, a veces, por distintos motivos, por distintas circunstancias, puede ejercerse a través de un servicio privado sin que eso merme, desde mi punto de vista, ni el derecho ni la responsabilidad y la garantía de
la Administración. Si luego, en un caso concreto, se hace un concierto con una empresa de enseñanza privada que no cumple la normativa, es otro asunto; o si luego se hace una privatización de un servicio en unas condiciones discutibles, ese es
otro asunto. Pero he creído entender que lo que se pedía era un planteamiento más general, más de enfoque filosófico-político y no tanto un pronunciamiento sobre algún caso concreto. Insisto, desconozco la capacidad de actuación del ministerio
sobre esa realidad, le informaré en cuanto me asesore al respecto, pero mi impresión es que lo que quiere la mayoría de los ciudadanos es que se le presten los servicios en condiciones dignas, razonables, equitativas, de igualdad, y eso a veces lo
hace mejor el sector público, directamente, la prestación, no la garantía del servicio, y eso a veces lo puede hacer una empresa privada debidamente sometida a unas reglas de contratación. Como planteamiento general, así es como contesto a su
pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, me va a permitir una expresión obiter dicta, antes de saludar al ministro y felicitarle por su intervención, que es la siguiente. Yo no puedo aceptar que se afirme que las diputaciones forales
vascas son un residuo del franquismo. Este es un aserto que creo que no comparten ni siquiera los afiliados a Ezquer Batua en Euskadi, y además es absolutamente incierto porque las diputaciones forales vascas nacieron, si no recuerdo mal, en el año
1113. Yo sé que el general Franco fue una persona muy longeva, pero tengo la impresión de que en ese año no había nacido todavía el general Franco. Dudo que el aserto sea incluso extendible a las demás diputaciones, a las que no son de naturaleza
o de red foral. Es una cuestión que planteo para que conste en el 'Diario de Sesiones'.
Al margen de esta circunstancia, quiero saludar la presencia del ministro y felicitarle sobre todo por el tono y por el esfuerzo notable de ir, como un boxeador de estos fajadores, respondiendo portavoz a portavoz, pero además con una
facundia digna de mejor causa, seguramente, para una primera intervención. A pesar de su gran inteligencia, señor ministro, y de su gran capacidad, de la facundia a la que me refería, hay algo que usted no sabe con toda seguridad, que son las
tribulaciones
que sufrimos los que pertenecemos a grupos pequeños y tenemos que atender simultáneamente a varias comisiones. Yo he tenido que atender a otra y he podido escucharle sólo fraccionadamente. La verdad es que ha habido momentos de su
intervención, sobre todo en el debate con el señor Padilla, en los que he tenido la impresión de que era un debate cuasimetafísico. Se acercaba más a la metafísica que a lo que sería razonable para una primera exposición de un ministro de
Administraciones Públicas en cuanto a las políticas sectoriales de su departamento; debate que, por cierto, a mí me place y no pienso rehuir, la metafísica también es importante en estos ámbitos. Desde esa perspectiva, le felicito y también le
felicito por otra razón que le va a parecer paradójica -estamos con las paradojas de Platón-, por la demora en su comparecencia, porque esta demora no ha podido ser provocada por una razón más pertinente, que ha sido reunirse primero con todos los
presidentes de las comunidades autónomas. Espero que sus contactos con los presidentes de las comunidades autónomas hayan resultado ilustrativos y fructíferos para afrontar los grandes retos que nosotros avizoramos que en este ámbito tiene
planteado su ministerio. Espero que haya sido particularmente cordial con el lehendakari, que haya habido un buen nivel de entendimiento, que se hayan podido remover ciertos desentendimientos con gobiernos pasados en un momento en el que, entre
otras cosas, el Estatuto de Autonomía de Gernika está por cumplir. Hay 38 competencias pendientes de transferir que no son 38 competencias que reclamemos arbitrariamente.
Son las 38 competencias que están reconocidas y suscritas por todos los
grupos parlamentarios del Parlamento vasco en el año 1995 como pendientes. Es decir, que no se han cumplido desde el año 1979. Estamos hablando de un incumplimiento muy dilatado en el tiempo. Mantengo la esperanza en que este tipo de problemas se
puedan ir removiendo a través de estos contactos y de una buena y fluida relación que, al final, es más importante que otro tipo de actuaciones en el ámbito político vinculadas a la dialéctica de la confrontación o del desentendimiento, etcétera.
Ya con esto le estoy indicando que nuestra posición va a ser pro activa al diálogo, pro activa a la colaboración y que puede contar con nosotros, con un grupo de la oposición que va a ejercer un trabajo de oposición, pero leal, honesto y dispuesto a
contribuir a que las cosas en un mundo tan complejo como el de las administraciones y el de la organización del Estado funcionen bien.Dicho esto, por razones de pudor, ya que no le he oído, no le puedo felicitar por sus palabras. Seguro que habrán
estado muy bien expuestas, a tenor de lo que he oído después, pero sí hay algunas cuestiones que fragmentariamente he podido oír que me generan cierta preocupación y alguna reserva que quizá necesite alguna aclaración por su parte. Mi buen amigo el
señor Padilla y usted han mantenido un debate muy interesante conceptualmente, casi metafísico, pero los riesgos de la metafísica son que uno penetra en unos terrenos terriblemente delicados y resbaladizos. Cuando hablamos de qué tipo de diseño de
Estado ha configurado la Constitución Española, algunos grupos parlamentarios podemos entrar en severas contradicciones. Cuando el señor Padilla habla de descentralización y de desconcentración, creo que no ha terminado de comprender -y en un
jurista tan notable como él me sorprende- la esencia de la Constitución a la hora de definir la estructura territorial e institucional del Estado, en donde se configura un Estado absoluta y claramente plurinacional. No lo digo yo; sería una
petulancia y sería irrelevante que lo dijera yo. Lo ha dicho Jordi Solé Tura, lo ha dicho Gregorio Peces-Barba, lo ha dicho un ilustre compañero de partido del señor Padilla, Miguel Rodríguez Herrero de Miñón. Lo han dicho los padres de la
Constitución más notables, más inteligentes, más lúcidos en mi opinión. Pero es que es un Estado plurinacional porque está en la naturaleza de las cosas, porque las naciones son lo que configura el Estado español. Desde esa perspectiva, cuando
hablemos de la reforma del Senado -y hoy no es el día ni estas tampoco son horas; presidente, yo no sé si hablar sesudamente de estas cuestiones está permitido por la Convención de Ginebra contra la tortura- nosotros tendríamos una aspiración
conceptual, genérica, deletérea, que se aproximaría más a una estructura tipo Bundesrat-Bundestag. Me da la impresión de que ustedes no van por ahí. No está muy claro cuál es el perfil, el escenario final del modelo del Senado, pero desde luego lo
que no es mantenible es el Senado en su configuración y con las competencias que actualmente ejerce porque no cumple la función. Una Cámara de segunda lectura no tiene sentido en un Estado plurinacional como es el Estado español. Hay que darle una
dimensión más parecida a la de un Estado federal o confederal. Tendremos que buscar el modelo, pero lo que no se puede discutir es la plurinacionalidad y tampoco la asimetría, porque por su propia naturaleza y por mandato y ordenamiento
constitucional el Estado español es asimétrico; es asimétrico el hecho insular -usted mismo lo ha reconocido y está así previsto en el artículo 148-, es asimétrico porque existen derechos históricos, es asimétrico porque existen regímenes forales,
es asimétrico porque hay distintas vías o fuentes de financiación en las distintas comunidades autónomas, existe un concierto económico y un convenio económico para la Comunidad Foral de Navarra, y es asimétrico sobre todo porque el principio en el
que se basa nuestro Estado, el principio dispositivo, por su propia naturaleza -esto sí que está en la naturaleza de las cosas-, es asimétrico. Desde esa perspectiva la asimetría, no se puede discutir, y con la asimetría lo que hay que hacer es
gestionarla políticamente con habilidad y con consenso.
Desde esa perspectiva puede contar con nosotros para ver cómo se puede encajar en el Estado español un Estado plurinacional en donde en este momento existen tensiones políticas importantes, cierta insatisfacción o insatisfacción clara, que
hacen decir a algunos representantes políticos muy representativos o de la máxima representación en algunas comunidades autónomas o naciones de las que configuran el Estado español que los estatutos de autonomía son instrumentos políticamente
amortizados en este momento, hasta el punto que están presentando propuestas de reformas estatutarias que su presidente en el debate de investidura se comprometió a respetar, con esos límites un poco deletéreos de que acojan los requerimientos
constitucionales y que tengan los consensos -también el presidente decía con lucidez- que tuvieron los primeros estatutos de autonomía. Han cambiado las fuerzas políticas, ya no están las mismas, veríamos en qué se traduce en la actualidad esa
equivalencia de consensos, pero tenemos que luchar porque aquí hay varias naciones, porque existe una nación -y no se lo tengo que decir a usted, que es un experto en esta materia- allá donde hay unos ciudadanos que han vivido históricamente en el
mismo territorio; unos ciudadanos que además tienen signos identitarios como puede ser una lengua propia diferente a la otra o cooficial; unos ciudadanos que tienen vocación de autogobernarse -los elementos subjetivos de definición de la nación de
Ernest Renan y de su escuela-; unos ciudadanos entre los que existen empatías naturales, como afirmaba John Stuart Mill; unos ciudadanos que tienen una historia comunizada, milenaria muchas veces, como ocurre en las distintas naciones que
configuran el Estado español.
Ese es el gran reto, tenemos que definir eso, tenemos que asumirlo, metabolizarlo, el cuerpo social español lo tiene que metabolizar, y tenemos que encontrar puntos de consenso, uno de los cuales, y no baladí, es la reforma del Senado.
Tendremos que pensar en qué tipo de reforma del Senado queremos para resolver problemas de esta dimensión y de esta profundidad, porque todavía el Estado español no está acabado, desgraciadamente, ni está acabado el que diseñó la Constitución
española ni está acabado el que avizoramos muchos como diferente a las previsiones de la Constitución española, porque la Constitución española tampoco se puede petrificar, y no sólo no se puede petrificar -el concepto de petrificación del
ordenamiento jurídico es una perversión jurídica en sí misma-, sino que es abierta, tiene títulos competenciales abiertos: los derechos históricos, las posibilidades de delegación de competencias por la vía del artículo 150... La Constitución da
mecanismos para modificar las estructuras de autogobierno, los títulos competenciales, las fórmulas de autogobierno que quieran sus detentadores, que no son otros en esta materia que los ciudadanos que viven en las distintas naciones, regiones o
comunidades autónomas -utilícese el nomen iuris que se quiera- que configuran el Estado español en este momento.
Tiene usted aquí un grupo que está dispuesto a trabajar con usted en este ámbito desde la perspectiva de la lealtad y del respeto, pero también desde la exigencia -sin darle un énfasis amenazante ni coercitivo a esta expresión- de que la
voluntad de los parlamentos y las ciudadanías -me estoy refiriendo a la reforma del estatuto de autonomía que se está realizando en el Parlamento vasco y en el catalán, e incluso a la apología que el señor Fraga ha hecho de las reformas
estatutarias- sean también objeto de respeto por parte de las administraciones y de esta Cámara, las Cortes Generales del Estado, porque si no se va a producir una falta de sintonía y vamos a ir reproduciendo errores por los que nunca vamos a
terminar -y usted no cree en las soluciones, ni yo tampoco, pero podemos acercarnos a algo parecido- de definir un Estado complejo como es éste. Esa es la primera cuestión que le quería comentar. Lo que ha expresado como temor el señor Rodríguez,
que tan respetuoso como es ha dicho luego que no es temor, nosotros no vamos a aceptar que el fortalecimiento del poder local, de la Administración municipal, sea a costa de una laminación o una merma de las competencias de la Administración
autonómica, que es lo que en algunos casos hemos intuido que se ha pretendido, no por el Gobierno que usted representa precisamente. Hay que buscar equilibrios institucionales adecuados porque este es un tema terriblemente delicado, sin perjuicio
de que sigue siendo todavía la Administración local la hermana pobre o la prima pobre (la palabra prima en la doble acepción semántica de la expresión) todavía de nuestra estructura institucional, y si encima le recortamos recursos haciendo
desaparecer el IAE sin que haya elementos compensatorios de esa merma recaudatoria y no se sabe muy bien cómo se va a cubrir y se le atribuyen, además, competencias cada vez más importantes, porque ya se empieza a hablar de los ayuntamientos como
los que tienen que aplicar las ayudas de emergencia social contra las bolsas de pobreza, los que tienen que proteger a los ediles y a otras personas que están amenazadas por organizaciones terroristas; si empezamos a atribuirles competencias sin
una compensación económica o una estructura de financiación adecuada, aquí se va a crear también una distorsión verdaderamente notable. Pero cuidado con ciertas jugarretas, entrecomillando la expresión, de que esto sirva de cobertura para laminar o
reducir los títulos competenciales o el poder o la dimensión política de la Administración autonómica. Aquí hay que buscar puntos de equilibrio que son terriblemente complicados.
Voy a terminar rápidamente, señor ministro, diciéndole que escuché ayer con mucha atención la intervención del señor Zapatero, adelantándose un poco a la posición del Gobierno español respecto a la próxima cumbre europea, e intuyo en cierto
documento que no sé si debería obrar en mi poder, de facto obra, en el que
se explicita un poco qué es lo que van a hacer ustedes, una cierta contradicción entre lo que el señor Zapatero comentó ayer, indicando la posibilidad en materia de representación ante las instituciones europeas de las comunidades autónomas
de que consejeros de los gobiernos autonómicos acompañen a los ministros cuando se diluciden en ámbitos institucionales europeos cuestiones atinentes a sus competencias exclusivas, con lo que leo aquí en donde se habla de que la negociación e
interlocución va a ser única para el Estado español. Se atribuye esa competencia de forma única en régimen de monopolio o de exclusividad al Gobierno español. No sé si esto es una contradicción o realmente es que este es un texto que no refleja
exactamente aquello en lo que ustedes están trabajando. Aquí hay que avanzar porque esta es la otra gran cuestión que tenemos. Ya desde el Tratado de Amsterdam, no desde la próxima Constitución, se inicia un verdadero proceso constituyente que va
a acabar creando una estructura política muy parecida a un Estado confederal en Europa. El Tratado de Amsterdam, por primera vez en la historia de los tratados comunitarios, ya establece un catálogo de derechos fundamentales de los ciudadanos
europeos por el hecho de ser ciudadanos europeos, no por el hecho de ser ciudadanos de las naciones o de los Estados que configuran Europa. Por ejemplo, como derecho fundamental se tipifica el derecho a la protección con cargo a un sistema público
de Seguridad Social, cosa que no es derecho fundamental ni en el Estado español por la ubicación sistemática del artículo 41 y obligaría a una modificación de la Constitución española. Aquí también me gustaría saber cuáles son sus pretensiones
respecto a esa participación de las comunidades autónomas en instituciones europeas, porque en ese doble ámbito, en ese doble vector en que podemos actuar, que es el de la estructuración ad intra y el de la estructuración hacia fuera en lo que antes
o después va a ser un Estado o una organización paraestatal, muy parecida a un Estado que va a ser la Europa que todos queremos construir, entre estos ámbitos tenemos una gran tarea que hacer para la cual, y termino, puede contar con nuestra
colaboración inequívoca y leal.La señora Navarro ha dicho una cosa, y con esto acabo de verdad, señor presidente, ya no es una falsa expectativa ni promesa, y es que las bolsas de interinaje (y me gustaría hablar de cosas más concretas pero no me
queda tiempo material) que existen en la Administración, y no es la Administración central la que peores ratios mantiene, son verdaderamente preocupantes y la regularización de estos volúmenes de funcionarios interinos donde se confrontan unos
derechos, el de estos funcionarios interinos a estabilizarse en su puesto de trabajo, con aquellas personas que, por mérito y capacidad, tienen derecho a optar y opositar a ese puesto de trabajo, es un problema que tenemos que resolver; es un
problema grave y ya ha hecho alguna indicación. Esta es la última pregunta y le agradezco su benevolencia, señor presidente, por el tiempo utilizado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, porque viniendo del señor Olabarría la acusación de facundia entiendo que es un halago o por lo menos así lo tomo, aunque luego la mención a la tortura me hace
restringir un poco mi respuesta. (El señor Olabarría Muñoz: lo decía por mi parte.-Risas.)
Dos o tres comentarios respecto a su intervención, de la que agradezco, obviamente, el tono y el ofrecimiento que hace de colaboración y apoyo.
No sé si el debate que hemos tenido antes es muy metafísico o no, pero desde luego si España es un Estado plurinacional, multinacional, etcétera, es bastante metafísico, desde mi punto de vista, lo cual no le resta importancia en absoluto,
pero lo que he intentado, en esta comparecencia al menos, es debatir menos de qué es y más de cómo puede estar y cómo podemos estar todos mejor y una parte importante de que estemos todos mejor es que encontremos instrumentos y mecanismos que nos
permitan cooperar, hablar, negociar, consensuar y discrepar, cuando tengamos discrepancias.
Me comentaban en una de estas entrevistas con presidentes de comunidades autónomas, que tengo que reconocer que tanto personal como políticamente han sido muy importantes, que da un poco de pena que un presidente de cualquier comunidad
autónoma española que quiere reunirse en una instancia oficial con otro presidente de comunidad autónoma se tenga que ir a Bruselas a la Comisión de las Regiones; que no haya en España un ámbito oficial -obviamente en privado pueden hacer lo que
quieran-, que no haya un sitio donde oficialmente, con regularidad, nos reunamos con las condiciones que se requieren para que esa compenetración y ese diálogo entre las comunidades autónomas exista, que en el sistema político español -no quiero
aquí señalar a nadie con el dedo- no hayamos sido capaces todavía de generar esos espacios de encuentro entre las comunidades autónomas entre sí y de las comunidades autónomas con el Gobierno. Esas son las cosas de las que creo que es importante
hablar.
Insisto, no digo que las otras no, pero estas son las que me parecen importantes, entre ellas, cómo podemos generar ese tipo de espacios de cooperación y esa dinámica de cooperación, cómo podemos mejorarla a través de la creación de la
conferencia de presidentes o a través de la reforma del Senado o a través de algunas de las propuestas que a lo largo de esta mañana he ido presentando.
Hay algo que aunque no esté en las normas, ni en las leyes, ni en las regulaciones, para mí es importante que es la manera de entender las normas, las leyes y
las reglas. No es ningún secreto que yo preferiría que el lehendakari del Gobierno vasco fuera un miembro de mi partido. Lógicamente me gustaría más ver a un lehendakari socialista en el País Vasco, pero entiendo que el diálogo
institucional que tiene que haber entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi tiene que llevarse adelante con independencia de quién esté en cada momento llevando al frente la responsabilidad de uno y de otro; que hay una responsabilidad
superior a mi interés partidista que hace que ese diálogo institucional y esa lealtad institucional con el Gobierno de Euskadi -como con todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas y de todos los ayuntamientos- se lleve adelante con ese
principio de lealtad institucional, por encima de lo que en cada momento sean nuestras preferencias ideológicas, políticas o partidistas.
Eso a lo mejor no está en ninguna norma; a lo mejor no hace falta ninguna interpretación de nada -estoy
intentando evitar lo del talante-, hace falta una cierta concepción de la política que se exprese también a través de ese tipo de actitudes y de comportamientos.Ha mencionado las competencias pendientes. No sé si son 38, 20, 15 ó 40. Creo que ahí
hay dos reflexiones que quiero hacer. Una, que se han empezado con todas las comunidades autónomas, también con la de Euskadi, las exploraciones, los contactos previos para que las comisiones mixtas se pongan a funcionar.
Yo soy de los que cree
que a partir del nivel competencial que tenemos en este momento, siendo muy importantes los flecos competenciales que quedan, no podemos medirlo simplemente al peso ni mucho menos identificar de manera mecánica -no digo que usted lo haya hecho-
nivel o grado de autonomía con tantas o cuantas competencias. Alguna vez pongo un ejemplo: no se puede decir que sea lo mismo la competencia sobre sanidad, que se transfirió en la legislatura pasada a casi todas las comunidades autónomas, con la
de las escuelas profesionales de buceo, que sin duda es una competencia muy importante, pero no es lo mismo que la otra. No podemos decir una a una; no, hay una que es mucho más gorda, afecta a mucha más gente y da mucha más capacidad de decisión
política a la comunidad autónoma que la asume. No podemos decir: tenía dos pendientes, me han dado una y me queda otra. En términos matemáticos seguramente es así, en términos políticos es evidente que el que se hayan cerrados los traspasos de
educación y sanidad -que eran dos de las competencias más importantes que todavía quedaban por transferir a algunas comunidades autónomas- en la legislatura pasada hay que valorarlo en su justo término. Dicho esto, insisto en que en lo que se
refiere a las competencias pendientes, en la medida en la que lleguemos a un acuerdo y se pueda hacer, mi voluntad es que, como ya está pasando, empiecen a funcionar los contactos bilaterales y que las comisiones mixtas se pongan en marcha.
Para que no se me acuse ante la Convención de Ginebra, me callo ya.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, tiene la palabra durante tres minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Con uno me sobra, señor presidente.
Sólo le pediría, como favor institucional -aquí no se puede hablar de favores personales-, que no se demonicen proyectos de reforma como el Estatuto de Autonomía de Gernika con argumentaciones falaces o demagógicas; y que no se hable de que
no se están cumpliendo los procedimientos estatuidos porque esta reforma se está realizando con los requerimientos previstos en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Guernica. Pido que se lea con detenimiento y con atención lo que se prevé en
esta reforma estatutaria y pido, sobre todo, que no se hagan reflexiones que lo hagan inhábil siquiera para el debate político, como algunas personas, algunos portavoces, desgraciadamente alguno de su partido también, han hecho, porque nada está en
la naturaleza de las cosas en esta materia y dentro del bloque de constitucionalidad caben más cosas de las que muchos pueden presumir; y las intenciones de la gente cuando acomete determinadas reformas no son particularmente perversas o siempre
perversas según quién las presente o según qué tipo de organizaciones o ideologías las presenten. Sencillamente es una petición que quería hacerle en forma de obiter dicta también, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Simplemente quiero decir que no siempre que se discrepa se está demonizando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Esquerra Republicana.
El señor CANET COMA: En primer lugar, también quiero agradecer la presencia del señor ministro y sumarme al matiz que ha hecho el señor Olabarría. Pensamos que en este caso la demora ha sido positiva, formalmente y en el fondo, y por tanto
también le felicito por el momento que ha escogido para comparecer ante la Comisión.
Seré breve y por eso perderé unos cuantos segundos para decir que en otras comparecencias quizá podríamos plantear que el modelo actual ha tenido virtudes y defectos. En cualquier caso, no quisiera que en cada comparecencia tuviéramos que
emplear el término de lucha administrativa por presentar peticiones de comparecencia para no quedar siempre en el último o penúltimo lugar, con lo cual no sé si hablaré de torturas, como dice el señor Olabarría, pero sí en cualquier caso
diré que la brevedad que voy a mantener no debe ser entendida como desinterés ni hacia la persona ni hacia los temas que se tratan, pero es que me parece absurdo volver a plantear al ministro sus concepciones acerca de traspasos de
competencias, presencia de comunidades autónomas en Europa, etcétera, porque me repetirá argumentos. Por tanto, tampoco le voy a torturar con estas peticiones porque ya he conocido su opinión.Entrando en los cuatro ejes que ha planteado, quiero
felicitarle vivamente por su apuesta por la modernidad en la función pública. Soy funcionario, como el señor ministro, desde el año constitucional, desde 1978, y por tanto creo que es un reto importante. No me extraña que no hayan tenido éxito
anteriores intentos porque los funcionarios tenemos fama de ser inmovilistas, de costarnos la adaptación a los cambios, de hacer aquello para lo cual se opositó, etcétera. En cualquier caso, me parece acertado el planteamiento de motivar con
carrera por delante, que puede ser uno de los elementos para desencallar este asunto. En cualquier caso, felicidades por el retoque que emprende, porque las líneas maestras que ha explicado me han parecido muy positivas.
Respecto a los otros tres ejes que ha planteado, también es evidente que la prudencia, política al menos, aconseja esperar al final del proceso; en algunos casos ha dicho final de legislatura, en otros ha sido un poco más breve el plazo,
aunque no ha acabado de concretar. En cualquier caso, respecto a la reforma de los estatutos, y en concreto el de Cataluña, desde mi grupo no estamos de acuerdo con los cuatro supuestos en que se prevé reformar la Constitución. Pensamos que se
debía iniciar una segunda transición resolviendo con otras miras problemas que se afrontaron con otros planteamientos por razones determinadas de los tiempos que corrían, pero en cualquier caso hay que aceptar el planteamiento que se vaya a hacer.
Valoramos muy positivamente aquello que ayer una compañera de su partido, y por cierto muy conocida mía por razones de residencia, Montserrat Palma, definió como solemnizar lo obvio. Cuando usted ha definido, creo que muy bien, lo que es y lo que
no es simetría, yo creo que los republicanos sabemos muy bien que dentro de la igualdad no se puede tratar igual a los desiguales; nunca es falta de solidaridad, sino simplemente solemnizar lo obvio. Por tanto, es muy positiva su apreciación.
También es positivo su planteamiento, pese a mantener la discrepancia con los cuatro supuestos de modificación de la Constitución, y aceptamos que la vía del 150.2 puede paliar ese desarrollo y por tanto podemos llegar a puntos de encuentro en este
tema. En el caso catalán quiero hacer una concreción que no puedo pasar por alto, pese a que quiero ser breve, y es el tema de la intención de reformar la ley territorial de Cataluña, que usted conoce perfectamente, con el planteamiento muy serio
de crear siete veguerías, lo que implicaría la posibilidad de tener que modificar el número de provincias, sobre todo para no superponer administraciones y para no disfuncionar, si se me permite el neologismo, las circunscripciones electorales. Por
tanto, me gustaría saber su opinión o la de su ministerio en este punto concreto.
Por lo que se refiere a la financiación de las comunidades autónomas, lo mismo. Ya veremos al final del proceso qué es lo que resulta. Por tanto, la valoración respecto a las intenciones no la voy a hacer ahora que de entrada presumo que
son positivas. También valoramos en sentido positivo que usted haya anunciado que antes de afrontar un problema de forma estructural, o al menos con voluntad de perdurar, se tienen que resolver problemas pendientes. Me gustaría saber si uno de
esos problemas pendientes, y que por tanto se presupone previo al acuerdo final, es el de la deuda llamada histórica o no, según los campos desde los que se plantee, de la sanidad catalana. En el caso del régimen local y coincidiendo en los mismos
planteamientos que antes de valorarlos al final, sobre esta reforma que usted ha hablado de un libro blanco, si no he entendido mal, que implicará planteamientos políticos, financieros, etcétera, le quería pedir un par de concreciones. Se ha
hablado, se ha escrito, se ha opinado sobre un futuro cambio en la elección de los alcaldes. Eso es emblemático, sería una visualización, entre comillas, de una pequeña revolución en el ámbito municipal, y le pediría que me concretase si existe eso
que se ha escrito, opinado, etcétera. En cuanto a la financiación, también para no repetir, quisiera hacer dos matices.
Uno, si mientras se encuentra un nuevo modelo de financiación local que respete determinados problemas que se han planteado de
asunción de mayores competencias pero en cambio no acompañadas seguramente de mayor capacidad financiera, si mientras no se concreta esa mejora se prevén algunos mecanismos compensatorios para municipios de dos tipologías muy claramente
identificables, municipios pequeños que suelen estar muchas veces estrangulados económicamente, municipios que podríamos llamar especiales -y no me circunscribo a ningún ámbito territorial específico de Cataluña, ni mucho menos-, municipios de los
denominados de montaña, y sobre todo los turísticos. Es evidente que los municipios turísticos, que existen en todas las comunidades, se encuentran a veces con avalanchas estacionales desde el punto de vista demográfico y en cambio eso difícilmente
es contemplado desde el ámbito de la financiación. Se asumen muchas competencias y dificultades y a veces el dinero, entre comillas también, cuesta que llegue. También me gustaría expresar el temor, y soy sincero, el temor a que esa segunda
descentralización pueda implicar una laminación autonómica. Usted lo ha desvanecido en cierta manera, pero se lo quería volver a expresar también, como ya ha hecho antes algún portavoz.
Termino con un caso absolutamente concreto pero que puede ser simbólico para otras zonas del territorio español. Me refiero a un caso muy local, pero que a la vez tuvo trascendencia internacional por la mala
imagen que proyectó sobre el turismo de Cataluña y en general del Estado, pero quizá más concretamente de Cataluña. Fue el denominado naufragio de La Oca, en Bañolas, en el cual se ahogaron decenas de turistas franceses y que ha provocado
finalmente un colapso financiero del ayuntamiento, un posible colapso financiero al tener que hacer frente a indemnizaciones que no son solamente derivadas de una sentencia judicial sino de un problema que ese ayuntamiento ha planteado, y es la
difusa línea de competencias entre el Estado en ese caso y el Ayuntamiento respecto a la navegación en aguas interiores, concretamente en el lago de Bañolas. La mayoría de las competencias son, entre comillas, de Costas, pero en la práctica por una
pequeña competencia municipal la sentencia ha implicado un colapso grave a las finanzas municipales y, sobre todo, a la credibilidad personal del que en aquel momento era el concejal. En todo caso, si es demasiado concreto le pediría alguna vía de
resolución.El señor PRESIDENTE: El señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Sí, tengo que estudiar este caso concreto y le contestaré. Sin embargo, me vale la reflexión porque de la misma manera que usted ha mencionado -y he tomado textualmente-
difusa línea de competencias, vivimos en un Estado con muchas líneas difusas de competencias, lo cual desde mi punto de vista exige cada vez más el mecanismo de la cooperación, exige cada vez más el mecanismo del diálogo, del arbitraje y en el caso
de que no haya acuerdo para eso están los tribunales y el recurso a los tribunales forma parte también del propio funcionamiento de la democracia. Estoy cogiendo un caso que ha mencionado para llevarlo a otro terreno pero me vale para decir que
esta conceptualización de la difusa línea de competencias, refuerza la nueva agenda territorial que plantea el Gobierno, el nuevo mecanismo a través del cual queremos conllevar todos esa difusa línea de competencias que a veces hay en muchos asuntos
sin necesidad de hacerlo a cara de perro ante los tribunales necesariamente, sino que podemos hablar, podemos negociar, podemos dialogar, podemos cooperar.
Ha empezado por un tema que yo sé que es sensible y es importante, la vinculación entre la reforma de los estutos y la reforma de la Constitución. He dicho ya muchas veces lo que creo y lo que cree el Gobierno, pero llega un momento en el
que ya no sé si estamos hablando de una cuestión hipotética o de una cuestión real de contenidos. No he escuchado a ningún representante parlamentario del Gobierno catalán, de la oposición catalana, del Parlamento catalán plantear nada que
signifique una reforma del estatuto que lleve aparejado una reforma de la Constitución distinta de lo que ha planteado el Gobierno, hasta ahora.
Por tanto, si es una cuestión de principios lo podemos discutir, forma parte -y no lo digo en sentido
peyorativo en absoluto- de esta discusión metafísica a la que hacía antes mención el señor Olabarría, pero si estamos hablando de una cuestión práctica de contenidos que se me aclare, porque hasta ahora no he encontrado esa necesidad de una reforma
constitucional diferente o que no quepa en lo que ha planteado el Gobierno, incluida la reforma del Senado, en las peticiones que he escuchado públicamente de reforma del Estatuto de Cataluña o de cualquier otro de los estatutos que se está
planteando reformar.
Respuesta a la financiación, yo no sé si el concepto deuda se puede aplicar. Efectivamente, usted ha manifestado alguna duda a la competencia de sanidad, que lleva ya transferida muchos años a la Generalitat de Cataluña; por tanto, la
manera de abordarlo va a tener que ser necesariamente teniendo en cuenta muchos elementos, entre los cuales también el nuevo Gobierno de la Generalitat va a tener -como así está haciendo- que asumir algunas responsabilidades y ha puesto en marcha el
llamado -desde mi punto de vista mal llamado- céntimo sanitario y el Gobierno ha aceptado el reconocimiento de esa situación a la hora de establecer las perspectivas financieras a las que nos obliga la Ley de estabilidad presupuestaria y los
procedimientos de la Unión Europea. En todo caso, existe el compromiso de abrir un grupo de trabajo de reflexión sobre la financiación de la sanidad, que es un problema en todos los países y por tanto en todos los gestores de la competencia
sanitaria, es decir, en todas las comunidades autónomas (en unas más porque llevan más años y en otras menos porque la acaban de recibir, y que todo el mundo sabe que hay un problema de financiación objetivo aunque todo el mundo lo gestione muy
bien. No es un problema asociado a una deficiente gestión.
Puede haber problemas de deficiencia en la gestión, como puede haber problemas relacionados con movimientos poblacionales, con movimientos migratorios, pero además de todo eso la propia
característica del bien público sanidad hace que tenga una tendencia creciente al gasto y que cuanto mejor es la prestación de este servicio, más se demanda. Por tanto, tendremos todos que hacer una reflexión sobre cómo hacemos frente a un gasto
que tiene una tendencia superior al crecimiento que cualquier previsión de incremento de los ingresos. Además, estamos hablando de un gasto como es el sanitario, que no es un lujo, una cuestión menor, sino más bien todo lo contrario.
Tomo nota del temor -la palabra puede que no sea exacta aunque es la que se ha empleado a la segunda descentralización. Yo me creo el principio de que la mejor prestación de un servicio público es por parte de la administración más próxima,
con las salvedades que se deducen del principio de subsidiariedad. Si las administraciones más próximas en muchos casos y para muchos de estos servicios son los ayuntamientos, tendremos que ser consecuentes con ese principio. No
me vale que ese principio sólo valga hasta una frontera y de ahí para abajo, no. No.Si ese principio vale, vale para todos, y revisemos a la luz de ese principio la definición de competencias y de financiación entre las tres
administraciones públicas. El libro blanco nos va a dar la oportunidad de que participemos todos en un debate seguramente muy necesario desde hace muchísimo tiempo en este país, marcando una prioridad política por parte del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Si quiere puntualizar, tiene tres minutos.
El señor CANET COMA: Brevemente el señor ministro ha preferido no contestarme a un par de concreciones que le pedía y que se las vuelvo a pedir. En el caso del régimen local si es previsible o no la modificación del sistema de elección de
alcaldes, si está entre sus prioridades, y si hay que calcularla ya para el próximo periodo electoral municipal dentro de tres años. Respecto de la reforma de la Constitución, es posible que hasta ahora no se haya planteado desde ningún ámbito de
Cataluña, Gobierno oposición, pero quizá ahora sea una cuestión de principios decir si un proceso de elaboración de un estatuto, que está en proceso como se sabe, partía apriorísticamente de un límite o bien podía partir de no haber límites, aunque
fuera en el campo metafísico, que creo que es lo que he entendido de su respuesta. Por cierto, yo soy concejal y por tanto me creo absolutamente lo de la cercanía al administrado.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Es verdad, se me ha olvidado. La modificación del régimen de elección, en el caso concreto de los alcaldes, consta en el programa electoral del Partido Socialista. Nuestra
intención es que forme parte del proceso de discusión del libro blanco y de la nueva ley de bases de régimen local, pero es de esas reformas que desde nuestra concepción de la política se tiene que hacer con amplio consenso. Yo no me atrevo a
establecer un compromiso temporal porque estamos hablando de cosas que no sólo dependen del ministerio, ni tan siquiera del Gobierno. Si me forzara a ello creo que difícilmente llegaríamos a las próximas elecciones municipales, en el caso en que
haya consenso suficiente como para modificar ese procedimiento. Tómelo como una reflexión personal, no como un compromiso, ni tan siquiera como una apuesta.
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, por fin, su portavoz la señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Por fin, y esperando que no me dé una lipotimia a estas alturas de la mañana o de la tarde. (Risas.)
Señor ministro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista yo quiero expresarle nuestro agradecimiento por su comparecencia hoy en el Congreso, por el contenido de su comparecencia y también por el momento en el que se produce. Ya lo han
señalado algunos de los portavoces que han intervenido anteriormente, pero me parece que hay dos datos que hay que mencionar. En primer lugar, el hecho de que se produzca después de su comparecencia en el Senado, donde tuvo ocasión de detallar y
pormenorizar la agenda territorial de reformas, por lo que hoy tenemos ocasión de conocer con mayor detalle la cuestión de las reformas que atañen a la Administración del Estado. En su intervención hemos visto un diagnóstico certero y realista de
la situación, y una agenda de reformas que nos parece oportuna en el entorno actual. Vemos, pues, cómo la brújula con la que se va a navegar parece bien orientada en las aguas turbulentas de la complejidad social y la interdependencia
institucional. Es una comparecencia que, como he dicho, viene acompañada de unos hechos anteriores. Me he referido ya a la intervención en el Senado, pero me gustaría también señalar y poner de relieve, como han hecho otros portavoces, que
previamente a su comparecencia usted se ha entrevistado con todos los presidentes de las comunidades autónomas. Estas entrevistas y las propuestas de retomar el diálogo entre instituciones y niveles de gobierno para hacer realidad la estabilidad
institucional han permitido ya la retirada de determinados conflictos ante el Tribunal Constitucional. Vemos, pues, que se ha abierto la puerta del diálogo y la racionalización de los conflictos. Es verdad que los conflictos existen, pero lo
importante es racionalizarlos y no agudizarlos. Las diferencias las conocemos, lo importante -ya digo- es la manera de abordarlos. La lealtad institucional no sólo se ha invocado sino que se ha practicado.
Yo creo que se pone en evidencia un
nuevo estilo de gobernar, y los politólogos nos han explicado sobradamente que los estilos de gobierno no solamente condicionan sino que muchas veces determinan las políticas que se adoptan. Creo, pues, que estamos ante una nueva forma de gobernar
especialmente indicada para el momento en que nos encontramos. Hemos iniciado una etapa que todos estamos convencidos de que es de reformas, reformas del sistema autonómico y de modernización del Estado compuesto.
Después de 25 años estamos ya
maduros para dar un salto, para ir más allá. Si se me permite el símil, creo que ya podemos llevar el sistema a la ITV y perfeccionarlo y readaptarlo, hacer los cambios necesarios para que la compleja maquinaria que nos dimos en su momento permita
atender los retos actuales de una integración europea creciente y de una globalización que cambia la manera de abordar los problemas sociales. Es un sistema de distribución vertical del poder que
nos dimos hace años y que permite -como todos sabemos bien- mayor democracia, puesto que hay mayor control, mayor eficiencia y mayor proximidad. Hay un compromiso claro del Gobierno para las reformas del Estado, para modificar las
relaciones entre Estado y comunidades autónomas, para redefinir los papeles; un compromiso claro que se explicitó en el debate de investidura y que hoy se ha concretado, como ya se hizo hace días en el Senado; un compromiso claro para hacer
reformas en varios ámbitos, uno de ellos los estatutos, donde hay un compromiso claro de respetar la voluntad de los parlamentos autonómicos. La apelación al consenso me parece evidente y necesaria, puesto que todos sabemos que este es un ámbito en
el que han de adoptarse las reformas con amplias mayorías, más allá de las legalmente exigidas. Por tanto, reforma de los estatutos, reforma de la financiación autonómica (de nuevo el símil de la ITV es bueno: no funciona el sistema, hay que
mejorarlo, hay que adaptarlo) y reforma del Senado; una reforma del Senado que deberá permitir hacer realidad el mandato constitucional de convertirlo en una Cámara de representación territorial. Es un compromiso de reformas que no olvida algo muy
importante: el Gobierno local; compromiso de reformas que tiene en cuenta los distintos niveles de gobierno de este Estado compuesto que nos dimos hace años. Por ello, me parece especialmente oportuno el énfasis que se ha puesto en la necesidad
de rediseñar las competencias locales y el sistema de financiación local. Todos sabemos que aquí hay mucho por hacer; que no solamente hay indefiniciones. La autonomía local comporta que todas las competencias que no están legalmente atribuidas a
otro ámbito se ejerzan por los municipios y por tanto esto es fuente -por definición- de indefiniciones; pero sobre todo supone la necesidad de establecer claramente los mecanismos de financiación para tener en cuenta los nuevos retos que la
economía y los cambios en la sociedad comportan.En nombre del Grupo Socialista quiero trasladar nuestra satisfacción y confianza en este horizonte de reformas; un horizonte de respeto mutuo y de trabajo en común; un trabajo en común que ya ha ido
abriéndose camino y ayer en la Conferencia de consejeros autonómicoos por la Unión Europea, aunque no se concretó el modelo, se avanzó bastante y hemos empezado a andar de manera muy satisfactoria.
Satisfacción y confianza también por la
perspectiva con que se han abordado las reformas; unas reformas necesarias en la Administración del Estado, unas reformas que en algunos casos (ya se ha puesto de relieve anteriormente con el Estatuto de la Función pública) llevamos muchos años
esperando. Compartimos y apoyamos plenamente su planteamiento y su visión. Nos satisface especialmente la reivindicación de lo público, la reinvindicación de la Administración para garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Para que
la Administración cumpla su papel, para que la Administración realice este cometido que la Constitución tan sintéticamente definió como estar al servicio del interés general, hace falta modernizar, hace falta no pararse y continuar en el camino. Es
verdad que solamente si se confía y se cree en la centralidad, en la relevancia y en el papel de la Administración es posible acometer las reformas, si no uno se queda quieto parado y no pasa nada. Por tanto, las reformas nos abren un horizonte
importante para permitir poner la Administración al servicio de los ciudadanos y garantizan los servicios que les permitan ejercer sus libertades. Como se dice ahora, en la era de las reformas, la modernización debe ser continua y permanente, y más
cuando la globalización ha evidenciado que un elemento clave para la competitividad de las economías son las administraciones eficientes. La competitividad de las economías requiere que sean competitivas las instituciones. Por ello nos parece muy
oportuno apostar por la reforma de la Administración del Estado en las dos vertientes que se han señalado, en lo que denominaríamos la administración instrumental, la administración para prestar servicios, las agencias. Hay un consenso generalizado
en que esta parte no se ha llevado a cabo en la LOFAGE y no se logró. El listado de disposiciones adicionales alumbra bien, pero hay consenso en que no funciona la LOFAGE, aunque quizá tampoco se quiso en su momento. Por ello, ahora nos parece muy
oportuno acometer las reformas legislativas necesarias en esta dirección. Como también nos parece fundamental la reforma de la Administración periférica. El espectáculo patético de las colas de inmigrantes en las administraciones periféricas del
Estado en determinados territorios no puede volverse a repetir. No podemos tratar con tanta indignidad a determinadas personas, que son también ciudadanos, que vienen de territorios lejanos. Por esto celebramos la apuesta por una administración
más receptiva a las necesidades de los ciudadanos, de las empresas, de las ONG; una administración más abierta y transparente, y una administración también más responsable. Nos parece fundamental que para acometer estas reformas se cuente con los
empleados públicos. Por eso nos parece que es muy importante colocar en este horizonte el Estatuto de la Función pública.
Como bien sabemos, la reformas más exitosas de los países de nuestro entorno se han hecho con la colaboración, con la ayuda,
colocando en primer lugar a los empleados públicos. Sin los empleados públicos no hay reformas posibles; ellos son el gran vivero, el factor necesario para hacer una administración mejor. Por eso nos parecía importante acometer el Estatuto de la
Función pública, yo diría que la gran asignatura pendiente de nuestra democracia, y que se haga poniendo énfasis en dos cuestiones: la formación continuada, la carrera administrativa, y algo fundamental, la mejora y adaptación de los procesos de
selección. Es importante señalar que somos de los pocos en Europa que seleccionamos a través de métodos como los tan conocidos basados en pruebas memorísticas, y cuando
somos los únicos en hacer algo hay que plantearse si lo estamos haciendo bien. Como es bien sabido y ha señalado el ministro, en materia de reforma y modernización administrativa está todo inventado; incluso los ministros de la Unión
Europea responsables de la Función pública se reúnen semestralmente para discutir las mejores prácticas. Es un entorno en el que se intercambia mucha información y se aprende mucho de los errores y los aciertos de otras experiencias.Quiero
felicitarle de nuevo por su exposición, por su intervención de hoy aquí, y decirle que cuente con nosotros para trabajar, puesto que trabajo hay mucho, pero estamos ilusionados y dispuestos para contribuir a labrar un futuro mejor porque estamos
convencidos de que una administración eficiente es un vector de cohesión y un país cohesionado es un país más competitivo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias por su intervención y su apoyo, que supongo que no habrá sorprendido a nadie.
Quiero cerrar mi intervención, y entiendo que la comparecencia, recapitulando muy brevemente dos o tres cosas que creo que son las que deberíamos llevarnos. Aunque el Ministerio se llama de Administraciones Públicas debería llamarse de los
ciudadanos. Creo que los ciudadanos deben ser la prioridad fundamental de todas las actuaciones y de todas las propuestas de reforma y modificaciones que he ido desgranando a lo largo de esta mañana y que van a orientar mi actuación a lo largo de
la legislatura. Para mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos tenemos que modificar la Administración. Para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los datos y a los procedimientos tenemos que modificar
también algunos de la Administración y mejorar con nuevas tecnologías el funcionamiento de los centros de la Administración; y para mejorar la prestación de bienes y servicios a los ciudadanos es por lo que las administraciones públicas tienen que
hacer lo posible por ponerse de acuerdo, coordinarse y gestionar conjuntamente aquellas competencias que afectan de manera directa a la vida de los ciudadanos. Por tanto, el gran reto que tenemos delante para esta legislatura en este ministerio
-desde luego, así lo veo yo- es facilitar la vida de los ciudadanos y facilitar su control de las administraciones públicas. Creo que el reto merece la pena. Tengan la absoluta convicción de que el Gobierno y este ministro que les habla tienen la
firme voluntad de llevar adelante todas estas propuestas de reforma, todas estas maneras de trabajar y de hacer política. Estoy convencido de que conforme vayamos poniendo en marcha el engranaje, conforme vayan compareciendo más altos cargos del
ministerio y se vayan perfilando algunas de las iniciativas que he apuntado, todo el mundo -incluso los que en esta primera comparecencia han manifestado legítima desconfianza o apriorismo en contra- irá superando sus dudas. Quiero irme convencido
de que puedo contar con el apoyo de todas SS.SS. en esta apasionante tarea de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos por medio de unas administraciones públicas mejores, más eficientes, más modernas y mejor coordinadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Agradezco muy sinceramente a los diputados y diputadas su presencia en esta Comisión, así como a los acompañantes del señor ministro, a los funcionarios de esta casa, y de manera muy especial al señor ministro por su
dedicación esta mañana a la Comisión. Nos volveremos a ver en el trabajo a lo largo de esta legislatura.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.